Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Octubre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 110 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 16 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a lasonce horas con treinta y ocho minutos del día jueves once de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores,según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes nueve de octubre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz,del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acta de la XVIII Reunión de la Comisión deAsuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 27 al 29 de septiembre de 2012, en Montevideo, Uruguay.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando Yunes Márquez, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Defensa Nacional.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Relaciones Exteriores, África.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora María Elena Barrera Tapia, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Vivienda.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Hilda Flores Escalera,oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Camacho Solís, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Reforma del Estado.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Fomento Económico.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Asuntos Indígenas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, oficio por el que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Félix González Canto, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Turismo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Equidad y Género.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Salud, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada dicha Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Martín Orozco Sandoval, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Federalismo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Pesca.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Desarrollo Municipal.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada dicha Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, oficio por el que informa que el pasado 10 de octubre quedó instalada la Comisión de Marina.- Quedó de enterado.

 

Los grupos parlamentarios realizaron intervenciones con motivo de la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que designa el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña.- Hicieron uso de la palabra las Senadoras: Mónica Arriola Gordillo; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Sonia Mendoza Díaz del PAN; y Mely Romero Celis del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cubrir las vacantes de quienes concluirán su encargo el 30 de noviembre de 2012. Para cubrir la vacante del C. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se propone a los ciudadanos: Pablo Vicente Monroy Gómez; Alberto Gelacio Pérez Dayán; Andrea Zambrana Castañeda. Para cubrir la vacante del C. Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, se propone a los ciudadanos: Manuel Baraibar Constantino; Emma Meza Fonseca; Rosa María Temblador Vidrio.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, tres oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Vicente Fernández Gómez y Patricia Espinosa Cantellano, puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.- Se turnaron a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, oficio por el que informa que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la CNDH, en el mes de octubre de cada año debe sustituirse a los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo y que los ciudadanos María Patricia Kurczyn Villalobos y Rafael Estrada Michel son quienes se encuentran en ese supuesto.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 fracción i, se modifica el orden de las fracciones del mismo artículo y se adiciona el artículo 390 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 94, se divide y se adiciona con dos apartados, A y B, el artículo 99 y se modifican las fracciones, I, IV, V, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXVII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del Senados Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 6, 8, 10, 11 y Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de Decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación yde Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal parala Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Con dispensa de segunda lectura, fue puesto a discusión. Para su presentación, intervinieron los Senadores: RobertoGil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; y Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Para fijar la posición de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Carlos Mendoza Davis del PAN; Arturo Zamora Jiménez del PRI. El Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, reservó los artículos 6, en su fracción V y el 8, en su fracción X. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 119 votos en pro. El Senador Demédicis presentó propuestas de modificación a los artículos 6 y 8, los cuales no se admitieron a discusión. Hicieron uso de la palabra desde su escaño los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Raúl Cervantes Andrade del PRI; Roberto Gil Zuarth del PAN; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Los artículos 6 y 8 fueron aprobados en los términos del dictamen por 108 votos en pro y 3 en contra. Se declaró aprobado el Decreto. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Proposiciones)

El Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado Carrillo, Óscar Román Rosas González y Marcela Torres Peimbert, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Mario Delgado Carrillo del PRD; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

 

Los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Miguel Romo Medina, María Lucero Saldaña Pérez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asista a una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de Senado de la República para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por las autoridades encargadas de brindar seguridad en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 etiquete recursos para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Michoacán de Ocampo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con relación a la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer una excepción al cierre de ventanillas por transición de gobierno para que libere y realice el depósito de 14 millones de pesos para la realización de la Licitación del Proyecto Ejecutivo de Construcción de la Presa Santa María en Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a implementar políticas públicas para la atención de las enfermedades crónicas socialmente invisibles.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas y citó a la siguiente el martes dieciséis de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.

Señoras y señores Senadores, en fecha reciente fuimos enterados del lamentable fallecimiento de un destacado mexicano, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, quien fuera integrante de la Cámara de Senadores en la LVIII y LIX Legislaturas del Congreso de la Unión.






MINUTO DE SILENCIO

Respetuosamente, solicito que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchísimas gracias.

Para referirse a la figura del ex Senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, se concede la palabra, por tres minutos, a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente.

Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, fue Diputado a la LVII Legislatura por Jalisco, y también fue Senador de la República en los años 2000 a 2006.

El murió el pasado viernes de un cáncer feroz a los 52 años.

Porque creo que fue un hombre ejemplar en el ejercicio de la buena política, vengo a tribuna para honrar su memoria.

Todos lo recordamos por su estatura, por su fuerza, por la gravedad de su voz; pero lo recordamos más por la claridad de su pensamiento, por su clara misión de hacer de este país un mejor lugar para vivir.

Felipe Vicencio estudió filosofía y estuvo cerca de los jóvenes toda su vida como profesor, desde 1987, en varias instituciones, enseñando filosofía mexicana y latinoamericana, y hasta la semana pasada, en que a pesar de su ya muy avanzada enfermedad, igual que a su trabajo en la Sedesol, asistió a cumplir con su responsabilidad y a impartir en el ITESO la clase de derecho de la comunicación, una de sus convicciones.

Felipe siempre vivió su vocación de servicio y convicción por el bien común.

En los 90´s, escribió un primer libro sobre los derechos humanos y enseñó a conocerlos, defenderlos y hacerlos justiciables.

En 1997, participó como candidato a Diputado por Zapopan, y ganó la diputación a la que honró especialmente en tres líneas de trabajo: el derecho a la información, la fortaleza de los municipios y la búsqueda de la paz de Chiapas, desde la COCOPA.

Era un hombre conciliador y optimista, siempre dispuesto a encontrar en el diálogo de los diferentes la solución para construir juntos el futuro.

Siempre escuchaba, siempre recibía con apertura las opiniones y sugerencias de los demás y siempre, o casi siempre, encontraba el hilo conductor de lo que podía haber en común.

Participó en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la certidumbre de que su puesta en marcha, haría que los gobiernos establecieran una distinta y cercana relación con los gobernados y entregarles cuentas.

Trabajó por la democracia en la comunicación, y también se opuso a la llamada Ley Televisa, exponiendo siempre sus argumentos y en honor a su congruencia, debo expresar que se condujo siempre con firmeza hasta el último momento.

Aún votada la ley, junto con 47 Senadores, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad, argumentando que era ventajosa para unos y mantendría la inequidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por declarar la anticonstitucionalidad, y Felipe se mantuvo, también, respetuoso en su victoria.

Felipe miró siempre al futuro, en 2010 escribía: “Nuestra dificultad para ver hacia delante, esa vieja discapacidad para vislumbrar el futuro, nos mantiene atrapados en nuestras contradicciones y atascados en debates sin fin, que pocas veces producen alguna respuesta, pero siempre desgastan, crispan y dividen. Mirando hacia adelante nuestras diferencias pueden atemperarse; orientando a la reflexión, el debate y la acción hacia el futuro posible, las discrepancias pueden conducirse hacia un punto de fuga sin que se encienda la chispa del conflicto”.

Qué bien nos caería leer hoy y escuchar un poco al parlamentario Vicencio. Al pacifista en Chiapas y por Chiapas. Al panista sencillo que había en Felipe de Jesús Vicencio.

Si entre nuestras diferencias, en lugar de reenfrentarnos por el pasado, miráramos con esperanza y alegría el futuro, encontraríamos más motivos para alcanzar nuestros sueños que para reactivar nuestras diferencias.

Con su fe en el futuro, Felipe Vicencio construía y también tocaba la guitarra y cantaba bohemia y reía alegre y dulcemente; y lo hacía muy frecuentemente.

Como un hombre de bien, haciendo política, la buena, el Senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez dejó su huella. Fue escritor en varios diarios donde lo podremos seguir, y a esa huella con su acento humano, respetuoso y firme, hay que seguirle el paso y escucharlo bien.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Como jaliscienses, queremos sumarnos, el Senador Jesús Casillas y el de la voz, así como la bancada del PRI, por supuesto, al pesar y al dolor de familia de nuestro gran amigo Felipe de Jesús Vicencio Alvarez.

Coincido con la Senadora Luisa María Calderón, en que el señor Vicencio Alvarez fue un hombre respetado y respetable.

Coincidimos plenamente, en que fue un hombre que dedicó todos los tiempos de su vida para hacer honrar sus principios y sus valores, fue una persona que se dedicó tanto a la academia como a la comunicación y al servicio público en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal.

Por esa razón, compartimos el pésame, como jaliscienses, por esta gran pérdida y nos sumamos al dolor de su familia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Arturo Zamora.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Diva Gastélum Bajo, por favor.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Yo quisiera que mis palabras fueran de mucho afecto, de mucha consideración, a una mujer que queremos entrañablemente.

Es un ícono en la lucha de las mujeres, que es María Alvarez de Vicencio, mamá de quien hoy hacemos este homenaje póstumo.

Desde aquí, a Elenita, todo nuestro afecto, reconocimiento y aprecio, por este momento difícil que ella pasa, pero estoy segura que con vitalidad que ella tiene, sabrá superar.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero, también, expresar mi opinión excelente en relación con nuestro compañero Vicencio, compartimos el Senado en aquellos difíciles momentos y me consta que fue un hombre absolutamente independiente, defensor de sus propios valores, realmente un legislador que merece nuestro reconocimiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

También queremos expresar nuestro más sentido pésame a doña Elena, amiga nuestra, que efectivamente, como dice la Senadora Diva Hadamira Gastélum, tiene todo nuestro reconocimiento, aún cuando ella milite en otro partido, siempre he expresado públicamente las coincidencias en las que podemos trabajar juntas.

Y esa actitud también se reflejó en la forma como trabajó, como militó Felipe. Es necesario que hagamos un reconocimiento a su labor.

Le observamos cuando fue Senador, su posición siempre lúcida, independiente, siempre responsable de sus ideas que defendió con gran ahínco. Entonces, también expresamos al Partido Acción Nacional nuestro más sentido reconocimiento por la pérdida de este militante honorable.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora de la Peña Gómez.

En otro apartado de nuestra agenda de hoy, los grupos parlamentarios expondrán sus pronunciamientos en torno a la conmemoración del otorgamiento del Sufragio Femenino en México.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.






PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quiero agradecer en principio a esta Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política por agendar un tema que, no solamente para las mujeres mexicanas es importante, lo debiera ser y así lo creo, para la sociedad en su conjunto.

La ciudadanía plena de las mujeres no solamente se refiere a un hecho material, el hecho de ir a depositar físicamente un voto por un hombre o por una mujer. La ciudadanía plena de las mujeres da mucho más de este hecho que debemos hoy traer a esta tribuna, pero que debemos de revisar en todos sus términos.

Tuvieron que pasar largos años de lucha de muchas mujeres: Margarita García Flores; de muchas mujeres como María Lavalle Urbina; de muchas mujeres como Alicia Arellano; de muchas mujeres que trabajaron todos los días en la creencia que hoy tenemos que los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, no son de un solo género, pertenecen a la generalidad de la sociedad.

Por eso hoy, a 59 años, seguimos contando porque la lucha no para aquí.

Si bien es cierto, apenas hace unos meses se logró un debate que parecía imposible que los partidos políticos pudieran registrar y respetar lo que marca la ley en lo referente a la cuota de género.

Mucho regateo hubo, muchas salidas se tuvieron que buscar.

Traigo a esta mesa, el tema de las mal nombradas “Juanitas” que debían de ser llamadas “Juanitos”, quienes solamente usaron el hombre de una mujer para luego sentarse en una posición ganada a pulso por nosotras.

En esta ocasión no funcionó y espero que no funcione. Al menos ya han transcurrido más de un mes de iniciadas las legislaturas y no alcanzamos a ver esta estrategia y esperemos que no sea así, porque en esto no perdemos las mujeres, pierde la democracia del país, perdemos todos y todas las mexicanas.

Hoy a 59 años, hay muchas cosas por hacer. Nos siguen regateando en los congresos locales, no estamos visibilizadas en su totalidad las mujeres como debiéramos de ser, pero uno de los asuntos más lastimosos son los ayuntamientos municipales.

Regularmente oscila entre 3.9, 4.6 y no salimos de ese porcentaje. Pareciera que la parte del Ejecutivo no está asignada a las mujeres o no está pensada también para las mujeres.

Hace muy poco teníamos una gobernadora, Ivonne Ortega, que fue una excelente gobernadora, y no he venido aquí a hacer un muro de las lamentaciones de la lucha de las mujeres mexicanas. Esta etapa que nos toca a hombres y especialmente a mujeres, nos debe de llamar para que deje de ser un tema de pleito, de dificultad, de obstáculo a más de la mitad de la población que representamos las mujeres mexicanas.

Por eso estoy aquí muy optimista, iniciando un nuevo periodo de un gobierno federal en breve. Pero también trayendo aquí a la mesa que la primera gobernadora fue del PRI, la primera Senadora de la República. Fue el PRI el que promovió Aurora Jiménez para que fuera Diputada federal.

Es mi partido el que se ha puesto a la cabeza en una lucha que todavía no se ha concluido, que todavía no tiene el resultado que estamos esperando.

Por eso, compañeras y compañeros, hoy la representación de esta Cámara ha aumentado. Pero presencia de mujer debe de garantizar conciencia de género. No es suficiente tener un escaño o una curul, es más necesario tener presente que la lucha de muchas mujeres debe ser nuestra causa, que la agenda de las mujeres en esta legislatura debe ser fundamental, porque no hay otro grupo social como nosotras que tienen tanta problemática, que requieren de tanta atención.

Y yo pongo un ejemplo, hace unos días la Presidenta de la Comisión de Salud, Maki Esther Ortiz, a quien yo admiro, promovía un spot acerca del cáncer. Seguimos siendo un número rojo en el tema de mujeres: la parte laboral, la parte política.

¿Qué se dice de la violencia en contra de las mujeres?

Por eso inicié diciendo que la ciudadanía plena de las mujeres está a punto de alcanzarse. Luchemos, compañeros, creo en que los compañeros Senadores nos darán el lugar que corresponde a las mujeres de este país.

Pero también creo que esta lucha continuará de la mano de todas las mujeres que hemos venido a esta Cámara de Senadores, claras de luchar por lo que más vale la pena, la ciudadanía plena de las mujeres, un mejor bienestar de vida para todas nosotras.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para hablar sobre el mismo tema.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Buenos días, compañeras y compañeros legisladores:

Permítanme empezar esta intervención citando a Simone de Beauvoir, heroína en muchos sentidos de las causas que hoy conmemoramos.

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse; no humillare sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal".

La cito, porque hoy recordamos un día central en el reencuentro de las mujeres consigo mismas. Un día en el que nos volvimos sujetas de un derecho que me permite estar aquí frente a ustedes, aprovecho esta enorme oportunidad para recordarles que todavía no hemos terminado, y nuestra lucha sigue vigente.

Falta mucho por hacer en materia de equidad y de justicia, y más aún, falta mucho por hacer para que mujeres y hombres juguemos en una cancha pareja sin desniveles.

Tenemos tareas pendientes para que las mujeres sean sujetas de los mismos derechos que los hombres. Porque, créanme que en materia de obligaciones ya nos emparejaron sin pudor alguno.

El día 17 de octubre de 1953, 25 años después de las británicas, las mexicanas adquirimos por fin el derecho de votar y ser electas.

México, de los últimos países en América Latina en reconocer este derecho, se abría a darle cabida a las voces en unísono de una comisión de mujeres que luchaban por su reconocimiento como ciudadanas sujetas de derechos y obligaciones, entre ellas, la maestra Guadalupe González.

No obstante, ser mujer en esos tiempos era sinónimo de discriminación, desventaja e inferioridad en todos los ámbitos sociales, incluyendo el hogar.

La marcada presencia de las mujeres en las luchas y movimientos sociales desde la Independencia hasta la construcción de la institucionalidad y democracia en el México moderno, debe ser hoy para todas nosotras, hijas, madres, hermanas, profesionistas, amas de casa, legisladoras, un ejemplo a seguir y un modelo a replicar.

Los roles femeninos ciertamente se han ampliado, pero sirva de pretexto el día de hoy para reconocer y conmemorar a nuestras antecesoras en la incansable lucha por fortalecer nuestro papel en la sociedad y permitirnos estar aquí presentes.

Mujeres de ayer: Gracias por no claudicar y lograr que sus ideas modificaran un sistema político mexicano altamente excluyente, con una cultura política precaria y autoritaria, y un sistema de valores arraigado en el rol predominante del hombre en la esfera pública.

Mujeres de hoy: Gracias por seguir gestando y articulando un discurso propio que nos siga abriendo lugares en los diferentes espacios. Gracias por seguir abonando a la creación de principios sustentados en la igualdad y la equidad y por perpetuar nuestros valores a partir de la familia.

Hombres de ayer y de hoy: Gracias por sumarse a la lucha de ayudarnos a ser partícipes de la construcción de un país y el modelo de desarrollo que beneficie a las futuras generaciones.

Gracias a la unión de ambos géneros, es que las condiciones de vida de las y los mexicanos han ido mejorando. Sin embargo, la conmemoración que nos reúne debe comprometernos aún más a permitir que las mujeres incrementemos nuestra participación en la toma de decisiones, basada en el empoderamiento no sólo de las mujeres del ámbito urbano, sino de aquellas trabajadoras campesinas e indígenas que apoyan a la economía de sus familias y del México incluyente por el que seguimos dando la batalla.

Nuestra misión es la misma, luchar contra las discriminaciones culturales que no se resuelven sólo con leyes, sino con perseverancia, con coraje, con educación, con argumentación, pero sobre todo con testimonios y con ejemplos.

Es tiempo de terminar con las discriminaciones arbitrarias, el día en que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ese día nuestro país será verdaderamente plural y moderno, garante de los derechos humanos.

Hagamos de este espacio uno de resistencia contra el olvido, donde guardemos en nuestra memoria a aquellas mujeres valientes defensoras de la libertad y sus derechos. Aquellas portadoras de sueños, de justicia, de equidad y de igualdad ante la ley, pues no hay justicia sin verdad, ni verdad sin memoria.

Hagamos de nuestra memoria nuestro compromiso para que el olvido no se lleve de paso la lucha; reconozca a las y los que se atrevieron y conmemore a las mujeres con nombre y rostro, pero también a las incógnitas que dieron vida a este sueño.

Muchas gracias por su atención.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores de la República:

Hoy, al celebrar el 59 aniversario de la publicación de la reforma constitucional que otorgó el derecho pleno al voto a la mujer mexicana, es menester reflexionar acerca de los retos que hoy enfrentamos como género para ejercer a plenitud ese derecho fundamental de ciudadana.

Y es que estoy convencida de que los derechos políticos son detonadores del resto de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución.

Al sufragar, refrendamos el compromiso de involucrarnos en temas de la agenda política de nuestro país. En este mismo sentido, al ser votadas damos cuenta de una sociedad empeñada en consolidar a la equidad como la norma elemental básica e indispensable de nuestra diaria convivencia.

La lucha de las mujeres que precedió al logro del 17 de octubre de 1953, nos deja una lección que es menester seguir practicando, y es que esta conquista hermanó a todas las mujeres mexicanas e independientemente de su filiación les otorgó un objetivo común.

Segura estoy que esta lucha nos sigue brindando muchos más motivos para coincidir que para disentir.

Por ello, las mujeres que hoy ostentamos cualquier puesto de representación popular, debemos entender que queda aún mucho por exigir, por legislar, por conseguir en beneficio de las mujeres mexicanas.

Exigimos un diagnóstico claro en cuanto a nuestra realidad en la nación para construir propuestas que puedan transformar en oportunidad, confianza, seguridad, esperanza y sonrisas; lo que hoy es contratiempo, desconfianza, miedo, incertidumbre y llanto para millones de mujeres mexicanas. Por sólo citar un ejemplo, ayer apenas se celebraba el “Día Mundial de la Mujer Rural”, y esta celebración nos obligó a voltear la mirada hacia una triste realidad. La mujer del campo es hoy una mujer sola, que habita en pueblos donde los hombres y las y los jóvenes emigran en busca de oportunidades, dejándola en una circunstancia de amplia dificultad.

Pero también esta realidad nos exige extirpar de la sociedad los vestigios de misoginia que aún existen y que permiten que prácticas discriminatorias inhiban o violen las garantías individuales y las expectativas de crecimiento de las mujeres y, en consecuencia, de toda la nación.

Aún la mujer da rostro a la pobreza, aún se elige a la hija para que abandone los estudios y el hijo continúe su formación académica. Aún la mujer pone en riesgo o pierde la vida por falta de atención médica oportuna e integral. Aún nos conmociona ver los índices de mujeres que sufren algún tipo de violencia. Aún nos indignan las elevadas cifras de embarazo en adolescentes y la irresponsabilidad de varones y de sus familias.

Aún perviven prácticas que se alejan del principio que manda que igual trabajo, igual salario.

El embarazo sigue siendo un grave riesgo para mantener un trabajo, y la irrupción de la mujer en determinada área sigue siendo noticia y causa de asombro para los medios de comunicación y no una agradable constante.

Hoy, debemos entender que cada conquista, cada avance en la reivindicación de la mujer, enaltece al género humano, cada paso hacia delante del género femenino fortalece la sociedad. Nadie, absolutamente nadie escapa a los beneficios que genera vivir en equidad.

Hoy México es impensable sin la aportación de la mujer. La vida pública de la nación existe con nuestra voz y existe con nuestras ideas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia.

A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

El maestro Ignacio Galindo Garfias, en sus comentarios sobre la reforma al artículo 34 constitucional, enfatiza que, por lo que atañe al reconocimiento de la ciudadanía de la mujer mexicana, dice, que ni la Constitución de 1917, ni la Constitución de 1857, ni en los documentos políticos fundamentales que han regido a México, se ha negado de manera expresa la categoría jurídica de la ciudadanía de la mujer mexicana.

En todos ellos, dice, se habla en términos indiscriminados “que son ciudadanos de la República los mexicanos que reúnan los requisitos que establecían los distintos documentos constitucionales, por ejemplo, tener la nacionalidad mexicana, una determinada edad y un modo honesto de vivir”.

Se abunda que en estricta interpretación jurídica podría entenderse que, tanto hombres como mujeres que se encuentran situados en los supuestos previstos del artículo 34, son ciudadanos mexicanos. O sea, que en estricto sentido del derecho romano, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir.

Señoras y señores, sin embargo, el status civitatis del sistema jurídico mexicano cambió en 1953, y la Carta Magna tuvo que incluir la especificación y visibilización de la otra parte de la humanidad, las mujeres, que en los hechos no ejercían plenamente los derechos políticos y, por lo tanto, estaba discriminada de la participación electoral por su condición de sexo.

El predominio del lenguaje masculino como lenguaje neutral queda evidenciado comouna forma de discriminación en distintos tratados internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la propia Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y con la reforma del artículo 34 constitucional comienza el camino indicador de los derechos políticos de las mujeres.

La conmemoración del aniversario del voto de la mujer, del 17 de octubre de 1953, nos recuerda la gradualidad, por cierto inconclusa, de la justa equiparación de los derechos civiles y políticos de las mujeres en las que se funda el Decreto de reforma constitucional de la XLII Legislatura en comento, que habiendo sido un paso determinante en los precedidos en la reforma de 1938, inconclusa en su proceso legislativo, o el reconocimiento del voto femenino en las elecciones municipales del Decreto de febrero de 1947, o de las acciones afirmativas hacia la equidad, o como ahora, hacia el establecimiento expreso que tendríamos que emprender de la igualdad sustantiva y efectiva en el marco jurídico mexicano, incluso fundado, por cierto esta reforma rescatando los mismos argumentos de las organizaciones sufragistas y feministas de la primera mitad del siglo XX.

Destaco, por ser relevante, cómo a través de la historia moderna se ha demostrado que la preocupación de que las mujeres somos fanáticas, desestabilizadoras de la familia, libertinas o pasionales, expresada por algunos personajes de aquella época, y por cierto también de ahora, son prejuicios propios de quienes piensan que las mujeres somos impreparadas, tontas e incapaces.

También la historia, contada por cierto por las propias mujeres con sus intervenciones en el Congreso, ha evidenciado que durante decenas de años, que le han seguido a la entrada en vigor del 17 de octubre de 1953 de esta reforma que nos otorga el derecho al voto, que no son suficientes las reformas a la Constitución si no se emprenden las acciones desde todos los ámbitos administrativos, judiciales, presupuestales, sociales y culturales para la eliminación de las formas de discriminación que se siguen perpetuando desde diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que se resisten al reconocimiento de la igualdad de nuestros derechos civiles y políticos y que por desgracia sigue prevaleciendo esta visión androcéntrica.

La reforma de 1953 le alcanzó la otra gran reforma, emprendida en Estados Unidos, para determinar concebir la discriminación afirmativa hacia el reconocimiento de los derechos civiles de la población afroamericana. Las propias reformas en México al artículo 4 constitucional en 1975, del proceso que se reconoce importante, reforma electoral 1996 y por supuesto las de 2011.

Hoy menos del 5% de las presidencias municipales están ocupadas por mujeres, se ha intentado insistir que desde los partidos políticos se ejerza el 2% de su presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo de los liderazgos femeninos. Se sigue trabajando en seguir impulsando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero yo creo, señoras y señores, que ya debemos parar esta gradualidad.

Creo que el Senado de la República tiene enfrente la gran oportunidad histórica de que, efectivamente, trascendamos para la inclusión del principio rector de los derechos humanos de las mujeres, que es la igualdad sustantiva y efectiva en nuestra Constitución, para desde ahí emprender todo el proceso nacional hacia una verdadera inclusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas.

Es cuanto. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy conmemoramos uno de los logros más importantes para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México, en el que se establece la igualdad de derecho a las mexicanas para elegir y para ser electas.

En nuestro país, el ejercicio de nuestros derechos políticos se dio posterior a que la Organización de las Naciones Unidas recomendara en 1952 a todos los países miembros que se realizara la modificación legislativa necesaria para revertir esta limitación como condición indispensable para considerar la existencia de un sistema democrático.

No obstante, a 59 años del reconocimiento del sufragio femenino en México, no podemos dejar de reconocer que hemos logrado aprobar y ejecutar medidas para coadyuvar en la participación política de las mujeres. Entre estas medidas se encuentran: las cuotas de género como mecanismo de acción positiva orientadas fundamentalmente a resolver el tema de la exclusión tanto en presencia como para ejercer en igualdad de condiciones un derecho ciudadano, ser electas.

Este reconocimiento se cristaliza a partir de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre de 2011, mediante el cual se confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el registro de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral federal 2011-2012, este hecho marca un parteaguas para garantizar la equidad de género en las nominaciones y anular la posibilidad de repetir el caso de las llamadas "Juanitas" en las candidaturas de mayoría relativa.

En este marco, el día de hoy, las mujeres que ocupamos una curul o un escaño dentro del Poder Legislativo de la Unión, sabemos del compromiso que deriva la sentencia y de la responsabilidad de legislar a favor de la participación política de las mexicanas.

No obstante, la paridad aún se encuentra en construcción; ésto, compañeras y compañeros Senadores, debe emanar de la confianza que nos brindó la ciudadanía a través del voto y del respeto a los valores democráticos.

Es un hecho innegable que la LXII Legislatura en ambas Cámaras hoy tiene la mayor representación política de las mujeres.

Pese a ello, aún ahora, hay partidos políticos que no conciben la idea de que haya un número igual de candidatas y candidatos de cada género o puestos de elección popular.

Ejemplo de ello, es el hecho de que actualmente en México no contamos con ninguna mujer gobernadora de un estado y no existe la equidad de género en los municipios a nivel de regidurías y sindicaturas.

Cabe preguntarse, ¿por qué tanta reticencia de los institutos políticos para postular a una mujer a un cargo de elección importante?

Es increíble que deba ser la ley la que obligue a los partidos a abrir esos espacios para las mujeres cuando debe de ser una cuestión de respeto a la igualdad y al ejercicio pleno de los derechos políticos.

Es aún más criticable que los propios partidos, a pesar de que cuentan con recursos para capacitar y promover la incorporación de las mujeres a la participación política, se valgan de simulaciones para desplazar a las mujeres de la vida política del país.

Es por eso que, desde esta tribuna, debemos hacer el compromiso de continuar trabajando por el reconocimiento y respeto a nuestros derechos políticos desde todos y cada uno de los ámbitos de acción, ya que la igualdad de género es un rasgo determinante para hablar y defender la democracia.

Modificar esta realidad es un reto que las mujeres podemos enfrentar por la vía de la representación desde cualquier trinchera en la que estemos paradas. Debemos ser capaces de consolidar la democracia mexicana mediante la apertura de nuevos espacios de diálogo, de negociación y concertación con las instituciones públicas, sociales y si hablamos de la dignidad de la persona humana, debemos plantear la democracia desde un paradigma de justicia social para las mujeres, sustantivamente incluyente de todas y todos los mexicanos, porque las mujeres seguiremos exigiendo la igualdad, aprovechando cada una de las oportunidades que tengamos para eliminar la discriminación y alcanzar el respeto de nuestros derechos humanos, porque, sin duda, somos las mujeres el nuevo rostro de la democracia, y efectivamente compañeros, efectivamente, sólo quedaba una mujer como gobernadora de Yucatán, pero lamentablemente ella nunca tuvo mujeres en su gabinete, y hoy la alcaldesa recién electa de León, Guanajuato, tampoco tiene ninguna mujer en su gabinete, y eso, compañeras y compañeros, es muy lamentable.

Equidad de género no quiere decir que llegue una mujer, sino que lleguemos todas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Elena García Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica Araujo.

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño)Solamente para una rectificación de hechos, por lo que acaba de señalar la Senadora García Gómez, y con todo respeto.

Efectivamente, sí hay mujeres en los gabinetes, yo soy una prueba de eso en el estado de Yucatán, y hoy honrosamente, por supuesto, aquí desde este Senado.

Yo creo que algo que tenemos que señalar es que entre mujeres nos apoyamos, entre mujeres nos respaldamos y eso hoy más que nunca tiene que significarse en este Senado.

No permitamos que nada ni nadie nos divida, no permitamos que en la lucha de las mujeres nada ni nadie, ni ningún otro tipo de intereses, nos dividan, por favor, hoy más que nunca signifiquemos la unidad entre las mujeres, eso es lo que nos va a permitir realmente avanzar. Eso es lo que nos va a permitir, de verdad, abrirle más espacios, no permitamos que intereses de fracciones y de partidos nos dividan, por favor, con todo respeto a mis compañeras Senadoras, por supuesto a la Senadora que me acaba de anteceder en el uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica Araujo.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para referirse al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras, compañeros Senadores:

Destacar que el presente pronunciamiento ha sido firmado por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, por el Senador Oscar Román Rosas González, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, el Senador Salvador Vega Casillas, el Senador Teófilo Torres Corzo, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Senador Carlos Romero Deschamps y el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El 25 de marzo de 1957, seis países europeos firmaron el texto del Tratado de Roma, un Tratado que definió el futuro de Europa e hizo posible lo que para muchos era sólo un sueño.

Aquel día, dejando atrás una historia llena de desencuentros y poniendo la mira en una visión compartida del futuro, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, sentaron las bases de una paz duradera y anclaron esa paz en objetivos e instituciones comunes.

Hoy, el sueño de seis naciones ha derivado la edificación de un gran bloque político y económico conformado por 27 Estados, un bloque que h rebasado todas las proyecciones y que, pese a los pronósticos y sus innegables contradicciones, ha logrado constituirse en un polo de poder mundial y consolidarse como un proceso de integración exitoso y avanzado en el ámbito internacional.

Por ello, y porque los mexicanos compartimos con los europeos principios y valores fundamentales, entre los que de manera muy clara destaca nuestra vocación pacifista, saludamos la decisión de concederle a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz 2012.

Estamos conscientes de la complejidad del contexto político y económico europeo, nos preocupa el alto costo social de las medidas que se están adoptando para hacer frente a la crisis y tomamos en cuenta que pueden existir diversas contradicciones y acciones de política exterior e interior que han puesto en duda, en algunos momentos, el compromiso de algunos países con los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.

Sin embargo, creemos que el objetivo de haber alcanzado una paz permanente entre quienes padecieron los efectos más devastadores de las dos guerras mundiales que definieron el siglo XX, constituye una razón suficiente para distinguir a la Unión Europea con el premio más representativo y significativo de nuestro tiempo.

En tiempos de paz, es difícil recordar los horrores inherentes a un conflicto armado y resulta fácil descalificar los méritos y los alcances de la convivencia pacífica.

Por ello, creemos que el Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea, más que un premio, representa la conmemoración de un acontecimiento histórico de gran impacto en la historia de la humanidad.

En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea, nos da el momento perfecto para compartir con ustedes una breve reflexión sobre las oportunidades y los retos futuros de la Unión Europea al igual que de nuestras relaciones bilaterales.

Europa es, y lo ha sido desde siempre, un referente fundamental cuando hablamos de las grandes luchas políticas y sociales que han forjado la realidad de nuestro tiempo.

Asimismo, los países europeos han sido actores protagónicos de los avances y capítulos más importantes de la humanidad; como consecuencia, la mayor de las naciones europeas en nuestro tiempo son un ejemplo de respeto a la dignidad humana, de paz y de libertad, de tolerancia y solidaridad, de democracia y de estado de derecho.

De ahí la importancia que para nuestro país revierte el futuro del proceso de integración europea, las afinidades entre nuestros países son mayores a las distancias geográficas que nos separan, y el diálogo y la cooperación en todos los niveles han sido los cimientos sobre los cuales nuestros pueblos han logrado edificar una relación de raíces profundas e innumerables afinidades históricas.

Una relación de amistad, sustentada en principios democráticos fundamentales y en una visión compartida del futuro, en donde nuestros pueblos están llamados a jugar un papel determinante en la construcción de un nuevo orden internacional basado fundamentalmente en la legalidad, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Por ello, conscientes de la importancia de que naciones como las nuestras defiendan nuestros intereses comunes en el escenario mundial, y tomando en cuenta que muchas de las problemáticas que enfrentamos en nuestros respectivos ámbitos geográficos también son compartidos, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, hemos decidido hacer propicia la ocasión para emitir un pronunciamiento político contundente, que contribuye a estrechar nuestro vínculos que fortalezca aún más las excelentes relaciones existentes entre nuestros pueblos.

Compañeras y compañeros legisladores, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea no podía haberse dado en un contexto más simbólico; la crisis económica institucional por la que atraviesa el bloque europeo y la grave situación social en la que se encuentran algunos países en lo particular, nos hace recordar una de las frases más celebres de Jean Monnet, uno de esos hombres soñadores que hicieron posible la fundación de la Unión.

Los hombres sólo aceptan el cambio resignados por la necesidad, y sólo son capaces de ver la necesidad durante la crisis. Hoy Europa está en paz, unificada y quizá en breve más fuerte que nunca, ese es su gran reto, y el que lo logre será bueno para los europeos y también muy bueno para quienes anhelamos un sistema internacional multipolar y más equilibrado.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado de la República, expresa su más sincera felicitación a los países miembros de la Unión Europea, por el Premio Nobel de la Paz, que les ha sido entregado, y les desea el mayor de los éxitos en el proceso de fortalecimiento y consolidación de los principios y los valores que dan sustento a la integración de la Unión Europea.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rabindranath Salazar Solorio.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de las comunicaciones recibidas.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Senadora Adriana Dávila Fernández, por la que informa que el pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión Contra la Trata de Personas.

“COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

En relación al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado el 27 de septiembre del año en curso, por el que se constituyen las Comisiones Ordinarias para la LXII Legislatura, y con fundamento en el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que la Comisión Contra la Trata de Personas, que me honra presidir, quedó formalmente instalada el día 9 de octubre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández

Presidenta”.

Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de la instalación de diversas comisiones del Senado, llevada a cabo el pasado 10 de octubre.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

“COMISION DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

México, D.F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por medio de la presente le solicito se informe al Pleno de la H. Asamblea del Senado de la República, que la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, quedó formalmente instalada en la sesión realizada el día de hoy, 10 de octubre de 2012, en la Salas 1 y 2, ubicadas en el Piso 14 de Torre Comisiones, del Senado de la República.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

Atentamente

Sen. Isidro Pedraza Chávez

Presidente”.

Del Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal.

“COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

México, D.F., a 11 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada el 10 de octubre, quedó formalmente instalada la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, que me honro en presidir.

Atentamente

Sen. Mario Delgado Carrillo

Presidente”.

Así también, se realizaron las siguientes comunicaciones por las que se informa de la instalación de otras comisiones, realizadas el jueves 11 de octubre.

Del Senador David Monrel Avila, Presidente de la Comisión Jurisdiccional.

“SEN. DAVID MONREAL AVILA

México D.F., a 11 de octubre de 2012

VCPT/DMA/06/2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por medio del presente me permito distraerlo de sus múltiples actividades, para informarle que conforme al artículo 127 del Senado de la República, el día de hoy quedó instalada la Comisión Jurisdiccional, la cual humildemente presido, por lo que le solicito haga de su conocimiento al pleno.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente”.

Del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

México, D.F., a 11 de octubre de 2012

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada en esta fecha, quedó formalmente instalada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, misma que me honro en presidir.

Atentamente

Sen. Héctor Larios Córdova

Presidente”.

Del Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.

“COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

México, D.F., a 11 de octubre de 2012.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada en esta fecha, quedó formalmente instalada la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado de la República, misma que me honro en presidir.

Atentamente

Sen. Humberto Mayans Canabal

Presidente”.

Y del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

“COMISION DE BIBLIOTECAS Y ASUNTOS EDITORIALES

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por medio de la presente le solicito se informe al Pleno de la H. Asamblea del Senado de la República, que la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, quedó formalmente instalada en la sesión realizada el día de hoy, jueves 11 de octubre de 2012, en la sala 2 en Planta Baja del Senado de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto

Presidente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de la instalación de la 61 Comisiones del Senado de la República.

Pasamos al siguiente asunto.






AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACAN

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una invitación del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, para asistir al acto cívico conmemorativo del 147 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, a realizarse el próximo domingo 21 de octubre del año en curso.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Para asistir a esa ceremonia en representación del Senado de la República, se designa a los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, María del Rosario Pineda Gochi, Raúl Morón Orozco, Luisa María Calderón Hinojosa e Iris Vianey Mendoza Mendoza.

En nuestro apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Presidente, Mesa Directiva, Senadoras y Senadores.

El objeto de esta iniciativa es modificar el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Como es del conocimiento de todos los mexicanos, las carreteras de México se han convertido en zonas de alto riesgo en la conducción de vehículos, debido a la permisión que en estos momentos hay para que circulen vehículos de doble tractocamión, vehículos que de acuerdo a los estándares internacionales, solamente tienen la posibilidad de llevar una carga de 22 toneladas, si a estas 22 toneladas sumamos el peso del propio automóvil, la carga entonces no pudiera superar 43 toneladas.

