Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 11 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 22


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Noviembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:31horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 89 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 6 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintitrés minutos del día miércoles treinta y uno de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes treinta de octubre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, oficio con el que remite la propuesta de Plan de Trabajo aprobada por esa comisión el 30 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informede la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, a Washington, D.C. y la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 23 al 26 de septiembrede 2012.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012; la información relativa a losmontos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federaly el costo total de las emisiones de deuda internay externa correspondientes al mes de septiembrede 2012; información sobre la recaudación federal participable; e información por la que se dan aconocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe sobre la situación en que se encuentrael Acuerdo Comercial contra la Falsificación, en respuesta a comunicación del Presidente de la Mesa Directiva del Senado del 17 de octubre pasado.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó alas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción iii, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, María Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Públicoy de Estudios Legislativos, Primera, con proyectode Decreto que reforma y adiciona la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental, para transparentary armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos paraaceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Sin discusión, fueron aprobados por 105 votos en pro. Se remitieron a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte,con punto de Acuerdo en torno a la revalorización, estímulo, fomento y consolidación de los beneficios de la activación física y el deporte en nuestra sociedad.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para exhortar a la construcción de hospitales de especialidades.- Se turnó a la Comisión de Salud el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.- Se turnó a la Comisión de Pesca el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos últimos.

 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a la atención y prevención del cáncer de ovario.- Se turnó a la Comisión de Salud los resolutivos primero y cuarto y a la Cámara de Diputados el segundo y tercero de ellos.

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhortaa la Cámara de Diputados a incluir en el Decretode Presupuesto de Egresos de la Federación a los tribunales agrarios, en rubro de "ramos autónomos".- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social y tomar las medidas para erradicar los problemas que aquejan al campo y a los jornaleros agrícolaspor la propagación de la plaga del dragón amarilloen los cítricos y se asignen mayores recursos alprograma de empleo temporal.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Patricio Martínez García del PRI; Francisco Domínguez Servién del PAN; José Francisco Yunes Zorrilla del PRI; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM. La propuesta del Senador Demédicis fue aceptada. El punto de Acuerdo adicionado se aprobó.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar a los jóvenes y estudiantes indocumentados la información precisa y el apoyopara aplicar el programa de acción diferida en los Estados Unidos de América.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI; y Carlos Alberto Puente Salas del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de pemex para dar un informe sobre la naturaleza del convenio específico No. 420400803, y por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar las irregularidades en torno a la celebración de convenios específicos por parte de pemex.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a enviar a las Comisiones de Asuntos Migratorios, de Asuntos Fronterizos, Norte y de Asuntos Fronterizos, Sur un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos municipales.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

La Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Nayarit a garantizar a la joven médico agredida en un centro de salud rural del municipio de Tecuala, su acceso a la defensa jurídica, atención especializada de carácter médico y psicológico, medidas y providencias de seguridad, reparación del daño, así como a todas las garantías aplicables para la protección a las víctimas del delito.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para que se constituya la comisión especial para investigación de la situación laboral en las minas de carbón de Coahuila.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a establecer un fondo compensatorio emergente proveniente de los sub-ejercicios que se tengan en otra materia, que le permita cerrar el ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.- Se turnó a las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Tlaxcala a evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior de ese estado e informe de manera transparente los resultados de dicha evaluación.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Ejecutivo Federal información sobre las condicionantes quese impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, a nombredel grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para que se decrete el próximo año como "2013: Año de Belisario Domínguez".- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

 

El Senador Roberto Armando Albores Gleason,a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario luctuoso de Don Belisario Domínguez Palencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhortaa la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el arribo de cruceros al Puerto de Acapulco y a Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero y para que, conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumenten un programa nacional para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, eficiente y competitivo.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión especial del adulto mayor.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Población y Desarrollo.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal enviar a la Cámara de Senadores el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta y recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública federal y de los estados, se emprendan y promuevan campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana, a través de laescuela primaria y secundaria.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a crear un juzgado de distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Salud, informe sobre las medidas empleadas y los resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a suspender la construcción del monumento a las víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte, hasta que se consulte la opinión de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con seis minutos y citó a la siguiente el martes seis de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia y Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remiten el informe de su participación en el Seminario de Alto Nivel Parlamentario, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en París, Francia, el 4 de octubre del año en curso.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Programa Anual de Trabajo.

Y de las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Margarita Flores Sánchez, con la que remiten el informe de las actividades y conclusiones de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, que se realizó en Guatemala, los días 15 y 16 de octubre del año en curso.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, por la que exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a emitir el dictamen del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo y se reforman y adicionan diversas leyes en la materia.

“H. ASAMBLEA:

La que suscribe Senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2009, los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Jorge Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y René Arce Islas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano, como es el juicio de amparo.

En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicho documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

SEGUNDA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2009, el dictamen se aprobó en lo general y en lo particular, con 79 votos en pro y 0 en contra; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

TERCERA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2009, se recibió proveniente de la Cámara de Senadores, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CUARTA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2010, el dictamen se aprobó por 361 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones, con una modificación consistente en eliminar del Proyecto de Decreto el artículo 100 Constitucional, para quedar en los términos vigentes, por lo que fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 Constitucional.

QUINTA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 8 de diciembre de 2010, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva la turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

SEXTA. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2010, el dictamen se sometió a discusión, coincidiendo con la Colegisladora en la conveniencia de no reformar el artículo 100 Constitucional contenido en la minuta original, por lo que quedó aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, y se remitió a los congresos estatales.

SEPTIMA. En fecha 4 de mayo de 2011, se declaró aprobado el decreto al contar con la aprobación de 16 congresos de los estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) y pasó al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

OCTAVA. En fecha 3 de junio de 2011, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto y el 6 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta reforma el juicio de amparo se ve robustecido al ampliarse su procedenciarespecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.

NOVENA. En cuanto a la necesidad de actualizar, modernizar y fortalecer nuestro juicio de amparo, se presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por el Senador Jesús Murillo Karam y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 15 de febrero de 2011. En esa misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

DECIMA. Posteriormente en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 22 de septiembre de 2011, el Senador Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

DECIMO PRIMERA. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 6 de octubre de 2011, el dictamen quedó de primera lectura; en la del 11 de octubre, el presidente de la Mesa Directiva sometió a discusión el Proyecto de Decreto que fue aprobado en lo general y se dio cuenta con la lista de artículos reservados; y en la del 13 de octubre fue aprobado en lo general y en lo particular, y fue remitido a la Cámara de Diputados.

DECIMO SEGUNDA. En sesión ordinara celebrada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2011 se recibió proveniente de la Cámara de Senadores, la minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

DECIMO TERCERA. La minuta devuelta a la Colegisladora mantiene en lo general la estructura tradicional de la Ley de Amparo. Se compone por cinco títulos: el Título Primero “Reglas Generales”, constituido por once capítulos, el Título Segundo “De los Procedimientos de Amparo” integrado por dos capítulos; el Título Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de siete capítulos; el Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaración General de Inconstitucionalidad” de seis capítulos; el Título Quinto “Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos” integrado por tres capítulos.

Entre los aspectos más importantes destacan lo relativo al interés legítimo, la ampliación del ámbito de protección del juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y que se otorgó a los circuitos judiciales una autonomía relativa, entre otros.

DECIMO CUARTA. La importancia de dictaminar la minuta pendiente radica en la necesidad de contar con una nueva legislación en materia de amparo con el objetivo de que el marco de garantías y derechos humanos quede consolidado para su eficaz operación en el sistema judicial.

Por lo anteriormente expuesto se solicita de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que emita a la brevedad el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Sección Décima Tercera “Plazo para emitir dictamen” del Capítulo I“De las Comisiones y Comités” contenida en el Título Quinto“De los órganos de apoyo y su funcionamiento”, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar

Presidenta”.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por la que solicita a la Cámara de Diputados presentar a la brevedad el dictamen de proyecto de Decreto que adiciona el Apartado C al artículo 102 constitucional.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTEN A LA BREVEDAD DICTAMEN DE LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO C AL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1 Fracción II, 103 numeral 2 Fracción III, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, en relación a solicitar atentamente al Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, a que sea tan amable de excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a efecto de que presenten a la brevedad dictamen de la minuta que contiene proyecto de Decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 15 de marzo de 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la LXI Legislatura, el Senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que planteaba la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.

Dicha Fiscalía se planteó como un órgano autónomo de los Poderes de la Unión y con diversas atribuciones como la persecución ante los tribunales federales de todos los actos de corrupción y el uso de recursos de procedencia ilícita cometidos por cualquier servidor público en cualquier ámbito de gobierno.

Como bien apunta Peter Eigen, fundador de la organización Transparencia Internacional: “La corrupción es un vicio capital de nuestra época que muestra su desagradable rostro en todas partes. Se halla en la raíz de casi todos los problemas importantes -o al menos impide su resolución- y actúa de manera especialmente devastadora en las regiones más pobres del mundo, donde mantiene atrapados a millones de seres humanos en la miseria, la pobreza, la enfermedad, la explotación y brutales conflictos… Pero lo más importante es que se llegue a comprender que la corrupción no es una falta menor. Una y otra vez se le ha trivializado y subestimado, pero lo cierto es que la corrupción trae en todo el mundo muerte y depravación. Destruye gran cantidad de valores económicos e impide que los países se desarrollen. Aniquila las empresas honradas y distorsiona la competencia. Asimismo, influye en la política de los países más desarrollados, mina la democracia y es utilizada por el crimen organizado y el terrorismo”.

La corrupción ataca al sistema político directamente, porque no sólo violenta sus normas, sino que desnaturaliza la razón propia de la política, que es el servicio al bien común y deslegitima el liderazgo político.

En efecto, empleando la sencilla definición de Transparencia Internacional “Corrupción en el sector público es el abuso de un poder conferido para obtener una ganancia privada”, nos confiere la gravedad e importancia del tema para la evolución del Estado mexicano.

Y cuando se trata de un hecho sistémico, particularmente si hablamos del sector público, en referencia a los distintos ámbitos de gobierno y sus Poderes públicos, el impacto hacia el Estado, implica una afectación que va desde el marco institucional hasta la vida cotidiana de los ciudadanos. La corrupción es una termita que carcome al Estado.

En la exposición de motivos del instrumento legislativo, señalaba“Conforme estimaciones del Banco Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año; lo que agrava la pobreza y la desigualdad”, además de convertirse en un impuesto invisible que impacta la economía.

En México tenemos una gran cantidad de diagnósticos que refieren a la corrupción como origen de muchas otras problemáticas y que incluso se llega a ver como parte de la normalidad en la convivencia cívica, ejemplificado con la conocida “mordida” o con la lamentable frase “el que no tranza, no avanza”.

La corrupción en México es un problema esencial, reflejado en muy diversas esferas, que van de lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo, que requieren un proyecto integral que permita combatirlo y sobre todo generar el cambio cultural que admita un rechazo natural de los mexicanos, ya sea como funcionarios públicos o gobernados, a cualquier acto ajeno a la legalidad o que implique en sí mismo un acto de corrupción.

Por su relevancia, en los últimos 15 años se han presentado numerosas propuestas legislativas, buscando progresar hacia un México sin corrupción. En un claro avance del diseño institucional que promueva la investigación y punibilidad de la corrupción en el sector público, el Senador García Cervantes logró plantear un formato con las cualidades que permitieron un acuerdo jurídico y político de todas las fuerzas entonces representadas en la Cámara senatorial, para crear una Fiscalía, constituyendo un paso fundamental para el cumplimiento de este objetivo.

La figura de Fiscalía presenta entre otras las siguientes ventajas: 1) Coloca el combate a la corrupción en un lugar más visible de la agenda pública. 2) Se puede ejercer directamente la acción penal contra delitos relacionados a la corrupción, lo cual permite un ataque frontal de dicho fenómeno. 3) El carácter de autonomía de la Fiscalía, genera mayor independencia y credibilidad en el combate de la corrupción. 4) Facilita una mayor transparencia y rendición de cuentas de los actos de fiscalización y persecución del delito.

En ese tenor, se dictaminó se mandatara la creación de una Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, mediante una adición al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

Artículo 102.

A. (...)

B. (...)

C. La ley organizará la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, cuyo titular será designado por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Para ser fiscal nacional se requiere

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con experiencia de diez años en el ejercicio profesional; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

La ley determinará el procedimiento para la presentación de las propuestas ante la Cámara de Senadores.

El fiscal nacional durará en el encargo ocho años; podrá ser reelegido por una sola vez. Podrá ser removido de sus funciones por el Senado con la misma mayoría requerida para su nombramiento, de conformidad con lo que establezca la ley.

La Fiscalía Nacional contará con autonomía de gestión y presupuestaria, y personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Fiscalía Nacional ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés general. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto de los derechos humanos. El fiscal nacional presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Corresponde a la Fiscalía Nacional la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos; y, por lo mismo, en ejercicio de la acción penal le corresponderá solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.

El fiscal nacional y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación de la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

Se crea el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, que incluye los registros de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionalmente autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la Fiscalía Nacional contra la Corrupción; dicho registro se organizará en los términos de la ley correspondiente.

A continuación se relata la cronología del proceso legislativo mediante el cual se ha sustanciado la iniciativa citada, hasta su estatus actual:

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 13 de septiembre de 2011, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio y de diversos Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que planteaba la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.

2. El 13 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 20 de septiembre de 2011 la Mesa Directiva autorizó la incorporación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para emitir opinión.

4. El 8 de marzo de 2012, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, Dictamen de Primera Lectura, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que aprueba la creación de la Fiscalía Nacional Contra la Corrupción y su respectiva Ley que determinará que su titular será designado por el Senado de la República. Asimismo, se aprueba que dicha Fiscalía tendrá las funciones de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción como de la investigación y persecución del lavado de dinero, para combatir en forma paralela el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional. }

5. El 13 de marzo de 2012, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, Dictamen a discusión, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el cual se aprobó en sus términos.

6. El 15 de marzo de 2012, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibió minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la minuta de mérito, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia para dictamen; y de Función Pública, y Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

8. El 23 de octubre de 2012 se instaló la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

9. El 29 de octubre de 2012 se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

10. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, 81 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones citadas están en facultad legal para emitir dictamen de la minuta referida.

Es imperativo dar celeridad a la aprobación de la minuta multicitada, pues implica un avance importante en el combate contra la corrupción y que actualmente se encuentra pendiente en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que sea tan amable de excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a efecto de que presenten a la brevedad dictamen de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 15 de marzo de 2012.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de noviembre de 2012.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

Y una del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, por la que se exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar los proyectos relativos a los 200 años del Congreso de Anáhuac y Proclamación de los Derechos de la Nación.

“El que suscribe, ARMANDO RIOS PETER, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia del Senado de la República sea el conducto para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excite a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta relativa al Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Minuta por la que se reforma y adiciona a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, ambas aprobadas el 26 de abril de 2012 por el Pleno del Senado de la República, mismas que fueron turnadas desde aquella fecha a la Colegisladora, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El 26 de abril de 2012 la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura aprobó dos dictámenes, mismos que fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su revisión. El primero, relativo al Bicentenario del Congreso de Anáhuac, en el que se establece un Decreto por el que se declara que al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”.

El segundo dictamen aprobado, adicionados párrafos al inciso A del Artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por el que se propone izar la bandera nacional las siguientes fechas: 13 de septiembre conmemorando el Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”y el 6 de noviembre la“Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813”.

Dada la importancia simbólica que representa para la historia de la Independencia en México y para los habitantes del Estado de Guerrero, creemos que es urgente e indispensable dar respuesta puntual a dicho trámite legislativo.

Por lo expuesto y fundado, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, sea el conducto para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que excite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta relativa al Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la minuta por la que se reforma y adiciona a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, aprobadas el 26 de abril de 2012 por el Pleno del Senado de la República, ambos proyectos recibidos por la colegisladora el 27 de abril de 2012.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Armando Ríos Piter

Senador por el Estado de Guerrero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Todos los asuntos a los que se ha hecho referencia, son proyectos que en su momento fueron aprobados en el Senado y se han remitido a la Cámara de Diputados, motivo por el cual las solicitudes de nuestros compañeros Senadores se enviarán a la Colegisladora para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las respuestas a las preguntas formuladas por la Cámara de Senadores, en relación con el Sexto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: En cumplimiento al artículo 268 del Reglamento del Senado, las respuestas recibidas se remitirán a los grupos parlamentarios y a las comisiones del Senado. Las respuestas se publicarán en el portal web del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo de enero-junio de 2002.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente anuncio.






LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, informo a esta Asamblea, que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, respecto al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40 constitucional.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a los presentes ponerse de pie, a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de modificación constitucional.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: se aprueba el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Remítase a la Cámara de Diputados.

Esta Mesa Directiva seguirá atenta a la recepción de otras aprobaciones que remitan los congresos estatales.

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84; REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 27 Y ADICIONA LAS FRACCIONES XI Y XII AL ARTICULO 5, LA FRACCION X AL ARTICULO 10 Y ADICIONA UN ARTICULO 68 BIS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Sin lugar a dudas, la política social tiene una gran trascendencia en un país como el nuestro, donde es indudable, que todavía hay muchas personas y muchas familias que requieren de la solidaridad del Estado para poder salir adelante y garantizar los servicios básicos elementales a los que tiene derecho cualquier persona para tener una vida mucho más digna.

Por ello, es importante que se pueda garantizar que los servicios de salud, educación, alimentación e infraestructura elementales como son: piso firme, agua potable y drenaje, entre otros, sean servicios que los ciudadanos de más escasos recursos económicos tengan la garantía de poder acceder a ellos.

La Ley de Desarrollo Social, que fue creada en el año de 2004, lo que buscaba era, precisamente, hacer de ésta, de la política social, una política de Estado que realmente le garantizara a los ciudadanos que más allá de las situaciones de carácter político partidario, todas las personas que vivan en una situación de vulnerabilidad deban de contar con ese apoyo, con ese respaldo hasta poder lograr salir adelante.

Con la nueva Ley General de Desarrollo Social, la política social se fortalece y genera la autoridad dentro de un marco de políticas de Estado que se ha venido institucionalizando, pero que indudablemente las reglas de operación que se dieron en ese momento, no logran involucrar a todos los órdenes de gobierno para garantizar que haya una verdadera política de Estado en la que haya un padrón único y que en ese padrón, independientemente de quien reciba el recurso, si es del gobierno federal, de un gobierno estatal o de un gobierno municipal, ningún ciudadano pueda quedar excluido de estos programas.

Lo que pretendo con esta iniciativa, es que hagamos las reformas a la Ley de Desarrollo Social que permitan garantizar que todas aquellas personas que están en los diversos programas sociales, independientemente del nombre que tenga cada uno de los programas, y con esto no pretendemos acotar al próximo gobierno a que tenga qué mantener ciertos programas. Lo que sí tenemos qué hacer es que el beneficio que están recibiendo hoy en día las familias que están en una situación de vulnerabilidad, esas familias, independientemente del nombre que puedan tener los programas sociales, se siga garantizando el acceso, primero, a la salud, a la educación, a la alimentación y, desde luego, que puedan gozar de los programas de infraestructura que los lleven a tener una mejor calidad de vida.

Por ello, propongo esta reforma que indudablemente con los esfuerzos que se han hecho, que habrá qué reconocer lo que en el año 2004 la Ley de Desarrollo Social fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión, y hoy lo que buscamos es hacer una adición para que tengamos la certeza de que todos los ciudadanos que están en estos programas van a seguir recibiendo ese beneficio hasta que termine su situación vulnerable. Y una vez indudablemente que la situación de vulnerabilidad se termine de una familia, esa familia estará en condiciones de que pueda ya acceder a otro tipo de programas o a otro tipo de beneficios para que podamos dar cabida a quienes no han podido ingresar a estos programas.

Por eso, propongo, compañeras y compañeros Senadores, que podamos reformar la Ley de Desarrollo Social para que podamos tener la garantía, la seguridad de tener un Sistema Nacional de Información de Programas Sociales, el cual deberá incluir: el Catálogo de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales; y el Padrón Unico de Beneficiarios de dichos programas, para que de esa manera le demos certeza a la sociedad.

Hoy la sociedad no debe de estar sujeta sólo a las cuestiones de carácter político partidario, tenemos que sobrepasar esas diferencias que se presentan en la sociedad.

Hoy lo que tenemos que hacer es generar esa confianza a los habitantes que están en esta situación de que habrá una política social de Estado que realmente les garantice esos derechos.

Por ello, propongo la reforma a la Ley de Desarrollo Social, en la que se pretende modificar los artículos 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84; y adicionar un párrafo segundo al artículo 27; y adiciona las fracciones XI y XII del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social, reforma para que realmente podamos garantizar que en este país los esfuerzos que se han venido construyendo en los últimos años en el gobierno del Presidente Calderón, no los vayamos a echar por la borda y que realmente eso sea un legado que les sirva a todos los ciudadanos, independientemente de la militancia partidista que pueda tener cada uno de ellos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, a nombre propio y de los suscritos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformalos artículos 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84; reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 27; y, adiciona las fracciones XI y XII al artículo 5; la X al artículo 10; un artículo 68 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, bajo la subsecuente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin duda, la política social es trascendental para lograr que los mexicanos más pobres tengan acceso a una vida digna mediante servicios básicos como la salud, la educación, la alimentación e infraestructura tan esencial como el piso firme, agua potable o drenaje en sus hogares.

A pesar de todo el esfuerzo y los logros que para el gobierno federal representan los programas de desarrollo social implementados durante los últimos años, es claro que los frutos no son los óptimos aunque se vaya en el camino correcto; por lo cual, es preciso que la Política de Desarrollo Social no sea sólo un esfuerzo del orden del gobierno federal; la urgencia de las necesidades de la población exige que se considere una política de Estado en su conjunto donde participe el Gobierno Federal, como lo hace, los Gobiernos locales de las Entidades Federativas y el orden municipal; asimismo, también los poderes diferentes al ejecutivo tenemos la obligación de integrarnos a la formulación, implementación y evaluación de las Políticas de Desarrollo Social.

Todavía, durante el año 2000 la política social se manejaba bajo un diseño institucional ya obsoleto; por ello, fue necesaria la implementación de reformas de fondo que respondieran a las demandas de la población más necesitada y con voz, en un México plural.

Bajo esa premisa, se dio paso a la construcción de un marco normativo más sólido que respondiera a las exigencias que, en materia de desarrollo social, la poblaciónle estaba demandando al gobierno federal; tal esfuerzo se coronó en el año 2004 con la expedición de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue aprobada por unanimidad por este Honorable Congreso de la Unión.

Con la Ley General de Desarrollo Social, la política social fortalece su legitimidad y autoridad en el marco de las políticas del Estado mexicano, se han institucionalizado factores necesarios como la medición de la pobreza, la socialización de las llamadas “Reglas de Operación” de los programas de atención y la evaluación de la política social, esto nos permite conocer los avances y replantear las acciones para la mejor consecución de los objetivos.

En materia de medición de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) lleva a cabo las evaluaciones correspondientes con base en los conceptos, criterios e indicadores que la propia Ley establece.

La Publicación de las Reglas de Operaciónde los programas sociales ha contribuido a transparentar las acciones del Gobierno Federal en materia de Desarrollo Social. Asimismo, por medio de su publicación podemos conocer los elementos esenciales del programa especifico bajo los siguientes criterios: la población objetivo y las zonas geográficas donde deberá implementarse el programa; los requisitos que deben cubrir los solicitantes para acceder a los beneficios del programa; los derechos y obligaciones de los beneficiarios; los montos y tipos de apoyo a los que uno persona puede tener acceso; y, los indicadores para dar seguimiento y evaluar las acciones e impactos correspondientes.

La evaluación de la política social permite que todos los programas federales, para apreciar su impacto social, se sujeten a mediciones rigurosas, imparciales y apegadas al método científico; dichas evaluaciones son realizadas, por instituciones académicas y centros de investigación de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y se convierten en insumos clave para mejorar las políticas públicas.

Estos tres factores en su conjunto, han permitido avanzar en la construcción de una Política Social Federal sustentada en principios como la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, aún falta reforzar y concientizar sobre la necesidad de que en los órdenes estatal ymunicipal también se institucionalice la Política Social.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Transparencia Mexicana coinciden fundamentalmente en dos temas: los gobiernos locales tienen grandes pendientes en el tema de rendición de cuentas y en materiade transparencia en el uso y el destino que le dan a los recursos públicos.

Ahora bien, el último Informe de Resultados de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales de Transparencia Mexicana menciona que el grado de institucionalización de gobiernos estatales está muy por debajo de los niveles que mantiene y se observan en las entidades públicas del gobierno federal, lo cual es comprobable si ingresamos a cualquier página de internet de las dependencias federales y hacemos la comparación con algún sitio virtual de un gobierno estatal.

Algunas conclusiones que Transparencia Mexicana da a conocer en su informe, son las siguientes:

1.- De los programas estatales registrados, sólo el 78% dice tener Reglas de Operación, en contraste, el 94% de los programas sociales del gobierno federal cuenta con estas reglas.

2.- Sólo el 44% de los programas sociales de las entidades federativas cuenta con padrón de beneficiarios; en el gobierno federal el 78% de los programas sociales tiene padrón de beneficiarios.

3.- Unicamente el 55% de los programas, registrados por gobiernos locales, son evaluados; a nivel federal la evaluación alcanza hasta el 92% de los programas sociales.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), llevó a cabo su estudio denominado “El Ramo 33 en el desarrollo social de México; evaluación de ocho fondos de la política pública”, publicado en enero de 2011, en el cual se señala que en diez años se han destinado 3.5 billones de pesos; es decir, tres de cada diez pesos recaudados, durante una década, fueron destinados a este ramo.

En el mismo estudio, el CONEVAL señala que la descentralización ha sido positiva en la medida que se ha buscado dotar de más recursos a los estados y municipios para resolver las necesidades sociales; sin embargo, concluye, esa descentralización tiene retos porque no existe una evaluación y rendición de cuentas confiable; asimismo, menciona tres factores de atención:

• Dentro del estudio, no se identificaron prácticas de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de su posible impacto en las Entidades Federativas;

• Muy pocas Entidades Federativas y municipios difunden información sobre los recursos recibidos del Ramo 33; y

• La información sobre el uso de los recursos es muy heterogénea entre las Entidades Federativas y municipios.

De manera adicional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Equidad del Gasto Público, encontró que a nivel local existen problemas de trasparencia y asignación del gasto en la evaluación de las políticas públicas y el marco normativo de la Política Social. Dentro su informe, el organismo internacional consignó:

a) Menos del 50% de los estados cumple con los criterios mínimos de transparencia en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ambos del Ramo 33.

b) Existe ausencia de evaluación externa y sistemática en los estados y municipios y las que se llevan a cabo son de procesos y no miden la efectividad de las políticas pública.

c) Casi una tercera parte de las Entidades Federativas no cuenta con Ley de Desarrollo Social y sólo cuatro estados tienen un Consejo de Desarrollo Social para la evaluación de la política social.

Así pues, es necesario fijar la atención en el destino del dinero, los logros que se obtienen en la aplicación de los recursos públicos, conocer la población que se ha visto beneficiada y los niveles de mejora en su condición de vulnerabilidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos sociales de los mexicanos; por tanto, es prioritario que en la Ley se establezcan los mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer tales derechos.

Es necesario que los tres órdenes de gobierno, ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentra un segmento de la población, reconozcan tal situación y le faciliten a la sociedad el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos sociales, así como, la permanencia de los beneficiarios en los padrones de los programas de desarrollo social, por el tiempo necesario.

Es importante que la permanencia como beneficiarios de un programa social no se vea amenazada por la eliminación, modificación o creación de nuevos programas o por alguna reforma que puedan sufrir los esquemas de operación; de tal manera que la autoridad correspondiente sea responsable de que las personas beneficiarias del proceso de desarrollo social lo sigan siendo y, con ello, tengan la capacidad de ejercer plenamente sus derechos sociales.

Asimismo, es necesario establecer un criterio único e insoslayable para que los ciudadanos que se benefician del esquema de desarrollo social nacional, suspendan su permanencia como beneficiarios: “La superación de la condición de vulnerabilidad”. Dicha condición, será determinada por la autoridad encargada de definirla y de medir la pobreza.

Por otra parte, resulta obvio que se tiene que establecer en la Ley la obligatoriedad de publicar, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación de los programas sociales del Gobierno Federal, de los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios; de tal forma que se publiquen los mecanismos de focalización, criterios de elegibilidad de beneficiarios, apoyos otorgados, indicadores y esquemas de participación ciudadana.

En consecuencia, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias a fin de cimentar el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales, el cual deberá incluir: el Catálogo de Programas Sociales Federales, Estales y Municipales; y, el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales.

Para la necesaria evaluación de los avances en materia de desarrollo social, se deberá establecer la obligación de realizar y publicar evaluaciones de resultados, impacto y gestión de programas sociales estatales y municipales. Por este motivo, se impulsará la creación de órganos autónomos de evaluación, de los programas sociales, en las entidades federativas bajo la coordinacióny supervisión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo, se incluyen mecanismos de denuncia ciudadana en estados y municipios.

En relación con las personas, se garantizará que los beneficiarios recibirán los apoyos del Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y municipales, hasta que se superen las condiciones de vulnerabilidad; garantizando que no se les retirará el apoyo por motivos de carácter electoral o político.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reformalos artículos 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84; reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 27; y, adiciona las fracciones XI y XII al artículo 5; la X al artículo 10; un artículo 68 Bis de la Ley General de Desarrollo Social.

ARTICULO UNICO.- Se reformanlos artículos 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84; reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 27; y, adiciona las fracciones XI y XII al artículo 5; la X al artículo 10; un artículo 68 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a la VIII….

IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social;

X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente;

XI. Padrón Único de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas de Desarrollo Social, federales, estatales y municipales, cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente; y

XII. Catálogo de los Programas Sociales: Relación de programas de Desarrollo Social, administrados por el Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, que incluye su alineación al Plan Nacional de Desarrollo, el derecho social que atiende reglas de operación y/o el criterio de que los beneficiarios superen su condición de vulnerabilidad.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, los cuales seránotorgados por el Gobierno Federal, gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios; dichas acciones y apoyos no se les podrán retirar mientras los beneficiarios cumplan con los criterios de focalización y elegibilidad que se establezcan en las Reglas de Operación. Sólo procederá el retiro de las ayudas, cuando se compruebe que los beneficiarios han superado su condición de vulnerabilidad.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I.a la VII….

VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad correspondiente;

IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social;

IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social; y

X. Recibir las acciones y apoyos mientras mantengan su condición de vulnerabilidad y elegibilidad en un programa de desarrollo social; en caso de que éste desaparezca, las autoridades correspondientes deberán tomar las previsiones conducentes para que el beneficiario no deje de recibir los apoyos.

Artículo 26. El Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, integrarán un padrón único de beneficiarios de programas sociales de los tres órdenes de gobierno que será administrado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En la última semana del mes de marzo de cada año, se integrará un catálogo único de los programas de desarrollo social del Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios; la integración de estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 68….

Artículo 68 Bis. La denuncia popular sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley por parte de autoridades federales, estatales y municipales, deberá ser atendida dentro del periodo máximo de 30 días naturales posteriores a la fecha en que se presentó la denuncia; en caso de de fincarse responsabilidades a un servidor público se le aplicarán las sanciones monetarias, de inhabilitación o suspensión que procedan.

Artículo 70. El Gobierno Federal, gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios,impulsarán la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social federal, estatal y municipal, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal, gobiernos de la Entidades Federativas y de los municipios y hacerlas del conocimiento público.

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Artículo 84. El Consejo tendrá su sede en la ciudad de México así como cada Entidad Federativa, su patrimonio se integrará con los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco legal correspondiente, en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen.José Rosas Aispuro Torres”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador José Rosas Aispuro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para preguntarle al autor de esta iniciativa si me permite sumarme a ella.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tomamos nota, Senador López Brito.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

Esta iniciativa tiene sustento en la intención de reformar el primer párrafo del Apartado B que pertenece al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preciso recordarle a la Asamblea que la semana pasada, para ser exacto el día miércoles 31 de octubre, presenté la reforma al precepto constitucional aludido, con el propósito de persuadir a la Colegisladora y allende a ésta al propio Constituyente, para que afirmemos en el texto de la norma suprema la participación activa de la Federación en la realización de los derechos humanos, en una oportunidad de materializar las disposiciones constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales a través de su contribución con recursos específicos que se sumarán al presupuesto que los estados de la República asignan anualmente a los organismos de protección de la esfera jurídica, que es la intrínseca de los derechos del ser humano.

En gran medida, la propuesta de adecuación a los arquetipos de la redacción constitucional y ahora de forma vital con esta adición de un nuevo título al final de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se vinculan de manera indisociable a una hermenéutica jurídica que parte de reconocer esencialmente que la eficacia de las normas es proporcional en obra y magnitud a la efectividad con la que impone su observancia a la autoridad facultada para hacerlo frente a quienes deben acatarla.

De lo contrario, a manera de corolario, la ley, sus normas y directrices no trascenderán de la letra y del espacio en un libro o compendio que ocupa.

Con la referencia anterior, cumplo con la disposición reglamentaria del orden interno del Senado de la República, que obliga a los autores de una iniciativa a expresar puntualmente cuando una reforma constitucional guarda relación con otra que trastoca al marco jurídico secundario. Pues a decir del artículo 171 del citado Reglamento, una propuesta íntegra que involucra disposiciones de jerarquía primordial y a otros de ordenamientos derivados que les son relativos, se presenta mediante un proyecto para la reforma constitucional y otro u otros para legislación secundaria y que en todo caso constriña al iniciador a señalar en cada uno la correlación entre los mismos.

Ahora bien, comenté que el objeto central de la reforma constitucional es permitir que la Federación aporte recursos económicos a los organismos de protección de los derechos humanos, lo que pudo estimarse a partir del impacto presupuestal en una cantidad que no supere los 129 millones de pesos inicialmente, y que a posteriori conservará un esquema modesto que lo incrementará cada quinquenio en razón del porcentaje anual en que hubiera crecido la sumatoria del Presupuesto de Egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, correspondiente al año siguiente que comience el cómputo del periodo de cinco años.

Esa es una acción que mantendrá intocado el equilibrio presupuestal del gasto público de la Federación al tiempo que hará posible canalizar recursos indispensables para las Comisiones de Derechos Humanos en la geografía estatal, permitiéndoles hacer frente a las nuevas atribuciones que les arroja el marco constitucional mexicano.

Del presupuesto etiquetado que se distribuirá en una inversión per cápita para robustecer la capacidad financiera de los organismos de protección de los derechos humanos, un porcentaje ínfimo que será aplicado en menor medida para los estados con menor número de población y antagónicamente para los que concretan un índice superior de habitantes.

Se concentrará en un fondo que dará origen a un fideicomiso a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuya finalidad está descrita por el nombre del Título Séptimo que le da luz en el ámbito normativo tratándose de la asistencia para los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

El fondo, su fideicomiso y sus recursos que inicialmente representan alrededor de 5 millones 600 mil pesos, y que podrá crecer con las aportaciones de los gobiernos estatales benefactores y con las donaciones que realicen personas de derecho privado que tengan el interés de cooperar con la consecución de los derechos humanos y su protección encomendada a las y los presidentes en las localidades del país.

¿Cómo apoyará este fondo a las Comisiones de los Derechos Humanos? Obsequiándoles recursos adicionales para la adquisición de bienes y activos fijos que les permitan cumplir de manera cabal con sus metas y objetivos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Sen. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
Presente.

El que suscribe, Licenciado Miguel Angel Chico Herrera, Senador de la República por el estado de Guanajuato e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con la potestad que me confieren los artículos 71 fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral uno fracción primera y 164 numeral uno del Reglamento del Senado de la República, someto a la valoración de la Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos preceptos a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor siguiente:

IMPACTO NORMATIVO

Esta iniciativa que acciona el procedimiento legislativo en las cámaras del Congreso de la Unión, propone adicionarle un Título Séptimo (VII) denominado del Fondo de Apoyo para los Organismos de Protección de los Derechos Humanos a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992, con reporte de última reforma publicada en el mismo órgano de difusión el día 15 de junio de dos mil doce, hasta el instante de la iniciación de este proyecto de decreto en la asamblea del Senado de la República.

Es menester destacar que esta iniciativa no solo guarda una estrecha relación con la reforma constitucional que se planteó sobre el contenido del párrafo primero del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del día 31 de octubre del año en curso en el Senado de la República; asimismo, deviene de la hermenéutica jurídica que persigue consolidar el iniciador de manera integral y que sin embargo, se plantea de forma individual y a posteriori frente a los efecto de la necesidad legal que constriñe a las senadoras ysenadores a observar lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

"Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. (…)"

En esa circunstancia, será fundamental que el turno que dé la Mesa Directiva a la comisión o comisiones que dictaminen esta iniciativa lo hagan con la nota pertinente para correlacionar el particular con la reforma constitucional aludida.

IMPACTO PRESUPUESTAL

La índole de los preceptos por los que se adiciona la Ley que rige al organismo que tiene su origen en el párrafo cuarto del apartado B del artículo 102 constitucional, es en esencia de carácter económico y presupuestal; por lo que se estima que sus efectos ulteriores representarán a la Federación de manera directa una inversión de Ciento Veintiocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos, por virtud de las aportaciones que efectuará con apego al Presupuesto de Egresos del Gobierno de la República por cada año de ejercicio presupuestal a favor de los organismos de protección de los derechos humanos que establecieron las entidades federativas.

Ya en la reforma constitucional atinente a esta propuesta de adición a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se señala que a fin de no gestar desbalances en el gasto público de la Federación y darle mayor viabilidad a los planteamientos, la inversión pública inicialmente está calculada en alrededor de los 128 millones 050 mil pesos, de donde provendrán los recursos para conformar el fondo que administrará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de esta iniciativa que promueve adicionar un título al ordenamiento federal que rige a ese organismo con autonomía de gestión y presupuestaria.

La constitución del fondo se realizará a partir de un porcentaje de retención aplicado sobre los montos que corresponda recibir a los organismos defensores de los derechos humanos por cada entidad federativa y el Distrito Federal, a razón de una fracción equitativa y proporcional hasta concretar la cantidad de 5 millones 603 mil pesos como inversión prístina que servirá para financiar las prioridades de las homólogas locales de la Comisión Nacional, conforme los lineamientos que dicte el Consejo Consultivo. La bondad del fondo, radica en la permisibilidad para incrementar el patrimonio de su fideicomiso recibiendo donativos directamente del Erario Público de las entidades federativas y de las personas jurídicas colectivas o individuales.

Los objetivos del fondo serán contribuir a la adquisición de bienes y activos fijos quefunjan como herramientas indispensables para que las comisiones de derechos humanos en los estados cumplan su función de proteger los derechos fundamentales, incrementado su eficacia a través de esos medios. Es menester no perder de vista que la constitución del fondo se efectuará con los recursos estimados de la inversión pública inicial, sin la implicación de erogar un peso más.

El impacto presupuestal que soporta esta instancia, se muestra en el cuadro que se aprecia a continuación:

Entidades Federativas

Egresos

Datos de Estimación

Población Total

Inversión Per cápita

Retención Fondo %

Monto de Retención

 

2012

2011 / (+) 2012

(%)

(+%)

Aguascalientes

$13,739,079,000

$1,217,969,200

8.9

$1,373,907.90

1,184,996

$1.2

0.9

$12,714.43

Baja California

$35,769,669,991

$2,570,410,971

7.2

$3,576,967.00

3,155,070

$1.1

2.5

$88,134.58

Baja California Sur

$9,868,509,551

$1,168,969,146

11.8

$986,850.96

637,026

$1.5

0.5

$4,909.43

Campeche

$14,658,031,685

$1,095,534,642

7.5

$1,465,803.17

822,441

$1.8

0.6

$9,414.62

Chiapas

$62,521,591,660

$4,682,878,412

7.5

$6,252,159.17

4,796,580

$1.3

3.7

$234,198.50

Chihuahua

$45,487,829,916

$3,661,733,916

8.0

$4,548,782.99

3,406,465

$1.3

2.7

$121,010.08

Distrito Federal

$138,043,090,119

$1,030,589,015

0.7

$9,663,016.31

8,851,080

$1.1

6.9

$667,930.64

Coahuila

$32,296,330,000

$1,131,268,000

3.5

$3,229,633.00

2,748,391

$1.2

2.1

$69,319.29

Colima

$8,187,190,000

$730,427,000

8.9

$818,719.00

650,555

$1.3

0.5

$4,159.50

Durango

$18,802,736,491

$296,662,421

1.6

$1,880,273.65

1,632,934

$1.2

1.3

$23,977.95

Guanajuato

$46,922,326,715

$2,738,306,149

5.8

$4,692,232.67

5,486,372

$0.9

4.3

$201,042.18

Guerrero

$38,985,803,604

$1,068,194,343

2.7

$3,898,580.36

3,388,768

$1.2

2.6

$103,174.11

Hidalgo

$27,688,907,195

$4,215,856,699

15.2

$2,768,890.72

2,665,018

$1.0

2.1

$57,627.31

Jalisco

$74,549,204,018

$7,699,904,018

10.3

$7,454,920.40

7,350,682

$1.0

5.7

$427,950.01

México

$165,642,766,034

$17,299,744,347

10.4

$14,907,848.94

15,175,862

$1.0

11.9

$1,766,813.64

Michoacán

$48,277,302,349

$3,706,239,499

7.7

$4,827,730.23

4,351,037

$1.1

3.4

$164,043.17

Morelos

$17,649,341,000

$1,479,341,000

8.4

$1,764,934.10

1,777,227

$1.0

1.4

$24,495.92

Nayarit

$19,326,436,808

$4,821,546,813

24.9

$1,932,643.68

1,084,979

$1.8

0.8

$16,375.54

Nuevo León

$59,674,740,759

$2,884,998,159

4.8

$5,967,474.08

4,653,458

$1.3

3.6

$216,864.63

Oaxaca

$46,223,297,220

$4,172,476,212

9.0

$4,622,329.72

3,801,962

$1.2

3.0

$137,243.28

Puebla

$54,497,079,019

$1,962,410,019

3.6

$5,449,707.90

5,779,829

$0.9

4.5

$245,986.12

Querétaro

$20,479,286,038

$1,359,341,707

6.6

$2,047,928.60

1,827,937

$1.1

1.4

$29,234.69

Quintana Roo

$19,654,581,428

$4,097,373,218

20.8

$1,965,458.14

1,325,578

$1.5

1.0

$20,346.58

San Luis Potosí

$28,695,000,000

$1,766,211,366

6.2

$2,869,500.00

2,585,518

$1.1

2.0

$57,939.69

Sinaloa

$36,900,821,027

$4,510,443,349

12.2

$3,690,082.10

2,767,761

$1.3

2.2

$79,760.34

Sonora

$36,800,000,000

$2,573,478,000

7.0

$3,680,000.00

2,662,480

$1.4

2.1

$76,516.76

Tabasco

$34,645,300,000

$2,743,095,986

7.9

$3,464,530.00

2,238,603

$1.5

1.7

$60,568.08

Tamaulipas

$32,092,411,000

$985,057,000

3.1

$3,209,241.10

3,268,554

$1.0

2.6

$81,918.20

Tlaxcala

$11,573,756,389

$547,228,287

4.7

$1,157,375.64

1,169,936

$1.0

0.9

$10,574.48

Veracruz

$86,675,800,000

$4,710,923,818

5.4

$8,667,580.00

7,643,194

$1.1

6.0

$517,362.72

Yucatán

$27,167,689,457

$1,744,479,349

6.4

$2,716,768.95

1,955,577

$1.4

1.5

$41,490.63

Zacatecas

$24,975,478,101

$5,790,950,839

23.2

$2,497,547.81

1,490,668

$1.7

1.2

$29,074.83

   

Total

$128,049,418.29

112,336,538

$1.1

Total

$5,602,171.91

ANTECEDENTES

En el desarrollo de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión los diputados de diferentes fuerzas políticas presentaron sendas iniciativas con el propósito común de cambiar la denominación del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reformar diversos artículos constitucionales, alcanzando un total de treinta y tres propuestas legislativas por incorporar el concepto de los derechos humanos en la norma suprema del país, dándole nuevos alcances para la protección de los derechos fundamentales de las personas dentro de la geografía mexicana.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron el 23 de abril de dos mil nueve el dictamen que configuraron acumulando las treinta y tres iniciativas para que los diputados en sesión plenaria de su asamblea el mismo día asintieran su contenido, dándole continuidad a la minuta con proyecto de decreto que planteó la modificación al Senado de la República de la denominación del Capítulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma de sus ordinales 1, 11, 33, 89 y 102 como parte integral de la adecuación de los derechos humanos al texto constitucional.

En la Cámara de Senadores, seis días más tarde se turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos donde guardó una espera de once meses, hasta que en marzo de dos mil diez la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión acordó ampliar el turno a la Comisión Especial de Reforma del Estado con fines de lograr su opinión y darle curso a través del proceso parlamentario de reforma constitucional.

