Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 21

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 31 de Octubre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:23 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 31 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y siete minutos del día martes treinta de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, solicito un minuto de silencio en memoria del Dr. Humberto Napoleón Flores Padilla.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinticinco de octubre de 2012.

(Acuerdo Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar las respuestas a las preguntas quese le formularon en el contexto del vi Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del Gobierno Federal, con relación a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (Acta).- Intervino la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI. Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo de Premiación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio por el que informa de la realización y actividades de la primera sesión ordinaria del Consejo, el pasado lunes 23 de octubre.- Quedó de enterado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos relativo al procedimiento que debe seguirse para ocupar la vacante existente en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez Ortega.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos relativo al procedimiento de sustitución de los dos integrantes de mayor antigüedad en el cargo honorario de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyectode Decreto que reforma y adiciona la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental, para transparentary armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo de la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, en relación con las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justiciade la Nación presentadas por el Ejecutivo Federal.- Se remitió a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que diversos ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se remitió a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanosy el Gobierno de la República Popular Chinasobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, eltres de septiembre de dos mil doce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación,Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el quince de octubre de dos mil doce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación,Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstruccióny Desarrollo (BERD), adoptadas en Londres eltreinta de septiembre de dos mil once.- Se turnóa las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la Ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia.

 

Se recibió del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., oficio con el que remite, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012, Informe Final de Evaluación Externa en materiade Procesos, realizada conforme a los términosde referencia, a los programas F006-Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentarla Inclusión Financiera; F033-Fortalecimiento dela Infraestructura Bancaria; y U010-Programa deApoyo para Fomentar la Inclusión Financiera yel Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, "Héroe de Nacozari", a realizarse el miércoles 7 de noviembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadores Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se adiciona el artículo 215 Bis y se reforma el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes dela Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Quedaron de primera lectura.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, conpunto de Acuerdo por el que se da por concluida la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a cumplimentar la integración de sus comisiones de dictamen.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2013 asigne una partida para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia y Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para considerar el suicidio como un problema de salud pública.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologistade México, con punto de Acuerdo relativo al 67 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, presente un informe detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión del Estado Mexicano a sumarse a la lucha contra la discriminación, en el marco del 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públicaa considerar la inclusión de los municipios de Etchnojoa, Huatabampo y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Mely Romero Celis, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal tome medidas efectivas para evitar la especulación del precio del huevo.- Se turnó a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Rural.

 

Los Grupos Parlamentarios, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos causados por el Huracán Sandy.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón del PAN; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Ninfa Salinas Sada del PVEM; y Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo con relación al reporte sobre discriminación 2012, realizado por el Consejo Nacional paraPrevenir la Discriminación.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Adriana Dávila Fernández del PAN; Lucero Saldaña Pérez del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal responda las preguntas parlamentarias formuladas con motivo del VI Informe de Gobierno, en cumplimiento a los plazos constitucionales establecidos.- El Presidente de laMesa Directiva informó que este día se aprobó el Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar las respuestas a las preguntas que se le formularon en el contexto del vi Informe de Gobierno, por lo que la propuesta del Senador Torres se mantendría en la Mesa Directiva y se le daría el seguimiento correspondiente.

 

La Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que solicita que el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Educación Pública diseñen una estrategia integral dirigida a las niñas, niños y adolescentes para prevenir y erradicar la práctica del denominado Sexting.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez y Armando Ríos Piter, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República la extradición del agente de la patrulla fronteriza responsable de la muerte del joven José Antonio Elena Rodríguez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

El Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de José Guadalupe Posada y se realicen diversos festejos con motivo de la conmemoración de su centésimo aniversario luctuoso.- Se turnó a la Comisión de Cultura el primer resolutivo y a la Junta de Coordinación Política el segundo de éstos.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue al Instituto Mexicano de Cinematografía los 80 millones depesos que, de conformidad con el artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se destinaron para la distribución de películas cinematográficas nacionales.- Se turnó a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsidere incrementar, en favor de los pasajeros mexicanosque ingresan a territorio nacional, la franquicia de importación de mercancías a las que se refiere el apartado 3.2.3., de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a informar respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes en México en los últimos seis años.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a establecer mesas de diálogo con la Asociación Nacional de Guarderías para analizar su problemática y los contratos de prestación de este servicio en México.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron las Senadoras: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; María Elena Barrera Tapia del PVEM; e Ivonne Liliana Álvarez García del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo Federal a realizar los estudios y acciones conducentes para la expropiación de los predios enclavados en el polígono de declaratoria de protección del bosque "La Primavera", ubicado enlas inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, Jal., como una medida de utilidadpública necesaria para su protección, restauración y conservación.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Efeméride)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride por el que se expresa la solidaridad del Senado Mexicano a los países afectados por el paso del huracán "Sandy".- Se insertó en el Diario de la Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diecisiete minutos y citó a la siguiente el miércoles treinta y uno de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite la propuesta del Plan de Trabajo de dicha comisión, aprobada el 30 de octubre del año en curso.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a Washington, D.C. y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 23 al 26 de septiembre de 2012.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2961/12

México, D.F., 30 de octubre de 2012

CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1439/12, la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, a Washington, D.C., y la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 23 al 26 de septiembre de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012; la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2012; información sobre la recaudación federal participable; e información por el que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que se informa de la situación en que se encuentra el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, en respuesta a comunicación del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, remitida el pasado 17 de octubre.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a ustedes que esta comunicación está disponible en el monitor de sus escaños.

En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre de las Senadoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMALA FRACCION XIII DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre de las CC. Senadoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género)

- La C. Senador María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Vengo ante esta tribuna en representación de las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete, Mónica Arriola Gordillo y la de la voz, a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Una de las transformaciones más significativas de las últimas décadas es la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional.

En materia de igualdad de género, México ha avanzado notablemente, hoy existen diversos compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, entre los que podemos mencionar los siguientes:

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".

La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer el Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1962).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966.

Los Resolutivos y Recomendaciones derivados de las cuatro Conferencias Internacionales sobre la Mujer: México 1975; Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Beijing 1995, mediante los cuales México se comprometió a instrumentar leyes, programas y políticas públicas que contengan una perspectiva de género.

En el marco jurídico nacional existen diversos ordenamientos que resguardan la igualdad de género, tales como:

El artículo 1o., 4o. y 123 de nuestra Constitución Política.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sin embargo, pese a la gran cantidad de normatividad internacional y nacional adoptada, continúa existiendo una marcada confusión en la aplicación, utilización y conceptualización de la igualdad y la equidad.

En los meses previos a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo verificativo en 1995 en Pekín, así como el desarrollo de la misma, comenzó la discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad, finalmente, la postura del Caucus de Derechos Humanos en Pekín prevaleció obteniendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se mantuviera el término de igualdad.

Pese a lo anterior, en gran parte de los países de habla hispana no ocurrió lo mismo, y en muchos casos se sustituyó el término “igualdad” por el de “equidad”.

En este sentido, es importante destacar que la igualdad y la equidad no son términos equivalentes, ni sinónimos, porque la equidad no exige eliminar las desigualdades y discriminaciones que existen contra las mujeres.

Como lo señala Evangelina García Prince, para conocer la diferencia entre estos conceptos es trascendental considerar el significado de la igualdad en las tres perspectivas que más comúnmente están presentes en el discurso sobre esta temática; la igualdad como principio, la igualdad como derecho y la igualdad como concepto.

La igualdad como derecho está garantizada y respaldada por el Estado en su marco jurídico, y dota a las personas de fundamentos legales para exigir trato de ciudadano equivalente en su acción frente a los poderes públicos, en los instrumentos y en todas las instancias de la acción pública.

En relación a la equidad, ésta se hace presente en el trato que se brinda a las necesidades e intereses de las personas que son diversas o diferentes. La equidad se hace posible cuando, basado en la consideración justa de las necesidades e intereses que existen por la diferencia, se da un trato justo, que permite lograr la igualdad de derechos y que se expresen en los mismos hechos.

En relación con lo anterior, el Comité de la CEDAW, ha recordado a los Estados Parte que su obligación legal es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y no implementar planes y políticas de equidad de género, ya que pueden llevar a una profundización de la desigualdad entre los sexos porque la equidad no exige eliminar las discrepancias que existen contra las mujeres.

Dicho comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado Parte se utiliza el término equidad.

Además de que es importante que se entienda a la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad, lo anterior fundamenta el objeto de la presente iniciativa que pretende modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de sustituir la denominación actual de la Comisión de Equidad de Género del Senado de la República, por la de Comisión para la Igualdad de Género. Con la aprobación del proyecto en cuestión, se dará cumplimiento a lo citado por el Comité de la CEDAW, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, así como a las disposiciones previstas en los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que postulan la igualdad como principio, la igualdad entre mujeres y hombres y la jerarquización de leyes respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto al Pleno de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Unico.- Se reforma la fracción XIII del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 90.

Las comisiones ordinarias serán las de:

XIII. Para la Igualdad de Género.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su apoyo y atención.

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Pineda Gochi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenos días, señor Presidente; buenos días Senadoras y Senadores:

Creo que es importante refrendar que la reforma en materia de derechos humanos en el artículo 1º constitucional, reviste un nuevo marco jurídico que es importante seguir atendiendo porque hay un proceso de mayor protección a los derechos humanos de todas las personas.

En particular, esta iniciativa está inscrita en proteger el tiempo más posible a las personas menores de 18 años de edad, y en tal sentido creo que el Congreso mexicano tiene que avanzar, no quedarse a la saga como es el caso respecto de la protección de niñas, niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo.

La reforma que hoy pongo a consideración de esta Soberanía para que sea turnada a comisiones, refiere a que se eleve la edad de admisión al trabajo de 14 años a 15 años.

Hay una serie de convenios desde la Organización Internacional del Trabajo. Hemos insistido que uno de ellos, el Convenio 138 de la OIT, pueda ser enviado por el Ejecutivo, porque somos el único país en el Continente Americano que no lo ha refrendado. Pero yo creo que el avance en nuestra Constitución para lograr que se suba la edad de admisión al trabajo de niñas y niños a 15 años, va encaminada justamente a cumplir con estos compromisos internacionales que debemos atender como parte del derecho internacional de los derechos humanos.

Puedo mencionar de manera muy particular que nuestra Constitución, además del artículo 1o. constitucional, también tomó consideración de uno de los principios más relevantes de protección de los derechos humanos que es el interés superior de la niñez que está inscrito ahora también en el artículo 4o. constitucional.

Yo creo que si el Senado de la República avanza en seguir logrando estos procesos de reformas garantistas, vamos a poder incidir, realmente yo estoy convencida de eso, en que el país pueda caminar hacia lograr mayor gobernabilidad, hacia lograr mejores condiciones de desarrollo para las personas, en este caso menores de 18 años de edad.

Yo insisto mucho en el tema porque las personas que trabajan, por desgracia, que son pequeñas, son las personas más desprotegidas, más marginadas. Y yo insisto mucho, de veras, estoy convencida de eso, que tenemos qué visibilizarlas y tenemos qué atenderlas.

Dejo la iniciativa para que siga el curso en comisiones.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, APARTADO A, DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos1, del 10 de junio de 2011, el artículo 1º constitucional reviste un nuevo marco jurídico de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Este es el artículo rector en donde queda plasmado el principio pro persona; de modo tal que, se obliga a todas las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, no sólo de los que, como tales, están reconocidos en nuestra Constitución, sino también de aquellos que -quizá a veces con mayor amplitud o detalle- están tutelados en los tratados internacionales que el país ha ratificado.

De igual forma, el principio de interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional, obliga que en todas las decisiones y actuaciones del Estado mexicano se garanticen de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, nuestro país debe observar obligaciones específicas para garantizar la protección de la niñez en el ámbito laboral; entre ellas, la relativa a establecer una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil, elevando la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de las personas menores de edad.

Entre los instrumentos que obligan a establecer una edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, se observan los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo:

• Convenio Número 58 (revisado) sobre la edad mínima en la admisión del trabajo marítimo; establece la edad mínima en 15 años. Ratificado el 18 de julio de 1952.

• Convenio Número 123 sobre la edad mínima en la admisión del trabajo subterráneo; establece la edad mínima en 16 años. Ratificado el 29 de agosto de 1968.

Sobre esta misma obligación se encuentran pendientes de ratificar los siguientes convenios:

• Convenio Número 59 (revisado) sobre la edad mínima en la admisión al trabajo de la industria; establece la edad mínima en 15 años.

• Convenio Número 60 (revisado) sobre la edad mínima en la admisión de los trabajos no industriales; establece la edad mínima en 15 años.

• Convenio Número 112 sobre la edad mínima en la admisión del trabajo de los pescadores; establece la edad mínima en 15 años.

Finalmente, el Convenio Número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo establece como obligación que la edad mínima para la admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

Sobre este último Convenio es importante resaltar que México es el único país de América Latina que falta por ratificarlo; razón por la cual, la OIT y el UNICEF, hicieron un llamado urgente contra el trabajo infantil en el país.

De la misma manera, en el año 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de Naciones Unidas, ha recomendado al Estado mexicano ratificar el Convenio 138 de la OIT; lamentando la falta de empeño en aumentar la edad mínima de empleo de las y los niños de 14 a 16 años, de edad ya que la enseñanza obligatoria normalmente termina a los 16 años2.

Nuevamente en el año de 2006, el CDESC vuelve a recomendar a México que considere la posibilidad de ratificar el Convenio de la OIT Número 138 y que, en consecuencia, aumente la edad mínima de los 14 años hasta la edad prescrita para la finalización del ciclo de enseñanza obligatoria, que en ningún caso debe ser inferior a los 15 años.

Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2006, recomendó al gobierno mexicano que ratificara el Convenio 138 de la OIT, exhortándolo a intensificar la lucha contra el trabajo infantil4.

De lo anterior, se puede observar que hay una serie de disposiciones internacionales, algunas vinculantes para México, que buscan la protección de la infancia contra el trabajo infantil; en virtud de ello, establecen que la edad mínima para la admisión al empleo es de 15 años.

Entre las estadísticas que dan cuenta de la realidad del trabajo infantil en el país, la Facultad de Economía de la UNAM, informó que en los últimos 12 años México registró un aumento de 12 por ciento en la población de niñas, niños y adolescentes que trabajan. Sólo en el primer trimestre de 2012 se reportaron 3 millones 270 mil casos, de personas de 5 a 12 años que trabajan. De ese total, 2 millones 125 mil 500 eran del sexo masculino y 1 millón 144 mil 500 del femenino.

Uno de los sectores con el mayor número del total de personas menores que laboran en México es el agrícola, en el que se registra un aumento de 22 por ciento. Además, el 42 por ciento de niñas, niños, y adolescentes que trabajan no estudian; 38 por ciento sufre una situación inestable en la escuela, y dos de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios, en su mayoría, entre el cuarto y sexto año del nivel básico5.

Aproximadamente el 24% de las y los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: Estado de México, Jalisco y Puebla. El 52.8% se distribuye en la cuarta parte de los Estados: además de los anteriores, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato. El 23.8% de los niños y las niñas de México entre 5 y 13 años que trabajan reside en Puebla, Jalisco o Guerrero. El 52.6% se reparte en estos Estados y Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Veracruz6.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, APARTADO A, ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción III, Apartado A, delartículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a II. …

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV. a XXXI.

B.…

I. a XIV.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, México, D.F., a 31 de octubre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

1 DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 10 de junio de 2011.

2Cfr. Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con los Artículos 16 Y 17 del Pacto, CDESC, E/C.12/1/ADD.41, párrafos 22 y 38.

3Véase. Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con los Artículos 16 Y 17 del Pacto, CDESC, E/C.12/MEX/CO/4, párrafo 41.

4Véase. Examen de los Informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención, CDN, CRC/C/MEX/CO/3, párrafo 63 c.

5 Lozano Luis, Lozano Tovar David, Vázquez Jaime y Moctezuma David, integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía, UNAM. Citado en El trabajo infantil en México se incrementó un 12% en los últimos 12 años, Universia: México, 14 de junio de 2012.

6 Trabajo infantil, UNICEF, México. Disponible en Internet: http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION EN CASO DE AUSENCIA DEFINITIVA, DE LOS CONSEJEROS DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EL PERIODO POR EL QUE SERAN DESIGNADOS EN ESTOS SUPUESTOS, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano1; y, resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables. 

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder.

Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio de la función pública.

En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecen en la parte conducente:

Artículo 102.

B.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.”

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.”

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.”

Es pues, que atendiendo a los dispositivos antes señalados, la Constitución determina que los principios para que sean electos los Consejeros de este Organismo Autónomo, son los siguientes:

- Que serán electos por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, y en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

- Que La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara; y,

- Que anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Luego entonces, los principios establecidos por la Constitución, son claros en el sentido de que, los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a ser votadas, por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, deben ser determinados por la Ley de la materia; mientras qué, se deberán substituir anualmente los dos Consejeros con más antigüedad en el cargo, salvo casos de ratificación a un segundo periodo.

Por lo que, se debe acudir a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de conocer los procedimientos para la presentación de propuestas y designación de sus Consejeros, siendo así atingente que se analice lo dispuesto por los artículos 17 y18 de dicha norma Federal; en los misma solo se vislumbra:

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.”

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.”

En tales términos, podemos observar que se encuentra definidos los procedimientos para la “sustitución2” de Consejeros de mayor antigüedad, lo que se entiende como la renovación de los miembros del Consejo Consultivo, ya sea por designación o ratificación para un segundo periodo.

Por otra parte, el artículo 18 no deja claro si éste procedimiento es solamente para el caso de la renovación o también para el caso de la falta absoluta, por cualquier circunstancia, de uno o varios de los miembros del cuerpo colegiado; y, en su caso los plazos y unificacación con el proceso anual de renovación.

Ello reviste de importancia, en virtud de que en los procesos anuales, existe la posibilidad de hacer una ratificación para un segundo periodo, en cuyo caso podría presentarse la circunstancia de que todos los participantes en realidad lo estuvieran haciendo solo por uno de los espacios.

Aunado a lo anterior, no se establece el periodo que deberá cubrir el Consejero que ocupará la vacante por falta absoluta, esto es, si concluirá el periodo de aquel que dejo el espacio acéfalo o por un periodo completo.

Es así de gran importancia, que se cuente con certitud en la designación de los miembros del cuerpo Colegiado, ya que éste el encargado de:

- Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional;

- Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional;

- Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Nacional;

- Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional presente a los Poderes de la Unión;

- Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; y

- Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.

Es en tanto indispensable que la propia Ley determine de forma precisa e inexpugnable el procedimiento para la designación en caso de ausencia definitiva, de los Consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el periodo por el que serán designados.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17.- …

En caso de falta absoluta de un Consejero, se llevará el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta Ley, dentro de los 90 días siguientes a la notificación que se haga a la Cámara de Senadores del suceso; independientemente de la renovación anual a que se refiere este artículo y por procedimiento separado. Esta designación será por un periodo completo y no sólo para concluir el correspondiente al Consejero que se suple.”

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Pablo Escudero Morales”.

Tiene la palabra el Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 constitucional.

1Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

2 Según la Real Academia de la Lengua se debe entender por sustitución: “Nombramiento de heredero o legatario que se hace en reemplazo de otro nombramiento de la misma índole.” Vid. http://lema.rae.es/drae/?val=sustitucion





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL APARTADO B DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

El avance de nuestra nación en materias primordiales de importancia mayúscula de la agenda social, como el desarrollo de los derechos humanos, ha sido progresivo.

En 2011, la acertada reforma constitucional que nació por sendos proyectos presentados en la Cámara de Diputados, y que llegó a su término con mucho éxito por los encomios de los Senadores de la República y el asentamiento de la mayoría de las legislaturas en los estados de la geografía patria, incorporaron de una vez por todas la figura de los derechos humanos y sus garantías al orden jurídico mexicano en el rango de la Constitución Federal, acontecimiento inédito que originó celebraciones y algarabía en los espacios sociales en que hay un interés particular por la información relacionada con la consolidación de la vanguardia legislativa.

Nuestra Constitución, que entró en vigor en 1917, a diferencia de la de 1857, conmutó la manifestación cultural de la ciencia jurídica de reconocer los derechos fundamentales del ser humano, por la premisa de ser el Estado mexicano el que los otorga.

Por consiguiente, la reforma constitucional que recoge una nueva visión modernista del constituyente que acepta como parte intrínseca de nuestra Constitución al concepto de los derechos humanos, asociándolos de manera indisoluble con las garantías que consagra la parte dogmática de la Ley Suprema del país.

Es, indudablemente, un paso evolutivo en la transformación de la sociedad mexicana por colocarse en el ámbito de los países con una desarrollada conciencia colectiva en el mundo.

Ahora, es tiempo de valorar cuáles son las etapas consecutivas para otorgarle aplicación a los preceptos constitucionales que dan relevancia al control difuso de los derechos humanos en el territorio mexicano y que debe alcanzar la esfera jurídica individual de cada mujer y hombre de nuestra sociedad, sin interesar sus características íntimas en los aspectos físico o de idiosincrasia para procurar la integridad de cada mexicano.

Para responder los primeros cuestionamientos atinentes con el particular, es preciso atraer al intelecto la relación existente entre la eficacia de la norma escrita y su consecución en la práctica, pues su observancia guarda una especial interrelación con el dispositivo facultado para imponerla materialmente. Si ese dispositivo o autoridad falla su encomienda, la ley no trascenderá el significado de la letra y su estructura sintáctica quedará estéril ante el propósito por el que los legisladores la señalaron.

Una constante estridencia en los pasillos de los congresos de los estados en la República, se sintoniza en la voz de quienes presiden a los organismos de protección de los derechos humanos, porque saben que el tiempo inaplazable para darle resolución a los transitorios de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, les apareja atribuciones que son un sinónimo de nuevas responsabilidades por atender a cabalidad y sin titubeos para darle consistencia y razón de ser a la denominación del Capítulo I de la Constitución Federal.

Todos los titulares de las comisiones de los derechos humanos en las entidades federativas piden a los legisladores más presupuesto para operar y lograr las metas y objetivos encomendados por imperio normativo de jerarquía constitucional. ¿De qué depende que la reforma constitucional en materia de los derechos humanos, no se quede al margen de una simple discusión nacional y que sus consecuencias sean parte de la expresión de la realidad asequible a los sentidos y a la apreciación objetiva de lo cuantificable y cualitativo?

Integramente de un continente de medidas o políticas gubernamentales en la perspectiva del adelanto de que de uno de sus contenidos, seguramente aprovisionando con recursos adicionales a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades de la República, provenientes de la Federación que se sumen a los fondos de los estados que éstos asignan por virtud de su presupuesto anual de egresos en cada año de ejercicio fiscal.

Ese esquema financiero, por ejemplo, se practica en el modelo educativo a favor de las universidades públicas que reciben subsidios para su manutención. Desde luego, en esta ocasión, no puede hablarse de un subsidio, en cambio, se hace respecto de una contribución directa que se logra con el cálculo del 0.001% del total del Presupuesto de Egresos por cada entidad federativa correspondiente al año 2012, salvo el caso del Distrito Federal y el Estado de México, que por la dimensión de los recursos anuales que manejan, esa operación matemática se realiza con el 0.009 y 0.007% respectivamente.

En total, la Federación invertirá alrededor de 128 millones de pesos equivalente a un capital per cápita por mexicano de un peso, que contribuirá a la realización de los derechos humanos dándoles mayor capacidad presupuestal a las Comisiones de Derechos Humanos en los 31 estados y el Distrito Federal.

Es importante señalar que este proyecto que inicia una reforma constitucional presente el impacto presupuestal que le da certidumbre alejándolo de la ocurrencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la reforma al primer párrafo del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Angel Chico Herrera. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACIONFISCAL

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y delos CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, María Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Buenos días, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Venimos a presentar un grupo de Senadores del Partido de la Revolución Democrática, una propuesta de iniciativa de ley que modifica la Ley de Coordinación Fiscal, para un asunto que la ciudad de México ha venido pidiendo, peleando desde 1998 a la fecha, que es su incorporación al FAIS, al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, de la cual la ciudad ha sido excluida desde 1998.

La Ley de Coordinación Fiscal, el pacto fiscal que prevalece en nuestro país de principios de los 80´s, tenía un espíritu cien por ciento resarcitorio, es decir, se pedía que las entidades federativas renunciaran a sus capacidades de recaudación para que la Federación lo hiciera en lugar de ellas y les regresara los recursos que se generaran.

Es a finales de los 80’s y a principios de los 90’s, donde se empieza a cambiar la fórmula original de distribución y el criterio poblacional empieza a prevalecer, y la ciudad de México empieza a perder recursos de acuerdo con lo que debería de recibir en la fórmula original y siguiendo el espíritu de la Ley de Coordinación pactado a principios de los 80’s.

Es en 1998 cuando se generan las aportaciones. Distintos fondos que tenían que ver con los recursos de salud y educación, principalmente, producto ya de una descentralización que había venido ocurriendo. De tal manera que se incorporan a la Ley de Coordinación Fiscal: el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dentro de todos los fondos que conforman el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, en virtud de que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

El FAIS tiene dos vertientes, uno a nivel estatal y otro a nivel municipal, y los recursos se distribuyen a partir de un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal. Las aportaciones que reciben los estados y municipios, a través del FAIS, se destinan al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza en los siguientes rubros: en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

Según el CONEVAL, el FAIS es un fondo que en su distribución tiene una asociación positiva con el índice de marginación estatal de forma que recibe más recursos el estado con mayor índice de marginación.

Para esta institución, el CONEVAL, los recursos del fondo cumplen con el objetivo de financiar obras donde la incidencia de pobreza es mayor.

Desde su creación, como ya lo dijimos, al Distrito Federal se le han negado estos recursos por una cuestión estrictamente semántica, ni siquiera jurídica en el fondo, porque el nombre del fondo es que es para estados y municipios, y como la ciudad de México no se le considera un estado ni a sus demarcaciones territoriales, están siendo excluidas.

¿A cuánto asciende esa exclusión?

A este año, en valor presente, a pesos de 2010, supera los 9,224 millones de pesos; de los cuales 8,100 hubieran correspondido a delegaciones como Iztapalapa, como Milpa Alta, como Xochimilco que tienen, evidentemente, zonas, colonias de mucha pobreza.

Y también tiene que ver con el concepto de pobreza urbana. Prácticamente es un concepto que resulta nuevo si comparamos todos los estudios y enfoque que teníamos de la pobreza y los distintos fondos para enfrentarla, pues desde los 70´s para acá, y es hasta finales de los 90´s donde empezamos a hablar de pobreza urbana, y ahí es donde la ciudad de México queda excluida.

De tal manera que este hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo, no radica en que no haya brechas carenciales en base a las cuales se calculan los coeficientes del FAIS, sino que es un hecho absolutamente injusto y discrecional que ni siquiera tiene una naturaleza jurídica, es más bien semántica, que tendría que corregirse.

Mantener este estatus es claramente una inequidad que no toma en consideración las necesidades de los habitantes de la ciudad, y está en juego la posibilidad de que delegaciones políticas con niveles importantes de pobreza pudieran acceder a estos recursos.

Durante más de 10 años hemos permitido que esta injusticia siga, por razones políticas no se ha modificado la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal para que la ciudad de México tenga acceso a estos fondos.

Lo que estamos proponiendo el día de hoy, es que no afectemos la distribución actual del FAIS, y que para compensar la entrada de la Ciudad de México se amplíe mínimamente el porcentaje de la bolsa de recaudación participable para que se pueda alimentar este fondo y puedan transferirse así recursos a la ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales.

Por lo tanto, Senadores y Senadoras, presentamos esta iniciativa que esperemos que después de 12 años sea atendida.

Ayer la ciudad de México dio una muestra de que sabe manejar sus recursos financieros, de que invierte mucho, o una buena cantidad de su presupuesto, en el desarrollo de infraestructura, en un proyecto que finalmente hubo coordinación con la Federación y ha llegado a hacer la obra pública de infraestructura más grande de este sexenio, incluso a nivel nacional.

Es tiempo que le demos a la ciudad de México los recursos que se merece y empecemos por revertir esta injusticia que lleva ya más de 12 años y que evita que las delegaciones con mayores carencias tengan la oportunidad de enfrentar con más presupuesto estas necesidades.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 113 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por el C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Roberto Gil Zuarth, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, presenta a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del Artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los constantes cambios en la sociedad demandan una revisión permanente del orden jurídico para actualizar la legislación y hacer realidad el principio de un Estado democrático de derecho.

La actividad delictiva continúa aprovechando los resquicios legales que existen en detrimento de la sociedad. En consecuencia, corresponde al legislador observar las lagunas en el orden jurídico para llevar a cabo las correcciones necesarias, dando respuesta legal y cerrar la puerta a la impunidad.

Una de las leyes que ha merecido la revisión antes referida ha sido la Ley de Instituciones de Crédito, en esta ocasión nos referiremos al Artículo 113 bis, que se ubica en el Capítulo IV, “De los Delitos”, del Título Quinto “De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos”.

El tipo penal fue adicionado a la Ley en el año de 1999 para sancionar a quien en forma indebida utilizara, obtuviera, transfiriera o de cualquier otra forma, dispusiera de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito con una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

También prevé como agravante el hecho de que el sujeto activo sea funcionario o empleado de las instituciones de crédito o terceros ajenos, pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, lo que se sancionará de tres a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario.

La incorporación de dicho tipo penal se derivó de la dictaminación conjunta de diversas iniciativas presentadas en 1998 ante el Pleno de la Cámara de Diputados por parte de varios legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Trabajo y de Acción Nacional.

Destaca la Iniciativa presentada el 08 de octubre de 1998 por los CC. Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; la Ley del Mercado de Valores; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro así como el Código Penal para el Distrito Federal, el Código Penal Federal, y el Código Federal de Procedimientos Penales; en dicha Iniciativa se propuso el siguiente tipo penal:

113 C.- Al que en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las Instituciones de Crédito o Sociedades Financieras de Objeto Limitado, se le aplicará una sanción de 3 a 10 años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados de las Instituciones de Crédito o Sociedades Financieras de Objeto Limitado o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, la sanción será de 3 a 15 años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Finalmente, el texto aprobado del artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito establece como delito que:

“A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, se le aplicará una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, la sanción será de tres a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario.”

Ahora bien, como resultado de la aplicación de la ley financiera, se han originado diferentes criterios, incluso contradictorios, por parte de los órganos jurisdiccionales federales, a lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 46/2008-PS (entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en materia penal del Primer Circuito).

La Primera Sala en la citada Contradicción de Tesis para resolver que fuera competente un Juez de Distrito para conocer del delito previsto en el artículo 113 bis, cometidos por empleados de instituciones bancarias al disponer indebidamente de dinero de la bóveda transfiriéndolo a diversas cuentas bancarias, estableció ciertos criterios respecto del depósito que hacen los clientes y, al respecto consideró:

“…Sin embargo, del contenido de las ejecutorias en contienda, no se advierte que el dinero que transfirieron indebidamente a cuentas bancarias, aparezca probado o acreditado, que se tratara de los supuestos de excepción, en los que no se transmite la propiedad de los depósitos, esto es, que hubiera sido dinero de depósitos que se hubieran hecho en caja, saco o sobre cerrados, ni tampoco que se tratara de un depósito bancario de títulos; en esas condiciones, queda claramente establecido que al no estar probado plenamente que se hubieran transferido recursos o valores propiedad de los clientes, no se actualiza el delito especial previsto y sancionado en el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por el contrario, al haber dispuesto del dinero de la bóveda transfiriéndolo a diversas cuentas bancarias, es claro que el mismo es propiedad del banco, por ende, en estos casos en concreto, no puede ser competente, para conocer de esa conducta desplegada, un Juez de Distrito, por no actualizarse, se insiste, los elementos del tipo penal especial a que se refiere el artículo en cuestión, por lo mismo, tampoco se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque como quedó expuesto, no se acreditó uno de los elementos del tipo penal especial.