Sin embargo, en el territorio nacional lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que los vehículos de carga, que son remolques doblemente articulados, llegan a tener hasta 110 toneladas de peso, y se convierten en una situación sumamente riesgosa no solamente para la vida de las personas, para su integridad, sino que además se han convertido en un elemento terriblemente dañino para la infraestructura carretera y los puentes que hay en el territorio nacional.

Quiero compartir con ustedes, la Cámara de Diputados, cuando diseña precisamente su presupuesto, destina cien mil millones de pesos, aproximadamente, para el mantenimiento de las carreteras, las carreteras primarias, secundarias, terciarias, todas estas carreteras que en el país han sido de utilidad para la transportación y desplazamiento de todo tipo de mercancías, han sufrido daños severos, precisamente por la permisión que existe en el ámbito del tonelaje que se traslada por nuestras carreteras.

En los puentes también tenemos ejemplos de varios que se han vencido, y ha habido tragedias precisamente por los pesos, pero además del riesgo a la vida de las personas, debemos recordar nosotros lo ocurrido en Alamo, Veracruz, en 2012, donde ocurrió la muerte muy lamentable de 43 personas.

Este tipo de accidentes en zonas carreteras, en zonas conurbadas y a veces en zonas urbanas, han generado terribles tragedias, precisamente por permitirse el incremento volumétrico y el incremento en el tonelaje de este tipo de vehículos, por esa razón, distinguidas Senadoras y estimados Senadores, la idea de esta iniciativa es modificar el párrafo tercero del artículo 50 de la ley ya citada, que actualmente establece lo siguiente:

"Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos".

En virtud de esa posibilidad que la ley da a la propia Secretaría, se ha venido manejando este tema de acuerdo a los criterios, criterios que seguramente son precisamente del desplazamiento de mercancías en el país.

Sin embargo, si en el territorio nacional adoptamos un criterio que sea acorde a lo que se establece en el ámbito internacional, tendríamos que prohibir en México los camiones de doble remolque, y esto generaría, de entrada, 150 mil nuevos empleos.

De tal suerte, que además del beneficio en el mantenimiento a carreteras donde no tendría que gastar tanto el gobierno federal, el beneficio por la certeza y la seguridad para todos los que transitamos en carreteras, entendemos nosotros que hay otro beneficio que sería en el ámbito laboral y por esa razón la propuesta quedaría de la siguiente manera:

“Queda estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble remolque, así como los que sobrepasen un máximo de 32 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder de un máximo de 32 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá exceder de 22 metros”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Con el objeto de mejorar y salvaguardar la seguridad nacional y, específicamente la vida y los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras de México, así como disminuir los daños a la infraestructura carretera de nuestro país, resulta necesario modificar las características y especificaciones referentes al límite máximo de peso y dimensiones autorizados para los vehículos de autotransporte que circulan por estas vías de comunicación.

El utilizar vehículos de autotransporte con exceso de peso o de dimensiones tan grandes como la de los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados impacta sensiblemente en la vida y la seguridad de quienes tenemos la necesidad de transportarnos de un lugar a otro.

Las normas que regulan el autotransporte, contienen disposiciones permisivas que han afectado de manera clara y evidente los siguientes conceptos:

• Pérdida de vidas, por el peligro constante que representa el exceso de volumen y peso de los tractocamiones doblemente articulados.

• Riesgo a la integridad física a que son expuestas las personas que utilizan estas vías.

• Daño a pavimentos, puentes y vías de comunicación.

• Problemas de tránsito y vialidad.

• Limita la generación de empleos.

• Deterioro ambiental.

La inseguridad que se provoca debido al peso y dimensiones excesivas de estos tractocamiones doblemente articulados es que al ser su frenado dimensionalmente más complicado, en innumerables accidentes viales donde se han perdido miles de vidas, esto ha sido el factor determinante de dichos percances.

De acuerdo con información de la Organización de la Naciones Unidas, de la SCT y de organismos empresariales, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en siniestros de tránsito, después de India, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Brasil e Irán.

Los decesos por accidentes carreteros en el país se han incrementado 31.4% entre 1990 y 2010, de acuerdo con estadísticas de la organización Transporte de América del Norte y de la SCT.

Estos vehículos sobrecargados han ocasionado accidentes tan graves como el ocurrido en abril del 2012, en el de Alamo, Veracruz, que provocó la muerte de 43 personas, entre otros accidentes que tan sólo en los primeros seis meses del 2012 han ocasionado más de un centenar de decesos.

De acuerdo con estudios e investigaciones hechas por la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte es determinante suspender a los camiones con doble remolque porque son 32 veces más peligrosos que un tráiler con un solo remolque.

Anualmente mueren aproximadamente 900 personas por accidentes provocados por camiones de carga y pipas, la mayor parte con exceso de dimensiones y peso.

La Canaca y Conatram registran un promedio de entre 900 y 1 mil accidentes al año provocados por camiones articulados o doble remolque, los cuales son los causantes del 65% de las muertes en carreteras federales.

Otro de los aspectos a considerar para evitar la circulación de este tipo de vehículos son los daños causados a la red carretera federal. Actualmente a pesar de que el gobierno federal destina aproximadamente 100 mil millones de pesos al mantenimiento de las carreteras, este resulta insuficiente.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el deterioro en pavimentos y puentes, presenta un ritmo superior al presupuesto destinado; al evitar el rodado de estos tractocamiones doblemente articulados, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos estima que el ahorro de este gasto oscilaría entre un 70% y 80% de lo invertido en la actualidad.

En comparación con Europa o los Estados Unidos de América del Norte donde sus carreteras tienen una duración promedio de entre 30 a 35 años sin necesidad de mantenimiento, en México las carreteras se reconstruyen aproximadamente cada 10 años, El caso del libramiento de Querétaro ilustra este hecho ya que a pesar de haber sido construido a base de concreto hidráulico, su mantenimiento debe realizarse más de una vez al año, a pesar de que había sido construido con una duración esperada de 30 años, ha tenido que ser repavimentado en dos ocasiones en los últimos 12 años.

Uno de los factores determinantes en la duración de los sistemas carreteros de estas potencias mundiales, es que en estos países se prohíbe el uso de vehículos de carga que tengan pesos o dimensiones similares a los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados que en México son utilizados diariamente.

En Estados Unidos el estándar de peso máximo para un vehículo comercial federal es de 80 mil libres (36,287 kilogramos), equivalentes a menos de 40 toneladas o (32.2 toneladas métricas). La norma mexicana permite el doble de esa cantidad.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) asegura que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros, límite superior al de la mayoría de los países del mundo, donde el máximo es de 18.75 metros y mayor al de países como Finlandia (25.25 m), Canadá y EU (25), Suiza (24), Islandia (22), Rusia y Holanda (20 m).

Queda acreditado que México está fuera de los estándares internacionales de seguridad vial por el hecho de que somos el único lugar en el mundo donde se autoriza cargar los camiones con más del doble del peso de lo permitido en países de primer e inclusive de tercer mundo, y para muestra tenemos a nuestros vecinos: Estados Unidos y Guatemala en donde los gobiernos establecen límites de pesos y dimensiones máximos autorizados. ¿Por qué entonces en México no se aplica lo mismo? Y sí en cambio se dan autorizaciones permisivas de alto riesgo para la vida, el patrimonio y la infraestructura carretera.

El recorrido de vehículos con estos pesos y dimensiones supone cargas y esfuerzos extraordinarios que aceleran el deterioro y vida útil de nuestras vías terrestres de comunicación, vitales para nuestro desarrollo económico y social, por lo que resulta imperativo establecer una regulación adecuada.

La vida útil de los puentes que forman parte de nuestra infraestructura carretera se ha reducido en relación al periodo de uso para el que fueron diseñados a causa del desgaste acelerado que provoca el peso de estos vehículos de carga.

Desde el punto de vista Socio-Ambiental la circulación de este tipo de vehículos de carga tan pesados, genera un mayor consumo de combustible, no sólo por el arrastre y fricción que genera su peso, sino por el tráfico a que esto conlleva, por tanto incide esto en el calentamiento global, así como en la contaminación ambiental.

En el aspecto económico-laboral según datos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, adoptar la medida de prohibir la circulación de los autotransportes doblemente articulados produciría a corto plazo una reactivación en forma directa de más de 150 mil empleos, conformado por nuevos operadores de camiones de un solo remolque, mecánicos y personal administrativo, además de los empleos que se generen de forma indirecta.

La prohibición de autotransporte doblemente articulado significaría para México lo siguiente:

Homologación frente a los estándares internacionales, utilizados por la mayoría de los países con ánimos de conservar la infraestructura en mejores condiciones, y mejorar la seguridad de las personas y los bienes de las mismas que utilicen las vías carreteras como medio de transporte.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En la actualidad la ley establece:

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.

Se propone reformar el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley citada, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Queda estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble remolque, así como los que sobrepasen un máximo de 32 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder de un máximo de 32 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá exceder los 22 metros.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, SenadorArturo Zamora.

Se adhieren a la iniciativa, los Senadores Jesús Casillas Romero, Isidro Pedraza Chávez, Salvador López Brito, Martha Palafox Gutiérrez, Maki Ortiz Domínguez y Humberto Mayans Canabal, pido a la Secretaría que tome nota, para que se adhieran a la iniciativa que antes fue referida. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño)Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Solamente para sumarme, aún cuando usted ya lo dijo, con la propuesta del licenciado Arturo, pero además hacer el señalamiento de que se trata de vidas humanas que se han perdido a lo largo del tiempo donde acá le dieron el permiso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que circulen estos tractores con doble plataforma.

Y creo que debe haber también una sanción, porque los que han fallecido o han quedado con discapacidad, han sido muchas personas, muchos jóvenes estudiantes.

En cuanto al comentario que hacía el Senador, le comento que también hay tramos carreteros en que ya nadie se hace cargo de ellos…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Palafox Gutiérrez, pediría que todas las consideraciones que tenga las pudiese llevar a las comisiones respectivas, y desde luego que hemos tomado nota de que usted se adhiere a esta iniciativa que ha presentado el Senador Arturo Zamora.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Para no ocupar una doble participación, como lo hemos platicado en la Mesa Directiva, sumarnos, pero creo que también tenemos derecho a que se escuchen nuestras inquietudes.

Estamos ahorrando una presentación más, y como soy del Partido del Trabajo, seguramente no la iban a aceptar, por eso me adhiero a la propuesta que hace el Senador Arturo Zamora, con la garantía de que no me van a echar para abajo mi opinión.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, SenadoraPalafox Gutiérrez. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, y por lo tanto, continuamos con nuestro Orden del Día.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, con aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los CC. Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Avila y Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente.

Los Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión: Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yúnes Márquez, Fernando Herrera Avila, Javier Corral Jurado, Raúl Gracia Guzmán, Ernesto Ruffo Appel, Francisco López Brito, Carlos Mendoza Davis, Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero Arroyo, con el aval del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país. Sin duda, los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poner fin a la impunidad y a la corrupción.

Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública, incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país como lo son: la prevención social, la estricta sanción judicial en un estado de derecho y la prevención de servidores públicos corruptos.

En las últimas administraciones se han llevado a cabo esfuerzos que se han materializado para combatir lo anterior, destacando la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión al proyecto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Sin embargo, la protección política sigue siendo un factor fundamental con la cual la delincuencia organizada sigue creciendo conforme pasan los años. Es por lo anterior, que se debe contar con un marco legal estricto, que permita emprender los procesos administrativos y penales contra servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción y de delincuencia organizada. Es decir, aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos deben de ser sujetos a sanciones ejemplares donde por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo.

La presente iniciativa de reforma pretende:

Primero.- Aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del Sistema de Carrera Judicial, que se rige y, debe continuar haciéndolo, por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.

El Consejo de la Judicatura Federal desde su creación en 1995 ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a los que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo.

Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 15 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22 mil quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas, y evaluar de inicio a los jueces y magistrados, quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia.

Los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder, funcionarios que piden dinero, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación en procesos judiciales o negligencia en su trabajo.

Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial, en sus aspectos estructurales y principios, bajo los que desarrolla su jurisdicción.

A través de las evaluaciones de control de confianza se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a principios institucionales de acuerdo con los perfiles exigidos para cumplir con tan relevante labor.

Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad institucional.

El Consejo de la Judicatura Federal, a través del comunicado de N° 10 de fecha 23 de marzo de 2011, dio a conocer el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en el ejercicio profesional:

14 Magistrados de Circuito.

18 Jueces de Distrito.

13 Secretarios de Tribunal.

26 Secretarios de Juzgado

15 Actuarios Judiciales y Analistas Jurídicos

18 Oficiales Administrativos

Y 3 Oficiales de Servicio y Mantenimiento

Es importante mencionar que la implementación de la evaluación de control de confianza en la selección de jueces, se ha convertido en una inquietud por parte de los gobiernos en varios estados. Para lo anterior, basta referir que el día 29 de marzo de 2011, el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos aplicó la evaluación de control de confianza a cuatro plazas de jueces orales para aspirantes externos y nueve aspirantes internos para varios de sus municipios. En otro caso, el Congreso del Estado de Jalisco, en febrero de 2011, propuso la implantación de la evaluación de control de confianza a los jueces del poder judicial del estado.

Actualmente, a nivel federal se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para dictar todos los acuerdos necesarios a fin de cumplir con los principios señalados y para lo cual cuenta con los organismos auxiliares que coadyuvaran en sus tareas como el Instituto de la Judicatura.

La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos como la entrega de documentación y la experiencia certificada, así como gozar de buena reputación, no siempre se traduce en los resultados de honestidad, eficiencia y eficacia que el cargo demanda.

Finalmente, es de destacar que la independencia de que gozan los jueces debe tener como contrapunto un riguroso régimen disciplinario. Si estos no pueden ser inquietados ni perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se debe de pugnar por un estándar de responsabilidad mayor.

Segundo. Se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que, como la ley especial en la materia, desincentive con mayor efectividad a los servidores públicos que pretendan colaborar con el crimen organizado.

Cabe mencionar, que entre los servidores públicos que se podrán ubicar en dichos supuestos se encuentran: todos aquellos que forman parte de la Administración Pública Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos en los Poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, gobernadores de los estados, presidentes municipales, legisladores y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica los delitos contra la salud, terrorismo, acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas, trata y secuestro, como delitos de delincuencia organizada. La ley, establece sanciones más elevadas a quienes tengan funciones de decisión y administración en la comisión de los ilícitos.

El mismo ordenamiento, condena a los servidores públicos partícipes en el crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los Poderes de la Unión. Además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día, los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes.

El Título Cuarto del Código Penal Federal contiene un Capítulo III, que versa sobre la "Libertad preparatoria y retención", en el cual se establecen las recompensas de las cuales podrán gozar los sentenciados para eliminar desde dos quintas partes hasta la mitad de su condena bajo los siguientes supuestos: si ha observado buena conducta, que del examen de su personalidad se presuma que esté socialmente readaptado, en condiciones de no volver a delinquir y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado.

El artículo 85 del capítulo referido menciona en un listado, numerosos supuestos para no conceder la libertad anticipada referida. Dentro de estos se encuentra alguno de los ilícitos que forman parte de los delitos contra la delincuencia organizada como son: delitos contra la salud, el tráfico de indocumentados y la trata de personas, entre otros.

Aunado a lo anterior, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de los Sentenciados establece la figura del tratamiento preliberacional, misma que está relacionada con la libertad preparatoria a que se refiere el Código Penal. Actualmente esta ley tampoco aplica en los supuestos ubicados en el artículo 85.

Otro beneficio, como la remisión parcial de la pena, consiste en que por cada dos días de trabajo se condonará un día de prisión, podrán ser sujetos a apegarse, precisamente, a éste, siempre y cuando el sancionado observe buena conducta y participe regularmente en las actividades educativas.

Por lo anterior expuesto y descrito, sometemos a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 81, para adicionar un segundo párrafo a la fracción II, se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que quedar como sigue:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

...

...

Vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de la evaluación de materia de control de confianza.

Artículo 105. El ingreso y promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial que se refiere el presente Título, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso.

Los servidores públicos a los que se refiere el párrafo anterior, requerirán acreditar los exámenes y evaluación de control de confianza los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El artículo 5. Las penas a las que se refiere el artículo anterior se aumenta hasta en una mitad, cuando:

Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada; además impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. Los servidores públicos que recaigan en este supuesto no gozarán de los beneficios que se refiere los artículos 35, 43, y 44 de esta Ley.

Solamente solicito que el texto íntegro, así como los nombres de los Senadores que suscriben se incorporen íntegras al Diario de los Debates, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, VICTOR HERMOSILLO y CELADA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, FERNANDO YUNES MARQUEZ, FERNANDO HERRERA AVILA, JAVIER CORRAL JURADO, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país. Sin duda los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poner fin a la impunidad y a la corrupción.

Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública, incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país como lo son: la prevención social, la estricta sanción judicial en un Estado de Derecho y la prevención de servidores públicos corruptos.

En las últimas administraciones se han llevado a cabo esfuerzos que se han materializado para combatir lo anterior, destacando: la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión al proyecto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Sin embargo, la protección política sigue siendo un factor fundamental con la cual la delincuencia organizada sigue creciendo conforme pasan los años. Es por lo anterior, que se debe contar con un marco legal estricto, que permita emprender los procesos administrativos y penales contra servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción y de delincuencia organizada. Es decir, aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos deben de ser sujetos a sanciones ejemplares donde por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo.

La presente iniciativa de reforma pretende:

PRIMERO.- Aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del Sistema de Carrera Judicial, que se rige y, debe continuar haciéndolo, por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.

El Consejo de la Judicatura Federal desde su creación en 1995 ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a los que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo.

Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 15 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22 mil quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas, y evaluar de inicio a los jueces y magistrados, quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia.

Los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder funcionarios que piden dinero, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación en procesos judiciales o negligencia en su trabajo.

Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial, en sus aspectos estructurales y principios, bajo los que desarrolla su jurisdicción como la expeditez, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, su eficiencia y eficacia.

A través de las evaluaciones de control de confianza se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a principios institucionales de acuerdo con los perfiles exigidos para cumplir con tan relevante labor.

Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad institucional.

El Consejo de la Judicatura Federal a través del comunicado de N° 10 de fecha 23 de marzo de 2011 dio a conocer, el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en su ejercicio profesional:

14 Magistrados de Circuito;

18 Jueces de Distrito;

13 Secretarios de Tribunal;

26 Secretarios de Juzgado;

15 Actuarios judiciales un Analista jurídico;

18 Oficiales administrativos; y

3 Oficiales de servicios y mantenimiento.

Además se señaló, que en las entidades de la República en las que se registraron el mayor número de funcionarios del poder judicial sancionados fueron el Distrito Federal con 18; Estado de México, 8; Quintana Roo, 8; Guerrero, 7; y Jalisco con 6. Mientras que los estados en los que no se emitió ningún castigo fueron Baja California Sur, Colima, Durango, Tamaulipas y Yucatán.

Es importante mencionar que la implementación de la evaluación de control de confianza en la selección de jueces, se ha convertido en una inquietud por parte de los gobiernos en varios Estados. Para lo anterior, basta referir que el 29 de marzo de 2011 Consejo de la Judicatura de Estado de Morelos aplicó la evaluación de control de confianza a cuatro plazas de jueces orales para aspirantes externos y nueve a aspirantes internos para varios de sus municipios. En otro caso, en el Congreso del Estado de Jalisco en febrero de 2011 propuso la implementación de la evaluación de control de confianza a los Jueces del Poder Judicial del Estado.

Actualmente, a nivel federal se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para dictar todos los acuerdos necesarios a fin de cumplir con los principios señalados y para lo cual cuenta con los órganos auxiliares que coadyuvan en sus tareas como el Instituto de la Judicatura.

Aunado a lo anterior, se establecen, entre otros requisitos que, para poder ocupar el cargo de juez, se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin que se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener más de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente con práctica profesional de cuando menos cinco años.

La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos como la entrega de documentación y la experiencia certificada, así como “Gozar de buena reputación”, no siempre se traduce en los resultados de honestidad, eficiencia y eficacia que el cargo demanda.

Finalmente, es de destacar que la independencia de que gozan los jueces debe tener como contrapunto un riguroso régimen disciplinario. Si éstos no pueden ser inquietados ni perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se debe pugnar por un estándar de responsabilidad mayor.

SEGUNDO.- Se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que, como ley especial en la materia, desincentive con mayor efectividad a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.

Cabe mencionar, que entre los servidores públicos que se podrán ubicar en dicho supuesto se encuentran: todos aquellos que formen parte de la Administración Pública Federal, centralizada o del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos en los poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, Gobernadores de los Estados, Presidentes Municipales, Diputados a las legislaturas locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica los delitos contra la salud, terrorismo, acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas, trata y secuestro, como delitos de la delincuencia organizada. La ley, establece sanciones más elevadas a quien tenga funciones de decisión y administración en la comisión de los ilícitos.

El mismo ordenamiento, condena a los servidores públicos partícipes del crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los Poderes de la Unión. Además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día, los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes.

El Título Cuarto del Código Penal Federal contiene un Capítulo III que versa sobre la “Libertad preparatoria y retención”, en el cual se establecen las recompensas de las cuales podrán gozar los sentenciados para eliminar desde dos quintas partes hasta la mitad de su condena bajo los siguientes supuestos: si ha observado buena conducta, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado, en condiciones de no volver a delinquir y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado.

El artículo 85 del capítulo referido menciona en un listado números clausus, los supuestos para no conceder la libertad anticipada referida. Dentro de éstos, se encuentran algunos de los ilícitos que forman parte de los delitos contra la delincuencia organizada como lo son: delitos contra la salud, el tráfico de indocumentados y la trata de personas, la corrupción de menores, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el secuestro. Sin embargo, ilícitos como el terrorismo, el terrorismo internacional, la falsificación o alteración de moneda, los relacionados con los hidrocarburos, el acopio y tráfico de armas que también se encuentran dentro de los delitos contra delincuencia organizada, no quedan sujetos a esta regulación, que busca la negativa de otorgar favores y/o beneficios a los delincuentes que diariamente lastiman nuestra sociedad.

Aunado a lo anterior, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de los Sentenciados establece la figura de tratamiento preliberacional, misma que está intrínsecamente relacionada con la libertad preparatoria a que se refiere el Código Penal. Actualmente esta ley tampoco aplica a los sujetos ubicados en los supuestos en el artículo 85. Esto, adolece del mismo problema que señalamos, pues omite regular varios supuestos que se encuentran tipificados dentro de la delincuencia organizada.

Otro beneficio como la remisión parcial de la pena, la cual consiste en que por cada dos días de trabajo se condonará un día de prisión, siempre y cuando el sentenciado observe buena conducta y participe regularmente en actividades educativas, también se encuentran previstas en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de los Sentenciados.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su capítulo “De la prisión preventiva y Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad” establece que algunos partícipes de la delincuencia organizada que colaboren en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada, gocen de los beneficios establecidos en el Código Penal y en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.

Sin embargo, es deber de los funcionarios públicos colaborar con la investigación y persecución de cualquier crimen siempre que se tenga información o sospecha sobre el mismo, en la calidad de ciudadanos y sobre todo, de servidores de la ciudadanía y del Estado. Por ello, se propone reformar diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para eliminar los beneficios para los servidores públicos relacionados con la colaboración en las investigaciones y para completar las excepciones establecidas con respecto a la libertad preparatoria.

Con esta iniciativa se pretende abonar en contar con los elementos suficientes que nos permitan aminorar la seguridad con la que se puede llegar a contar para desarrollar negocios ilícitos; sabemos que es una tarea costosa en tiempo y recursos pero se tiene que trabajar de forma inmediata en ello.

Por lo anteriormente expuesto y descrito, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DEDECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 81, para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda; se reforma párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 81 Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

I a II…

Vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de las evaluaciones en materia de control de confianza.

Artículo 105. El ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial que se refiere el presente Título, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, requerirán acreditar los exámenes y evaluaciones de control de confianza los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar:

Artículo 5: Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:

I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. Los servidores públicos que recaigan en este supuesto no gozarán de los beneficios a que se refiere el artículo 35, 43 y 44 de esta Ley.

II. (…)

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, D.F., a 16 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Fernando Herrera Avila.-Sen. Javier Corral Jurado”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Pido a la Secretaría que se integre y pueda formar parte del Diario de los Debates la iniciativa de manera completa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Consejo Económico y Social de México.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE MEXICO

(Presentada por la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República:

Por economía procesal parlamentaria, solicito a la Mesa Directiva se inserte íntegro el texto de esta iniciativa que presento. Y por lo tanto, solamente compartiré con ustedes algunos aspectos relevantes de esta iniciativa.

La iniciativa que sometemos a la consideración de esta Soberanía, tiene como objetivo atender uno de los problemas más importantes que está viviendo hoy por hoy nuestro país; me refiero a la urgente necesidad de generar empleo y de mejorar el salario de los trabajadores.

Es un reto importante que tenemos y que nos obliga a considerar también la deserción y la falta de oportunidades para estudiar que hoy enfrentan la gran mayoría de nuestros jóvenes.

Esta es una constante que se está presentando en nuestro país, y además tenemos que reconocer que está ya encima la transición demográfica. Es decir, que en los próximos diez años, la población económicamente activa se incrementará 1.7 por ciento en promedio cada año, y durante esos diez años tendremos alrededor de cinco millones de nuevos desempleados. De los cuales una gran parte no tendrá siquiera concluida su educación preparatoria.

Con índices de crecimiento, además del Producto Interno Bruto, menores al 5 por ciento anual, con un déficit en la generación de empleo de aproximadamente 50 por ciento.

Ante esta realidad, necesitamos de manera urgente que nuestra economía crezca y además que lo haga de manera eficaz.

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad la creación de una instancia donde gobierno y sociedad sumen esfuerzos para conseguir el desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazo. Me refiero a la creación del Consejo Económico y Social de México.

Esta herramienta propiciará la interacción entre los sectores sociales y el gobierno, una herramienta que permita que en el mediano y largo plazo se dé un verdadero desarrollo económico mediante la conjunción de visiones y de objetivos comunes.

¿De qué estamos hablando?

Estamos hablando de una herramienta que permita llamar a la mesa a empresarios, a trabajadores, a la academia, que nos permita vincular el empleo con la formación y que nos permita sentar a los actores del proceso productivo por región para que puedan verdaderamente potenciar la vocación económica de cada una de sus regiones.

A nivel internacional existen varios casos exitosos de estas figuras y que son un ejemplo claro del buen antecedente que se tiene sobre estos consejos. Un ejemplo de ellos, es el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, así como el Consejo Económico y Social Europeo.

Incluso a nivel nacional tenemos también dos ejemplos: el Consejo Económico y Social de Jalisco, y aquí mismo en el Distrito Federal.

Particularmente el de esta ciudad es un órgano consultivo y vinculante también con el gobierno de nuestra ciudad. Y este mecanismo, esta herramienta, se utiliza para la propuesta y generación de políticas públicas encaminadas a hacer más dinámica nuestra economía y a generar empleo.

En este caso, el que proponemos, buscamos que el Consejo de referencia sea un órgano de consulta, de asesoría, de apoyo técnico y coordinación para el Presidente de la República con el sector empresarial, con las organizaciones sindicales, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y con los gobiernos estatales.

Buscamos también que este Consejo tenga como objetivo crear y fomentar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado mediante cadenas de valor competitivas, buscamos aumentar la competitividad y el empleo en los sectores estratégicos de la economía de nuestro país y este Consejo busca también consolidar las cadenas productivas en los sectores estratégicos para la economía de nuestro país.

En él se fijan como sectores estratégicos de la economía de nuestro país al sector energético, turístico, transporte alimentario, farmacéutico, servicios, comunicación y telecomunicaciones, abasto, médico y la salud, manufactura, logístico y también agropecuario.

Se establecen una serie de compromisos del Presidente de la República, las Cámaras de Diputados, de Senadores, los sectores empresarial, social, las universidades, sector sindical, la academia y algo que vale la pena resaltar, se abre un espacio también para escuchar de manera permanente a la sociedad civil organizada, la participación ciudadana; y por supuesto la participación de los gobiernos estatales.

Este Consejo se propone que esté integrado por cinco órganos internos: la Asamblea General, la Junta Directiva, la Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo y un Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.

Finalmente, señoras y señores, esta iniciativa lo que busca es dar una respuesta integral, una respuesta estructural a la necesidad imperante de generar empleo y mejorar el salario de los trabajadores.

Está a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La que suscribe,Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXII legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I,164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE MEXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

...

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado…

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social…

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

Precepto que de acuerdo con el Doctor Jorge Witker debe ser interpretado en el sentido que “reconoce y legítima a la economía mixta bajo la rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas de desarrollo económico y social...”.

Por su parte,el párrafo primero del apartado A del artículo 26 constitucional dispone que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. En otros términos y siguiendo de nueva cuenta lo dicho por el Doctor Jorge Witker, el referido artículo 26 dispone que la rectoría estatal “debe ejercerse a través de la técnica de planeación, concebida como un ejercicio democrático y participativo que contempla las vertientes obligatoria para la administración pública federal, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales con los objetivos federales y finalmente lineamientos de concertación para inducir a los sectores social y privado hacia metas de desarrollo nacional integrado”.

Conforme a lo establecido en los preceptos jurídicos señalados es de colegirse lo siguiente: 1) corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo económico y social, para lo cual cuenta con la participación social y privada, y 2) la planeación del desarrollo económico y social la hace el Estado de forma concertada con los sectores social y privado.

La presente iniciativa tiene como finalidad la creación de una instancia donde gobierno y sociedad sumen esfuerzos para conseguir el desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazos, el Consejo Económico y Social de México.

A nivel internacional existen varios casos que pueden tomarse como antecedentes del Consejo que se propone en esta Iniciativa, entre los que cabe destacar al Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, al Comité Económico y Social Europeo, y al Consejo Económico y Social de España.

La Carta de las Naciones Unidas establece como uno de sus órganos principales al Consejo Económico y Social, que se halla regulado en el Capítulo X de la Carta, está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General (artículo 61) y tiene atribuciones para: 1) hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados; hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades; formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General, y convocar a conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia (artículo 62). Además, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de los asuntos de su competencia (artículo 71).

El Comité Económico y Social Europeo surge a raíz del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma de 1957), que le otorga un carácter consultivo y una composición basada en representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social, como son los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes, artesanos, profesiones liberales y del interés general (artículo 193). El Comité es consultado por el Consejo o la Comisión Europea en materia de política agrícola común, libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, transporte, modificación de disposiciones legales en los Estados Parte, materia social y demás (artículo 198).

La conformación del Comité fue modificada mediante el Tratado de Niza (2000), estableciéndose que estará integrado porrepresentantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, en particular de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del interés general. Los que se estructuran en torno a tres grupos: Empresarios, Trabajadores y Actividades diversas (agricultores, consumidores, ecologistas, familias, Pymes, ONG’s). De tal manera que el Comité es un "puente" entre las instituciones de la Unión Europea y la sociedad civil organizada; además, es un órgano consultivo de la Unión Europea que ofrece asesoramiento especializado a la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.  Dicha labor la realiza mediante dictámenes que se centran en las propuestas legislativas de la Unión Europea, aunque también elabora dictámenes de iniciativa sobre temas considerados de especial importancia.

El Consejo Económico y Social Español se halla previsto en el artículo 131.2 de la Constitución Española, que señala: “el gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley”.

En este sentido, el 17 de junio de 1991 las Cortes Generales Españolas expidieron la Ley de Creación del Consejo Económico y Social (Ley 21/1991), señalándose en el apartado de exposición de motivos lo siguiente:

La Constitución Española recoge el mandato, dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar la participación de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones o asociaciones, en la vida económica y social.

El órgano que se crea, cuya denominación es la de Consejo Económico y Social, refuerza la participación de los agentes económicos y sociales en la vida económica y social, reafirmando su papel en el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho.

Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el Consejo Económico y Social sirve de plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación, en la medida en que constituye el único órgano donde están representados un amplio conjunto de organizaciones socio-profesionales.

Por otra parte, el Consejo Económico y Social responde a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y planteamientos se oigan a la hora de adoptar el Gobierno decisiones que puedan afectar a los intereses que les son propios. En tal sentido, la función consultiva que se instituye a través del Consejo Económico y Social se ejercerá en relación con la actividad normativa del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

Esta participación se materializa, fundamentalmente, en la emisión de informes y dictámenes con carácter preceptivo o facultativo, según los casos, o a propia iniciativa.

El Consejo Económico y Social constituye además, un medio de comunicación, asimismo permanente, entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno; en tal sentido, hace más fluida la relación y colaboración entre aquéllos y el Gobierno.

De tal manera que conforme a la Ley 21/1991, el Consejo Económico y Social Español es un órgano de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral (artículo primero punto 2); su naturaleza jurídica es ser un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad, con autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, estando adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo primero punto 3); está integrado por 61 miembros divididos en tres grupos: 20 representantes de organizaciones sindicales (primer grupo), 20 representantes de organismos empresariales (segundo grupo), 20 representantes del tercer grupo (3 del sector agrario. 3 del sector marítimo-pesquero, 4 consumidores y usuarios, 4del sector económico-social y 6 expertos en distintas materias) y 1 presidente (artículo segundo); los representantes de los grupos son designados por los propios sectores y duran en su encargo 4 años con posibilidad de reelección (artículo tercero); el presidente y el director general del Consejo son nombrados por el gobierno de la nación y deben contar con el apoyo de dos terceras partes de los consejeros; no se prevé la participación de representantes del Gobierno, dado el carácter del Consejo de órgano consultivo del mismo, y la necesidad, por tanto, de garantizar su independencia en la formación y emisión de sus criterios (artículo cuarto); y cuenta con atribuciones para: emitir dictámenes con carácter preceptivo de anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales, y para elaborar estudios e informes sobre diversas materias (artículo séptimo).

En el ámbito nacional, el 16 de septiembre de 2004 fue publicada la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Jaliscopara el Desarrollo y la Competitividad, de acuerdo con la cual éste es un “órgano ciudadano de naturaleza consultiva de las autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y de gestión, que integra la participación de los sectores social y privado en la formulación de recomendaciones para la elaboración de políticas publicas orientadas a impulsar el desarrollo económico y social del Estado de Jalisco” (artículo 1).

El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco cuenta con atribuciones para: emitir recomendaciones u opiniones a efecto de que sean valoradas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, formular recomendaciones a los órganos públicos estatales respecto de proyectos de leyes o decretos o de propuestas de programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social del Estado, y para ser consultado por las autoridades del Estado, así como por los municipios del Estado, sobre asuntos de desarrollo económico y social (artículos 2, 3 y 4).

El Consejo de Jalisco está integrado por 21 miembros divididos en tres grupos (artículo 11): 7 consejeros representantes del sector privado-empresarial (primer grupo), 7 consejeros representantes del sector social (segundo grupo) y 7 consejeros representantes del sector académico y de asistencia (tercer grupo). Los consejeros son designados por sus sectores y duran 4 años en su encargo con posibilidad de renovación (artículo 12).

En el caso del Distrito Federal, el 30 de diciembre de 2009 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, mediante la que se sentaron las bases para la creación, organización y funcionamiento de dicho órgano consultivo de la administración pública local en materia de crecimiento y desarrollo económico.

De conformidad con su Ley de creación, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México es un órgano consultivo y vinculante para el Gobierno del Distrito Federal en el diseño de estrategias y políticas públicas para el desarrollo, crecimiento económico, empleo y la justa distribución del ingreso y la riqueza.

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México cuenta con autonomía técnica y financiera. En su integración se da la participación a los sectores privado, social, público y académico. El Jefe de Gobierno funge como presidente honorario, seguido por 7 representantes respectivamente del sector empresarial, académico, civil y sindical, 4 de organizaciones de profesionistas especializados, 2 Diputados federales, 3 Diputados de la Asamblea Legislativa, los titulares de las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Turismo, Educación, Medio Ambiente, Trabajo y Fomento al Empleo, así como el Director General del Instituto de Ciencia y Tecnología, y los 16 Jefes Delegacionales.

Cabe destacar que como funciones principales del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México están las siguientes: analizar las propuestas sobre reactivación económica, promover políticas públicas en materia de desarrollo económico, generar recomendaciones respecto a iniciativas de ley, el Programa General de Desarrollo y el paquete presupuestal anual.

Para el ejercicio de sus funciones cuenta con un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.

Es de destacarse también en el ámbito nacional la experiencia que arroja el Acuerdo Nacional por el Turismo, que en el año de 2010 firmaron el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, junto con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, los prestadores de servicios, y representantes de los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Como lo muestra la experiencia nacional e internacional cada vez es más común el reconocimiento de la necesidad de la participación ciudadana en tareas de desarrollo económico y social de los países. Ello mediante la creación de órganos consultivos que promueven y facilitan la participación de los agentes económicos y sociales. Dando así respuesta a la legítima aspiración de los ciudadanos para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta a la hora de implementar las políticas públicas.

La iniciativa de referencia es una expresión de democracia participativa, de democracia post liberal, de lo que en Europa se ha dado por denominar segundo circuito de ciudadanía, y que de acuerdo con el politólogo Benjamín Arditi parte de la idea de que “la política y el proceso democrático trascienden la idea de ciudadanía entendida como participación electoral y se expanden hacia la sociedad civil para constituir un nuevo escenario político, pero este escenario no es una alternativa al gobierno y a los partidos sino un terreno suplementario de la política… [que] puede ser visto como un segundo circuito de la política resultante de la diseminación de espacios y formatos de intercambio político en la sociedad civil, especialmente a través de los movimientos sociales, las ONG y los grupos de interés organizado”.

Se trata entonces de un segundo circuito de lo político que introduce instancias consultivas, procesales y resolutivas para institucionalizar las relaciones entre los organismos estatales y organizacionessociales; que no propone la sustitución del sistema de partidos sino que lo complementa; que permite a las organizaciones incidir en los temas de la agenda de las políticas públicas; que permite a los ciudadanos asignar recursos públicos conforme a sus intereses (presupuesto participativo), y que desarrolla un modo de relación directo entre organizaciones sociales y/o grupos de interés y las agencias gubernamentales, creando un circuito de intercambios políticos paralelo al de las instituciones de democracia representativa.

En estatesitura es donde se inserta esta iniciativa, aunque con sus propias peculiaridades de las que cabe resaltar las siguientes:

1) Se establece al Consejo Económico y Social de México como un órgano de consulta, asesoría, apoyo técnico y coordinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.

2) Se señalan como objetivos del Consejo Económico y Social de México: a) crear y fomentar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado mediante cadenas de valor competitivas, b) aumentar la competitividad y el empleo en los sectores estratégicos de la economía de país, y c) consolidar las cadenas productivas en los sectores estratégicos.