De esa forma las comisiones dictaminadoras y la de opinión, el 8 de abril de dos mil diez presentaron al Pleno del Senado su dictamen respecto a la minuta con proyecto de decreto dispuesto para modificar la denominación del Capítulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concomitantemente los arábigos constitucionales 1, 11, 33, 89 y 102; incorporándole reformas a los artículos 3, 15, 18, 29, 97 y 105 auspiciadas por los senadores, remitiéndola a la Cámara de Diputados para continuar con su curso ordinario.

Nuevamente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a las Comisiones Unidas de donde en principio se concentraron y dictaminaron las treinta y tres iniciativas presentadas ante esa Soberanía por legisladores federales de distintas siglas políticas a fin de concertar el análisis, estudio y dictamen de las modificaciones realizadas por el Senado mexicano. Del mes de abril de dos mil diez al mes de diciembre de esa anualidad, las comisiones de estudio y dictamen conferenciaron con los senadores y se apertura la discusión a los especialistas en el afán de arribar al acuerdo que diera sustento y viabilidad al nuevo dictamen, que finalmente aprobaron los diputados el 15 de diciembre de dos mil diez.

Iniciado el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores en el mes de febrero del año dos mil once, la Mesa Directiva turnó la minuta resultante del arduo quehacer de los diputados a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Estudios Legislativos, acompañadas de la opinión de la Comisión de Reforma del Estado; su dictamen se presentó a la asamblea de senadores para su disertación y deliberación correspondientes siendo aprobado el decreto por el que se mutó la denominación del Capítulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. La minuta continuo su curso en las legislaturas de los estados de la República, consiguiendo la aprobación de la mayoría. La declaratoria la realizó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de junio de dos mil once.

CONSIDERACIONES

El avance de nuestra Nación en materias primordiales de la agenda social como el desarrollo de los derechos humanos, ha sido progresivo. En dos mil once, la acertada reforma constitucional que nació por sendos proyectos presentados en la Cámara de Diputados y que llegó a su término con mucho éxito por los encomios de los senadores de la República y el asentimiento de la mayoría de las legislaturas en los estados de la geografía patria, incorporaron de una vez por todas la figura de los derechos humanos y sus garantías al orden jurídico mexicano en el rango de la Constitución Federal; acontecimiento inédito que originó celebraciones y algarabía en los espacios sociales en que hay un interés particular por la información relacionada con la consolidación de la vanguardia legislativa.

Nuestra Constitución que entró en vigor en 1917, a diferencia de la Constitución de 1857, conmutó la manifestación cultural de la ciencia jurídica de reconocer, los derechos fundamentales del ser humano, por la premisa de ser el Estado Mexicano el que los otorga. Por consiguiente, la reforma constitucional que recoge una nueva visión modernista del constituyente que acepta como parte intrínseca de nuestra Constitución al concepto de los derechos humanos, asociándolos de manera indisoluble con las garantías que consagra la parte dogmática de la Ley suprema del país, es indudablemente un paso evolutivo en la trasformación de la sociedad mexicana por colocarse en el ámbito de los países con una desarrollada consciencia colectiva en el mundo.

Ahora, es tiempo de valorar cuáles son las etapas consecutivas para otorgarle aplicación a los preceptos constitucionales que dan relevancia al control difuso de los derechos humanos en el territorio mexicano y que debe alcanzar la esfera jurídica individual de cada mujer y hombre, de nuestra sociedad, sin interesar sus características intimas en los aspectos físico, psíquico o de idiosincrasia para procurar la integridad de cada mexicano.

Para responder los primeros cuestionamientos atinentes con el particular, es preciso traer al intelecto la relación existente entre la eficacia de la norma escrita y su consecución en la práctica, pues, su observancia guarda una especial interrelación con el dispositivo facultado para imponerla materialmente. Si ese dispositivo o autoridad falla su encomienda, la ley no trascenderá el significado de la letra y su estructura sintáctica quedará estéril ante el propósito por el que los legisladores la diseñaron.

Una constante estridencia en los pasillos de los congresos locales de los estados de la República, está sintonizada en la voz de quienes presiden a los organismos de protección de los derechos humanos, porque saben que el tiempo inaplazable para darle resolución a los transitorios de la reforma constitucional que aparece publicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011, les apareja atribuciones que son un sinónimo de nuevas responsabilidades por atender a cabalidad y sin titubeos para darle consistencia y razón de ser a la denominación del Capitulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ellas y ellos, todos titulares de las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas piden a los legisladores estatales más presupuesto para operar logrando resultados en las metas y objetivos encomendados por imperio normativo de jerarquía constitucional.

De qué depende que la reforma constitucional en materia de los derechos humanos no se quede, al margen de una simple discusión nacional y que los siendo sus resultados sean parte de la expresión de la realidad asequible a los sentidos y a la apreciación objetiva de lo cuantificable y cualitativo:

Integramente, de un continente de medidas o políticas gubernamentales. En la perspectiva del adelanto de uno de sus contenidos, seguramente, provisionando con recursos adicionales a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades de la República, provenientes de la Federación que se sumen a los fondos que los Estados les asignan por virtud de su presupuesto anual de egresos en cada año de ejercicio fiscal.

Ese esquema financiero, por ejemplo, se practica en el modelo educativo, sobre manera, a favor de las universidades públicas que reciben subsidios para su manutención. Desde luego, en esta ocasión no puede hablarse de un subsidio y en cambio se hace sobre una contribución directa que se logra con el cálculo del 0.001 por ciento del total del presupuesto de egresos por cada entidad federativa correspondiente al año dos mil doce, salvo el caso del Distrito Federal y el Estado de México que por la dimensión de los recursos anuales que manejan, esa operación matemática se realizó con el 0.009 y 0.007 por ciento, respectivamente. En total, la Federación invertirá alrededor de 128 millones de pesos, equivalente a un capital per cápita por mexicano de un peso que contribuirá a la realización de los derechos humanos dándoles mayor capacidad presupuestal a las comisiones de derechos humanos en los 31 estados y el Distrito Federal.

De esa inversión deberá realizarse una retención de la cantidad que le corresponda a cada organismo de protección de los derechos humanos que sirva para conformar un fondo que se administrará a través de un fideicomiso a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objetivo que su patrimonio crezca con las donaciones de los gobiernos benefactores para la adquisición de activos fijos, equipo y tecnología que quede a cargo de las comisiones de derechos humanos que operan en los estados.

Es importante señalar, que este proyecto que pretende la adición de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presenta el impacto presupuestal que le da certidumbre alejándolo de la ocurrencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la Asamblea de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ARTICULO UNICO.- Se ADICIONA un Título Séptimo (VII) in fine de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al cabo de constituirse en el predicado que se presenta a continuación:

TITULO VI

DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DE LA COMISION NACIONAL

(…)

(…)

TITULO VII

DEL FONDO DE ASISTENCIA PARA LOS ORGANISMOS
DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 77.- Para que los organismos protectores de los derechos humanos en cada una de las entidades federativas, cumplan con su función constitucional contando con apoyo financiero para adquirir bienes y servicios que coadyuven a la consecución de sus fines y propósitos, se constituye el fondo de asistencia para los organismos protectores de los derechos humanos de las entidades federativas.

Artículo 78.- Los caudales que constituyen al Fondo, podrán usarse equidistantemente a favor de los organismos defensores de los derechos humanos que acrediten ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prioridades en la compra y adquisición de bienes y servicios que les resulten de utilidad para la satisfacción de sus fines y objetivos.

Artículo 79.- El Fondo funcionará mediante un fideicomiso público implementado conforme las disposiciones de la legislación que le es aplicable.

Artículo 80.- El Fondo estará conformado principalmente por los recursos que reciba de la Federación con motivo del porcentaje de retención que ésta realice sobre las aportaciones directas que corresponden a los organismos de protección de los derechos humanosen términos del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, lo constituirán, en su caso, las aportaciones y transferencias que reciba del Gobierno Federal o de las entidades federativas, los donativos que se efectúen a su favor por personas físicas o morales sin que por esa razón adquieran derechos sobre el fideicomiso y por los bienes que éste adquiera por título legal.

Artículo 81.- El Comité Técnico del Fondo estará presidido por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, procedente de sus comisiones legislativas en materia de los derechos humanos.

Artículo 82.- El Comité Técnico aprobará por la mayoría de sus integrantes el manual operativo y un presupuesto anual para cubrir los gastos básicos de su operación.

Artículo 83.- La Secretaría de la Función Pública nombrará un Comisario Público y un suplente para presidir al órgano de control interno del Fondo, el que asistirá a las reuniones del Comité Técnico con derecho a voz pero sin voto y ejercerá las atribuciones que le confieren las leyes en materia de control y vigilancia del gasto público.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La retención anual para la constitución del Fondo de que trata el presente Decreto, se realizará de inicio conforme al impacto presupuestal que se establece a continuación:


Entidades Federativas

Egresos 2012

Aportación Directa

Población Total

Retención Fondo %

Monto de Retención

   

Aguascalientes

$13,739,079,000

$1,373,907.90

1,184,996

0.9

$12,714.43

Baja California

$35,769,669,991

$3,576,967.00

3,155,070

2.5

$88,134.58

Baja California Sur

$9,868,509,551

$986,850.96

637,026

0.5

$4,909.43

Campeche

$14,658,031,685

$1,465,803.17

822,441

0.6

$9,414.62

Chiapas

$62,521,591,660

$6,252,159.17

4,796,580

3.7

$234,198.50

Chihuahua

$45,487,829,916

$4,548,782.99

3,406,465

2.7

$121,010.08

Distrito Federal

$138,043,090,119

$9,663,016.31

8,851,080

6.9

$667,930.64

Coahuila

$32,296,330,000

$3,229,633.00

2,748,391

2.1

$69,319.29

Colima

$8,187,190,000

$818,719.00

650,555

0.5

$4,159.50

Durango

$18,802,736,491

$1,880,273.65

1,632,934

1.3

$23,977.95

Guanajuato

$46,922,326,715

$4,692,232.67

5,486,372

4.3

$201,042.18

Guerrero

$38,985,803,604

$3,898,580.36

3,388,768

2.6

$103,174.11

Hidalgo

$27,688,907,195

$2,768,890.72

2,665,018

2.1

$57,627.31

Jalisco

$74,549,204,018

$7,454,920.40

7,350,682

5.7

$427,950.01

México

$165,642,766,034

$14,907,848.94

15,175,862

11.9

$1,766,813.64

Michoacán

$48,277,302,349

$4,827,730.23

4,351,037

3.4

$164,043.17

Morelos

$17,649,341,000

$1,764,934.10

1,777,227

1.4

$24,495.92

Nayarit

$19,326,436,808

$1,932,643.68

1,084,979

0.8

$16,375.54

Nuevo León

$59,674,740,759

$5,967,474.08

4,653,458

3.6

$216,864.63

Oaxaca

$46,223,297,220

$4,622,329.72

3,801,962

3.0

$137,243.28

Puebla

$54,497,079,019

$5,449,707.90

5,779,829

4.5

$245,986.12

Querétaro

$20,479,286,038

$2,047,928.60

1,827,937

1.4

$29,234.69

Quintana Roo

$19,654,581,428

$1,965,458.14

1,325,578

1.0

$20,346.58

San Luis Potosí

$28,695,000,000

$2,869,500.00

2,585,518

2.0

$57,939.69

Sinaloa

$36,900,821,027

$3,690,082.10

2,767,761

2.2

$79,760.34

Sonora

$36,800,000,000

$3,680,000.00

2,662,480

2.1

$76,516.76

Tabasco

$34,645,300,000

$3,464,530.00

2,238,603

1.7

$60,568.08

Tamaulipas

$32,092,411,000

$3,209,241.10

3,268,554

2.6

$81,918.20

Tlaxcala

$11,573,756,389

$1,157,375.64

1,169,936

0.9

$10,574.48

Veracruz

$86,675,800,000

$8,667,580.00

7,643,194

6.0

$517,362.72

Yucatán

$27,167,689,457

$2,716,768.95

1,955,577

1.5

$41,490.63

Zacatecas

$24,975,478,101

$2,497,547.81

1,490,668

1.2

$29,074.83

   

$128,049,418.29

112,336,538

Total

$5,602,171.91

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Licenciado Miguel Angel Chico Herrera".

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador Gerardo Sánchez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Sánchez García: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente quisiera saber si acepta el sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: No tiene inconveniente de que se sume, Senador Gerardo Sánchez. Se toma nota de quienes han estado solicitando.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 16 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El pueblo de México está sediento de justicia y cansado de tanta inseguridad que parece no tener límites, y que al conservar constitucionalmente instituciones como el arraigo penal, afectan directamente la libertad de un individuo sin un debido proceso y después de 80 días de encierro, decirle a la gran mayoría de esas personas que lo han padecido, usted disculpe, puede retirarse; es intolerable en un modelo constitucional, democrático y social de derecho.

El arraigo penal es una figura muy sensible que ha sido definido por los doctrinarios como una medida cautelar que se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo, y aunque fue planteado constitucionalmente para casos de delincuencia organizada, sabemos cómo las instituciones persecutoras del delito son ineficaces e ineficientes, cuya gravedad implica limitar la libertad de la persona y atentar contra su seguridad pública, contra su seguridad jurídica.

La reforma integral al sistema de justicia penal incorporó el sistema adversarial oral el 18 de junio de 2008, incluyendo el arraigo junto a la figura de la presunción de inocencia, ya de por sí cuestionable, pero que tras la reforma del 10 de junio de 2011, que consagra la más amplia protección sistemática y conforme a los derechos humanos, seguirlo sosteniendo sería inaudito.

A cuatro años de la constitucionalización del arraigo penal, no ha probado una efectividad plena en todos los casos que se ha utilizado y, por lo tanto, se hace responsable al Estado mexicano de una flagrante violación de derechos humanos en los casos fallidos donde la autoridad no pudo acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, lo que exigiría, de oficio, una reparación del daño con pago de daños y perjuicios generados con la debida restitución pública de derechos.

En esta tribuna, el 13 de diciembre del 2007, antes de aprobarse la minuta de reforma que incluye el arraigo, Senadores de mi partido, el de la Revolución Democrática, generaron diversas posturas que criticaron esa incompatibilidad y que fueron argumentos que no prosperaron como reserva, ni para que se sometiera a discusión; quizá ante las circunstancias criminógenas de la época, circunstancias por cierto menos violentas que las actuales, pero que a más de cuatro años de inclusión ha demostrado que no ha tenido los resultados esperados, por lo tanto, resulta un desacierto más de la política criminógena de Felipe Calderón.

El exSenador Pablo Gómez Alvarez, del PRD, señaló argumentos que hoy en día, a casi cinco años, ha sido una crónica de la apología a la tortura de la gente común que ha sufrido un arraigo y que culminó en una inocencia plena, desde entonces.

Me referiré a la detención sin causa, la detención sin proceso, que se llama arraigo, donde una autoridad judicial decide no obrar, autoriza la retención del indiciado y se dice que es para una investigación exitosa, ese es el punto. Entonces, vamos a hacer una constitución facista para que no haya crímenes; eso de gobernar a veces hace daño cuando nos falta criterio, convicciones y firmeza de principios.

En violación de derechos fundamentales, esos derechos son para todos, señores, métanse eso en la cabeza, porque les van a aplicar la ley algún día, a alguien cercano a ustedes, o ustedes mismos van a cambiar la opinión, van a recibir quejas de electores suyos de cómo les va a esto y las quejas de las organizaciones internacionales de derechos humanos también, porque esta práctica puede ser una constitución que es para proteger derechos y ahora convertida en negadora de derechos es un constitucionalismo que luego va a tener que explicar, es la torcedura del constitucionalismo como base del estado democrático históricamente hablando; que atenta contra la libertad de las personas porque mete a la cárcel a la gente, a todos parejos iguales, sin derecho de defensa, sin debido proceso, sin acceso a la jurisdicción del Estado, 80 días embotellado, sin ninguno de estos derechos, van a decir, 80 días es poco, pues por poquito que sea, aquí no es el problema si es poco o es mucho, sino el hecho que se da o no se da, esta es la cuestión, sigan con estos métodos de investigación que traen ahora con los narcos y otros, metiendo presos políticos a las cárceles de alta seguridad, persiguiendo a la gente por protestar y organizarse, ahí van revueltos ya, van revolviendo ya, narcos con poderes políticos, es la llave del estado policiaco, siempre hemos luchado contra eso, y reiteramos no estamos aquí, no hemos venido aquí a improvisar.

La incertidumbre del arraigo, al ser una detención vigilada por autoridad, con privación de los principales derechos de libertad, del uso y disfrute de todos los derechos que plasma cualquier constitución como el acceso libre, inmediato y sin restricciones a la familia, papeles, derechos, prerrogativas, en general a su esfera constitucional; es una investigación criminal por meros indicios, por una investigación mal llevada, por venganzas personales, políticas, económicas o religiosas o de cualquier índole; con base en la existencia de un testigo protegido con una simple imputación, para que la autoridad pueda argumentar que hay una posibilidad que se evada la justicia y ordenar su arraigo; en ese momento esa presunción de inocencia que debería de garantizar que sólo merecería prisión quién es plenamente responsable, por un simple arraigo está aprisionado hasta 80 días, sin haberle imputado una responsabilidad penal a ese individuo, sin haberle respetado el acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial.

Nuestra iniciativa de reforma no es una apología de la delincuencia organizada, ya que el artículo 19 en su segundo párrafo de la Constitución Federal establece claramente que el juez, ante la hipótesis de delincuencia organizada, oficiosamente ordenará la prisión preventiva, la cual debe ceñirse a las modalidades que establece las forma reglamentaria, ya con un debido proceso, eso lo puede y debe de hacer la autoridad investigadora.

En este caso, el octavo párrafo del artículo 16 en el mismo sentido otorgará el juez de la causa la obligación para que dicte, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas cautelares sin que subsista el controversial arraigo.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras, la eliminación del arraigo penal en la Constitución Federal contribuye al respeto pleno de los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano, que en un Estado democrático y de derecho deben garantizar, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa.

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

“La autoridad judicial federal bajo su más estricta responsabilidad, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, decretará las medidas cautelares necesarias, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista un riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Señor Presidente, solicito se incluya en el Diario de los Debates la iniciativa integral que no fue leída por respeto al tiempo reglamentario asignado.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIPN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCIPN II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCION 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA EL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA DEROGAR EL ARRAIGO PENAL, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El arraigo penal es una figura muy sensible para una sociedad como la Mexicana que esta sedienta de justicia y hastiada de una inseguridad galopante por una delincuencia que parece no tener límites; ante la cual se hace imperante la revisión del orden constitucional, ya que violando derechos fundamentales flagrantemente a las personas que a la postre no resultan con alguna responsabilidad penal, no se resolverá este grave lastre social.

Doctrinariamente el arraigo penal ha sido definido como “una medida cautelar que, durante la averiguación previa, se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo”, y aunque no es una institución exclusiva de la materia penal, consideramos que su gravedad radica al implicar una limitación a la libertad de la persona y a su seguridad jurídica. Aun cuando su redacción apunta hacia su aplicación a sujetos inmersos en la delincuencia organizada, bajo el sistema penal implementado institucionalmente, la realidad es que se lesiona frecuentemente a particulares ajenos a ese supuesto, lo cual es intolerable en un modelo constitucional, democrático y social de derecho.

Antes de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que la incluyo en el artículo 16 Constitucional Federal, la interpretación constitucional por el Poder Judicial de la Federación, era tajante al considerarla violatoria de garantías individuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de inconstitucionalidad 20/2003, interpuesta por los Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, ese Máximo Tribunal resolvió que el arraigo era violatorio de la libertad de tránsito, dentro de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, en febrero de 2006, a consultarse en la página 1171, bajo la tesis P.XXIII/2006, en materia constitucional-penal, bajo el número de registro 176029, misma fue aprobada por mayoría de cinco votos por lo que al no alcanzar los 8 votos requeridos en el Pleno quedó como tesis aislada, misma que señalaba:

ARRAIGO PENAL. EL ARTICULO 122 BIS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE TRANSITO CONSAGRADA EN EL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del citado precepto constitucional se advierte que la garantía de libertad de tránsito se traduce en el derecho que tiene todo individuo para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, permiso o autorización, libertad que puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal y civil. Ahora bien, tratándose del arraigo civil, las limitaciones o restricciones a la libertad de tránsito consisten únicamente en que el arraigado no puede abandonar el país o la ciudad de residencia, a menos que nombre un representante y otorgue garantía que responda de lo demandado, pero tal restricción no llega al extremo, como sucede en el arraigo penal, de impedir que salga de un inmueble, y menos aún que esté bajo la custodia y vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora de delitos. En ese sentido, tratándose del arraigo previsto en el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, si al arraigado se le impide salir de un inmueble es obvio que también le está prohibido salir del lugar donde se encuentre, lo que atenta contra su libertad de tránsito.

Otro caso, es la tesis de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, en enero de 2008, a consultarse en la página 2756, bajo la tesis I.9o.P.69 P, en materia penal, bajo el número de registro 170555, fue aprobada por unanimidad de votos en el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, el siguiente criterio:

ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACION DE ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTIAS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCION FEDERAL. El dispositivo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla la figura del arraigo domiciliario con una doble finalidad, por una parte, facilitar la integración de la averiguación previa y, por otra, evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse contra el indiciado; sin embargo, su aplicación conlleva a obligarlo a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora, sin que tenga oportunidad de defensa, y sin que se justifique con un auto de formal prisión, hasta por el término de noventa días; por tanto, esa medida es violatoria de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la de libertad personal consagradas en los artículos 14, 16 y 18 a 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Estos criterios fueron superados para los casos donde se presume que existen delitos cometidos por la delincuencia organizada al incluirse el arraigo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la reforma estructural en materia penal, que la contempló en el artículo 16, actualmente en su octavo párrafo:

Artículo 16 …

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Hay que hacer notar que en el artículo décimo primero transitorio, de la citada reforma, deja abierta la posibilidad de solicitar el arraigo contra cualquier persona, y no solamente contra integrantes de delincuencia organizada, ya que el legislador no preciso esa calidad en dicho artículo, tomando en cuenta que en ese momento no se ordenaba la interpretación conforme en Derechos Humanos, que posteriormente se incluyó por reforma en el artículo primero Constitucional Federal:

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Con esta disposición constitucional los criterios de interpretación judicial se han transformado llegando al absurdo de sostener la constitucionalidad de un acto que no ha probado una efectividad plena en todos los casos que se ha utilizado, y que se seguirá utilizando mientras este legislada, y por lo tanto que hace responsable al Estado Mexicano en sus tres poderes de gobierno de una flagrantemente violación de derechos humanos, en los casos fallidos, donde la autoridad no pudo acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, lo que exigiría de oficio una reparación del daño con pago de daños y perjuicios generados con la debida restitución de derechos; como lo podemos inferir de la tesis de la novena época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, en septiembre del año 2009, visible en la página 3095 con el número de Tesis I.4o.P.44 P, y con registro número 166500, a instancia del amparo en revisión 81/2009, que estableció:

ARRAIGO. CONSTITUYE UN SOLO ACTO DE TRACTO SUCESIVO, PUES LA AMPLIACION DEL PLAZO MAXIMO CONCEDIDO (HASTA CUARENTA DIAS) DE LA PETICION INICIAL NO ES UN ACTO DIVERSO Y TIENE UNIDAD DE PROPOSITO O FINALIDAD PERSEGUIDA CONSISTENTE EN IMPEDIR QUE EL INDICIADO SE SUSTRAIGA DE LA ACCION DE LA JUSTICIA. El arraigo, como medida precautoria, sirve para preservar la eficacia de la consignación, en tanto que permite a la representación social tener a su disposición al inculpado durante la investigación e integración de la averiguación previa, lo que se traduce en una forma de garantizar la seguridad jurídica, al impedir que aquél se sustraiga de la acción de la justicia. Ahora bien, la ampliación del plazo máximo concedido (hasta cuarenta días) de la petición inicial no constituye un acto diverso al primero, sino que se trata de una prórroga de la medida precautoria inicialmente otorgada; por lo que la extensión en el tiempo de ésta deriva del mismo acto inicial en el que se restringe provisional o preventivamente la libertad de tránsito del quejoso; siempre y cuando, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público acredite de manera suficiente que subsisten las causas que dieron origen a su solicitud inicial, sin que la dilación total de la medida preventiva exceda de ochenta días. Por tanto, el arraigo es un solo acto de tracto sucesivo, porque después de decretarse por el plazo inicial (hasta cuarenta días), su ampliación requiere de una resolución que se encuentra ligada con la primera que lo concedió a la autoridad ministerial y con unidad de propósito o finalidad perseguida, pues garantiza la eficacia de la investigación de delitos, al evitar la sustracción de la persona señalada como probable responsable de hechos posiblemente constitutivos de delito.

En efecto, la figura del arraigo incluida paradójicamente con la figura de la presunción de inocencia en la misma reforma constitucional integral, implicó que en los debates tendientes a su constitucionalización que la izquierda mexicana, generaran diversas posturas que criticaron esa incompatibilidad, que no prosperaron, quizá ante las circunstancias criminógenas de la época, pero que a más de cuatro años de inclusión, ha demostrado que no ha tenido los resultados esperados, por lo tanto resulta un desacierto más de la política criminógena Calderonista, a concluirse el próximo 30 de noviembre de este año.

El Senador Pablo Gómez Álvarez de mi partido el de la Revolución Democrática en esta tribuna, señaló el 13 de diciembre del año 2007, argumentos que hoy en día, a casi cinco años, ha sido una crónica de la apología a la tortura de gente común que lo ha sufrido, lo que resultó de la constitucionalización del arraigo, señalando por el legislador la necesidad de no votar el arraigo, y que sin embargo, fue votado y aprobado:

“Estamos solicitando que el párrafo séptimo y el párrafo duodécimo, sean votados. El párrafo séptimo, es el arraigo. El párrafo decimosegundo, es el allanamiento del domicilio.

Ahora me referiré, solamente, ciudadano presidente, al que primeramente reservé, que es el séptimo. El de la detención, sin causa, la detención, sin proceso, que se llama arraigo. El arraigo tiene dos partes: uno de ellos es un régimen excepcional para ciertas personas en relación con ciertos delitos, pero no tanto por el delito, sino por la manera de cometerlo.

Una autoridad judicial decide no obrar, autoriza la retención del indiciado y se dice que es para una investigación exitosa, ese es el punto. Se considera entonces una detención sin posibilidad de defensa, sin proceso debido, que es un derecho fundamental, hasta por un máximo de 80 días, es decir hay una suspensión de un derecho fundamental, bueno, esa es un aparte del problema.

Pero la otra que es tan importante como ésta, es que se eleva a rango constitucional esta suspensión del derecho de acceso a la jurisdicción del Estado y al proceso debido, y a la defensa, son varias, derechos fundamentales. Se hacen en nombre, como decía aquí Alcocer, en nombre del éxito de una investigación.

O sea, esta negación de derechos fundamentales hasta por 80 días es para hacer la investigación, es un método de investigación el no reconocimiento de derechos fundamentales. Entonces por eso decía vamos a conciliar la lucha contra los narcos con un poquito de afectación de derechos fundamentales, no, senador, así no es.

Y eso que leyó de Guatemala es la peor cosa que ha leído, o sea, que porque hay muchos derechos en la Constitución entonces hay muchos crímenes impunes, bueno, es de dar risa, da risa, como si ese fuera el problema. Entonces vamos hacer una Constitución “fachista” para que no haya crímenes, esa es la solución de nuestros problemas, eso es lo que propone ahora Acción Nacional.

Eso de gobernar a veces hace daño cuando nos falta criterio, convicciones y firmeza de principios. Entonces para la investigación, ahora, ¿qué sucede en la realidad? Los que van ahí al Centro de Arraigos de la PGR son personas que han sido detenidas en la comisión de un delito en flagrancia, han cometido un delito la inmensa mayoría.

Hay algunos otros que sin estar cometiendo un delito los apaña porque tiene una orden de aprehensión, y muy pocos, los vigilantes de los lugares donde encuentran la droga, los menos, que los meten ahí en el arraigo para que les cuenten su vida y milagros, que nunca dan información, pues son empleados de cuarta o quinta categoría de los narcos.

Eso es lo que ocurre, ¡Ah! pero por qué no los meten a la cárcel con un auto de formal prisión pudiéndolo hacer, porque los quieren tener ahí 80 días incomunicados, bajo presión, pues es un centro de torturas ese.

Bueno, pero son narcos, o sea que al narco sí se le puede torturar, esa es la filosofía, al rato va ser pues no el narco, sino cualquier otro, que también lo hacen con otros que no son narcos.

Y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Eso del arraigo es propio de los regímenes más autoritarios, eso del arraigo es propio, es un método de investigación, y como método de investigación es verdaderamente rechazable.

Como la autoridad investigadora es notoriamente inepta utiliza un método atentatorio de derechos fundamentales para suplir su ineptitud, y con esto no vamos a llegar nunca a esa policía científica de la que hablaba Pedro Joaquín ¿o quién hablaba de eso? Pero Joaquín ha venido aquí a defender el arraigo como método de lucha contra los narcos.

Y yo te digo, Pedro Joaquín: este no es el método, ésta no es la forma, ésta no es la manera, no solamente porque se violan derechos fundamentales que debemos defender, sino también porque no da resultado, no es la forma, eso jamás podrá suplir una verdadera investigación, un conocimiento exacto de la operación de las bandas.

Los primeros que deberían estar ahí en esos centros de, en todo caso serían las autoridades que son cómplices de los narcos, ¿pero ellos qué? Reciben el dinero y callan, dejar de hacer por dinero, no son las personas que operan las redes. Entonces yo digo que éste método no es el correcto, claro, el Procurador dice que sin él está muerto.

Como ahora el Poder Judicial dice que eso viola la Constitución, claro que la viola, claro que la viola. Entonces quieren constitucionalizar el método de investigación más inadecuado contra derechos.

Este decir suyo es una pena ya ejecutada como juicio sumarísimo. Fíjense, “la autoridad Judicial a petición del Ministerio Público podrá arraigar”. El Ministerio público tiene apañado a un tipo, le pide al Juez que le autorice el arraigo, el detenido no se puede defender, no comparece ante el Juez, es como una orden de aprehensión la orden de arraigo, exactamente igual.

Bueno, pues entonces no hay ni derecho de defensa, no hay acceso a la jurisdicción del Estado, no hay debido proceso, no hay nada. Esto lo hacían, lo han hecho siempre, todas las detenciones ilegales, todos esos desaparecidos fueron detenidos así y metidos a cárceles clandestinas.

Yo estuve preso en la prisión militar, bueno, por ser revoltoso, inadaptado, comunista. Va a decir aquí González Alcocer: para qué andabas en eso, pues sí, lo ven como parte del paisaje. Bueno, en violación de derechos fundamentales, esos derechos son para todos, señores, métanse eso en la cabeza porque les van aplicar la misma ley algún día, a alguien cercano a ustedes o ustedes mismos van a cambiar de opinión, van a recibir quejas de electores suyos de cómo les va a esto, y la queja de las organizaciones internacionales de derechos humanos también, porque esta práctica puesta en una Constitución que es para proteger derechos y ahora convertida en negadora de derechos es un constitucionalismo que luego van a tener que explicar, es la torcedura del constitucionalismo como base del estado democrático históricamente hablando, es un viraje, un viraje, y dice González Alcocer: “ Pues todo sistema penal”. Pues claro, que atenta contra la libertad de las personas porque mete a la cárcel a la gente, a todos parejos iguales, con derecho de defensa, debido proceso, acceso a la jurisdicción del estado, 80 días embotellado, sin ninguno de estos derechos, van a decir, 80 días es poco, pues por poquito que sea, aquí no es el problema si es poco o es mucho, sino si el hecho se da o no se da, esta es la cuestión, sigan con esos métodos de investigación que traen ahora contra los narcos y otros, metiendo presos políticos a cárceles de alta seguridad, persiguiendo a la gente por protestar y organizarse, ahí van revueltos ya eh, van revolviendo ya, narcos con poderes políticos, es la llave del estado policiaco, siempre hemos luchado contra eso, no estamos aquí, no hemos venido aquí a improvisar, los que improvisan son la derecha, los del PRI no porque ellos saben de esto, la derecha panista que antes decía que no estaba de acuerdo con nada de esas cosas, esos sí están improvisando y mal, porque además les va muy mal, no tienen éxito, ahí tenía la lista, perdón, un minuto nada más, fíjense lo que se ha hecho, Ley Contra la Delincuencia Organizada, AFI, el FBI mexicano, la SIEDO, Superespecialistas en delincuencia organizada, Ley de Seguridad Nacional, presupuesto este para repartir dinero de seguridad pública a los estados. Todo lo que han hecho, si no le sale en el Congreso de Estados Unidos un paquete con los gringos para que nos den unas cosas producidas por ellos para hacer científica a la policía, muchos policías lo que necesitan es primero aprender a pensar, no a mover aparatos.

Esto, todo lo que han hecho, si la cosa empeora y el Congreso ha colaborado y ha aprobado todas esas leyes y todas esas cosas, todas esas reformas, y la cosa empeora, pues si todo eso se ha hecho y la cosa empeora, ustedes creen que constitucionalizar el arraigo la cosa se va a mejorar, el arraigo existe, ¿cuánto tiempo tiene el arraigo en la Ley de Delincuencia Organizada? ¿Cuánto? La cosa empeora, prueba de que fracasó ya el asunto, lo quieren llevar ahora a la Constitución para seguir el fracaso, no tiene lógica lo que están haciendo, señores, perdón por el exceso de tiempo, a final de cuentas el asunto es gravísimo, puesto esto en la Constitución del país. Gracias”

Tenemos presente que la Constitución Federal se rige entre otros principios por el de no contradicción, lo que implica que ninguna norma vigente puede ser contradictoria de otra, sobre todo si tienen el mismo rango constitucional, lo que nos mueve a presentar esta iniciativa de reforma a fin de hacer coherente nuestra carta fundamental.

Ante lo anterior, hay que reconocer críticamente que la posterior reforma también constitucional federal, implica asumir a los derechos humanos como elemento estructural del pacto federal, en el cual el estado mexicano y sus autoridades son los principales obligados a su acatamiento, como se establece en los tres primeros párrafos del artículo primero constitucional federal:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Estas reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, y vigentes a partir del 4 de octubre del mismo año, nos comprometen a revisar las instituciones como la figura vigente del arraigo, reconociendo que los tratados internacionales firmados por México en materia de Derechos Humanos, implican una sensible incompatibilidad con la figura señalada, que implican la prohibición de las detenciones ilegales; en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establece la libertad del individuo como elemento primordial, donde para ser detenido debe haber un arreglo a la Ley:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1, 3, 9, 28, en su integridad van más allá de generar simples normas de protección y su garantía a la libertad de las personas, por lo que implica que un arraigo las viola flagrantemente:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

El arraigo en sí sigue siendo un problema de derechos fundamentales ya que en interpretación del Poder Judicial Federal, incluso tras la reforma que lo constitucionaliza es una institución que requiere de la suplencia de la queja por las afectaciones a los derechos fundamentales que conlleva bajo una visión garantista constitucional, a diferencia de la misma institución en otras materias, como consta en la tesis de la novena época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, en marzo del año 2010, visible en la página 2890 con el número de Tesis I.2o.C.44 C, y con registro número 165105, a instancia del amparo en revisión 344/2009, que estableció:

ARRAIGO DOMICILIARIO DE NATURALEZA PENAL, ARRESTO CIVIL COMO MEDIDA DE APREMIO Y ARRAIGO CIVIL. DIFERENCIAS Y EFECTOS. La legislación procesal penal establece el arraigo domiciliario en contra del probable responsable de la comisión de un delito, ante el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, constituyendo un acto que afecta y restringe la libertad personal, porque obliga a la persona en contra de quien se decreta, a permanecer en determinado inmueble y bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora; en la materia procesal civil existe la figura jurídica del arresto, como una medida de apremio; sin embargo, su consecuencia es la privación de la libertad del contumaz, aunque por un breve tiempo. De ello se sigue que tanto el arraigo domiciliario como el arresto afectan un derecho fundamental que es la libertad, lo que da lugar a un tratamiento especial que obliga a la autoridad que conoce de un juicio constitucional a suplir la deficiencia de la queja incluso ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del afectado. A diferencia del arraigo domiciliario de naturaleza penal y el arresto civil como medida de apremio, el arraigo civil como medida cautelar, no tiene las mismas consecuencias, ya que sus efectos se limitan a que el arraigado no se ausente del lugar donde se encuentra radicado el juicio o salga del país, en tanto no deje apoderado suficientemente instruido y expensado, pero sigue gozando de libertad de tránsito en virtud de que puede desplazarse por donde le plazca; de tal modo que si queda a su arbitrio cumplir con dicho requisito, es evidente que en el momento que lo satisfaga debe levantarse esa medida cautelar. En esas condiciones, se concluye que el arraigo civil no lesiona la libertad personal, como sucede en las figuras jurídicas anteriores, por cuya razón no procede la suplencia de la queja, en los mismos términos que se exige para aquéllas.

Por otra parte la institución de la presunción de inocencia fue contemplada en el artículo 20, apartado A, fracción I, y correlativamente en el apartado B, fracción I de la misma reforma del 18 de junio del 2008, que dispuso:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

(…)

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

(…)”

Esta disposición como lo señala su artículo segundo transitorio, establece que entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin que pueda exceder del término de 8 años para adaptar la norma constitucional a las legislaciones locales, como lo señala el texto oficial, y que impone de una declaratoria oficial, que ya se encuentra adaptado el sistema penal en cuestión:

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

Es de resaltar que está plenamente desarrollada la presunción de inocencia en el orden internacional recogido por diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, unos de carácter directamente vinculante y otros en vía indirecta. Entre los documentos internacionales con obligatoriedad jurídica que incluyen el principio de presunción de inocencia se cuentan: Las Declaraciones Universal en el artículo 11, párrafo 2; la Americana en el artículo XXVI; de Derechos Humanos, del 10 de diciembre y 2 de mayo de 1948, respectivamente; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966en su artículo 14.2; la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 en el artículo 8.2; así como por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos en el artículo 84, párrafo 2, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, además de su inserción

Ante este escenario de la presunción de inocencia y su incompatibilidad con el arraigo es tajante, ya que autoridad y sociedad, están obligadas a que a ningún individuo le sea considerado penalmente responsable hasta que en pleno acatamiento a las formalidades y procedimientos penales preestablecidos, se determinen en juicio por una autoridad competente, la plena responsabilidad, en la comisión de un ilícito.

La incertidumbre del arraigo, al ser una detención, vigilada por autoridad, con privación de los principales derechos de libertad, del uso y disfrute de todos los derechos que plasma cualquier Constitución como el acceso libre, inmediato y sin restricciones a la familia, papeles, derechos, prerrogativas, en general a su esfera constitucional; en una investigación criminal, por meros indicios, por una investigación mal llevada, por venganzas personales, políticas, económicas o religiosas, baste la existencia de un testigo protegido con una simple imputación, para que la autoridad puede argumentar que hay una posibilidad que se evada de la justicia y ordenar su arraigo; en esta momento esa presunción de inocencia que debía garantizar que solo merecería prisión quien es plenamente responsable, por un arraigo esta aprisionado, por hasta ochenta días, sin haberle imputado una responsabilidad penal a ese individuo, sin habérsele respetado el acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial, hasta ese momento.

Nuestra iniciativa de reforma no es una apología de la delincuencia organizada, ya que el artículo 19 en su segundo párrafo de la Constitucional Federal establece claramente que el Juez, en esa hipótesis, oficiosamente ordenará la prisión preventiva, la cual debe ceñirse a las modalidades que establece las normas reglamentarias:

Artículo 19 …

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por lo que de manera coordinada la iniciativa que presentó se centra para que en el octavo párrafo del artículo 16 deban imponérsele al Juez de la causa la obligación para que dicte bajo su más estricta responsabilidad las medidas cautelares que determine, cuando en su criterio jurisdiccional determine que realmente existen datos de que los imputados forman parte de la delincuencia organizada.

Compañeros Senadores y Senadoras, la eliminación del arraigo penal en la constitución federal contribuye al respeto pleno de los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano, que un estado democrático y de derecho deben garantizar, evitando que se transgredan arbitrariamente, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA AL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL

ARTICULO UNICO: Se reforma al párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16…

La autoridad judicial federalbajo su más estricta responsabilidad, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, decretarálas medidas cautelares necesarias, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

…”

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibieron las siguientes iniciativas:

Del Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Senador RAUL CERVANTES ANDRADE, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, miembro de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a someter a la consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto que busca homologar y armonizar la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales así como los catastros de todo el país, a través de otorgar una nueva facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que, reconociendo que tales registros públicos y catastros no son del ámbito federal, permita su fortalecimiento institucional en beneficio del Estado Mexicano y respete la autonomía y la soberanía de las Entidades Federativas y Municipios, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Objetivos de la Iniciativa.

La presente Iniciativa propone expedir una ley general para armonizar y homologar la operación de los registros públicos y los catastros del país a efecto de alcanzar los siguientes objetivos:

• Elevar la recaudación de contribuciones locales, principalmente, los impuestos de traslación de dominio y el impuesto predial.

• Contar con bases de datos e información geoestadística que permita diseñar políticas públicas de planeación y reordenamiento urbano y de vivienda.

• Aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles a efecto de favorecer su heredabilidad o la transmisión de su dominio sin conflictos y a la vez facilitar a las familias y a las empresas el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento en su beneficio.

• Contar con bases de datos homogéneas que ayuden a las autoridades fiscales y a las del ámbito de la procuración de justicia en sus labores de investigación.

Motivación de la Iniciativa.

Los registros públicos de la propiedad.

Sin duda, el registro público de la propiedad es una herramienta fundamental para el funcionamiento de un sistema económico, ya que contribuye a mejorar la seguridad de la titularidad y tenencia de los bienes y disminuye los costos de intercambio de los mismos. Un sistema registral eficiente promueve la inversión, incrementa las expectativas de recuperación de las inversiones de capital y disminuye el riesgo para los acreedores hipotecarios.
El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual la Administración Pública Estatal (gobierno estatal) publicita los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de éste requisito para surtir efectos frente a terceros.[1]

En términos generales, los actos jurídicos sujetos a inscripción en el Registro de la Propiedad son: aquellos relativos a la propiedad y posesión de bienes inmuebles; algunos actos sobre bienes muebles; a las limitaciones y gravámenes sobre bienes inmuebles o muebles; y la existencia y constitución de personas morales y sociedades civiles. Estos actos jurídicos deben quedar materializados en documentos o títulos en los términos señalados en las legislaciones locales, que por lo general son testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos; las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; los documentos privados que, en esta forma, fueren válidos con arreglo a la ley.

Con ello el Registro de la Propiedad facilita las transacciones, protege la seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos, garantiza la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados, es garante de legalidad en las transacciones del mercado inmobiliario y contribuye a reducir los costos de averiguación, seguro, litigiosidad e incertidumbre. La figura del Registro de la Propiedad es nodal para la definición y eficiente asignación de los derechos de propiedad.

Como se estableció previamente, el Registro de la Propiedad es manejado por cada una de las entidades federativas.

Según nuestro marco jurídico actual la administración de los Registros Públicos de la Propiedad es una atribución que corresponde a los Estados y al Distrito Federal, por lo que los criterios, pagos, procedimientos, tiempos de respuesta, eficiencia y confiabilidad y agilidad varían en las entidades federativas. El funcionamiento del Registro está regulado, en la mayoría de los casos, por el Código Civil local y en dieciséis entidades federativas,[2] por una ley registral, así como los reglamentos expedidos para tal efecto.

Distintos estudios establecen que existe una gran heterogeneidad en lo relativo a la operación de los Registros Públicos. Por ejemplo, el reciente estudio Preparando a las Entidades Federativas para la Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Escuela de Graduados de Administración y Política Pública (EGAP) muestran las grandes diferencias en los resultados de eficiencia en los diversos Registros del país. Por otro lado, los estudios de la Asociación de Bancos de México –y que sirven para el ‘índice de ejecutabilidad contractual’ de Moody’s- también comparan la calidad, idoneidad, orden, continuidad y pulcritud en los registros y también encuentra mucha disparidad. Igualmente, deben destacarse los estudios preliminares realizados por la Sociedad Hipotecaria Federal que, de igual forma, revelan grandes diferencias en los sistemas y modernidad de las oficinas registrales.

