Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Octubre de 2012

SUMARIO                                              


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PROPUESTAS

- De los CC. Senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González Canto, Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional, del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y del Fondo Metropolitano.









- Del C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Coahuila a que, antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad. Intervienen al respecto los CC. Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Luis Fernando Salazar Fernández, Mario Delgado Carrillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Patricio Martínez García, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, María Cristina Díaz Salazar, Omar Fayad Meneses, José Francisco Yunes Zorrilla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Carlos Puente Salas, Laura Rojas Hernández, Angel Benjamín Robles Montoya, Martín Orozco Sandoval, Fernando Yunes Márquez, Arturo Zamora Jiménez e Isidro Pedraza Chávez. Se aprueba.











 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 67 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 25 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y ocho minutos del día martes veintitrés de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves dieciocho de octubre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Desarrollo Social.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Informe de su participación y el acta correspondiente a la17a. Reunión de la Comisión de Educación, Cultura,Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 27 a 29 de septiembre del año en curso, en Montevideo, Uruguay.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ernesto Ruffo Appel, Informe de su participación en la Trigésima Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América, realizada del 3 al 5 de octubre del año en curso, en Albuquerque, Nuevo México.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Energía oficio por el que informa que se inició la gestión del trámite de solicitud de información ante dependencias y entidades de la Administración Púbica Federal, para la atención de diversos puntos de Acuerdos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de que el 29 de mayo del año en curso el Mag. Rodolfo Veloz Bañuelos se ubicó en causal de retiro, los candidatos son los ciudadanos: Rocendo González Patiño, Odilisa Gutiérrez Mendoza y Luisa Ramírez Romero.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de nombramiento del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibieron del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2011; y el Tercer Informe anual de sustentabilidad.- Se remitieron a la Comisión de Vivienda.

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana medicamente asistida.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el quese reforman los artículos 4º, fracción VI, 7 y 46 de laLey de la Economía Social y Solidaria.- Se turnó alas Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de Decreto que reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Con dispensa de segunda lectura, fue puesto a discusión. Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Raúl Gracia Guzmán, Presidentede la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.Para presentar el posicionamiento de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; David Penchyna Grub del PRI. Para la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Mónica Arriola Gordillo a favor; David Monreal Ávila del PT en contra; Cesar Octavio Pedroza Gaitán del PAN a favor; Armando Ríos Piter del PRD en contra; Pablo Escudero Morales del PVEM a favor; Layda Sansores San Román en contra; Héctor Larios Córdova del PAN a favor; Raúl Morón Orozco del PRD en contra; y Raúl Cervantes Andrade del PRI a favor. Se reservaron los artículos: 2, 3 Bis, 22 bis, 28, 28 A, 28 B, 39 F, 47, 48, 50, 51, 56, 56 bis, 132, 133, 173, 174, 175, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 282, 283, 333, 336, 337, 338, 340, 342, 343 A, 343 B, 343 C, 343 D, 343 E, 364, 364 Bis, 365 Bis, 371, 373, 388 Bis, 390, 391 Bis, 424 Bis, 429, 430, 606, 607, 615, 617, 620, 623, 773, 784, 945, Transitorios Cuarto, Quinto y Décimo Quinto. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 100 votos en pro y 28 en contra. La Presidencia informó que a los siguientes artículos se les retiró la reserva: 2, 51, 56, 176, 282, 336, 337, 343 B, 343 D, 364, 606, 607, 615, 617, 620 y 623. Así también, informó del retiro de las propuestas para adicionar los artículos 338, 340 y 342 al proyecto de Decreto. Para referirse a los artículos reservados, intervinieron los senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD para presentar propuestas de modificación de los artículos 3 Bis y 22 Bis, las cuales fueron rechazadas. Los artículos 2, 3 Bis, 22 Bis, 51, 56, 176, 282, 336, 337, 343 B, 343 D, 364, 606, 607, 615, 617, 620 y 623 fueron aprobados en los términos del dictamen por 99 votos en pro y 28 en contra. Continuando con la discusión de los artículos reservados, intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna del PRD, para los artículos 28, 28 A y 28 B; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, para los artículos 38 F y 56 Bis; Benjamín Robles Montoya del PRD, para el artículo 47; Mario Delgado Carrillo del PRD, para los artículos 48 y 50; Zoé Robledo Aburto del PRD, para el artículo 132; Angélica de la Peña Gómez del PRD, para los artículos 133, 173, 174, 175 y 175 Bis; Dolores Padierna Luna del PRD, para los artículos 279, 279 Bis, 279 Ter, 280 y 283; Angélica de la Peña Gómez del PRD, para los artículos 283 y 333; Dolores Padierna Luna del PRD, para los artículos 343 A, 343 C y 343 E. Las propuestas de modificación fueron rechazadas. Los artículos 28, 28 A, 28 B, 39 F, 47, 48, 50, 56 Bis, 132, 133, 173, 174, 175, 175 Bis, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 283, 333, 343 A, 343 C y 343 E, fueron aprobados en los términos del dictamen por 100 votos en pro y 28 en contra. Para presentar la adición de un artículo 364 Bis, intervinieron los senadores: Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; Zoé Robledo Aburto del PRD; Arturo Zamora Jiménez del PRI; la propuesta de adición fue aceptada, el artículo fue aprobado por 128 votos en pro. Para presentar la adición de un artículo 365 Bis, intervinieron los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana Gómez del Campo del PAN; Arely Gómez González del PRI; Pablo Escudero Morales del PVEM; la propuesta de adición fue aceptada, el artículo fue aprobado por 128 votos en pro. Para presentar la propuesta de modificación del artículo 371, intervinieron los senadores: Javier Corral Jurado del PAN y Zoé Robledo Aburto del PRD; en la discusión del artículo hicieron uso de la palabra los senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM, Ernesto Ruffo Appel del PAN, Humberto Mayans Canabal del PRI, Manuel Camacho Solís del PRD, Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, Omar Fayad Meneses del PRI, Armando Ríos Piter del PRD, Jesús Casillas Romero del PRI, Roberto Gil Zuarth del PAN y Mónica Arriola Gordillo; la propuesta de modificación fue aceptada, el artículo fue aprobado con la modificación por 67 votos en pro y 61 en contra. Para presentar la adición del artículo 373, intervinieron los senadores: Laura Angélica Rojas Hernández del PAN y Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; en la discusión del artículo hicieron uso de la palabra los senadores: Miguel Romo Medina del PRI, Mario Delgado Carrillo del PRD, Gerardo Sánchez García del PRI, Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, David Penchyna Grub del PRI, Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, Adriana Dávila Fernández del PAN, Pablo Escudero Morales del PVEM, Javier Corral Jurado del PAN; la adición del artículo fue aceptada, el artículo fue aprobado por 66 votos en pro y 62 en contra. Para presentar la adición de los artículos 388 Bis y 390, intervino la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, en la discusión, hicieron uso de la palabra los senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD y Javier Corral Jurado del PAN, la adición de los artículos fue aceptada, el artículo fue aprobado por 66 votos en pro y 62 en contra. Para presentar la adición del artículo 391 Bis, intervinieron los senadores: Juan Carlos Romero Hicks del PAN y Zoé Robledo Aburto del PRD, en la discusión del artículo, hicieron uso de la palabra los senadores: Fidel Demedicis Hidalgo del PRD y Graciela Ortíz González del PRI, la adición del artículo fue aceptada, el artículo fue aprobado por 128 votos en pro. Para presenta la adición del artículo 424 Bis, intervino la senadora Sonia Mendoza Díaz del PAN, en la discusión del artículo hizo uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma del PRI, la propuesta de adición fue aceptada, el artículo fue aprobadopor 128 votos en pro. Para presentar propuestasde modificación a los artículos 429 y 430 intervinoel Senador Fidel Demedicis Hidalgo del PRD; para referirse a la reserva de los artículos 773, 784 y 945 intervino del Senador Raúl Morón Orozco del PRD; en la presentación de las reservas a los artículos Cuarto y Quinto Transitorios intervino el Senador Fernando Mayans Canabal del PRD; el Senador Armando Ríos Piter retiro la adición de un artículo DécimoQuinto Transitorio; los artículos presentados fueron rechazados. Los artículos 429, 430, 773, 784, 945, Cuarto y Quinto Transitorios, fueron aprobados en los términos del dictamen por 99 votos en pro y 28 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición:

 

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Laura Angélica Rojas Hernández, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para queen el Presupuesto de Egresos de la Federación para2013 se consideren y destinen mayores recursos para la implementación de los cuidados paliativos a favor de los enfermos en situación terminal, en el Sistema Nacional de Salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Salud el segundo de ellos.

(Pronunciamientos)

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió pronunciamiento relativo al XXIII aniversario del Día de los Derechos Humanos en África.- Se insertó en el Diario a los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinticuatro horas con nueve minutos y citó a la siguiente el jueves veinticinco de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica,si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, por la que informa que el pasado 23 de octubre quedó instalada dicha comisión.

“ANA GABRIELA GUEVARA
SENADORA DE LA REPUBLICA

Senado de la República, a 23 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.
PRESENTE.

Con fundamento en el Artículo 127, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, le comunico a usted que la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Soberanía, ha quedado formalmente instalada de acuerdo a la legislación el día de hoy 23 de octubre del presente a las 11.40 horas

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente”.

Y de la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de las actividades realizadas durante la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, efectuada los días 27 y 28 de septiembre del año en curso, en Guatemala.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, por la que exhorta a la Comisión de Puntos de Constitucionales de la Cámara de Diputados, a presentar el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 constitucional.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. Esta iniciativa se acompaña del dictamen de impacto presupuestario.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/402/12
México, D.F., 24 de octubre de 2012

CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-1191 y 312.A.1.-1761, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario
Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS. Esta iniciativa se acompaña de su correspondiente dictamen de impacto presupuestario.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO LEGITIMO DE LA FUERZA

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y delos CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenos días a todas y a todos.

Los acontecimientos que hemos vivido en el uso de aplicación de la fuerza en los últimos años, sobre todo en los últimos seis años, previo y después a la publicación de los protocolos, nos dejan mucho que desear.

De ahí que mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Benjamín Robles, Armando Ríos Piter, Dolores Padierna y una servidora, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza.

Para ser muy breve con los antecedentes, sólo voy a mencionar el caso que todos conocemos de Atenco, de 2006, donde hubo varios atropellos.

El caso de diciembre de 2011, donde mueren dos estudiantes en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo.

El caso de junio de 2012, que tanto sonó en el Aeropuerto Internacional, ese enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas Federales que dejó tres muertos.

Y, obviamente, el caso de agosto, el ataque de la policía federal contra algunos agentes de la CIA en Tres Marías.

Y, por último, el caso de octubre del presente año, en Michoacán, donde violentamente fueron desalojados los estudiantes normalistas, de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío.

El caso de los 170 normalistas detenidos, entre muchos otros, es muestra clara del exceso que hasta el momento han tenido las fuerzas federales en el ejercicio de sus funciones.

Es por eso que presentamos la siguiente iniciativa que a continuación voy a entregar, porque ha sufrido algunas modificaciones. La dejaría aquí en Mesa Directiva para que sea ésta la que se publique.

De manera general, lo que pretendemos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, es tener una ley de carácter general con un objeto específico de establecer el marco normativo para regular el desempeño de las fuerzas de la Policía Federal, Estatal, del Distrito Federal y las municipales, ya que hasta el momento no tenemos marco normativo general.

La idea es establecer estándares operacionales y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones con el pleno respeto a las garantías individuales.

Para ello, esta iniciativa, esta ley, faculta a quienes ejercen la función policial a valerse de aquellos medios que impliquen el uso de fuerza pública, únicamente necesaria, para asegurar el orden, la paz y la tranquilidad en su jurisdicción.

Establece también diversos principios de la actuación policial en operaciones de procedimientos. Primero el de la legalidad, la eficiencia, el desempeño orientado a la atención del ciudadano, el profesionalismo y el desempeño orientado a los resultados, el profesionalismo y, obviamente, resultados orientados a la honradez, a la transparencia, a la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, que es el tema que hoy nos trae a presentar esta iniciativa.

Definimos en esta iniciativa de ley como fuerza necesaria, aquella fuerza que despliegan de manera física y con el apoyo de instrumentos, equipo, armamento y fuerza corporal, los elementos policiales como parte de las facultades de la autoridad para ejercer la coerción, como medio para salvaguardar el orden y la paz pública en situaciones de riesgo o extremo peligro, para restablecer la paz y la tranquilidad públicas así como para evitar la comisión de infracciones y delitos, siempre y cuando no se haya logrado disuadir a los actores para evitar dicha conducta y participación en actos violentos o que afecten la seguridad pública y el interés general de los bienes tutelados por el derecho constituido.

Nos trae aquí la razón de innumerables quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, en lo público y en lo privado, el ver que en los últimos años la violencia institucional ha sido tan terrible como la violencia del crimen.

Establecer como principio el uso de la fuerza, la legalidad, la racionalidad para que el uso de la fuerza esté justificado en cada uno de los casos, es fundamental y es motivo de la presentación de esta iniciativa.

Para ello pretendemos fijar también criterios específicos para que la policía pueda hacer uso de la fuerza para someter a cualquier persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad judicial, o en el caso de flagrancia en los términos de la Constitución, para prevenir la comisión de conductas ilícitas, para proteger o defender bienes jurídicos tutelados o por legítima defensa.

Pretendemos también establecer distintos niveles de uso de la fuerza, partiendo desde la persuasión o la disuasión verbal, la reducción física de movimientos utilizando posteriormente armas de fuego no letales y como último elemento la utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

Establecer un título especial para la regulación de los procedimientos policiales desde las operaciones orientadas a la ciudadanía, la promoción de la cultura, de la seguridad preventiva, de la prevención de riesgos, pasando por aquellas de prevención social del delito, de investigación para su prevención hasta la operación de respuesta inmediata frente a la comisión de delitos y las especiales en caso de emergencia civil.

También en un esquema de coordinación entre las corporaciones. De manera específica, corporaciones policiacas.

Esperamos que a partir de que presentamos esta iniciativa, se logre entablar un extenso análisis de su fundamentación de los acontecimientos que hemos vivido últimamente para que, de una vez por todas, logremos por primera vez tener en nuestro país una Ley General de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza, y que a ella se ajusten los protocolos que hasta hoy existen y que fueron apenas publicados en abril de este año, y que atentan incluso contra las garantías individuales y los derechos humanos.

A partir de la presentación de este documento, esperamos el apoyo de todas y de todos ustedes, Senadoras y Senadores, para que logremos la coordinación y parar este exceso de violencia institucional que hemos vivido los últimos seis años en nuestro país.

Es todo, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores y Senadora, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, fracción I, 164, 169 y 172, párrafo primero del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO LEGITIMO DE LA FUERZA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace seis años, el Presidente en turno (Felipe Calderón Hinojosa) emprendió una estrategia de seguridad que se convirtió en su “Guerra en contra del narcotráfico”, con ésta las violaciones a derechos humanos han aumentado y la seguridad pública se ha militarizado, causando un clima de incertidumbre y miedo en la sociedad mexicana.

Resulta innegable, dados los acontecimientos que se han vivido en los últimos años, empezando por los operativos policiales en Atenco y Oaxaca en el 2006, lo sucedido hace apenas unos meses en el aeropuerto y Tres Marías, que nuestro país al día de hoy tiene un gravísimo problema por el indebido, irracional y desproporcionado “uso de la fuerza” en labores de seguridad pública.

Esta necesidad de regular ya, en los procedimientos policiales de principio, el uso legítimo de la fuerza, se encuentra intrínsecamente relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que de suyo corresponde únicamente a la Policía y en el hecho de que tanto la Sedena como la Semar, a pesar de los protocolos sobre el particular emitidos por Felipe Calderón en febrero de este año, siguen abusando de la fuerza letal en tareas de seguridad pública como una práctica sistemática de ejecuciones sumarias, tal se ha mostrado en varios operativos, el más reciente, el enfrentamiento del que se presume el asesinato de Heriberto Lazcano, jefe sanguinario de la banda criminal de los Zetas.

En los últimos años, nuestro país ha enfrentado de manera creciente los retos de atender las demandas ciudadanas que exigen de los integrantes de los órganos del Estado el cumplimiento de su razón de ser y de las responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad, como una de las garantías fundamentales que están bajo la amenaza cotidiana de la criminalidad de altos vuelos. Hemos ido viviendo la profundización de la crisis estructural del Estado mexicano que se expresa directa e inmediatamente en la ausencia objetiva o subjetiva de seguridad para la ciudadanía.

Esto ha motivado acciones desde la sociedad organizada, que ante hechos criminales de gran impacto y dolor social como el secuestro y asesinato de hombres, mujeres, niños y jóvenes; como el desbordamiento de la violencia delincuencial que deja diariamente un saldo aproximado de 15 mexicanos ejecutados; como la muerte absurda de inocentes y población civil que quedan atrapados en un fuego cruzado entre delincuentes o entre policías y éstos; alzan la voz para demandarle a los gobernantes que cumplan sus responsabilidades.

Varias son las causas profundas de la inseguridad que se ha gestado, y por ello, varias tienen que ser las alternativas que el conjunto de los responsables políticos decidan para la reconstrucción de un tejido social que se ha desgastado cada mañana, cada noche, cada tarde, de cada día de cada semana de cada mes de cada año hasta sumar décadas.

Los expertos y estudiosos del fenómeno de la inseguridad, no sólo en México sino en otras latitudes, han ido construyendo hipótesis para explicar las causas profundas de la inseguridad que asola a varios países. De entre estos investigadores, destaca la generosidad del Director General del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Dr. Ernesto López Portillo que con absoluta disposición ha compartido los elementos que sustentan algunas causales de la construcción objetiva y subjetiva de la inseguridad que vivimos.

Los gobiernos de cualquiera de nuestros partidos en sus distintos niveles abandonaron la responsabilidad que tenían ante la seguridad, se desentendieron de la toma de decisiones y le entregaron esta responsabilidad a las fuerzas policiales o a las fuerzas armadas, lo que significa que han abonado al Desgobierno político de la seguridad que consiste en policializar o militarizar la seguridad, lo cual evidentemente deja al ciudadano fuera del ejercicio de su derecho a la seguridad y de la participación en las decisiones. Ante este abandono se proponen intervenciones simultáneas: construir ciudadanía, asegurar el derecho a la seguridad, proveer mecanismos de acceso a la justicia, la construcción de comunidades seguras, entre otras; entendiendo que ningún modelo policial puede resolver el combate a la criminalidad organizada, porque el esquema policiaco es sólo un componente de las distintas acciones que deben impulsarse para recuperar la seguridad.

La seguridad es una decisión política y no basta con suponer que las fallas estructurales del sistema se superan experimentando ya con el modelo de policía nacional, ya con el mando único, ya con la policía federal, vulgarizando una determinación de Estado para convertirla en la elección de un modelo policial, que además estará conformado con los mismos elementos policíacos que han fallado, se han corrompido, protegen a la criminalidad y se sirven de ella y de las y los ciudadanos. Antes de aventurarse a imponerle a la sociedad un modelo autoritario, anticonstitucional y represivo de policía, el Estado mexicano debe recuperar la conducción política de la seguridad, pues ésta no es cosa menor en la estabilidad y la seguridad del Estado como para dejarla, como ha sucedido hasta ahora, en manos de la policía.

Otro punto clave en la inseguridad es que como sociedad hemos ido acomodándonos a la Normalización de la ilegalidad que se da a través de la pluralidad normativa, es decir, a cada comunidad, a cada sector social, a cada gremio, a cada barrio, además de regirlo la Constitución, las leyes secundarias, las normas y reglamentos, los rigen sus propias normas, la que prefiere corromper al policía que pagar la infracción; la que glorifica el valor del delito; la que acepta como algo normal estacionarse en doble o triple fila.

Esta aceptación social de la ilegalidad sólo se rompe a través de lo que todos decimos es la cultura de la legalidad, pero dejamos que sea únicamente un discurso y no una práctica diaria. Las comunidades educativas, instituciones policiales, los círculos empresariales, la burocracia pública y privada, el tejido social, deben convertirse en un tejido social que censure cada acto mínimo o máximo de ilegalidad, pues para muchos y amplios sectores de la sociedad mexicana, el delito se ha convertido en una forma de vida.

Ello pasa porque aceptamos la evolución del mercado y lo mismo accedemos a los mercados formales como a los informales en los que la compra de ropa, perfumes, electrodomésticos, películas, discos compactos, programas informáticos, zapatos y otros productos de consumo popular son resultado del contrabando, la piratería o el robo, de algún delito, y a pesar de eso, no tenemos empacho de adquirirlos. La escala de aceptación avanza hasta llegar a la expresión de ciertas formas de delincuencia organizada que requiere de la privatización de la violencia para su propia supervivencia.

La violencia criminal desbordada que se vive, tiene uno de sus orígenes la caída del régimen de partido hegemónico que ha ido fragmentando, desde los últimos años de gobierno de Ernesto Zedillo, la lealtad de los grupos delincuenciales con los grupos políticos que los protegían. Y hoy tenemos múltiples redes de complicidades de la delincuencia y el crimen mayor con los distintos grupos políticos en los que se ha dispersado el poder, y aquí no se salva nadie.

La corrupción y la impunidad como componentes de una misma hermandad no son fenómenos aislados que se instalan en algún nicho del pacto político y social que cohesiona al sistema. No, la corrupción y la impunidad cruzan transversal, horizontal y verticalmente a la estructura política y social.

Y es injusto solamente ubicarlas en el terreno de la actuación policial. Las policías fueron diseñadas para servir a un régimen de corrupción e impunidad y no para servir a la ciudadanía. No fueron los elementos policíacos los que decidieron ser instrumentos permeables a la complicidad con la delincuencia.

Fue el sistema político el que decidió apostar por un sistema policial espejo de su propia corrupción e impunidad y vulneró de raíz la posibilidad de contar con una policía profesional, capacitada y de servicio social. Y mientras no construyamos a través de una reforma profunda del Estado mexicano la base para que existan liderazgos políticos democráticos, no tenemos los instrumentos legales ni sociales para construir ya no digamos un modelo de policía democrática, menos aún para transformar las relaciones perversas que se establecen entre el poder político, la policía y la sociedad.

La fragilidad de nuestra democracia es tan evidente, que cuando la sociedad reclama el fin de esta relación perversa y exige seguridad, exige justicia ante los embates del crimen organizado a la vida más íntima de las familias, la respuesta de la clase política que nos reunimos para firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es alentar, impulsar, promover el populismo punitivo que ofrece medidas socialmente aceptables y mediáticamente populares para calmar la desesperación social a través de incrementar penas, legislar sobre la cadena perpetúa e incluso, proponer la aberrante pena de muerte, para justificar su existencia y darse golpes de pecho.

Las propuestas del populismo penal no sirven para nada, porque no atacan las causas profundas de la inseguridad; sólo mediatizan el descontento social, y como el gatopardismo, cambian aparentemente todo para que todo siga igual.

El populismo punitivo se basa en un modelo incremental que está siendo desechado por los sistemas democráticos modernos porque no son ni eficientes ni eficaces, porque cuando el sistema de justicia y de seguridad falla, no son más recursos financieros ni punitivos los que funcionan, se debe modificar estructural e integralmente los modelos de justicia, de policía y de seguridad.

Y por eso, las medidas punitivas de urgencia esencialmente mediática, no sólo no permiten recuperar la seguridad, construir una cultura de la legalidad, rescatar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, la tranquilidad familiar y la fortaleza del tejido social, sino que trabajan en contra de la seguridad del Estado y a favor de la preservación de la corrupción y la impunidad, y por tanto, de las complicidades políticas y policiales con la delincuencia organizada.

Para enfrentar la cadena perniciosa que ha puesto en jaque a la seguridad del Estado, que amenaza con colapsarlo, que le está disputando el monopolio del uso de la fuerza a las instituciones de la seguridad, que permite el control territorial y político de importantes regiones del país, se debe fracturar esa cadena a partir de revertir el desgobierno político de las tareas de seguridad y que sean los poderes políticos institucionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que asuman el gobierno político de la seguridad.

Esta tareas debe hacerse no a partir de la urgencia y la punición, no a través de seguir legislando para que el control de la seguridad lo sigan teniendo los policías o los militares, ni para que los primeros, apuesta principal del gobierno calderonista como modelo policial, sigan siendo una policía federal que opera sin controles legislativos ni ciudadanos ni democráticos y los segundos, sean puestos ante el riesgo de comprometer la institucionalidad y el prestigio de nuestro último recurso para proteger la seguridad del Estado, al participar en los operativos conjunto suspendiendo garantías sin ningún control constitucional y violentando impunemente el derecho a la vida y a la libertad de ciudadanos que no están vinculados con la criminalidad.

Se necesita que el poder legislativo, que nosotros, asumamos nuestro papel de actores políticos de Estado y aprobemos un paquete integral de propuestas legislativas que den coherencia a la multiplicidad de políticas públicas en la materia. La reforma de Estado que nos propusimos consolidar, sólo abordó parcialmente algunos pendientes de la democracia y el sistema electoral. Dejamos de lado la construcción de políticas públicas a la altura de la crisis de fin de régimen, sobre todo, no ha habido ningún avance en la agenda de la democratización de la seguridad en este país, al contrario, ha avanzado el derecho penal del enemigo para satisfacer las tentaciones autoritarias de quienes construyeron una política militarizante de la seguridad.

Se impuso una reforma constitucional de justicia penal y seguridad que nuevamente cayó en la trampa de la punición, la represión, la creación de sistemas de excepción, que ni siquiera tuvo la osadía de instrumentar los mecanismos legales, aquí sí de urgencia, para implantar las bondades del sistema procesal acusatorio, oral y adversarial que sirvió para camuflar el abandono a preceptos de garantías procesales que nuestra historia nos había heredado, en una reforma de claroscuros que por un lado, establecía los principios de presunción de inocencia y debido proceso y por el otro, elevaba la lesiva figura del arraigo a precepto constitucional.

Esta reforma, además de regresiva, fue parcial e incompleta porque no abordó la integralidad de sistema de procuración de justicia con plena autonomía del poder político en turno, y de un poder judicial sin presiones políticas.

Este Senado debe instalar un grupo de trabajo que sin prisas pero sin pausas, escuche a los expertos y dialogue con la información y la investigación, que construya espacios para la interlocución con la sociedad civil organizada, que distinga legislativamente lo circunstancial de la estructural y le apueste a lo estructural, como una de sus mayores aportaciones a la legalidad, la seguridad y la justicia.

Es en esta visión de integralidad que estamos presentando esta propuesta de Ley para regular los procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza necesaria, como solamente una pieza del rompecabezas legislativo que tenemos que armar conjunta, plural y colectivamente para aportar los instrumentos normativos que coadyuven a la recuperación de la seguridad y de la paz.

Justificación

Hace casi 30 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" (Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979). Desde su aprobación, este Código ha sido un referente internacional obligado para normar y reglamentar la actuación de las policías, en especial, respecto al uso legítimo de la fuerza "cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas" (Artículo 3).

Posteriormente, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba en 1990, adoptó los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley" que se convirtieron en un hito más para la reglamentación internacional de la función policial. De hecho, los Principios Básicos emanados del Congreso mencionado, han sido retomados casi de manera textual en la generalidad de las normas aprobadas por un gran número de países en el mundo durante los últimos años.

En México nos hemos quedado rezagados en esta materia a nivel federal. En los reglamentos de varias corporaciones policíacas cuando llega a mencionarse alguna referencia a este tema se hace de manera muy superficial y marginal, como por ejemplo en el Reglamento de la Policía Federal Preventiva, cuya fracción XVI del artículo 135 impone a los elementos de la institución el deber de "realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley y restaurar el orden y la paz públicos".

Hay entidades federativas como el Distrito Federal que cuenta ya con una Ley "Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal" publicada en la Gaceta Oficial respectiva el 22 de abril del 2008 o como Guerrero que emitió desde abril de 2011, un decreto de Protocolo de Uso de la Fuerza para la Policía que comanda la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto, no fue usado cuando la intervención de las policías preventiva y ministerial del estado para la contención de la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011.

En este tenor, es importante resaltar que el pasado 23 de abril de 2012, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó ante medios de comunicación, diversos Protocolos sobre el Uso de la Fuerza y Detención de Personas, los cuales según Presidencia están diseñados para fortalecer la protección de los derechos humanos en las acciones de su estrategia de seguridad.

La presentación de dichos Protocolos ha causado polémica y es que la sociedad civil organizada se ha pronunciado al respecto.Ejemplo de ello, es la crítica que hace el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el cual en primera instancia cuestiona la denominación que se le ha dado a los dichos “Protocolos” pues para ellos dichas publicaciones sólo se traducen en directivas y lineamientos generales sobre el uso de la fuerza y detención de personas sin que se contemple y precise la actuación respecto a estos temas.

Aunado al hecho de que estos Protocolos son emitidos tardíamente puesto que debieron ser emitidos desde diciembre de 2006 cuando Felipe Calderón anunció y emprendió su guerra contra el narcotráfico a partir del primer Operativo Conjunto en Michoacán.

El Instituto Mexicano señala algunas de las limitantes de estos Protocolos, las cuales nos parece importante reproducir para efectos de justificar la presentación de esta Iniciativa:

• Estos protocolos sobre el Uso de la Fuerza no cumplen a cabalidad con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” establecidos en 1990 por la ONU.

• Aunque se elaboraron protocolos del Uso de la Fuerza por parte de las cuatro dependencias que tienen el monopolio federal para el uso de la fuerza, a saber, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR), ni la Sedena ni la Semar presentaron sus Protocolos sobre Detenciones y Puesta a Disposición de Personas; solamente la PGR y la SSP presentaron directrices en este sentido.

Esto es de suma gravedad, puesto que son precisamente la Sedena y la Semar, quienes están siendo puestas en la mira por su letalidad y es exigible que, en su función de policías que también detienen personas, presenten las directrices para detener y ya no sigan ejecutando extrajudicialmente a quienes debieran, constitucionalmente, ser detenidos

• Aunado a lo anterior, de manera alarmante se menciona que, los Protocolos sobre Detenciones tienen limitaciones serias por la falta de cumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre otras cosas porque no existe un análisis que vincule los lineamientos del estándar internacional, relacionado con el derecho a la integridad física, y a la libertad, así como el acatamiento al principio de legalidad.

Aunque la legislación que se propone se refiere a los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza que compete a las autoridades policiales civiles, nos interesa compartir lo referente a los Protocolos sólo del Uso de la Fuerza a los que están obligados los cuerpos policiales federales, pero también lo que se refiere al análisis de los protocolos presentados por las Fuerzas Armadas, pues todo esto es un referente de lo que sucede en nuestro país en esta materia.

El estudio que realiza el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia confronta los protocolos presentados por las instituciones policiales y de las fuerzas armadas en abril de 2012 con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecidos por la ONU, organismo internacional del que el Estado mexicano forma parte, y por tanto estaría obligado a cumplir, sin embargo, el análisis devela:

• Las directrices (particularmente las del Ejército y la Semar) evitan hacer muchas especificaciones, y se remiten a diferentes manuales aún por elaborar, por lo que su presentación fue incompleta.

• Los protocolos de la Sedena y la Semar, no cumplen con el Principio 5 de los Principios Básicos sobre informar a familiares o amigos cercanos cuando existan muertos o heridos.

• La directiva de la Semar refiere la “disuasión política”, término extremadamente delicado e incompatible con la esencia constitucional de la función militar, ajena a las prerrogativas políticas, reservadas al poder civil (artículo 129 constitucional).

• Ninguno de los protocolos de la Sedena, la SSP ni de la Semar cumplen con el Principio 10 de los Principios Básicos sobre dar una advertencia cuando tengan la intención de utilizar armas de fuego.El protocolo de la Semar sólo lo establece para la inspección de embarcaciones y solamente el protocolo emitido por la PGR señala la obligación de identificarse antes de utilizar la fuerza.

• El protocolo de la SSP es el único que cumple con el Principio 19 de los Principios Básicos: sólo podrán portar armas los funcionarios que han recibido una capacitación especializada en su empleo.

• La directiva de Semar contiene de forma incompleta la legítima defensa: sólo hacia el servidor público, pero no para la ciudadanía.

• Ninguno de los protocolos tiene directivas relacionadas a la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante reuniones o manifestaciones ilícitas, como sí lo tienen los Principios Básicos (Principios 12, 13 y 14).

• La directiva 2.23 de la Semar, relacionada con acciones de control, es violatoria de los artículos 11, 16 y 29 constitucionales, del artículo 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• El Protocolo sobre el Uso de la Fuerza de la Sedena no definen los tipos de armas ni define lo que se considera fuerza letal y fuerza no letal como lo hacen los demás protocolos, aunque sí utiliza los términos.

• En los protocolos no hay una unificación al hablar de los grados de "resistencia o agresividad" de las personas que sirven para medir el uso gradual de la fuerza que implican los protocolos. Cabe mencionar que la importancia de definir claramente estos niveles de resistencia/agresión es vital para la implementación de los protocolos porque determina la gradualidad en la utilización de la fuerza, por lo que deberían ser lo más amplios y homogéneos posibles para poder establecer esa gradualidad adecuadamente. De lo contrario, por ser tan diferentes entre sí, se resta efectividad a la protección de los derechos humanos.

• El Protocolo de la PGR viola el 9° Principio Básico sobre la utilización de armas de fuego, al introducir en la definición de legítima defensa, la utilizada para el empleo de armas de fuego.

• Los protocolos de la PGR y la SSP recogen explícitamente el Principio 20 de los Principios Básicos sobre la capacitación en medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y armas de fuego, como la solución pacífica de los conflictos, el estudio de comportamiento de las multitudes y técnicas de persuasión, negociación y mediación, para limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego; sin embargo, el protocolo de la Sedena sólo menciona que seguirán implementándose programas sobre capacitación en el uso de la fuerza, y el de la Semar señala la elaboración de un manual con técnicas para ocasionar el menor daño posible.

• Finalmente se refiere que la Directiva de la Semar, describe su apego a los instrumentos internacionales, pero no se ocupa de decir cuáles y cómo es que se van a implementar o armonizar con el documento.

Por otra parte en lo que se refiere a los Protocolos de Detención y Puesta a Disposición de Personas, el Imdhd hace notarlas siguientes deficiencias:

• El protocolo de la PGR no menciona diversos derechos como: a) la persona detenida debe ser informada en el momento de su detención; b) el derecho a un defensor de oficio, c) derecho a avisar a quien libremente decida para informar sobre la detención misma y el lugar de su detención.

Todo ello va en contra de lo recomendado por el Comité de la Tortura en varias ocasiones y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por el Estado Mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.9, numeral 2), sólo por mencionar alguno.

• En la directiva 2.28 de la Semar, relacionada con la prohibición de la tortura, la definición es insuficiente, pues ubica únicamente a los efectivos castrenses; la tortura podría ser realizada por otras personas, con la aquiescencia del personal naval. En este sentido, la definición se queda corta y no es acorde con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

• Aunque la Semar no refiere reglas sobre la detención de las personas, su artículo tercero refiere que actuará con “toda energía contra quienes transgreden la ley”, lo cual se ha hecho evidente con la enorme letalidad que presentan las acciones de los elementos de la Marina que casi nunca detienen sino “abaten”.La jurisprudencia 36/2000 señala que para la colaboración de las fuerzas armadas, es imprescindible la solicitud expresa, fundada y motivada de la autoridad civil, lo cual evidentemente no sucede en la realidad. En ese contexto la redacción de este artículo excede por mucho las funciones que la Constitución establece, incluyendo lo indicado por la propia jurisprudencia en cita. Este artículo indica que no hay funciones de colaboración, sino abiertamente de combate directo y autónomo en contra de la delincuencia organizada por parte de la Semar.

• Por su parte en el protocolo de la SSP sólo se señala la obligación de informar a los detenidos de sus derechos, pero no se especifica cuáles, lo cual deja ambigua esta obligación.

• El Protocolo de la PGR señala que el Ministerio Público realizará el control legal de la detención, cuando es el Juez de Control quien debe hacerlo. En virtud de ello, el Comité contra la Tortura ha recomendado: "Establecer para todo caso de detención la obligación de dar cuenta inmediata de ella a una autoridad judicial" (CAT, 220b).Los protocolos de la PGR y la SSP sólo establecen la obligación de informar de manera inmediata al Ministerio Público de la detención, pero no la obligación de éste de informar a la autoridad judicial.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a México que "adopte las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla" (CIDH, párr. 341).

• Una cuestión grave que observa el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el protocolo de la SSP es la obligación de trasladar a la persona detenida a una institución del sector salud para obtener la certificación de su estado de salud, antes de trasladarlo ante el Ministerio Público o la autoridad judicial que ordenó su detención.

Lo anterior, según refieren implica una prolongación del tiempo en que la persona detenida quedará en manos de la policía, que fácilmente puede argumentar que la institución de salud tardó mucho tiempo en atenderlos o estaba muy lejos de donde detuvieron a la persona, entre otros argumentos, aumentando la posibilidad de coacción y tortura para la persona detenida. Debemos recordar que la tortura no siempre es física, sino que muchas veces es psicológica y sólo puede ser detectada por personal capacitado para ello.

• En el Protocolo de la SSP, incluso se violenta el Código Federal de Procedimientos Penales y la propia Ley de Policía Federal, al no establecerse la obligación de avisar al Ministerio Público inmediatamente después de la detención, sino a su superior jerárquico, y no especifica si ese superior jerárquico debe avisar inmediatamente al Ministerio Público o a la autoridad judicial correspondiente. Esta obligación de informar al Ministerio Público, sólo se establece en el caso de que la persona detenida presente lesiones que pongan en riesgo su vida.

• El artículo 5 del protocolo de la SSP sobre detenciones, relativo al cumplimiento de una orden de aprehensión adolece de la parte -quizá- más importante: el protocolo por el cual la persona afectada es informada de la existencia de una orden judicial que avala la privación de su libertad.

En suma, y de acuerdo con lo referido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia: Los Protocolos Presentados por la Presidencia de la República no son fruto de la consulta, ni de la discusión -sin resolver- sobre la constitucionalidad de la acción militar en las labores de seguridad pública, y tampoco queda claro como éstos protocolos empalmarán con el nuevo sistema justicia penal acusatorio, el que la persona detenida es vista desde una perspectiva distinta (presunción de inocencia) a la persecutoria que caracteriza el actual modelo penal.

Amén de lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé que para lograr un buen desempeño de los elementos de las corporaciones de seguridad pública es imprescindible que su actuación se apegue a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para lo cual las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) promoverán que se instituyan los deberes conducentes a cumplir con sus funciones.

Dentro de estos deberes destaca la prevención de abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; asimismo, se insta a que los elementos de la seguridad pública y la procuración de justicia observen un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.

La función policial es sin duda la responsabilidad más delicada del Estado mexicano en tiempos de paz.A la policía se le ordena cumplir y hacer cumplir la Ley por medio de actos de autoridad, entre los cuales destacan el uso de la fuerza y en particular el empleo de las armas de fuego.Al aplicar estos actos, en aras de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, la policía es el elemento coactivo de autoridad que más pudiera afectar tales derechos, precisamente por la enorme dificultad que supone controlar en todo momento las situaciones que afectan el orden público mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente conferidas a las corporaciones policíacas.

Desde 1995, las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública han desempeñado distintas misiones dentro de las rutinas y servicios que proveen a la ciudadanía; también han sido participes de distintos eventos en los que se ha juzgado su actuación, tanto desde el punto de vista de los medios, como por la intervención de distintas organizaciones y control de la sociedad civil y de las propias comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos.

A lo largo de los años, ha sido visible el cúmulo de situaciones en los que el uso de la fuerza pública excede los límites de una coerción que se limite a controlar conductas ilícitas o infractoras de normas, mostrando una señalada propensión al empleo desmedido de la fuerza y, en ocasiones, al de las armas de fuego. No ha sido casualidad que la desconfianza a las instituciones policíacas por parte de la ciudadanía esté ligada con su función autoritaria y de sometimiento a las decisiones políticas de las autoridades en turno, lo que ha significado innumerables ejemplos de actos represivos y de abuso.

Por ello es inaplazable iniciar una profunda reforma a la doctrina, políticas, normas, procedimientos y a las formas de gestión de las corporaciones policiales, pues ante la creciente violencia criminal y los reclamos de combate a la inseguridad, puede ser nuevamente una tentación repetir los esquemas añejos que perpetúan una relación desigual entre la ciudadanía, la policía y la autoridad. Requerimos regulaciones que vayan abriendo el paso a la seguridad vista desde la perspectiva de la sociedad democrática que aspiramos.

Sin lugar a dudas, los puntos de contacto entre las policías con las personas que se inscriben en faltas administrativas y en la presunta comisión de delitos, tienen diferentes aristas en las que el principio de legalidad debe hacerse valer, así como también el principio de la debida diligencia, que sustituye al viejo concepto del cumplimiento del deber hasta la última de sus consecuencias y por todos los medios posibles; cuando la actuación de los policías no se atiene a dichos principios, en los hechos, se propicia un desempeño fuera de los márgenes de acción permitidos y el predominio de reglas informales, que terminan por conducir al elemento policial a una conducta ilegítima y al exceso del uso de la fuerza.

En la actualidad la mayor parte de las policías modernas tienen normas de corte internacional que les regulan todos y cada uno de sus procedimientos de uso de la fuerza y el cumplimiento de distintas operaciones; con ese propósito, ahora la denominada Reforma Policial Democrática, que han exigido organizaciones tan importantes y disímbolas como la Cumbre Ciudadana, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Red de Expertos en Seguridad Pública, nutre con propuestas legislativas la gestión de la seguridad humana y ciudadana a nivel mundial.

En la medida que las normas reguladoras del proceso policial prevean situaciones generales y específicas y delimiten el tipo de intervención de sus elementos, tanto los sujetos obligados, las y los ciudadanos y los integrantes de las corporaciones policiales tendrán un lineamiento objetivo que les asegure un ejercicio correcto de la autoridad, mayor transparencia y rendición de cuentas para que sean incorporadas de manera transversal en todos los procesos institucionales de la policía, haciendo suya su práctica, como regla, y la reserva de información, como excepción.

En nuestro país, con motivo de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, se requiere avanzar en la regulación del artículo 21 constitucional que señala las facultades y atribuciones del Ministerio Público a cuyo mando se sujetan las policías, y las que tendrá la seguridad pública como función a cargo de de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios; una regulación organizativa, procedimental y operacional.

Esta Ley constituye una norma que regulará a detalle el tipo de procedimientos y operaciones policiales que requiere el uso de la fuerza pública como fuerza estrictamente necesaria, a efectos de que contenga los elementos de las normas de procedimientos policiales y de respeto a los derechos humanos vigentes ya en nuestra Constitución a partir del 10 de junio de 2011 en que fue publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, así comoen distintos instrumentos internacionales, mismos que han sido signados y ratificados por las autoridades de nuestro gobierno.

No obstante lo anterior, actualmente las policías en México todavía adolecen de un marco operativo normado, y esa debilidad institucional genera un alto riesgo para los policías mismos y para la ciudadanía, cuyos efectos multiplicadores, en términos de abusos de la fuerza, corrupción, impunidad y simulación son verdaderos obstáculos para lograr una adecuada seguridad.

La actuación de la policía, y también de las Fuerzas Armadas, debe actualizarse en un marco normativo que les brinde seguridad jurídica en el cumplimiento estricto de sus atribuciones constitucionales; al mismo tiempo, la ciudadanía debe conocer y saber cuales son los límites del uso de la fuerza pública en los procedimientos policiales.Ambos aspectos, hasta hoy son tratados en Manuales y normas técnicas, pero no han sido elevados a rango de una norma de carácter federal, por tanto, se siguen presentando sendas controversias sobre el grado de apego que tienen diversos procedimientos policiales con respecto a los derechos humanos de las personas que entran en el radio de acción de las policías o de las instituciones de seguridad.

No hay policía que aspire a ser parte de los instrumentos de la vida democrática cuando ésta no regulariza la relación armónica con los derechos humanos, incluso de los propios policías; cuando no se garantizan las consecuencias del buen y mal desempeño, cuando no existe confianza y apoyo social hacia la labor policiaca y de seguridad, cuando sus miembros no son reconocidos como ciudadanos con plenos derechos, cuando el uso de la fuerza no es sujeto al control que garantice, al mismo tiempo, su eficacia y uso legal y legítimo, y cuando no se sanciona a quienes incumplen las normas para el uso legítimo de la fuerza.

La importancia de una Ley que regule este marco de actuación es sustantiva, ya que ahora, más que en otras circunstancias, es necesario contar con una policía profesional al pleno servicio de la ciudadanía.La mejor policía es la que interactúa de manera proactiva con las comunidades y la que reacciona con método, prudencia y firmeza ante cualquier violación a las normas, particularmente ante toda forma de violencia; desde este punto de vista, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se presenta propone la creación de la policía de proximidad en una perspectiva de transformación democrática, moderna, eficaz, eficiente y confiable de las corporaciones policíacas; de transparencia institucional y rendición de cuentas a la sociedad; con un enfoque integral, preventivo y social de la función policial.

Además, la Iniciativa en comento permite dar un respaldo sólido al cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la medida que, por primera vez, desde una norma federal, es posible inducir criterios técnicos, operativos, procedimentales y de responsabilidad policial, con una mayor claridad que la que se consigue a través de Manuales, Códigos de Ética y otros instrumentos de normas secundarias vigentes, y que además, coloca a nuestro país a la altura de las sociedades que establecen a través de una ley las normas que regulan los procedimientos policiales, dándole así la importancia y revalorización que requiere el sistema policial en nuestro país.

En el contexto de nuestra necesidad de combatir el crimen, pero sin exceder los límites del uso de la fuerza, la presente propuesta constituye ambas opciones: primero facilita el trabajo de las policías, aun y cuando recurran al uso de dicha fuerza, y segundo, se asegura que estás no se desborden, por tanto, se trata de una Ley que provee garantías complementarias al respeto de los derechos humanos en nuestro país en un contexto creciente de abusos de las fuerzas policiales y de seguridad.

Un rasgo distintivo de la Ley que se propone es su carácter de Ley federal, con lo cual se estará ante la posibilidad de establecer normas y lineamientos generales que regulen en todas las instituciones policiales, las de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, cuyo objeto sea establecer un marco normativo para regular procedimientos técnicos, operaciones, y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto al ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, y el marco legal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación derivada de la misma y los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.

La estructura de la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legitimo de la Fuerza se ha integrado de la siguiente manera:

Titulo Primero. Disposiciones generales, que se integra por el Capítulo I, cuyo contenido se refiere al objeto la Ley, la definición de los conceptos y procedimientos incluidos en la norma, la delimitación de sus alcances normativos, la designación de la autoridad competente para su aplicación y por el Capítulo II, que establece los principios a los que debe sujetarse la actuación policial en relación directa con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Título Segundo. Del uso de la fuerza, compuesto por cinco Capítulos, cuyos contenidos se exponen a continuación: Capítulo I, dedicado a la definición jurídica y regulación del uso de la fuerza policial, cuyo enfoque normativo se circunscribe a los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y necesidad en el empleo de dicha fuerza; asimismo, se describen los distintos niveles en el uso de la fuerza legítima y se regula su operación. En el Capítulo II, se incluyen reglas de uso de armamento policial y las normas para su control y manejo en los procedimientos a cargo de los elementos asignados al MP y a la seguridad pública. El Capítulo III se dedica a la capacitación y profesionalización que las corporaciones policíacas deben tener en el uso adecuado de la fuerza y en la utilización de las armas permitidas. En el Capítulo IV se clarifican las responsabilidades de mandos y elementos en el uso del armamento de cargo y los efectos de dicho uso; el Capítulo V, se enfoca a establecer las garantías de los elementos de las policías por el uso de la fuerza legítima; y el Capítulo VI está orientado a determinar las garantías que esta Ley otorga a víctimas o personas agraviadas por infractores y delincuentes, cuya provisión se encuentre en el ámbito de actuación de las corporaciones en el orden de su intervención y por la ejecución de los procedimientos a su cargo.

Título Tercero. De los procedimientos policiales, integrado por el Capítulo I, que incluye la descripción y regulación general de los principales procedimientos policiales en materia de la orientación a la ciudadanía y promoción de la cultura de la seguridad preventiva; Capítulo II, que regula los procedimientos operativos y de investigación tanto de la prevención social como de la prevención situacional del delito; Capítulo III, cuyo cometido es normar las operaciones de respuesta inmediata; Capítulo IV, que regula los procedimientos de detención, traslado, y presentación de infractores y presuntos participantes de delitos ante las autoridades competentes; y Capítulo V, de operaciones especiales en caso de emergencia civil.

Título Cuarto. De las operaciones coordinadas entre corporaciones policiales, que se integra por el Capítulo I, dedicado al establecimiento de un marco general de convenios para la coordinación de operaciones con otras policías de las Entidades Federativas y de los Municipios del país; el Capítulo II que contiene las disposiciones en materia de organización del mando único de las operaciones coordinadas y las medidas de coordinación; y el Capítulo III, con una descripción de las operaciones y procedimientos coordinados.

Título Quinto. Del respeto a los derechos humanos y de los medios para asegurar el cumplimiento del principio de legalidad en la ejecución de operaciones y procedimientos policiales, articulado por el Capítulo I, que determina las medidas para asegurar que el cumplimiento de la función policial se realice en apego al principio de legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Capítulo II, que establece cuales son los derechos y garantías de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia por efecto de su intervención en las operaciones y procedimientos policiales a los que sean instruidos; el Capítulo III, que establece las sanciones para los elementos de policía que infrinjan las disposiciones de ésta Ley; el Capítulo IV que se refiere a las medidas de previsión social en beneficio de los policías; y el Capítulo V, de los recursos administrativos para la resolución de las controversias que se prevén en la Ley.