En esas condiciones, cabe concluir que cuando dicha conducta se comete en el Distrito Federal, el competente será un Juez del fuero común, a la luz del delito de fraude.”

Así, la Primera Sala emitió el siguiente criterio jurisprudencial:

INSTITUCIONES DE CREDITO. SI SUS EMPLEADOS DISPONEN INDEBIDAMENTE DEL DINERO DE LAS BOVEDAS, TRANSFIRIENDOLO A DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS, PERO SIN ACREDITARSE QUE SE TRATO DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, NO SE CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 113 BIS DE LA LEY RELATIVA Y, POR TANTO, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DESPLEGADA SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DEL FUERO COMUN.

Conforme a los artículos 267, 268 y 276 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al depositarse una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras se transfiere su propiedad al depositario, salvo que se trate de depósitos constituidos en caja, saco o sobres cerrados, o bien de depósitos bancarios de títulos, supuestos en los cuales no se transfiere la propiedad a las instituciones de crédito sino que la conservan sus clientes. En ese sentido, si los empleados de estas instituciones disponen indebidamente del dinero de las bóvedas, transfiriéndolo a diversas cuentas bancarias, pero no se acredita que se trató de recursos o valores propiedad de los clientes, no se configura el delito previsto en el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, cuya actualización requiere utilizar, obtener, transferir o de cualquier otra forma disponer indebidamente de recursos o valores de los clientes de las instituciones mencionadas; luego, cuando la conducta se comete en el Distrito Federal, se actualiza el diverso de fraude específico previsto en el artículo 231, fracción XIV, del Código Penal para el Distrito Federal y, por tanto, la competencia para conocer de éste se surte a favor de un juez del fuero común. Ello es así, pues al no actualizarse los elementos del tipo penal especial descrito en el citado artículo 113 Bis, no puede ser del conocimiento de un juez de distrito, en términos del artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fija la competencia de los jueces federales penales para conocer de los delitos del orden federal, los cuales son, entre otros, los previstos en las leyes federales.

Contradicción de tesis 46/2008-PS. Entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 25 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

Tesis de jurisprudencia 32/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha once de marzo de dos mil nueve.

En este orden, se observa que la interpretación literal de la norma resulta restrictiva, ya que solorefiere como elemento para la configuración del tipo penal a los recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, sin embargo, la realidad supera el supuesto normativo por lo que es necesario ampliar el tipo penal, esto sin dejar de cumplir el principio de taxatividad, para castigar a quienes dispongan de recursos o valores de las propias instituciones de crédito, es decir de su masa patrimonial.

La interpretación antes señalada contradice la finalidad de una norma federal que proporcione homogeneidad de contenido y de interpretación a nivel nacional, puesto que obliga a las instituciones de crédito a defender los depósitos antes referidos ante los jueces y normas locales de cada entidad federativa, lo cual genera incertidumbre en una de las materias más importantes para el desarrollo económico nacional.

Es así que el tipo penal especial que se pretende reformar debe contemplar a quien disponga de recursos o valores de las instituciones de crédito y no solamente aquellos correspondientes asus clientes, ya que en la forma en que quedó expresado se limita el tipo penal, además de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó un precedente jurisprudencial sobre la interpretación de dicho elemento normativo.

En consecuencia, se requiere hacer la modificación correspondiente al texto legal y debe quedar expresamente señalado que el tipo penal se actualizaría por disponer de recursos o valoresde las instituciones de crédito o de sus clientes:

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Texto vigente

Propuesta de PFF

Artículo 113 bis.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, se le aplicará una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, la sanción será de tres a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario.

Artículo 113 bis.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores que correspondan1 a las instituciones de crédito o de sus clientes, se le aplicará una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

Por las razones expuestas anteriormente, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primerodel Artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Unico. Se reforma el párrafo primero del Artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 113 bis.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de las instituciones de crédito o de sus clientes, se le aplicará una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

H. Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Roberto Gil Zuarth”.

Se recibió del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia.

1 RAE: corresponder: 2. intr. Tocar o pertenecer.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y EL CENTENARIO LUCTUOSO DE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

(Presentada por el C. Senador Roberto Armando Albores Gleason, a nombre del grupo parlamentario del PRI)



En otro apartado de la agenda de este día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, iniciativa preferente conforme al artículo 71 sección segunda constitucional, devuelta por la H. Cámara de Diputados  en los términos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona.

Debe considerarse que la razón última de la reforma que dio origen a la iniciativa preferente, fue, por una parte, la de dotar al Poder Ejecutivo, en un contexto de equilibrio de poderes, de nuevos instrumentos constitucionales que permitieran dar mayor eficacia a su mandato, generando un espacio de preferencia en la agenda legislativa nacional, para que fueran discutidos, analizados y decididos a la brevedad, aquellos asuntos que por su naturaleza sean de prioridad nacional, sin que ello implique una subordinación del Poder Legislativo.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189 y 190, párrafo 1., fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión del 26 de septiembre de 2012, fue aprobado por esta Soberanía el Dictamen de la Ley en comento presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera y remitida a la H. Cámara de Diputados en los términos del artículo 72 de la Constitución.

En sesión de fecha 25 de octubre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Ley en comento, mismo que fue devuelto a esta Soberanía por modificaciones realizadas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

El 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,  remitió la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión extraordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas expresaron sus observaciones y comentarios a la Minuta en comento para integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La Minuta con  proyecto de Decreto  tiene por objeto reforzar las reglas existentes en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para garantizar su armonización en los distintos ordenes de gobierno y armonizar la información financiera y, con ello, permitir tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como a la sociedad, en general tener acceso e información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, en el manejo y aplicación de los recursos públicos,

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y
CONSIDERACIONES, A LA MINUTA

PRIMERA.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Senado de la República y del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta con  proyecto de Decreto  descrito en el objeto  del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora por  las modificaciones realizadas a la Iniciativa presentada por el  Ejecutivo Federal, en el que participaron todos los grupos parlamentario, mismas que fortalecen la Iniciativa, ya que precisan diversas disposiciones para cumplir de mejor forma los objetivos, respetando la competencias de cada orden de gobierno para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos, las modificaciones fueron efectuadas en los artículos 8,  segundo párrafo; 9, fracción IX; 23, último párrafo; 77, fracción I; 80, último párrafo; 85, primer y segundo párrafos,  y Cuarto Transitorio, primer párrafo, con el objeto de precisar  los alcances de las disposiciones, para quedar como sigue:

"Artículo 8.-...

I. a VIII. ...

A las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la Federación

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

XI. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabora el Consejo;

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. a III. ...

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos;

Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

Artículo 80.-

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicable, en cualquiera de los siguientes supuestos:

...

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Cuarto.-El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 9, fracciones V y IX; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a); y actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 8, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, con un último párrafo; 23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo y, un último párrafo; un Título Quinto, denominado "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera", que comprende los artículos 56 al 83, pasando el actual a ser Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 5.-...

>En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Artículo 8.-...

I. a VIII. ...

Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.

Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

I. a IV. ...

V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el informe correspondiente;

VI. a VIII. ...

IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabora el consejo;

X. a XIV. ...

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones;

II. a IV. ...

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. a III. ...

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Artículo 46.-...

I. ...

II. ...

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) ...

i. a iii. ...

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

c) a e)...

III. y IV. ...

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

TITULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.

Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general.

El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.

CAPITULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos

Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación y contenido.

CAPITULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación
de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de Egresos

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.

Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

CAPITULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario

Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.

Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.

Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.

Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo.

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;

III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;

II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;

III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del inciso anterior, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo;

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

g) Vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende, y

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado, y

II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;

b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;

d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al tabulador salarial autorizado;

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y

f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley.

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad.

Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos;

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo siguiente:

I. Tipo de obligación;

II. Fin, destino y objeto;

III. Acreedor, proveedor o contratista;

IV. Importe total;

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;

VI. Plazo;

VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior;

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.

CAPITULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como su justificación.

En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.

Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

TITULO SEXTO
De las Sanciones

CAPITULO UNICO

Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicable, en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:

a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o

b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y

V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2013.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente hasta incluir la información de los seis años.

Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.

Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto distinguiendo por ente público.

Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los resultados del mismo.

Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que se refieren los artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos artículos, se pague mediante transferencia electrónica.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos ahora la segunda lectura de cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación que contiene proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de segunda lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2836/2012, de fecha 9 de octubre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida

• Credencial de la  Secretaría de Marina

• Copia certificada de su acta de nacimiento

• Currículum vitae

• Copia certificada del diploma por el que consta que cumple con los requisitos que lo hacen acreedor a la condecoración referida

• Fotos de la condecoración, gafete y placa.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.
4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2849/2012, de fecha 10 de octubre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Copia certificada de su acta de nacimiento
• Currículum vitae

• Escrito de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México por el que se concede dicha condecoración.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Sergio Cedeño Villerías, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/311/2826/2012, de fecha 8 de octubre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. C. Sergio Cedeño Villerías, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

• Copia certificada de su acta de nacimiento;

• Curriculum vitae

• Identificación oficial (credencial para votar)

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el CC. Sergio Cedeño Villerías, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2850/2012, de fecha 10 de octubre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la condecoración referida

• Identificación oficial (pasaporte)

• Copia certificada de su acta de nacimiento

• Currículum vitae

• Escrito de la C. María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, por el que se le concede dicha condecoración como reconocimiento a su encomiable labor en el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido que se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la segunda lectura.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura de los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Dispensada la segunda lectura. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría, en función de lo que señala el artículo 58 de nuestro Reglamento, que abra el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal de los cuatro proyectos de Decreto que en un solo acto que se han dado cuenta oportunamente a esta Asamblea.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación, tenemos 105 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, quedan aprobados los cuatro proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, que contiene punto de Acuerdo en torno a la activación física y el deporte en nuestra sociedad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.

“JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a la realización de un foro para la construcción y el diseño de un diagnóstico en materia de activación física y deporte.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva turno a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se pretende exhortar a esta Comisión para la realización de un foro en materia de activación física y deporte.

II. El 3 de agosto de 2008, se presentó por parte del Poder Ejecutivo Federal, de manera oficial, el Programa Nacional “Actívate, Vive Mejor”.

OBJETO DE LA PROPOSICION

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión de Juventud y Deporte, con la finalidad de llevar a cabo un foro para construir y diseñar un diagnóstico nacional para la activación física y el deporte en México.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora promovente señala que México vive una de las pandemias más lesivas y de amplio espectro que detonará secuelas de trastornos múltiples en millones de mexicanos. La obesidad masiva.

Refiere que tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes mellitus tipo dos, enfermedades isquémicas del corazón, cerebro-vasculares e hipertensivas.

Por otra parte, resalta que en lo que corresponde al presente exhorto, que pretende influir positivamente en algunos de esos vectores responsables, la propuesta es la activación física y el deporte desde las instituciones, obviamente acompañado de una orientación nutricional también institucional. 

Finalmente, expone que el foro propuesto se realizaría con recursos institucionales de esta        H Cámara de Senadores con el objetivo final de obtener información actual, pertinente y pormenorizada de los estados de la República para, de ahí, construir una propuesta legislativa para que la activación física regulada se dé en todas las escuelas, centros de salud, municipios y delegaciones del país, sistemáticamente administrada, médicamente prescrita y con la cotidianeidad necesaria para combatir obesidad, vida sedentaria y el stress; todo ello con la finalidad de servir de plataforma de detección tanto de sintomatologías de los educandos como de reclutamiento de talentos deportivos.
Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos esta comisión dictaminadora, coincidimos con lo argumentado por la Senadora promovente con referencia a la firme necesidad de ampliar el concepto de deporte en nuestro país para abrir su significado y no que defina sólo a la actividad específica de una disciplina deportiva, sino que incluya la activación física que sirva de tránsito a la Práctica de un deporte en particular, en donde la salud pública y la práctica deportiva se beneficiarán de ello.

Por otra parte, también en coincidencia, consideramos de gran importancia para la resolución del presente acuerdo, observar el contenido y objetivo de los actuales programas institucionales emitidos por el gobierno federal y sus dependencias encargadas en la materia.

Es por ello que de conformidad con el vigente programa nacional “Actívate, Vive Mejor” se estableció como objetivo principal el de Implementar programas que promuevan entre la población en general la práctica regular y sistemática de actividades físicas y recreativas en forma masiva, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y contribuir a desarrollar con igualdad de oportunidades de participación en todos los segmentos de la población.

Dicho programa, de acuerdo a su contenido, se desarrolla bajo tres ejes estratégicos:

Actividad Física Escolar

Que Tiene como objetivo que todos los  alumnos del sistema educativo nacional implementen como parte de su jornada escolar rutinas diarias de 30 minutos de actividad física.

Actividad Física Laboral

Cuya meta es lograr que los trabajadores de iniciativa privada, instituciones y administración pública, realicen rutinas de actividad física como parte de su jornada laboral, en beneficio de la productividad e integración laboral y social.

Actividad Física para Todos

Donde el objetivo es generar espacios para la participación de la población en general (niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad) en eventos de activación física y promover los beneficios de su práctica regular a fin de lograr una mejor calidad de vida.

Derivado de lo anterior quienes conformamos de manera plural esta Comisión que dictamina consideramos de importancia, así como parte fundamental y previo al inicio de los estudios y análisis pertinentes para la programación de cualquier ejercicio deliberativo, el contar con la información pública y oficial por parte de las instancias gubernamentales, a cargo de dichos programas; sobre el impacto, avances, logros, así como de los mecanismos de implementación mismos que nos permitan obtener una evaluación objetiva de los programas institucionales hasta hoy diseñados como promoción de la práctica regular y sistemática de actividades físicas y recreativas en forma masiva entre la población en general.

Es por ello y coincidiendo con la propuesta de la promovente sobre la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la situación y el papel de la activación física y el deporte en nuestro país, consideramos que en el ámbito de la planeación y de las políticas públicas, todo ejercicio deliberativo encaminado a un diagnóstico como parte fundamental para el diseño de un plan o programa, deberá siempre de contar o acompañarse con la mayor información pública y fidedigna sobre el problema público o la necesidad social para la cual se pretende implementar.

En razón de las consideraciones anteriormente expuestas es que esta Comisión se abocará en primera instancia y de conformidad con sus atribuciones constitucionales, a solicitar de manera institucional toda aquella información que nos permita establecer una calendarización de reuniones y encuentros con las instituciones públicas y representativas del gobierno federal en la materia, misma que sentará las bases para la planeación de los diversos ejercicios deliberativos, académicos o aquellos que en su momento se consideren adecuados y encaminados hacia la revalorización, estímulo, fomento y consolidación de los beneficios de la activación física y recreativa en nuestra sociedad.
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Esta Comisión reconoce la plena preocupación de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza por la situación del Deporte Nacional.

SEGUNDA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de realizar los ejercicios pertinentes que nos permitan obtener la información amplia, confiable y adecuada, para lo cual esta Comisión de Juventud y Deporte se abocará a la realización de los trabajos necesarios para recoger las opiniones de las diversas instancias públicas y todas aquellas involucradas de alguna manera respecto a los temas motivo de la proposición presentada y elaborar una agenda de eventos que culminen con la actualización o adecuación de los ordenamientos jurídicos que sean necesarios.

TERCERA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de Acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- La Comisión de Juventud y Deporte se abocará a la realización de los trabajos necesarios para recoger las opiniones de las diversas instancias públicas y todas aquellas involucradas de alguna manera respecto al tema que en su momento se consideren adecuados y encaminados hacia la revalorización, estímulo, fomento y consolidación de los beneficios de la activación física y el deporte en nuestra sociedad.

Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del Presupuesto de Egresos para el año 2013. En consecuencia, pido a la Secretaría dé lectura a dichas proposiciones.




 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Las siguientes proposiciones se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DURANTE EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales el 32% son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

Históricamente México se ha caracterizado por tener una población con un alto porcentaje de niños y jóvenes. Entre 1950 y 2000 los niños entre cero y 14 años representaron más del 45% del total de la población; y si bien durante los años setenta se redujo el crecimiento demográfico, para 2008 el número de jóvenes todavía representó 27.3% del total, según datos del Consejo Nacional de Población.

Resalta que en términos absolutos, el número de jóvenes se ha elevado sensiblemente hasta alcanzar en 2010, 36 millones 210 mil 692. El crecimiento, de acuerdo con dicho Consejo, será constante hasta el año 2020 y a partir de ese momento, la pirámide poblacional comenzará a cambiar y la proporción de jóvenes comenzará a disminuir.

Este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con un verdadero bono demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social histórico durante los próximos años.

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente.

Las cifras estadísticas revelan la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos:

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes no estudian y no trabajan1. De éstos, algunos son migrantes (2 millones2); otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón3), como el empleo informal con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad en el trabajo y perspectivas de mejora laboral negativas. Otros más están en los reclusorios (119 mil4) y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado.

De las y los jóvenes con empleo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 arrojó que 61.43% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos.5
Por lo que hace a la cobertura educativa, en el nivel medio superior cada año miles de jóvenes quedan sin oportunidad de estudiar. Baste recordar que para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente 27.6% de la población en edad de cursarla tuvo la oportunidad de ingresar.

Respecto de la salud, 50% de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio y, adicionalmente, 70% de los jóvenes, como grupo etario, tiene contacto con alcohol y drogas6 lo cual, para algunos especialistas, convierte a las adicciones en el principal problema que podría enfrentar la juventud.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca de 50% de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana sean jóvenes.7 Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país, en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido suficientes para atender sus necesidades. Necesitamos más trabajo, más recursos y más eficacia para garantizar el desarrollo de la juventud.

En 2011 el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) fue de 368 millones de pesos (mdp); mientras que para 2012 esta cifra disminuyó en 24 mdp, es decir tuvo un decremento de 6.7% respecto de 2011. Se trata de una disminución de recursos con efectos reales en las acciones que puede realizar el Instituto a favor de la juventud, pero, sobre todo, en condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para nuestros jóvenes. Más aún: no basta con mantener el presupuesto para este sector de nuestra población: necesitamos más recursos, mejor distribuidos y con eficacia en sus resultados, para hacer justicia a la tercera parte de nuestra población.

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas secretarías y entidades de la administración pública, implementa diversos programas orientados a la juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la materia.

Por ello, es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado “Programas para el desarrollo integral de los jóvenes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y corregir los programas y acciones implementadas y operadas a favor de la juventud.

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal del 2010, y que ello permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por 2 secretarías de Estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 041 mdp y se identificaron 29 programas a cargo de 2 secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 programas implementados por 5 secretarías.

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental.
Por todo lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y apruebe el “Anexo 22. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” del PEF 2012, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para exhortar a la construcción de hospitales de especialidades. Se turna a la Comisión de Salud del Senado, el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CONSTRUCCION DE HOSPITALES DE ESPECIALIDADES

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los hospitales son instituciones encargadas de diagnosticar y otorgar un adecuado tratamiento a los enfermos, así como realizar investigaciones y otorgar constantes capacitaciones a los médicos y enfermeras.

Los avances tecnológicos en la medicina, obligan a los hospitales a adaptarse a los nuevos cambios en la ciencia de salud, no obstante, el proceso evolutivo de hospitales modernos en México se encuentra rezagado.

Un claro ejemplo, lo tuvimos con la contingencia del virus de la influenza AH1N1 que vivimos en 2009, dicha patología dejó al descubierto la falta de médicos, la saturación de servicios y la poca coordinación entre instituciones de salud carentes de infraestructura.

Lo anterior se debe en gran parte a la poca inversión que hay en el sector salud, al respecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del reporte Health en el año 2008, mencionó que México destina al sector salud sólo el 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de los países miembros, es del 8.9% del PIB.

Lo anterior es sólo uno más de los factores que originan que contemos con un sistema de salud anacrónico, que no atiende las verdaderas y justas demandas de los ciudadanos, lo cual viola uno de los principios establecidos en nuestra Carta Magna, la cual establece en su artículo 4to Constitucional que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el año 2010 en nuestro país había más de 35 millones de personas sin seguridad social, esta cifra genera que el sueño de tener acceso a la seguridad social se convierta en una pesadilla.

En definitiva el Estado Mexicano no cumple cabalmente ni con su legislación, ni con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se señala a la salud como el goce máximo y el derecho a la vida que puede alcanzar un ser humano, de igual manera, establece que es una condición fundamental para logar la paz y la seguridad entre los Estados.
Cabe mencionar que en nuestro país solo existen tres medios que otorgan seguridad social a nivel nacional: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular.

Si bien es cierto, que la administración federal ha robustecido la seguridad médica por medio del Seguro Popular, ésta sigue resultado insuficiente, pues no se han construido los suficientes centros hospitalarios que la población mexicana requiere, y mucho menos clínicas y hospitales de especialidades, donde se traten enfermedades crónico-degenerativas que la ciudadanía no puede enfrentar por su cuenta. Además de la falta crónica y sistemática del cuadro básico de medicinas y de equipo técnico para la atención médica.

A grosso modo, podemos decir que las enfermedades crónico-degenerativas, están relacionadas directamente con la forma de vida de los ciudadanos, dichas padecimientos afectan cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, siendo los más comunes en México la obesidad y la diabetes, así como el aumento en los niveles tanto de colesterol como de la presión, los cuales como lo mencioné anteriormente no son atendidas en el Seguro Popular.

Por su parte, en el ISSSTE sólo el 35.5% de sus quirófanos cuentan con instrumentos médicos modernos, lo que deja ver que las instituciones de salud necesitan ser renovadas, principalmente los hospitales que tienen entre 30 y 50 años de antigüedad.

Lo que no se explica es como la actual administración federal, ha otorgado el doble de recursos económicos al sector salud (más de 1.2 billones de pesos), y aún no se ha logrado garantizar el derecho de la salud de todos los mexicanos.

En el 2007 había 0.8 camas por cada 100 mil habitantes, tristemente en el 2011 la cifra fue la misma, los números no cambiaron, a pesar que la actual administración federal ha construido seis hospitales de alta especialidad: el del Bajío, de Oaxaca, de la Península de Yucatán, de Chiapas, de Ciudad Victoria “Bicentenario 2011” y el de Ixtapaluca.

No obstante, es urgente que se continúe la construcción de más hospitales de especialidades, a fin de que por lo menos exista uno de estos nosocomios en cada estado de la República Mexicana.

Con la creación de más hospitales de especialidades, se mejoraría la infraestructura hospitalaria de México, la cual según la OCDE cuenta con 20 médicos, 9 enfermeras y 16 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes1.

Tan sólo en el Distrito Federal existen 26 hospitales y 210 centros de salud, cuyos principales problemas son la falta de personal médico, el desabasto de medicamentos y el material quirúrgico.

Específicamente en la Delegación Álvaro Obregón, los centros de salud tienen de entre 2 a 4 consultorios médicos, pero solamente dan consulta en 2 de ellos; los centros de salud carecen de servicios como: rayos X, ortopedistas, terapeutas, ginecólogos y pediatras.

Las largas filas en los centros de salud y hospitales no han disminuido, al contrario van en aumento, lo que provoca que sólo los pacientes más favorecidos económicamente, puedan atenderse de urgencia en alguna institución privada, absorbiendo por completo su costo.

Lo expuesto anteriormente es una radiografía de lo que sucede a nivel nacional, muy por el contrario de lo que realmente se ha pregonado por parte del poder ejecutivo, quien presume sistemáticamente haber mejorado la infraestructura hospitalaria y el acceso a los servicios médicos.

Por tal razón, es substancial e inaplazable realizar acciones con el objetivo de mejorar la infraestructura de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud, para contar con una base sólida con la que se pueda garantizar el derecho a la salud establecido en nuestra Constitución.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Salud y en coordinación con los Gobernadores de las Entidades Federativas Mexicanas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, realicen los estudios necesarios enfocados a la construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte respetosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se erogue un presupuesto adicional a la Secretaria de Salud, etiquetado exclusivamente a la construcción, modernización y/o ampliación de infraestructura hospitalaria en el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a destinar mayores recursos al Programa de Empleo Temporal para el Sector Pesquero. Se turna a la Comisión de Pesca del Senado, el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados los dos últimos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL SECTOR PESQUERO

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta a titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal(PET) del Sector Pesquero.

CONSIDERACIONES

En México contamos con unas 350 mil personas empleadas en la pesca y si se añade a las familias de los pescadores, así como a los trabajadores en ocupaciones relacionadas con el sector, se estima es una población cercana a los dos millones la que depende de dicha actividad.

Si bien es cierto, el sector pesquero aporta una pequeña contribución a la economía nacional, 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en algunas entidades tiene una destacada importancia. Así por ejemplo, en Sinaloa y Sonora, la pesca contribuye al PIB estatal en casi el 4 por ciento.

Cabe mencionar que existe un alto número de pequeñas comunidades rurales que se dedican a la pesca artesanal y es representa la principal fuente generadora de ingresos para todos sus pobladores, por lo que una situación de captura baja de especies acuáticas o bien el establecimiento de vedas temporales, afecta de manera considerable a la economía local.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000, los pescadores de los estados colindantes al Golfo de California registraron un ingreso cinco veces mayor al obtenido en el Golfo de México.

Al respecto, según un estudio realizado en el 2009 por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat) denominado “Política Nacional de Mares y Costas de México”, se revela que los trabajadores pesqueros del Pacífico y Mar de Cortés perciben entre dos a cinco salarios mínimos, con excepción de Oaxaca y Chiapas, mientras que en los pescadores del Golfo de México, obtuvieron hasta 2 salarios mínimos, excepto Quintana Roo y Tamaulipas.

Por otro lado, la flota ribereña y costera, representa el 60 por ciento del total de las embarcaciones nacionales, la cual a su vez abastece un 50 por ciento del total del mercado nacional; sin embargo, debido al bajo valor comercial de las especies capturadas y al volumen respectivo, obtienen tan sólo un 3 por ciento del total de los ingresos generados en el sector.

Lo anterior, derivado a que es la pesca de altura la que captura las especies de mayor valor comercial, tales como camarón y el atún, y de elevado volumen, como la sardina.

De acuerdo a una investigación realizada por la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2008, titulada “Diagnostico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre posibles soluciones a los problemas que afectan al sector pesquero en México”, los niveles de bienestar de las comunidades pesqueras están sustancialmente por debajo de los promedios nacionales en los principales indicadores reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

Los problemas identificados que abonan esta situación, principalmente en lo que respecta al ingreso, son la disminución del ciclo de capturas para el establecimiento de vedas y los bajos precios de los productos pesqueros.

Según el Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola del 2011, entre las principales problemas que enfrenta el sector se encuentra el sobreesfuerzo pesquero en embarcaciones de altura y ribereñas, al identificarse una captura excesiva de organismos acuáticos juveniles, violaciones a las épocas y zonas de veda y la falta de oportunidades de trabajo y créditos.

Por tal motivo, el Estado mexicano, en el marco de estrategia de combate a la pobreza, así como a la protección de los recursos naturales, está obligado a implementar acciones para elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras, por lo que cuando establezca una veda en la captura de alguna especie debe generar las condiciones para diversificar los ingresos de los pobladores de los campos pesqueros más marginados.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) desde el año 1995 opera el Programa de Empleo Temporal (PET), el cual está orientado a beneficiar a hombres y mujeres de 16 años de edad o más, mediante el pago de jornales equivalentes al 99 por ciento de un salario mínimo, esto para afrontar los efectos de una baja demanda de mano obra o de una emergencia, como contraprestación por su participación al ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias.

El PET, de enero de 2007 a junio de 2012, ha beneficiado a un millón 923 mil 458 mujeres y hombres.

El Comité Técnico del PET tiene como función determinar los sectores de la población beneficiadas y está integrado por los directores generales de: Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol, de Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el coordinador general del Servicio Nacional del Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Nacional.
Actualmente, la SEDESOL y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura Pesquera (CONAPESCA), tiene implementado el Programa de Empleo Temporal para el Sector Pesquero 2012.

El programa en referencia tiene por objetivo el apoyar el ingreso temporal de las familias de pescadores, contribuir al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia instrumentadas por la CONAPESCA, así como contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

El PET Pesquero opera en los estados con litoral y en aguas interiores, específicamente donde se han implementando estrategias de vigilancia previstas por CONAPESCA. En este sentido, el V Informe de Gobierno Federal señala que durante el 2010 se generaron 8 mil 305 empleos, que resultan insuficientes si se toma en cuenta la necesidad existente de vigilar nuestros mares y erradicar la pesca furtiva, por lo que convendría ampliar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro del Programa de Empleo Temporal (PET) para el sector pesquero y así beneficiar por un lado a un mayor número de familias de pescadores en condiciones de pobreza, y por otro lograr proteger el desarrollo de las pesquerías y el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

La explotación racional de los recursos sustentables de la pesca y acuacultura, permitirá al país contar con un factor estratégico para su desarrollo a largo plazo, generando alimento, empleo y divisas con uno de sus recursos con más amplias perspectivas.

En virtud de que la fracción III del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que son prioritarios y de interés público los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, me permito solicitar se destinen mayores recursos para el PET del sector pesquero y sea aplicado en las poblaciones de alta marginalidad afectados por bajas capturas y por el periodo de vedas impuestas para la captura de diferentes especies.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como al Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación del Programa de Empleo Temporal del sector pesquero para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren un incremento substancial en los recursos que se destinan e incluyan como beneficiarios a las poblaciones afectadas por una disminución en las capturas de especies y por el establecimiento de periodos de vedas impuestas para la captura de diferentes especies.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente los recursos asignados al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero.

TERCERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 mayores recursos destinados al Programa de Empleo Temporal (PET) para el sector pesquero.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente”.





 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo relativo a la atención de la prevención del cáncer de ovario. Se turna a la Comisión de Salud, los resolutivos primero y cuarto, y a la Cámara de Diputados, el segundo y el tercero.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ATENCION Y PREVENCION DEL CANCER DE OVARIO



Son todas las proposiciones, señor Presidente.





 

- El C. Presidente Aispuro Torres: A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta incluir a los tribunales agrarios, en rubro de ramos autónomos, en la cuestión de carácter presupuestal.
- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su venia, señor Presidente.

Los Organos Constitucionales Autónomos como los Tribunales Agrarios, son instituciones que están fuera del marco de referencia de los poderes tradicionales, y se establecen en las normas jurídicas constitucionales, dotándolos de independencia en su estructura orgánica y así alcanzar los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental, y que por razones de su especialización e importancia social se requiere la autonomía del órgano creado.

En esta tesitura, en México se establecieron los Tribunales Agrarios, mediante una reforma constitucional publicada el 6 de enero de 1992, los cuales se ubican como órganos jurisdiccionales autónomos, porque así lo establece expresamente el artículo 27 constitucional, en la fracción XIX, segundo párrafo, el cual señala que la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.

En suma, los Tribunales Agrarios son los encargados de intervenir en las controversias agrarias que se suscitan entre los sujetos de derecho agrario, como la función de declarar el derecho como jueces de conciencia y resolver los juicios que son de su conocimiento, que gozan de autonomía y plena jurisdicción, porque como ya se expuso tienen facultades para juzgar y resolver todas las cuestiones de su competencia, con el poder suficiente para ejecutar sus propios fallos y determinaciones.