En términos generales, los principales problemas que se identifican en el sistema de Registro Público de la Propiedad del país son los siguientes:

Sistema de registro ineficiente. En algunas entidades federativas, las diversas legislaciones y reglamentos aun establecen como sistema registral al sistema de Libros. Es muy importante realizar el cambio de este sistema otro más ágil y moderno, como es el folio real electrónico. Con ello se optimizaría la función registral y se generaría mayor seguridad y confiabilidad en el mismo, en virtud de que un solo archivo contendría toda la información registral de una propiedad con todos sus movimientos y afectaciones. Asimismo, el cambio del sistema de libros al folio real electrónico evitaría, entre otras cosas, los focos de corrupción que se generan por el desorden que implica llevar archivos registrales con métodos anacrónicos y que para agilizar la búsqueda o la consulta, se incentiva a la corrupción.
Tecnología inadecuada. Los Registros Públicos aun continúan teniendo como sustento legal de inscripción el asiento en Libros. Este sistema es inseguro, genera retrasos, corrupción e ineficiencia, como ya se expuso. Para resolver esto algunos estados han implementado sistemas de información que pretenden mejorar los registros, pero, aún en estos casos, el problema es que hay gran disparidad en los sistemas utilizados y heterogeneidad que hace inviable la construcción de una base de datos nacional que sea de utilidad para el INEGI, para las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia y, desde luego, para el mercado de vivienda y para los responsables de diseñar e implantar políticas públicas de desarrollo y ordenamiento urbano.

• En algunos estados, los sistemas electrónicos empleados por los Registros carecen de fundamento jurídico y, por ello, no constituyen prueba plena de la inscripción efectuada.

• El tiempo de respuesta de una inscripción puede oscilar actualmente entre dos o tres días hasta ocho meses, dependiendo de la entidad en la que se encuentre la oficina registral.

Capacitación inadecuada del personal directivo y operativo. Los salarios de los registradores son muy bajos y no corresponden a la importancia de su encargo. En la mayoría de las entidades no se regula con precisión el perfil que estos funcionarios deben tener, llegándose a designar registradores que no cuentan con el perfil adecuado.

El sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales. Los sistemas de registro de la propiedad documentan la propiedad legal, mientras que el catastro registra las características físicas e identifica los límites. Además, los registros, salvo los de Baja California Sur que son competencia de sus cinco municipios, son administrados por los Gobiernos Estatales y los catastros son del orden municipal. Su desvinculación genera frecuentemente diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambos registros.

Falta de una coordinación. En los últimos años ha habido esfuerzos institucionales por promover la modernización de los Registros de la Propiedad. Por ejemplo, asociaciones de notarios, titulares de organismos nacionales de vivienda (ONAVIS) y la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), acordaron un modelo de modernización de los Registros de la Propiedad[3] a través del cual las autoridades estatales han instrumentado procesos de mejora, modernización y actualización de los registros. Desafortunadamente, no todos los Gobiernos Estatales han suscrito el convenio. Otros programas que intentan modernizar los Registros, sobre todo los de Comercio, incluyen, por ejemplo, los convenios de colaboración entre los Estados y la Federación, a través de la Secretaría de Economía; Convenios de colaboración entre la Secretaría de Economía y el Colegio Nacional de Correduría Pública y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.; instrumentación del Sistema Integral de Información Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía respecto a los Registros Públicos. Sin embargo, en materia de propiedad, estos esfuerzos han sido dispersos y aunque en general han comenzado a dar algunos resultados que se traducen en acciones de modernización, los mismos no se han dado de manera uniforme y se continúa operando con sistemas muy diversos.

Falta de uniformidad en el acceso a la información registral. Una de las razones que pueden contribuir a inhibir la inversión es la forma tan diversa de administrar los registros de propiedad y que no se tiene un sistema único de acceso a la información registral en el País debido a la regulación jurídica actual.

En efecto, la diversidad nacional en materia de registros públicos de la propiedad ha presentado problemas que han impedido, en la mayoría de los casos, contar con registros públicos eficaces y eficientes, que garanticen la certeza jurídica a través de inscripciones.
En resumen y como ya se ha narrado, entre esas causas se encuentra la gran diversidad de leyes y disposiciones que norman la actividad registral tanto local como federal; la falta de autonomía jurídica u operativa, lo que ocasiona en muchos casos una desvinculación con el proceso de desarrollo económico de los Estados; la falta de programas de modernización; la falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales, presupuestos reducidos, falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea y desvinculación de otros registros; presencia de una evolución desigual de la actividad registral, tanto humana como tecnológica; y partir de una simple concepción de las oficinas registrales, como simples archivos, y meros datos, mermando el fin para el que fueron creados.

Operación de los catastros.

Igual que los registros públicos, los catastros son fundamentales para el funcionamiento de la economía nacional, ya que constituyen el único registro de la propiedad inmobiliaria del país.

El catastro es el inventario de los terrenos, construcciones y demás bienes inmuebles, mismo que contiene las dimensiones, las características, la calidad y el valor de los predios y de las construcciones, así como su localización exacta. Desafortunadamente, la actividad catastral no se refleja en suficientes beneficios fiscales para la mayoría de los Municipios y tampoco sirve de mucho para la administración de la propiedad, la planeación y el reordenamiento urbanos ni para las políticas de vivienda en la mayoría de los municipios.

Asimismo, a la fecha no existe una relación entre los esfuerzos de modernización de los catastros y la de los Registros Públicos, que garanticen la certeza y seguridad jurídica de la propiedad. Las múltiples instituciones involucradas en el establecimiento de los lineamientos operativos, de los indicadores y en la evaluación de eficiencia en materia catastral, no tienen una visión integral de administración de la propiedad.

La mayoría de los catastros opera en condiciones deficientes, tanto en recursos humanos como tecnológicos. De acuerdo con el diagnóstico hecho por el INEGI,[4] de una revisión practicada a los catastros de 1408 municipios, éstos cuentan sólo con una descripción genérica de los predios y el nombre del propietario, nada más. Son realmente pocos los que además de dichos datos, poseen el domicilio actualizado del propietario, la CURP y/o el RFC, el tipo de propiedad, la clasificación de los predios, el uso de suelo, la topografía, los servicios públicos con los que cuenta, las dimensiones, la topografía del terreno, entre otras variables. Tampoco existen datos estadísticos que permitan identificar el área de lo catastrado en el país (propiedad privada, propiedad social, propiedad urbana, propiedad rústica, etc.). Es decir, los catastros no tienen plenamente caracterizados y ubicados a los predios y a los inmuebles del país, salvo el caso del Distrito Federal.

Asimismo, son pocos los catastros que manejan bases de datos. La mayoría opera sólo con planos y cartografías de papel, con datos desactualizados.

Los intentos institucionales por estandarizar las actividades catastrales en el país, han logrado que los objetivos de los programas y recursos erogados por los diferentes niveles de gobierno e instituciones financieras en materia de modernización catastral, estén desarticulados de los objetivos del Modelo Óptimo de Catastro impulsado por la SEDESOL.

Se ha dependido de INEGI como árbitro técnico para garantizar estándares de datos geoestadísticos pero sin llegar a definir y establecer procesos y estándares de operación catastral. Cabe señalar que el INEGI no tiene atribuciones para establecer procesos que garanticen la seguridad jurídica de la propiedad, ya que su responsabilidad es la de normar la capacidad técnica y el formato (no de sistemas) de los datos estadísticos.
Por su parte, la SEDESOL no ha logrado emitir un manual operativo que guíe a los operadores catastrales a contar con procesos estandarizados y validaciones en el marco de la administración de la propiedad y del ordenamiento territorial. Cada oficina catastral puede llevar diferentes procesos para un mismo trámite, independientemente de la tecnología ocupada, sin estar vinculados con el ordenamiento del uso de suelo ni con los Registros Públicos de la Propiedad.

El Modelo Óptimo de Catastro es aquel que permite fortalecer las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios (predial y traslado de dominio) dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad y a la vez genera información para el ordenamiento territorial y para las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.

El catastro y la base gravable para la generación del impuesto predial, están desactualizados por la falta de procesos de administración territorial coordinados. Contar con valores catastrales actualizados no implica cobrar más impuestos a la población que ya paga sus contribuciones, sino cobrar mejor y de manera progresiva y equitativa pues la desactualización es la principal causa de la evasión: muchos predios que están urbanizados siguen pagando como si fueran rústicos.

En suma, resolver los problemas que conlleva un mal registro inmobiliario es la causa principal de esta Iniciativa.

México requiere modernizar las instituciones registrales para estar a la vanguardia a nivel nacional e internacional, para coadyuvar en el trabajo a las autoridades fiscales y de procuración de justicia, para facilitar las traslaciones de dominio de los inmuebles y para que los Estados y los municipios puedan diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

Antecedentes de esta reforma

La reforma que propone la presente Iniciativa no es nueva. El 14 de mayo de 2007 varios diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron una Iniciativa de reforma constitucional en términos similares a los planteados en la presente.[5] Dicha Iniciativa fue dictaminada positivamente y aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2009.

La Minuta de la Cámara de Diputados fue dictaminada negativamente en el Senado de la República el 24 de abril de 2012, bajo el argumento de que la reforma propuesta vulneraba el pacto federal, aunque los objetivos y las motivación de la misma se compartían. Así quedó reflejado en el dictamen votado por el Pleno del Senado de esa fecha:

Estas comisiones dictaminadoras, de manera general comparten las inquietudes y finalidades que se plantean por la Colegisladora en los términos descritos en el apartado que antecede. Asimismo, se aplaude el esfuerzo de fortalecer el sistema jurídico mexicano en un área de especial importancia para toda la población, por referirse a la certidumbre jurídica en los actos relativos a su patrimonio.

No obstante que de manera general se comparten las inquietudes y se conocen los problemas que presentan algunos Registros Públicos en los Estados y el del Distrito Federal no se considera necesario recurrir, para resolverlos, a una reforma constitucional como la contempla la minuta en estudio, ya que ésta atenta contra la autonomía y soberanía de las entidades federativas. Uno de los principios pilares sobre los que se fundamenta nuestro federalismo, es brindar autonomía a los Estados, por lo que, de aprobarse esta reforma se vulneraría esta primicia al limitarse el ejercicio de una facultad primigenia, habiendo nugatoria la jurisdicción que constitucionalmente se encuentra garantizada, estando por tanto, ante una clara y manifiesta intervención e injerencia de la instancia federal.
Respecto de la aseveración que se establece en la iniciativa -confirmada en el dictamen de la Colegisladora, en torno a que la propuesta presentada “es respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los estados, ya que se seguirían conservando en favor de las entidades federativas diversas facultades en la materia”, resulta contradictorio ya que al establecer que permanecerán dentro de la esfera de competencia de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, “aspectos como el tributario, que sobre los ingresos de registro perciben éstas, o la designación de los funcionarios de dichos registros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones”, evidentemente se invade la esfera de atribuciones determinadas por nuestra Carta Magna.

En efecto, derivado de la diversidad que la misma iniciativa reconoce de las circunstancias y particularidades de cada uno de los integrantes de la Federación, como son su situación económica, la demanda de servicios públicos registrales, el establecimiento de diversas oficinas registrales en el mismo territorio estatal, el avance general en la cultura administrativa, y particularmente, el desarrollo de cada institución registral del país, motivaron que la norma suprema reconociera a cada uno de los Estados y del Distrito Federal su competencia para adecuar los procesos organizativos con el objeto de eficientar los servicios que cada una de las instituciones presta.

Por lo anterior, deviene irracional la propuesta de otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre “los aspectos relativos a la forma y los términos del procedimiento de registro.”

Además, resulta excesivo el contenido de la reforma, ya que se extralimitaría el objeto de la pretendida atribución que es el de “establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de operación de Registros Públicos de la Propiedad, de comercio y catastral”, es decir, no sólo se refiere a la forma y términos del procedimiento de registro, sino que expresamente se habla de interferir mediante “BASES DE COORDINACIÓN”, esto es, lineamientos generales y obligatorios respecto de la operación misma de las instituciones registrales de cada entidad federativa.

La reforma establece como principal finalidad que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes de coordinación en materia de operación del Registro Público de la Propiedad, de Comercio y Catastro, sin embargo, la palabra operación puede generar la necesidad de una interpretación pues no queda determinado si solamente son aspectos de administración de oficinas y mejoras materiales, técnicas o humanas o si la misma palabra se refiere a los elementos sustantivos y jurídicos con los que se desempeña la función registral. Ante la falta de precisión, con esta reforma se corre el riesgo de que la Federación, expida normas que se refieran a la unidad básica o elemento esencial de la inscripción como lo son: los bienes o las personas morales. En ambos casos, es innecesaria la reforma, pues para los efectos administrativos de oficinas y mejora de elementos técnicos y humanos no se precisa de que se establezca una coordinación y si se refiere al segundo el Registro Público de la Propiedad como instrumento de publicidad del régimen de propiedad, pertenece al ámbito del Derecho Civil y éste forma parte del régimen interior de los Estados, a su parte más íntima, uno de sus elementos esenciales, que es la propiedad raíz ---su Territorio--- lo que nos lleva a considerar que el Congreso estaría pretendiendo legislar en lo relativo al régimen interno de las entidades federativas, lo que debe quedar dentro del ámbito de facultades de las legislaturas locales, no sólo acorde a los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino además porque se trata de la vida interna de los Estados y de uno de los elementos que mejor definen y resaltan su soberanía.

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental” (artículo 40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Si se le restringe la libertad a los Estados para legislar como mejor convenga a sus intereses en lo relativo a su régimen interior como lo es el régimen de propiedad, se le restaría autonomía e independencia y entonces el régimen federal que establece nuestra Constitución, será letra muerta, frente a un régimen centralista de hecho.

En el mismo sentido nos manifestamos frente al hecho de que el Congreso pretenda legislar sobre el catastro -es decir sobre aspectos fiscales de los inmuebles-, las razones son las mismas, pero en este caso además hay que adicionar las limitantes que el Congreso tiene de legislar sobre estos aspectos, siendo que conforme al artículo 115 de la Constitución, los Municipios son quienes deben manejar su patrimonio, y conforme a la fracción IV del mismo artículo deben administrar libremente su hacienda, la cual se conforma entre otros, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan, debiendo percibir las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y expresamente señala que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer dichas contribuciones.

Si bien este artículo tiene especial relevancia para el ámbito de las contribuciones, es importante resaltar el espíritu que guarda la disposición y es que nuevamente se reconoce y pone de manifiesto que todo lo relativo al patrimonio y la propiedad inmobiliaria (fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora) es un elemento natural del Estado, parte de su régimen interno, sobre el cual exclusivamente debe decidir el propio Estado. Es por ello que al establecerse el pacto federal los Estados decidieron no otorgar al Congreso de la Unión facultad alguna de legislar sobre estos elementos, sin los cuales los Estados no pueden considerarse plenamente autónomos e independientes, y que son la base de nuestro federalismo.

Por lo que se refiere a la operación del Registro Público de Comercio, es redundante la propuesta de reforma de la minuta, pues ya existe la facultad del Congreso en esta materia y de hecho la ejerce a plenitud.

Lo anterior no debe suponer que la Federación no pueda contribuir con los Estados en la mejora de sus políticas y administración, inclusive en la capacitación del personal y modernización de los sistemas y herramientas de sus Registros de la Propiedad y de catastro, como de hecho lo realiza desde hace varios años. Es de resaltar que a la fecha la Federación y los Estados incluyendo el Distrito Federal, tiene celebrados convenios en virtud de los cuales llevan a cabo importantes programas de modernización, en materia de Registro de La Propiedad y Catastro. Y para ello no ha sido necesaria la injerencia en la autonomía de los Estados a través de una reforma constitucional como la que se propone.

Por lo anterior, esta Iniciativa pretende retomar la Iniciativa y la Minuta ya comentadas, pero exponiendo con claridad los términos, el alcance y los límites que tendría la ley general para que no se vulnere el pacto federal y, por el contrario, se fortalezca a las entidades federativas y a los municipios, pues en la medida que así suceda, la Unión Federal también lo hará.

Avances alcanzados a la fecha en materia de modernización, homologación y armonización

Los intentos de modernizar y homologar los Registros Públicos y los Catastros no son nuevos. Desde hace varios años se ha tratado de fortalecerlos, motivado principalmente, por un asunto tributario.

Es así que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados ha autorizado partidas específicas para dicho efecto desde el año 2007. Para la modernización de los Registros Públicos se autorizaron los siguientes montos:

• 2007: $416’700,000.00
• 2008: $416’700,000.00
• 2009: $374’400,000.00
• 2010: $337’813,554.00
A partir de 2011, en el Presupuesto de Egresos de la Federación también se incluyó a los Catastros, con los montos siguientes:

• 2011: $414’404,302.00
• 2012: $314’400,000.00

En total, en seis años la Federación ha presupuestado para el Programa de Modernización de los Registros Públicos y los Catastros, la cantidad de $2,274’417,856 (Dos mil doscientos setenta y cuatro millones, cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis pesos) en números nominales.

Cabe señalar que los recursos federales que se otorgan a las entidades federativas tienen el carácter de subsidios, como una actividad prioritaria y de interés general para avanzar en el fortalecimiento de la certeza y seguridad jurídica a favor de sus gobernados, con el objetivo de estandarizar procesos para la homologación de la función registral a nivel nacional y modernizar los catastros.

En contrapartida, la aportación de los recursos que realizan las entidades federativas son los que destinan del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, o en su caso, de otros recursos propios de su Presupuesto de Egresos, debiendo aportar por regla general el 50% de la inversión total.

Teniendo en cuenta el monto presupuestado por la federación en estos seis años, es posible suponer que al final de esta administración federal, se habrán destinado al Programa de Modernización de Registros y Catastros recursos federales y estatales por un monto cercano a los 4,550 millones de pesos, estimándose otro tanto para lograr la modernización, la homologación y la armonización plenas.

Los resultados alcanzados a la fecha son los siguientes:

Se estableció una Metodología para medir el apego de los Registros Públicos al Modelo Integral de Registros Públicos, misma que reconoce 4 niveles de cumplimiento:

• Nivel Crítico, con menos de 25% de apego al Modelo Integral.
• Nivel Insuficiente, entre 25% y 50% de apego al Modelo integral.
• Nivel Suficiente, entre 50% y 75% de apego al Modelo Integral.
• Nivel Satisfactorio, entre 75% y 100% de apego al Modelo Integral.

Conforme a dicha Metodología, se llevaron a cabo 256 evaluaciones a los Registros Públicos de las entidades federativas, arrojando los siguientes resultados:

Al inicio de la aplicación de la Metodología (2007):

• 2 alcanzaron el nivel de “Satisfactorio”.
• 8 el nivel de “Suficiente”.
• 12 el nivel de “Insuficiente”.
• 10 Registros obtuvieron el nivel de “Crítico”.

Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2012:

• 13 tienen el nivel “Satisfactorio”.
• 10 tienen el nivel “Suficiente”.
• 7 tienen el nivel de “Insuficiente”,
• 2 registros se mantienen en el nivel de “Crítico”.

Es así que el promedio nacional de apego al Modelo Integral al inicio del Programa (2007) fue de 39%. En 2012, dicho porcentaje se ubicó en 64%.
Es preciso señalar también que en materia mercantil, la única disposición legislativa que la rige es el Código de Comercio, norma que es expedida por el Congreso de la Unión. Esta legislación tiene los mismos efectos que una ley general; si bien, por criterios de la Suprema Corte de Justicia, el comercio es una facultad concurrente entre la Federación y las entidades Federativas, en la práctica éste mandata contar con un solo registro de los actos de comercio.

Es así que con fundamento en el artículo 18 del mencionado Código de Comercio, la operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el Distrito Federal, en términos de los convenios de coordinación celebrados entre tal Dependencia del Ejecutivo Federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas. Asimismo, el artículo 20 señala que tal Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas en las entidades federativas.

Por lo mismo, el servicio de inscripción de actos mercantiles corresponde a las oficinas registrales establecidas en las entidades federativas. Para la adecuada operación del Registro Público de Comercio, la Secretaría de Economía emitió unos Lineamientos que fueron publicados en el Diario oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2000. De esta forma el servicio del Registro Público de Comercio se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Economía y los Gobiernos de los Estados en términos de los mencionados Convenios de Coordinación, en los cuales se establece, entre otras disposiciones, el compromiso que asumen los gobiernos locales de operar el Siger (Sistema Integral de Gestión Registral desarrollado por la Secretaría de Economía) con los recursos que ellos indiquen, entre los cuales se contempla al personal de los Registros Estatales.

Asimismo, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, se establece, en el artículo 8º, la facultad a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, de celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con base en lo anterior, se considera pertinente contar con una ley general que permita la armonización y la homologación de la operación de los Registros Públicos y los catastros del país habida cuenta que:

a) En el ámbito de Comercio ya existe dicha homologación.

b) Desde 2007 se ha estado apoyando con recursos económicos federales y estatales para dicho efecto.

c) Para facilitar el cumplimiento del objeto de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se requiere que las bases de datos de los Registros estén actualizadas y sean confiables.

Expedición de una Ley General

Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes generales sirven para delimitar y en su caso, clarificar las facultades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en aquellas materias de responsabilidad concurrente a efecto de evitar la dispersión de recursos y esfuerzos:

Novena Época
Registro: 187982
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Enero de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 142/2001
Página: 1042
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Pero las leyes generales también norman ámbitos sobre los cuales se requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno como es el caso de protección civil, turismo y cultura; asimismo, las leyes generales también versan sobre la armonización de una materia sin que ello implique un demérito ni una subordinación de las facultades constitucionales que cada orden de gobierno tiene, como es el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Este último caso es el que la presente Iniciativa pretende replicar: una ley que homologue y armonice la operación de los registros públicos y los catastros sin que la Federación asuma para sí ni comparta ni coordine alguna de las facultades constitucionales que expresamente les confiere la Carta Magna a las entidades federativas y los municipios respecto a su operación y administración.

Se reitera: la ley general en los términos que propone la presente Iniciativa, que de ser aprobada por el Constituyente Permanente, no pretende sustituir ni absorber las facultades que sobre los Registros Públicos y los Catastros les confiere la Constitución de la República.

El Congreso de la Unión solo pretende ser un facilitador de la coordinación que las entidades federativas ya reconocen y aceptan que es necesaria, sin pretender ir más allá. Por lo mismo, esta Iniciativa plantea claramente el marco de actuación de dicha ley general para que los Legisladores Federales y las legislaturas de los Estados conozcan plenamente las implicaciones de la misma y así quede plenamente establecido en el Dictamen que en su momento aprueben las Comisiones Dictaminadoras de ambas Cámaras a efecto de no dejar margen ni escollo por medio del cual el Congreso se extralimite más allá del mandato que se le está confiriendo.

La ley general que propone la presente Iniciativa solo es para efectos de armonización y homologación, para lo cual, pone a la consideración del Constituyente Permanente, que el Congreso la expida en los términos y con el alcance siguientes:

a) El objeto de la ley general es la homologación y la armonización de la operación de los Registros Públicos inmobiliarios y de personas morales a que se refiere el Código Civil Federal bajo la jurisdicción de las entidades federativas así como de los catastros municipales.

b) La homologación y la armonización pretendida es para el logro de los cuatro objetivos enunciados al principio de la Iniciativa.
c) La homologación y la armonización implica contar con protocolos, sistemas informáticos, procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario. Éstos serán aprobados en el seno de un Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral. Dicho Consejo estaría constituido de la siguiente forma:

I. El Consejo es el órgano de coordinación para la homologación y armonización de los Registros Públicos y catastros y tendría por mandato emitir las normas y lineamientos para dicho efecto.

II. Los miembros del consejo no recibirán remuneración alguna por su participación en los mismos.

III. El Consejo estaría presidido por una entidad federativa, de carácter rotatorio entre éstas.

IV. El Consejo estaría conformado por 4 representantes de las entidades federativas, 3 representantes de los municipios y un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de la Comisión Nacional de Vivienda, del INEGI, de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y de la Procuraduría General de la República. Las decisiones se adoptarían por mayoría.

V. En el Consejo podrán participar con derecho a voz solamente un representante del Instituto Mexicano de Derecho Registral, A.C. y de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda.

VI. Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo.

d) Los registros públicos y los catastros serán constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios, dejando a las legislaturas estatales que determinen libremente su estructura organizacional y gobierno corporativo.[6] Se considera que los Registros Públicos y los catastros no podrán alcanzar el objetivo de prestar un servicio que satisfaga en forma continua, regular, uniforme y permanente que exige la seguridad jurídica en materia registral, si no cuentan con un estatuto jurídico-administrativo que les otorgue la flexibilidad adecuada para hacer frente a las necesidades económicas del servicio.[7]

e) Los municipios que no tengan capacidad para administrar sus catastros, los gobiernos estatales lo harían previa firma de un convenio.

f) El consejo emitiría las reglas de operación para acceder a los apoyos financieros que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la modernización de los Registros Públicos y los catastros.

La armonización y la homologación de los Registros Públicos y de los catastros sería una empresa sumamente difícil de lograr sin una ley general, debido a que cada entidad federativa y municipio en el marco de su libertad soberanía constitucionales han diseñado a largo de décadas instituciones registrales disímbolas.
Descripción de la Iniciativa

La presente iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley que establezca las bases generales de operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales a que se refiere el Código Civil Federal así como de los catastros para el efecto de lograr su homologación y armonización, mediante la adición de la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se vuelve a insistir que la propuesta sugerida, de ninguna manera significa federalizar los Registros Públicos ni los Catastros. Por el contrario, la redacción planteada permite la expedición de una base jurídica que establezca las bases generales para unificar esfuerzos y recursos. Más aun cuando actualmente se encuentra una dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de registro inmobiliario, que ha provocado políticas encontradas o dispares.

Por tanto lo que se pretende es que el Congreso emita una ley en materia de operación de los registros públicos inmobiliarios, pero que implicará un desarrollo conjunto de las conductas y de las actividades de los gobiernos, en el ámbito federal y local. Que el reconocimiento de la necesidad de homologación y armonización impone la distribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno estatal y local, en relación con la materia.

Por lo anterior se considera que la Iniciativa es respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los Estados, del Distrito Federal y municipios, ya que se seguiría conservando a favor de éstos sus facultades en la materia tales como el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciben, o la designación de los funcionarios de dichos Registros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones; dejando prácticamente sólo al Congreso legislar para que haya una base jurídica que permita al Consejo determinar los términos del procedimiento de registro, procesos, tecnologías, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos.

Beneficios para el país

La iniciativa tiene como objetivo que mediante la expedición de un marco jurídico por parte del Congreso se unifiquen u homologuen los sistemas registrales en todo el país, lo que se traduciría en los siguientes beneficios:

1. Simplificar procedimientos y agilizar trámites, lo que traerá como resultado la reducción considerable de los tiempos y costos de operación para los usuarios.

2. Se lograría una mayor seguridad para el patrimonio inmobiliario de los mexicanos, para el régimen jurídico de las personas morales, civiles y mercantiles y para el comercio, nacional e internacional.

3. Se podrían reducir los conflictos jurídicos que a su vez impacten en la disminución de costos que por impartición de justicia y solución de conflictos por la transmisión patrimonial.

4. Especial mención merecen los beneficios que la simplificación, mediante la unificación que se propone, traería para los programas inmobiliarios, principalmente de vivienda, estatales y federal, en favor de los mexicanos con menos oportunidades y de las operaciones crediticias con garantía, tanto civil como mercantil, nacionales e internacionales.

5. La unificación registral, aunada al programa de modernización, permitirá reunir en una sola base de datos el registro del Distrito Federal, estatal o municipal, y por ende todos aquellos referidos a una misma propiedad, independientemente de la operación unificada del Registro Público de Comercio, que ya se realiza en esas oficinas registrales.

6. Se podrían actualizar los valores catastrales para el efecto de que el cobro del impuesto predial sea progresivo y equitativo.
7. Se podría ofrecer al usuario, el realizar consultas a través de medios electrónicos en cualquier parte del país, ya que las bases generales normativas para el registro permite una homologación, que le darían al usuario la confianza de que el trámite registral se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.

8. Singularmente se señala la necesidad de reunir en las oficinas registrales de la propiedad, a los registros catastrales y de uso de suelo, con la consecuente simplificación de trámites y la reducción de costos para los gobernados.

9. Se generaría la posibilidad de una base de datos para la planeación local y regional. Se incentivaría la inversión y atracción de capitales, ya que se tendría una mayor transparencia en las actividades y actos que se inscriben en el Registro Público.

10. Se facilitaría la acción de las autoridades fiscales y de procuración de justicia cuando procedan a realizar investigaciones de evasión de impuestos y/o lavado de dinero así como de enriquecimiento inexplicable.

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. …

XXIX-R. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

XXX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondiente a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Salón de sesiones del Senado de la República, México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Raúl Cervantes Andrade”.

[1] La materia de los Registros Públicos de la propiedad es de competencia local, en términos del artículo 121 constitucional.

[2] Las entidades que cuentan con Ley Registral y/o Ley Registral y Catastral, algunas de las cuales también se rigen por el Código Civil, son: Baja California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

[3] El proceso que condujo a la aprobación del Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad, fue complejo y requirió de la participación comprometida del Instituto Mexicano de Derecho Registral, A.C., de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y de la entonces Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, hoy Comisión Nacional de Vivienda.
El Modelo Integral fue aprobado por unanimidad el 2 de diciembre de 2005 y contó con el beneplácito de la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

[4] Catastro Municipal, Diagnóstico de la situación actual, INEGI, 2012.

[5] Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2252 de fecha 14 de mayo de 2007.

[6] Entre las ventajas que se derivarían de la transformación de los Registros Públicos y los Catastros en entidades paraestatales, se encuentran las siguientes: (i) personalidad jurídica y patrimonio propios, (ii) agilidad en la prestación del servicio, (iii) profesionalización del personal, (iv) flexibilidad para administrar su presupuesto, (v) capacidad de decisión, (vi) reestructuración laboral, (vii) permanencia del proceso de modernización, (viii) ingresos adicionales para el Gobierno del Estado, derivado de la posibilidad de “bursatilizar” los ingresos por concepto de derechos derivados de la prestación de sus servicios, y (ix) mayores ingresos públicos para las haciendas locales derivado de una mayor cantidad de servicios públicos prestados en menor tiempo.

[7] Un ejemplo exitoso de reestructuración lo constituye el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, que se transformó en organismo descentralizado de la administración pública del Estado de México, como consecuencia de la expedición del “Decreto número 90 de la LVI Legislatura del Estado de México, por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM). Este cambio de estatuto jurídico permitió que el Gobierno del Estado obtuviera recursos para proyectos de infraestructura y modernización del IFREM, por un monto cercano a los 4,000 millones de pesos.

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario el PRI, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo… del Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La primer línea ferroviaria en México fue construida con capital inglés y se inauguró en 1873 por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, siendo denominada “Ferrocarril Mexicano” y comprendía la ruta de la ciudad de México a Veracruz, vía Orizaba.

El 8 de septiembre de 1880inversionistas norteamericanosaglutinados en torno a la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano constituida en la Ciudad de Boston; Massachusetts, recibieron la primera concesión para la construcción de una vía que uniera la ciudad de México y Ciudad Juárez, Chihuahua, cruzando por Querétaro, Salamanca, Celaya,Irapuato, Silao, León, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua.

El día 13 de septiembre de ese mismo año se otorgó una segunda concesión para la construcción de dos líneas de ferrocarril Compañía a la Constructora Nacional, constituida en Denver, Colorado. La primera línea correría de México a Manzanillo, pasando por Toluca, Maravatío, Acámbaro, Morelia, Zamora y la Piedad, y la segunda que correría de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Así nacieron las primeras dos rutas con sus respectivos ramales del Sistema Ferroviario en México. Al final de sus sucesivos mandatos don Porfirio Díaz hizo llegar a casi 25,000 kilómetros la construcción de vías férreas.

En la década de los años cuarentas hubo un gran impulso al desarrollo de empresas de autotransporte motorizado, convirtiéndose en el medio de transporte más rápido y eficiente para la movilización de mercancías, sin embargo este sistema jamás pudo cubrir íntegramente las necesidades de servicio en poblaciones a las que únicamente se podía tener acceso por medio de ferrocarril.

En 1946, el Gobierno del General Manuel Ávila Camacho[]adquirió el FERROCARRIL MEXICANO, el cual fue manejado como una empresa descentralizada del Gobierno Federal hasta el 19 de diciembre de 1960, cuando por decreto presidencial fue fusionado a Ferrocarriles Nacionales de México.

Durante el Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo,[] inició la reorganización y privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, permitiendo la participación de empresas privadas en la actividad ferroviaria.

Hoy en día la red de Ferrocarriles de carga operada por concesionarios privados conecta los principales centros industriales con los puertos y con las líneas fronterizas y su calidad de industria estratégica no está a discusión.

El ferrocarril, como medio de transporte, permite el desplazamiento de mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional de manera continua e ininterrumpida, facilitando así el mercado interno y el comercio exterior que son auténticos motores para la economía nacional y la generación de empleos.

Debido a la necesidad de intercambio comercial internacional, la prestación del servicio ferroviario internacional se encuentraregulada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, normatividad que le obliga a cumplir con los requisitos operativos y de seguridad que establece la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento, la cual tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario.

La diversidad de los mercados e industrias que utilizan el servicio público ferroviario a fin de cubrir sus necesidades primarias, tanto en importaciones como exportaciones, requieren contar con un servicio ferroviario competitivo, seguro, buscando siempre el transporte óptimo de grandes volúmenes de mercancías a bajo costo.

Una de las grandes ventajas del transporte por ferrocarril,es que se adecua a las necesidades ambientales actuales, ya que, comparado con el autotransporte, genera menores emisiones de carbono al medio ambiente, por lo que el utilizar este medio de transporte de carga garantiza el derecho consagrado en nuestra Carta Magna a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Problemática en materia de seguridad pública en la prestación del servicio ferroviario.

No debemos serajenos a la problemática de seguridadque se vive a la largo de las múltiples vías ferroviarias existentes en nuestro país. Numerosos delincuentes que deambulan por ellas, han hecho del ataque y el robo a esta vía de comunicación, una verdadera y lucrativa industria. Aprovechando en alto costo del acero, roban grandes cantidades de vía férrea.Para lograr su cometido en ocasiones impiden el paso, e inclusive abordan las locomotoras para detener su marcha y robar parte de la carga, o bien, sustraer el combustible afectando con ello la prestación del servicio público ferroviario.

Estos ataques y robos que se sufren a diario están afectando el desempeño y la seguridad del transporte ferroviario, motivo por el cuales urgente que se realicen las adecuaciones necesarias a nuestralegislación para adaptarla a la nueva realidad, tarea que corresponde a esta soberanía, ya que de acuerdo al artículo 73, Fracción XVII de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre esta materia.

El robo del acero y del combustible utilizado en los ferrocarriles seha ido incrementando de formaimportante en los últimos años yafecta en forma importante a las empresas prestadoras del servicio, ya que el saqueo de acero e hidrocarburos genera pérdidas millonarias con la consecuente disminución de la eficiencia y seguridad en la prestación del servicio, lo cual desalienta a los usuarios por temor a que sus bienes sean robados, o bien que el servicio no se lleve a cabo en un tiempo razonable.

Con la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta honorable Cámara de Senadores se busca erradicar los ataques a las vías generales de comunicación y más específicamente a la industria ferroviaria de este país, los cuales consisten en la sistemática sustracción de acero ycombustible de las locomotoras, bienes los cuales son puestos a la venta en el mercado negro, o bien destinados a alguna actividad ilícita.

Lo que se busca es que los usuarios del servicio público de transporte ferroviario adquieran la confianza en que el transporte por ferrocarril es seguro y que éste tiene grandes ventajas en comparación con otros medios de transporte, tales como menor costo por el servicio; menor emisión de gases a la atmósfera, ya que se trata de un transporte amigable con el medio ambiente; baja tasa de accidentalidad; gran capacidad de transporte y bajo costo de operación.

La iniciativa que hoy presento propone adicionar una fracción V al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal a efecto de tipificar como delito autónomo el robo de acero y la extracción de Combustible que recaigan sobre las vías o locomotoras afectas al servicio público ferroviario; de igual manera propone reformar los incisos 10 y 25 de la fracción I del artículo 194 del Código Penal de Procedimientos Penales, a fin de calificar como delito grave el robo de acero y la extracción de Combustible que recaiga sobre las vías ferroviarias y sobre locomotoras afectas al servicio público ferroviario, así como establecer como graves las conductas delictivas que hasta hoy no son consideradas graves, pero que afectan en forma importante la industria ferroviaria nacional, las cuales se encuentran previstas en las fracciones I, III, IV, VII y VIII del artículo 167 del Código Penal Federal, que a la letra dicen:

Artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:

I. Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización: uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que los sujeten, o un cambia vías de ferrocarril de uso público;

II. ...

III. Al que, para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;

IV. Por el incendio de un vagón, o de cualquier otro vehículo destinado al transporte de carga y que no forme parte de un tren en que se halle alguna persona;

V. ...

VI. ...

VII. Al que destruya en todo o en parte, o paralice por otro medio de los especificados en las fracciones anteriores, una máquina empleada en un camino de hierro, o una embarcación, o destruya o deteriore un puente, un dique, una calzada o camino, o una vía;

VIII. Al que con objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad; y

IX. ...

Lo anterior encuentra sustento en que los constantes ataques a las vías de comunicación, afectan directamente no solo a la industria ferroviaria sino también al patrimonio de los usuarios y del prestador del servicio, afectando también directamente a la nación ya que es de interés público tutelar las vías férreas consideradas como vías generales de comunicación.

Así mismo se protegerá la seguridad e integridad de los tripulantes de los trenes que prestan sus servicios en esta materia, ya que dichas personas se encuentran expuestas a que sean lesionadas en éste tipo de actos delictivos, todo lo cual afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad.

En virtud de lo expuesto, se presenta a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL TRANSPORTE FERROVIARIO.

PRIMERO. Se Adiciona una fracción V al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 368 Quáter.

I, II, III, IV (…)

V.- Las mismas penas a que se refiere la fracción anterior se impondrán al que extraiga acero de una vía férrea o combustible de una locomotora, afectas a la prestación del servicio público ferroviario, sin consentimiento de quien legalmente pueda darlo.

SEGUNDO.-Se reforman los incisos 10 y 25 de la fracción I del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 9)…

10) Ataques a las vías de comunicación previstos en los artículos 167 fracciones I, III, IV, VII, VIII, y X, y 168 y 170.

11) a 24)…

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y los previstos en las fracciones IV y V del artículo 368 Quáter;

II. a XVIII…

TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 184 Ter, 254 y 467 Bis de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones de Salud; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 184 TER, 254 Y 467 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTICULOS 184 TER, 254, 467 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, en materia de inhalables, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El incremento en el consumo de estimulantes avanza en nuestro país, esto se da mayormente entre los jóvenes, por la influencia del medio social en el que se desenvuelven, que los induce y muchos de ellos quedan atrapados dentro de la red de consumidores, convirtiéndose en enfermos incapaces de abandonar la adicción que igual puede ser al tabaco, alcohol, medicamentos o a sustancias como cocaína, marihuana, metanfetaminas, crack o éxtasis, y de igual manera inhalantes y solventes.

El consumo de dichos estimulantes presenta grandes problemas sanitarios. Sus consumidores son principalmente marginales especialmente niños, aunque la adicción también se da con frecuencia en profesionales, como el tabaco y el alcohol principalmente. Respecto a los inhalantes las edades más frecuentes de su uso son al principio o al final de la adolescencia, causado por la invitación o presión por parte de los compañeros de escuela y amigos, curiosidad e ignorancia de la toxicidad de estos, influidos por la inseguridad personal.

Esto se da con mayor facilidad cuando los padres ignoran y niegan que sus hijos puedan tener este problema.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los motivos del consumo de cualquier tipo de droga permitida o prohibida se originan por diversas causas puede ser por curiosidad, aburrimiento, falta de estímulos, desarraigo e inseguridad. En el caso de las drogas permitidas el contacto habitual con ellas, pueden crear una adicción involuntaria, ya que estos productos son fáciles de obtener están al alcance del adicto, son baratos y no requieren de contactar a vendedores ilícitos para conseguirlos.

La adicción a sustancias permitidas es un paso antes al consumo de otras drogas, que llevan a situaciones irreversibles.

El consumo de sustancias inhalables se presentan en las clases sociales media baja y baja, y con problemas de abandono familiar; el uso continuo provoca dependencia psíquica, creando una situación de necesidad de ingesta similar a otras drogas, su rápida distribución por los pulmones es el inicio de la intoxicación inmediata dando primero una sensación de euforia y después aturdimiento, lo que lleva a una perturbación psíquica grave que altera la inteligencia y la percepción, disminuyendo la primera, lo que trae consigo problemas escolares, cambios y descuido en la apariencia física, falta de higiene, falta de atención, alteración de la memoria, disminución de la capacidad de razonamiento, los consumidores se vuelven antisociales y agresivos, con estados de depresión, ataques de pánico, ansiedad y alucinaciones con trastorno en el juicio crítico y de percepción. Se presentan dificultad en los movimientos, frases incoherentes, nauseas y vomito. La interrupción de la inhalación o una aspiración fuerte pueden provocar la muerte.

Más de 1000 productos pueden ser inhalados para obtener placer de corta duración, los inhalantes más populares entre los adolecentes de 12 a 17 años son pegamento, cemento, crema de calzado, pintura, gasolina y líquido de encendedores. Otros inhalantes comúnmente utilizados y fácilmente al alcance son esmalte líquido o corrector, pintura de spray, aerosol de crema para repostería y spray de cocina.

Los inhalantes son fáciles de obtener y utilizar, por lo general los niños y adolescentes utilizan uno o todos los siguientes métodos para inhalar químicos tóxicos:

• Oler: respiran directamente;

• Aspirar: empapan un trapo e inhalan;

• Bolsear: colocando el químico en una bolsa de plástico.

Consumir inhalantes es algo simple, no complicado, no hay traficantes, no hay negociaciones ni dificultad alguna en obtener productos de alto precio; lo único que hacen es abrir el refrigerador, o buscar bajo el lavabo o con un poco de dificultad caminar a la tlapalería, ferretería o tiendas de autoservicio y adquirirlos

El pegamento plástico y los correctores líquidos contienen también químicos adictivos, siendo consumidos por menores y adolescentes, lo que ha aumentado considerablemente en los últimos años. La intoxicación causada por estos provoca agresividad, euforia, exaltación y situaciones violentas, por lo que aumenta la posibilidad de cometer delitos.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008, refiere que el consumo de inhalantes en la población total representa el (.71) por ciento, dentro del cual, el 63.3 por ciento son jóvenes menores de 17 años que inician en su consumo.

Los datos estadísticos son alarmantes, la edad promedio del primer uso son los 12 años; aproximadamente dos millones de adolecentes entre los 12 y 17 años reportan que han usado inhalantes por lo menos una vez en su vida; entre 1994 y el 2000 el número de nuevos consumidores aumentó a más del 50 por ciento.

De acuerdo con el análisis del Consejo Nacional contra las Adicciones, poco más de 3.5 millones de individuos de 12 a 65 años de edad de todo el país han probado alguna droga ilegal, como marihuana o cocaína, aunque en este rubro también se encuentran sustancias inhalables y aquellas que tienen un uso médico y se consumen sin prescripción; las cifras son alarmantes ya que hay 3.3 hombres por cada mujer, que ha consumido.

Ahora bien, hay que tener claro que el consumo de drogas es un padecimiento distinto a otros, ya que el uso de ellas lleva al sujeto a sentirse bien, y el proceso de rehabilitación lleva al paciente a situaciones de malestar o sea al síndrome de abstinencia, agregándose problemas personales ocultos, como conflictos familiares que causan angustia y depresión, lo que ocasiona resistencia para seguir un tratamiento.

Acudir en busca de ayuda rápidamente durante los primeros tres años, es la mejor opción para quien se inicia en el consumo de drogas, por el contrario, cuando han trascurrido más de diez años de consumo, el problema se desborda causando una crisis en la vida y en sus relaciones, factores que impiden acercarse a los profesionales de la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 184 Ter, 254, 467 Bis de la Ley General de Salud

Artículo 184 Ter. Corresponde al Comisionado Nacional contra las Adicciones, ejercer las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría de Salud en materia de prevención y control de las adicciones cuando su atención requiera de la participación intervención y coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras instancias gubernamentales, previa opinión del Consejo Nacional contra las Adicciones, para ponerlos a consideración del Secretario, corresponde al Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, elaborar los anteproyectos de programas en materia de adicciones siguientes:

I. Programa contra el Uso de Sustancias Psicotrópicas;

CAPITULO VI

SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS

Artículo 254....

I. ...

II. .....

III. .....

IV. ...

...

En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar substancias estupefacientes a menores de edad. La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de menores.

Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refieren los párrafos que anteceden.

CAPITULO VI

DELITOS

Artículo 467....

Artículo 467 Bis. Al que venda substancias inhalantes con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (equiparable al delito de corrupción de menores).

TRANSITORIO

Unico.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Se concede la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, a nombre propio y de los Senadores Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos primero, segundo y tercer Transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

(Presentada por el C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, a nombre propio y delos CC. Senadores Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo)

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente, con su autorización.

Los suscritos José Ascención Orihuela Bárcenas, Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo, Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, bajo la siguiente exposición de motivos:

La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2012, prevé la creación de Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica operativa y de gestión en los términos establecidos en la misma.