3) Se fijan como sectores estratégicos de la economía mexicana al: energético, turístico, transporte, alimentario, farmacéutico, servicios, comunicación y telecomunicaciones, abasto, médico y de la salud, manufactura, logístico, agropecuario y demás.

4) Se establecen una serie de compromisos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los sectores empresarial, social, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.

5) Se establece una organización del Consejo Económico y Social de México con base en 5 órganos internos: Asamblea General, Junta Directiva, Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo, y Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.

En el Distrito Federal, estado del cual soy representante, la V Legislatura de la Asamblea Legislativa, de la que formé parte, se caracterizó por un fuerte impulso a la participación ciudadana, por abrir canales democráticos a las fuerzas ciudadanas para complementar a la democracia representativa con la democracia participativa. De modo tal que aprobamos una serie de leyes de gran calado en la materia de esta iniciativa como son la Ley del Consejo Económico y Social y la Ley de Participación Ciudadana. Mediante la primera, como se señaló párrafos arriba, creamos el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México como “una instancia de representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva con el Gobierno… en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza…”. Con la segunda reactivamos la participación organizada de la ciudadanía a través de los Comités Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y los Consejos Ciudadanos Delegacionales; más importante aún, reconocimos jurídicamente por vez primera en el país la capacidad de los ciudadanos de decidir en forma anual sobre la forma en que se aplicará en sus colonias de residencia el 3% de los presupuestos delegacionales, es decir, instauramos el presupuesto participativo.

Con esta iniciativa refrendo mi compromiso y convicción respecto a la importancia y necesidad de incluir a la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas. La institucionalización del Consejo Económico y Social de México es un paso en esta dirección al erigir un ente en donde los órganos de gobierno y los representantes de los sectores empresarial, laboral, académico y organizaciones sociales puedan generar acuerdos que transformen la situación económica y social del país. Ello en el entendido de que México requiere con urgencia que gobierno y sociedad sumen sus esfuerzos. Lo que constituye por sí mismo un cambio de paradigma respecto a la forma en que el país se construye la estrategia de desarrollo, fortaleciendo la participación de la sociedad civil y el entorno democrático.

En razón de lo expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se crea la Ley del Consejo Económico y Social de México, para quedar como sigue:

LEY DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE MEXICO

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPITULO I

Naturaleza Jurídica

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social de México.

Artículo 2.- El Consejo Económico y Social de México es un órgano de consulta, asesoría, apoyo técnico y coordinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.

El Consejo Económico y Social de México integra la participación de los sectores social y privado, para que en conjunto con el poder ejecutivo federal formulen e implementen políticas públicas orientadas a impulsar a corto, mediano y largo plazos el desarrollo económico y social del país.

El Consejo Económico y Social de México cuenta con autonomía técnica y financiera para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO II

Objeto y Objetivos

Artículo 3.- El Consejo Económico y Social de México tendrá como objeto fungir como una instancia de colaboración, representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio que coadyuva con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo a corto, mediano y largo plazos, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que conforman el país, transformando la estructura de la economía para elevar la productividad de las empresas y así mejorar el salario y generar empleo.

Artículo 4.- Son objetivos del Consejo Económico y Social de México los siguientes:

I. Fomentar, a corto, mediano y largo plazo, la producción de bienes y servicios con mayor productividad y, en esa medida, de alto valor agregado mediante cadenas de valor competitivas de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de cooperativas;

II. Aumentar la productividad y, por lo tanto, la competitividad y el empleo en los sectores estratégicos de la economía de país;

III. Consolidar los clusters y las cadenas productivas en los sectores estratégicos, y

IV. Los demás que se acuerden.

Se consideran sectores estratégicos de la economía de México para efectos de la presente ley: el energético, turístico, transporte, alimentario, farmacéutico, servicios, comunicación y telecomunicaciones, abasto, médico y de la salud, manufactura, logístico, agropecuario y demás que determine el Consejo Económico y Social de México

CAPITULO III

Funciones

Artículo 5.- El Consejo Económico y Social de México tendrá las siguientes funciones:

I. Analizar las propuestas de reactivación económica y proponer la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo del país a corto, mediano y largo plazos;

II. Promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social del país a corto, mediano y largo plazos;

III. Ser órgano de consulta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social;

IV. Realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la situación y la política económica del país, y otros temas de interés estratégico;

V. Realizar recomendaciones para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del paquete económico anual que se presenta para su aprobación a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y

VI. Ejercer los recursos del Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México con el fin de financiar políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad; su transformación productiva que permita impulsar la productividad y el empleo; su ambiente de negocios; su tránsito hacia una economía basada en el conocimiento; el impulso a la creación y desarrollo de clusters y cadenas de valor de micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional del país y, en general, promover las inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales con base en un enfoque de sustentabilidad.

CAPITULO IV

Compromisos

Artículo 6.-Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 5 de esta ley, se establecen una serie de compromisos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los sectores empresarial, social, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales. Compromisos cuyo cumplimiento será medible, evaluable y exigible por el Consejo Económico y Social de México.

Artículo 7.-El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos adquiere los siguientes compromisos:

a) Prever recursos anuales al Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.

b) Implementar estímulos fiscales.

c) Garantizar la gestión rápida de trámites.

d) Dotar de infraestructura y servicios.

e) Proporcionar capacitación y becas.

f) Los demás que se acuerden.

Artículo 8.-La Cámara de Diputados delH. Congreso de la Unión se compromete a:

a) Dotar de recursos anuales al Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.

b) Establecer estímulos fiscales.

c) Modificar el marco regulatorio para garantizar la gestión rápida de trámites.

d) Los demás que se acuerden.

Artículo 9.-Para cumplir con los objetivos de la presente ley, el sector empresarial se comprometen a:

a) Invertir en equipamiento e infraestructura.

b) Generar empleos y capacitar a los trabajadores.

c) Asegurar la transferencia de tecnología.

d) Los demás que se acuerden.

Artículo 10.-El sector académico y las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a:

a) Proporcionar asesoría.

b) Formar recursos humanos –micro y pequeños empresarios, así como trabajadores- para la adopción de tecnologías más productivas.

c) Incubar y acelerar el desarrollo de las empresas.

d) Impulsar la innovación tecnológica.

e) Los demás que se acuerden.

Artículo 11.-Las organizaciones sindicales y los trabajadores se comprometen a:

a) Recibir capacitación que incremente su productividad.

b) Los demás que se acuerden.

Artículo 12.-Los gobiernos de los estados se comprometen, en su esfera de competencia, a cumplir con los compromisos que establecen los artículos 6 y 7 de esta ley.

TITULO SEGUNDO

Organización y Funcionamiento

CAPITULO I

Organización

Artículo 13.- El Consejo Económico y Social de México cuenta con la siguiente organización:

I. Asamblea General;

II. Junta Directiva;

III. Secretaría Técnica;

IV. Grupos de Trabajo, y

V. Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.

CAPITULO II

Funcionamiento

Sección 1

La Asamblea General

Artículo 14.- La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo Económico y Social de México,estando integrada de la siguiente manera:

I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como presidente honorario;

II. Los Presidentes de las Mesas Directivas del Pleno de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión;

III. Los titulares de las secretarías de Economía, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Energía, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IV. Un representante de los empresarios de cada uno de los sectores estratégicos;

V. Tres representantes de las instituciones de educación superior, que realicen estudios relativos al desarrollo de la productividad;

VI. Dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que realicen labores relacionadas con el desarrollo de la productividad;

VII. Un representante de los sindicatos o trabajadores de cada uno de los sectores estratégicos; y

VIII. Un representante de cada uno de los gobiernos estatales y el Distrito Federal.

Los integrantes de la Asamblea General tendrán derecho de voz y voto. El cargo de integrante de la Asamblea General es honorífico. Los representantes de los empresarios, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos serán designados por un periodo de 2 años a invitación de la Junta Directiva.

Artículo 15.- La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria dos veces al año, y de manera extraordinaria las veces que así se considere. Los requisitos para las convocatorias se regularán en el reglamento interno del Consejo Económico y Social de México.

Para su instalación y funcionamiento se requerirá de la presencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Sus resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los integrantes presentes y tendrán carácter vinculante.

Artículo 16.- La Asamblea General se auxiliará en sus labores de una Secretaría Técnica que estará encargada de coordinar los trabajos administrativos y operativos, además llevar a cabo el seguimiento puntual de los acuerdos y será la responsable de coordinar las relaciones institucionales en general.

Artículo 17.- La Asamblea General del Consejo Económico y Social de México tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el reglamento interno, estructura orgánica y lineamientos de operación;

II. Aprobar el informe anual de actividades que le sea presentado por la Junta Directiva;

III. Aprobar el informe anual que sobre el cumplimiento de compromisos le sea presentado por la Junta Directiva;

IV. Aprobar las comisiones o grupos de trabajo que se requieran para llevar a cabo los trabajos del Consejo;

V. Aprobar las opiniones y/o recomendaciones que tenga sobre las iniciativas de ley, políticas públicas, programas o proyectos que le presente a su consideración el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Aprobar las recomendaciones para sobre Programa Nacional de Desarrollo;

VII. Formular recomendaciones en relación con el Paquete Económico Anual;

VIII. Aprobar el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México con el fin de financiar políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la productividad; su transformación productiva que permita impulsar la competitividad y el empleo; su ambiente de negocios; su tránsito hacia una economía basada en el conocimiento; el impulso a la creación y desarrollo de clusters y cadenas de valor formadas por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional del país y, en general, promover las inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales con base en un enfoque de sustentabilidad, y

IX. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas.

Sección 2

La Junta Directiva

Artículo 18.- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social de México, estando integrada de la siguiente forma:

I. El Secretario Técnico, que será el secretario técnico de la Asamblea General;

II. Los titulares o sus representantes de las secretarías de Economía, Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público;

III. Dos representantes de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, y

IV. Tres representantes de los empresarios, un representante de instituciones de educación superior y tres representantes de los sindicatos o trabajadores.

Artículo 19.- La Junta Directiva sesionará en forma mensual. Sus resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los presentes. Las convocatorias y demás aspectos serán regulados en el reglamento interno del Consejo Económico y Social de México.

Artículo 20.- La Junta Directiva tendrá como funciones las siguientes:

I. Ejecutar, implementar y dar seguimiento a las decisiones de la Asamblea General;

II. Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General:el reglamento interno, estructura orgánica y lineamientos de operación; el programa anual de trabajo; el informe anual de actividades; el informe anual que sobre el cumplimiento de compromisos; la creación de grupos de trabajo; las opiniones y/o recomendaciones en relación con iniciativas de ley, políticas públicas, programas o proyectos que le presente a su consideración el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; las recomendaciones para sobre Programa Nacional de Desarrollo y el Paquete Económico Anual; el informe anual sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México; y

III. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas.

Sección 3

Los Grupos de Trabajo

Artículo 21.- Para la implementación de los compromisos a que hacen referencia los artículos6 a 12de esta Ley, se pondrán en funcionamiento grupos de trabajo al interior del Consejo Económico y Social de México por cada uno de los sectores estratégicos señalados en el segundo párrafo del artículo 4 de la presente Ley.

Los grupos de trabajo de cada uno de los sectores estratégicos estarán conformados de manera plural por representantes del gobierno federal y local, los empresarios, la academia, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil. Dicha integración será sugerida y aprobada por la Junta Directiva del Consejo Económico y Social de México.

Los grupos de trabajo de cada uno de los sectores estratégicos serán instancias en las que los representantes del gobierno federal y local, los empresarios, la academia, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil determinarán y pondrán en ejecución las acciones específicas a implementar en el marco de los compromisos generales establecidos en 6 a 12de esta Ley, con el fin de cumplir con los objetivos señalados en artículo 4 de la misma.

La Secretaría Técnica del Consejo dará seguimiento y elaborará un reporte anual sobre las acciones específicas a realizar en cada uno de los sectores estratégicos, así como respecto al avance en su implementación y grado de cumplimiento. Dicho reporte será de conocimiento público en todo momento.

Sección 4

Del Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México

Artículo 22.- El Consejo Económico y Social de México contará con un Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México, que estará integrado con recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, y servirá para impulsar las acciones específicas que se decidan implementar por los grupos de trabajo en el marco de los compromisos generales establecidos en 6 a 12de esta Ley y con el fin de cumplir con los objetivos señalados en artículo 4 de la misma.

Artículo 23.- El Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México tendrá los siguientes objetivos particulares:

I. Mejorar la productividad de la economía nacional;

II. Lograr la transformación productiva que, al incrementar la productividad, impulse la competitividad y el empleo;

III. El impulso a la creación y desarrollo de clusters y cadenas de valor integradas por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas;

IV. El tránsito hacia una economía basada en el conocimiento;

V. Mejorar el ambiente de negocios;

VI. La promoción internacional de la economía país, y

VII. En general, promover las inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales.

Artículo 23.- El Consejo Económico y Social de México, por conducto de la Junta Directiva, determinará el mecanismo jurídico bajo el que funcionará el Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México, y elaborará y aprobará los lineamientos de operación del donde se establecerán, de conformidad con la normatividad aplicable, su integración, atribuciones, políticas de operación, procedimientos y demás.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Remítase al titular del poder ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 16 de octubre de 2012.

Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

¿Para qué asunto, Senador Javier Lozano?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Senadora Barrales Magdaleno si me permite suscribirme a la propuesta junto con ella.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Alejandra Barrales, solicita el Senador Javier Lozano, si puede incorporarse a la propuesta que usted ha hecho.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Sí, por supuesto, con mucho gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAUN ARTICULO 233 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL INCISO 17 DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, Marcela Guerra Castillo, Senadora de la República por el Estado de Nuevo León ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO PENAL FEDERAL Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, mismo que se hace al tenor siguiente:

Exposición de motivos

Derivado de la convivencia humana, se volvió necesario dejar constancia de todo aquello que produjera una modificación de las cosas o en el mundo exterior, por ello, los actos de la voluntad se empezaron a contener en instrumentos con los que se pudieran constatar la existencia de dichos actos frente a todas las personas.

Al darse la evolución de las distintas civilizaciones, se fue adquiriendo la costumbre de dejar constancia de la generación de actos y hechos jurídicos, con los que se podía demostrar su existencia.

De la necesidad de hacer constar los actos y hechos jurídicos para tenerse por ciertos, surge la Fe Pública, que pude entenderse como una presunción legal de verdad y como prueba documental pública, es decir que es un imperativo jurídico impuesto por el Estado y es una relación de verdad entre el hecho o acto y lo manifestado en el instrumento en que se consigna, es una forma de seguridad que el estado brinda que afirma que un acto o un hecho es verdadero con los correspondientes efectos contra terceros.

Las funciones de los escribas, logógrafos y personas que realizaban transcripciones empezaron a ser reguladas en cuerpos normativos de casi todas las culturas, ya que dichas personas contaban con cierta potestad que los asimilaba con miembros de las cortes o funcionarios de reyes o emperadores que desempeñaban funciones públicas, incluso, en muchas culturas desempeñaban este papel los sacerdotes o guías espirituales.

La presente iniciativa trata sobre la institución de la Correduría Pública, por lo que dicha función desde la antigüedad fue ejercida por un representante del Rey o Emperador y se le consideraba como un mediador y un perito valuador legal, por lo que se tienen nociones de él desde las civilizaciones egipcia, fenicia, griega y romana, ya que este realizaba funciones de mediación o corretaje, por lo que debía de ser un experto en mercaderías y se encargaba de poner en contacto a vendedores y compradores, contaba con el ejercicio de la fe pública al autenticar o hacer constar en tabletas de arcilla o de papiro los inventarios de mercaderías y las transacciones en las que intervenía y determinaba el valor de las mercaderías en las operaciones comerciales.

Los Corredores Públicos desde la antigüedad vigilaban los mercados y a los mercaderes, cuidaban la buena marcha de las operaciones mercantiles y gozaban de autoridad en cuestiones de calidad, pesas y medidas, se constituían en auxiliares de la fiscalía local, investigaban fraudes y ejecutaban embargos, podríamos decir que el oficio de Corredor Público se instituyó en el año de 1527, bajo el reinado de Carlos V en su Real Cédula y dicha función se reglamentó mediante la Cédula Real de 23 de abril de 1764, ya que mediante la misma se expedía el Reglamento de Corredores en donde se encuentra el antecedente de la organización del Colegio de Corredores.

En México, la figura del Corredor Público surgió por las Ordenanzas de Bilbao, mismas que tenían aplicación en España y por lo tanto sus efectos se extendieron a la Nueva España a través de órdenes que datan de 1792 y de 1801, después de la independencia de México, se siguieron utilizando esas directrices hasta el año de 1884, en donde nuevamente se reglamentó con ciertas limitaciones la profesión de Corredor Público, pero es hasta el año de 1841 que al crearse las Juntas de Comercio y Tribunales Mercantiles, a estas se les dio la atribución de nombrar a los Corredores, en el año de 1842, se expidieron un nuevo Reglamento y los aranceles que podía cobrar dicho fedatario y se establecieron diversos ramos de la Correduría.

La figura del Corredor Público fue cobrando mayor fuerza en nuestro país, ya que se hacen referencias de él en el Código Mercantil de 1854 y en ese mismo año se expidió el Reglamento y Arancel que estuvo vigente hasta la promulgación del Código de Comercio de 1884.

En el Código de Comercio actual que data del año 1889, se faculto al Ministerio de Fomento para que pudiera expedir los títulos de habilitación de Corredor Público y en nuestros días, con la expedición de la Ley Federal de Correduría Pública que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992, actualmente en vigor desde el 28 de enero de 1993 y con su Reglamento que fue expedido el 4 de junio de 1993, se derogaron las disposiciones que en materia de Correduría Pública regulaba el Código de Comercio, ampliando y renovando la función de la Correduría Pública con carácter federal.

El Corredor Público es un auxiliar del comercio y fedatario público, por lo que le compete al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, aplicar la ley que regula dicha labor.

En el desempeño de su función, los Corredores Públicos deben de cuidar siempre la seguridad jurídica de los actos en que intervienen, por lo que por disposición de la ley, deben de ser personasdotadas de alta calidad profesional y reconocida honorabilidad.

Los corredores públicos pueden ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva, con la limitante de que cuando actúen como fedatarios, lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, aunque los actos que se celebren ante su fe se podrán referir a cualquier otro lugar.

Al Corredor Público le compete entre otras cosas, actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil, además de fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de alguna autoridad competente.

De igual forma, el Corredor Público puede asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio, también pude actuar como árbitro, previa solicitud de las partes, para solucionar controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores.

En su función de fedatario público, puede hacer constar contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto cuando de traten de bienes inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor, de igual manera, puede hacer constar hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como y hechos de naturaleza mercantil.

También el Corredor Público puede actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica, cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante él, así como de los documentos sobre contabilidad mercantil y correspondencia de los comerciantes.

Vale la pena señalar que sólo podrán ostentarse como corredores públicos, las personas habilitadas por la Secretaría de Economía y como requisito para ser corredor entre otros, se le exige que cuente con título profesional de licenciado en derecho y la cédula correspondiente, además de no haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca pena corporal.

Los Corredores Públicos para ejercer de función deben contar con sello y libro de registro debidamente autorizados por la Secretaría de Economía, por lo que deberá de registrar su sello y su firma ante dicha Secretaría y en el Registro Público de Comercio de la plaza que le corresponda.

El Corredor Público sabe que la ley le exige que ejerza personalmente su función, con probidad, rectitud y eficiencia, además de que tiene la obligación de no retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le planteen, pero sobre todo, debe de proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión, además de que debe asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o ratifiquen ante su fe, así como de su capacidad legal para contratar y obligarse.

La Ley Federal de Correduría Pública, prevé la exigencia para dichos profesionistas, de que deben orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos de naturaleza mercantil que realizarán ante él, por lo que deberá de guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones y, cuando actúe con el carácter de mediador, no podrá revelar, mientras no se concluya el acto, convenio o contrato, los nombres de los contratantes ni los datos o informes sobre el acto, a menos de que así lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o por que las partes den su consentimiento para ello.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son considerados como instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos, salvo prueba en contrario.

Por la importancia de los efectos jurídicos que se pueden derivar de los actos y hechos de naturaleza mercantil en los que interviene el Corredor Público, dicho fedatario debe hacer constar que se aseguró de la identidad de las partes contratantes o que ratifican los actos y que, a su juicio, tienen capacidad legal, de igual forma debe de hacer constar que les leyó el instrumento en que se consignan los actos o hechos mercantiles a las partes, testigos, incluso hasta intérpretes que intervinieron en los mismos, o dejar constancia de que la leyeron ellos mismos, de igual manera deben de hacer constar, que han explicado a las partes el valor y las consecuencias legales del contenido del instrumento.

Otra obligación importante que tiene el Corredor Público es la de que debe hacer constar en el acta o póliza que las partes dieron su conformidad para firmar el instrumento, o, en su caso, hacer constar que no lo firmaron por haber declarado no saber o no poder hacerlo, en cuyo caso firmará una tercera persona que elija dicha parte, sin que el corredor pueda influir en la elección de la persona y otra obligación importante que tiene a su cargo consiste en que debe hacer constar los hechos que presencie y que sean integrantes del acto de que se trate, así como la entrega de dinero o títulos, es aquí donde reviste vital importancia el hecho de que los corredores públicos deben de ejercer su función de la manera más imparcial y recta posible, pero desgraciadamente, en la actualidad se han dado algunos casos en que dichos fedatarios públicos se han prestado para dar fe de hechos y actos jurídicos de naturaleza mercantil viciados.

Aunque han sido pocos los casos en que se han señalado a Corredores Públicos como coparticipes de personas que se dicen comerciantes y que han obligado a sus deudores a realizar actos jurídicos en contra de su voluntad, o bajo amenaza o valiéndose de violencia física o psicológica para realizar reconocimientos de deudas que en muchas ocasiones no son por el monto que realmente se debe o incluso pueden ser hasta inexistentes, por lo que dichos actos por el simple hecho de no contar con la voluntad de una de las partes ya se encuentran viciados de origen.

De igual manera, se han relacionado a Fedatarios Públicos, no solo a Corredores, sino también a Notarios, con la emisión de instrumentos en los que se insertan hechos falaces o en los que se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos, también se han tenido noticias difundidas en diversos medios de comunicación, de casos en que integrantes de la delincuencia organizada en contubernio con fedatarios públicos carentes de escrúpulos, han hecho aparecer en escrituras y testimonios públicos, sesiones de derechos, traslaciones de dominio o de propiedad y declaraciones unilaterales de voluntad en los que se coacciona a las personas al amenazarlas con causarles daño en su integridad y hasta con la perdida de la vida, por lo que a dichas personas afectadas, no les queda más que realizar actos en contra de su voluntad y en perjuicio de sus intereses y derechos.

Hago notar que la Ley Federal de Correduría Pública prevé en el inciso b) de la fracción IV del artículo 21, que el corredor será sancionado por la Secretaría de Economía con la cancelación definitiva de la habilitación, cuando sea condenado por delito intencional mediante sentencia ejecutoriada que amerite pena corporal.

Es por esto, que la suscrita considera necesario que se sancione el mal ejercicio de la fe pública, de los Corredores Públicos que se presten en el ejercicio de su función, a hacer constar o de dar fe pública de actos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones que no sean ciertos y que le generen un beneficio económico para sí o a un tercero.

Por ello, se propone que los elementos citados en el párrafo que antecede sean recogidos en una descripción típica que se integre al Código Penal Federal por la que se castiguen dichas conductas y que la penalidad se aumente cuando las personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos de naturaleza económica de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentren relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud,secuestro, extorsión o amenazas, derivado de la agravación de la pena por la circunstanciada señalada, se considera pertinente que dicho ilícito sea considerado como delito grave, por lo que también se propone la reforma que corresponde aplicar al Código Federal de Procedimientos Penales.

No omito manifestar que con las reformas propuestas por la suscrita, se pretende proteger el buen desempeño de la función de fedatario público desempeñada por los Corredores Públicos, ya que se estima que con la inserción de dicha medida en el Código Penal Federal, nuestro sistema jurídico contará con un inhibidor para aquellos corredores de pocos escrúpulos que pretendan aliarse con comerciantes abusivos o con delincuentes para afectar los intereses de personas que intervienen en actos o hechos de naturaleza mercantil que sean competencia de dicho profesionista.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 233 Bis al Capítulo II del Título Décimo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CAPITULO II

Delitos de abogados, patronos y litigantes

Artículo 231.- …

Artículo 232.- …

Artículo 233.- …

Artículo 233 Bis.-Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de trescientos a dos mil días desalario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la autorización para ejercer la profesión, a los licenciados en derecho que en el ejercicio de la función de correduría pública, hagan constar o den fe de actos o hechos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones de naturaleza mercantil, a sabiendas de que no sean ciertos y que les genere un beneficio económico o de cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero.

Se impondrán las penas previstas en el párrafo que antecede, siempre y cuando se acredite que el Corredor Público tenía pleno conocimiento de que se generaría un delito al dar fe pública del acto o hecho jurídico de naturaleza mercantil en el que haya intervenido.

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo del presente artículo, si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud,secuestro, extorsión o amenazas.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el inciso marcado con el número 17 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 16) …

17) El previsto en el artículo 233 Bis, tercer párrafo, así como la Falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237;

18) a 36) …

II. … a XVIII. …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 16 de octubre de 2012.

Sen. Marcela Guerra Castillo”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Compañeras y Compañeros Senadores:

Actualmente, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus habitantes por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo e incluso por falta de conocimiento y hasta comodidad, optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y comúnmente en el ámbito de la salud, es aquí donde aparecen aquellos productos cuyo objetivo principal es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de lograr los resultados esperados, estos productos son los famosos “productos milagro”.

Exponiéndolos de manera general, los productos conocidos como “milagro” o “frontera”, se distinguen en que pueden encontrarse en el mercado, por la sencilla razón de destacar en los medios publicitarios o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitadores o auxiliares, abarcando diversas áreas de interés para el consumidor que pueden comprender desde remedios para alguna problemática grave de salud hasta cuestiones simples comúnmente estéticas.

Dentro del catálogo de los “productos milagro” podemos encontrar una extensa gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de éstos, como remedios herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, sustancias naturales o sintéticas o nutrimentos, que aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad. A pesar de esto, el consumidor opta por la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto debido a los supuestos resultados y al bajo costo económico de los artículos milagro; cabe mencionar que estos productos generalmente solo “disfrazan” las enfermedades, las alivian, más no las curan, y en el peor de los casos no proporcionan ningún resultado prometido, poniendo en riesgo su salud.

Es de enfatizarse que a pesar de los candados que tiene la Ley General de Salud, estos artículos para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos sin el rigor de las comprobaciones científicas establecidas y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de Salud para comercializarse.

Todas estas prácticas son permisibles debido a la publicidad masiva que encontramos en los medios de difusión tanto impresos como auditivos y visuales.

Dichos productos han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para venta se refiere.

Utilizando como bandera los estándares estéticos modernos, en donde se privilegia el cuerpo estilizado sobre la salud del mismo; la publicidad de estos productos crean un sentimiento de culpabilidad sobre los malos hábitos alimenticios, deportivos y estéticos de la persona; por otro lado, crean la necesidad en el receptor de adquirir productos que den respuesta inmediata y, por último, se ofrece la solución con dichos artículos.

Un problema paralelo que se conlleva, sin duda, es el detrimento económico que sufre el bolsillo de quienes los compran, ya que en su publicidad de los mismos se hace referencia a que su uso o consumo frecuente genera mejores resultados.

Por lo anterior, es que la venta y la publicidad engañosa de “productos milagro” a los mexicanos pone en riesgo a su salud, y derivado de ello es que se somete este proyecto de Decreto que reforma varios artículos de la Ley General de Salud y adiciona el 310 Bis, con la finalidad de dar certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad sea engañosa, en el caso específico para remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, se prohíbe cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, de esta forma se hace mención de ocho supuestos que se considera quedarían regulados de la mejor manera para este tipo de publicidad.

La visión del artículo 310 Bis, dice: "para el caso de remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción que sea engañosa, declare propiedades que no puedan comprobarse, induzca al error y genere un riesgo para la salud y patrimonio de las personas cuando:

1. Se ostente como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades.

2. Que atribuya carácter extraordinario o pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud.

3. Que pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos.

4. Que atribuya a los suplementos alimenticios destinados a regimenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas o curativas.

5. Que promueva desequilibrios o pretenda sustituir el régimen de una alimentación y nutrición sanas.

6. Que implementen comparativos reales o supuestos no comprobables para avalar una pretendida finalidad sanitaria.

7. Que mencionen o sugieran que su uso o consumo estimulan o potencian el rendimiento físico, psíquico y/o sexual, y éstos no lo acrediten con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

8. Contravengan las disposiciones y programas de alimentación y nutrición y demás que emita la Secretaría de Salud.

También se presentan modificaciones a los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud y sanciones del artículo 420.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Senadora de la República, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud es un derecho universalmente reconocido y del que gozamos todos y cada uno de los mexicanos, el cual es privilegiado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al insertarlo en su texto otorgándole el rango de garantía individual. Establecido en el párrafo tercero del artículo cuarto, este numeral se convierte en rector de la materia de salud fundamentándolo de la siguiente manera: “Artículo 4°. … Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia salubridad... .”.

En el México actual, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus habitantes por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo e incluso por ignorancia y hasta comodidad, optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y comúnmente en el ámbito de salud, aquí es donde hace aparición una industria cuyo objetivo principal es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de lograr los resultados esperados, esta es la industria especializada en suministrar los famosos “productos milagro” o también llamados “productos frontera”.

Exponiéndolos de manera general, los productos conocidos como “milagro” o “frontera” se distinguen, de otros que pueden encontrarse en el mercado, por la sencilla razón de destacar en los medios publicitarios algún o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitatorios o auxiliares, abarcando diversas áreas de interés para el consumidor que pueden comprender desde remedios para alguna problemática grave de salud hasta cuestiones simples comúnmente estéticas, cuyo blanco se centra en alcanzar a todas las personas, indistintamente de su edad.

Dentro del catálogo de los “productos milagro” podemos encontrar una extensa gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de éstos, como medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, sustancias naturales o sintéticas o, en su defecto, son elaborados con gran variedad de nutrimentos, que aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad, es decir, no garantizan fehacientemente que producirán los resultados previstos y sin riesgos. A pesar de esto, el consumidor opta por la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto debido a la glorificación y al bajo costo económico de los artículos milagro que, en comparación con las medicaciones galenas, resultan más cómodos y simples, en otras palabras, al hacer atractiva la “mercancía Frontera” paralelamente desorienta a la población, quien ingenuamente deposita su confianza y esperanzas en estos consumibles que generalmente solo “disfrazan” las enfermedades, las alivian, más no las curan, y en el peor de los casos no proporcionan ningún resultado prometido, poniendo en riesgo su salud.

Por otro lado, la presentación para la venta al público de estos productos se materializa generalmente en forma de pastillas, soluciones, jarabes, bebidas, geles, cremas, jabones, parches, inyecciones, etc., que por estrategia de mercadotecnia los colocan para su venta al público en farmacias o en establecimientos especiales fijos, semifijos o móviles, acciones que confunden al comprador haciéndole creer que efectivamente son medicamentos aunque en realidad no lo son y se escudan detrás de la clasificación hecha por la Secretaría de Salud como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, mismos que no necesitan receta médica y, por ende, son de libre acceso.

Cabe mencionar que la Ley General de Salud autoriza solamente tres tipos de medicamentos: los alopáticos, homeopáticos y herbolarios, pero la industria de los “artículos frontera” para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos sin el rigor de las comprobaciones científicas establecidas, y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de Salud para comercializarlos.

Aquí es donde comienza el engaño para el consumidor, ya que le atribuyen a sus productos cualidades preventivas, terapéuticas o de rehabilitación, nutritivas, estimulantes o de otra índole que no corresponden a su función o uso según su autorización o, en su defecto, que no contenga los ingredientes o las propiedades a que hacen alusión.

Esto conlleva peligros sanitarios graves en su consumo, especialmente los que se ingieren, tales como suplementos alimenticios o remedios herbolarios que pueden estar formulados por gran variedad de sustancias e ingredientes y, a su vez, generar riesgos de carácter farmacológico, por contener principios activos que produzcan tal acción; de contaminación biológica, por un incorrecto proceso de desinfección dando cabida a microorganismos patógenos o alteración de las condiciones físicas en las personas.

Todas estas prácticas son permisibles debido a la publicidad masiva que encontramos en los medios de difusión tanto impresos como auditivos y visuales.

Los productos milagro han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos y a las lagunas legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para su venta se refiere.

Utilizando como bandera los estándares estéticos modernos, en donde se privilegia el cuerpo estilizado sobre la salud del mismo, esta industria se vale de la publicidad, en primer lugar para crear un sentimiento de culpabilidad sobre los malos hábitos alimenticios, deportivos y estéticos de la persona; en segundo término para crear la necesidad en el receptor de adquirir productos que den respuesta a estos problemas; y por último, es la misma industria la que ofrece esta solución al inundar prácticamente los medios con una inmensa gama de “artículos milagro”, los cuales se sustentan vendiendo la idea equívoca al público de una promesa de resultados inmediatos con en el mínimo esfuerzo o incluso sin éste, provocando a su vez, desordenes alimenticios como la anorexia y la bulimia.

Los productos milagro manipulan la publicidad al omitir, parcial o totalmente en ella, información del producto, ya sea del contenido de sus ingredientes, modo de empleo, dosis, restricciones, o de sus efectos secundarios y, aunado a la escasa regulación de este tema en nuestra legislación, es que estos productos no requieren de una comprobación exhaustiva de sus cualidades, aparándose de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera generarse en su contra al manifestar en su publicidad que tal responsabilidad es del usuario o consumidor.

Resulta ilógica la premisa con la que se conduce la publicidad de este tipo de productos milagrosos, mediante la que se ostentan como alternativas únicas y novedosas, quedando en entredicho si realmente son tan efectivos, ya que, si resultan de fácil acceso y a un precio asequible, por el contrario, estos artículos deberían estar limitados para su obtención a causa de sus fabulosas propiedades y, por ende, a un precio superior.

Es de mencionarse que la estrategia de este tipo de productos, para colocarse en el mercado, es la inversión de recursos en su publicidad y no en investigación científica, por lo que para obtener un respaldo sobre su supuesta efectividad, implementan en los medios publicitarios a figuras públicas que gozan de buena fama, reputación y reconocimiento público, generalmente personas del medio artístico; también utilizan a fedatarios públicos y a supuestos profesionales de la salud como medio de inducción para su consumo, así como testimonios reales o supuestos de personas y comparativos visuales o auditivos, anteriores y posteriores respecto de su uso o consumo, para avalar la supuesta efectividad de este tipo de mercancía.

Un problema paralelo que conllevan los productos milagro es, sin duda, el fraude económico, ya que con frecuencia la publicidad de esta mercancía, a través de cualquier medio de difusión, hace referencia a su uso o consumo frecuente o constante, asegurando que al usarlos o consumirlos por única vez, obtendrán los resultados deseados, pero si lo hacen constantemente los resultados serán mejores y sorprendentes, por lo que convencen al consumidor para adquirirlos con regularidad, traduciéndose esto en un detrimento en el patrimonio del adquirente.

Por lo anterior es que la venta y publicidad engañosa de productos milagro a los mexicanos pone en riesgo su salud, y como consecuencia de estas prácticas en nuestro país y en el mundo se ha generado un grave problema sanitario debido a la falta de regulación para controlar la venta y publicidad de estos productos convirtiendo a diversos países en un paraíso publicista para promover entre el público seducido la compra de dichos artículos milagro.

Es por ello que se pretende reformar diversos artículos de de la Ley General de Salud así como adicionar uno más para regular la publicidad de este tipo de productos y darle certeza jurídica al consumidor.

Por una parte se pretende reformar el artículo 309, para adicionar la publicidad de en los horarios de las estaciones de radio y televisión, los medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos.

Así mismo en el artículo 310, se anexa que en materia de los remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. Su clasificación será como lo marca el propio precepto. Por otra parte en el mismo artículo se pretende plasmar que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: No es un medicamento, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Por otro lado, se pretende adicionar un artículo 310 Bis, con la finalidad de dar certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad es engañosa en el caso especifico para remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, se prohíbe cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, de esta forma se hace mención de ocho supuestos que se considera quedaría regulada de la mejor manera este tipo de publicidad. Para quien infrinja estos preceptos se establecen las sanciones contenidas en el artículo 420 de la Ley en comento, que maneja multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 309, 310 y 420; se adiciona un artículo 310 Bis., todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 309. Los horarios en los que las estaciones de radio y televisión y las salas de exhibición cinematográfica podrán transmitir o proyectar, según el caso, publicidad de bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, se ajustarán a lo que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 310.- En materia de medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, la publicidad se clasifica en:

I. Publicidad dirigida a profesionales de la salud, y

II. Publicidad dirigida a la población en general.

La publicidad dirigida a profesionales de la salud deberá circunscribirse a las bases de publicidad aprobadas por la Secretaría de Salud en la autorización de estos productos, y estará destinada exclusivamente a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud.

La publicidad a que se refiere el párrafo anterior, no requerirá autorización en los casos que lo determinen expresamente las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico.

Tratándose de remedios herbolarios, suplementos alimenticios, y productos cosméticos, la publicidad deberá incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de forma auditiva, o ambas, según el medio de que se trate, el texto: No es un medicamento, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Ambas se limitarán a difundir las características generales de los productos, sus propiedades terapéuticas según el tipo de producto, y modalidades de empleo, señalando en todos los casos la conveniencia de consulta médica para su uso.

Artículo 310 Bis.- Para el caso de remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, queda prohibida cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, declare propiedades que no puedan comprobarse, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas, cuando:

I. Se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades.

II. Atribuyan carácter extraordinario o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud.

III. Pretendan sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos.

IV. Atribuyan a los suplementos alimenticios destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas o curativas.

V. Promuevan desequilibrios o pretendan sustituir el régimen de una alimentación o nutrición sanas.

VI. Implementen comparativos reales o supuestos, no comprobables para avalar una pretendida finalidad sanitaria.

VII. Mencionen o sugieran que su uso o consumo estimulan o potencian el rendimiento físico, psíquico y/o sexual, y éstos no lo acrediten con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

VIII. Contravengan las disposiciones y programas de alimentación y nutrición y demás que emita la Secretaria de Salud.

ARTICULO 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 Bis, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2012.

Maki Esther Ortiz Domínguez

Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Simplemente para sumarme a la iniciativa de la Senadora Maki Ortiz, si nos lo permite, por supuesto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, está de acuerdo y también para que se sumen a su iniciativa los Senadores María Elena Barrera, Francisco López Brito, Luisa María Calderón y María del Rosario Pineda Gochi. Solicito a la Secretaría que tome nota de todos y todas las Senadoras que deseen sumarse a dicha iniciativa.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

La iniciativa que presento a la consideración de esta Soberanía y para que sea turnada a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Simplemente voy a enumerar algunos criterios, puesto que está inscrita de manera textual en el Diario de los Debates.