Sin embargo, la concreción que se efectuó en el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios al modificarse, sin razón jurídica alguna, la disposición constitucional, en el sentido de que “los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos a los que les corresponde en términos de la fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional”, esto trastocó el sentido constitucional, ya que éste se refiere a la autonomía total del órgano como tal, y en la ley orgánica se circunscribió a la función de emitir los fallos jurisdiccionales, lo que en sí es diferente al mandato constitucional. Esto es, los Tribunales Agrarios requieren plena autonomía, esto implica una independencia política, financiera, jurídica y operativa, para realizar la función de administración de justicia agraria.

En resumen, con motivo de la autonomía de rango constitucional que gozan los Tribunales Agrarios, es necesario materializar tal atributo de su naturaleza jurídica, para ello se necesita que exista autonomía: técnica, orgánica o administrativa, financiera-presupuestaria, normativa, de funcionamiento, plena.

El debate del Senado de la República en el tema, debe de generarse en un estricto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo, debo de manifestar la voluntad de la nación por redefinir y respetar el mandato del Constituyente y hacer posible que los Tribunales Agrarios sean efectivamente independientes con todas las características que un órgano constitucional autónomo requiere.

En concreto, lo que estamos planteando es que los Tribunales Agrarios a pesar de tener la autonomía constitucional, actualmente, su propio presupuesto se encuentra dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, en muchos de los juicios que están en litigio, en todo el país, la contraparte, en muchos de ellos, es la propia Secretaría de la Reforma Agraria; por lo tanto, estamos planteando la posibilidad que en el próximo presupuesto, el presupuesto en concreto de los Tribunales Agrarios del país sea trasladado a los órganos constitucionales autónomos y no necesariamente estén dentro del ramo de la Secretaría de la Reforma Agraria, porque entonces la Secretaría de la Reforma Agraria pasa a ser parte del juicio, pero también pasa a ser quien es la entidad pagadora de los Tribunales Agrarios.

UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Cámara de Diputados establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incluya a los Tribunales Agrarios en el rubro de ramos autónomos, quienes gozan de plena autonomía constitucional y, por lo tanto, deben de gozar de independencia financiera y presupuestaria.
Ese es el objetivo de lograr finalmente que los Tribunales Agrarios sean plenamente autónomos tanto en sus fallos como en su propio presupuesto.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION A LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN RUBRO DE “RAMOS AUTONOMOS”.

“Quien suscribe, Jorge Luis Preciado, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA ESTABLECER EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION INCLUYA A LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN RUBRO DE “RAMOS AUTONOMOS”, QUIENES GOZAN DE PLENA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL Y POR TANTO, DEBEN GOZAR DE INDEPENDENCIA FINANCIERA-PRESUPUESTARIA., con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

Los Organos Constitucionales Autónomos como los Tribunales Agrarios, son instituciones que están fuera del marco de referencia de los poderes tradicionales, y se establecen en las normas jurídicas constitucionales, dotándolos de independencia en su estructura orgánica y así alcanzar los fines para los que se crearon, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental, y que por razones de su especialización e importancia social se requería la autonomía del órgano creado.

En esta tesitura, en México se establecieron los Tribunales Agrarios, mediante una reforma constitucional publicada el 6 de enero de 1992, los cuales se ubican como órganos jurisdiccionales autónomos, porque así lo establece expresamente el artículo 27 Constitucional, en la fracción XIX, segundo párrafo, el cual señala que la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.

En suma, los tribunales agrarios, son los encargados de intervenir en las controversias agrarias que se suscitan entre los sujetos de derecho agrario, como la función de declarar el derecho como jueces de conciencia y resolver los juicios que son de su conocimiento, que gozan de autonomía y plena jurisdicción, porque como ya se expuso tienen facultades para juzgar y resolver todas las cuestiones de su competencia, con el poder suficiente para ejecutar sus propios fallos y determinaciones.

Sin embargo, la concreción que se efectuó en el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios al modificarse, sin razón jurídica alguna, la disposición constitucional, en el sentido de que “los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos a los que les corresponde en términos de la fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional”, trastocó el sentido constitucional, ya que éste se refiere a la autonomía total del órgano como tal, y en la ley orgánica se circunscribió a la función de emitir los fallos jurisdiccionales, lo que en sí es diferente al mandato constitucional. Esto es que, los tribunales agrarios requieren de plena autonomía, esto implica una independencia política, financiera, jurídica y operativa, para realizar la función de administración de justicia agraria.

En resumen, con motivo de la autonomía de rango constitucional que gozan los tribunales agrarios, es necesario, materializar tal atributo de su naturaleza jurídica, para ello se necesita que exista autonomía: técnica, orgánica o administrativa, financiera-presupuestaria, normativa, de funcionamiento, plena.

El debate del Senado de la República en el tema, debe generarse en un estricto respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo, debemos manifestar la voluntad de la nación por redefinir y respetar el mandato del Constituyente y hacer posible, que los Tribunales Agrarios sean efectivamente independientes, con todas las características que un órgano constitucional autónomo requiere.
Ya que permitir que los Tribunales Agrarios, se establezcan en el inciso “B.- RAMO ADMINISTRATIVO” del Decreto de Egresos de la Federación, es controvertir la voluntad del texto Constitucional, en atención que al depender del ejecutivo no existe plena autonomía, lo que es contrario a la intención del legislador, ya que esta dependencia presupuestaria, puede ocasionar presiones de esta naturaleza por parte del ejecutivo y que obstaculicen una sana impartición de justicia.

En tal sentido, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión debe solicitar a la Cámara de diputados establezca en el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013, incluya a los tribunales agrarios, en rubro de “ramos autónomos”, respecto de los tribunales agrarios, quienes gozan de plena autonomía constitucional y por tanto, deben gozar de independencia financiera-presupuestaria.

En ese orden de ideas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita: CAMARA DE DIPUTADOS ESTABLEZCA EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, INCLUYA A LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN RUBRO DE “RAMOS AUTONOMOS”, QUIENES GOZAN DE PLENA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL Y POR TANTO, DEBEN GOZAR DE INDEPENDENCIA FINANCIERA-PRESUPUESTARIA.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Jorge Luis Preciado”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria para sus efectos correspondientes.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita tomar las medidas para erradicar los problemas que aquejan al campo y a los jornaleros agrícolas por la propagación de la plaga del dragón amarillo en los cítricos.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Muchas gracias, señor Presidente.

Hay un sector sumamente sensible y vulnerable, me refiero al sector campesino, con quien, sin duda, estamos en deuda y tenemos grandes asignaturas pendientes, y considero que es momento de que le volteemos la mirada y hacer algo a su favor, y al hacer algo a favor del campo mexicano estamos haciendo algo a favor de cada uno de nosotros.

Con su permiso, señor Presidente, también de las compañeras y compañeros Senadores, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con los siguientes antecedentes.

La enfermedad del dragón amarillo es causada por una bacteria que infecta la mayoría de las especies de los cítricos y algunas planteas ornamentales, afectando el vigor del árbol, la maduración, la caída de la fruta, el color amarillo del follaje y eventualmente el colapso de la planta. Es considerada como una de las enfermedades más devastadora de los críticos a nivel mundial, debido a la severidad de los efectos sobre la productividad y la rapidez con la que se dispersa.

Para 2009, en México se confirmó que la plaga del dragón amarillo estaba afectando los cultivos de los cítricos en Yucatán. Desde entonces, se ha propagado en 13 de los 23 estados productores de cítricos del país, poniendo en riesgo a más de 526 mil hectáreas, lo que podría generar, de no actuar oportunamente, cerca de 8 mil millones de pesos para los productores del campo y comprometiendo así el trabajo de miles de jornaleros agrícolas.

De acuerdo con el estudio de Evaluación del Impacto Económico en la Cadena Citrícola Mexicana, es tan importante este sector agropecuario, que la siembra de cítricos abarca el 40 por ciento de la superficie nacional de plantas frutales y de ellas dependen cerca de 69 mil productores, 70 mil empleos directos y 250 mil empleos indirectos.

Ante ello, tan sólo en el estado de Colima, el dragón amarillo ha afectado el 60 por ciento de las hectáreas sembradas de limón, poniendo en riesgo a más de 23 mil familias que dependen de este cultivo.

La Ley Federal de Sanidad Vegetal establece en su artículo 19, que le corresponde a la SAGARPA tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir o erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, cuando puedan reparar el riesgo fitosanitario.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha venido actuando ante la presencia de esta plaga, aunque hay que decirlo, no ha sido suficiente, pues sigue afectando los cultivos de los cítricos, lo cual representa un riesgo potencial para los productores y la consecuencia de tener pérdidas de empleos para miles de jornaleros que tienen su sustento familiar en el ingreso obtenido de esta actividad.

El 8 de julio de 2009 y 12 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación su prórroga, respectivamente, en la cual se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión en el territorio nacional.

Ante esta situación tan desfavorable, tanto para los productores como para los jornaleros del sector, consideramos de suma importancia que estos trabajadores sean incluidos como beneficiarios en el Programa de Empleo Temporal, el cual tiene como objetivo contribuir a la protección social de la población afectada por la baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

Lo anterior se propone así, siendo que actualmente el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal es conformado por los Subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planeación y política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para lograr la vinculación, se propone beneficiar a los jornaleros que por circunstancias ajenas a su voluntad se ven afectados por la baja demanda de mano de obra o por una emergencia; resulta necesaria la participación de la SAGARPA en el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal para beneficiar a tan importantes sector económico.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como dragón amarillo. Asimismo, ampliar la vigencia de la Norma Oficial Mexicana, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB de los cítricos en el territorio nacional.

Segundo.- El Senado de la República exhorta, también, respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean considerados para las del 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y fitosanitarios.

Esto es lo que comprende a la plaga del dragón amarillo, sé que en otros estados tienen otros problemas, pero, sin duda, aquí lo importante es que podamos incluir a los jornaleros, como beneficiarios cuando tienen situaciones emergentes y carecen de sustento para su familia y por supuesto para ellos mismos.

Quiero agradecer el respaldo de la Comisión de Agricultura y Ganadería para este punto de Acuerdo y, por supuesto, también a las distintas fracciones de los partidos que se han sumado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Ascensión Orihuela.

- El C. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, sólo para que le consulte a la oradora si está de acuerdo en que me sume a la propuesta que ha realizado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Itzel Sarahí Ríos, ¿acepta la adhesión de las compañeras y compañeros Senadores? Se adhieren a su iniciativa los Senadores Manuel Cota, Rocío Pineda, Francisco Yunes, Martha Palafox, pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse a este punto de Acuerdo.

Como ha sido solicitado por la proponente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Sarahí Ríos de la Mora.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. Han solicitado oportunamente hacer uso de la palabra, en pro de este asunto: El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD e igualmente el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Demédicis Hidalgo?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, también deseo inscribirme, por favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, en su momento se le dará el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Agradezco esta oportunidad de sumarme a la proposición de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para tratar esta delicadísima situación por la que atraviesan los productores de cítricos por todo el país.

Hoy, justamente, apenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación una publicación sobre los estados y las zonas bajo control fitosanitario con presencia del dragón amarillo, los 9 estados que ya tienen esta problemática.

Como se ha mencionado anteriormente, la emergencia deriva de una constante y sistemática falta de atención y una muy lenta respuesta por parte de las autoridades federales, en el caso concreto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para combatir y controlar esta plaga conocida como dragón amarillo.

Esta enfermedad, se sabe, es devastadora, es de muy rápido avance y poco se puede hacer con las cosechas una vez que llegó esta plaga y afectó a los árboles o a las plantas ornamentales, que son las más afectadas.
Los daños que ocasionó ya esta plaga a los productores nacionales son muy considerables y, por supuesto, creo que como Senadores y Senadoras no podemos permanecer indiferentes ante las demandas de los afectados por esta situación.

En particular, quisiera hablar de mi estado, el estado de Chiapas, que también es uno de los estados afectados. Chiapas tiene una superficie considerable cultivada de cítricos, son cerca de 3 mil 500 hectáreas en donde se reúnen cerca de 7 mil productores, principalmente de naranja y de limón persa, y que ya tienen esta problemática y pocas respuestas por parte del gobierno federal.

Coincido enteramente con la Senadora Ríos de la Mora, en que el Senado tiene esta obligación de exhortar a la SAGARPA con la finalidad de que realice las acciones necesarias para combatir la plaga del dragón amarillo, así como que se amplíe la vigencia de la Norma Oficial Mexicana para que se dé permanencia a las acciones fitosanitarias para mitigar la introducción y dispersión de dicha enfermedad.

Pero creo que aquí tenemos que tratar un punto muy importante, ya que no es la primera vez que el Senado de la República se pronuncia sobre este tema del dragón amarillo; desde la pasada legislatura se había hecho y los resultados han sido insatisfactorios, yo creo que han sido muy pobres, para decirlo claro.

Apenas el 20 de marzo de 2011, la Comisión de Agricultura y Ganadería de este Senado de la República, había emitido un dictamen con punto de Acuerdo en el que se exhortaba a la SAGARPA y a sus delegaciones estatales y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y a hacer cumplir el acuerdo por el que se da a conocer las medidas fitosanitarias para controlar la plaga del dragón amarillo.

Y vemos que es hasta un año después, más de un año, se está publicando apenas en los estados donde están siendo afectados los productores de cítricos.

En aquel momento se había resuelto cumplir y hacer cumplir, en todos los términos, el acuerdo por el que se da a conocer las medidas fitosanitarias que deberían de aplicarse para el control del dragón amarillo, publicado el 16 de agosto de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, y por el que supuestamente se promovía, por los medios posibles, las obligaciones que este acuerdo le concede a los productores para prevenir y manejar esta plaga.

Desafortunadamente existe todavía esta problemática, está presente, afecta todos los días a miles de productores en todo el país, por lo cual nuestra exigencia a la SAGARPA es de que cumpla, pero que cumpla bien con sus atribuciones. Son atribuciones que la propia norma en materia de sanidad fitosanitaria señala, y se considera que no es la primera ocasión en que existen problemas en el combate y el control de plagas.

Justamente la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta legislatura del Senado de la República, ya lo había planteado con anterioridad y, bueno, ahí están los resultados.

Creo que no podemos demorarnos, de la siembra de cítricos dependen cerca de 69 mil productores, 79 mil empleos directos y 250 empleos indirectos.

Y de igual manera, es preciso señalar que 23 de las 31 entidades federativas mantienen una importante producción que genera la suficiencia de cítricos, tanto para consumo nacional como para exportación.

Esperemos que la acción de la SAGARPA no sea la próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación, de que el dragón amarillo ha avanzando, y ya no son 9, sino 23 los estados en los que existe esta devastadora plaga.

Por último, quiero mencionar que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se suma a este exhorto, ya que resume el interés de las autoridades por resolver esta problemática y esperamos, de verdad, que dicho aviso se emita en un sentido favorable.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Para hablar en pro de este tema, se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

Agradezco la oportunidad que me da la Senadora Itzel Ríos, para sumarnos a este punto de Acuerdo sobre el dragón amarillo.

Cuando se escucha hablar del dragón amarillo, el nombre suena hasta curioso. Allá en mi pueblo le dicen “huanglongbing”, parece nombre de trabalenguas, el HLB, pero que generalmente no nos llama la atención, porque no es tan llamativo como una inundación o como una sequía, pero el resultado al final del día, pues es casi el mismo o peor.

México es el primer productor de limón en el planeta; es el cuarto productor de naranja; el sexto de toronja; el treceavo o décimo tercero de mandarina. Y somos, en general, el cuarto productor a nivel mundial de cítricos.

Entonces, cuando se habla de una plaga como el dragón amarillo, que ya lleva 9 estados afectados, y que obviamente en estos estados se ven afectadas 90 mil familias que ya no van a salir a cortar limón, como se hace en Colima, en Tecomal, la capital mundial del limón, que ya no tienen el ingreso de los 30, 35 pesos que se estaba pagando por reja cortada, entonces viene un problema social bastante importante al que tenemos que poner atención.

Realmente, la propuesta me parece muy importante porque nada más en el mes de diciembre de 2011, la producción del limón creció a una tasa anual del 7 por ciento, equivalente a 2.1 millones de toneladas; 138 mil toneladas más que en 2010.

Pero en varios estados como Yucatán, Chiapas, Colima, Sinaloa, Michoacán, la producción ha disminuido de manera muy importante y muy drástica. Y esto se refleja en el ingreso de muchísimas familias en esos estados.

Creo que es muy importante el punto de Acuerdo que se ha presentado, no sólo para atender la enfermedad del cítrico, sino también para buscar recursos, para que el año que viene, en el 2013, aunque se apruebe antes del 15 de diciembre de este año, podamos mandarle recursos al Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL. Porque fue a través del Programa de Empleo Temporal donde se resolvieron, por ejemplo, la problemática del huracán en Veracruz, atendiendo a 60 mil familias.

Fue con el Programa de Empleo Temporal donde se atendieron las sequías en Sonora y en Coahuila, y creemos que puede ser a través del Programa de Empleo Temporal, en el que se pueda dar trabajo, ya sea en la siembra de nuevas cosechas de cítricos, mientras no se está produciendo, y que la SEDESOL pueda, de alguna manera, respaldar a estas 90 mil familias que actualmente dependen de la producción de cítricos en nuestro país.

Creo que es muy importante el planteamiento que está haciendo la Senadora Itzel Ríos de la Mora, de mi estado de Colima; siendo Colima el principal productor de limón en el país y siendo el municipio de Tecomán el primer productor de limón en todo el mundo.

Creo que debemos aprobarlo, el grupo parlamentario de Acción Nacional se suma a este punto de Acuerdo. Y por supuesto votaremos a favor de la propuesta hecha por la Senadora. Votaremos a favor para que la Secretaría de Agricultura atienda la problemática y respaldaremos el presupuesto, el aumento al presupuesto del Programa de Empleo Temporal, solicitándole a la Cámara de Diputados que haga la ampliación respectiva para atender a los jornaleros agrícolas que se ven afectados con esta situación que ya se presentó en nuestro país, y que lamentablemente ha destruido el ingreso familiar de muchísimos mexicanos en todos los estados donde se ha visto esa plaga, que hasta el día de hoy, son nueve estados en total.
Vamos a favor, y solicitamos el voto a favor del punto de Acuerdo que acaba de ser propuesto, a favor de las mexicanas y mexicanos que están siendo afectados gravemente por el dragón amarillo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.

A continuación se le concede el uso de la palabra, para el mismo asunto, al Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

En esta tribuna se han venido a plantear un exhorto tras otro exhorto, y como lo decía el Senador Zoé Robledo, pareciera que a los que les hacemos los exhortos tienen oídos sordos para escuchar lo que del Senado les decimos.

Y lo más grave es que, con esas actitudes, están afectando a miles y miles de productores de diferentes cultivos de nuestro país.

La ley es contundente y me voy a permitir leer la parte que plantea la compañera Senadora que hace este punto de Acuerdo.

Dice: La Ley Federal de Sanidad Vegetal establece en su artículo 19, que le corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, tomar las medidas necesarias para prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, cuando pueda representar riesgos fitosanitarios.

A veces me pregunto, ¿en qué área de la vida nacional no tenemos crisis? El campo mexicano está entrando, más bien, está en una situación ya muy grave, debido, entre otras cosas, a la negligencia de quienes tienen la obligación de cuidar que los productos y las plantas que hay en México estén sanas.

El Senado de la República tiene que alzar su voz de manera enérgica, ya que las autoridades no lo están haciendo para defender al campo mexicano.

Acabamos de pasar una crisis gravísima de la gripe aviar, que nos informan que ya está controlada. Solamente que las autoridades sanitarias no saben cómo llegó la gripe a México. No saben por dónde entró.

Es decir, no tienen ni idea de cómo llegan las enfermedades, por una razón: porque no están haciendo su trabajo en las fronteras, por eso. Porque le permiten toda serie de facilidades, principalmente a Estados Unidos, para que venga con sus productos a México, y no hay revisiones sanitarias y fitosanitarias serias que hagan que los productos contaminados no ingresen a México.

En este momento hay una discusión muy fuerte por el tema de la papa, y los ciudadanos productores de papa, le están pidiendo al Senado de la República que intervenga, porque no es presunción, existen las pruebas contundentes de que la papa que viene de Estados Unidos está contaminada y va a invadir con más de 58 plagas los cultivos de frijol, de tabaco, de berenjena, entre otros, en nuestro país.

¿Qué pasa con el dragón amarillo?

En el Senado, una de sus obligaciones es fiscalizar la actuación de la Administración Pública. Y habría que preguntarnos, si hay responsables o no en este tema del dragón amarillo.

Estamos diciendo que hay afectados.

Pero la pregunta es, ¿hay o no responsables en este tema del dragón amarillo?
Por supuesto que hay responsables, y son los mismos responsables de la gripe aviar, y son los mismos responsables de la papa que se introduce a México y son los mismos responsables de que hoy miles y miles, como ya se ha planteado aquí, de árboles de cítricos estén en peligro de extinción.

Y que una industria tan importante como ésta de los cítricos, tanto la naranja, la toronja y el limón estén en riesgo de extinción.

Por eso, compañeros Senadores, yo quiero proponer una modificación al acuerdo primero, que está solicitando la Senadora, si ella me lo permite lo leo y ojalá coincidamos.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la SAGARPA, a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que informe a esta Soberanía de las acciones realizadas para combatir la plaga conocida como dragón amarillo; instalándose con carácter de urgente una mesa de trabajo con productores y autoridades. Ampliar la vigencia de la Norma Oficial Mexicana, NOM-EM-047-FITO-2009, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para mitigar los riesgos de esta plaga en el territorio nacional.

Es la propuesta de modificación, y ojalá, reitero, que por el bien de los cítricos en México y por el bien de la agricultura en nuestro país, esta propuesta sea aceptada.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis. Si nos deja la propuesta por escrito. Se lo agradeceremos.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente…

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Si me permite el Senador Fidel Demédicis, dos preguntas, respecto de lo que ha presentado.

Una, con dos incisos.

Primero, dice usted que la gripe aviar no se supo de dónde llegó ni quién la trajo y cómo estuvo.

Si ha hecho usted alguna investigación, nos interesaría que nos la presentara, por otra parte, le dejo una ruta por la cual se podría encontrar. Busque usted a quién benefició todo el problema de la gripe aviar.

Laboratorios y productores de huevo.

Cae 15 por ciento la producción en Jalisco y se eleva a 300 por ciento el precio del huevo en todo el territorio nacional. No sé en dónde pueda estar el origen de esta fiebre, por una parte.

Y por otra, respecto de lo que usted ha presentado y todo este asunto, si me permite sumarme a lo que ha presentado.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez García. Senador Fidel Demédicis, en virtud de que usted ya había abandonado la tribuna y no se permiten los diálogos, le sugiero que platique con el Senador Patricio Martínez para que si llegan a un acuerdo, indudablemente que, en su momento, esta Directiva estaría dispuesta a recibir la misma para que pueda ser discutida.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Nada más para decirle al Senador Patricio Martínez que aquí en el Senado, por lo menos el grupo parlamentario del PAN, sí conoce de dónde provino la gripe aviar, fue de un ave silvestre, como se contamina en México o en cualquier parte del mundo, y la vacuna que se ha aplicado el estado de Jalisco, más de 8 millones, está hecha por el Estado mexicano, por el SENASICA. Entonces, no hay ningún laboratorio beneficiado y los productores tienen pérdidas millonarias en el estado de Jalisco.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Domínguez Servién. Le pido nada más que pueda conversarlo de manera directa con el Senador Patricio Martínez, en virtud de que no están permitidos los diálogos.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí, para rectificación de hechos, después del Senador, por favor, porque es de interés nacional lo que aquí estamos discutiendo y tiene que ver con el tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Lo anotamos al final, no procede en este momento porque usted ya había abandonado la tribuna y, en virtud de eso, ya no proceden los hechos en este momento. Pero al final, con muchísimo gusto lo anotamos.

Tiene el uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradeciendo la oportunidad de tocar este tema de vital importancia para el país, pero particularmente para el estado del que provengo, que es el estado de Veracruz; y agradeciendo la atención de las Senadoras y de los Senadores.

Venimos a respaldar en los términos la propuesta original presentada por la Senadora Itzel Ríos, vinculada a este tema de vital relevancia para los citricultores.

Como ya se explicó aquí y como es del conocimiento público, un tema de sanidad vegetal prioritaria en materia de la citricultura, es el que se desprende de los efectos perniciosos del vector Diaphorina citri, cuya bacteria HLB, conocida como Huanglongbing o dragón amarillo, afecta a la producción citrícola nacional.

Yo comparto con los Senadores y las Senadoras el tema de Veracruz y su vinculación a esta actividad primaria. Abarca cerca de 240 mil hectáreas de la geografía de esa entidad, representa el 45 por ciento de la producción nacional, tanto en la calidad de sus limones, de sus naranjas, de sus toronjas y de las tangerinas.

Es un tema de enorme preocupación para los productores nacionales y, particularmente, para los productores veracruzanos.
Por eso el llamado al gobierno federal, para que a través de sanidad vegetal, con las normas pertinentes, puedan darle puntual seguimiento a este tema fundamental, para que pueda revisarse la política de prevención. Para que además puedan articularse recursos vinculados a las acciones de fumigación. Para que también pueda plantearse la prevención de este tema a través de la instalación de invernaderos que no estén al aire libre. Que puedan, además, organizarse a los productores a través de la capacitación para conocer los alcances y los problemas vinculados a esta enfermedad vegetal.

Por eso, nos sumamos en sus términos a la propuesta de la Senadora Itzel Ríos. Y estaremos atentos a darle seguimiento a lo que el gobierno federal, a través de las dependencias pertinentes, instrumentará para poder resolver esta amenaza que involucra a las posibilidades de desarrollo de muchas regiones del país.

Por su atención, señoras Senadoras, señores Senadores, les agradecemos sobre todo su apoyo y agradecemos la atención de la Mesa Directiva.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Para el mismo asunto, ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

He pedido hacer uso de la palabra para manifestar el apoyo del partido o del grupo parlamentario del Partido Verde a esta propuesta que hace la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, y porque coincidimos con muchas de las expresiones que se han hecho en esta tribuna acerca de este problema particular que aqueja a un importante cultivo del sector agroalimentario mexicano, que es el de los cítricos.

Los que me han antecedido en el uso de la palabra han ya manifestado, por ejemplo, la importancia que tiene el cultivo de los cítricos en nuestro país, cuántos estados se dedican a esta actividad, cuántos estados están enfrentado este problema del dragón amarillo. Se han dado cifras acerca de lo que representa en términos de la posición de México en el mercado internacional de cítricos en cuanto a la cantidad de gente que se emplea en este sector.

Y el tema evidentemente no es menor, es un tema que requiere una especial atención. Y lo traigo a colación también porque yéndonos un poco hacia atrás, este es uno de los cultivos que allá por 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es uno de los cultivos en los que México se supone logró un importante acceso al mercado de los Estados Unidos.

El hecho de que se descuiden las condiciones fitosanitarias bajo las cuales se produce o se obtiene este importante cultivo, pues merma las oportunidades de ingreso para los productores mexicanos que se estarían beneficiando del acceso de este cultivo al mercado de los Estados Unidos, en particular, y al mercado canadiense.

Por tanto, es importante que la SAGARPA, ponga especial atención a este tipo de actividades, porque justamente no sólo se trata de lograr que los cultivos mexicanos logren un mejor acceso a los mercados internacionales, sino que las autoridades cuiden que estos cultivos no pierdan la competitividad que les hicieron ganar ese acceso. Y en ese sentido, el problema del dragón amarillo evidentemente es un problema más serio para este sector que está mermando de manera importante las oportunidades de producción y de comercio y, por lo tanto, también del bienestar de las familias que dependen del mismo.

Por eso, nos sumamos a esta propuesta que hace la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, y coincidimos también con la propuesta que está haciendo el Senador Demédicis, por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido Verde se suma a la propuesta ya realizada.

Es cuanto, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión la propuesta hecha por el Senado Fidel Demédicis, en virtud de que la propuesta que está haciendo él es en parte diferente a la que ha presentado la Senadora Itzel. Si las partes buscan ponerse de acuerdo para que se haga un solo documento, desde luego que estaríamos en espera de ese acuerdo entre las partes.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido al escaño del Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Informarle, señor Presidente, que ya acordamos con la Senadora Itzel Ríos, quien es iniciadora y proponente de este punto de Acuerdo, ya acordamos los términos. Solamente le pedí la palabra para aclaración de hechos, por favor, con fundamento en el Reglamento del Senado de la República, le pido que me permita el uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí. De cualquier forma, le pido a la Secretaría que dé lectura, para que el Pleno sepa exactamente las adiciones que se están proponiendo, para que si son aceptadas podamos someterlas a votación; pero antes, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis, para hechos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

El tema que plantea la Senadora Itzel no es un tema menor, como ya lo dijo el que me antecedió en la palabra, estamos en riesgo de acabar con la producción nacional de cítricos, estamos en riesgo, estuvimos en riesgo de acabar con las parvadas de gallinas ponedoras en este país, estamos en riesgo de acabar con la producción de papa si se permite la introducción de papa de Estados Unidos contaminada a México. Y por supuesto que el Senado de la República tiene que alzar la voz, no podemos nosotros ser cómplices de situaciones que perjudiquen al campo mexicano.

Y por último, decirle al Senador Patricio, que estamos haciendo investigación, y decirle al compañero de Acción Nacional que cuando guste lo espero en mi oficina para que veamos el video de lo que confesó el SENASICA en una de las mesas de trabajo que tuvimos en día viernes, en donde un dato solamente, él dice que la gripe aviar, como lo sostiene el ciudadano Senador, es de un ave silvestre.

Los productores le dijeron solamente que las aves silvestres llegan a México en el mes de octubre y se van en el mes de marzo. La gripe aviar se produce en su más alto grado en mayo, y en ese tiempo no hay aves silvestres ni en Jalisco, ni menos en cualquiera de los humedales de esa parte del país.

Yo lo invitaría, señor Presidente, para que revisemos el tema y escuche a los funcionarios de su gobierno qué es lo que dijeron.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Para alusiones, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para alusiones, tiene el uso de la palabra el Senador Domínguez Servién.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Compañero Senador, con muchísimo gusto voy a su oficina. Estamos hablando de un problema sanitario que conozco perfecto, es un fenómeno que no nada más se ha dado en México, se ha dado muy fuerte en Asia y en otros países.

No hay forma de contaminación más que a través de un ave migratoria. Las aves migratorias efectivamente migran, pero algunas se quedan. Y le puedo garantizar que la vacuna es producida y aplicada por el Estado mexicano, por el SENASICA, al grado que hoy China quiere comprar la cepa de la vacuna mexicana para solventar sus problemas de gripe aviar en Asia.

Pero con mucho gusto nos ponemos a discutir el tema y yo lamento, señor Presidente, este era un problema de cítricos, no del huevo. Yo le ruego que se ponga orden.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que ha hecho el Senador Fidel Demédicis para que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la misma, para que votemos en un solo acto las dos propuestas de punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se agrega un punto cuarto, que a la letra rezaría:

“El Senado de la República solicita al gobierno federal informe a esta Soberanía, a través de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, de las acciones realizadas para combatir la plaga conocida como dragón amarillo, y que se instale una mesa de trabajo con la participación de productores y autoridades”.

Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No habiendo quien haga uso de la palabra en este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar a los jóvenes y estudiantes indocumentados la información precisa y el apoyo para aplicar el Programa de Acción Diferida en los Estados Unidos de Norteamérica.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 15 de junio, la administración del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, anunció la concesión de una nueva política conocida como “Acción Diferida” para los jóvenes y estudiantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños y crecieron allá. Con esta concesión, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una forma de tramitar la protección contra la deportación y además otorgarles permisos para estudiar y trabajar legalmente a los jóvenes y estudiantes indocumentados que fueron llevados por sus padres durante la infancia.

Aproximadamente un millón de jóvenes inmigrantes entre 15 y 30 años de edad serán los beneficiados con la nueva política de “Acción Diferida”.

Datos del Centro de Política Migratoria, señalan que el estado de California es el de mayor número de jóvenes en esta situación, con cerca del 32 por ciento del total, seguido por Texas, Florida y Nueva York.

Es probable que algunos jóvenes y estudiantes inmigrantes con esta posibilidad de trámite, no lo soliciten, ya sea por falta de información, perdiendo así una oportunidad única, motivo por el cual, los consulados tendrán que reforzar sus mecanismos de información y orientación sobre el procedimiento para acceder a los beneficios de este programa.

Uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de nuestro país, es el denominado “Democracia Efectiva y Política Exterior”, el cual tiene por objetivo proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.

Los consultados están hechos para auxiliar a nuestros connacionales y vigilar que se respeten sus derechos humanos, laborales, independientemente de su situación migratoria. Asimismo, deben brindarles orientación y apoyo para que se acerquen a organizaciones especializadas y acreditadas para brindarles atención sobre los servicios migratorios.

Las medidas planteadas en esta proposición son en pro de los derechos de los inmigrantes que residen en Estados Unidos de América, en particular de los jóvenes y estudiantes que a partir de este año podrían verse beneficiados por el Programa de Acción Diferida.

Asimismo, representa un avance a favor de una política de inmigración, que permita al gobierno mexicano formar parte de este proceso de legalización de nuestros connacionales.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados correspondientes, se otorgue a los jóvenes y estudiantes mexicanos indocumentados que residen en Estados Unidos, el apoyo pertinente implementando los mecanismos de información, difusión y orientación, para que puedan acceder a los beneficios del Programa de Acción Diferida.

Asimismo, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones pertinentes a fin de que se exente del pago por concepto de certificado de matrícula consular o pasaporte a los jóvenes y estudiantes que lo requieran como identificación para el acceso al Programa de Acción Diferida.

Por último, es necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, implemente los mecanismos que permitan la exención del pago de los 465 dólares por concepto de solicitud de consideración de Acción Diferida, a los jóvenes y estudiantes mexicanos que residen en los Estados Unidos, a fin de que este gasto no signifique un impedimento para que se vean beneficiados por el programa.

Es cuanto.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Como lo ha solicitado la propia Senadora Gabriela Cuevas, que le demos el curso que señala el artículo 109 y el artículo 110 del Reglamento del Senado, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse este punto de urgente y obvia resolución. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión este punto de Acuerdo. Se han inscrito oportunamente los siguientes Senadores: Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD; Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en pro de este asunto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, el punto que nuestra compañera Senadora Gabriela Cuevas ha venido a plantear al Pleno es de singular importancia; pude conocerlo en una visita que hice a mis paisanos, a la comunidad oaxaqueña en Los Angeles, California, y me di cuenta que hay un grupo de jóvenes activistas que están recorriendo distintos lugares, en este caso de California, para incentivar a quienes pueden tener los beneficios de esta iniciativa, y creo que el planteamiento de la Senadora Cuevas Barrón es claro, y por eso nosotros, en nombre del grupo parlamentario del PRD, nos manifestamos anticipadamente en pro de su punto de Acuerdo.

Quisiera argumentar lo siguiente: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América enfoca, según nos han expresado, sus recursos para seguridad en la deportación de individuos que según ellos representan un peligro a la seguridad nacional o un riesgo a la seguridad pública, incluyendo extranjeros convictos de crímenes con particular énfasis en criminales violentos, convictos por delitos graves y ofensores reincidentes.

Así las cosas, con el objetivo de cumplir y de asegurar que los recursos para hacer cumplir la ley de seguridad no sean utilizados en temas de baja prioridad, como lo son individuos que fueron traídos a los Estados Unidos siendo menores de edad, es que nos informa el gobierno de la Unión Americana que el Presidente de los Estados Unidos inició, efectivamente, un esfuerzo para cambiar la política migratoria de ese país, por lo que el 15 de junio, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Jannet Napolitano, anunció que ciertas personas que llegaron a los Estados Unidos siendo niños, y que cumplen con criterios específicos, pueden ser elegibles para recibir la Acción Diferida, en una base caso por caso.

Sabemos que el servicio de ciudadanía de inmigración de los Estados Unidos está finalizando un proceso por el cual individuos elegibles pueden solicitar ser considerados a la Acción Diferida para los llegados en la infancia.

También sabemos que con la implementación de esta acción, que por cierto, no es permanente ni es definitiva, se calcula que se estaría beneficiando aproximadamente a 1 millón 700 mil jóvenes indocumentados de diversas nacionalidades quienes tendrán que cumplir varios requisitos, entre ellos: tener menos de 31 años de edad a la fecha del 15 de junio de 2012, haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años, haber residido continuamente en los Estados Unidos por un periodo mínimo de 5 años antes del 15 de junio y haber estado físicamente en ese país hasta esa fecha.

También, haber estado presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento de solicitar ser considerado para recibir la Acción Diferida por parte de la instancia correspondiente.

También se plantea que deben estar asistiendo a la escuela o que se hayan graduado de una escuela superior, poseer un certificado de educación general o haber servido honorablemente en la Guardia Costera o en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Y vaya que nos hemos encontrado muchos paisanos nuestros que efectivamente han logrado ya tener un certificado de educación general y que están estudiando en educación superior.

También se plantea entre los requisitos, que no hayan sido condenados por la comisión de un delito grave, y pues no representar una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública.

Esos requisitos deben ser acreditados en una serie de documentos, la requisitación de un formulario, así como la toma de muestras biométricas y exigencias que generan costos a los jóvenes mexicanos que aspiran a ser beneficiados en ese programa.

Evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos de América está haciendo, aunque pareciera insuficiente, un esfuerzo para brindar a las y los jóvenes inmigrantes residentes de dicho país, una mejor calidad de vida.

Ahora le toca al gobierno mexicano hacer parte de esa tarea y es obvio que si han tenido que salir de nuestro territorio nacional muchos de sus jóvenes, hay una obligación moral que nosotros estamos planteando, sumándonos a la propuesta que pueda ser encabezada por el gobierno que está terminando y que encabeza Felipe Calderón.

Por eso, como bien lo señala la Senadora Gabriela Cuevas, por lo menos se está planteando que se implemente una campaña informativa, de manera muy extensa, sobre los requisitos para accesar a este beneficio, y también ver la posibilidad de facilitar la expedición de pasaporte o de algún otro documento que permita demostrar la identidad nacional que requieren los jóvenes mexicanos.

También sería posible, y lo dejamos ahí como propuesta, que se pueda ver cómo se le ayuda haciendo gestiones, me refiero al gobierno mexicano, ¿cómo se pueden hacer gestiones para lograr la exención el pago de los 465 dólares que se les pide por concepto de la solicitud para poder incorporarse a este Programa de Acción Diferida?

Compañeras y compañeros Senadores, el Partido de la Revolución Democrática siempre estará en pro de aquellas iniciativas y proposiciones que provean bienestar para los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, por ello, sin duda alguna, nos estamos uniendo a la propuesta que hoy se discute.

Es cuanto, señor Presidente.


PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra, para hablar en pro de este punto de Acuerdo, al Senador Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente.

El grupo parlamentario de Acción Nacional celebra la decisión del Presidente estadounidense Barack Obama, quien por medio del Programa de Acción Diferida, vigente desde el 15 de agosto de 2012, ha otorgado un apoyo migratorio a jóvenes indocumentados que residen en los Estados Unidos de América del Norte, siendo la mayoría de origen mexicano.

En mi estado, Yucatán, hay municipios como Cenotillo, Peto, entre otros, donde cientos de jóvenes residen en los Estados Unidos. Esta iniciativa fue propuesta por los líderes demócratas en el congreso estadounidense y permitirá aplazar la deportación de jóvenes indocumentados, quienes llegaron antes de los 16 años, realicen estudios universitarios o inclusive se han enlistado en el ejército.

Desde esta tribuna, los Senadores del Partido Acción Nacional aplaudimos la decisión de la Casa Blanca, que concede a los jóvenes inmigrantes la oportunidad de seguir contribuyendo a la fortaleza y vitalidad de los Estados Unidos.

El Programa de Acción Diferida, que otorga permisos de trabajo a más de 1.7 millones de estudiantes indocumentados, es, sin duda alguna, un paso muy positivo en la relación entre México y los Estados Unidos. Entre los requisitos para aplicar este programa, figura haber ingresado al país a más tardar a los 16 años, tener un máximo de 30 años, probar una residencia en la Unión Americana desde 2007, un certificado de educación media o estar estudiando actualmente en la escuela o universidad y no tener antecedentes por la comisión de delitos mayores.

Hasta hoy, más de 70 mil jóvenes han solicitado sus beneficios desde su entrada en vigor el pasado 15 de agosto de 2012. Dada la gran relevancia que tiene este programa para las comunidades mexicanas que residen en los Estados Unidos, los Senadores de Acción Nacional exhortamos respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red de consulados ubicados en los Estados Unidos de América, hagan llegar toda la información necesaria para que los estudiantes y jóvenes de origen mexicano, tengan oportunidad de conocer y, en su caso, de aplicar los beneficios que el Programa de Acción Diferida les otorga.

Este programa es una buena inversión del gobierno del Presidente Barack Obama, que creará una fuerza moral más allá de la fuerza legal, los jóvenes migrantes que residen en los Estados Unidos, que estudian y han crecido en ese país, representan un gran capital humano y laboral para el futuro de esa nación.

Esta medida representa un primer paso para reconocer las contribuciones económicas, sociales y culturales de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, y para evitar seguir avanzando en un enfoque que los criminalice.

El grupo parlamentario de Acción Nacional respalda este punto de Acuerdo porque va en el mismo sentido de la agenda legislativa que han promovido nuestros legisladores, porque estamos convencidos que es necesario impulsar flujos migratorios más seguros y ordenados y porque es congruente la protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, por los que han luchado los gobiernos del Partido Acción Nacional.
Para concluir, yo quiero felicitar a la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, por este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para habar en pro de este punto de Acuerdo.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

En representación de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a respaldar el punto de Acuerdo presentado por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

El Partido Revolucionario Institucional celebra el Programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, anunciado en junio del presente año por el Presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Barack Obama.

A pesar de que el Programa DACA beneficiará a cierto sector de jóvenes indocumentados que cursan estudios en ese país, debemos ser muy claros, que una Acción Diferida es una concepción discrecional de alivio emitida por el Departamento de Seguridad Interna estadounidense, se estima que 1.7 millones de jóvenes inmigantes, también denominados Dreamers, cumplirá con los requisitos que impone este programa.

Además de permisos de trabajo en Estados Unidos, aquellos que sean admitidos al programa podrían también obtener licencias de conducir, tarjetas de seguridad social y tener acceso a ciertos programas sociales.

Las personas que tienen la condición de Acción Diferida, no garantizarán su residencia legal permanente, y además podrán ser revocados en cualquier momento. Consideramos oportuno el punto de Acuerdo de la Senadora proponente, dado que cientos de nuestros jóvenes mexicanos serán candidatos a acceder al programa y necesitarán de orientación e información oportuna que tendrán que brindar nuestras embajadas y nuestros consulados.

Sin embargo, debemos pugnar por una política migratoria de mayor apertura y consideraciones humanas para nuestros connacionales, de manera concreta, buscar los canales políticos y diplomáticos para que se materialice el proyecto de la ley Dream Act, que sin lugar a duda dotará de mejores condiciones humanas, igualitarias, a favor de nuestros compañeros y de nuestros connacionales en los Estados Unidos.

Compañeros Senadores, los invito a que desde este Poder Legislativo instrumentemos las reformas que nuestro país necesita para generar empleos, elevar la calidad de vida y dotar de más oportunidades que eviten, en mayor medida, que nuestros jóvenes tengan como única opción la emigración.

Por lo anteriormente expuesto, los invito a votar a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.


PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

Para el mismo asunto, ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor de este punto de Acuerdo.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El tema migratorio presenta varias aristas, en este Pleno hemos conocido y debatido alguna de ellas, lo que en esta ocasión nos ocupa se relaciona con los jóvenes migrantes que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica cuando eran niños y a la posibilidad que tienen de evitar la deportación y continuar estudiando o bien de obtener un permiso para trabajar por dos años con posibilidad de prórroga de acuerdo a la evaluación que realice la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios de los Estados Unidos de Norteamérica.

Me refiero al Programa de Acción Diferida, a partir de su presentación en junio de este año, más de 4 mil 600 jóvenes se han beneficiado con esta propuesta y se espera que muchos más se sumen a la misma.

No obstante, como bien lo señala la Senadora Gabriela Cuevas, la carencia de información sobre el procedimiento a seguir y los requisitos que se deben cumplir, puede afectar la vida de los jóvenes mexicanos que radican en ese país y que, como muchos otros, están estudiando para granjearse un futuro mejor o que habiendo concluido sus estudios exitosamente aspiran a obtener un trabajo digno que les abra más oportunidades en la vida.

De todos es conocido el papel que los migrantes mexicanos han desempeñado en el desarrollo y crecimiento de nuestro vecino país del norte, los beneficios que pueden aportar los jóvenes que sean seleccionados bajo el esquema de la Acción Diferida, estoy seguro que serán de gran utilidad para la sociedad de ese país.

Compañeras y compañeros, cuántos de nosotros tenemos conocimiento de jóvenes que han destacado en la vida social y productiva de los Estados Unidos de Norteamérica gracias a que aprovecharon las oportunidades existentes.

De eso se trata esta propuesta, de fortalecer los canales de comunicación e información para que los candidatos viables, y que así lo quieran, puedan solicitar los beneficios del Programa de Acción Diferida, y también que se les pueda brindar el apoyo y el soporte que éstos requieran para aplicar a este programa por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados.

Por lo anterior, les invito a votar a favor y apoyar esta proposición con punto de Acuerdo que celebramos el día de hoy.

Muchísimas gracias; es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Muchos sabemos que PEMEX no es, nunca ha sido, un ejemplo de transparencia, inclusive muchos decimos que tampoco ha sido un ejemplo de probidad en la administración de sus recursos. Y hoy, lamentablemente, esto queda de manifiesto una vez más, ahora por una serie de turbios manejos en la conducción de millonarios convenios que a continuación me permito explicarles.

Esta emblemática empresa del país, contrata a través de un esquema de outsourcing, también conocido como subcontratación, a 26 representantes patronales o del capital. Estos trabajadores desempeñan funciones como representantes en cuatro juntas especiales en el Distrito Federal y en 22 juntas especiales en el interior de la República, 13 de ellos fungen como representantes titulares y los otros 13 como representantes suplentes.

El contrato de donde sale el dinero para pagarles a estos trabajadores está estipulado en la partida número 3 del Convenio Específico No. 420400803. El tipo de servicios queda detallado como servicio de apoyo técnico administrativo especializado en la planeación, organización y control para optimizar el desarrollo de los proyectos de PEMEX Exploración y Producción. Según los contratos firmados por los trabajadores, las actividades por las que se les paga van desde el seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas para recepción contractual y finiquito hasta el apoyo técnico en la clasificación de documentación.

La situación se torna realmente sospechosa y grave, en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo alguno desde hace más de 9 meses. Es decir, no se les ha pagado en todo lo que va del año. El día de hoy, el monto total de lo adeudado a estos trabajadores asciende a poco más de 5 millones de pesos.

En este sentido, varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este convenio; del 2008 al 2010, las empresas encargadas de prestar este servicio fueron: la Compañía Mexicana de Exploración (COMESA) y Quality Laboral Services, y sin embargo estas dos empresas sin explicación alguna dejaron de prestar el servicio, y por eso de julio de 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex S.A de C.V, fue la supuesta encargada de erogar los pagos.

Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven todavía más obscuras.

Como parte beneficiada de este convenio específico, aparece también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fungiendo como intermediaria de PEMEX Exploración y Producción, bajo el concepto de servicios de apoyo técnico y administrativo en actividades en proceso exploratorio de PEMEX Exploración y Producción. Esta Universidad firmó en febrero de 2010 dicho convenio por más de 51 millones de pesos. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a 80 millones de pesos. El convenio está vigente al día de hoy, según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El hecho, compañeras y compañeros, de que PEMEX subcontrate servicios con particulares para pagarles a los trabajadores que claramente desempeñan labores para la empresa, podría ser una arbitrariedad, pero ni siquiera es el fondo del tema.

Esto a mí me parece de que palidece ante el hecho de que incluso bajo esquemas de subcontratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está siendo retenido de manera ilegal, no se les ha pagado, insisto, en más de 9 meses, es decir, desde que comenzó, lo tengo que decir así, el año electoral.

Ante esto, no queda más que preguntar: ¿A dónde se está yendo el dinero de estos trabajadores?

¿Qué empresa intermediadora es ahora la supuesta encargarla de pagarles?

Y sobre todo, ¿de quién son estas empresas subcontratadoras?

Asimismo, en Tabasco ya son varias las voces, en medios de comunicación locales, que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte de las autoridades universitarias, acusando contubernio y complicidades por parte de funcionarios de la empresa con las áreas de vinculación de la universidad.

Compañeras y compañeros legisladores:

Ante estas graves sospechas, la ciudadanía merece una explicación clara y contundente, así como la implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes, que aseguren la inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos llamados convenios específicos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía al Director General de Petróleos Mexicanos, para dar un informe que detalle la naturaleza del Convenio Específico No. 420400803, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le adeuda a los trabajadores.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los Convenios Específicos celebrados por Petróleos Mexicanos, en el anterior ejercicio fiscal, con diversas empresas e instituciones educativas, particularmente en el convenio de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX PARA DAR UN INFORME SOBRE LA NATURALEZA DEL CONVENIO ESPECIFICO NO. 420400803, Y POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA CELEBRACION DE CONVENIOS ESPECIFICOS POR PARTE DE PEMEX

“El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Sabemos que PEMEX no es, ni nunca ha sido, un ejemplo de transparencia y probidad en la administración de sus recursos. Hoy, lamentablemente, esto queda patentizado nuevamente por una serie de turbios manejos en la conducción de millonarios convenios.

La empresa emblemática del país contrata, a través de un esquema de outsorcing, también conocido como subcontratación o tercerización de servicios, a 26 Representantes Patronales o del Capital. Estos trabajadores desempeñan funciones como Representantes en 4 Juntas Especiales en el Distrito Federal y 22 Juntas Especiales en el interior de la república; 13 de ellos fungen como Representantes Titulares y los otros trece como Representantes Suplentes. Estás Juntas Especiales pertenecen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El contrato de dónde sale el dinero para pagarle a estos trabajadores está estipulado como Partida No. 3, del Convenio No. 420400803. El tipo de servicios queda especificado como “Servicios de Apoyo Técnico Administrativo Especializado en la Planeación, Organización y Control para Optimizar el Desarrollo de los Proyectos de Pemex Exploración Y Producción”. Según los contratos firmados por los trabajadores, las actividades por las que se les paga incluyen:

• Aplicar las estrategias establecidas, respetando la normatividad de Pemex Exploración y Producción, en la planeación, administración y control de los recursos.

• Seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas, para recepción contractual y finiquito.

• Apoyo técnico en la clasificación de documentación.

• Seguimiento administrativo a los ajustes de costos.

Los informes de estas actividades eran firmados mensualmente y dirigidos al Ing. Angel F. Vizcaíno Hernández, en su calidad de Supervisor de los Servicios.

La situación se torna realmente sospechosa, y grave, en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo alguno desde hace más de nueves meses. Es decir, no se les ha pagado en lo que va del año. El monto total de los salarios adeudados a estos trabajadores asciende a más de 5 millones de pesos.

Varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este Convenio No. 420400803. De 2008 a 2010, dos fueron las empresas encargadas de prestar este servicio:

COMESA, (Compañía Mexicana de Exploración), con domicilio fiscal en Mariano Escobedo 366, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F, y;

Quality Laboral Services S.A de C.V, con domicilio fiscal en Paseo de la reforma, 350, piso 11, Villahermosa, Tabasco.

Estas dos empresas, sin explicación alguna, simplemente dejaron de prestar el servicio, dando lugar a una tercera. De julio del 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex S.A. de C.V., con Domicilio Fiscal en Reforma Norte # 633, Colonia San Silverio, Comalcalco Tabasco, fue la supuesta encargada de erogar los pagos.
El último pago que los trabajadores afectados recibieron, hecho que por demás viene a confirmar las graves irregularidades en el manejo de estos dineros, ya no proviene de una empresa, sino de un particular. Así lo clarifica el Pago recibido de HSBC, por orden de Carlos Antonio Pizano Zandoval. REF.0000001. HONO Rastreo: HSBC045008.

Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven aún más obscuras.

Como parte beneficiada de este Convenio Específico, No. 420400803, aparece también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), fungiendo como intermediaria de Pemex Exploración y Producción. Bajo el concepto de Servicios de apoyo técnico administrativo en actividades del proceso exploratorio de Pemex Exploración y Producción”, esta Universidad firmó en febrero de 2010 dicho Convenio por el monto de $51,643,127.46. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a $80,709,172.62. El convenio está, según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, vigente al día de hoy

CONSIDERACIONES

El hecho de que PEMEX subcontrate servicios, con particulares, para pagarles a trabajadores que claramente desempeñan labores para la empresa es, por decir lo menos, una arbitrariedad.

Sin embargo, esto palidece ante el hecho de que, incluso bajo esquemas de contratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está siendo retenido ilegalmente. No se les ha pagado en más de nueve meses, es decir, desde el comienzo del año electoral. Ante esto no queda más que preguntar ¿A dónde se está yendo el dinero de estos trabajadores? ¿Qué empresa intermediadora es ahora la supuesta encargada de pagarles? Y, sobre todo, ¿De quién son estas empresas subcontratadoras?

Y es que, a la luz de los acontecimientos, y ante los antecedentes que todos conocemos, no es descabellado suponer que estas empresas son creadas por los mismos funcionarios de PEMEX, ya sea para desviar recursos con fines proselitistas, o, simple y llanamente, para enriquecerse ilícitamente.

El hecho de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aparezca como beneficiaria, por más de 80 millones de pesos, del mismo Convenio Específico, a través del cual supuestamente se les paga a estos trabajadores, sólo ahonda las sospechas.

En Tabasco ya son varias las voces que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte de las autoridades de la UJAT, principalmente en medios de comunicación locales. Se sospecha de contubernio y complicidades por parte de funcionarios de la empresa con las áreas de vinculación de la Universidad, permitiendo que estos últimos se conviertan en contratistas y subcontraten a quienes realizan los trabajos a cambio de un 20 por ciento total del monto total del Contrato. Se habla de muchos beneficiados, asignándose servicios a empresas de familiares y amigos.

La corrupción, el desvío de recursos y la consecuente impunidad, son los lastres más prominentes que inhiben nuestro desarrollo como sociedad y como país. PEMEX siempre ha sido objeto de los más inconfesables apetitos, precisamente por la falta de transparencia y rendición de cuentas que privan en sus actividades.

Ante estas graves sospechas, la ciudadanía mexicana merece una explicación clara y contundente; la implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes, que aseguren la inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos llamaos Convenios Específicos.
En vista de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para dar un informe que detalle la naturaleza del Convenio Específico No. 420400803, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le adeuda a los trabajadores afectados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a investigar los Convenios Específicos celebrados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), el anterior ejercicio fiscal, con diversas empresas e instituciones educativas. Particularmente el Convenio Específico No. 420400803.

Salón de sesiones de la cámara de Senadores, a 25 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles. Túrnese a la Comisión de Energía.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre propio y en representación del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a enviar a diversas comisiones del Senado un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos municipales.


- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hacemos la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Uno.- El Pleno del Senado de la República exhorte a los gobiernos de los estados a enviar a la Comisión de Asuntos Migratorios y a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur del Senado de la República, un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y los gobiernos municipales.

Y dos.- El Pleno del Senado de la República exhorta a los gobiernos municipales que no cuenten con una instancia de gobierno para apoyo de los migrantes, a crear una oficina de atención para la población migrante, de conformidad con las siguientes consideraciones:

La complejidad de los fenómenos sociales y políticos que tienen incidencia en la gobernabilidad han desarrollado una sofisticación y entretejido transversal entre sí, que ha desbordado las metodologías, los aparatos y los objetivos explícitos y tácitos de las instituciones. Uno de esos fenómenos es el de la migración en todas sus variantes y calidades. La movilidad y la naturaleza de las migraciones desarrollan estructuras móviles, imprevisibles, diferenciadas, porque de ello depende su seguridad ante los que ven en los migrantes una fuente de explotación.

Sin embargo, las diásporas de migrantes, precisamente por su nivel de riesgo, demandan zonas de seguridad que los orienten y los apoyen en sus múltiples accidentes que se presentan en sus recorridos. Para ello existe ya la posibilidad de desarrollar esquemas de red entre los estados y municipios para que las denuncias de abusos de todo tipo queden registradas y orientadas, para que los apoyos sean prontos y eficientes, para que las demandas y solicitudes viables sean canalizadas o resueltas en conjunción con institutos y organizaciones de migrantes.

La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, por ser de reciente creación, requiere acumular y allegarse de información fresca y sustantiva para organizar el objetivo de impulsar posibilidades de organización estable y eficaz para los migrantes.

En atención, por ejemplo, al Reporte Trimestral de Migración de mayo-julio 2012 de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, nos indica que la mayoría de los programas públicos para migrantes son de corte federal. Unicamente las excepciones como el Programa 3X1 para Migrantes, incluyen la participación de los tres niveles de gobierno. Esto evidencia la fragilidad de políticas migratorias en el ámbito estatal y municipal. Un ejemplo de ello, es la aprobación de la creación del Instituto de Atención a Migrantes del estado de Querétaro con la intención de brindar apoyo a las familias, a las cuales se les ofrecerá orientación jurídica; resta ante ello crear oficinas o delegaciones en los municipios para que la red pueda establecer un dominio informativo pertinente para aplicar políticas públicas democráticas.

Es sabido que ya en varios estados se ha creado una institución que atienda los asuntos migratorios, aunque para requerimientos de una red eficiente se necesitan enclaves municipales. La propuesta de este exhorto es construir las condiciones de una súper-red nacional de atención a migrantes con presencia en todos los municipios, empezando por los de las fronteras y por donde transitan las migraciones, para que se pueda brindar apoyos de calidad. En los municipios no necesariamente se necesita una gran infraestructura sino una oficina con sustentos tecnológicos mínimos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Uno.- El Pleno del Senado de la República exhorta a los gobiernos de los estados a enviar a la Comisión de Asuntos Migratorios y a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Norte y Fronterizos Sur del Senado de la República, un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos municipales.

Dos.- El Pleno del Senado de la República exhorta a los gobiernos municipales que no cuenten con una instancia de gobierno para apoyo de los migrantes, a crear una oficina de atención para la población migrante.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A ENVIAR A LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DE ASUNTOS FRONTERIZOS, NORTE Y DE ASUNTOS FRONTERIZOS, SUR UN INFORME DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES PARA LOS MIGRANTES QUE SE OFRECEN DESDE LOS GOBIERNOS CENTRALES Y DESDE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A ENVIAR A LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DE LAS COMISIONES DE LA FRONTERA NORTE Y SUR DEL SENADO DE LA REPUBLICA, UN INFORME DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES PARA LOS MIGRANTES QUE SE OFRECEN DESDE LOS GOBIERNOS CENTRALES Y DESDE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DOS.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES QUE NO CUENTEN CON UNA INSTANCIA DE GOBIERNO PARA APOYO DE LOS MIGRANTES, A CREAR UNA OFICINA DE ATENCION PARA LA POBLACION MIGRANTE.

PARA QUE ESTA SOBERANIA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La complejidad de los fenómenos sociales y políticos que tienen incidencia en la gobernabilidad han desarrollado una sofisticación y entretejido transversal entre sí, que ha desbordado las metodologías los aparatos y los objetivos explícitos y tácitos de las instituciones. Uno de esos fenómenos es el de la migración en todas sus variantes y calidades. La movilidad y la naturaleza de las migraciones desarrollan estructuras móviles, imprevisibles, diferenciadas, porque de ello depende su seguridad ante los que ven en los migrantes una fuente de explotación.

2.- Sin embargo, las diásporas de migrantes, precisamente por su nivel de riesgo, demandan zonas de seguridad que los orienten y los apoyen en sus múltiples accidentes que se presentan en sus recorridos. Para ello existe ya la posibilidad de desarrollar esquemas de red entre los estados y municipios para que las denuncias de abusos de todo tipo queden registradas y orientadas; para que los apoyos sean prontos y eficientes, para que las demandas y solicitudes viables sean canalizadas o resueltas en conjunción con institutos y organizaciones de migrantes.

3.- La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, por ser de reciente creación, requiere acumular y allegarse de información fresca y sustantiva para organizar el objetivo de impulsar posibilidades de organización estable y eficaz para los migrantes.

En atención, por ejemplo, al Reporte Trimestral de Migración de Mayo-Julio 2012 de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo nos indica que “la mayoría de los programas públicos para migrantes son de corte federal. Únicamente las excepciones como el programa 3 X1 para Migrantes, incluyen la participación de los tres niveles de gobierno. Esto evidencia la fragilidad de políticas migratorias en el ámbito estatal y municipal”. Un ejemplo de ello es la aprobación de la creación del Instituto de Atención a Migrantes del Estado de Querétaro con la intención de brindar apoyo a las familias, a las cuales se les ofrecerá orientación jurídica; resta ante ello crear oficinas o delegaciones en los municipios para que la red pueda establecer un dominio informativo pertinente para aplicar políticas públicas democráticas.

4.- Es sabido que ya en varios estados se ha creado una institución que atienda los asuntos Migratorios, aunque para requerimientos de una red eficiente se necesitan enclaves municipales. La propuesta de este exhorto es construir las condiciones de una super-red nacional de atención a migrantes con presencia en todos los municipios, empezando por los de las fronteras y por donde transitan las migraciones para que se pueda brindar apoyos de calidad. En los municipios no necesariamente se necesita una gran infraestructura sino una oficina con sustentos tecnológicos mínimos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A ENVIAR A LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DE LAS COMISIONES DE LA FRONTERA NORTE Y SUR DEL SENADO DE LA REPUBLICA, UN INFORME DE LOS APOYOS INSTITUCIONALES PARA LOS MIGRANTES QUE SE OFRECEN DESDE LOS GOBIERNOS CENTRALES Y DESDE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
DOS.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES QUE NO CUENTEN CON UNA INSTANCIA DE GOBIERNO PARA APOYO DE LOS MIGRANTES, A CREAR UNA OFICINA DE ATENCION PARA LA POBLACION MIGRANTE.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios de México.

El gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y en general los poderes públicos enfrentamos un enorme reto para cubrir crecientes, complejas y apremiantes necesidades ciudadanas.

Complejas, debido a la interdependencia de los problemas sociales.

Apremiantes, por el rezago histórico que muchas de ellas presentan.

Y crecientes, por la inclusión de nuevos problemas que requieren de la intervención del Estado para su solución.

En algunos casos ha sido falta de voluntad política; en otros, se ha tratado del diseño de políticas públicas poco eficientes o un centralismo que define desde el gabinete lo que los beneficiarios necesitan.

En el Programa de Albergues Escolares Indígenas, por ejemplo, muchos estudiantes no pueden acceder a este programa porque a él sólo pueden participar si están inscritos en las denominadas universidades interculturales, dejando fuera a cientos de miles de alumnos de ascendencia indígena que estudian en universidades públicas.

De acuerdo al INEGI y con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 millones de personas que se autoreconocen como indígenas, de las cuales, 6.6 millones de 3 años y más hablan alguna lengua originaria; y que alrededor de un 30 por ciento de la población que se reconoce como indígena, ya vive en ciudades de más de 100 mil habitantes.

Tan solo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una población indígena de por lo menos el 10 por ciento de su total, es decir, más de 25 mil personas que se reconocen con ascendencia indígena

Una situación similar se presenta en Carmen, Hecelchakán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de población indígena en zonas urbanas del estado, y que a pesar de ello, no son sujetos de atención por no cumplir con los criterios de legibilidad de la CDI. Otra ciudad importante como Calkiní, alberga a más del 50 por ciento del total de su población que se reconoce con ascendencia indígena.

Son estos dos criterios: el porcentaje de población indígena que vive en zonas urbanas y el principio de auto-adscripción, los que deberían ser utilizados para atender a nuestros hermanos.

Es indudable que más indígenas vivirán en las ciudades de México, y que por ello será fundamental adoptar el precepto del artículo 2o. de la Constitución Federal, que apunta: Que la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Sin embargo, este mandato constitucional no es utilizado para la construcción de políticas públicas en la materia, por el contrario, las reglas de operación lo sustituyen con variables tales como el de ser una comunidad con 40 por ciento o más de habitantes de lengua indígena, tener de 50 a 15 mil habitantes, y ser de alta o muy alta marginación, lo cual deja fuera a cientos de centros urbanos que podrían ser sujetos de atención con los programas sociales federales.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena, criterios que permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población, especialmente a aquella que se encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, tales como los de infraestructura comunitaria, educación, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos.

Segundo.- Que de manera transversal en los programas federales del sector desarrollo social, se incluya en las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del autoreconocimiento como indígenas, tal y como lo señala el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que éstos y los proyectos en su beneficio, surjan de la consulta directa a estos hermanos indígenas; además, que se modifique el esquema de aportaciones federales y estatales, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en las reglas de operación, para fijarlos en 80 por ciento federal y 20 por ciento para la concurrencia de estados y municipios, y, finalmente, que en el marco del federalismo, los programas de inversión anual se definan de manera conjunta entre las instancias del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo, mediante la firma de acuerdos anuales.

Tercero.- Que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Albergues Escolares Indígenas, para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes universitarios y no sólo a aquellos que estén inscritos en las denominadas universidades interculturales.

Respetuosamente solicito a la Presidencia que se someta a la consideración del Pleno, si es de urgente resolución.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACION INDIGENA EN ZONAS URBANAS DEL PAIS

“El suscrito, RAUL AARON POZOS LANZ, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las Reglas de Operación de los Programas Federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su segundo párrafo que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

De igual manera, el apartado “B” de ese mismo artículo, señala que “la Federación, los Estados y los Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 millones de personas que se auto reconocen como indígenas, de los cuales 6.6 millones de 3 años y más hablaban alguna lengua indígena. Sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), reconoce que la población indígena de México alcanza los 11 millones 132 mil 562 personas, de los cuales 5 millones 663 mil 237 son mujeres y 5 millones 469 mil 325 son hombres.

Esta población está integrada principalmente en hogares donde alguno o varios de sus miembros son hablantes de lengua indígena, criterio que es el determinante para que puedan acceder a programas y fondos públicos. Sin embargo, esto presupone que existe un porcentaje importante de mexicanos que aunque se auto reconocen como indígenas de conformidad al artículo segundo de la Constitución General de la República, está de facto al margen de la atención de los programas para el desarrollo integral de ese sector de la población.

Territorialmente, de los más de 2 mil 400 municipios del país, 530 son municipios con 40 por ciento o más de población hablante de lengua indígena y el 80 por ciento de los municipios indígenas del país son de alta y muy alta marginación.

El censo de población y vivienda del 2012 también estima que alrededor de un 30 por ciento de la población que se reconoce como indígena, ya vive en ciudades de más de 100 mil habitantes. Sin embargo, existen localidades que han adoptado el criterio de auto reconocimiento como señala la Constitución, pero que al no reunir los criterios de elegibilidad que señala la CDI, como son el ser una comunidad con 40 por ciento y más de hablantes de lengua indígena, tener de 50 a 15 mil habitantes, y ser de alta o muy alta marginación, no son sujetos de atención de los programas sociales enfocados al desarrollo indígena. Más importante aún, es que esta población está asentada en polígonos de pobreza y marginación en zonas urbanas, y que al no contar con estrategias de atención a partir del criterio de auto adscripción, no sólo los sitúa en un alto grado de vulnerabilidad, sino que además los excluye de los beneficios del desarrollo.

Tan sólo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una población indígena de por lo menos el 10 por ciento de su población total, es decir, más de 25 mil personas que se reconocen con ascendencia indígena y que viven en su zona urbana. Una situación similar se presenta en Carmen, Hecelchakán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello, no son sujetos de atención por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Ciudades importantes como Calkiní en el Estado de Campeche, albergan a más del 50 por ciento del total de su población que se reconoce con ascendencia indígena.
La creciente población indígena ha transformado a las ciudades mexicanas en espacios multiculturales, sin embargo, destaca la precaria condición en la que la mayoría de ellos viven en las zonas urbanas, donde la discriminación los lleva a hacer invisible su identidad y a desplazar sus lenguas y cultura.

De acuerdo a informes de la CDI, existen 85 programas o acciones federales que atienden a este sector de la población, de los cuales 60 contaron con asignación presupuestal específica en el Anexo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, “Erogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena”. A pesar de ello, también es cierto que las reglas de operación de todos los programas de la política social dejan fuera a esta población por habitar en zonas urbanas de más de 15 mil habitantes.

Por ello, no deja de llamar la atención que las últimas evaluaciones publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afirman que una de las causas del pobre desempeño en los años recientes en el combate a la pobreza y a la marginación en México, se atribuye a que los programas federales presentan problemas de diseño inadecuado y reglas de operación poco claras y flexibles, dentro de los cuales se encuentran los programas federales enfocados a la atención de la población indígena.

Por todo lo anterior, en los programas y reglas de operación de las dependencias del sector social, pero particularmente de aquellas que atienden a la población indígena, se manifiestan situaciones que impiden el correcto destino de las inversiones autorizadas y que generan los siguientes problemas:

a. En primer lugar, los criterios de elegibilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indican que se atienda sólo a las comunidades donde al menos el 40 por ciento de sus habitantes sean hablantes de lengua indígena, tomando como base los resultados del censo del INEGI.

b. Además, que las localidades deberán ser de muy alta o alta marginación y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes, dejando al margen con este principio, a la población indígena que vive en polígonos de pobreza de las zonas urbano marginadas, así como también a comunidades dispersas que se auto reconocen y que sin embargo no cuentan con el porcentaje de hablantes que hablen una lengua indígena.

c. Por otra parte, las reglas de operación de algunos programas como el Programa de Infraestructura Básica Indígena (PIBAI) señalan que su ámbito de atención estará limitado exclusivamente a comunidades que aparezcan en la relación de localidades elegibles publicada por la CDI cada año, criterio que como ya se expresó con anterioridad, reduce la población objetivo a aquella que hable alguna lengua indígena.

d. Asimismo, que las reglas de operación del programa de infraestructura básica indígena (PIBAI) no contemplan la rehabilitación de obras de infraestructura básica, y se circunscribe a la dotación de servicios importantes como caminos de acceso, electrificación y agua potable, dejando al margen la dotación de obras de infraestructura educativa, de salud, vivienda y cultura, lo cual deteriora y excluye de acciones de mejora o reparación a población indígena reproduciendo su marginación y disminuyendo su calidad de vida.

e. Las reglas de operación también reproducen situaciones de discriminación estructural debido a la visión centralista con la que son diseñadas. Por ejemplo, el programa de Albergues Escolares Indígenas sólo brinda servicio a estudiantes que estén inscritos en las denominadas Universidades Interculturales, las cuáles no existen en todas las entidades federativas, dejando de lado a jóvenes indígenas que estudian en Universidades Públicas Estatales.
f. Pero las reglas de operación también inhiben los programas de Promoción y Fomento Cultural, pues sólo se atiende a localidades que están incluidas en la estrategia de planeación y gestión del territorio para el desarrollo con identidad de la CDI.

g. Por si fuera poco, en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el proceso de registro en el sitio electrónico, resulta complicado para ser llenado por productores indígenas, que además no cuentan con los conocimientos ni con los requerimientos técnicos de los proyectos y que les son exigidos por las reglas de operación de los diversos programas, lo cual se constituye en una barrera adicional para convertirse en sujetos de atención. Esta es una razón por la cual una cantidad importante de recursos o son devueltos a la Tesorería de la Federación o son transferidos a otras acciones de desarrollo social.

h. Finalmente, las reglas de operación también tienen un componente que no parte de un principio federalista, esto es, que en la operación de la gran mayoría de los programas federales, las delegaciones de las diversas secretarías del Gobierno Federal, asumen la estrategia de decidir las prioridades y la integración programática anual, al margen de la coordinación con estados y municipios, dejando de lado y minimizando la naturaleza institucional de los COPLADES como instancias para la concurrencia y corresponsabilidad en el ejercicio de planeación-presupuestación.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena, criterios que les permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población especialmente a aquella que se encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, tales como los de infraestructura comunitaria, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos.

SEGUNDO.- Que de manera transversal en los programas federales del sector de Desarrollo Social, se incluya en las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del auto reconocimiento como indígenas, tal y como lo señala el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que éstos y los proyectos en su beneficio, surjan de la consulta directa a las comunidades indígenas; además, que se modifique el esquema de aportaciones federales estatales, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en las reglas de operación, para fijarlos en 80 por ciento federal y 20 por ciento para la concurrencia de Estados y Municipios, y finalmente, que en el marco del federalismo, los programas de inversión anual se definan de manera conjunta entre las instancias del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo, mediante la firma de acuerdos anuales.

TERCERO.- Que se modifiquen las reglas de operación del programa de Albergues Escolares Indígenas para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes de universidades públicas y no sólo a aquellos que estén inscritos en las denominadas universidades Interculturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2012.

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.





 

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Nayarit a garantizar a la joven médico agredida en un centro de salud rural del municipio de Tecuala, su acceso a la defensa jurídica, el cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE NAYARIT A GARANTIZAR A LA JOVEN MEDICO AGREDIDA EN UN CENTRO DE SALUD RURAL DEL MUNICIPIO DE TECUALA, SU ACCESO A LA DEFENSA JURIDICA, ATENCION ESPECIALIZADA DE CARACTER MEDICO Y PSICOLOGICO, MEDIDAS Y PROVIDENCIAS DE SEGURIDAD, REPARACION DEL DAÑO, ASI COMO A TODAS LAS GARANTIAS APLICABLES PARA LA PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL DELITO







 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo para que se constituya la comisión especial para investigación de la situación laboral en las minas de carbón del estado de Coahuila.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En días pasados, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, hizo declaraciones públicas que no pueden ni deben pasar desapercibidas.

Dijo que en la región carbonífera de su estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar de giro, y que ahora les dio por extraer carbón.

Dijo también que los empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra en la que han muerto miles de personas y estoy diciendo textual las declaraciones de Moreira.

Pidió investigar a los empresarios mineros, pues algunos de ellos están relacionados con el narcotráfico, señaló a Heriberto Lazcano, alías “El Lazca”, un narcotraficante que se dedicaba a la minería.

Son afirmaciones muy graves que explican una de las causas de la problemática tan aguda que afrontan las minas en el país, y muy particular las minas de carbón.

Al 2011 se encontraban vigentes 25,786 títulos de concesión, lo que equivale a 32 millones de hectáreas concesionadas a particulares. Destacan el Grupo Acero del Norte, de Alonso Ancira; y Grupo México, de Germán Larrea. En Coahuila existen 10 mineras de carbón explotadas por grandes consorcios, 60 medianas, que aparentemente éstas, todas, son legales, y miles de pocitos, tiros verticales de carbón que operan en forma ilegal.

Las minas concesionadas deben vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad, según el acuerdo firmado entre la Comisión Federal de Electricidad y Promotora para el Desarrollo Minero.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las minas de carbón, que es obvio que a la luz de las declaraciones del ex gobernador, este objetivo no sólo no se cumplió, sino que se agudizó el problema.

Las minas venden su producción a PROMEDI, PROMEDI a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad las ocupa para producir gas.

La Cámara Patronal del Ramo Minero ha advertido que desde hace dos, tres años, la minería ilegal ha venido creciendo en forma exponencial. En la zona carbonífera de Coahuila han proliferado los pocitos, grupos que al margen de la ley, sin permisos ni autorizaciones, extraen el carbón en forma rudimentaria y con enorme inseguridad, sin cumplir las medidas que establece la ley, sin cumplir con las cuotas al Seguro Social, ni registra a sus trabajadores en el Seguro Social, explotan el carbón en forma ilícita.

La minería es muy rentable, tan sólo en cinco años, de 2005 al 2010, las ganancias fueron, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, de 552 mil millones de pesos y casi no pagaron nada al erario, apenas el 1.4 por ciento. Por ello, nos parece muy lamentable que los trabajadores mineros reciban salarios tan bajos y tengan que afrontar condiciones laborales tan riesgosas.

Coahuila es el primer productor de Carbón en el país, la extracción alcanza 11 millones 246 mil 639 toneladas de carbón, pero lamentablemente se hacen en circunstancias muy críticas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos entregó el informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila y los resultados son alarmantes. Acreditó violaciones de legalidad, de seguridad jurídica, de respeto a la integridad física de los trabajadores, de respeto a la vida de la gente, de los pobladores y los trabajadores, así como la prestación indebida del servicio.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la explotación de los pocitos de carbón, presenta condiciones de trabajo inhumanas, esclavizantes, que derivado de ello han muerto 124 personas y 80 de ellas en los pocitos ilegales de carbón. Y que estos pocitos operan en la ilegalidad, no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 32, y ahora, a la luz de las declaraciones del ex gobernador Moreira, se agrega y para colmo, la vinculación del crimen organizado.

Por tanto, tenemos la obligación de entrar a fondo a resolver esta problemática. No puede ser que la zona carbonífera, que mide 17 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 200 mil habitantes, sea una tierra de nadie. Que nadie intervenga para hacer valer las leyes. Que nadie defienda a los trabajadores indefensos.

Tenemos que conocer a fondo la situación laboral, acabar con los abusos, mejorar la legislación y, sobre todo, lograr que se atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quisiera yo proponer como punto de Acuerdo que se forme un grupo de trabajo para que indague a fondo toda esta problemática y proponer mejoras a la ley de minas y a la ley laboral.

Que se revise la legalidad, los procedimientos administrativos, las labores de protección civil; checar las concesiones, los pagos de derechos; observar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social evalúe periódicamente el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, que establezcan medidas de protección a accidentes.

Podríamos coadyuvar las y los Senadores de este grupo de trabajo, en la coordinación del gobierno federal con el estatal. Que la Secretaría de Salud lleve los programas a esa zona. Que la Secretaría de Desarrollo Social meta política social en estos municipios. Que el Seguro Social revise si todos los trabajadores están dados de alta. Atender todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Que el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realicen una fiscalización de los recursos financieros a las 2 mil 22 empresas que recibieron títulos de concesión, tan sólo en el año 2009-2010; y a la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, directamente encargada de otorgar los títulos de concesión.

Investigar a fondo a Promotora Minera de Sonora, que vende a PROMEDI a precios muy por debajo de lo que las compra la Comisión Federal de Electricidad.

El precio es de 790 pesos por tonelada y Promotora Minera de Sonora vende a PROMEDI a este precio. Sin embargo, PROMEDI lo vende casi a 900 pesos a la Comisión Federal de Electricidad.

La Auditoría Superior de la Federación debe practicar una revisión a la Comisión Federal de Electricidad en relación a las empresas a las que le compra el carbón e indagar el procedimiento de compra del carbón, porque no se hace mediante licitaciones públicas, sino lo hace a través de asignarles un código.

Quisiera proponer que este punto se turnara a la Junta de Coordinación Política, que de la misma manera en que se formó el grupo de trabajo que redactó la Ley de Contabilidad Gubernamental, de esa misma manera la Junta de Coordinación Política pudiera armar este grupo de trabajo.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CONSTITUYA LA COMISION ESPECIAL PARA INVESTIGACION DE LA SITUACION LABORAL EN LAS MINAS DE CARBON DE COAHUILA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como 8, fracción II, 108, 109, 205 y 207 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, denunció públicamente que: “desde un año y meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro y en lugar de secuestro, levantones o cuotas a los giros negros, les dio por extraer carbón… Empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra por la que han muerto violentamente miles de personas en el país; señaló que era necesario investigar a los nuevos mineros de la región carbonífera de Coahuila pues varios de ellos estaban relacionados con el narcotráfico, inclusive señaló que Heriberto Lazcano, alias el Lazca”.1

Estas afirmaciones ponen en relieve la complejidad de la problemática que afrontan las minas en el país, en particular las de carbón. Según información del Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM) la producción minera nacional representa el 2.4% de la producción minera mundial, por lo que México ocupa el 9º lugar mundial y el 4º lugar en la producción minera de Latinoamérica.2 Durante el periodo 2006 - 2010 se han otorgado un total de 11, 097 títulos de concesión minera, de los cuales el 80% corresponden a concesiones para realizar exploración y el 20% restante son concesiones para explotación. Al primer semestre 2011, se encontraban vigentes 25,786 títulos de concesión, lo que equivale a casi 32 millones de hectáreas. 3 Entre los que sobresalen Grupo Acerero del Norte (GAN), que preside Alonso Ancira, y Grupo México, de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos). De acuerdo con la Secretaría de Economía (la que otorga las concesiones mineras) en el estado de Coahuila existen activas 10 minas de carbón explotadas por grandes consorcios mineros y 60 por pequeñas y medianas empresas del ramo. Todas ellas deben vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad (según el acuerdo formalizado en mayo de 2011 entre la propia CFE y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, PROMEDI, con el fin de “fortalecer la seguridad en las minas de carbón), siempre y cuando cuenten con el dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón.4

Camimex (la Cámara Patronal del Ramo Minero) advierte que “hasta hace un par de años, el problema de la minería ilícita en el país no existía o se encontraba muy focalizado y acotado. Sin embargo, a raíz de los altos precios en las cotizaciones de los metales, esta mala práctica ha venido creciendo de manera importante en la minería del carbón y del fierro… En la zona carbonífera de Coahuila ha proliferado la explotación en los denominados pocitos. Grupos que al margen de la ley invaden impunemente concesiones mineras de terceros y, sin permiso ni autorización, desarrollan obras mineras carentes de las más elementales medidas de seguridad e higiene, no ofrecen seguridad social a sus trabajadores y explotan el carbón de manera empírica…” 5

A pesar de la importancia del sector en el país, es lamentable que los mineros en México reciban salarios muy bajos, además de afrontar en muchas ocasiones condiciones laborales riesgosas o poco favorables. Según datos de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, los mineros en México reciben salarios muy por debajo de lo que se recibe en otras naciones. Por ejemplo, mientras que en los países mejor pagados se alcanzan salarios de hasta 18 dólares por hora, en México el promedio es de solamente dos dólares por hora.6

Adicionalmente, México se encuentra entre los últimos lugares de los países con una alta producción minera respecto de prácticas relacionadas con la industria como: procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente; acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad; normas laborales, contratos de trabajo, militancia sindical, huelgas; entre otros.

En el estado de Coahuila, el principal productor de carbón de la nación, se vive una situación particularmente crítica en materia laboral. La extracción alcanza más de 11 millones 246 mil 639 toneladas de carbón. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la CNDH, Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, se señala que en ese Estado “el número de quejas recibidas se ha incrementado, sobre todo porque los siniestros con consecuencias fatales atribuibles a la falta de condiciones de seguridad e higiene han ido en un aumento”.

Según el citado estudio de la CNDH la explotación de los llamados pocitos7 de carbón presenta una situación crítica pues las condiciones de trabajo son inhumanas. Se trata de un asunto grave: se considera que en los últimos cinco años se han registrado 124 muertes vinculadas a la extracción del carbón en Coahuila -contando a los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos-, de las cuales 80 han ocurrido en pocitos.8 Según la situación en la que operan la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que los denominados pocitos no cumplen con la norma oficial mexicana 032, por lo que se deduce que operan en condiciones de ilegalidad.9

Contradictoriamente, la existencia de los pocitos es muy rentable pues el costo de su mantenimiento casi tiende a cero, en otras palabras, dadas las condiciones de trabajo descritas abusan de la población que necesita de un empleo, ofreciendo trabajos en condiciones precarias y esclavizantes.

En este sentido, y a la luz de las declaraciones del ex gobernador de la entidad Humberto Moreira que señala que la problemática descrita se agrega una vinculación con el crimen organizado, tenemos la obligación, por elemental solidaridad y en defensa de la justicia con los trabajadores mineros de conocer a fondo la situación laboral en las minas y en este sentido denunciar los abusos y generar una mejor legislación en beneficio de todos los afectados. Será fundamental que estos trabajos se realicen de manera vinculada con las autoridades competentes para alcanzar un trabajo más eficiente y coordinado en el ámbito de las facultades de cada poder. Sin duda, el primero caso a revisar deberá ser la complicada situación del estado de Coahuila descrita en este punto.

Por lo expuesto y fundado, someto a este Honorable Senado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se constituye la Comisión Especial para investigación de la situación laboral en las minas de carbón de Coahuila con objeto de generar un diagnóstico y proponer mejoras a la legislación relacionada, la cual durará hasta la consecusión de sus fines o el término de la presente Legislatura, con facultades para conocer y dictaminar los asuntos relacionados con el objeto de su creación y cuyos integrantes serán determinados por la Junta de Coordinación Política.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a establecer un fondo compensatorio emergente que le permita cerrar el ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna a presentar un tema que atañe a más de la mitad de los estados del país.

La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido un tema de debate entre la Federación y los estados, especialmente desde mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley General de Educación.

Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el gobierno federal; y otro administrado y operado por las propias entidades federativas. A partir de la firma de este Acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los estados los servicios educativos que habían venido siendo proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel de rector y normativo del Sistema Educativo Nacional.

Con la responsabilidad de los servicios educativos, los estados recibieron cerca de 100 mil edificios escolares e inmuebles para su administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513 mil plazas de maestros, 115 mil puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico.

En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del traspaso, al menos durante lo que restaba del ejercicio fiscal de 1992, después, los gastos de la educación serían compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación como las entidades federativas concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló, además, que ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes, en términos reales, al gasto educativo.

En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ni la Federación ni los estados ni los municipios han destinado recursos reales crecientes para el gasto educativo.

Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados sólo han mostrado un crecimiento marginal en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del gobierno federal.

A pesar de la disminución del gasto total por parte de los estados, algunos de ellos han realizado grandes esfuerzos.

Los gobiernos de los estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación se acordaban los incrementos salariales, las secciones sindicales en los estados lograban prestaciones que comprometían las finanzas de los estados.

Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a los procesos de negociación con el sindicato, y por ello hoy tenemos estados con déficit presupuestal, tales como Puebla, que tiene mil 200 millones de pesos de déficit, Durango con mil 280 millones, Zacatecas con 2 mil millones de pesos, Oaxaca con 2 mil 900 millones de pesos y Michoacán, entre otros, con cerca de 9 mil millones de pesos, por mencionar algunos que, de continuar como hasta la fecha, serán insostenibles y ocasionarán un estallamiento gremial ante la imposibilidad de los estados de hacer frente a dichos compromisos económicos e irremediablemente incrementarán sus deudas que han sido tan criticadas en esta misma tribuna.

Derivado de la reforma del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, se incorporó en el año 2008 la fórmula para la distribución de los recursos que contemplaron matrícula, costo de alumno, gasto estatal en ocasión y calidad.
Pero esta fórmula no corrigió los vicios de origen del fondo de aportaciones, ya que no contempló factores como: la dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social. El factor matrícula es limitativo. La captación de recurso de algunos estados es limitada, y lo que se ve afectado es el porcentaje de la calidad, que es uno de los principales componentes de la educación.

A fin de compensar esta disparidad, se estableció el Programa de Apoyos Complementarios para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, que no es otra cosa que una transferencia a las entidades que fueron afectadas. Este fondo ha tenido un presupuesto fijo por mil millones de pesos desde el año 2008 y carece de reglas de operación que permita a las autoridades estatales conocer los elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública del gobierno federal para que, de forma inmediata establezcan un fondo compensatorio emergente que permita el cierre del ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas con la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal, y no se les obligue a los estados y se les orille a contratar más deuda.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A ESTABLECER UN FONDO COMPENSATORIO EMERGENTE PROVENIENTE DE LOS SUB-EJERCICIOS QUE SE TENGAN EN OTRA MATERIA, QUE LE PERMITA CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2012 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HISTORICAMENTE SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA FORMULA DE ASIGNACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL; ASIMISMO, EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCREMENTAR LAS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DESTINADAS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL

H. CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido tema de debate entre la Federación y los estados, especialmente desde mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley General de Educación.

Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y otro administrado y operado por las propias Entidades Federativas. A partir de la firma de este Acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los Estados los servicios educativos que había venido proporcionando la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel rector y normativo del Sistema Educativo Nacional.
Con la responsabilidad de los servicios educativos, los Estados recibieron cerca de 100 mil edificios escolares e inmuebles para la administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513 mil plazas de maestros, 115 mil puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico.

En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del traspaso, al menos durante el resto del ejercicio fiscal de 1992, después, los gastos de la educación estarían compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación como cada Entidad Federativa concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló, además, que ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes, en términos reales, al gasto educativo.

En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ni la Federación, Estados ni Municipios han destinado recursos reales crecientes al financiamiento de la educación.

Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados sólo han mostrado crecimientos marginales en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del Gobierno Federal.

Al igual que la Federación, los recursos que los Estados destinan a la educación han disminuido.

A pesar de la disminución del gasto total por parte de los Estados, algunos de ellos han realizado esfuerzos para aportar mayores recursos, como consecuencia de un proceso de descentralización desigual, de negociaciones sindicales acumuladas en el tiempo, así como de modificaciones en la demanda del servicio.

Los gobiernos de los Estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación acordaban los incrementos salariales, las delegaciones sindicales en los Estados lograban prestaciones que comprometían las finanzas de los Estados.

Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a procesos de negociación con las organizaciones sindicales, pues en los últimos años se han venido concretando acuerdos de prestaciones económicas con sindicatos con alto impacto presupuestal y de carácter consolidable, por lo que a la fecha el gobierno estatal de Puebla arrastra un déficit presupuestal de $1,200 MDP; Durango de $1,280 MDP; Zacatecas de $2,006 MDP; Oaxaca de 2,900 MDP y Michoacán de $9,385, solo por mencionar algunos que, de continuar como hasta la fecha, será insostenible y ocasionará un estallamiento gremial ante la imposibilidad de los Estados de hacer frente a dichos compromisos económicos y los llevara irremediablemente a contraer mas deuda pública.

Derivado de la Reforma al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, se incorporó en 2008 la Fórmula para la Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal considerando 4 factores:

Matrícula 50%

a) Costo Alumno 20%

I. Gasto Estatal en Educación 20%

c) Calidad 10%

Esta fórmula no corrigió los vicios de origen del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y mantuvo la inequidad en la distribución de los recursos ya que no contempló factores como:

I. La dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social.

II. El factor matrícula, es limitativo por lo que no considera la población real en edad de recibir educación.

III. La captación de recurso de algunos Estados es limitada a diferencia de otras entidades que tienen ingresos propios que permiten fortalecer su gasto destinado a la educación.

IV. El porcentaje de calidad, es un componente que principalmente se ve afectado por los resultados en las zonas de bajo desarrollo que se encuentran en condiciones más vulnerables.

A fin de compensar estas disparidades, se estableció el programa “Apoyos complementarios para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal” que no es otra cosa que transferencias a las entidades federativas que fueron afectados por la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para “gastos de operación”, el cual ha tenido un presupuesto fijo por mil millones de pesos desde el año 2008 y carece de reglas de operación que permita a las autoridades estatales conocer los elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución.

Es evidente pues, que por una parte las aportaciones federales y el total de recursos destinados por las entidades federativas al gasto educativo han disminuido, por otra, el esfuerzo de los estados para sufragar los gastos en educación no ha sido simétrico.

En particular se identifica que el gasto destinado a educación es ineficiente y las causas que determinan esta situación se vinculan con una estructura rígida del financiamiento educativo, que se encuentra ampliamente supeditada al pago de servicios personales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública del Gobierno Federal para que, de forma inmediata establezcan un fondo compensatorio emergente proveniente de los sub-ejercicios que se tengan en otra materia, que le permita cerrar el Ejercicio Fiscal 2012 a las Entidades Federativas que históricamente se han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se incrementen las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios destinadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que permita establecer un fondo compensatorio adicional que responda realmente a las necesidades de los Estados que se han visto afectados por la fórmula de asignación vigente.

México D.F., a 23 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Hacienda y Crédito Público.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿para qué asunto?
- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para ver si me permite el Senador adherirme a su propuesta. En Baja California el 65% del presupuesto se dedica a educación, y hay entidades que no pagan ni un centavo.

Estoy totalmente con el Senador, y si me permite adherirme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto consulto al Senador Alejandro Tello Cristerna si acepta las adhesiones de las compañeras y compañeros Senadores a su punto de Acuerdo, para lo cual pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse al mismo, si es que así lo acepta el Senador Alejandro Tello. Gracias.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Tlaxcala a evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior de ese estado.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Solicito que mi punto de Acuerdo se inscriba íntegro en el Diario de los Debates.

Senadoras y Senadores:

Hoy vengo a proponerles un punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Honorable Congreso de Tlaxcala, para que realice, en pleno ejercicio legislativo, una evaluación del órgano de fiscalización superior, porque a la luz de diversas notas periodísticas, la instancia responsable de revisar, vigilar y auditar los recursos públicos del estado de Tlaxcala se encuentra hoy en entredicho.

Lo hago convencida de la responsabilidad asumida, responsabilidad compartida por todos nosotros para atender los reclamos de cualquier sector de la sociedad, más aún si se trata de aquellos que representamos. Debemos ser congruentes, y si aquí ya hemos votado instrumentos jurídicos que impulsan la transparencia y rendición de cuentas, no tengo la menor duda que apoyarán mi causa que hoy involucra a Tlaxcala, pero que bien podría ser el caso de cualquier entidad federativa.