El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Entre las funciones conferidas al Instituto, se encuentran la de promover y apoyar la creación de organismos del sector y organismos de integración que constituyan y operen conforme a las leyes que regulan sus materias específicas, encontrándose entre otros, aquellos para la prestación de servicios financieros al mismo sector; así como establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social.

De los artículos 36, 37 y 38 de la ley, se desprende que el Registro es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y que aquellos organismos del sector y organismos de integración que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la ley, además de constituirse, podrán solicitar su inscripción ante el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el Reglamento que al efecto se emita. Para tal fin, el Instituto será el responsable de integrar la información del registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como de su resguardo y actualización.

El Tercero Transitorio, primer párrafo de la referida ley, señala que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES).

En este sentido, considerando que uno de los objetivos de la ley es facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social de la economía, así como el fomento e impulso a éste por parte del Estado, es importante que el Instituto cuente con todas las herramientas para la consecución de sus fines, como lo es el Registro Nacional de Organizaciones del Sector. De igual manera, es importante que este sector no se vea afectado en el acceso a los apoyos económicos.

Para llevar a cabo la debida operación del Registro, implica desarrollar una aplicación informática, capacitar a los operadores del mismo, emitir los lineamientos del propio Registro, así como alimentar la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras acciones; las cuales requieren que el Ejecutivo Federal destine mayor tiempo al estipulado en la ley, por lo que es necesario extender el plazo para lograr la implementación e inscripción al citado Registro. De lo contrario no se daría tiempo suficiente para que los organismos del sector y los organismos de integración quedaran oportunamente registrados, a fin de que puedan gozar de los derechos y beneficios derivados de la ley.

Por todo lo anterior, es necesario reformar el primer párrafo del Segundo Transitorio de la ley que otorga seis meses para la realización de convocatorias, asambleas y congreso constituyente del sector; eventos cuya realización se propone ampliar a un plazo no mayor de 18 meses, con el objeto de que se lleve a cabo con pleno respeto a lo establecido por la ley, según la cual la participación de los organismos del sector y sus organismos de integración, queda condicionada a que todos ellos se encuentren inscritos en el Registro.

Como la ampliación de plazo referido permitirá que el Instituto ya se encuentre instalado, éste podría realizar dichos eventos, por lo que se propone en dicho artículo, que en lugar de las delegaciones estatales de la Secretaría de Economía, se mencione al Instituto.

Asimismo, es necesario reformar el Tercero Transitorio, párrafo cuarto de la ley, por el que se continuaría aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, únicamente; pero como el Instituto contará con su propio reglamento interior, se agrega la referencia a este otro reglamento para evitar que se pudiera dejar sin efecto dicho acuerdo cuando aún no estuviera completamente reglamentado el Instituto.

Finalmente, es necesario reformar el Cuarto Transitorio de la ley, el cual establece que las normas del Registro y del Programa deben expedirse en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la normatividad del registro, a fin de que éste pueda iniciar sus actividades en el plazo previsto originalmente.

Lo anterior, toda vez que como el proceso de inscripción requiere de un tiempo razonablemente amplio para que la mayor parte de los Organismos del Sector queden registrados, no sería adecuado exigirles en el año 2013 este requisito para proporcionarles los apoyos a que se refiere la ley, facilitándoles así registrarse en tiempo hasta finales de ese año para tener la posibilidad de acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014.

En congruencia con esto, se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante el año 2013, pero que su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 2014; y por otra parte, con el objeto de no interrumpir el otorgamiento de apoyos al sector, se hace necesario prorrogar durante el ejercicio fiscal 2013 la vigencia del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación FONAES para el ejercicio fiscal 2012, evitándose aplicar una doble normatividad en el mismo ejercicio fiscal.

En razón de ello y de manera comprometida con la construcción del marco jurídico que permita realmente al Instituto promover y apoyar la creación, así como el registro de Organismos del Sector, consideramos que es viable el tiempo que está planteando la iniciativa, debido a que, en términos administrativos, estamos próximos a concluir el ejercicio fiscal 2012 e iniciar una nueva administración a partir del próximo 1° de diciembre.

Es necesario reformar el primer párrafo del Segundo Transitorio de la ley, que otorga 180 días para la realización de convocatorias, asambleas y congreso constituyente del sector, a efecto de que se amplíe el plazo a 540 días naturales, 23 de noviembre de 2013, con el objetivo de que puedan acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014.

Modificar el Artículo Tercero Transitorio, párrafo cuarto, para continuar aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno de FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; no obstante, se recomienda continúe que el Instituto contará con su propio reglamento para no dejarlo sin efecto.

Modificar el Cuarto Transitorio el cual establece las normas del Registro y del Programa. La propuesta es únicamente ampliar el plazo para expedir la normatividad del Programa y no del Registro con el objetivo de que quede constituido y no afecte los trabajos del proceso de inscripción.

Se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicia a partir del ejercicio fiscal 2014.

Las adecuaciones que se están proponiendo van a permitir que, una vez creado el Instituto Nacional de la Economía Social, se pueda generar la ruta crítica para llevar a cabo la instalación de la plataforma electrónica, la cual permita conocer el padrón de beneficiarios y así empezar la definición de una autentica política de Estado en la promoción de los organismos que son parte de la economía social que, al mismo tiempo, estoy convencido mejorará el sector productivo y la calidad de vida de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Orihuela Bárcenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.






DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, iniciativa preferente conforme al artículo 71 sección segunda constitucional, devuelta por la H. Cámara de Diputados  en los términos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona.

Debe considerarse que la razón última de la reforma que dio origen a la iniciativa preferente, fue, por una parte, la de dotar al Poder Ejecutivo, en un contexto de equilibrio de poderes, de nuevos instrumentos constitucionales que permitieran dar mayor eficacia a su mandato, generando un espacio de preferencia en la agenda legislativa nacional, para que fueran discutidos, analizados y decididos a la brevedad, aquellos asuntos que por su naturaleza sean de prioridad nacional, sin que ello implique una subordinación del Poder Legislativo.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189 y 190, párrafo 1., fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión del 26 de septiembre de 2012, fue aprobado por esta Soberanía el Dictamen de la Ley en comento presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera y remitida a la H. Cámara de Diputados en los términos del artículo 72 de la Constitución.

En sesión de fecha 25 de octubre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Ley en comento, mismo que fue devuelto a esta Soberanía por modificaciones realizadas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,  remitió la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión extraordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas expresaron sus observaciones y comentarios a la Minuta en comento para integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La Minuta con  proyecto de Decreto  tiene por objeto reforzar las reglas existentes en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para garantizar su armonización en los distintos ordenes de gobierno y armonizar la información financiera y, con ello, permitir tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como a la sociedad, en general tener acceso e información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, en el manejo y aplicación de los recursos públicos,

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y
CONSIDERACIONES, A LA MINUTA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Senado de la República y del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con  proyecto de Decreto  descrito en el objeto  del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora por  las modificaciones realizadas a la Iniciativa presentada por el  Ejecutivo Federal, en el que participaron todos los grupos parlamentario, mismas que fortalecen la Iniciativa, ya que precisan diversas disposiciones para cumplir de mejor forma los objetivos, respetando la competencias de cada orden de gobierno para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos, las modificaciones fueron efectuadas en los artículos 8,  segundo párrafo; 9, fracción IX; 23, último párrafo; 77, fracción I; 80, último párrafo; 85, primer y segundo párrafos,  y Cuarto Transitorio, primer párrafo, con el objeto de precisar  los alcances de las disposiciones, para quedar como sigue:

“Artículo 8.-...

I. a VIII. ...

A las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la Federación

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

XI. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabora el Consejo;
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. a III. ...

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos;

Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

Artículo 80.-

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicable, en cualquiera de los siguientes supuestos:

...

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 9, fracciones V y IX; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a); y actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 8, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, con un último párrafo; 23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo y, un último párrafo; un Título Quinto, denominado “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, que comprende los artículos 56 al 83, pasando el actual a ser Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 5.-...

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Artículo 8.-...

I. a VIII. ...

Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.

Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

I. a IV. ...

V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el informe correspondiente;

VI. a VIII. ...

IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabora el consejo;

X. a XIV. ...

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones;

II. a IV. ...
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. a III. ...

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Artículo 46.-...

I. ...

II. ...

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) ...

i. a iii. ...

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

c) a e)...

III. y IV. ...

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

TITULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general.

El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.

CAPITULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos

Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación y contenido.

CAPITULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación
de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de Egresos

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.

Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

CAPITULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario

Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.
Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.

Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.

Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo.

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;

III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;

II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del inciso anterior, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo;

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

g) Vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión;
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende, y

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado, y

II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;

b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;

d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al tabulador salarial autorizado;

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y

f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley.

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad.

Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos;

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.
Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo siguiente:

I. Tipo de obligación;

II. Fin, destino y objeto;

III. Acreedor, proveedor o contratista;

IV. Importe total;

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;

VI. Plazo;

VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y

VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior;

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.

CAPITULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.
Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como su justificación.

En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.

Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

TITULO SEXTO
De las Sanciones

CAPITULO UNICO

Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de    la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicable, en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

II. Cuando de manera dolosa:

a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o

b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y

V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2013.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente hasta incluir la información de los seis años.

Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.

Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto distinguiendo por ente público.

Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los resultados del mismo.

Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que se refieren los artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos artículos, se pague mediante transferencia electrónica.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Para información de la Asamblea, la discusión de este asunto sólo podrá referirse a los artículos en los que la Colegisladora aplicó modificaciones, y éstos son los relativos al artículo 8, 9, 23, 77, 80, 85 y Artículo Cuarto Transitorio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva, y agradeciendo la atención que sirvan dispensarnos las señoras Senadoras y los señores Senadores.

Yo quisiera que las primeras palabras en torno a la discusión de este proyecto de Decreto, tornaran en el reconocimiento al trabajo que la comisión ha realizado, un trabajo que se apegó al interés nacional, al interés público, un trabajo que implicó el esfuerzo y el tiempo, la experiencia de Senadores sumamente comprometidos con este país.

Por eso que estas palabras sean para reconocer el esfuerzo que todos los integrantes, señores Senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, realizaron para poder desahogar este trámite legislativo. Reconocemos el trabajo del señor Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Senador Raúl Gracia, y de quienes junto con él acompañaron este esfuerzo.

Acudo a esta alta tribuna del Senado de la República para fundamentar, como Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el contenido del dictamen a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Señalo, en primer lugar, que debe recordarse a esta minuta como una iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, y esa calidad de iniciativa preferente se le consignó y se le trató en todo el proceso legislativo. Trata esta iniciativa preferente como objetivo central de homogenizar la información financiera de los tres órdenes de gobierno en la aplicación de los recursos públicos.

La iniciativa también planteaba, entre otros temas, el establecer la obligación de incluir a las respectivas Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos en apartados específicos, con información de las fuentes de los ingresos, obligaciones de garantía o pago, causante de la deuda pública u otros pasivos, las prioridades de gasto, así como la distribución del presupuesto y el listado de programas prioritarios para ser sometidos a evaluaciones del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados y la aplicación de recursos.

Después de un proceso de análisis en el que participaron todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Senadores, esta Asamblea aprobó 30 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal centradas en cuatro ámbitos fundamentales.

Primero. Se establecieron plazos realistas para el cumplimiento de las disposiciones en virtud de la falta de recursos de infraestructura, de normas jurídicas locales y por la complejidad de la armonización y homologación contable.
Segundo. Se le otorgó la facultad al Consejo Nacional de Armonización Contable para determinar los formatos y las estructuras de información por medio de los cuales los tres órdenes de gobierno elaboren y publiquen la información financiera presupuestaria y contable.

Tres. Se propone que se reforme el marco jurídico de la deuda pública en los tres órdenes de gobierno, a fin de modificar, ampliar y hacer más transparente a los registros de deuda, pasivos y obligaciones.

Y el cuarto ámbito fue relacionado con aquellas normas que adecuan las obligaciones de divulgación de la información para que éstas sean armónicas con lo que establezcan las normas jurídicas locales.

Además, en dicho dictamen, esta Soberanía estableció que la información financiera de los entes gubernamentales deberá presentarse de forma clara, de forma sencilla y deberá ser accesible no sólo para los órganos fiscalizadores y evaluadores, sino para la sociedad en general, razón por la cual se determina la obligación de transparentar los recursos desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición de cuentas.

Para cumplir con el proceso legislativo de revisión, el proyecto de Decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para ser analizado conforme al marco constitucional. Como resultado de este sano proceso parlamentario de revisión, la Colegisladora turnó sus observaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, proponiendo modificar seis artículos y un transitorio del dictamen original, los cuales fueron analizados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora, en que las modificaciones realizadas fortalecerán la ley, ya que precisan disposiciones para respetar las competencias de cada orden de gobierno y para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos.

Las modificaciones propuestas por la Colegisladora fueron las siguientes:

Artículo 8, segundo párrafo. Agregando la frase “procurando invitar”, en sustitución de “podrá invitarse”.

El artículo 9, fracción IX, se especifica que los municipios menores a 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley.

Artículo 23, último párrafo, se especifica que los formatos a utilizar serán electrónicos.

El artículo 77, fracción I, se agrega como criterio de evaluación el cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados, que marca la Ley General de Desarrollo Social.

El artículo 80, último párrafo, se incluye a la Ley General de Desarrollo Social como fuente de los indicadores de evaluación.

El artículo 85, primero y segundo párrafos, se propone que las sanciones a los servidores públicos sean del orden de la ley en materia de responsabilidades administrativas.

Y el Artículo Cuarto Transitorio, primer párrafo, se reduce el plazo de marzo a febrero de 2013, para que el Consejo Nacional de Armonización Contable emita las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto al Título Quinto, relativo a la transparencia y a la difusión de la información financiera.
Compañeras y compañeros Senadores, esta reforma dota de nuevas formas de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, a fin de que la sociedad cuente con mayor y mejor información sobre el destino de los mismos, además de que se establecen mecanismos que permiten a los órganos fiscalizadores conocer la información fidedigna con el objeto de sancionar prácticas de corrupción y desvío de recursos.

Con este esfuerzo legislativo, el Senado de la República, pensando en aquello que le interesa a los mexicanos, cumple con su responsabilidad, hace a un lado aquello que genera confrontación para convocar de manera precisa y fundamental aquellos temas que generan consensos, que implican mejoría en la calidad de vida de los mexicanos y que aporta, de manera decisiva, un nuevo tránsito en la vida democrática de este país.

En consecuencia, señoras Senadoras, señores Senadores, este dictamen está a su disposición, y a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pedimos su voto aprobatorio.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias Senadoras, muchas gracias Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Agradecerles a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al Senador Yunes Zorrilla, que también fundamentó este proyecto de dictamen, a los integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, a los Diputados federales, integrantes de esta legislatura, y a los Senadores, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer historia, vamos a concluir el primer trámite de una iniciativa preferente, y a la mejor aunque no generó la expectativa o el revuelo mediático del tema de la Reforma Laboral, consideramos que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con gran puntualidad atinó al presentar con este carácter, tanto la Reforma Laboral como esta reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

¿Por qué lo digo? Porque con esta reforma que hoy con su voto se aprobará, lograremos garantizarle a nuestro país que no se puedan generar “chicanas” de opacidad, de falta de transparencia, de falta de armonización, para que estados y municipios abusen en el despilfarro de los recursos públicos en el uso de deuda, en el uso de presupuesto.

Creo que la mejor forma de rendir cuentas que como gobernantes podemos tener, es que toda la comunidad, que toda la sociedad pueda tener acceso a esta información. Y esta iniciativa que hoy aprobaríamos daría este planteamiento.

También se demostró la validez y la vigencia de la figura novedosa que la figura política nos dio, la iniciativa preferente.

¿Cómo se puede cumplir con los tiempos cabalmente?

¿Cómo, Diputados y Senadores podemos, cuando tenemos un tiempo finito, ponernos de acuerdo en temas de gran relevancia nacional?

Y que aun cuando había duda respecto de qué acontecía, cuando el proceso legislativo pasaba de la primera instancia en cada una de las Cámaras, con gran celeridad y sin mayor retraso en tiempo, podemos tener este planteamiento.

Nos congratula por haber hecho buen uso, por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo, de esta figura de la iniciativa preferente.

En cuanto a las modificaciones que hace la Cámara de Diputados, y que bien refirió el Senador Yunes Zorrilla, creo que la más importante, la más relevante, y que creo que era un planteamiento que nos generó duda desde el primer momento, pero que a lo mejor como Cámara de Origen no se atendió puntualmente, es el tema del apoyo material, del apoyo financiero a aquellos municipios que tengan una población menor a 25 mil habitantes, creo que es un planteamiento muy atinado que le dará garantías de vigencia efectiva en toda la nación; que no haya excusa, que por tener municipios con una población reducida, con un presupuesto reducido, no se cumpla a cabalidad esta normativa, esta Ley de Contabilidad Gubernamental.

Yo festejo que el día de hoy podamos discutir y votar esta propuesta, igual que el Senador Yunes les pido su voto a favor, y poder darle a este país, a todos los mexicanos una herramienta que garantice que sus gobernantes utilicemos con discrecionalidad, prudencia y decoro los recursos que son de todos, los recursos públicos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Gracia Guzmán. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno, como lo marca la fracción II del artículo 199 de nuestro propio Reglamento.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venía, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Vengo a fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El Partido del Trabajo está, desde luego, con el mayor entusiasmo a favor de la transparencia, y ha considerado que esta iniciativa tiene aspectos muy positivos, lo cual hemos celebrado.

Sin embargo, es preciso subrayar algo que es de enorme circunstancia y que va más allá del contenido de esta iniciativa preferente.

Desde los primeros días de septiembre, para ser exactos el 18 de septiembre, presentamos un punto de Acuerdo de urgente resolución que fue rechazado por la Asamblea y remitido a la Junta de Coordinación Política, en el que señalamos con toda precisión que el trámite de estas iniciativas preferentes, y en particular la que estamos analizando, es y era inconstitucional.

Expusimos con todo detalle el porqué consideramos que el procedimiento es inconstitucional.

La reforma política, que así se llamó, en su artículo 71 estableció, ésta que yo considero una aberración de la iniciativa preferente, que obliga a votar a una velocidad inadecuada temas de una enorme trascendencia, pero en fin, está en la Constitución.

Sin embargo, les recuerdo a ustedes que el artículo 71 forma parte de un Decreto general que termina con el Artículo Segundo Transitorio que establece: “Que para la aplicación de ese Decreto, incorporando todas las reformas políticas que trajo ese Decreto, el Congreso de la Unión tenía que legislar para regular ese procedimiento”.

Y los artículos transitorios de una reforma constitucional son parte de la Constitución.

No es posible hacer a un lado, aplicar el artículo 71, y poner en operación un procedimiento para llevar a término una reforma prioritaria y nefasta como ésta, si no cumple el Artículo Segundo Transitorio.
Y el Artículo Segundo Transitorio establecía y establece: “Que para poder procesar esas iniciativas, el Congreso de la Unión tenía que haber legislado en un periodo no mayor de un año”.

Se dijo aquí en este punto de Acuerdo, se envió a la Junta de Coordinación Política, se discutió en la Junta de Coordinación Política y no se tomó ninguna decisión.

Hubiera sido muy fácil, entonces, haber iniciado un proceso de reglamentación a través de esa ley que exige la reforma política; sin embargo, no se hizo caso.

Más adelante, ya en la discusión, la Senadora Dolores Padierna presentó una moción suspensiva, una moción suspensiva que defendió, articuló y fundamentó, y nuevamente el Pleno desechó esa moción suspensiva.

Hemos estado siguiendo durante todo este tiempo, con todo cuidado, el buscar que se regularizara el proceso, nunca se ha hecho.

Y es extremadamente grave que el Senado de la República y ahora la Cámara de Diputados violen la Constitución de la República, y eso es lo que estamos haciendo al aprobar una iniciativa preferente sin haber atendido lo que ordena el Artículo Segundo Transitorio.

¿Qué es lo que ha pasado, además de esa aberración de que el Congreso de la Unión y este Senado de la República violen la Constitución por la prisa y los compromisos que existieron en torno de estas dos iniciativas? Es verdaderamente grave.

Se ha venido estableciendo en nuestro país la costumbre de pasar por encima de la Constitución.

Reformas energéticas, una tras otra, violan el artículo 27 constitucional.

Diversas medidas de carácter económico, de corte neoliberal, violan principios y artículos específicos de la Constitución de la República.

A dónde vamos a llegar, si el Senado de la República y la Cámara de Diputados no toman en cuenta el aspecto esencial que es cumplir con la Constitución, como todos los que estamos aquí protestamos hacerlo cuando iniciamos nuestra función.

¿Qué es lo que ha pasado con esta violación constitucional? Que el manejo ha sido totalmente irregular, han sido producto de una serie de improvisaciones, una tras otra.

Recordemos aquí que para dictaminar esa ley positiva, en su conjunto, lástima que sea inconstitucional su procedimiento, se inventó una comisión especial, esa comisión estuvo trabajando, y después, de la noche a la mañana se nombra a la Comisión de Hacienda, y esa Comisión de Hacienda, como por arte de magia, con un dictamen privilegiado, el mismo día dictamina a favor.

Y, ¿qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, también ahora, recientemente?

Recordemos que esto también tiene que ver con esa otra iniciativa, igualmente sometida a una presión, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una de las más graves decisiones que se ha tomado en los últimos años en este país.

Discutir una reforma de la Ley Federal del Trabajo en 30 días, es una absoluta aberración.

Y lo hemos comentado, yo sé que muchísimos de los miembros de este Senado no saben ni qué se aprobó, ni analizaron nada, porque no hubo tiempo, una vez que se terminó la recepción de opiniones, todas en contra, de líderes y trabajadores de todo el país de todos los partidos, se sometió inmediatamente un dictamen, también, prefabricado.

¿Y qué pasa ahora en esas violaciones, incoherencias y absurdos en la Cámara de Diputados? En donde se está definiendo la iniciativa o la minuta que regresamos, en un acto democrático de gran valor a la Cámara de Diputados.
Bueno, resulta que el coordinador de una fracción, Beltrones, decide hace unos días, que ya no es iniciativa preferente.

Ya no es iniciativa preferente, dice Beltrones. ¿Y quien es el señor Beltrones, para decir que ya no es preferente?

¿Por qué dice que ya no es preferente? Si no hay ninguna ley y ningún principio que establezca qué es preferente, porque se está violando la Constitución, al trabajar estos temas tan delicados sin la reglamentación que ordena la reforma constitucional.

¿Ya no es preferente la iniciativa de reforma de la Ley del Trabajo? Ya no es preferente.

No, pero ahora sí. Hoy leemos en la prensa, que ya sí es preferente. ¿Cómo, si ya no era preferente?, por mandato de Beltrones, uno de los autores de este despropósito de la iniciativa preferente.

Ahora resulta que la Comisión de Trabajo, allá en la Cámara de Diputados, el presidente se permite decir, por cierto, un líder obrero, se permite decir, que siempre sí es preferente.

¿Cómo es posible que diga el señor, ah, ya nos explicó por qué? Porque dice el señor Presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, en contra de la sabiduría de Beltrones, que dijo que ya no era preferente; él dice, sí es preferente. Hoy está en los periódicos.

Es preferente, dice, ¿por qué? Porque ya lo dijo Peña Nieto.

Entonces, Peña Nieto ya dijo públicamente y ya les ordenó que sea preferente.

Eso es lo que está pasando.

Una reforma a la Ley del Trabajo que ha sido cuestionada, viola también la Constitución. Y diga lo que diga la celeridad de Beltrones, o el señor Peña Nieto, que ahora desde ya casi presidencia, les dice, no señores, saben ustedes, sí era preferente, es preferente porque lo digo yo, es preferente.

Si no es preferente o la quieren considerar preferente, es inconstitucional, como ésta que estamos y vamos a votar hoy. Las dos son inconstitucionales.

Y eso va a dar lugar a una lluvia de amparos. Y se lo recuerdo a los dirigentes obreros que están aquí, no se preocupen, nadie estaba de acuerdo en el sector del trabajo, nadie está de acuerdo de esa barbaridad de reforma neoliberal, que va a acabar con el mercado de trabajo de este país y va a empobrecer a los trabajadores. No se preocupen, pueden pedir amparos y los van a ganar.

Es muy grave que empecemos este periodo ordinario de una nueva legislatura violando la Constitución.

Yo les pido a ustedes, Senadores y Senadoras, que reflexionen.

Ya están anunciando una reforma energética, ¿verdad? El manejo de la energía en este país está en la Constitución, y han venido violando la Constitución, el señor Calderón que ya se va, ha violado con reformas energéticas la Constitución, ¿verdad?

Y si el Congreso de la Unión se suma a esta actitud de violar la Constitución para sacar reformas que están urgidas por los que mandan allá afuera, vamos a acabar con el estado de derecho en este país, y no sé a dónde vamos a llegar.

Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por diez minutos.
- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor Presidente; amigas y amigos Senadores:

El gasto público constituye la herramienta fundamental con la que el gobierno opera, con la que el gobierno hace y cumple con todo el mandato que le es otorgado.

Y partamos de la base de un principio, que lo que no se puede medir no se puede mejorar.

Y transitar hacia una mejor administración pública, informar sobre aciertos, pero también sobre insuficiencias y ámbitos susceptibles de continuar.

La Ley de Contabilidad Gubernamental, que reglamenta el artículo 71 constitucional, es mucho más que un asunto de ajuste a formatos burocráticos.

Implementa con diligencia y se mete a detalle a transparentar, a vigilar y a ser los ojos de la sociedad.

Lo que el Senado tendrá que aprobar, son las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Entre los puntos más importantes de esta iniciativa, sin ser redundante, por lo que ya aquí fue comentado por mis compañeros Senadores que me antecedieron, básicamente lo podríamos resumir en la obligación de armonizar la información financiera, desde la integración de las respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos en los tres órdenes de gobierno.

En materia de Ingresos, detalla participaciones, aportaciones, subsidios y convenios de reasignación, así como ingresos locales.

Para las deudas estatales y municipales, ahora será obligatorio incluir todos los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de si son o no considerados deuda, en términos de la legislación local.

Este punto constituye uno de los grandes avances, dada la problemática que las deudas municipales y estatales han presentado en los últimos tiempos. Algo que es urgente que se pueda observar y resolver sobre la vía de la prevención.

En materia de Presupuesto, hay que detallar cuáles son las prioridades de gasto corriente y de gasto de inversión.

También se incluyen temas de evaluación de programas y de generación de indicadores consistentes entre gobiernos locales.

Se van a establecer parámetros para las obligaciones en internet de documentos. Y hay otros puntos importantes, como obligar a los gobernadores y a los presidentes municipales a informar no solamente de la deuda en carácter general, sino entrar a los detalles de deudas contratadas, créditos solicitados y todo tipo de comisiones que pagan.

Ahora los padrones de beneficiarios de programas sociales tendrán que ser públicos para evitar la discrecionalidad en este tipo de gasto.

Susceptible de manipulación política, hasta siete años de prisión podrán enfrentar quien incumpla con las disposiciones de esta ley.

Como parte de la necesidad del marcaje en corto que necesitan los gobernadores y los alcaldes, esta obligación de hacer los cortes trimestrales en las finanzas de los estados y los municipios, más allá de 25 mil habitantes, constituye una de las piedras angulares también de esta legislación.
No obstante, tengamos en cuenta que la transparencia no es un fin en sí misma, es parte de un proceso político y jurídico que debe de culminar en una mejor orientación del gasto público, con resultados tangibles y medibles para que toda la sociedad y cada uno de sus componentes, sirva para construir este gran sentido de transparencia que se le trata de dar con esta ley.

Pasar de la transparencia supuesta a la real, nos requiere como sociedad no sólo aprovechar lo que hemos aprendido en la práctica durante la última década.

Hace 10 años, con ingenuidad esperábamos que la realidad cambiara por decreto. Por tres años el país avanzó muy poco, a pesar de que las leyes nos pintaban ya una realidad prometedora de la apertura.

Las cosas empezaron a cambiar cuando las instituciones académicas, las organizaciones cívicas y los medios de comunicación empezaron a señalar los incumplimientos con nombre y con apellido, a evaluar dependencias y exhibir a las más rezagadas. Y hacer los rankings con los que se pudieran repartir premios y castigos a los gobernadores y alcaldes.

Ahora es momento de dar un paso hacia adelante con una actitud de congruencia, con una actitud concreta hacia las normas administrativas que nos deben de dar certeza, que nos deben de dar transparencia para cumplir con este sentido de darle al gasto público la mayor probidad posible.

Involucrar a los ciudadanos, instituciones sociales y académicas, así como civiles, constituye la piedra angular que hoy estamos aprobando en esta reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Dice Peter Eigen, el fundador de Transparencia Internacional, que: “el impuesto más regresivo que tienen los países es la corrupción”.

Hoy damos un paso muy importante con el consenso de todos los partidos en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Sin duda alguna, esta reforma va a tener consecuencias muy importantes también en la profesionalización del servicio público en nuestro país, en los tres niveles de gobierno.

Esta ley, o los cambios a esta ley, van a fortalecer las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización. También favorece la generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional, y dispone de esquemas que apoyan la gestión gubernamental y dificulta, va a complicar las prácticas discrecionales ilícitas y de corrupción buscando transparentar y homologar la información.

Si bien somos optimistas con la aprobación de esta ley, también hay que advertir que no va a ser suficiente.

En nuestro país, el combate a la corrupción tiene que ser a partir de consolidar un sistema que actualmente está fragmentado.

Por eso no va a bastar con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora.
Por eso hemos también presentado, en el grupo parlamentario del PRD, un proyecto de reforma constitucional para establecer el sistema nacional de fiscalización y fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior.

¿Qué se busca con estas reformas que hemos planteado?

Bueno, dotar a la Auditoría Superior, por una parte, de facultades para iniciar procedimientos. Porque actualmente la acción administrativa sancionatoria está rota. Darles facultades para iniciar procedimientos ante los jueces directamente, de los jueces penales, por delitos cometidos contra las finanzas públicas, con independencia del Ministerio Público.

También hemos propuesto la creación del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público para fortalecer, por un lado, la acción penal a partir de la posibilidad de iniciar procedimientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, por otro lado, fortalecer la sanción administrativa a partir de este tribunal, independiente, autónomo, el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.

También se ha propuesto dotar de autonomía presupuestal a la Auditoría Superior y fortalecer los organismos estatales.

También es importante destacar que nunca tuvimos en el proceso de dictaminación de esta ley un balance de cómo va su aplicación en las distintas entidades federativas y en los distintos niveles de gobierno. No tenemos un balance y hay una fecha muy importante que es el próximo 1° de enero, estamos a dos meses, donde una buena parte de las obligaciones que ya tenía esta ley de origen, tendrán que entrar en vigor y no sabemos a ciencia cierta en dónde van, qué avances tienen.

Me parece relevante la observación que hizo la Cámara de Diputados, para ser más precisos, en aquellos municipios que van a enfrentar muchas dificultades para poder instrumentar esta ley.

Hay una precisión a partir del número de habitantes para que se les dé asistencia técnica y presupuestal, y puedan cumplir con esta ley.

Hay que advertir y hay que proponerles a los Diputados, y así lo haremos en la Comisión de Hacienda, para que haya una partida explícita en el Presupuesto de Egresos de 2013, para que los municipios con mayores dificultades, menos posibilidades, con más necesidades de recursos puedan contar con los recursos para poder instrumentar esta ley, porque no queremos que sea una ley que se quede nada más en el papel con muy buenos propósitos y en la realidad no pueda aplicarse.

También hay que hacer la consideración que en materia de deuda pública todavía hay un gran asunto pendiente para nuestro país.

¿Qué logramos con esta ley? Transparentar.

Vamos a saber todos los pasivos de distinta naturaleza que tengan todos los entes del gobierno, incluyendo un dato que hasta ahora en nuestro país es un dato oculto, que es a cuánto ascienden, por ejemplo, los pasivos de los distintos fondos de pensiones estatales, o a cuánto ascienden las cuentas por pagar u otro tipo de obligaciones que se toman sin que se tenga conocimiento por parte de los congresos locales y sin que se sepa el destino que se le da a la deuda pública que es contraída.

Esta ley no va a resolver eso, hay que tenerlo muy claro. Vamos a saber cuánto se contrata, pero tenemos un asunto pendiente que es replantear el esquema de deuda pública en nuestro país, porque podemos llevarnos la sorpresa, como ha ocurrido por ejemplo en Brasil, hace algunos años, o como está ocurriendo en varios países europeos, que la sobreexposición al riesgo a partir de un sobreendeudamiento de una entidad subnacional ponga en riesgo al país y cambie la percepción y la calificación riesgo-país, es algo que estamos a tiempo de revisar, de replantear y proponer un esquema diferente, porque esta ley no va a detener el abuso en el uso de la deuda pública. Pero sin duda que representa un avance.
Por eso vamos a votar a favor en el Partido de la Revolución Democrática, porque siempre hemos impulsado la transparencia.

Un logro que hay que destacar, que tuvo el Partido de la Revolución Democrática, los Senadores del Movimiento Progresista, fue que en materia de programas sociales deberíamos ir a fondo, y aquí hay un avance importante en materia de los padrones.

Y otro avance muy relevante es que tengamos información del gasto federalizado del Ramo 33. Esas bolsas que hasta el momento tienen una gran discrecionalidad, como los recursos para educación o los recursos para salud, por fin puedan transparentarse y conozcamos temas tan básicos como saber cuántos maestros tenemos, a dónde están adscritos y cuánto ganan, cuánto tienen de antigüedad, cosa que hasta el momento no sabemos, pero que a partir de la vigencia de esta ley será accesible para el ciudadano.

Todas las iniciativas que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas en serio, pues nosotros las vamos a apoyar, pero hay que decir y hay que ubicar los avances que tenemos hoy en su nivel. Hace falta mucho más para poder combatir de manera efectiva la corrupción en nuestro país, y que tengamos un sistema eficaz de rendición de cuentas, no vamos a cejar en este empeño, vamos a seguir impulsando las distintas iniciativas que aquí se han presentado para terminar con el gran cáncer de la corrupción, el gran cáncer que tiene nuestro país, históricamente, que es la corrupción.

Creo que hoy el Senado da un avance importante y da una muestra hacia fuera de que sí podemos ponernos de acuerdo, de que sí tenemos avances; no estamos en ese supuesto que se manejó en la Reforma Laboral, de que era muy necesario aprobarla, como estuviera, como fuera, lo que tuviera, porque era importante la señal de que sí podíamos llegar a acuerdos.

Hoy estamos llegando a un acuerdo, porque claramente es una iniciativa que va a favorecer a nuestro país.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores:

Tengo el privilegio de ocupar ésta, la más alta tribuna de la nación para en nombre de mis compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y, por supuesto, a nombre propio, exhortar a esta Soberanía a aprobar una ley que tenemos la convicción de que marcará un precedente trascendental en la vida de la República.

Tenemos la alta responsabilidad de cumplir con una demanda de la sociedad, dar orden, transparencia y eficiencia a la utilización de los recursos públicos; terminar con la opacidad.

México demanda honradez, seriedad y decencia.

La Ley de Contabilidad Gubernamental es un paso hacia esa aspiración, garantiza que la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas se conviertan en una obligación, la obligación en norma y la norma en cultura.

Pido su voto a favor de esta ley para que el Senado de la República envíe un mensaje a la nación: La transparencia no es, no será, no permitiremos que sea una moda sexenal.

La rendición de cuentas es una mística de servicio público que blindaremos para que perviva.

La democracia se nutre y se fortalece con políticas públicas, con códigos de ética, con procedimientos que garanticen que los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de los ejercicios presupuestales de manera sencilla, permanente e inmediata en todo el territorio nacional.
La democracia genera igualdad, no hay lugar en ella para excepciones, tampoco paraísos de incumplimiento ni paraísos de impunidad generados por la opacidad.

La democracia garantiza la vigencia plena de la ley, el instrumento que nos obliga a todos y nos protege también a todos.

No habrá, a partir de hoy, espacios para no abrir la administración pública al escrutinio ciudadano.

Terminará hoy, con nuestro voto, la era de los pretextos. En el grupo parlamentario de Acción Nacional, esperamos también que esta ley sea el impulso para que la rendición de cuentas, el orden y la responsabilidad se conviertan en la práctica cotidiana en el ejercicio de gobierno.

Pero aprobar esta ley hoy en sus términos, tendrá connotación especial. Haremos que la reforma política que aprobó el Poder Legislativo sea una realidad. Será ésta no sólo el primer producto legislativo terminado que emane en nuestra legislatura, sino que además será la primera iniciativa preferente, recibida por el Legislativo, que sea aprobada en la historia del país.

Hagámoslo desde el consenso que genera la pluralidad respetuosa y madura, pero hagámoslo en tiempo y hagámoslo en forma.

En tiempo, para que los mexicanos refrenden la valía de su voto y la solidez de las instituciones.

En forma, porque con nuestro voto acataremos, sin sobresaltos, las facultades constitucionales de la Cámara Revisora admitiendo con humildad que no hay cosa juzgada y que aún nuestro trabajo por comprometido que sea, es perfectible.

Votemos hoy, compañeros, sin modificar la minuta de la Cámara de Diputados, admitiendo que somos respetuosos de la ley, del consenso y que nos comprometemos a que todo aquello que beneficie a México, que fortalezca a México, que engrandezca a México será siempre bienvenido y prioridad para el Senado de la República.

Compañeros Senadores, disentir es un privilegio de la razón, coincidir una urgencia de la responsabilidad.

Hagamos hoy que las mejores voluntades cristalicen en un acuerdo que dará certeza, transparencia y certidumbre a los mexicanos.

Digamos a la República que sí es posible legislar pronto, legislar bien, legislar con responsabilidad lo que a México conviene, lo que el país reclama.

Bertrand Russel, uno de los más grandes filósofos y escritores del siglo XX, decía que lo que se necesita no es la voluntad de creer, sino el deseo de averiguar qué es exactamente lo contrario.

Hoy, compañeros Senadores, les pido que cumplamos un mandato, que establezcamos el deseo social de averiguar, de conocer permanentemente la verdad.

Refrendemos nuestra voluntad federalista y nuestra convicción democrática, estoy seguro, no me cabe duda que México sabrá reconocérnoslo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mendoza Davis.

Por último, tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna para reiterar el compromiso del grupo parlamentario del PRI, en la forma y en el fondo de la iniciativa que hoy nos ocupa.

Sin duda, como aquí ya lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la voz, es importante señalar algunos de los alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reformas que fueron motivo de discusión varios días anteriores a esta fecha.

Y por otro lado, me parece de la mayor importancia que podamos tener presente el acuerdo político que posibilitó los trabajos que llevan a la conclusión que hoy nos ocupa.

Como aquí ya lo han señalado los presidentes de las comisiones unidas que desahogaron el dictamen, sin duda, con beneplácito vimos lo referente a la Colegisladora de poder analizar y evaluar lo que se alcance en materia de contabilidad gubernamental, se trata, bien, de que hoy tengamos un ordenamiento jurídico que sea viable para poder conocer la información financiera de los tres órdenes de gobierno, que éstos se presenten de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino también a la sociedad en general. Se trata también de que con estas nuevas reglas de transparencia toda la información generada por los entes públicos de los tres órdenes de gobierno puedan tener la posibilidad de ser rendidas a la sociedad y sean entendidas por la sociedad.

Se trata también, compañeras y compañeros, que muchos de los temas que aquí hemos escuchado en distintos momentos con preocupación, tengamos claridad cuando hablemos de deuda pública o de pasivos también de todos los órdenes de gobierno.

En suma, se trata que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a mayor profundidad con sus gobiernos y con ello tener capacidades de demandar más y mejores resultados.

Quiero llamar un minuto de su atención, decirles que a lo largo de todos estos meses hemos venido hablando una y otra vez de la importancia de la transparencia, tenemos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin duda, una de las herramientas técnicas con mayor trascendencia política para poder ser viable lo que representa la transparencia y la rendición de cuentas, no se trata solamente de pensar en leyes que sean deseables, sino de leyes que sean posibles y eso es, precisamente, la iniciativa que nos ocupa.

He escuchado con atención a quienes me han antecedido en el uso de la voz, como lo decía el Senador Mendoza, coincido y disiento con muchos de ellos, coincido porque quiero reconocer públicamente el trabajo del Grupo Técnico integrado por 31 miembros de todos los grupos parlamentarios que de manera seria, responsable y profesional se dieron a la tarea de poder hacer el análisis puntual de lo que implicaba la iniciativa.

Se buscaba entregarles a los ciudadanos resultados más allá de la forma, me parece que el fondo es entregar resultados, y eso es lo que buscó ese Grupo Técnico, que de manera posterior efectivamente entregó a las comisiones unidas el dictamen que pudiera, en un momento dado, tener la presentación en este Pleno del Senado de la República.

Por ello, compañeras y compañeros, si hablamos de transparencia, me parece que tenemos que hablar de cómo hicimos el trabajo para entregar resultados y en ese trabajo hoy hacemos público lo que de suyo es público, tenemos, entre todos, que crear los espacios que puedan generar todo mecanismo que cierre la corrupción, cualquier clase de desvió, alteración de la contabilidad gubernamental y, por supuesto, que el espíritu del legislador pueda traducirse, insisto, en aspectos que finalmente sean no solamente deseables sino posibles para la comunidad.

Quisiera, en ese sentido, señalar, como también aquí lo ha dicho el Senador Delgado Carrillo, que definitivamente en una sociedad plural, como la que estamos viviendo en nuestro país, con gobiernos divididos en donde necesitamos del ejercicio de la colaboración de todos los grupos parlamentarios, esta iniciativa en su modalidad de preferente, posibilitó el acuerdo político para concretar un resultado que hoy estamos poniendo a discusión de esta Soberanía.

Insistir entonces que estamos transitando de la primera a la segunda generación de transparencia, donde el gobierno y el Congreso, además de todos los entes públicos, esperaremos no solamente las peticiones de información del público, sino habremos de poner a disposición del público información producida en su nombre, tanto los planes, tanto los programas, tanto las políticas públicas con el propósito de decirles qué estamos haciendo y qué está haciendo el gobierno en cada una de las instancias.

Por ello, compañeras y compañeros, yo quiero reiterar el compromiso del grupo parlamentario del PRI a favor de la transparencia, a favor del trabajo en conjunto, a favor de construir los acuerdos y el consenso que resulte necesario para avanzar en la democracia, para profundizar en los procedimientos, pero sobre todo para poderle entregar resultados a los mexicanos.

Yo quiero pedir el voto de todos los aquí reunidos a favor de esta iniciativa, para que efectivamente podamos hacer historia de lo que representa entregar en tiempo y forma resultados a los mexicanos.

Señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Alcalá Ruíz. Concluida la participación de los grupos parlamentarios y en virtud de que no hay oradores inscritos ni artículos reservados para la discusión en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 107 votos en pro y 5 en contra.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia desea destacar el cumplimiento de la importante responsabilidad que por primera vez se ejerce en el Congreso para darle solución a una iniciativa preferente, figura incorporada a partir de la reforma política del 9 de agosto de 2012.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo en torno al Programa de Agricultura por Contrato para el ciclo primavera-verano 2012.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: (Leyendo)



- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

Solicito a la Secretaría dé lectura a esas proposiciones.






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. Se turnará a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 UN INCREMENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

El suscrito, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Universidad Autónoma de Guerrero, cuyas siglas institucionales son UAG, aunque para distinguirla de otras universidades se le conoce también como UAGro, es una institución pública y autónoma de educación media superior y superior cuyo Campus principal se encuentra en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; tiene planteles en Acapulco, Taxco, Iguala, Tixtla, Ometepec y Ciudad Altamirano, entre otras ciudades; ubicándose en  siete regiones del estado.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Guerrero imparte 34 carreras a nivel licenciatura y 29 a nivel posgrado en las áreas de ciencias agropecuarias, de la salud, naturales, sociales y administrativas, educación y humanidades e ingeniería.
A la fecha, la UAGro detenta una de las matrículas más altas de las Universidades Públicas estatales del país. La matrícula total es de 73,106 alumnos y se integra por 26,345 alumnos inscritos en el Nivel Superior y 46,761 de Nivel Medio Superior o Bachillerato.

El desempeño en la calidad educativa, ha tenido avances significativos en competitividad académica; hoy cuenta con 29 Programas Educativos (PE) en el nivel 1 de los CIEES, de estos, 8 Programas se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES); y el 87.21% de esta matrícula se clasifica de Buena Calidad.

En relación a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en los últimos tres años, pasando de 35 que se tenían en 2009 a 50 en 2012; de igual manera, se ha fomentado y fortalecido las acciones de vinculación, hasta mediados de 2011 se habían signado 262 convenios institucionales.

Como se ha constatado, la Universidad está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como en su inversión física; incluido el saneamiento financiero en los últimos seis años; para ello, se han impulsado mecanismos de austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas.

Para lograr lo anterior, y es loable reconocer, a la Universidad se le ha venido incrementando el subsidio federal; esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño, como son: incremento en los Programas Educativos (PE) de Calidad; habilitación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; entre otros.