En atención a los aspectos que la Iniciativa prevé para la Ley en comento y:

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, que actuarán bajo la conducción y mando de éste y que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios cuya ejecución deberá realizarse en forma coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y que la seguridad privada no puede desligarse de la seguridad pública en su carácter de actividad complementaria;

Que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha suscrito la mayor parte de convenciones y normas de orden internacional para los procedimientos policiales y el respeto a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales.

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que el desempeño de los integrantes de las instituciones policiales deberá apegarse a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para lo cual la legislación determinará cuales son sus deberes.

Que la actuación de las policías deberá regirse por el principio de legalidad, según el cual la autoridad policial únicamente deberá ceñir su actuación a los principios previamente establecidos en los ordenamientos correspondientes.

Que los derechos humanos y sus garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son bienes jurídicos tutelados por el Estado y protegidos contra cualquier vulneración que sea acometida por parte de cualquier autoridad pública;

Que la coordinación de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de seguridad privada deben de regularse bajo estándares y normas uniformes en todo el país por motivo de una pertinencia técnica y un mejor control de dichos servicios; y

Que el desempeño de los miembros de las instituciones policiales se verá fortalecido por la determinación de normas sobre el uso de la fuerza y sobre el principio de la debida diligencia en el cumplimiento de las funciones que se les asignen.

Y que se rescatan las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como propuestas legislativas que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años, alimentadas incluso por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recomendaciones nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos y seguridad, así como de organizaciones de la sociedad civil, destacadamente el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia (Insyde) para contribuir a reducir elclima de violencia, combatir la impunidad en el atropello de los derechos humanos y las garantías de las y los ciudadanos hacemos un llamadoa esta Soberanía para regular los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULOUNICO. Se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza.

LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO LEGITIMO DE LA FUERZA

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer un marco normativo para regular el desempeño de las corporaciones policiales que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus procedimientos técnicos, estándares operacionales, y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías conforme lo establecen los artículos 1, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general de las instituciones de seguridad pública derivada de la misma y los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley dan fundamento al uso legítimo de la fuerza pública que podrá ejercerse por las corporaciones policiales federales, estatales, del Distrito Federal y de los municipios, dentro de los supuestos, situaciones, procedimientos y operaciones que competan a sus mandos y elementos, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el marco que la misma Ley establece.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Absoluta necesidad:el empleo inevitable del uso de la fuerza policial y de armas para el restablecimiento de la seguridad, cuando otras estrategias de control resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro de los resultados deseados;

II. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;

III. Armas intermedias: Aquellas que se utilizan para disminuir la capacidad de movilidad de una persona, preservando su integridad física o que ocasionan el menor daño posible;

IV. Armas letales: Aquellas que ocasionan o pueden ocasionar daños físicos, que van desde las lesiones a la muerte de una persona;

V. Asistencia policial preventiva:servicios que proveen las instituciones policiales mediante la participación y colaboración de la ciudadanía que se manifiesta en acciones para garantizar que la convivencia ciudadana se realice en un ámbito de seguridad, orden y paz, propiciando el fomento de una cultura de la legalidad, la prevención social y situacional del delito, la denuncia, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas, frente a actos punibles cometidos por infractores y delincuentes que afectan la seguridad pública;

VI. Corporación o institución policial:órgano civil y profesional de Estado, con atribuciones para el uso legítimo de la fuerza; responsable de mantener el orden, la paz y tranquilidad pública y prevenir la comisión de delitos e infracciones, para hacer cumplir la ley de manera imparcial y en estricto respeto de los derechos humanos, sujeto a control de autoridad competente, obligado a rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática;

VII. Debida diligencia: pauta disciplinaria de actuación policial que compromete a los elementos de las corporaciones a desempeñarse con diligencia, eficacia, eficiencia y sin contravenciones a sus superiores, en estricto apego a las órdenes recibidas, siempre y cuando éstas se encuadren dentro de la legalidad de su contenido y cuyas misiones a ejecutar no vulneren los derechos humanos de la población destinataria de los procedimientos y operaciones ordenadas, ni pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los elementos policiales;

VIII. Detención: El aseguramiento de una persona en cumplimiento de alguna orden de aprehensión o por ser sorprendido en flagrancia en la escena de los hechos, o inmediatamente después de haberlo cometido, o por existir denuncias y evidencias de su probable responsabilidad en la comisión de la conducta que se ha manifestado, con el propósito de ponerla a disposición de la autoridad competente, sin menoscabo del principio constitucional de presunción de inocencia;

IX. Fuerza pública: capacidad material yhumana de las instituciones policiales para ejercer de manera legal, como medida extraordinaria, la coerción física, a través de la función de policía, sobre individuos y situaciones que ameriten la prevención, provisión, restablecimiento y resguardo de la seguridad pública y el aseguramiento del cumplimiento de las órdenes emitidas por la autoridad competente que deban ser asistidas por la propia función policial;

X. Fuerza de tarea: elementos en número y capacidades técnicas y de armamento, enseres, comunicaciones, vehículos y capacidad de despliegue físico de las corporaciones relacionados y sustentados en procedimientos y parámetros de desempeño, sujetos a procedimientos de supervisión, control y evaluación, en un momento determinado, para el cumplimiento de las misiones establecidas por un Mando;

XI. Fuerza necesaria: aquella que despliegan los elementos policiales de manera física y con apoyo de instrumentos, equipo, armamento y fuerza corporal, como parte de las facultades de la autoridad para ejercer coerción, como medio para la salvaguarda del orden y la paz pública, en situaciones de riesgo o extremo peligro; para restablecer el orden, la paz y la tranquilidad públicas; así como para evitar la comisión de infracciones y delitos, siempre y cuando no se haya logrado disuadir a los actores para evitar dicha conducta o participación en actos violentos, o que afecten la seguridad pública y el interés general de los bienes tutelados por el derecho constituido;

XII. Función policial:función administrativa del Estado que tiene por objeto mantener el orden público, brindar seguridad pública y protección a las personas, ya sea preventiva y como auxiliar o ejecutor material bajo el mando de las autoridades que están investidas de atribuciones de decisión, para imponer al individuo una determinación, como en el caso de las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público, y de vigilar la ejecución de sanciones de carácter administrativo de índole diversa, en las que no interviene autoridad jurisdiccional;

XIII. Integrantes o elementos: Servidores públicos certificados y nombrados o asignados mediante otro instrumento jurídico autorizado, que se desempeñan como personal de las corporaciones o instituciones policiales en cualquiera de sus rangos y puestos con funciones administrativas, técnicas y operativas, en quienes recaen las responsabilidades de ejecución de los procedimientos y operaciones policiales;

XIV. Intervenciones policiales:procedimientos y operaciones policiales sujetos a control y rendición de cuentas, así como de partes e información, que se despliegan para proteger la seguridad de personas, agraviados y víctimas de delitos, bienes materiales, instituciones, espacios de dominio público y demás bienes culturales y sociales implicados en su ámbito de competencia, ante eventos y situaciones de riesgo por actividades delictivas o que generen afectación de los derechos y garantías;

XV. Instituciones de seguridad pública: En términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, del ámbito federal, estatal y/o municipal;

XVI. Jefe de operaciones:puesto de jefatura y de representación de elementos de su corporación, que asume la autoridad operativa con atributos para el uso de la fuerza pública estrictamente necesaria y sus consecuencias, en las misiones que determinen los procedimientos y operaciones definidas por las autoridades superiores de las instituciones policiales;

XVII. Ley: La Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza;

XVIII. Mando: puesto de jefatura dentro de la escala de rangos, grados o jerarquías de las corporaciones o instituciones policiales, a cuyo cargo se encuentran adscritas las unidades administrativas, técnicas u operativas y sus elementos para el cumplimiento de las funciones y misiones que tenga encomendadas por disposición legal, reglamentaria o por autoridad competente de las mismas. Puede ser operativo o superior;

XIX. Mando único: atributo que se recibe por parte de un mando para coordinar diversas corporaciones, unidades, grupos o equipos de tarea policial, teniendo a su cargo las atribuciones necesarias para instruir órdenes generales a los mandos de las instancias participantes en el procedimiento u operación que corresponda;

XX. Misión: conjunto de cometidos específicos que orientan los objetivos de los procedimientos y operaciones policiales, según el caso o servicio que se deba proveer o ejecutar. La misión se equipara también a la orden o instrucción general que se recibe por parte de los mandos superiores;

XXI. Operaciones: toda actividad, maniobra e intervención física o de gestión administrativa, técnica u operativa, de las corporaciones en uso de sus atribuciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, y todas aquellas que se realicen para el restablecimiento de sus atributos como bienes jurídicamente tutelados por el Estado mexicano;

XXII. Operaciones especiales:conjunto de intervenciones y operaciones policiales especializadas, requeridas por la complejidad de los casos y requerimientos de contingencias en materia de seguridad pública y procuración de justicia;

XXIII. Operaciones especiales en materia de protección civil:conjunto de intervenciones y operaciones policiales especializadas, para apoyar a la población civil en caso de contingencias, siniestros, desastres naturales, todo ello en materia de protección civil;

XXIV. Policía:a quien se le atribuye ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, conforme lo establece el artículo 21 constitucional;

XXV. Policía de proximidad:servidor público cercano a las y los ciudadanos que está presente en la comunidad día con día como parte de ella, conoce a sus habitantes, sus problemas y necesidades, se gana su confianza y logra que las y los ciudadanos se conviertan en sus aliados para prevenir la violencia y la delincuencia;

XXVI. Procedimientos policiales:conjunto de actividades de tipo administrativo, técnico y operativo, organizado en forma programada y ordenada, de conformidad con un sistema o método, para la consecución de una misión o propósito policial determinado;

XXVII. Proporcionalidad: empleo de la fuerza pública y armas en proporción y coherencia respecto al riesgo que se enfrenta, utilizando sólo la fuerza pública estrictamente necesaria para resolver el problema;

XXVIII. Provisiones: conjunto de acciones, y tareas tangibles que brindan las corporaciones a la población para mantenerle informada, orientada y bajo protección constante, mediante operaciones de atención de emergencias y otros recursos de aseguramiento de la paz y tranquilidad públicas;

XXIX. Racionalidad en el uso de la fuerza:uso de la fuerza pública y empleo de armas, en términos de profesionalidad, capacidad y adiestramiento, respecto al problema que trata de resolverse para garantizar el mínimo de lesiones y respeto a la vida humana;

XXX. Reglamento: Instrumento jurídico que regula las leyes de las corporaciones policiales;

XXXI. Regulaciones:actos de autoridad que ejercen los mandos policiales y las autoridades en estricto apego al artículo 16 constitucional y a sus atribuciones y las normas legales y reglamentarias establecidas, con el propósito de asegurar el orden, la paz y tranquilidad públicas o para restituir dichos bienes a su condición de estabilidad;

XXXII. Resistencia pasiva: Cuando una o varias personas se niegan en forma pacífica a obedecer una disposición legal o legítima, comunicada en forma directa por algún integrante de las instituciones de seguridad pública, quien previamente se identificó como tal;

XXXIII. Resistencia activa: Cuando una o varias personas se niegan a obedecer una disposición legal o legítima comunicada por algún integrante de las instituciones de seguridad pública, realizando acciones u omisiones que ocasionan o pueden ocasionar daños o lesiones a sí mismo, a un tercero o a la policía, con el fin de evitar su detención;

XXXIV. Resistencia activa agravada: Cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual o inminente y sin derecho a la vida o integridad física de terceros o del elemento de policía, a efecto de impedir que sea detenida;

XXXV. Servicios:actuación policial de respaldo, protección, orientación e información que se proporcionan a la población como parte de las actividades de las corporaciones, cuya manifestación material se presenta por la actuación, maniobras y operaciones de sus elementos para satisfacer necesidades de la población en materia de seguridad pública;

XXXVI. Sometimiento: La contención que realiza un integrante sobre los movimientos de una persona con el fin de inmovilizarla y asegurarla;

XXXVII. Tortura: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por tortura las conductas descritas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;

XXXVIII. Uso de la fuerza policial: actuación e intervención de los elementos policiales en que se utiliza la fuerza para restablecer el orden público y enfrentar delitos, a través del uso del sometimiento físico y el uso o no de armas, bajo los principios de absoluta necesidad, racionabilidad y proporcionalidad;

XXXIX. Uso legítimo de la fuerza: la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las personas, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 4. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, el titular de la Procuraduría General de la República, los titulares de las procuradurías de las entidades federativas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Administración Pública Federal, los titulares de las corporaciones policiales de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como el responsable del órgano interno de control que tenga a su cargo la función disciplinaria de los servidores públicos dentro de las mismas corporaciones, y los mandos administrativos, técnicos y de operación que tengan a su cargo los procedimientos y operaciones que se determinen en la misma.

Artículo 5. Las normas disciplinarias que se establecen en la presente Ley no excluyen ni interfieren las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y ordenamientos análogos de las entidades federativas, en lo que concierne al desempeño de los procedimientos policiales vinculados a las funciones sustantivas de las corporaciones.

Artículo 6. En operaciones conjuntas de corporaciones de instancias de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, se aplicarán los principios de actuación policial establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la presente Ley, cuyos efectos y observancia de los mismos, deberán incluirse en las normas de coordinación en los convenios que para tal efecto se celebren con las autoridades correspondientes.

Artículo 7. Los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza descritos en esta Ley, son normas de desempeño de la policía orientadas a proveer las condiciones de seguridad de todas las personas, la ejecución de los objetivos, metas y estrategias de los planes y programas de las distintas instancias de gobierno del país, así como la preservación del orden público, entendiendo que la seguridad ciudadana es posible en un contexto de orden público que se construye con la atención y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Artículo 8. Esta Ley es congruente y esta referenciada en los principios y objetivos deuna política pública de Estado expresada en los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de seguridad pública para incidir en la consecución de las metas establecidas en dichos documentos.

CAPITULO II

De los Principios de Actuación Policial en Operaciones y Procedimientos

Artículo 9. La actuación de mandos y elementos y su participación en los procedimientos y operaciones señalados en esta Ley, se circunscribe a la función policial y a sus medios materiales, técnicos, principios de actuación pública y sujeción de las corporaciones al marco legal establecido.

Artículo 10. El ejercicio de la función policial puede valerse de medios administrativos y de medios que impliquen el uso de la fuerza pública estrictamente necesaria para asegurar el orden la paz y la tranquilidad en los entornos a cargo de la jurisdicción de las corporaciones, de conformidad con lo que establecenlas leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, de las procuradurías de justicia y de las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas, así como otras disposiciones secundarias.

Artículo 11. Las corporaciones y sus elementos estarán sujetos al régimen disciplinario policial que establezcan sus Leyes, Reglamentos y Códigos de conducta y manuales técnicos para la ejecución de procedimientos y operaciones que correspondan, para lo cual estarán sujetos al principio de la debida diligencia que los compromete a cumplir en estricto apego al principio de legalidad.

Artículo 12. El desempeño de las corporaciones y sus elementos, en sus operaciones y procedimientos se sujetará a los deberes y principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 13 de la Ley y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia, bajo los siguientes atributos de desempeño que corresponden a dichos principios:

I. Desempeño con legalidad. La actuación de las corporaciones se ceñirá de manera estricta a sus atribuciones establecidas en la Ley, sus reglamentos y en las demás disposiciones y órdenes que le sean instruidas de manera específica por parte de sus mandos, en estricto apego a la prevención, promoción, defensa y respeto de los derechos humanos.

II. Desempeño con eficiencia. Las operaciones policiales así como el empleo de sus medios de autoridad y ejercicio de la fuerza estrictamente necesaria, deberán concurrir de manera adecuada de conformidad con la naturaleza de las operaciones que correspondan.

III. Desempeño orientado a la atención del ciudadano.El parámetro de referencia que determina la actuación de la policía es la atención de las necesidades de seguridad de la ciudadanía y la preservación del orden público.

IV. Desempeño con profesionalismo. Las corporaciones están obligadas a sostener un régimen de formación, capacitación y evaluación permanente de sus elementos a todos niveles de la cadena de mando para mantener en forma adecuada sus capacidades profesionales.

V. Desempeño orientado a resultados.Las corporaciones de policía establecen metas y referencias verificables de su actuación, y definen sus planes y programas de trabajo para su consecución.

VI. Desempeño con honradez. En términos de actuación policial, los elementos de las Corporaciones tendrán la obligación de manejarse en forma honrada, no desarrollar ni proteger ni fomentar ni aceptar prácticas de corrupción.

VII. Desempeño con transparencia y rendición de cuentas. La actuación policial se ejerce referida al sentido de publicidad, entendida como la permisibilidad para el escrutinio público del desempeño policial y asunción de responsabilidad, rendición de cuentas del trabajo de la policía lo que implica consecuencias predefinidas ante su desempeño.

VIII. Desempeño con respeto a los derechos humanos.Las instituciones de policía son garantes del respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que su actuación está acotada por estas referencias.

Artículo 13. La prestación de asistencia policial y de servicios para la procuración de justicia y la seguridad pública regirán la ejecución de sus operaciones y procedimientos policiales bajo los siguientes principios:

I. Generalidad. La asistencia, servicios y provisiones de las corporaciones en cualquiera de sus manifestaciones tangibles y de utilidad pública serán proporcionadas la sociedad en forma universal, sin distinción ni discriminación de cualquier índole, sin más límite que la legalidad de la intervención requerida y del respeto a las garantías constitucionales,y sin otra restricción que la que determinen las capacidades instaladas y disponibles al momento de su provisión.

II. Uniformidad. Los servicios y provisiones que se proporcionen por parte de las corporaciones tendrán atributos estandarizados para el desempeño policial con base en normas técnicas y reglas aplicables, generados por medio de una estructura curricular de formación básica, adiestramiento, práctica y especialización para los elementos de la cadena de mando, que garantice un desempeño en apego a esta Ley, en cuanto a su calidad y tratamiento de los asuntos que tengan a su cargo, sin detrimento de los derechos de cualquier persona por motivo de su condición social y económica, por lo cual cualquier solicitante de apoyo tendrá un trato igual a otros que hayan sido atendidos.

III. Regularidad. Los procedimientos policiales tendrán una operación sistemática, procurando que su acción no tenga alteraciones ni cambios que no estén determinados por las normas y reglas aplicables. La ciudadanía tendrá como garantía el acceso a mecanismos de transparencia y acceso a la información conforme a la legislación vigente, con la finalidad de saber y conocer de antemano y mediante los medios de información de las policías, cuales son los objetivos y las características de los servicios que proveen, cómo se propone darle cumplimiento así como sus productos o resultados concretos.

IV. Continuidad y persistencia.Los procedimientos y operaciones policiales no tendrán interrupciones ni darán lugar a vacíos de actuación de sus elementos y mandos, por lo cual se sujetarán a un programa que determine con precisión las fases, ámbitos, tipo de actuación, responsables, rutinas, variantes de acciones, permanencia de elementos en puntos de apoyo a la población, servicios y demás componentes fundados en procedimientos probados de planeación eficiente del despliegue policial que aseguren la persistencia de los servicios y provisiones de las corporaciones.

V. Obligatoriedad. La actuación necesaria de las corporaciones es obligatoria para la ejecución de los procedimientos y operaciones programadas, así como para prestar protección, auxilio, información y demás provisiones establecidas en la Ley y normas correlativas, que le sean requeridas con carácter de urgente intervención y ante situaciones contingentes, emergentes y de excepción, sin menoscabo de las competencias que correspondan a otras autoridades en materia de procuración de justicia, seguridad pública y protección civil.

VI. Adaptabilidad. Los procedimientos y operaciones policiales incorporarán en su gestión los métodos, tecnología, sistemas internos y externos de información y comunicación, capacidades y competencias profesionales de los elementos, y demás medios para una prestación de asistencia policial, servicios y provisiones públicas en forma eficaz y moderna, para lo cual deben sujetarse a una constante revisión y adaptación a fin de lograr dichos atributos.

VII. Gratuidad. Los servicios, provisiones públicas, intervenciones, actos de autoridad, regulaciones y demás prestaciones de las corporaciones a la sociedad, serán proporcionados en lo general, de manera gratuita.

VIII. Supervisión y control.Las corporaciones de policía establecen como principio operativo de control del desempeño policial, la instrumentación de mecanismos y sistemas de supervisión, control y seguimiento del trabajo de la policía, de la queja y la denuncia ciudadana mediante sistemas de información, escrutinio, auditoria y certificación la cual estará a cargo de instancias tanto internas como externas a las corporaciones.

IX. Evaluación del desempeño.Las corporaciones de policía diseñan y operan procedimientos de evaluación del desempeño policial, los cuales están asociados a mecanismo de estimulo y sanción correspondientes al buen y mal desempeño policial.

X. Eficiencia y eficacia.El objetivo de la Ley es garantizar y propiciar un desempeño policial eficaz, eficiente, que prevenga, difunda, promueva, defienda y respete a los derechos humanos, con respeto irrestricto a ley, orientado a la atención de las necesidades de seguridad de las y los ciudadanos y la preservación del orden público, por lo que las corporaciones de policía deben de diseñar e instrumentar los mecanismos para verificar la obtención de estos resultados.

TITULO II

DEL USO DE LA FUERZA

CAPITULO I

Reglas Generales y Principios del Uso Legítimo de la Fuerza

Artículo 14. La fuerza estrictamente necesaria es un recurso que las corporaciones emplean cuando no se logra disuadir a las personas de que no incurran en la comisión de faltas y delitos que afecten a la seguridad pública y contravengan las normas aplicables.

Artículo 15. El uso legítimo de la fuerza se destina a neutralizar o a controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas, a la de los elementos y a otros efectos materiales o sociales que forman parte de los espacios territoriales en que se manifiestan los hechos que motivan la intervención policial. Su empleo deberá hacerse en forma proporcional y racional, según el tipo e intensidad de resistencia, agresividad o propensión a la violencia que manifiesten los individuos sujetos a la intervención policial.

Artículo 16. El policía podrá hacer uso de la fuerza, en las siguientes circunstancias:

I. Legítima defensa;

II. Cumplimiento de un deber;

III. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o en caso de flagrancia en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Prevenir la comisión de conductas ilícitas; y

V. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

Artículo 17. La policía podrá utilizar la fuerza para hacer cumplir la ley, salvaguardar los derechos e integridad de las personas y garantizar el orden y la paz públicos, atendiendo a los principios de congruencia, idoneidad, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y respeto a los derechos humanos.

El uso de la fuerza es:

I. Congruente: cuando es utilizada por la autoridad en ejercicio de sus funciones en materia de seguridad pública, y existe relación y equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona.

II. Idónea: cuando el armamento, equipo y técnica policial empleados son los adecuados y aptos para repeler la agresión y mantener la defensa y protección de las personas y los bienes jurídicos tutelados, siendo utilizados solamente ante una acción violenta de parte de los infractores y no como una demostración de la fuerza excesiva en su intervención.

III. Legal: cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los procedimientos descritos en la presente ley,y con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a los demás ordenamientos aplicables.

IV. Necesaria: cuando sea estrictamente inevitable para las instituciones policiales y sus elementos, emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para reestablecerlo.

V. Oportuna: cuando se aplica de manera inmediata en el momento en que se requiere para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione a la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública.

VI. Proporcional: cuando se aplica en el nivel necesario para lograr el control del sujeto de la forma en que menos le perjudique y corresponda al nivel de resistencia o agresión que se enfrenta o intenta repeler.

VII. Racional:

a) cuando el uso de la fuerza está justificado por las circunstancias específicas y acorde a la situación que se enfrenta;

b) cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la policía;

c) cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la policía;

d) cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;

e) cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;

f) cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Artículo 18. Los distintos niveles en el uso de la fuerza, en los casos de resistencia o enfrentamiento son:

I. Persuasión o disuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o mediante señas convencionalmente aceptadas como órdenes, y que con razones la policía puedacumplir con sus funciones;

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo, tácticas especializadas, métodos o instrumentos que permitan controles a la persona que se ha resistido activamente;

III. Utilización de armas intermedias, a fin de controlar la resistencia activa de una persona; y

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de controlar la resistencia activa agravada.

Artículo 19. Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad pública respecto del uso de la fuerza por sus integrantes:

I. Establecer procedimientos internos para regular el uso de la fuerza, sustentados en la infraestructura técnica y material necesaria, planeación y principios especializados de operación;

II. Elaborar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados relativos al uso de la fuerza;

III. Establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas de fuego, así como procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que les hayan entregado;

IV. Establecer los mecanismos para proteger la vida e integridad física de sus integrantes;

V. Implementar acciones permanentes para evitar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza;

VI. Determinar los avisos de advertencia que deberán darse a las personas cuando sean necesarios por motivo de sus funciones;

VII. Investigar y en su caso imponer sanciones por los incidentes derivados del uso de la fuerza por sus integrantes;

VIII. Evaluar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes desde la óptica de cómo afectan o cómo sus consecuencias pueden afectar la función de seguridad pública, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas, que resulten procedentes;

IX. Implantar, regular y controlar el uso de armas no letales, a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar daño a personas ajenas a actos delictivos;

X. Dotar a sus integrantes de armamento, municiones y equipo adecuado para el cumplimiento de sus funciones;

XI. Proporcionar atención especializada a los elementos que intervengan en situaciones en las que se emplee la fuerza o armas de fuego, para superar situaciones de tensión u otras afectaciones de tipo psicológico;

XII. Adoptar las medidas necesarias, para que los mandos policiales o funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego;

XIII. Garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria, a los elementos que en cumplimiento del Código de Ética y de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley y en otras leyes relativas, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego en situaciones que no la justifican, o denuncien ese empleo por otros funcionarios;

XIV. Atender oportunamente las solicitudes de información o recomendaciones de las autoridades u organismos competentes respecto del uso de la fuerza por sus integrantes; y

XV. Preservar en lo posible, los indicios en el caso de uso de la fuerza.

Artículo 20. La actuación de las instituciones policiales y sus integrantes, respecto al uso de la fuerza, estará sujeta a las siguientes prohibiciones:

I. No usar la fuerza con fines punitivos o de venganza;

II. No abusar del uso de la fuerza física en función de sus capacidades técnicas e intensidad de las operaciones;

III. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lesiones, dolores o sufrimientos físicos o psíquicos por mera superioridad circunstancial de la policía en el momento de la neutralización física de las personas a controlar;

IV. Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; y

V. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 21. La fuerza necesaria implica el uso de medios coactivos de carácter físico tanto de tipo reactivo como de tipo proactivo, con el propósito de neutralizar o controlar a las personas que por su conducta sean objeto de su aplicación. En todos los casos el uso de la fuerza necesaria se empleará de conformidad con las siguientes directrices:

I. Agotamiento de medios disuasivos. Consiste en la práctica de todos los medios que las normas policiales y de seguridad pública establecen para disuadir y conminar a la no realización de conductas que sean prohibidas por las Leyes y reglamentos vigentes. Cuando se emplearon dichos medios sin resultados se está ante la necesidad de emplear la fuerza necesaria.

II. Aviso o prevención sobre el uso de la fuerza. El inicio de operaciones sustentadas en coerción física deberá advertirse momentos previos a su despliegue, todo aviso o advertencia sobre el uso necesario de la fuerza deberá ser de acuerdo al tipo y nivel razonable para la situación, no se proferirán amenazas desproporcionadas ni utilizar un lenguaje abusivo ni ofensivo, de tal manera que no se vulnere sin causa motivada, y por orden legal, la restricción al derecho de inviolabilidad de la integridad física de quienes opongan resistencia a un mandato legal y legítimo de la autoridad facultada.

III. Empleo progresivo o graduado de la fuerza. Uso por grados de intensidad de los medios coactivos según el nivel de resistencia, agresividad o violencia que presenten los individuos obligados por la actuación policial. Los grados de intensidad son:

a) Coacción reactiva o proactiva, que representa el tipo de despliegue y aplicación de la fuerza policial y sus medios para repeler los efectos de las conductas de las personas a neutralizarlas o controlarlas, aprehenderlas y lograr el control físico, según los principios de esta Ley.

b) Con la utilización de armas intermedias, cuando para neutralizar la resistencia activa de una persona haga uso del equipo e instrumentos autorizados, con excepción de las armas letales, y

c) Con el uso de armas letales, cuando se presente el caso de resistencia activa agravada.

IV. Inmediatez del cese del empleo de la fuerza necesaria. Una vez controladas las conductas que requirieron el uso de la fuerza necesaria, durante el tiempo que sea estrictamente necesario o que se haya neutralizado a los causantes de las mismas, la aplicación de los medios coactivos pasan de una fase de aplicación a una fase de cese de la acción coercitiva, y de vigilancia o control para impedir nuevos connatos de amagos o violencia, procediendo a la valoración y atención médica de las posibles lesiones causadas a cualquier persona como consecuencia del uso de la fuerza o de un arma de fuego.

Artículo 22. En virtud del proceso establecido en el artículo anterior, los elementos policiales deberán recibir la capacitación y el adiestramiento necesario en la aplicación progresiva de la fuerza, así como también en la disminución medida de la fuerza y, si es necesario, en el distanciamiento preventivo.

Artículo 23. La persuasión o disuasión verbal realizada por el policía en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa.

Artículo 24. En caso de la utilización de armas intermedias y letales,el policía deberá velar por la vida e integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas de la legítima defensa, procurando el menor daño posible a la persona que se intenta controlar y considerando la seguridad de terceros y del propio policía.

Artículo 25. El policía sólo usará armas de fuego como último y extremo recurso cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza, en caso de defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de detener a una persona que represente ese peligro.

Artículo 26. Por regla general, los agentes de la policía están impedidos a accionar sus armas de fuego hacia la espalda de de una persona a menos que quien se resista a la autoridadse encuentre armado y haga uso de su arma o el agentetenga fundada razón para creer que en ese momento la conducta de aquel amenaza con causar graves daños a la vida del propio policía o de otras personas.

Artículo 27. Las armas de fuego no deberán ser empleadas para arrestar a una persona que sea responsable únicamente de faltas administrativas. Ni se deben disparar armas de fuego como señal de advertencia.

Artículo 28. El policía no podrá usar armas letales en el control y la dispersión de manifestaciones. En caso de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, la policía deberá:

I. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta;

II. Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza;

III. En caso de que los manifestantes no atiendan a la policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y los Manuales Técnicos;

IV. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas no letales.

Artículo 29. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales después de usar la fuerza, las siguientes:

a) Proteger al destinatario del uso de la fuerza, respetando en todo momento sus su libertad y su integridad física;

b) Solicitar inmediatamente los servicios médicos, cuando el uso de la fuerza haya producido lesiones o muerte;

c) Presentar inmediatamente y sin demora a las personas detenidas ante la autoridad competente;

d) Informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y resultados del uso de la fuerza; y

e) Asistir a los tratamientos sicológicos, médicos u otros especializados que resuelva la institución.

De ser posible, se deberá informar inmediatamente a los familiares que la persona señale sobre su estado de salud y, en su caso, del lugar donde será atendido, a través del medio de comunicación disponible.

Artículo 30. Cuando lapolicía someta a una persona está obligada a asegurarla de inmediato. Una vez asegurada, para su traslado ante la autoridad competente, el agente deberá:

a) Informar el motivo de la detención;

b) Hacer expresamente de su conocimiento, el derecho de permanecer callada durante el traslado;

c) Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos, el lugar al cual se le trasladará;

d) Informar sobre el derecho a ser asistida por un abogado o persona de su confianza; y

e) Ponerlo a inmediata disposición del Ministerio Público o, en su caso, de la autoridad judicial.

En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, el policía podrá utilizar candados de mano. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible y la mínima afectación a su integridad física y emocional.

Artículo 31. La policía en su conjunto, sus agrupamientos, mandos y elementos, deberán desistirse del empleo de la fuerza necesaria cuando las órdenes recibidas no cumplan con el principio de legalidad establecido en esta Ley y en los Manuales Técnicos correspondientes o se generen con fines fuera de las competencias formales de la corporación establecidas en su mandato legal.

En dicho caso, se interpondrán los recursos que señala la presente Ley ante las autoridades superiores de la propia corporación y ante los órganos de control interno y vigilancia disciplinaria que existan al interior de la misma, garantizando que no se impondrán sanciones penales o disciplinarias a los elementos policiales que se nieguen a ejecutar una orden que contravenga los principios de actuación que establece esta Ley.

Artículo 32. Ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutaruna orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.

Los motivos por los cuales se da la intervención de la policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Artículo 33. En caso de comprobarse un excesivo uso de la fuerza pública, abuso policial y en general un desempeño de la policía no acorde con lo establecido en esta Ley, conlleva la aplicación de las sanciones correspondientes establecidas en la norma.La comprobación de los excesos referidos, será fruto de una investigación en la que se garanticen los principios de debido proceso y de legalidad.

Artículo 34. Las disposiciones de la presente ley son aplicables dentro de las instalaciones de reinserción social, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios se encuentren dentro de éstas.

CAPITULO II

Reglas para el Uso de la Fuerza en Detenciones

Artículo 35. En los casos de detención en los que se presuma la necesidad del uso de la fuerza, los elementos de policía evaluarán la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza necesario, consultando de ser posible a sus superiores jerárquicos.

Artículo 36. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la fuerza, de ser posible, se observará lo siguiente:

I. En principio se preferirán medios y técnicas de persuasión y control distintos al contacto físico, tales como, la negociación o convencimiento, con el fin de reducir al mínimo daños a la integridad física de las personas, y

II. Al identificar niveles de resistencia menor o resistencia activa, se podrán utilizar armas intermedias y equipos de apoyo.

III. En la medida de lo posible, y siempre que esto no implique riesgo adicional razonable para el agente, deberá mediar la identificación oficial y la exposición del mandamiento escrito que funde y motive la afectación a la libertad de la persona presuntamente infractora.

Para el uso de armas letales o de fuego, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de esta Ley.

Artículo 37. Concretada la detención, el agente aprehensor inicia una cadena de custodia por la cual la persona detenida pasa a ser responsabilidad total de la autoridad; se asegurará de que la persona no sufra ningún daño alguno y que no representa un peligro para sí mismo o para los demás. Asimismo, le practicará una inspección corporal, preferentemente por un agente de su propio sexo, con el fin de verificar que no tiene ningún objeto que pueda ser utilizado como arma.

Las pertenencias y objetos en posesión del detenido le serán retirados para su registro, custodia y entrega a la autoridad ante la cual sea remitido, en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 38. Si el sujeto que se opone a la detención o al cumplimiento de una orden legítima de la autoridad se encuentra armado, el elemento policial realizará las acciones necesarias para protegerse a sí mismo y brindar la protección a terceros ajenos a la situación.

Artículo 39. Las instituciones de seguridad pública elaborarán los manuales, reglamentos y protocolos de actuación específica que permitan el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO III

De las Armas y Equipo de Fuerza Necesaria Apoyo que Pueden ser Usados por

los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

Artículo 40. Las corporaciones emplean como medio de aplicación de la fuerza necesaria distintas armas que no se encuentran reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y que pueden autorizarse como instrumentos de defensa, coerción o aseguramiento a cargo de los elementos policiales en los procedimientos, operaciones y en el cumplimiento de las misiones que se les asigne.

Las instituciones policiales asignarán armas solamente al policía que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso y este a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. Todos los policías deben observar las normas técnicas sobre el cuidado y manejo de las armas de fuego y abstenerse de todo simulacro o juego con las que tenga a su alcance.

Artículo 41. En términos de las leyes de la materia, las instituciones de seguridad pública, proveerán a los elementos de policía de las armas intermedias y de fuego, instrumentos y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que reduzcan sus niveles de riesgo.

Artículo 42. Las instituciones de seguridad pública, dispondrán las medidas necesarias para mantener los niveles de efectividad de las armas, instrumentos y equipos, a través del mantenimiento especializado.Del mismo modo, procurarán el entrenamiento constante en el uso de las armas de fuego, mediante prácticas constantes y debidamente calendarizadas, mismas que en ningún caso podrán ser menores a dos veces por año. Estas prácticas incluirán tácticas de acción policial, con blancos fijos y móviles.

Artículo 43. Los elementos de policía que tengan atribuciones para portar armamento según sus funciones, grado y misiones a cumplir, lo portarán únicamente durante su jornada laboral y tendrá el carácter de arma de cargo, lo que representa que es responsable pleno de su portación, uso, mantenimiento y resguardo con todas las implicaciones legales que puedan ocurrir en casos de que sea empleado durante el servicio y fuera del mismo.

Artículo 44. Las armas que pueden emplearse por parte de las corporaciones se clasifican en los siguientes tipos:

I. Armas Contundentes: instrumentos de superficie plana, convexa o cilíndrica empleados para golpear o para contener ataques con objetos o armas similares o de tipo manual.

II. Armas Defensivas: equipo de escudos, chalecos, cascos, protectores de hombros, codos, rodilleras pelvis y otras partes del cuerpo de los elementos de policía, que pueden emplearse como barreras físicas contra golpes y objetos que le sean arrojados y para confrontar cuerpo a cuerpo a oponentes con menores probabilidades de lesión.

III. Armas de Fuego: armas de disparo de proyectiles que emplean pólvora como agente de percusión. Su clasificación está determinada por las normas de empleo de armamento permitido al interior de las corporaciones.

IV. Armas de Dispersión de Motines: armas especializadas para la dispersión de personas en movimientos masivos; pueden ser de tipo motriz, defensivas, contundentes, de percusión con proyectiles de gases no letales, lanzadores de agua montados en vehículos, y otras que permitan un amplio espectro de acción no letal pero determinante para la recuperación de espacios.

V. Armas Corporales: empleo de partes del cuerpo como medios de defensa y control de individuos, asistidas por arneses, guantes, corazas y otros elementos para dar mayor contundencia a la defensa y al ataque.

VI. Medios de Inmovilización: instrumentos que no se emplean para el ataque pero que sirven para neutralizar la acción de las personas detenidos y propiciar su control sin riesgo para sí mismo y para los elementos policiales.

VII. Animales Empleados como Elementos de Defensa y Trabajo Preventivo: sin tener una acepción de armas, se trata de animales que por sus características corporales o sus aptitudes de sentidos e instintos se emplean en las corporaciones policiales para asistir distintas misiones, entre aquellos de empleo más común se encuentran los perros y los caballos.

Artículo 45.Las corporaciones establecerán, de conformidad con la legislación aplicable a las armas de fuego, las armas que podrán emplearse en forma reglamentada.

Artículo 46. Las corporaciones organizarán y mantendrán actualizado el registro del armamento asignado a los elementos de policía, detallando las huellas y las características que impriman los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal, de las armas y equipo asignado a cada policía, así como los documentos que autoricen su uso legal, sustentado en las licencias colectivas para la portación de armas de fuego, expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo lo anterior en función de la capacidad técnica de cada corporación.

Artículo 47. Los registros de armamentos se darán de alta en el Registro Nacional que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CAPITULO IV

De los Informes del Uso de la Fuerza y de la Utilización de Armas de Fuego

Artículo 48. Los informes policiales correspondientes deberán contener, en su caso, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza.

En los casos en que se haya hecho uso de armas de fuego, el informe policial deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

I. Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos;

II. Unidad que participa;

III. Causas de la acción;

IV. Motivo por el cual el personal abrió fuego;

V. Sobre que personas u objetos se efectuaron los disparos;

VI. Tipo de armas y municiones empleadas;

VII. Las consecuencias visibles de los disparos; y

VIII. Un diagrama de la escena del incidente.

Artículo 49. Cuando se empleen armas de fuego, los elementos de policía tendrán las siguientes responsabilidades operativas:

I. Asegurarse y garantizar que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las personas heridas o afectadas.

II. Comunicar a sus superiores las situaciones de bajas, lesiones y casos de gravedad que amenacen la integridad física y la salud de los afectados, para efectos de solicitar los auxilios correspondientes.

III. Informar de inmediato y por escrito a sus superiores acerca del empleo de sus armas de cargo, las motivaciones o fundamentos para dicha acción y las circunstancias y hechos o consecuencias acaecidos particularmente lesiones o muerte, para efectos de que el Mando que corresponda inicie el procedimiento de deslinde o imputación de responsabilidades, según las normas establecidas para tales casos, así como para realizar análisis de los incidentes de uso dela fuerza, circunstancias, patrones con el objetivo de generar reportes, registros y estadísticas agregados de casos, con fines de seguimiento, retroalimentación, enseñanza, aprendizaje y para tomar las medidas conducentes para prevenir actos de abuso o uso excesivo de la fuerza, destinados a los elementos policiales, la cadena de mando y la población en general.

El uso de armas de fuego durante los entrenamientos será reportado dentro de las bitácoras de control del arma que corresponda.

CAPITULO V

De la Capacitación, Profesionalización y Certificación para el

Uso de la Fuerza a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

Artículo 50. Todos los aspirantes e integrantes de las corporaciones policiales estarán sujetos a un procedimiento de selección adecuado a la actividad que desempeñarán, para verificar que posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones.

Artículo 51. Todas las corporaciones policiales deberán contar con un Programa Educativo y de Formación Policial Integral, así como con cursos básicos de actualización y de especialización destinados exclusivamente al uso legítimo de la fuerza necesaria y al respeto por los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley, su Reglamento y Manuales Técnicos.

Artículo 52. Las corporaciones policiales deberán ser capacitadas y entrenadas en el uso adecuado de la fuerza y la utilización de las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen.

Artículo 53. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los principios y reglas establecidos en la Ley, su Reglamento y Manuales Técnicos.

Artículo 54. Las corporaciones policiales emitirán, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento, manuales teórico prácticos de técnicas para el uso legítimo de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte del policía.Los manuales determinarán el contenido de las prácticas que el policía deberá cumplir para estar capacitado en el uso legítimo de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

Artículo 55. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, establecerán un programa de evaluaciones periódicas del desempeño de los policías y certificarán su capacitación con la participación de instituciones académicas y de la sociedad civil.

Artículo 56. La formación de las corporaciones y sus policías conforme al Programa Educativo y de Formación Policial Integral, será obligatoria y formará parte del sistema de estímulos y recompensas.

CAPITULO VI

De las Responsabilidades del Mando y

de las Corporaciones por el Uso de la Fuerza Necesaria

Artículo 57. Las instituciones de seguridad pública, deberán asumir la debida responsabilidad cuando el personal a su cargo recurra al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y no adopten las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

Artículo 58. Los mandos operativos son responsables de verificar que el empleo de la fuerza necesaria ejercida por sus elementos subordinados, se efectúe de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 59. Los mandos superiores y del centro de operaciones tienen autoridad, para determinar y esclarecer el tipo de responsabilidad de actuación policial y para sancionar los casos en que se demuestre la responsabilidad de los elementos que incurran en faltas en el uso de la fuerza pública.

Artículo 60. El mando a cargo de los procedimientos y operaciones policiales en los que se haya hecho uso ilegítimo de la fuerza, es participe de las responsabilidades derivadas de su aplicación, hechos y efectos jurídicos resultantes, de conformidad con su empleo en mayor o menor grado.

Artículo 61. En los casos que el mando y el subordinado empleen la fuerza pública de manera ilegítima o para causas distintas a las que establecen las normas aplicables, tendrán una responsabilidad mancomunada en la misma proporción cuando se aclare que hubo acuerdo para su ejecución; cuando alguna de las partes no se haya percatado de la ilegalidad de su uso, la mayor responsabilidad será asignada a quien tenía la obligación de verificar dicha condición.

Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los elementos que presenten las siguientes conductas, sin menoscabo de otro tipo de responsabilidades establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

I. Negarse a prestar sus servicios ante causas motivadas y fundadas en el ámbito de su competencia;

II. No realizar el debido resguardo de objetos y lugares relacionados con la comisión de infracciones y delitos, estando en posibilidades legales de efectuarlo;

III. Ostentar un comportamiento inapropiado, falto de disciplina o abusivo en el uso de la fuerza necesaria;

IV. Provocar deliberadamente o por negligencia o impericia notoria daños, pérdidas, mal funcionamiento o descomposturas en los bienes, equipo, armamento y enseres propios de la corporación;

V. Hacer uso de una fuerza mayor a la que se requiera en estricto sentido de la necesidad de su empleo o solicitar apoyo mayor al requerido para neutralizar a las personas obligadas;

VI. Aplicar la fuerza policial sin advertencia previa, a menos que hayan recibido agresiones de riesgo o que generen violencia que se derive en situaciones de afectación a terceros o a los propios policías;

VII. Atemorizar o causar molestias mediante el uso de la fuerza en forma innecesaria o que rebase los fines de la intervención policial, si la persona afectada muestra disposición para atender instrucciones o aclarar lo que se les requiera;

VIII. Tomar represalias e infligir castigos corporales, morales o psicológicos a quienes hayan sido recapturados después de evadirse de la acción policial;

IX. Dilatar el traslado o presentación de infractores o delincuentes detenidos y neutralizados por causas no acreditables o por desvíos innecesarios fuera de la ruta más directa al domicilio de la autoridad que deba resolver sobre su situación jurídica;

X. Valerse de su investidura policial para atender y arreglar asuntos personales, de sus familiares, parientes o amistades, ante autoridades, instituciones y particulares;

XI. Faltar por cualquier medio al respeto a las personas;

XII. Utilizar u ostentar armas de cargo fuera de su jornada de trabajo;

XIII. Omitir o distorsionar en sus informes el uso o aplicación de fuerza necesaria, en particular uso de arma de no letal, arma de fuego y en todos los casos en que se ocasionen lesiones o muerte, aun cuando el uso de la fuerza necesaria haya sido de menor grado;

XIV. Retrasar de manera dolosa la entrega de los informes de acciones que impliquen el uso legítimo de la fuerza; y

XV. Las demás que establezcan los códigos de conducta, reglamentos y ordenamientos disciplinarios vigentes en la corporación.

Artículo 63. La corporación, mediante instrucción de las autoridades que correspondan, proveerá los apoyos jurídicos necesarios para esclarecer las responsabilidades de los elementos, con respecto a la correcta ejecución de procedimientos policiales a los que esté obligado.

Así mismo, la corporación, proveerá los apoyos jurídicos necesarios para la defensa de los elementos que se determinen responsables en la causa que corresponda y ante las autoridades competentes, sin menoscabo de otra asistencia que por oficio o por sí reciba el elemento sujeto a proceso.

Artículo 64. Los particulares que hayan sufrido un daño en su persona o bienes, con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución de seguridad pública, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución de seguridad pública de que se trate, de su responsabilidad por los hechos por el uso excesivo de la fuerza, así como la emisión de una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida, en su caso, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de tales personas.

Artículo 65. El procedimiento para determinar responsabilidades y sus efectos será establecido en el Reglamento y disposiciones de disciplina policial y será aplicado por las autoridades competentes dentro de la corporación, garantizándose las adecuadas condiciones, independencia y competencias para realizar su tarea, sin menoscabo de responsabilidades de otro tipo que establezcan las normas legales aplicables.

Artículo 66. Las responsabilidades no previstas en esta Ley serán determinadas por las autoridades competentes con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Penal Federal, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 67. Las instituciones de seguridad pública celebrarán un contrato de seguro, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que cubra los daños ocasionados por sus integrantes a personas, bienes muebles o inmuebles públicos o privados, cuando se declare por las autoridades competentes el uso ilícito de la fuerza.

CAPITULO VII

De las Garantías de los Elementos de Policía por Uso de la Fuerza Necesaria

Artículo 68. El uso de la fuerza necesaria no es un recurso de uso discrecional por parte de la policía y debe sujetarse a las regulaciones que determinan esta Ley y demás disposiciones aplicables, para no incurrir en responsabilidades y emplear en forma segura, racional, eficaz y suficiente los medios policiales disponibles.

Artículo 69. Los elementos de las corporaciones recibirán un trato respetuoso y digno de sus superiores y comandantes o jefes de operaciones, y se deberán tomar las medidas pertinentes para brindar orientación y atención psicológica a los elementos que intervienen en situaciones en las que empleen la fuerza necesaria o armas de fuego, especialmente en incidentes donde se generan lesiones graves o muerte.

Artículo 70. Los elementos que en resguardo de instalaciones y bienes muebles o inmuebles de naturaleza pública reciban agresiones en su desempeño y por motivo de estas se generen pérdidas o daños, no podrán ser requeridos para que se obliguen a costear las reparaciones o la restitución de los bienes afectados.

Artículo 71. Los elementos que sean inculpados en procesos judiciales tendrán como garantía, en su caso, de ser procesados bajo caución y ser recluidos una vez que se haya dictado la sentencia correspondiente.

CAPITULO VIII

De las Garantías de las Víctimas o Personas Agraviadas por Infractores y Delincuentes

Artículo 72. Los medios de identificación serán los que se determinen en los Códigos Civiles vinculados con la acreditación de la identidad y personalidad de las personas en sus relaciones dentro de la sociedad.

Artículo 73. Los elementos de policía deberán identificarse ante la solicitud del sujeto obligado por los procedimientos y operaciones policiales mediante el sistema de identidad que se encuentre normado en su corporación.

Artículo 74. En las boletas de presentación o arresto, así como en cualquier registro que se realice donde aparezcan los generales de las personas detenidas, se asentará al calce del documento que lo contenga, el nombre e identidad policial del elemento que llevó a cabo la aprehensión, o presentación que corresponda.

Artículo 75. Los elementos de policía están obligados a contener, repeler y eliminar los ataques contra terceras personas y contra las víctimas de delincuentes o durante la generación de afectaciones violentas a la seguridad, para lo cual acudirán sin demora a restablecer el orden y proteger a los afectados.