Tengo la convicción plena del fomento a la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública, porque ello contribuye al buen ejercicio de gobierno, fomento a la cultura de la legalidad para que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades y para que cuando la población requiera datos o explicaciones por presuntos actos de corrupción obtenga una respuesta convincente.

El desarrollo de la sociedad, cualquiera, está relacionado directamente con la óptima aplicación de los recursos públicos por parte del gobierno y de sus funcionarios. Hay que recordar que los recursos públicos pertenecen a todos, y por elemental derecho humano todos podemos conocer cuánto del presupuesto se aplica, en qué se gasta, cómo se utiliza y para qué se destina.

Todas las acciones de gobierno en un estado que se precie de ser moderno, democrático, y la aplicación de los recursos deben ejercerse de manera eficiente y eficaz, deben ser transparentes para quienes quieran saber cuánto se recibe, cómo y por qué se gasta. Se deben rendir cuentas de los bienes y recursos que son responsabilidad de los gobernantes en cualquier esfera pública, y ésto, sin duda alguna, por elemental congruencia incluye a los servidores públicos, en especial, y quiero señalarlo, servidores públicos que se comprometieron a fiscalizar el uso de los recursos presupuestales acorde a las funciones conferidas por la ley, ley que se comprometieron también a respetar.

No tengo la menor duda que la instancia encargada de la fiscalización debe cumplir con sus atribuciones con profesionalismo, honestidad, objetividad e imparcialidad. La población debe tener certeza y confianza de las autoridades responsables de revisar y verificar que se cumplan los objetivos y metas en los distintos programas y proyectos mediante el uso adecuado de los recursos.

Es la confianza el pilar fundamental en la administración pública, la confianza no se gana. Para ser servidor público, y más en el órgano de fiscalización, se deben de cumplir una serie de requisitos, se debe tener un perfil profesional determinado. La confianza, repito, no se gana, se pierde en el ejercicio de la irresponsabilidad y con los actos turbios y obscuros que la opinión pública difunde.

La opinión pública de Tlaxcala demanda explicaciones, aclaraciones concretas del órgano de fiscalización sobre el desvío de recursos económicos y su uso inadecuado. Hoy existen dudas sobre el desempeño de los responsables de la fiscalización, hay un desprestigio como consecuencia de denuncias de malas prácticas que deben ser aclaradas cuanto antes, porque es una ofensa, una falta de respeto a los ciudadanos que contribuyeron con el erario.

Cuando se pierde la vergüenza en el ejercicio público, se actúa con cinismo y se simula cumplimiento legal. No sólo se pierde la confianza y se incrementa el desprestigio de esos funcionarios, sino que se profundiza en el desánimo de los ciudadanos por la mala imagen en el desempeño de la función pública, se mina también la confianza en las instituciones y se inhibe la participación social.

Se trata, pues, de construir puentes de confianza con los ciudadanos, no de ponerles dinamita. Esas notas periodísticas comprometen la confianza y honorabilidad de aquellos que son responsables de fiscalizar en el estado, por ello mismo los invito a que apoyen este punto de Acuerdo para que el congreso estatal investigue a fondo la situación y así evitar especulaciones.

No es sano aceptar distorsiones a través de asignaciones indebidas de recursos públicos, no es válida la discrecionalidad en este momento cuando están en proceso de aprobación las cuentas públicas de ayuntamientos que, por cierto, ayer sólo fueron aprobadas por mayorías, incluso la cuenta pública del gobierno del estado en donde más de 900 millones de pesos no han sido justificados, y hoy por una aprobación de la nada se hace.

Los Diputados locales tienen también el deber y la responsabilidad de dar buenas cuentas a sus representados, y en este asunto deben evaluar el desempeño de la instancia fiscalizadora señalada.

Es necesario recuperar el prestigio, eso obliga a investigar y transparentar lo relativo a los recursos con las instancias que están facultadas para evaluar el desempeño del órgano de fiscalización, apegado a la legalidad con apertura y pluralidad de los actores políticos para que den respuesta, se aclaren los casos denunciados y, de existir comportamiento ilícito de los servidores públicos, se finquen responsabilidades para inhibir la corrupción, me parece, el primer paso, es que el órgano de fiscalización del estado de Tlaxcala sea transparente y rinda cuentas de su propio presupuesto, presupuesto, por supuesto, asignado para cumplir con sus funciones.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA A EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE ESE ESTADO E INFORME DE MANERA TRANSPARENTE LOS RESULTADOS DE DICHA EVALUACION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE GENERAL
PRESENTE.

La que suscribe, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, proposición con proyecto de punto de Acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente al HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES EVALUE EL DESEMPEÑO DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE ESE ESTADO E INFORME DE MANERA TRANSPARENTE LOS RESULTADOS DE DICHA EVALUACION. Lo que encuentra importancia, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. La primera es el mecanismo mediante el cual el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.
En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

El mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. En la aplicación de este derecho, los servidores públicos deben aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente, por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos los mexicanos.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los recursos económicos con los que cuenta el Estado, deban ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En este contexto, son las leyes secundarias (federales o estatales) el medio para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, y así el uso de estos se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, garantizando a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados.

En la línea planteada, y con sujeción al artículo 134 de la Constitución Federal; el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que la revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior, y que la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Por su parte, el artículo 105 de la Constitución Local de Tlaxcala, establece que el Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la ley.

Conforme a lo anterior, es cierto que el Órgano Técnico, denominado "Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, es un ente fiscalizador; sin embargo, también lo es que como autoridad en la materia, le es asignado un presupuesto -recurso público- para el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, está obligado a cumplir con lo dispuesto por el Constituyente en cuanto a que los recursos públicos que se le asignen, se usen para satisfacer los objetivos para los cuales fueron destinados, y paralelamente a cumplir con su obligación de transparencia y rendición de cuentas. La exigencia de cumplimiento y observancia de lo anterior, hoy mas que nunca es un reclamo de la sociedad tlaxcalteca.

Recientemente el Órgano de Fiscalización de Tlaxcala, se ha visto envuelto en escándalos que revelan un inadecuado uso del recurso público que le ha sido asignado para el cumplimiento de su función. De esto, han dado cuenta los diversos medios de comunicación en el Estado, pues han publicado, entre otras, las siguientes notas:

El pasado 31 de agosto del presente año, en el periódico La Jornada de Oriente se publicó una nota periodística, en la que se denuncian diversas irregularidades financieras cometidas por el auditor de fiscalización superior en el estado de Tlaxcala, Luciano Crispín Corona Gutiérrez.

Las irregularidades denunciadas consisten en el presunto desvío de 6 millones de pesos del presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para pagar 40 cheques a favor de Diputados de la pasada Legislatura local, a ex directivos y funcionarios del Congreso Local.
En dicho medio de comunicación, también se dio a conocer que el auditor superior presuntamente recibió una transferencia de recursos del gobierno estatal por 8 millones 337 mil 292 pesos, sin que se especificara en qué rubros serían aplicados dichos fondos. Mientras que el 12 de enero, el titular del OFS presuntamente expidió 31 cheques de la cuenta 0074–804–34–0179814531 de Bancomer, a nombre del OFS, cada uno de ellos por 144 mil 51.91 pesos”.

En una nota electrónica del periódico la Jornada de Oriente se publicó lo siguiente:

“Por presuntamente desviar 6 millones de pesos del presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para pagar 40 cheques a favor de ex diputados de la pasada Legislatura, a ex directivos y funcionarios del Congreso local, el pevemista Gregorio Cervantes Díaz solicitó a los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización iniciar un proceso de responsabilidad administrativa y penal en contra del auditor superior, Luciano Crispín Corona Gutiérrez”.

También en el periódico digital Indice7, en fecha 31 de agosto publicó que el Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo de Tlaxcala, Alejandro Aguilar López, había referido que este es un asunto delicado y la comisión que preside debe hacer el análisis profundo, así como la fiscalización al OFS para emitir una postura al respecto.

Asimismo, integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo local señalaron que esperarán un dictamen que realice el área jurídica para con ello determinar si realizan o no una auditoría al OFS, “no tendremos inconveniente de hacerlo”, señaló la presidenta de dicho órgano del Poder Legislativo, Lilia Olvera Coronel de acuerdo a una cita textual del diario digital “agendatlaxcala” en una publicación del pasado 17 de septiembre.

Sin duda, lo anterior constituye indicios que ponen en entredicho el correcto ejercicio de los recursos públicos que han sido asignado al Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, al revelar que, los mismos -recursos- han sido ejercidos para fines distintos al que fueron etiquetados.

Lo anterior, sin duda genera la necesidad de que se ejecuten las acciones que sean necesarias para aclarar las irregularidades denunciadas, y de ser el caso, se finquen responsabilidades a quien hayan infringido la Ley.

Sobre este particular, y de conformidad con lo que establece artículo 54 fracción XVII inciso e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es el Congreso Local, la instancia facultada para evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

En nuestro país, ya no es sostenible hablar de un Estado Democrático, si en los hechos no se exige transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, y menos aún, si se permite que la opacidad y la corrupción sigan siendo parte de la vida cotidiana. Por ello, es fundamental que el Congreso estatal, ejerza la facultad que le deriva del artículo 54 fracción XVII inciso e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y en su caso proceda como corresponda.

Por lo anterior, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para que en ejercicio de sus facultades evalúe el desempeño del órgano de fiscalización superior del estado e informe de manera transparente los resultados de tales evaluaciones, así como de sus resoluciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Sen. Adriana Dávila Fernández”.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández. Túrnese a la Comisión de Federalismo.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Ejecutivo Federal información sobre las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía informó que el pasado 8 de octubre, nuestro país ingresó de manera formal, en calidad de miembro, a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

Antes, el 17 de septiembre de 2012, la misma Secretaría de Economía presentó un informe a esta Cámara de Senadores, comunicando sobre la invitación a nuestro país de los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífica para incorporarse a las negociaciones.

De manera muy general, ya que todos conocemos el tema, en el informe se apunta de manera específica que el Acuerdo contribuiría a la diversificación de los mercados y fomentaría la integración de la economía mexicana con la internacional y la evaluación de la competitividad del país.

Atendiendo a la información que el titular del Ejecutivo Federal proporcionó al Senado, pareciera que el TTP sólo se trata de una negociación de un acuerdo comercial que tiene como objeto facilitar la entrada de mercancías y servicios, así como la eliminación de obstáculos al comercio en los territorios de los países socios.

Sin embargo, este Acuerdo de Asociación Transpacífica es mucho más que un acuerdo comercial, busca establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando también los ámbitos económico, financiero, científico, tecnológico y de cooperación, las compras públicas, la propiedad intelectual, la política de competencia y solución de controversias, así como un Acuerdo de Cooperación Ambiental y un Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Laboral.

De ahí la importancia fundamental de que hoy estemos presentando este punto de Acuerdo.

Como consecuencia, la primera omisión grave del informe que la Secretaría de Economía nos presentó, tenemos que no se enteró a la Cámara de Senadores sobre las verdaderas condiciones que impuso Estados Unidos a nuestro país para incorporarse a la negociación del TTP.

Por filtraciones de cabilderos y negociadores, ahora sabemos que fueron graves para el futuro de nuestro país las condiciones, tan graves que hoy las estamos discutiendo y tenemos aproximadamente un mes con el tema de la Reforma Laboral.

Una de ellas fue precisamente la Reforma Laboral para suprimir derechos individuales y estabilidad en el trabajo.

La segunda, la Reforma Energética para abrir PEMEX a la inversión privada y extranjera.

Otra omisión grave del informe de la Secretaría de Economía es, ya que tampoco advierte a la Cámara de Senadores, en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual.

Sabemos que al igual que el ACTA, el Acuerdo de Asociación Transpacífica implica para nuestro país establecer legislaciones severas, medidas de restricción al uso del Internet, a lo que tiene que ver con la libertad y el uso del acervo cultural y educativo que tenemos en la red. Por ejemplo, se pretende que los países que son parte de este Acuerdo, establezcan en nuestra legislación la obligación de tener proveedores de acceso a Internet y proporcionar información sobre posibles infractores en lo que tiene que ver con derechos de autor, y de hechos conexos, incluso sin una orden judicial.

Estableciendo normas que amplían los periodos de vigencia de las patentes y de manera específica en los datos de exclusividad. También vemos una repercusión muy importante del Acuerdo de Asociación Transpacífica en medicamentos, en lo que tiene que ver con la extensión de las patentes de los medicamentos que se utilizan en nuestro país. Afecta directamente a la industria farmacéutica, ya que especificaría que habría mayores restricciones que garanticen crear y fortalecer posiciones monopólicas en el mercado y esto con graves consecuencias para el disfrute del derecho de la salud de los mexicanos.

Incumpliendo con los términos del artículo 5 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, la Secretaría de Economía tan sólo informó a esta Cámara, de manera vaga y general, sobre la incorporación de México a este acuerdo.

Por ello solicitamos, en esta ocasión, que esta Soberanía apruebe este punto de Acuerdo que presentamos, y a la letra rezaría:

En relación a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, la Cámara de Senadores requiere al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía:

Primero. Cuáles fueron las condiciones que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación transpacífica.

Segundo. Si la aprobación de la Reforma Laboral y la Reforma Energética son dos de las condiciones que se impusieron para incorporar a nuestro país en la negociación.

Tercero. Los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual, particularmente respecto al uso de Internet y nuevas tecnologías y en el mercado de medicamentos.

Cuarto. Las normas nacionales legales y administrativas que tendrán que modificarse de acuerdo al tratado, en materia de propiedad intelectual.

Requerimos de esta información mínima básica para poder tomar decisiones respecto de si debe entrar nuestro país o no al Acuerdo de Asociación Transpacífica, lo ponemos a consideración de esta Soberanía, y esperamos contar con su apoyo.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONANTES QUE SE IMPUSIERON PARA ACEPTAR LA INCORPORACION DE MEXICO A LA NEGOCIACION DEL ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICA

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Economía informó que el pasado ocho de octubre México ingresó de manera formal, en calidad de miembro, a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés, Trans-Pacific Partnership Agreement), dado el cumplimiento de los procedimientos internos en los países miembros de esta iniciativa.

Según la dependencia, el ingreso de nuestro país al Acuerdo ha sido resultado de un proceso intenso de esfuerzos, que comenzaron en noviembre de 2011, cuando México manifestó su interés de formar parte de dicha negociación. Y a partir de ahora, México es el décimo miembro del TPP; ello le permite, de acuerdo a la información, participar plenamente e incidir en las negociaciones de todos los temas que forman parte de esta iniciativa, así como reflejar los intereses de México en las discusiones y la consecuente elaboración del instrumento que consolida al propio Acuerdo.
Para el gobierno federal, la importancia del TPP radica en que el Acuerdo constituye una plataforma para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de nuestro país en la región Asia-Pacífico; esto ofrece a México, sigue diciendo el gobierno federal, por un lado, la oportunidad de continuar diversificando sus exportaciones y, por otro, aprovechar al máximo su papel protagónico en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de Estados Unidos como para los de la región Asia-Pacífico (actualmente la más dinámica del mundo en términos económicos).

Antes, el 17 de septiembre de 2012, la misma Secretaría de Economía presentó un informe a esta Cámara de Senadores comunicando sobre la invitación a México de los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) para incorporarse a las negociaciones.

De manera muy general, en el informe se apunta que la participación de México en las negociaciones del TPP daría lugar al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en particular, en promover el acceso a los productos mexicanos a los mercados internacionales; así como contribuir a la diversificación de los mercados, y fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y a la elevación de la competitividad del país.

Asimismo, sin dar mayores detalles, el informe de la Secretaría de Estado, señala de manera escueta que el TPP es una iniciativa altamente estratégica para nuestro principal socio comercial, por medio de la cual abrirá su mercado, y buscará incidir en los términos de la liberalización de los flujos de comercio e inversión en la región Asia-Pacífico; que dado que la estructura productiva de México está altamente vinculada a Norteamérica, el TPP implicará una mayor competencia para México en el mercado de EE.UU; que la iniciativa del TPP abre la posibilidad de una mayor integración de la producción mexicana a las exportaciones de EE.UU. a Asia, abonando a los esfuerzos de diversificación de nuestros mercados; que una participación en el TPP evitaría erosionar el atractivo de México como destino de inversión en le región norteamericana.

Atendiendo a esta información que el Titular del Ejecutivo Federal proporcionó al Senado de la República, pareciera que la del TTP es sólo la negociación de un acuerdo comercial que tiene como único objetivo facilitar la entra de mercancías y servicios, así como la eliminación de obstáculos al comercio, en los territorios de los países socios.

Sin embargo, el Acuerdo de Asociación Transpacífica es mucho más que un acuerdo comercial. El TPP busca establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando también los ámbitos económico, financiero, científico, tecnológico y de cooperación, compras públicas, propiedad intelectual, política de competencia y solución de controversias, así como un Acuerdo de Cooperación Ambiental y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Laboral.

Como consecuencia, la primera omisión grave del informe de la Secretaría de Economía consiste en no enterar a esta Cámara de Senadores sobre las verdaderas condicionantes que impuso Estados Unidos para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP.

Recordemos que tras siete meses de cabildeos, el pasado 18 de junio en los Cabos BCS, horas antes de ser inaugurada la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón anunciaron que Estados Unidos aceptó que México se sumara a las negociaciones para formar parte del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aclaró en entrevista posterior que el gobierno mexicano cumplió sólo con algunas de las condicionantes que quería imponer Estados Unidos para aceptar su incorporación al TPP, pero que se habían mantenido firmes en rechazar otras porque el gobierno del presidente Obama quería incluir todos los temas pendientes con México, como los diferendos sobre atún, refrigerados y transporte transfronterizo que se dirimen en instancias internacionales.

Desmintiendo esta afirmación del Secretario de Economía, por filtraciones de los cabilderos y negociadores, ahora sabemos que fueron más y en extremo funestas para el futuro del país las condicionantes que impusieron al gobierno de Felipe Calderón para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP, a saber:

• Reforma laboral para suprimir derechos individuales y estabilidad en el trabajo.

• Reforma energética para abrir PEMEX a la inversión privada y extranjera.

• Prohibición a México para reabrir algún acuerdo que ya haya sido aprobado por los actuales nueve socios de TPP, a menos que estos nueve estén de acuerdo en revisar algo que hayan acordado previamente.

• México sin derecho de veto en el futuro sobre capítulos ya concluidos en este momento de la negociación, de tal manera que entrara en una menor calidad que de socio negociador.

La reforma laboral en los términos que ha sido aprobada en el Congreso de la Unión y el ofrecimiento que ha hecho Enrique Peña Nieto de abrir PEMEX a la inversión privada, durante su viaje por Europa, son indicios contundentes que demuestran que esos fueron las verdaderas condiciones que impuso Estados Unidos para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP.

Al respecto, en un estudio elaborado por el Servicio de Investigaciones para el Congreso de los Estados Unidos para consumo de los congresistas norteamericanos, se previene que las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica serán un marco apropiado para que México reconsidere la prohibición de inversión privada y extranjera en la industria petrolera.

En otra omisión grave, el informe de la Secretaría de Economía tampoco advierte a esta Cámara de Senadores en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual.

Sabemos que al igual que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el Acuerdo de Asociación Transpacífica implicaría para el Estado mexicano establecer en nuestra legislación severas medidas restrictivas a la libertad y uso de Internet. Por ejemplo, se pretende que los países que son parte de la negociación, establezcan en sus legislaciones la obligación de proveedores de acceso a Internet a proporcionar información sobre posibles infractores de derechos de autor y/o derechos conexos sin una orden judicial.

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de los usuarios de la red y su defensa es esencial de cara a evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos.

Deviene muy grave, por ello, que en el texto del TPP se contengan disposiciones que restringen el libre flujo de contenidos y la libre concurrencia de usuarios en el ámbito digital.

Limitar el acceso a Internet derivaría en ampliar la brecha digital, y retrasar gravemente el acceso de México a la sociedad de la información y el conocimiento. En este sentido, el TPP significa profundizar la brecha digital en México.

Perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo a través de Internet, sin orden previa de autoridad judicial, produciría una violación flagrante al artículo 6 de nuestra Constitución Política que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

Facultar a los proveedores a determinar cuándo se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y en base a ello decidir realizar monitoreo en las actividades de los usuarios de Internet, implicaría una violación flagrante al derecho a la intimidad de las personas y a las garantías de audiencia y legalidad.

También el denominado software libre estaría en serio riesgo si el tratado se firma. Entre otras cosas, porque daría lugar al cierre de diversos tipos de páginas web encargadas de la distribución de este tipo de programas. Del mismo modo, es patente el peligro que el Acuerdo de Asociación Transpacífica se utilice como pretexto para la censura de contenidos en Internet, por ejemplo del cierre directo de blogs, apoyándose en un supuesto no respeto del copyright de alguna imagen o texto.
Siguiendo con el capítulo de propiedad intelectual del TTP, otro tema muy controvertido y que ha puesto en alerta a las distintas organizaciones e instituciones que defienden la libertad de uso del conocimiento es el relativo al uso y disposición de medicamentos.

Estableciendo normas que amplían los periodos de vigencia de las patentes y de protección de datos de exclusividad; o bien que permiten otorgar patentes a nuevos usos, nuevas formas de la misma molécula o nuevo modo de aplicar o tomar un medicamento o para métodos de diagnóstico y tratamiento: a través del Acuerdo de Asociación Transpacífica, la gran industria farmacéutica promueve mayores restricciones que le garanticen crear y fortalecer posiciones monopólicas en el mercado, impidiendo la disponibilidad de medicamentos genéricos para la población, retrasando o eliminando la competencia, manteniendo precios altos, todo con negativas consecuencias para el disfrute del derecho a la salud.

En términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México, están obligados a informar a la Cámara de Senadores sobre el inicio y avance de las negociaciones formales de un instrumento internacional, precisando las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esa ley, y un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.

Sin embargo, incumpliendo con los términos de dicho precepto legal, la Secretaría de Economía tan sólo informó a esta Cámara de Senadores de manera vaga y general sobre la incorporación de México a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica, sin precisar los alcances de la negociación, los compromisos de la negociación, y las normas nacionales legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. En relación a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, la Cámara de Senadores requiere al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía:

• Cuáles fueron las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP.

• Si la aprobación de la Reforma Laboral y la Reforma Energética son dos de las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP.

• Los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual, particularmente respecto al uso de Internet y Nuevas Tecnologías y el mercado de medicamentos.

• Las normas nacionales legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado, en materia de propiedad intelectual.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 30 de octubre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Albores Gleason, a nombre del grupo parlamentario del PRI, quien presentará un punto de Acuerdo para que se decrete el próximo año 2013 como “Año de Belisario Domínguez”.
- El C. Senador Roberto Albores Gleason: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente.

Cito al trágico héroe:

"La representación nacional debe deponer de la Presidencia de la República a Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. ¡No importa, señores! La patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta, ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco?

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla.

La patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino". Belisario Domínguez Palencia, 23 de septiembre de 1913.

Amigas y amigos Senadores, estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Domínguez con un valor extremo y determinación férrea, no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México después de la decena trágica.

Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron parteaguas e inicio del derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como morales. Es denuncia valiente pero también eje de acción. Este terrible diagnóstico pero también prospección de lucha en un país ávido de libertades y democracia.

La pregunta es obligada, amigas y amigos Senadores. ¿Qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente de Belisario Domínguez en contra del gobierno huertista y del dictador? Mientras otros callaron, el Senador chiapaneco dejaba muestras que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios, el mayor que es la vida, eran indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre.

Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente.

Sin lugar a dudas, don Belisario Domínguez es referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre.

En este sentido, 2013 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemora el 150 aniversario del natalicio y el centenario del fallecimiento de don Belisario Dominguez.

En el Senado de la República estamos obligados a rendirle el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer chiapaneco.

Es tiempo de Belisario Domínguez como referente de democracia y libertad, es tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso médico y político chiapaneco le heredó a México.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Honorable Asamblea, a nombre de mis compañeros Senadores del grupo parlamentario del PRI, a presentar la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero. Se solicita al Senado de la República declare el año 2013 como "Año de Belisario Domínguez", y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 como “Año de Belisario Domínguez”.
Segundo. Se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa.

Señor Presidente, estoy anexando una iniciativa para que se haga una medalla conmemorativa de don Belisario Domínguez.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se tome en cuenta como iniciativa.

- El C. Senador Roberto Albores Gleason: Muchas gracias, señor Presidente.

Tercero. Se solicita al Senado de la República coordine todos los trabajos tendientes a conmemorar las celebraciones del mártir trágico.

Cuarto. Se exhorta a los poderes de la unión, así como a los gobiernos de los estados y municipios y congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas.

Quinto. Se exhorta a ambas Cámaras se difundan las acciones sobre el 150 aniversario del natalicio y el centenario del aniversario luctuoso.

Sexto. Se solicita al Senado de la República celebrar la sesión solemne de la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República, correspondiente al año 2013, en el municipio de Comitán de Domínguez.

Séptimo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República instalar el parque Senador Belisario Domínguez, en esta nueva sede.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar los recursos en el Presupuesto de la Federación, una magna obra, Centro Cultural Belisario Domínguez, en el municipio de Comitán, Chiapas.

Noveno. Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, organicen concurso nacional de oratoria Belisario Domínguez Palencia.

Décimo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública se instruya a todas las escuelas, rotulen en algunos de sus muros exteriores alguna cita de Belisario Domínguez.

Décimo Primero. Se solicita al Instituto Belisario Domínguez, en coordinación con la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, difunda la vida y obra de Belisario Domínguez.

Décimo Segundo. Solicita al Senado de la República cree y otorgue la beca Belisario Domínguez.

Décimo Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se actualice y fortalezca el contenido y obra de don Belisario Domínguez.

Décimo Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas.

Décimo Quinto. Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, emitir durante el año 2013, billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez.

Es cuanto, señor Presidente. Le merecemos a este mártir trágico, el Senado de la República, que el 2013 sea el Año de Belisario Domínguez.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DECRETE EL PROXIMO AÑO COMO “2013: AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ”

“El Suscrito, Roberto Armando Albores Gleason, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y Presidente de la “Comisión de la Medalla Belisario Domínguez” del Senado de la República, a nombre del grupo parlamentario del PRI con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8°, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo para declarar al 2013 como el “Año de Belisario Domínguez Palencia” a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas acciones conmemorativas por parte del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, así como de las Entidades Federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cito al trágico héroe:

“La representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a D. Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque D. Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de obstáculo: ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses, y le habéis nombrado Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al Capitán del barco?

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis cumplirla.

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose en seguida de todos los jefes revolucionarios que cese toda hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al Presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad.

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino.”

Belisario Domínguez Palencia 23 de septiembre de 1913.

Amigas y amigos senadores, estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Domínguez Palencia con un valor extremo y determinación férrea no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México después de la “decena trágica” cuyo desenlace fueron los arteros asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez.

Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron parteaguas e inicio de la concatenación del derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como morales. Es denuncia valiente pero también eje de acción. Es terrible diagnóstico pero también prospección de lucha en un país habido de libertades y de democracia.

La pregunta es obligada amigas y amigos senadores: ¿qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente de Belisario Domínguez en contra del Gobierno huertista y del dictador? Mientras otros callaron, el senador chiapaneco dejaba muestras de que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios -el mayor que es la vida- eran indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre.

Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente.

Sin lugar a dudas, Don Belisario Domínguez es referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre.

En este sentido, 2013 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemorará el 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario del fallecimiento de don Belisario Domínguez.

Este Senado de la República está obligado a rendirle el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer chiapaneco que nació el 25 de abril de 1863 en el otrora municipio de “Comitán de las Flores”, Chiapas –hoy llamado oficialmente Comitán de Domínguez en su honor–, y falleció en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913.

Desde el Senado Belisario Domínguez alzo la voz y cambio para bien la historia de este país, formando sobre sus cenizas las instituciones constitucionales que cimientan hoy día el Estado Mexicano.

A lo largo del tiempo el senado mexicano ha reconocido a este magnificó ser humano. No es casualidad que en 1953 el Senado de la República decreto la orden de la “Medalla de Honor Belisario Domínguez” para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad. No es casualidad que el Instituto de investigaciones del senado lleve el nombre del prócer chiapaneco.

Por lo antes expuesto, es esta legislatura que mínimamente en los años por venir esta obligada a liderear las acciones de reconocimiento a don Belisario Domínguez, y más aún cuando coincidiremos el próximo año con el centenario de su trágica muerte.

En otras palabras, es tiempo de Belisario Domínguez como referente de democracia y libertad. Es tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso médico y político chiapaneco, le heredó a México. Hablar de la vida de don Belisario Domínguez, en sus múltiples facetas, es aprender y conocer a Chiapas, a México y a nosotros mismos.

No es motivo de este punto de acuerdo enumerar su vida y sus circunstancias. Esto sería pretensioso. Sin embargo si lo es, el reconocer en Belisario Domínguez uno de los más ilustres mexicanos y distinguidos chiapanecos del Siglo XX.

Tanto como médico de profesión, militante del Partido Liberal, maderista, presidente municipal de Comitán, periodista del “El Vate”, defensor del Plan de Guadalupe y Senador de la República, entre otras facetas, encontramos en don Belisario Domínguez a un hombre capaz, valiente, congruente, liberal, altruista y humanitario. Nunca perdió la sensibilidad, ni la solidaridad hacia sus pares.

Vivió conforme a la sentencia del escritor romano, Terencio: <<Nada humano me es ajeno>>.

Hoy, en esta nueva etapa de la vida política y democrática de nuestro país, donde la libertad, la tolerancia, y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales de una democracia eficaz, la vida y obra del Senador Belisario Domínguez adquiere especial relevancia.
Por lo anteriormente expuesto, con la intención de que todos los mexicanos reconozcamos las altas virtudes cívicas que demostró el Dr. Belisario Domínguez Palencia y por tratarse el 2013 del 150 Aniversario de su Natalicio y el Centenario de su Aniversario Luctuoso, acudo a esta honorable Asamblea a nombre de mis compañeras y compañeros Senadores del grupo parlamentario del PRI -con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8°, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República-, para presentar la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita al Senado de la República declare 2013 como “2013 Año de Belisario Domínguez” y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 como Año de Belisario Domínguez.

SEGUNDO.- Se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Anexo el Decreto que establece las características de la moneda.

TERCERO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, coordine todos los trabajos y actividades del H. Congreso de la Unión, tendientes a conmemorar las celebraciones alusivas a don Belisario Domínguez, que tendrán lugar el próximo año.

CUARTO.- Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados y Municipios, y Congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra de don Belisario Domínguez, y a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2013, Año de Belisario Domínguez”.

QUINTO.- Se exhorta a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión a que, por conducto de sus respectivas juntas de Coordinación Política, coordinaciones de Comunicación Social y del Canal del Congreso, se difundan las acciones sobre el 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario del Aniversario luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, durante el año 2013. En específico se exhorta a:

I. El Senado de la República y la Cámara de Diputados difundan en sus páginas de Internet, redes sociales y demás medios electrónicos -radio y televisión- e impresos, las actividades conmemorativas a Belisario Domínguez.

II. El Senado de la República, por conducto de la Comisión Medalla Belisario Domínguez creará una página de Internet alusiva a la vida y obra de Belisario Domínguez; misma que difundirá las actividades de la cámara alta del Congreso de la Unión y de los demás poderes, y niveles de gobierno, sobre las actividades conmemorativas de este prócer de la patria.