No obstante lo anterior, se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad, en tanto que la UAGro, al igual que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales.

De acuerdo al estudio de necesidades presupuestales para 2013, elaborado por la Universidad, se requiere un aumento de 346.6 millones de pesos, en relación al presupuesto de 2012, mismo que le permita cubrir el Gasto corriente, Gasto de Inversión y Pago de Deuda, y así poder cubrir las necesidades de la Universidad.

Uno de los problemas que la UAGro no ha podido atender en los últimos años, es el déficit de plazas laborales –particularmente en el ámbito académico- entre lo que autoriza la Secretaría de Educación Pública y las plazas funcionales o reales que ejerce la Universidad. Actualmente se tiene un promedio de 753 plazas académicas deficitarias.

Aunado al déficit anterior, dentro del ámbito académico, también se destaca el déficit de Horas por Asignatura, en las cuales el promedio es de 6,761 horas. El pago por ambos conceptos es cubierto con endeudamiento externo.

De igual manera, y para dar cumplimiento a la proyección de crecimiento en el ámbito de la infraestructura física, la Universidad se encuentra en el proceso de construcción de tres nuevos Campus; Campus Llano Largo, en Acapulco; Campus Tecpan de Galeana y Campus Zumpango en Chilpancingo y que sin el apoyo federal, tales edificaciones quedarán inconclusas.

Dichos inmuebles requieren contar con mobiliario escolar, de oficina, de laboratorio, de cómputo y otros. El presupuesto requerido para concluir con estas nuevas unidades educativas, suma un total de 305.9 millones de pesos.
De ahí el presente punto de Acuerdo, cuya finalidad es apoyar y cubrir las necesidades de la Universidad y así poder cumplir su compromiso con la población guerrerense, en particular con los sectores menos favorecidos en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se tienen en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,un aumento de 346.6 millones de pesos, en relación al presupuesto de 2012, mismo que le permita cubrir el Gasto Corriente, Gasto de Inversión y Pago de Deuda; asimismo, incluya 305.9 millones de pesos, para concluir la construcción y equipamiento de tres nuevos Campus Universitarios; Campus Llano Largo en Acapulco de Juárez; Campus Tecpan de Galeana y Campus Zumpango en Chilpancingo de los Bravo, con la finalidad de ampliar la cobertura educativa y poder cubrir las necesidades de la Universidad.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 6 de noviembre de 2012.

Suscribe”.






De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz y Teófilo Torres Corzo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al hospital central “Doctor Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, como centro regional de alta especialidad; asimismo, se solicita a la Cámara de Diputados asignar los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades de hospital regional de alta especialidad. Se turna a la Comisión de Salud, el primer resolutivo, y el segundo a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A RECONOCER AL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. COMO CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD; ASIMISMO, SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE LE ASIGNEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.
Los suscritos, Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortíz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz y Teófilo Torres Corzo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 10 de la Ley General de Salud los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud.
2. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud es competencia de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser considerados centros regionales de alta especialidad.

3. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud, el objetivo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional.

4. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, tercer párrafo de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta especialidad.

5. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se sujetarán al Plan Maestro de Infraestructura emitido por la Secretaría de Salud.

6. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, las instalaciones médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

7. El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” es reconocido como Hospital de Tercer Nivel y centro de atención regional al brindar el 10% de los servicios a población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

8. Que cuenta con el certificado de Hospital de Especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Motivos por los cuales se exhorta para que se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.

9. Que en la actualidad está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del Gasto Catastrófico.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

SEGUNDO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados a que se le asigne al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, los recursos necesarios acordes con la naturaleza y funciones que actualmente realiza en beneficio no sólo de los ciudadanos más necesitados de San Luis Potosí, sino también de los ciudadanos de la zona centro del País.

Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Maki Esther Ortíz Domínguez.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Teófilo Torres Corzo”.






De los Senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix Arturo González Canto, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a los fondos estatales de protección civil. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LOS FONDOS ESTATALES DE PROTECCION CIVIL

“LOS QUE SUSCRIBEN: SENADOR HECTOR YUNES LANDA, SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, SENADOR EVIEL PEREZ MAGAÑA Y SENADOR FELIX ARTURO GONZALEZ CANTO, DE LA LXII LEGISLATURA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 NUMERAL 1, FRACCION II; ARTICULO 276 NUMERAL 1 Y 2 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETEN A LA CONSIDERACION DEL PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

Consideraciones

Nuestro país por su ubicación geográfica y sus características fisiográficas se encuentra expuesto a diversos fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, exigiendo la incorporación prioritaria de políticas públicas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de desastres.

La Ley General de Protección Civil, promulgada el 6 de junio del año en curso, establece como estrategia fortalecer la resiliencia de la sociedad, así como la gestión integral del riesgo, como vía preventiva para reducir el impacto del gasto ocasionado por acontecimientos catastróficos en las finanzas públicas, y sobre todo, para evitar afectaciones a la integridad física y del patrimonio de la población.

De ahí la importancia de analizar los peligros por fenómenos naturales o de origen antropogénico, basados en aspectos técnicos, como cartografías, bases de datos geo-estadísticos y atlas de riesgos, que permitan además valorar que hacer ante la vulnerabilidad física y social, y cuestionar la preparación para enfrentar estos fenómenos, prevenir sus efectos y mitigar significativamente los daños.

Hacer una política proactiva de prevención, nos ayuda a salvaguardar la integridad humana y el patrimonio de los ciudadanos. Por lo anterior, consideramos importante dotar de más recursos económicos a todas aquellas instancias que aplican recursos presupuestales necesarios para la debida implementación de instrumentos técnicos, científicos y políticas de prevención. Con base en este deber, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a los Fondos Estatales de Protección Civil, y el incremento presupuestal de las partidas encaminadas a la sistematización, capacitación y equipamiento de las unidades de protección civil municipales y estatales; la creación de infraestructura preventiva municipal y estatal; la elaboración y/o actualización de los atlas de riesgos de todos los Municipios, Delegaciones Políticas, Entidades Federativas y del Gobierno del Distrito Federal; para los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos y para el fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Suscriben

Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Félix Arturo González Canto”.






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de desarrollo humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A FORTALECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, AUMENTANDO SUS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013

“SENADOR ERNESTO CORDEROARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los programas de mayor innovación y éxito del gobierno federal en la última década es el programa social Oportunidades, el cual fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.

La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se definen en las reglas operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.

Dentro de los principales objetivos del programa se encuentra el otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias.

Oportunidades es un programa exitoso que está cambiando la vida de más de 30 millones de mexicanos a través de su cobertura a 6 millones 500 mil familias que viven en más de 140 mil localidades del territorio mexicano. En los 441 municipios de muy alta marginación del país apoya a más de 90 por ciento de la población; además, cubre la totalidad de los municipios del país, se concentra y da prioridad a los estados de mayor pobreza.

Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, siendo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por ello, Oportunidades es modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo.
La economía de las familias mexicanas no debe ser un tema de menor importancia para el congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, especialmente la economía de las familias que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

En el Grupo Parlamentario del PAN somos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable y con la viabilidad; siendo que el combate a las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres.

Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta de forma respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de desarrollo humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, con el objetivo de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.

Recinto del Senado de la República, 6 de noviembre de 2012.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama






Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a asignar una partida presupuestal de 50 millones de pesos más en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad del Estatal de Sonora. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 50 MILLONES DE PESOS MAS EN EL RAMO 11, DENTRO DEL RUBRO DE SUBSIDIO ORDINARIO PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES, A LA UNIVERSIDAD DEL ESTATAL DE SONORA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se asigne una partida presupuestal de cincuenta millones de pesos más en el ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad del Estatal de Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es reconocida como el medio fundamental para adquirir, transmitir y desarrollar el conocimiento y la cultura, entre otras.

En la actualidad, la educación es considerada como la actividad estratégica para generar los cambios que demanda la realidad económica y cultural de la sociedad mundial.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3° queTodo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Por su parte, el artículo 4° de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece “que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes de la Entidad tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Además, señala que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Recientemente el Congreso del Estado de Sonora aprobó el cambio de nombre de la Universidad Estatal de Sonora, así como su calidad de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con lo cual se permitirá tener acceso a formas y fondos de financiamiento reservadas a las instituciones de educación superior.

Es así, que la Universidad Estatal de Sonora, a partir del mes de septiembre del presente año, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin, es prestar servicios de educación superior a través de la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura, dotado de autonomía en cuanto al ejercicio de sus funciones de enseñanza, investigación y difusión, para dictar sus propios estatutos y demás ordenamientos, para organizar su funcionamiento, así como para aplicar los recursos económicos en la forma que estime conveniente conforme a las disposiciones aplicables.

Cabe señalar que en la actualidad, la Universidad Estatal de Sonora, cuenta con una matrícula de 7 mil 298 estudiantes de licenciatura y 198 de posgrado, en cinco unidades académicas en Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, Magdalena de Kino y Benito Juárez.

Recientemente fueron inauguradas las instalaciones del Centro de Atención Nutricional, aulas de Auto acceso Sharepoint, además se colocó la primera piedra del edificio que albergará quince laboratorios especializados.
Aunado a lo anterior y con el propósito de que la Universidad estatal de Sonora continúe ofertando una educación superior universitaria de calidad a los sonorenses es importante que en la aprobación para el presupuesto de Egresos de la Federación del año 2013, se consideren recursos que permitan atender de manera especifica el proyecto de infraestructura informática dentro de sus unidades académicas.

Sin duda alguna, reforzar el presupuesto, desarrollará un ambiente más propicio para la creación y transmisión de conocimiento, dándole a la Universidad Estatal de Sonora la oportunidad de convertirse en una institución del más alto prestigio y calidad académica reforzando el sentido de pertenencia de estudiantes y docentes y la relevancia regional de la institución educativa en el Estado.

Por lo anteriormente señalado, se debe considerar a la Universidad Estatal de Sonora para que en el ejercicio fiscal del 2013 se le asignen los recursos económicos con su nueva personalidad jurídica que le permitan tener una mayor y mejor infraestructura educativa, pues con ello, se permitirá contribuir con la formación integral de los estudiantes y mejorar los rendimientos académicos.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de la Asamblea la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se asigne una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos más en el ramo 11 dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad del Estatal de Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela”.






Y del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados recursos presupuestales para obra social en el marco de los 200 años del Congreso de Anáhuac. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA OBRA SOCIAL EN EL MARCO DE LOS 200 AÑOS DEL CONGRESO DE ANAHUAC

“Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA OBRA SOCIAL EN EL MARCO DE LOS 200 AÑOS DEL CONGRESO DE ANAHUAC, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, así como del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. En estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento constitucional del nuevo Estado Mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América Septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el principio de la Soberanía popular estipulando que ésta dimana del Pueblo y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Primer Congreso de Anáhuac es la base ideológica del Constitucionalismo en México y sustento político del Estado mexicano.

El aporte de los pueblos del Sur a esta memorable gesta todavía no ha sido suficientemente reconocido y valorado, la Nación tiene una deuda histórica con la entidad suriana que actualmente se encuentra sumida en una pobreza extrema comparable con la que se vive en algunos lugares de África, lo cual es lamentable ya que si bien es cierto que la Patria nació en Dolores, también lo es que creció y se desarrolló en el Sur. Si atendemos a lo dicho por Ignacio Manuel Altamirano, simple y sencillamente: el Sur es México. Sin embargo, si hacemos una justa valoración, nos damos cuenta de que las necesidades del México de ayer, siguen siendo las necesidades del México de hoy, aun cuando estamos en los albores del siglo XXI las condiciones de desigualdad social, las distribución inequitativa de la riqueza, la centralización de los recursos, el desempleo, la falta de acceso a la educación a los jóvenes y la violación a los derechos humanos, son problemáticas que, lejos de resolverse se agudizan.

En este escenario, el sentir de la nación cobra mayor fuerza y vigor y obliga a replantear el destino de una nueva agenda política nacional datada sobre todo, de una elevada sensibilidad social que retome lo mejor de los postulados independentista, para proyectar una futuro progresista para la Nación. Valores como: Que los empleos sólo los americanos los obtengan; Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha; Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto; Que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y oída a pluralidad de votos; Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud; Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando pena a los infractores; Que en la nueva legislación no se admita la tortura; Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian ; son sólo algunos que se deben retomar, no sólo para dotar de un ideal humanista al proyecto de Nación moderna, sino para replantearnos nuestra posición en el contexto de las relaciones internacionales.

Por todo esto, los festejos de los doscientos años de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, deben ser, ante todo un pacto social que reconcilie al ciudadano con el Estado y sus representantes, regresando el Congreso de la Unión a sus raíces primordiales: el corazón del pueblo.

El 26 de abril de 2012 el Pleno del Senado de la Republica aprobó dos minutas con el objeto de organizar los actos conmemorativos de la fundación de la nación mexicana para el año 2013, sin embargo, uno de los déficits de este proyecto es la ausencia de una propuesta social en uno de los estados más rezagados del desarrollo nacional, el presente proyecto que se presenta tiene por objeto dotar de recursos públicos para la construcción de obra con sentido social e histórico en un estado donde continúan viviéndose en condiciones de pobreza y marginación características de la época de la insurrección independentista de 1810, una marginación que lacera la memoria historica y obliga a reconocer la deuda que guarda la nación con el Estado de Guerrero.

El presente proyecto busca complementar los avances de la LXI Legislatura, otorgando un financiamiento por medio de una disposición especial que establezca un programa de inversiones para infraestructura carretera y financiamiento de actividades cívicas, culturales y la convocatoria para la reunión de los Poderes de la Unión el próximo 13 de septiembre de 2013, sin caer en la opacidad de dicho presupuesto ni repetir escándalo alguno que empañe la fundación del parlamento mexicano.
El presente punto de acuerdo propone destinar 1,200 millones de pesos para la construcción de infraestructura carretera y el financiamiento de actividades de la Comisión Especial para la Conmemoración del “Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”. Se propone la construcción de las siguientes carreteras, que incluyen la ruta histórica del general José María Morelos y Pavón para establecer el Congreso de Anáhuac de 1813, por lo que se propone la construcción de un circuito carretero, que cubra las necesidades sociales de transporte y detone la competitividad regional, los tramos propuestos son:

• Tlapa- Marquelia con un costo estimado de doscientos millones de pesos.
• Zihuatanejo- Michoacán con un costo estimado de trescientos millones de pesos.
• Puebla- Tlapa con un costo estimado de doscientos millones de pesos.
• Construcción de monumento en honor a los miembros del Congreso de Anáhuac.

El resto de los recursos deben ser destinados a las actividades operativas relacionadas con la organización de actividades cívicas, culturales, académicas que establezca el Plan de Trabajo de Comisión Especial para la Conmemoración del “Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación” con los Poderes de la Unión, el Gobierno del Estado de Guerrero y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se destinen recursos por un monto de 1,200 millones de pesos para la construcción de infraestructura carretera y obras cívico-culturales en el Estado de Guerrero, con motivo de los 200 años de la fundación de Primer Constituyente de la nación mexicana, conocido como: El Congreso de Anáhuac y la promulgación de los Sentimientos de la Nación.

Los recursos se destinarán a la Construcción de monumento en honor a los miembros del “Congreso de Anáhuac de 1813” e infraestructura carretera alusiva al recorrido del General José María Morelos y Pavón, en el marco de la instalación del Primer Constituyente de 1813, en lo que hoy, es el estado de Guerrero:

a) Tlapa- Marquelia.
b) Zihuatanejo- Michoacán.
c) Puebla- Tlapa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 6 de noviembre de 2012.

Sen. Armando Ríos Piter”.

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha referido la Secretaría.






Tiene ahora la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar al Congreso de la Unión los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejercicio fiscal 2011.
- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En representación del grupo parlamentario del PRI, venimos a presentar de urgente y obvia resolución el siguiente posicionamiento.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas sólo dan cuenta de las cifras globales de los recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la generación de intereses.

En el Ejercicio Fiscal 2011, según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en 25 de los denominados "actos jurídicos sin estructura", se concentró el 85.6 por ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos asignados a este rubro. De esos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mi pesos se integraron a la bolsa correspondiente en los fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos, y 12 mil 700 millones 400 mil pesos a actos jurídicos análogos.

El grado de opacidad de la operación de esta gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección lo dispuesto a los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disposiciones que en una indebida interpretación concede la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y fiscalización de estos recursos.

Los Senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia sea la principal herramienta para combatir la corrupción y la opacidad.

Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a los ciudadanos, propicie base de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del patrimonio que es de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudimos a esta Honorable Asamblea, con el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a que informe detallada y puntualmente a esta Honorable Cámara de Senadores los recursos asignados y los ejecutados en fideicomisos, mandatos y análogos durante el ejercicio fiscal 2011.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNION LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011

“El que suscribe, Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Congreso de la Unión los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejerció fiscal 2011, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En el transcurso de 2011 las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de las figuras de fideicomisos, mandatos y análogos, que son conocidos como “actos jurídicos sin estructura” y se integran con recursos públicos.

2. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la generación de intereses.

3. Según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en 25 de los denominados “actos jurídicos sin estructura” se concentró 85.6 por ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos. De estos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos contienen, y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos.

4. Del total de los recursos mencionados el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil millones; los gobiernos de los estados participaron en esos esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos, de tal manera que se desconoce en cada rubro cual fue en detalle el destino final en cada caso y en que se benefició a la sociedad mexicana.

5. El grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, disposiciones que en una indebida interpretación concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos:

“Las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), son responsables de la información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que coordinan o con cargo a su presupuesto se otorgan recursos federales. En ese sentido, la SHCP únicamente es el medio para integrar la información de los actos jurídicos para su presentación en este informe”.

6. Los “actos jurídicos sin estructura” con los montos más elevados durante el ejercicio fiscal 2011 de los que tenemos conocimiento, fueron los siguientes:

• En el capítulo de infraestructura pública (con 79 mil 898 millones 800 mil pesos), la SHCP manejó el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un monto de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, con 17 mil 688 millones 100 mil pesos; el fideicomiso Programa de mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con 2 mil 856 millones 100 mil pesos.

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, 4 mil 367 millones 900 mil pesos.

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Fideicomiso E-México, por 3 mil 810 millones 100 mil pesos.
• En el capítulo denominado Estabilización presupuestaria (59 mil 954 millones 300 mil pesos), la SHCP aglutinó el monto principal concentrado en los cuatro fideicomisos descritos: Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 38 mil 694 millones 400 mil pesos; Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 11 mil 36 millones 200 mil pesos; Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), 5 mil 554 millones 800 mil pesos, y el fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Foref), con 4 mil 668 millones 900 mil pesos.

• En el capítulo Apoyos financieros y otros (60 mil 60 millones 900 mil pesos), la Secretaría de Salud controla el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de la Salud, con 31 mil 692 millones 400 mil pesos.

• La SHCP, a través del Fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 554 millones 100 mil pesos; el Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe, 6 mil 80 millones 800 mil pesos; el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas (Fidem), 3 mil 241 millones 700 mil pesos.

• La Secretaría de Seguridad Pública administra el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves, con 4 mil 422 millones 900 mil pesos.

• La Secretaría de la Defensa Nacional, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con 4 mil 68 millones 900 mil pesos.

• En el capítulo Pensiones (83 mil 240 millones 500 mil pesos), la SHCP maneja con cinco fideicomisos: Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, 27 mil 22 millones 500 mil pesos; Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, 20 mil 289 millones 300 mil pesos; Fideicomiso plan de pensiones de los jubilados de Banobras, 11 mil 817 millones 200 mil pesos; el Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad Nafin, 10 mil 371 millones 300 mil pesos; el Fondo de Pensiones Bancomext, 10 mil 168 millones 700 mil pesos.

• La Secretaría de Energía, con el Fondo Laboral Pemex, un total de 3 mil 580 millones 400 mil pesos.

• En el capítulo Prestaciones laborales (12 mil 265 millones 100 mil pesos), la Secretaría de Educación Pública, con el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP, maneja 12 mil 265 millones 100 mil pesos.

• En el capítulo Subsidios y apoyos (22 mil 140 millones de pesos), la SHCP controla el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con 9 mil 982 millones de pesos y el Fondo para la Participación de Riesgos, 5 mil 6727 millones 200 mil pesos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 6 mil 480 millones de pesos.

7. Los senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, apoyamos no solamente todas las acciones que contribuyan a la transparencia. En este orden de cosas en el ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia es la principal herramienta para combatir la corrupción y la opacidad, fomentando la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a los ciudadanos, propicie bases de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del patrimonio que es de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudimos a esta Honorable Asamblea a someter a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Senado los recursos asignados y ejecutados en fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2011.

Dado en el Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Vicecoordinador”.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. En los términos de los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del punto de Acuerdo que ha hecho la Senadora Lisbeth Hernández, se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Para hablar a favor de este asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario de Acción Nacional expresa su voto en sentido positivo a la proposición con punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, y votaremos a favor por las siguientes razones:

En primer lugar, buena parte de esta información ya está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por disposición expresa de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta información es visible, consultable para los ciudadanos y, por supuesto, para los Senadores de la República.

En segundo lugar, estamos a favor de este punto de Acuerdo porque es consistente, no solamente con la posición que ha tenido el PAN en este Senado de la República, en cuanto a la expansión de los derechos de transparencia y de rendición de cuentas, sino también los deberes de los poderes públicos para hacer accesible cierta información relevante, sobre todo la que tiene que ver con el gasto público.

Y estamos también a favor porque esta información que está consignada en el punto de Acuerdo, será motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2011 que hará la Cámara de Diputados, una vez que el informe sea presentado por el Ejecutivo Federal.

En ese sentido, esa información que también estará dispuesta para los Diputados y para los Senadores, y eventualmente será motivo de las revisiones que en el ejercicio de sus facultades constitucionales corresponden al Congreso de la Unión.

Nada impide que este Senado de la República pueda recibir un compendio de lo que ya está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda, con el propósito de informar su juicio, pero sobre todo para demostrar que en materia de transparencia y rendición de cuentas los gobiernos emanados de Acción Nacional son consistentes, no solamente en el discurso, sino también en la práctica cotidiana.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado dicho punto de Acuerdo. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a sustituir las operaciones de la central Termoeléctrica de Lerma, por energías más limpias y económicas; así como a revisar la situación actual de las Centrales Termoeléctricas del país.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros Senadores:

La localidad de Lerma, que es parte del municipio de Campeche, se encuentra en operación la Central Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que comenzó sus operaciones en 1977, funciona a base de combustóleo y al día de hoy está causando serios problemas en la salud de los habitantes y el medio ambiente de la zona.
Las centrales termoeléctricas, en el proceso de generación de energía eléctrica, emiten una serie de contaminantes de los cuales se estima que el 94 por ciento afecta directamente a la salud de las personas y el 6 por ciento restante tiene implicaciones negativas en el medio ambiente.

En efecto, dichas centrales emiten fuertes cantidades de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, el ozono y miles de toneladas de partículas suspendidas que, en el corto plazo, pueden causar daños temporales y permanentes en el sistema respiratorio de niños y adultos, tales como son: el cáncer pulmonar, daños celular en el pulmón, enfisema y edema pulmonar, inflamación de las vías respiratorias, bronquitis crónica, opacamiento de córnea, irritación de la piel y mucosas, entre varias otras.

También la exposición crónica a esos contaminantes acorta la vida de los árboles y provocan la contaminación de agua, de lagos y arroyos, con el cual limitan el uso de este vital líquido tanto para el consumo humano como para el riego en cultivos.

En México, la generación de electricidad produce un promedio del 57 por ciento de las emisiones totales de bióxido de azufre al año, lo que significa 1.7 millones de toneladas de este material. En lo que respecta al óxido de nitrógeno, las emisiones de este contaminante, por generación de energía eléctrica, es de aproximadamente a 297 mil toneladas.

La problemática principal que presenta la Termoeléctrica de Lerma, es la cercanía que tiene con la población de esta comunidad, en la cual habitan cerca de 9 mil habitantes, asimismo esta central colinda con el Instituto Tecnológico de Campeche, y se encuentra apenas a 500 metros del Instituto Tecnológico de Lerma, a 1 km de una escuela primaria y enfrente del balneario popular Playa Bonita.

Los habitantes de esta localidad sostienen que para el que no está acostumbrado a respirar el ambiente cercano a la termoeléctrica, sienten que la nariz les arde y que les pica la garganta, pero para quienes ya tienen tiempo viviendo cerca de la termoeléctrica, ya es costumbre tener los ojos irritados y percibir en el ambiente un polvo blanco que les produce un ardor fuerte en la piel.

En este sentido, es importante subrayar que las defunciones en el estado de Campeche por causas relacionadas con enfermedades respiratorias, se han incrementado de manera drástica en los últimos años.

De 1999 al 2010, la mortalidad por esta causa en el municipio aumentó de 40 a más de 183 muertes al año, por otra parte, la termoeléctrica cuenta con un prominente canal de desagüe a unos metros del balneario popular Playa Bonita, el cual se debe a los desechos de los lavados químicos de las calderas. Este balneario, por un parte, compañeros, es uno de los principales centros populares de recreación para la población campechana, sin embargo, las familias han dejado de acudir paulatinamente a esta playa por los riesgos que representa, limitando con ello sus tiempos y espacios de recreación y esparcimiento.

Por otra parte, en esta playa existe un muelle para la realización de la pesca ribereña, tanto para el autoconsumo como para la comercialización, misma que en muchos de los casos representa el sustento diario de muchas de estas familias.

No obstante, los pescadores han manifestado que la pesca se ha visto afectada toda vez que la reproducción de los peces se desarrolla en la orilla, y con la descarga del agua caliente y contaminada que emerge de esta termoeléctrica han escaseado las especies, por lo que se han visto en la necesidad de realizar sus capturas en aguas más profundas, provocándoles esto un costo mayor en combustibles y en los tiempos de desplazamiento.
La afectación que ha provocado la termoeléctrica es grave, y no se tienen actualizados los datos referentes a la emisión de contaminantes y desechos tóxicos que ésta genera.

Los últimos parámetros que dio a conocer la SEMARNAT en el 2011, a través del Inventario Nacional de Emisiones, conocido como (INEM), estadística que a pesar de ser publicada hace poco menos de un año, toma como referencia de sus observaciones el año 2005, circunstancia que evidencia la falta de estudios al respecto.

Bajo tales datos, Campeche figura como uno de los dos estados que emiten mayores cantidades de Gases de Efecto Invernadero, debido principalmente a la generación de energía eléctrica y la explotación de petróleo que se realiza en el estado y en esa zona.

De acuerdo al INEM, también el municipio de Campeche, sólo por la generación de energía eléctrica y quema de combustóleo, que es el combustible con el cual opera al 100 por ciento esta termoeléctrica, se emitieron al medio ambiente más de mil 340 toneladas de óxido de nitrógeno, más de 17 mil toneladas de bióxido de azufre; 21.5 toneladas de compuestos orgánicos volátiles y alrededor de mil 300 toneladas de partículas suspendidas, lo que representa en su conjunto la cuarta parte de las emisiones contaminantes de todo el municipio, de tal suerte que los padecimientos que manifiestan los habitantes de la zona tienen muy probablemente su causa en estas emisiones.
Hasta el día de hoy, no tenemos conocimiento de que exista algún estudio actualizado que aborde en concreto las problemáticas o al menos los riesgos que esta planta termoeléctrica está causando en la región, sin embargo, la situación se agrava día con día y la población ya no puede esperar más.

De tal manera, que con la finalidad de garantizar la salud y el bienestar de la población de Campeche, así como la conservación de los ecosistemas existentes en la zona, propongo que esta central sea sustituida por procedimientos de generación de energía eléctrica, que no causen daño al entorno social y ecológico de esta región, y que además sean económicas, lo anterior, aunado al gran potencial que tiene nuestro país para la migración a tecnologías limpias y los logros del Presidente Felipe Calderón en pro de la generación de energías libres de contaminantes, con la implementación de energías que permitieron eliminar el consumo de cloro, fluor, carbonos y la reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero.

En Acción Nacional nos hemos preocupado por promover energías puras, renovables y más eficientes en el beneficio de la salud de los ciudadanos, por lo que propongo y pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el plazo conveniente, a sustituir las operaciones de la Central Termoeléctrica de Lerma, por energías más limpias y económicas, toda vez que alrededor de la operación de esta planta existen múltiples problemáticas entre las que se encuentran la afectación a la salud y vida diaria de los pobladores, así como también al turismo y al medio ambiente de esta región.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a que realice los estudios necesarios y correspondientes para conocer el estado actual de las plantas termoeléctricas del país, con el objetivo de que se conozcan pormenorizadamente los posibles daños a la salud de los habitantes y al medio ambiente, de las zonas donde estas centrales se encuentran operando y, en su caso, darnos a conocer el plan de reconversión a nuevas tecnologías más limpias y económicas.

Señor Presidente: le informo que el documento al que he dado lectura presenta modificaciones al que presenté originalmente, por lo cual dejo en poder de la Secretaría el texto íntegro para que sea inscrito en el Diario de Debates.

Es cuanto.

Muchas gracias a todos.

Propuesta



(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Jorge Luis Lavalle. Pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra el punto de Acuerdo que ha presentado el Senador.

Como ha sido solicitado por el propio proponente…

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)Para adherirme al punto de Acuerdo que presentó el ciudadano Senador.

- El C. Presidente Aispuro Torres: SenadorLavalle Maury ¿Acepta usted la adhesión a este punto de Acuerdo?

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño)Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Como ha sido solicitado y conforme a los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Se han inscrito oportunamente los Senadores Salvador Vega Casillas, del PAN, para hablar en pro. Igualmente el Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro de este punto de Acuerdo.

Por lo tanto, se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: Con su permiso, señor Presidente.

Bueno, venimos aquí a apoyar este punto de Acuerdo, porque sí nos parece verdaderamente relevante en el tema de energía, que cada día el país siga avanzando en el tema de la generación de energía mucho más limpia, con un mejor rendimiento calórico, por ejemplo, que el combustóleo, que es con lo que funciona esta planta, es uno de los más bajos que se tiene, son tecnologías ya muy viejas que afectan una serie de sectores de la población, no solamente en el tema ambiental, que causan un gran daño ambiental por todos los desechos que este genera, sino también, incluso, otro tipo de sectores, como el turismo, como ya lo ha dicho aquí el Senador Lavalle Maury, y además que esta planta tiene otro problema, que para poderla surtir hay que transportar el combustóleo, que lo hacen por tren, que cruza la ciudad de Campeche en repetidas ocasiones, causando, además de una gran molestia para los propios habitantes de la ciudad, pues también un enorme riesgo de algún derrame o algún accidente.

Pero también el fondo del asunto está en que no podemos aspirar en el país a tener tarifas de energía eléctrica más competitivas y más baratas si no cambiamos a una generación de energía que sea mucho más eficiente que la que esta planta tiene, porque se genera a través de combustóleo.

Es por eso también que el gobierno federal, durante los últimos años, ha tenido una clara estrategia de cambio de este tipo de combustibles, para hacerlos por combustibles mucho más baratos, mucho más eficientes, mucho más limpios y que esto permita, por supuesto, bajarle los costos a la generación de energía.

Sólo por poner un dato, del 2000 al 2011, la participación del gas natural para la generación de energía se triplicó.

Y, por el otro lado, el combustóleo, que era uno de los principales combustibles con los que se generaba energía, bajó su participación del 46 por ciento al 16 por ciento, justamente por todos estos inconvenientes que tiene el combustóleo en la generación de energía.

Es por eso que apoyamos, por supuesto, el sustituir esta generación de energía por otras que sean más limpias, más eficientes, que no dañen al ambiente y, por supuesto, que nos permitan tener unas tarifas eléctricas mucho más baratas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador Vega Casillas.

Para hablar en pro, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente.

Me permito, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, comentarles que el punto de Acuerdo que hoy se presenta, no sólo es de relevancia para el estado de Campeche, nos parece que es de relevancia para todo el país.

Porque el tema que hoy se pone en este Pleno, se trata de la sustentabilidad en la generación de energía basado en las centrales termoeléctricas.

En particular, lo que se ha comentado aquí, habla de la Central Termoeléctrica de Lerma, en Campeche, cuyas operaciones iniciaron en 1977, utilizando, como también ya se ha apuntado aquí, combustóleo como base para la generación de la electricidad.

También se ha señalado que la emisión de contaminantes a la atmósfera vulnera la calidad de vida de la población. La más cercana que es Lerma, de más de 9 mil campechanos.

Además, se ubica en las inmediaciones de institutos de educación superior y en otras zonas de descanso y esparcimiento.

Ante estas desventajas de la producción de energía que representa esta planta, estamos de acuerdo con la propuesta que se ha presentado aquí, puesto que se debe proteger a la población y encontrar las estrategias que permitan, en un plazo conveniente, dejar de utilizar materias que dañen y lesionen gravemente el medio ambiente y a la población.

En suma, se trata de utilizar energías más amigables con el medio ambiente y que permitan la suficiente energía en la región.

Muchas gracias. Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Pozos Lanz.

Para este mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente, muy amable.

Cuando se planteó este tema relacionado con la termoeléctrica ubicada en Lerma, Campeche, yo le pregunté a la Senadora Layda Sansores, si era correcto y ella me explicó, pues conoce y vive muy interesada en la región, que en realidad es una planta que genera problemas a la población.

Por lo tanto, pues estamos de acuerdo en que, una planta que genera problemas de este tamaño, sea clausurada o mejorada.

Sin embargo, he escuchado aquí cosas interesantes que quiero comentar, porque el tema de energía es muy importante.

Ya saben ustedes que hay una frase muy clara, que dice: “quien controla la energía de un país, controla al país”.

Y cuando aquí se dijo, que el gobierno federal ha tenido una estrategia para ir cambiando las plantas, estas que se mantienen a través de combustóleo, para sustituirlas por otras, se refieren seguro a las de gas.

Si quiero intervenir por esto, miren. La energía eléctrica, y tiene que ver con lo que discutíamos sobre la inconstitucionalidad de las acciones, la energía eléctrica, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público, está reservada a la nación, está en la Constitución de la República.

Y sin embargo, se han venido dando permisos, no les llaman concesiones, porque están literalmente prohibidas, se han venido dando permisos a empresas extranjeras para generar energía a través del gas. Una decisión absurda que se tomó hace algunos años, porque no teníamos gas.

Y son plantas de gas de doble propósito que se han establecido por todo el país, violando la Constitución, verdad. Y ya el cuarenta y tantos, casi cincuenta por ciento de la energía eléctrica de este país, está generada por empresas extranjeras, violando la Constitución de la República y generando una sangría, porque la electricidad es la segunda renta nacional.

Además de ser esencial para el desarrollo de un país y para su soberanía energética, ya el cuarenta y tantos por ciento, cincuenta por ciento de la energía eléctrica la generan empresas extranjeras y significa una sangría de millones y millones de pesos al extranjero, y la dependencia de tecnologías extranjeras y del domino extranjero de la electricidad en México.

O sea, que esa estrategia que aquí se pensó y se dijo que es muy positiva, es totalmente antinacional, verdad. Y se han firmado convenios, permisos, con toda una serie de empresas extranjeras, que son verdaderamente grotescos, eh, es algún asunto que vamos a ver ahora que venga la nueva oleada de privatizaciones.

Grotescos porque estos extranjeros tienen garantizado el negocio por 50 años, por 30, 40 años. Sí, está obligado el Estado mexicano a comprarles la energía eléctrica, la consuma o no la consuma.

Entonces, han estado sembrando al país con esa estrategia de empresas extranjeras que saquean al país de una manera brutal.

Porque hay que pagarles todo. ¿Y saben qué ha pasado? Están cerrando las plantas de la CFE, porque están obligados a comprarle la energía a los extranjeros, a precios garantizados de antemano, cuando ningún negocio tiene esas garantías.

Entonces, yo quiero denunciar, en este caso, como la Senadora Layda Sansores ya me dijo que está bien y hay que cerrarla, pues yo estoy de acuerdo.

Pero no estoy de acuerdo en todas las que están cerrando, para que se pueda comprarles a los extranjeros la energía eléctrica y están acabando con una inversión enorme de años y años y décadas del gobierno mexicano y del pueblo de México para generar su energía eléctrica.

De manera que censuro esa estrategia, que ha sido la privatización y desnacionalización de la energía eléctrica en México, grave, muy grave, que nos está poniendo en manos de empresas extranjeras para generar la electricidad.

Y no se olviden: “quien controla la energía en un país, controla al país”.

Mala estrategia, eh, pésima estrategia antinacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El tema planteado sobre la termoeléctrica, que nos han venido a comentar, tiene que ver con la indiferencia; tiene que ver con la irresponsabilidad y tiene que ver con el abandono de las autoridades, cuando la sociedad se ve afectada.

Hay un tema que es necesario que lo legislemos en el Senado de la República, y que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas.

Es decir, una empresa cuando se va a instalar, requiere demostrar que va a cumplir, primero, con un impacto económico y social en el lugar donde va a instalarse. Si no cumple y sucede lo que está sucediendo con esta termoeléctrica, necesariamente tiene que corregirse de fondo el asunto, porque el gobierno tiene que priorizar si es la energía eléctrica o es la vida de los seres humanos, el medio ambiente, como se ha venido a manifestar aquí en esta tribuna por parte del ciudadano Senador que está proponiendo este punto de Acuerdo.

Tiene que ver la responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente, es decir, se tiene que revisar con mucha puntualidad el impacto ambiental y todos sabemos que empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y otras paraestatales y privadas, lo único que les interesa es lucrar al margen de si afectan o no al pueblo, a sus habitantes o afectan o no al medio ambiente.

Este ejemplo es necesario que se tome en cuenta para futuras inversiones, como es el caso de Morelos. Están por instalar una termoeléctrica en la comunidad de Huesca, municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, y necesariamente tendríamos que revisar si la Comisión Federal de Electricidad está cumpliendo con la responsabilidad social a la que está obligada.

Otro tema que tiene que ver con la responsabilidad social es el tema de los trabajadores. Aquí aprobamos, hace unos días, la Reforma Laboral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

Acabamos de estar en Nicaragua y vemos con un enorme gusto que en un país pobre, como es Nicaragua, que viene saliendo primero de una revolución y después de gobiernos depredadores, hoy el Presidente Ortega esté planteando a todas las empresas que quieran establecerse en Nicaragua que necesariamente tiene que revisarse el tema de la responsabilidad social de las empresas.

No se acepta una empresa que contradiga los derechos laborales de los trabajadores en Nicaragua. Y en ese sentido, México tiene que tomar el ejemplo de un país tan pequeño como ese, pero que está buscando, primero, que cada empresa resuelva algunos problemas sociales y económicos de su entorno donde va a establecerse, segundo, que no dañe al medio ambiente, y tercero, que cuide la relación laboral con los trabajadores.

Creo que esta termoeléctrica de la que estamos hablando no cumple con ninguno de estos aspectos y, por lo tanto, no sólo es necesario que se revise, es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias y si es necesario que se cierre, pues que se cierre, no podemos permitir que por encima de la vida de los seres humanos o por encima del medio ambiente, se pongan otros intereses.

Y quiero proponerle al compañero Senador que hace la propuesta y a la cual me sumé con mucho gusto, que además de que sea la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, que se sume la SEMARNAT. SEMARNAT tiene que hacer un estudio concienzudo, amplio, responsable de las condiciones particulares en que está trabajando esta empresa.

Y también se tiene que sumar la Secretaría de Salud para que haga una evaluación concreta de cómo están los habitantes de esa zona, hasta dónde han impactado las emisiones contaminantes de esta termoeléctrica.

El Senado de la República, lo hemos dicho y lo reiteramos el día de hoy, se tiene que convertir en un defensor a ultranza de los derechos ciudadanos, de sus derechos humanos, de sus derechos ambientales, de su derecho a la vida.

Y por eso este punto de Acuerdo creo que lo tenemos que aprobar por unanimidad. Y yo me sumo, con mucho gusto, con las observaciones que hemos hecho y ojalá el ponente las acepte.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente.

Básicamente, pedí el uso de la palabra para manifestar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde, a favor de la propuesta que se contiene en el punto de Acuerdo que está a discusión, simplemente porque es un tema, que como ustedes saben, el grupo parlamentario del Partido Verde, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ha promovido este tipo de medidas.

Nosotros desde hace varias legislaturas hemos insistido en la necesidad de que la política energética de nuestro país se oriente a estar basada más en el uso de energías renovables, no necesariamente en el uso de energías limpias, porque aquí es importante señalar una pequeña trampa metodológica que utiliza el Ejecutivo Federal en cuanto a determinar el porcentaje de energía proveniente de energías limpias, para lo cual se incluye evidentemente el tema de la energía nuclear, un tema con el cual el Partido Verde evidentemente no comulga.

Tan es así que en su momento tendremos que entrar a una discusión sobre el papel de esta fuente de energía en el futuro energético de nuestro país, como lo han venido haciendo ya diversas naciones, sobre todo a raíz del problema que ya todos conocemos que ocurrió en Japón.

Es importante que entremos a este tema, eventualmente entraremos a la discusión más de fondo. Pero México necesariamente tiene que dar pasos más aprisa en el sentido de mejorar la matriz de producción de energía en nuestro país.

Es un hecho, por ejemplo, se nos vino a presumir en esta misma tribuna, un poco acerca de lo que ha hecho la administración actual por lo que hace a la mejora cualitativa del tipo de energía que se produce en nuestro país. Lamentablemente no coincido con esa postura porque, para empezar, la actual administración va a quedar muy lejos de la meta que se impuso en cuanto a la cantidad o a la capacidad instalada de energía eólica, por ejemplo, que era una meta para este año de 2,500 megawatts y apenas la administración actual va a cerrar con 1,303 megawatts de capacidad instalada, lo cual evidentemente nos deja muy lejos de la meta que el propio Ejecutivo Federal se autoimpuso.

Es lamentable también que habiendo hecho el Congreso su trabajo en el 2008, con el tema de la Reforma Energética, en donde se incorporó una cuestión que tiene que ver con la medición de los costos de la energía eléctrica, tomando en cuenta las externalidades de los distintos tipos de energía, al día de hoy apenas está en discusión en la COFEMER la metodología sobre el tema de las externalidades en la generación de energía eléctrica.

Es lamentable que a cuatro años de que el Congreso hizo su labor, el Ejecutivo Federal apenas esté llevando la propuesta de normatividad secundaria al ámbito de la COFEMER.

Sin embargo, nunca es tarde, y por lo tanto, nosotros estamos a favor de toda propuesta que tenga que ver con el cierre de este tipo de fuentes de energía que evidentemente dañan el medio ambiente y dañan el entorno social en el que se desenvuelven nuestros compatriotas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente.

Primero quiero aclarar que la Comisión Federal de Electricidad ha invertido muchísimo dinero en la transformación de antiguas plantas termoeléctricas. Pero por supuesto que no le ha alcanzado a la transformación de todas.

También coincido que esta planta es muy vieja, desde los años 70’s, y que quema combustóleo. Y es muy grave esta problemática porque no vemos aquí el problema de las dioxinas y de los furanos.

Celebro este punto de Acuerdo y estoy a favor de transformar esta termoeléctrica al menos para que queme gas natural. Pero sería mejor por energía limpia, eólica, solar, etcétera. Y con esto vamos a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

La principal causa del cambio climático o calentamiento global es la inmoderada emisión de contaminantes al aire, y así, como lo digo, es preocupante esta emisión de dioxinas y furanos.

Por eso estoy a favor de este punto de Acuerdo, pero también sería bueno, como legisladores, ver las cuestiones del presupuesto en la Cámara de Diputados, para ver qué se le va a otorgar a la Comisión Federal de Electricidad, y así contribuir a la transformación de las viejas termoeléctricas en México por energías renovables, con energías limpias.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza Galván.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador Jorge Luis Lavalle, me sume a su propuesta con la puntualidad de que está aceptando cambiar, el cancelar de manera definitiva al que se valoren otras alternativas que sería importante en base a lo que dice el licenciado Manuel Bartlett, y por el otro lado, tomando en cuenta el tema social, ya que, aunque está trabajando al 40 por ciento, hay 200 trabajadores que laboran en esa termoeléctrica, qué pasaría con su situación personal.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores, pido al Senador Jorge Luis Lavalle que comente con usted las inquietudes que ha presentado, y que tome nota de esto la Secretaría para que quede asentado en el Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Le solicité al ponente la incorporación de dos entes públicos más, la Secretaría de Salud y la SEMARNAT para que hagan un estudio integral; no sé, le preguntaba al ponente si me aceptaba, me dijo que sí, entonces quería que se sometiera a consideración del Pleno la incorporación de estos dos entes públicos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sólo pediría que se hiciera, tal y como lo señala el Reglamento, por escrito la propuesta a esta Mesa Directiva para que se pueda consultar a la Asamblea, pido al Senador Lavalle Maury que junto con usted, si desean hacer alguna modificación, lo hagan del conocimiento de la Mesa Directiva. Sonido en el escaño del Senador Lavalle Maury, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Sólo comentar que considero muy adecuada la recomendación del Senador, y que sean incorporadas también la Secretaría de Salud y la SEMARNAT para que contribuyan en este estudio y sea un estudio mucho más integral y completo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sólo reitero, pediría nada más a los proponentes que nos hagan llegar por escrito las modificaciones para que la Asamblea tenga pleno conocimiento de lo que se está adicionando, y por ende, de lo que se está votando.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para proponer a la Mesa Directiva, en virtud de que hay dos propuestas, la de la Senadora Layda Sansores, también, valdría la pena, antes de que se vote, si se puede conjuntar una sola resolución en este punto de Acuerdo, en el cual, por supuesto también el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Arturo Zamora. Están haciendo llegar a esta Mesa Directiva el punto de Acuerdo con las modificaciones, únicamente pediría que se lea y se vote en un solo resolutivo, por lo cual, pido a los proponentes que verifiquen si los términos en que se está planteando aquí es en los términos en los cuales ustedes lo acordaron.