Artículo 76. Los elementos de policía se abstendrán de ejercer presión sobre víctimas o afectados por la incidencia de los actos que vulneren la seguridad, de tal manera que su recuperación no presente restricciones impuestas por la autoridad pública.

Artículo 77. Los policías solicitarán asistencia médica inmediata para las víctimas y afectados por los resultados de la comisión de infracciones y delitos y por hechos que hubieren alterado la seguridad.

Artículo 78. Los mandos tienen la obligación de establecer comunicación inmediata con los familiares de las personas lesionadas para reportarles los sucesos y la ubicación precisa del afectado.

Artículo 79. Los mandos operativos facilitarán el traslado de las víctimas y afectados por la comisión de faltas, delitos y alteraciones a la seguridad para que interpongan las quejas, denuncias y querellas que convenga a sus intereses.

TITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES

CAPITULO I

De las Operaciones de Orientación a la Ciudadanía y Promoción

de la Cultura de la Seguridad Preventiva

Artículo 80. La orientación a la ciudadanía tiene por objeto:

a) Fomentar la participación ciudadana en la aplicación y observancia de las normas de seguridad preventiva vigentes;

b) Hacer valer los derechos de las personas ante las corporaciones policiales; y

c) Promover la cultura de la legalidad, la seguridad preventiva y la denuncia, mediante las instancias de participación ciudadana establecidas conforme a la legislación vigente en la materia o por medio de los mecanismos que las corporaciones establezcan para la atención al público.

Artículo 81. Los procedimientos policiales incluirán acciones programadas para orientar a la ciudadanía, dar trámite y resolver peticiones, requerimientos, quejas, y denuncias, así como recibir información de utilidad para investigar incidencias y riesgos a la seguridad.

Artículo 82. Las corporaciones instruirán y capacitarán a sus elementos acerca de los medios y servicios de orientación ciudadana que provean, así como también en el diseño de estrategias de comunicación y procedimientos para inducir entre la ciudadanía conductas afines a la adecuada observancia de las normas del orden público y de la cultura de la legalidad.

Artículo 83. La orientación a la ciudadanía puede proveerse en forma directa hacia quienes la soliciten, y de manera indirecta por medio de campañas y difusión de mensajes en los sistemas de información de la localidad. También puede asumir la modalidad de información demostrativa o de información preventiva en casos de conductas que puedan desbordarse a la comisión de faltas o delitos.

Artículo 84. La orientación a la ciudadanía deberá efectuarse permanentemente por parte de los elementos policiales en las modalidades siguientes:

I. Indicaciones sobre reglas de seguridad peatonal y uso adecuado de lugares públicos;

II. Asistencia a las autoridades de tránsito para el uso correcto de vías públicas;

III. Orientación sobre itinerarios y localización de domicilios o sitios que interesen a la persona que lo requiera;

IV. Información acerca de los servicios que proporcionan los elementos de policía;

V. Invitación a la participación de la ciudadanía en los programas de seguridad preventiva y protección de la comunidad disponibles en su corporación;

VI. Orientación sobre la adecuada observancia de los reglamentos de policía;

VII. Organización de campañas de seguridad preventiva en escuelas, asociaciones civiles, clubes y otros organismos públicos, sociales y privados;

VIII. Uso de los medios para difundir medidas y consejos de seguridad y protección ciudadana;

IX. Participación en campañas para la prevención del delito y abatimiento del consumo de drogas;

X. Otras medidas y servicios establecidos en los programas de la corporación.

CAPITULO II

De las Operaciones de Prevención Social del Delito e Investigación para su Prevención

Artículo 85. La prevención social del delito es el conjunto de medidas tendientes a identificar los factores sociales y estructurales del riesgo delictivo para una intervención integral que incluya programas de desarrollo económico y empleo, educativo, sanitario, de infraestructura, de servicios, cultural y familiar.

Artículo 86. La prevención situacional en materia de seguridad pública es el conjunto de medidas para prever a tiempo, interferir, evitar, restar o minimizar las oportunidades del posible infractor o delincuente, de consumar conductas ilícitas, y no permitir que de manera dolosa o incidental, cometan actos contra la seguridad del entorno social.

Artículo 87. Las operaciones de prevención de infracciones y delitos deben estar sustentadas en un diagnostico o estudio sociodelictivo y criminológico de incidencias de delitos e infracciones, de tal manera que se disponga de un panorama completo de los principales problemas.

Artículo 88. A partir del diagnóstico o estudio correspondiente, las autoridades en materia de prevención social del delito establecerán, conjuntamente con los organismos ciudadanos, los programas de prevención. Los mandos superiores diseñarán los procedimientos y operaciones específicas que permitan instrumentar los programas para una actuación preventiva eficiente de las instituciones policiales.

Artículo 89. Las autoridades federales, estatales y municipales proporcionarán información sobre prevención, procuración e impartición de justicia y reinserción social a fin de alimentar las bases de datos de los sistemas de información para la prevención social del delito en forma sistemática y coordinada conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 90. La prevención social del delito implica la participación ciudadana como sustento estratégico para su consecución y se realizará con base en los siguientes medios:

I. Medio de investigación sociodelictiva y criminológica de las zonas de intervención retroalimentada con la información proporcionada por las comunidades y la denuncia ciudadana anónima;

II. Medios de vinculación de las instituciones policiales con las representaciones sociales y ciudadanas para el diseño de programas específicos de carácter social en correspondencia con la investigación sociodelictiva y criminológica;

III. Medios de formación en las corporaciones para el policía de proximidad;

IV. Medios de capacitación de multiplicadores ciudadanos en prevención social del delito;

V. Medios operativos para la aplicación de los programas específicos de carácter social con la participación de las comunidades;

VI. Medios de evaluación ciudadana del cumplimiento de los programas específicos con base en resultados;

VII. Medios de comunicación permanente del policía de proximidad con las comunidades de las zonas de intervención.

Artículo 91. La prevención situacional se realizará mediante la investigación de las incidencias delictivas y riesgos para la seguridad y a través de operaciones de despliegue estratégico de elementos en el territorio sujeto a vigilancia policial, empleando los siguientes medios:

I. Medios disuasivos, basados en la presencia de elementos o en el empleo de equipo de alarmas de emergencia en puntos de mayor concurrencia pública, incluyen también los medios de actuación policial en los que los elementos tratan de convencer a quien sea requerido de acatar normas de seguridad pública para que desistan de la realización u ostentación de conductas sujetas a sanciones;

II. Medios persuasivos, que emplean señales que acreditan la existencia de vigilancia permanente y la posibilidad de concurrencia de las corporaciones en poco tiempo para atender casos de emergencias;

III. Medios de rondas a pie y patrullajes, basados en vigilancia activa de entornos y zonas con una gran movilidad, recurrencia y cobertura que resta oportunidades o limita los tiempos probables de ejecución de conductas ilícitas;

IV. Medios de control de puntos fijos o itinerantes, asentamiento de puestos de vigilancia con elementos activos para entrar en acción en las inmediaciones sujetas a control preventivo;

V. Medios de vigilancia por monitoreo de cámaras de televisión, sustentados en la operación de cámaras móviles que registran en vivo las posibles incidencias de actos delictivos y que favorecen el acopio de registros que fungen como pruebas técnicas de presunción de responsabilidades de los delincuentes o infractores;

VI. Medios de colaboración con corporaciones de seguridad privada, que utilizan sistemas de comunicación coordinada con puestos de vigilancia de las corporaciones;

VII. Medios de orientación directa a la ciudadanía, consistentes en el trabajo de campo de los policías para conminar a rectificar conductas de posible afectación de la seguridad pública que conduzcan a la comisión de infracciones o delitos sin que dicha actuación y desempeño policial conlleve a la limitación de derechos ciudadanos, garantías constitucionales ni a la discriminación o recriminación de grupos, minorías, preferencias y estilos de vida legalmente permitidos;

VIII. Medios de intervención en situaciones de conflicto o violencia en los espacios públicos para impedir que se generen actos delictivos que devengan en lesiones a las personas participantes y/o en daños a bienes de propietarios afectados por los incidentes, sin que dicha actuación y desempeño policial conlleve a la limitación de derechos ciudadanos, garantías constitucionales ni a la discriminación o recriminación de grupos, minorías, preferencias y estilos de vida legalmente permitidos;

IX. Otros medios de tipo comunicativo empleando medios de información colectiva.

CAPITULO III

De las Operaciones de Respuesta Inmediata

Artículo 92. La solicitud de auxilio presentada ante las corporaciones de procuración de justicia y de seguridad pública puede darse en cualquier circunstancia o momento y ser requerida por cualquier persona que tenga motivos para notar y saber que su seguridad está en riesgo, por consiguiente ninguna petición debe ser desestimada o desatendida por los elementos de policía que conozcan de estos requerimientos de apoyo.

Artículo 93. Las corporaciones están obligadas a ejecutar el procedimiento de atención a llamadas de emergencia de conformidad con los manuales operativos expedidos para tal efecto.

Artículo 94. La atención de solicitudes de intervención policial de emergencia requiere del establecimiento de procedimientos de respuesta inmediata que deberán prever todos los elementos de apoyo necesarios para su adecuada resolución.

Artículo 95. Los mandos a cargo de las operaciones de respuesta inmediata, en los casos de no haber logrado la detención de la persona requerida, acusada, vinculada a hechos delictivos, proveerán en sus planes y programas operativos, las medidas necesarias para la continuidad de la acción policial y de otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

CAPITULO IV

De las Operaciones de Detención, Aseguramiento, Traslado y Presentación de

Infractores y Presuntos Participantes de Delitos ante las Autoridades Competentes

Artículo 96. Los policías únicamente están facultados para detener a infractores y personas involucradas en la comisión de delitos en flagrancia, cuando se tengan elementos demostrativos y probatorios de que ocurren los supuestos siguientes:

I. Cuando sean sorprendidos cometiendo el ilícito.

II. Cuando sean sorprendidos inmediatamente después de cometer el ilícito.

III. Cuando al ser sorprendidos huyan y sean perseguidos por los policías o por otras personas que presenciaron el delito.

IV. Cuando estén siendo perseguidos por las víctimas, afectados u ofendidos.

V. Cuando se tengan indicios fundados de que acaban de cometer un ilícito.

Artículo 97. La detención, control y traslado del imputado ante la autoridad competente, se debe efectuar en forma profesional y eficiente, procurando minimizar el uso de la fuerza necesaria y disminuir los riesgos para la integridad corporal, tanto del imputado como de los elementos que lo someten físicamente.

Artículo 98. La policía deberá asegurar los apoyos operativos necesarios para respaldar a las autoridades ministeriales en la recopilación y custodia de indicios en el lugar de los hechos en que hubieren ocurrido.

Artículo 99. Una vez asegurado el imputado por la intervención policial se procederá a su vigilancia, inmediato traslado y presentación ante la autoridad competente.

Artículo 100. El traslado y presentación del imputado por la intervención policial se realizará de conformidad con los principios y procedimientos señalados en el Titulo II de esta Ley.

CAPITULO V

De las Operaciones Especiales en Caso de Emergencia Civil

Artículo 101. En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones graves que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas las instituciones de seguridad pública, en su caso, se coordinarán con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 102. En el caso de la participación de las instituciones policiales en respaldo a las autoridades de protección civil, las misiones a cumplir quedarán circunscritas a vigilancia de espacios y labores logísticas de apoyo a la población que no sean cubiertas por el Ejército, la Armada y otras autoridades pertenecientes a las entidades federativas y los municipios.

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, controlar o limitar el acceso, se seguirán las siguientes reglas:

I. En principio se implementarán medios y técnicas de persuasión o disuasión;

II. Si los medios y técnicas a que se refiere la fracción anterior no lograran su objetivo, se utilizarán los principios del uso de la fuerza para la resistencia pasiva; y

III. En caso de peligro inminente de las personas y de presentarse algún tipo de resistencia activa, se podrá hacer uso de la fuerza conforme a los principios y reglas establecidas en la presente Ley.

Artículo 103. De conformidad con los planes de contingencia y la preparación técnica de las corporaciones, sus mandos superiores podrán definir operaciones especiales en materia civil:

a) Labores de rescate en situaciones y lugares de difícil ejecución;

b) Formulación de mapas de riesgo en materia de seguridad y protección civil;

c) Operación de estaciones policiales;

d) Evacuación de población en riesgo.

TITULO IV

DE LAS OPERACIONES COORDINADAS ENTRE CORPORACIONES POLICIALES

CAPITULO I

De los Convenios y Medios de Coordinación

Artículo 104. La coordinación de las policías con otras corporaciones de entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios se llevará a cabo de conformidad con los artículos 4 y 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se formalizará mediante convenios suscritos por las autoridades que tenga la representación legal de las mismas.

Artículo 105. Por parte de la Federación corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República la suscripción de dichos instrumentos a través del área que determine el Reglamento Interior de cada dependencia.

Artículo 106. Los convenios que se suscriban tendrán la naturaleza de un acuerdo de voluntades para colaborar en forma coordinada en diversos fines vinculados a la seguridad pública y procuración de justicia, según los requerimientos de la cooperación entre las corporaciones que concurran a la celebración de dicho instrumento.

Artículo 107. Podrán suscribirse convenios marco para incluir diversas líneas de colaboración en el momento en que se requiera, de tal forma que se logre la mayor agilidad en la determinación de apoyos a las corporaciones de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios.

Artículo 108. Considerando lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las materias objeto de los convenios pueden ser, entre otras:

a) Coordinación de misiones de vigilancia y prevención social del delito en zonas conurbadas;

b) Ejecución de acuerdos de colaboración suscritos en los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de seguridad pública y de procuración de justicia;

c) Aportación de información para los registros a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

d) Alimentación de bases de datos de los tres órdenes de gobierno, en materia de incidencia delictiva e indicadores de la situación de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social en el país;

e) Profesionalización de elementos;

f) Operativos de Protección Civil;

g) Seguridad a usuarios de caminos en programas vacacionales;

h) Seguimiento de servicios de seguridad privada;

i) Localización de personas;

j) Localización de vehículos;

k) Vigilancia a instalaciones de equipamiento y servicios públicos federales;

l) Otras que determinen las propias necesidades de colaboración de las distintas corporaciones policiales a través de sus autoridades superiores.

Artículo 109. Las materias de los convenios no implican la renuncia o delegación definitiva de competencias o funciones propias de cada corporación policial.

Artículo 110. La vigencia de los convenios no podrá ser indefinida, por lo cual tendrán que reconfirmarse los términos de su permanencia en el curso de los distintos periodos de gobierno de las instancias participantes.

Artículo 111. Las funciones o acciones compartidas o delegadas deberán quedar especificadas en los compromisos del convenio. Siempre debe aclararse por escrito hasta donde llega la responsabilidad de los mandos que encabezan las acciones coordinadas.

Artículo 112. Las funciones o acciones compartidas o delegadas no implicarán la afectación del marco reglamentario en materia de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios que se coordinen.

CAPITULO II

De la Organización del Mando Único de las Operaciones Coordinadas

Artículo 113. Para la conducción de las operaciones coordinadas se designará un mando único por el gabinete de seguridad en estricto apego a lo que establece el artículo 21 constitucional.

Artículo 114. La designación de un mando único no limita la autoridad de los mandos de las policías estatales y municipales en sus respectivas corporaciones y ámbitos de competencia; el mando único ejercerá un carácter de comandante superior de operaciones coordinadas, sin que pueda tener injerencia en la organización interior o en la propia dirección orgánica de las policías estatales y municipales.

Artículo 115. Las órdenes del mando único que de manera directa puedan instruirse a los elementos participantes, se llevarán a cabo exclusivamente hacia las policías federales, el resto de órdenes se transmitirá a través de los mandos que representan a cada una de las corporaciones coordinadas.

Artículo 116. Las atribuciones del mando único quedarán establecidas en el convenio correspondiente y no podrán restringir las atribuciones que al interior de sus respectivos cuerpos policiales tengan los demás mandos coordinados.

CAPITULO III

De las Operaciones y Procedimientos Coordinados

Artículo 117. Las corporaciones coordinadas podrán atender de manera conjunta y cooperativa las funciones que en materia de seguridad preventiva estén señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como aquellas que se establezcan en los convenios que celebren.

Artículo 118. Las entidades federativas y municipios que sostengan coordinación con las policías federales, armonizarán sus operaciones a los principios y disposiciones normativas establecidas en la presente Ley para efectos de unificar criterios de actuación y regulación de las operaciones coordinadas.

Artículo 119. La realización de acciones coordinadas incluye la formulación de planes, programas y la definición de estrategias, tácticas y líneas de operación en el territorio, así como la jurisdicción de todas las instancias coordinadas, sin menoscabo de sus atribuciones.

La coordinación consistirá principalmente en aportar respaldo técnico, fortalecer las capacidades de fuerza de tarea e intercambiar información y medios de capacitación para profesionalizar a todos los elementos policiales participantes.

La formulación de programas incluye la denuncia ciudadana y la atención y seguimiento de las mismas.

Artículo 120. Las materias de coordinación tendrán alcance en procedimientos regulares, especiales y de necesidad, entre otros, en aspectos de:

I. Acopio de información de las respectivas corporaciones para el estudio y propuesta de planes, programas, estrategias, tácticas y líneas de operación policial coordinadas;

II. Vigilancia y su ampliación o mejoramiento a partir de la cooperación de otras corporaciones, la planeación territorial local, zonificada y regional para la prevención del delito;

III. Despliegue de operaciones coordinadas con autoridades ministeriales federales y locales para el combate directo a las actividades de la delincuencia organizada;

IV. Comunicaciones y enlaces policiales para reforzar operaciones en linderos o zonas interurbanas y rurales;

V. Formulación de programas de denuncia ciudadana y atención y seguimiento coordinado de las mismas;

VI. Atención de zonas de riesgo mediante el refuerzo de actividades de disuasión y control de infractores;

VII. Formación de pautas de trabajo y perfeccionamiento de técnicas policiales a partir de la profesionalización compartida de los elementos de las corporaciones coordinadas;

VIII. Intercambio de información, rendición de partes de operativos, respuesta inmediata a solicitud de apoyo para seguimiento, aseguramiento y presentación de infractores y presuntos delincuentes;

IX. Instalación y operación de puestos de vigilancia y estaciones de policía;

X. Seguimiento de incidencias de faltas a reglamentos y presuntos delitos por parte de vecinos de otros municipios y visitantes procedentes de otras regiones; y

XI. Capacitación conjunta de autoridades auxiliares de los municipios de la zona de operación de los convenios.

TITULO V

DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA EJECUCION DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES

CAPITULO I

De las Medidas para Asegurar la Ejecución de Operaciones y Procedimientos en

Apego al Principio de Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos

Artículo 121. Los elementos de las corporaciones están obligados a que su actuación impida la comisión de faltas, delitos y afectaciones a las normas y condiciones de la seguridad pública, y la procuración de justicia, además de evitar que su intervención cause o provoque daños mayores o distintos a los que pretenda contrarrestar.

Las instituciones policiales favorecerán el conocimiento de las directrices de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos, relativos al uso de la fuerza y del arma de fuego. Sus protocolos internos deberán ser armónicos con dichas directrices y deberán considerar las recomendaciones de los organismos internacionales, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 122. Los mandos deberán desempeñarse con total apego al principio de legalidad y expedir órdenes e instrucciones dentro del mismo, procurarán que sus órdenes mantengan el adecuado equilibrio de actuación mediante el uso de las capacidades policiales y los límites que marcan las leyes a la intervención de las autoridades públicas en el conjunto de derechos y garantías.

Artículo 123. Los procedimientos y operaciones policiales se desempeñarán bajo los principios que determina esta Ley y proveerán las medidas de actuación de las corporaciones para que no se ponga en peligro ni se dañen:

I. El derecho a la vida, que obliga a las corporaciones a no atentar contra la integridad física de las personas al grado de comprometer su vida;

II. La libertad de expresión, que implica que ninguna autoridad policial puede atajar ni restringir la manifestación de ideas y palabras que expresen posturas políticas e ideológicas;

III. La inviolabilidad del domicilio, que impide a las corporaciones a ingresar al interior de una propiedad domiciliaria particular, salvo que exista orden expresa, expedida por autoridad judicial o bajo el consentimiento o invitación expresa de persona autorizada, de sus moradores o propietarios, únicamente para cumplir estrictamente lo establecido en la orden judicial y de conformidad con los procedimientos policiales que regulan el uso legítimo de la fuerza;

IV. El derecho a no ser incomunicado que asiste a las personas aprehendidas, arrestadas o detenidas por parte de las autoridades competentes en virtud de causa legal probada. No podrán ser aisladas ni privarles del derecho de comunicarse con sus familiares, allegados o defensores, según convenga a sus intereses;

V. El derecho a no ser maltratado ni a que se ejerzan daños ni agresiones sobre la integridad física o la estabilidad psicológica de las personas por parte de la autoridad pública. Se debe proceder siempre en cumplimiento de los lineamientos del uso legítimo de la fuerza señalados en esta ley;

VI. El derecho a la protección de la propiedad privada, que compromete a las corporaciones no causar daños a la propiedad de otros mediante cualquier medio, de manera directa o indirecta;

VII. El derecho a no ser privado de la libertad por causas que no estén determinadas en la legislación vigente, que impide a las corporaciones arrestos, practicar aprehensiones, detenciones y aseguramientos diversos, excepto por causas fundadas y establecidas en la legislación en materia de seguridad pública, procuración de justicia y procesos judiciales;

VIII. El derecho a la seguridad jurídica, que obliga a las corporaciones a presentar inmediatamente ante las autoridades competentes a los presuntos responsables que aprehenda, arreste o detenga por causas legalmente fundadas, de tal manera que ante las mismas hagan valer lo que a su derecho corresponda;

IX. El derecho de petición que favorece que cualquier persona pueda solicitar a las autoridades policiales su intervención dentro de los supuestos para los que tiene competencias legales;

X. El derecho a la defensoría pública que permite al inculpado sujeto a proceso legal en su contra a que reciba la asistencia jurídica y, en su caso, pueda ser representado por un defensor de oficio en forma gratuita y oportuna;

XI. El derecho a la proporcionalidad en el uso de la fuerza policial, consignado en los principios de actuación policial establecidos en esta Ley;

XII. Otros derechos vinculados a garantías, recursos y medios de defensa, gestión y protección de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación derivada de la misma, los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano y otros ordenamientos secundarios confieran a los mexicanos.

CAPITULO II

De los Derechos de los Policías por Efecto de su Intervención en Operaciones y Procedimientos

Artículo 124. Los derechos que asisten a los elementos policiales en cualquiera de sus rangos y puestos son los siguientes:

I. Trato digno y respetuoso a cargo de sus superiores;

II. Audiencia en sesión específica para conocer cualquier imputación o presunción de responsabilidad que se finque en su contra, por parte de una autoridad competente, con motivo del ejercicio de sus funciones policiales, para exponer lo que a su derecho corresponda;

III. Impugnación de resoluciones de autoridades de primera instancia ante los órganos jurisdiccionales que señalen las normas de procedimiento administrativo que sean aplicables;

IV. Restitución de sus derechos si resulta exonerado de la inculpación por la que fue sometido a proceso ante autoridades competentes;

V. Solicitud de recursos ante las autoridades competentes para cancelar la sanción administrativa que se hubiera determinado en su contra por considerarla contraria a sus derechos;

VI. Recibir el sueldo y prestaciones consignadas bajo el esquema administrativo o actos de condición que regula la prestación de sus servicios a la corporación, asimilados al índice inflacionario;

VII. Acceder a los sistemas de profesionalización, formación y capacitación, promociones y ascensos dentro de su corporación en igualdad de oportunidades y mediante el reconocimiento del mérito, conocimientos y capacidades dentro del servicio;

VIII. Recibir la dotación de sus armas de cargo, bastimentos, uniformes, equipo y demás enseres e insumos requeridos para el desempeño de sus funciones;

IX. Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y recompensas con motivo de su desempeño meritorio y notable en el cumplimiento de sus deberes y acciones policiales;

X. Recibir un trato respetuoso de la comunidad y usuarios de los servicios policiales;

XI. Recibir asesoría y defensoría jurídica eficiente a cargo de la corporación, en los procesos ministeriales o judiciales en los que sea señalado como inculpado, en los casos en que se haya desempeñado conforme a los procedimientos policiales autorizados;

XII. Recibir la asistencia médica que restituya su integridad y salud por motivo de causas ocurridas en la prestación de sus servicios;

XIII. Denunciar los casos de abuso de autoridad al interior de su corporación sin menoscabo de sus derechos;

CAPITULO III

De las Sanciones a los Policías por Inobservancia a las Normas que Regulan

las Operaciones y Procedimientos Policiales

Artículo 125. La omisión, contravención, falta de observancia, y desconocimiento de los principios, obligaciones y pautas de actuación policial establecidos en esta Ley, se sancionarán por parte de la autoridad disciplinaria de la corporación según la gravedad del caso, y de conformidad con las normas y procedimientos disciplinarios establecidos en el Reglamento.

Artículo 126. El órgano competente de la aplicación de sanciones será el Consejo de Honor y Justicia o equivalente que tenga a su cargo dentro de la corporación la vigilancia y control de desempeño de los elementos bajo la modalidad que tenga en la reglamentación interior vigente.

Artículo 127. En caso de aplicación de medidas disciplinarias, los ordenamientos que las determinen y establezcan el procedimiento que corresponda a su ejecución considerarán cuando menos las garantías siguientes:

I. Toda acción disciplinaria debe estar fundada y motivada haciendo explícita la sanción que se aplica en la notificación correspondiente;

II. Hacer del conocimiento del elemento sujeto a procedimiento disciplinario, por escrito, la causa, motivos e imputaciones que determinen su posible responsabilidad;

III. Asegurar para el elemento requerido la garantía de audiencia y uso de los medios de presentación de pruebas, alegatos y aclaraciones, así como los testimonios que obren en su favor y en su caso contar con la asistencia jurídica que el caso amerite;

IV. Valoración, a cargo de la autoridad disciplinaria, de las circunstancias;

V. Hacer del conocimiento del elemento sujeto a procedimiento disciplinario, por escrito, la causa, motivos e imputaciones que determinen su posible responsabilidad;

VI. Asegurar para el elemento requerido la garantía de audiencia y uso de los medios de presentación de pruebas, alegatos y aclaraciones, así como los testimonios que obren en su favor y en su caso contar con la asistencia jurídica que se amerite;

VII. Valoración, a cargo de la autoridad disciplinaria, de las circunstancias, motivación y situación del elemento en el momento de incurrir en la infracción, así como su nivel jerárquico, antecedentes de desempeño y condiciones personales;

VIII. Derecho de interponer los recursos que se destinen para recurrir la sanción que se pretenda imponer;

IX. Recibir un trato justo y equitativo con respecto a la gravedad de su falta; y

X. Las demás que estén establecidas en el marco del esquema administrativo o actos de condición.

CAPITULO IV

De las Medidas de Previsión Social en Beneficio de los Policías

Artículo 128. La corporación organizará y dispondrá los medios gratuitos de defensa jurídica necesarios para respaldar a los elementos que se encuentren bajo proceso de establecimiento o esclarecimiento de responsabilidades ante autoridades superiores de la misma o ante otras instancias y jurisdicciones.

Artículo 129. La corporación proveerá el aseguramiento y servicios de previsión social a favor de sus elementos, que se deriven del esquema administrativo o actos de condición en forma suficiente y consistente, de conformidad con la disponibilidad de los recursos institucionales.

Artículo 130. Los elementos que en servicio sufran accidentes o lesiones tendrán las garantías de recibir atención médica sin costo alguno, y en casos de urgencia a ser atendidos en el establecimiento de servicios médicos más próximo al lugar del accidente.

Artículo 131. La responsabilidad sobre hechos jurídicos y daños a equipo de la corporación o a bienes de terceros, por la conducción de vehículos o empleo del equipo policial, será resuelta con el respaldo de pólizas de seguros de responsabilidad civil. En caso de reputarse negligencia de algún elemento y la provocación de daños en el sentido de los señalados, su responsabilidad será determinada de conformidad con las normas disciplinarias aplicables.

Artículo 132. En caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber, la corporación está obligada a indemnizar a los familiares directos, allegados o deudos que hayan mantenido una relación de dependencia económica. Así como a cubrir los gastos correspondientes a los servicios funerarios.

CAPITULO V

De los Recursos Administrativos

Artículo 133. Cualquier individuo podrá interponer los recursos que establece la presente Ley ante las autoridades competentes, sin menoscabo del empleo de otros recursos que estén previstos en otras leyes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal expedirán las leyes que correspondan a los principios de esta Ley, en un plazo máximo de 240 días naturales.

CUARTO.- Los municipios en cumplimiento del inciso h) de la fracción tercera del artículo 115 constitucional que les otorga facultades en materia de seguridad pública en los términos del artículo 21 constitucional, policía preventiva municipal y tránsito, deberán expedir los bandos o reglamentos correspondientes a las leyes a que se refiere el transitorio tercero de esta Ley.

QUINTO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia promoverán la celebración de los convenios marco de colaboración para la ejecución de procedimientos coordinados, sin menoscabo de que los convenios operativos puedan celebrarse y ejecutarse en el momento de requerirse con la única prevención de ser notificados en el seno de los respectivos consejos de seguridad pública y ante la Secretaría Técnica del Consejo del Sistema Nacional para su registro y seguimiento.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Vianey Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Cinematografía.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 226 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 226 TER DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE REFORMA EL ARTICULO 19 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. María Marcela Torres Peimbert, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Ernesto Ruffo Appel, Layda Sansores San Román, Alejandro Tello Cristerna, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Angel Benjamín Robles Montoya)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hace nueve años el Congreso mexicano marcó un hito en términos de apoyo y fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional, al incorporar un nuevo artículo en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 226 Bis, que otorga, desde entonces y hasta la fecha, un estímulo fiscal a los que inviertan en la producción de cine nacional.

A los inversionistas que apuesten por la producción de cine mexicano, hasta el 10 por ciento contra el Impuesto Sobre la Renta.

Ese estímulo fiscal fue fruto de un esfuerzo plural que encontró en el Senado de la República hace nueve años, una voluntad política a toda prueba y que logró que la Cámara de los Diputados también lo votara a favor.

En la década de los 90’s, entrando el año 2000, 2001-2002, México tenía un declive muy dramático en la producción de cine mexicano, de películas nacionales. Había años en donde se estaban produciendo, me refiero a películas con cierta calidad, entre 8, 9, no más de 10 películas al año.

Desde que se incorporó el estímulo fiscal con un techo de hasta 500 millones de pesos y 20 millones de límite por proyecto, este hecho constituyó un hito en la reactivación del cine mexicano.

Hoy, por ejemplo, podemos decir que fruto de aquella iniciativa y de aquel esfuerzo plural, la producción de cine nacional ha crecido hasta diez veces. Tenemos años con una producción cercana a las 10 películas nacionales.

El artículo 226 se nos rezagó en algunos aspectos, tanto en el monto del estímulo, como en los mecanismos para asegurar su correcta asignación a proyectos cinematográficos, y entonces la iniciativa que ahora presentamos busca consolidar en primer lugar lo que ya tenemos, el artículo 226, pero incrementar su monto, actualizarlo conforme a los índices de inflación. Propone, en primer lugar, la iniciativa, “aumentar el estímulo de 500 a 650 millones de pesos y elevar también el monto por proyecto que pasaría de 20 a 30 millones de pesos”.

Y hay una reconformación del Comité Interinstitucional que gestionaba la aplicación de estos fondos, por un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales, en donde se contempla la integración, pues no solamente de las autoridades competentes en la materia, sino de los tres sectores fundamentales en la cadena productiva, a saber del sector de la producción, del sector de la exhibición.

Y de ahí la importancia, diría yo su carácter integral, de esta reforma que proponemos, que incluye a los principales actores que deben decidir sobre los proyectos, la viabilidad de los proyectos en materia económica, no de contenidos, porque esos comités no deben funcionar como comités de censura, ni la adjudicación de fondos privados o la presencia de sectores, como el de exhibidores o distribuidores, no debe constituirse en mecanismos de censura, sino de valoración de la pertinencia económica.

Entonces, lo que estamos proponiendo es consolidar el artículo 226 con un nuevo monto, pero también se está ampliando el concepto de apoyo, ya no solamente a películas cinematográficas, largometrajes, sino también a series de televisión y a películas para la televisión y, sobre todo, contenidos para formatos y dispositivos digitales y de internet.

Lo que amplía el concepto, aun cuando evidentemente esta asignación sí está restringida, no sería susceptible, por ejemplo, de otorgarse a compañías de producción que estuvieran vinculadas o relacionadas, directa o indirectamente, con las cadenas nacionales de televisión, es para fomento de la producción independiente.

La iniciativa también propone agregar un nuevo artículo porque propone un nuevo estímulo, el artículo 226 Ter para incentivar a los inversionistas que promuevan, que publiciten, que inviertan en la distribución de películas nacionales. Tenemos ahora una producción de calidad, creciente en cantidad, pero luego nos enfrentamos con dos grandes obstáculos, que son la distribución y luego la exhibición de las películas nacionales.

Necesitamos también apoyar a estos sectores para que las películas mexicanas se puedan ver, se distribuyan en el territorio nacional. Y entonces estamos proponiendo un estímulo fiscal de la misma naturaleza, del fomento a la producción, ahora a la distribución de películas de hasta 300 millones de pesos con un límite por proyecto de 2 millones.

No se trata de que el gobierno le dé dinero a los distribuidores o a los productores, no. No es eso, no es un subsidio, es un estímulo fiscal a los inversionistas que inviertan en estas dos etapas fundamentales de la producción cinematográfica y de la distribución cinematográfica.

Y también para esto se crea un comité ejecutivo, en realidad es el mismo que el que valora los proyectos de producción para la distribución de películas nacionales. Y luego proponemos una reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía y al artículo 32 Bis de la Ley Federal de Cinematografía, el primero con el propósito de clarificar lo que ha sido, lo que fue el espíritu del legislador para garantizarle el tiempo mínimo de pantalla a las películas nacionales, el 10% en la totalidad de las pantallas disponibles en todos los municipios de todas las entidades federativas de nuestro país.

La actual redacción ha provocado que ese 10% de tiempo de pantalla sea interpretado en relación con el número de producciones cinematográficas nacionales y no de pantallas de exhibición. Y obviamente el artículo 32 Bis, que es el que también pretendemos reformar, busca asegurarle a la película mexicana una mayor permanencia en términos de su exhibición en las salas cinematográficas.

Son medidas para fortalecer a una industria que no sólo está haciendo un negocio de gran derrama económica, generadora de empleos directos e indirectos, sino a una industria cultural con enorme sentido estratégico para nuestra identidad nacional. El cine es uno de los mejores rostros de la producción cultural, del talento y la creatividad artística de los mexicanos.

Espero que, así como hace nueve años el Senado concurrió a fundar las bases de una nueva época de apoyo al cine mexicano, ahora también el Senado concurra.

Suscribimos esta iniciativa Senadores de cinco partidos políticos: Marcela Torres Peimbert, del PAN; Lilia Guadalupe Merodio Reza, del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Manuel Bartlett Díaz, del PT; Ernesto Ruffo Appel, del PAN; Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano; Alejandro Tello Cristerna, del PRI; Ana Gabriela Guevara Espinoza, del PT; Luis Fernando Salazar Fernández, del PAN; Víctor Hermosillo y Celada, del PAN; Angel Benjamín Robles Montoya, del PRD…

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador Javier Corral. Senadora Blanca Alcalá, ¿para qué asunto?

Sonido al escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle al Senador Javier Corral la adhesión a la iniciativa, toda vez que me parece de la mayor importancia y además atraviesa uno de los temas que quiero impulsar desde el Senado como Presidenta de la Comisión de Cultura, si es tan amable y acepta la adhesión.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Cómo no. Bienvenida la adhesión de la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta de la Comisión de Cultura de este Senado.

La cultura, compañeras Senadoras y Senadores…

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador Corral Jurado, están solicitando la palabra algunos compañeros. ¿Para qué asunto, Senador Eviel Pérez?

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Omar Fayad, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Para adherirme, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaría de las adhesiones que se están expresando en este momento.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Qué le parece que la suscriban los 128 Senadores.

- El C. Presidente Burgos García: Es buena idea.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias a todas y a todos, vamos a incorporarlos.

Esto le da una gran fuerza política, pero además, ¿qué manifiesta esta adhesión, compañeras y compañeros? Que el campo de la cultura debe seguir siendo el gran campo de la convergencia democrática, del compromiso con nuestros creadores, con nuestros artistas, con nuestros cineastas.

Quién no ha ido a una sala cinematográfica y no ha soñado alguna vez al ver una película, quién no se ha visto reflejado en sus emociones, en sus sentimientos. Eso que todos vivimos en el cine nacional, hay que seguir apoyándolo, expandiéndolo y que el cine mexicano vuelva a ser uno de los mejores rostros de México frente a América Latina y el mundo.

Por su atención y adhesión, muchas gracias a todas y a todos.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Javier Corral. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Hacemos referencia a la presencia de 21 productores cinematográficos de cine mexicano, invitados por la Senadora Torres Peimbert, bienvenidos.

Tiene uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 76 FRACCION II, 78 FRACCION V, 89 FRACCION IX Y 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; con su permiso; compañeras y compañeros Senadores:

La procuración de justicia es el instrumento fundamental del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, si funciona adecuadamente y cuenta con instrumentos y capacidades legales, le obsequia a la sociedad convivir pacíficamente y disfrutar de una verdadera seguridad jurídica, pues es ante todo, el fin único que garantiza el bien común entre los gobernados.

La responsabilidad de garantizar seguridad y una procuración de justicia pronta y expedita a la ciudadanía es tarea de los poderes del Estado. Por una parte, el Poder Legislativo contribuye a diseñar el marco jurídico que garantice la armonía a la población al desarrollar una legislación que encuadre perfectamente la conducta de la sociedad y en los tipos penales que inciden con mayor frecuencia en la entidad.

Al Poder Judicial le corresponde interpretar y cumplir estrictamente las leyes, garantizando que con la impartición de justicia se procure el avenimiento y la reparación del daño que más satisfaga a la víctima; asimismo, le corresponde la imposición de sentencias justas, pero enérgicas, que garanticen la completa readaptación e inserción del agresor a la sociedad.

Finalmente, al titular del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus facultades, le corresponde la implementación de políticas de seguridad pública y proponer al encargado de la procuración de justicia en el que recae la investigación, persecución y acusación de los delitos.

Reconocemos los esfuerzos a nivel nacional por eficientar la procuración de justicia, tan es así que el pasado 19 de octubre se reunió la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con el compromiso de consolidar los indicadores de gestión aplicables a las instituciones de procuración de justicia en México y erradicar la opacidad e impunidad.

Sin embargo, es menester recordar que la Procuraduría General de la República se encuentra rebasada por el contexto delictivo que pelde sobre el territorio.

En el sexenio que está por concluir han sido nombrados tres Procuradores de Justicia, el licenciado Eduardo Medina de 2006 al 2009, el licenciado Arturo Chávez, de 2009 al 2011 y actualmente la maestra Marisela Morales Ibáñez, quienes a su vez han enfrentado la complejidad que representa la institución del Ministerio Público y el poder de la delincuencia.

Amigas y amigos Senadores, no he venido a la máxima tribuna del país a justificar el actuar de la titular de la PGR, ni de sus antecesores, tampoco he venido a censurarlos, entiendo perfectamente que la más alta encomienda que les ha conferido no es pecata minuta, tan importante es la función que realizan como representantes de la sociedad que propongo fortalecer la envestidura y alejarla de los cotos de poder y las afinidades políticas.

La finalidad de la presente iniciativa, es reformar los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que el Presidente y el Senado de la República elijan al Procurador o Procuradora General de la República a través de una convocatoria pública abierta.

Con el método propuesto, dotaríamos de verdadera independencia funcional e institucional al área de procuración de justicia, ya que con la selección del Procurador o Procuradora de Justicia no habría lugar a dudas a la imparcialidad o libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes.

Sin duda, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos en esta tan importante institución.

A partir de una convocatoria pública a las universidades del país, a los colegios y barras de abogados, a los institutos de investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial pertenecientes a los consejos de la judicatura del país, la evaluación garantizará verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y disciplina en la carrera judicial.

Para ser procurador se requerirá, según la propuesta que les presentamos, por supuesto ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de Licenciado en Derecho y poseer estudios especializados en materia de justicia o derechos humanos; ser académico de alguna institución de educación superior o miembro de colegios de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, haber cubierto los requisitos emitidos en la convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación.

Compañeras y compañeros Senadores, el grupo parlamentario del PRD ha señalado enfáticamente los errores en la aplicación de políticas de seguridad pública y procuración de justicia, hemos sido respetuosos de la envestidura de la autoridad, hemos señalado los excesos de ésta cuando trastoca la esfera del ciudadano.

En el 2007, dimos un voto de confianza en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, concebíamos que el planteamiento en cuanto a seguridad jurídica y procuración de justicia conducían al mismo cauce que hemos enarbolado como posición parlamentaria. Es decir, concretar como tarea fundamental de gobierno, modernizar el sistema de justicia penal a fin de lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz, así como hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y judicial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

Eso señala el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, la realidad es contradictoria, los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia son realmente bajos, y aunado al lamentable aumento de la delincuencia en el país, los mexicanos demandan de su gobierno no sólo el personal eficiente y capaz que cumpla con las expectativas de perseguir delitos, sino que además garantice el respeto a los derechos humanos y construya una verdadera y sólida institución hacedora de justicia.

Sin duda, una de las principales obligaciones del gobierno consiste en respetar y hacer valer el estado de derecho que asegure una convivencia social pacífica, constituyendo con ello una autoridad encargada de la procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de delitos sin impunidad ni corrupción de por medio.

En un estado democrático de derecho corresponde al poder público perfeccionar las instituciones de gobierno, elaborando las reformas que logren de manera eficaz y contundente la autonomía de los órganos, principalmente los encargados de la procuración de justicia.

Ciudadanizar con la elección del titular de la Procuraduría General de la República, compañeras y compañeros Senadores, garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo, por ello, resulta imperante que la Procuraduría de Justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación en la práctica eficaz y eficiente que proporcione resultados satisfactorios.

Es el contexto de la propuesta que presentamos y, por supuesto, que la vamos a defender en comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente.

El que suscribe, senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

La Procuración de Justicia es el instrumento fundamental de un Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, permitiendo que la sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una verdadera seguridad jurídica, pues es ante todo, el fin único que garantiza el bien común entre los gobernados.

La responsabilidad de garantizar seguridad y una procuración de justicia pronta y expedita a la ciudadanía es tarea de los poderes del Estado. Por una parte, el Poder Legislativo contribuye a diseñar el marco jurídico que garantice la armonía entre la población entre sí, es decir, desarrolla una legislación que encuadra perfectamente en la conducta de la sociedad y en los tipos penales que inciden con mayor frecuencia en la entidad.

Al Poder Judicial le corresponde interpretar y cumplir estrictamente las leyes, garantizando que con la impartición de justicia se procure el avenimiento y la reparación del daño que más satisfaga a la víctima; de igual forma, le corresponde la imposición de sentencias justas, pero enérgicas, que garanticen la completa readaptación e inserción del agresor a la sociedad.

Al Titular del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus facultades le corresponde proponer al encargado de la procuración de justicia. Sin embargo, atendiendo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, y a las necesidades reales de la sociedad mexicana en materia de seguridad pública, el gobierno se encuentra lejos de concretar mínimamente dichos objetivos.

Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia son realmente bajos y, aunado al lamentable aumento de la delincuencia en el país, los mexicanos demandan de su gobierno no sólo el personal eficiente y capaz que cumpla con las expectativas de perseguir delitos, sino que además garantice el respeto a los derechos humanos y construya una verdadera y sólida institución hacedora de justicia.

Sin duda, una de las principales obligaciones del Gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de Derecho que asegure una convivencia social pacífica, constituyendo con ello una autoridad encargada de la procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de los delitos sin impunidad ni corrupción de por medio.

El sistema de elección del Procurador General de Justicia que hoy se propone ya ha sido puesto en marcha en otros países, logrando resultados más que satisfactorios en el campo de la procuración de justicia.

En España, por ejemplo, el candidato debe tener 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y en su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado, lo que garantiza no sólo que sea el más adecuado perfil, sino que además garantiza independencia en su actuación, toda vez que no se encuentra supeditado a ninguno de los poderes en específico.

En el Reino Unido, el derecho consuetudinario establece que el Procurador General es electo de entre candidatos del Colegio de Abogados o de entre algún miembro del Parlamento con destacados antecedentes en el campo de derecho, lo que garantiza objetividad, imparcialidad, eficacia y pericia en el cumplimiento del encargo.

En Argentina, Bolivia y Venezuela el Fiscal o Procurador General es seleccionado de entre los aspirantes que acuden a la convocatoria pública de acuerdo a la calificación de capacidades y méritos profesionales.Este tipo de elección de Procurador o Fiscal General, garantiza que la actuación de los mismos sea imparcial y apegada a los estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, es decir que la procuración de justicia recae en un científico del derecho que plasma la teoría y la investigación a la práctica logrando resultados satisfactorios.

OBJETIVO

En un Estado democrático de derecho corresponde al poder público perfeccionar las instituciones de gobierno, elaborando las reformas que logren de manera eficaz y contundente la autonomía de los órganos, principalmente los encargados de la procuración de justicia.

Ciudadanizar la elección del titular de la Procuraduría General de la República garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo, por ello resulta imperante que la Procuración de Justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente que proporcione resultados satisfactorios.

El Procurador de Justicia debe contar con una trayectoria profesional que avale su desempeño honesto. Debe poseer un exhaustivo desarrollo intelectual el cual forme parte de una corriente positiva y actual de la doctrina del derecho en la procuración de justicia. Ser catedrático de alguna institución de educación superior o postgrado y tener un conocimiento científico y práctico del sistema judicial.

En esta iniciativa se propone reformar los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar que el Presidente y Senado de la República elijan al Procurador o Procuradora General de la República a través de una convocatoria pública abierta.

Con el método propuesto, se dotaría de verdadera independencia funcional e institucional a la tarea de procurar justicia, ya que con la selección del Procurador o Procuradora de Justicia no quedaría ninguna duda en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes.

Sin duda, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos en esta tan importante institución.

Es por lo anteriormente expuesto, que el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República previa convocatoria y selección que para tal efecto haya emitido; Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 78.

I. a IV. …

V. Otorgar o negar la ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal derivado de la convocatoria que para tal efecto se haya emitido;

VI. a VIII. …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a VIII …

IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República, que haya resultado electo y evaluado satisfactoriamente de la convocatoria abierta alas universidades del país, los Colegios, Barras de Abogados, institutos de investigación jurídica, e integrantes de la carrera judicial.

X. a XX …

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, a partir de una convocatoria pública a las universidades del país, colegios y barras de abogados, institutos de investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial pertenecientes a los Consejos de la Judicatura del país, cuya evaluación garantice verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y en la carrera judicial. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho poseer estudios especializados en materia de justicia ó derechos humanos; ser académico de alguna institución de educación superior ó miembro de colegio de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso; además haber cubierto los requisitos emitidos en la convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los 90 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá emitir la Convocatoria a que se refieren los artículos 76, 78 y 79 de esta Constitución.

TERCERO.- Una vez que entre en vigor el presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá designar un encargado de despacho de la Procuraduría General de la República hasta en tanto se completa el proceso de selección del titular de la Procuraduría General de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 23 de octubre de 2012.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Senador Francisco Yunes, ¿con qué objeto?

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Senador Robles Montoya, está de acuerdo? Aceptada, gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan a los artículos 41 y 54 constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL PARRAFO PRIMERO DE LA FRACCION I Y EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 41 Y LA FRACCION II DEL ARTICULO 54 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hace unos días presenté ante este órgano legislativo, una iniciativa para establecer la reelección de Diputados y Senadores en el ámbito federal y local con tres objetivos.

En primer lugar, empoderar a los ciudadanos para que verdaderamente tengan la posibilidad de evaluar el trabajo que hacemos cada uno de sus representantes contando con una herramienta para reconocer el esfuerzo, volviendo a votar por su legislador o castigando a quien no cumple con sus funciones.

El segundo objetivo es mejorar la rendición de cuentas.

Y el tercero, posibilitar que surja una carrera parlamentaria, es decir, que se aprovechen los conocimientos que se van adquiriendo y con el tiempo lograr la profesionalización en los congresos.

En esa ocasión señalé que presentaría otras iniciativas que van de la mano y que aspiran a transformar positivamente el desempeño de nuestra democracia.

Las reformas electorales de los años 90's, del siglo XX, permitieron que fuera más fácil el surgimiento de nuevos partidos políticos y su permanencia. Estableciendo como requisito para que los partidos mantuvieran su registro, el 2 por ciento de la votación; esto en un afán de generar mayor pluralidad en nuestros congresos, es decir, que participaran otros sectores de la sociedad que no estaban representados tradicionalmente en la toma de decisiones.

Esas reglas que parecían plausibles, desde entonces a la fecha han dado resultados que quizá no eran los esperados.

Particularmente quiero referir que en un ejercicio de análisis comparado, podemos encontrar que México es uno de los países del mundo entero que establece requisitos de votación más bajos para que los partidos políticos puedan conservar su registro.

Si observamos lo que ocurre con relación a América Latina, podemos identificar que sólo dos países de la región establecen umbrales más bajos que el nuestro.