III. El Senado de la República diseñará y difundirá cápsulas informativas y spots promocionales sobre la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como de las actividades conmemorativas que lleven a cabo el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

SEXTO.-Se solicita al Senado de la República celebrar la Sesión Solemne de la entrega de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” que otorga el Senado de la República, correspondiente al año 2013, en el municipio de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, en virtud de que en ese lugar nació el ilustre chiapaneco; y no habría mejor manera de honrarlo, que entregando esta máxima distinción en el lugar que lo vio nacer, crecer, y luchar en defensa de los derechos de sus compatriotas mexicanos.

SEPTIMO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República instalar el “Parque Senador Belisario Domínguez Palencia”, en el espacio público exterior a la nueva sede del Senado, sobre Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes. Asimismo, el Senado deberá colocar en dicho Parque una estatua de Belisario Domínguez y develar una placa conmemorativa al 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del gran prócer chiapaneco.
OCTAVO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal realicen una magna obra en el municipio de Comitán de Domínguez de carácter artístico-cultural que contemple auditorio, museo, teatro, áreas recreativas, entre otros, denominada <>.

NOVENO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez organice el “Concurso Nacional de Oratoria, Belisario Domínguez Palencia”, convocando a los adolescentes y jóvenes de las escuelas secundarias y preparatorias del Sistema Educativo Nacional; premiando a aquellos estudiantes que, a través de la palabra resalten lo valores de libertad y democracia a juicio de un jurado de alto nivel.

DECIMO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que instruya a todas las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional, en los niveles básico, medio superior y superior, y exhorte a las instituciones de educación privada del mismo nivel educativo para que rotulen en alguno de sus muros exteriores alguna cita de los discursos que pronunció el Senador Belisario Domínguez Palencia a favor de la verdad, la libertad y la justicia social.

DECIMO PRIMERO.- Se solicita al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en coordinación con la Comisión Medalla Belisario Domínguez, difunda la vida y obra del Sen. Belisario Domínguez Palencia -a través de libros, revistas o medios electrónicos-, y lleve a cabo foros abiertos a la ciudadanía donde se dé a conocer el legado, valores democráticos y trascendencia de este prócer de la democracia mexicana.

DECIMOSEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública; para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue la “Beca Belisario Domínguez”, dirigida a estudiantes talentosos del nivel medio superior y superior, para realizar intercambios y estancias académicas al extranjero y adquieran conocimientos y experiencias académicas que fortalezcan la visión, criterio e intelecto de nuestros jóvenes mexicanos, tal como lo hizo el Dr. Belisario Domínguez Palencia cuando viajó a París, a fin de proseguir sus estudios académicos y culminó su doctorado.

DECIMO TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se actualice y fortalezca el contenido de los textos dirigidos a los estudiantes de educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar la vida y obra de don Belisario Domínguez Palencia.

DECIMO CUARTO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes al año 2013 con motivo de la celebración “Año 2013, Belisario Domínguez Palencia”, y a que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Correos de México difundan y distribuyan dichas estampillas en todo el territorio nacional.

DECIMO QUINTO.- Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir durante el presente año y próximo, billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez Palencia. Aquellos que se impriman durante el año 2013, deberán contener la leyenda “2013. Año de Belisario Domínguez Palencia”.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Roberto Armando Albores Gleason
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Albores Gleason. Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, y la iniciativa que presentó, se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el arribo de cruceros a los puertos de Acapulco y Zihuatanejo.
- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente.

México se mantiene dentro de los diez destinos turísticos más importantes del mundo, sin embargo, en lo que se refiere a los cruceros, estamos perdiendo competitividad y este año habremos de caer del cuarto al quinto lugar en este segmento en lo que se refiere a la recepción de pasajeros por esta vía.

Los puertos de cruceros en México atraviesan por una crisis, fundamentalmente los que se ubican en el Pacífico, hemos visto cómo ha venido cayendo el número de arribos de manera dramática, y también ha disminuido de manera importante el número de pasajeros que arriban por esta vía.

En el caso específico de los destinos de la zona del Pacífico, vemos que Mazatlán, por ejemplo, tiene una manifestación muy preocupante, en el periodo de enero a septiembre del año pasado, en relación a este mismo periodo de este año, de 40 cruceros que se recibieron el año pasado, ahora solamente arribó uno, y en términos generales, en México, la disminución fue de casi el 42 por ciento el número de arribos y del 35 por ciento el número de pasajeros.

Específicamente en mi estado, en Guerrero, en Acapulco, la disminución en este periodo fue dramática, de 75 arribos a sólo 7, más del 90 por ciento, y en pasajeros, una disminución del 97 por ciento. En Zihuatanejo la disminución fue del 67 por ciento en arribo y del 58 por ciento el número de visitantes.

En el caso de Guerrero, en tratándose de la actividad económica más importante, el turismo, esto es preocupante y tiene que ocuparnos a quienes tenemos responsabilidad pública en este estado, por eso hemos querido traer a la tribuna y a su consideración un punto de Acuerdo que tiene que ver con la necesidad de coordinar esfuerzos y replantear un programa de reposicionamiento por parte de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, para que podamos hacer que los cruceros vuelvan a nuestros destinos turísticos del Pacífico.

Sabemos que existen problemas que hay que superar como el elevado costo de combustibles, nuevos destinos que se incorporan, la inseguridad que es un asunto delicado, la falta de competitividad, el deterioro de la infraestructura portuaria, insuficiencia de la misma, pero que esta realidad tiene que cambiarse para evitar que se hunda esta actividad económica fundamental para la generación de empleos de los estados en donde es importante esta actividad económica para nuestras economías.

Se requiere que se recupere el mercado impulsando un proyecto de rescate y renovación de terminales marítimas y de infraestructura para el reposicionamiento de este segmento, tiene que haber una sinergia entre las instancias responsables, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que mejoremos las terminales y avancemos en la simplificación y facilitación que permita elevar los niveles de competitividad.

Necesitamos que lleguen más cruceros a nuestros destinos.

Por ello pongo a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para incrementar el arribo de cruceros al puerto de Acapulco y a Ixtapa, Zihuatanejo, promocionándolos como destinos seguros, atractivos y sustentables.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que, conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México, implemente una campaña emergente de promoción turística para reposicionar la imagen de Acapulco o Ixtapa, Zihuatanejo, como destinos seguros, atractivos y sustentables.

Tercero.- Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e instrumentar, conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un programa para reimpulsar el turismo de cruceros a efecto de hacerlo eficiente y competitivo, que aproveche la situación geográfica estratégica de nuestro país y permita posicionar al pacífico mexicano como región multidestino de cruceros, promocionándolos a estos destinos como puertos seguros a efecto de que las empresas navieras y agencias de viajes internacionales vuelvan a considerarlos.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, Senadoras y Senadores, gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TURISMO A REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EL ARRIBO DE CRUCEROS AL PUERTO DE ACAPULCO Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INSTRUMENTEN UN PROGRAMA NACIONAL PARA REIMPULSAR UN TURISMO DE CRUCEROS FUERTE, EFICIENTE Y COMPETITIVO

“Quien suscribe, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México se mantiene dentro de los primeros diez destinos turísticos más importantes del mundo, con más de 23 millones de llegadas de turistas extranjeros y casi 11 mil 900 millones de dólares en ingresos al 2011, siendo el turismo la tercera fuente del ingreso nacional y representa el 9 % del PIB.

A pesar de ello, en materia de turismo de cruceros estamos perdiendo competitividad y con menos arribos, nuestro país pasará en 2012 del cuarto al quinto lugar mundial en recepción de pasajeros por esta vía, lo que refleja la constante caída de este segmento si tomamos en consideración que en 2006 México ocupaba el primer lugar del ranking mundial.

En efecto, de acuerdo al más reciente reporte de la firma Cruise Market Watch, especializada en la industria de cruceros, nuestro país pasará al quinto lugar mundial por arribo de cruceristas, con una pérdida de 9.2% durante 2012, para situarse por debajo de Estados Unidos, Italia, Bahamas y Noruega.

Según el documento, el país recibirá en el presente año 4 millones 847 mil visitantes, quienes llegarán a bordo de mil 946 embarcaciones, cuando que el año anterior arribaron 5 millones 339 mil turistas en 2 mil 191 buques.

No obstante las cifras que la Secretaría de Turismo viene manejando, estos pronósticos parecen se están confirmando, ya que desde hace algún tiempo los puertos de cruceros en México, sobre todo en la región del Pacífico, atraviesan por una crisis que debe obligar al gobierno a impulsar un nuevo modelo antes de que el mercado “hunda” esta actividad.

De acuerdo al último Informe de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la llegada de cruceros a puertos mexicanos, de enero a septiembre de 2012, fue de mil 255 arribos, lo que representa una disminución del 26.9%, en relación al mismo periodo de 2011, que fue de mil 718 arribos reportados; mientras que el número de pasajeros transportados por esta vía fue de 3 millones 441 mil 600, lo que representa un 18.6% menos, durante el mismo periodo de 2011, que fue de 4 millones 226 mil 294 viajeros.

El mayor impacto se registró en las terminales marítimas situadas en el Pacífico mexicano, donde la entrada de cruceros disminuyó 41.5%, pues de enero a septiembre de 2011 tuvo 698 arribos y en el mismo lapso de tiempo de 2012 fue de 408; mientras que los viajeros pasaron de un millón 362 mil 446 a 896 mil 652, una reducción del 34.2%.

A Mazatlán, por ejemplo, de enero a septiembre de 2011 llegaron 40 cruceros, frente a solo uno que arribó en el mismo tiempo de este año. El puerto de Loreto, en Baja California Sur, tiene una situación similar: de los 7 cruceros que llegaron a septiembre de 2011, sólo regresaron 2 en este año. A Cabo San Lucas, arribaron 191 cruceros a septiembre de 2011, mientras que en 2012 han arribado 103, una disminución del 46.1%. Puerto Vallarta tuvo en el mismo periodo de 2011 136 arribos, y para 2012 estos han sumado 94, representando un 30.9% menos.
Pero lo que representa un fuerte descalabro, es lo sucedido para el puerto de Acapulco, que, de los 75 arribos que recibió de enero a septiembre del año pasado, sólo vio regresar a 7 en la misma temporada de 2012, un 90.7% menos; y una importante disminución de turistas, al pasar de 113 mil 628 pasajeros en el 2011 a tan sólo 3 mil 658 en el mismo periodo, lo que representa un 96.8% menos.

Por su parte, la llegada de cruceros a la zona del Golfo-Caribe mexicano cayó 17%, al sumar 847 contra mil 20 arribos del mismo periodo de 2011; en relación a la llegada de viajeros por esta vía, disminuyó un 11.1%, pues a septiembre 2011 arribaron 2 millones 863 mil 848, a diferencia del mismo periodo de 2012, que han arribado 2 millones 544 mil 948 pasajeros. De acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la disminución en Cozumel por número de barcos es del 10.3%, al registrar 661 arribos a septiembre de 2012, 76 cruceros menos en relación con el mismo lapso del año pasado.

A la par de ello, en lo que va del año, las ventas de viajes por crucero han bajado hasta 35% comparado con igual periodo de 2011, según lo informó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), quien refiere que esta caída se debe principalmente a la situación de inseguridad que se vive en el país, lo que ya afecta la derrama económica en los puertos dedicados a esta actividad.

Precisamente, en relación a los ingresos por ese concepto, el Banco de México informa que de enero a agosto de 2012, estos fueron de 324 millones 128 mil 820 dólares, 2.17% menor que el mismo periodo de 2011, que fue de 331 millones 305 mil 930 dólares. No obstante ello, el gasto medio por turista se incrementó, aunque modestamente, de acuerdo a la misma fuente, al pasar de 91.17 dólares en 2011, en el periodo de enero a agosto, a 93.97 dólares en el mismo periodo, una variación de más 3.07%.

En el caso de Acapulco, según datos del gobierno del estado de Guerrero, la baja llegada de cruceros representa una disminución de 250 mil a 10 mil pasajeros, con lo que se pierden alrededor de 15 millones de dólares en derrama económica, sin dejar de lado los gastos que efectúa la tripulación, que se estima en la misma cantidad.

Al menos siete empresas navieras han cancelado sus operaciones en Acapulco, por diversos eventos ocurridos desde el primer trimestre de 2011, cuando varias compañías dejaron de hacer viajes por el Océano Pacífico, por cuestiones de demanda, costos de combustible, por satisfacción del cliente y el surgimiento de nuevos destinos.

A estas limitantes, se suma la percepción de inseguridad que se tiene de Acapulco y de varios destinos de nuestro país, derivado de alertas de viaje que el gobierno de Estados Unidos y de varios países europeos publican para advertir a sus connacionales que pretenden visitar nuestro país, que valga la expresión son realizados sin objetividad y sin ningún tipo de parámetro.

Pero no solo la percepción en el extranjero de la inseguridad que existe en México es causa de la disminución en el arribo de cruceros al país, según advierten autoridades portuarias y especialistas, sino que un factor importante es la falta de competitividad y la falta y deterioro de la infraestructura portuaria, que obliga a mejorarla. En nuestra consideración, se requiere, asimismo, ofrecer productos atractivos en tierra para los pasajeros, lograr agrupar los sectores portuario-turismo-comercio y promocionar los principales puertos de una región de manera conjunta, como parte de una ruta común, ante las empresas navieras y agencias de viaje internacionales; más aún cuando los puertos deben homologar, con el resto del mundo, el cobro de impuestos y derechos.

Se sabe que las compañías de cruceros requieren de uno o hasta dos años para reprogramar destinos e itinerarios, sobre todo por el esfuerzo de venta, que obliga a realizar catálogos, negociar con agentes de viaje y empezar las ventas con un año de anticipación.

Ante esta realidad, que ha repercutido en los ingresos de muchos acapulqueños y mexicanos en general, se requiere recuperar el mercado, impulsar un proyecto de rescate y renovación integral de terminales marítimas e infraestructura, para competir frente a otros destinos.
Es importante resolver estos problemas en el menor plazo para regresar al mercado competitivo, aunque queda claro que el reto no es menor. Se requiere fortalecer la rectoría del Estado y modernizar cada uno de los elementos de la Industria de Cruceros; es necesario que ésta tenga una operación eficiente, competitiva y equitativa; con esquemas financieros sanos; equipos modernos; garantía a la seguridad en las operaciones marítimas y portuarias, fomentando mayor capacitación del personal técnico marítimo portuario, vigilando el cumplimiento de la normatividad marítima, turística, fitozoosanitaria nacional y migratoria; y que la operación marítimo portuaria de los cruceros sea moderna, segura y de elevada calidad en los servicios, conforme a los avances globales en infraestructura y tecnología.

Para coadyuvar a lo anterior, la Secretaría de Turismo debe hacer realidad lo que ha postulado, como uno de sus objetivos primordiales, “el impulso de la competitividad y el desarrollo del turismo de cruceros, como medio de proyección internacional de los diferentes puertos nacionales.”

Para ello, existe el Grupo de Trabajo de Cruceros Turísticos que pertenece a la Comisión Ejecutiva de Turismo, cuya finalidad es “buscar la participación integral del sector para alinear estrategias y acciones en pro del desarrollo de la actividad y la apertura de espacios para la inversión en la materia, con el objetivo de consolidar a México como un destino líder en la captación de cruceros.” Dicho Grupo se integra por las siguientes dependencias e instituciones: 1) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Secretaría de Marina; 3) Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 4)Fondo Nacional de Fomento al Turismo; 5)Instituto Nacional de Migración; y, 6) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De igual manera, es importante la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo, que integra como uno de sus ejes estratégicos el “incrementar la conectividad y facilitar el tránsito para generar un aumento en el número de asientos por cielo, mar y tierra dentro del país y hacia México, así como para agilizar la llegada, el tránsito y la salida de los turistas.”

Sin embargo, para el reposicionamiento de este segmento se requiere que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hagan sinergia en la operación portuaria y promuevan, en el ámbito de sus respectivas competencias, que los servicios prestados en las terminales de pasajeros de cruceros que arriben a nuestro país se realicen con eficiencia y seguridad, al tiempo de cumplir con la normatividad aplicable, busquen siempre la simplificación y facilitación adecuada que permita elevar los niveles de competitividad.

Existen las instancias responsables, así como la definición de objetivos para impulsar el desarrollo competitivo y el mejoramiento de los productos y servicios turísticos y complementarios que se ofrecen al mercado de cruceros, para fortalecer la integración de los atractivos naturales y culturales, la maximización de los beneficios en el desarrollo de las comunidades receptoras y el retorno de los visitantes.

México requiere reposicionarse en el mapa mundial para el arribo de más cruceros internacionales; para ello, es necesario instrumentar programas y acciones orientadas a hacer de la Industria de Cruceros un elemento que contribuya al desarrollo integral y armónico de los destinos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para incrementar el arribo de cruceros al Puerto de Acapulco, promocionándolo como destino seguro, atractivo y sustentable para este segmento turístico.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que, conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México y con el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, implementen una campaña emergente de promoción turística para reposicionar la imagen de Acapulco como destino seguro, atractivo y sustentable para el turismo nacional e internacional.
Tercero.-Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e instrumentar, conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un programa para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, eficiente y competitivo, que aproveche la situación geográfica estratégica del país y permita posicionar, además, al Pacífico mexicano como región multi-destino de cruceros, promocionando sus principales puertos de manera conjunta ante las empresas navieras y agencias de viaje internacionales.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 25 de octubre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador René Juárez Cisneros. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irizar López.

- El C. Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Para pedirle al ponente, al Senador Juárez, la posibilidad de adherirme a este punto fundamental para la vida turística de nuestro estado, principalmente Mazatlán, y obviamente que su planteamiento haga eco positivo en el gobierno federal y atienda este asunto que es fundamental para la economía del país.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Aarón Irizar López, igual el Senador Daniel Amador.

Consulto al Senador René Juárez Cisneros si acepta las adhesiones que han manifestado los compañeros Senadores, y pido a la Secretaría que tome nota de todas y todos los Senadores que deseen adherirse a este punto de Acuerdo.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: (Desde su escaño) Sí.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial del Adulto Mayor.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Este es un asunto sumamente importante, dada la situación por la que atraviesa nuestro país, sobre todo por los resultados que va a tener en los próximos años en cuanto al número de adultos mayores que vivirá no solamente en México, sino en el mundo entero.

Considerando precisamente que la población de adultos mayores es un fenómeno que podemos observar a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay alrededor de 605 millones de personas de más de 60 años, que es por definición quienes se consideran adultos mayores.

Para el 2025 se proyecta que la cifra alcance mil 200 millones de personas y también se estima que dos de cada tres vivirán en países en desarrollo, como lo es México.

Estas transformaciones demográficas implican cambios cuantitativos y cualitativos en las formas en que se organizan y moldean nuestras sociedades, lo que por supuesto plantea nuevos desafíos de gran alcance para la formulación de políticas públicas.

Desde 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, como el instrumento internacional que contiene una base para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento. Dicho plan está conformado por 62 recomendaciones para la acción sobre aspectos tales como la investigación, la recolección de datos, la capacitación, así como en algunas áreas temáticas de salud y nutrición, protección de los adultos mayores como consumidores, vivienda, medio ambiente, familias, seguridad social, empleo, educación y, por supuesto, seguridad económica.

En su conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento de 2003, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL constataba que, cito: "Estas transformaciones sociodemográficas implicarán una readecuación de la infraestructura de los servicios sociales como son salud, educación, vivienda y otros, así como la reestructuración de las funciones públicas, en términos de las capacidades técnicas. No obstante, también es necesario ir propiciando un cambio cultural que lleve a que las sociedades sean más incluyentes, en las que las personas mayores sean parte importante de la sociedad, sujetos de derechos en el marco de una sociedad para todas las edades".

Particularmente en México, según datos de la propia CEPAL, se aprecia que crecerá significativamente el porcentaje de la población de 60 años y más respecto de la población total, hasta llegar a ser un 27 por ciento en el año 2050 y se presentan algunas gráficas también que demuestran estos datos.

Una de las situaciones preocupantes que podemos citar es que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los adultos mayores es su precaria situación económica, en virtud de un alto porcentaje de la Población Económicamente Activa que labora en el sector informal, siendo un sector relativamente pequeño que paga un seguro de pensiones o que cotiza ante el Seguro Social, siendo principalmente los que trabajan en el servicio público o empresas privadas. El Banco Mundial afirma en su diagnóstico que la estructura de la protección social en México, precisamente está fragmentada y presenta serios problemas de igualdad y eficiencia, pues se conserva un sistema dual con un régimen que proporciona beneficios de retiro y salud a empleados del sector formal, principalmente a través del Seguro Social y del ISSSTE, pero no a quienes laboran en el sector informal.

También debido al bajo porcentaje de adultos mayores que adquirieron el derecho a una pensión o a una jubilación, de por sí en un nivel económico muy bajo, resulta que adultos mayores de más de 60 años se ven obligados a permanecer económicamente activos por el mayor tiempo posible. De hecho, desde 2005, más de un 40 por ciento de hombres y mujeres entre los 60 y 70 años siguen económicamente activos, siguen trabajando.

Es importante considerar también que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, menciona ya la importancia de priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir el quebrantamiento de sus derechos humanos mediante la modificación de políticas públicas para la defensa de estos derechos humanos, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los mismos, sino más bien hay que privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de miembros de grupos vulnerables en que se encuentran los adultos mayores que, por sus características, están en riesgo latente de ser objeto de la trasgresión de sus derechos fundamentales.

Por supuesto, hay que reconocer que en otras regiones del mundo, como en Europa, desde hace décadas se ha buscado diseñar políticas públicas que atiendan los retos que implica este cambio demográfico, pero el diseño y la planeación de recursos de atención al adulto mayor en México debe ser único y original. Las experiencias en otros países sólo deben ser ejemplos, pero se requiere formular planes y programas específicos, políticas públicas que estén en armonía con el medio ambiente, con la situación sociopolítica y sobre todo la económica que vive nuestro país, para que todos los recursos sean aprovechados y la cultura preservada en beneficio de la población mexicana. Es importante también reconocer las especificidades que se dan al interior de este grupo poblacional, como las de género, etnia, condición social, estado civil, ubicación geográfica, estatus migratorio, entre otras condiciones, para poder generar políticas públicas adecuadas, orientadas y resolver las necesidades prioritarias de este sector de la población mexicana.

Por esta razón, las Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI, reconocemos la importancia de trabajar de manera preventivamente para hacer frente a este fenómeno sociodemográfico y, por eso, proponemos que se impulsen desde el Senado de la República las directrices que se deben tomar para valorar el bono demográfico que hoy tenemos y comenzar con la planeación de las políticas públicas encaminadas a enfrentar el envejecimiento de la población que nuestro país va a tener en las próximas décadas.

Por eso, y por supuesto con la fundamentación legal correspondiente, es que se propone una comisión especial que deberá elaborar y analizar de manera sistemática e integral junto con expertos e instituciones académicas y gubernamentales, políticas públicas dirigidas al adulto mayor y su desarrollo en temáticas relativas a salud pública, política laboral, pensiones y jubilaciones, carencias sociales, desarrollo del entorno, espacios urbanos, transporte y vivienda, entre otros elementos.

Y entonces se presenta el punto de Acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dentro de sus atribuciones se sirva proponer al Pleno de esta Soberanía, la creación de la Comisión Especial del Adulto Mayor.

También le pido, señor Presidente, si puede ser esta propuesta turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, si fuera posible, por favor.

Es cuanto. Muchas gracias.

Propuesta



Túrnese a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

A continuación…
- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) ¿Me permite, señor Presidente?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicitar que la propuesta sea turnada también a la Comisión de Población y Desarrollo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora. Pido a la Secretaría que se turne también a la Comisión de Población. Gracias.

Se le concede el uso de la palabra…

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senadora María Elena Barrera.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora si me permite adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Mely Romero, ¿acepta la adhesión?

- La C. Senadora Mely Romero Celis: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

México, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha reconocido los derechos enunciados en esta convención a todas las niñas y niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color de piel, el sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición de la niña, del niño, de sus padres, madres o de su tutor legal.

Se reafirma, en este aspecto, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y también se toma en consideración al niño y a la niña como sujeto de derechos y como seres humanos con dignidad y con capacidades de evolución.

Se reconoce la situación especial y de dependencia de las niñas y los niños frente a cualquier dificultad que pueda afectar el ejercicio de sus derechos a partir de la carencia de recursos que no repare en la violencia de estos derechos.

Hoy vengo a solicitar, de manera respetuosa, que el Ejecutivo Federal pueda mandar a esta Soberanía el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que puedan los niños y las niñas, en función del interés superior de la niñez, ser considerados de manera fundamental cuando no se ejerzan recursos suficientes para reparar la violación de sus derechos, así como la necesidad de que se implementen procedimientos adaptados a la niña, al niño, a su propio desarrollo desde las diversas instancias para que efectivamente a partir del diseño de mecanismos nacionales apropiados, se pueda garantizar el resarcimiento de derechos vulnerados precisamente por alguna violación específica.

Es importante considerar que este Protocolo Facultativo se suma a los otros dos facultativos que ya el Senado de la República votó hace más de 10 años, insisto, que es el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niñas, niños, la prostitución infantil y la utilización de niñas y niños en pornografía, y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niñas y niños en conflictos armados.

Junto con otros tratados internacionales, estamos inscribiendo el fortalecimiento de un estado de derecho, que también tome en consideración a partir de la edad y de mecanismos y, sobre todo, de reglamentación, que tiene que especificarse en cada Estado Parte, para poder garantizar los procedimientos adaptados al propio desarrollo cognoscitivo de las niñas y los niños para que ciertamente tengan las condiciones de salvaguardar sus derechos y, sobre todo, garantizar que ese examen, de manera conducente, en las comunicaciones que en su opinión esten afectando el interés superior de la niñez.

En este sentido, termino mencionando, que también los Estados Parte estarían obligados a tomar todas medidas que procedan para que las personas sujetas a la jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como consecuencia de haberse comunicado con el comité, que se crea justamente con más atribuciones al comité sobre derechos de la niñez, que está instalado en Ginebra y que tiene la atribución de vigilar que cada Estado Parte cumpla con los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que, en todo caso, este comité puede necesariamente cooperar con el Estado Parte, para poder hacer, insisto, plausible este protocolo.

Señor Presidente, solicito que este exhorto pueda ser turnado a la Comisión de Derechos Humanos, por favor, si es tan amable.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIAR A LA CAMARA DE SENADORES EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIAR A ESTA SOBERANIA EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México todas las niñas y los niños, poseen derechos y deberían tener el mismo derecho que una persona adulta de contar con recursos efectivos, incluyendo el uso de mecanismos internacionales de derechos humanos, cuando los recursos nacionales fallan para garantizar sus derechos.

Sin embargo, la situación especial y dependiente de las y los niños les crea dificultades reales cuando quieren interponer recursos por la violación de sus derechos; es por ello que, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones es una disposición vital para la efectiva protección de sus derechos.
Después de varios años de intensivas negociaciones a nivel internacional, el 27 de enero del presente año, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el Protocolo Facultativo con el propósito de establecer un procedimiento de comunicaciones relativo a las violaciones de los derechos de las niñas y niños.

Ahora, el siguiente paso es asegurarse que los Estados ratifiquen dicho Protocolo; durante la ceremonia oficial de firma de Naciones Unidas 20 países signaron este Protocolo, a saber: Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Maldivas, Mali, Montenegro, Marruecos, Perú, Portugal, Serbia, y Uruguay. Desde la ceremonia oficial, dos Estados más han firmado: Malta y la Antigua Republica Yugoslavia de Macedonia. Sin embargo, el Protocolo necesita ser ratificado por 10 países más para entrar en vigor.

La adopción de dicho Protocolo marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; ya que, prevé la existencia de un mecanismo de comunicación y resolución de quejas sobre las violaciones de sus derechos.

De conformidad con el Protocolo en comento, las y los menores, así como, sus representantes podrán presentar denuncias de violaciones de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y/o en los Protocolos Opcionales ante el Comité de los Derechos del Niño; siempre y cuando no les sea posible solventar los problemas en la jurisdicción de su país y en el caso de que el Estado haya ratificado dicho Protocolo.

Se trata de un mecanismo cuasi judicial, es decir, las decisiones del Comité sobre las comunicaciones que recibe no son legalmente vinculantes para el Estado afectado, pero que en virtud del principio de buena fe, el Estado debe cumplir.

Este Protocolo establece el procedimiento que la comunicación ha de seguir (admisibilidad, la revisión y supervisión de las quejas y la resolución amistosa del conflicto); así como, el procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o sistemáticas.

De igual forma, faculta al Comité para negarse a admitir y revisar las comunicaciones que no favorezcan los mejores intereses de la niñez. A lo largo del proceso de negociación, se destacó la importancia de establecer un reglamento para el Comité, a fin de garantizar que los procedimientos se adapten al niño y/o a la niña.

Además, el Comité, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre la cuestión de fondo, podrá en cualquier momento dirigir al Estado Parte la solicitud de que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la presunta violación.

A partir de este Protocolo, el Comité desarrollará la jurisprudencia internacional y proporcionará una interpretación práctica y fidedigna de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y/o los Protocolos Facultativos; así como, de las obligaciones de los Estados.

Con la ratificación y aprobación de este Protocolo, las niñas y los niños se pueden sumar a las filas de otros titulares de derechos, quienes pueden presentar denuncias sobre violaciones de derechos humanos ante un órgano internacional.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, para su debida aprobación por este Senado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 31 de octubre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta y recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal, a emprender y promover campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“Regala un pescado a un hombre y le darás alimentos para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

Hoy, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Cultura del Ahorro y el Programa de Educación Financiera.

Pareciera un tema de poca relevancia, sin repercusión para las familias que integran la sociedad mexicana, un tópico que para muchos es propio de los países de primer mundo, sin embargo, enseñar la educación financiera y la cultura del ahorro en los niños y las niñas en la familia y en la escuela, es una manera de iniciar una nueva generación de personas con otro tipo de costumbres y pensamientos.

Uno de los buenos hábitos que ayudan al ser humano a realizarse en esta vida, a lograr muchos objetivos y asegurar un futuro digno y placentero, es el ahorro. Por tal motivo, debemos aprender y cultivarlo desde niños. Sabemos que sólo la educación logra cambios de actitud en el ser humano, y tiene como meta fundamental preparar a personas para tener una vida feliz, mostrándole los caminos, dotándolos de herramientas e inculcándoles los haberes para lograr su destino de felicidad. Por eso, el Día Mundial del Ahorro es una de las fechas más importantes y emblemáticas no sólo para reconocerla, sino para hacer una remembranza con nuestras hijas y con nuestros hijos que forman parte del seno familiar, porque el ahorro es el resultado del esfuerzo y de la disciplina, que ayudan a lograr la calidad de vida de las personas, haciéndolas alcanzar metas superiores que les proporcionarán mayor seguridad, mejor prevención e, incluso, un final feliz y digno.

Es por ello que a través del presente punto de Acuerdo, se exhorta a las autoridades competentes para que implementen acciones que incidan en la cultura de la educación financiera de nuestros niños de la sociedad mexicana y que mediante campañas y políticas públicas eficientes, se instruyan a las niñas y a los niños la técnica del ahorro.

Lo importante es que desde pequeños tengan las herramientas para que cuando sean grandes no contraigan problemas causadas por el dinero.

Cabe mencionar que en otros países donde se han aplicado programas pilotos de educación financiera en las escuelas de educación básica, se ha comprobado que los estudiantes han mejorado en competencias matemáticas. Es el caso, por ejemplo, de Perú.