Esta reforma está inscrita en el contenido de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que exigió a los partidos políticos que en esta legislatura, que hoy estamos inscritos como resultado de esa elección, se inscribieran sin cortapisas la inclusión del 40 por ciento de candidaturas de mujeres para la contienda federal pasada.

Hoy, resultado de esa sentencia tenemos en este Senado de la República a 42 Senadoras, que es un número histórico de integración en el Senado de la República, precisamente porque hubo una corrección en la definición de las candidaturas, y además, se estableció también que las candidaturas integradas por mujeres propietarias tuvieran mujeres suplentes propietarias y, por supuesto, que se aplicara irrestrictamente.

A pesar de los distintos esfuerzos que se hicieron para contravenir esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos también en la Cámara de Diputados alrededor del 37 por ciento de legisladoras de todos los grupos parlamentarios.

Este juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, la sentencia 12624, obligó a los partidos a, insisto, la inclusión de cuando menos el 40 por ciento.

La recomendación del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, hace aproximadamente un mes, le recomienda al Estado parte que ahora esta exigibilidad judicial sea tomada en consideración en una reforma al COFIPE.

Esta iniciativa que yo presento va inscrita precisamente en el cumplimiento de estas recomendaciones que hace el Comité de la CEDAW, va en cuatro sentidos.

1.- Incluir candidaturas uninominales y plurinominales a la Cámara de Diputados y, además, en el Senado de la República también incluir las candidaturas de la lista nacional para que contengan, cuando menos, el 40 por ciento de mujeres.

2.- Que estas candidaturas, que están inscritas en una acción afirmativa, estén compuestas las fórmulas por mujeres propietarias y suplentes.

3.- Estamos derogando, por lo tanto, el numeral 2 del artículo 219 del COFIFE para quitar la exoneración de los partidos políticos respecto de que sí, es cierto, estamos obligados a 40-60, pero con el segundo párrafo en los hechos y de facto se excluía a los partidos políticos de esta responsabilidad legal establecida en el COFIPE.

Y además, por último, también estamos contextualizando de esta obligación a los partidos políticos que emprendan alguna coalición, es decir, eso no lo toca efectivamente la sentencia, creo que es necesario tomarlo en consideración porque expresamente, insisto, es una recomendación del Comité de la CEDAW.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tras largos años de lucha de un número importante de mujeres en nuestro país, el 17 de octubre de 1953, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional, que modificaba los artículos 34 y 115, para garantizar a las mujeres mexicanas el derecho de votar y ser votadas. La inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia porque promueve el pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las mujeres.

En materia de derechos políticos de las mujeres, México se encuentra obligado por la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995).

Como consecuencia de esta obligación, se han hecho las reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos de administración y representación1.

Los primeros intentos por regular medidas de acción afirmativa se dieron en el año de 1993, cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) la recomendación a los partidos políticos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida política del país2.

En los años 1996, 2002 y 2008, se hicieron modificaciones legislativas al COFIPE para hacer más efectiva la normatividad. En la última reforma, se estableció la obligatoriedad para los partidos políticos de no postular más del 60% de candidaturas del mismo género en los cargos de diputaciones y senadurías; así como, la sanción de no registrar las candidaturas de aquellos partidos que no cumplan con lo señalado en este precepto3.

Consecuencia de estas modificaciones legislativas es que la participación de las mujeres ha sido mayor y más constante. Este año, por primera vez en México, las mujeres ocupan un porcentaje mayor a 30% en ambas Cámaras, alcanzando así la meta básica establecida en la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Dicho logro ha sido reconocido nacional e internacionalmente. México es el octavo país de América Latina y el Caribe en lograrlo, gracias a las capacidades de las mujeres políticas y a la real aplicación de las medidas temporales como las cuotas4.

Sin embargo, a pesar de los avances, se tiene que revisar lo que se ha logrado y plantear los retos hacia delante. Entre estos, necesariamente para mantener lo ganado, será lograr la armonización legislativa en materia electoral con el estándar más alto de derechos establecidos por los instrumentos internacionales y crear los mecanismos necesarios para el monitoreo del cumplimiento de estas leyes.

En este sentido, la iniciativa presentada pretende generar los cambios adecuados conforme a los criterios judiciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-JDC-12624/2011. Así como, las recomendaciones hechas recientemente por el Comité de la CEDAW, el 27 de julio de este año, referente a las obligaciones del país para garantizar en condiciones de no discriminación la participación política de las mujeres.

Se plantea una reforma al artículo 218, numeral 2, del COFIPE para atender los criterios del Tribunal Electoral de la sentencia SUP-JDC-12624/2011; en ese sentido, en el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género (mínimo 40% del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos de un mismo género. Este principio de equidad resulta aplicable para el caso de todas las candidaturas a diputación y senaduría, independientemente del principio por el cual sean elegidas (representación proporcional y mayoría relativa)5.

Por lo que hace a la reforma del numeral 3 del mismo artículo 218 del COFIPE, se propone derogar la palabra “promoverán” de la redacción, a fin de generar únicamente obligaciones para que los partidos políticos en términos del COFIPE garanticen la igualdad de oportunidades y procuren la paridad de género en la vida política del país.

En la reforma al artículo 219, por el que se deroga el actual contenido del numeral 2, se retoma la recomendación del Comité de la CEDAW que establece la necesidad de “velar porque los partidos políticos están cumpliendo con la ley federal y estatal de los marcos jurídicos electorales. En particular, el Comité recomienda la derogación de las disposiciones discriminatorias contra la mujer, contenidas en el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales6.

Para el numeral 1, del artículo 220, nuevamente atendiendo la resolución del Tribunal Electoral SUP-JDC-12624/2011 se propone una reforma que logre una mayor claridad respecto a la forma en que se integrarán las listas de representación proporcional.

De la lectura del texto actual de la disposición se permite advertir tres reglas distintas, que deben observar los partidos políticos al elaborar las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, a saber:

1. Las listas se integran por segmentos de cinco candidaturas.

2. En cada uno de los segmentos de la lista habrá, al menos, dos candidaturas de género distinto.

3. Las candidaturas de género distinto deben colocarse de manera alternada.

No existe debate en cuanto a las dos primeras reglas, es decir, respecto a que las listas se deben elaborar en segmentos de cinco candidaturas, ni en cuanto a que cada segmento debe contener, al menos, dos candidaturas de género diferente a las del resto del segmento, de manera que si, por ejemplo, hay tres candidatas mujeres, los otros dos candidatos del segmento han de ser necesariamente hombres.

Lo que ha generado el debate y el pronunciamiento del tribunal electoral ha sido sobre la alternancia de los géneros en que debe integrarse la lista. Y ciertamente, si en las listas de representación proporcional se encuentran intercalados los géneros hombre y mujer, la oportunidad de alcanzar una curul para ambos sexos es más o menos semejante.

A fin de atender los principios de igualdad de oportunidades y paridad de género exigidas por el COFIPE, se establece reformar dicho numeral para dejar en claro que, las listas de representación proporcional se integran por segmentos de cinco formulas con base en la regla de alternancia de géneros, compuestas por formulas de mujeres seguida de formulas de hombres, hasta agotar las formulas. Lo anterior, hace imposible colocar dos candidaturas del mismo género una después de la otra, a fin de que no se rompa el equilibrio entre sexos y, con ello, la nivelación de las posibilidades para ambos géneros de alcanzar un cargo de representación popular.

Finalmente, se propone adicionar un inciso d) al numeral 1, del artículo 227, para lograr la armonización de los convenios de coaliciones con establecido en el numeral 1 del artículo 219; es decir, garantizar que al integrar y registrar las formulas de candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional, de las coaliciones se observe que al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes sean de un mismo género, hasta llegar a la paridad.

Con la presente iniciativa, y a 59 años de la de la promulgación del Decreto mediante el cual se garantiza a las mujeres el derecho de votar y ser votadas, nuestro Grupo Parlamentario propone eliminar las visiones que aún persisten y que limitan la agenda de la equidad en los diferentes sectores y grupos sociales.

Estamos conscientes que en materia de igualdad de oportunidades y paridad hace falta mucho por hacer, no basta que estos principios se reflejen únicamente en la representación popular, sino que además se traduzca en otros espacios donde el predominio de lo masculino es evidente y la participación de la mujer en la toma de decisiones es mínima o se carece de influencia.

Por tanto la igualdad de oportunidades y la paridad no es sólo un asunto que se reduce a la participación política de la mujer. Estos principios pretenden incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones en todos los sectores y en todos los niveles no sólo de la actividad política sino también de la actividad económica, social y cultural, en la empresa tanto pública o privada, en las ciencias, las artes, los deportes y en todas las actividades de la agenda nacional.

Por estas razones, presento a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO. Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 218, el numeral 1 del artículo 220; se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 227 y se deroga el numeral 2 del artículo 219, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 218

1.

2. Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, cuando se trate de la acción afirmativa que corresponda a mujeres.

3. Los partidos políticos garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. …

Artículo 219

1.

2. Se deroga.

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco fórmulas ordenadas de acuerdo con la regla de alternancia entre los géneros, consistente en intercalar en un bloque de cinco y de forma sucesiva, fórmulas compuestas por mujeres seguida de una fórmula compuesta por hombres hasta agotar las fórmulas de cada lista, de modo tal que dos fórmulas del mismo género no se encuentren en lugares consecutivos de la lista.

Artículo 227

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:

a) a c) …

d) Los convenios de coaliciones partirán de la acción afirmativa entre géneros, al integrar y registrar las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional, con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

TRANSITORIO

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, México, D.F., a 16 de octubre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Simplemente para solicitarle a la Senadora de la Peña Gómez, si no tiene inconveniente, de sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No tiene inconveniente y también lo solicita la Senadora Pilar Ortega, por lo tanto, pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

1Mujeres. Participación política 2012, PUND, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ONU Mujeres; México, 2012.

2Ídem.

3Cfr.Mujeres. Participación política 2012, PUND, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ONU Mujeres; México, 2012.

4ONU Mujeres reconoce el importante avance hacia la paridad en el Congreso de la Unión en México, Mensaje de la señora Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en México, 24 de Septiembre de 2012.

5Véase. Juicios para la protección de los derechos Político Electorales del ciudadano. Expedientes: SUP-JDC-12624/2011 y Acumulados, pp. 62 y 63.

6Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. México. Fifty-second session, 9 – 27 July 2012, Original: English, ADVANCE UNEDITED VERSION (traducción propia).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las CC. Senadoras Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República:

Vengo a nombre propio y de mis compañeras Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Martha Elena García Gómez, a presentar esta iniciativa que adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuyo contenido solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates, y me referiré a la misma en los siguiente términos.

El cuidado y el acompañamiento de las niñas y los niños de este país, ha sido un compromiso del Presidente de la República durante el sexenio que está por terminar. Al cierre de junio de 2012, se encontraban en operación 9,502 estancias infantiles, que han albergado a más de un millónde pequeños que pueden quedarse cuidados, acompañados y desarrollando competencias de socialización. Las estancias infantiles han ayudado también alrededor de 800,000 madres que a partir de saber que sus hijos se quedan protegidos, pueden salir a buscar empleo.

El artículo 3o. de nuestra Constitución, establece que el proceso educativo comprende la educación inicial y deberá contribuir a la mejor convivencia humana fomentando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así también como la convicción del interés general de la sociedad, por el cuidado en sustentar la fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

De igual forma, este precepto constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá, entre otros, a la educación inicial necesaria para el desarrollo de la nación. Por otro lado, la relación entre Universidad o acceso a la Universidad y desarrollo de un país es toral.

Al respecto, hace más de una década, el Banco Mundial señalaba los beneficios de la educación superior en el ámbito económico y social. Decía el Banco Mundial que los países que no atendieron de manera suficiente la educación superior corrían el riesgo de ser marginados de la economía mundial.

De acuerdo con datos del INEGI, en México la población entre 25 y 29 años, aquella que tienen la edad suficiente para haber concluido la educación superior, el 24% cuenta con estudios superiores como es licenciatura, maestría y doctorado.

Conforme a los datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula en este ciclo en educación superior es de 3 millones 274 mil 639 alumnos, lo que nos indica que la cobertura ha llegado al 35%; es decir 10% más que hace 6 años en educación superior.

En este sexenio, además, se trabajó en la infraestructura y apertura de mil 100 escuelas preparatorias, 140 nuevas universidades y 96 universidades que abrieron campus de los ya existentes.

Un avance substancial en este sexenio ha sido la disminución en la deserción escolar, pero debemos reconocer que ésta sigue prevaleciendo. El actual ciclo reporta una deserción de 8% en el nivel superior, y 3 de cada 4 jóvenes que desertan de la escuela media superior y superior lo hacen por razones de maternidad o paternidad, un gran número, o la mayoría de éstos, se refiere a mujeres jóvenes.

Sin lugar a dudas, debe ser prioritarios para todos como país posibilitar a los padres y madres jóvenes la oportunidad de continuar con su preparación y sus estudios, por ello proponemos la creación y establecimiento de guarderías en las escuelas de educación media superior y superior, atendidas por personal capacitado que permita a las madres seguir atendiendo su escuela y al mismo tiempo atender la guarda de los niños y niñas, garantizando así su desarrollo integral durante la primera etapa de su vida.

Con ellos, además, se generará una acción afirmativa a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Igualdad en la que debemos estar comprometidas las y los legisladores en este inicio de siglo.

La iniciativa que presentamos las suscritas, y que está a consideración de esta Asamblea legislativa, pretende modificar la Ley General de Educación mediante una adición que establezca la promoción para que las autoridades educativas promuevan y den seguimiento en las universidades e instituciones de educación media superior y superior y centros de desarrollo infantil con el objetivo de que los hijos de los estudiantes primordialmente las mujeres, permanezcan mientras ellos se dedican a estudiar.

De igual forma para los mismos efectos, se reforma un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con la adición de un párrafo que otorga el derecho a los estudiantes que son madres y padres mediante el cual las instituciones donde cursan sus estudios les proporcionen una estancia infantil para sus hijos.

Está esta iniciativa a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Las que suscriben,María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y Martha Elena García Gómez, Senadoras de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuidar y acompañar a las niñas y los niños de este país, ha sido un compromiso del Presidente de la República durante el sexenio que está por terminar. Al cierre de junio del 2012 se encontraban en operación 9,502 estancias infantiles, que han albergado a más de un millón de chiquitos que pueden quedarse cuidados, acompañados, desarrollando competencias de socialización, de compartir lo que tienen y hacen, ha ayudado también a alrededor de 800, 000 madres que a partir de saber que sus hijos se quedan protegidos, pueden salir a encontrar trabajo y trabajo mejor remunerado.

Alrededor de esta política de cuidado de los niños, existen disposiciones constitucionales que en su conjunto, definen, una base jurídica fundamental que permite integrar un servicio integral de los niños y niñas, durante su edad inicial, a través de un servicio que posibilita, al mismo tiempo que los estudiantes, puedan confiar a sus hijos mientras ellos estudian, sin descuidar las necesidades del desarrollo de los mismos en su etapa inicial, que es, además fundamental, en la adquisición de hábitos alimentarios, de convivencia social y el despliegue de sus habilidades motrices y cognoscitivas, que resultarán determinantes, en el desarrollo de su personalidad.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso educativo comprende la educación inicial y deberá contribuir a la mejor convivencia humana fomentando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así como la convicción del interés general de la sociedad, por el cuidado en sustentar la fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

De igual forma, este precepto constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá, entre otros, a la educación inicial, necesaria para el desarrollo de la Nación.

De acuerdo con datos del INEGI, en México la población entre 25 y 29 años, aquella que tienen la edad suficiente para haber concluido la educación superior, el 24.4% cuenta con estudios superiores como es licenciatura, maestría y doctorado.

Conforme a datos de la Secretaria de Educación Pública la matrícula en este ciclo en Educación superior es de 3,274,639 alumnos, lo que nos indica que la cobertura ha llegado al 35%; 10% más que hace 6 años en educación superior.

En este sexenio se trabajó en infraestructura y apertura de más de 1100 escuelas preparatorias, 140 universidades nuevas y campus nuevos en 96 universidades ya existentes.

Aún y cuando en este Sexenio se ha reducido la deserción escolar, esta sigue prevaleciendo. El actual ciclo se reporta una deserción de 8% en elnivel superior, y entre ellos, 3 de cada cuatro deserciones se deben amaternidad de las jóvenes estudiantes.

Entre este universo de jóvenes se encuentra un importante porcentaje de aquellos estudiantes que aun sin concluir sus estudios superiores son padres o madres. Tres de cada cuatro jóvenes que desertan de la escuela media Superior y superior lo hacen por razones de maternidad.

Es importante para todos, para las chicas, para sus hijos, para la comunidad, para posibilitar el desarrollo económico del país, que tengan la oportunidad de continuar con sus estudios y por ello proponemos la creación y establecimiento de guarderías en las escuelas de Educación Media Superior y Superior, de nuestro país, atendidas por estudiantes en Servicio Social que permita a las madres seguir atendiendo su escuela y al mismo tiempo atender la guarda de los niños y niñas, garantizando así sudesarrollo integral durante la primera etapa de su vida.

Además, instalar guarderías en los centros de Educación Media Superior y Superior, es una acción afirmativa a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Igualdad en la que estamos comprometidos las y los legisladores de este inicio de siglo.

La iniciativa que presento a consideración de esta asamblea legislativa pretende modificar la Ley General de Educación mediante una adición que promueva que las autoridades educativas instalen y den seguimiento en las universidades e instituciones de educación Media Superior y Superior centros de desarrollo infantil con el objetivo de que los hijos de los estudiantes primordialmente las mujeres, permanezcan mientras ellos se dedican a estudiar.

De igual forma y para los mismos efectos, se reforma un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con la adición de un párrafo que otorga el derecho a los estudiantes que son madres y padres mediante el cual las instituciones donde cursan sus estudios les proporcionen una estancia infantil para sus hijos.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Primero.- Se adiciona una fracción XIII recorriéndose en su orden natural las subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- …

I. a XII.

XIII.- Promoverán la creación de centros de desarrollo infantil en Centros de Educación Media Superior y en Universidades e Instituciones de Educación Superior para que las madres y padres estudiantes puedan continuar sus estudios atendiendo a la creación de oportunidades de igualdad;

XIV. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

XV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XVI. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 15 ...

Los estudiantes de Educación Media Superior y Superior contarán con los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que les faciliten las Instituciones de Educación Media Superiory Superior donde lleven a cabo sus estudios.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F a 16 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Martha Elena García Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora Pilar Ortega si me puedo suscribir a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Pilar, consulta la Senadora Silvia Garza si se puede adherir a la iniciativa que usted ha presentado.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Por supuesto que sí.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley General del Derecho a la Alimentación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE CREA LA LEY GENERAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

En la celebración del Día Mundial de la Alimentación reconocemos que indiscutiblemente, entre todos los problemas del país, el tema alimentario es de los más sensibles que enfrenta México por la cantidad de personas afectadas, ya que desde la implementación del modelo neoliberal de 1980 a la fecha, el campo ha estado estancado con resultados desastrosos que son inocultables.

Estamos rezagados en el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan el derecho de la alimentación, la Conferencia Internacional sobre Nutrición en Roma, en 1992, y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación también en Roma, en 1996, resaltaron la preocupación por la seguridad alimentaria y el hambre.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, fue el primer foro internacional donde se fijó la meta de reducir a la mitad de la población con hambre hacia 2015, donde se definió el compromiso de asignar recursos en contra del hambre y la pobreza como fenómenos vinculados que deben afrontarse de manera simultánea, empero, según el último estudio de la CEPAL, durante el año pasado, todos los países de Latinoamérica redujeron la población en condiciones de pobreza, excepto México y Honduras, donde el hambre creció.

El abandono de la protección social al ejido y a la comuna a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, no dio los resultados de productividad prometidos por Carlos Salinas de Gortari, ni tampoco lo fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, de manera contraria, tenemos la aplicación de políticas rurales con cejo empresarial, cuyo objetivo es la utilidad, la pérdida sustancial de la política de Estado y la emergencia del mercado, la alta dependencia alimentaria, el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo, de la migración, de la desigualdad, de la limitación al desarrollo del mercado interno, la reducción del crédito y un gasto público orientado a un pequeño grupo de productores altamente capitalizados, profundas desigualdades en el desarrollo regional y la instalación de un marco jurídico que protege esas prácticas.

Es un grave contrasentido que 20 de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria vivan en el campo, siendo el campo donde se producen los alimentos, esto es que se ha abandonado el sentido productivo del medio rural donde el asistencialismo ha erosionado la solución, el hambre, desde el campo.

Vivimos una alarmante dependencia alimentaria que pasó de importar 5 mil 79 millones de dólares de alimentos en 1995, a 26 mil 475 millones de dólares en el 2011. Esto es, durante el periodo comprendido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio, multiplicamos por cinco las importaciones de alimentos incrementándose en un 521 por ciento.

Tan sólo el déficit de la balanza comercial de alimentos en el 2011 fue de 4 mil 736 millones de dólares, la cifra más grande de la historia y representa, paradójicamente, un monto similar al presupuesto del que dispone la SAGARPA para apoyar la producción de este país.

Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del CONEVAL, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, se estima por algunas instancias universitarias, que al final de esta administración se tendrán 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza.

Existe la grave situación de que en los últimos años se han incorporado más mexicanos a esta condición de pobreza, agregando 5 millones 600 mil personas que engrosan el grupo de los más pobres en nuestro país.

De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, las importaciones de alimentos significan ya el 42 por ciento del consumo nacional de alimentos.

Reiteramos, la dependencia alimentaria es ahora alarmante, la cifra del último informe presidencial fue que importamos 26 mil 475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes; si lo vemos por producto significa que importamos el 95 por ciento de la soya que consumimos, el 80 por ciento del arroz, el 33 por ciento de maíz, el 56 por ciento del trigo, el 30 por ciento del frijol, el 40 por ciento de la carne de res y puerco y el nada honroso primer lugar como importadores de leche en polvo.

Tenemos la clasificación como primer lugar en población con obesos en el mundo. Más grave aún es que nuevas generaciones presentan una situación donde el 30 por ciento de los niños tienen problemas de obesidad y 40 por ciento de la niñez de este país padece desnutrición.

Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial, las importaciones agroalimentarias en el 2011 significaron 344 mil 175 millones de pesos, mientras que el gasto productivo fue sólo del 17 por ciento del PEC, esto es 51 mil 850 millones de pesos, seis veces menor que las importaciones.

Tenemos un grave problema a cuestas y una reforma constitucional que tiene como propósito atender la difícil situación de la pobreza alimentaria en la que viven aproximadamente el 25 por ciento de la población rural, además de la que se encuentran en los cinturones de miseria en los medios urbanos.

Un elemento principal se centra en la reforma institucional, contemos con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para atender el problema alimentario y encargada también de la aplicación de los programas respectivos, mediante el Instituto Mexicano de la Alimentación.

Sin un órgano rector autónomo seguiremos a merced de programas clientelares sustentados en la necesidad y el hambre de nuestro pueblo.

Es urgente evitar que cualquier política pública explote esta necesidad y lucre políticamente con ella. Actualmente, los programas sociales son aplicados por los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, dirigidos siempre con un criterio clientelar hacia sus grupos de apoyo, de ahí que se tenga poca eficiencia en la reducción de la pobreza alimentaria. Necesitamos evitar la perversidad electoral con la que se usa la pobreza, eliminar la gran dispersión existente en los programas relacionados con la alimentación y su necesaria incorporación al Programa Nacional de Alimentación generando la sinergia que exige la atención de este problema.

La iniciativa recoge las opiniones de especialistas, estudios, análisis, recomendaciones y posiciones doctrinales, elaboradas por organismos internacionales, como la FAO, bajo una perspectiva multidisciplinaria del tema de alimentación, políticas públicas y programas institucionales de los últimos años.

Asumimos que la iniciativa para garantizar el derecho a la alimentación, sea cumplido teleológicamente por el Estado mexicano, teniendo como eje a la persona, partiendo de la realidad lastimosa de los millones de mexicanos y mexicanas que cada mañana despiertan con hambre, y al terminar el día, a caso, habrán realizado una sola comida de mala calidad e insuficiente, lo que tenemos que superar de manera específica y clara, atendiendo a los beneficiarios de los programas con una declaración de derechos y obligaciones en el marco de los derechos humanos y su interpretación conforme y de su dignidad personal.

La Política Nacional Alimentaria será partir de objetivos que promuevan un desarrollo económico con sentido social, que atiende el empleo, eleva el nivel de ingreso, atiende al abasto, el igualitarismo en el acceso a la superación y remonte la exclusión social.

Por lo anteriormente expuesto, y para no abusar del tiempo otorgado, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que se anexe al Diario de los Debates la propuesta integral de la Ley General del Derecho a la Alimentación, Reglamentaria del artículo 4o., cuarto párrafo y 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeros Senadores, luchemos todos contra el hambre y acabemos con ella, de lo contrario, seguramente los extraterrestres algún día vendrán a dar testimonio de que en algún tiempo existió en el planeta tierra una raza llamada humana.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCION 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LALEY GENERAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACION, AL TENOR DEL SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derecho a la Alimentación.

Indiscutiblemente que el tema alimentario es ahora el principal problema que se enfrenta en el medio rural.

Afortunadamente el pasado 13 de octubre del 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional al artículo 4º donde se reconoce el Derecho a la Alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para atender este propósito.

Se trata de un proceso legislativo, de gestión, de cabildeo y de concertación que significaron 17 años de intenso trabajo hasta llegar a la aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 Congresos Locales de dicha reforma.

Para quedar como sigue:

Artículo 4º.

Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El estado lo garantizará.

Adición a la fracción XX del artículo 27:

El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Presupuesto Rural y Derecho a la Alimentación.

Por su parte la cámara de diputados en el proceso de aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación 2012 autorizó un monto de $38,830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del Programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales $33,982.3 millones de pesos fueron asignados a la SEDESOL y $4,848.4 millones a la SAGARPA, identificados como programa 11 del PEC, con la siguiente estructura:

11.- Programa de Derecho a la Alimentación

38,830.7

Ramo 20 Desarrollo Social

33,982.3

Oportunidades

28,102.5

Programa Alimentario

4,083.8

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA

1,796.0

Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

4,848.4

PROMAF

770.0

Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados

400.0

PESA

2,628.4

Fondo para acciones de alimentación en concurrencia en zonas alta y muy alta marginación

250.0

Agricultura de autoconsumo, apoyo a pequeños agricultores de hasta 3 hectáreas.

400.0

Modernización sustentable de la agricultura tradicional.

400.0

Nos encontramos en el umbral de una crisis alimentaria producto de que el año pasado fue el peor año agrícola de las últimas décadas en nuestro país, perdimos 15.5 millones de hectáreas de alimentos.

Por otra parte según el cierre del ciclo agrícola de los Estados Unidos a la fecha se han perdido 45 millones de toneladas de maíz y si ese país no reduce sus metas en la producción de etanol en base a maíz tendremos en los próximos meses una gran reducción de la disponibilidad de este grano en el mercado mundial y consecuentemente el incremento en el precio de los alimentos.

Es un grave contrasentido que 20 de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria vivan en el campo, siendo el campo donde se producen los alimentos. Esto es se ha abandonado el sentido productivo del medio rural, el asistencialismo ha erosionado la solución al hambre desde el campo.

Vivimos una alarmante dependencia alimentaria que paso de importar 5,079 millones de dólares de alimentos en 1995 a 26,475 millones de dólares en el 2011, esto es durante el periodo comprendido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio multiplicamos por cinco las importacionesde alimentos, incrementándose en un 521%.

Tan solo el déficit de la balanza comercial en alimentos en el año 2011 fue de 4,636 millones de dólares la cifra más grande de la historia y representa un monto similar al presupuesto que dispone la SAGARPA para apoyar la producción.

La presente Iniciativa tomo en cuenta las siguientes consideraciones que dieron origen a la reforma constitucional que tiene como propósito atender la difícil situación de pobreza alimentaria en la que viven aproximadamente el 25% de la población del país, principalmente en la población rural. Por lo que esta reforma parte de las siguientes consideraciones:

• Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del CONEVAL en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, se estima por algunas instancias universitarias que al final de eta administración se tendrán 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza.

• Existe la grave situación de que en los últimos años se han incorporado mas mexicanos a esta condición de pobreza, agregando 5.6 millones más de personas para engrosar el grupo de pobres en nuestro país.

• De acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan ya el 42% del consumo nacional total de alimentos.

• La dependencia alimentaria es ahora alarmante significando según el último informe presidencial que importamos 26,475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto significa que importamos el 95% del soya que consumimos, el 80% del arroz, el 33% del maíz, el 56% del trigo, el 30% del frijol, el 40% de la carne de res y puerco y el nada honroso primer lugar como importadores de leche en polvo.

• Tenemos la clasificación como primer lugar en población con obesos en elmundo. Mas grave aun es que las nuevas generaciones presentan una situación donde el 30% de los niños tienen problemas de obesidad y 40% de la niñez de este país padece desnutrición.

• Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial las importaciones agroalimentarias en 2011 significaron 344,175 millones de pesos mientras que el gasto productivo fue solo el 17% del PEC esto es 51,850 millones de pesos, seis veces menor que las importaciones.

• Contamos con Políticas Publicas inadecuadas y una gran descoordinación institucional, por ello según el último estudio de la CEPAL durante el año pasado todos los países de Latino América redujeron la población en condiciones de pobreza, excepto México y Honduras donde le hambre creció.

Por una Política Pública para atender el Derecho a la Alimentación.

La reciente aprobación del derecho constitucional a la alimentación requiere de nuevas políticas públicas para hacer de este derecho una realidad, evitar con ello el gatopardismo institucional que puede provocarse al aprobarse una reforma constitucional y segur operando los mismos programas con los mismos criterios y reglas de operación. Por ello se propone la incorporación de las siguientes 4 políticas públicas para su posterior implementación en los programas y sus reglas de operación:

• Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis alimentaria, recuperar formas y modelos de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos.

• Apoyarse en la organización social para salir de la crisis, recordemos que todo proceso de apoyo social sí no genera organización se convierte solo en apoyo asistencial. La experiencia nos indica que los grandes procesos sociales han siempre estado acompañados de grandes procesos organizativos.

• Realizar una conversión del gasto asistencial (que actualmente es la mayoría) hacia gasto productivo.

• Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales. Avanzar en la construcción de una profunda reforma constitucional que significa la implementación del Instituto Mexicano de la Alimentación.

Una profunda y efectiva reforma institucional.

La situación actual de crisis alimentaria y abandono del campo requiere, de una profunda reforma institucional que responda a los intereses de la población rural, ya señalamos que se carece de una instancia para atender y superar el hambre, también de que se carece de metas para atender el problema alimentario, razón por la que se requiere que exista una verdadera política de estado para solucionar el problema alimentario.

El principal elemento de la reforma institucional es que se cuente con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para atender el problema alimentario y encargada también de la aplicación de los programas respectivos.

La creación del Instituto Mexicano de la Alimentación como un organismo autónomo tiene gran importancia por las siguientes razones:

1.- Requerimos evitar que los programas clientelares sigan sustentados en la necesidad y el hambre, evitar que cualquier política pública explote esta necesidad y lucre políticamente con ella. Actualmente los programas sociales son aplicados por los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) dirigidos siempre con un criterio clientelar hacia sus grupos de apoyo, de ahí que se tenga poca eficiencia en la reducción de la pobreza alimentaria porque los apoyos son asistenciales, porque a la autoridad le es más rentable electoralmente dar un recursos en efectivo, entregar publicitariamente los apoyos y directamente por el funcionario interesado para que exista siempre una gratitud hacia él y consecuentemente se ganen votos con ello. Necesitamos evitar laperversidad electoral con que se usa la pobreza.

Es urgente y necesario que exista una institución con autonomía para ejercer la política pública alimentaria y aplicar los programas.

Se propone la creación inmediata del Instituto Mexicano de la Alimentación como organismo autónomo.

2.- Eliminar la gran dispersión existente en los programas relacionados con la alimentación y su necesaria incorporación al Programa Nacional de Alimentación generando la sinergia que exige la atención de este problema.

Basta señalar que la SAGARPA tiene recursos para promover la producción de alimentos pero que lo mismo esos recursos se pueden utilizar para promover la exportación de productos y no necesariamente la alimentación nacional, igualmente no existe una clara definición del rumbo de los productos entre la gran empresa (los agro negocios) y la agricultura campesina; la Secretaria de la Reforma Agraria destina recursos productivos a FAPPA y PROMUSAG; la SEDESOL tiene una serie de apoyos que se convierten en asistenciales, destacando los de Oportunidades, Coinversión, Programa Alimentario, Programa de Abasto Rural, LICONSA, Opciones Productivas, la Secretaria de Salud y la de Educación cuentan con campañas educativas y de difusión..

La dispersión, la falta de concurrencia y la ineficiencia son la principal característica de esta acción institucional, pero todas las deficiencias se ven subsanadas si las autoridades (de los diferentes niveles) entregan recursos públicos a sus electores.

Estructura de la ley.

La presente ley es reglamentaria de los artículos 4 y 27 publicados en el Diario Oficial de la Federación, se estructura en tres títulos, el primero se denomina “De la naturaleza del derecho a la alimentación”, se integra por dos capítulos, “I. Disposiciones generales” y “II. Objetivos y naturaleza del derecho a la alimentación” donde se expone la ley como reglamentaria de los artículos 4 párrafo cuarto y 27 Constitucional fracción XX, se establecen los principios, definiciones de la materia, el propósito central de la ley, los sujetos beneficiarios, se crea el Instituto Mexicano de la Alimentación como organismo autónomo derivado de los artículos 4 cuarto párrafo y 27 fracción XX de la Constitución Federal, como en el pasado fue creado el Instituto Federal de Acceso a la Información relacionado con el artículo 6 de nuestra carta fundamental.

Las definiciones que integran la Ley, parten de los estudios, análisis, recomendaciones y posiciones doctrinales elaboradas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO por sus siglas en Inglés) por estudiosos y especialistas en el tema de alimentación, políticas públicas y programas institucionales a lo largo de los últimos años.

Tiene importancia especial, en el capítulo segundo la determinación de los objetivos y principios que lo integran, que deben asumirse jurídicamente para que el derecho a la alimentación sea cumplido teleológicamente por el Estado Mexicano, teniendo como eje a la persona, partiendo de la realidad lastimosa de los millones de mexicanos y mexicanas que cada mañana despiertan con hambre y al terminar el día, acaso habrán realizado una sola comida de mala calidad e insuficiente, lo que tenemos que superar en el corto, mediano y largo plazo, especificando claramente a los beneficiarios de los programas con una declaración de derechos y obligaciones, en el marco de los derechos humanos y su interpretación conforme, su dignidad personal, atendiendo la reducción de esa condición, con una nueva institucionalidad, reduciendo la dependencia económica para pasar de programas asistencialistas a programas productivos sustentables y regionalizados.

El título segundo denominado “De las políticas públicas para el derecho a alimentación” compuesto con cuatro capítulos, describe una visión integral requerida para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación, en el primer capítulo de este título se denomina “De las políticas públicas” la cual define una política nacional alimentaria, a partir de objetivos que promueven un desarrollo económico con sentido social, que atienda el empleo, eleve el nivel de ingreso, atienda el abasto, el igualitarismo en el acceso a la superación y supere la exclusión social.

El capítulo segundo en este título segundo se denomina “De la planeación y la estrategia nacional contra el hambre” incorpora la Política Nacional Alimentaria, que coordinará los planes y programas municipales, estatales y del Distrito Federal; programas Federales e institucionales, regionales y especiales. El capítulo tercero establece el “Programa Nacional Alimentario” en el que se establece un diseño multianual y con propósitos específicos para eliminar la dependencia alimentaria del país y para operarse por el Instituto Mexicano de la Alimentación.

El capítulo cuarto se denomina “Del financiamiento y gasto” orientando la programación presupuestal del Programa 11, del presupuesto de egresos de la Federación, el cual además de servir para generar el patrimonio propio, del Instituto Mexicano de la Alimentación, y para servir y atender los programas que la ley determina, orientando el cambio de paradigma de una política asistencialista a una política productiva sustentable. Transitoriamente se determina que mientras se adquiere la autosuficiencia alimentaria, este presupuesto no deberá disminuirse con respecto al monto otorgado en el ejercicio fiscal anterior, pretendiéndose además que sea el suficiente para una vez instalada la capacidad productiva nacional de alimentos, logre conservarse y fortalecerse.

Finalmente el título tercero denominado “Nueva Institucionalidad” se integra por ocho capítulos, se denominan enunciativamente: Capítulo I “Del Instituto Mexicano de la Alimentación”, Capítulo II “De la estructura orgánica y funcional del Instituto Mexicano de la Alimentación”; Capítulo III “Del Nombramiento y Facultades de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación”; Capítulo IV “Del nombramiento del Presidente y de los Vocales Propietarios del Instituto Mexicano de la Alimentación”; Capítulo V “Facultades del Presidente del Instituto Mexicano de la Alimentación”; Capítulo VI “Del Consejo Social del Instituto Mexicano de la Alimentación”; Capítulo VII “Del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de la Alimentación” y el Capítulo VIII “Del patrimonio, presupuesto y control de los recursos del Instituto Mexicano de la Alimentación”, cuya perspectiva es generar los alcances institucionales para que este derecho sea una realidad que transforme México, a partir de una Junta de Gobierno, diez consejeros electos a partir de una convocatoria pública, la designación del Presidente y cinco Consejeros por la Cámara de Senadores y cinco por la Cámara de Diputados.

Los Consejos Social y Consultivo del Instituto, se designarán a partir de los instrumentos que determine la Junta de Gobierno, en los plazos y términos que establecen las disposiciones transitorias, por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE LEY GENERAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

TITULO PRIMERO

DE LA NATURALEZA DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 4º en su párrafo cuarto y del artículo 27 en la fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son preferentes, de orden público, interés social y por lo tanto de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Artículo 2.- El propósito central de la presente ley, es garantizar por el Estado Mexicano, el Derecho a la Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, para toda la población del territorio mexicano, como se mandata en el artículo 4° cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 3.- Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza, todos los mexicanos que se encuentren en el territorio nacional, sin importar edad, estado civil, origen étnico, idioma, cultura, condición social, discapacidad o religión; quienes podrán participar en los programas y acciones que se generan en este ordenamiento.

Artículo 4.- La aplicación de esta ley le corresponde al Instituto Mexicano de la Alimentación como Organismo Público Autónomo y a las dependencias federales, estatales, del Distrito Federal, y municipales en los aspectos específicos que se mencionan, y en el ámbito de su competencia y atribuciones legales.