Por otro lado, tres países fijan este requisito en el 2 por ciento y otras 8 naciones fijan porcentajes más elevados, entre las naciones que establecen un porcentaje más alto, se encuentran Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

Vale la pena analizar que frente a países cuyos sistemas electorales también contemplan mecanismos de representación proporcional, México se encuentra por debajo. Por ejemplo, en España, Italia y Japón es del 4 por ciento, mientras que en Alemania alcanza el 5 por ciento.

La experiencia mexicana revela que tener un umbral tan bajo no permite que los electores puedan depurar el sistema de partidos. Es decir, no les posibilita deshacerse de aquellas fuerzas políticas que han abandonado sus idearios y principios para configurarse como grupos de interés que no representan a nadie más que a sus dirigencias.

Del año 2000 a la fecha, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales 9 han perdido su registro.

A pesar de ser tan bajo el umbral de 2 por ciento, ha sido útil para cancelar el registro a partidos que no aportaban nada en términos de representatividad.

Aun así, el sistema vigente ha permitido también la permanencia de muchos partidos que con estructuras clientelares sostenidas por el financiamiento público garantiza su subsistencia, pero aportaron poco en términos de compromiso con las instituciones y el electorado.

Es muy importante que impulsemos acciones para tener un sistema menos fragmentado y que incentive la responsabilidad.

Contar con un umbral más elevado hará posible que los partidos se esfuercen aún más por rendir cuentas, por mejorar su relación con los electores y por asegurarse que sus miembros se conduzcan con responsabilidad y diligencia.

Las iniciativas que estamos presentando el día de hoy, retoman la propuesta enviada por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de la reforma política discutida en la legislatura anterior, para ampliar del 2 al 4 por ciento el umbral mínimo para que un partido pueda obtener representación parlamentaria y conservar su registro.

Esto a través de una reforma al párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; así como la fracción II del artículo 54 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Al mismo tiempo proponemos, a través de la siguiente iniciativa enlistada en el Orden del Día, y que solicitamos a esta Presidencia se turne directamente a comisiones, una reforma a los artículos 12, 18, 32 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el mismo sentido.

Con estas medidas estaremos dando un paso muy importante, lograremos que la calidad de nuestros órganos legislativos mejore, porque cuenta con partidos que cumplen con su función representativa.

También que el costo de la democracia sea mejor y que mejore la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, lograremos que los ciudadanos perciban que los políticos estamos acatando verdaderamente su reclamo de actuar con congruencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, EL PARRAFO PRIMERO DE LA FRACCION I Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 41; Y LA FRACCION II DEL ARTICULO 54AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; al tenor dela siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La democracia en nuestro país se traduce a través de los partidos políticos y finalmente se materializa en una primera fase, mediante los comicios periódicos y en una segunda, mediante la ocupación de cargos de elección popular devenientes de procesos electorales. En esta tesitura se hace necesario establecer mecanismos eficientes a fin de hacer patente dogmáticamente la participación libre del pueblo en las decisiones electorales para renovar a las autoridades y diversos entes de la administración pública.

En este contexto, la participación democrática del pueblo es fundamental para hacer que rija una filosofía o un postulado de gobierno que emane de un partido político, con determinada doctrina o forma de pensamiento sobre el manejo de las políticas públicas.

Las reglas para proceder conforme a los principios rectores de la materia electoral que son el de certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad que encuentran su fundamento constitucional en los artículos 41 fracciones I, II y IV y la fracción IV inciso g) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran vigentes y resguardados en los distintos ordenamientos jurídicos de naturaleza electoral que a nivel federal rigen en la nación.

Tomando como base los principios anteriormente indicados y la necesidad de la implementación de mecanismos que permitan el desarrollo pleno de la democracia, estimo que resulta relevante, que los partidos políticos como hilo conductor de la democracia, se rijan siempre bajo condiciones que permitan evaluar su eficacia y vigencia por cuanto a la opción política que representan.

Uno de los mecanismos que permite estimar si un partido político es considerado como una opción ciudadanalegítima de representación, es la necesidad de obtener un porcentaje mínimo del 2 por ciento del total de la votación obtenida para conservar su registro.

El espíritu de este requisito tiene dos vertientes: por un lado, legitimar la existencia de un instituto político con base en la estimatoria ciudadana, a través del porcentaje obtenido en los comicios y; por otro lado, elverificar si el sostenimiento con financiamiento público, sigue siendo necesario para hacer que prevalezca como oferta, la opción política que representa un determinado partido político.

En este orden de ideas, la que suscribe, mediante la presente iniciativa, hace una reflexión sobre el particular asunto, a fin de replantear el actual requisito del porcentaje para el sostenimiento del registro de un partido político.

En ese tenor, con base en antecedentes históricos que nos dan cuenta de la necesidad de evitar que la creación de un partido político pudiera constituir un botín o un instrumento de utilización personal o mezquino de prevalecencia en la vida pública a costa no de unadecisión legítima de la ciudadanía, sino de una argucia que obedece sólo a intereses particulares o de pequeños grupos de personas, que a sabiendas de que no prosperará la oferta política que representa el instituto político al que pertenecer o que hicieron surgir, inducen arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria e inadecuada y peor aún a costa del erario público que permite el financiamiento de los partidos políticos por pequeños que estos sean.

Aunado a lo anterior y para robustecer los argumentos esgrimidos, vale la pena revisar los porcentajes que se solicitan en América Latina para la existencia de partidos políticos en distintos países a fin de contrastar lo que sucede en la región, en relación con lo que sucede en nuestro país.

A continuación se presenta una tabla que refiere la situación en América Latina1:

País

Mínimo requerido

Argentina

No regulado[Para la inscripción inicial se requiere que la cantidad de miembros sea al menos 4% de los votantes registrados, hasta un millón, en al menos 5 distritos]

Bolivia

3% de votos válidos

Brasil

No regulado[Para la inscripción inicial se requiere obtener al menos 0.5% de los votos en la última elección legislativa nacional, descontado nulos y en blanco, y con un mínimo de 0.1% de los votos distribuidos en al menos un tercio de los estados]

Chile

5% de votos válidos, a menos que elija cuatro parlamentarios en cada una de las dos últimas elecciones pluripersonales

Colombia

2% de votos válidos en la elección (Cámara de Representantes o Senado)

Costa Rica

Obtener un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas para la inscripción del partido (3000 en el caso de las elecciones nacionales)

Ecuador

5% de los votos válidos

El Salvador

3% de la votación

Guatemala

5% de los votos válidos,u obtener representación congresional

Honduras

2% de los votos válidos, u obtener un diputado

México

2% de la votación

Nicaragua

4% de los votos válidos

Panamá

4% de los votos válidos, de cualquiera de las cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de Corregimiento)

Paraguay

1% de los votos válidos, emitidos en cada una de las dos elecciones pluripersonales

Perú

5% del total de votos, u obtener representación parlamentaria

R. Dominicana

2% de los votos válidos, u obtener representación congresional

Uruguay

Al menos llegar al cociente de representación (500 votos)

Venezuela

1% de los votos emitidos (o la inscripción debe renovarse)

En otras naciones que gozan de un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional, sostienen porcentajes más altos que nuestro país.

Así, por ejemplo, el porcentaje requerido para sostener el registro de partidos políticos en Alemania es del 5 por ciento,en España, Japón e Italia, entre otros, es del 4 por ciento.

Un porcentaje tan limitado como el que en México se tiene (del 2 por ciento) incentiva la creación de partidos políticos, sin una verdadera y legítima representación popular, además de que resulta exigua como filtro de aquellas agrupaciones políticas convertidas en entes públicos al servicio de una sola persona o pequeño grupos de personas sin un interés verdadero en el beneficio social.

Si bien es cierto que un porcentaje tan bajo como el vigente en nuestro paíspuede tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún sector de la población.

Cabe señalar que del año dos mil al año dos mil doce, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, sólo 7 conservan su registro.2

Como se puede apreciar, el porcentaje del 2 por ciento, ha sido útil para revocar el registro a partidos que no aportan en términos de representatividad. A pesar de ello, nuestro sistema político ha consentido la permanencia de otros institutos políticos “económicamente” rentables a pesar de tener una lacónica contribución en términos de representatividad”.3

Consecuentemente aumentar el porcentaje de votos mínimos necesarios, sortea la existencia de partidos políticos hondamente pequeños y que pulverizan en extremo la representación.

Como se puede apreciar, mediante la presente iniciativa se pretende vigorizar el sistema de partidos políticos en México, y estimular la aparición de organizaciones políticas que representen los intereses de un sector amplio de la población, y con ello, evitar la existencia de partidos meramente oportunistas y fomentar actitudes políticas responsables al interior de los órganos de gobierno, principalmente en los órganos legislativos.

He decidio impulsar esta propuesta, que tiene un antecedente similar en una iniciativa presentada en el año 2009 por el Presidente de la República, por las importantes mejoras que ofrece al sistema de partidos en México.

En mérito de lo anterior, proponemos reformar el párrafo primero de la fracción I del artículo 41 y la fracción II del artículo 54, ambos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar el porcentaje mínimo para sostener el registro como partido político del dos al cuatro por ciento,en la votación de las elecciones federales ordinarias, que deberán obtener los partidos políticos y de ese modo elevar a rango constitucional este requisito.

Lo anterior se propone para garantizar una mayor representatividad y legitimación a los partidos políticos, ya que actualmente sólo se solicitael dos por ciento de la votación para conservar el registro como partido político.

En este sentido, proponemos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, mediante diversa iniciativa adicionalmente reformar y adicionar los artículos 12, numeral 2; artículo 18, numeral 1, inciso b; artículo 32, numeral 1 y numeral 3; y artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y para fortalecer y blindar el aumento en el porcentaje, ya que estos dispositivos tambiéncontemplan el porcentaje requerido para sostener el registro en comento.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO. Se reforma el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; la fracción segunda del artículo 54, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 41.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Al partido político nacional que no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro correspondiente.

II. …

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, en términos de la fracción anterior, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

II. Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2012.

Atentamente

LOS QUE SUSCRIBIMOS LA INICIATIVA DE MERITO CON “AVAL DE GRUPO” EN HOJA ANEXA AL PRESENTE”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Tomado de Daniel Zovatto, “Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada”, en Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- IDEA Internacional, 2008 [1era. ed. 2006], p166.

2Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impactode la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

3Aparicio, Javier. «¿Cómo se financian los partidos políticos en México?» marzo de 2006.

http://investigadores.cide.edu/aparicio/FinanPartidosMex_4.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

También se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTICULO 12, NUMERAL 2; EL ARTICULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; EL ARTICULO 32, NUMERALES 1 Y 3; Y EL ARTICULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

“CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión,a nombre propio y con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTICULO 12, NUMERAL 2; ARTICULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; ARTICULO 32, NUMERAL 1 Y NUMERAL 3; Y ARTICULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C; DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; al tenor dela siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La democracia en nuestro país, se traduce a través de los partidos políticos y finalmente se materializa en una primera fase, mediante los comicios periódicos y en una segunda, mediante la ocupación de cargos de elección popular emanados de procesos electorales, en esta tesitura, se hace necesario, establecer mecanismos eficientes a fin de hacer patente dogmáticamente la participación libre del pueblo en las decisiones electorales para renovar a las autoridades y diversos entes de la administración pública.

En este contexto, la participación democrática del pueblo, es fundamental para hacer que rija una filosofía o un postulado de gobierno que emane de un partido político, con determinada doctrina o forma de pensamiento sobre el manejo de las políticas públicas.

Las reglas paraproceder conforme a los principios rectores de la materia electoral que son el de certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad que encuentran su fundamento constitucional en los artículos 41 fracciones I, II y IV y la fracción IV inciso g) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran vigentes y resguardados en los distintos ordenamientos jurídicos de naturaleza electoral que a nivel federal rigen en la nación.

Tomando como base los principios anteriormente indicados y la necesidad de la implementación de mecanismos que permitan el desarrollo pleno de la democracia, estimo que resulta atinente, que los partidos políticos como hilo conductor de la democracia, se rijan siempre bajo condiciones que permitan evaluar su eficacia y vigencia por cuanto a la opción política que representan.

Uno de los mecanismos que permite estimar si un partico político es considerado como una opción ciudadanalegítima de representación, es la necesidad de obtener un porcentaje mínimo del 2% del total de la votación obtenida para conservar su registro.

El espíritu de este requisito, tiene dos vertientes, por un lado legitimar la existencia de un instituto político con base en la estimatoria ciudadana, a través del porcentaje obtenido por el comicio público y por otro lado elverificar si el sostenimiento con financiamiento público, sigue siendo necesario para hacer que prevalezca como oferta, la opción política que representa un determinado partido político.

En este orden de ideas, la que suscribe, mediante la presente iniciativa, hace una reflexión sobre el particular asunto, a fin de replantear el actual requisito del porcentaje para el sostenimiento del registro de un partido político.

En tal tenor, con base en antecedentes históricos que nos dan cuenta de la necesidad de evitar que la creación de un partido político pudiera constituir un botín o un instrumento de utilización personal o mezquino de prevalencia en la vida pública a costas no de unadecisión legítima de la ciudadanía, sino de una argucia que obedece sólo a intereses particulares o de pequeños grupos de personas, que a sabiendas de que no prosperará la oferta política que representa el instituto político al que pertenecer o que hicieron surgir, inducen arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria e inadecuada y peor aún a costas del erario público que permite el financiamiento de los partidos políticos por pequeños que estos sean.

Aunado a lo anterior y para robustecer los argumentos esgrimidos, vale la pena revisar, los porcentajes que se solicitan en América Latina para la existencia de partidos políticos en distintos países a fin de contrastar lo que sucede en aquella región, en relación con lo que sucede en nuestro país.

A continuación se presenta una tabla que refiere la situación en América Latina1:

País

Mínimo requerido

Argentina

No regulado[Para la inscripción inicial se requiere que la cantidad de miembros sea al menos 4% de los votantes registrados, hasta un millón, en al menos 5 distritos]

Bolivia

3% de votos válidos

Brasil

No regulado[Para la inscripción inicial se requiere ganar al menos 0.5% de los votos en la última elección legislativa nacional, descontado nulos y en blanco, y con un mínimo de 0.1% de los votos distribuidos en al menos un tercio de los estados]

Chile

5% de votos válidos, a menos que elija cuatro parlamentarios en cada una de las dos últimas elecciones pluripersonales

Colombia

2% de votos válidos en la elección (Cámara de Representantes o Senado)

Costa Rica

Obtener un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas para la inscripción del partido (3000 en el caso de las elecciones nacionales)

Ecuador

5% de los votos válidos

El Salvador

3% de la votación

Guatemala

5% de los votos válidos,u obtener representación congresional

Honduras

2% de los votos válidos, u obtener un diputado

México

2% de la votación

Nicaragua

4% de los votos válidos

Panamá

4% de los votos válidos, de cualquiera de las cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de Corregimiento)

Paraguay

1% de los votos válidos, emitidos en cada una de las dos elecciones pluripersonales

Perú

5% del total de votos, u obtener representación parlamentaria

R. Dominicana

2% de los votos válidos, u obtener representación congresional

Uruguay

Al menos llegar al cociente de representación (500 votos)

Venezuela

1% de los votos emitidos (o la inscripción debe renovarse)

En otras naciones que gozan de un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional, sostienen porcentajes más altos que nuestro país.

Así, por ejemplo, el porcentaje requerido para sostener el registro de partidos políticos en Alemania es del 5 por ciento,en España, Japón e Italia, entre otros, es del 4 por ciento.

Un porcentaje tan limitado como el que en México se tiene (del 2 por ciento) incentiva la creación de partidos políticos, sin una verdadera y legítima representación popular, además de que resulta exigua como filtro de aquellas agrupaciones políticas convertidas en entes públicos al servicio de una sola persona o pequeño grupos de personas sin un interés verdadero en el beneficio social.

Si bien es cierto que un porcentaje tan mínimo como el vigente en nuestro paíspuede tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún sector de la población.

Cabe señalar que del año dos mil al año dos mil doce, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, sólo 7 conservan su registro.2

Como se puede apreciar, el porcentaje del 2 por ciento, ha sido útil para revocar el registro a partidos que no aportan en términos de representatividad. A pesar de ello, nuestro sistema político ha consentido la permanencia de otros institutos políticos “económicamente” rentables a pesar de tener una lacónica contribución en términos de representatividad”.3

Consecuentemente aumentar el porcentaje de votos mínimos necesarios, sortea la existencia de partidos políticos hondamente pequeños y que pulverizan en extremo la representación.

Una fragmentación hincha, diluye el compromiso de actitudes no Cooperativas en los órganos legislativos.

Como se puede apreciar, mediante la presente iniciativa, se pretende vigorizar el sistema de partidos políticos en México, y estimular la aparición de organizaciones políticas que representen los intereses de un sector amplio de la población, y con ello evitar la existencia de partidos meramente oportunistas y fomentar actitudes políticas responsables al interior de los órganos de gobierno, principalmente en los órganos legislativos.

Esta propuesta tiene como antecedente la que fue presentada en el año 2009 por el Presidente de la República, es importante insistir en dicha reforma por las importantes mejoras que ofrece al sistema de partidos en México.

En mérito de lo anterior, proponemos reformar los artículos 12, numeral 2; artículo 18, numeral 1, inciso b; artículo 32, numeral 1 y numeral 3; y artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de elevar el porcentaje mínimo, para sostener el registro como partido político del dos al cuatro por ciento,en la votación de las elecciones federales ordinarias, que deberán obtener los partidos políticos.

Lo anterior se propone para garantizar una mayor representatividad y legitimación a los partidos políticos.

En este sentido, y a efecto de armonizar todo el sistema jurídico en este tópico, proponemos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, mediante diversa iniciativa, adicionalmentereformar y adicionar el párrafo primero de la fracción I del artículo 41 y la fracción II del artículo 54, ambos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ese modo elevar a rango constitucional, el aumento del porcentaje requerido para sostenimiento del registro de los partidos políticos.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, EL ARTICULO 12, NUMERAL 2; ARTICULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; ARTICULO 32, NUMERAL 1 Y NUMERAL 3; Y ARTICULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C; DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO. Se reforman los artículos 12, 18, 32, 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

Artículo 12

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el cuatro por ciento y los votos nulos.

Artículo 18

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el cuatro por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

Artículo 101

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario;

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el cuatro por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código;

c) No obtener por lo menos el cuatro por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2012.

Atentamente

LOS QUE SUSCRIBIMOS LA INICIATIVA DE MERITO CON “AVAL DE GRUPO” EN HOJA ANEXA AL PRESENTE”.

1 Tomado de Daniel Zovatto, “Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada”, en Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- IDEA Internacional, 2008 [1era. ed. 2006], p166.

2Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impactode la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

3Aparicio, Javier. «¿Cómo se financian los partidos políticos en México?» marzo de 2006.

http://investigadores.cide.edu/aparicio/FinanPartidosMex_4.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

La iniciativa inscrita por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA UN ARTICULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Atendiendo a la necesidad de sancionar el incremento del uso de armas de fuego exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, los legisladores federales establecieron en el artículo 83 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sanciones a quienes posean este tipo de armamento.

En el artículo 83 Quater los legisladores establecieron sanciones para quienes posean cartuchos en cantidades mayores a las permitidas para las armas de fuego exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Sin afán de entrar en polémica hemos de reconocer que en los últimos años la capacidad de fuego de la delincuencia organizada se ha incrementado de manera considerable, con lo que desafían el monopolio del estado en el uso de la fuerza pública.

Para cometer este desafío han hecho acopio de importantes cantidades de armas de fuego exclusivos del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cartuchos para dichas armas y de un elemento indispensable y fundamental: cargadores.

Los cargadores son dispositivos impulsores y de almacenamiento de municiones para armas cortas o largas. Son un elemento indispensable y estratégico al momento de un enfrentamiento.

Según el documento Logros de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en julio del 2012, en lo que va de la actual administración federal, esta dependencia aseguró 12 millones 100 mil cartuchos de diferentes calibres, pero no se da cuenta de la cantidad de cargadores asegurados.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el documento Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la Policía Federal menciona que del 2007 al 2011 lograron asegurar 33 mil 374 cargadores y 1 millón 642 mil 158 cartuchos.

Cada que las fuerzas del orden público mexicano lograron la detención de algún integrante de la delincuencia organizada, sin importar su jerarquía, estos detenidos no sólo con armas de fuego y municiones, también con importantes cantidades de cargadores, generando con ello una autentica y evidente puesta en peligro a la sociedad en general.

POR LO ANTERIOR ME PERMITO SOMETER A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTICULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO.- SE ADICIONA UN ARTICULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 83 Quintus.- Al que posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se le sancionará con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 23 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

¿Con qué propósito, Senador Torres Corzo?

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para hacer una consulta sobre un procedimiento que es de interés para esta Cámara, solicito me conceda el uso de la palabra.

- El C. Presidente Burgos García: Desde su escaño, si fuera tan amable, Senador Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Con mucho gusto.

No hemos recibido respuesta por parte del Ejecutivo Federal a las preguntas parlamentarias motivo del Sexto Informe de Gobierno.

El Senado preguntó y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Con esto me refiero, específicamente, a las preguntas parlamentarias realizadas al Presidente de la República con motivo del Sexto, y último, Informe de Gobierno.

El pasado 25 de septiembre este Pleno votó y aprobó las preguntas que fueron enviadas al Poder Ejecutivo y hasta el día de hoy no hemos encontrado ningún pronunciamiento ante este hecho, y mucho menos una respuesta clara y contundente.

No podemos olvidar que el Senado de la República tiene que saber y tiene que entender para responder frente a la ciudadanía.

El Senado quiere saber sobre la estabilidad, la seguridad, el bienestar. Queremos conocer la realidad acerca de cada uno de los temas que involucran la vida pública de México.

Compañeras y compañeros Senadores, yo los invito a que fortalezcamos nuestros ejercicios democráticos. Y yo espero que mis amigos, las señoras y señores Senadores del PAN, se sumen a esta petición de las respuestas a las que tenemos derecho. Esto sería también un ejercicio democrático de parte de todos los Senadores.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Torres Corzo, respondo a su consulta.

Efectivamente, hoy por la mañana fue tratado del tema en la reunión previa de Mesa Directiva. Estamos proponiendo un acuerdo de Mesa Directiva del Senado que traeremos a consideración de este Pleno en la próxima sesión.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido al escaño del Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Dejar de manifiesto la preocupación por parte de todo el grupo parlamentario del Partido Verde. Son necesarias indispensables las contestaciones a las preguntas parlamentarias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Tomemos nota, y el martes traeremos la propuesta a consideración del Pleno.

Muchas gracias.

Compañeros senadores, conforme al acuerdo adoptado por esta Mesa Directiva en su reunión del pasado 18 de octubre, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del Presupuesto de Egresos para el 2013.

Esta Mesa Directiva agradece a los Senadores proponentes su comprensión para que estas peticiones puedan ser turnadas directamente a la Colegisladora, porque ahí deben tener su resolución.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a esas proposiciones.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados:

De los Senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González Canto, Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a aumentar las partidas presupuestales del Fondo Regional, del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y del Fondo Metropolitano. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Desarrollo Regional del Senado, el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE AUMENTEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO REGIONAL, DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS Y DEL FONDO METROPOLITANO

“Los que suscriben, SenadoresRenE JuArez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel PErez Magaña, FElix GonzAlez Canto,Armando Ríos Piter, Angel Benjamín RoblesMontoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la presente:

Exposición de motivos

Los legisladores sabemos que las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa capacidad competitiva de las distintas regiones de México, requieren estrategias adaptadas a su tipología con modelos específicos de desarrollo particular, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas.

Asimismo, reconocemos que las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo cual es necesario replantear opciones que incidan en un federalismo más vigoroso a través de distintos instrumentos de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales y microrregionales, cooperación administrativa y financiera.

Es por ello importante hacer una revisión del esquema fiscal centralizado y los instrumentos institucionales aplicados desde la federación, así como considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la modernización del país, en función de una estrategia integral de descentralización de decisiones, desconcentración de la actividad económica y promoción del desarrollo urbano estatal y municipal.

Los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacióndeben impactar en el desarrollo regional en beneficio de los habitantes. Por ello, es necesario fortalecerlos y redimensionarlos desde una concepción de mediano y largo plazos desde la visión multianual del presupuesto.

En este sentido, consideramos que la participación del Congreso en la elaboración y presupuestación de las estrategias de desarrollo regional es vital, pues contribuye positivamente a una estrategia integral para incorporar diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia ofrece una ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno.

Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra, al interior del país, grandes disparidades entre sus regiones, de tal forma que los centros regionales más dinámicos en el norte del país son los que atraen las inversiones privadas y extranjeras, mientras que en el sur, las entidades que se caracterizan por sus altos niveles de pobreza y marginación, se mantienen en esa condición.

Aquí se enmarca la región Sur-sureste de México, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, que refleja un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte del país.

Esta región abarca el 25.7% de la superficie del territorio mexicano; alberga el 28.2% de la población nacional y representa el 73% de la población que habla lengua indígena de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010.

El PIB per cápita de la región sur sureste es de 2,336 dólares, lo que contrasta con los 4,199 dólares que se captan en el resto del país. Las exportaciones de la parte norte alcanzan el 94% del total nacional, en tanto que el sureste apenas exporta el restante 6%, básicamente del sector primario, a pesar de constituir la base energética nacional.

Conviene recordar que en la región abundan los recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos y la hidroelectricidad, además de su vasta biodiversidad.

Los senadores promoventes consideramos que a pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de desarrollo regional, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar el desarrollo integral de las diversas regiones del país, son recursos presupuestales suficientes, participación social y, sobre todo, voluntad política.

La experiencia nos muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas regionales son los que menor gasto de operación representan y que mayor impacto socioeconómico logran de manera focalizada en las regiones con mayores carencias, así como en las zonas metropolitanas con mayor posibilidad de desarrollo.

En tal sentido, nos hemos planteado redimensionar el desarrollo de la Región Sur-sureste, por lo cual proponemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se fortalezcan las partidas presupuestales del Fondo Regional (Fonregión) y del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), y se priorice a los estados más pobres del país, atendiendo las particularidades de las microrregiones al interior de las entidades federativas. Asimismo, se incremente el Fondo Metropolitano a fin de considerar las 56 zonas metropolitanas del catálogo elaborado bajo criterios establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

En virtud de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se aumentenlas partidas presupuestales del Fondo Regional (FONREGIÓN), del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y del Fondo Metropolitano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Humberto Mayans Canabal.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Félix González Canto.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Roberto Albores Gleason.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Zoé Robledo Aburto”.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a contemplar la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque “La Primavera”. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE CONTEMPLE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ELFONDO DE PROTECCION, RESTAURACION, CONSERVACION Y VIGILANCIA DEL BOSQUE LA PRIMAVERA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
P R E S E N T E

COMPAÑEROS SENADORES:

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El bosque “La Primavera”, ubicado en el Estado de Jalisco; cuenta con aproximadamente 140 mil años de existencia, es la más grande reserva ecológica cerca del Área Metropolitana de Guadalajara; ha sobrevivido miles de años a múltiples circunstancias adversas, sin embargo, se ha visto disminuido ante la acción de los humanos, que no queremos aprender la lección sobre la gran importancia que tiene cuidarlo y conservarlo.

Ello, porque el Bosque La Primavera es el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, por ser el más cercano a la ciudad, localizándose al poniente de la misma.

Por su riqueza y valor, el Bosque La Primavera es considerado como una corriente de bienes y servicios ambientales por el grado de conservación de su macizo boscoso. Funciona como hábitat crítico para especies de flora y fauna representativa de la región, reservorio genético y corredor biológico, asimismo representa valores escénicos y paisajísticos de vital trascendencia que permiten la generación de oportunidades para la implementación y desarrollo de actividades de recreación y ecoturismo, además resumiendo representa:

Hábitat para especies de flora y fauna silvestres

Protección de Cuencas

Protección contra la erosión, deslaves y control de la sedimentación

Mantenimiento de la diversidad faunística y florística y patrimonio genético

Continuidad de los procesos evolutivos

Campo para la investigación científica y tecnológica

Regulación del Clima

Captación, infiltración, transporte y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas

Oportunidad para la recreación y el turismo

Soporte de valores escénicos y paisajísticos

En cuanto a la Flora, dentro de La Primavera los tipos predominantes de vegetación son: Bosque de encino, (Quercus), Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus), Bosque de pino (Pinus), Bosque tropical caducifolio; existen 5 diferentes especies de pinos y 11 especies de encinos, la altura promedio es entre 5 y 15 metros de altura, también existen tres comunidades vegetales; Rupicula aquellas plantas que se desarrollan sobre las rocas; Ruderal se establecen principalmente en la apertura de caminos y áreas de cultivo y Riparia aquella que se establece en los márgenes de los ríos, arroyos permanentes y temporales. Además existe una gran diversidad de plantas. Estudios preliminares sobre la flora reportan la presencia de nueve especies de plantas endémicas de Jalisco. En promedio 795 especies de plantas, 255 de hongos, cada una de estas cumplen funciones muy importantes para el equilibrio ecológico de la zona.

La fauna que podemos encontrar en el Bosque La Primavera de acuerdo a los resultados de los últimos inventarios son: 222 especies animales clasificados como sigue:

7 de peces, su principal característica es que se encuentran en aguas termales del río caliente.

9 de anfibios, ranas, sapos, tortuga común, lagartija lisada, negra y cola azul.

32 de reptiles, entre ellos falsa coralillo, víbora de cascabel, chirrionera, culebra de agua, alicante o cincuenta.

162 de aves entre los que encontramos el pájaro carpintero, aguililla cola roja, pájaro péndulo.

38 de mamíferos entre ellos el puma, venado cola blanca, coyote, tejón, armadillo, zorra gris, cacomixtle, comadreja, mapache.

Razones dadas y más, por las que el 6 de marzo de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto en el que por causas de interés público se establece Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como "La Primavera" que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 hectáreas, en su mayoría de propiedad particular(50% particulares, 35% propiedad ejidal y 15% propiedad estatal), en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco, en el Estado de Jalisco.

Luego, con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado el día siete de diciembre de 1995, entre la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca SEMARNAP y el Gobierno del Estado, se transfirió la administración del Área de Protección de Flora y Fauna “Bosque La Primavera” al Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que, en 1996 se creó el Comité Técnico para la Administración del Área de Protección de Flora y Fauna de esta zona. Asimismo, en febrero de 1997 entró en funciones la Dirección Ejecutiva del Bosque La Primavera, dependiente del Comité Técnico, como responsable de ejecutar los acuerdos del comité y de las obligaciones inherentes a la protección del Bosque.

En ese mismo año se constituyó el fideicomiso para la administración, restauración, conservación y vigilancia del Bosque de la Primavera.

Para dichas labores, el fondo ha contado con el apoyo económico de diversas instancias, entre otras, además de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco (SEDER), de parte de los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tala, Tlajomulco, Tlaquepaque y la Secretaría de Turismo (SETUR).

Recursos económicos que lastimosamente resultan INSUFICIENTES.

Este año se presupuestó para el fideicomiso del Bosque La Primavera, la cantidad de 7 millones de pesos. Más las aportaciones de los municipios, aun con las cuales, difícilmente llegaría a los 12 millones de pesos. Lo que resulta indignante, considerando las necesidades para el Bosque.

El asunto cobra mayor relevancia, si consideramos que en tales necesidades, de manera preponderante se encuentra la de defenderlo de las amenazas que pesan sobre él, amenazas que en una panorámica enunciativa podemos mencionar las siguientes:

Incendios forestales.

Vertederos de basura clandestinos.

Invasiones y edificaciones ilegales.

Especulación Urbanística.

Cazadores furtivos.

Tala indebida.

Como muestra de la gravedad, es de destacar que el Bosque La Primavera ha padecido sus peores incendios en los últimos siete años y tardará 20 años en recuperarse, según afirman investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Visitas con alguna acción imprudente como un cigarrillo o una fogata mal apagada, y quemas agrícolas que se salen de control, coadyuvan a los incendios forestales. Las invasiones se inician cuando alguien se instala en algún predio para tratar de adjudicárselo. En otros de los casos, se realizan edificaciones en las inmediaciones y en el corazón del bosque, lo que da idea de la eficiencia y dificultad en la vigilancia, puesto que los materiales y la mano de obra logran ingresar sin ser detectados de manera oportuna. Por si fuese poco, se han detectado al menos 12 vertederos clandestinos de basura y animales muertos.

Luego, algunas amenazas se combinan peligrosamente, como los incendios forestales y la especulación urbanística, como se presume fue el objetivo del peor incendio sufrido por el Bosque desde el año 2005. El siniestro tuvo lugar el pasado 21 de abril, el cual a 72 horas había consumido alrededor de siete mil hectáreas. Primero se pensó que una quema de basura se había salido de control, después ya se hablaba de la posibilidad de un ataque deliberado. Saldo final, más de ocho mil hectáreas de bosque consumidas por el fuego.

Las necesidades del Bosque La Primavera son muchas, de entrada se requiere contar con mayor número de personal y más capacitado, adiestramiento constante, equipo y capacidad de respuesta. Además, debido a los graves daños sufridos con el incendio de abril pasado, se requiere la rehabilitación de la zona quemada, la que llevará varios meses tan solo un su primer etapa.

La Dirección a cargo del Bosque La Primavera cuenta con aproximadamente 38 personas para las labores operativas, entre brigadistas, guardabosques, vigilantes y jefes de brigada, para más de 30 mil hectáreas.

Lamentablemente sin dinero, el panorama luce bastante complicado para los responsables de contrarrestar todas estas acciones que afectan al área natural protegida. Deviene urgente el fortalecer un esquema para el manejo del bosque, al que le faltan muchos recursos y al que casi nadie le inyecta dinero.

Todo esfuerzo y aportación es indispensable, no sólo por parte del Gobierno o los municipios del Estado de Jalisco, los apoyos que puedan conjuntarse para fortalecer el financiamiento encaminado al cuidado del Bosque La Primavera son imprescindibles; pues la falta de recursos ha sido un factor que ha limitado las posibilidades de otorgarle la protección debida.

Convergencia de esfuerzos y aportación de recursos que debieran ser fortalecidos por el gobierno federal, en congruencia con el Objetivo 3 “Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México” del Eje 4 “Sustentabilidad Ambiental”, del Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, hablando de recurso federales, por lo que respecta a la parte presupuestal, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, debe ser aprobado por la colegisladora a mas tardar en el mes de diciembre del actual, tomando en cuenta que se trata de un año de inicio de sexenio; por lo que en esa fase de estudio y dictaminación, muy oportuno sería contemplar la asignación de recursos a través de una partida ex profeso para ser aportados al Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera.

Así, la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra Colegisladora, a efecto de que en el proceso de análisis, integración y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se contemple la asignación de recursos federales destinados a la protección del Bosque la Primavera, independientemente de que se encuentre en administración del Estado, pues no hay que olvidar que la declaratoria de protección es federal; además de la importancia nacional que reviste y más, al contar con la designación internacional como Reserva de la Biosfera de vital importancia para la regulación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara.

Recursos que se propone cuando menos en una cantidad igual a la que actualmente pueda disponer el referido fondo, esto es, de 12 millones de pesos, cantidad que en nada impacta al presupuesto de egresos, pero que gratamente sí pueden significar un mejor escenario de defensa al Bosque La Primavera.

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se contemple la asignación de recursos por cuando menos 12 millones de pesos, para ser aportados al Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del “Bosque La Primavera”, ubicado en las inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, actualmente con administración por acuerdo de coordinación, a cargo del Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de octubre de 2012.

Suscribe

Senador Jesús Casillas Romero”.





 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, los recursos necesarios para la construcción de 3 hospitales materno-infantiles en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Salud del Senado, el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados, el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES HOSPITALES MATERNO-INFANTILES EN CIUDAD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO DE JUAREZ; EN ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y EN LA ZONA DEL ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO

Los suscritos, RENE JUAREZ CISNEROS; SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ y ARMANDO RIOS PITER, Senadores de la República a la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el estado de Guerrero prevalecen marcados desequilibrios regionales, un alto grado de dispersión en la mayoría de sus localidades y una considerable concentración poblacional en zonas riesgosas, lo cual provoca cambios demográficos, socioeconómicos e incluso genera problemas epidemiológicos que inciden directamente en la salud de la población.

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio de sus derechos, es el derecho a la salud.

En nuestra entidad, el acceso a la salud de sus mujeres y los menores lamentablemente no ha sido satisfecho como se quisiera. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el nivel de mortalidad materna está muy por arriba del promedio nacional: 128 muertes por cien mil nacimientos, mientras que a nivel nacional es de 60.

A diferencia de otras entidades donde más del 80% de las mujeres atienden sus partos en hospitales o clínicas, en Guerrero las mujeres accedieron a estos servicios de salud solamente en un 57.2% en el año 2006.

Si bien es cierto que la mortalidad principal es por motivos relacionados por el embarazo, el cáncer cérvico uterino es, sin duda alguna, uno de los principales rezagos en salud que afecta particularmente a la población con menor desarrollo económico y humano. Actualmente, el cáncer cérvico uterino constituye la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. En nuestra Entidad ocurre una muerte cada tercer día por esta causa, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia social.

De igual manera, los cambios en los modos de vida, algunas enfermedades no transmisibles como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y otras enfermedades crónicas y degenerativas, han llegado a ser más comunes entre las mujeres de edad.

La mortalidad materna en Guerrero representa un problema multifactorial de salud pública, relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de salud, y con factores socioeconómicos y culturales. Es de mencionar que en Guerrero existen solamente dos hospitales de especialidades para la mujer y los menores: el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo.

En nuestra consideración, resulta indispensable mejorar la atención de las mujeres en edad fértil, pues en Guerrero un ginecólogo especialista debe tratar a más de 4,132, cuando el promedio general en el país es de un ginecólogo por cada 2,414 mujeres.Incluso, de manera más precisa, en la Montaña de Guerrero un solo ginecólogo atiende a 17,654 mujeres en edad fértil, así que por cada 5 ginecólogos hay 88,277 mujeres que necesitan este servicio de salud.

No obstante los avances obtenidos, se requiere una mayor cobertura en infraestructura hospitalaria en nuestro estado, sobre todo, en la atención a las mujeres y los menores.

En Acapulco, existe la zona conocida como Ciudad Renacimiento, que a lo largo del tiempoha experimentado un desarrollo desigual y excluyente; así como en las zonas marginadas de Zihuatanejo y en la zona del Alto Balsas, donde el deterioro ambiental y la contaminación son consustanciales a la escasez de servicios y a la presencia de pobreza.

De ahí, nuestra propuesta por construir centros hospitalarios Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; como en Zihuatanejo de Azueta, así como en la zona del Alto Balsas.

Se pretende que cada centro hospitalario cuente con las siguientes unidades de atención médica: consulta externa, quirófanos, banco de sangre, ultrasonografía, medicina preventiva, tococirugía, electrocardografía, unidad de cuidados intensivos, laboratorio, urgencias, anatomía patológica y radiología.

El establecimiento de estos centros hospitalarios propiciaría la disminución de la mortalidad infantil, y atendería a la población durante la etapa prenatal, de lactancia, desarrollo y crecimiento; por tratarse de zonas donde confluyen habitantes de todo el estado, con eficientes vías de comunicación y de servicios.

De ahí la necesidad de estos hospitales, para que con equipamiento y personal especializado brinden atención integral al binomio madre-hijo no sólo en el embarazo, parto y puerperio, sino en el desarrollo del niño hasta la edad de cuatro años, con el propósito de que nuestras nuevas generaciones gocen de salud para enfrentar las siguientes etapas de sus vida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter”.





 

Del Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el sector pesquero nacional e incrementar los subsidios del diesel marino y gasolina ribereña. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR PESQUERO NACIONAL E INCREMENTAR LOS SUBSIDIOS AL DIESEL MARINO Y GASOLINA RIBEREÑA, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013

“El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX; 109, 110 y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés, FAO), apunta que el sector pesquero mundial de nuestro país ocupa el décimo octavo lugar, muy por debajo de sus similares latinoamericanos como Chile, que se ubica en la posición número siete y Perú que ocupa el segundo lugar de producción.

El volumen de captura en México es de 1.6 millones de toneladas, cifra mucho menor que Chile y Perú; éste último promedia 7.2 millones de toneladas con sólo 3 mil km de litorales y menor diversidad.

Por otro lado, la acuacultura ha presentado una tasa de crecimiento promedio de 3.24% durante los últimos diez años y en volumen representa el 16.71% de la producción pesquera nacional para el año 2010. Es decir, cada año se reduce la producción pesquera en nuestros mares.

En la República Mexicana se tienen los elementos base para ser una potencia en el sector pesquero, cuenta con 11,592 kilómetros de litoral, de los cuales 8,475 corresponden al Pacífico y 3,117 al Golfo de México, Mar Caribe e Islas; su plataforma continental es de aproximadamente 394,603 km², siendo mayor en el Golfo de México; además cuenta con 12,500 km² de lagunas costeras y esteros disponiendo de 6,500 km² de aguas interiores, tales como: lagos, lagunas, represas y ríos.

Lamentablemente este sector se encuentra estancado y subutilizado.

De acuerdo con las series estadísticas de la SAGARPA, la población registrada en la captura y acuacultura; es decir, la población ocupada en el sector pesquero en los últimos diez años se ha mantenido estática, al pasar de 268 mil pescadores en 2001 a 271 mil pescadores en 2011.

Lo anterior, significa un crecimiento ínfimo, por decir lo menos, de tan sólo 3 mil habitantes incorporados a este sector en una década.

En cuanto a la producción pesquera nacional, las cifras mantienen el mismo tenor. En la última década la producción pesquera nacional, a pesar de su potencial, pasó de 1.5 millones de toneladas en 2001 a 1.6 millones de toneladas en 2011. En términos llanos, en diez años la producción se incrementó el 6.25%.

Pese a este panorama, en una acción contradictoria y regresiva, la actual administración disminuyó significativamente los recursos para diferentes esquemas de apoyo pesquero, para el 2012, en comparación con lo presupuestado en 2011; además de mantener sin incrementos sustanciales a programas de suma importancia para este sector.

Se registraron las siguientes reducciones:

• Ordenamiento Pesquero y Acuícola con 275 millones menos; disminución del 91.9%.

• Inspección y Vigilancia Pesquera con 20 millones menos; disminución del 22.7%

• Disminución del esfuerzo Pesquero con 150 millones menos; disminución del 61.4%.

• Modernización de la Flota Pesquera con 70 millones menos; disminución del 12.9%.

• Diesel Marino con 50 millones menos; disminución del 7.6%.

Programas sin incrementos y con recursos insuficientes:

• Infraestructura Pesquera y Acuícola, con 340 millones.

• Desarrollo de Mercados para Acuicultura y Pesca, con sólo 15 millones.

• Gasolina Ribereña, con 150 millones.

Por ello, es necesario revitalizar a este sector económico tan importante para el país que, por su gran potencial, puede generar la riqueza y la subsecuente derrama de empleos que urgente mente necesitamos.

Para lograrlo, es necesario abonar esfuerzos conjuntos que permitan al sector pesquero y de todos aquellos que participan de él, allegarse de los apoyos necesarios que les permitan desarrollar con éxito su actividad en beneficio de todos y de México.

No tengamos duda, que de darse estos incrementos, se contribuirá a mejorar los sistemas estales de pesca y fomentar la participación social y empresas locales para fomentar cadenas productivas y mayor mercado, que detonen mayor desarrollo y crecimiento de este sector.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, a incrementar sustancialmente los recursos para el sector pesquero nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

SEGUNDO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para duplicar los recursos asignados a los programas de Diesel Marino y Gasolina Ribereña dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, respecto de lo presupuestado en el año inmediato anterior.

Senado de la República, a 23 de octubre de 2012.

Sen. Oscar Román Rosas González”.





 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Cultura, con punto de Acuerdo por el que se solicita asignar para el sector cultural de nuestro país recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE ASIGNEN PARA EL SECTOR CULTURAL DE NUESTRO PAIS RECURSOS POR UN MONTO QUE RESULTE EQUIVALENTE EN TERMINOS REALES, A LOS QUE LOGRARON CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Los suscritos, BLANCA ALCALA RUIZ, JAVIER LOZANO ALARCON, VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS, DANIEL AMADOR GAXIOLA y MARIA MARCELATORRES PEIMBERT, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, eintegrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, así como el artículos 108 y 109, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, SE ASIGNEN PARA EL SECTOR CULTURAL DE NUESTRO PAIS, RECURSOS POR UN MONTO QUE RESULTE EQUIVALENTE EN TERMINOS REALES, A LOS QUE LOGRARON CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO; Y PARA QUE SE ADOPTEN LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA QUE SE ALCANCEN DE FORMA GRADUAL, MEDIANTE ASIGNACIONES ANUALES CRECIENTES, LOS NIVELES DE RECURSOS RECOMENDADOS POR LA UNESCO PARA ESE SECTOR.

CONSIDERACIONES

México está colocado en América Latina como el país con la mayor diversidad, riqueza y pluralidad por sus manifestaciones artísticas, arqueológicas e históricas; y se encuentra, a nivel mundial, entre las seis naciones más importantes por las aportaciones culturales que ha llegado a la humanidad; es importante destacar que a partir de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste, se han realizado esfuerzos en preservar, proteger y acrecentar ese vasto patrimonio que fue forjando desde la época precolombina, en las etapas colonial, independentista, posrevolucionaria y en tiempos más recientes.

Se trata de un acervo que se manifiesta en bienes culturales de diferente índole: 27 expresiones materiales que la UNESCO ha catalogado como patrimonio de la humanidad, entre las que se encuentran sitios arqueológicos prehispánicos, diez ciudades cuyos centros históricos han quedado inscritos en la lista del patrimonio mundial como es el caso de México, Xochimilco, Puebla, Zacatecas, Morelia y Guanajuato, o expresiones más modernas como el espacio arquitectónico que delimita al campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM y la misma casa del Arquitecto Luis Barragán en Tacubaya, de lo cual nos sentimos genuinamente orgullosos. Adicionalmente forman parte de ese caudal, bienes naturales como los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán, el de las Ballenas del Vizcaíno en Baja California Sur o la Reserva de Sian Ka'an en Quinta Roo; y, por supuesto otros bienes inmateriales que se derivan de ricas tradiciones nacionales como la gastronomía de nuestro país, la ceremonia de Los Voladores de Papantla y más recientemente, el Mariachi con su música de cuerdas, canto y trompetas; además de la obra de innumerables mexicanos universales como Diego Rivera, el Doctor Atl, Siqueiros, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes o Elena Garro, por citar algunos integrantes de la gran pléyade intelectual de nuestro país.

Nuestra identidad nacional forjada a lo largo de siglos, ha proyectado sin duda el perfil y rostro de nuestra patria en el orden internacional, generando valiosas aportaciones a la humanidad para el goce de otras culturas.

En este sentido cabe destacar que el análisis del patrimonio artístico, histórico y cultural registra cerca de 30 mil sitios arqueológicos, con evidencia de ocupación humana anterior a la conquista, arriba de 100 mil monumentos históricos, museos nacionales, regionales y locales; una vasta red de bibliotecas; obras y creaciones de nuestros artistas, arquitectos, escritores, músicos e intelectuales que ahondan en nuestras raíces, dan sentido a nuestra mexicanidad y marcan derroteros en perspectiva para asegurarnos viabilidad como nación en un mundo altamente globalizado e interdependiente.

La ruta emprendida para la conformación de ese rico acervo, para su exploración, registro, preservación y cuidados ha sido sin embargo tortuosa y no exenta de obstáculos como también lo fue de una parte, la que tuvo que recorrerse para ir acrecentándolo con las expresiones artísticas más modernas y contemporáneas incluso; pero de otra, la que hubo de transitarse para irlo haciendo asequible a un número cada vez mayor de mexicanos, para difundirlo y socializarlo al máximo de manera que pudiésemos sin asombro, entender nuestro presente a la luz de la forma en que se fue forjando nuestra historia en sus diferentes etapas recurriendo justamente a los códices, vestigios arqueológicos, palimpsestos, libros, monumentos históricos y museos que dan testimonio de ese pasado.

Se trata en la mayoría de los casos de bienes públicos, que han sido tutelados por el Estado Mexicano para el goce y disfrute de todos. Así lo concibieron quienes definieron su diseño institucional sobre todo desde las décadas que siguieron a la Revolución, generando instituciones como Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia; instituciones insignes ambas, que se conservan en nuestros días sin haberse desviado de la misión para la que se crearon, a las que habrían de sumarse otras como el Centro para la Cultura y las Artes, con sus diversas escuelas de música, cine, artes plásticas, danza, teatro, pintura; la Cineteca Nacional y CONACULTA, esta última con la misión de delinear la política pública, de coordinar al cúmulo de instituciones que conforman al sector, así como de socializar esas expresiones culturales a través del cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestros días.

En el balance cultura de nuestro país hay logros, sin embargo es evidente la necesidad de fortalecer la promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos para los mexicanos. Una reflexión adicional la constituye el papel de nuestras playas y riquezas naturales han recibido un fuerte impulso para atraer turismo, situación similar merece nuestro patrimonio histórico y artístico en el que tenemos gran potencial aun insuficientemente explorado. Lo anterior habrá que hacerlo, promoviendo el turismo cultural de formas económicas y ecológicamente sustentables; garantizando el derecho de acceso a la cultura haciendo de la inclusión social el centro de toda política pública; y fortaleciendo las industrias culturales para generar empleos y mayores oportunidades para los mexicanos.

Por lo anterior será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas expresiones.