Pido a la Secretaría que dé lectura al punto de Acuerdo con las modificaciones que se han hecho aquí por los compañeros Senadores.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la SEMARNAT, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Electricidad, en el plazo conveniente, sustituir las operaciones de la Central Termoeléctrica de Lerma por energías más limpias y económicas, toda vez que alrededor de la operación de esta planta existen múltiples problemáticas entre las que se encuentra la afectación a la salud y vida diaria de los pobladores; así como también al turismo y al medio ambiente de esta región, e informen de los resultados.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la SEMARNAT, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Electricidad, a que realicen los estudios necesarios y correspondientes para conocer el estado actual de las plantas termoeléctricas del país, con el objetivo de que se conozcan pormenorizadamente los posibles daños a la salud de los habitantes y al medio ambiente de las zonas donde estas centrales se encuentren operando y, en su caso, darnos a conocer el plan de reconversión a nuevas tecnologías más limpias y más económicas.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Ahora le pido que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con las adiciones que ya se han hecho del conocimiento de ustedes.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, aprobada la misma. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna y Ernesto Ruffo Appel, para presentar un punto de Acuerdo sobre la problemática de uso irracional del agua, la contaminación minera y el asesinato de dirigentes de El Barzón, en el estado de Chihuahua.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar mi intervención, solicito, conforme a los artículos 109 y 110 del Reglamento, para que se someta a consideración del Pleno la moción de urgente resolución, por los motivos y consideraciones que ahora ustedes mismas y ustedes mismos van a escuchar.

El pasado lunes 22 de octubre, fueron asesinados los dirigentes de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos, económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

Un año antes, estos defensores -matrimonio, por cierto- habían impulsado una movilización campesina denominada “Los indignados del campo”, que planteó ante las dependencias estatales, federales y el Congreso del Estado de Chihuahua un problema que ha ido creciendo, el uso ilegal del agua por un grupo de productores de la zona hidrológica del río del Carmen, que comprende parte de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada en el estado de Chihuahua.

En esta zona, un grupo de personas hacen un uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del río, violentando la veda señalada, pues han realizado perforación ilegal de pozos, desmontado más de 35 mil hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense con el objetivo de abrirlas al cultivo. Con esta acción han estado poniendo en riesgo la viabilidad hídrica de la ya de por sí precaria región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos y legales reconocidos para el uso del agua en esta cuenca hidrológica, así como de la población urbana de la región.

Ello motivó que el 7 de junio de este año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaran el Frente de Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense y presentaron al congreso del estado un documento en el que exigían: primero, el cumplimiento de la ley; dos, la defensa del derecho humano al agua; y tres, la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema.

A esto se suma que hace seis años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, compraron de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona del pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, el total de los ejidatarios es de 398, sin obtener los permisos de la asamblea ejidal que la ley establece, por el contrario, en dos ocasiones la asamblea ya les ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera.

Esta problemática, en lugar de tener un cauce institucional al conflicto, fue recibida por varios absurdos, el incumplimiento, primero, de varios acuerdos de autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pero fundamentalmente, las autoridades de Chihuahua han tomado la absurda actitud de tergiversar el problema tratando de presentar el conflicto como una mera confrontación de intereses entre particulares, desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que estas acciones son violaciones a derechos humanos ambientales reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Al desdén, incluso a la simulación de negociaciones han seguido campañas de desprestigio impulsadas desde los ámbitos del gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado que pone en riesgo y amenaza la integridad física de los dirigentes y la abogada de El Barzón, así como de la y los ejidatarios que están luchando en contra de estas violaciones a las leyes y a los derechos humanos.

Esas campañas de linchamiento también tienen eco en los medios de comunicación en contra de El Barzón, y en particular a Ismael Solorio y a Manuela Martha Solís Contreras, se les ensanchó el ambiente de hostilidad y los colocó en una mayor vulnerabilidad hasta el momento en que fueron asesinados.

Por ello, proponemos que esta Soberanía exhorte al gobierno del estado de Chihuahua a que realice todas las averiguaciones con la expeditez y prontitud que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes barzonitas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras; que se garantice la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región, así como cese la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de nuestra entidad.

Y también que se acuerde la instalación urgente de un grupo de trabajo de Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Energía, con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, PROFEPA, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, el titular del ejecutivo del estado de Chihuahua o su representante, así como el titular de la Secretaría de Gobernación o su representante.

Las funciones de este grupo de trabajo que proponemos, están especificadas en la Gaceta Parlamentaria.

Lo más importante, ¿para qué proponemos el grupo de trabajo? para coadyuvar con las instancias gubernamentales en la responsabilidad que tienen el nivel federal y estatal correspondientes a construir conjuntamente con los actores sociales y gubernamentales en conflicto, mecanismos para propiciar un clima de distensión social y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte aún más la integridad física de la abogada, los dirigentes sociales de El Barzón y la comunidad afectada y evitar que se profundice la violación a derechos humanos sociales, económicos y ambientales que hoy afectan a esta comunidad en el estado de Chihuahua.

Señoras y señores Senadores, evitemos que se escale el problema y démosle cauce institucional por la vía del acuerdo senatorial.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMATICA DE USO IRRACIONAL DEL AGUA, LA CONTAMINACION MINERA Y EL ASESINATO DE DIRIGENTES DE EL BARZON EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SEANDO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, en relación con la problemática de uso del irracional del agua, la contaminación minera y el asesinato de los dirigentes de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, en el Estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 22 de octubre, fueron asesinados los dirigentes de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

ANTECEDENTES

En octubre de 2011 una movilización campesina denominada “Los indignados del campo” planteó ante las dependencias estatales, federales y el Congreso del estado de Chihuahua, la problemática que se presentaba por el uso ilegal del agua por un grupo de productores de la comunidad menonita de la zona hidrológica del Río del Carmen; como consecuencia, se establecieron los primeros acuerdos para atender esta problemática.Sin embargo, se incumplieron los compromisos para establecer una mesa permanente convocada por parte del Congreso estatal en la que participaran todas las autoridades federales y estatales responsables de atender este tema y así, encontrar soluciones al conflicto.

En enero de 2012, en la movilización campesina denominada “La caravana del hambre”, que partió de Chihuahua hacia la Ciudad de México, esta misma problemática fue planteada en la Secretaría de Gobernación. Nuevamente se establecieron compromisos que hasta la fecha se mantienen incumplidos.

Los productores agropecuarios y pobladores afectados, ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios son quienes históricamente han compartido la cuenca hidrológica del Río del Carmen que comprende parte de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, todos ellos en el estado de Chihuahua; estos actores sociales cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas desde 1957, fecha en que se crea el distrito de riego con la construcción de la presa LAS LAJAS, que además decretó veda total en la cuenca hidrológica con lo que se prohíbe la perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua.

En la zona, un grupo de personas, mayoritariamente de la comunidad menonita, han hecho un uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio violentando la veda señalado pues han realizado perforación ilegal de pozos y desmontado más de 35, 000 hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense con el objetivo de abrirlas al cultivo; con esta acción han estado poniendo en riesgo la viabilidad hídrica de la ya de por si precaria región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos y legales reconocidos para el uso del agua en esta cuenca hidrológica, así como de la población urbana de la región.

El 7 de junio del presente año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaron el Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense y presentaron al Congreso del Estado un documento en el que exigían: 1) el cumplimiento de la ley, 2) la defensa del derecho humano al agua y 3) la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema.

Ante la resistencia civil y pacífica de El Barzón para defender, con base en la Constitución el derecho al agua establecido en el artículo 4, se firmaron diversos acuerdos que nuevamente fueron incumplidos. Se advirtió que no había voluntad política ni del gobierno federal ni del gobierno estatal para hacer cumplir la ley.

Así también, hace 6 años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, compraron de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398), sin obtener los permisos de la asamblea ejidal que la ley establece, por el contrario, en dos ocasiones la asamblea ya les ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera

Por acuerdo de asamblea de las y los ejidatarios se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron diversas ilegalidades:

Violaciones a la legislación ambiental:

• Violación de la NOM 120 SEMARNAT

• Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, prohibido por la normatividad ambiental.

• Carece de estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley

Violaciones a la legislación agraria:

• Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados

• Trabajos de exploración sin permiso de la Asamblea Ejidal

• Compra ilegal de terrenos de uso común

La respuesta de los gobiernos federal y estatal en los casos de la minería y del aprovechamiento ilegal de los recursos hídricos por una parte de lacomunidad de menonitas fue:

• Tergiversación del problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.

• Simulación de negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que estas acciones son violaciones a derechos humanos ambientales, así como violaciones a las leyes mexicanas que han sido protegidas tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado de Chihuahua, constituyéndose en aquiescencia para violentar derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

• Campañas de desprestigio impulsadas por el Gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado que pone en riesgo y amenaza la integridad física de los dirigentes y la abogada de El Barzón, así como de las y los ejidatarios que están luchando en contra de estas violaciones a la leyes y a los derechos humanos.

• Campaña de linchamiento mediático a El Barzón y en particular a Ismael Solorio, a Martha Manuela Solís Contreras, lo que propició el camino para que fueran asesinados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a que realice todas las averiguaciones, con la expedites y prontitud, que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras; se garantice la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región, así como cese con la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de esa entidad.

SEGUNDO.- Se acuerde la instalación urgente de un grupo de trabajo de senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua o su representante, así como el titular de la Secretaría de Gobernación o su representante.

Este Grupo de Trabajo tendrá entre sus funciones:

1. Solicitar un informe a las instancias federales y estatales responsables sobre: a) el sustento legal que permite la operación de perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua en los afluentes de la cuenca hidrológica del Río del Carmen; b) las condicionessociales y ambientales en esa zona hidrológica a partir del uso, presuntamente irregular de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente.

2. Solicitar un informe sobre el sustento legal y los permisos oficiales y ejidales que conforme a la ley y a la norma Oficial mexicana (Semarnat 120) que permite la operación de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense MAG Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

3. Realizar visitas a la región para conocer directamente la situación sobre el uso del agua y la operación de la minera Cascabel

4. Proponer, conforme a derecho y en pleno respeto a las atribuciones y competencias de las entidades involucradas en el conflicto, mecanismos de resolución pacífica de la problemática de violación a derechos humanos expresada en el asesinato de los dirigentes barzonistas, así como los derechos sociales, económicos y ambientales; todo ello generado la omisión gubernamental de atender el conflictode uso presuntamente irregular del agua y lo relacionado con la exploración ilegal de la empresa minera Cascabel.

El objetivo del Grupo de Trabajo es coadyuvar con las instancias gubernamentales correspondientes a construir conjuntamente con los actores sociales y gubernamentales en conflicto, mecanismos para propiciar un clima de distensión social y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte aún más la integridad física de la abogada, los dirigentes sociales de El Barzón y la comunidad afectada, y evitar se profundice la violación a derechos humanos sociales, económicos y ambientales que hoy afectan a esta comunidad en el estado de Chihuahua.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral. Como lo ha solicitado y conforme a los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el punto de Acuerdo que ha presentado el Senador Javier Corral.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no siente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Ha pedido hacer uso de la palabra, la Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente para traer a esta tribuna el posicionamiento del Partido del Trabajo, respecto del punto de Acuerdo que acaba de presentar el Senador Javier Corral en protesta y en contra del uso irracional del agua, la contaminación minera y el asesinato de dirigentes de El Barzón.

Apoyamos en sus términos la propuesta, ya que es criminal que se haga un uso indiscriminado del agua, de los afluentes del río del Carmen, por parte de la empresa minera canadiense Mag Silver a través de su subsidiaria Cascabel, ya que esta no sólo afecta a los productores de esta región del desierto chihuahuense que requieren de este vital líquido, sino también hace una grave afectación al medio ambiente con acciones irreparables.

La contaminación al medio ambiente por la explotación minera es de todos conocida y es necesario que se escuchen todas las voces para que ésta se realice con el uso de las más modernas tecnologías para evitar en lo posible dicha contaminación.

El asesinato de Ismael Solorio Urrutia y de Manuela Martha Solís Contreras acaecidos el día 22 del mes de octubre, no puede ni debe quedar impune.

No obstante que las autoridades tanto del gobierno de Chihuahua como federales han manifestado su intención de que usarán todos los recursos para la investigación de este triste y lamentable proceso, tenemos que insistir en que cumplan con este cometido y no se queden como simples promesas, no podemos permitir el avance de la impunidad y de la violencia contra seres humanos, contra trabajadores.

Aquí, muy efusivamente hemos aplaudido la Ley de Transparencia, necesitamos que esa ley se aplique también en estos casos.

También, no podemos permitir que se siga abusando de los derechos humanos como fue el caso que vimos recientemente en los medios televisivos de este trabajador de la empresa coreana. Esa es la grave situación por la que atraviesa la gente desprotegida y después de abusar de las personas, de abusar del medio ambiente, de abusar con impunidad y a veces con la protección de las mismas autoridades, finalmente los matan, porque creo que hoy se demuestra un vez más que la violencia, que la impunidad sigue imperando en nuestro país.

Por eso, en el Partido del Trabajo apoyamos en todos sus puntos esta propuesta que hizo aquí el Senador Javier Corral.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Lo ocurrido en días pasados en el estado de Chihuahua, en donde perdieron la vida dos compañeros dirigentes sociales, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, es un claro y cobarde asesinato a cargo de grupos que operan en la oscuridad y el anonimato.

Es también un reflejo de la opacidad con la que desde hace meses han venido actuando tanto el gobierno federal, como el del estado en distintas problemáticas vividas en esa entidad. No es circunstancial que desde hace más de un año diversas movilizaciones campesinas sobre “Los indignados del campo” y “La caravana del hambre” vengan denunciando una serie de irregularidades administrativas y actos ilícitos ejecutados por un grupo de productores de la comunidad menonita de la zona hidrológica del río del Carmen, sobre el uso ilegal del agua, así como la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, sobre la compra ilegal de terrenos de uso común.

En los tres casos calificados como sumamente graves, el asesinato de dirigentes sociales, el uso ilegal del agua y la compra ilegal de terrenos con fines de exploración y explotación minera, las autoridades públicas competentes, tanto del ámbito local como federal, han tratado en reiteradas ocasiones de eludir su obligación de proteger, respetar y defender derechos básicos de la población, y específicamente de diversos productores ejidatarios, pequeños propietarios y colonos agrícolas de la región, que hoy frente a tales hechos ven no solamente amenazada la viabilidad hídrica de esta zona desértica y su derecho al agua como un bien público de consumo vital, sino su seguridad personal y patrimonial que parece encontrarse, para los gobiernos involucrados, en una menor escala de prioridades frente a los intereses económicos que aparentemente protegen, incluso por encima del estado de derecho.

La omisión del gobierno federal, sin embargo, ha ido más allá, no sólo ha permitido el uso ilegal del agua de un grupo de productores de la comunidad menonita, sino que no se ha preocupado en forma alguna por exigir la comprobación de su concesión, o en su caso proceder a la clausura y sanción de dicho acto administrativo, perdiendo de vista los principios sobre los que se sustenta la política hídrica nacional en su artículo 14 Bis-5 de la Ley General del Agua.

Lo anterior, por supuesto, que no releva al estado de Chihuahua de su obligación concurrente con la Federación en materia de regulación, inspección y vigilancia del aprovechamiento del recurso hídrico en este problema.

Lo más indignante, sin embargo, que amerita además una enérgica protesta, es la indiferencia y desatención con la que frente a tan lamentables hechos han actuado los gobiernos federal y del estado a través de la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, la Secretaría de Gobernación y las autoridades del ejecutivo del estado de Chihuahua, que a pesar de los recurrentes llamados y denuncias de los dirigentes de El Barzón, las asociaciones campesinas y diversos sectores de la sociedad involucrados, prefirieron justificar su omisión gubernamental señalando que se trataba de un asunto entre particulares sobre los que el sector público carecía de competencia.

Como si la comisión de actos ilícitos, el uso ilegal de los recursos naturales, las amenazas, la falsificación de actas, el despojo de tierras, la afectación del subsuelo y la privación de la vida se trataran de asuntos ajenos al Estado y al orden público. Más aún, si ya de por sí ha sido grave su falta de aplicación de la ley, todavía resulta más complicado el hecho de que se promueva, desde el estado mismo, una campaña de desprestigio y desacreditación de la protesta social, siendo por tanto el único responsable del clima de tensión social y confrontación que ponen en riesgo no sólo la tranquilidad de la zona, sino la integridad y la vida misma de otros actores sociales y dirigentes involucrados en esta lucha, que esperemos no tenga que correr la misma suerte de Ismael y de Manuela Martha.

Por eso estamos convencidos de que un asunto de tal naturaleza no puede esperar más, la omisión y la opacidad gubernamental no pueden seguirse tolerando frente al dolor y la desesperación de muchas familias que hoy reclaman justicia, transparencia y legalidad. Y eso es precisamente lo que desde aquí demandamos, exigiendo la instalación urgente de un grupo de trabajo conformado por integrantes de esta Cámara y diversos funcionarios públicos que investiguen, con toda responsabilidad, la situación legal de la cuenca hidrológica del río del Carmen, la afectación de derechos de tierra de uso común de los ejidatarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, la legalidad y uso de los permisos de las empresas mineras involucradas y, sobre todo, la muerte injusta y muy lamentable de los dirigentes de El Barzón, para que de inmediato se deslinden responsabilidades, se sancione a sus responsables, se regularice la situación de la zona y se acuerden mecanismos gubernamentales para la solución pacífica del problema, sin menoscabo de la aplicación irrestricta de la ley en aquellos casos en que la barbarie superó la razón política y la legalidad.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros Senadores:

Me llamó poderosamente la atención el tema, por eso la suscripción a él, en razón de que estos asuntos donde la escasez del agua, donde los intereses a veces no muy transparentes, como en los temas de minería, pues nos vienen a provocar inestabilidad.

Veo yo que toda esta dinámica ahora en el estado de Chihuahua quizá es la primer demostración de estas realidades en donde nuestra poca agua en la región pueden llevar a cabo situaciones de inestabilidad, y me parece que es nuestro deber el apoyar al estado de Chihuahua, a su gobernador, para que concurramos quienes seamos miembros de las comisiones.

Busquemos también la presencia de las autoridades de la SEMARNAT, de CONAGUA, de PROFEPA, de la Secretaría de Gobernación, porque me es muy probable ver el que la transparencia de los permisos de agua de las autorizaciones de los pozos, de los accesos a los asuntos mineros, pues precisamente han de brillar por su ausencia.

Y en esta dinámica debemos, de forma constructiva, de ver porque la parte de cada una de las responsabilidades de gobierno se cumplan, y atendamos esta necesidad de nuestros conciudadanos y evitemos estos lamentables hechos que se empiezan a dar precisamente por la ausencia de la competencia y cumplimiento de los niveles de gobierno.

Estemos ahí pues, como lo pidió el Senador Javier Corral, el colaborar con el estado de Chihuahua para que se dé la instalación urgente de un grupo de trabajo de Senadoras y Senadores integrantes de las distintas comisiones pertinentes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hemos coincidido en el voto respecto de lo aquí presentado. Coincido con quienes me antecedieron en el uso de la palabra en muchos de los aspectos presentados, no tanto en algunos adjetivos y en algunos aspectos que se señalan en el ámbito estrictamente estatal. Debo aclarar que el estado de Chihuahua, con sus 250 mil kilómetros cuadrados, tiene tres zonas muy definidas: la alta sierra que es un macizo boscoso, rocoso, sin reservas de agua, donde toda el agua que cae, abundante, la más del régimen pluvial del Estado, corre, sobre todo, a los estados de Sonora y Sinaloa.

Chihuahua es un estado sediento, que ha sido el gran proveedor del agua por razón natural, geográfica, geológica, y de niveles a estados de Sonora y Sinaloa, pero además ha sido castigado desde 1906, y especialmente a partir de 1944, con una cuota enorme de agua que el estado de Chihuahua debe pagar y en donde el campesino ve pasar el agua por el río Conchos, ve pasar el agua por el río Bravo, ve pasar el agua por las grandes corrientes de Chihuahua y nada más tiene derecho a verla, porque esa agua es ajena.

Resultados. El agua en Chihuahua, que de por sí es escasa porque en los otros dos tercios del estado tenemos un clima estepario y un clima totalmente desértico, esa poca agua tenemos que aprovecharla para los cultivos y para la vida.

Desde los tiempos bíblicos, el agua ha sido motivo de guerras, y que no nos quepa duda, si no vamos trabajando aquí desde ya para poner orden en el manejo del agua en todo el país, especialmente en aquellas zonas en donde es especialmente escasa, estas guerras se van a dar con más agudeza y con más crueldad.

Parto de otra premisa en mi intervención. Cuando se habla de menonitas pareciera que se habla de extranjeros, quiero decirles que los menonitas son orgullosamente chihuahuenses, emigraron en 1923 de Canadá, con base en un convenio que hicieron con el Presidente Obregón, y desde entonces a la fecha han sido orgullo de Chihuahua y orgullo de México, por su laboriosidad, trabajo, seriedad, eficiencia y bajo índice de criminalidad y de delito.

Así pues, aunque hay en este caso un diferendo en una región entre chihuahuenses de origen menonita y chihuahuenses ejidatarios y comuneros, estamos hablando de un conflicto de familia.

Por otra parte, quiero decirles que no coincido con algunos comentarios que se han hecho aquí, no hay opacidad en el manejo de estas situaciones en el estado de Chihuahua. Se refirieron también al gobierno federal, no intervengo en esa calificación, pero en lo que respecta al estado de Chihuahua, debo decirles, no hay opacidad, y vaya el por qué.

De la alta criminalidad que se presentó en el estado de Chihuahua por las más variadas causas, el 90 por ciento de los crímenes han sido aclarados; el 95 por ciento han sido sometidos a la autoridad judicial, hay una verdadera caída drástica, en la impunidad en toda clase de delitos, especialmente aquellos que están contra la vida, el hecho de que haya habido este lamentable suceso con un líder barzonista, de ninguna manera presenta una situación de enfrentamiento del estado de Chihuahua con los líderes sociales agrupados al Barzón, los barzonistas son nuestros aliados, fueron mis aliados en los tiempos de gobernador y son luchadores sociales que tienen todo el respeto y toda la fuerza por las causas que enarbolan.

Así pues, en el caso del señor Solorio y su señora, lo que puedo decir en esta tribuna es que lloramos y lamentamos la pérdida que Chihuahua ha tenido de un líder social honesto, luchador y trabajador, con el que no solamente tuve buena relación, anduve en campaña con él y tuvimos una magnífica relación.

Esto no se va a quedar así, y lo han ofrecido así las autoridades ministeriales. Hay investigaciones serias, de este y de todos los crímenes que se están presentando en el estado, tengo una gran confianza de que esto quedará aclarado. Hay un rango relativamente acotado en el cual la investigación podrá ir llevando a que se tengan resultados.

Por otra parte, en el planteamiento se presenta la iniciativa de que un grupo de Senadores se presenten ante las autoridades correspondientes a poner orden y a pedir orden, y a pedir que se realice el trabajo de cada dependencia, en un estado que es de desorden en este aspecto, en esta área, y es cierto.

Les doy cifras: en el estado de Chihuahua, en este momento, hay alrededor de 20 mil pozos agrícolas, muchos de los cuales son irregulares, muchos de los cuales están de combustión interna, y por ser de combustión interna, con bombeo de diesel, están lejos del control que a través de Comisión Federal se puede establecer.

Estamos de acuerdo con el establecimiento de esta comisión, me encantaría formar parte de ella, y solicito que además a las dependencias de la SEMARNAT, CONAGUA, Gobernación, y a todas las que se les está pidiendo la relación de hechos, también se les llame a cuentas porque en esto sin duda hay responsabilidades en el trabajo que han desarrollado muchos de los funcionarios de estas dependencias y que pueden ser constitutivas de delitos, que se les deben exigir responsabilidades políticas, administrativas, inclusive, penales.

Coincido, pues, con mis compañeros que me antecedieron en la palabra y creo que en esto habremos de tomar la gran lección de que necesitamos más supervisión, más vigilancia de lo que se está haciendo en un área muy delicada, como es la del agua, y en CONAGUA lo menos que se ha dicho, es que hay un gigantesco y extraordinario descontrol.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Patricio Martínez García.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Nada más para rectificación de hechos, señor Presidente, solamente, independientemente de lo que se pide, la comisión, yo creo que es necesario también que algunos Senadores, y así lo diga la Mesa Directiva, estén presentes porque ya existe una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, donde se comprometió la Comisión Nacional del Agua, y también ya inició la clausura de los pozos, y también la PROFEPA porque el impacto ambiental no fue autorizado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza, tomamos nota de ello. No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la misma. Comuníquese.






Se recibió del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo relativo a la verificación de los delfinarios a nivel nacional, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA VERIFICACION DE LOS DELFINARIOS A NIVEL NACIONAL

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Carlos Alberto Puente Salas, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA VERIFICACION DE LOS DELFINARIOS A NIVEL NACIONAL, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, desde 1970 se han realizado capturas de delfines para cautiverio, en particular de la especie delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) con el objeto de exhibirlos en espacios públicos.

Derivado del crecimiento exponencial de la captura de esta y otras especies de mamíferos marinos, se reformó la Ley General de Vida Silvestre en el 2002 adicionando en el artículo 60 bis, para establecer:

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas. “

Asimismo, en el 2006, se adicionó el artículo 55 bis de la misma Ley, con la finalidad de prohibir la importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino.

Sin embargo la prohibición especifica en ambos artículos quedo abierta a los aprovechamientos extractivos que tengan como fin la “Investigación Científica”, y no existe ninguna normatividad que prohíba el encierro permanente o temporal de estos organismos para exhibición pública u otros fines asociados a su utilización.

Desafortunadamente, nuestro país ha tenido negocios muy lucrativos con el manejo de ejemplares de fauna silvestre, tal es el caso de los Delfinarios que a expensas del bienestar de los ejemplares de delfín o lobo marino, las empresas tienen ganancias muy ventajosas considerado las características técnicas en donde se ubican a los animales.

De acuerdo con el reporte sobre Delfines Cautivos en México y República Dominicana1, hasta 2008, existían 21 instalaciones operando en nuestro país con 260 delfines para exhibición, los cuales son operados por 11 compañías, siendo 4 las de mayor relevancia por el número de delfines que tienen, así como la ubicación en donde los instalan, todos en áreas turísticas costeras.

No.

Empresa

No. Delfines

1

Dolphin Discovery

83

2

Via Delphi

68

3

Dolphinaris

39

4

Dolphin Adventure

21

5

Convimar

15

6

Delfiniti Ixtapa

12

7

Delfines Interactivos

8

8

Guadalajara

6

9

Op. Nacional

4

10

Guaymas

2

11

Six Flags

2

Es de destacar que la explotación de delfines y lobos marinos es de manera de exhibición de los animales con acrobacias, en donde se simula bailar o cantar, realizan saltos y giros “espectaculares”. Desafortunadamente estos espectáculos se encuentran en crecimiento, debido a que las ganancias que se generan derivado de una actividad adicional que es el nado con delfines, socorrida por el turismo internacional.

Con las prohibiciones en la Ley General de Vida Silvestre, respecto a la captura, importación, exportación y reexportación de mamíferos marinos, es importante conocer por parte de las autoridades federales competentes, cuál es el lugar de donde provienen los ejemplares de Delfines que se encuentran en los Delfinarios. Estos sitios son considerados Unidades de Manejo para a Conservación de la Vida Silvestre y deben tener un programa de manejo de la especie.

En este sentido es importante indicar que le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la inspección y vigilancia para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Considerando el trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre bajo confinamiento, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anterior la PROFEPA, como parte del Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, integró el Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010, que tuvo como objetivo, verificar el manejo en cautiverio de cada uno de los mamíferos marinos albergados en los delfinarios existentes en el País, realizando visitas de inspección, para verificar aspectos relativos al registro de los Delfinarios como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y el cumplimiento de las condicionantes establecidas en el mismo, el plan de manejo y su cumplimiento, los informes anuales, el inventario de ejemplares actualizado, la documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares en confinamiento, su sistema de marcaje, el cumplimiento de la NOM-135-SEMARNAT-2004, para la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio

Como resultados de este Subprograma, la PROFEPA reportó que se inspeccionaron 23 delfinarios ubicados en los estados de Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, de los cualesdos son itinerantes y fueron inspeccionados en los estados de Chihuahua y Yucatán.

Asimismo, se informó que en las visitas de inspección se verificaron las condiciones para la exhibición, manejo y manutención de los delfines en cautiverio, y se verificó la legal procedencia de un total de 269 ejemplares de delfín, 7 ejemplares de lobo marino y 7 ejemplares de manatí. Sin embargo no se reportó cuales fueron los resultados particulares de dichas verificaciones, es decir el estado general de los especímenes, el trato otorgado a los mismos y las características propias de las áreas de confinamiento.

Aunado a esto, resulta de particular interés, que en estado de Quintana Rooespecíficamente en el Área Natural Protegida de Puerto Morelos, el hotel Moon Palace, a través de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A de C.V, pretende la construcción de un delfinario, situación que toma mayor importancia cuando la empresa solo presenta ante la Delegación Federal de la SEMARNAT, en el estado de Quintana Roo, el aviso de no requerimiento de autorización en materia de Impacto Ambiental por considerar que la obra solo será la reconstrucción de un muelle de madera de 50 metros que forma parte de una serie de obras llevadas a cabo en 1997. Dicho aviso se fundamenta el artículo 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en materia de Impacto Ambiental.

Sin embargo, debemos considerar que de conformidad con el artículo 28 fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico, cualquier obra o actividad en áreas naturales protegidas requiere la autorización de la manifestación de impacto ambiental y en el artículo del Reglamento no se considera en ningún momento la ampliación de las obras en áreas naturales protegidas. Adicionalmente, el Programa de Manejo del Área Natural Protegida prohíbe la construcción de muelles en la zona.

En este sentido, debemos considerar que a dicho de la población las dimensiones de la construcción en el Hotel Moon Palace, no corresponde a un muelle, sino a un delfinario. Toda vez que se realizará una pasarela de 3 metros de ancho por 330 de largo, con atraques de 6 muelles interiores que podrían utilizarse como encierros. Ante estos hechos es necesario que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la población, cuales son las razones por las cuales se avaló el aviso de no requerimiento de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental y las razones por las que la reconstrucción de un muelle de 50 metros será ampliado a 330 metros.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscriben pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta Soberanía cual es el número total de delfinarios en nuestro país y cuantos ejemplares de vida silvestre tienen registrados, así como cuantas solicitudes de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental han ingresado a esa dependencia, para la instalación de delfinarios.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha analizar el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de C.V., con la finalidad de establecer y hacer públicos los elementos técnicos para que la empresa antes citada, haya cumplido con el artículo sexto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y no fuera necesario la Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental.

TERCERO.- El Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente haga públicos los resultados técnicos, entendiéndose: tipo de instalaciones, número de especímenes, comportamientos de ejemplares, manejo de especies, entre otros, del Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.






Se recibió del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo relativo a la verificación de los delfinarios a nivel nacional, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA VERIFICACION DE LOS DELFINARIOS A NIVEL NACIONAL

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Carlos Alberto Puente Salas, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LA VERIFICACION DE LOS DELFINARIOS A NIVEL NACIONAL, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, desde 1970 se han realizado capturas de delfines para cautiverio, en particular de la especie delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) con el objeto de exhibirlos en espacios públicos.

Derivado del crecimiento exponencial de la captura de esta y otras especies de mamíferos marinos, se reformó la Ley General de Vida Silvestre en el 2002 adicionando en el artículo 60 bis, para establecer:

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas. “

Asimismo, en el 2006, se adicionó el artículo 55 bis de la misma Ley, con la finalidad de prohibir la importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino.

Sin embargo la prohibición especifica en ambos artículos quedo abierta a los aprovechamientos extractivos que tengan como fin la “Investigación Científica”, y no existe ninguna normatividad que prohíba el encierro permanente o temporal de estos organismos para exhibición pública u otros fines asociados a su utilización.

Desafortunadamente, nuestro país ha tenido negocios muy lucrativos con el manejo de ejemplares de fauna silvestre, tal es el caso de los Delfinarios que a expensas del bienestar de los ejemplares de delfín o lobo marino, las empresas tienen ganancias muy ventajosas considerado las características técnicas en donde se ubican a los animales.

De acuerdo con el reporte sobre Delfines Cautivos en México y República Dominicana1, hasta 2008, existían 21 instalaciones operando en nuestro país con 260 delfines para exhibición, los cuales son operados por 11 compañías, siendo 4 las de mayor relevancia por el número de delfines que tienen, así como la ubicación en donde los instalan, todos en áreas turísticas costeras.

No.

Empresa

No. Delfines

1

Dolphin Discovery

83

2

Via Delphi

68

3

Dolphinaris

39

4

Dolphin Adventure

21

5

Convimar

15

6

Delfiniti Ixtapa

12

7

Delfines Interactivos

8

8

Guadalajara

6

9

Op. Nacional

4

10

Guaymas

2

11

Six Flags

2

Es de destacar que la explotación de delfines y lobos marinos es de manera de exhibición de los animales con acrobacias, en donde se simula bailar o cantar, realizan saltos y giros “espectaculares”. Desafortunadamente estos espectáculos se encuentran en crecimiento, debido a que las ganancias que se generan derivado de una actividad adicional que es el nado con delfines, socorrida por el turismo internacional.

Con las prohibiciones en la Ley General de Vida Silvestre, respecto a la captura, importación, exportación y reexportación de mamíferos marinos, es importante conocer por parte de las autoridades federales competentes, cuál es el lugar de donde provienen los ejemplares de Delfines que se encuentran en los Delfinarios. Estos sitios son considerados Unidades de Manejo para a Conservación de la Vida Silvestre y deben tener un programa de manejo de la especie.

En este sentido es importante indicar que le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la inspección y vigilancia para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Considerando el trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre bajo confinamiento, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anterior la PROFEPA, como parte del Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, integró el Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010, que tuvo como objetivo, verificar el manejo en cautiverio de cada uno de los mamíferos marinos albergados en los delfinarios existentes en el País, realizando visitas de inspección, para verificar aspectos relativos al registro de los Delfinarios como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y el cumplimiento de las condicionantes establecidas en el mismo, el plan de manejo y su cumplimiento, los informes anuales, el inventario de ejemplares actualizado, la documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares en confinamiento, su sistema de marcaje, el cumplimiento de la NOM-135-SEMARNAT-2004, para la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio

Como resultados de este Subprograma, la PROFEPA reportó que se inspeccionaron 23 delfinarios ubicados en los estados de Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, de los cualesdos son itinerantes y fueron inspeccionados en los estados de Chihuahua y Yucatán.

Asimismo, se informó que en las visitas de inspección se verificaron las condiciones para la exhibición, manejo y manutención de los delfines en cautiverio, y se verificó la legal procedencia de un total de 269 ejemplares de delfín, 7 ejemplares de lobo marino y 7 ejemplares de manatí. Sin embargo no se reportó cuales fueron los resultados particulares de dichas verificaciones, es decir el estado general de los especímenes, el trato otorgado a los mismos y las características propias de las áreas de confinamiento.

Aunado a esto, resulta de particular interés, que en estado de Quintana Rooespecíficamente en el Área Natural Protegida de Puerto Morelos, el hotel Moon Palace, a través de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A de C.V, pretende la construcción de un delfinario, situación que toma mayor importancia cuando la empresa solo presenta ante la Delegación Federal de la SEMARNAT, en el estado de Quintana Roo, el aviso de no requerimiento de autorización en materia de Impacto Ambiental por considerar que la obra solo será la reconstrucción de un muelle de madera de 50 metros que forma parte de una serie de obras llevadas a cabo en 1997. Dicho aviso se fundamenta el artículo 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en materia de Impacto Ambiental.

Sin embargo, debemos considerar que de conformidad con el artículo 28 fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico, cualquier obra o actividad en áreas naturales protegidas requiere la autorización de la manifestación de impacto ambiental y en el artículo del Reglamento no se considera en ningún momento la ampliación de las obras en áreas naturales protegidas. Adicionalmente, el Programa de Manejo del Área Natural Protegida prohíbe la construcción de muelles en la zona.

En este sentido, debemos considerar que a dicho de la población las dimensiones de la construcción en el Hotel Moon Palace, no corresponde a un muelle, sino a un delfinario. Toda vez que se realizará una pasarela de 3 metros de ancho por 330 de largo, con atraques de 6 muelles interiores que podrían utilizarse como encierros. Ante estos hechos es necesario que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la población, cuales son las razones por las cuales se avaló el aviso de no requerimiento de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental y las razones por las que la reconstrucción de un muelle de 50 metros será ampliado a 330 metros.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscriben pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta Soberanía cual es el número total de delfinarios en nuestro país y cuantos ejemplares de vida silvestre tienen registrados, así como cuantas solicitudes de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental han ingresado a esa dependencia, para la instalación de delfinarios.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha analizar el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, de fecha 22 de junio del 2012, por parte de la empresa Inmobiliaria Puerto Bonito S.A. de C.V., con la finalidad de establecer y hacer públicos los elementos técnicos para que la empresa antes citada, haya cumplido con el artículo sexto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y no fuera necesario la Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental.

TERCERO.- El Senado de la Republica del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente haga públicos los resultados técnicos, entendiéndose: tipo de instalaciones, número de especímenes, comportamientos de ejemplares, manejo de especies, entre otros, del Subprograma Nacional de Inspección a Delfinarios 2008-2010.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.






COMUNICACION

Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia remitió a esta Mesa Directiva los dictámenes a los que se refiere el punto segundo del Acuerdo que aprobamos el día 11 de octubre pasado, por el que se le encargó verificar que las personas propuestas en las ternas de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplieran los requisitos que establece el artículo 95 constitucional.

Esos dictámenes se publicarán el día de mañana y el jueves próximo en la Gaceta del Senado para su conocimiento. Los dictámenes concluyen que todos los candidatos son elegibles para el cargo.

En la sesión del próximo jueves 8, ambos dictámenes se pondrán a discusión y votación; una vez complementados esos trámites, se convocará a los tres integrantes de cada terna para que comparezcan ante esta Asamblea en esa misma sesión, a fin de cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 96 constitucional.

Cumplidas las comparecencias, inmediatamente realizaremos la votación por cédula para elegir a quienes sustituirán a los ministros que concluirán su encargo el próximo 30 de noviembre.

A continuación, se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, quien presentará un punto de Acuerdo para erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes.






PROPUESTA

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hoy pongo a consideración el siguiente punto de Acuerdo, en el interés de que en el marco del paquete económico del próximo presupuesto, se reoriente la política pública en algunos de los temas fundamentales para nuestra sociedad, y uno de ellos es el de la salud, por eso hoy vengo a plantear lo siguiente:

El tabaquismo es una enfermedad pediátrica, debido a que la mayoría de los fumadores inician durante la adolescencia el consumo de tabaco, este atrae consigo muchas patologías crónicas como son: el cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud, menciona que el consumo del tabaco afecta de la cabeza a los pies, y cobra cada 6 segundos una vida humana; así mismo, define a un fumador como: aquella persona que reportó haber fumado más de 100 cigarros.

Sin embargo, a pesar de que consumir cigarrillos de tabaco causa daños graves e irreversibles al cuerpo humano, la ciudadanía sigue con esta adicción, así lo revela la Encuesta Nacional de Adicciones.

La encuesta señala que la epidemia de tabaquismo en nuestro país prevalece, actualmente existen 17.3 millones de fumadores, provocando que el consumo de alcohol, tabaco y drogas, médicas y no médicas, prevalezca en la población de 12 a 65 años.

Al respecto, investigaciones realizadas por la Organización Mundial de Salud revelan que personas que empiezan a fumar tabaco durante la adolescencia y siguen haciéndolo durante 20 años, vivirán entre 20 y 25 años menos de aquellas que nunca probaron el cigarrillo.

Por tal razón, es de preocupar que la población juvenil tenga tan fácil acceso a la compra de un cigarrillo, y que sin mayor problema puedan acudir a alguna tienda de abarrotes y adquirirlos, por si esto fuera poco, en los puestos ambulantes y cruceros viales venden sin dificultad, a los ojos de todo mundo, cigarrillos sueltos.

Lo anterior sucede en nuestro país a pesar de que se aprobó en mayo una Ley General para Controlar el Tabaco, con la cual se pretendía prohibir la venta de cigarros sueltos, al mismo tiempo de que los menores de edad de ninguna manera tuvieran acceso a ellos.

No obstante, actualmente existen pocas sanciones hacia las personas que violan flagrantemente la venta de cigarrillos por unidad, o bien a menores de edad, lo que deja ver que nuestro país no siempre se rige bajo el imperio de la ley.

La encuesta arrojó que los infantes de 13 a 15 años de edad incrementaron la prevalencia de fumadores activos al pasar de 3.8 a 8.1 en el 2011.

Actualmente hay 1.7 millones de adolescentes de 12 a 17 años que fuman, de los cuales, 1.1 millones son hombres y 539 mil mujeres, las cifras dejan en claro que la norma jurídica en cuestión no es respetada y mucho menos vigilada por las autoridades correspondientes.

Por ello someto a esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO.- Que esta Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, envíe a esta Soberanía un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que ha realizado para minimizar el consumo de tabaco en los adolescentes.

SEGUNDO.- Que esta Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñen e impartan a los estudiantes de primaria, secundaria y de nivel medio superior, un programa exhaustivo y preciso sobre las consecuencias que trae el consumo de tabaco a temprana edad, en dicho programa se debe de preparar y fortalecer a los niños y adolescentes para que eviten o descontinúen su uso en caso de ser fumadores activos.

TERCERO.- Que esta Asamblea exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice operativos nacionales y permanentes de verificación y prevención en comercios, a fín de detener la venta de cigarrillos por unidad.

CUARTO.- Que esta Asamblea exhorte respetuosamente a las autoridades sanitarias, tanto municipales como estatales y federales, para cumplir y aplicar todas las disposiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA ERRADICAR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS ADOLESCENTES

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El tabaquismo es una enfermedad pediátrica, debido a que la mayoría de los fumadores inician durante la adolescencia el consumo de tabaco; este atrae consigo muchas patologías crónicas como son: el cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el consumo del tabaco afecta de la cabeza a los pies, y cobra cada 6,5 segundos una vida humana,1 así mismo, define a un fumador como: aquella persona que reportó haber fumado más de 100 cigarros.

Sin embargo, a pesar de que consumir cigarrillos de tabacocausa daños graves e irreversibles al cuerpo humano, la ciudadanía sigue con esta adicción, así lo revela la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA).

La encuesta señala que la epidemia de tabaquismo en nuestro país prevalece, pues actualmente existe 17.3 millones de fumadores2, provocando que el consumo de alcohol, tabaco y drogas (médicas y no médicas) prevalezca en la población de 12 a 65 años.

Al respecto, investigaciones realizadas por la OMS revelan que personas que empiezan a fumar tabaco durante la adolescencia y siguen haciéndolo durante 20 años, vivirán entre 20 y 25 años menos de aquellas que nunca probaron el cigarrillo.

Por tal razón es de preocupar que la población juvenil tenga tan fácil acceso a la compra de un cigarrillo, ya que sin mayor problema puede acudir a alguna tienda de abarrotes y adquirirlo, por si esto fuera poco, en los puestos ambulantes y cruceros viales venden sin dificultad alguna y a los ojos de todos cigarrillos sueltos.

Lo anterior sucede en nuestro país a pesar de que se aprobó en mayo de 2008 la Ley General para Controlar el Tabaco (LGCT), con la cual se pretendía prohibir la venta de cigarrillos sueltos, al mismo tiempo de que los menores de edad de ninguna manera tuvieran acceso a ellos, (artículos 16 y 17 de la LGCT).

No obstante actualmente, existen pocas sanciones hacia las personas que violan flagrantemente la venta de cigarrillos por unidad, o bien a menores de edad, lo que deja ver que nuestro país no siempre se rige bajo el imperio de la ley.

La ENA 2011 arrojó que los infantes de 13 a 15 años de edad incrementaron la prevalencia de fumadores activos al pasar de 3.8% en 2008 a 8.1% en 2011.