Artículo 5.- para los efectos de esta ley se entiende por:

I.- Alimentación adecuada.- El contenido básico que comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias del individuo, sin sustancias nocivas, aceptable para una cultura determinada, cuya accesibilidad debe ser sostenible y sin dificultar el goce de otros derechos humanos;

II.- Alimentación culturalmente aceptada.- Conjunto de valores étnicos, antropológicos, éticos y culinarios que definen la aceptación o no de un producto como alimento;

III.- Autonomía Alimentaria.- Es la capacidad de una comunidad o de una familia para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación a partir de su producción, con sus propios medios de producción y que elimina la dependencia alimentaria.

IV.- CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

V.- Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI.- Derecho a la alimentación.- El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna;

VII.- Estrategia.- El Plan Nacional Estratégico contra el Hambre;

VIII.- Hambre.- Condición de una persona que no dispone de los alimentos adecuados en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades de vida;

IX.- Instituto.- El Instituto Mexicano de la Alimentación;

X.- Ley.- La Ley General del Derecho a la Alimentación;

XI.- Organismos Financieros Populares.- Cajas populares, cajas de ahorro y préstamo, micro financieras, e instituciones similares reconocidas en el sistema jurídico mexicano;

XII.- Pobreza alimentaria.- Incapacidad para obtener una canasta básica de alimentos, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar solo los bienes de dicha canasta y cuya medición corresponde al CONEVAL;

XIII.- Política alimentaria.-La política alimentaria es el conjunto de acciones e iniciativas del Estado desarrolladas para resolver el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante leyes, planes, programas, presupuestos e instituciones, relacionadas con el hambre, la desnutrición, la pobreza y la malnutrición;

XIV.- Programa.- El Programa Nacional de Alimentación;

XV. Seguridad alimentaria.- El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;

XVI. Soberanía alimentaria.- Libre determinación del país en materia de producción, abasto, y acceso de alimentos a toda población, basada fundamentalmente en la producción nacional;

XVII.- Región de atención.- Zona que define el Instituto, en base a los datos estadísticos donde la población que se encuentra en condiciones de pobreza alimentaria, mayor a la media estadística nacional.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

Articulo 6.- Derivado de su carácter preferente y de interés social, la presente ley tiene los siguientes objetivos:

I.- Garantizar a todos los mexicanos el pleno ejercicio del Derecho a la Alimentación como un derecho humano y de justicia social que consagra la Constitución Federal y los instrumentos internacionales donde México es parte;

II.- Establecer la políticas, las características y los principios que componen el cumplimiento del Derecho a la Alimentación;

III.- Establecer un Programa Nacional Alimentario que permita la reducción de la población en pobreza alimentaria de nuestro país;

IV.- Definir un Plan Estratégico de combate al hambre que considerando las condiciones de la población objetivo, permita tener los mecanismos, instrumentos y acciones que hagan efectiva la política pública para erradicar el hambre;

V.- Incorporar una nueva institucionalidad para la atención del Estado sobre el tema alimentario, determinando la responsabilidad, funciones y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno para aplicar el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia contra el Hambre;

VI.- Crear el Instituto Mexicano de la Alimentación como Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que sea la institución que de parte del Estado atienda la situación alimentaria que viven los mexicanos, y los casos de urgencia donde debe intervenir;

VII.- Reducir la grave dependencia alimentaria que vive el país, contribuyendo mediante políticas públicas adecuadas a revertir la tendencia creciente de las importaciones de alimentos a partir de esquemas sustentables de producción local y social de alimentos;

VIII.- Establecer políticas públicas, programas, estrategias y acciones que permitan lograr la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria que la nación necesita, en el corto mediano y largo plazo;

IX.- Aportar esquemas y mecanismos de participación social que permitan la educación, conciencia, la participación activa y la difusión para lograr una alimentación sana y suficiente;

X.- Establecer los mecanismos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y orientación de los programas y acciones de la Política Nacional Alimentaria.

Artículo 7.- La naturaleza del Derecho a la Alimentación se define a partir de los siguientes principios que la integran:

I.- Universalidad.- El Derecho a la Alimentación es un derecho humano preferente, amplio, interdependiente, indivisible y progresivo garantizado por el Estado Mexicano en todos sus niveles y órdenes de Gobierno, para que todos los mexicanos accedan a una alimentación sana y suficiente;

II.- Equidad y justicia distributiva.- El Estado Mexicano en todos sus niveles y órganos de Gobierno, garantizará que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus meritos, sus necesidades y sus posibilidades. Otorgándose preferencia a los grupos más vulnerables como los niños, mujeres, discapacitados, personas de la tercera edad y grupos marginados;

III.- Soberanía Alimentaria.- La libre determinación de los pueblos a decidir libremente como alimentarse, que producir, como producir y el uso adecuado de tecnologías;

IV.- Seguridad Alimentaria.- Aplicada en el espacio Nacional, Regional, Estatal, del Distrito Federación, Municipal, Comunitario y de familia, garantizando la existencia de alimentos en cada nivel, espacio y territorio, prioritariamente de la producción nacional;

V.- Autonomía Alimentaria.- Sustentada en el respeto a las múltiples formas y costumbres de alimentación local o por definición étnica y cultural, garantizando el acceso de las comunidades rurales a los mecanismos de apoyo a la producción local: tierra, agua, semillas, financiamiento, insumos, generando la autosolución a la pobreza alimentaria;

VI.- Integralidad.- Otorgada a partir de un Programa Nacional Alimentario que articule y complemente los programas y acciones para los diferentes beneficios sociales;

VII.- Alimentación Adecuada.- Garantizando la alimentación sana producida bajo modalidades agroecológicas que permitan la conservación y preservación de los recursos naturales, agua, suelo, ecosistemas y biodiversidad,

VIII.- Participación Social.- Política que permite garantizar el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual y colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones alimentarias. Acción incluyente que permite a la sociedad civil, sector social y privado, sector académico, intelectual, de investigación y desarrollo, involucrarse en el futuro y solución de la alimentación;

IX.- Transparencia y rendición de cuentas.- Derecho a la información que permite evaluar la acción pública y garantiza una decisión consciente de que consumir, en base a la información y el padrón cultural de cada individuo;

Articulo 8.- Son derechos para la alimentación, los plasmados en los términos de la Constitución, los tratados y convenios internacionales en la materia donde el estado Mexicano sea parte.

Artículo 9.- Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas alimentarios, de acuerdo con los principios rectores de la Política alimentaria, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

Artículo 10.- Los beneficiarios de los programas alimentarios tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I.- Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;

II.- Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;

III.- Tener la reserva y privacidad de la información personal;

IV.-Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley;

V.-Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;

VI. Las que determine la Constitución, los tratados y convenios internacionales, esta ley y su reglamento.

TITULO SEGUNDO
DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DERECHO A ALIMENTACION

CAPITULO I
DE LAS POLITICAS PUBLICAS

Artículo 11.- La Política Nacional Alimentaria tiene los siguientes objetivos:

I.- Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos a la alimentación, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas alimentarios y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;

II.- Estimular e incrementar la producción nacional de alimentos preferentemente mediante la producción familiar, agroecológica y campesina;

III.- Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie la producción y distribución de alimentos, acceso, genere y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

IV.- Desarrollar esquemas de abasto mediante la utilización de los sistemas de almacenaje y deposito;

V.- Fortalecer la política alimentaria;

VI.- Atender las condiciones de desnutrición de la población mediante campañas y garantizar la debida inocuidad de los alimentos, así como proteger los recursos naturales, y

VII.- Garantizar las formas de participación social en la planeación, formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control del derecho a la alimentación y los programas alimentarios.

CAPITULO II
DE LA PLANEACION Y LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

Artículo 12.- En la planeación del desarrollo alimentario se deberá incorporar la Política Nacional Alimentaria de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

Artículo 13.- La planeación de la política alimentaria incluirá los planes y programas municipales, estatales y del Distrito Federal; programas Federales e institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional Alimentario estará a cargo del Instituto Mexicano de la Alimentación como eje principal para lograr el derecho a la alimentación; y el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo14.- La Política alimentaria debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I.- Superación de la pobreza a través del derecho a la alimentación;

II.- Acceso a la alimentación de toda la población mexicana;

III.- Desarrollo de mercados regionales y locales;

IV.- Infraestructura social básica;

V.- Fomento a la producción de alimentos a partir de todos los sectores de la producción;

VI.- Mejoras en la comercialización para la incorporación de las economías regionales en la producción;

VII.- Desarrollo de la infraestructura de caminos rurales para el acceso a los alimentos a los mercados regionales, y

VIII.- Educación y divulgación para lograr una alimentación adecuada.

Artículo 15.- La Elaboración del Plan Estratégico contra el Hambre estará a cargo del Instituto Mexicano de la Alimentación quien lo elaborara en los términos y condiciones de la Ley de Planeación.

Artículo 16.- La implementación del Plan Estratégico contra el Hambre tendrá las siguientes estrategias para su realización e implementación a través del Programa Nacional Alimentario:

I.- Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Sustituyendo paulatinamente la dependencia del mercado internacional de alimentos, recuperando las formas y modelos de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos;

II.- Apoyarse en la organización social para atender la crisis alimentaria, desarrollar un proceso de apoyo social que sustituya paulatinamente la política asistencial, por un desarrollo alimentario productivo;

III.- Realizar una conversión del gasto asistencial hacia gasto productivo;

IV.- Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales;

V.- Establecer la construcción de una profunda reforma institucional que signifique la implementación y operatividad eficaz y eficiente del Instituto Mexicano de la Alimentación.

CAPITULO III
PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO

Articulo 17.-El Programa Nacional Alimentario estará a cargo del Instituto Mexicano de la Alimentación, tendrá un diseño multianual y tendrá como propósito eliminar la dependencia alimentaria del país.

Para su elaboración el Instituto atenderá los lineamientos de Política Alimentaria anteriormente señalados y el Plan Estratégico contra el Hambre.

Para la implementación del Plan Estratégico contra el Hambre, el Instituto podrá suscribir convenios de colaboración con los gobiernos estatales, del Distrito federal y con las autoridades municipales, principalmente de aquellas regiones o zonas donde se sufre de mayor marginación.

Articulo 18.- El instituto realizará una regionalización del país donde se identifique las localidades con la población objetivo de atención, con el Programa Nacional Alimentario.

Artículo 19.- El Programa Nacional Alimentario tendrá los siguientes componentes básicos:

I.- Formación y capacitación;

II.- Promotores Alimentarios;

III.- Módulos de Producción Local de Alimentos;

IV.- Educación y difusión para una alimentación sana;

V.- Acceso a tecnologías de producción media y a las adecuadas;

VI.- Apoyo técnico y asesoría permanente;

VII.- Generación de organización para la alimentación, la producción, el consumo y el abasto;

VIII.- Comedores Comunitarios;

IX.- Comedores Populares;

X.- Esquemas de financiamiento y apoyo al crédito al consumo.

Articulo 20.- El instituto tendrá una atención diferenciada apoyando con mayor prioridad la producción de alimentos en la zona rural y el consumo en las zonas urbanas, los esquemas de abasto serán de carácter nacional y prioritario.

Artículo 21.- La formación y capacitación es fundamental dentro del Programa Nacional Alimentario. Se refiere a la formación de personal especializado en el tema alimentario para atender el programa.

Artículo 22.- Los promotores alimentarios son personal de las comunidades y localidades organizadas para lograr su autonomía alimentaria, serán principalmente jóvenes y profesionistas mexicanos y de preferencia de la localidad, como verdaderos promotores del cambio de paradigma en la producción de alimentos.

Articulo 23.- Los Módulos de Producción Local de Alimentos son un esquema de producción social manejado a escala familiar que permitirán producir los alimentos básicos en la comunidad, conjuntando los componentes de financiamiento, apoyo técnico y tecnológico.

Articulo 24.- La concientización de la población objetivo se vera apoyada mediante campañas de educación y difusión para una alimentación sana.

Articulo 25.- Para revertir el carácter asistencialista que tiene la política social actualmente, el programa considera un amplio proceso en la generación de organización para la alimentación, la producción, el consumo y el abasto que fortalecerá la vertiente productiva.

Artículo 26.- Los comedores comunitarios se establecen en comunidades de menos de dos mil quinientos (2 mil 500) habitantes, podrán ser preferentemente abastecidos por los módulos de producción. Los comedores populares se establecerán en las zonas urbanas cuya marginación económica sea de alto grado.

Artículo 27.- El financiamiento tendrá como prioridad la utilización o la generación de esquemas de ahorro y préstamo en la localidad, así como el micro financiamiento y la microempresa. El apoyo al crédito al consumo con mecanismos financieros similares o cajas de ahorro permitirá potencializar los recursos públicos.

Artículo 28.- el Programa considera la implementación de la reserva estratégica de alimentos desarrollada mediante esquemas de depósito y almacenaje.

CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO

Artículo 29.- El Programa Nacional Alimentario se integra con las acciones, programas y componentes que se agrupan con el denominado Programa 11: Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial Concurrente del Sector Rural del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que ejercerá integralmente el Instituto Mexicano de la Alimentación.

Artículo 30.- Los programas, fondos y recursos destinados al derecho a la alimentación son inembargables, imprescriptibles, prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley.

Artículo 31.- Son prioritarios, de interés público y de justicia social:

I. Los programas alimentarios;

II. Las campañas alimentarias, de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica;

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil, adultos mayores;

VI. Los programas de abasto social de productos básicos;

VII. Los programas y fondos públicos destinados a la política alimentaria, del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y

VIII. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano, orientados a la política alimentaria.

Artículo 32.- El presupuesto federal destinado al derecho a la alimentación no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.

Artículo 33.- En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para el derecho a la alimentación y los programas alimentarios, y no podrán destinarse a fines distintos.

Artículo 34.- La distribución del gasto alimentario con el que se financiará el derecho a la alimentación, se sujetará a los siguientes criterios:

I. El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior;

II. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad alimentaria.

Artículo 35.- Los recursos presupuestales federales asignados a los programas alimentarios podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales, del Distrito Federal, y municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

Artículo 36.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.

TITULO TERCERO

NUEVA INSTITUCIONALIDAD

CAPITULO I

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACION

Articulo 37.- Se crea el Instituto Mexicano de la Alimentación como un Organismo Público Autónomo del Estado Mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Articulo 38.- El objeto general del instituto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación a partir del mandato constitucional del articulo 4º párrafo cuarto, y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; de los objetivos, las políticas, principios y programas y estrategias que se expresan en los artículos 5, 6, 10, 15,16 y 18 de la presente ley. Todos ellos bajo los criterios de: Universalidad, Equidad y Justicia Distributiva, Integralidad, Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria, Autonomía Alimentaria, Participación Social, Trasparencia y Rendición de Cuentas.

Artículo 39.- Son objetivos específicos del Instituto, los siguientes:

I.- La garantía, promoción, protección y difusión del Derecho a la Alimentación de los mexicanos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales donde México es parte y en la presente ley;

II.- El establecimiento, ejecución y promoción de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones relativos a la implementación del Derecho a la Alimentación que se señalan en la Constitución y el presente ordenamiento;

III.- El seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones que garanticen el derecho a la Alimentación;

IV.- El diseño e implementación de una política de participación social y concertación que permita multiplicar los esfuerzos para el logro de hacer efectivo el derecho a la Alimentación;

V.- La coordinación y colaboración con el sector público, privado y social para hacer efectivo el mandato constitucional del Derecho a la Alimentación;

VI.- La promoción de la cultura de una alimentación sana y suficiente, la ejecución de programas de difusión e información sobre el Derecho a la Alimentación;

VII.- El monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales, las metas fijadas por los organismos internacionales con la proporción guardada en torno al Derecho a la Alimentación.

Articulo 40.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Aplicar las Políticas Públicas y Principios que establece la presente ley para la consecución del Derecho a la Alimentación;

II.- Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional Alimentario que se establece en los artículos 16 al 27 de la presente ley;

III.- Definir el Plan Estratégico contra el Hambre junto con las instituciones que realicen actividades conjuntas, de apoyo o coadyuven a la erradicación de la pobreza alimentaria;

IV.- Diseñar un programa a nivel regional y local para revertir la dependencia alimentaria, estableciendo metas específicas para reducir la importación de alimentos, a partir de la producción local y social de alimentos. Todo ello para lograr la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria;

V.- Impulsar y ejecutar una política productiva y organizada para llevar a cabo el Derecho a la Alimentación, eliminando paulatinamente los elementos de política asistencial ineficientes para solucionar el problema del hambre en México;

VI.- Presentar el Programa Operativo Anual del Instituto Mexicano de la Alimentación;

VII.- Presentar a la Cámara de Diputados cada año la propuesta de presupuesto para su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, considerado como Programa 11 del Programa Especial Concurrente, denominado “Atención al Derecho a la Alimentación”, y gestionar lo conducente,

VIII.- Ejercer, operar, aplicar, informar y justificar los recursos aprobados como presupuesto para el Instituto Mexicano de la alimentación;

IX.- Establecer esquemas y mecanismos de participación social que permitan la concientización de la sociedad, la participación activa, la educación y la difusión, a efecto de lograr la alimentación adecuada de los mexicanos;

X.- Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, estrategias y acciones de la política alimentaria del país;

XI.- Garantizar los derechos de los beneficiarios de los programas alimentarios que se establecen en el artículo 10 de este ordenamiento;

XII.- Proponer el Programa Nacional Alimentario para su incorporación al Plan nacional de Desarrollo;

XIII.- Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres niveles de gobierno para promover y aplicar el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia Nacional contra el Hambre;

XIV.- Participar en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores en la firma, seguimiento, cumplimiento y atención a los instrumentos acordados en el ámbito internacional para la atención del Derecho a la Alimentación;

XV.- Establecer una colaboración estrecha con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el Derecho a la Alimentación;

XVI.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, sectoriales, de investigación, de servicio, de apoyo al desarrollo, con el fin de fomentar la aplicación del Derecho a la Alimentación;

XVII.- Establecer mecanismos de coordinación con las instancias de las entidades federativas que realizan acciones relacionadas con programas alimentarios a efecto de generar sinergias para la reducción de la población en condiciones de pobreza alimentaria;

XVIII.- Generar indicadores y presentar cada año un estado de las condiciones que guarda la pobreza alimentaria en el país al Senado de la República;

XIX.- Presentar una estrategia regionalizada de atención a la pobreza alimentaria;

XX.- Generar el reporte mensual de las condiciones de evolución de la dependencia alimentaria y de la población en condiciones de pobreza alimentaria;

XXI.- Actuar como órgano de consulta especializada, capacitación y asesoría de los del sector público, privado y social, en materia alimentaria;

XXII.- Realizar investigaciones y estudios para contar con un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, productivas y culturales de la alimentación en México;

XXIII.- Promover, participar y organizar eventos e intercambio de experiencias e información, en el ámbito nacional, regional e internacional donde se aborde el tema alimentario;

XXIV.- Difundir y publicar obras y materiales impresos o en electrónico que aborden el tema alimentario;

XXV.- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo técnico y financiero en el tema alimentario;

XXVI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales; organismos regionales e internacionales, gobiernos de otros países o particulares interesados en apoyar el logro del Derecho a la Alimentación;

XXV.- Presentar ante el senado de la República un informe anual de sus actividades, y

XXVI.- Las demás que establezca el Estatuto Orgánico del Instituto.

Articulo 41.- La sede del Instituto Mexicano de la Alimentación y su domicilio legal se establecerá en la Ciudad de México, Distrito Federal.

CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA ALIMENTACION

Articulo 42.- El Instituto Mexicano de la Alimentación se integra con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico, contará además con las siguientes instancias auxiliares de carácter honorifico: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.

Artículo 43.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I.- Junta de Gobierno;

II.- Presidencia;

III.- Secretaría Ejecutiva;

IV.- Consejo Social;

V.- Consejo Consultivo, y

VI.- Contraloría Interna.

Articulo 44.- La estructura orgánica será aprobada en el Estatuto Orgánico del Instituto.

La presidencia y la Secretaria Ejecutiva para el cumplimiento de este mandato deberán tener al menos:

I.- Una Dirección Ejecutiva de autosuficiencia alimentaria y organización para la producción de alimentos;

II.- Una Dirección Ejecutiva de Abasto y Comedores Comunitarios y Populares;

III.- Una Dirección Ejecutiva de Difusión;

IV.- Una Dirección Ejecutiva de Educación, Capacitación y Formación; y

V.- Una Coordinación de Relaciones Internacionales.

CAPITULO III

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACION

Artículo 45.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación, estar integrada por:

I.- El Presidente del Instituto,

II.- Diez Vocales Propietarios con derecho a voz y voto;

III.- Dos representantes del Consejo Social con voz y voto;

IV.- Dos representantes del Consejo Consultivo con voz.

Artículo 46.- El Presidente y los diez vocales propietarios y sus respectivos suplentes de la Junta de Gobierno serán nombrados por una comisión bicameral del Congreso de la Unión en términos de la presente Ley.

Artículo 47.- Los requisitos que deben cubrirse para el nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno, son:

I.- Ser Mexicano o Mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenado penalmente por delito intencional, independientemente del resultado de la sentencia o pena impuesta.

II.- Haber destacado en su contribución al tema alimentario.

III. Tener experiencia en el tema y capacidad de decisión.

IV.- No haber ejercido algún cargo de elección popular en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal, Delegacional o Municipal, en los últimos tres años al día de la designación y no podrán hacerlo en los tres años después de concluido su encargo.

Artículo 48:- La Junta de Gobierno tendrá como invitados permanentes a:

I.- Dos representantes de la Cámara de Senadores, con voz, que serán los presidentes de la Comisión de Desarrollo Rural y el de Autosuficiencia Alimentaria;

II.- Dos representantes de la Cámara de Diputados, con voz, que serán los presidentes de la Comisión de Desarrollo Rural y Agricultura, y la de Sistemas de Riego;

III.- Un representante del Ejecutivo Federal, con voz;

IV.- Los representantes citados, podrán delegar mediante simple oficio al profesionista que los representará en las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto.

Artículo 49.- De acuerdo a su agenda y a los requerimientos de información y análisis, por acuerdo de la Junta de Gobierno podrá invitar a representantes gubernamentales de los tres niveles de gobierno que considere convenientes, así como a representantes sociales y privados.

Artículo 50.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades para el cumplimiento de sus atribuciones:

I.- Aprobar el Programa Nacional Alimentario;

II.- Aprobar el Plan Estratégico Nacional contra el Hambre;

III.- Aprobar el presupuesto, informes de actividades y Estados Financieros del Anuales del Instituto;

IV.- Aprobar el Programa Operativo Anual del Instituto;

V.- Conocer y Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto;

VI.- Aprobar el Reglamento Interior del Instituto;

VII.- Elaborar y aprobar para su envío a promulgación el Reglamento de la Ley General del Derecho a la Alimentación;

VIII.- Designar y remover a propuesta de la Presidencia, a los titulares de la Secretaría Técnica, la Secretaría Ejecutiva y los Directores Ejecutivos del Instituto;

IX.- Convocar a la integración del Consejo Consultivo del Instituto;

X.- Convocar a la integración y renovación del Consejo Social del Instituto;

XI.- Conocer, analizar, observar en su caso y aprobar o rechazar los informes que rinda la Presidencia;

XII.- Conocer y aprobar los convenios y acuerdos que suscriba el Instituto con otras instancias, y

XIII.- Las demás que establezca el Estatuto.

Articulo 51.- La Junta de Gobierno sesionará mediante convocatoria emitida con antelación, deberá hacerlo al menos seis veces al año en forma ordinaria y las veces necesarias en forma extraordinaria, la convocatoria será expedida por su Presidente o por el equivalente al treinta por ciento (30%) de sus integrantes.

Articulo 52.- El quórum legal se integrará con el equivalente al cincuenta por ciento, (50%) de los integrantes de la Junta y las decisiones se tomaran por consenso y en caso de no lograrse este, serán por mayoría, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

CAPITULO IV
DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DE LOS VOCALES PROPIETARIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACION

Artículo 53.- La Cámara de Senadores procederá al nombramiento del Presidente del Instituto y de cinco vocales del Instituto; la Cámara de Diputados nombrará cinco vocales conforme al siguiente procedimiento:

I.- La Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República emitirá las convocatorias correspondientes para elegir al Presidente y a los cinco vocales que designa; y de los participantes que hayan aprobado todas las etapas, seleccionará una terna para cada puesto, y con los candidatos que hayan cumplido los requisitos exigidos y cumplido con los lineamientos que establece el artículo 47 del presente ordenamiento;

II.- La Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados emitirá las convocatorias correspondientes para elegir a los cinco vocales del Instituto que designa, y de los participantes que hayan aprobado todas las etapas, seleccionará una terna con los candidatos que hayan cumplido los requisitos exigidos y cumplido con los lineamientos que establece el artículo 47 del presente ordenamiento;

III.- El Pleno de cada una de las cámaras, mediante voto libre, secreto y directo, efectuaran los nombramientos que le corresponden, de entre los integrantes de la terna a que se refiere la fracción I y II de este artículo, por cada vocal propietario habrá un respectivo suplente.

IV.- El Presidente y los Vocales Propietarios con sus respectivos suplentes, rendirán protesta ante el Pleno de la Cámara que los designó en la sesión que para el efecto acuerde la Junta de Coordinación Política.

CAPITULO V
FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA ALIMENTACION

Artículo 54.- La Presidencia del Instituto tendrá las siguientes facultades:

I.- Representar legalmente al Instituto;

II.- Formar parte de la Junta de Gobierno con voz y voto;

III.- Presentar a la Junta de Gobierno para su análisis y aprobación las siguientes propuestas: de Estatuto Orgánico, del Programa Nacional Alimentario, del Plan Nacional Estratégico contra el Hambre, los proyectos de políticas y programas;

IV.- Ejecutar bajo su más amplia responsabilidad los acuerdos de la Junta de Gobierno;

V.- Formular el proyecto de Presupuesto que aprobara la Junta de Gobierno;

VI.- Proponer la designación de la Secretaría Ejecutiva, los Directores Ejecutivos y Coordinadores a la Junta de Gobierno; y

VII.- Las demás que otorgue la ley, el reglamento o acuerde la propia Junta de Gobierno.

Artículo 55.- El Presidente del Instituto durará en su cargo tres años pudiendo ser reelecto una sola vez, mediante el mismo procedimiento que lo designó.

CAPITULO VI
DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA ALIMENTACION

Articulo 56.- El Consejo Social es un organismo auxiliar del Instituto, se integra por veintidós representantes de las organizaciones que hayan destacado por su desempeño en favor del Derecho a la Alimentación.

Articulo 57.- La integración y operación del consejo Social se definirá por el Reglamento que al efecto apruebe la Junta de Gobierno, dando cobertura de representación en lo posible a las diversas regiones del país.

Articulo 58.- El Consejo Social colaborará con el Instituto en los siguientes casos:

I.- Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas y acciones que lleve a cabo el Instituto para el mejor cumplimiento de su propósito;

II.- Incorporar la sensibilidad social al proyecto institucional recogiendo la impresión de desempeño de los beneficiados;

III.- Tener en la dirección del Instituto una representación de las organizaciones sociales y privadas como principales actores del programa;

IV.- Dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones del Instituto;

V.- Realizar la evaluación social y participativa de los programas y acciones; y

VI- Las demás que establezca el Reglamento.

CAPITULO VII
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO
MEXICANO DE LA ALIMENTACION

Articulo 59.- El Consejo Consultivo es un órgano auxiliar multidisciplinario del Instituto, se integra por veintidós expertos con experiencia probada en el tema alimentario, durarán en funciones tres años y se renovara escalonadamente sin posibilidad de reelección.

Artículo 60.- El Consejo Consultivo se compone por titulares o representantes de las organizaciones civiles y privadas, académicos, investigadores, expertos, promotores del Derecho a la Alimentación.

Artículo 61.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los siguientes casos:

I.- Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto en torno al Programa Nacional Alimentario, el Plan Nacional de Estrategia contra el Hambre y las demás acciones del Instituto;

II.- Actuar como vínculo con las instituciones y sectores académico, universitario, de investigación, promoción, difusión y desarrollo;

III.- Las demás que establezca el Reglamento que al respecto se apruebe.

CAPITULO VIII

DEL PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACION

Artículo 62.- El Instituto Mexicano de la Alimentación contará con un patrimonio propio.

Artículo 63.- El presupuesto del Instituto Mexicano de la Alimentación se integra con los recursos aprobados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural, denominado “Atención al Derecho a la Alimentación” que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

Artículo 64.- El Instituto tendrá un presupuesto anual aprobado como Organismo Publico Autónomo y que operará bajo las reglas de contabilidad y gasto público, así como de transparencia que se encuentran vigentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Programa Nacional Alimentario tendrá como propósito reducir la dependencia alimentaria del país como una meta objetiva, del diez por ciento (10%) cada año, para que en el término promedio de una década se recupere la soberanía alimentaria del país.

TERCERO.- Una vez aprobada la Ley se dispondrá de un plazo de sesenta días para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores nombren a los integrantes de la Junta de Gobierno y la Constitución del Instituto Mexicano de la Alimentación. Si el Congreso de la Unión se encontrara en receso al momento de aprobación de la Ley, la Comisión Permanente citará a un Periodo Extraordinario a la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, para la toma de protesta del Presidente y los Vocales del Instituto.

CUARTO.-Presupuestalmente el Programa 11: Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial Concurrente del Sector Rural, del Presupuesto de Egresos de la Federación no podrá disminuirse con respecto a los recursos asignados en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior, mientras no se obtenga la declaración de que se alcanzado la Soberanía Alimentaria del País, que deberá realizar el Senado de la República, ante este escenario deberá preverse el presupuesto suficiente para que se mantenga la soberanía alimentaria del país permanentemente.

QUINTO.- El plazo máximo para la instalación del Instituto Mexicano de la Alimentación y su inicio de operaciones no podrá ser superior a cuatro meses contados a partir de la publicación de la presente ley.

SEXTO.- Los recursos existentes al momento de la publicación de la presente Ley en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente, denominado” Programa de Atención al Derecho a la Alimentación” serán transferidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Presupuesto del Instituto Mexicano de la Alimentación.

SEPTIMO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación tendrá un plazo de sesenta días naturales contados a partir de su instalación para la aprobación del Programa Nacional Alimentario y su puesta en marcha.

OCTAVO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación deberá aprobar el Plan Nacional de Estrategia contra el Hambre en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de su instalación.

NOVENO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación dispondrá de un plazo máximo de ciento veinte días hábiles para la aprobación de su Estatuto Orgánico.

DECIMO.- Una vez constituida la Junta de Gobierno tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Mexicano de la Alimentación.

DECIMO PRIMERO.- Al término del periodo del primer ejercicio de los integrantes del Consejo Consultivo, mediante insaculación en la Junta de Gobierno se determinará a los integrantes que se retirarán en la proporción del treinta y tres por ciento anual, prorrogándose por esta única ocasión en el cuarto año al sesenta y seis por ciento (66%) del consejo no reemplazable ese año, y en el quinto año al treinta y tres por ciento (33%) de los integrantes restantes, antes de la renovación completa del Consejo, en la inteligencia de realizar una renovación escalonada que preserve la memoria institucional.

DECIMO SEGUNDO.- Para la aprobación del Reglamento que rige la vida del Consejo Social y del Consejo Consultivo, la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación dispondrá de un plazo máximo de ciento veinte días hábiles.

DECIMO TERCERO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación tendrá un plazo máximo de ciento ochenta días para aprobar y enviar para su publicación en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General del Derecho a la Alimentación.

DECIMO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley, y específicamente las que se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como las del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social.

México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República, a 16 de octubre de 2012.

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Pido a la Secretaría que se inserte de manera completa la iniciativa que ha presentado. Se turna a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a 11 dictámenes de la Comisión de Gobernación que contienen proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictámenes de primera lectura)



“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Comisión Permanente, para que el C. Rodrigo Díaz García pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163,  182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-890, de fecha 9 de octubre de 2012, LA Mesa Directiva remitió turnó a esta comisión la solicitud del el C. Rodrigo Díaz García pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El día 10 de octubre de 2012 se recibió oficio referido en la Comisión de Gobernación.

3, El C. C. Rodrigo Díaz García solicita permiso para prestar servicios con el rango de  “Especialista en Adquisición y Ayuda” en la Embajada de los Estados Unidos de América.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos, mismos que contienen en copias simples:

• Copia certificada de su acta de nacimiento

• Identificación oficial (cartilla del servicio militar nacional y credencial para votar)

• Escrito traducido por el que se le hace la invitación para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América.

• Escrito por el que se solicita autorización para prestar servicios

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al  puesto al que aspira, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso a C. Rodrigo Díaz García para prestar servicios con el rango de  “Especialista en Adquisición y Ayuda” en la Embajada de los Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“Comisión de Gobernación

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Juan Sabines Guerrero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden José Cecilio del Valle”, en grado de  Gran Collar que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. SEL/311/2804/2012, de fecha 3 de octubre de 2012, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. C. Juan Sabines Guerrero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de  Gran Collar que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 4 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con siguientes documentos anexos en copia simple:

• Copia certificada de su acta de nacimiento;

• Curriculum vitae

• Identificación oficial (pasaporte)

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

• Escrito de la Presidencia de la Cámara de Comercio de Guatemala donde se menciona que se le otorga la máxima Condecoración de la  “Orden José del Valle” en el Grado de Gran Collar al C. Juan Sabines Guerrero por su excelente labor como gobernador, su espíritu de integración regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Estado de Chiapas y Guatemala.

• Cabe señalar que la  Cámara de Comercio de Guatemala  pretende entregar  la condecoración mencionada en un acto especial el día 19 de octubre de 2012.

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Juan Sabines Guerrero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden José Cecilio del Valle”, en grado de  Gran Collar que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Comisión Permanente, para que el C. Humberto Hernández Menchaca pueda prestar servicios en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163,  182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-889, de fecha 9 de octubre de 2012, LA Mesa Directiva remitió turnó a esta comisión la solicitud del el C. Humberto Hernández Menchaca pueda que poder prestar servicios en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El día 10 de octubre de 2012 se recibió oficio referido en la Comisión de Gobernación.

3. El C. Humberto Hernández Menchaca solicita permiso para prestar servicios con el rango de  “Asistente Consular” en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos, mismos que contienen en copias simples:

• Copia certificada de su acta de nacimiento

• Identificación oficial (credencial para votar)

• Contrato de trabajo firmado con la Embajada Británica en la Ciudad de México

• Escrito por el que se solicita autorización para prestar servicios

De estos documentos se desprende que se acredita su condición de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De acuerdo al  puesto al que aspira, descrito en el capítulo de antecedentes del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza de carácter administrativo.

3. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado otorgar el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso a C. Humberto Hernández Menchaca pueda prestar servicios como Asistente Consular”  en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento de nuestra Cámara, son de primera lectura.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la dispensa de la segunda lectura de los 11 dictámenes y se pongan a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura de los 11 dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se les dispensa la segunda lectura, por lo tanto, están a discusión los 11 dictámenes de que ya hemos hecho referencia.

Senador Alejandro Encinas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para reservarme la discusión del octavo dictamen referente a la condecoración a Juan Sabines.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) También para reservarme el dictamen relacionado a Juan Sabines.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador Zoé Robledo.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para los mismos efectos, señor Presidente, para reservar mi voto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para los mismos efectos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para los mismos efectos. Pido a la Secretaría tome nota de ello.

Por lo tanto, pido a la Secretaría que podamos abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para votar los diez dictámenes que no han sido reservados e inmediatamente ponemos a discusión el dictamen que han reservado las señoras y señores Senadores.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 110 votos en pro y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los 10 proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, que         no fueron reservados. Se remiten a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Está a discusión el dictamen que concede permiso al ciudadano Juan Sabines Guerrero para aceptar y usar condecoración que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen relativo a la condecoración que se otorga al ciudadano Juan Sabines Guerrero.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Sinceramente, lamento mucho tener que hacer el día de hoy el uso de la palabra en contra de la autorización para que el ciudadano Juan Sabines Guerrero, hoy gobernador del estado de Chiapas, porte la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le quiere otorgar la Cámara de Comercio de Guatemala, pero no puedo en lo personal guardar silencio ante la lamentable situación que vive el estado de Chiapas, que se deriva de la actuación de un gobierno que, a mi juicio, ha sido una vergüenza para nuestro partido, que no ha respondido a las necesidades del estado de Chiapas y a sus responsabilidades con el país.

Es un gobierno que se ha basado en la corrupción, la frivolidad y el abuso de autoridad; y son muchas las pruebas que dan cuenta de ello, un gobierno que ha endeudado irresponsablemente al estado, una deuda pública que de 2006 a la fecha pasó de 881 millones a 41 mil millones de pesos en este año, a lo que se suma la creación de un fideicomiso para la transición de gobierno que tiene una cifra establecida de 3 mil 500 millones de pesos.

Un gobierno que replicando los viejos programas de colonización que fracasaron en este país, creó un sistema de ciudades rurales sustentables que no acreditan su funcionamiento y que incluso se construyeron en zonas de alto riesgo, que generan vulnerabilidad para los habitantes que forzosamente se les obligó a establecerse en ellos.

Un gobierno que ha empobrecido al estado. Hoy Sabines no solamente contribuye con seis de los diez municipios más pobres del país, sino ha llevado a la pobreza a más chiapanecos, ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la pobreza en el estado de Chiapas pasó de 3.6 millones de personas en 2008, a 3.8 millones de personas en el 2010, con lo cual, más del 78 por ciento de los chiapanecos se encuentran en condición de pobreza.

Pero además es un gobierno que se fundó en el abuso de poder, que hizo del arraigo y de la intimidación una forma de gobierno, donde no hubo división de poderes, donde el congreso del estado, bajo la amenaza y la subordinación, llegó al extremo de publicar leyes sin que haya sesionado; un gobierno que persiguió a todos los disidentes políticos de todos los partidos, principalmente el nuestro.

A Sabino Soto Espinoza, a quien se le acusó de despojo agravado. Recientemente a Gabriel Gutiérrez Avila, ex líder estatal del PRD y ex secretario de pesca, acusado de abuso de funciones.

Del ex Diputado federal Francisco Amadeo Espinosa Ramos; del profesor Alberto Patishtán Gómez, a quien se le niega la atención médica en el penal; de Francisco Sántiz López, de Carlos Bertoni Unda, de Ismael Brito Mazariegos, de Celso Cruz Farrera y otros 3 compañeros detenidos el día de hoy, que se suman a la persecución del movimiento “Yo Soy 132” o de ciudadanos de San Cristóbal de las Casas, que defienden los humedales de ese municipio.

Por ello, confío en el compromiso del presidente nacional de mi partido para que iniciemos un juicio político en contra de este mal servidor, que lamentablemente, emergido de las filas de nuestro partido, no supo honrar la responsabilidad al frente del gobierno del estado. Por eso votaré en contra de este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Llamar su atención de que el asunto que estamos tratando, conforme lo marca el artículo 37 de nuestra Constitución, es única y exclusivamente el de aprobar el que a un conciudadano se le permita recibir una condecoración de un país extranjero, ni más ni menos, esto es lo que estamos votando hoy.