En este sentido, es importante reconocer que los diputados de la pasada legislatura lograron para el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corre, un incremento en términos reales del seis por ciento en los recursos destinados a la cultura con respecto al año de 2011; se subraya este acuerdo, sobre todo porque se consiguió luego de que en los ejercicios precedentes se habían tenido mermas en la tendencia presupuestal con la que venía operando el sector.

Es por eso que a través de este Punto de Acuerdo apelamos a la responsabilidad y al compromiso de los diputados para que, aseguren un incremento presupuestal para el sector; y si materialmente no resulta posible un incremento presupuestal para las actividades artísticas y culturales en el Presupuesto de Egresos para 2013, se conserve al menos en términos reales, una vez descontado el índice inflacionario, el monto equivalente de recursos que se logró para este 2012.

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, queremos dejar constancia y solicitar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la necesidad de fortalecer al sector de la cultura y las artes que ha sido puntal en la historia de México y de nuestro acercamiento con otros pueblos en el mundo, y que deberá seguir jugando ese rol en perspectiva para conservar en él, el espacio que hemos logrado.

Hemos de señalar finalmente que, aun logrando para 2013 asegurar el monto presupuestal al equivalente que se consiguió para este año, estaremos muy lejos aún de la recomendación de la UNESCO de que se canalice para el sector cultural al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto. Esta debe ser en todo caso, la meta que hacia delante tenemos que plantearnos, para llegar a ella lo antes posible. Si bien de maneragradual, habrá que hacerlo con gran determinación y con un genuino compromiso, conocimiento y reconocimiento de lo que habrán de seguir significando para nuestro país la ampliación del patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico; la multiculturalidad; los intercambios con el mundo; la facilitación del acceso a la cultura a grupos sociales cada vez más amplios; la promoción de las artes y el apoyo indiscutible a los creadores.

Conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos al Pleno de esta Alta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asignen para el sector cultural de nuestro país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio de 2012.

SEGUNDO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de forma gradual, mediante asignaciones anuales crecientes, los niveles de recursos recomendados por la UNESCO de un uno por ciento del Producto Interno Bruto para el sector cultural.

México, Distrito Federal, a 18 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. María Marcela Torres Peimbert”.





 

Del Senador Daniel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a considerar y destinar mayores recursos para la Secretaría de Turismo. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE TURISMO

“El que suscribe, Senador Daniel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.

El cúmulo de recursos naturales, culturales e históricos que posee México es reconocido por diversos organismos nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México hoy es reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el décimo lugar como destino turístico a nivel internacional.

El potencial económico y de impulso al bienestar social del sector turístico en nuestro país queda claro si se analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Compendio Estadístico del Turismo en México 2011, durante 2010 las actividades relacionadas con el turismo alcanzaron 7.8% del PIB nacional, o 971 mil 868 millones de pesos, monto similar al PIB sumado de Aguascalientes, Guerrero, Durango, Morelos, Quintana Roo y Yucatán. Resalta también que en ese mismo año las actividades turísticas crearon 2 millones 450 mil empleos.

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido significativos; muestra de ello es que entre enero de 2007 y junio de 2012, durante la administración del Presidente Calderón, el ingreso de divisas por turismo internacional registró un aumento de 23%, equivalente a 68 mil 294 millones de dólares, respecto del mismo período de la administración anterior.

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. En 2011 alcanzamos una cifra histórica de llegadas de turistas nacionales, de 168.1 millones, lo cual representa un aumento de 4.4% frente a 2010; asimismo, los cuartos de hotel pasaron de 583 mil 731 en 2007 a 651 mil 160 en 2011.

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis mundiales, el turismo puede seguir creciendo hasta convertirse en el motor más relevante de nuestro desarrollo. Hoy en día, hay que recordarlo, esta actividad ya se ubica como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las remesas).

Pero podemos aspirar a mucho más. En este sentido, uno de nuestros retos será coadyuvar en la promoción de nuevas alternativas turísticas, tales como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritariamente indígenas, y preservar, al mismo tiempo, los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.

Finalmente, para fortalecer el sector, será necesaria una mayor inversión y el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento. Si bien en 2012 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 037 millones de pesos para el ramo de turismo -cifra superior en 219 millones de pesos respecto del Presupuesto aprobado para 2011- requerimos más inversión para afrontar las necesidades que aún perduran en este sector. A todos los Senadores nos toca promover más recursos para estas actividades.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Turismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Para efectos de precisar, les comento a nuestras compañeras y compañeros Senadores, que el acuerdo de la Mesa Directiva para que todas las proposiciones que soliciten la selección de recursos en el Presupuesto de Egresos de 2013, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre los nombramientos registrados en los órganos internos de control de diversas dependencias y entidades del gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2012.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La suscrita, Graciela Ortiz González, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, párrafo I, fracción II; 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública información sobre los nombramientos registrados en los órganos internos de control de diversas dependencias y entidades del gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2012 y se le exhorta a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todos los nombramientos de dichas áreas, con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes consideraciones.

La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que, en el concierto político internacional, contribuyen a describir las prácticas de buen gobierno que cada Estado, a través del ejercicio de la autoridad, ofrece a sus ciudadanos con miras a alcanzar un mayor desarrollo. En el caso de México, se trata de conceptos de la más alta relevancia porque permiten medir la calidad de las instituciones políticas en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, con el objeto de alcanzar la tan anhelada consolidación de nuestra democracia.

El Banco Mundial publica cada año una serie de indicadores que sirven para medir seis dimensiones amplias del bueno gobierno. Uno de estos indicadores se denomina Control de Corrupción y es definido como la medida en que se ejerce el poder público de un país en beneficio privado a través del control del Estado por minorías selectas. En una escala de 0 a 100, donde 0 representa la clasificación más baja y 100 la más alta, México pasó de una puntuación de 51.2 en el año 2000 a una puntuación de 45.5 en 2011, es decir, una disminución en la calificación de 5.7 puntos.

Por su parte, Transparencia Internacional también publica año con año un indicador denominado Indice de Percepción de Corrupción, que tal como su nombre lo indica, mide las percepciones sobre el grado de corrupción en el sector público de cada país. En una escala de 0 a 10, donde 0 representa la calificación más baja y 10 la más alta, México pasó de ocupar el lugar 59 con una calificación de 3.3 en el año 2000, a ocupar el lugar 100, con una calificación de 3.0 en el año 2011.

Estos dos son solo ejemplos que muestran cómo México ha tenido retrocesos en materia de combate a la corrupción en los últimos años, lo que representa un reto, sin duda, que debe ser superado con la mayor prontitud y hacia el cual debemos, como Estado, y de manera particular como Senado de la República, avocar nuestros esfuerzos.

El combate a la corrupción, se ha dicho aquí, es precisamente la tarea que tiene encomendada la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. De acuerdo con la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, a esta Secretaría le corresponde, entre otras cosas, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y validar los indicadores de gestión en los términos de las disposiciones aplicables, entre otras importantes funciones.

Para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública está facultada para designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidad de dichos órganos. Lo anterior, en congruencia con el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y en los términos dispuestos por la ley de la materia que le corresponde a la propia Secretaría de la Función Pública aplicar.

Por lo tanto, llamo la atención de esta Cámara Alta que siendo uno de los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, y siendo la Secretaría de la Función Pública la responsable de su aplicación, a través de los medios de comunicación se haya ventilado la noticia de que, a menos de seis meses de concluir la presente administración, la Secretaría de la Función Pública haya reemplazado a los titulares de 22 órganos internos de control, incluidos los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura y Energía, y sustituyó a 58 titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en estos órganos internos de control de 45 dependencias y entidades, entre las que destacan PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, III Servicios, entre otros.

Sorprende todavía más que, de acuerdo con la información publicada, desde mediados de este año todos los órganos internos de control tienen instrucciones de no iniciar nuevas auditorías y, de ser posible, cerrar todas las que estén pendientes antes de que concluya el actual sexenio, como si las obligaciones legales encomendadas a la Secretaría de la Función Pública tuvieran un plazo perentorio o como si las responsabilidades con las que están investidos estos servidores públicos fueran opcionales o discrecionales.

Citando las mismas fuentes, se informa que fueron designados como titulares de organismos internos de control políticos panistas con nulos antecedentes en contralorías. Destacan algunos casos, cito, por ejemplo, el caso de Carolina Gómez Vinales, ex Coordinadora de IMSS-OPORTUNIDADES, y de Juan Carlos Luna Velázquez, ex Coordinador de Organos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. La ciudadana Gómez Vinales intentó obtener, por cierto, sin éxito la candidatura de su partido por el Distrito VIII Federal de Veracruz en este pasado proceso electoral y posteriormente fue nombrada titular del Organo Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso del ciudadano Luna Velázquez, el Sistema Declaranet de la propia Secretaría de la Función Pública indica que no cuenta con título profesional; sin embargo, fue nombrado titular del Organo Interno de Control de la Secretaría de Energía. Ambos funcionarios, por cierto, cobran más de 120 mil pesos mensuales netos, más prestaciones, en dichos cargos.

Ha sido comentado ampliamente en los medios de difusión actos y hechos de corrupción en entidades como PEMEX, como la Comisión Federal de Electricidad, como III Servicios, entre otros. Basta recordar aquí los casos relatados en el libro Camisas Azules, Manos Negras, sobre el saqueo de PEMEX; el caso del ciudadano Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, que se presume recibió hasta un yate como soborno; o la Estela de Luz, por nombrar unos cuantos. Por eso mismo, sorprende y preocupa que los titulares de distintas áreas de los órganos internos de control de dichas entidades también hayan sido reemplazados a unos meses de concluir la presente administración, particularmente cuando, en palabras del propio Secretario de la Función Pública, PEMEX es una de las instituciones que más están vigilando y donde se están encontrando más problemas de corrupción.

Se puede calificar qué tan comprometido está un gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, evaluándolo a través de sus avances en materia de combate a la corrupción. Por lo anterior, con base en los hechos descritos en los considerandos previos, resulta de primera importancia que la Secretaría de la Función Pública proporcione a esta Soberanía, a la brevedad, la información necesaria para poder contar con elementos que nos permitan determinar si es necesario ejercer la facultad señalada en el artículo 93 constitucional, relativa a la integración de comisiones especiales para investigar el funcionamiento de entidades de la Administración Pública Federal, antes del cambio de gobierno del próximo 1° de diciembre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe a esta Soberanía, en un plazo de 15 días naturales, lo siguiente:

a) El nombre, cargo, dependencia o entidad, sueldo bruto y neto, clave de puesto, fecha de nombramiento, tipo de nombramiento y antigüedad de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio fiscal 2012.

b) El número de auditorías iniciadas y de auditorías concluidas durante el ejercicio fiscal 2012, así como sus respectivas fechas de inicio y conclusión, en las dependencias y entidades en las que haya habido nombramientos de titulares de órganos internos de control o de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades, conforme a lo señalado en el inciso anterior.

c) Los criterios utilizados para realizar los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio 2012, así como los perfiles de sus respectivos puestos.

La información que sea remitida por la Secretaría de la Función Pública a esta Soberanía deberá ser turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todos los nombramientos de titulares de órganos internos de control y de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en las dependencias de la Administración Pública Federal.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA INFORMACION SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS REGISTRADOSEN LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SE LE EXHORTA A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL EN TODOS LOS NOMBRAMIENTOS DE DICHAS AREAS

"La suscrita, Graciela Ortiz González, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II; 108; 109, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS REGISTRADOS EN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SE LE EXHORTA A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN TODOS LOS NOMBRAMIENTOS DE DICHAS ÁREAS, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que, en el concierto político internacional, contribuyen a describir las prácticas de buen gobierno que cada Estado, a través del ejercicio de la autoridad, ofrece a sus ciudadanos con miras para alcanzar un mayor desarrollo. En el caso mexicano, se trata de conceptos de la más alta relevancia porque permiten medir la calidad de las instituciones políticas en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, con el objeto de alcanzar la tan anhelada consolidación de nuestra democracia.

El Banco Mundial publica cada año una serie de indicadores que sirven para medir seis dimensiones amplias del buen gobierno. Uno de estos indicadores se denomina “Control de la Corrupción” y es definido como la medida en que se ejerce el poder público de un país en beneficio privado a través del control del Estado por minorías selectas. En una escala de 0 a 100, donde 0 representa la clasificación más baja y 100 la más alta, México pasó de una puntuación de 51.2 en el año 2000 a una puntuación de 45.5 en 2011, es decir, una disminución de 5.7 puntos.

Por su parte, Transparencia Internacional también publica año con año un indicador denominado “Índice de Percepción de Corrupción”, que tal como su nombre lo indica, mide percepciones sobre el grado de corrupción en el sector público de cada país. En una escala de 0 a 10, donde 0 representa la calificación más baja y 10 la más alta, México pasó de ocupar el lugar 59 con una calificación de 3.3 en el año 2000, a ocupar el lugar 100 con una calificación de 3.0 en 2011.

Los anteriores son sólo dos ejemplos que muestran cómo México ha tenido retrocesos en materia de combate a la corrupción en los últimos años, lo que representa un reto que debe ser superado con la mayor prontitud y hacia el cual debemos como Estado, y de manera particular como Senado de la República, avocar nuestros esfuerzos.

El combate a la corrupción es precisamente la tarea que tiene enconmendada la Secretaría de la Función Pública (SFP) a nivel federal. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SFP le corresponde, entre otras cosas, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; y validar los indicadores de gestión en los términos de las disposiciones aplicables, entre otras importantes funciones.

Para tal efecto, la SFP está facultada para designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de dichos órganos. Lo anterior, en congruencia con el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y en los términos dispuestos por la Ley de la materia que le corresponde a la propia SFP aplicar.

Por lo tanto, llama la atención de esta Cámara Alta que siendo uno de los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, y siendo la SFP la responsable de su aplicación, a través de los medios de comunicación se haya ventilado la noticia de que, a menos de 6 meses de concluir la presente administración, la SFP haya reemplazado a los titulares de 22 órganos internos de control (OIC), incluidos los de las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Energía, y a 58 titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en los OIC de 45 dependencias y entidades, entre las que destacan PEMEX, CFE, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, III Servicios (Triple I), entre otros.

Sorprende todavía más que, de acuerdo con la información públicada, desde mediados de año todos los OIC tienen instrucciones de no iniciar nuevas auditorías y, de ser posible, cerrar todas las que estén pendientes antes de que termine el actual sexenio, como si las obligaciones legales encomendadas a la SFP tuvieran plazo perentorio o como si las responsabilidades con las que están investidos estos servidores públicos fueran opcionales.

Citando a las mismas fuentes, se informa que fueron designados como titulares de OIC políticos panistas con nulos antecedentes en contralorías. Destacan los casos de Carolina Gómez Vinales, ex Coordinadora de IMSS-Oportunidades, y de Juan Carlos Luna Velázquez, ex Coordinador de Órganos Desconcentrados de la SEP. La C. Gómez Vinales intentó obtener sin éxito la candidatura de su partido por el Distrito VIII Federal de Veracruz durante el pasado proceso electoral y posteriormente fue nombrada Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso del C. Luna Velázquez, el sistema Declaranet de la propia SFP indica que no cuenta con título profesional. Sin embargo, fue nombrado recientemente Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Energía. Ambos funcionarios cobran más de 120 mil pesos mensuales netos, más prestaciones, en dichos cargos.

Para nadie es un secreto los hechos de evidente corrupción en entidades como PEMEX, CFE, III Servicios, entre otros. Basta con recordar los casos relatados en el libro Camisas Azules, Manos Negras, sobre el saqueo de PEMEX; el caso del C. Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, que se presume recibió un yate como soborno; o la Estela de Luz, por nombrar unos cuantos. Por eso mismo, sorprende que los titulares de distintas áreas de los OIC de dichas entidades también hayan sido reemplazados a unos meses de concluir la presente administración, particularmente cuando, en palabras del propio Secretario de la Función Pública, PEMEX es una de las instituciones que más están vigilando y donde están encontrando más problemas de corrupción.

Se puede calificar qué tan comprometido está un gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, evaluándolo a través de sus avances en materia de combate a la corrupción. Por lo anterior, con base en los hechos descritos en los considerandos previos, resulta de primera importancia que la SFP proporcione a esta Soberanía a la brevedad la información necesaria para poder contar con los elementos necesarios y suficientes para determinar si es necesario ejercer la facultad señalada en el artículo 93 constitucional, relativa a la integración de comisiones especiales para investigar el funcionamiento de entidades de la Administración Pública Federal, antes del cambio de gobierno del próximo 1º de diciembre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe a esta Soberanía, en un plazo de 15 días naturales, lo siguiente:

El nombre, cargo, dependencia o entidad, sueldo bruto y neto, clave de puesto, fecha de nombramiento, tipo de nombramiento y antigüedad de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y resoponsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio fiscal 2012.

El número de auditorías iniciadas y de auditorías concluidas durante el ejercicio fiscal 2012, así como sus respectivas fechas de inicio y conclusión, en las dependencias y entidades en las que haya habido nombramientos de titulares de órganos internos de control o de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades, conforme a lo señalado en el inciso anterior.

Los criterios utilizados para realizar los nombramientos de los titulares de órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio fiscal 2012, así como los perfiles de sus respectivos puestos.

La información que sea remitida por la Secretaría de la Función Pública a esta Soberanía deberá ser turnada a la Comisión de Anticorrupcion y Participación Ciudadana.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todos los nombramientos de titulares de órganos internos de control y de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de octubre del año 2012.

SUSCRIBE

GRACIELA ORTIZ GONZALEZ
SENADORA DE LA REPUBLICA".

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Guadalupe Garza.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Señor Presidente, le suplico, por favor, apegarse a lo que marca nuestro Reglamento. Son casi 13 minutos.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo, hemos sido tolerantes con el tiempo.

Solicito, por supuesto, a quien haga uso de la tribuna, hacer un esfuerzo por ceñirse al tiempo reglamentario.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Queda a discusión la propuesta.

Para hablar en pro de este tema, se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda, lo que ha expuesto aquí la Senadora Graciela Ortiz, no es un tema menor, es un tema relevante y muy importante.

Los temas de transparencia y rendición de cuentas son sustanciales para el ejercicio de buen gobierno. Por ello, las labores de control interno, de auditoría, de quejas, de investigación, de responsabilidades e inconformidades, son indispensables dentro de la Administración Pública Federal.

Máximo que debe de manejarse con plena transparencia.

Es muy importante analizar y que se rinda un informe para saber, qué es lo que está pasando en la Secretaría de la Función Pública.

En los últimos meses, como decía la Senadora Graciela Ortiz, ha habido más de 22 cambios de titulares de órganos internos de las diferentes entidades y dependencias, así como casi 58 cambios en las áreas de responsabilidades y auditorías.

En esas tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura, Energía, Policía Federal, PEMEX, CFE, Instituto Nacional de Migración, y la pregunta obligada es: ¿Qué está pasando en esta Secretaría?

Todos sabemos que estamos a menos de un mes de que se haga una entrega-recepción completa por parte del gobierno saliente y la pregunta es: ¿Qué va a suceder con los contralores o con el secretario que vaya a recibir, justamente, estas funciones? Pues lo que va a suceder es que, cuando llegue el nuevo contralor interno o el grupo de transición, y le pregunte al contralor de cualquiera de estas instituciones de gran importancia para el país, pues lo que le va a decir es, yo no sé, acabo de llegar, tengo un mes aquí, tengo dos meses aquí, no se cuáles son las auditorías importantes, no sé cómo van los procedimientos de responsabilidades, no sé por qué se desahogaron aquí, no sé cuántas auditorías están en proceso o cuáles fueron concluidas, no sé nada.

Cómo se va a enterar un contralor interno si tiene un mes y medio en una institución, pues cuando le avientan este paquete.

Entonces, bueno, pues aquí lo que sucede es que habría que empezar a cuestionarse el ¿por qué?

¿Acaso esta administración no quiere entregar cuentas? ¿No quiere contribuir con el periodo de transición para poder entregar todos estos expedientes y estas auditorías? ¿O qué es lo que sucede? ¿O se está pensando en que estos contralores se vayan liquidados de estas instituciones? ¿Cuánto están recibiendo estos contralores por estas liquidaciones? Habría que pedir esa información y es justamente a lo que venimos aquí.

¿A quién se está nombrando ahí? ¿Habrá que liquidar, también, a los que estamos nombrando ahí con estos nuevos sueldos?

Bueno, pues esos son los temas que están el día de hoy sobre la mesa. No son temas menores, son temas muy importantes. Por eso se está pidiendo esta información detallada, tenemos que ir a analizar, ¿por qué se están nombrando estos contralores, faltando tan poco tiempo?

Y tenemos también que revisar a quiénes se están nombrando y si incluso estos contralores no están siendo ahora acomodados en parte del Servicio Civil de Carrera, pues para evitar que pudieran ser removidos cuando llegara la siguiente administración.

El tema no es menor, el tema es de gran relevancia. Coincido plenamente con el punto de Acuerdo que se presenta y esperemos la información detallada, la cual estará obligado el Secretario de la Función Pública a fundamentar y a motivar, ¿por qué está haciendo cambios a estas alturas, faltando un mes o dos meses para el cambio de gobierno?

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pablo Escudero.

Para hablar en pro de este tema, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Mucha gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Estamos a favor de esta propuesta, en congruencia con el planteamiento que ha tenido aquí el Partido de la Revolución Democrática, en materia de transparencia.

Y cuando se asume una postura, hay que ser consecuentes en todos y cada uno de los puntos que se aborden al respecto.

Resulta preocupante la información que se ha expresado en esta tribuna de lo que está ocurriendo dentro de la Administración Pública Federal.

El Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, pues no puede ser vulnerado, por más urgencia que se tenga dentro de algunos grupos políticos, ante la eminencia del desempleo.

No puede utilizarse al gobierno, a toda la estructura gubernamental como un refugio de políticos que están próximos a dejar la Administración Pública Federal.

Si queremos, de verdad, profesionalizar a los servidores públicos, tenemos que ser respetuosos de lo que señala esta ley.

Y aunque está dentro de las facultades de la Secretaría de la Función Pública, de nombrar a sus representantes dentro de la estructura del gobierno federal, pues sí vale la pena que seamos muy serios en el perfil de las personas que lo están ocupando.

Quisiera hacer una precisión, si me lo permite la Senadora Graciela Ortiz. Que se le pudiera agregar al punto de Acuerdo, primero, inciso c) los criterios para realizar los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio fiscal 2012, así como los perfiles de sus respectivos puestos y los perfiles de las personas que han sido nombradas, para que tuviéramos la posibilidad de conocer su currículum vitae y viéramos quiénes son esas personas, qué experiencia tienen y si de acuerdo al perfil que está señalado ahí, cumplen con los requisitos o se está atendiendo más bien alguna urgencia política.

No sé si nos permite esa adición la Senadora Graciela Ortiz.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido al escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, primero agradecerle al Senador Mario Delgado la adhesión a este punto de Acuerdo que me parece de vital importancia para la vida republicana del país y, por supuesto, complacida por la adición que le haría al mismo.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaría. Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Nada más decir que hay que ser congruentes, en los últimos días y semanas hemos escuchado muchos argumentos aquí defendiendo que la flexibilidad laboral nos va a ser más productivos, que la facilidad en el despido va a generar nuevos empleos. Bueno, pues entonces vamos siendo consecuentes y no obstaculicemos esta facilidad en los despidos y no utilicemos políticamente a la administración pública.

Entonces, nos sumamos al punto de Acuerdo para que esta Soberanía pueda tener esa información.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Delgado Carrillo.

En uso de la tribuna para hablar en pro de la propuesta, el Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Con su permiso, señor Presidente.

Muy bien, pues el PAN se une por supuesto a esta solicitud que se le hace al gobierno federal de informar, en específico de la Secretaría de la Función Pública, sobre estos movimientos que se han hecho. De alguna manera lo consideramos innecesario, ya explicaré por qué, pero nos sumamos también porque estamos a favor de la transparencia. Pero es necesario, sin embargo, sí aclarar algunos temas que se han dicho aquí o algunos puntos que se han dicho, acerca no de éste punto, sino de algunos temas que tienen que ver con el combate a la corrupción, los índices y este tipo de cosas.

Primero, efectivamente, el Indice de Percepción a la Corrupción que publica Transparencia Internacional, efectivamente muestra un estancamiento desde hace muchos años. Y eso tiene explicaciones. Explicaciones que no daré yo aquí, pero que si me permiten ustedes les leeré un fragmento de un artículo que escribió Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia Internacional, que es quien elabora este Indice de Percepción a la Corrupción.

Y el artículo por cierto se llama “Es necesario buscar explicaciones al estancamiento de México en los índices de transparencia”. Y dice lo siguiente:

“Es necesario buscar explicaciones de por qué México no ha conseguido ascender en algunas mediciones como el IPC. Esto podría entenderse en gran medida porque en países con grandes territorios, estructuras federales, la política y las capacidades del gobierno son diversas”.

Es común que entidades centrales, o sea el gobierno federal, que impulsan reformas, enfrenten sistemas a nivel estatal y municipal basados en prácticas arraigadas como el favoritismo, la discrecionalidad en la toma de decisiones, entre otras.

Transparencia Mexicana da muestra de ello en su Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. La labor del Ejecutivo Federal es una y el desempeño de los gobiernos estatales y municipales, el Poder Judicial y los Congresos, es otra. Esa es la explicación de por qué se mantiene el Indice de Percepción de la Corrupción. Lo dice claramente Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia Internacional.

Porque el gobierno federal no ha avanzado, pero sin embargo este índice de transparencia mide al país, no mide al gobierno federal.

Y si nosotros nos remitimos a la Encuesta de Transparencia y Buen Gobierno que saca Transparencia Mexicana, consistentemente año tras año, todos los trámites y todas las mediciones que tienen que ver con el gobierno federal, ha descendido la corrupción.

Sin embargo, consistentemente todos los trámites y todos los índices que dividen a los gobiernos estatales han subido a la corrupción en los últimos seis años.

La corrupción, según la Encuesta de Transparencia Mexicana, es más de 400 por ciento en los estados que en la Federación, que es la más baja del país. Así que ahí tenemos la explicación, dicha directamente por Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia Internacional.

En cuanto a las otras afirmaciones que se han hecho aquí, acerca de que si en los casos de corrupción prevalece la impunidad y todo esto, solamente les recuerdo una cosa, en el caso que se ha mencionado aquí de PEMEX, del libro, todos los funcionarios enfrentan procesos penales y administrativos.

En el caso que se ha dicho aquí de la Comisión Federal, de Néstor, sigue encarcelado, hasta donde yo recuerdo, presuntamente recibió sobornos. La Secretaría de la Función Pública probó que recibió sobornos y está encarcelado por eso y está además sujeto a procedimientos administrativos.

Y en el caso de la Estela de Luz, los cuatro principales funcionarios de III Servicios están sujetos a proceso penal y sujetos a procesos administrativos. No podemos decir eso de lo que pasa en los estados, eso es justamente lo que dice Huguette Labelle.

Porque aquí podemos hacer una larga lista de casos de corrupción en los estados y no sabemos de un solo detenido, no sabemos de uno solo procesado y sujeto a sanciones administrativas y penales, como sucede en el gobierno federal.

Por supuesto que ese es un tema que tenemos que discutir, me parece mucho más ampliamente.

Ahora, en lo que toca a la transparencia, a que si se debe de entregar información acerca de los cambios, por supuesto que nos sumamos a ello, nos parece innecesario.

Yo les suplico que consulten el Portal de Transparencia, transparencia.gob.mx, ahí están los cambios. Yo rápidamente saqué algunos de los que mencionaron, aquí están las impresiones de estos cambios que ahí están, no alcancé a revisar todos; sin embargo, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en que la información que se tenga que pedir y la explicación que se tenga que dar se dé, estamos a favor del punto de Acuerdo.

Sin embargo…

- El C. Presidente Burgos García: Permítame Senador Salvador Vega. Senadora Graciela Ortiz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente para hacerle una pregunta al Senador Salvador Vega, si me lo permite, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿La admite, Senador Salvador Vega?

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Sí.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante Senadora Ortiz González.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Vega Casillas. Me complace mucho escuchar esa disposición de parte de Acción Nacional para entregarle esa información a esta Soberanía.

Solamente le preguntaría, en ese ánimo propositivo que tienen de entregar la información requerida en el punto de Acuerdo, preguntarle a usted, ¿cuál cree que sea el mecanismo que deba de seguirse para que la información llegue a esta Soberanía lo antes posible y podamos, a partir de ello, determinar si fue lo suficiente o se crea una comisión especial para estudiar este caso que nos tiene muy preocupados?

Por su respuesta, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador Salvador Vega.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. Senadora Graciela Ortiz, estoy de acuerdo con usted, muchas gracias.

Me parece que ya la Cámara tiene un sistema establecido para la solicitud de información y tendríamos que ceñirnos a ella. Por supuesto que nosotros analizaríamos junto con ustedes, si nos lo permiten, las necesidades de solicitar más información o hacer algún, digamos, algún tema adicional o tomar alguna acción adicional, dependiendo de lo que nos entregue el gobierno federal y, por supuesto, la idea es que todos quedemos satisfechos con la información y las explicaciones que nos den.

Sin embargo, Senadora Graciela Ortiz, yo quisiera que fuera usted tan amable de que, nos estamos por supuesto sumando al punto, sin embargo me gustaría solicitarle una adición, que en cada uno de los puntos, tal como están redactados, nos permitiera que en cada uno de los resolutivos se pudiera agregar que también se solicite a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal, todos, la información que se les está pidiendo de los puestos equivalentes en cada uno de estos niveles de gobierno.

Le pido al señor Presidente si le puede consultar a la Senadora Graciela Ortiz si nos permite esa adición, para podernos sumar al punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Graciela Ortiz, ¿acepta la propuesta?

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para comentarle que el punto de Acuerdo va relacionado con una preocupación respecto a la actuación específica de la Secretaría de la Función Pública que está incurriendo en lo que nosotros consideración son actos irregulares que deben de ser aclarados ante esta Soberanía.

Así es que le pido al Senador Salvador Vega, a quien agradezco se esté sumando a este punto de Acuerdo, respete la redacción como fue planteada por su servidora.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senadora Graciela Ortiz. Sin embargo, yo sé que se han adicionado algunas otras cosas y no se consideró una falta de respeto a esto; sin embargo, respeto su decisión.

Y la intención no es más que ésta, si usted con este punto de Acuerdo nos hace llamar la atención de un tema que sí nos parece muy importante y en el que estamos de acuerdo en ver en qué situación está el combate a la corrupción, los nombramientos de quienes combaten la corrupción en el país, no solamente en el gobierno federal, no solamente en una Secretaría, es por eso que nosotros queremos ampliar el tema para saber realmente dónde está el problema, porque si nosotros hacemos el caso a las encuestas, a los índices que usted misma ha puesto sobre la mesa, pues el problema está en los estados.

El problema está en los estados, porque solamente el 6% de los temas de corrupción, según Transparencia Mexicana, están en los índices que tienen que ver con el gobierno federal, y más del 400%, con respecto a ese 6%, están en los gobiernos de los estados. Por eso, entonces nuestra preocupación es si es un tema que es tan importante, y que a nosotros nos ha llamado la atención, que queremos por supuesto participar, también de una vez ir al fondo del problema, porque aquí pues vemos también los temas de los estados, esa es mi posición, por eso nos gustaría que usted nos permitiera también sumarnos con esta adición.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Graciela Ortiz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente para dar respuesta, señor Presidente, si me lo permite, al planteamiento del Senador Salvador Vega.

- El C. Presidente Burgos García: Le comento que están limitados y prohibidos los diálogos…

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Pero él me está haciendo una pregunta, me está formulando una pregunta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Acepta?

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Sí, claro.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senadora Graciela Ortiz.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Como último comentario para concluir. Sigo agradeciendo la disposición del Partido Acción Nacional de transparentar un procedimiento de sustitución de órganos internos de control que son del mayor interés para toda la República, pero insisto en que el tema que se está planteando en este punto de Acuerdo es la respuesta oportuna y eficiente de un gobierno que está a punto de concluir, no estamos hablando de las entidades federativas y no estamos hablando de los municipios.

Insisto en que se aceptó, por ejemplo, el planteamiento del Senador Mario Delgado porque tiene total coincidencia con lo que estamos planteando en nuestro punto de Acuerdo. Insisto en quese respete esta petición, y se allane a Acción Nacional a responder de manera cabal, puntual y oportuna a lo que se está planteando en el punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Continúe el orador, por favor.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, por supuesto, nosotros aceptamos el punto de Acuerdo, lamentamos mucho que no se quiera extender a estados y municipios donde está verdaderamente el problema; sin embargo, y en aras, por supuesto, porque tenemos la mejor disposición de sacar este punto de Acuerdo y de adherirnos a él, y estamos de acuerdo con todo el tema, haremos pues nuestro propio punto de Acuerdo para pedirle esto a los estados y los municipios y empezar a, digamos, explorar a fondo este tema de la corrupción que tanto nos preocupa en el Senado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Pablo Escudero, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene la palabra el Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

Yo lo primero que tendría que decir en esta tribuna es que a mí me parece correcto el punto de Acuerdo que aquí nos propone el Senador Vega Casillas. Habría primero que revisar en los estados si se están cambiando a los secretarios que hacen esta función de contraloría, si hay algún indicio que nos diga que hay cambios y revisar si en los congresos hay mayoría o por qué están cambiando, y si tuviéramos alguna información de ésta, por supuesto que yo seré el primero en suscribir el punto de Acuerdo que presente el PAN. Me parece correcto y adecuando siempre y cuando tengamos esa información.

Pero aquí de lo que estábamos hablando es muy importante, precisar las cifras de lo que ha pasado en el gobierno federal, porque las tenemos a la mano, y qué bueno que hagamos este ejercicio. Aquí venimos a hablar de corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas y de impunidad.

Y yo traje unas cifras justamente para hablar de la impunidad respecto al gobierno federal, y quisiera platicarles y darles a conocer estos datos duros que no los doy yo, los da la Auditoría Superior de la Federación. Una vez terminada la revisión de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación determinó que había 439 expedientes que tenían que ser turnados a la Secretaría de la Función Pública para que sancionara estos 439 expedientes.

321 de estos expedientes están congelados, están parados en la Secretaría de la Función Pública, sólo se han resuelto 118 expedientes. Y, ¿cuál fue el sentido de esta resolución?, 105 se absolvieron por falta de elementos, es decir, el 90% se archivaron, sólo el 13% obtuvo una sanción.

La cuenta pública de 2009, la Auditoría Superior de la Federación integró 607 expedientes que mandó nuevamente a la Secretaría de la Función Pública para que se iniciaran los procedimientos y se sancionaran. ¿Cuál es el resultado de estos 607 expedientes, insisto, que integró la Auditoría Superior de la Federación y que se los turnó a la Función Pública para que sancionara?

573 congelados en la Secretaría no se han resuelto, sólo se han resuelto 34 expedientes. ¿Cuál ha sido el resultado de esos 34 expedientes? Bueno, pues los 34 que se han resuelto, es decir, el cien por ciento de estos han sido archivados por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, evidentemente esto fomenta la impunidad.

Caso similar, no diferente, a lo que ha pasado justamente con los mismos expedientes que está integrando el IFAI. El IFAI, cuando un servidor público después de haber llevado un recurso decide no entregar la información, arma expedientes, estos expedientes corren la misma suerte que los que corren los de la Auditoría Superior de la Federación, los manda a la Secretaría de la Función Pública para que sancione.

El IFAI ha presentado 77 expedientes a la Función Pública para sancionar a servidores públicos que no han querido entregar la información. Déjenme decirles cuál es el resultado de estos 77, 23 de ellos siguen en investigación, 23 siguen en investigación; 54 de estos expedientes del IFAI que mandaron para que se sancionara ya fueron resueltos; 45 de los expedientes que mandó el IFAI para que se sancionara a servidores públicos fueron concluidos por falta de elementos, el 83%.

Es decir, el IFAI le dice a Función Pública, estos no han entregado la información, sanciona, servidores públicos federales, y el 83% de esos expedientes se han archivado, 8 sí se han sancionado y uno fue concluido por prescripción. Sin duda, para hacer un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y de impunidad, tiene que pasar por el análisis a detalle de cada uno de estos expedientes e insisto, yo seré el primero en suscribir el punto de Acuerdo para los estados, para los municipios que presenta el Senador Vega Casillas, creo que la transparencia, la rendición de cuentas y la impunidad debe ser para todos los órganos de gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Pablo Escudero.

¿Con qué propósito, Senadora Marcela Guerra?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Para hechos también.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senadora Marcela Guerra.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Evidentemente estamos frente a un punto de Acuerdo de la más alta relevancia para poder profundizar en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas y en términos, sobre todo, de lo importante que es que el equipo de transición del gobierno entrante deba de tener muy claro el estatus que guarda todo lo referente a las operaciones de la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública es el órgano de control del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, Felipe Calderón.

Pero no debemos de perder de vista que la Secretaría de la Función Pública durante todos estos años ha sido objeto de grandes y profundas observaciones, no sólo de este Poder Legislativo de ambas Cámaras, sino de la Auditoría Superior de la Federación que es el órgano máximo de fiscalización y que además emite año con año la cuenta pública.

Coincido plenamente con el orador que me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Pablo Escudero, en el sentido de que la Secretaría de la Función Pública ha dado mucho en comento, sobre todo en el área de la falta de operación para combate frontal y directo a la corrupción.

Ya lo dijo, y se dijo aquí en varias ocasiones, por ejemplo, en la cuenta de 2009, de esas 607 promociones de responsabilidades administrativas de las cuales prácticamente el 95 por ciento estuvieron exoneradas. Aquí está el otro orador que nos antecedió también en el uso de la palabra y que fue el titular por muchos años de esta Secretaría de la Función Pública, y me refiero al Senador Vega Casillas.

El Senador Salvador Vega Casillas tuvo también muchos cuestionamientos no sólo por eso, recordemos también que cuando usted fue miembro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, en la cual tuve el gusto de participar con usted, en ese entonces usted era un hombre que hablaba y decía abiertamente que había que buscar la transparencia, de combatir la corrupción, de buscar y de todos aquellos que ofenden a la Hacienda Pública pagaran por ello y más allá de que pagaran en lo individual, tenía que resarcirse esa Hacienda Pública y restaurarse a la Tesorería Federal.

Qué tuvimos en la Función Pública, tuvimos funcionarias y funcionarios que se dedicaron a traficar con los expedientes, lo sabemos muy bien, porque están las averiguaciones en manos de la Procuraduría y curiosamente no ha pasado nada.

Si venimos a esta tribuna, tenemos que venir a hablar con la verdad, tenemos que venir a no defender lo indefinible ni cubrirnos con el manto blanco de una falsa intención de transparencia cuando sabemos que tenemos escondidas en el clóset muchas cosas que deben de salir a la luz.

Por eso nosotros secundamos este punto de Acuerdo que nos parece de vital importancia, porque necesitamos saber que a última hora no se puede estar cambiando a los auditores, no se puede estar cambiando ni tratando de manipular lo que es el órgano de control interno de la presidencia.

Vayamos pues a cumplir con este precepto que ya estamos de acuerdo y no vengamos a distraer con algunos otros temas que no tienen que ver con lo estipulado en este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Vega Casillas, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Bueno, pues yo no creí que causara tanta molestia que nos adhiriéramos al punto de Acuerdo, si quieren no.

Porque aquí se viene a discutir el punto de Acuerdo, les damos la razón y no les gusta. Lo único que queremos es adicionarle lo de los estados y de los municipios, ya dijeron que no, entonces no lo hacemos, presentaremos nuestro propio punto de Acuerdo, me queda claro que hay una molestia en el Senado, aquí, del grupo parlamentario del PRI, no me puedo imaginar ¿por qué?, seguramente porque lo estamos apoyando en este punto de Acuerdo, ya lo dijimos, lo vamos a apoyar, estamos de acuerdo en ésto, nada más quiero hacer una precisión en los datos, porque aquí se viene y se dice en tal asunto y tal argumento es así.

Voy a dar los últimos datos del ejercicio del IFAI para ver si se apoyó o no a la transparencia.

Cuando se hace una solicitud de información al IFAI, éste se lo remite al gobierno federal y tiene 20 días para contestar, en toda la historia de la transparencia se han solicitado 735 mil 170 solicitudes, según el IFAI, hasta el cierre del último ejercicio, cuántas se han recurrido, porque no alcanzó el tiempo, porque les pidió que le buscaran más, 39 mil, el 5 por ciento. ¿Cuántas se han cumplido después de esto? Prácticamente todas.

¿Cuántas han ido a un proceso que se tenga que presentar ante la Secretaría de la Función Pública?, el .01 por ciento, de 735 mil 170 solicitudes el gobierno federal ha contestado el 99.99 por ciento. Esa es la respuesta de transparencia del gobierno federal, podemos ahondar en los tres casos que no hay durante horas, sólo que ahí tienen otras consideraciones jurídicas, les repito, seguimos en el punto, pero si no quieren no.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Mario Delgado, ¿con qué propósito?

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Nada más para hacer una sugerencia al Senador Salvador Vega, pues que se redacte un nuevo punto de Acuerdo y que se presente en una sesión posterior que tenga como propósito lo que él está sugiriendo, porque sí sería complicado en esta redacción tratar de extenderlo a los estados, porque no todos los estados están cambiando de gobierno, en fin, yo creo que habría que ser preciso en su petición.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Pablo Escudero, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Para pedirle que quede registrado en el Diario de los Debates que yo inicié mi intervención diciendo que estaba de acuerdo con su punto, que lo presentara por separado y que sería el primero en apoyarlo, simplemente para que quede inscrito en el Diario de los Debates y mi postura sigue siendo la misma.

- El C. Presidente Burgos García: Queda registrado, Senador Escudero Morales, como lo solicita queda registrado. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Coahuila a que, antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con toda la información referente a la deuda actual de la entidad.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

También este punto de Acuerdo es suscrito por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Todas y todos los aquí presentes, Senadoras y Senadores, somos mexicanos; sí, pero también pertenecemos a un estado de la República o al Distrito Federal. Estamos aquí para legislar, promover una agenda, exponer temas sensibles en tribuna y hacer un bien al país y a los mexicanos. También en nuestros estados esperan algo de nosotros, al menos que defendamos y que enarbolemos la democracia, a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y que no permitamos abusos de autoridad alguna, sea del partido que sea.

Indignación, dolor, pena e impotencia; una gran impotencia y desesperación es lo que siento, y sienten como yo, que siendo coahuilenses y mexicanos apoyan hoy esta propuesta. El gobernador de mi estado, Coahuila, el licenciado Rubén Moreira, ha enviado al congreso local una solicitud de un nuevo crédito, esto es, un nuevo endeudamiento para la entidad por 950 millones de pesos. Todo en un escueto documento de seis cuartillas, donde su Secretario de Finanzas, ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la legislación en vigor, y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito, no estamos cuestionando la legalidad y el origen del préstamo al amparo de un programa del gobierno federal. Lo que se cuestiona es la transparencia en el destino del mismo, la responsabilidad en el manejo de la hacienda pública de nuestro estado.

No olvidamos que fue precisamente el crecimiento desmedido de la deuda del estado de Coahuila lo que prendió focos de alerta y que fue lo que motivó, y que dio origen a la iniciativa preferente que planteó el Presidente Felipe Calderón a esta Soberanía y que aprobamos por unanimidad en días pasados, convencidos de que la transparencia fortalece y el acceso a la información nutre el debate responsable y abierto.

No menos importante, resulta mencionar que la redacción del documento por el que el ejecutivo estatal solicita autorización al congreso local es convenientemente confusa y ambigua, además, no aclara cuál será el destino de los recursos o las inversiones que se harán, los plazos, las condiciones, tampoco ofrece los estudios técnicos necesarios para justificar la solicitud del préstamo. El Secretario de Finanzas de Coahuila, ante las primeras críticas y reacciones de la ciudadanía y la oposición, y ante la ausencia de su jefe, sale al quite, sólo para confirmar lo que todos los coahuilenses temían, estamos en el peor de los mundos, pues el nuevo crédito no sólo incrementa la deuda de Coahuila, sino que va a aplicarse para pagar o financiar la deuda adquirida de manera ilegal, bajo el pretexto de que esta será reducida y que las condiciones crediticias serán mejoradas; más deuda para pagar los intereses de lo que ya se debe para salir momentáneamente del hoyo, sin darse cuenta de que en el fondo lo que hacemos es seguir escarbando para hipotecar, sin posibilidad de pago.

El futuro de las nuevas generaciones de coahuilenses, de nuestros hijos, y seguramente de los hijos de nuestros hijos, estará hipotecado; que no quede duda que lo que aquí se afirma, existe una nota en el periódico, en la página de internet del periódico “Vanguardia” con domicilio en Saltillo, fechada el 23 de octubre del presente año.

Peor todavía, el Secretario de Finanzas no tiene el empacho en reconocer que el fondo del que se obtendría el recurso es en sí para seguridad pública e infraestructura, según sus reglas de operación, pero, admite que 608 millones de pesos se usarán para pagar pasivos de la deuda, y sólo 342 millones en infraestructura y seguridad. Otra vez, y perdón por repetirlo, sin aclarar, qué infraestructura y qué obras o qué temas relacionados con la seguridad se van a abordar.

Senadoras y senadores, compañeras y compañeros, esto no puede seguir así. Coahuila ha sufrido el mayor fraude financiero no sólo en la historia estatal, sino quizás en la propia historia de México. Los gobiernos de los hermanos Moreira han cometido uno de los grandes abusos de los que se tenga memoria, y lo más triste, la historia de terror parece no terminar. La administración de Humberto Moreira recibió una deuda con apenas 350 millones de pesos, y seis años después aumentó a 36 mil millones de pesos; un 16 mil por ciento de aumento. Pero, ¿quieren saber qué es lo peor de todo esto? Se los diré en orden:

Primero, aún hoy nadie conoce el origen total de la deuda, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas, el gobernador, todos se niegan a revelar quiénes y cómo contrataron el total de los créditos que conforman este pasivo.

Segundo, nadie conoce los contratos de la deuda. La Secretaría de Finanzas se niega publicarlos en su sitio web de conformidad a la Ley de Deuda de la entidad.

Tercero, toda la información relativa a la deuda, ha sido declarada como reservada por la Secretaría de Finanzas; hablamos de contratos, certificaciones, inversiones, adquisiciones; así como la información que se encuentra en los sistemas digitales como Sistema de Inversiones y el Sistema de Adquisiciones, sólo por mencionar algunos datos y documentos que deberían ser públicos. Y esto lo podemos demostrar con respuestas concretas a solicitudes de información de los ciudadanos, así como en base a las peticiones que la oposición ha hecho en el congreso local, todas enviadas a la congeladora por el grupo dominante. Javier Villarreal, sus familiares y socios siguen prófugos y en total impunidad. La procuraduría local no ha informado si por lo menos ha hecho el intento de asegurar o decomisar los bienes de este ex servidor público, tal y como lo establece el propio Código Penal de Coahuila.

Y así, en estas condiciones, ¿quieren pedir otra vez un nuevo crédito?

Coahuila está devastado financieramente, sus obras públicas y el desarrollo social, así como los servicios básicos y asistenciales apenas funcionan, todo en porcentaje mínimos o casi inexistentes.

Ni como seres humanos, ni como mexicanos, ni como coahuilenses, en este caso, los que tenemos la dicha de presumir que somos de allá, podemos permitir que esta burla continúe, que la impunidad, la opacidad y la corrupción triunfen sobre la justicia y la verdad.

Entendemos el derecho del gobierno local a pedir prestado, pero no entendemos las condiciones en que desea hacerlo, pedir para pagar deuda, y sin antes haber transparentado con todo respecto a su pasivo actual, y sin haber castigado a los culpables y haber tratado de recuperar, en lo posible, lo robado por estos delincuentes.

Compañeras y compañeros, convencido de que lo importante no espera y que en una democracia que se transparenta no puede haber excepción, les pido un voto de justicia y solidaridad para los coahuilenses.

Olvidémonos de partidos, y dejemos por un momento nuestras diferencias a un lado; somos un Cuerpo Colegiado, y para todo necesitamos la mayoría de ustedes, de nosotros.

Coahuila y los coahuilenses necesitamos de su apoyo, de su comprensión para consolidar a la democracia como nuestro modo de vida, a la transparencia como eje de nuestra vida pública y a la honestidad y rendición de cuentas como una norma de conducta.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente punto de Acuerdo como de urgente resolución.

Primero.- Esta Cámara de Senadores, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, a que antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad; incluyendo los contratos legales e ilegales que dieron origen al total del pasivo; el desglose de las inversiones públicas productivas u obras que se realizaron con los recursos de la deuda, las acciones legales que han iniciado en la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades resarcitorias, así como realizar el decomiso de los bienes o cuentas bancarias de estos y todos los documentos que guarden relación con el pasivo vigente de la entidad.

Segundo.- Que el jefe del ejecutivo del estado de Coahuila, por conducto de su Secretario de Finanzas, remita a esta Cámara de Senadores, toda la información, documentos y justificaciones relativas al crédito de 950 millones de pesos que pretende solicitar, independientemente de lo señalado en el párrafo anterior.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA A QUE, ANTES DE SOLICITAR UN NUEVO CREDITO, CUMPLA CON TRANSPARENTAR TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA DEUDA ACTUAL DE LA ENTIDAD

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Todas y todos los aquí presentes, senadoras y senadores, somos mexicanos; sí, pero también pertenecemos a un estado de la República Mexicana o al Distrito Federal. Estamos aquí para legislar, promover una agenda, exponer temas sensibles en Tribuna, y, hacer un bien al país y a los mexicanos. Tambiénen nuestros estados esperan mucho de nosotros; por lo menos, que como legisladores defendamos y enarbolemos la democracia, los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y; que no permitamos abusos y arbitrariedades de autoridad alguna, sea del partido que sea.