Actualmente hay 1.7 millones de adolescentes (de 12 a 17 años) que fuman, de los cuales 1.1 millones son hombres y 539 mil mujeres, las cifras dejan en claro que la norma jurídica en cuestión no es respetada y mucho menos vigilada por las autoridades correspondientes.

Es importante mencionar que la exposición temprana al cigarrillo, puede atraer el consumo de otras drogas; se considera al tabaco como una droga de entrada, ya que el riesgo de usar otras drogas incrementa drásticamente.

La encuesta señala que en promedio los adolecentes consumen 4.1 cigarros al día, lo cual es resultado de las pocas o nulas políticas de salud por parte de los tres niveles de gobierno.

No obstante el consumo de tabaco a temprana edad no es un tema nuevo, se tiene documentado en la Encuesta Nacional de Uso de Drogas entre la Comunidad Escolar de 1976, que la población estudiantil ya hacía uso de éste.3

Otro dato que debemos tomar en cuenta, es que con las cifras obtenidas de la ENA 2011, se deja en claro que el Plan Nacional de Salud 2007-2012 no logró cumplir todos sus objetivos en especial el de disminuir en 10% las adicciones entre los jóvenes.

Por ende, es necesario e impostergable empezar a crear políticas, programas y acciones encaminadas a retrasar el consumo del tabaco en los jóvenes, ya que es considerada la niñez y la adolescencia como las etapas de mayor riesgo para el consumo de algún tipo de droga ya sea legal o ilegal.

Los programas o políticas de salud en materia de tabaco no deben estar únicamente enfocados en brindar información sobre el consumo del cigarrillo, sino que además, deben de preparar a la juventud para rechazar y descontinuar su uso en caso de que ya sean dependientes a esté.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, envíe a esta Soberanía, un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que ha realizado para minimizar el consumo de tabaco en los adolescentes.

SEGUNDO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñen e impartan a los estudiantes de primaria, secundaria y de nivel medio superior, un programa exhaustivo y preciso sobre las consecuencias que trae el consumo de tabaco a temprana edad, en dicho programa se debe de preparar y fortalecer a los niños y adolescentes para que eviten o descontinúen su uso en caso de ser fumadores activos.

TERCERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice operativos nacionales y permanentes de verificación y prevención en comercios, afín de detener la venta de cigarrillos por unidad.

CUARTO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente a las autoridades sanitarias tanto municipales como estatales y federales, para cumplir y aplicar todas las disposiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012”.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Salud.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para preguntarle al Senador David Monreal si me permite suscribir el punto de Acuerdo con él.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador David Monreal. ¿Acepta usted la adhesión a su punto de Acuerdo?

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño)Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente la Senadora Iris Vianey.

Gracias.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

“COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

Dictamen por el que se otorga la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, en su edición 2012 al ciudadano

ERNESTO DE LA PEÑA MUÑOZ (postmortem)

Con motivo de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, que constituye –sin lugar a dudas– la máxima distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de República, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, recibió diversas postulaciones de candidatos –por parte de ciudadanos mexicanos, Universidades, organizaciones de la sociedad civil, y organismos no gubernamentales–  para ser considerados a recibir dicha presea, en su edición 2012.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 90, 94 y 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el Decreto por el que se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República; y en cumplimiento a la convocatoria emitida, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del Senador Belisario Domínguez, en el año de 1954 el Senado de la República asumió la honrosa misión de enaltecer su memoria y de rendir homenaje a sus elevadas virtudes cívicas; y, para ello, instituyó la presea que lleva su nombre, con la que desde entonces, cada año, reconoce y premia a mujeres y hombres mexicanos sobresalientes, que se hayan distinguido por sus contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas en beneficio de México o de la humanidad.

II. Con ese fin, la XLVII Legislatura aprobó un Decreto por el que se creó la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, bajo el siguiente tenor:

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia y su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.

ARTICULO SEGUNDO.- La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República constará del diploma alusivo y tejo de oro pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello, y en la que luzca el tricolor nacional. El escudo de la patria en medio de la inscripción “Estados Unidos Mexicanos.- H. Cámara de Senadores 1952-1958”, figurarán en el anverso de aquél; y la efigie del Héroe Civil Belisario Domínguez en medio de la inscripción: “Ennobleció a la patria. 7 de octubre de 1913”, quedarán grabadas en el reverso.

ARTICULO TERCERO.- La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública por la Cámara Alta del Congreso de la Unión, previo el dictamen de la comisión respectiva y la discusión de los méritos del candidato, que puede ser propuesto por el Jefe de la Nación, miembros del Poder Legislativo Federal, Legislaturas de los Estados, Universidades del País, Organizaciones Sociales o cualesquiera otras instituciones que representen el ambiente cultural de la época.
ARTICULO CUARTO.- Las medallas y los diplomas respectivos, serán impuestos y otorgados en la sesión solemne que cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia, Doctor don Belisario Domínguez”.

I. Con la finalidad de estar en condiciones de entregar la Medalla Belisario Domínguez, para efectos de las Legislaturas LXII y LXIII, el pasado 26 de septiembre del año en curso, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República sometió a consideración del Pleno de la cámara alta del H. Congreso de la Unión el Acuerdo por el que se constituyó la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, para su funcionamiento durante las Legislaturas LXII y LXIII, quedando integrada por el Senador Roberto Albores Gleason (Presidente), Senador Roberto Gil Zuarth (Secretario), y Senador Zoé Robledo Aburto (Secretario).

II. La entrega de la Medalla Belisario Domínguez constituye un acto republicano que reconoce las actividades de las mexicanas y mexicanos que se han distinguido por sus eminentes virtudes cívicas, su servicio y dedicación a nuestra patria y a todos los mexicanos, a través del conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura; o bien, por su distinguido carácter y entrega en el servicio público. Es de esta manera que cada año se revalora el profundo significado que tiene la figura del doctor y Senador chiapaneco Belisario Domínguez en la historia de México por haber afrontado con patriotismo y valentía al autoritarismo de su época, comprometiéndose con ello, de manera permanente, a favor de la democracia y con lo más altos intereses de la patria.

III. Con el otorgamiento de la Medalla se manifiesta el consenso de los Senadores, trascendiendo posiciones ideológicas o políticas para alcanzar criterios de objetividad entre los integrantes de la Comisión al momento de argumentar ideas y razones para seleccionar al recipiendario.

IV. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, presidida por el entonces Senador Manuel Velasco Coello, emitió la Convocatoria de la Medalla de Honor correspondiente a 2012; en la cual se invita a la H. Cámara de Diputados, a los Poderes Legislativos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a los partidos y asociaciones políticas nacionales; a las organizaciones; a las asociaciones de empresarios e investigadores; a los colegios y agrupaciones de profesionistas; a las universidades e instituciones de enseñanza superior; a los medios de comunicación social, y en general a todos los ciudadanos mexicanos, para que presenten las candidaturas de quienes juzguen dignos de recibir la reconocida presea en el año 2012.

V. En la misma Convocatoria se estableció que todas las postulaciones deberían remitirse a la Mesa Directiva del Senado de la República, a más tardar el 30 de septiembre del año en curso, “para efecto de analizar y discutir los méritos de las personas propuestas”.

VI. Por ello, los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, en la presente Legislatura, se han reunido en diversas ocasiones a partir del cierre de la Convocatoria, el 30 de septiembre del año en curso, y hasta la fecha, con la finalidad de analizar las propuestas remitidas.

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

VII. Al abrirse la convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2012, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas; y particulares, se dirigieron al Senado de la República para proponer a personalidades que se han distinguido por su alta labor creativa y sus contribuciones excepcionales a la política, la ciencia, el arte y la cultura, y que, por tanto, son merecedores de ser considerados para recibir esta importante presea.

VIII. En total se recibieron 75 propuestas. Sin embargo, sólo 22 cumplieron en tiempo y forma, de acuerdo con la Convocatoria. A continuación, se enlistan dichas propuestas:


Propuesta

Candidato

Motivos / Logros / Trayectoria

Promovente

1

Don Ariel Pérez Baca

• Socorrista y paramédico de la Cruz Roja Mexicana.

• Fundó la Delegación de la Cruz Roja en Atlacomulco, Estado de México, en 1974, con recursos propios.

• Ha sido Subdelegado estatal de dicha institución en al menos dos ocasiones.

• Comandante del cuerpo de socorros, ambulancias y servicios de emergencia de la Delegación de la Cruz Roja en Atlacomulco por más de 25 años, y socorrista voluntario por casi 40 años.

• Ha socorrido a miles de ciudadanos y ha expuesto su vida en la atención de cientos de accidentes y llamadas de auxilio, así como en desastres naturales, en la comunidad, la región, el estado y el país, de 1972 a la fecha.

Sr. Jesús Ariel Pérez Jiménez.
Domicilio: Calle Luis Donaldo Colosio 412, Col. 4 Milpas.
Atlacomulco, Estado de México.
Teléfono:
01712 1222117.
Celular:
722 12 03 511.

2

C.T.S. María Elena Illán Martínez

• Trabajadora social, en el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco.

• Durante su 30 años de trayectoria en el sector salud, ha sido trabajadora social, sub-jefa de trabajo social y relaciones públicas, jefa de trabajo social y jefa de gestión social.

• Por su labor altruista dentro del Hospital del Niño, ha obtenido diversos méritos y reconocimientos de talla estatal y nacional. En el 2006 se hizo acreedora de la Medalla al Mérito al Trabajador Social.

• En el 2008 inició una ardua labor de gestión con la finalidad de lograr que en el estado de Tabasco se impartiera la licenciatura en Trabajo Social. Así, en ese año la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lanzó la primer Convocatoria para impartir dicha licenciatura.

• Asimismo, formó en 2009 la Asociación de Trabajadores Sociales al Servicios de los Profesionales de la República Mexicana.

T.S. Martha Patricia Contreras Morales.
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”.
Villahermosa, Tabasco.
Tel. oficina:
1860653.

3

Don Rubén Bonifaz Nuño

• Poeta y humanista, de hondas raíces chiapanecas, aunque oriundo de Orizaba, Veracruz.

• Humanista, traductor, investigador, crítico de arte y dibujante, obtuvo la maestría y el Doctorado en Letras por la Universidad Autónoma de México.

• Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y Doctor Honoris Causa de varias universidades.

• Su obra se encuentra traducida a varios idiomas y ha merecido entre otros, los siguientes premios:

• Premio Nacional de Letras 1974.

• Diploma de Honor No. 32 del Certamen Capitalino de Roma.

• Premio Alfonso Reyes 1984.

• Fue acreedor de la Medalla “Rosario Castellanos”.

Grupo de académicos de la UNAM, encabezado por:
Dr. Alejandro J. González Acosta
Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Biblioteca y Hemeroteca Nacionales,
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Investigador Nacional, CONACYT.
Avenida Benito Juárez No. 260
Colonia Centro de Tlalpan,
México 14000, D.F.
Tel: 55 73 29 07

4

Dr. Ernesto de la Peña Muñoz

• Mexicano ejemplar que destacó como narrador, ensayista, poeta y lingüista, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y merecedor de multitud de premios como el Nacional de las Ciencias y Artes 2003, Alfonso Reyes 2008, y recientemente el Premio Internacional Menéndez Pelayo.

• Nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927 y falleció el 10 de septiembre de 2012. Fue un escritor, lingüista, políglota, académico y erudito mexicano.

• Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde cursó la carrera de Letras Clásicas, estudiando a los filósofos presocráticos, filosofía de la ciencia, idioma árabe, sánscrito y lingüística indoeuropea. En su alma mater fue traductor de griego y latín. Realizó estudios de sánscrito y chino en El Colegio de México, en la Escuela Monte Sinaí de idioma hebreo y de forma independiente realizó estudios de lenguas occidentales y orientales para lograr el conocimiento de treinta y tres idiomas. Fue un estudioso constante de los textos bíblicos.

• Fue traductor oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colaboró como tal, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en el Tribunal Fiscal de la Federación.

• Incursionó en la televisión cultural participando en varios canales, siendo conductor titular de programas en el Canal 22. Su afición y gusto por la ópera, lo llevó a realizar transmisiones por radio en la estación Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio y a realizar comentarios para el Metropolitan Opera House. Como escritor colaboró con varios diarios y revistas y fue nombrado director del Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Fundación Telmex.

• Fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 14 de enero de 1993, e ingresó el 18 de junio de ese año ocupando la silla XI. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el 12 de noviembre de 1993. Fue miembro del Consejo de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación. El 25 de octubre de 2007,3 la Academia efectuó una ceremonia en el centro de cultura Casa Lamm para rendir homenaje a sus miembros octogenarios: Guido Gómez de Silva, Margit Frenk, Ernesto de la Peña y Ruy Pérez Tamayo.4 Fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana.

• Premios y distinciones:

• Premio Xavier Villaurrutia, por la obra Las estratagemas de Dios en 1988.

• Medalla conmemorativa por los 3000 años de Jerusalén otorgada por la embajada de Israel en México.

• Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura otorgado por el gobierno federal de México, en 2003.

• Premio Internacional Alfonso Reyes otorgado por el Conaculta, el INBA, la Sociedad Alfonsina Internacional, el gobierno del estado de Nuevo León, y las editoriales Siglo XXI y Castillo en 2008.

• Medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez García entregada por Convergencia en octubre de 2009.

• Premio Nacional de Periodismo "José Pagés Llergo", en su modalidad de publicación o programa cultural por radio, por sus programas de radio Al hilo del tiempo, Música para Dios y Testimonio y celebración en 2009.

• Medalla Mozart en 2012.

• XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2012.

El Colegio de Jalisco, A.C.-
Institución educativa y de investigación en Ciencias Sociales con treinta años generando y divulgando conocimiento en el occidente de México.

 

5

 

Dr. Manuel Velasco Suárez

 

• Prominente neurólogo, neurocirujano y político mexicano, de gran prestigio nacional e internacional, originario del estado de Chiapas. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 28 de diciembre de 1914 y falleció el 2 de diciembre de 2001.

• Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Chiapas y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó la preparatoria y la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar su carrera se trasladó a la Universidad de Harvard y posteriormente a la Universidad George Washington, Washington, D.C. donde completó su especialización como neurocirujano. Además de esto a lo largo de su vida llevó a cabo estudios de antropología, sociología, cirugía, traumatología, higiene y medicina legal.

• Se desempeñó durante más de 50 años como catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, obteniendo en 1989 la Medalla al Mérito Académico y el título de Profesor Emérito. En el sector público el Dr. Velasco Suárez desempeño varios cargos, entre los que están la creación de la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación de la Secretaría de Salud de 1958 a 1964, Secretario Ejecutivo del Consejo de Salubridad General de 1988 a 1994 y desde 1994 funda y dirige la Comisión Nacional de Bioética. Su obra más recordada es la fundación en 1952 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que dirigió de 1964 a 1970 y que a partir del 21 de agosto de 1989 recibió su nombre.

• Manuel Velasco Suárez fue Gobernador del Estado de Chiapas de 1970 a 1976, distinguiéndose por su obra educativa que conllevó la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Escuela de Medicina del Estado y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste.

• Premios y reconocimientos académicos:

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas.

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos.

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Anáhuac.

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia.

• Premio Chiapas en Ciencias 1987.

• Presea al Talento y el Saber del Instituto Mexicano de Cultura.

• Premio Eduardo Liceaga.

• Diploma Dr. Clemente Robles Castillo.

• Condecoraciones internacionales:

• Orden Ricardo Moreno Cañas (Costa Rica).

• Orden Hipólito Unanue (Perú).

• Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa (Panamá).

• Orden Francisco de Miranda (Venezuela).

• Orden Estrella Roja (Yugoslavia).

• Gran Oficial de Orden al Mérito de la República Italiana (Italia).

 

Universidades de Chiapas y Senador Roberto Albores Gleason.

6

Dr. Mario Artemio Aguilar Nandayapa

• Nació en 1964, en Chiapa de Corzo, Chiapas.

• Dr. en Literatura por la Universidad de Chile (académico y escritor).

• Ha sido acreedor de múltiples reconocimientos y distinciones:

2005:

• Reconocimiento por méritos literarios. H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Reconocimiento por méritos literarios. Facultad de Humanidades, Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas.

2004:

• Premio Nacional para revistas de arte “Edmundo Valadés” a la revista Sombra de Papel, de la cual Mario Nandayapa es director. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

• Premio Estatal de Poesía Raúl Garduño, convocado por el Gobierno del estado de Chiapas.
2003:

• Premio Nacional de Poesía José Gorostiza, convocado por el Gobierno del estado de Tabasco.

• Reconocimiento por la labor como Coordinador del Taller gratuito de Poesía, Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH.

2002:

• Premio Estatal de Poesía Ydalio Huerta, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.
2000:

• Premio Regional de Poesía Rodulfo Figueroa, convocado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.

• Premio Hispanoamericano de Literatura, convocado por la Asociación Autónoma de Literatura Escribanos Españoles, Madrid, España.

• Reconocimiento por méritos literarios. Facultad de Humanidades, Campus VI, Universidad Autónoma de Chiapas.

1998:

• Premio Nacional de Proyectos Productivos de Intercomunicación Alternativa, convocado por el Instituto del Deporte y la Juventud Causa Joven.

1997:

• Premio Nacional de Investigación Dramática. Centro de Investigación dramáticas Rodolfo Usigli.

• Premio Literario Terminemos el Cuento. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Profesor Eliseo Mellanes Castellanos; Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas.

 

7

 

Mtro. Alonso Lujambio Irazábal.

 

• Extinto Senador de la República por el Partido Acción Nacional.

• Alonso Lujambio fue Licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Yale, Estados Unidos.

• Fue profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Iberoamericana (UIA). Fue director de la Licenciatura en Ciencia Política en el ITAM entre 1993 y 1996, así como de 2003 a 2005.

• Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1996 y 2003. En 2004 fue asesor de la ONU en Bagdad (Irak), para el diseño del sistema electoral utilizado en las elecciones de la Asamblea Constituyente de enero de 2005.

• Fue comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entre 2005 y 2009 y fungió como comisionado presidente de julio de 2006 a abril de 2009.

• Fue secretario de Educación Pública del 6 de abril de 2009 al 16 de marzo de 2012. El 25 de junio de 2009, se afilió al Partido Acción Nacional. El 29 de agosto de 2012 rindió protesta como senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

• El 6 de abril de 2009 fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Presidente Felipe Calderón, en sustitución de Josefina Vázquez Mota.

• Como secretario de Educación Pública, entre otros, promovió las siguientes políticas para aumentar la calidad de la educación: la conformación y activación de los Consejos Escolares de Participación Social en las escuelas públicas de educación básica del país, con el fin de fomentar la integración de la comunidad escolar a través de la participación activa de los padres de familia en la escuela de sus hijos; la reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial, a través de la cual se establece una nueva manera de distribuir los estímulos económicos del programa a los docentes, dando especial importancia al desempeño de los estudiantes; la firma del acuerdo para implementar un esquema de Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, a través del cual se llevará a cabo una evaluación a todos los maestros de escuelas públicas y privadas para definir los contenidos que deben tener los programas de formación y actualización que se les ofrece; el fomento de hábitos alimenticios saludables en los niños y niños, para lo cual se emitieron los Lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica, los cuales están en vigor desde enero de 2011; la publicación de los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora, los cuales brindan a los padres de familia una herramienta para medir el desarrollo de la competencia lectora de los niños y jóvenes.

• En 2010 fue el encargado de los festejos del bicentenario.

• En noviembre de 2011, mientras se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán debido a una insuficiencia renal severa, se le detectó mieloma múltiple en fase inicial, e inició un tratamiento para su control.8 A causa de esto, el 16 de marzo de 2012, Alonso Lujambio renunció al cargo de secretario de Educación Pública, sucediéndolo en el cargo el ex secretario de Salud José Ángel Córdova.

 

Sr. Leonardo Pontones Garibay;
Pontones y Pontones, S.C. Abogados.

 

8

 

Capitán Emilio Carranza Rodríguez

 

• El Capitán Carranza Rodríguez destacó por su alto valor militar y cívico.

• Fue formador de la conciencia nacional al dar un ejemplo de valor e iniciativa.

• Se distinguió por su espíritu altruista en bien de la humanidad y en especial es un ejemplo mexicano para la juventud al mostrar una férrea fuerza de voluntad.

• Su labor fue reconocida en México y el extranjero, y constituye un fiel testimonio de iniciativa, habilidad y tecnología.

• La aviación no es un asunto menor. Es un asunto de seguridad nacional. El reconocimiento al valor del Capitán Carranza constituye una revaloración de nuestros “ases” de la aviación y desde luego de los pilotos y tripulación aérea.

 

Señor Carlos Roger Priego Huesca y otros firmantes.

 

9

 

Lic. Horacio Labastida Muñoz

 

• Historiador, politólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ex embajador de México ante Nicaragua y colaborador de La Jornada.

• Publicado diversos libros:

• Guía bibliográfica, cronológica y temática de los debates del Senado en las sesiones públicas y secretas 1824-1853 Gu. IIJ-UNAM. 1997

• Guía hemerográfica de los debates del Senado en las sesiones públicas ordinarias y extraordinarias, 1824-1853. IIJ-UNAM. 1995.

• Las Constituciones españolas. IIJ-UNAM. 1994.

• Horacio Labastida Muñoz fue un intérprete del pensamiento de Belisario Domínguez y de todo lo que fue la Revolución Mexicana.

• Falleció en el año de 2004. Ante su muerte, el filósofo José María Pérez Gay expresó: “"No solamente fue un hombre de una sola pieza, en el sentido de ser coherente con una línea política, sino además fue un excelente analista político". A su vez, Andrés Manuel López Obrador dijo: fue “un hermano, un amigo entrañable, un hombre de principios e ideales, un hombre consecuente, progresista, patriota". Agregó: "es una pérdida lamentable, pero nos deja un legado y su ejemplo. Fue un hombre que hasta ayer estuvo luchando siempre por sus ideas. Lo queremos mucho y lo vamos a recordar siempre".

 

Sr. Jorge Labastida Quiroz.

 

10

 

Dr. Jorge Carpizo McGregor

 

• Jorge Carpizo McGregor (San Francisco de Campeche, 2 de abril de 1944 – Ciudad de México, 30 de marzo de 2012) fue un abogado, jurista y político mexicano que ocupó destacados cargos públicos, entre ellos rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador general de la República y secretario de Gobernación del gobierno mexicano.

• Jorge Carpizo McGregor fue doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador emérito de la UNAM adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sus estudios preparatorios los realizó en la Universidad La Salle de la ciudad de México (1961-1962) y la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM (1963-1968); la maestría en Derecho en The London School of Economics and Political Science (1969-1970); doctor en Derecho por la UNAM (1978).

• Se inició en la UNAM como subdirector general de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, posteriormente abogado general. También en la UNAM fue rector (durante la huelga de 1986-1987), coordinador de Humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Editorial. Durante su gestión como rector presentó el documento denominado Fortaleza y debilidad de la UNAM y basado en él, propuso una serie de reformas encaminadas a lograr la excelencia universitaria.

• De 1986 a 1989, fue presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, secretario general ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente del Bhavan de La India en México.

• Ocupó los cargos de ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia.

• Participó en 112 congresos de carácter jurídico, tanto en México como en otros países. Impartió alrededor de 150 conferencias en instituciones académicas y judiciales de México, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Honduras, Italia, Israel, Portugal, Suecia y Uruguay.

• Contribuyó en la redacción de treinta y un proyectos de reformas constitucionales y legislativas.

• Perteneció a numerosas asociaciones profesionales y académicas: entre otras, el Instituto de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de La Plata y de la Academia Brasileira de Letras Jurídicas; fue miembro asociado de la Académie Internationale de Droit Comparé; miembro honorario del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de Colombia, y miembro de la Societé de Législation Comparée de Francia.

• En su juventud fue ferviente católico y filatelista. Sus padres fueron Óscar Carpizo Berrón y Luz María McGregor Dondé.

• Falleció el 30 de marzo de 2012 en la Ciudad de México, por complicaciones médicas preoperatorias.

 

Dr. Luis Mendoza Cruz, Presidente de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigación Legislativos, A.C.

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C. Arcelia Yañiz Rosas

• Decana periodista oaxaqueña, con grandes logros durante 77 años de carrera periodística y más de diez como servidora pública.

• Impulsó la Ley General de Bibliotecas Públicas, en proceso de decreto y que convertiría a Oaxaca en el noveno estado del país en contar con una reglamentación en esta materia.

• Arcelia Yañiz Rosas nació un 18 de agosto de 1918 en la ciudad de Oaxaca. Estudió taquimecanografía y se tituló en 1934.

• A los 16 años de edad incursionó en el periodismo como coordinadora cultural de “El Oaxaqueño”, de Puebla.

• Posteriormente ingresó al también diario poblano “La Opinión”, lo que logró gracias a una entrevista que le hizo al entonces presidente de la república, general Lázaro Cárdenas del Río, de visita en ese estado.

• Colaboró además en la revista Iris de Puebla y El Mundo de Guadalajara.

• En 1953 regresó a Oaxaca y el 19 de noviembre fundó junto con Eduardo Pimentel el diario “Oaxaca Gráfico”, que duró 18 años y del que fue jefa de redacción y directora. También fundó la Revista Bellas Artes de la Escuela Oaxaqueña de Bellas Artes.

• De 1968 a 1973 editó la revista “Síntesis Gráficas”.

• En 1996 fue declarada Mujer del Año por la Mexican American Oportunity Foundation en la Conferencia Nacional de la Mujer Hispana.

• En 1998 el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez le otorgó la medalla de oro “Donají” y el diploma de Ciudadana Distinguida.

• En el 2000, ya como directora de la Biblioteca Pública Central, impulsó el Taller de Creación Literaria “Cantera Verde” y la revista del mismo nombre.

• En 2008 el gobierno de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz le entregó el Premio Estatal al Mérito Ciudadano en el Museo de Palacio.

• En enero de 2009 recibió el Premio de Periodismo Cultural “Andrés Henestrosa” otorgado por el Congreso del Estado.

• También recibió la medalla Magdalena Mondragón de los Periodistas Universitarias de México y la medalla “Andrés Henestrosa” de la Asociación de Escritores Oaxaqueños radicados en el Distrito Federal.

• Ha colaborado en la Junta de Ayuda a España, el Ateneo “Adalberto Carriedo”, la Asociación Folklórica Oaxaqueña, la Asociación de Redactores y Empleados de la Prensa, la Asociación de Periodistas Oaxaqueños y la Sociedad de Escritores Revolucionarios Oaxaqueños.

• Tomó cursos de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes con el maestro Salvador Novo.

• Una Sala de la Casa de la Cultura Oaxaqueña lleva su nombre.

• Yañiz, viuda de Gutiérrez, es madre de cuatro hijos, 12 nietos y once bisnietos.

Sr. Ángel H. Soriano Carrasco, Presidente del Club de Periodistas de Antequera, A.C.

12

Dr. Guillermo Haro Barraza

• Guillermo Haro Barraza (Ciudad de México, 21 de marzo de 1913 - Ibídem, 26 de abril de 1988), fue un astrónomo, investigador y académico mexicano. Fue uno de los miembros más jóvenes en ingresar al Colegio Nacional, contando con cuarenta años de edad.

• Creció durante la época de la Revolución mexicana. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se empezó a interesar en la astronomía y a causa de su dedicación y entusiasmo acabó siendo contratado en 1943 como asistente del recién fundado Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. Para seguir con su educación en astronomía visitó los Estados Unidos, donde trabajó desde 1943 a 1944 en el Harvard College Observatory. Colaboró como articulista para el periódico Excélsior.

• En 1967, propuso instalar un observatorio en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, y en 1970, otro en Cananea en el estado de Sonora. En 1971 fue fundador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Guillermo Haro influyó profundamente en el departamento de astronomía de México no solo por sus investigaciones astronómicas, sino también por impulsar el desarrollo de nuevas instituciones. Además determinó la dirección de las investigaciones científicas en México, apoyó nuevas líneas de investigación y estableció políticas científicas generales.

• Fue acreedor de diversos premios y reconocimientos:

• Medalla de oro Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México en 1953.

• Doctor honoris causa del Case Western Reserve University de Cleveland en 1953.

• Miembro de El Colegio Nacional de México, el 6 de julio de 1953 con el discurso En el cielo y en la tierra.

• Medalla honorífica de la Academia de Ciencias de Armenia en 1962.

• Miembro del Consejo Directivo de la American Astronomical Society de 1957 a 1960 y vicepresidente de 1960 a 1963.

• Miembro asociado de la Royal Astronomical Society de Inglaterra en 1959.

• Premio Nacional de Ciencias por el gobierno federal de México en 1963.

• Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales desde 1970.

• Medalla Lomonósov de la Academia de las ciencias de Rusia, (en su época de la Unión Soviética) en 1986.

Dr. Alberto Carramiñana Alonso, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.

 

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Armando Manzanero Canché

 

• Armando Manzanero Canché (Ticul, Yucatán, 7 de diciembre de 1935), cantautor y músico mexicano. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como "Somos novios" y "Esta tarde vi llover". Ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas.

• Fue bautizado por sus padres con el nombre de Armando Manzanero Canché. A los 8 años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.

• En 1950 compone su primera melodía titulada “Nunca en el mundo” y al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional. Poco después se convierte en el pianista acompañante de artistas tales como Pedro Vargas, Daniel Riolobos, Lucho Gatica y Raphael.

• En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 gana el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema "Cuando estoy contigo". En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco, titulado Mi primera grabación, con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracterizarán más adelante.

• En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema "Señor amor". En 1982, la canción "Corazón amigo" se lleva los honores en el Festival Yamaha. En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria artística.

• En Septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, asumió la presidencia del comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

• En 2011, el legendario cantante norteamericano Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz una versión bilingüe de "Esta tarde vi llover" (titulada en inglés "Yesterday I Heard The Rain") para su álbum superventas Duets II.

• Armando Manzanero es uno de los grandes compositores latinoamericanos de los últimos años y muchos artistas han grabado temas compuestos por él, como: Lucas Arnau, Roberto Ledesma, Roberto Carlos, Andrés Calamaro, Ana Torroja, Ana Gabriel, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Lucero, Paulina Rubio, Ricardo Montaner, Celia Cruz, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Raphael, José José y David Bisbal, además artistas de talla y reconocimiento mundial como: Vikki Carr, Perry Como, Elvis Presley, Christina Aguilera y Frank Sinatra.

 

Senadora Angélica Araujo Lara.

 

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Dr. Julián Gascón Mercado

 

• Mexicano que ha destacado por su trayectoria política, social y científica, como un hombre de ciencia y virtud en grado eminente, que ha servido a nuestra patria a lo largo de más de 60 años.

• Nació en el Ejido de El Trapichillo, municipio de Tepic, Nayarit, el 28 de enero de 1925. Realizó sus estudios universitarios como Médico Cirujano y Partero en la Facultad de Medicina de la UNAM, realizando su tesis con el tema: “La importancia de los servicios médicos en el campo.” Realizó su examen profesional en diciembre de 1952. Y realizó su especialidad en Cirugía General en el Hospital de Jesús.

• Dentro de su experiencia profesional, destaca el haber sido Jefe de Trabajo Social de la H. Junta de Asistencia Privada del D.F. de 1956 a 1962. Miembro del Consejo Superior de Salubridad del país con el Secretario del Despacho, Dr. Ignacio Morales Prieto en 1947, Jefe de los Servicios Médicos de la Industria Químico Farmacéutica, División Cloromex, de 1961 a 1963. Director de la Revista “Anales del Hospital de Jesús”, durante cerca de 20 años. Cirujano del Hospital de Jesús, durante 30 años. Presidente de la Unión de Instituciones de Asistencia Privada del D.F. y Territorios Federales (extinta) durante 6 años. Jefe de Enseñanza del Hospital de Jesús de 1974 a 1977. Jefe de los Servicios Médicos de TABAMEX de 1980 a 1987, y Presidente del Comité del INEA en el Estado de Nayarit de 1988 a 1991.

• Es precursor de la corriente del médico, político y revolucionario Dr. Gustavo Baz Prada y heredero de la obra del mismo en el Hospital de Jesús.

• Su labor en la medicina, sólo ha sido interrumpida por su vocación de servicio en el ámbito de la política, destacando los siguientes cargos:

• Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit de 1964 a 1970.

• Senador de la República por el Estado de Nayarit en la LIV Legislatura y Presidente de la Comisión de Salud en la misma.

• Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del CEN de la Confederación Nacional Campesina.

• Secretario de Salud y Seguridad Social del CEN de la Confederación Nacional Campesina.

• Durante su gestión como Gobernador del Estado de Nayarit, fundó y construyó en su mayor parte la Universidad Autónoma de Nayarit en 1969, la cual cuenta hoy con 15 preparatorias, 25 facultades y una población de más de 26 mil estudiantes; y dio un gran impulso al desarrollo agrario de su natal estado. Igualmente durante su gestión se crea el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo.

• A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como Profesor Titular de Cirugía y Sociología Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 38 años, siendo fundador de la escuela de Enfermería del Hospital de Jesús en 1963.

• Es autor de más de 58 publicaciones sobre medicina, poesía, historia, y narrativa, entre las que destacan “Más allá de la vida”, libro dedicado al Hospital de Jesús, primer nosocomio del Continente Americano y tercero del mundo. Adicionalmente, es coautor junto con el Maestro Dr. Gustavo Baz del libro “Cirugía” que se publicó en 1963 para la enseñanza de la materia.

• El Dr. Julián Gascón Mercado ha sido reconocido por diversas instituciones, entre las que sobresalen:

• En agosto 17 de 2009, el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, le hizo un reconocimiento por su trayectoria como médico, escritor y político.

• El Cabildo del Municipio de Tepic en 2008, puso su nombre entre los nayaritas distinguidos.

• El 30 de junio de 2007, la Universidad Autónoma de Nayarit le otorgó el Título “Dr. HONORIS CAUSA” como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y académica al servicio de la sociedad y de manera particular a la Universidad Autónoma de Nayarit.

• Recibió el 5 de mayo de 2006, la Presea “Dr. Valentín Gómez Farías” de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la que es miembro.

 

Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, y Margarita Flores Sánchez.

 

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Ruy Pérez Tamayo

 

• Nació en Tampico, Tamaulipas, 8 de noviembre de 1924.

• Es un médico patólogo e inmunólogo, investigador, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional. Fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974.

• Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la licenciatura en medicina en 1950. Se especializó después en patología, con estudios que realizó a través de una beca de la Fundación Kellogg en la Escuela de Medicina de la Universidad Washington en San Luis de 1950 a 1952. Al regresar a México realizó estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología de 1953 a 1954. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional realizó un doctorado en inmunología de 1968 a 1973.

• Fue fundador de la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de su Alma mater, la cual dirigió por quince años. Desde 1958 ha sido catedrático de patología, y con más de cincuenta y ocho años de ejercer la docencia fue nombrado profesor emérito. Es además jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el Hospital General de México. Durante diez años perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM. Ha dado cursos y conferencias en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Washington, en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Yale, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Estatal de Colorado, en la Universidad de Guatemala, en la Universidad de Kansas, en la Universidad de Johns Hopkins, en la Universidad de Rochester, en la Universidad de Howard, en la Universidad de Harvard, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Ginebra, y en la Fundación Jiménez Díaz.

• El 27 de noviembre de 1980 ingresó a El Colegio Nacional con el discurso Un fantasma en el siglo XX, el cual fue contestado por el doctor Jesús Kumate. Fue acreedor de la beca Guggenheim durante 1985 y 1986. El 13 de noviembre de 1986 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomó posesión el 23 de abril de 1987 y ocupó la silla VIII, además de lo cual es secretario de la Comisión de Consultas y director adjunto desde el 2001. El 25 de octubre del 2007 la Academia efectuó una ceremonia en el centro de cultura Casa Lamm para rendir homenaje a sus miembros octagenarios: Guido Gómez de Silva, Margit Frenk, Ernesto de la Peña y el propio Ruy Pérez Tamayo.

• Es miembro de diversas agrupaciones y sociedades científicas, entre las que sobresalen:

• La Academia de la Investigación Científica de México

• La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina

• La Asociación Estadounidense de Patólogos y Bacteriólogos

• El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República

• Investigador Nacional de Excelencia del Sistema Nacional de Investigadores.

• Miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana.

• El comité editorial de ciencia y tecnología del Fondo de Cultura Económica, editorial que ha publicado muchas de sus obras y que creó incluso un premio en su honor.

• Sus trabajos de investigación se han centrado en los mecanismos de las enfermedades y los aspectos patológicos, donde destaca la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización de heridas, el mesotelioma pleural, la amebiasis cutánea, la criptococosis, el enfisema bronquiolar y el mesotelioma peritoneal. Ha realizado contribuciones para la comprensión de los mecanismos humorales del hiperesplenismo, así como de la patogenia en la cirrosis hepática.

• Ha sido acreedor de múltiples premios y distinciones, entre las que destacan:

• Premio Nacional de Ciencias por el Gobierno Federal de México en 1974

• Premio Miguel Otero por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1979

• Premio Luis Elizondo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1979

• Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Yucatán en 1980

• Premio Aída Weiss en 1986 por su investigación en cáncer, otorgado por la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM.

• Premio Rohrer en 1988

• Doctor honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1993

• Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina

• Presea José María Luis Mora en reconocimiento a su trayectoria académica por el Estado de México en 2002

• Condecoración Eduardo Liceaga por el Consejo de Salubridad General en 2005

• Premio Elías Sourasky otorgado por Funsalud en 2005

• Premio Juchimán de Plata en el campo de la ciencia y tecnología en 2005.

 

Universidad Autónoma de Tamaulipas.

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Eraclio Zepeda

• Eraclio Zepeda es un escritor, poeta y novelista político mexicano. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1937. Cursó el bachillerato en la Universidad Militarizada Latinoamericana, donde formó un círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida, Jaime Augusto Shelley y Nils Castro. Estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana, lo que le hizo unirse a grupos políticos de izquierda, lo que se refleja sus obras literarias.

• En 1960 asistió al 1er. Congreso Latinoamericano de Juventudes en Cuba y, cuando la Invasión de Bahía de Cochinos, al igual que Lázaro Cárdenas del Río, se alistó como soldado junto con Carlos Jurado, Nils Castro y Roque Dalton, designándosele oficial responsable de la Compañía Especial de Combate.

• Fue profesor de la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas en 1957, de la Escuela de Derecho de esa misma ciudad, de la Universidad Veracruzana de 1958 a 1960, de la Universidad de Oriente, en Cuba en 1961 y un año más tarde de la Universidad de La Habana, de la Escuela de Instructores de Arte de La Habana, del Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín.

• Eraclio Zepeda fue creador del grupo de orientación campesina de la CONASUPO en 1967, fundando el Teatro de Orientación Campesina, donde habría de producir la radionovela San Martín de la Piedra y fundado el periódico mural El Correo Campesino.

• Participó en una serie de movimientos en contra del gobernador de Chiapas Efraín Aranda Osorio pues éste había aplicado el delito de disolución social. De 1958 a 1959, fue militante del Partido Obrero Campesino, para luego pasar al Partido Comunista Mexicano, partido en que sería militante de 1969 a 1981. En el PCM, fue miembro del comité central y de la comisión política y corresponsal en Moscú del órgano La Voz de México.

• Fue cofundador y miembro del comité central del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista, siendo precandidato a la Presidencia y candidato a senador por Chiapas. Fue diputado federal por el PSUM en la LIII Legislatura del Congreso de la Unión de México. En 1989, fue cofundador y miembro de la comisión de garantías del Partido de la Revolución Democrática.

• Ha sido acreedor de los siguientes reconocimientos:

• Medalla Conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en 1980.

• Premio Xavier Villaurrutia por Andando el tiempo en 1982.

• Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, desde 1994.

Beatriz Rudolf
Av. 15 de mayo 149-21
Fracc. Los Cipreses
72130, Puebla, Pue.
(222) 224 03 75

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Gabriel
Zaid Reynolds

• Nació el 24 de enero de 1934 en Monterrey Nuevo León.

• Su formación académica la llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey obteniendo así el titulo de ingeniero mecánico administrador en 1955.

• Poeta y ensayista mexicano cuyos trabajos fueron reconocidos por la sociedad mexicana.

• En lo tocante a su obra como ensayista, se ha destacado por abarcar desde el ámbito cultural hasta la organización de las calles, colonias y zonas postales de laCiudad de México.

• Tuvo participación en el ámbito de las esferas políticas y sociales de las cuales hace claras denuncias de las ideas preconcebidas y prejuicios en general que afectan el devenir de dichos ámbitos, como los lazos entre las élites gubernamentales y las casas de educación superior, el desgaste del aparato burocrático del el modelo económico mexicano, la distribución editorial, o la necesidad de replantear las prioridades de la vida. La principal cualidad de su prosa es que fundamenta sus argumentos antes de emitir un juicio.

• En 1972 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia por su ensayo Leer Poesía.

• Es miembro de El Colegio Nacional desde 1984.

• El 20 de marzo de 1986 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua tomó posesión de la silla XVI el 14 de septiembre de 1989, renunció a su puesto el 25 de noviembre de 2002.

Senador Roberto Gil Zuarth.

 

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Cristina Pacheco

 

• Nace el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe, Guanajuato.

• Gran periodista y escritora mexicana. Estudio la Carrera Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Inicio su labor periodística en losaños 1960, en diarios como El Popular y Novedades, en1963 colaboró en la Revista Sucesos con el seudónimo de "Juan Ángel Real", en1977 se integró al equipo de colaboradores de la revista Siempre!, publicó también entrevistas, crónicas y artículos en los periódicos El Sol de México,El Día, donde publicó la sección "Cuadrante de la Soledad" y enLa Jornada a partir de1986 donde contribuye con su sección de opinión "Mar de Historias", fue también jefa de redacción de la revista de laUNAM. Desde1980 conduce la serie de televisión "Aquí nos tocó Vivir" y Conversando con Cristina Pacheco que se transmiten semanalmente por elCanal once.

• En 1985 recibe el Premio Nacional de Periodismo.

• En 1986 recibe el Premio de la Asociación Nacional de Periodistas

• Premio Rosario Castellanos 2012.

• El Lince de Oro que otorga la Universidad del Valle de México.

 

Alfonso Martínez, a nombre del Club de Periodistas de México, A.C.

 

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Rosario Castellanos

 

• México D.F, 25 de mayo de 1925 – 1974.

• Narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en México.

• Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Chiapas, concretamente en Comitán, al extremo sur del territorio mexicano, lugar que influyó poderosamente en la atmósfera y estilo de sus obras.

• Hija de una importante familia de terratenientes, fue muy pronto consciente de las injusticias que impedían el progreso de los pueblos indígenas: una compresión que, junto a su carácter introvertido y unas ambiciones intelectuales “impropias” de una mujer de su época y momento histórico, le impidieron siempre sentirse integrada en la sociedad caciquil.

• Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país.

• Estudió la Maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se relacionó con Ernesto Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. Estudió también en la Universidad de Madrid con una beca del Instituto de Cultura Hispánica. Fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió durante años en el diario Excélsior, fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, así como secretaria del PEN Club.

• En su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del polvo (1948) y Lívida luz (1960), revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina.

• En los trabajos tardíos de este género, habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstumamente.

• En 1954 fue becada por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores.

• Fue una novelista, poeta, diplomática, promotora cultural mexicana que con sus múltiples trabajos y obras contribuyo al desarrollo democrático del país.

• En 1958 recibió el premio Chiapas por Balún Canán.

• En 1960 recibió el premio Xavier Villaurrutia por Ciudad Real.

• En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura.

• Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México

• En 1962 recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

• En 1967 el premio Carlos Touyet de Letras.

• En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de tres años, víctima de un accidente de aviación.

• Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía no eres tú (1972).

 

Senador Roberto Albores Gleason.

 

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Enrique Krauze Kleinbort

 

• Ciudad de México; 16 de septiembre de 1947

• Ingeniero industrial, ensayista y editor mexicano, director de la Editorial Clío, director de la revista cultural Letras Libres y miembro del consejo de administración de Televisa.

• Ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1965 a 1969.

• El doctorado en Historia en El Colegio de México de 1969 a 1974.

• Profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México en 1977.

• Profesor invitado en el St. Anthony's College de Oxford, de octubre a diciembre en 1981 y en 1983.

• Profesor invitado en The Wilson Center, de octubre a diciembre de 1987.

• De 1968 a 1970 participó como consejero universitario por parte de la Facultad de Ingeniería.

• Por más de veinte años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue secretario de redacción de 1977 a 1981 y subdirector de 1981 a 1996.

• En 1992 fundó la editorial Clío, de la que es director, mismo puesto que ocupa dentro de la revista cultural Letras Libres, que fundó en 1999, con circulación en varios países de habla hispana.

 

Senador Roberto Gil Zuarth.

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Manuel Felguérez Barra

• Pintor y escultor mexicano que nació en el municipio de Valparaiso, Zacatecas en 1928.