En este sentido, amigas y amigos Senadores, deseo hacer algunas precisiones sobre este importante asunto y, finalmente, solicitarles votar a favor de este tema.

Primero la Condecoración que la República de Guatemala pretende otorgar al gobernador de mi estado, Juan Sabines Guerrero, es una importante distinción que hace el gobierno de ese país por una política eficaz que han tenido los chiapanecos y su gobierno en el tema migratorio, en el ámbito de su consecuencia y bajo los principios de la política nacional.

Dicha política, por ejemplo, ha privilegiado la defensa de los derechos humanos de la población migrante y ha buscado en todo momento tener una frontera digna, sin abusos ni atropellos.

Amigas y amigos Senadores:

Qué bueno que México es reconocido por este tema. Los mexicanos estamos en deuda con los migrantes centroamericanos.

Así como nosotros hemos exigido un trato digno hacia nuestros connacionales por parte del gobierno estadounidense en la frontera norte, debemos ser recíprocos con nuestros hermanos centroamericanos.

Este tipo de condecoraciones muestran que en México avanzamos en políticas públicas que impulsen un esquema migratorio de vanguardia. Esta, amigas y amigos Senadores, es una buena noticia para México.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que el gobierno de Chiapas y su gobernador, han sido reconocidos con una condecoración sobre, específicamente, el tema migratorio, donde mi estado lo ha asumido con una altísima responsabilidad.

Ahí está también, por ejemplo, la que otorgó en su momento la República de El Salvador, un reconocimiento al buen trato que Chiapas ha otorgado a los salvadoreños, a quienes se les respetan los derechos humanos en Chiapas.

En resumen, compañeras y compañeros Senadores, es facultad de este Senado de la República conceder permiso a los ciudadanos mexicanos para acudir al extranjero y puedan participar en este tipo de eventos, que sin duda nos alienta como nación a ejecutar una política migratoria y de derechos humanos exitosa.

En este sentido, queda clara nuestra facultad para permitir a los ciudadanos recibirlas, máxime tratándose de un tema tan importante.

Es importante enfatizar, amigas y amigos, que este tema no es una comparecencia de gobierno, no es un debate sobre políticas de gobierno, bajo ningún motivo estos permisos deben convertirse en dimes y diretes ajenos a estas condecoraciones sobre la gestión de algún gobierno estatal.
Este Senado, amigas y amigos Senadores, tiene mecanismos para debatir de lleno sobre las políticas públicas, no solamente de mi estado, sino la de todas las entidades federativas de México.

Es un tema legislativo, que hoy, sin embargo, se está usando para subir opiniones sobre una evaluación de gobierno.

Respeto, por ejemplo, las opiniones del Senador Alejandro Encinas, no puedo compartirlas, y sí decirles que, sobre los puntos que trató, podríamos ahondar y entrar a debate sobre los pros y los contras.

En este caso, amigas y amigos, yo les pido que votemos a favor sobre la condecoración que se le da al gobierno de Chiapas, y específicamente al gobernador Juan Sabines, para que reciba del gobierno de la República de Guatemala un homenaje sobre la política migrante.

Muchísimas gracias por escucharme.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Albores Gleason.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al mismo dictamen.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente:

Otorgar una condecoración a un gobernante que apenas ayer encarceló a Celso Cruz Farrera, Fernando Ramos Zavala, Alfonso Domínguez, Santiago Ordóñez, compañeros de mi partido, el PRD, que lo llevó al gobierno, no me parece ni justo ni correcto.

El gobierno de Juan Sabines ha sido un gobierno caracterizado por la represión, el autoritarismo y de un gran número de violaciones a los derechos humanos. Ahí se ejerce el gobierno con abuso de poder propio de épocas reprobables.

Se ha documentado que en el periodo de enero de 2011 a mayo de 2012, se documentaron 353 violaciones en contra de defensores de derechos humanos y 38 desapariciones forzadas por motivos políticos. Cada vez existen más casos donde mujeres y hombres son detenidos y apresados sin existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan.

El 7 de abril de 2009, desalojaron un plantón y allanaron ilegalmente las oficinas del Movimiento Campesino Regional Independiente, el MOCRI, y detuvieron a su dirigente principal.

Otro emblemático es la reclusión ilegal, en octubre de 2010, de 19 indígenas Tzotziles, originarios de diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en diversos penales de Chiapas, y 2 de ellos en Las Islas Marías, dichos habitantes fueron encarcelados tras una manifestación en la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, en donde acudieron para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua potable, alcantarillado, electrificación, vivienda digna y sistemas de financiamiento para la comercialización de productos del campo en diversas localidades, a problemas sociales, ante la necesidad de solucionar problemas sociales, se les respondió con policías, represión y cárcel.

Otro caso fue el del señor Caralampio Gómez Hernández, quien fue detenido en forma arbitraria el 16 de julio de 2010 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, junto con cinco dirigentes magisteriales de organizaciones sociales, después de participar solidariamente en un mitin de maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El pasado 26 de junio de este año, en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, ocurrieron hechos violentos que provocaron la muerte de dos personas, dos docenas de lesionados, 15 casas y 30 vehículos quemados, y la Procuraduría General de Justicia del estado inició una averiguación previa por los delitos de homicidio y lesiones, deteniendo a 61 personas en calidad de presentadas, entre ellas José Pérez Conde, asesor del alcalde perredista de Zinacantán.
El 1° de julio habitantes del poblado de Rincón Chamula, también fueron reprimidos por criticar el proceso electoral de este año.

En ese orden de ideas, es importante destacar la situación que prevale en el sistema carcelario. El Centro Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado que al interior del sistema de los penales de Chiapas se sufre acoso, intimidación y violencia.

Chiapas es un estado con uno de los mayores índices de violación de los derechos humanos; existe discriminación, poco acceso a la información y a la educación, y quienes defienden estos derechos, son los líderes de distintas organizaciones sociales; quienes se atreven a denunciar, son aprehendidos de manera injusta por motivos políticos, fundamentalmente producto de una lucha social, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.

El artículo 1o. de nuestra Constitución, consagra que todo habitante de nuestro país posee derechos humanos y genera obligaciones para todas las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen.

Por eso es importantísimo que este Senado, en lugar de otorgarle condecoraciones, haga una exigencia a Juan Sabines Guerrero, a que garantice el respeto de los derechos humanos de los habitantes de la entidad que gobierna; que se garantice la seguridad y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en el estado; que libere a nuestras compañeras y compañeros presos injustamente y sólo por motivos políticos; y que este Senado, también, exhorte al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al doctor Raúl Plascencia, para que haga una investigación a fondo e informe a este Senado de la situación que prevalece de violación de derechos humanos sistemática a lo largo de los seis años de Juan Sabines.

Termino diciendo, que más que una condecoración, se le debiera hacer juicio político.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la tribuna con el honor de pertenecer al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Pero también lo hago con la enorme responsabilidad de ser Senador por Chiapas.

No vengo esta tarde a ocupar aquí este espacio público para evitar un tema o para que se posponga un debate. Tampoco vengo aquí a polemizar en torno a una consideración política. Lo hago fundamentalmente para expresar mi voto particular y para centrar el verdadero punto a discusión.

Creo que es importante que precisemos cuál es el alcance, cuál es la dimensión y cuál es el contenido de fondo de lo que hoy aquí estamos debatiendo.

No se trata, creo, de estar a favor o en contra de quien recibe una condecoración de una nación hermana. Se trata de razonar las motivaciones por las cuales se está otorgando.

Y de eso es lo que quiero hoy hablar aquí en esta casa republicana.

Quiero razonar y quiero exponer, cuáles son las motivaciones que ha expresado la Cámara Nacional de Comercio de Guatemala para considerar meritorio condecorar a un mexicano con la Orden José Cecilio del Valle, en Grado de Gran Collar.

Y esta motivación tiene que ver con la relación entre México y Guatemala, de país a país, es una relación cercana, es una relación amistosa, no exenta también de sus tensiones, pero hay que reconocerlo, es una relación asimétrica, si consideramos simplemente el tamaño de nuestra nación y el tamaño de nuestra población. Pero relación muy distinta es la que existe entre Chiapas y Guatemala.

Chiapas está vinculado con la nación guatemalteca de una manera muy distinta que el resto del país; se vincula de manera distinta porque cotidianamente convivimos y porque partimos de una raíz, una cultura, una serie de costumbres, de tradiciones, e incluso, de un origen histórico común.

Y si bien esta raíz común entre Chiapas y Guatemala siempre nos ha hermanado, también hay elementos que hacen de esta interacción permanente una relación compleja, una relación rica en matices, en experiencias, y porque no decirlo también, una relación, a veces, hasta tensa.

Nuestro estado representa, sin duda, un área de oportunidad para Guatemala en función del intercambio comercial, turístico y como punto de tránsito obligado de los migrantes cuyo destino son los Estados Unidos.

Hay que recordar simplemente que ocho de los diez cruces fronterizos de México con Guatemala están en Chiapas. Por ahí pasan todos los días cerca de 2,500 personas en búsqueda de un destino mejor.

Por eso la condecoración que está hoy a discusión, y que otorga la Cámara de Comercio guatemalteca, es en reconocimiento a una batería de políticas públicas relacionadas con los migrantes; políticas públicas que han buscado que no se criminalice la migración en Chiapas.

Hoy los migrantes guatemaltecos, en su cruce por el estado, gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos chiapanecos.

También se ha buscado que se tenga un trato digno a estos migrantes. Se ha buscado, también, que se elimine de todo el marco regulatorio la palabra de “ilegal”, al referirse a un centroamericano que está en su paso por Guatemala.

Bueno, incluso, desde el congreso del estado se hizo un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y justamente aquí al Senado, a la LXI Legislatura, para desaparecer la visa para los ciudadanos guatemaltecos en su paso a México, como una política de reciprocidad.

En suma, se ha logrado un nuevo clima que no criminalice a los migrantes y defienda sus derechos.

Estas políticas de alguna forma han sido bien recibidas por el pueblo y los gobiernos de nuestras naciones vecinas.

Y creo que esos son los alcances y el verdadero significado de la condecoración que hoy se está discutiendo.

Por todas estas consideraciones, es que el tema del que estamos hablando hoy, es de la relación de Guatemala y Chiapas, una relación histórica que hoy pasa por un momento favorable.

Nuestro tema es el reconocimiento de una nación hermana a una política y a una voluntad, de ver la migración con una óptica diferente, sobre todo, a la que ven los Estados Unidos con nuestros paisanos y que todo el tiempo estamos reclamando por un trato más digno, más justo y más humanitario.

Confío en que el análisis que estamos realizando tome en cuenta estos hechos de la relación de Chiapas y Guatemala, que es el verdadero tema que nos ocupa.

Por lo antes expuesto, expreso a esta Asamblea que habré de emitir un voto favorable, en función de que como representante popular y como chiapaneco, conozco la historia y la circunstancia actual de la relación de Chiapas y Guatemala.

Sin duda, respeto la posición y la opinión de mis compañeros de bancada, aunque no la comparta, en el punto que tiene que ver con la migración, las diferencias en el debate siempre lo enriquecen, y siempre lo enriquecen cuando sirven para encontrar razones y éstas son las mías.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al mismo dictamen.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia:

En la Comisión de Gobernación suscribí a favor este dictamen y enseguida votaré a favor al igual que lo harán la mayoría de los integrantes del PAN.

Y me parece que es importante explicar las razones por las cuales votaremos a favor.

El artículo 37 constitucional, en el inciso c), establece las causales por las cuales se puede perder la nacionalidad mexicana. En su fracción III dice que se pierde la nacionalidad mexicana por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente.

Esta es una norma original de la Constitución que en diversos momentos el PAN ha considerado que está totalmente rebasado.

Hay varias iniciativas de Diputados y Senadores del PAN, buscando que no sea el Congreso quien pueda evaluar esto.

Ciertamente en el siglo XIX era entendible que si alguien aceptaba o usaba una condecoración extranjera, podría suponerse que estaba al servicio de una potencia extranjera, ese es el razonamiento por el cual se estableció esta norma constitucional.

Hoy, si la Cámara de Comercio de Guatemala le otorga una condecoración a los mexicanos, de ahí no puede derivarse que esté al servicio de una potencia extranjera.

Por esa razón voté a favor del dictamen, por esa razón votaré a favor ahorita en el Pleno.

No es, como se dijo aquí en tribuna hace un momento por algunos de los Senadores, no es que el Senado otorgue una condecoración, de ninguna manera, lo único que hace es autorizar como lo ha hecho prácticamente en todos los casos en la historia.

Que yo conozca solamente existen dos excepciones, una por allá en el ’98 y otra entiendo en la legislatura pasada. Fuera de ahí absolutamente todas las demás han sido aprobadas, porque se ha partido del criterio de no evaluar a la persona.

Aquí han subido oradores a hablar a favor del condecorado, a favor del que solicita el permiso para aceptar la condecoración y algunos otros para hablar en contra.

No es el tema evaluar a la persona, muy el derecho de la Cámara de Comercio de Guatemala de otorgar esta condecoración.

Yo puedo, en lo personal, concordar, acertar algunas de las evaluaciones negativas que se han hecho con respecto al ejercicio de gobierno de esta persona.

Sin embargo, por congruencia, porque consideramos que esta es una norma totalmente rebasada, porque tiene que ser eliminada de la Constitución, votaremos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente:

Tiene razón el Senador Larios Córdova que la del artículo 37 constitucional, contenida en el inciso c) fracción III, es una de las facultades decimonónicas que siguen prevaleciendo en el moderno Congreso mexicano. Tuvo su razón de ser.

Quizá hay quienes hoy defiendan que el Senado de la República autorice o no a un mexicano recibir en un país extranjero una condecoración.

¿Qué es lo que el Senado aprueba cuando autoriza que un mexicano reciba una condecoración?

Pues, en primer lugar, la calidad de la condecoración y, en segundo lugar, la calidad del condecorado.

Para que no se sujete a un dominio exterior, para que no se subordine a un interés extranacional, para que no sea sujeto de sumisión a dictados internacionales, no claramente expresados en el seno de la unión. Podríamos decir que hasta ahí está vigente la actual función.

Yo soy uno de los que creo que esta facultad debe modernizarse para un mecanismo más eficaz. Pero que debe seguir existiendo un mecanismo en la esfera del Poder Ejecutivo o del Congreso, pero mucho más pronto y expedito para que califique ambas calidades.

Y eso es lo que hoy se está discutiendo.

Yo coincido con quienes aquí han hablado de la poca calidad moral, política, que tiene el condecorado.

Discrepo de aquellos que dicen que esto puede poner en riesgo la relación con Guatemala. La condecoración no proviene del gobierno de Guatemala, es de un organismo empresarial, es de la Cámara de Comercio de Guatemala al señor gobernador Juan Sabines.

Compañeras y compañeros, en congruencia con mi voto en la Comisión de Gobernación, yo votaré en contra de esta condecoración. Yo no suscribí el dictamen en la Comisión de Gobernación, sólo en este caso.

En Chiapas se concentra uno de los gobiernos con los mayores índices de desprestigio en materia de derechos humanos.

Un gobierno del que cualquier partido político sentiría vergüenza cómo ha manejado el Ministerio Público.

Compañeras Senadoras y Senadores, Sabines es transversal a los partidos, lo sabemos todos. Decide cosas en el PAN, decide cosas en el PRI, decide cosas en el PRD. Que no nos asuste que venga a defensa en todos los partidos, pero también en todos los partidos hay quienes sabemos que este personaje es uno de los que ha distorsionado, como ninguno en los últimos años, la función del Ministerio Público y la ha manejado con criterios políticos, de persecución política, de revancha política.

Hay una expresión brutal, sólo posible en el cinismo de Sabines, en el caso del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía: “Yo metí a la cárcel a Salazar y yo lo saco”. Porque ese es el manejo hecho personal de la procuración de justicia en ese estado.

No reúne Sabines las cualidades para recibir una condecoración por respeto a los migrantes, cuando no es capaz de respetar los derechos humanos de sus propios paisanos. Es un contrasentido.

Es un contrasentido que andemos ahora haciendo caravana con sombrero ajeno, o siendo candil de la calle y oscuridad de la casa, eso es lo que es Sabines con relación a los derechos humanos.

Yo respeto a quienes en función de la facultad harán uso de ella y la aprobarán. Entiendo plenamente esos motivos.

En mi caso, votaré en contra.

No merece Sabines ese reconocimiento, así sea de un organismo empresarial de la República de Guatemala.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Corral Jurado. Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 66 votos en pro, 37 en contra y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Juan Sabines Guerrero para aceptar y usar la Condecoración que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

En el apartado de proposiciones, tiene la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar acciones y mecanismos eficientes y eficaces para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En mi calidad de Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, es que presento el día de hoy esta proposición con punto de Acuerdo en relación al Día Internacional de la Alimentación, proclamada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO.

El Banco Mundial establece que las soluciones básicas para combatir la pobreza, falta de alimentación y la desnutrición, son la educación, el empleo, la capacitación, la transparencia del gobierno y el fin de la corrupción.

Cabe mencionar que una de las causas de la desnutrición es la falta de acceso a los alimentos. La imposibilidad de acceder a ciertos productos básicos y complementarios, sobre todo en las localidades marginadas y de difícil acceso para cientos de familias mexicanas que habitan en esos lugares.

Bajo esta tesitura el rubro agrícola que toma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación es inaudible en nuestro México.

En el fondo de la situación económica que vive nuestro país, existe la necesidad estratégica de disminuir los costos de producción social y en esto los alimentos juegan un papel central.

La posibilidad de que México se transforme en un país exportador, que mejore su competitividad en el mercado mundial, está estrechamente vinculada a la existencia de una abundante oferta de alimentos a bajo precio.

Los programas sociales son un complemento en el combate a la pobreza, pero los motores más importantes para su reducción son la creación de empleos, el alza de la productividad, el crecimiento económico y los salarios justos y reales para este acceso, así como los derechos sociales y los programas necesarios para combatir la pobreza y la alimentación.

Por ello, estoy segura que el autoabastecimiento alimentario es el progreso hacia una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida más grata, hacia una vida que devuelva el trabajo, el aliciente y la iniciativa diaria que trae consigo variedad de grandes éxitos, y no señalar que con la reforma a nuestra Constitución en el artículo 4o. en donde se establece literalmente que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva y sana, suficiente y de calidad, y el Estado tiene la obligación de garantizarla.

Significa entonces que tenemos una responsabilidad plena por lo que se hace o se deja de hacer, y una de sus mayores compensaciones es la alegría que nace de ver el desarrollo completo de cada tarea creando leyes y normas que sean un complemento en la ejecución de las mismas, y que las reformas constitucionales lleguen a un feliz término en su aplicación a favor de la población mexicana.

La capacidad de una nación de producir alimentos es vital para que el poderío de un país se mantenga y crezca, no se podría concebir la idea que la alimentación de sus propios ciudadanos depende de un país extranjero.

Busquemos la competencia global para estar a la par de naciones con altos índices de competitividad en la producción de alimentos.

Esto permitirá incrementar los ingresos mediante la exportación de alimentos básicos y primarios propios de nuestro campo mexicano.

Finalmente, podemos colegir que es vital darle cabida a tan sensible tema que nos incumbe a todos los Senadores de la República, que nos constriñe exhortar a todas las autoridades de las 3 esferas de gobierno a que mediante acciones de sinergia permitan una estrecha cooperación y coordinación para la creciente demanda de nuestra sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus facultades y competencias, para que implementen acciones y mecanismos eficientes para la erradicación de la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, etiquete mayores recursos para las políticas públicas relativas al rubro alimentario a fin de ejecutar las acciones paralelas al cumplimiento del artículo 4o. constitucional, y que en el Presupuesto Federal específico para este ramo, sea insertado en el Plan Nacional de Desarrollo Social.

Tercero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social administre y distribuya de forma eficiente y equitativa los recursos destinados para los rubros del desarrollo social.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS EFICIENTES Y EFICACES PARA ERRADICAR LA POBREZA QUE EXISTE EN GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 76, Fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante ésta Honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo por el que: el Senado de la República Exhorta de forma respetuosa a las AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES Y MECANISMOS EFICIENTES Y EFICACES PARA ERRADICAR LA POBREZA QUE EXISTE EN GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este 16 de octubre del año 2012, se celebra como desde hace más de 30 años el “Día Mundial de la Alimentación”, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).1

Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Aunado a lo anterior, el Banco Mundial establece que las soluciones básicas para combatir la pobreza, falta de alimentación y la desnutrición son la educación, el empleo, la capacitación, la transparencia del gobierno, y el fin de la corrupción.

Cabe mencionar que una de las causas de la desnutrición, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2es la falta de acceso a los alimentos. La imposibilidad de acceder a ciertos productos básicos y complementarios, sobre todo en las localidades marginadas y de difícil acceso, se asocia a la presencia de desnutrición y mala alimentación para cientos de miles de familias mexicanas que habitan en esos lugares.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue establecido por países miembros de la FAO en la Reunión General de la Organización Número 20, en noviembre de 1979.3 La delegación Húngara, encabezada por el Ministro Húngaro de Agricultura y Alimentación Dr. Pál Romány actuó un activo rol en la Sesión Número 20 de la Conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el Día Mundial de la Alimentación. Desde entonces se ha desarrollado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre.

Desde el 15 octubre de 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales, tales como:

Año

Causa

2012

Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo

2011

Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad

2010

Unidos contra el hambre

2009

Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis

2008

Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del cambio climático y bioenergía

2007

El derecho a la alimentación

2006

Mejorando la agricultura para la seguridad alimentaria

2005

Agricultura y diálogo intercultural

2004

Biodiversidad y seguridad alimentaria

2003

Trabajando unidos para la Alianza Internacional contra el Hambre

2002

Agua: Fuente de seguridad alimentaria

2001

Lucha contra el hambre para reducir la pobreza

2000

Un milenio libre de hambre

1999

La juventud contra el hambre

1998

Las mujeres alimentan el mundo

1997

Mejorando la seguridad alimentaria

1996

Lucha contra el hambre y la malnutrición

1995

Comida para todos

1994

Agua para la vida

1993

Cosechando la diversidad natural

1992

Alimentos y nutrición

1991

Arboles para la vida

1990

Comida para el futuro

1989

Alimentación y medio ambiente

1988

Juventud rural

1987

Pequeños granjeros

1986

Pescadores y comunidades de pesca

1985

Pobreza rural

1984

Las mujeres en la agricultura

1983

La seguridad alimentaria

1982

La comida va primero

1981

la comida va Primero

Bajo esa tesitura el rubro “Agrícola” que toma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, es ineludible es nuestro México, inclusive, actualmente estamos muy lejos de aquéllos años en que el gobierno de la revolución podía vanagloriarse de la capacidad del sector agrícola para producir alimentos y satisfacer la demanda comercial en nuestro país.

En el fondo de la situación económica que vive nuestro país, existe la necesidad estratégica de disminuir los costos de reproducción social y, en esto, los alimentos juegan un papel central.La posibilidad de que México se transforme en un país exportador, que mejore su competitividad en el mercado mundial está estrechamente vinculada a la existencia de una abundante oferta de alimentos a bajo precio.

Procurar mayor dependencia alimentaria de la producción del campo nacional, generar políticas públicas que garanticen la autosuficiencia alimentaria, o al menos una mayor dependencia de los alimentos de nuestra propia tierra, se convierten en una acción indispensable el apoyar al campo y a los campesinos, y por supuesto, extender la protección social de los derechos de seguridad social a zonas más rurales y desprotegidas.

Invertir en infraestructura y capacitación para productores del campo y hacerlos productivos, incrementar la inversión en infraestructura productiva y servicios rurales, diseñar nuevas políticas que doten de capacitación a los productores nacionales, tales como las cadenas productivas de valor para apoyar la reconversión productiva y se focalicen los esfuerzos en cultivos de más rentabilidad, deben ser aspectos prioritarios para nuestro ejercicio como representantes de la sociedad, de nuestro Estado y de nuestro país.

Cabe mencionar que los programas actuales no contribuyeron a la reducción de la pobreza en México, según manifestación del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.4 Es decir, los programas sociales son un complemento en el combate de la pobreza, pero los motores más importantes para su reducción son la creación de empleos; el alza de la productividad, del crecimiento económico y de los salarios reales, así como el acceso efectivo a los derechos sociales.

Por ello, prevalece una acción que en forma conjunta estaremos trabajando en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, de la cual, su servidora es integrante de la misma, al ser una Comisión Legislativa de reciente creación en la Cámara de Senadores, por supuesto que felicito a mis compañeras y compañeros Senadores, por tal loable creación que trae consigo un alto grado de responsabilidad y de trabajo para los que integramos ésta Comisión.

Por ello, estoy seguraque el autoabastecimiento alimentario es el progreso hacia una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida más grata, hacia una vida que devuelve al trabajo el aliciente y la iniciativa diaria, que trae consigo variedad y grandes éxitos, no es óbice señalar que con la reforma a nuestra Constitución Federal en su artículo 4 establece literalmente “…que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado tiene la obligación de garantizarla…”

Significa entonces que tenemos una responsabilidad plena por lo que se hace o se deja de hacer, y una de sus mayores compensaciones es la alegría que nace de ver el desarrollo completo de cada tarea, creando leyes y normas que sean un complemento en la ejecución de las mismas y que las reformas constitucionales lleguen a un feliz término en su aplicación a favor de la población mexicana.

Para México este tema resulta de vital importancia, debemos ser capaces de producir el alimento básico de la población pero al mismo tiempo dar apertura comercial y propiciar la competencia a nivel mundial, a fin de no quedar fuera debido a las malas condiciones en las que se encuentra el campo mexicano, es decir, buscar alternativas e instrumentos de libre competencia que beneficie a todos, tantoconsumidores como proveedores.

Bajo ese parámetro, debemos buscar instaurar una reserva nacional de alimentos para regular el mercado de suministros, garantizar la producción de granos, de sorbo, frijol y arroz, entre otros, e incentivar políticas públicas dirigidas a productores del campo y consumidores, es preponderante e inaplazable la creación de un programa estratégico a corto y mediano plazo para evitar una eventual crisis en la producción agrícola y con ello beneficiar directamente a los campesinos y otorgar precios justos a los consumidores.

Es imprescindible adecuar las políticas públicas e instituciones del sector agropecuario para garantizar la producción de todos y cada uno de los cultivos básicos de nuestro país y que los mismos sean de alta calidad para proteger a los consumidores, además de generar desarrollo en las regiones y zonas rurales más pobres del país.

El Estado es el encargado de generar riqueza por medio de la cuál ganará poder en el escenario internacional, bajo ese parámetro, es total responsabilidad del Estado Mexicano a través de los tres niveles de gobierno, unificar el mercado interno y lograr su desarrollo, ya que la prosperidad de una nación depende del capital que tiene. Desde esta perspectiva, podemos decir que la autosuficiencia alimentaria es una función básica del Estado ya que como regulador de la economía y los mercados es capaz de fomentar y apoyar la producción de alimentos para la población nacional, la actividad agropecuaria y la planeación de las estrategias son y deben ser creadas por el Estado.

La capacidad de una nación de producir sus propios alimentos es vital para el poderío de un país y no se podría concebir la idea que la alimentación de sus propios ciudadanos dependiese de un país extranjero.

Busquemos la competencia global para estar a la par de naciones con altos índices de competitividad en la producción de alimentos, esto permitirá incrementar los ingresos mediante la exportación de alimentos básicos y primarios, propios de nuestro campo mexicano.

JUSTIFICACION

Las consecuencias: Del 2006 al 2010, se registra un espectacular aumento de la pobreza que se extiende al 2012, contabilizándose cerca de 60.0 millones de personas, un 25% adicional a lo reportado al inicio de esta administración por concluir, conllevado inevitablemente un proceso de rompimiento de la cohesión social. De esta oprobiosa realidad se afirma que “La estabilidad económica es insuficiente, México se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo, en términos sociales.

Finalmente podemos colegir que es vital darle cabida a tan sensible tema que nos incumbe a todos los Senadores de la República y que nos constriñe exhortar a todas las Autoridades de las tres esferas de gobierno a que mediante acciones de sinergia permitan una estrecha cooperación y coordinación para la creciente demanda de la sociedad mexicana.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES Y MECANISMOS EFICIENTES Y EFICACES PARA ERRADICAR LA POBREZA QUE EXISTE EN GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA.

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, ETIQUETE MAYORES RECURSOS PARA LAS POLITICAS PUBLICAS RELATIVAS AL RUBRO ALIMENTARIO A FIN DE EJECUTAR LAS ACCIONES PARALELAS AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL, Y QUE EN EL PRESUPUESTO FEDERAL ESPECIFICO SOBRE ESE RAMO, SEA INSERTADO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

TERCERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRE Y DISTRIBUYA DE FORMA EFICIENTE Y EQUITATIVA LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LOS RUBROS DE DESARROLLO SOCIAL.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2012.

Atentamente

Lisbeth Hernández Lecona
Senadora de la República”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social los resolutivos primero y tercero, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Sonido en el escaño de la Senadora Mely Romero.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: (Desde su escaño) Gracias, para solicitarle a mi compañera Senadora si me permite suscribirme también a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Lisbeth Hernández, autoriza la adhesión de la Senadora Mely Romero, igualmente la Senadora Angélica Araujo, la Senadora Rocío, la Senadora Ivonne Alvarez. Pido que tome nota la Secretaría para que se incluyan en la propuesta que ha hecho la Senadora Lizbeth Hernández.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General del ISSSTE que una vez aprobados los recursos para la construcción del hospital en Hermosillo, Sonora, se coordine con las autoridades del estado para iniciar su construcción.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente. Le solicito se inserte el texto íntegro del presente punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

Actualmente, la protección de la salud forma parte del Sistema Nacional de Salud y representa la función principal para el desarrollo social de una comunidad.

En el estado de Sonora, el último registro de población del ISSSTE indica que existen 220,000 derechohabientes, de los cuales 65,000 pertenecen a la ciudad de Hermosillo, de éstos, 48,198 son trabajadores activos que le aportan al Instituto, 16,802 son pensionistas que han hecho sus cotizaciones hasta por más de treinta años y juntos tienen un total de 133,895 familiares directos dependientes.

Sin duda alguna, la atención de los problemas de la salud de los derechohabientes requiere de tratamientos aplicados por médicos especialistas y constituye un reclamo legítimo de toda sociedad organizada en beneficio de la comunidad. Por lo cual, es indispensable contar con la infraestructura hospitalaria adecuada que permita brindar la atención médica acorde a las necesidades.

Resulta importante mencionar que la infraestructura para la atención médica del ISSSTE en el estado de Sonora consiste en 40 unidades medicas, de las cuales, 34 corresponden a unidades de medicina familiar y 6 son de hospitalización general, por lo tanto, no existen clínicas de atención especializada que permitan brindar servicios de alta tecnología y de máxima resolución diagnóstico-terapéutica.

Si bien es cierto que al día de hoy el Hospital Fernando Ocaranza es el encargado de brindar la atención a los derechohabientes que son canalizados de diversas unidades de atención médica familiar, su capacidad, en los últimos años, se ha visto totalmente rebasada por el crecimiento demográfico de los derechohabientes, situación que se traduce en que la atención a las necesidades básicas de la salud resulten insuficientes.

Por lo anterior, es que requerimos impulsar acciones que permitan cubrir de la mejor manera las necesidades de los derechohabientes, por lo que es necesario concretar no sólo la creación de un hospital de especialidades en la región que cuente con el recurso necesario que permita asegurar su equipamiento médico, que garantice el cuidado integral de la salud de estos derechohabientes de Hermosillo y sus alrededores.

Como referencia a lo anterior, debo mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación existe una partida especial dentro del Ramo 12 destinados a la creación de proyectos para la prestación de servicios, con el tipo de infraestructura social, razón que me motiva a presentar esta proposición con punto de Acuerdo.

Así, por lo expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que a su vez, aprobados los recursos para la construcción del Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora, se coordine con las autoridades del estado para gestionar todas las diligencias necesarias que permitan iniciar su construcción.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Salud para que en el ámbito de sus competencias, considere en el Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de Salud, la construcción y el equipamiento médico-quirúrgico del Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE QUE UNA VEZ APROBADOS LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EN HERMOSILLO, SONORA, SE COORDINE CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO PARA INICIAR SU CONSTRUCCION

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
PRESENTE.

Francisco Búrquez Valenzuela Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que una vez aprobados los recursos para la construcción del Hospital del ISSSTE en el Municipio de Hermosillo Sonora, se coordine con las autoridades del Estado de Sonora para gestionar todas las diligencias necesarias que permitan iniciar su construcción, así mismo seexhorta respetuosamente alSecretario de Salud para que en el ámbito de sus competencias, considere en el Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de Salud, la construcción y el equipamiento médico-quirúrgico del Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Datos delúltimo censo de población del INEGI, indican que en el Estado de Sonora existen 2, 662,480 habitantes de los cuales 784,342 viven en la ciudad de Hermosillo.

En la Actualidad el último registro de población del ISSSTE indica que existen 220,000 derechohabientes de los cuales 65,000 pertenecen a la ciudad de Hermosillo de éstos, 48,198 son trabajadores activos que le aportan al Instituto, 16,802 son pensionistas que han hecho sus cotizaciones hasta por más de treinta años y juntos tienen un total de 133,895 familiares directos dependientes. En promedio corresponden 2.2 dependientes por trabajador o pensionado.

El ISSSTE, en el estado de Sonora, cuenta con 483 médicos asignados de los cuales 156 se encuentran en la capital, esto equivale a un promedio de 537 pacientes por médico en la ciudad de Hermosillo, sin tomar en cuenta los derechohabientes que se trasladan de otras partes del Estado para atenderse en la capital.

Resulta importante mencionar que la infraestructura para la atención médica del ISSSTE en el Estado de Sonora consiste en 40 unidades medicas del ISSSTE, de las cuales 34 corresponden a unidades de medicina familiar y 6 son de hospitalizacióngeneral por lo tanto no existen clínicas de atención especializada.

Sin embargo, no cuenta con centros donde se brinde atención de tercer nivel (que consiste en la red de hospitales de alta tecnología y máxima resolución diagnostica-terapéutica, en los que se atiende a los pacientes que remiten los Hospitales de segundo nivel de atención.

En la capital del Estado, hay 3 unidades de consulta externa y solo una unidad de hospitalización general, no existe una sola clínica de hospitalización especializada, sin embargo, se presentan al año cerca de 69,778 consultas especializadas solo en la ciudad de Hermosillo

El número de camas censables son 155, 84 camas no censables 10 quirófanos, 8 laboratorios, 21 ambulancias, 13 incubadoras, 6 salas de urgencia, cuenta en total con 150 consultorios, 8 salas de Rayos X y 2 bancos de sangre. Es considerable puntualizar que deltotal de consultoriosel 49%, corresponden a medicina general, 35.8%son de especialidad, 7.4% son de odontología y 5.4% de urgencias.

Si bien es cierto que al día de hoy el Hospital Dr. Fernando Ocaranza es el encargado de brindar la atención a los derechohabientes que son canalizados de diversas unidades de atención medica familiar, su capacidad, en los últimos años se ha visto rebasada por el crecimiento demográfico de los derechohabientes, lo que se traduce en que la atención a las necesidades básicas de salud resulten insuficientes.

Por lo anterior es que requerimos impulsar acciones que permitan cubrir de mejor manera las necesidades de los derechohabientes, por lo que es necesario concretar no solo la creación de un hospital de especialidades en la región, si no que este cuente con el recurso necesario que permita asegurar su equipamiento médico que garantice el cuidado integral de la salud de los habitantes de Hermosillo y de sus alrededores.

Como referencia a lo anterior debo mencionar que en el presupuesto de egresos de la federación existe una partida especial dentro del ramo 12 destinados a la creación de proyectos para la prestación de servicios, con el tipo de infraestructura social, razón que me motiva a presentar esta proposición con punto de acuerdo.

Así, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que una vez aprobados los recursos para la construcción del Hospital del ISSSTE en el Municipio de Hermosillo Sonora, se coordine con las autoridades del Estado de Sonora para gestionar todas las diligencias necesarias que permitan iniciar su construcción.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente alSecretario de Salud para que en el ámbito de sus competencias, considere en el Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de Salud, la construcción y el equipamiento médico-quirúrgico del Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y del estado de Michoacán a la solución inmediata del conflicto surgido con estudiantes normalistas de esa entidad.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La madrugada del lunes 15 de octubre del año en curso, un númeroso grupo de efectivos de la Policía Federal y del estado de Michoacán, realizaron un operativo para la recuperación de 82 vehículos que mantenían en posesión estudiantes de las Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, como acto de protesta por la modificación al Plan de Estudios que el gobierno federal dispusiera de forma unilateral para las escuelas normales a partir de este ciclo escolar, sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad académica, alumnos, profesores, investigadores, directivos y especialistas sobre este tema, ni la discusión colectiva en relación con sus alcances, a efecto repercusiones y propuestas alternativas.

La medida gubernamental no sólo ha generado una reacción de rechazo generalizado de la comunidad estudiantil de la entidad, también hay acciones de solidaridad de diversos grupos de comuneros de Cherán y del gremio magisterial, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección XVIII, que se sumó en distintos actos de protesta.

El resultado de estas acciones, además de la detención de 176 estudiantes, produjo la detención ilegal del nuevo secretario general del magisterio democrático, del ex dirigente sindical y de varios maestros de la entidad, allanándose inclusive con violencia a las instalaciones de la sección sindical.

Una vez más, los gobiernos federal y del estado, a través de los responsables de la política interior y la seguridad pública, se han equivocado y excedido en el uso de la fuerza y la represión, como vía para la solución de los conflictos surgidos en el sector educativo de la entidad; primero fue contra estudiantes de la Universidad Michoacana y ahora contra estudiantes normalistas y maestros democráticos y gente de la sociedad civil.

La solución del problema educativo en Michoacán no puede, bajo ninguna circunstancia, atenderse bajo el extremo de la violencia, un gobierno democrático como el que hoy presume representar el gobernador Fausto Vallejo, exige condiciones de mayor compromiso social para atender las demandas de los diferentes sectores de la sociedad.

Un gobierno democrático exige también, de tolerancia, respeto a la pluralidad ideológica, apertura al diálogo y actitud responsable para solucionar los problemas públicos con acciones fincadas en la legalidad, la justicia social y el principio de gobernabilidad.

Los legisladores de izquierda, particularmente los del Partido de la Revolución Democrática, no estamos de acuerdo que en la protesta pública, la violencia o la comisión de ilícitos, sea una medida para la solución del conflicto social. No justificamos la actitud violenta de los estudiantes, no estamos de acuerdo con la forma, pero respaldamos el fondo de la petición, es decir, su derecho a obtener mejores condiciones y oportunidades en el acceso a la educación y el campo laboral.