Tristeza, dolor, pena e impotencia; una gran impotencia y desesperación es lo que siento, y sienten quienes siendo coahuilenses y mexicanos apoyan la presente proposición. El gobernador de mi estado, Coahuila, licenciado Rubén Moreira, ha enviado al Congreso local una solicitud de un nuevo crédito, esto es, un nuevo endeudamiento para la entidad, por 950 millones de pesos. Todo en un escueto documento de seis cuartillas, donde su Secretario de Finanzas, ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la legislación en vigor, y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito, pero esto es solo la punta del iceberg; de la lectura de la solicitud en cuestión, se desprende a simple vista la primera irregularidad grave; el artículo segundo del documento, establece:



Refinanciar pasivos bancarios; esto, de acuerdo a la fracción VIII, segundo párrafo del artículo 117 Constitucional, no es posible; ya que esta disposición establece: “....Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas…..”

Refinanciar o reestructurar deuda no es una inversión pública productiva.

No menos importante, resulta mencionar que la redacción del documento es “convenientemente” confusa y ambigua, además de no aclarar cuáles serán las inversiones que se harán con ese dinero, en cuánto tiempo, etc. No aclara ni ofrece los estudios técnicos necesarios que justifiquen el empréstito, ni, como ya lo mencionamos, el destino preciso de los mismos; deber (este último) que tiene toda entidad pública al solicitar un préstamo. El Secretario de Finanzas de Coahuila, ante las primeras críticas y reacciones de la ciudadanía y la oposición, y ante la ausencia de su “jefe”, sale al quite, solo para confirmar lo que todos los coahuilenses temían: el nuevo crédito es para pagar (abonos) o financiar la deuda, bajo el pretexto de que esta será reducida y que las condiciones crediticias serán “mejoradas”. La noticia la pueden ubicar en el sitio on line del periódico “Vanguardia” de Saltillo, Coahuila, en la fecha 23 de octubre del presente.

Peor todavía; el secretario no tiene empacho en reconocer que el fondo del que se obtendría el crédito es en sí para seguridad pública e infraestructura, según sus reglas de creación, pero, admite que 608 millones se usarán para pagar pasivos de la deuda, y el resto (342 millones) en infraestructura y seguridad, otras vez, y perdón por repetirlo, sin aclarar qué “infraestructura” y qué obras o temas relacionados con la seguridad”.

Senadoras y senadores, compañeras y compañeros, esto no puede seguir; Coahuila ha sufrido el mayor fraude financiero en su historia, y uno de los más grandes abusos de un gobierno local de que se tenga memoria. La administración de Humberto Moreira recibió la administración con una deuda de apenas 350 millones, y, seis años después aumentó a 36 mil millones de pesos; un 16 mil por ciento de aumento. Pero, ¿quieren saber qué es peor todavía que esto? Se los diré, y en orden:

I.- Aún hoy nadie conoce el origen total de la deuda; la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas, el Gobernador, todos, se niegan a revelar quiénes y cómo contrataron el total de los créditos que conforman este pasivo.

II.- Nadie conoce los contratos de la deuda; la Secretaría de Finanzas se niega a publicarlos en su sitio WEB de conformidad a la Ley de Deuda de la entidad.

III.- Toda la información relativa a la deuda, ha sido declarada como “reservada” por la Secretaría de Finanzas; hablamos de contratos, certificaciones, inversiones, adquisiciones; así como la información que se encuentra en los sistemas digitales conocidos como SIIP (Sistema de Inversiones) y SINTAD (Sistema de Adquisiciones), solo por mencionar algunos datos y documentos que deberían ser públicos. Y esto lo podemos demostrar con respuestas concretas a solicitudes de información de los ciudadanos, así como en base a las peticiones que la oposición ha hecho en el Congreso local, todas enviadas a la congeladora por el grupo dominante. Javier Villarreal, sus familiares y socios siguen prófugos y en la impunidad total. La Procuraduría local no ha informado si por lo menos ha hecho el intento de asegurar o decomisar los bienes de este ex servidor público, tal y como lo establece el Código Penal de Coahuila.

¿Y así, en estas condiciones, quieren pedir otro crédito? Solo una mente retorcida o corrupta podría aspirar a tratar de “justificar” semejante acto en las condiciones ya señaladas.

Coahuila está devastado financieramente, sus obras públicas y el desarrollo social, así como los servicios básicos y asistenciales, apenas funcionan, todo en porcentajes mínimos o casi inexistentes.

Ni como seres humanos, ni como mexicanos, ni como coahuilenses, en este caso, lo que tenemos la dicha de presumir que somos de allá; podemos permitir que esta burla continúe; que la impunidad, la opacidad y la corrupción triunfen sobre la justicia y la verdad.

Entendemos el derecho del gobierno local a pedir prestado, pero no entendemos las condiciones en que desea hacerlo (pedir para pagar deuda), y sin antes haber transparentado todo con respecto a su pasivo actual, sin haber castigado a los culpables, y haber tratado de recuperar en lo posible lo robado por esos delincuentes.

Compañeras y compañeros, les pido un voto de justicia y piedad para los coahuilenses, olvidémonos de partidos y de las diferencias que tenemos en otros temas aunque sea por un momento; somos un cuerpo colegiado, y para todo necesitamos de la mayoría de ustedes, de nosotros.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Primero: Esta Cámara de Senadores, exhorta alTitular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, a que antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad; incluyendo: los contratos (legales e ilegales) que dieron origen al total del pasivo, el desglose de las inversiones públicas productivasu obras que se realizaron con los recursos de la deuda, las acciones legales que ha iniciado la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades resarcitorias, así como para realizar el decomiso de los bienes o cuentas bancarias de estos; y, todos los documentos que guarden relación con el pasivo vigente de la entidad.

Segundo.- Que el Jefe del Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto de su Secretario de Finanzas, remita a esta Cámara de Senadores, toda la información, documentos y justificaciones relativas al crédito de novecientos cincuenta millones que pretende solicitar, independientemente de lo señalado en el párrafo anterior.

México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

- El C. Presidente Burgos García: Como se solicita y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Está a discusión la propuesta. En contra de este tema, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

El monotema, porque es monotema, que se ha venido a presentar una vez más aquí, me parece muy importante que estemos por la transparencia.

Pero al modo de los discursos que en últimos días hemos escuchado, siempre ocultan una parte que les pega, y en mi tierra dicen: “Que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”.

Me parece que en el tema de Coahuila, nada más apartado de la verdad de lo que aquí se ha dicho, porque aquí se ha venido a decir que es un nuevo crédito el que pedimos, y no se ha dicho que es un fondo que abrió el gobierno federal, que no está abierto para Coahuila solamente, está abierto para todos los gobiernos.

Pero en el afán de la tan llamada transparencia y rendición de cuentas donde venimos a inmolarnos todos los días aquí, pues hay que agregar a más.

¿Qué tal si traemos aquí al estado menos transparente del país, que es Sonora? O, ¿por qué no traer al que está más endeudado en el país, que es el Distrito Federal?

Ya es hora de que hablemos con claridad y que usemos esta tribuna no solamente para reparto de culpas.

El fondo al que está el gobierno de Coahuila aspirando es, y lo leo, un fondo federal para infraestructura y seguridad. Pero además están hablando de salvar créditos. No lo pidió el gobierno de Coahuila, ni lo pidió de un traje hecho a la medida, es una oportunidad que se está dando.

Pero qué tal, compañeros, si le entramos al tema de transparencia con la Estela de Luz...

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, SenadoraDiva Gastélum. ¿Con qué propósito, SenadorFernando Salazar?

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño)Para formularle una pregunta a la Senadora Diva Gastélum.

- El C. Presidente Burgos García: ¿La admite, Senadora Diva Gastélum?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¡Adelante!

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño)Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Dos cuestiones:

Primero.- ¿En qué tiene que ver el tema del programa al cual se acogió el gobierno de Coahuila para pedir un préstamo con la deuda ilegal que adquirió el estado en la época de Moreira?

Segundo.- Aquí no se planteó que el apoyo que esté buscando el gobierno del estado de Coahuila no venga de un programa del gobierno federal, eso lo dijimos, lo dije hace unos momentos.

Lo que yo vengo a solicitar a este Pleno es que nos digan: ¿Para qué quieren los 950 millones de pesos? Que nos presenten las justificaciones, los documentos, ¿para qué lo van a utilizar? Y que no pase lo que pasó con los 36 mil millones de pesos que seguimos los coahuilenses sin saber a dónde fueron a parar.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastéum Bajo: Es que cuando usted hace uso de la palabra, hace toda una historia y hace un ajuste de cuentas, y justo llega a lo del crédito, pero pone una cortina de humo en lo sustantivo, que es el crédito.

Claro que sí, yo me estoy refiriendo a todo el discurso que usted ha presentado y, sobre todo, al punto de Acuerdo que trae una lista de ajuste de cuentas y demás.

Claro que tiene que ver, porque están hablando de créditos, así lo dice BANOBRAS, no lo estoy inventando yo, está hablando de créditos.

Pero además estoy muy de acuerdo que usted esté tan interesado en poder llamar a cuentas. Hagamos una lista, y creo que la lista es muy vergonzante, porque entonces yo también quisiera saber qué pasó con un gasto excesivo de la Estela de Luz o con Pronósticos Deportivos, que es una tomada de pelo que a todos los mexicanos nos trajo a cuentas.

Entonces, yo quiero terminar diciéndoles que no desviemos la atención de un tema que el gobierno federal abrió la ventanilla a esta oportunidad para infraestructura. Permítanle al gobierno de Coahuila que diga para qué lo quiere. No adelantemos juicios y no vengamos aquí trayendo un tema que es monotema.

El tema de Coahuila es una y otra vez recurrente, y creo que hay que voltear la vista a otros estados que realmente es vergonzante su desempeño en deuda y en transparencia de recursos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Quisiera, respetuosamente, extenderle una invitación a la Senadora para que asista el próximo martes a la inauguración de la obra pública más grande que ha tenido este país en los últimos 20 años, que es la Línea 12 del Metro, porque veo que tiene dudas respecto del endeudamiento de la ciudad de México.

Aquí sí sabemos en qué se utilizan los recursos públicos, y la invito cordialmente a que asista, bueno, y extensiva a todos los Senadores, por cierto ¡eh!, el próximo martes, en uno de los servicios más modernos que tenemos en el país, de transporte público. Gracias.

(Aplausos)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño)Le agradezco mucho la invitación, pero para nadie es desconocido la forma como se maneja el gobierno del Distrito Federal.

Por ejemplo, cómo Andrés Manuel López Obrador ocultó los datos de transparencia y de deuda. Pero además, como aquí en el Distrito Federal se mandan solos, habría que echar una revisada cómo se gobiernan, nadie los supervisa, nadie los vigila, la Asamblea del Distrito Federal es lo más apartado de lo que ustedes vienen y pregonan aquí, y se inmolan y se tiran en la bandera, es lo más apartado, son autoritarios, anarquistas a más no poder. Muchas gracias por la invitación, pero preferiría que me invitara a un estado, como al estado de Michoacán que lo dejaron completamente endeudado, convulsionado, descompuesto, como los dejan los gobiernos de la izquierda.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Alejandro Encinas, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Solamente para recordarle a la Senadora Diva Gastélum, que si alguna entidad está fiscalizada en este país es el Distrito Federal, ya que no está considerada como un Estado Libre y Soberano, igual que el resto de las entidades de la República, y que el caso específico del endeudamiento de la ciudad, ésta es la única entidad por la cual el Congreso federal no solamente autoriza su endeudamiento, sino también se sujeta a la fiscalización del mismo.

De modo tal que la fiscalización es plena, y para tener acceso a los datos de los segundos pisos y de todas las obras del Distrito Federal, basta entrar a las páginas de internet del gobierno de la ciudad para tener la información puntual del ejercicio de los gastos.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene la palabra la Senadora Diva Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Ni modo, fiscaliza lo que quieren, guardan y ocultan, sí los conocemos, y los conocemos muy bien. Ya no dejan de vivir con oxígeno prestado, me parece que el Distrito Federal ya requiere de, que igual que Coahuila, como aquí se está exigiendo, que diga la verdad de lo que está pasando.

Aquí lo que está pasando es que es fiscalizado pero con “gatos” escondidos, claro que sí sabemos cómo dejan ustedes los gobiernos, sobre todo el del Distrito Federal.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Mario Delgado, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Sorprendentes los calificativos y conclusiones de la Senadora, yo nada más le quisiera recordar que el pasado 1° de julio la gente de la ciudad de México nos volvió a renovar la confianza con el 63 por ciento de la votación, lo cual usted tiene la libertad, sin duda, de decir muchos calificativos, pero yo me quedo con el calificativo de la gente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Diva Gastélum, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Senador Delgado Carrillo, yo fui la que hablé antes que usted. Le quiero decir una cosa, conocemos muy bien la manipulación que ustedes usan en los programas sociales, precisamente por eso yo también preguntaría ¿por qué López Obrador perdió tantos votos?, ya no les alcanza a ustedes para poder manipular adentro de cada hogar los programas sociales.

La gente está enfadada y hay que decirlo, no ganaron con lo que ustedes vienen y pregonan en este recinto, realmente dejen de seguir manipulando los programas sociales, si a eso le llaman ganar, de veras es una vergüenza para el país.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Hermosillo y Celada, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Aquí creo que nos salimos del tema, si seguimos con dimes y diretes vamos a estar aquí todo el día.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo, estamos dando consecuencia ya ahora a la lista de oradores. Tiene la palabra el Senador Carlos Mendoza, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Muchas gracias. Señor Presidente, compañeros Senadores:

En efecto, pareciera que este tema es recurrente, se recicla, por ahí lo llamaron monotemático, yo creo que lo es, y lo es en buena medida por dos razones:

Una, porque no se presenta un plan razonable para resolverlo, y el problema persiste, la deuda ahí está, y hoy por hoy no sabemos qué van a hacer las generaciones de coahuilenses para quitarse ese gran peso de la espalda.

Y el segundo, porque sigue la mata dando, cómo es posible que quieran que dejen de hablar de un problema de deuda, cuando la deuda pretende o quiere seguir creciendo. Hoy hay que decirlo con sus letras, nos encontramos frente a un acto que lastima a la ya de por sí ofendida sociedad coahuilense, se trata de solicitar un nuevo crédito para el gobierno del estado.

Es cierto que los gobiernos tienen la obligación de actuar ante todo con responsabilidad, y hay que decirlo también, no hay que satanizar a la deuda, la deuda pública o privada por sí sola no es mala, tampoco es buena, lo que en su caso es reprochable es el manejo irresponsable de los servidores públicos de las finanzas que les son encargadas.

Y desafortunadamente en el caso de Coahuila, lo que menos hemos visto es responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas. Pongamos el tema en perspectiva, y muchos seguramente lo conocen de tanto que se ha hablado de ésto; hay que dimensionarlo, la deuda creció en Coahuila 8 mil 591 por ciento al pasar de 420 millones de pesos en 2006, a 36 mil 504 millones al finalizar el primer trimestre de 2012. Esto implica que los coahuilenses, para darle servicio a esta deuda, que no necesariamente implica pagarlo, están destinando anualmente más de cuatro mil millones de pesos, ¿qué significa esto en Coahuila? Que cuatro mil millones de pesos es una cantidad mayor al presupuesto de egresos de los cuatro municipios más importantes de la entidad en su conjunto, y hablo de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, donde vive más del 80 por ciento de la población del estado.

El que exista la posibilidad de endeudarse, y no estoy de acuerdo con quien me precedió en la palabra, porque no obstante que es un programa del gobierno federal, y que se llama fondo, es un crédito que implica pasivos que hay que pagar; y el que exista la posibilidad de adherirse a un programa del gobierno federal, y todos los estados la tienen, no quiere decir que haya que ir por ese dinero y que sea una decisión inteligente endeudarse y mucho menos responsable, y mucho menos se es responsable cuando ni siquiera se transparenta el destino que se le va a dar a ese dinero, y se los digo después de haber leído de la a la z la solicitud de autorización que presentó el gobierno del estado al Congreso del Estado de Coahuila, en donde básicamente dicen: porque puedo lo hago, sin decir claramente para qué quieren esos 950 millones de pesos.

Como bien señala mi compañero Luis Fernando Salazar, recientemente en el Senado, y celebro de verdad que haya sido así, aprobamos por unanimidad la iniciativa del Presidente Calderón, la iniciativa preferente que reformó la Ley de Contabilidad Gubernamental y que trae transparencia a los entes públicos de los tres niveles de gobierno en el manejo de sus finanzas.

Pero por su parte, también el PRI y el PRD han presentado en esta misma legislatura iniciativas relacionadas con el tema de transparencia y de ataque a la corrupción. Creo que en esta Soberanía hay consenso en que la transparencia y la rendición de cuentas es una condición indispensable de la democracia, pero es también urgente e irrenunciable para el desarrollo de nuestro país.

El problema de Coahuila está lejos de resolverse. De hecho, no solo no está diagnosticado, ni se ha señalado un plan financiero sensato y congruente para enfrentarlo. Ante esta circunstancia, compañeros, sin duda, lo razonable para nosotros es al menos buscar contenerlo en tanto se determina qué se va a hacer a propósito de él.

No podemos seguir permitiendo que crezca la deuda de Coahuila, que se siga hipotecando el futuro de las futuras generaciones de coahuilenses, de los hijos de los coahuilenses y de los hijos de los hijos. No permitamos que las futuras generaciones tengan que pagar la irresponsabilidad financiera de sus gobernantes; no podemos permitirlo y menos en tanto no se conozca a detalle y con toda transparencia la magnitud y la estrategia integral que habrá de seguir para resolverlos.

Compañeros Senadores, les hago, de corazón, un llamado a la congruencia. Que la importancia que esta legislatura le ha dado a los temas de transparencia, y ahí están los votos sobre las iniciativas que no me dejan mentir, no sea la excepción en el caso de la entidad hermana de Coahuila. Por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas asumamos nuestro papel de representantes populares responsables.

Votemos a favor del Acuerdo de mi compañero Senador de Coahuila, Luis Fernando Salazar.

Transparentar la información financiera de la hacienda pública estatal de Coahuila.

Transparentar la información específica del nuevo crédito por 950 millones, que hace más grande el problema de la deuda pública de ese estado, y castigar a quienes cometieron ilícitos en el crecimiento desmedido e irresponsable de la deuda, es lo sensato, es lo congruente y es lo responsable, por decir lo menos.

Como representantes populares es lo que en esta Soberanía debemos de hacer.

Y hago un paréntesis, a propósito de la impunidad. Hay cinco mandamientos judiciales otorgados por la autoridad jurisdiccional, por el tema de falsificación de documentos para endeudar al estado de Coahuila.

La realidad, se han cumplimentado dos de ellos en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y permanecen aún en la impunidad sin cumplimentarse tres en contra de servidores públicos de primer nivel de la Secretaría de Finanzas de ese estado. Es un dato que creo que vale la pena conocer.

Compañeros, honremos la confianza de los ciudadanos que nos han puesto aquí en el Senado.

Defendamos el patrimonio y el futuro de los habitantes de Coahuila, que también, como nosotros, son mexicanos. Privilegiemos la transparencia y la rendición de cuentas, más allá del discurso, aprobemos la claridad por encima de la opacidad y no permitamos que la irresponsabilidad siga operando por encima del orden y la transparencia.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mendoza Davis.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Patricio Martínez. Sonido al escaño del Senador Patricio Martínez. ¿Con qué propósito, Senador Patricio Martínez?

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene la palabra.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si me permite, tengo ligeras diferencias respecto a lo expresado en esta tribuna, esta mañana, respecto de los pasivos.

No es cierto que los pasivos públicos y privados tengan la misma connotación.

En el sector privado, la deuda implica la posibilidad de cargar los gastos financieros contra los ingresos, implica que la depreciación baja los impuestos, implica que lo que se compra, se pueda revender más caro.

Primero. En el gobierno federal, en el sector público, el crédito no tiene la misma connotación.

Segundo. El problema no es transparencia. Hemos estado hablando mucho de política, de transparencia, de rendición de cuentas, de contabilidad gubernamental; pero muy poco se está hablando de administración pública.

Este país tiene un profundo problema de administración pública. Tiene una terrible descoordinación, desde que los municipios son libres y los estados libres y soberanos, ésto ha sido un señuelo. Ni los municipios son libres, y si son libres, son libres para morirse de hambre. Y cuando se les han dado recursos, no se les han administrado de una manera adecuada.

Por eso tenemos esta cascada de municipios que están cayendo en deudas constantemente. Gastan más de lo que reciben, incluyendo en eso, a la ciudad de México. Que es la que recibe toda la riqueza nacional, todo el turismo, todos los impuestos, y ni así les alcanza para pagar las obras públicas y tienen que pedir prestado.

Nuestro problema no es, de ninguna manera, lo que estamos discutiendo aquí, nuestro problema es federalismo, federalismo fiscal.

¿Alguien se acuerda que nos prometieron que la Lotería Nacional iba a dejar de ser la caja chica de los gobiernos federales?

¿Qué pasó, en dónde está la Lotería Nacional?

Alguien recuerda que con la transición, que era el gran cambio que iba a tener este país, se iban a acabar los endeudamientos. ¿Cómo está la deuda nacional en este momento?

El país nace con deudas, sigue con deudas y seguimos discutiendo una serie de situaciones y no estamos yendo al fondo. Este país necesita administración pública, necesita delicadeza en el manejo de las finanzas, no requiere tanto discurso, lo que requiere es más acción y más seriedad en todos los ámbitos.

Vamos reconociendo todos los problemas que traemos en nuestras propias administraciones en nuestros propios partidos.

Los municipios, los estados, son empujados en los paripasos, son empujados por la presión social, por la presión política a contraer más compromisos que lo que pueden.

Señores, los invito a que hagamos un alto en esta serie de reclamos y que pongamos órden, por fin, en las finanzas nacionales, en la administración pública, toda, absolutamente toda.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Senador Domínguez Servién, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle que en esta sesión se ponga orden.

Que si el Senador Patricio Martínez quiere darnos clases de cómo se llevan a cabo los temas que acaba de decir, que se inscriba; que inscriba un punto de Acuerdo para decir cómo se maneja el gobierno municipal, los gobiernos estatales y el gobierno federal.

Que por cierto, el 1° de diciembre van a tener esa fortaleza dentro de lo que acaba de decir.

Señor Presidente, creo que si vamos a permitir que en este Pleno se empiece a discutir todas estas cosas, digamos la verdad, el dolor que apenas están asumiendo mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, del golpe del martes. Me queda claro que lo suyo lo suyo, no es la rendición de cuentas.

Entonces, va a permitir que nos pongamos a debatir en estos puntos o vamos a seguir con el punto de Acuerdo de mi compañero Luis Fernando Salazar, que es la deuda de Coahuila.

Y yo le pido orden en este Pleno.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Senador, estaba el Senador Patricio Martínez en el derecho de rectificar y estaba en función de tiempo. Estaba en función de eso…

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Senador Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Para alusiones personales, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Mire, de ninguna manera, señor Senador, estoy dando lecciones de administración.

Estoy llamando a la cordura a todos, más allá de cualquier color partidista y de cualquier situación que nos esté dividiendo.

Lo que estoy diciendo, es que el país tiene problemas. Le doy un caso que no debió haberse dado nunca: El impuesto a los alcoholes es federal, y en este país, los borrachos son municipales.

¿Por qué tiene que ser el alcohol concentrado en el gobierno federal?

¿Por qué el impuesto al consumo tiene que ser federal, si en una República federal los impuestos al consumo son de las entidades? Pero se hizo un convenio. Necesitamos revisar todas estas situaciones con ponderación.

No vine a dar lecciones de nada, lo que vengo es a pedirle a todos, que el país no está para que sigamos peleando y discutiendo y señalando, sino que nos sentemos a trabajar aquí, a la vista de lo que está sucediendo en la República, para poner orden en lo que se nos está desmadejando, porque no está poniendo el debido cuidado en la administración.

Las deudas que ahora señalan en Coahuila, mañana van a seguir en los demás estados, porque hay una deformación grave entre el ingreso y el gasto, entre las posibilidades reales de un estado para atender a sus ciudadanos y los compromisos que tiene y las fuentes de ingreso.

Y estoy de acuerdo, hay exceso en el gasto corriente.

Y no es exclusivo de los estados…

- El C. Presidente Burgos García: Senador, si nos permite, vamos a volver al tema, le ruego que concluya…

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, nada más lo que quiero decir es, no puede continuar esta discusión con tintes partidistas y de reclamos, cuando lo que es, es un problema general nacional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Martínez García.

Continúa en uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter…

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Víctor Hermosillo, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente, es que hay que meter un poco de orden aquí, digo, porque la realidad, es que desgraciadamente sí hay muchas inequidades en el país, que debemos después verlas en esta tribuna ¿verdad?, y también con los Diputados. Pero desgraciadamente las reglas que tenemos en el país unos las cumplen y otros no. Digo, hay buenas y malas administraciones de todos los partidos. Yo no estoy en contra de que se escrutinie la de todos los partidos, esa es nuestra función. Aquí no hay que hacer una cosa partidista, somos representantes en la nación y necesitamos buenas cuentas de todos, por eso estamos cambiando leyes.

En este caso, digo, a mí me toca, yo sé, yo vengo de un estado que tiene también muchas inequidades, que es Baja California, en que nosotros tenemos una gran afluencia de gente que va ahí, entre muchas otras cosas, un gran gasto educativo que no tienen otros estados y más o menos las finanzas se han portado bien.

Digo, no es nada malo revisar la actuación de los gobernantes, porque esto se llama, bien lo dice el Senador Patricio Martínez, administración pública. Y los que están enfrente deben de saber administrar y a veces no saben, y hasta hay desvíos.

Por eso debemos de ser más serios y ver por todos, no sacarnos unos los trapos y otros los otros, porque nunca vamos a acabar.

Nuestra función es ser ecuánime hacia todos los estados y creo que eso es lo que debemos hacer y ver que las cosas se hagan bien en todos lados.

Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Continúe el Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Sí, con su permiso, señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador Ríos Piter.

Sí, Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Muy breve, nada más para rectificar algunos hechos que hace el Senador Patricio Martínez, que es una visión setentera de que la ciudad era mantenida por el resto del país. Nada más quisiera darle dos datos, respetuosamente Senador.

La ciudad de México aporta el 20 por ciento del Producto Interno Bruto y aporta el 56 por ciento de la recaudación federal participable de los principales impuestos federales de nuestro país.

- El C. Presidente Burgos García: Les ruego que demos paso ya, por favor, a la lista de oradores.

Senador, estamos cayendo en diálogos, le ruego concluya estrictamente.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores…

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador Ríos Piter.

Senador Patricio Martínez, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Por alusiones personales.

Con todo respeto, no es una visión setentera. Yo no dije que el Distrito Federal era mantenido por la República. El Distrito Federal es una gigantesca máquina de producción eficaz y orgullo de la nación.

Pero en los estados pagamos la educación y la salud. En el Distrito Federal no se paga un peso en educación. Es nada más un ejemplo.

Independientemente de que no es el punto de la discusión señalar al Distrito Federal, fue algo de pasada, lo importante es que le bajemos a esta discusión, que entendamos que lo que necesitamos es reorientar el esfuerzo y todo este empeño en un acuerdo nacional para que tengamos una administración pública que le sirva a los ciudadanos.

- El C. Presidente Burgos García: Continúe Senador, por favor.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Yo creo que se ha desvirtuado un poco el debate y me parece que es importante reconducirlo. Sin embargo, creo que es indispensable hacer algunas precisiones por la ligereza con la que la Senadora Diva Gastélum trató el tema de la deuda y sobre todo cuando se refirió al Distrito Federal.

Yo solamente quisiera decirle, compañera Senadora, usted y yo fuimos compañeros Diputados durante tres años, y usted votó por la Ley de Ingresos que es en el artículo 3o. donde se define la deuda del Distrito Federal.

De tal manera que usted es parte de esa aprobación de la deuda más transparente que hay en el país y una deuda que solamente por ponerlo en referencia para que veamos la magnitud de lo que son las cifras cuando hablamos de Coahuila.

Coahuila empezó con 350 millones de pesos el sexenio de Humberto Moreira y lo terminó con 35 mil millones de pesos, un crecimiento, digamos, enorme por donde se le quiera ver.

La deuda por sí misma no es mala, también hay que plantearlo. No hay que señalar a la deuda como algo malo, si es que se le da un buen uso.

La Línea 12 del Metro, a la cual reiteramos esa invitación el próximo martes, costó 25 mil millones de pesos. Ese es el monto presupuestal que significó el Metro.

Yo quisiera saber en Saltillo, o en todo el estado de Coahuila, qué obra o qué conjunto de obras están ahí que los ciudadanos puedan ver y que tengan precisamente una representación de ese monto.

Entonces, compañeros, me parece que es importante que se ponga en contexto lo que se está pidiendo en este punto de Acuerdo para que no se rasguen las vestiduras la gente. Me parece que hay que ser congruentes y consecuentes con lo que hemos dicho.

El martes pasado el tema de transparencia se votó a favor de todo este Pleno.

El PRI lo introdujo con un planteamiento en el que quiso meterse al debate. Y hoy lo que estamos pidiendo es eso, transparencia, lo que estamos pidiendo es que se presente la información.

Y oigan, compañeros, yo se los digo porque pareciera ser que no hay memoria, esto sí tiene muy poquito tiempo, esto les costó, incluso, que cayera el presidente de su partido, que Humberto Moreira dejara de ser presidente nacional de su partido. Bueno, compañeros, me parece que no hay que rasgarse las vestiduras y no hay que envolverse en una bandera en la que no vale la pena envolverse.

Si nosotros estamos hablando de este tema es para que se presente información que hoy le cuesta a los ciudadanos de Coahuila, como también el tema de deuda es un problema en otros estados y que atañen a todos los partidos políticos, porque no es solamente Coahuila. Y ahí estoy de acuerdo con Patricio Martínez, es un problema estructural.

Y yo esperaría que el PRI no solamente apoye este voto a favor por un asunto de transparencia, por un asunto de congruencia, sino hay dos temas de debate que han quedado aquí y ojalá que este Senado los pueda empezar a resolver.

¿Cómo le vamos a entrar al tema de la deuda?

Bueno, pues le tenemos que entrar generando ingresos. La ciudad de México, compañera Diva Hadamira, genera el 55 por ciento de los ingresos propios.

Bueno, se ha hablado mucho de una reforma fiscal, ojalá que todas las Senadoras y Senadores le entremos a ese tema para que las entidades generen ingresos propios y no se quieran ir con la lógica del IVA en alimentos y medicinas, que esa no es la solución. El tema es lo que dice Patricio Martínez, generar ingresos propios. Y yo espero que esa sea la lógica en la que le entremos a ese tema, y hay otro que nos dejan y que me parece indispensable que retomemos. Están discutiendo el Distrito Federal, están haciendo consideraciones sobre cómo funciona una ciudad que la izquierda lleva gobernando 14 años y que ahora repetimos el triunfo casi tres a uno, en este caso, frente al PRI.

Bueno, pues entonces vamos por la Constitución que requiere el Distrito Federal, ojalá que no solamente le entremos en los discursos, sino que seamos consecuentes y que a los ciudadanos capitalinos les demos derechos plenos, como los que en muchas ocasiones, especialmente la bancada del PRI, ha estado encargado de detener y de no querer que se avance.

De tal forma, señor Presidente, para concluir, yo diría, compañeros, votemos en consecuencia este punto de Acuerdo. Es pedirle al gobierno de Coahuila, como creo que estamos obligados a pedirle a cualquier gobernante, sea del partido político que sea, que entregue información, que la transparente, porque eso es precisamente lo que llevamos debatiendo más de mes y medio.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Ríos Piter.

Senadora Cristina Díaz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para dejar muy claro que primero respetamos el debate y los puntos de vista aún cuando no coincidamos. Pero lo único que pido al Senador Armando Ríos Piter, porque lo señaló, no meterse en la vida interna de los partidos, es lo único que le pido. Por lo demás, se respeta el debate y estamos con la transparencia...

- El C. Presidente Burgos García: Senador Omar Fayad, ¿con qué propósito?

Sonido al escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Hay una confusión, yo no levanté la mano, yo me anoté como orador para que en el turno que me corresponda, después de los compañeros que hagan uso de la palabra, pase a la tribuna, así es como estoy inscrito. No levanté la mano, me inscribí.

- El C. Presidente Burgos García: Muy bien. Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Compañeras y compañeros Senadores:

Yo creo que no es útil para México y para los mexicanos que satanicemos un tema que debemos de tratar con mucho cuidado, porque vamos a generar en la opinión pública de los mexicanos que el endeudamiento es malo, y perdónenme pero no puedo de ninguna manera compartir esa expresión, porque gracias a la posibilidad de endeudamiento puede desarrollarse la infraestructura productiva de este país.

Y permítanme reafirmarles que el tema más importante para el PRI, para mi partido, y para el Presidente Electo, Peña Nieto, ha sido el tema de la transparencia, por eso esa iniciativa que planea y la comparte con nuestros compañeros Senadores, fue la primera iniciativa que presentamos ante esta tribuna, porque nosotros estamos en todo momento por el tema de la transparencia y de la clara rendición de cuentas.

Lo que no podemos permitir es que, versus un tema que se ha politizado, tratemos de dejarle una pésima imagen sobre el endeudamiento a los mexicanos. Porque endeudados están tanto el país, y por eso creo que tampoco se vale buscar la paja en el ojo ajeno, porque está endeudado el país, porque la mayor deuda de este país se ha contraído en los últimos seis años, y porque no solamente podemos circunscribir este tema al estado de Coahuila, porque hay otros estados.

Después de Coahuila también está Michoacán, Jalisco, Morelos, muchos otros, todos quizá, y no podemos negar, y quienes hayan ido a Coahuila van a compartir conmigo, la transformación que el estado ha tenido en los últimos años. Eso no está oculto, y voy a utilizar el mismo ejemplo que se trajo a esta tribuna respecto de la deuda en el Distrito Federal…

- El C. Presidente Burgos García: Senador Omar Fayad, permítame.

¿Con qué propósito, Senador Fernando Salazar?

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Si me acepta una pregunta el Senador Omar Fayad.

- El C. Presidente Burgos García: ¿La acepta, Senador Omar Fayad?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: No. No acepto ninguna pregunta porque quiero concentradamente dar mis argumentos. Al final si quieren hacer preguntas con mucho gusto responderé todas las que quieran.

- El C. Presidente Burgos García: No la aceptó.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Decía yo, antes de ser interrumpido, que el mismo argumento del Distrito Federal respecto de su deuda, que lo comparto, aplica para Coahuila, exactamente igual. ¿Quieren saber la respuesta ciudadana? Ya la tienen.

Nosotros ganamos, el PRI ganó la elección en Coahuila, ahí está la calificación ciudadana, misma que fue traída a esta tribuna por otro compañero del PRD, simplemente la hago propia para ejemplificar de la misma manera.

Por eso, amigas y amigos, démosle cauce a las cosas como deben de ser, y estoy en contra de que esto sea resuelto como de urgente resolución, porque creo que tenía el cauce para tramitarse un asunto de esta naturaleza. ¿El Senado va a sustituir las facultades del Congreso local en Coahuila? Yo creo que no, yo creo que habría, en todo caso, que llevar la petición al Congreso de Coahuila, circunscribirla a su ámbito, para que resuelta por el Congreso de Coahuila, tome el cauce que debe de tener.

Y eso no implica que esta Soberanía no pueda pedirle a cualquier entidad federativa transparencia y claridad, estoy totalmente de acuerdo con ello. Creo que debemos de trabajar para fortalecer la iniciativa de transparencia que hemos presentado ante esta legislatura, para que no caigamos en estos discursos de rompe y rasga en donde a todas luces lo que resulta es la politización de un asunto.

Por eso, y con esto concluyo, compañeras y compañeros Senadores, debemos todos de hacer un esfuerzo para que exista claridad y transparencia, para que exista una rendición de cuentas como la necesita México y los mexicanos, y para que juntos construyamos el sistema de control adecuado para que nadie pueda endeudarse más de lo que puede pagar, y de esta manera contribuir, además, a que la deuda sea utilizada para la infraestructura productiva que tanto necesita este país, lejos de estarla satanizando ante México y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Omar Fayad.

Adelante, Senador Salazar Fernández.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito? Senador Salazar Fernández.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Ya que terminó la participación del Senador Omar Fayad, yo le quería preguntar si está a favor de la deuda ilegal, si está a favor de la falsificación de documentos oficiales y si está a favor del encubrimiento que está haciendo el gobierno del estado con Javier Villarreal y los responsables de la deuda. Y aclararle un punto al Senador, en Coahuila los Senadores del PAN, que estamos aquí representados, ganamos la elección.

- El C. Presidente Burgos García: Ya concluyó la participación, no aceptó preguntas.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Señor Presidente

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito, Senador Francisco Yunes?

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Aprovechar la figura de rectificación de hechos para pedirle sea usted el conducto de preguntarle al Senador proponente si acepta, en su punto de Acuerdo, la adhesión de que este análisis y este interés se pueda hacer extensivo a todos los órdenes de gobierno, y particularmente a todos los estados que están inscritos en esta problemática.

Estaríamos incluyendo más estados, estaríamos incluyendo al gobierno federal y estaríamos dándole a este tema un cauce formal, institucional, para alejarlo de la estridencia y para que no siga siendo utilizado como instrumento de carácter político.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Salazar Fernández, ¿acepta la propuesta?

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) Por supuesto que no acepto la propuesta, es un problema de Coahuila. Como coahuilense me encuentro indignado y esperamos una respuesta a los coahuilenses, somos hermanos representados en esta Soberanía y esperamos una respuesta de Coahuila. No acepto.

- El C. Presidente Burgos García: No aceptó.

Sonido al escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Es a la Mesa Directiva, señor Presidente, y a la Asamblea en general.

El uso de la palabra de cada Senador es irrestricto, es pleno, se ejerce a partir de la representación política que cada una de las Senadoras y Senadores tenemos, pero está sujeto a una reglamentación, y esa reglamentación la cuida, la vigila la Mesa Directiva. Esto arrancó con un punto de Acuerdo sobre un tema del estado de Coahuila, y la mejor forma de debatirlo es desviando el debate para quien no quiere que se resuelva.

No voy a fijar ninguna posición particular, pero ya no sabemos en qué estamos. Empecemos por Aguascalientes y terminemos por Zacatecas. Así es que yo le pido, señor Presidente, que se ordene el debate, que se mocione a las Senadoras y Senadores para que se circunscriban al tema.

La digresión legislativa también existe, que es aquella que se ejerce porque está en la tribuna y desvía sus argumentos. Yo le pido que nos diga quiénes están registrados en el uso de la palabra, para que una vez que se agoten estos derechos de hablar, se concluya el debate y se vote.

De otra forma, de verdad, estamos excediéndonos con un desorden, diría yo, muy elemental, pero al final desorden. La tribuna se hizo para los tribunos, para acudir a ella, los micrófonos de nuestros escaños son para hacer preguntas, para hacer mociones, para pedir la palabra, pero no para hacer un discurso, también hay que regular, de lo contrario, yo quiero que esto se me tome como una opinión muy respetuosa a todas y a todos, muy respetuosa a los coordinadores para que podamos recomendar a nuestras bancadas que podamos dar debates ordenados.

Así es que, yo le pediría en concreto, después de esta reflexión, que se nos diga quiénes están anotados para hacer uso de la palabra, se les conceda ese derecho y una vez terminado se haga la pregunta si está suficientemente discutido y se proceda a la votación de este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Puente Salas, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Carlos Puente Salas: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente. Con todo respeto, simplemente nada más para solicitar si se pudiera considerar que fuera este exhorto para todas las entidades federativas, creo que en todo el país existe una grave problemática referente al tema.

Creo que tenemos una oportunidad como Senado de la República, de aprovechar y no estarlo haciendo de manera particular, entidad por entidad, simplemente para someterlo a consideración que ojalá se pudiera incluir, que fuera abierto para todas las entidades federativas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Fue planteado pero el Senador no lo aceptó, fue planteado en su oportunidad en el mismo horizonte.

Senadora Laura Rojas, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Laura Rojas Hernández: (Desde su escaño) Nada más para recordarle al compañero Senador que este Senado hace unas semanas aprobó ya un exhorto con ese propósito, dirigido a todos los estados y a los congresos de los estados, ya está aprobado en ese sentido, para todos ya está aprobado, pero este es un tema específico y nuevo debido a la nueva solicitud y aprobación de nueva deuda del estado de Coahuila.

- El C. Presidente Burgos García: En un afán de reordenar el comentario, le ruego pase a tribuna, como está inscrito, el Senador Robles Montoya.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, nada más informar si me lo permite el Presidente de la Comisión de Hacienda que tan atinadamente conduce esa comisión, que al interior de la comisión hemos pedido precisamente una serie de estudios y trabajos para revisar esta problemática, que como dice el Senador Omar Fayad, como dice el Senador Patricio Martínez, es un problema prácticamente de todo el país, está agotado el modelo de deuda en nuestro país y estamos trabajando ya en el seno de la Comisión de Hacienda para, pues investigar, para ver, explorar las posibilidades que vamos a tener que cuidar en algún momento en esta Soberanía.

Entonces, nada más decirles, se está trabajando en esa materia y que lo vamos a hacer extensivo, por supuesto, a todas las Senadoras y Senadores.

- El C. Presidente Burgos García: Aclarada la observación.

Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

Empiezo por señalar que estamos a favor en los términos que ha presentado la propuesta el compañero Senador de Coahuila, Salazar Fernández, porque el tema es trascendental. Yo entiendo la intención de desviar el tema, de involucrar a muchos estados, porque ciertamente son muchas entidades del país las que hoy tienen estos graves problemas de endeudamiento, pero sin lugar a dudas el estado que más gravedad presenta en este tema es el estado de Coahuila, más del 300 por ciento de sus participaciones ya están comprometidas en materia de deuda y lo mínimo que se le puede pedir al mandatario de esa entidad, pues es que transparente, precisamente es la propuesta que aquí vino a presentar el Senador Salazar Fernández, para qué quiere ese recurso.

Me parece que el hecho de que un Senador de esa entidad venga aquí a la tribuna es un tema que habla bien de él, de su preocupación y por supuesto que nos sumamos.

Pero nos sumamos también porque el asunto ya trasciende a otras entidades y no es el tema de la transparencia lo único que hay que revisar. Esta Soberanía discutió en su momento, en el trámite preferente, la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Y eso habló, porque fue votada por unanimidad, del interés de las Senadoras y de los Senadores de esta legislatura sobre el tema de la transparencia, de eso no hay ninguna duda, esperamos ahora que la Cámara de Diputados termine de revisar también en su periodo preferente dicha iniciativa.

Pero el tema que hoy se está tratando yo creo que trasciende las fronteras de la transparencia, yo creo que si hay ciudadanos que estuvieron pendientes de este debate deben sentirse muy avergonzados por lo que se ha dicho aquí, porque esto se debe, el endeudamiento, al abuso de poder, los gobernadores de las entidades han abusado de ese poder que tienen, precisamente por tener controlados muchos congresos, y hoy hay muchos estados de la República que tienen los problemas, no es la primera vez que tratamos este tema aquí en esta legislatura, un servidor ha propuesto y quiero volver a insistir en el tema, que podamos poner candados, límites a los endeudamientos. No basta la transparencia. Eso no va a limitar el abuso de poder que vemos en muchos estados de la República, debemos de pasar a lo siguiente y si es de tanto interés que hasta se pretende que sea extensiva a todos los estados y a todos los poderes, pues yo espero que eso se pueda traducir en la revisión de este tema que también es trascendental.

Por supuesto que apoyamos la moción del Senador de Coahuila, porque es un tema que agravia ya no sólo a los coahuilenses, sino a todo el país, y no podemos aceptar que se vengan aquí a plantear temas diferentes, que esquivan el centro fundamental del debate, apoyemos la moción, exhortemos al gobernador de esa entidad a transparentar para qué está pidiendo ese endeudamiento, porque además hay que recordarlo, ningún estado de la República, de los muchos que hay, tiene tantos problemas, imagínense nada más, más del 300 por ciento de las participaciones ya están comprometidas.

Dicen bien cuando hablan de que el patrimonio de las familias de ese estado, pues ya también está comprometido, ese futuro depende de alguna asistencia sin lugar a dudas y ese es un tema que también se tendrá que discutir, pero por el momento, lo que tenemos que hacer, y yo pido a las Senadoras y a los Senadores aquí presentes, que hagamos un compromiso, veamos cómo esta Soberanía deja de lado los falsos debates del federalismo, revisemos cómo desde aquí podemos limitar esas facultades que le han venido a dar al traste a muchos estados con tanta deuda.

Es lo que quiero plantear, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Esta Presidencia hace la respetuosísima referencia en cuanto a que, por supuesto el respeto al uso de la palabra es un derecho incuestionable, ha habido solamente para referencia una propuesta de un tema estructural, un tema general de la administración, el Senador Mario Delgado comparte el punto de vista, así que vamos a continuar con el trámite legislativo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Orozco Sandoval.

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente.

Bien, solamente para dar un dato, Senadoras y Senadores, y ya que presumen que Coahuila está impresionante en infraestructura, de lo ejercido en los 6 años del gobierno de Moreira, que él mismo dice, son 220 mil millones; pero también él acepta que solamente 15 mil millones de pesos se invirtieron en obra pública.

Simplemente dónde quedó el resto, y sólo de la deuda.

Y la deuda no es mala, yo coincido que ahora debemos de trabajar por responsabilidad e incluso el propio actual gobierno de Coahuila en cómo resolver ese gran problema para el estado. Y las deudas salvan muchos estados y municipios; el problema es el manejo y la forma que le dan a la deuda pública.

Simplemente para apoyar este punto de Acuerdo de mis compañeros Senadores de Coahuila, que se expliquen tres cosas, nada más, antes de pedir nuevamente la deuda; dónde quedó el recurso de esa deuda inmensa de ese estado; la impunidad, porque no existe ninguna denuncia del actual gobierno del estado y que regresen algo de lo que se robaron.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Senador Francisco Yunes, ¿con qué propósito?

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Insistí, y en función y con los argumentos que hemos estado trabajando en la Comisión de Hacienda en esta materia, si pudiese el Senador proponente considerar esta propuesta de redacción en donde estaríamos los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidiendo en el sentido y en el alcance del acuerdo, si me permiten leerla y ponerla a su consideración, señores Senadores.

La Cámara de Senadores exhorta a los gobiernos de las entidades federativas cumplir las disposiciones en materia de transparencia, particularmente en el endeudamiento y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a difundir la información relativa a la contratación de créditos y su destino.

Creemos que el tema es lo suficientemente generalizado para que pueda tomarse con seriedad y pueda incluir a todas y cada una de las entidades y a todos y cada uno de los niveles de gobierno más allá de su origen electoral.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Fernando Salazar, ¿está de acuerdo con la propuesta?

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: (Desde su escaño) No, no estoy de acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: No, no está de acuerdo.

Senador Fernando Yunes, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, solamente para proponerle al Senador José Yunes, somos de la misma entidad, y entiendo su preocupación, ya que Veracruz es de los cinco estados más endeudados del país, que propongamos un punto de Acuerdo conjunto para pedir información sobre la deuda de Veracruz en la próxima sesión, y de igual forma le solicitaré al Senador Héctor Yunes.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Senador José Yunes.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) En el espíritu de esta propuesta, y en el entendido de tomar con seriedad este tema y no tratar de sesgarlo electoralmente, no tratar de posicionar electoralmente, yo estaría en la mejor disposición como lo hemos tratado en la Comisión de Hacienda, de tocar, atender y analizar cualquier tema de deuda de cualquier identidad, es parte de la responsabilidad del Senado de la República, venimos a trabajar y no a tratar de sacar votos con estos temas.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Omar Fayad, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, de hacer una moción de orden. No es posible que el debate se permita que baje de nivel a los niveles que se está poniendo.

Yo le quiero rogar de la manera más atenta en un tema que ya fue ampliamente discutido, porque creo que debieran los compañeros, sobre todo el proponente, permitir que entre todas las expresiones políticas se construya un texto que logre sumar a todos, luego entonces poder sacar adelante un asunto con altura en el Senado, porque si no, ya vio lo que ocurre, empezamos con Coahuila, se van a seguir con Veracruz, así vamos a ir uno a uno de los estados de la República, pero además, quiero decirle una cosa, vamos a ir uno a uno hasta llegar a la Federación, porque aquí el Senador Orozco Sandoval, y por eso es la moción de orden, viene a manifestar la expresión de que devuelvan lo que se robaron, que esa fue su expresión; el que afirma está obligado a probar, y creo que él no ha presentado ninguna denuncia al respecto, pero lejos de ello, aquí nadie le vino a pedir de mala manera las cosas, sino que se hizo una propuesta seria de un texto, un texto que involucre a todas las entidades federativas para que cada una de las entidades que está con un problema como éste, salga adelante. Y concluyo, el Senador Orozco Sandoval sabe que está sujeto a un proceso legal, así que, bueno, que se robó el que está, y también por qué no le pregunta a su presidente, si devuelve lo que se robaron en la Estela de Luz.

Es cuanto.

- El C. Presidente Burgos García: Senador, concluyamos ya con esto, vamos a proceder a la votación, porque es un tema que va a ser recurrente, les ruego su comprensión y volvamos al tema.