• Realizó estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, "La Esmeralda" en 1951, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1948, en la Academia de la Grande Chaumier en París entre 1944 y 1959 y entre 1954 y 1955, en la Academia Colarossi, de París, Francia gracias a una beca del gobierno francés. Estas dos últimas resultan de suma importancia para su formación, ya que es ahí donde trabaja con el escultor francés de origen ruso Ossip Zadkine (1949-1950). Zadkine, un artista formado en el cubismo, habrá de convertirse en una de las mayores influencias para el trabajo posterior de Manuel Felguérez.

• Forma parte de la primera generación de artistas abstractos nacionales, abiertamente confrontados con la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, encabezada por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco; a la generación de la ruptura pertenecen, entre otros: Vicente Rojo, Fernando García Ponce y Lilia Carrillo, a quién había conocido con Zadkine, y con quien Felguérez se casaría en 1960, quedando viudo en 1974 cuando, tras cinco años de parálisis a causa de un aneurisma en la médula espinal muere Lilia Carrillo. Posteriormente Felguérez se casa con Mercedes Oteyza, ex esposa de Juan García Ponce

• En su trayectoria ha recibido como distinciones la Beca del gobierno Francés (1954); el Segundo Premio de Pintura en la Primera Trienal de Nueva Delhi, India (1968); el Gran Premio de Honor en la XIII Bienal de Sao Paulo, Brasil (1975) por las obras producto de El Espacio Múltiple, la Beca Guggenheim Fundación Guggenheim (1975), el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, México (1988), y en 1993 fue designado Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.

• En la década de los setenta, tras su tránsito del informalismo hacia tendencias herederas del constructivismo, Felguérez aumenta su interés por la utilización de la tecnología en la producción plástica, y realiza dos proyectos relacionados entre sí, El espacio múltiple (1973) y La Máquina Estética (1975).

• Posteriormente, a inicio de los años ochenta, abandona el trabajo con la computadora y retorna a las prácticas tradicionales, en que se desempeña hasta la fecha, oscilando siempre entre dos estilos, uno vinculado al constructivismo, y otro al expresionismo.

• En octubre de 2007, se presentó la escultura Puerta 1808 en la Ciudad de México: una de las pocas piezas en la vía pública de Felguerez. Tiene un buen equipo de informáticos, presidido por José Israel Ordaz Lugo

Senador Zoé Robledo Aburto.

 

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Carlos Montemayor

 

• Nació en Parral, Chihuahua el 13 de Junio de 1947

• Fue un gran escritor y se distinguió por su protección a las comunidades indígenas.

• Hizo los primeros estudios en Parral, y la preparatoria en la Universidad de Chihuahua. Se trasladó luego a la ciudad de México, en donde cursó la licenciatura en derecho y una maestría en letras iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Realizó estudios de lengua hebrea en El Colegio de México, y de forma paralela, de 1967 a 1976, estudió griego clásico, latín, francés, portugués, italiano e inglés.

• Colaboró como articulista para las revistas y periódicos Plural, Excélsior, Uno más uno, y La Jornada.4 Dirigió la Revista de la Universidad de 1973 a 1975, y fue fundador de la revista Casa del Tiempo de la UAM, la cual dirigió de 1980 a 1982

• Su libro Tarahumara es el compendio más completo acerca de los rarámuris de la Sierra de Chihuahua.

• Analizó el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y simpatizó con algunas de las actividades organizadas por el Subcomandante Marcos

• Falleció el 28 de febrero de 2010.

 

Senadora Dolores Padierna y Senador Zoé Robledo.

IX. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez decidió no aceptar las propuestas enviadas en fecha posterior al cierre de la Convocatoria, 30 de septiembre del año en curso; sin embargo, se les notificará a los promoventes el reconocimiento de la Comisión a cada una de sus propuestas y el derecho que tiene cada uno de ellos para ingresar sus propuestas en la siguiente Convocatoria de la Medalla, correspondiente al año 2013.

X. La Comisión que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis muy riguroso, en el cual se tomaron en consideración los logros alcanzados por cada uno de los aspirantes al galardón, así como las acciones realizadas, dentro de su especialidad; acciones como aportaciones en avance a la medicina, la salud pública, el trabajo y voluntariado social, la libertad, la verdad y las causas justas, contribuciones a las ciencias sociales, al periodismo, el Estado de derecho, la música, la poesía y la cultura, entre otras.

XI. Es muy satisfactorio para quienes suscribimos el presente dictamen constatar que todas las propuestas se han referido a muy destacados mexicanos y mexicanas, cuyas obras y vida profesional han trascendido en sus respectivos campos de actividad. Todos ellos son representantes dignos de sus aportaciones y su virtud en grado eminente e insignes ciudadanos comprometidos con el presente y futuro de nuestra patria, por lo que son merecedores de tan digno reconocimiento.

XII. Los Senadores de la República que suscriben, buscamos no sólo la mejor elección entre tan diversas y meritorias opciones, sino también el reconocimiento incuestionable, legítimo y oportuno del galardonado.
XIII. Considerando que la Medalla Belisario Domínguez se ha entregado en sus últimas ediciones a personajes de la vida política; por cuyos méritos y distinguida trayectoria –aunque desde distintas trincheras ideológicas y políticas, pero fundamentalmente con el mismo nacionalismo y amor a México– han servido al Estado mexicano, la Comisión que suscribe considera muy merecido reconocer también a aquellos que han puesto en alto a nuestra patria desde la trinchera del conocimiento, la ciencia y la cultura.

Así pues, la Medalla Belisario Domínguez es un reconocimiento no sólo a los mexicanos cuya vida y obra se circunscribe al servicio público, a la política y a su análisis, y que –con ello– han enriquecido a nuestra patria, sino también a aquellas mujeres y hombres que por su distinguida aportación a la cultura, el arte, y el humanismo, entre otros, nos recuerdan el legado de los valores de justicia, libertad y verdad que nos dejó el Senador chiapaneco, don Belisario Domínguez Palencia.

Este ha sido el espíritu de la Medalla desde su creación.

XIV. Por ello, y después de intensas deliberaciones, se logró el consenso necesario que nos permite afirmar que los galardonados reúnen una concepción integradora de los valores humanos y científicos que, a través de su labor y aportaciones a la cultura, a la política y a las ciencias sociales, han influido en la construcción del México moderno.

XV. Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de las candidaturas que se recibieron, de manera unánime, esta Comisión propone para recibir la “Medalla de Honor Belisario Domínguez” en su edición 2012, al CIUDADANO ERNESTO DE LA PEÑA MUÑOZ (postmortem), al tenor de la siguiente:

TRAYECTORIA DEL GALARDONADO

Ernesto de la Peña Muñoz, hombre de memoria portentosa, sabiduría deslumbrante y humildad sorprendente, nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927. Nació, como él dijo en una entrevista, en una biblioteca. Tiempo después, la convertiría en su hábitat, su segunda casa. Su padre volvió a casarse y se crió con la familia materna. El hermano de su madre, médico y helenista de primer orden, fue la figura que marcó su vida: la biblioteca en la cual creció, era de él y fue la que, a la postre, heredó.

Ernesto, el humanista, el políglota y polígrafo, humilde y sereno, era como la poesía joven: inconforme, inquieto, efusivo. Siempre ávido de nuevos mundos, nuevas ideas. Para él, todo lo humano no le era ajeno. Tenía una curiosidad por las creaciones del hombre como no ha habido en mucho tiempo en México. Era un “chismoso”, como él mismo solía decir cada vez que se le preguntaba el porqué tenía siempre la necesidad de aprender algo.

Nos faltarían adjetivos para describir a este gran humanista. Hombre aferrado a la vida –“porque no hay de otra”, solía decir–. Las palabras eran su embeleso. Las consideraba un punto de encuentro y desencuentro; el lugar donde la nada se redescubre y con la poesía, se vuelve verbo.

En su memoria, Vicente Quirarte escribió sobre De la Peña en la Revista de la Universidad: [don Ernesto ha sido] “una de las mentes más nobles y poderosas de nuestra ultrajada patria.”

Egresó de la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió filosofía de la ciencia, árabe, sánscrito y lingüística indoeuropea. En su afán de conocer y aferrarse al goce de lo humano, estudió tanto lenguas occidentales como orientales. Le divertía el conocimiento, goce que lo llevó a conocer 33 idiomas, de los que hablaba español, inglés, francés, italiano, alemán y, según él, “antes hablaba algo de ruso, aunque se me ha ido.”

El 14 de enero de 1993 fue elegido para ocupar la silla XI de la Academia Mexicana de la Lengua. Recibió el “Premio Nacional de Ciencias y Artes” de Lingüística y Literatura en el 2003. El “Premio Alfonso Reyes” en 2008. El Premio Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo” en 2009, por sus programas radiofónicos Al hilo del tiempo, Música para Dios y Testimonio, entre otros.
Melómano y difusor de la ópera, don Ernesto fue comentarista de la compañía y teatro de ópera “Metropolitan Opera House”, una de las mayores instituciones de la ópera mundial y la mayor institución de música clásica de los Estados Unidos.

Ernesto de la Peña, para quien Wagner era su Dios, también formó parte del Consejo de la Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. La música fue, desde sus primeros años, su gran fascinación; tanto como las letras.

Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó sus Obras reunidas, entre las que destacan: Las estratagemas de Dios, Mineralogía para intrusos, Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan (traducidos directamente del griego original), Las controversias de la fe y La rosa transfigurada. Esta última, es –como ha señalado Vicente Quirarte– “uno de los momentos más altos y deslumbrantes de nuestra prosa.”

Fue un estudioso que “dominaba cada una de las habilidades que el lenguaje exige de quienes lo utilizan, lo estudian, lo moldean, lo transforman.” Fue un asiduo conocedor de lenguas y culturas. Compartió con la humanidad otra de sus fases: la de escritor, la de poeta y cuentista, la de un febril erudito convertido en ensayista y divulgador de la cultura. Su sensibilidad era profusa, encontraba en el goce de la vida la belleza de ésta: “en su brevísima cápsula de belleza se encierra una permanencia hecha de una sola certidumbre indestructible: la de haber vivido.”

El estudio y conocimiento de la lengua era, para Don Ernesto, un vehículo de escape hacia la literatura; pues leía a Goethe, Proust, Mallarmé, Dostoievski en su lengua original; lo cual, era -para él- uno de sus más grandes placeres.

Ernesto de la Peña fue también un atinado poeta. Al igual que algunos de los contemporáneos, logró algo complejo en la historia de la poesía mexicana: crear una lírica con uniformidad de estilo, una que trasciende la vivencia inmediata. Su poesía era la poesía inconforme, siempre joven, siempre doliente y siempre hambrienta.

Cuatro días antes de morir, se le otorgó el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo, en el Colegio de México y no en el Palacio de la Magdalena en Santander, debido a su delicado estado de salud. En aquella ocasión, compartió con sus escuchas una magistral conferencia sobre el Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha.

Ernesto de la Peña falleció el pasado 10 de septiembre, dejando un vacío no sólo en las letras y la academia mexicana, también en la humanidad. Vivía en permanente asombro, guiado por el gozo estético y el humor.

La patria se alegra, hoy, al reconocer –con todas sus letras– a don Ernesto de la Peña. Recae sobre nosotros la brillantez de su eminente saber; su estudio sobre la lengua y la literatura, su dedicación para comprender los versos y libros de la Biblia, y transmitirlos con arresto y elegancia, pero –sobre todo– con reconocida humildad. Su amor a la ciencia, el arte y la cultura. Sus palabras hacen eco, hoy, entre nosotros, al entregarle esta presea; el máximo galardón que otorga el Senado de la República.

Ernesto de la Peña ha sido, con toda seguridad, uno de los más grandes mexicanos que, de forma pedagógica y humilde, pero con un profundo saber, ha difundido y comunicado la riqueza de las letras y la música universal, así como la cultura.

Don Ernesto fue, pues, un gran democratizador de la cultura y demostró que ésta no puede, ni debe, ser ajena al pueblo de México y al común de los mexicanos, sino todo lo contrario, para ser un México más libre, justo y democrático. Valores que el prócer Belisario Domínguez defendió durante su vida.
En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el Estado Mexicano ha de reconocer, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez considera que la persona idónea para recibir este galardón en su edición 2012, es el CIUDADANO ERNESTO DE LA PEÑA MUÑOZ (postmortem).

Asimismo, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez refrenda su reconocimiento a quienes no resultaron favorecidos y expresamos nuestro agradecimiento a la sociedad y organizaciones que participaron con sus propuestas.

Por los merecimientos anteriores, los integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, suscribimos el presente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2012 (postmortem), al ciudadano ERNESTO DE LA PEÑA MUÑOZ, como un justo reconocimiento del Senado de la República a su SOBRESALIENTE CONTRIBUCIÓN AL ENRIQUECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA EN MÉXICO. Y POR SER UNO DE LOS MÁS GRANDES SABIOS, HUMANISTAS, ESCRITORES Y POETAS DEL SIGLO XX MEXICANO.

SEGUNDO.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, para recordar el XCIX aniversario del sacrificio del apóstol, mártir, doctor y Senador chiapaneco Don Belisario Domínguez.

TERCERO.- Se instruye a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez a publicar la Convocatoria de la Medalla correspondiente al año 2013, y a difundirla en la página de internet del Senado de la República y demás medios electrónicos.

Dado en la Sede del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez: Sen. Roberto Armando Albores Gleason, Presidente.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Secretario.- Sen. Zoé Robledo Aburto, Secretario”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, hasta por 10 minutos.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Acudo ante esta Honorable tribuna para presentar a nombre de mis compañeros Senadores de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y del mío propio, el dictamen por el que se otorga la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, en su edición 2012.

Con motivo de dicha presea, que constituye, sin lugar a dudas, la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a los ciudadanos que se han distinguido por su ciencia y su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria y de la humanidad.

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que tengo el honor de presidir durante la presente legislatura, recibió diversas postulaciones de candidatos por parte de universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y ciudadanos, para ser considerados a recibir tal presea, en su edición 2012.
La Ley Orgánica del Congreso y en cumplimiento a la convocatoria emitida, es nuestra obligación, amigas y amigos Senadores, someter al Pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes:

Primero.- Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del Senador Belisario Domínguez, en el año 1954, el Senado de la República asumió la honrosa misión de enaltecer su memoria y rendir homenaje a sus elevadas virtudes cívicas, y para ello instituyó la presea que lleva su nombre, con la que desde entonces cada año reconoce y premia a mujeres y hombres mexicanos sobresalientes que se hayan distinguido por su ciencia y su virtud, en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad.

Segundo.- Con el otorgamiento de la Medalla se manifiesta el consenso de los Senadores, trascendiendo posiciones ideológicas o políticas, para alcanzar criterios de objetividad de entre los integrantes de la comisión, al momento de argumentar ideas y razones para seleccionar al recipiendario.

Tercero.- La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presidida por el entonces Senador Manuel Velasco Coello, emitió la convocatoria de la medalla de honor correspondiente a 2012.

Cuarto.- Los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, en la presente legislatura, nos hemos reunido en diversas ocasiones a partir del cierre de la convocatoria, que fue el 30 de septiembre, con la finalidad de analizar las propuestas remitidas.

Quinto.- En total se recibieron 75 propuestas. Sin embargo, sólo 22 cumplieron en tiempo y forma, de acuerdo con la convocatoria. Dichas propuestas se enlistan en el dictamen que ustedes tienen en su Gaceta Parlamentaria.

Sexto.- La comisión que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis muy riguroso, en el cual se tomaron en consideración los logros alcanzados por cada uno de los aspirantes al galardón.

Séptimo.- Es muy satisfactorio para quienes suscribimos el presente dictamen, y subrayo, constatar que todas las propuestas que se han referido, son de mexicanas y de mexicanos muy destacados, cuyas obras y vida profesional han trascendido en sus respectivos campos de actividad.

Octavo.- Los Senadores de la República que suscribimos, buscamos no sólo la mejor opción, la mejor elección entre las diversas y meritorias opciones, sino también el reconocimiento incuestionable, legítimo y oportuno al galardonado.

Es importante destacar, amigas y amigos Senadores, que la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, es un altísimo reconocimiento, no sólo a los mexicanos cuya vida y obra se circunscribe al servicio público, a la política y a su análisis, y con ello han enriquecido a nuestra patria, sino también, amigas y amigos Senadores, reconoce a aquellas mujeres y hombres que por su distinguida aportación a la cultura, a la ciencia, al arte, al humanismo, entre otros, nos recuerden el legado de los valores de justicia, libertad y verdad que nos dejó el Senador chiapaneco, don Belisario Domínguez.

Este ha sido el espíritu de esta Medalla, desde su creación.

Noveno.- Por ello y después de intensas deliberaciones, se logró el consenso necesario que nos permita afirmar que el galardonado reúne los valores humanos y científicos, que a través de su labor y aportaciones a la cultura y a las ciencias sociales, han influido en la construcción del México moderno.

Décimo.- Por lo anteriormente expuesto y como fruto de la valoración de las candidaturas que se recibieron, de manera unánime esta comisión propone otorgar la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, en su edición 2012, al ciudadano Ernesto de la Peña Muñoz, una condecoración post mortem, al tenor de la siguiente trayectoria:
Ernesto de la Peña Muñoz, hombre de memoria portentosa, sabiduría deslumbrante y humildad sorprendente, nació en la ciudad de México el 21 de noviembre de 1927.

Nació, como él dijo en una entrevista: en una biblioteca. Tiempo después la convertiría en su hábitat, su segunda casa.

Ernesto, el humanista, el políglota y polígrafo, humilde y sereno, era como la poesía joven: inconforme, inquieto, efusivo. Siempre ávido de nuevos mundos, nuevas ideas, para él todo lo humano no le era ajeno, tenía una curiosidad por las creaciones del hombre, como no ha habido en mucho tiempo en México. Era un “chismoso”, como él mismo solía decir cada vez que se le preguntaba el por qué tenía siempre la necesidad de aprender algo.

Nos faltarían adjetivos, amigas y amigos Senadores, para describir a este gran humanista. Hombre aferrado a la vida, porque no hay de otra, decía. Las palabras eran su embeleso, las consideraba un punto de encuentro y desencuentro; el lugar donde la nada se redescubre y con la poesía se vuelve verbo.

En su memoria, Vicente Quirarte escribió sobre Ernesto de la Peña en la Revista en la Universidad: “Don Ernesto ha sido una de las mentes más nobles y poderosas de nuestra ultrajada patria”.

Egresó de la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió filosofía de la ciencia, árabe, sánscrito y lingüística indoeuropea. En su afán de conocer y aferrarse al goce del humano, estudió tanto lenguas occidentales como orientales. Llegó a conocer 33 idiomas, de los que hablaba español, inglés, francés, italiano, alemán y según él, “antes hablaba algo de ruso, aunque se me ha ido”.

El 14 de enero de 1993 fue elegido para ocupar la XI Silla de la Academia Mexicana de la Lengua. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de Lingüística y Literatura en el 2003. El Premio “Alfonso Reyes” en 2008. El Premio Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo”. Asimismo, fue acreedor del XXVI Premio Internacional “Menéndez Pelayo”.

Ernesto de la Peña, melómano y difusor de la opera, para quien Wagner era su Dios, fue comentarista de la compañía y teatro de opera “Metropolitan Opera House”, y formó parte del Consejo de la Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó sus obras reunidas, entre las que destacan las Estratagemas de Dios, Mineralogía para Intrusos, los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las Controversias de la Fe y la Rosa Transfigurada. Esta última es, como ha señalado Vicente Quirarte, uno de los momentos más altos y deslumbrantes de nuestra poesía.

Fue un estudioso que dominaba cada una de las habilidades que el lenguaje exige de quienes lo utilizan, lo estudian, lo moldean, lo transforman. Erudito convertido en ensayista y divulgador de la cultura. Su sensibilidad era profusa, encontraba en el goce de la vida la belleza de ésta. “En su brevísima cápsula de belleza, se encierra una permanencia hecha de una sola certidumbre indestructible, la de haber vivido”.

El estudió el conocimiento de la lengua, para Don Ernesto fue un vehículo de escape hacia la literatura. Ernesto de la Peña fue también un atinado poeta, su poesía era la poesía inconforme, siempre joven, siempre doliente y siempre hambrienta.

La patria, amigas y amigos Senadores, se alegra hoy al reconocer con todas sus letras a Don Ernesto de la Peña Muñoz. Recae sobre nosotros la brillantez de su eminente saber, su estudio sobre la lengua y la literatura; su dedicación para comprender los versos y libros de la Biblia y transmitirlos con arresto y elegancia; pero sobre todo, recae entre nosotros su humildad, su amor a la ciencia, al arte y a la cultura.
Sus palabras hacen eco hoy entre nosotros. Ernesto de la Peña ha sido, con toda seguridad, uno de los más grandes mexicanos que de forma pedagógica y humilde, pero con un profundo saber, ha difundido y comunicado la riqueza de las letras y la música universal, así como la cultura.

Don Ernesto fue un gran democratizador de la cultura y demostró que ésta no puede ni debe ser ajena al pueblo de México y al común de los mexicanos; sino todo lo contrario, para ser un México más libre, justo y democrático, es fundamental impulsar y difundir la cultura, valores que el prócer Belisario Domínguez difundió durante toda su vida.

En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el Estado mexicano ha de reconocer, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez considera que la persona idónea para recibir este galardón en su edición 2012, es el ciudadano Ernesto de la Peña Muñoz, post mortem.

Por los merecimientos anteriores, los integrantes de esta comisión, el Senador Roberto Gil Zuarth, el Senador Zoé Robledo Aburto y un servidor, suscribimos el presente Acuerdo en unanimidad:

Primero.- Se confiere la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” correspondiente al año 2012, al ciudadano Ernesto de la Peña Muñoz, post mortem, como un justo reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente contribución al enriquecimiento, construcción, análisis y divulgación de la cultura en México. Y por ser uno de los más grandes sabios, humanistas, escritores y poetas del siglo XX mexicano.

Segundo.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, para recordar el sacrificio del apóstol, mártir, doctor y Senador chiapaneco Don Belisario Domínguez.

Tercero.- Se instruye a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez a publicar en breve la Convocatoria de la Medalla correspondiente al año 2013, y así difundirla en la página de Internet del Senado de la República y demás medios electrónicos.

Es cuanto, amigas y amigos Senadores.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Albores Gleason.

Para hablar y fijar el posicionamiento del PVEM, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente.

Ya suficiente ha dicho mi compañero Senador Roberto Albores explayando sobre la personalidad y sobre la trayectoria del maestro Ernesto de la Peña.

Sólo cabe resaltar que la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, en honor al prócer chiapaneco, nuestro gran héroe nacional, legislador, ejemplo, ha sido decidido por decisión unánime para este distinguido mexicano, orgulloso representante de nuestro país en el mundo, destacado en el conocimiento de la literatura, el arte de la lingüística, la filosofía y la música, como ha sido aquí ampliamente detallado.

Sólo hay que resaltar que es un amigo incansable, como aquí fue dicho, estudioso de las ciencias sociales que siempre buscaba más allá, siempre supo compartir su conocimiento en diferentes ámbitos como lo fueron en todos los detalles, como lo fueron en las aulas, en la radio y, en particular, en la televisión, en donde a mí me tocó ser compañero de él.
Para todas las generaciones, no importando que fueran niños, jóvenes y adultos. Miembro de la generación de 1927, testigo fiel de la evolución de nuestro país que le permitió comprender y expresar con gran pasión su vocación por la filosofía y por la literatura.

El maestro Ernesto de la Peña, lleno de energía y pasión por el conocimiento que lo llevó a pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua, miembro de la Real Academia Española y del Consejo de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Por más de 20 años fue locutor de programas de radio. Muchos recordamos sus intervenciones en las que compartía sus principales inquietudes sobre filosofía, teología, mitología, pensamiento religioso y cultura en general.

Que sirva de ejemplo este representante de México en el mundo. Gracias a su espíritu incansable que derivó en su gran obra literaria y filosófica, que nos queda delegado y que a muchos servirá como punto de referencia para seguir sus pasos como intelectual mexicano.

Ahora se une a la lista de galardonados y merecedores de este premio a otras personalidades e intelectuales como el poeta chiapaneco Jaime Sabines, como Carlos Fuentes, como Miguel León Portilla, entre otros.

Compañeras y compañeros, sin demeritar la trayectoria de los otros candidatos propuestos para este galardón, felicito a mis compañeros legisladores de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez por su atinada elección. Estamos y avalamos el dictamen aquí presentado.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Armando Melgar Bravo.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; ciudadanas y ciudadanos Senadores de la República:

Expreso, en primer término, un reconocimiento a todos los mexicanos que también fueron propuestos para recibir esta presea.

También quiero agradecer y reconocer la participación de todos aquellos mexicanos y mexicanas que desde distintos puntos de la República, desde diferentes instituciones, hicieron sugerencias que fueron documentadas, sugerencias objetivas y con un profundo sentido de lo que es servir a la nación. A todos ellos también nuestro reconocimiento.

Y qué bueno, qué bueno de verdad que en México haya tantos mexicanos que merecen ser reconocidos con esta presea.

Qué bueno que no nos faltan candidatos.

Qué bueno que si hubo alguna dificultad aquí en el Senado, fue para elegir entre los muchos que tenían merecimiento para este homenaje republicano.

Celebro, por supuesto, que este año el consenso haya sido a favor de don Ernesto de la Peña Muñoz. Una personalidad, sin duda, digna de nuestro gran país y un hombre que confirmó la existencia de una amplísima reserva intelectual, ética y creativa entre la población mexicana.
Don Ernesto vivió la cultura y vivió en la cultura. Tuvo el privilegio, él mismo así lo decía, de haber nacido en una biblioteca y de abrevar de los libros los momentos plásticos de la sabiduría humana.

El doctor Ernesto de la Peña forma parte de la verdadera aristocracia mexicana, la única aristocracia mexicana, la aristocracia del talento, la aristocracia de la creatividad.

Su conocimiento tutelar de los grandes textos de la humanidad fue obtenida la mayor parte de las veces, como ya se ha mencionado aquí, de la lectura directa en el idioma respectivo.

Don Ernesto hablaba en sánscrito casi igual de bien, con la misma facilidad con la que hablaba la lengua castellana.

Cuando traduce los Evangelios del griego, nos abrió una ventana no solamente para explorar las posibilidades del más allá, sino también para conocer a nuestro hermano, el hombre, tal como es.

Su conocimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, para citar solamente un ejemplo, era profundo. Y como era profundo, era sencillo y agradable.

Su texto, referente a don Quijote de la Mancha, es un referente para quienes conocen al caballero andante de manera plena. Pero también para aquellos que inician en la gran locura cervantina.

Don Ernesto de la Peña nos enseña el valor del Quijote como un libro hecho con libertad y para la libertad. Para el doctor Ernesto de la Peña ese libro es el inicio de la novela moderna, porque es el primer paso en la literatura libre y profunda.

En Cervantes, para Ernesto de la Peña, la locura es un espacio en donde puede anidar la belleza y la imaginación. En la longitud de la locura literaria se refugian las sabidurías disparatadas, pero siempre humanas.

El maestro Ernesto de la Peña convirtió la Torre de Marfil en la cima de la pirámide para contemplar desde ahí los hombres, y diseminar saberes.

Su lenguaje tenía la sencillez de la sabiduría que reclama en todo momento y en todas partes.

Ya decía, y decía bien don Alfonso Reyes, que lo que no se puede explicar con manzanas, no está claro, hablar claramente, es pensar con claridad; transmitir las ideas con sencillez es una virtud que sólo florece en los hombres realmente sabios.

Por eso, reconocemos al gran divulgador de la cultura que fue Ernesto de la Peña.

Don Belisario Domínguez, hace ya poco más de un siglo, allá en Comitán, recetaba medicinas para aliviar las dolencias humanas. Sin embargo, también entretenía a sus pacientes con pláticas sobre las maravillas que todos tenemos en el cuerpo, los invitaba a conocerse para cuidarse, y cuidarse para ser mejores.

Les hablaba de la música, y se lamentaba mucho de no poder tener habilidades musicales para hacer más amenas sus propias conversaciones. Era, sin duda, un médico humanista.

Don Ernesto de la Peña, por su parte hablaba de la otra parte de los humanos. Su trabajo fue siempre una invitación a conocer el alma de las mujeres y los hombres.

El alma que, como dijera Octavio Paz, es el pensamiento y el sentimiento de los seres humanos vivos.

Don Ernesto nos hizo siempre un llamado a conocernos con el instrumental de la sabiduría de nuestros semejantes.
Los premios que recibió, ya se relataron, fueron muchos, tuvo siempre el respeto y el aprecio de los intelectuales en varios puntos del planeta.

En ese orden, la Medalla de Honor “Belisario Domínguez Palencia” está bien otorgada a don Ernesto de la Peña. Está bien otorgada porque él fue un hombre de valores y de conocimientos altos, amplios y profundos. Honrarlo a él es honrar a Belisario Domínguez.

Don Ernesto, se sabe, ya se ha dicho, ya no está entre nosotros, pero su recuerdo y sus saberes permanecen, fueron transmitidos en tiempo oportuno y de forma adecuada.

Enhorabuena por el país y por el Senado de la República.

Enhorabuena por los mexicanos que aprecian al gran valor del conocimiento, que aprecian el gran valor de la universalidad y el humanismo para encontrar coincidencias y convertir a la pluralidad en una fuerza enriquecedora como la gran fuerza de las respuestas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Para fijar posición, a nombre del grupo parlamentario del PAN, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.

La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” fue creada para honrar a hombres y mujeres que se hubieran distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad.

Le sirve de inspiración al Senador Belisario Domínguez, liberal chiapaneco que muriera en un acto de patriotismo cívico, denunciando y oponiéndose a la usurpación del poder en manos de Victoriano Huerta.

  1. La participación política de don Belisario Domínguez comenzó con la publicación en periódicos locales en Chiapas a través de las cuales desarrolló su participación política y ancló sus reflexiones y publicó sus ideas en el uso de la palabra como instrumento de debate, pero también como evidencia de su convicción.

 

Don Belisario Domínguez se distinguió también por el ejercicio sensible y caritativo de la medicina, de la cual se desprenden anécdotas de profunda bonhomía. Bonhomía que hoy nos recuerda a don Ernesto de la Peña.

La medalla se ha entregado en varias ocasiones a mexicanos cuyo mérito ha sido evidente en las materias cívicas y políticas, pero no tantas veces a personajes cuya excepcionalidad y actividad tuvieron una repercusión en otros ámbitos de la vida social como las artes, la literatura, la filología o la filosofía.

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, ha concluido otorgar este reconocimiento a un mexicano verdaderamente excepcional.

Galardonado don Ernesto de la Peña pasa por el reconocimiento del lenguaje como punto de acuerdo y de desacuerdo, pero del lenguaje como evidencia clara de lo propio.

De las particularidades que en el ejercicio del uso se le añaden, pero también de las diferencias que en su uso se imponen.

Pasa por reconocer que el estudio de las letras, el análisis de la literatura, el ejercicio de la cultura son actividades profundamente liberadoras.
Pasa por entender la obra de don Ernesto, la crítica, la divulgación de la cultura como impulsos de libertad que se definen frente a su circunstancia histórica.

Ernesto de la Peña fue un erudito en el sentido clásico de la expresión. Fue un sabio universal, palabra, cualidad y vocación, tácticamente en desuso.

Conocedor de la historia, de la filosofía, de la teología, de la música. Un estudioso del lenguaje, de ese rasgo más primario, porque transforma nuestros impulsos en ideas y pensamientos, pero también del lenguaje que logra el entendimiento reflexivo y crítico entre diferentes y que es justamente el elemento más complejo del ser humano, como ser en sociedad.

Quien dedica su vida al entendimiento del lenguaje, dedica su vida al entendimiento del vínculo social que representa, y al mismo tiempo de las particularidades que lo constituyen.

Quien dedica su vida al estudio de la palabra, dedica su vida al estudio del ejercicio de la libertad. El lenguaje como punto de encuentro, pero también como rasgos de identidad, de carga cultural, de particularidad que sólo se entiende plenamente cuando se emite.

El lenguaje como espejo de la democracia y también de la política.

Ernesto de la Peña dominaba más de 30 idiomas, hablaba 5 de ellos a la perfección.

Fue ensayista, poeta, crítico y divulgador, todo ello en grado excepcional.

Un hombre dedicado a la cultura, entendida como la creación humana y también a su difusión.

Un hombre dedicado a la humanidad y reconocido por el ejercicio noble y humilde de la propia.

En todas sus actividades, don Ernesto demostró un compromiso incuestionable con la perfección y con su utilidad, es decir, fue un hombre que desarrolló su virtud y la puso al servicio de su comunidad.

Como todos los grandes personajes de la historia, no puede entenderse a don Ernesto de la Peña si no es en reflejo de su circunstancia histórica y a su comunidad.

Fue un hombre que en el ejercicio a sus virtudes se puso al servicio de la libertad y en el desarrollo de sus convicciones, y sirvió también a la convivencia pacífica y armónica, a la convivencia ética y estética.

Al dedicarse a la divulgación de la cultura, don Ernesto siempre cuidó no recurrir a civilizaciones para volverla accesible, al contrario, se preocupó por transmitir su esencia y las herramientas para aprenderla, lo mismo en su obra escrita como en cada una de las mesas que tanto disfrutaba.

En esa tarea sirvió con sentido de bien a la causa liberadora, emancipadora de la cultura.

La cultura, su apreciación y su ejercicio vinculan al individuo con su propia sensibilidad y también al hacerlo con su propia libertad, porque la cultura libera de prejuicios, de maniqueísmos, de aislamientos, porque al liberar al individuo de su contingencia, la cultura libera al individuo de las ataduras que le impone la ignorancia.

No puede desestimarse que el ejercicio de la creación artística necesariamente es un ejercicio de libertad ni puede obviarse que en el ejercicio del pensamiento crítico se construye y se fortalece a la democracia como forma de vida.

La palabra como idea, la palabra como encuentro, la palabra como legado y como inspiración de vida, todo eso representa don Ernesto de la Peña.
Su prodigiosa memoria, como alegoría de la historia, su prolífica obra como la herencia de cada hombre y mujer a la humanidad.

Condecorado el doctor Ernesto de la Peña, es reconocer las aportaciones de cada una de las manifestaciones de su obra y reconocer a ellas en su conjunto; es reconocer su vocación y su empeño, pero también su profunda calidad humana.

Es reconocer al lenguaje, al arte, a la filosofía, a la apreciación artística como rasgos esenciales de la libertad.

En una era, en la que la velocidad, la inmediatez, la horizontalidad, el conocimiento se han vuelto la norma, condecorar a don Ernesto de la Peña, implica reconocer admiración por su inigualable curiosidad intelectual, por una vocación por entender la actividad cultural intelectual desde un pensamiento humanista que procuraba constantemente poner al hombre y al humano como los ejes de la creación artística y científica, pero también al hombre como centro de la política.

Este reconocimiento significa reconocer a un humanismo que permitió avanzar hacia una profunda e inconmensurable profundidad, sí, pero es su sentido y el vínculo a la comunidad que servía de inspiración y de escucha.

Un país democrático tiene que escuchar sus manifestaciones culturales porque en la creación artística, la demanda, la crítica y la rebeldía se demuestran vigentes y armónicas. Es en el entorno cultural en donde adquieren fuerza y apoyo. Es ahí donde el propio individuo, en su ser y su circunstancia se asume plenamente como un ser social, como un ser en comunidad.

Esta condecoración significa reconocer el mérito y la humildad, la genialidad y la bonhomía, la libertad y la creatividad, la excelencia y la excepcionalidad de don Ernesto de la Peña, confío en que las fuerzas políticas reconoceremos en este humanista a un digno destinatario del máximo honor que este Senado puede conferir, la medalla al valor y al empeño libertario de don Belisario Domínguez.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Tiene el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del PT, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Senadores:

El honor de servir, de representar y de enaltecer a nuestro país, creo que el doctor Ernesto de la Peña hizo y logró más allá de lo que podemos hablar en esta tribuna, no voy a extenderme en hacer más explícito todo el legado que ha dejado para nosotros; este Senado ha tenido para bien el reconocer esa gran trayectoria otorgándole el máximo honor con esta Medalla Belisario Domínguez, de otro gran hombre mexicano, y que segura estoy, que esto motivará que en los siguientes días se conozca más aún de este gran hombre que como ya lo dijeron, trastocó muchos de los puntos importantes que hoy demanda nuestra patria.

El honorar y reconocerle a una trayectoria que seguirá caminando y seguirá por muchos años dejando esencia y presencia de lo que es y lo que fue. A sus 84 años creo que logró lo que a muchos de nosotros, juntando nuestras vidas, nos sería difícil de lograr y de alcanzarle.
Repito, como mexicana me siento orgullosa de un hombre que no solamente hizo trascender lo nuestro, sino que aparte nos honró y trascendió las fronteras con su trabajo.

Felicito a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez por haber otorgado este premio y también a todos quienes votaron por este galardón.

Muchas gracias.

Es todo, señor Presidente, gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara.

Para fijar posición a nombre del grupo parlamentario del PRI, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; estimados compañeros Senadores:

Hoy para el Senado es un honor hablar de un hombre de la talla de don Ernesto de la Peña, un hombre universal, Enrique Krauze escribió al respecto de Ernesto de la Peña, su prodigiosa memoria era el medio y no el fin.

“Ernesto de la Peña discriminaba información con el criterio de un humanista ilustrado: lo guiaba la curiosidad, el asombro permanente, el gozo estético y el humor. Su mente era un museo de anécdotas y parábolas culturales. Era un sibarita de las letras y las artes, y un sibarita sin más. Amaba la comida y los vinos, y tuvo musas bellísimas”. De Enrique Krauze.

Ernesto de la Peña nació el 21 de noviembre de 1927 en la ciudad de México, estudió la licenciatura en Letras Plásticas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se dedicó gran parte de su vida a estudiar tanto lenguas occidentales como orientales y dominó cerca de 30 idiomas.

Realizó estudios de sánscrito y chino en el Colegio de México en la UNAM, se desarrolló como traductor de griego y latín, era miembro del Consejo de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación.

En 1988, recibió el Premio Xavier Villaurrutia por las obras las Estratagemas de Dios, así como la medalla conmemorativa por los 300 años de Jerusalén, otorgada por la Embajada de Israel en México.

En 2003, recibió el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, entre sus obras destacan los cuentos, Las Máquinas Espirituales, La Novela, el Indeleble Caso de Borelli y obtuvo el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo debido a su labor por difundir la cultura a las nuevas generaciones.

Fue traductor oficial de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, desde el 14 de enero de 1993.

Tradujo al español obras de Anaxágoras, Paul Valéry, entre otros.

En la radio tenía un programa en la estación OPUS del IMER en los programas Al Hilo del Tiempo, Testimonios y Celebración y Música para Dios.
Fue el único colaborador mexicano de la enciclopedia Dantesca, nombrado como uno de los 17 sabios consensados por cuatro universidades de México y obtuvo el Premio Alfonso Reyes en 2008.

Este premio que hoy estamos otorgando, la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, se la otorgamos a un filósofo, a un filólogo y a un políglota, sin duda fue un hombre sabio, y lo imagino disfrutando sus lecturas, cavilando en su pensamiento, leyendo los documentos del archivo histórico y en verdad ha de haber sido una delicia el poderlo contemplar, a don Ernesto de la Peña.

Don Ernesto de la Peña Muñoz, maestro, profesor, tutor, generoso en sus conocimientos y un hombre inolvidable, un hombre inmortal, un hombre perenne para todos los mexicanos.

Quiero felicitar a quienes integran la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, a mis compañeros Roberto Albores, a Zoé Robledo y a Roberto Gil y por supuesto a quien hace la presentación de esta propuesta, al Colegio de Jalisco, a su Presidente, a don José Luis Leal Sarabia.

Creo que hablar de Enrique de la Peña es hablar del honor que merece un hombre de esta talla internacional, un mexicano excepcional y es merecedor de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, muy brevemente para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente; buenas tardes amigas y amigos Senadores:

Miren, quise hacer uso de la palabra porque tuve el honor, el privilegio, la dicha de conocer personalmente al maestro Ernesto de la Peña y a él me unía sobre todo el gusto por la ópera, por la música clásica, compartimos muchos momentos, una gran felicidad, sobre todo aprendiendo nosotros de él, y quiero, sí, dejar testimonio en esta tribuna, es una gran oportunidad de hacerlo, de que éste es un muy merecido reconocimiento a él, a su trayectoria, a su sabiduría, a su capacidad, a su inteligencia, a su sensibilidad como ser humano, como sabio, como hombre de letras, como amante de la literatura antigua, de las mejores expresiones del arte, y que tenía, sobre todo, una gran capacidad para todo lo que almacenaba de conocimiento, de sabiduría, era un políglota, hablaba 33 idiomas, entre idiomas actuales y lenguas muertas, y fue el principal traductor de textos sagrados que hemos tenido en nuestro país, un gran conocedor de los clásicos de la literatura y particularmente del Quijote de Cervantes.

La verdad es que si algo también nos dejó es su sencillez como ser humano, pero además la gran capacidad de compartir todos esos conocimientos y toda esa sabiduría con quienes estábamos cerca de una u otra manera. A Ernesto de la Peña lo vamos a echar muchísimo de menos, era un gran mexicano, amaba su patria y la amaba trabajando y divulgando el saber y el conocimiento.
María Luisa Tavernier, su esposa, fue su gran compañera y gran impulsora de toda esa creatividad que estaba por años escondida en Ernesto de la Peña, y que ella logró sacarlo adelante. Así pues, simplemente por eso dije para hechos, porque sí quiero dejar constancia, por hechos concretos que me tocó vivir cerca del maestro Ernesto de la Peña, que este Senado de la República acierta al otorgarle la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” a este excepcional mexicano, aunque sea post mortem.

Estoy convencido, aunque él no creía en la vida después de la muerte, por cierto, pero estoy convencido de que éste es un muy merecido reconocimiento y homenaje al querido maestro Ernesto de la Peña.

Es cuanto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Lozano. No habiendo más oradores en este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Será en votación económica. Nominal.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le pediría que consulte a esta Asamblea, a este cuerpo colegiado, si puede ser la votación nominal. Se ha adherido el coordinador del PRD, y con cinco Senadores basta.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Efectivamente, tal y como lo ha solicitado el Senador Emilio Gamboa, y en base a lo que señala nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos, para que sea votado este dictamen sobre la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, me permito informar a usted que se tienen registrados 100 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el dictamen. En consecuencia, el Senado de la República confiere la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” correspondiente al año 2012, post mortem, al ciudadano Ernesto de la Peña Muñoz, como un justo reconocimiento a su sobresaliente contribución, al enriquecimiento, contribución, análisis y divulgación de la cultura en México.

El Senado de la República celebrará sesión solemne para recordar el 99 aniversario del sacrificio del apóstol, mártir, doctor y Senador Don Belisario Domínguez. Comuníquese dicho Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a revisar…






PROPUESTA

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA A REVISAR Y CONMINAR A QUE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE SENADORES SE PROMUEVA Y SE RESPETE LA MEJORA AL MEDIO AMBIENTE, FOMENTANDO EL USO DE MATERIAL RECICLABLE

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA H. MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, al tenor de los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A raíz de las reformas constitucionales publicadas en el mes de junio de 2011, las autoridades en cualquier ámbito, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a un ambiente sano.

Lo anterior, tiene concordancia con los artículos 1 y 4 Constitucionales, de los cuales se desprende la obligación de atender el medio ambiente, por lo que a fin de que se cumpla con la norma suprema, se somete el presente punto de acuerdo, tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es derecho de los senadores presentar proposiciones, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO. Que los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria otorgan a toda persona el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que ésta H. Soberanía está obligada a garantizar a toda persona que se encuentre dentro de sus instalaciones un ambiente sano.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO. Se instruye respetuosamente a las y los Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en forma expresa su consentimiento para que la Mesa Directiva instruya a la Secretaria General de Servicios Administrativos del Senado de la República, para que se conmine a dejar de usar el material conocido como unicel en cualquier modalidad tales como vasos, platos y cubiertos.

SEGUNDO. Se instruya para que se utilicen y coloquen dentro de las áreas comunes, así como dentro de las oficinas de cada uno de los senadores, contenedores con leyendas e ilustraciones de RECICLABE y NO RECICLABLE, con el fin de que se separe la basura por su consistencia en orgánica o inorgánica.

TERCERO. Se instruye respetuosamente a las y los Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en forma expresa su consentimiento para que la Mesa Directiva instruya a la Secretaria General de Servicios Administrativos del Senado de la República, para que en la próxima adquisición de papel se solicite dentro las especificaciones de compra, un porcentaje de papelería reciclable y se conmine a dejar de usar el material conocido como unicel en cualquier modalidad tales como vasos, platos y cubiertos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Layda Elena Sansores San Román”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Layda Sansores. Tomamos nota en la Mesa Directiva de la inquietud manifestada y formalmente la turnamos a la Mesa Directiva.

Compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 8 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:50 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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