La educación financiera es la manera a través de la cual los niños pueden superar sus limitaciones, salir de situaciones de abuso y aspirar a tener una mejor calidad de vida.

Según datos del Banco Mundial, el 50 por ciento de la población global mayor de 15 años, no tienen acceso a servicios financieros. Ese porcentaje es menor en México, con sólo 27 por ciento.

En conclusión, una forma de implementar acciones de ahorro, es precisamente marcar líneas temáticas y desarrollar materiales educativos que sean complementarios a los libros de texto. Así se enseñaría a las niñas y a los niños mexicanos de educación primaria y secundaria y a las familias que integran la sociedad, que ellos pueden superar las limitaciones asociadas a la pobreza a través de la educación financiera y enseñarles que pueden aspirar a una mejor calidad de vida.
Por lo antes expuesto, compañeras Senadoras y Senadores, presento el siguiente punto de Acuerdo.

Unico.- El Senado de la República exhorta y recomienda, de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública Federal y de los estados, emprendan y promuevan campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana, a través de la escuela primaria y secundaria.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Y RECOMIENDA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL Y DE LOS ESTADOS, SE EMPRENDAN Y PROMUEVAN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN LA EDUCACION FINANCIERA Y LA CULTURA DEL AHORRO EN LA NIÑEZ MEXICANA, A TRAVES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA

DE LA SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 276 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA Y RECOMIENDA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL Y DE LOS ESTADOS, EMPRENDAN Y PROMUEVAN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN LA EDUCACION FINANCIERA Y LA CULTURA DEL AHORRO EN LA NIÑEZ MEXICANA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"1

Hoy 31 de octubre del año en curso, se celebra el día mundial de la cultura del ahorro y el programa de educación financiera.

Pareciera un tema de poca relevancia y sin repercusión para las familias que integran la sociedad mexicana, un tópico que para muchos es propio de los países de primer mundo, sin embargo, enseñar la educación financiera y la cultura del ahorro a los niños en la familia y en la escuela, es una manera de iniciar una nueva generación de personas con otro tipo de costumbres y pensamientos, aprovechar la época de la información en la que estamos viviendo en éste siglo XXI, es hora de que nuestras hijas y nuestros hijos estén preparados para pedir cuentas a nuestros gobernantes, pero con conocimiento de causa y para que ellos mismos logren su libertad financiera a una corta edad.

Recordemos que nuestro peor enemigo es la ignorancia, así que no podemos soslayar que EL CONOCIMIENTO ES PODER.2

Uno de los buenos hábitos que ayudan al ser humano a realizarse en esta vida, a lograr muchos objetivos y a asegurarse un futuro digno y placentero es el AHORRO. Por tal motivo, debemos aprender y cultivarlo desde niños. Es una parte muy importante de la educación y la formación integral para la vida. Muchos niños, niñas y jóvenes tienen la suerte de cultivarlo desde la cuna, mediante la acción de sus padres. Pero otros, recién toman noción del valor de esa buena costumbre, en la escuela o colegio, a través de sus buenos profesores y profesoras que se encargan de su formación para la vida. Sabemos que sólo la educación logra cambios de actitud en el ser humano y tiene como meta fundamental preparar a las personas para tener una vida feliz, mostrándoles los caminos, dotándoles de herramientas e inculcándoles los saberes para lograr su destino de felicidad. Por eso, el Día Mundial del Ahorro, es una de las fechas más importantes y emblemáticas no sólo para recordarla sino para hacer una remembranza con nuestras hijas e hijos que forman parte del seno familiar, porque el AHORRO es el resultado del esfuerzo y de la disciplina, que ayudan a lograr la calidad de vida de las personas, haciéndoles alcanzar metas superiores que les proporcionarán mayor SEGURIDAD, MEJOR PREVENCIÓN, e, incluso, un FINAL FELIZ y DIGNO. Debemos recordar también que AHORRAR no se trata únicamente de DINERO. El ahorro debe ser integral y abarcar todos los bienes tangibles e intangibles que forman parte del patrimonio humano.

Es por ello, que a través del presente punto de Acuerdo no sólo se exhorta a las autoridades competentes para que implementen acciones que incidan en la cultura de la educación financiera de nuestros niños de la sociedad mexicana y que mediante campañas y políticas públicas eficientes, se instruyan a los niños la técnica del ahorro. En ese sentido, se hace una invitación a todas las familias mexicanas a construir un patrimonio y desarrollar una mayor consciencia y planificación de sus finanzas.

Ahorrar debe ser un ejercicio consistente y como tal se debe practicar de manera disciplinada de acuerdo con las metas personales que se tengan.

Por ello, el programa dedicado a la divulgación de la educación financiera comparte algunas recomendaciones como:

• A).- Arme un presupuesto y ajústese a él.

• B).- Reconozca la diferencia entre querer y necesitar.

• C).- Ahorre al menos 10% de sus ingresos.

• D).- Conforme un fondo de ahorro para hacer frente a las emergencias.

• E).- Limite sus deudas a menos de 20% de su ingreso anual y asegúrate f).- que menos de 10% de su ingreso al mes se destine al pago de la misma.

•F).- Es responsabilidad de todos los miembros de la familia establecer objetivos financieros comunes.

Es decir, debemos, como padres de familia, comenzar a educar a nuestros hijos para entender el valor del dinero.

Sentadas estas bases, viene la parte más creativa; esto es, enseñarles a cuidar el dinero, para esto hay que asignarles una cantidad fija periódica que esté acorde a su edad. Para lo cual, existen algunas ideas que repercutirán de forma eficaz dentro de las familias mexicanas, tales como:

• 1.- El ahorro.

• 2.- El trabajo como medio de generar ingreso.

• 3.- Ejercer un presupuesto. Enseñarles a realizar un presupuesto y ajustarse a él.

• 4.- Diversión sin dinero.

• 5.- Congruencia. Hay que tener cuidado y ser congruentes con el dinero.

• 6.- Discreción. Es bien importante transmitirles que en la vida existen un sin número de factores que hacen que una familia tenga más dinero que otra.
Lo importante es que desde pequeños tengan las herramientas para que cuando sean grandes no caigan en problemas causados por el dinero y que eviten ser como muchas personas que piensan que tener mucho dinero es sinónimo de felicidad y prosperidad.

Cabe mencionar que en otros países donde se han aplicado programas piloto de educación financiera en las escuelas de educación básica se ha comprobado que los estudiantes han mejorado en sus competencias matemáticas. Ese es el caso de Perú.

La educación financiera es la manera a través de la cual los niños, especialmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza, pueden superar sus limitaciones, salir de situaciones de abuso y aspirar a tener una mejor calidad de vida.

Según datos del Banco Mundial, 50% de la población global mayor de 15 años no tiene acceso a servicios financieros. Ese porcentaje es menor en México con sólo 27 por ciento. Pero tener acceso a ellos tampoco garantiza ni el uso ni el aprovechamiento adecuado de los mismos.

La estrategia de educación financiera es una labor que corresponde al Estado, pues debe coordinar los esfuerzos de otros actores, y confiamos en que México avance como lo han hecho otros países como Perú, que ya realiza programas pilotos con alumnos de educación básica.

La responsabilidad de la educación financiera le corresponde al gobierno pero en coordinación con el sector privado y la sociedad en general. En muchas comunidades, especialmente en las más pobres, si los padres no saben manejar su dinero, cómo podrían enseñarles a los niños. Así que el gobierno tiene que enseñarlo a través de las escuelas.

Finalmente, “Si no aprovechamos la etapa de la educación básica, estaremos desaprovechando el mejor canal que tenemos para cambiar la cultura financiera antes de los 15 años”

Una forma de implementar acciones de ahorro es precisamente marcar líneas temáticas y desarrollar materiales educativos que sean complementarios a los libros de texto. Así se enseñaría a las niñas y a los niños mexicanos de educación primaria y secundaria y a las familias mexicanas que integran nuestra sociedad, que ellos puedan superar las limitaciones asociadas a la pobreza a través de la educación financiera y enseñarles que pueden aspirar a una mejor calidad de vida.

Es pues evidente que, en ausencia de contenidos de educación financiera en las escuelas de México y el mundo, los niños y adultos conozcan muy poco o nada al respecto. Y es eso precisamente lo que debemos evitar.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA Y RECOMIENDA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL Y DE LOS ESTADOS, EMPRENDAN Y PROMUEVAN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN LA EDUCACION FINANCIERA Y LA CULTURA DEL AHORRO EN LA NIÑEZ MEXICANA A TRAVES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada
- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora si me permite apoyar su propuesta, por favor.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con mucho gusto, Senador, muchas gracias.

Gracias, compañeros Senadores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para respaldar la propuesta de la Senadora, pido a la Secretaría que tome nota de ello, una vez que la Senadora Lisbeth Hernández ha aceptado la adhesión a dicho punto de Acuerdo. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS CIUDADANOS EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA

“El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó hace unos días su programa para iniciar una campaña nacional para la renovación el próximo año de al menos cuatro millones de credenciales para votar con terminación 09, con el fin de actualizar el padrón electoral, así como contar con un instrumento más seguro y actualizado para sufragar y a la vez establecer candados que permitan una mayor seguridad para los ciudadanos que se identifican con este instrumento.

Con ello el pasado 4 de octubre los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores del IFE, aprobaron la actualización del modelo de la credencial de elector para votar, que contempla cuatro elementos adicionales, 12 que se actualizan y 24 continúan, entre ellos, el que aparezca el domicilio del elector.

En el documento aprobado por los integrantes de dicha comisión se destaca que de conformidad a la ley electoral; la Credencial para Votar deberá contener cuando menos los siguientes datos del elector:

“Entidad Federativa, Municipio y Localidad que corresponden al domicilio; sección electoral en donde deberá votar el Ciudadano; apellido paterno, apellido materno y nombre completo; domicilio; sexo; edad y año de registro; firma, huella digital y fotografía del elector; Clave de registro; y Clave Única del Registro de Población. Además tendrá, espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; año de emisión; y año en que expira su vigencia”.

Asimismo el consejero del IFE, Benito Nacif Hernández, el pasado viernes 26 de octubre declaró que la renovación de la credencial del IFE con terminación 09, tiene como meta de cambiar más de cuatro millones de micas y para ello el instituto ya trabaja en los preparativos técnicos y logísticos para ello.

Indicó que se busca diseñar una nueva mica “más segura, más moderna y más actualizada de manera que le quede cerca su casilla para poder votar y reduzcamos el problema que luego tenemos en las casillas especiales” todo ello de cara a los comicios intermedios del 2015 y los presidenciales del 2018.

Asimismo anunció que el próximo año iniciará con dicha renovación de credenciales, con instrumentos de seguridad decadactilares, biométricos, con medidas de respaldo de la credencial l como una medida de seguridad vía internet, para evitar el fraude de identidad”.
Si bien el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la credencial para votar debe incluir la dirección del ciudadano, también es cierto que dicha información ha sido utilizada por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos tales como fraudes, robo de identidad, secuestros y extorsiones, entre otros.

De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en seis de cada 10 casos los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial como medio de extorsión y amenaza.

El Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, al año se reportan, en promedio, 50 mil casos de extorsiones, en los que se utilizaron los datos de la residencia de los ciudadanos como arma de extorsión y amenaza.

En el mercado negro la venta de credenciales de elector, ya sean robadas o extraviadas, es muy lucrativo, ya que le permite a los delincuentes localizar vivienda e identidad de sus posibles víctimas.

Cabe destacar que la credencial para votar con fotografía no es considerada como un comprobante de domicilio y la inclusión de este dato “no cumple con ninguna medida de seguridad electoral, es ocioso y hasta nocivo para los titulares de la misma”.

En la más reciente elección federal, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral en la reciente elección federal más de 84.5 millones de mexicanos contaron con credencial para votar con fotografía.

Ante ello presentó a esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral (IFE) a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía que iniciará en los próximos meses.

Lo anterior, hasta en tanto se analice y apruebe la reforma presentada el pasado 27 de septiembre del 2012 por el de la voz y respaldada por varios senadores, en donde propone eliminar el domicilio de las credenciales de elector.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhortar al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía que iniciará en los próximos meses.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a crear un juzgado de distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Señor Presidente, quisiera yo dejar constancia de que este exhorto es construido por el Senador Romero Lainas, así como por el Senador Benjamín Robles, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se considere como parte proponente también.
- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias. Compañeras y compañeros:

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualmente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

El artículo 94 constitucional, señala que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia determinará, entre otros aspectos, el número, división en circuitos, competencia territorial, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.

Y es precisamente esta la razón que nos ocupa. Es indiscutible la competencia del Consejo de la Judicatura Federal para determinar e inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, a fin de garantizar que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Con esas atribuciones, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el 29 de septiembre de 2004 aprobó la creación del Juzgado Noveno de Distrito, que se instalaría en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.

No obstante, de acuerdo con la información proporcionada por la comisión de creación de nuevos órganos del propio consejo, con fecha 29 de septiembre de 2010, su instalación fue cancelada.

Sin embargo, me permito hacer algunas precisiones. El estado de Oaxaca es complicado en razón de su orografía y vías de comunicación, sobre todo para las poblaciones más alejadas de su capital.

Cuenta con más de tres millones de habitantes, y sólo por dar un ejemplo en materia de estadística penal, en un año conoce más de 50 mil delitos denunciados en averiguaciones previas.

En el estado se ubican actualmente ocho juzgados de distrito. Los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Octavo ubicados en la ciudad de Oaxaca, mientras que los Juzgados de Distrito Sexto y Séptimo se encuentran en la ciudad de Salina Cruz.

Llama la atención la distribución de los citados juzgados, ya que en la entidad contamos con 570 municipios, lo cual le da realce al tema en cuestión.

Ahora bien, la segunda ciudad más importante y poblada del estado es Tuxtepec, cuenta con más de 200 mil habitantes, la competencia territorial que comprendería a este Juzgado Noveno de Distrito sería determinada por el Consejo de la Judicatura Federal, pero rebasaría con creces esta cifra y además generaría a los quejosos un considerable ahorro al evitar su traslado a la capital del estado.

En consecuencia, una ciudad a la alza como lo es Tuxtepec, representa un lugar estratégicamente ubicado para el logro de los objetivos de un juzgado de distrito.

En este orden de ideas, diversas asociaciones de abogados, así como presidentes municipales de la región, han solicitado en reiteradas ocasiones ante el Consejo de la Judicatura Federal, y en esta ocasión por conducto de mis compañeros Senadores y de quien suscribe, la creación de un juzgado de distrito en Tuxtepec, legítima demanda que por diversos factores desde el 2004 no ha encontrado respuesta.
Compañeros legisladores, debemos garantizar el acceso a la justicia en una de las entidades federativas reconocida por su alta marginación y que esto no quede supeditado sólo a cuestiones administrativas. Es impostergable que el sistema de impartición de justicia se adapte a las necesidades que demanda la sociedad.

Por lo antes expuesto, quien suscribe y con el respaldo de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2013, prevea recursos para la partida correspondiente a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de Tuxtepec, cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Segundo.- Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente, proceda a implementar las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de dicho juzgado de distrito en la ciudad de Tuxtepec, cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CREAR UN JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

“El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente “…el derecho a la administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”.

Asimismo prescribe el artículo 94, que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, estará a cago del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual determinará, entre otros aspectos, el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, -razón que nos ocupa-.

En congruencia, la fracción VI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala como atribución del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los Juzgados de Distrito en cada uno de los circuitos de la nación.

En esta virtud, resulta indubitable la competencia del Consejo de la Judicatura Federal para determinar e inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Con base en lo antes citado, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2004, aprobó la creación del Juzgado Noveno de Distrito, para ser instalado en la Ciudad de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, no obstante, y de acuerdo por la información proporcionada por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, con fecha 29 de septiembre del 2010.

La Ciudad de Tuxtepec es Cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca; se identifica como la segunda más poblada en la Entidad, cuenta con 101,810 habitantes en la ciudad y 155,766 en el municipio, de conformidad con datos publicados por el INEGI.

El Estado de Oaxaca es complicado en razón de su orografía y vías de comunicación, especialmente para las poblaciones más alejadas del centro del Estado.

En el Estado, se ubican OCHO Juzgados de Distrito en funciones: JUZGADOS DE DISTRITO, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y OCTAVO en Oaxaca, Ciudad y JUZGADOS SEXTO y SEPTIMO DE DISTRITO, en Salina Cruz. Lo que reviste particular importancia, considerando que en la Entidad contamos con nada menos que 570 municipios.

Lo anterior sin lugar a dudas representa para los justiciables un problema más en torno al acceso a la justicia.

En este estado de cosas, diversas Asociaciones de Abogados así como Presidentes Municipales de la Región, han solicitado en reiteradas ocasiones ante el Consejo de la Judicatura Federal, y en esta ocasión por conducto de quien suscribe, se solicite a la instancia competente, la creación de un Juzgado de Distrito en Tuxtepec, legítima demanda que desde 2004 no ha encontrado respuesta.

Resulta inconcebible, que el acceso a la justicia en una de las Entidades Federativas reconocidas por su alta marginación, se observe supeditado a cuestiones administrativas respecto a la organización y funcionamiento del poder judicial. Es impostergable compañeros Legisladores, que el sistema de impartición de justicia se adecue a las necesidades que demanda la sociedad.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2013 prevea recursos para la partida correspondiente a la creación de un Juzgado de Distrito en la ciudad de Tuxtepec, cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a que una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente, proceda a implementar las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de dicho Juzgado de Distrito en la ciudad de Tuxtepec, cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña”.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Eviel Pérez Magaña. Túrnese a la Comisión de Justicia.





 

Se recibió de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas empleadas y los resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos, el cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMPLEADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CONTRA DE LA VENTA DE CIGARROS SUELTOS

“La suscrita, Cristina DIaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, informe sobre las medidas empleadas y los resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Muchos son los problemas focalizados respecto a la adicción del tabaco, sin embargo, los medios empleados para su combate han sido poco eficaces.

La legislación vigente además de prohibir la venta de tabaco a los menores, combate las modalidades de venta perjudiciales, por ejemplo, aquella que se da en forma unitaria en tiendas de conveniencia o puestos ambulante, mediante distribuidores automáticos, etcétera.

Estas prohibiciones tienen como fin principal, prevenir el aumento de fumadores y disminuir el consumo entre los ya cautivos; especialmente en los jóvenes y mujeres. Sin embargo, el combate contra este tipo de venta, arroja resultados poco favorables.

Insuficientes han sido las herramientas para reducir la demanda y acercar a la población los servicios de detección temprana del tabaquismo.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la edad promedio en que la población nacional de entre 12 y 65 años de edad consumió tabaco por primera vez fue de 17.1 años. En los adolescentes la edad de inicio fue de 13.7 años y en la adulta, de 17.4 años.

De igual forma, señala que las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 60% de los fumadores hombres y mujeres inició el consumo de tabaco por curiosidad; 29.8% de los hombres y 26.9% de las mujeres iniciaron el consumo por convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores.

El consumo de tabaco en México provoca actualmente 130 mil años de vida perdidos, cifra que en 2018 alcanzaría 170 mil años de no implementar medidas enérgicas para reducir la venta y consumo de tabaco, principalmente entre los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, informe sobre las medidas tomadas y los resultados obtenidos en contra de la venta ilegal de cigarros sueltos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 31 de octubre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)



Es cuánto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Está a discusión este Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicho Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo relativo a la integración de comisiones. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones respectivas. Las Senadoras y Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deberán hacerlo del conocimiento de esta Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

PROPUESTAS

De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMESTICA

“La suscrita, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres constituye la violación más grande de derechos humanos y la más impune. Esta violencia se presenta en todos los espacios de convivencia y las sociedades del mundo. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) señala que se entiende por violencia contra la mujer la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Esta violencia constituye un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, pero sobre todo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, asimismo no distingue culturas, religiones, clases sociales, raza, etnia pues nace de la única y exclusiva razón de la discriminación hacia la mujer por el simple hecho de serlo.

La violencia contra la mujer es un fenómeno estructural con fuertes y diversas repercusiones que mantienen y perpetúan la subordinación femenina, tanto en el ámbito doméstico como en el social (Castro y Riquer, 2006).

Dicha violencia se presenta en diferentes formas, como la violación; la trata de mujeres y niñas; el feminicidio; la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales. Estas prácticas se encuentran enmarcadas en distintos tipos de violencia explicados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.

Existen diversos factores de riesgo para ser víctima de violencia como; el nivel educativo, el maltrato durante la infancia, actos violentos constantes entre los miembros de la familia en especial los padres, alcoholismo o drogadicción o bien por cultura de género.

La Organización Mundial de la Salud, ha señalado que la violencia contra la mujer constituye un importante problema de salud pública, según datos de esta institución, entre 15% y un 71% de las mujeres han sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. Dicha violencia produce problemas de salud física, mental y sexual, asimismo puede aumentar la vulnerabilidad a la infección por VIH.

En el estudio Multi- country on women´s health and domestic violence against women de la OMS se señala que entre un 15% en Japón y en un 70% en Etiopia y Perú referían haber sufrido violencia física o sexual perpetrada por su pareja; entre 0.3% y un 11.5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja; varias mujeres refirieron que su primera experiencia sexual había sido forzada (24% en Perú rural, 28% en Tanzania, 30% en Bangladesh rural y 40% en Sudáfrica).

La violencia de pareja y la violencia sexual son cometidas mayoritariamente por hombres contra mujeres y niñas. No obstante, la violencia sexual contra los niños también es frecuente. Asimismo aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres refieren haber sido víctimas de violencia sexual en la infancia.

La Organización de las Naciones Unidas señala que la violencia en el noviazgo ha incrementado seriamente y afecta a una proporción considerable de jóvenes. En Sudáfrica un estudio realizado en el grupo de 13 a 23 años reveló que el 42% de las mujeres y el 38% de los hombres referían haber sido víctimas de violencia física en el noviazgo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta que en América Latina y el Caribe una de cada tres mujeres, en algún momento de su vida, ha sido víctima de violencia sexual, física o psicológica, perpetrada por hombres (Sanz, 2007).

En México las cifras son desalentadoras, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares1 se encontró que 43% de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas durante su actual o más reciente relación. Asimismo 3 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años y más señalaron haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, como acoso, discriminación, hostigamiento o abuso sexual. El 16% del total de las mujeres reportó haber sufrido discriminación, agresiones físicas, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela. En los espacios comunitarios (calle, mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera) 40% de las mujeres se ha enfrentado con algún tipo de violencia: de ellas, 42% ha padecido violencia sexual y 92% intimidación. (INMUJERES, 2011)

En relación con la violencia hacia las y los niños, datos de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF advierten que en cerca de 80% de los niños y niñas atendidos por maltrato infantil, se encontró que los agresores habían sido sus propios padres y madres, y alrededor de 9%, su padrastro o madrastra.

Ante este problema México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales comprometiéndose a trabajar para eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Dentro de los más importantes se encuentran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1994, México la ratificó en 1999.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres, de la cual su comité ha generado recomendaciones generales a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Recomendación 12; Los Estados Partes deberán informar sobre la legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana; la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo y las medidas adoptadas para erradicar esa violencia

Recomendación 19; Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo, velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad y adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten y promuevan el respeto de la mujer.

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia contra la mujer como una de las doce esferas de especial atención.

A nivel nacional en febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se compromete a los diferentes niveles de gobierno a trabajar para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo se establece la integración y puesta en marcha del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual debe sesionar periódicamente para revisar los avances en la materia.

Sin embargo todos los esfuerzos mencionados, no han dado los resultados esperados, como se mencionó anteriormente las cifras aumentan y las mujeres mexicanas continúan esperando que se formulen políticas y leyes que las protejan, que fomenten la cultura de la no violencia y que se imparta justicia.

Las mujeres necesitamos políticas de protección y prevención y leyes firmes respaldadas por una normatividad internacional fuerte que comprometa al Estado mexicano a actuar e integrar dentro de la agenda pública el combate a la violencia de género como una prioridad.

Por lo anterior es imperante la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), mismo que fue elaborado el 11 de mayo de 2011, siendo Turquía el primero de 24 Estados2 en firmarlo y el único en ratificarlo. Dicho Convenio tiene como objetivos:

1. Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

2. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres;

3. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

4. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y

5. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz, para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Cabe destacar que México forma parte del Consejo de Europa, con una figura de observador, asimismo no necesita ninguna invitación para firmar este Convenio, en tanto formó parte de los estados que participaron en su elaboración.

Dicho Convenio deberá aplicarse a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

Los documentos normativos que impacta el Convenio son: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Ley General de Víctimas de Violencia, Ley General de Educación, Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

El objetivo principal de la ratificación del Convenio en comento es la urgencia de combatir la violencia contra las mujeres, fenómeno social que ha crecido considerablemente e impide a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos.

En este marco, nuestro país debe implementar las políticas públicas necesarias para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer las instituciones que vigilan el cumplimiento y desarrollo de las mismas.

Con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente en el combate a la violencia contra las mujeres y sobre todo la prevención de la misma.

Por lo anterior, presento ante esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 23 de octubre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.





 

Del C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a suspender la construcción del monumento a las víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte, hasta que se consulte la opinión de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SUSPENDER LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS QUE PRETENDE LEVANTAR EN EL CAMPO MILITAR MARTE, HASTA QUE SE CONSULTE LA OPINION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS VICTIMADAS

“El suscrito, OMAR FAYAD MENESES, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Presidente de la República, para que suspenda la construcción del Monumento a las Víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte, hasta que se consulte la opinión de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas; suspenda cualquier intento de inauguración; se levante un censo de víctimas del crimen organizado y sus nombres sean honrados en el Monumento a las Víctimas y; que los recursos destinados para el Memorial, sean depositados en un fideicomiso creado ex profeso hasta que se construya con el consenso de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La guerra contra el crimen organizado que el Presidente Felipe Calderón declaró al inicio de su período, a través de una errónea estrategia en la que ha insistido pese a las opiniones en contra emitidas por la sociedad, con lo que la ha lastimado profundamente.

Una guerra que ha costado la pérdida de más de 60 mil vidas humanas y lacerado gravemente a los familiares de las víctimas, condenándolos al sufrimiento que esto conlleva.

Que dolor más fuerte puede tener una persona que cuando le es arrancado violentamente de su lado a un ser querido, además son estigmatizados sumariamente como delincuentes cuando llegan a ser identificados, afirmando impulsivamente que son muertos como consecuencia de “vendettas entre los grupos criminales”.

A familiares de más de 20 mil desparecidos que viven en la zozobra por no saber si sus seres queridos han sido secuestrados y viven sujetos a tratos crueles e inhumanos o ya están muertos y han sido arrojados a una fosa común, negándoles el derecho de sepultarlos.

Pese a todo lo negativo que ha traído la estrategia, con la forma con la que se ha dirigido ésta batalla, da una muestra más de insensibilidad y autoritarismo al persistir en el exceso protagónico de levantar un supuesto Monumento a las Víctimas, sin el sentido que debiera perseguir, al no registrar a quienes se rinde homenaje; de un memorial alejado del acuerdo que había tomado con las organizaciones de la sociedad y los familiares.

Si bien, la construcción de éste memorial es una propuesta justa a las demandas de la sociedad regida por las organizaciones civiles, derivada del acuerdo tomado con el titular del Ejecutivo, a fin de honrar a sus seres queridos quienes no debieron haber perdido la vida tan incongruentemente y como un recordatorio de los hechos para que no vuelvan a suceder, el Presidente Felipe Calderón insiste en hacerlo sin cumplir con los objetivos que debe contener.
Se había contemplado un terreno de 17 mil metros cuadrados al sur de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, de frente a la Avenida Constituyentes dónde se ubica la fuente de Leonora Carrington, y ahora, se pretende instalar en una esquina del Campo Militar Marte, un borde marginal aislado entre dos avenidas cargadas de tráfico. Un sitio que Luis Enrique López Cardiel, Secretario Técnico del concurso para elegir el proyecto del monumento, ha descrito como “una especie de nudo semidesértico”.

Al respecto, representantes de los grupos de la sociedad civil han expresado su postura, ante lo radical de la del Presidente Felipe Calderón y su obstinación de inaugurarla unos días antes de que termine su mandato, pese a haberse comprometido ante el Movimiento por la Paz, que la obra se culminaría en 2013, después de haber cumplido con la planeación pactada para la elección del proyecto.

Javier Sicilia ha señalado que el memorial es un desprecio a las víctimas al ubicarlo en un predio adyacente a instalaciones militares. Que el proceso de memoria y reconciliación bajo el que se erige el memorial, debe servir para recordar que la guerra y los miles de muertos producto de ella no deben repetirse en el futuro y no como lo ha reducido el Gobierno Federal a un simple acto administrativo a ser inaugurado cuando ni siquiera la guerra termina.

Lo define como una “fosa común” al no contar con una labor de registro de víctimas y acusa al presidente de haber “traicionado” su compromiso de promover un proceso social que sirviera de rescate del nombre de los muertos.

Por su parte, Julián Le Barón, líder menonita, afirmó que el gobierno y las tres organizaciones que lanzaron el concurso, desprecian a las víctimas al negarse a recordar sus nombres. Que es un daño espiritual a todo el país cuando se pretende justificar las muertes con el argumento del “daño colateral”.

En este sentido se podrían seguir enlistando declaraciones de familiares de las víctimas, de líderes y miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, pero todas van en el mismo sentido.

Ante todo esto, es urgente conminar al Presidente de la República a que suspenda la construcción de la obra hasta que no cumpla con lo acordado con la sociedad civil, que escuche sus propuestas y que permita la intervención de las personas afectadas para que el proyecto surja de un consenso y cumpla con su función de memorial.

Que comprenda que no nos oponemos a que se construya este monumento, que es una justa y sentida demanda de los familiares de las víctimas que nosotros debemos apoyar, pero también que comprenda que no es una cuestión política, que es un proyecto transexenal por la importancia que reviste.

Que no importa el tiempo que el proyecto tarde en materializarse, pero que debe hacerse después de haber levantado un censo de las víctimas del crimen organizado y que sus nombres queden como un homenaje a su memoria.

Que no debemos permitir que esto se convierta en otra “Estela de la Luz”, que deba haber transparencia en el uso de los recursos y que su construcción precipitada no sea motivo de vergüenza ni el opaco manejo financiero, blindándolo en un fideicomiso hasta que se utilicen para el fin que fueron destinados.

Estamos obligados a apoyar a la sociedad civil, máxime en una empresa tan digna y decorosa, más allá de ideología, raza, credo, sexo o preferencias, por eso les pido apoyen este punto de acuerdo como un homenaje a los caídos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que el Presidente de la República suspenda la construcción del monumento a las víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte y que se replantee tomando en cuenta la opinión de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas.

Segundo. No se haga inauguración alguna con premura, por motivo de fin de sexenio.

Tercero. Se levante un censo de víctimas del crimen organizado y sus nombres sean honrados en dicho Monumento.

Cuarto. Que los recursos destinados para el Monumento a las Víctimas sean depositados en un fideicomiso creado ex profeso hasta que éste se construya con el consenso de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas.

Dado en el Senado de la República, a 30 de octubre de 2012.

Sen. Omar Fayad Meneses”.





 

CITA

Una vez agotados los asuntos en cartera, se cita a la sesión que tendrá lugar el próximo martes 6 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:06 horas)

Directorio

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