Senador Barbosa Huerta, adelante. Y de nuevo, les ruego la atención al Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, a ver, y de nuevo solicito la atención. Señores Coordinadores Ernesto Cordero y Emilio Gamboa, dejen de hablar y pongan atención al desahogo.

Yo les propongo que votemos este punto tal y como fue planteado, y les propongo, a las bancadas acá representadas, que presentemos un punto de Acuerdo en la siguiente sesión para exhortar a los gobiernos de todos los estados, nos rindan un informe sobre el estado del endeudamiento de cada una de las entidades federativas, incluyendo a la Federación.

Vamos en ese sentido, así como fue planteado por parte del Senador Yunes, y es un asunto, como se ha argumentado aquí, de compromiso con la transparencia y que sea un punto de Acuerdo específico que presentemos en la siguiente sesión.

Se los pongo a consideración, pero de procedimiento que ya se tome la votación respecto de este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Solicito se vote de manera nominal, es un derecho que tiene cualquier Senador, siempre y cuando haya otros cinco Senadores que se sumen a mi propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Quiénes lo apoyan?

Sonido al escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño)Yo quiero, con todo respeto, dirigirme a usted, señor Presidente.

Ha dejado que esta reunión se pierda en una discusión bizantina y en un tema muy puntual que debió abordarse y que ya está votado, y que es ahí donde le quiero decir: que no procede la solicitud de votación nominal porque ya fue votado, se solicita antes de la votación y aquí es muy simple el planteamiento.

Fue un punto de Acuerdo solamente para solicitar que se transparentara una información. Y en este caso, usted permitió una serie de discusiones fuera de orden que han hecho, que violando el procedimiento parlamentario, ahora en el aire quieran cambiar el planteamiento y quieran presentar otro.

Yo creo que si se requiere muy puntual, un punto de Acuerdo en el cual todos coincidiríamos en que se dé un informe de toda la deuda de las administraciones estatales en el país y del gobierno federal, pues háganlo como Junta de Coordinación Política, elabórenlo, preséntenlo y lo votamos. Pero creo que aquí hay que desahogar un punto muy particular, que ya fue discutido bastante y mal.

Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Isidro Pedraza, por sus apreciaciones personales.

Se privilegió el derecho de todos a hacer uso de la palabra. Pero de todos modos, gracias por su referencia.

En términos de nuestro Reglamento, cuando hay duda en el resultado de la votación, conforme al artículo 99 en su segundo numeral, es válido abrir el sistema electrónico.

Abrase el sistema electrónico, porque hay duda. Que se aclare, en abono de la claridad. Abrase por 3 minutos el sistema electrónico de votación.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Gil Zuarth, está abierto el sistema.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, me temo que la duda, si es el caso de que hubiese imperado en el ánimo de la Presidencia de la Mesa Directiva, debió haberse planteado antes de que la Secretaría de la Mesa Directiva determinara el resultado de la votación.

La Secretaría de la Mesa Directiva, que conforme a nuestras normas, tiene la facultad de determinar el resultado de la votación, fue declarada en sus términos. En ese sentido, señor Presidente, no procede la aplicación del artículo 99 del Reglamento.

- El C. Presidente Burgos García: Déjeme decirle, Senador, con todo respeto, pero la duda surgió justamente con la referencia, por eso, en abono de la claridad, está abierto el sistema. ¡Vótenlo!

Dé cuenta la Secretaría con el resultado de la votación.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, se emitieron 59 votos en pro y 48 en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

(Aplausos)





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para el pronto cumplimiento de la sentencia que ampara al Sindicato Mexicano de Electricistas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En la sesión anterior, y a lo largo de una jornada que concluyó apenas el día de ayer en la madrugada, todos los grupos parlamentarios se manifestaron por la defensa de los derechos de los trabajadores, por el apego a la justicia laboral, y a lo largo de la legislatura se ha puesto énfasis fundamental en el apego y el acatamiento a la ley.

Y buscando recuperar ese espíritu, a ver si es cierto que existe, a nombre del grupo parlamentario del PRD, la Senadora Dolores Padierna y un servidor, queremos proponer el siguiente punto de Acuerdo a partir de la resolución que el pasado 13 de septiembre adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en donde ha dictado una sentencia en la que deja insubsistente el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitido el 30 de agosto de 2010, mediante el cual la autoridad laboral dio por terminadas las relaciones de trabajo, tanto colectivas como individuales, entre el Estado y los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro.

Se trata de una resolución que puede marcar un triunfo histórico para el movimiento obrero de nuestro país, ya que en la resolución del Tribunal Colegiado señala: “Que continúan vigentes la relación individual y colectiva de trabajo, y asume que la Comisión Federal de Electricidad se constituye en patrón sustituto de las relaciones de trabajo”.

Esta resolución, en estricto apego a la ley, implica no sólo que se configura la sustitución patronal por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que es la responsable de prestar el servicio de energía eléctrica de la zona central del país, porque además la propia Comisión Federal de Electricidad asumió toda la infraestructura y la prestación del servicio que anteriormente ejercía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Con esta sentencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe de emitir un nuevo laudo, en el cual tendrán que definirse la subsistencia de las relaciones individuales y colectivas, la sustitución patronal por la Comisión Federal de Electricidad, lo que como efectos inmediatos implica la reinstalación de los trabajadores electricistas, el respeto a su contrato colectivo y el subsiguiente pago de los salarios caídos.

Ha habido este lunes pasado una reunión de los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas con el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y asumió el compromiso de emitir a la brevedad el laudo, sin embargo, la información de que disponemos es que hay el intento, nuevamente, de impugnar esta resolución que se apegó estrictamente a derecho o de retardar la resolución del nuevo laudo a fin de desgastar el movimiento.

Creemos que es responsabilidad del Senado de la República actuar con sensibilidad para avanzar en la resolución definitiva de este conflicto que, indebidamente promovido por el gobierno federal, llevó a que 44 mil trabajadores electricistas perdieran su empleo, y se vieran afectados, además, los derechos de 27 mil trabajadores electricistas jubilados, y por eso esperando encontrar sensibilidad por parte de las Senadoras y Senadores de la República, proponemos el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. El Senado de la República exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para efecto de que esa autoridad laboral ejecute con prontitud la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión del pasado 13 de septiembre en el amparo directo 1337/2010, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emita, en consecuencia, un nuevo laudo conforme lo establecido en el fallo del tribunal.

Se trata de un acto de elemental justicia con los trabajadores electricistas y de marcar en definitiva la resolución de este conflicto. Sé que algunos Senadores del PRI están preocupados porque esta resolución puede afectar a la siguiente administración, pero acepten o no este punto de Acuerdo, tarde o temprano tendrán que asumir su responsabilidad, y espero contar con el apoyo de las Senadoras y Senadores de la República.

Además, hemos solicitado que sea de urgente resolución, por lo cual, solicitamos se someta a la discusión del Pleno.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PROVEER LO NECESARIO PARA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

“Quienes suscriben, Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Senadora Dolores Padierna Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al cumplir 3 años de lucha digna por el respeto de sus derechos laborales, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas ganaron una batalla fundamental en el ámbito jurídico: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión del pasado 13 de septiembre, resolvió a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 mediante el cual la autoridad laboral declaró terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y los electricistas.

La sentencia del Tribunal constituye un triunfo histórico del movimiento obrero mexicano. En ella, se declara que son vigentes las relaciones individuales y colectiva de trabajo y que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón que sustituye en esas relaciones a la extinta Luz y Fuerza del Centro pues a dicha empresa corresponde ahora la distribución de energía eléctrica en la zona central del país.

Como lo han consignado algunos medios de comunicación, el fallo del Tribunal Colegiado exhibe una cadena de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Una cadena de abusos que comenzó con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, intentando despojar arbitrariamente de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados. Abusos que continuaron con la liquidación de más de 27 mil trabajadores engañados por un operativo publicitario gubernamental que presentó la rescisión laboral como inevitable.

De todo ello dan cuenta los antecedentes del caso. En su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dio aviso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la necesidad de terminar las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, aludiendo a una supuesta causa de fuerza mayor, es decir una causa que no es responsabilidad del patrón, pues la empresa fue extinta por un Decreto ajeno a su competencia, como si el SAE no fuera un organismo auxiliar del Ejecutivo Federal.

Obviamente, la Junta Federal, que también es un órgano dependiente del Ejecutivo, emitió sin demora un laudo por el que concedió la razón al SAE, declaró terminadas las relaciones laborales y de paso negó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.

Frente a todo ello, el Tribunal Colegiado emitió la sentencia en la que ampara al Sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de una causa de fuerza mayor, lo que incluso fue reconocido por la Suprema Corte.

El SAE debió demandar ante la Junta la terminación de la relación laboral bajo la causal de incosteabilidad de la empresa pues así lo manifestó el Decreto de extinción; pero ya no es posible plantear ese conflicto de naturaleza económica porque la propia sentencia establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el Decreto no lo establezca expresamente. Además, los bienes de la empresa extinta fueron destinados por el mismo Decreto a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello.

Pues bien, los trabajadores ganaron en tribunales la cuestión fundamental de su demanda. Sin embargo, ahora deberán enfrentarse nuevamente a la cerrazón del régimen, a la carencia de sensibilidad política y social de una autoridad laboral que puede, arbitrariamente, demorar la emisión de un nuevo fallo en el que reconozca y aplique los efectos de la sentencia que beneficia a los electricistas.

La sentencia ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos de la subsistencia de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, así como de la sustitución patronal en la Comisión Federal de Electricidad. Dichos efectos son la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos. Pero la Junta puede reincidir en la indebida práctica de alargar en el tiempo la emisión del laudo, afectando más a los trabajadores por razones meramente políticas.

Ante esa posibilidad, conscientes de que los aspectos jurídicos del conflicto han sido resueltos por la sentencia a favor de los trabajadores y sensibles a la conflictiva social que se mantiene desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, creemos que el Senado de la República debe intervenir para llamar a la autoridad ejecutiva a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con prontitud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para efecto de que esa autoridad laboral ejecute con prontitud la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en su sesión del pasado 13 de septiembre, en el amparo directo 1337/2010 promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emita en consecuencia un nuevo laudo conforme con lo establecido en el fallo judicial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2012.

Suscriben”.

- El C. Presidente Burgos García: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar a favor de esta propuesta, tiene la palabra el Senador Manuel Bartlett.

Senador Emilio Gamboa, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pediría por favor que abriera el tablero de votación, no estuvo claro el resultado de la votación anterior. Le pido abran el tablero por tres minutos.

- El C. Presidente Burgos García: En el mismo sentido, cuando hay duda se aclara a través del sistema electrónico de votación. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, las resoluciones de quien conduce una sesión, que en este caso corresponde a usted, podrían ser revisadas solamente si se hacen en términos de ese viejo artículo 19, de ese viejo Reglamento del Congreso.

Lo saben quienes conocen de procedimiento parlamentario, y la petición de Emilio Gamboa no está ajustada a ese procedimiento, y antes de eso ya hubo una declaración de usted, donde se dijo que se admitía a discusión, así es que usted no puede variar sus decisiones, salvo que sean impugnadas en términos parlamentarios.

No es un asunto de voluntarismo, es un asunto de procedimiento. Así es que yo le pido que dé paso a la discusión, y ya le había dado el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, no estoy pidiendo ni más ni menos que lo que acaba de hacer la Mesa Directiva con el punto de Acuerdo anterior. Es todo lo que estoy pidiendo, que se abra el tablero para votar si es de urgente resolución.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo insisto que debemos de ajustarnos al procedimiento. Usted ya había dictado un trámite, tomando el sentido de la votación y estableciendo que este punto de Acuerdo pasaba a su discusión.

Le dio el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, y lo que usted dictó no fue impugnado en términos estatutarios ni reglamentarios, así es que, no puede modificar la decisión que usted tomó.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Hace unas horas...

- El C. Presidente Burgos García: Senador, le ruego su comprensión, permítame un momento.

Sí, Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: Señor Presidente, estamos en votación, no puede haber ningún orador, está abierto el tablero electrónico, le pido que nos dé los tres minutos para que votemos.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Manuel Bartlett, en abono de la claridad, le rogaría que....

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: No estoy de acuerdo, se me ha conferido el uso de la palabra y no puede intervenir ni el señor Gamboa Patrón ni nadie más, tengo derecho a hablar en este momento.

Senadoras y Senadores, este tema es muy importante, no solamente por el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino porque hace apenas unas horas, aquí en este Pleno, se aprobaron una serie de artículos, y me refiero al Partido Acción Nacional, que pudiera haber alguna confusión, de que no votó o votaron pocos, el Partido Acción Nacional y la izquierda votamos porque se abriera el país a la democracia sindical.

Fue una discusión que ha sido celebrada por el país. Todos los medios de comunicación mencionaron los puntos que se votaron, para que se dé la democracia sindical en México.

Y todos esos puntos dependen de las decisiones que tomen, ni más ni menos, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Señor Presidente, le pediría que ponga orden en la sala, porque no están atendiendo allá algunos Senadores.

- El C. Presidente Burgos García: Le ruego a los señores Senadores, atención al orador.

Continúe, Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Decía yo que esa votación, que se ha calificado de histórica, en tanto que obliga a los sindicatos a mantener una actitud de democracia sindical, transparencia y toda una serie de principios normativos que se aprobaron, dependen de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Y lo que estamos pidiendo hoy aquí, es que precisamente esa Junta de Conciliación y Arbitraje cumpla con la responsabilidad que tiene, para atender inmediatamente la decisión que tomó el colegiado de circuito que amparó al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y lo que hemos visto, es que el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido esta decisión.

Por lo tanto, yo insisto a los Senadores del PAN, del PRI y de la izquierda, de que voten para que se respete la resolución del colegiado que instruyó a la Junta de Conciliación y Arbitraje a resolver en 24 horas y aplicar sus instrucciones de inmediato.

Lo que se está pidiendo a este Senado, es exclusivamente que se exija a la Junta de Conciliación y Arbitraje que cumpla con su responsabilidad, y en caso de que no la cumpla, que se le acuse por desacato.

Eso es lo que se le pide a quienes entregaron unas resoluciones importantes a la responsabilidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Moción de orden, señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Por favor, atención al Senador Manuel Bartlett.

Continúe.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Insisto, hace unos días, hace unas horas, se le encargó a la Junta de Conciliación y Arbitraje que aplique todos esos principios de democracia sindical, y si nosotros hoy no somos capaces de exigirle a la Junta que acate la resolución del Tribunal Colegiado en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, en las 24 horas que le dio ese Tribunal, estaríamos falseando la decisión que tomamos aquí.

Porque estarían aceptando, señores Senadores, que al haberle encomendado estos derechos importantísimos para la democratización de los sindicatos, quede en manos de un Tribunal que no es capaz de aceptar una resolución del colegiado.

En consecuencia, pido a este Senado, que congruentes con la decisión que se tomó, que votemos a favor de decirle y exigirle a la Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelva en los términos que señaló el colegiado, amparando al Sindicato Mexicano de Electricistas, les devuelva su trabajo y tome las resoluciones a favor de 44 mil familias que no pueden esperar ni un minuto más.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Senador Robles Montoya, tiene el uso de la tribuna.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Disculpe la distracción, pero hay un desorden total. Y yo por eso me atrevo a decirle, con mucho respeto, lo siguiente: Cuando usted actúa aquí como Presidente en funciones, representa a todos los Senadores, no a los Senadores del PRI, para que desde ahí le dicten la línea. Y yo le pido que nos represente a todos, porque por eso está ahí como Presidente en funciones.

(Aplausos)

Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, de quienes integran la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores…

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Me permite un momento, Senador Benjamín Robles.

Nada más para clarificar el trámite en el que estamos, y aclararle, me parece muy injusta la aseveración que usted acaba de hacer, con respecto a la conducción del Vicepresidente de la Mesa.

(Aplausos)

El Vicepresidente de la Mesa decretó que se abría el debate y se garantizaba, y se concedía la urgente resolución de este tema, por lo cual se abría el debate, estuviéramos de acuerdo o no los grupos parlamentarios que estuvieron en desacuerdo.

De manera que lo que dictó quien estaba presidiendo la Mesa en ese momento, continuó y no se cambió de opinión. De manera que el comentario que usted hace, me parece que es injusto y no procede.

(Aplausos)

Estamos en este momento desahogando los argumentos para votar el trámite que se le concedió de urgente resolución.

Senador Benjamín Robles, por favor continúe.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

No es el debate el asunto, pero lo escucho con respeto, pero insistiré. Todos somos testigos, los medios de comunicación, de que pareciera que en algunas ocasiones la línea se dicta desde la parte donde están los Senadores del PRI, y eso no debe suceder. Los Senadores de la Mesa Directiva nos deben representar a todos y por eso lo expresé.

Decía, que la ardua batalla que ha venido librando el Sindicato Mexicano de Electricistas durante los últimos tres años, frente a una recalcitrante postura gubernamental, autoritaria y lesiva a los intereses de los trabajadores, por fin ha rendido frutos.

Contra el poder público, instrumentado a través de la Secretaría del Trabajo, que destinó importantes esfuerzos a la pulverización de ese emblemático sindicato, así como un manejo mediático sesgado, donde se estigmatizó no sólo al sindicato, sino a todos sus miembros, a partir de descalificaciones infundadas e insidiosas, por fin aparece una luz al final de túnel.

Ahora ha quedado claro, oficialmente, que el SME tenía razón al abogar por la instauración del patrón sustituto. Y queda claro, ante la autoridad, porque la razón legal siempre les acompañó.

Este acto de elemental justicia, encomiable, por supuesto, de parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sirve no sólo para reinstaurar confianza en el poder público mexicano, sino para aliviar el profundo dolor humano que la arbitraria decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro ha causado, y lo sigue haciendo, a miles de familias mexicanas.

La batalla legal se ha librado y se ha ganado. En esta lucha, al SME lo ha acompañado la razón, así como el apoyo irrestricto de las fuerzas progresistas. Y aquí, en esta Soberanía, lo seguimos haciendo. El hecho de que el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no se allane a esta resolución, sólo vendría a manifestar una vez más la discrecionalidad en el ejercicio del poder con que esta administración ha venido actuando durante los últimos seis años.

La vida republicana radica precisamente en el respeto a la división de poderes. Y es el Poder Judicial quien ha dicho la última palabra.

Al Ejecutivo, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no le queda más que respetar la resolución y acatar su sentencia.

Este punto de Acuerdo que ha venido aquí a someter a consideración del Pleno el Senador Alejandro Encinas, es de la mayor relevancia. Nos encontramos ante una posible violación más del orden republicano y ante esto el Poder Legislativo no se puede mantener al margen.

La actual situación amerita un posicionamiento franco y resuelto que abone al respeto del mandato constitucional y que abone el estado de derecho.

Estamos hablando de 44 mil trabajadores electricistas.

Estamos hablando de 22 mil jubilados.

Miles de familias que vieron truncada su calidad de vida por un manotazo del Ejecutivo, muchas de las cuales se vieron engañadas por una estrategia alevosa, elaborada desde las oficinas gubernamentales donde se desconminaba a someterse ante lo inevitable, a ceder ante la injusticia y a asumir la rescisión laboral como algo ineludible.

Se les ofrecían supuestos beneficios por encima de las marcadas por la ley, y decían hasta el hartazgo las autoridades federales que eso convenía a los trabajadores. Y lo hacían con celeridad, pues sabían que violaban la ley laboral.

Hoy lo recalco nuevamente, esto queda de manifiesto. Hay que aplaudir la autonomía con que actúo este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que ahora le enmienda la plana al titular del Ejecutivo, destrozando sus vacíos argumentos de supuesta fuerza mayor y caso fortuito.

Creyeron en la administración federal que con el tiempo estos trabajadores dignos y combativos se iban a doblar, que torciendo la ley y usando el poder público de manera abusiva, iban a lograr sus objetivos.

Estaban y están equivocados. Hay que decirlo con todas sus letras.

Si el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje se niega a cumplir con esta sentencia, estaríamos presenciando un golpe de Estado al Poder Judicial.

Por eso le pido al Pleno de esta Asamblea, apoyar la propuesta que ha venido a presentar en nombre del grupo parlamentario del PRD, el Senador Alejandro Encinas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Morón, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Para intervenir, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Raúl Morón, me permite un momento.

¿Con qué objeto, Senador GilZuarth?

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, para hacer una aclaración sobre algunos hechos que se han afirmado en este debate, si me lo permite hacer desde mi escaño.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth, de acuerdo, y me permito leer el artículo 90 de nuestro Reglamento, en su numeral 3:

"En los asuntos en que sólo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por grupo parlamentario", situación que ya tengo entendido se dio. El Senador Manuel Bartlett, por el Partido del Trabajo, y el Senador Benjamín Robles, por el Partido de la Revolución Democrática.

De manera que me parecería que está concluido este debate y procederíamos a la votación.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Quiero solicitarle la palabra en mi carácter de promovente del punto de Acuerdo, para hacer una reformulación.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Una reformulación de su punto.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Así es.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene uso de la tribuna, Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué lástima que se evada el debate político en un tema central que afecta a miles de trabajadores y a un servicio estratégico fundamental en el país.

Y quiero hacer una reformulación del texto que presenté ya desde hace varias sesiones y hasta ahora tuve la oportunidad de subir al Pleno, por la información que se acaba de publicar en el sentido de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, acaba de atender una solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es el órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro, y quien indebidamente había venido ejerciendo la figura de comodato para administrar el servicio de los bienes de Luz y Fuerza del Centro, lo cual concluyó el pasado 11 de octubre, solicitó al Segundo Tribunal la revisión del caso.

Y en un absurdo, el mismo Tribunal ha remitido a la Suprema Corte de Justicia el amparo para que resuelva en definitiva.

Esto tiene que ver mucho con el debate que vimos hace unas horas, cómo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, particularmente la Junta Federal, es un órgano, no al servicio de los trabajadores, sino al servicio del Estado y del gobierno en turno.

Y el Tribunal que remetió un fallo que era definitivo, ahora solicita la revisión a la Corte.

La verdad es que vamos cada vez de mal en peor en la aplicación de la justicia laboral en el país. Y esto centra un precedente más negativo ante la reforma, la contrarreforma que se aprobó hace unos días.

Por eso quiero reformular el punto de Acuerdo en los siguientes términos, a ver si el Senado tiene la sensibilidad para hacerlo.

Sería un punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proveer lo necesario para efecto de resolver con prontitud la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión del pasado 13 de septiembre, en el amparo directo 1337/2010, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emita, en consecuencia, una sentencia conforme con lo establecido en el fallo judicial.

Esperemos que la Corte esté a la altura de sus responsabilidades y vele no sólo por el interés de los electricistas despedidos injustamente, sino por el interés de la justicia laboral en el país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Un simple comentario. Esperamos, como dice el Senador Alejandro Encinas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura de su alta responsabilidad, porque no procede constitucionalmente que el colegiado mande a la Suprema Corte algo que es estrictamente de legalidad.

Si recordamos el largo procedimiento de argucias y limitaciones para detener al Sindicato Mexicano de Electricistas, recordemos que la Suprema Corte hace más de un año se negó a tratar este asunto señalando que no era un asunto de constitucionalidad, sino era un asunto de legalidad y lo mandó al Tribunal Colegiado.

De manera que ahora que el Tribunal Colegiado ha respondido y ha dado la instrucción ya dándole el amparo o cediéndole el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas, es una aberración que le devuelva a la Suprema Corte lo que ya la Suprema Corte dijo que le correspondía por razones de legalidad al Tribunal.

Que quede constancia, porque este es un poder al igual que la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos que exigirle a la Suprema Corte de Justicia que cumpla con la justicia en este país. No vamos a permitir de ninguna manera que pase por encima de las leyes.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Bartlett. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,…

A ver, me permite, Senador Isidro Pedraza.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Cervantes.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Una reflexión al Pleno.

El replanteamiento que cambió el PRI no tenía oradores en contra porque no tenía ninguna trascendencia hacerle un requerimiento a un presidente, a una junta, cuando había un recurso específico, es extraordinario de revisión, la Corte lo analiza por la trascendencia nacional y por su importancia, ese es el procedimiento constitucional.

Dos, al haber replanteado, si queremos inscribirnos en contra, es otro punto de Acuerdo, replantear el procedimiento porque estaríamos en contra. El análisis jurídico que se acaba de hacer por parte del Senador Manuel Bartlett y el Senador Alejandro Encinas no es exactamente lo que está sucediendo. El Tribunal Colegiado lo que hizo fue una interpretación directa constitucional.

Antes de que se hubiera analizado por parte de la Corte se hizo una interpretación de legalidad, y con el nuevo sistema de inaplicación de norma o de convencionalidad que se habilitó a los colegiados para poder hacer interpretaciones directas constitucionales, hay dos tesis de la Corte que genera, que se tienen que surtir, dos elementos positivos y cuatro negativos, según la tesis de la Corte para ver la importancia y trascendencia del recurso.

El primero, que se extraigan los valores de un artículo constitucional específico para la resolución, no una cita de un artículo; el segundo, que no sólo se cite la tesis de la Corte, sino que se analice y cambie el sentido. El tema de esa sentencia es que analiza al Poder Ejecutivo y al paraestatal constitucional como lo mismo. Si un razonamiento constitucional hace la interpretación de los artículos 25, 27, 28, 89 y 90 constitucionales, y el segundo elemento de la sentencia también analiza los artículos 1º, 14 y 16 anteponiéndolo pronto y expedito antes de la garantía de audiencia.

Dos elementos que no existe precedente jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia en este momento, y por eso la importancia, más allá del tema de los trabajadores, de la visión constitucional que tiene la Suprema Corte, y de eso está sub júdice, exhorta a la Corte con el calificativo de decir que sí lo haga con su alta investidura, está bien; pero que lo haga de que ya se había pronunciado es no entender las litis constitucionales, y no conozco litigantes en esa materia aquí.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza, por favor.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Creo que con esta manifestación que ha hecho el Senador Cervantes Andrade, se abre la discusión en este Pleno, que era parte de lo que queríamos hacer nosotros.

Por otro lado, solicitarle con anticipación, para que no haya lugar a dudas, pues que la votación sea nominal y la suscribimos aquí el conjunto de Senadores que están levantando la mano.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Bien. En virtud de lo anterior, le pido a la Mesa que tome registro de los Senadores en pro y en contra del nuevo punto de Acuerdo que acaba de proponer el Senador Alejandro Encinas.

Aquellos que estén en contra. Aquellos que están en pro, levanten su mano, por favor, para tomar nota.

A ver, repito, aquellos Senadores que quieren hacer el uso de la tribuna para manifestarse en pro de la proposición presentada por el Senador Alejandro Encinas. Senador Isidro Pedraza.

Aquellos oradores que quieran registrarse para hablar en contra de la proposición del Senador Alejandro Encinas.

Comentarios adicionales a los antes vertidos. Sí, Senador Raúl Cervantes.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: (Desde su escaño) Completa la sentencia. Si quieren les traigo la copia.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien. Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Cervantes, en contra de la proposición.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Haciendo una descripción sucinta de lo que significa una revisión de amparo en materia de legalidad y cuándo hay una facultad de atracción de la Suprema Corte, esa fue la única litis en la que se pronunció la Suprema Corte. No se advertía en ese momento un problema de constitucionalidad, no había manera de advertirlo por qué un problema de legalidad.

Cuando surge la duda del recurso que presentó el gobierno federal, cuando la sentencia en su narrativa hace alcances constitucionales de artículos específicos, hace suya la interpretación constitucional, más no de legalidad, que hacen los abogados de los trabajadores y analizan de una manera, la verdad, con creatividad, pero no con asertividad constitucional.

¿A qué me refiero? Ellos dicen, “el artículo 90 constitucional habla de la unicidad del Poder Ejecutivo, habla de las funciones que se le han dado al Poder Ejecutivo y las funciones que se le dan al paraestatal”, y lo narra con un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Antier fue cuando votamos el tema laboral, no. No hay un apartado A o B, y no recordamos cómo hay organismos descentralizados que sí están en el A, y otros temas que están en el B y que tienen que ver con el Ejecutivo Federal y tienen que ver con el paraestatal, y no son tratados igual, por cierto, en la misma materia laboral.

Lo que hace este colegiado se dedica al derecho laboral, no al administrativo y constitucional. Es que dicen los artículos 25, 26, 28, 89 y 90: “Para efectos prácticos el Ejecutivo es uno, y por lo tanto el decreto de extinción, que por cierto se calificó de constitucional por la Suprema Corte de Justicia, no puede alegarse como un hecho de fuerza mayor, no se puede alegar por un hecho externo, no lo pueden hacer valer, ¿por qué? Porque el Ejecutivo Federal y el paraestatal son lo mismo, parte de un análisis administrativo constitucional inadecuado.

Segundo, narra como, por lo tanto, no puede hacer valer esta causa de un hecho externo, no puede generarle que no esté como patrón sustituto siendo el Ejecutivo uno, no reconociendo la autonomía jurídica, técnica, su personalidad jurídica propia que tienen este tipo de organismos, que en la Constitución señala en el capítulo económico que forzosamente lo tienen que hacer a través de un descentralizado y que tiene que ser creado por ley.

Pero también le da facultades al Ejecutivo para extinguirlo, por eso calificó de constitucional su extinción, porque tenía facultades expresas. El colegiado…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Raúl Cervantes, me permite.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Le podría consultar al orador si acepta una pregunta.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Sí, encantado.

-El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Yo quisiera que explicara, después de este vasto análisis que ha hecho, ¿qué tiene que ver todo eso con el hecho de que el Tribunal Colegiado haya remitido su propia resolución a la revisión de la Corte?

Porque no es un asunto de constitucionalidad, es un asunto donde se tiene que resolver estrictamente el tema referente al reconocimiento del patrón sustituto y la reinstalación de los trabajadores.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias. Encantado. Nada más que me tengo que regresar al punto.

Por haber hecho este análisis constitucional es la consecuencia que dice que es patrón sustituto. Si no hubiera interpretado de manera directa la Constitución, no lo digo yo, lo dice ese colegiado, en esa sentencia no hubiera habido patrón sustituto, y por lo tanto no hubiera habido el recurso de revisión extraordinaria que se está tramitando en la Corte, y por lo tanto el colegiado no hubiera mandado el expediente a la Corte si no estuviera satisfaciendo los requisitos específicos de este recurso.

El recurso sólo se da, y el Colegiado está obligado a mandar los autos cuando existe un análisis de interpretación directa constitucional, no una cita del artículo. Y la sentencia interpretó de forma directa ocho artículos constitucionales y en eso se basó para la sustitución de patrón.

Me regreso. El tema de cómo se hizo este análisis, me parece que no hizo una ponderación la sentencia del colegiado en materia administrativa y laboral, no la hizo. Lo que hizo fue sólo analizarlo por la vía laboral y ni siquiera hizo una descripción administrativa y constitucional. ¿Por qué me opongo al exhorto a la Suprema Corte?

Porque el recurso de revisión extraordinario que se faculta en amparos de problemas de legalidad subcumpliendo la sentencia y el criterio de la Corte para poderle, no atraer en este caso, sino aceptar la revisión, es lo extraordinario y la importancia, y nadie podría calificar, ni los proponentes, que es un tema extraordinario e importante.

Pero, sobre todo, porque sentaría el precedente que no existe una estructura constitucional y administrativa diferente, y que siempre, siempre, lo cual es inadecuado, el Presidente de la República sería patrón sustituto de cualquier paraestatal, de eso se trata, si el presidente de la junta no hubiera tenido conocimiento del recurso, no hubiera sabido que estaba sub júdice, debió haber actuado.

Seguramente el presidente de la junta se tardó o lo supo y por eso no actuó, y el colegiado mandó, insisto, todo el legajo en términos de la apelación extraordinaria.

Por eso estamos en contra el grupo parlamentario del PRI, le tenemos un respeto a la Corte, acaba de presentarse un recurso hace tres días, es como si nos dijeran les exhortamos a sacar una ley a los dos días de haber sido presentada.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Raúl Cervantes.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro de la propuesta del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Apenas hace dos días que en esta tribuna estuvimos discutiendo muy acaloradamente un tema que decíamos, es trascendental, y un tema que tiene que ver con la transparencia, me sorprende ahora este debate que acaba de pasar, que no aprobaron los compañeros del PRI, en el sentido de que no quieren que una contratación de deuda se transparente, que sepamos el destino de esa deuda, yo soy Senador por Michoacán, y aquí la Senadora Luisa María ha presentado un punto de Acuerdo de que la deuda de Michoacán se transparente y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, porque este asunto de la deuda, en Michoacán en particular, lo han manoseado mucho los medios de comunicación y a mi juicio creo que tiene que aclararse y deslindarse responsabilidades, lo he dicho en varias ocasiones.

El día de hoy, compañeras y compañeros, estamos planteando nada más con esta reformulación que hizo el compañero Alejandro Encinas, que la Corte, tenemos información ahora, pueda dictar su dictamen, su laudo lo más pronto posible, se lleva el tiempo que ustedes han dicho, yo no soy abogado, pero aquí el Senador que acaba de hacer uso de la palabra anteriormente que yo, ha planteado más o menos la ruta y yo creo que la Corte tiene tiempos que tiene que utilizar, pero de ninguna manera aceptamos, a juicio nuestro hay una maniobra, porque la Corte ya había conocido de esta solicitud, y esta solicitud fue enviada al Segundo Tribunal Colegiado, el colegiado, su fallo, el supuesto no es atacable, y ha instruido a la junta a que emita un nuevo laudo reconociendo a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, reconociendo los derechos laborales de los trabajadores, reconociendo al sindicato como tal.

Yo entiendo que el respeto a las instituciones es algo que esta instancia, el Senado, debe de tener de manera muy preeminente, debe de buscar, debe auspiciar y aparte debe de fortalecer. Y por eso nosotros creemos que es importante que lo más pronto posible se conozca de esta resolución final, porque es importante que la incertidumbre en la que se encuentran un número importante de trabajadores que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas puedan tener certidumbre, tienen tres años, tres años con muchas dificultades para poder resolver los problemas fundamentales de ellos y de sus familias, y nosotros apelamos a la sensibilidad de esta Cámara de Senadores para que puedan dar paso a este llamado, a este exhorto respetuoso que se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo más pronto posible pueda emitir este fallo que saque de esa incertidumbre a los trabajadores y sus familias.

Vamos pues, compañeras y compañeros, o debemos, a mi juicio, ser congruentes con lo que hemos estado planteando, no entiendo por qué no quieren que se conozca el destino de los recursos de Coahuila, de este nuevo préstamo, en Michoacán está planteada una reestructura de casi 11 mil millones de pesos en este momento, es importante que el gobernador nos diga a qué lo va a utilizar, y es importante que el Tribunal Colegiado, que la junta y que la Suprema Corte también informe a esta Soberanía del procedimiento que tiene que seguir, compañeras y compañeros.

Es el tema, el tema de la transparencia, el tema es el derecho de los trabajadores, el tema es la reforma laboral que acabamos de votar hace dos días, donde por cierto, los compañeros del PRI estuvieron de acuerdo.

Entonces seamos congruentes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Raúl Morón.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente, lo que estamos discutiendo aquí son las consecuencias de un Decreto del Ejecutivo, del Presidente Calderón, yo quisiera preguntarle si no hay ningún orador del PAN registrado para defender al Presidente Calderón, para ver si nos inscribimos o no.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pablo Escudero.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En este tema que hoy estamos discutiendo, de inmediato salta a la verdad, cómo en una actitud demagógica en días pasados se desgañitaron en esta tribuna hablando a nombre del Movimiento Obrero, hablando a nombre de los intereses de los trabajadores y hoy que está a prueba una definición de conducta para abrazar y cobijar un conjunto de trabajadores que por su número no es menor, son cerca de 50 mil familias, que fueron separados de su trabajo los jefes de familia, hay ahora más de 16 mil compañeros que trabajan y son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y que se encuentran totalmente en la calle, y que ha sido la cerrazón de la autoridad la que ha provocado este escenario laboral de los compañeros, y aquí hablábamos de proteger el salario, de proteger el trabajo, de proteger al trabajador y de proteger a los sindicatos.

Y el Sindicato Mexicano de Electricistas lo único que ha hecho en estos años ha sido demandar la justicia, y esta justicia se las dio un Juzgado de Distrito y les concedió un amparo, y en ese amparo reconocía que no había causa de fuerza mayor para que fuera liquidada la empresa, porque no hubo terremotos, no hubo inundaciones, la empresa permanecía, la materia de trabajo subsiste y que por lo tanto en un acto de justicia obliga a que sea la Comisión Federal de Electricidad que se convierta en patrón sustituto.

Hace unos días tuve la oportunidad de ir, el lunes precisamente, a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal y pedirle al presidente que ya emitiera un resolutivo, el mismo juzgado que concedió el amparo le había dado ya 24 horas para responder y después de 15 días le volvió a conceder 24 horas para responder, y no ha habido esa respuesta, y hoy la novedad es de que la Suprema Corte quiere intervenir en este asunto.

Nosotros nos preguntamos en el marco de todo lo que hay de fondo, hace rato se lanzaron pelotas unos a otros de cómo hay corrupción en este país, y aquí se desnuda una vez más la corrupción, no solamente en la administración pública, en lo que tiene que ver con el dinero público, se desnuda corrupción en la aplicación de justicia.

Este país que este Presidente ha aniquilado en muchos de sus aspectos, está desnudando una vez más cómo en la procuración de justicia requerimos tener medidas cabales y que esta Cámara de Senadores deba de pronunciarse para una mayor vigilancia y transparencia en la aplicación de justicia.

No bastó con aquella película de Presunto Culpable donde se desnuda la conducta de los jueces del fuero común, ahora nos desnuda este laudo del Sindicato Mexicano de Electricistas cómo también en materia laboral, lo que se denunció en esta tribuna es cierto y está pasando cotidianamente.

Requerimos que este Senado de la República se manifieste ahora en respaldo de una demanda legítima de más de 16 mil trabajadores que están esperando que en este país se haga justicia.

La materia de trabajo existe, el patrón existe, lo que no existe es la voluntad para poder ver un sindicato combativo como el SME en las calles.

Seguramente que ya pensaron que si este sindicato logra la recontratación va de inmediato a combatir, como ahora ya les dimos derecho al voto libre, universal y directo a los trabajadores electricistas, a hacer una renovación sindical correcta en ese sindicato del SUTERM.

Y estas medidas que ahora estamos llamando a reflexionar y que este Senado debe de revisar en todos sus aspectos, vienen desnudando una realidad de corrupción, de impunidad y de simulación en este país.

No podemos permitir con actitudes silenciosas, con omisiones como las que hoy estamos viendo, que no se proteja algo elemental que en esta tribuna, apenas hace unas horas se acaba de defender a capa y espada. Por eso, llamo a los compañeros Senadores de todas las fracciones a que en congruencia con lo que se ha hablado, se actúe y votemos juntos porque este punto de Acuerdo le haga un exhorto a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva con prontitud este expediente.

No estamos pidiendo otra cosa, más que haya prontitud, y claro, que se apegue estrictamente a derecho y a la Constitución.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Isidro Pedraza. En consecuencia, voy a consultar a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

Quiero informarles que la solicitud de la votación nominal fue para el primer punto de Acuerdo del Senador Alejandro Encinas, dado que este es un nuevo punto de Acuerdo, ¿hay alguien que solicite la votación nominal?

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar, por favor.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señor Presidente, y con toda atención, previamente a la discusión del tema, se solicitó justamente por el Senador que acaba de hacer uso de la palabra, fuera la votación nominal, se solicitó con anticipación.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Es que era el otro punto de Acuerdo, Senador. Quiere hacer una propuesta nueva a votación nominal. Muy bien, háganse los preparativos para la votación nominal. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al resultado de la votación en el sistema electrónico, se emitieron 27 votos a favor, 65 en contra y 3 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, se desecha el punto de Acuerdo.





 

Tiene la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre propio y de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, quien presentará un punto de Acuerdo para que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

El día de hoy me presento ante esta tribuna para exponer un tema que como ciudadano y padre de familia me preocupa, y estoy seguro también a todos ustedes.

Me refiero al de la seguridad vial en nuestro país, de manera específica al de la seguridad vial en la autopista México-Toluca.

Muchos de los que estamos aquí presentes sabemos o conocemos lo peligrosa que es esta autopista. De hecho, en su atlas de riesgo la Delegación Alvaro Obregón tiene considerado el tramo ubicado entre el kilómetro 13 y 18 como el más peligroso de la ciudad. Casi de forma cotidiana escuchamos o vemos en los medios de comunicación sobre accidentes; sobre las importantes pérdidas materiales y económicas, pero sobre todo, muy lamentablemente sobre pérdidas humanas.

De acuerdo con la información del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, el CESVI, la tasa anual de accidentes en este tramo carretero es de 1.83 accidentes por kilómetro cuadrado.

Al año se registran alrededor de 94 accidentes, prácticamente dos por semana en los que se ven involucrados, en promedio, 135 automóviles, y en los que lamentablemente 13 personas pierden la vida y 81 más resultan lesionadas.

Aunado a lo anterior, se estiman pérdidas materiales en 38 millones de pesos por año, sin contar el tiempo perdido y el tráfico ocasionado a consecuencia de estos accidentes.

Para ilustrar aún más esta indeseable circunstancia, apenas en un lapso de 5 días transcurridos entre el 8 y el 13 de este mes, se registraron 4 choques, en los que 4 personas perdieron la vida y 15 más resultaron lesionadas.

Las razones del alto riesgo de esta vialidad son evidentes, el exceso de velocidad, las fallas mecánicas o exceso de carga de los camiones, el uso de dispositivos móviles, la fatiga del conductor y factores climatológicos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 42 por ciento el tramo México-La Marquesa se encuentra en malas condiciones, cuando este debería estar en excelente estado, por 2 razones fundamentales:

Uno, porque el precio del peaje de esta autopista es elevado, 7.34 pesos por kilómetro, en el caso de vehículos de 2 ejes, comparado con 4.22 pesos por kilómetro en la autopista México-Cuernavaca.

Dos, porque es la autopista con mayor circulación de todas las que llegan o salen de la ciudad de México.

De acuerdo con la auditoría realizada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, el tramo más peligroso de la autopista se encuentra entre el kilómetro 37 y el 42, que comúnmente se le conoce como los 7 kilómetros de alto riesgo, que es donde se ubica la mayor tasa anual de accidentes, de 1.83 por kilómetro a la que antes me había referido.

De acuerdo con esta auditoría, las principales causas de accidentes son:

1.- La intersección entre la autopista y vía libre en dirección a la ciudad de Toluca.

2.- Los espectaculares que no cumplen con los lineamientos establecidos por Caminos y Puentes Federales.

3.- El exceso de velocidad de camiones y vehículos, que se han registrado velocidades de hasta 169 kilómetros por hora.

4.- La pendiente que provoca que los camiones de carga pierdan los frenos.

Señoras y señores Senadores:

Es momento de que hagamos algo por mejorar la seguridad en las vías de comunicación en nuestro país, sobre todo la de aquellos tramos que se han caracterizado por su alta siniestralidad.

México ocupa el séptimo lugar en el número de accidentes viales y no cuenta aún con una política pública clara que proteja a las víctimas. Por ello, es importante realizar las acciones pertinentes que se ameriten.

No omito mencionar que México se adhirió al Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, mediante el cual las Naciones Unidas exhortan a Estados miembros, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, empresas y líderes comunitarios, a emprender medidas preventivas de acciones encaminadas a reducir considerablemente el número de accidentes en los países adheridos a este plan.

Si bien es cierto que a nivel federal se han adoptado algunas políticas, estas tienden fundamentalmente a un horizonte de mediano y largo plazo.

No puedo dejar de señalar también que las autoridades del gobierno del Estado de México se han pronunciado en fechas recientes sobre la necesidad de que se implementen diversas medidas en el ámbito federal, de manera tal que se pueda solucionar esta problemática, pronunciamiento que mi compañera María Elena Barrera y su servidor suscribimos plenamente.

Por tal motivo, para reducir el número, y sobre todo la gravedad de los accidentes en esta autopista, se propone el siguiente punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca, que permita controlar la seguridad de los automóviles, del transporte de carga y de pasajeros, especialmente en los tramos considerados de más alto riesgo, como lo es el tramo de los kilómetros 37 al 42.

La situación actual de la autopista México-Toluca se puede revertir si actuamos desde un enfoque preventivo.

El Valle de Toluca es hoy la quinta metrópoli a nivel nacional, y por su cercanía con la ciudad de México, debemos contribuir a que el dinamismo económico y social de esta región no se vea impedido por tragedias que tienen un alto costo económico y social, pero sobre todo, humano.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA POLICIA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTES.

Los suscritos, Senadora María Elena Barrera Tapia y Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA POLICIA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA, con base en lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es de todos conocido lo peligrosa que es la autopista México-Toluca, la tasa anual de accidentes registrada en el año 2009 en este tramo, fue de 1.83 por cada kilómetro recorrido, con 94 accidentes en los que participaron 135 vehículos, en los que 13 personas perdieron la vida, 81 personas que resultaron lesionadas, y daños materiales por más de 38 millones de pesos.

Tanto es así, que para la delegación Alvaro Obregón, el tramo que abarca del kilómetro 13 al 18, es considerado como el más peligroso de la ciudad en su Atlas de Riesgo Delegacional1.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, el tramo de cuota de la Carretera México-La Marquesa, con longitud de 22 kilómetros; únicamente tiene 12.6 kilómetros en buen estado, el 42.72% restante no está en buenas condiciones, cuando debería estar en excelente estado por dos razones: la primera es el costo que tiene el tramo de los 22 kilómetros, y que es de va desde los 65 a los 258 pesos (autos a 9 ejes), resultando el precio por kilómetro en promedio a 7.34 pesos, que comparado con el tramo México-Cuernavaca que va de 95 a 425 pesos (autos a 9 ejes) por un recorrido de 61.54 kilómetros dando el precio promedio por kilómetro 4.22 pesos, resulta que en la México-Toluca se cobran 3.12 pesos más por kilómetro, que equivale a un 73 por ciento por encima del precio de la México Cuernavaca; la segunda es el aforo vehicular, es la carretera con mayor circulación de todas las que llegan o salen de la ciudad de México.

De conformidad con una auditoría llevada a cabo por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI)2, el tramo más peligroso de toda la autopista se encuentra entre los kilómetros 37 y 42 por lo que lo nombraron “los siete kilómetros de alto riesgo”. Se tiene, en este tramo, un promedio de cinco a seis accidentes con lesionados a la semana, mismo que se incrementa en temporada vacacional a 12 por semana

Una de las principales causas de los accidentes que ocurren, es que a la altura del kilómetro 35 convergen la autopista libre y la de cuota en dirección a la Ciudad de Toluca; otra de las causas de accidentes en esta zona es la cantidad de espectaculares que existen entre los kilómetros 35-37, ocho anuncios colocados de manera ilegal de conformidad con los lineamientos establecidos por CAPUFE, y que si un conductor los quisiera leer a una velocidad de 100km/h, se recorrerían 900 metros a ciegas; otra tanda de espectaculares que distraen la atención del conductor va del kilómetro 41 al 41+500, hay 15 espectaculares en 500 metros.

Otro factor de accidentes en este tramo es lo dañada que se encuentra la carpeta asfáltica; aunado a eso, en este tramo se ubican tres retornos utilizados para la comunidad de Salazar (Municipio de Lerma), siendo los más peligrosos los que se encuentran en los kilómetros 36+260 y 36+770, diariamente circulan dos mil 904 vehículos en sentido contrario a los retornos a velocidades cercanas a los 150 km/h, demostrando que en estos puntos se supera la norma de 300 vehículos en sentido opuesto a una velocidad de 100 km/h, establecida en el Manual de Diseño Geométrico de Vialidades de la Secretaría de Desarrollo Social, para ese tipo de retornos.

Registros y mediciones elaborados por la CESVI, revelan que en este tramo que es caracterizado por pendientes descendientes y curvas, se registraron velocidades de hasta 169 km/h. La curva más pronunciada es la conocida como “La Escondida”, pese a su amplitud no tiene peralte, lo que contribuye a que los conductores que circulan hacia Toluca en ocasiones lleguen a perder el control de su vehículo, y aunado a que en esta zona de “La Escondida”, en la que las curvas están a desnivel, los autos llegan a velocidades superiores a los 140 km/h; si se le agregan otras variantes como el uso del celular al ir conduciendo, fatiga, falta de pericia, climatológicas (niebla, lluvia, pavimento húmedo), manejar en estado inconveniente, etc., han vuelto a esta autopista una de las más riesgosas del País.

Por el esfuerzo de la subida de la carretera muchos camiones de carga y tráileres llegan a perder los frenos, y en bastantes ocasiones han sido la causa de accidentes fatales, por invasión total de carriles, ello hace imperativo establecer un cuidadoso control para el transporte de carga y pasajeros, e inclusive colocar una báscula que verifique el peso de los camiones de carga que circulan por esta vía.

Como se puede ver, para lograr reducir el número y la gravedad de los accidentes de manera considerable en esta autopista, se requiere de varias obras cuya ejecución se amplía a un horizonte de mediano y largo plazo, que van desde cambiar de señalizaciones, retirar espectaculares, reparaciones de carpeta asfáltica, y rediseño en construcción de entronques.

Es momento de hacer algo, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AVIS), México es séptimo lugar a nivel mundial en número de muertes por accidentes viales y aún no existe una política pública clara para proteger a las víctimas.

México ha firmado convenios relacionados con este tema, sin embargo, aún hace falta poner en práctica las resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales.