Reconocemos que es tan grave la comisión de delitos por los estudiantes, como el abuso de autoridad por el estado, a través del uso excesivo de la fuerza pública, más aún tratándose del uso de la violencia y la violación de garantías individuales en los espacios educativos.

A las autoridades se les ha olvidado que hay otras formas para hacer valer el estado de derecho, pero no es violando las garantías que la Constitución consagra a los jóvenes de México y de Michoacán, menos aún dentro de los espacios educativos públicos, estandarte y conquista de las luchas y protestas del normalismo mexicano.

Condenamos, por esta razón, la fuerza excesiva e injustificada utilizada por este gobierno, causa de múltiples violaciones de garantías constitucionales, derechos humanos y garantías procesales, en la intromisión indebida de las Escuelas Normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, y en las instalaciones del Sindicado de la XVIII de la CNTE, en la detención ilegal de 176 normalistas y en la detención de varios compañeros y compañeras maestros del magisterio democrático bajo el argumento irracional y autoritario de la aplicación rígida del estado de derecho que, por cierto, no han aplicado de la misma forma para la situación de excepción que impera en la Nueva Jerusalén.

Sin duda, una vez más quedó evidenciada la falta de voluntad política, sensibilidad y oficio político de los responsables de los gobiernos federal y estatal para solucionar los conflictos mediante el diálogo, el acuerdo y la conciliación de intereses, en aras de abonar a la gobernabilidad democrática del estado, no se puede ni se debe responder a la violencia con más violencia, la violación de garantías, menos tratándose del Estado, cuya función es garantizar condiciones de paz y estabilidad social, los problemas de los jóvenes y del magisterio en general sólo pueden resolverse por la vía de la educación, de la atención oportuna de las demandas y del diálogo, jamás por la fuerza, la violencia o la represión.

La defensa del normalismo histórico y la autonomía sindical no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos, no se protesta y se marcha para resguardar la pureza de un espacio consagrado, sino por la imposición de acciones políticas y programas educativos que van en contra de los verdaderos intereses de la educación.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del estado, a través de los titulares del Poder Ejecutivo, Secretarios de Gobernación y de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Justicia, respectivamente, en el ámbito de sus competencias, para que se garantice un trato humano, digno y legal a los estudiantes normalistas y maestros detenidos procediendo a su liberación inmediata en aquellos casos en los que no tiene plenamente acreditada su responsabilidad penal, así como la instalación urgente de una mesa de diálogo que permita arribar a la solución conciliada del problema entre las partes.

Segundo.- Se solicita la intervención inmediata de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en el caso de Michoacán, a efecto de que se realicen las investigaciones procedentes sobre posibles violaciones de derechos fundamentales procediendo en su caso a la emisión de recomendaciones para el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones administrativas y penales contra aquellos servidores públicos que hayan tenido participación en los hechos bajo la actitud indebida de abuso de autoridad.

Es cuanto, compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACAN A LA SOLUCION INMEDIATA DEL CONFLICTO SURGIDO CON ESTUDIANTES NORMALISTAS DE ESE ESTADO, A PARTIR DE SU DETENCION ILEGAL Y POSIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACAN, A LA SOLUCION INMEDIATA DEL CONFLICTO SURGIDO CON ESTUDIANTES NORMALISTAS DE MICHOACAN, A PARTIR DE SU DETENCION ILEGAL Y POSIBLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la madrugada del día lunes 15 de octubre del año en curso, un número grupo de efectivos de la policía federal y del estado, realizaron un operativo para la recuperación de 82 unidades de transporte público, entre los cuales se encontraban autobuses de pasajeros, camiones repartidores y pipas destinadas al transporte de combustible, que desde hace más de 10 días estudiantes de las Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, Michoacán, mantenían en posesión como acto de protesta por las modificaciones al Plan de Estudios que el gobierno federal dispuso para las escuelas normales a partir de este ciclo escolar.

Del referido operativo policial resultó la detención de 176 estudiantes normalistas, aparentemente de forma ilegal, en contra de quienes se presume posibles violaciones de derechos humanos.

La medida gubernamental, no sólo ha generado una reacción de rechazo generalizada de la comunidad estudiantil de la entidad que en las últimas horas se ha traducido en la toma de la Secretaría de Educación en el Estado, manifestación en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y toma de carreteras cercanas a la capital, acciones a las que se han solidarizado también de diversos grupos de comuneros de Cherán y del gremio magisterial, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII, que se sumó con actos de protesta, marchas, toma de la presidencia municipal de Uruapan y emplazamientos al paro general de labores en solidaridad con los estudiantes, con la respuesta por parte de los representantes de los gobiernos federal y estatal de la también ilegal detención de nuevo Secretario General del magisterio democrático y de varios maestros de la entidad.

Una vez más, los Gobiernos Federal y del Estado a través de los responsables de la política interior y la seguridad pública, se han equivocado y excedido en el uso de la fuerza y la represión, como vía para la solución de los conflictos surgidos en el sector educativo de la entidad; primero fue contra estudiantes de la Universidad Michoacana y ahora contra estudiantes normalistas.

La solución del problema educativo en Michoacán, no puede bajo ninguna circunstancia atenderse bajo el extremo de la violencia, un gobierno democrático como el que hoy presume representar el gobierno de Fausto Vallejo, exige condiciones de mayor compromiso social para atender la demandas de acceso a la educación, equidad, atención del rezago, gratuidad y cobertura plena en el servicio, calidad educativa y sobre todo, estrategias de vinculación con el mercado de trabajo, para garantizar a los estudiantes y sus familias mejores condiciones de vida y desarrollo profesional.

Un gobierno democrático, exige también de tolerancia, respeto a la pluralidad ideológica, apertura al diálogo y actitud responsable para solucionar los problemas públicos con acciones fincadas en la legalidad, la justicia social y el principio de gobernabilidad, entendiendo por ésta la capacidad de gobernar, es decir, de hacer valer decisiones socialmente obligatorias, pero legítimas, incluyentes y apegadas a un estado de derecho, que garanticen además la capacidad de acción del sistema político en el cumplimiento de los derecho educativos de la sociedad, pues en estricto sentido, la gobernabilidad significa regulación política,ejercicio del poder soberano estatal y las funciones de gobierno en la solución de los problemas de la sociedad, que al no ser resueltos por el gobierno ante su falta de capacidad de acción, crea lo que hoy vivimos en Michoacán, un Estado de Ingobernabilidad, que no es responsabilidad sino del gobierno mismo, que primero origina el problema y después reprime a quienes lo denuncian.

Los legisladores de izquierda, particularmente los del Partido de la Revolución Democrática, no estamos de acuerdo que en la protesta pública, la violencia o la comisión de ilícitos, sea una medida para la solución del conflicto social, no justificamos la actitud violenta de los estudiantes, no estamos de acuerdo con la forma, pero respaldamos el fondo de la petición, es decir su derecho a obtener mejores condiciones y oportunidades en el acceso a la educación y el campo laboral.

Reconocemos que es tan grave la comisión de delitos por los estudiantes, como el abuso de autoridad por el Estado, a través del uso excesivo de la fuerza pública, más aún tratándose del uso de la violencia y la violación de garantías individuales en los espacios educativos.

La respuesta de los gobiernos federal y del estado de Michoacán, sólo puede calificarse como una actitud fascista propia de los gobiernos priístas de la década de los 60’s y 70´s, en la época de la guerra sucia del país, que ha sido muy bien reproducida y mejorada por los gobiernos panistas de los últimos 12 años. A las autoridades se les ha olvidado que hay otras formas para hacer valer el Estado de Derecho, pero no es violando las garantías que la constitución consagra a los jóvenes de México y de Michoacán, menos aún dentro de los espacios educativos públicos, estandarte y conquista de las luchas y protestas del normalismo mexicano.

Condenamos por esta razón la fuerza represiva, excesiva e injustificada utilizada por este gobierno fascista y totalitario, causa de múltiples violaciones de garantías constitucionales, derechos humanos y garantías procesales, utilizados en la intromisión indebida a las Escuelas Normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, la detención ilegal de 176 jóvenes, que fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Estatal de Formación Policial y la detención de varias compañeras y compañeros maestros de la sección XVIII de Michoacán, bajo la justificación irracional y autoritaria de la aplicación del Estado de Derecho.

Sin duda, una vez más, quedó evidenciada la falta voluntad política, sensibilidad y oficio político de los responsables de los gobiernos federal y estatal para solucionar los conflictos mediante el diálogo, el acuerdo y la conciliación de intereses en aras de abonar a la gobernabilidad democrática del Estado, no se puede, ni se debe responder a la violencia, con más violencia y violación de garantías, menos tratándose del Estado cuya función es garantizar condiciones de paz y estabilidad social.

Los problemas de los jóvenes y del magisterio en general, sólo pueden resolverse por la vía de la educación, de la atención oportuna de sus demandas y del diálogo, jamás por la fuerza, la violencia o la represión.

“la defensa del normalismo histórico, no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por todos”. No se protesta y se marcha para resguardar la pureza de un espacio consagrado, sino por la imposición de políticas y programas educativos, que van en contra de los verdaderos intereses de la educación”.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado, a través de los titulares del Poder Ejecutivo, Secretarios de Gobernación y de Gobierno, Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores de Justicia, respectivamente en el ámbito de sus respectivas competencias, para que se garantice un trato humano, digno y legal a los estudiantes normalistas detenidos de las Escuelas Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetíoy maestros de la sección XVIII del Magisterio democrático de Michoacán, para quienes se exige el respeto de sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, procediendo a su liberación inmediata en aquellos casos en los que no queda plenamente acreditada su responsabilidad penal, así como a la instalación urgente de una mesa de diálogo que permita arribar a la solución del problema entre las partes.

Segundo. Se solicita la intervención inmediata de las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, a efecto de que se realicen las investigaciones procedentes sobre posibles violaciones de derechos fundamentalesderivados de la actuación violenta e indebida de las policías federales y estatales, bajo el uso desmedido de la fuerza pública en contra de los estudiantes detenidos, maestros, padres de familias y comuneros de los lugares donde se ubican las Escuelas Normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, Michoacán; para que se decreten las medidas cautelares de protección y defensa de los derechos humanos de los estudiantes y para que en su caso, se proceda a la emisión de recomendaciones para el fincamiento de las responsabilidades e imposición de sanciones administrativas y penales, contra aquellas autoridades públicas que hayan tenido participación en los hechos, bajo una actitud indebida y nefasta de abuso de autoridad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si este asunto es de considerarse de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicha propuesta.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Rocío Pineda Gochi.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente.

La libre manifestación de ideas, consagrada en nuestra Carta Magna, es un derecho inviolable, que se puede ejercer libremente el acto de manifestarse, siempre y cuando no se dañen los derechos de terceros.

Respecto a lo manifestado anteriormente, considero que el gobierno del estado michoacano, en todo momento ha privilegiado el diálogo, el cual sólo se puede dar en la legalidad, el respeto y el reconocimiento, y no en el chantaje ni la violencia, cuando la tolerancia transgrede la legalidad se cae en la impunidad.

Si es violentar a la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio, el estado es garante del uso de la fuerza pública para establecer el estado de derecho.

Por esa razón, el gobierno del estado coadyuvó en el operativo federal realizado en días pasados y actuó con absoluto apego a derecho y conforme a los cauces legales, dado que se vieron atropellados los derechos de la sociedad por la cerrazón y sin razón de unos cuantos, una posición muy cómoda es la de afirmar que nunca se debe de agotar el diálogo.

Sin embargo, debemos preguntarnos cuáles son las condiciones para que exista dicho diálogo, la condición es que se dé en la legalidad.

Quienes cancelaron la posibilidad de la negociación establecida fueron los normalistas al detener autobuses y camiones, ahora resulta que recuperar las decenas de vehículos robados por pseudoestudiantes normalistas es represión.

Durante muchos años se permitió el chantaje, la toma de inmuebles y vías de comunicación, manifestaciones, paros y la beligerante protesta pública, todo ello desembocando en arreglos, sobrellevando a estos grupos, hay que puntualizar que el bandalismo disfrazado de protesta social de ninguna manera puede ser admitido.

Para transitar a una gobernabilidad verdadera es necesario que los grupos sociales se dejen de chantajes y planteen sus exigencias dentro de la cultura de la legalidad.

Aplicar la ley no es violar los derechos humanos, violar los derechos humanos sería el no aplicar la ley.

El propio Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, calificó el día de ayer como oportuna la incursión policiaca para tomar el control de la Normal, avaló la forma en que se realizaron los operativos por parte de los diferentes órdenes gubernamentales y aseguró que contaron con toda presencia en cada uno de los puntos de la intervención.

Asimismo, señaló que en los operativos se aplicó la fuerza debida conforme a la proporcionalidad, y rechazó que se hayan presentado excesos al momento de actuar.

Prueba de ello es que ningún normalista resultó herido, pero sí ocho policías federales y uno estatal.

Invitamos a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a todo el pueblo que quiera que una solución civilizada, valore y se pregunte qué tipo de gobierno quiere, uno que responsablemente permita la ingobernabilidad por no asumir los costos políticos que el orden acarrea o uno abierto al diálogo con la única condición de conducirse en el marco de la ley buscando siempre la concertación política para que sea el bien común la premisa que conduzca nuestro actuar.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rocío Pineda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a la tribuna más alta del país, no sólo en mi calidad de Senador de la República, si no también en mi calidad de educador.

Es cierto que la educación es un medio para formar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de este país, y es cierto también que el origen de la educación está en las diferentes normales, que están regadas a lo largo y ancho de nuestra nación; no se puede concebir el sistema educativo nacional si no fuera por el sacrificio enorme que han hecho los maestros de México.

No hay un solo rincón de la patria en donde no haya estado un maestro orientando al pueblo y dando educación. Por eso es importante que el Senado de la República reflexione, analice a dónde puede llevar el conflicto actual al estado de Michoacán, y al país entero, porque es normal que los desvalidos de este país se solidaricen entre sí.

Antecedentes de agresiones contra estudiantes que no se deben repetir; 1968, el entonces Presidente Díaz Ordaz, justifica con argumentos similares, y lo digo respetuosamente, como los que esgrimió la compañera que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, en nombre del estado de derecho, se asesinaron a más de 400 camaradas; 1971, agresión brutal y artera en donde murieron en nombre del estado de derecho, muchos compañeros normalistas.

Recientemente en Iguala la misma tónica y la misma medicina; el Senado de la República le pone el ejemplo a muchos países del orbe y de forma, yo digo, hasta valiente, impulsa la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Por encima de cualquier situación, por difícil que sea, se debe preservar, ante todo, los derechos humanos de los gobernados.

El ciudadano gobernador del estado ha violentado estos preceptos fundamentales, y no va a ser extraño que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales sancionen, condenen, y nosotros mismos lo hacemos, la barbarie que se acaba de cometer en Michoacán.

El Senado de la República, compañeros Senadores, debe convertirse en un defensor de los derechos humanos a ultranza, no en un promotor de violaciones de derechos humanos, el punto de Acuerdo que el compañero Raúl Morón está proponiendo, votarlo en contra sería convertir al Senado de la República en un promotor de violación de derechos humanos, por eso llamo a la cordura; lo que está pidiendo en el punto de Acuerdo el compañero Raúl Morón, es que se instale una mesa de diálogo con carácter de urgente, y a eso el Senado de la República no puede oponerse, a que se abra el diálogo entre las partes en conflicto, y si podemos ser intermediarios para que la concordia y la paz llegue a Michoacán, creo que es lo menos que podemos hacer para que la gobernabilidad aterrice en ese estado tan conflictuado.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis. No habiendo quien haga uso de la palabra en este tema, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias.






Pasamos al siguiente punto, el que tiene que ver con el asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez, por lo cual solicito a la Secretaría dé lectura a la proposición que sobre este tema suscriben Senadores de diversos grupos parlamentarios.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)

"El Senado de la República manifiesta su indignación y condena enérgicamente el asesinato del menor José Antonio Elena Rodríguez ocurrido a manos de integrantes de la patrulla fronteriza en la frontera de México con el Estado de Arizona, Estados Unidos. Asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus padres, familiares y amigos y a la comunidad de Nogales, Sonora.

Segundo. El Senado de la República solicita al gobierno federal que a través de instancias competentes se brinde el apoyo jurídico a los familiares del menor José Antonio Elena Rodríguez.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantenga un puntual seguimiento a ese trágico suceso e informe sobre los resultados de la investigación de los hechos que ocasionaron la muerte del menor José Antonio Elena Rodríguez; de igual forma, le exhorta para que a través de las instancias competentes se realice una exhaustiva investigación con las autoridades estadounidenses para esclarecer éste y los demás delitos similares que ha ocurrido en los últimos años en contra de connacionales.

Cuarto. El Senado de la República solicita, a través de la diplomacia parlamentaria, al Senado de los Estados Unidos de América, revisar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza en concordancia al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, para evitar que vuelvan a ocurrir estos lamentables acontecimientos.

Quinto. El Senado de la República se pronuncia por otorgar prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, y demandar el establecimiento de una mesa de trabajo binacional con el propósito de buscar soluciones para romper el patrón de incidentes de abuso violación a los derechos humanos, xenofobia y discriminación por parte de las fuerzas del orden de ese país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 16 días del mes de octubre del año 2012."

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Este punto de Acuerdo fue solicitado de urgente resolución conforme lo señalan los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, por lo tanto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se considera de urgente resolución, por lo tanto, ha pedido hacer uso de la palabra en este tema, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

Una vez más nuestro país ha sufrido el deceso de unos paisanos a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En la víspera del pasado miércoles 10 de octubre, fue asesinado con 8 impactos de bala, en la frontera Nogales, Sonora, José Antonio Elena Rodríguez de 16 años, bajo el argumento de haber sido agredidos con piedras los agentes estadounidenses, hicieron de nuevo uso excesivo de la fuerza letal descargando armas de fuego en forma indiscriminada desde el territorio americano, hasta lograr herir de muerte a un mexicano más.

Este mismo día, la Patrulla Fronteriza en el sector Tucson, Arizona, envía un comunicado en el cual se menciona que un grupo de jóvenes, entre los cuales iba José Antonio, se encontraban supuestamente introduciendo paquetes de droga a los Estados Unidos.

Al percatarse de la presencia de los agentes fronterizos, el grupo huyó hacia territorio mexicano. Fue entonces donde empezó la riña con autoridades estadounidenses quienes, según el comunicado, pidieron en varias ocasiones a los jóvenes cesaran el lanzamiento de piedras, y al hacer caso omiso de esto, los agentes decidieron disparar, reitero, haciendo uso excesivo de la fuerza, 8 impactos de balas, señores.

Este constituye el tercer caso de un mexicano asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza en los últimos 3 meses, y se tiene conocimiento de 20 muertes más desde el 2006.

En todos y cada uno de estos casos, se destaca el uso de la fuerza excesiva y letal por parte de las autoridades fronterizas; en 2 de ellos, el sucedido el 6 de septiembre y el que se está condenando en este punto de Acuerdo, se reconoce la existencia de videos donde se evidencian estos abusos, ninguno de estos ha sido esclarecido, esto tiene que parar.

En ocasiones pasadas esta Cámara ha hecho exhortos y ha expresado su preocupación por la gravedad de estos temas, pero al ver la frecuencia con la que suceden los abusos de autoridad y la continua falta al respeto por el derecho de la vida y la soberanía territorial por parte de los agentes mexicanos, no cabe más que preguntarse, ¿cuántas muertes más serán requeridas para que las autoridades de nuestro país y de Estados Unidos consideren que es indispensable actuar ya?

En el Senado de la República se prevé y se avala por el bienestar de nuestros ciudadanos, así como la protección de sus garantías individuales y de sus derechos humanos.

Es por esto que en los últimos años se han adoptado diferentes instrumentos bilaterales que buscan prevenir la violencia en la frontera norte del país, como por ejemplo, la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre la prevención de la violencia en la región fronteriza, firmada en el 2010, y los protocolos de 2011, los cuales buscan establecer comunicación entre las autoridades de ambas fronteras y reconocen el valor de la vida humana.

Es un hecho que de nada sirve la firma de acuerdos y tratados bilaterales si no se hace énfasis en el cabal cumplimiento de los mismos por parte de los países que lo suscriben.

Por esta razón, es urgente e indispensable entablar un diálogo directo entre Senadores mexicanos y sus homólogos estadounidenses para evaluar estos instrumentos y realizar las acciones necesarias para prevenir estos crímenes, y terminar de una vez por todas con los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas de nuestro país vecino, así como buscar que estas agresiones no queden impunes exigiendo se realicen las investigaciones pertinentes en las que exista una verdadera rendición de cuentas y se cumplan las penas impuestas a los agentes inmiscuidos en estos asesinatos.

El tema que hoy tratamos no tiene que ver con supremacía estatal. Los derechos humanos trascienden fronteras y ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando se pugna por acciones tendientes al respeto y garantía de estos valores universales.

Justificar el exceso de la fuerza y la desproporcionalidad de la respuesta bajo el pretexto de combatir a un enemigo, es legitimar estas acciones represorias, autoritarias y abusivas, así como avalar esta violencia exacerbada.

Es nuestro deber como legisladores estrechar el diálogo con nuestras contrapartes de Estados Unidos para trabajar de manera conjunta con la intención de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de ambos países en la frontera que compartimos.

Proponemos una verdadera cooperación entre ambos países colindantes, que no puede quedarse en cambios cosméticos, ni en apelaciones retóricas.

Es por lo anterior, que exhorto a las instituciones pertinentes a que realicemos un ejercicio donde coordinemos los esfuerzos para lograr un diálogo bilateral que permita la oportuna y efectiva implementación de la ley, con respecto a la vida de nuestros connacionales.

Por su atención y voto a favor de este punto de Acuerdo, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ninfa Salinas Sada.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Yo quiero tomar, de la participación de quien me antecedió, la pregunta que me parece que es la que nos tenemos que hacer en el Senado de la República.

¿Cuántas personas más? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos connacionales van a volver a perder la vida y las reacciones del poder público mexicano, sea el Poder Ejecutivo o este propio Poder Legislativo, solamente sea exhortar a que los Estados Unidos, nuestro vecino, haga algo?

La verdad es que me parece preocupante, y yo coincido con que este punto de Acuerdo tenemos que votarlo a favor, pero me parece que es incompleto, porque si nosotros, al inicio de esta legislatura, nos convertimos en una legislatura más que solamente exhorte, que solamente guarde minutos de silencio y que no asumamos la responsabilidad constitucional que tenemos, la obligación connacional que tenemos de defender a nuestra gente, de proteger a nuestros connacionales, entonces, pues en realidad vamos a ser parte de la farsa que hemos ido viviendo, porque cuando uno ve las cifras, la verdad es que uno tiene que preocuparse.

En el 2008, 5 casos como el que estamos viendo el día de hoy; el 2009, 12 casos; en el 2011, 17 casos, van en ascenso. A estas alturas del año ya llevamos 15 situaciones en las que nuestros connacionales, ya sea que mueren por una situación similar a la que ocurrió recientemente en la frontera con Sonora o que son agredidos.

De tal forma, que me parece que la reflexión trascendente que tenemos que hacer es: Este Senado de la República, en el arranque de esta legislatura, tiene que ir más allá.

Si nosotros queremos una verdadera convivencia con los Estados Unidos, si queremos seguir profundizando, no solamente en la relación comercial bilateral, sino queremos garantizar que nuestros ciudadanos sean respetados, como lo que somos, una nación digna, una nación que está representada por el poder público, entonces tenemos que ir más allá.

Yo por eso, lo que les quiero ofrecer, y lo pongo a consideración, señor Presidente, me parece que tenemos que ampliar el punto de Acuerdo y no quedarnos solamente en un exhorto, en un llamado: “A ver si nuestros vecinos atienden o no”.

Ya hay instaladas, en este momento, algunas áreas de trabajo compartido, que me parece que tenemos que pedirle que se rindan cuentas, me parece que el Senado está para eso, me parece que el Senado tiene que pedir, por ejemplo, al Comité Ejecutivo Bilateral sobre Administración de la Frontera Siglo XXI, que tuvo lugar el pasado 31 de mayo, pues que nos diga cuáles son los avances en esos acuerdos y de qué manera se le está dando tratamiento a este tema.

No solamente pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga un exhorto, sino que si está instalada una mesa de trabajo continuo con los Estados Unidos y su gobierno, pues que nos rindan cuentas en qué es lo que está ocurriendo.

Que nos digan: Cómo es el trabajo que se enunció de manera muy puntual, con mucho bombo y platillo, pues hoy está dando lugar, si está siendo efectivo, si realmente está trabajando o no.

De tal manera, que yo lo que les pediría y les pondría a consideración, es que este punto de Acuerdo que estamos a punto de votar, y repito, la posición de nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es a favor, también pida un informe puntual al Comité Ejecutivo Bilateral sobre el estatus de los compromisos adquiridos con el gobierno norteamericano y la situación que guardan específicamente frente a este tema.

Y me parece que es mucho tiempo, solamente solicitar que esto sea tratado en la reunión bilateral que se habrá de sostener hasta diciembre próximo.

Cuántos connacionales vamos a necesitar que pierdan su vida, para que hasta diciembre lo tratemos como un tema importante. Me parece que para eso sería importante, establecer en lo inmediato, con base en este Comité Ejecutivo Bilateral, una reunión en lo inmediato. Y que participe el Senado de la República, para que entonces sí, pongamos a la práctica aquello para lo cual fuimos votados y votadas, que es representar a la gente, a nuestros estados, a los hombres y mujeres de este país, precisamente en el asunto más importante que son las relaciones exteriores y específicamente una relación tan trascendente, como es la relación bilateral con los Estados Unidos.

De tal forma, señor Presidente, que lo que le pediría a usted, terminada la participación de los oradores, que se pueda preguntarle a la Asamblea, si este punto que yo estoy poniendo a consideración, que es ampliar nuestro punto de Acuerdo, y específicamente que se le pida al Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI, el informe específico sobre los compromisos que se adquirieron y los resultados que se han tenido hasta el momento, para poder tener mejores elementos y, obviamente, una reacción inmediata, como la que reclaman nuestros paisanos y paisanas en una relación tan trascendente como la que tenemos con los Estados Unidos.

Muchas gracias.

(Intervención del C. Senador Armando Ríos Piter)

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA CONDENA EL ASESINATO DEL JOVEN JOSE ANTONIO ELENA RODRIGUEZ POR LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

"Quien suscribe, Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA EL ASESINATO DEL JOVEN JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ POR LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado miércoles diez de octubre de 2012, el nombre de José Antonio Elena Rodríguez, se suma a la larga lista de ciudadanos mexicanos que son víctimas de las balas de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea Guillermo Arévalo Pedraza o Juan Pablo Santillán todos caen bajo las balas, justificadas por parte de la patrulla fronteriza, como “uso razonable de la fuerza” o un “acto de autodefensa”, argumentos legales que permite después de los procesos de investigación eximir de toda responsabilidad a los funcionarios que asesinan a nacionales desde el territorio norteamericano. De acuerdo a fuentes periodísticas desde el inicio de este órgano de control fronterizo en 1924, sólo dos agentes han comparecido ante las cortes por asesinatos, en gran medida porque a principios de la década de las 90, la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito de California dictaminó que un ataque con piedras en contra de un agente es un agresión letal. El relator especial de la ONU para los derechos de los migrantes, Jorge Bustamante, ha asegurado que los crímenes contra mexicanos cometidos por agentes de la Patrulla Fronteriza permanecen en la impunidad y los reclamos del Gobierno mexicano no han tenido ningún efecto. De acuerdo al relator de los derechos humanos, Estados Unidos no reconoce los incidentes como una responsabilidad de su gobierno.

De acuerdo a fuentes periodísticas y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un agente de la de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó contra un grupo de personas que lanzaba piedras desde el lado mexicano de la frontera y mató a José Antonio Elena Rodríguez, joven de escasos 16 años, su cuerpo se desvaneció tras el impacto de ocho tiros en su cuerpo en los límites del territorio nacional. El argumento presentado por los agentes de la patrulla fronteriza es que habían acudido al lugar ante avisos de que 2 presuntos traficantes de narcóticos se encontraban cerca de la frontera con México alrededor de las 23:30 del miércoles en la línea fronteriza de que divide a Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, cerca de la calle Internacional, del Estado de Sonora. Los agentes vieron a ambos individuos abandonar una carga de drogas y regresar corriendo a México, según la Patrulla Fronteriza. Cuando los agentes se aproximaban para investigar, las personas en el lado mexicano de la frontera comenzaron a apedrearlos y desatendieron las órdenes de que pararan de hacerlo, uno de los agentes abrió fuego y con siete balas le corto la vida al joven mexicano.

Los argumentos y los hechos no son distintos a los sucedidos el pasado el pasado 7 de julio de 2012, donde Juan Pablo Santillán murió a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, que disparó su arma en el margen del río Bravo. El incidente sucedió luego de que un grupo de personas supuestamente apedreara a agentes fronterizos y un hombre les apuntara con un arma desde el lado mexicano. En el hecho se reportó la muerte de un hombre, de acuerdo a la declaración del cónsul de México en Brownsville, Rodolfo Arenas Quilatan. El connacional que falleció es identificado como Juan Pablo Santillán, de 30 años, quien era originario de Matamoros, Tamaulipas. Es relevante mencionar que el cuerpo de Santillán fue encontrado en las márgenes del río Bravo, con dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho, resultado de los disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo a testigos de los hechos.

Para el Senado de la República éstos no son hechos aislados, sino parte del abuso sistemático de la fuerza de la patrulla fronteriza y coloca en un nivel de tensión innecesario las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, que han resultado en al menos 16 mexicanos muertos o heridos en lo que va del año 2012. De acuerdo con información de la cancillería, los casos de mexicanos muertos o heridos por agentes de la patrulla fronteriza y autoridades migratorias de Estados Unidos se han incrementado en los pasados cuatro años. En 2008 ocurrieron cinco casos, 12 en 2009 y 17 en 2011.

El Senado de la República reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus reclamos por el uso excesivo de la fuerza de ese cuerpo de seguridad en contra de mexicanos, pero está consciente de que al momento ningún agente de la agrupación policíaca ha sido señalado como responsable por el gobierno estadounidense, pero frente a este clima de violencia fronteriza que tensa las relaciones bilaterales, agravado por la proliferación de un clima xenofóbico, secundado por la aprobación de diversas leyes antimigratorias a nivel estatal contra la comunidad mexicana, los legisladores, firmes en nuestra convicción de hacer valer los intereses de nuestros connacionales, la defensa de la vida y el respeto de sus derechos humanos, de acuerdo, a lo establecido en los tratados y leyes internacionales en la materia. En este caso, invocamos a los acuerdos alcanzados en materia de administración de la frontera, por el titular del Ejecutivo Federal en su visita a Washington, el pasado 19 de mayo de 2010, donde se realizó la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI mediante la cual se estableció el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), órgano que se reúne cada año y fija planes de acción con la misma temporalidad para avanzar en el fortalecimiento de la relación fronteriza.

En su primera reunión, el 15 de diciembre de 2010, el Comité adoptó un Plan de Acción con metas específicas para el año 2011, con el compromiso de revisarlas y actualizadas en forma periódica. Además, el Comité adoptó la Declaración Conjunta para Prevenir la Violencia en la Región Fronteriza, estableciendo los principios centrales que guiarán la cooperación y coordinación entre ambas naciones para hacer de la frontera un espacio seguro para facilitar los viajes legítimos, el comercio y los flujos de personas, con pleno respeto a los derechos humanos. El Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI es un mecanismo bilateral establecido, sin menos cabo de las medidas diplomáticas que tome la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vía idónea para la concertación entre ambos países de acciones que puedan reportar una mejora en la operación de las autoridades fronterizas, con miras a disminuir los problemas que aquí se vienen analizando. Este mecanismo bilateral representa una vía positiva para la concertación entre ambos países, de acciones que puedan mejorar el uso de la fuerza de las autoridades fronterizas norteamericanas y salvaguardar la integridad física. Estamos conscientes de la complejidad que representa la seguridad y el desarrollo económico de la frontera, pero no a costa de promover la violencia institucionalizada que atenta contra todo precepto de respeto a los derechos humanos.

Es fundamental el pronunciamiento del Senado de la República condenando el asesinato de José Antonio Rodríguez y la extradición de los agentes responsables para responder ante la justicia mexicana. En un segundo nivel, y en respuesta al clima de animadversión contra los mexicanos en la frontera y en el marco del Comité Ejecutivo Bilateral sobre administración de la frontera siglo XXI y de la próxima Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos, exigir la urgencia de cambiar los protocolos de uso de la fuerza de la patrulla fronteriza.

En ese orden de ideas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión condena el asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, registrado el pasado 10 de octubre de 2012, en las inmediaciones de la Frontera de Nogales, Sonora, y se une a la exigencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que solicita una exhaustiva investigación de los hechos.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Mexicano a presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente de la Patrulla Fronteriza que resulte responsable.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores brindar todo el apoyo necesario a los familiares de la víctima con el fin de hacer justicia y exigir sanciones ejemplares para los responsables.

CUARTO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un Informe a esta Soberanía, en un plazo no mayor a diez días, sobre los resultados y compromisos adoptados en el marco de la pasada reunión del Comité Ejecutivo Bilateral sobre administración de la frontera siglo XXI, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2012.

QUINTO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos convencionales, se comunique la urgencia por cambiar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la Patrulla Fronteriza, atendiendo los numerosos percances y reclamos provenientes de organizaciones de la sociedad civil en ambos países, y para que, en su caso, se demande el establecimiento de una Mesa de Trabajo Binacional, con el propósito de buscar soluciones inmediatas para romper el patrón de incidentes de abuso, violación a los derechos humanos, xenofobia y discriminación por parte de las fuerzas del orden de ese país, que ofenden y lesionan a todos los mexicanos y lastiman las relaciones entre ambas Naciones.

SEXTO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión resuelve enviar el texto íntegro de esta proposición a las Cámaras del Congreso Norteamericano y se pronuncie al respecto de otorgar la mayor prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos.

Suscribe

Armando Ríos Piter

Senador por el Estado de Guerrero

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Pido nada más que si nos hace llegar por favor por escrito la adición que está haciendo usted a este punto de Acuerdo.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, señor Presidente.

Me sumo a este punto de Acuerdo, junto con los Senadores Héctor Larios, Jorge Luis Preciado y los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Tuvimos la oportunidad en la mañana de participar todos los proponentes, y este punto de Acuerdo fue consensado.

Para la actual administración federal, uno de los ejes rectores de la política exterior mexicana ha sido la promoción y defensa de los derechos humanos.

Lamentablemente, en fechas recientes hemos sido testigos de los recurrentes incidentes en los que se han visto involucrados la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, en la muerte de mexicanos, en donde el gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado la indignación del pueblo mexicano, mediante enérgicas condenas por los hechos que se han provocado. Desafortunados sucesos que culminan con la muerte de nuestros connacionales.

Una vez más, el inaceptable y desproporcionado uso de la fuerza letal, por parte del control migratorio de Estados Unidos de América, quienes dispararon hacia el lado mexicano, argumentando ser agredidos con piedras, ha cobrado la vida del joven José Antonio Elena Rodríguez, quien fue acribillado a balazos por agentes de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Sonora.

Estos lamentables sucesos son incomprensibles, no cabe la razón para seguir utilizando armas de fuego para repeler ataques con piedras, sin duda, el irracional, innecesario y desproporcionado uso de la fuerza, no puede encontrar justificación, viniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado.

Lo reiterado que ha resultado este tipo de sucesos, reflejan la clara violación de los derechos humanos en la frontera norte, a cargo de psicópatas entrenados.

El uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia.

Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país.

Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones legales emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral.

Por lo anterior, considero que el Senado de la República debe condenar este tipo de agresiones que transgreden los derechos fundamentales de los mexicanos, expresando nuestras condolencias y solidaridad con los padres, la familia y la comunidad de Nogales, Sonora, por el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

Solicito a las compañeras y compañeros Senadores que no se retiren de este recinto, en virtud de que en un momento más habremos de discutir tres Acuerdos que nos envía la Junta de Coordinación Política. Por ello pido, respetuosamente, que podamos permanecer en este salón.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ivonne Alvarez.

- La C. Senadora Ivonne Alvarez García: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Lamentablemente en nuestra frontera con Estados Unidos, otra vez tenemos un acto reincidente del actuar prepotente y abusivo de las fuerzas de seguridad fronteriza del país vecino.

El pasado miércoles 10 de octubre, oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, abrieron fuego contra un grupo de mexicanos, que por declaraciones de ellos mismos, no tenían la intención de cruzar la frontera, estaban ubicados en territorio nacional, precisamente entre la frontera con Nogales, Sonora, y Arizona, hecho que causó molestia a un agente estadounidense quien disparó en contra de este grupo de jóvenes, causando la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años, que su único error fue tirar piedras al río, circunstancia que bastó para que lo asesinaran.

Este caso no es aislado, es un procedimiento común de el uso de la fuerza que cada vez se vuelve más recurrente y que pareciera que no son importantes para nuestras autoridades.

Hoy, desde esta tribuna, recordamos los casos de nuestros connacionales Adrián Hernández, Guillermo Arévalo, Anastacio Hernández Rojas, Ramsés Barrín, Carlos Lamadrid y José Alfredo Yáñez, todos ellos asesinados en condiciones similares, en un periodo de tres años y que hasta la fecha han quedado en el olvido para nuestro país, y sin respuesta alguna de las autoridades.

El grupo parlamentario del PRI condena enérgicamente este asesinato, y se une y nos manifestamos el día de hoy a favor de este punto de Acuerdo.

Exigimos que se realice la investigación exhaustiva, inmediata y clara para llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el rigor de la ley a los responsables.

Es urgente instar a las autoridades mexicanas a encontrar un mecanismo para hacer justicia y mantener este tema en agenda pública, a fin de que jamás vuelvan a presentarse asesinatos o violaciones flagrantes a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Los Senadores del PRI nos unimos al sentir y al dolor de todos los mexicanos, y exhortamos respetuosamente al Pleno de esta Soberanía, a que eleve una enérgica protesta por el asesinato del menor José Antonio Elena Rodríguez.

En este hecho que nos llena de mucha indignación, permaneceremos atentos y vigilantes a la información, a la investigación y, por supuesto, a sus conclusiones.

Compañeras y compañeros Senadores: Es momento de comprometernos a que en medida de los canales de la diplomacia parlamentaria con Estados Unidos de América, esta problemática se eleve como prioridad, para ser tratada en la agenda binacional.

Finalmente, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República manifiesta sus más sentidas condolencias a los familiares de José Antonio Elena Rodríguez.

Y hoy, mostramos nuestra solidaridad a todas las familias de los mexicanos asesinados en la frontera. Al igual que ustedes, nos duele lo que han vivido.