Desde el año 2008 el gobierno de México por medio de la Secretaría de Salud, con colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instrumentaron en cuatro ciudades (Guadalajara, Monterrey, León y el Distrito Federal), la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI)3. Actualmente las 32 entidades federativas realizan intervenciones de diferente intensidad, basadas en el modelo de la iniciativa.

Adicionalmente, México forma parte de los países seleccionados en el proyecto denominado Road Safety 10 (RS-10), financiado por Bllomberg Philanthropies, a través de la OMS/OPS, y se focaliza en el desarrollo de intervenciones sobre factores de riesgo, mediante sistemas de retención, alcohol y volante.

Con base a los resultados obtenidos Bloomberg Philanthropies, aprobó la inversión de dos millones de dólares, entre el 2012 y 2013, para ser aplicados en León, Guadalajara, Toluca, Mérida, Puebla y Aguascalientes.

En el Diario Oficial de la federación del día 6 de junio de 2011, se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, lanzada por el Presidente Felipe Calderón, la cual está alineada a los 5 Pilares de Acción del Plan Mundial por la Seguridad vial de Naciones Unidas. La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se adhirió por unanimidad a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, en julio 12 de 2011; el Senado aprobó un punto de acuerdo en abril de 2011, en que a la década del 2011 al 2020 se le denomine como la Década por la Seguridad Vial.

Al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020,4 en el que se exhortó a los Estados Miembros, organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas.

Por tal motivo como se puede notar las medidas que se están tomando son a mediano y largo plazo, pero por la necesidad y urgencia de que se reduzcan los factores que pueden ser causa de accidentes en la autopista México-Toluca, se propone el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente a que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la autopista México-Toluca, que permita controlar la velocidad de los automóviles, del transporte de carga y de pasajeros, especialmente en los tramos considerados de más alto riesgo, como lo es el tramo de los kilómetros 37 al 42.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 23 de octubre de 2012.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Flores Ramírez.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Para solicitarle al compañero Senador Flores Ramírez si me permite adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Flores Ramírez, ¿acepta una adhesión a su punto de Acuerdo?

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: ¡Por supuesto que sí!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien. Se toma nota.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar en pro de este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya en su totalidad el punto de Acuerdo que se acaba de presentar.

Los accidentes viales constituyen la sexta causa de muerte entre los mexicanos.

Este ocurrido en el tramo del kilómetro 37 al 42 del Valle de Toluca, es solamente uno de los últimos que han ocurrido.

De acuerdo a informes a seguridad vial de la ONU, fallecen diariamente en promedio 50 personas por este tipo de percances, datos que se dieron a conocer durante el evento del fortalecimiento de acciones para seguridad vial en la zona metropolitana del Valle de Toluca.

En este evento, el subdirector nacional, para limitar el daño por accidentes del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, informó que la carretera México-Toluca se encuentra entre las 3 que registran el mayor número de accidentes relacionados con el transporte pesado, resaltando la urgencia de poner en marcha medidas que hagan que las empresas transportistas respeten la ley.

El día de hoy se suscitó el quinto accidente automovilístico entre los kilómetros 14 y 17 de la autopista México-Toluca, con un saldo total de 3 personas muertas, 2 heridas y al menos 30 vehículos dañados. En todos los casos, los accidentes fueron causados por transportes de carga y autobuses.

Entre otras autopistas, en la que ocurre el mayor número de accidentes automovilísticos, se encuentran la México-Querétaro, la México-Puebla, y esto no quiere decir que en muchos otros lugares de nuestra República no sucedan este tipo de accidentes.

Por ejemplo, en la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, concesionada por Autopistas del Altiplano, ocurren accidentes con una frecuencia inusitada, sin que al respecto las autoridades federales y estatales tomen las medidas para evitarlos, especialmente en los tramos que hacen conexión con otras vías de comunicación, como es el caso San Martín-Arco Norte, dirección Tlaxcala, donde nadie se hace responsable de los percances que han lastimado a un gran número de personas y de familias.

Insistimos en la intervención de las autoridades estatales como federales a fin de que, efectivamente, se tomen medidas para evitar esta frecuencia de accidentes que causan muertes, lesiones graves a gente inocente, así como la pérdida de vidas y, cuando mejor les va, en la pérdida de bienes materiales.

Por lo tanto, suscribimos este punto de Acuerdo, pero no solamente es responsabilidad de la Policía Federal, sino también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Yo lo que he propuesto es una adición, si me lo permite quien presentó el punto de Acuerdo, en el que propongo:

“Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo una auditoría técnica, así como la elaboración de un diagnóstico integral de medidas que se deben llevar a cabo, con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en la autopista México-Toluca; debiendo informar de las acciones tomadas y resultados a esta Cámara de Senadores”.

Lo demás, si usted me lo permite, señor Presidente, lo dejo para que se inscriba en el Diario de los Debates, porque todos traemos la misma información. Sería ocioso subir a la tribuna a repetir los datos duros que ya han presentado mis compañeros Senadores.

Es cuanto.

(Intervención del C. Senador Pablo Escudero Morales)



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pablo Escudero.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quiero llamar su atención porque, justamente este tramo de la carretera federal México-Toluca, se dio a conocer por un accidente, primeramente el 12 de abril pasado, donde fallecieron desafortunadamente cinco alumnos y un profesor, todos de la facultad de Economía de la UNAM, y ahí llamó la atención de los medios de comunicación, sin embargo, no es solamente de esa fecha hacia acá, este tramo carretero, desde siempre que ha existido, ha tenido justamente este problema de ser muy riesgoso por ser una pendiente muy prolongada.

Ha cobrado innumerables vidas, de lesionados, de pérdidas económicas, y no voy a dar a conocer los números que se dieron ya. En efecto, esta auditoría de seguridad vial de la autopista México-Toluca, del kilómetro 36 al 42, elaborada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, fue considerada también por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y están ya incluso con ese diagnóstico, implementando algunas medidas, medidas que esperemos que sirvan para evitar más pérdidas de vida.

Pero este es un trabajo que debe ser no solamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Policía Federal, esto algo donde también tiene que ver, por supuesto, el gobierno del Estado de México.

Quiero decirles que si ustedes circulan por ese tramo van a encontrar patrullas de la policía estatal del Estado de México, que su labor es parar vehículos para revisar y extorsionar a los conductores; a eso se dedican, conocido es el Estado de México porque parece una garita, cualquier autopista, cualquier vialidad por la que tengan que circular, tienen prácticamente, sobre todo los camiones de carga y muchos automovilistas particulares, que entrarle con una cuota porque están siempre a la casa los policías estatales, a eso se dedican.

Pero en estas medidas también sugeridas, existe una que es el retiro de espectaculares, que distraen la atención de los automovilistas, si ustedes circulan por esa vía, por esa vialidad, se percatarán que está completamente saturada de este tipo de espectaculares, ahí también tiene que intervenir el Estado de México.

Creo yo entonces que la responsabilidad va un poco más allá de pedirle a la Policía Federal que implemente un operativo ahí. Creo que es mucho más que eso. Por cierto, previo a esta vialidad está la autopista que todos conocemos, la autopista México-Toluca, que termina unos kilómetros antes de este tramo carretero, que nos decían hace unos días que ya no era la más cara del país, que nos quejamos muchos años de que era la más cara del país, y en efecto, ya no es la más cara del país, pero no es porque hayan bajado el costo, es porque ahora existen autopistas muchísimo más caras todavía en el Estado de México, por ejemplo, esta autopista México-Toluca cuesta un peso con 18 centavos el kilómetro, lo comparamos con la autista La Venta-Chamapa, que cuesta 4.15 pesos el kilómetro, por eso es que esta es ahora ya más barata, o la del Circuito Exterior Mexiquense, tan presumida por cierto por el ahora Presidente Electo, que cuesta 2.27 pesos el kilómetro. En fin, podría dar muchos otros datos, pero creo que aquí sirve el espacio para llamar la atención también del gobierno del Estado de México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a sumarnos precisamente a este de punto de Acuerdo.

La autopista México-Toluca es una de las más importantes del país, debido a que por ésta circulan diariamente un tránsito promedio de 120 mil vehículos, casualmente es el más alto del país, entre los cuales un alto porcentaje corresponde a vehículos pesados, que representan un alto riesgo potencial de accidentes para los usuarios del mismo, dado que la velocidad con que transitan en su mayoría exceden de los 120 kilómetros por hora.

Asimismo, en esta carretera se tiene el tramo La Marquesa-Lerma, que va del kilómetro 35 al 48, el cual presenta características topográficas, de pendientes descendientes fuertes y prolongadas en aproximadamente 11 kilómetros, lo cual hace aun más peligroso el tránsito a lo largo de ésta, siendo necesario de aplicación de acciones que prevengan la concurrencia de accidentes en dicha autopista.

Derivado del elevado índice de accidentes que se presentan en la autopista México-Toluca, los cuales en lo que va casualmente en el año, ya son del orden de 25 accidentes por mes, y que en general se ha debido principalmente al exceso de velocidad con que manejan los automovilistas y choferes de vehículos pesados, cuya velocidad excede hasta 120 kilómetros.

Asimismo, al hecho de que circulan con exceso de dimensiones y pesos, dobles remolques y en malas condiciones mecánicas, las cuales llegan a ocupar dos de los tres carriles en circulación, ocasionando un mayor riesgo a los automovilistas que necesariamente tienen que trasladarse diariamente entre las ciudades del Distrito Federal a Toluca.

Los accidentes ocurridos en el mes de marzo y julio a la altura del kilómetro 41 y 42, debido a su gravedad y que ocasionaron la muerte, lamentablemente, de varias personas, detonaron en forma considerable la atención de los medios de comunicación nacionales, por lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se da a la tarea de hacer un análisis de la problemática, la cual estaré dando a conocer en brevedad.

Y si bien es cierto, se han tomado medidas por parte de la Policía Federal, de operativos, operativos que contemplan la implementación de programas, como la Operación del Carrusel “Lince Radar”, que es precisamente para el control de la velocidad en carreteras, la Operación Delta 30, que consiste en la revisión del estado físico y mental de los conductores de vehículos en general, este operativo es en coordinación precisamente con medicina preventiva en el transporte de la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Adicionalmente, en los puntos identificados como de mayor afluencia vehicular, se ubican carros radiopatrulla de la Policía Federal para realizar trabajos de inspección, seguridad y vigilancia estacionaria en los horarios de 6:30 de la mañana a 8:00 horas, principalmente en los kilómetros 37, 40 y 46.

También se han instalado puestos de ayuda y orientación a los usuarios, invitándolos a seguir las recomendaciones, como que no se excedan en los límites de velocidad, respeten los señalamientos, obviamente que no conduzcan en estado de ebriedad, entre algunos otros.

Pero es importante aquí recalcar precisamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha tomado las medidas correspondientes, tan es así que se están llevando a cabo trabajos que ya fueron contratados y que estarán concluyendo a más tardar el mes de noviembre, estos consisten precisamente en el mejoramiento de la superficie de rodamiento en los carriles más deteriorados, como también la colocación de señalamientos para disminuir la velocidad, la colocación de cuatro radares de velocidad a lo largo del tramo, la construcción de una rampa de frenado en el kilómetro 41, la colocación de defensa metálica y dispositivos en curvas, como también la construcción de una bahía para revisión de frenos.

Es aquí donde esperamos que estas medidas que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, disminuya el número de accidentes fatales que se han dado precisamente en esta autopista.

Por tales motivos, señor Presidente, pediría, si pudiera ser, de igual manera, mandar esta propuesta a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para darle seguimiento al trabajo que estará llevando a cabo, también, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Francisco García.

En el mismo tema y a favor, tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Lilia Herrera, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del PRI reconocemos, primero que nada, y respaldamos la iniciativa del Gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas, quien recientemente externó no sólo de manera pública en una conferencia de prensa, sino también lo hizo por escrito al Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, su plena disposición para que las instancias federales, estatales y municipales trabajaran en estrecha coordinación, para reducir los factores de riesgo y prevenir en definitiva el número de accidentes cotidianos que, efectivamente, hay en este tramo carretero.

Dentro de las carreteras más peligrosas del país, la carretera federal México-Toluca, ocupa el lugar 25. Y la México-La Marquesa, de cuota, el lugar número 40.

Quiero referir la preocupación que hoy me externaba por la mañana mi compañero Senador Armando Neyra, en el sentido de que en esta zona metropolitana, la del Valle de Toluca, por cierto, la quinta más poblada del país, hay más de 12 mil centros de trabajo que dan ocupaciones a casi 540 mil asegurados, sólo por hablar de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, en México se registran cada año 4 millones de accidentes, de los cuales, en promedio, 24 mil personas pierden la vida.

750 mil resultan heridos graves, que requieren hospitalización, y alrededor de 40 mil personas quedan discapacitadas.

Queremos reconocer, en el grupo parlamentario del PRI, y particularmente permítanme decirlo, a los mexiquenses, la buena disposición del gobierno federal para que a partir de este exhorto que hizo nuestro gobernador, se incremente la vigilancia.

Me extraña que siendo un legislador, bien informado, mi compañero Luis Sánchez, no conozca las medidas en contra de la corrupción que ha implementado el gobernador Eruviel Avila, desde los primeros días de su mandato en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Y volviendo al tema, creo que hay muchas otras medidas que nosotros respaldamos, como cerrar los retornos que implican maniobras peligrosas para el conductor; como los que se ubican en los kilómetros 44 y 45 a la altura de Don Gu y de los Encinos.

Construir rampas de frenado en las carreteras, libres y de cuota. Actualmente, lo reconocemos, como lo señaló aquí el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, se está construyendo una en el kilómetro 40, no obstante es importante acelerar los trabajos para su terminación.

Es indispensable fortalecer el señalamiento que indique que el carril exclusivo de rebase es el izquierdo, y que informe sobre el límite máximo de velocidad en cada carril del tramo libre.

Sustituir y aumentar la dimensión de las boyas en los reductores de velocidad. Se han colocado ya reductores, pero también dicho por los usuarios, a los que me sumo, en la noche es difícil su visibilidad.

Colocar señalamientos que alerten a los conductores sobre las obras que se localizan en la zona de Constituyentes y Reforma. Y ahí hacemos una atenta petición, para trabajar en conjunto, al gobierno del Distrito Federal.

Porque tenemos en esta zona de Constituyentes y Reforma, y la proximidad de zonas urbanas, la necesidad de que se adviertan los remansos vehiculares.

Habilitar bahías de revisión de frenos, actualmente se construye en el kilómetro 36. Hay que intensificar, también, los trabajos para su terminación, ésta está del lado izquierdo, hay que decir que del lado derecho hace falta otra de manera obligada.

Instalar Centros de Verificación de Pesos. A la fecha se hacen ya operativos para supervisar dimensiones, pero no los pesos, y éste es, también, un factor de riesgo en esta autopista.

Ojalá que el gobierno federal le tomara la palabra al gobernador Eruviel Avila, en el sentido del ofrecimiento que hizo para implementar módulos de medicina preventiva para evaluar las condiciones médicas de los conductores y evitar que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas.

Hay que retirar espectaculares que distraen la conducción de los vehículos. Entiendo que ya se empezó con este trabajo, pero también hay que recalcar aquí, de manera enérgica, que desde 2009 a 2012, se incrementó en 100 por ciento la instalación de espectaculares en este tramo carretero.

Es necesario, asimismo, implementar una campaña de concientización y orientación vial para la prevención de accidentes, mediante folletería que indique las zonas de riesgo, puntos de revisión y límites de velocidad.

Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI se suma a esta propuesta que hacen los Senadores Gerardo Flores y María Elena Barrera.

Y yo quisiera citar, a propósito de los debates que hoy se dan en este recinto, a propósito, también, de las recientes reuniones que ha tenido el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, con los gobernadores de todos los orígenes partidistas. Se ha reunido con ellos sin distinciones ideológicas. Y yo creo que es momento de repartir responsabilidades y no repartir culpas.

En ese sentido nos pronunciamos los legisladores del grupo parlamentario del PRI.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Burgos García: Correcto. Adelante.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, conozco el Estado de México. Por cierto, por las vialidades del Estado de México, circulan el 33 por ciento del transporte nacional, de ese tamaño.

Y quiero decirles que, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haya asignado 150 millones de pesos para diversas obras y acciones en este tramo carretero, el gobernador Eruviel Avila, ya puso su aportación, en efecto.

Puso a disposición el gobierno estatal seis patrullas y sus elementos, para que los incluyan en el operativo de tránsito. Además de una unidad para realizar exámenes toxicológicos y detección de alcohol en conductores. Esa es la aportación del gobierno del Estado de México.

Pero tiene que ser mucho más, por supuesto. En ese tramo, ya decía yo, hay espectaculares, muchos de ellos, incluso del gobernador, que distraen, por supuesto, a los automovilistas.

Y, por supuesto, es real lo que les digo, el Estado de México es conocido por la extorsión que llevan a cabo los agentes de tránsito o incluso solamente los policías preventivos, o sea, que sin facultad detienen vehículos, que sin facultad inventan operativos en todas las autopistas y en todas las carreteras, con el único propósito de extorsionar.

Sí, en verdad, he escuchado declaraciones del gobernador Eruviel Avila, sí las he escuchado, donde habla de que hay una campaña en contra de la corrupción; el problema es que creo que nadie le hace caso, porque creo que se manda en otro lado y no justamente allí.

Ese es el problema, entonces digamos que hay medidas que tomar en cuenta, que hacer, y hay alguna parte, por parte del gobierno federal, pero por supuesto que el gobierno del estado está obligado a hacer mucho más que declaraciones ante los medios de comunicación.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Solicito a la Secretaría se sirva dar lectura a la propuesta de modificación entregada a esta Mesa Directiva por el Senador Pablo Escudero, e inmediatamente se consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta:

"Punto de Acuerdo

Que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial, mediante la utilización de unidades dotadas de radares con medidores de velocidad, e instalación de medidas de reducción de velocidad en los puntos considerados de alto riesgo en la autopista México-Toluca.

Adición.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo una auditoría técnica, así como la elaboración de un diagnóstico integral de medidas que se deban llevar a cabo, con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en la autopista México-Toluca; debiendo informar de las acciones tomadas y resultados a esta Cámara de Senadores".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Dado que no hay oradores, se da por aceptada y, en consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo para mejorar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión en la vida laboral, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR A LOS PUEBLOS INDIGENAS MEXICANOS SU INCLUSION A LA VIDA LABORAL

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país constituido históricamente por pueblos indígenas, internacionalmente es reconocido como un país pluricultural; nuestra historia y cultura es admirada en ámbitos como la gastronomía, arquitectura, música, danza y pintura, entre otros.

Tan grande y majestuosa es nuestra cultura, que contamos en nuestro territorio con una de las maravillas del mundo, Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán.

Es gracias a nuestra identidad indígena que somos reconocidos a nivel mundial como un país de vasta cultura.

Sin embargo, los pueblos indígenas viven en situaciones precarias, son el grupo más vulnerable de nuestro país y difícilmente tienen acceso a algún servicio público o programa social, sin que se pretenda manipularlos con fines políticos.

La población indígena vive a diario la marginación,la pobreza y la violación a sus derechos humanos, y eso es vergonzante e inadmisible, ya que gracias a las raíces indígenas es que logramos consolidar nuestra identidad nacional.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialrealizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (CONEVAL), señala que la población indígena es la que menos tiene acceso a la alimentación, “40.5 por ciento de alrededor de 7 millones enfrenta esa carencia, lo que se refleja en la persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y exclusión”.1

Las etnias indígenas mexicanas han sido históricamente el sector más empobrecido y aislado de nuestro país, lo que ha generado que se encuentren en una terrible desventaja laboral.

Al respectola Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que las etnias mexicanas no cuentan con trabajos dignos y bien remunerados, la misma comisión considera que de los “15.7 millones de indígenas que viven en México, el 52.4 por ciento se dedica a labores agropecuarias, pero tienen pocas posibilidades de comercializar sus productos, además que en sus comunidades predomina la pobreza y falta de oportunidades de otro empleo”.2

Los indígenas al no encontrar un trabajo bien remunerado en su país, se ven forzados a ir en búsqueda del llamado “sueño americano”, porque en México no se cumple plenamente y mucho menos se garantiza el artículo 123 Constitucional que señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…”.

Para muestra tenemos que la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), señala que en México hay unos 2.5 millones de personas que no trabajan, contra los 19 millones de personas que laboran encondiciones negativas (sub-ocupados, sin seguridad social ysin salarios fijos).3

El sector más perjudicado en el ámbito laboral, son como siempre los indígenas, pues aunado al precario nivel de estudios y constante discriminación que los aqueja, se les dificulta tener acceso a más empleos y mejores condiciones laborales.

Los gobiernos federales, locales y municipales están acostumbrados a mirar desde las urbes a los pueblos indígenas; sin que se implementen políticas públicas o programas sociales en beneficio de éste sector de la sociedad.

Por tal razón, colegas legisladores, tenemos la inaplazable tarea de integrar a las etnias mexicanas a la vida laboral,y así cumplir con lo establecido en el artículo 2º Constitucional, que señala a la Nación Mexicana como: “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”.

No podemos seguir excluyéndolos, es compromiso y obligación de todo el Estado Mexicano velar porque estos grupos sean respetados y puedan mejor su calidad de vida.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, elaboren e implementen un programa nacional que ayude a mejorar, igualar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión a más empleos productivos y mejores condiciones laborales.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cree una bolsa nacional de trabajo para los integrantes de los pueblos indígenas mexicanos, evitando la discriminación laboral, salarial y de capacitación para el trabajo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2012”.

Para conocimiento de la Asamblea, se precisa el turno de la iniciativa presentada por el Senador Javier Corral Jurado, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Cinematografía, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

De los CC. Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar o, en su caso, actualizar su legislación en materia de uso de la fuerza pública de los cuerpos policiales. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LEGISLAR O, EN SU CASO, ACTUALIZAR SU LEGISLACION EN MATERIA DE USO DE LA FUERZA PUBLICA DE LOS CUERPOS POLICIALES

“Los suscritos, Senadores de la Republica de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA y FERNANDO YUNES MARQUEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a que legislen o, en su caso, actualicen su legislación en materia de uso de la fuerza pública de los cuerpos policiales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para Acción Nacional el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

Bajo esta tesitura, el propio constituyente ha establecido expresamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación de la paz, orden y armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento fundamental al respecto.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer el Porcentaje de Policías Municipales1, el estado de fuerza policial en el país, entre cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, situación que hace necesario el establecimiento de legislaciones claras, precisas y homogéneas en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las instituciones policiales en torno al uso de la fuerza.

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc, por lo que el uso de la fuerza debe tener un sentido lógico, racional, congruente, oportuno y proporcional, respetando en todo momento lo establecido por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, el cual estatuye que Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

En efecto, el artículo 41, último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”.

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 64 fracción IX establece la obligación de los agentes de la Policía Federal Ministerial de hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, ante una falta de legislación específica en la materia.

Asimismo el artículo 19, fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal establece que se deberá hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos previamente establecidos.

De las regulaciones anteriormente señaladas se desprende que si bien dichas leyes prevén disposiciones generales en materia de uso de la fuerza, es necesario la existencia de una ley especial en la materia que establezca estándares, protocolos, principios de actuación de los cuerpos policiales en torno al uso de la fuerza.

En ese tenor, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y ante la ausencia de una adecuada legislación especial en materia federal que regule el uso legítimo de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública, emitieron el 23 de abril de 2012 una serie de acuerdos los que en su conjunto proponen principios relacionados con el uso de la fuerza como son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

Concatenado a lo anterior, diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir una homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, cuenta con una regulación general inmersa en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Seguridad Pública Estatal, existiendo otras entidades que sólo la regulan a nivel acuerdos o que incluso no la regulan.

De lo anteriormente señalado se desprenden dos aspectos a considerar:

• En materia federal es necesario la expedición de una ley especial que regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales. (Motivo por el cual presentaré es estos días una iniciativa de ley en la materia).

•En el ámbito de las Entidades Federativas, si bien existen entidades que ya cuentan con legislación al respecto, ya sea en una ley especial o inmersa en las leyes de seguridad pública, resulta necesario revisarlas a efecto de determinar si cumplen con los estándares establecidos por los instrumentos internacionales existentes.

Por lo que respecta a las Entidades Federativas que aún no cuentan con regulación del uso de la fuerza, resulta necesario legislar al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que aún no cuentan con una legislación encargada de regular el uso de la fuerza de las instituciones policiales, legislen al respecto, estableciendo una legislación ajustada a los estándares internacionales establecidos para tal efecto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que ya cuentan con legislación en materia de uso de la fuerza de las instituciones policiales, para que procedan a revisar sus contenidos a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales establecidos para tal efecto, o en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2012.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.





 

De la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a retirar las redes agalleras dentro del polígono de la zona de refugio de la vaquita marina. Se turna a las Comisiones Unidas de Pesca; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RETIRAR LAS REDES AGALLERAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA ZONA DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federala retirar las Redes Agalleras dentro del Polígono de la Zona de Refugio de la Vaquita Marina, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La vaquita marina (Phocoena sinus), o marsopa del Golfo de California, es una especie endémica. Esto significa que su hábitat se restringe exclusivamente a la zona del Alto Golfo de California, y en ninguna otra parte del mundo .Es un pequeño mamífero marino quesólo se reproduce cada uno o dos años teniendo una cría, siendo la marsopa más pequeña que se conoce en la actualidad (1.5 m de longitud y un peso promedio de 36 kg).

El Instituto Nacional de Ecología ha señalado que la población de la vaquita se encuentra en riesgo por distintos factores, tanto naturales como antropogénicos, como lo son la depredación, los cambios en las condiciones ecológicas del Alto Golfo de California, así como la captura incidental en las actividades relacionadas a la pesca.

La relevancia de diversas especies que habitan en el Alto Golfo, incluyendo a la vaquita ha sido resaltada por las autoridades desde hace décadas.

Esta importancia que se le ha dado a la zona donde habita la vaquita, es tal, que una amplia región fue decretada con el estatus de Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado1, como una estrategia para ofrecer protección a la vaquita, aunque especies como el grupo de los macro-invertebrados, peces y aves y otros vertebrados, como especies de valor ambiental para nuestros ecosistemas, se vieron beneficiados por las acciones dirigidas hacia la conservación.

Hay que considerar que la amenaza que cierne sobre la vaquita es añeja, ya que desde el año de 1979, había sido incluida en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre Comercialización de Especies en Peligro de Extinción de Flora y Fauna Silvestres (CITES por sus siglas en inglés)2, así como la clasificación en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza(IUCN por sus siglas en inglés), como en “peligro crítico de extinción”, y en México su inclusión en la NOM-059- SEMARNAT-2010, la cual también ha clasificado a la vaquita como una especie en estatus de “en peligro de extinción”.

Desde el 2002 y con el propósito de aumentar la protección de la especie y su hábitat, la SEMARNAT publicó la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-139-SEMARNAT-2002, la cual prohibía la utilización de redes de arrastre, de enmalle y agalleras mayores de 6 pulgadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera. Esta medida generó diversos conflictos, en el sector pesquero, los cuales se vieron disueltos a través de la autorización de impacto ambiental para que 162 barcos camaroneros pudieran operar dentro de la Reserva por tres meses3.

Los esfuerzos han continuado, todos siempre en el sentido de recuperar a la vaquita. Otramuestra de estos esfuerzos es cuando se publica el Acuerdo mediante el cual se establece un Área de Refugio para la Protección de la Vaquita4, este fue seguido de la publicación del Programa de Protección del Refugio5.

Asimismo, en julio 2005 se forma el grupo Alto Golfo Sustentable (AGS), el cual estaba formado por representantes del sector pesquero ribereño e industrial, la compañía más fuerte en el sector comercial del camarón, Organizaciones Civiles tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de implementar medidas de protección hacia la vaquita.

Poco después que se forma el grupo del Alto Golfo Sustentable, en 2006 se implementó un “Programa de Inspección y Vigilancia” durante la temporada de veda de camarón, con el propósito de que no hubiera pesca ilegal de camarón y por ende captura incidental de vaquita.

No obstante, todos esfuerzos que han realizado nuestras autoridades por salvaguardar a la vaquita, estos han resultado insuficientes, ya que su población declinó aceleradamente, debido a que la pesca aumentó en la zona considerablemente, por ende más de la mitad de la especie, que se había contabilizado, se perdió en 11 años, quedando alrededor de 220 marsopas restantes en el 2008.

Diversas voces se han dejado escuchar, a favor de la protección de la vaquita, incluyendo al CIRVA (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita)6, el cual ha señalado que se debe de llevar a cabo un Plan de Recuperación, en donde se eliminen las redes de enmalle y las agalleras, para proteger el hábitat de esta marsopa, de tal forma que se reduzca la captura incidental a cero y extender la Reserva más al sur, que incluya el rango entero de distribución de vaquita.

Aunado a todas las medidas que se han implementado en la zona donde habita la vaquita, tenemos la que estableció “La Zona de Refugio de la Vaquita”, enel núcleo de distribución.

Compaginando esta medida con el esquema de compensación económica, que consiste en actividades de conservación, reconversión tecnológica y reconversión productiva7; todo con el único objetivo de eliminar las redes de enmalle y las redes de arrastre, pero tomando en consideración las necesidades de los pescadores de la zona.

No obstante los esfuerzos para alejar la amenaza por la que atraviesa esta especie, los resultados son alarmantemente insatisfactorios. La especie sigue en declinación.

Un programa más, es el denominado Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE): vaquita (Procoena sinus), el fin: Evitar la extinción de la Vaquita.

Finalmente, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde el año 2007, aprobó por consenso una resolución en la que recomienda a México, intensificar los esfuerzos para prevenir la extinción de la vaquita e insta a los países miembros de la Comisión y de la comunidad internacional apoyar esfuerzos del país proporcionando recursos financieros y técnicos para lograr la captura incidental a cero.

Finalmente, en la Reunión 64 de la Comisión Ballenera Internacional, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá, en 2012, el Comité Científico de la misma recomendó, retirar todas las redes agalleras de manera inmediata en todo el rango de distribución de la vaquita.

México ha hecho grandes avances para proteger a la vaquita, sin embargo aún queda mucho por hacer, la vaquita necesita de toda la colaboración de todos y todas. No hay lugar para ser indecisos. No podemos tolerar que México pierda una especie emblemática, ya que de aceptarlo seríamos responsables.

En atención a lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMITIR EL ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA EL POLIGONO DE REFUGIO DE VAQUITA MARINA QUE ABARCA TODA EL AREA DE AVISTAMIENTO, Y

SEGUNDO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL RETIRE LAS REDES AGALLERAS DENTRO DEL POLIGONO DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA, EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA.

Dado en el Recinto del Senado de la República, a 23 de octubre de 2012.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre la desaparición forzada de la directora del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DESAPARICION FORZADA DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS, FABIOLA QUIROZ ZARATE

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad pública de un país es de suma importancia para que su sociedad viva plenamente, el Estado debe desarrollar actividades productivas que le permitan crecer en los ámbitos político, económico y social, y de esta manera lograr obtener un mayor bienestar social para vivir armónicamente.

La seguridad pública es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 21 estipula: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”.

Por lo tanto la seguridad pública debe ser provista por el Estado, es decir, que es el Estado mismo quien debe evitar cualquier alteración de orden social, pero sobre todo debe asegurarse que este derecho se encuentre garantizado en todos los órdenes de gobierno.

Muchos países han atravesado la difícil tarea de combatir el crimen organizado, sin embargo las políticas aplicadas para combatirlo, tuvieron mejores resultados que la guerra fallida contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, que ocasionó la muerte de decenas de miles de mexicanos.

Un ejemplo de ello es el caso de Colombia, donde el gobierno de la ciudad de Medellín de Sergio Fajardo Valderrama, implementó estrategias efectivas en cuanto al combate del crimen organizado, enfocándose en combatir la corrupción en los órganos de gobierno y creando administraciones sustentadas en principios de honestidad, experiencia y sensibilidad social, además de una fuerte política de educación en valores, apoyando a los sectores más desprotegidos de la sociedad1; con esto nos referimos a que no sólo optaron por tomar medidas meramente policiales o paramilitares como lo ha estado haciendo el gobierno actual mexicano, si no que atacaron el problema de raíz y están propiciando un mejor ambiente de seguridad para su gente.

Actualmente México atraviesa por un serio problema de inseguridad, los miles de muertos y desapariciones forzadas se han vuelto algo cotidiano, convirtiéndose en el principal problema que sufre el país.

La política en materia de seguridad que ha implementado el gobierno federal, ha resultado fallida, y sin duda esta contrariedad está perjudicando al núcleo social impidiendo su progreso y bienestar.

Una de las principales causas de la situación actual en el país es el hecho de que el sistema judicial está en crisis, estamos enfrentando índices muy altos de delincuencia en el país y esto sin duda afecta a todos los ciudadanos por igual, creando en la sociedad temor y desconfianza, que a su vez tiene afectaciones políticas, económicas y sociales.

Durante los últimos 6 años, México ha sufrido una oleada de inseguridad, que parece ir aumentando conforme va pasando el tiempo, y es que, según un estudio realizado por la firma Latina Consultores, la violencia que se ha generado por el crimen organizado, ha dejado en México más de 7 mil fallecidos tan sólo durante los primeros seis meses de 2012, un incremento del 10 por ciento en relación con el semestre anterior.2

Este problema sin duda afecta a todo el pueblo mexicano e inhibe el desarrollo económico del país; por ejemplo, en el Estado de Zacatecas desde el año 2004 los secuestros han aumentado en un 500 por ciento, lo cual perjudica de manera directa a la sociedad, causando daños en el turismo y otras actividades económicas del Estado, lo que provoca pavor en la gente e impide un buen desarrollo sustentable del mismo. 3

Tan sólo en Zacatecas hay cerca de 60 mil delincuentes activos, los robos con violencia han aumentado en un 270 por ciento y los homicidios en un 70 por ciento, esto es verdaderamente alarmante.

Aunado a esto tenemos que en el tema penitenciario, el Estado tiene un rezago de 55 mil 389 órdenes de aprehensión sin ejecutar y otras 5 mil 494 órdenes de reaprehensión. 4

La situación de violencia en el Estado de Zacatecas ha llegado a tal punto, que ya se encuentra en el lugar número 11 de los Estados con mayor perspectiva negativa de seguridad en el país5, pues tan sólo en el año 2012 se habla de 152 ejecuciones contra 21 que había en el año 2010.6

La oleada de inseguridad ha ido creciendo paulatinamente y está cobrando cada vez más vidas humanas, así como secuestrando a muchas otras más, tal es el caso de la ciudadana Fabiola Quiroz Zárate, que desempeñaba la función de directora del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas, Zacatecas.

Quiroz Zárate, quien tiene 13 años de servicio en el sistema penitenciario y contaba en el momento de su secuestro con 8 meses a cargo del CERESO, fue privada de su libertad el pasado 22 de Agosto del año en curso, al irrumpir un grupo armado en su domicilio. 7

A un mes de estos hechos, el Gobierno Zacatecano nombró a un nuevo director del CERESO, debido a que no dieron con su paradero, dando fe de la ineptitud con la que se manejan sus instituciones en este tipo de hechos.

Es inconcebible que las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos, sean incapaces de lograr resultados benéficos para la sociedad.

La crisis de las instituciones ha generado temor y desconfianza alrededor de todo el Estado, las políticas aplicadas para disminuir la inseguridad han resultado insuficientes e ineficaces.

Por todo esto se requiere que las autoridades locales en cooperación con las federales, se enfoquen a resolver el caso de Fabiola Quiroz Zárate, en lugar de simplemente sustituirla por otro director.

Como institución pública y por mandato constitucional están obligados a esclarecer los hechos y dar con el paradero de la Directora Quiroz.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso de la directora del CERESO de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate, quien fue secuestrada el día 22 de Agosto de 2012.

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a laProcuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, envíe un informe pormenorizado de las investigaciones realizadas y del estado que guarda el caso antes mencionado.

TERCERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que intervenga en la medida de sus facultades a esclarecer el caso de la Directora del CERESO de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de octubre de 2012”.





 

De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no dan a conocer. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES QUE SE REALIZO EN EL AÑO 2010 Y QUE AUN NO DAN A CONOCER

“La suscrita, CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a publicar la encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no dan a conocer, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El consumo de drogas ha mostrado variaciones importantes a partir de la década de los setenta, fecha en la que se realizan las primeras encuestas y otros estudios de carácter epidemiológico y socialcon el interés de conocer la distribución del consumo de drogas en el país. Al tradicional problema de uso de inhalables entre los menores, y de marihuana entre los jóvenes y algunos grupos de la población adulta, se suma un consumo cada vez mayor de cocaína que ha llegado hasta los niños y los sectores pobres de la población; aparecen nuevas drogas como las metanfetaminas y el inicio del consumo se ubica en edades cada vez más tempranas, de ahí que sea de interés el sector más joven de la población y saber qué factores los llevan al uso de drogas y, eventualmente, al uso problemático.

El 19 de octubre de este año, el Secretario de Seguridad Pública aseguró que el número de adictos a las drogas en México se incrementó, pues a la fecha existen 3 millones de consumidores de marihuana (4.2% de la población), 1.7 millones de cocaína (2.4% de la población) y 367 mil consumidores de anfetaminas (0.5% de la población), asimismo, reveló que el valor total del mercado de las drogas al menudeo en el país rebasa 8,780 millones de dólares al año, en contraste con los 64 mil millones que representa en Estados Unidos y más de 100 mil millones en Europa.

De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, el consumo anual en México alcanza 514.9 toneladas, con un valor al menudeo de 7,891 millones de dólares.

En tanto que la demanda de cocaína es de 27.65 toneladas y significa 423.75 millones de dólares, mientras el consumo de heroína es de 3.9 toneladas y su valor asciende a 179.13 millones de dólares.

Los resultados de la encuesta nacional de adicciones arrojan un considerable aumento en el consumo de drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas), aumentando de 4.6% en 2002 a 5.2% en 2008, loque arroja un constante aumento de las adicciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad la encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no dan a conocer.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 25 de octubre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

De la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a atender puntualmente las observaciones y lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se turna a la Comisión de Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL A ATENDER PUNTUALMENTE LAS OBSERVACIONES Y LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

“CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal a que atiendan puntualmente las observaciones y lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de futuro y continuidad en el tiempo,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Reporte sobre la Discriminación en México 2012, representa un estudio con enfoque novedoso donde se abordan los 11 campos específicos de la interacción social, entre ellos: la justicia penal, salud y el trabajo, desde una perspectiva en donde se analiza más que el grupo poblacional sujeto a discriminación y sus características, el modelo de acción y sus carencias, que se traducen en acciones u omisiones discriminatorias.

De acuerdo a la presentación de dicho documento, el Reporte se centra en valorar los avances y retrocesos que el país ha vivido durante los últimos doce años en lo que toca a la lucha antidiscriminatoria y en colocar como un objetivo primordial la lucha contra la desigualdad de trato en el corazón del debate público, de la acción del Estado y de la práctica cotidiana entre la ciudadanía.

Del informe se desprende que, no obstante la expedición de una decena de leyes y la creación de distintas instituciones, no se ha logrado revertir la desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades. Una mirada a los avances normativos e institucionales deja la sensación de una tarea inacabada y fragmentada. La enseñanza es que no solo se trata de ampliar el catálogo de derechos y de instituciones, se necesita romper la fragmentación que existe en la política pública de la discriminación, precisar más las disposiciones legales y contribuir a un cambio cultural de fondo.

Lo anterior, en virtud de que la justificación primordial para la elaboración de este Reporte en materia de discriminación es la insatisfacción que aún se percibe en la sociedad por diferentes situaciones, tales como las que acusan al Estado mexicano de ser ineficaz a la hora de acortar la desigualdad y las que afirman que en México no se cuenta con un régimen democrático.

Así, de acuerdo con el estudio señalado y con base a las encuestas nacionales sobre discriminación ENADIS 2005 y 2010, un segmento amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por obra de la autoridad, la ley y las personas, en donde existe una abismal diferencia en el ingreso y una persistente exclusión social que impide que la sociedad en su conjunto gocen de un íntegro acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común.

3.- El Reporte sobre la Discriminación en México 2012 es resultado de la percepción ciudadana trasladada a una investigación que deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer, en donde es importante que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos corresponde para contar con las herramientas legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la discriminación en México.

Lo anterior, a partir del análisis de los resultados que contienen los cinco ejes temáticos que lo conforman para trabajar en su atención y cumplimentación, en donde el primero de ellos aborda la Introducción General del Reporte sobre la Discriminación en México 2012 y los otros cuatro temas relativos al Proceso Civil, Proceso Penal, Salud y Alimentación, y Trabajo, que entre otras, arrojan las siguientes recomendaciones:

2.- Proceso Civil:

• Deben revisarse y reformarse las leyes relativas al Registro Civil para asegurar que no se limite el ejercicio de la libre elección del nombre.

• Habría de impulsarse una campaña nacional del Registro Civil para incorporar a las personas que no se hallan inscritas.

• Para beneficio de la población indígena y para efectos de ejercer sus derechos debería propiciarse que las oficinas del Registro Civil se acerquen a las poblaciones más alejadas.

• Los juzgados civiles tendrían que beneficiarse de una legislación que les obligue a simplificar y agilizar los procedimientos de corrección y rectificación de datos, tanto en el registro como en la expedición de las actas de nacimiento.

3.- Proceso Penal:

• Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión, con consideraciones específicas hacia los derechos a la salud, al trabajo y, en general, a las condiciones de vida dignas.

• Limitar el uso de la prisión preventiva a los casos que estén apegados estrictamente al Estado de derecho, para evitar la violación al principio de inocencia, el hacinamiento carcelario y la violencia que de ello se deriva.

• Establecer controles estrictos de actuación del personal del sistema penitenciario y sancionar con severidad las conductas de extorsión hacia las personas privadas de su libertad.

• Asuntos como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la trata deberán ser revisados para asegurar que estén igualmente considerados en las legislaciones locales, bajo ciertos estándares mínimos.

• Revisar y reformar, en su caso, los tipos penales que transfieren la culpabilidad a la víctima, como es el caso de la violación, así como los tipos penales que exculpan por causas injustificadas, como en el caso del delito de estupro.

• Establecer protocolos de actuación y capacitar a los ministerios públicos en caso de denuncias de violencia contra las mujeres.

4.- Salud y Alimentación:

• Debe concluirse el proceso de reforma legislativa para asegurar que instituciones como IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX y demás organismos públicos con atención en salud hagan derechohabientes a las parejas del mismo sexo que estén formalmente registradas bajo la figura del matrimonio, de la sociedad de convivencia o del concubinato.

• La asignación inadecuada de recursos para la salud en las áreas que más afectan a los grupos discriminados puede provocar la reproducción de la discriminación sin ser manifiesta de manera directa.

• Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades su­ficientes, y sobre todo con especialización adecuada, para aten­der a la creciente población adulta mayor.

• La política de salud debe brindar a los niños y niñas con disca­pacidad, en condiciones que aseguren su dignidad, los servicios de salud necesarios por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible.

• Aprobar las reformas necesarias a la Ley Federal de Competen­cia Económica para darle a la Comisión Federal de Competencia todas las herramientas necesarias para combatir los monopolios y las concentraciones de mercado.

• Establecer una política que mejore la distribución, el acceso y la adecuación de nutrientes para los distintos grupos étnicos debería colocarse en el corazón de las preocupaciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la alimentación.

5.- Trabajo:

• Se recomienda modificar los criterios inscritos en la normativi­dad del IMSS que hoy impiden a los hombres que cuentan con pareja inscribir a sus menores de edad en las guarderías que pertenecen a esta institución.

• Impulsar la ampliación de programas de regularización gra­dual de las personas que trabajan

• Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, progra­mas y servicios que apoyen las actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y los hombres.

• Es necesario crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas antidiscriminatorias, así como índices de eficacia o cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias.

Asimismo, al día de hoy nos encontramos con que sólo 19 entidades federativas cuentan con una Ley en materia de discriminación, quedando pendientes 13 legislaturas de dotar a sus autoridades locales de las herramientas necesarias o de crear los organismos necesarios para coadyuvar en la erradicación de la discriminación.

Ello, es claro resultado de que aún no se cuenta con la plena conciencia de la necesidad de abordar el tema de la “no discriminación” que más allá de una cuestión de índole jurídico en donde la Carta Fundamental nos mandata a respetar los derechos humanos, es un asunto de principios básicos para la convivencia y desarrollo de la sociedad.

Por todo ello, es necesario que desde la esfera administrativa federal, así como en las Entidades Federativas, se retomen y analicen los resultados de las encuestas e investigaciones en materia de discriminación, para reforzar las estrategias y mecanismos en materia de no discriminación, así como para que los Congresos Locales y la Asamblea del Distrito Federal, diseñen y refuercen la legislación en la materia

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que atiendan, puntualmente, los lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; asimismo se les exhorta para que a través de este organismo, informen al Senado de la República sobre las acciones que desarrollan en esta importante materia.

SEGUNDO.- Se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de futuro y continuidad en el tiempo.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de octubre de 2012.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

También se les informa que la efeméride inscrita en nuestra agenda, se insertará en el Diario de los Debates.





 

EFEMERIDE

De la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, sobre el LXVII aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

“De la Senadora Laura Angelica Rojas Hernandez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la Efemérides en relación al LXVII Aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas O.N.U.

EFEMERIDES, 25 DE OCTUBRE

Hace 67 años, un 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países, entre ellos México, se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, para redactar y firmar uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad: la Carta que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas.

El préambulo de la Carta expresó los ideales y propósitos comunes de todos lo pueblos cuyos gobiernos se unieron para formas las Naciones Unidas:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de l derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad…”.

Parecía en un principio la continuidad de ese primer esfuerzo internacional de paz, la Sociedad de las Naciones, pero en realidad se trató de un parte aguas en la historia de la Humanidad. Aquél 24 de octubre de 1945 el hombre inauguraría la etapa más importante del derecho internacional, después de siglos de conflicto.

Así lo describe Paul Johnson en su libro El Parlamento de la Humanidad. La historia de las Naciones Unidas. “En el transcurso del siglo XX se produjo un avance sin igual en la historia de la humanidad. Los estados, que desde Tucídides hasta Bismarck se habían definido a sí mismos por su afirmación de independencia soberana, fueron agrupándose paulatinamente para crear organizaciones internacionales que promovieran la paz, pusieran freno a las agresiones, favorecieran el desarrollo social y fomentaran la prosperidad. La aparición de esta red de formas de gobierno mundial no fue sencilla…Sin embargo, si un diplomático o un editor del año 1900 se trasladara a nuestro mundo actual, quedaría asombrado ante las funciones que los organismos internacionales desempeñan en nombre de la sociedad mundial”.

Sin lugar a dudas, la Organización de las Naciones Unidas es el principal organismo creado por la humanidad con el objetivo de lograr la paz, la seguridad y el desarrollo de los pueblos, a través de la diplomacia y la cooperación internacional.

Durante sus 67 años de vida, las Naciones Unidas ha tenido alcances y límites y ha experimentado logros y fracasos. Pero lo más importante es que la ONU ha ayudado a formar una conciencia de comunidad global donde se prepondera el diálogo sobre la violencia, la diplomacia sobre el conflicto, la cooperación sobre el aislamiento.

México fue miembro fundador de la ONU; desde entonces, en el seno de su organización, nuestra nación ha sostenido su vocación pacifista y ha defendido una visión multilateral del mundo. Por ello, la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento al papel que ha desempeñado nuestro país en la política mundial al haberle conferido múltiples tareas y responsabilidades.

Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, se han generado análisis y estudios claves para el desarrollo, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales, se han llevado a cabo intervenciones humanitarias, se han prevenido conflictos, se han defendido derechos. Por todo ello, podemos afirmar que el mundo es hoy más libre, más seguro y se encuentra más integrado gracias al trabajo que han desarrollado los diferentes países en el seno de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los desafíos continúan. Los albores del siglo XXI han dado tres fechas emblemáticas que marcaron los retos de la comunidad internacional para los años venideros. Por, un lado el 11 de septiembre de 2001 significó un desafío al orden internacional; los crímenes del terrorismo enviaron una señal de alarma a todo el mundo con el fin de evitar un choque de civilizaciones y trabajar de forma más decidida por una alianza de civilizaciones.

El 20 de marzo de 2003 con la invasión a Irak, como un intento por imponer un orden unilateral que desdeña las instituciones internacionales, el mundo comprendió la necesidad de emprender una reforma de la ONU para fortalecer sus atribuciones y consejos.

La tercera fecha, el 15 de septiembre de 2008, ya que tras la quiebra de Lehman Brothers y la subsecuente crisis económica quedó patente el agotamiento del modelo diseñando en la conferencia de Bretton Woods, lo que reclama el rediseño de un orden económico mundial basado en la ética y en la justicia.

Frente a todos estos retos, es urgente fortalecer una visión multilateral del mundo y logar la reforma de la ONU que le permita desarrollar con más eficiencia sus tareas.

Por su parte, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo promotor de la paz y de los derechos humanos. Un liderazgo que colabore en la resolución de los grandes desafíos que plantea la pobreza, el crimen organizado, la migración, el deterioro del medio ambiente.Queda claro hoy, como hace 67 años, que los problemas nopueden resolverse de forma unilateral. El mundo necesita más sentido de interdependencia y más disposición a la solidaridad.

Hoy, desde esta tribuna los senadores de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones y a todas las personas que han trabajado por crear un nuevo orden internacional basado en la paz y en el desarrollo compartido. Reconocemos el esfuerzo realizado por el actual secretario Ban Ki-moon y manifestamos nuestro compromiso en la construcción de un mundo más justo y más humano.

México, a 25 de octubre de 2012.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 30 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:45 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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