Tenemos memoria y tenemos la voluntad de cambiar lo que hoy es una realidad en la frontera.

Lo haremos por sus hijos.

Lo haremos por todos los mexicanos.

Muchísimas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ivonne Alvarez García.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo Appel, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para hacer uso de la palabra, señor Presidente, en torno al mismo tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo.

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras Senadoras y Senadores; señor Presidente:

El tema que nos ocupa es uno que parece historia concurrente desde hace muchos años en la dinámica de nuestra vida binacional de nuestra frontera norte.

Al recordar mis momentos en el gobierno estatal de Baja California y toda esa dinámica a lo largo de la línea fronteriza, donde prácticamente es tierra de nadie, puesto que ni la municipal ni la estatal, ni la federal, son los que realmente tienen control de lo que pasa ahí. Lo que vemos es consecuencia de esa tierra de nadie.

Por esta razón se dan estos lamentables hechos a los que debemos proponer una manera constructiva, ordenada en nuestra administración de la frontera de una forma responsable con nuestros vecinos.

Por esta razón dentro del tema, para invitar a la Comisión de América del Norte, a la Senadora Marcela Guerra, a Ana Gabriela como Presidenta de la Comisión de Migración; y en mi responsabilidad como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, el que nos reunamos a construir una propuesta, independientemente del punto de Acuerdo de este día, para ofrecerle a este Pleno un mecanismo que nos lleve a una relación mucho más constructiva que hasta lo que hoy tenemos a mano.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel.

Sonido en el escaño de la Senadora Guerra Castillo.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Nada más para alusiones y para secundar la propuesta del Senador Ruffo Appel, en el sentido de generar una agenda integral entre las comisiones que atañen para generar el tema de fronteras seguras, el tema migratorio y el tema de la violencia precisamente en las fronteras. Creo que es un tema de la más alta relevancia. Y bueno, estamos en eso solamente para secundar al Senador Ruffo Appel en este tema.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Guerra Castillo. Pido a la Secretaría que tome nota de esa propuesta que de manera conjunta realiza con el Senador Ernesto Ruffo Appel.

Tiene la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Este es un tema que a mí en lo personal me conmueve mucho. Yo pasé la frontera por Tijuana precisamente en 1977, cuando tenía cinco años de edad, mis padres me llevaron a vivir a Estados Unidos, y pues tuvimos que caminar más o menos 36 horas antes de librar a la migra. Pero hubo quienes no la libraron y me tocó ver sendas golpizas para poderlos subir a las patrullas que en ese momento llevaban.

A mí en aquel entonces me parecía algo normal, me parecía que estábamos haciendo algo ilegal. Y bueno, ellos tenían derecho a golpear a la gente, pero en aquel entonces tenía cinco años.

La segunda vez que pasé la frontera de ilegal fue a los 20 años, pasé en la cajuela de un carro por Nogales, Sonora, precisamente, Nogales, Tucson, Tucson, Phoenix, ahí duré 6-7 horas en la cajuela encerrado y estábamos más o menos como a 40 grados ahí en el desierto.

Y con el tiempo, cuando cumplí los 22 años regresé a México y comencé a meterme a este tema y me di cuenta que lo que pasaba no era algo normal.

Y no es normal que en los últimos cinco años la Patrulla Fronteriza haya asesinado a más de 27 mexicanos.

Aquí se han dicho algunos nombres:

Guillermo Arévalo. El joven Adrián Hernández, de 14 años. José Antonio. En 2007, Francisco Javier Domínguez, en Arizona. José Alejandro Ortiz, en El Paso, Texas. En mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas. En junio de 2011, José Alfredo Yáñez. Y podríamos seguir la lista.

Y en cada ocasión que hemos venido escuchando este tipo de homicidios, hay dos cosas en común.

Una, una gran cantidad de exhortos por parte de Cámara de Diputados, Senadores y protestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el pretexto de la Patrulla Fronteriza de: “que los agredieron a pedradas”.

El uso de la fuerza letal desproporcionada se da en cada uno de estos casos. Y yo creo que más allá de revisar el tema en comisiones binacionales para hacer protestas ante el Senado norteamericano, o pedir que se autorregulen, debemos de revisar los tratados de extradición que tenemos con Estados Unidos, porque cuando algún mexicano comete un delito en Estados Unidos, basta que sea detenido aquí para que Estados Unidos lo solicite y casi de inmediato, y algunos sin previo juicio, son llevados a los Estados Unidos a ser juzgados en aquel país, por delitos cometidos allá.

En el caso de Sergio Adrián Hernández, el joven de 14 años, el Departamento de Estado se negó a iniciar un procedimiento en contra del agente que le disparó una bala en la cabeza.

Cuando los familiares acudieron a Estados Unidos a interponer la denuncia penal, el juez se negó a iniciar el proceso penal contra el agente, porque el homicidio ocurrió en tierra mexicana, por lo tanto, no existía delito en Estados Unidos.

Si es delito en México el homicidio, la Procuraduría de Justicia de ese estado y de los estados fronterizos, deben de iniciar el proceso penal por homicidio. Y si lo atrae la Procuraduría General de la República, debe iniciar el proceso penal por homicidio y fincar responsabilidad, y entonces sí pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pida la extradición de ese delincuente, de ese homicida disfrazado de agente de la Patrulla Fronteriza. Eso es lo que se tiene que hacer.

Todos los demás esfuerzos que hagamos son buenos, pero va a pasar allá de una cuestión política. Debemos de entrarle al tema legal.

Hay que verlo en la Comisión de Puntos Constitucionales, hay que verlo en la Comisión de Justicia y hay que verlo en la Comisión de Migración y de Frontera Norte.

Yo los exhorto, compañeros, a que vayamos por una reforma de fondo en el tema de extradición. Y la próxima vez que a algún agente se le ocurra dispararle a un mexicano dentro de esta frontera, sepa que puede ser extraditado y juzgado por nuestras propias leyes.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos, desde su escaño.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) En varios de los puntos de Acuerdo que fueron presentados y que se sintetizaron en el que estamos leyendo, precisamente viene un planteamiento en el tenor que hace el Senador, con la finalidad de que una vez que esté el momento procesal y que dicho planteamiento permita la solicitud de extradición, pues que sea incorporado como un planteamiento del Senado, de tal manera que me parece que la exposición que hace el Senador debiera también añadirse a lo que estamos a punto de votar.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter, si alguien desea, en el caso del Senador Jorge Luis Preciado, le pediría que lo hiciera por escrito, desde luego, y pido a la Secretaría que consulte si es de tomarse en cuenta la modificación que presenta el Senador Armando Ríos Piter.

Sonido en el escaño de la Senadora Ana Gabriela, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Para hablar sobre el tema, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos sobre este tema, tiene el uso de la palabra.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión hago uso de la voz no solamente para hacer el reclamo de este hecho, que si bien durante todo lo que ha venido pasando en el país en los últimos años, el tema de un deceso y de la muerte de jóvenes y de connacionales se ha turnado como algo automático, como algo muy simple.

Soy nativa de la ciudad de Nogales, y han sido miles los decesos, las mujeres, niños y hombres que han perdido la vida en el intento, algunos del otro lado de la frontera y unos de este lado, de nuestro propio país.

Y la pregunta que hago es, y coincido con el Senador Ríos Piter, y también coincido con el compañero Jorge Luis de: hasta cuándo vamos a hacer valer nuestras reglas, nuestras leyes y cuidar nuestra soberanía. Estamos hablando de vida, más allá de los acuerdos, creo que lo importante aquí es darle sentido a la vida.

Hay diferentes posturas en torno a lo que sucedió aquella tarde, casi noche, del deceso de este joven. Y yo solamente pediría aquí que pongamos ya el dedo en la llaga, y que también empujemos a que las autoridades se manifiesten, porque no se vale que empiecen a jugar a la distorsión, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿hasta cuándo y cuántos más necesitamos que mueran para entonces empezar a hacer las cosas?

Esta vez, por una ocasión más, llega hasta esta Cámara Alta el tema y lo tomamos como algo importante y hacemos valer la trascendencia que debe llevar esto más allá de la frontera, y hablar con nuestros homólogos y con el país vecino.

Pero, sí, como señalaba el Senador Ruffo Appel, yo creo que es importante que todas las comisiones hagamos un planteamiento serio al respecto.

Pero, digo, que no caigamos en el enjuague de solamente lo mediático, porque ya las autoridades empezaron a ver que si cuál va a ser el peritaje, entonces nos vamos a ver enjuagados con un peritaje que discierna las cosas y va a volver a pasar como han pasado tantas cosas.

Una vez más, en el archivo, en el archivo de tantos expedientes que guardarán las procuradurías locales de toda la frontera, y a su vez, las autoridades del país vecino.

Por lo tanto, solamente quiero sumarme a la propuesta de todos, al punto de Acuerdo por supuesto y al planteamiento que hizo el Senador Ruffo Appel, de que las comisiones que convergemos en el tema, hagamos un planteamiento serio y muy puntual de lo que ocupamos como país, en el respeto de nuestra soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara. Pido al Senador Jorge Luis Preciado y al Senador Armando Ríos Piter si hay alguna propuesta única para que se vote en ese sentido, y si no, tendríamos que votarlas por separado.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, en la consideración de que lo que se ha discutido durante este lapso de tiempo, es la propuesta única de todos los partidos políticos.

Ahora hay una nueva propuesta, entiendo que es una propuesta diferente, por tanto, por razones del procedimiento, tendríamos que votarlo sucesivamente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, precisamente lo que queremos ver es si hubo dos propuestas, o se hace una sola, para ver si se acepta la discusión de la misma, y desde luego someterla a consideración con la propuesta original.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta conjunta que han presentado los Senadores Armando Ríos Piter y Jorge Luis Preciado.

Esta propuesta sería para ver si es aceptada, y si es aceptada, entraría a discusión la misma para adicionarla a la propuesta original.

Bien, pediría a la Secretaría que para que quede más claro cuáles son las propuestas de cada uno de los señores Senadores, que demos lectura una por una y, en consecuencia, se voten también en este sentido.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la primera propuesta del Senador Armando Ríos Piter.

"El Senado de la República solicita al gobierno mexicano que proponga al gobierno de los Estados Unidos de América, el establecimiento de una mesa de trabajo binacional, con el propósito de buscar soluciones inmediatas para romper el patrón de incidentes de abuso, violación a los derechos humanos, xenofobia y discriminación por parte de las fuerzas del orden de ese país, que ofenden y lesionan a todos los mexicanos y lastiman las relaciones entre ambas naciones."

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está a discusión dicha propuesta, por lo cual, quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, de no ser así, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, pido a la Secretaría que dé lectura a la segunda propuesta.

En este caso, queda claro que esta propuesta que acabamos de votar, se sumará a la propuesta original que presentaron Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios. Ahora vamos a votar la segunda propuesta que hizo el Senador Armando Ríos Piter.

Adelante, Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la segunda propuesta.

"El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitir a esta Soberanía un informe, en un plazo no mayor a 10 días, sobre los resultados y compromisos adoptados en el marco de la pasada reunión del Comité Ejecutivo Bilateral sobre Administración de la Frontera Siglo XXI, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2012."

-El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Omar Fayad. Sonido en su escaño.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente. Quisiera pedirle dos cosas a la Asamblea, si así lo aprueba: dar un espacio de tres minutos para que nuestros coordinadores puedan ponerse de acuerdo o en su caso que se clarifique exactamente a las y los Senadores qué es lo que estamos votando, porque yo no veo que haya desacuerdo, y lo que creo es que podemos sacar una propuesta conjunta del Senado de la República.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) El grupo parlamentario del PRI va a favor de la propuesta del Senador Ríos Piter, de tal manera que no hay necesidad de hacer receso, estamos de acuerdo con lo que ya se votó. Lo que propone el Senador Ríos Piter complementa lo que se acaba de votar, de tal suerte que estamos de acuerdo, ni siquiera será necesario que se admita a discusión, pedimos que se vote.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Efectivamente, ya la primera propuesta ha sido votada, y ahora pediría a la Secretaría que consulte si es de aprobarse la segunda propuesta, se van a sumar todas a la primera. Al final vamos a votar la propuesta original, estas son adiciones a la propuesta original.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto? Senador Jorge Luis Preciado.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Nada más para precisar que no son contradictorias las propuestas, simplemente una complementa la otra. Entonces, de ser aprobada la segunda que se nombre una comisión para que haga la redacción y salga un solo punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador. Ahora sí que la Asamblea determinará si toma en cuenta o no dichas propuestas.

Le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la segunda propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulto nada más a la Asamblea si es de aprobarse, como no hay discusión, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo que se presentó originalmente con las adiciones que se han hecho a la misma.



- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Ivonne Alvarez.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Declino, señor Presidente. Si quiere vuélvala a poner a votación, ya nosotros votamos la propuesta, fue unánime la votación a favor y consideramos que los dos puntos ya están votados en esta sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, sólo falta votar la propuesta original, o sea, fue aceptada, pero por el procedimiento parlamentario, sí tendríamos que someterla a votación.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta original con las adiciones que hemos aprobado a la misma.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con las propuestas de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé lectura a un proyecto de Decreto que remitió la Cámara de Diputados.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. El proyecto que nos hacen llegar propone reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica para que la Cámara de Diputados cuente con tres Comisiones Ordinarias adicionales: una de Desarrollo Municipal, otra de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y una de Transparencia y Anticorrupción.

En razón de tratarse de un asunto de régimen interno de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico, tenemos 90 votos en pro, 1 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con el procedimiento para designar candidatos al cargo de Consejeros de la Judicatura Federal.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo por el que se convoca a los grupos parlamentarios del Senado de la República a presentar propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé lectura a otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la creación de comisiones especiales.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente. Lo firman todos los coordinadores de cada grupo parlamentario, excepto el Senador Jorge Emilio González.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicho Acuerdo. Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más quiero expresar mi comentario. Me parece que tantas comisiones ya es jolgorio, me queda un recuerdo que decía, que en política cuando quieres que algo no se resuelva, crea una comisión, pues ya encarrerados porqué no hacemos 128 comisiones, una para cada uno, y que cada quien tengamos nuestros 200 mil pesos, cuando sean honoríficas entonces las “apruebo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su comentario Senadora Layda Sansores. No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se constituyen diversas comisiones especiales que funcionarán durante la LXII y LXIII Legislatura. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé lectura al tercer Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, este que se refiere a las modificaciones de la Comisión del Distrito Federal.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo que modifica la integración de la Comisión del Distrito Federal. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deberán hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






PROPUESTAS

De la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a efecto de realizar las acciones tendentes a establecer salarios que favorezcan el ingreso de los trabajadores del estado de Morelos y del resto de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES TENDENTES A ESTABLECER SALARIOS QUE FAVOREZCAN EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA

“La que suscribe, LISBETH HERNANDEZ LECONA, Senadora de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 76 fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo es un derecho fundamental, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe ser digno, socialmente útil y sobretodo debe retribuirle al trabajador la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador en el orden material, social y cultural.

A la remuneración que recibe una persona por el trabajo realizado, se le denomina salario, término derivado de la voz latina “salarium”, cuyo significado trae implícito un pago efectuado con un mineral muy valioso en la antigüedad, la sal. Sin embargo, no es concebible reducir el concepto de salario a su significado etimológico, pues el mismo es el resultado de la pugna entre patrón y trabajador con la intención de renovar el derecho del trabajo y revestirlo de los principios de la justicia social, por lo que el salario debe ir más allá de lo hasta ahora planteado, debe recaer en la retribución percibida por una persona, con motivo de la realización de alguna actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, que le asegure a esa persona y a su familia una existencia decorosa, que responda a la dignidad del ser humano.

El salario se ha convertido en toda una institución en materia laboral y su complejidad ha obligado a los actores sociales a establecer una jerarquía del mismo. Bajo este tenor, los estudiosos del derecho parten, en primer término, de un salario mínimo, en segundo lugar se encuentra el salario remunerador y finalmente aluden a la figura del salario justo; le corresponde al salario mínimo una protección del Estado hacia los hombres y mujeres que aplican su energía al desempeño de una actividad a favor de un tercero y derivado de la explotación del hombre por el hombre. En este sentido, se puede afirmar que esta figura deviene de un contexto en el que los trabajadores no contaban con una remuneración por el trabajo desempeñado, ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas y mucho menos las de su familia, puesto que imperaban los salarios muybajos, o bien, pagos en especie.

Así pues, se advierte que la naturaleza del salario mínimo, se transforma en una institución fundamental que pretende hacer valer los principios de la referida justicia social, pues se interpreta como una fuente de vida humana que debe ser regido forzosamente por la norma jurídica y, consecuentemente protegido por el Estado a través de los órganos del poder público que para el efecto se instituyan, sin dejar de observar los intereses de la clase trabajadora, tan es así que a nivel mundial se han considerado diversos aspectos en relación con el salario mínimo, por su parte el Convenio número 131 de la Organización Internacional del Trabajo, plantea dos principales señalamientos, el primero versa que el objetivo principal de este salario es brindar protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas y el segundo sugiere que la fijación de salarios mínimos debe realizarse con la participación de los gobiernos, los interlocutores sociales y, en su caso, expertos independientes.

En esta misma tesitura, es preciso mencionar que el régimen de la retribución menor que debe pagarse a los trabajadores, se encuentra regulado en nuestro país por el artículo 123 apartado A, fracción VI de la Ley Fundamental, así como por la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establece su definición legal, misma que no está desprovista de los elementos antes referidos, su clasificación y la metodología para su fijación, definiendo a las autoridades encargadas de hacer cumplir las disposiciones en la materia, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asumiendo el compromiso internacional, derivado de los Convenios para la Fijación de los Salarios Mínimos, suscritos por México.

En virtud de lo antes comentado, es menester considerar y valorar el nivel que debe tomarse en cuenta para fijar los salarios mínimos; existe diversidad en los criterios para la fijación del salario mínimo, así como en las medidas para garantizar su ejecución, en nuestro caso, el sistema que prevalece es el del establecimiento de salarios mínimos obligatorios que se determinan por sector u ocupación, por lo tanto existen tres áreas geográficas, la A en donde el salario mínimo es de 62.33 pesos, el área B con un salario de 60.57 pesos y por última la C con un salario de 59.08 pesos, los cuales regirán para toda la República Mexicana durante el ejercicio 2012, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de diciembre de 2011; dicha resolución es el resultado de investigaciones relativas a las características y la evolución de las condiciones del mercado laboral, las estructuras salariales y las tendencias en la economía.

Del análisis efectuado por la CONASAMI para fijar los salarios mínimos, se desprenden afirmaciones preocupantes, tales como el debilitamiento de la actividad y el crecimiento económico mundial, acompañada de una fragilidad en el mercado laborar; el deterioro en la confianza de los consumidores y las empresas; incertidumbre en los mercados financieros internacionales; aumento de los riesgos a la baja para el crecimiento; desaceleración en el empleo y expansión económica en los precios al consumidor; lo cual afecta a la determinación de los salarios mínimos, pero también afecta de manera directa a la población, pues sus gastos superan el nivel de sus ingresos y cada día es más difícil sobrevivir en estas condiciones y más aún, mantener a una familia con el mínimo de bienestar que requiere.

El Estado de Morelos, la entidad federativa que represento, no es un caso de excepción, también ha padecido los efectos negativos de la crisis económica que se ha intensificado desde el año 2007 en todo el mundo, el salario mínimo es de 59.08 pesos pues pertenece a la zona geográfica C, pero al ser considerado una zona turística el precio de los productos son muy elevados aunado a la baja en el comercio, lo que afecta el poder adquisitivo de la gente, aumenta el nivel de pobreza y las condiciones de miseria, pues de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ocupamos el decimoséptimo lugar en grado de marginación, dato que ofende a los que habitamos en esta región, una de las causas se reduce a la falta de empleo, a trabajos con salarios bajos y a un salario mínimo que no alcanza a satisfacer a plenitud las necesidades materiales, sociales y culturales.

Se ha sostenido que entre más flexibilidad tengan los salarios, más rápido se ajustará la economía a la crisis y se retomará el pleno empleo, pero esto resulta, para muchos economistas una “falacia de la composición”, si bien es cierto que existen mayores márgenes de utilidad para las empresas cuando no efectúan un incremento en los salarios, también lo es que la deflación salarial, reduciría la actividad económica globalmente, y caerían las ventas y el empleo, esto es así pues en 1936, John Maynard Keynes, argumentaba que la caída de los salarios resultaría en una declinación de la demanda agregada y que, lejos de rectificar la situación, la flexibilidad a la baja de los salarios y precios agravaría el problema, prolongando y empeorando la recesión y por ende no se reduciría la brecha en el declive económico, aunado a que resulta indispensable mejorar los resultados del mercado laboral a través de la productividad y la implementación de políticas públicas en materia de educación, pero ante la situación que nos apremia debemos tomar medidas que coadyuven a reducir el riesgo de que trabajadores que ganan salario mínimo, no sólo en Morelos, sino en toda la República caigan en la pobreza, es importante asegurar un ingreso decoroso a las familias vulnerables de nuestro país, en donde esta situación se ha generalizado e intensificado.

Las políticas salariales deben estar encaminadas a coadyuvar en un modelo económico y social más sostenible, el sistema para fijar el salario mínimo consistente en la negociación entre gobierno, patrón y trabajador, ha podido beneficiar la desaparición de muchos empleos con salarios bajos, pero falta mucho por hacer, debemos encontrar el equilibrio y la equitativa entre los hombre y mujeres de la clase trabajadora, para asegurar que en los hogares se cuente con un ingreso justo y sean partícipes del crecimiento económico.

Es por ello que a través del presente, deseo manifestar mi voluntad política para impulsar, desde el ámbito de mi competencia, medidas tendentes a disminuir situaciones negativas como lo es el ingreso bajo, por lo que someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que a través de su Dirección Técnica o de la Comisión Consultiva que se constituya en términos del Capítulo VII, Título Once de la Ley Federal del Trabajo, se practiquen y realicen las investigaciones y estudios minuciosos que permitan conocer la situación económica del Estado de Morelos, de manera primordial, y en general de todo el país; que incida en el aspecto laboral, cuyos resultados deberán ser informados a esta Cámara de Senadores.

SEGUNDO.- Una vez elaborado el informe que contiene los resultados referentes a la situación económica del país, se solicita al Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que dentro de las facultades que le confiere la Ley Federal del Trabajo, se proceda a la revisión de los salarios mínimos generales vigentes, para que los mismos sean acordes al nivel de vida del Estado de Morelos principalmente, en donde, existe una disparidad entre el costo de los productos y el ingreso; consecuentemente se equilibren los salarios mínimos, en dicha entidad federativa y en el resto de la república mexicana.

TERCERO.- Se hace atenta petición al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios mínimos a que informe sobre la viabilidad de la homologación de las tres zonas geográficas, la eficacia del sistema mediante el cual se establecen los salarios, así como adoptar medidas que favorezcan a corto plazo el ingreso de los trabajadores, con base en lo que resulte del informe referido en el punto primero de la presente proposición.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.






Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender acciones a favor de los integrantes de las comunidades zapatistas en Chiapas. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A EMPRENDER ACCIONES A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS EN CHIAPAS

“David Monreal Avila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En enero de 1994 irrumpe sorpresivamente en el estado de Chiapas una guerrilla desconocida hasta ese momento, formada por un ejército de indígenas encapuchados y armados, desestabilizando el sistema político mexicano que manejaba el espejismo de la modernidad democrática durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupó San Cristóbal de las Casas, cabecera municipal del municipio homónimo en el estado de Chiapas. Su demanda inicial fue despojar a los grupos oligárquicos de la tierra y gestionar, por sí mismos, los recursos y la riqueza que ésta genera, así como la restauración de los derechos de los pueblos indígenas mexicanos.

Tras la represión militar a la que fueron sometidos, se refugiaron hombres, mujeres y niños en la selva lacandona, desde donde proyectaron sus ideas, marcadas principalmente por un fuerte sentimiento revolucionario y antiglobalizador.

Después de un proceso de negociación política y legislativa, los zapatistas y el gobierno de Ernesto Zedillo llegaron a un acuerdo sobre los derechos de los pueblos indígenas en San Andrés. Sin embargo el gobierno mexicano nunca lo ratificó y entre los años de 1997 y 1998, el estado de Chiapas vivió una época de tensión, siendo la masacre de Acteal el enfrentamiento más sanguinario posterior a la negociación, donde paramilitares mataron a 45 indígenas que se encontraban rezando.

Como han señalado los familiares de las victimas organizadas en Las Abejas, Acteal fue un crimen de Estado en el que tuvo responsabilidad directa Ernesto Zedillo. Fue una matanza que aún sigue esperando justicia…Es una herida abierta.

Ahora el ex mandatario, a través de una carta enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, goza de importante inmunidad, otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, sobre su posible responsabilidad en el caso Acteal.

Este hecho sin embargo, no debe extrañarnos; a lo largo de los dos últimos sexenios, las coincidencias entre el ex mandatario Ernesto Zedillo y los gobiernos panistas, especialmente el actual, han sido muy estrechas.

Por causas y circunstancias distintas, el expresidente Ernesto Zedillo y el actual, han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. El priísta en una Corte de EU por la masacre en Acteal (1997) y el panista en La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de más de 50 mil personas, más de 10 mil desaparecidos y más de 230 mil desplazados.1

Actualmente vemos con tristeza como en el Estado de Chiapas siguen ocurriendo sucesos que vulneran de manera importante los derechos fundamentales de los indígenas, y ha sido su Junta de Buen Gobierno, la que a través de varios comunicados expresa su situación.

El pasado 2 de agosto un grupo de 20 personas dispararon en contra de varios comuneros en el ejido de Moisés y Gandi región che Guevara, municipio autónomo en rebeldía Lucio Cabañas, zona zots choj, Chiapas, México.2

A partir del 6 de agosto en La Realidad Trinidad, municipio autónomo San Pedro de Michoacán, Chiapas, un grupo de personas encabezadas por Rafael Méndez López, agente municipal, se han dedicado a hostigar constantemente la armonía y tranquilidad de las comunidades con el fin de desplazarlos.3

El día 6 de septiembre del 2012, a las siete de la mañana, un grupo de 55 personas armadas llegó a la nueva comunidad comandante Abel antes San Patricio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista la Dignidad, Chiapas, Municipio oficial de Sabanilla, donde también han recibido disparos y la destrucción de sus pastizales.4

Al día de hoy siguen los ataques en contra de estas comunidades, violando flagrantemente su derecho a llevar una vida digna y tranquila.5

No es de sorprenderse que en Chiapas ocurran sucesos que violen los derechos de los indígenas, pues el 19 de junio del 2000 fue detenido en el municipio de El Bosque, el profesor Alberto Patishtán Gómez, por un delito que no cometió,6 quien prácticamente perdió la vista debido a malos cuidados en prisión.

Otro caso importante es el de Francisco Sántiz López quien desde el 4 de diciembre de 2011, se encuentra injustamente encarcelado por acusaciones falsas de haber dirigido un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas.

Y aunque la Junta de Buen Gobierno con sede en la Comunidad de Oventic y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, han señalado la impunidad de que gozan los verdaderos responsables, las autoridades encargadas de impartir justicia se han negado a tomar en cuenta estos testimonios claves.

Es imposible cerrar los ojos ante situaciones como estas, nuestra labor es legislar a favor de todos los mexicanos, garantizando en todo momento derechos fundamentales, como la libertad, seguridad, salud y propiedad.

No es casualidad que repriman a las comunidades zapatistas; Ellas han mostrado a millones en todo el mundo un camino de resistencia y de construcción que se está multiplicando en los lugares más remotos.

Para los de arriba (como ellos llaman al gobierno), destruir al movimiento zapatista sería una doble victoria: contra los pueblos y comunidades de Chiapas y contra todos los que en el mundo nos inspiramos en su ejemplo. Sería derrotar un sueño hecho carne, como el que vemos en la Junta de Buen Gobierno de Oventic, y en tantos otros sitios.7

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Estatal, al igual que la procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, realicen una detallada investigación de los abusos cometidos por grupos armados en las Comunidades Chiapanecas, Municipios Autónomos Zapatistas, a fin de detener a los responsables y enviar a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 30 días, un informe de los avances hasta ese momento en la investigación.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que atraigan el caso de Alberto Patishtán Gómez y Francisco Sántiz López, presos políticos de Chiapas, encarcelados injustamente, a fin de esclarecer los hechos que den inmediata libertad a los ya mencionados.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que en la medida de sus facultades, intervenga de manera inmediata en los casos de Alberto Patishtán Gómez y Francisco Sántiz López, con el fin de vigilar y proteger sus derechos, verificando que el proceso se lleve a cabo de manera legal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de octubre de 2012”.






Del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE y FOVISSSTE a dar inmediata solución a los trabajadores que adquirieron crédito de vivienda para la construcción de la unidad habitacional en el terreno La Virgen, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Se turna a la Comisión de Vivienda.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL ISSSTE Y FOVISSSTE A DAR INMEDIATA SOLUCION A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITO DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN EL TERRENO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO

“Quien suscribe, Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracc. II, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITAMOS EXHORTAR AL ISSSTE Y FOVISSTE DAR INMEDIATA SOLUCION A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITO DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN EL TERRENO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, bajo de los siguientes:

ANTECEDENTES

En 1990 se constituyo la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero, A.C., quienes adquirieron el Terreno “La Virgen" al Oriente de la Ciudad de Chilpancingo. A través de FOVISSTE-BANOBRAS se obtiene un crédito a través Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (VIMA), por lo que se inicia sin explicación alguna el descuento al sector magisterial, el compromiso asumido por la constructora “Sierra Morelos” fue la entrega de casa en diciembre de 1993. La constructora solicita en el plazo convenido una prórroga para Junio de 1994. En abril de 1994 la empresa Sierra Morelos solicita una segunda prórroga de 6 meses para entregar las viviendas en Octubre de 1994.

Para junio de 1994 la empresa “Sierra Morelos” propiedad de Gustavo Fernández Silva, posteriormente funcionario de FOVISSTE deja en los trabajos inconclusos y abandona la obra. Durante el sexenio 1994-2000 la Asociación “Unidad Magisterial” inicia un fuerte proceso de demandas y contrademandas a fin de obtener una vivienda digna y en mejores condiciones. La asociación decidió habitar la colonia y concluir las viviendas con recursos propios, sin entrega oficial de las viviendas por parte de FOVISSSTE.

En 1999, en la administración del Gobierno interino del Lic. Ángel Aguirre Rivero, se llego a un acuerdo por el que convino la aportación del Gobierno estatal por un monto de 2 millones de pesos, 2 millones por parte de Asociación Unidad Magisterial y 2 millones por parte de FOVISSTE, para la conclusión de los trabajos comprometidos desde 1991. Sin embargo FOVISSSTE en 1999 no depositó y solo se invirtieron 4 millones, 2 millones de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo y dos del Gobierno del estado, los cuales no fueron suficientes para concluir las viviendas. Los trabajos los realizó la empresa “Desarrollo Empresarial México”, llamada después “COMALCALCO” designada por el Gobierno del Estado de Guerrero.

La Asociación “Unidad Magisterial” en agosto de 2005 gestionó ante la Vocalía Ejecutiva de FOVISSSTE la autorización de una Corrida Financiera para determinar el monto que el fondo dejará de percibir para la regularización de los acreditados, tomando en cuenta el SAR y las deducciones por pago de crédito. Durante 2005-2010 se realizaron 4 ¨Corridas Financieras¨, hasta aceptar mancomunadamente la recibida el 19 de Mayo de 2010, por las inconsistencias de las anteriores. El 19 de mayo del 2010 se culmina el proceso con la denominada “Solución Integral II”, de acuerdo al avance de obra de cada vivienda- socio, signada por la Secretaría Técnica del FOVISSSTE, estableciéndose plazos para la integración de los expedientes. En este mismo año en el mes de julio, en la Delegación del FOVISSSTE de Acapulco, se entregaron los expedientes de cada socio, para que informaran sobre los saldos de los créditos por Socio-Vivienda. El 12 de Noviembre del 2010 se asistió nuevamente a FOVISSSTE, en la ciudad de México, a exigir la información acerca del compromiso de entrega de saldos, sin que se entregue dicha información. Nuevamente el 10 de Diciembre del 2010 la Asociación “Unidad Magisterial” recurrió al FOVISSSTE, en la ciudad de México, ahora con el ingeniero Rafael Díaz Rocha y la contadora Blanca Martínez, funcionarios de FOVISSSTE, quienes tenían el encargo de realizar la entrega de saldos, con dichos funcionarios se han realizado entrevistas el 12 de Noviembre, 10 de Diciembre y 23 de Diciembre 2010.

El resultado más importante de dichos encuentros con las autoridades del FOVISSTE fue establecer un plazo adicional hasta el 2011 para que de acuerdo a la deuda de cada socio, por cada peso del deudor el FOVISSSTE pondrá 0.40 centavos.

Sin embargo, a lo largo del presente año hay miembros que han liquidado, de acuerdo a lo convenido, solicitando a la Gerencia Regional de FOVISSSTE, en Acapulco, Guerrero, el saldo, dividiendo entre 1.40 y depositado en sucursal Bancomer a la cuenta del FOVISSSTE, llevando la ficha a la Delegación para su trámite y finiquito en el sistema.

Pese al cumplimiento del acuerdo de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo está ha denunciado y solicitado a quien propone este punto de acuerdo su intervención ante la H. Comisión Permanente del Congreso para denunciar los siguientes hechos:

• Hasta la fecha no hay finiquito por el depósito por parte del FOVISSSTE.

• Los estados de cuenta aparecen con otro crédito denominado de autogestión concepto “preadjudicado” que nunca se solicitó y en algunos casos ya fue cancelado, caso de la socia “ARELI CIENFUEGOS ADAME” R.F.C. CIAA520901517.

• El FOVISSSTE actualmente ha enviado a diferentes despachos Jurídicos privados donde presionan al pago inmediato y reconocen el convenio de 1 a 0.40, amenazando con quitar la vivienda.

• Quienes en congruencia con el convenio liquidaron ante BANCOMER a la cuenta o a través del fondo del SAR, se les sigue descontando en su cheque y no se les ha reconocido el 0.40 que le corresponde al FOVISSSTE.

CONSIDERACIONES

El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. Posteriormente, el país se abocó a construir la infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la población. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.

En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972. En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.

Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.

Sin embargo, en la última década se ha implementado de manera paulatina un proceso de privatización de la actividad estatal en materia de vivienda para ser transferida a las grandes constructoras con el respaldo de recursos públicos, emergiendo la especulación urbana y la bursatilización de títulos de vivienda que eliminaron el carácter social de la política de vivienda del Estado mexicano, en esta materia consideramos importante revisar la política pública que se ha llevado en las últimas administraciones, sobre todo cuando virtualmente en 2008 se realizó desde Sociedad Hipotecaria Nacional el rescate de empresas constructoras del sector privado, lo anterior de acuerdo al último reporte de la Auditoria Superior de la Federación publicado en 2011, sin olvidar que en 2010, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer en agosto de 2010 unode los mayores fraudes vinculados con servidores públicos, en el que están involucrados funcionarios del FOVISSSTE, coludidos con personal de organismos financieros. A partir de las auditorias se puso al descubierto una red de corrupción con la cual fueron otorgados más de 4,500 créditos hipotecarios irregulares por más de 570 millones de pesos, en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE). La Función Pública levantó cuatro denuncias penales ante la PGR por el delito de fraude contra 117 personas: 83 se beneficiaron con esos créditos irregulares, ocho eran empleados del FOVISSSTE y 26 de las sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) involucradas.

La investigación de la Función Pública comenzó a finales del 2008 con una auditoria a cargo del Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE; en esa primera investigación se detectaron 1,180 créditos irregulares, que constituyen un presunto fraude por 190 millones de pesos.

En el caso de la Asociación “Unidad Magisterial” presentado en este Punto de Acuerdo no es distinto a los fraudes contra ciudadanos de La Laguna en Acapulco o de la Unidad Habitacional Las Torres en Chilpancingo, ambos del Estado de Guerrero, en todos existe una clara responsabilidad de parte de privados y funcionarios públicos que aprovechan los esquemas de financiamiento denominados créditos puentes para estafar a las familias guerrerenses, en este caso del municipio de Chilpancingo, que además de no contar con sus viviendas con los requerimientos mínimos establecidos en la ley, se les continua descontando de su nómina el costo del crédito hipotecario.

Este problema no es ajeno al gobierno del Estado del Guerrero, el 28 de julio de 2011, el Secretario de Gobierno del Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, solicito al Vocal Ejecutivo del FOVISSTE su intervención para que dicho conflicto a fin de resolver a la brevedad posible.

El 27 de junio de 2011 se presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que solicitaba al director del ISSSTE y a la titular del órgano interno de control del FOVISSSTE esclarecer el fraude contra los maestros integrantes de la Asociación Regional -Unidad Magisterial- de Chilpancingo, Guerrero. A.C; así como establecer una mesa de negociación para resolver el conflicto; y específicamente, a petición de las familias afectadas la devolución de los pagos con los respectivos intereses de los descuentos no justificados por este crédito hipotecario.

Con fecha 24 de agosto de 2012, la Comisión Permanente reconociendo el problema de las familias integrantesde la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C. para solucionar este conflicto, aprobó por unanimidad los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la titular del Órgano Interno de Control del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), a que envíe un informe sobre la situación que guarda el presunto fraude cometido contra los maestros integrantes de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la titular del Órgano Interno de Control del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a establecer una mesa de diálogo con los miembros de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C. para solucionar este conflicto.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remite copia del expediente de esta Proposición con Punto de Acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de sus facultades realice la investigación correspondiente sobre recursos que fueron destinados a créditos hipotecarios al municipio de Chilpancingo, Guerrero, durante el periodo 2000-2010.

A pesar de los diversos exhortos y pronunciamientos el conflicto de vivienda sigue vigente, los maestros integrantes de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C., han acudido a esta Cámara a solicitar nuestro apoyo con el objetode exhortar a los directivos del ISSSTE y FOVISSTE a establecer una mesa de diálogo y negociación a fin de hacer respetar sus derechos como trabajadores del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al Lic. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Lic. Rosario Elsa López Cruz, Titular del Órgano Interno de Control del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con el objeto de atender las siguientes demandas de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C., que son:

a) Establecer una mesa de negociación con el objeto de resolver el fraude de vivienda contra los miembros de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C.

b) Devolución inmediata y con intereses de los descuentos no justificados por este crédito hipotecario

c) Liberación inmediata de las escrituras de los socios que han finiquitado su adeudo con FOVISSSTE, y

d) El inmediato cese de hostilidades de empresas privadas que presionan a las familias por el pago inmediato de adeudos con el FOVISSSTE.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2012.

Suscribe

Armando Ríos Piter

Senador por el estado de Guerrero”.






Del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se consideren y destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el rubro de infraestructura deportiva y municipal. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, PARA EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MUNICIPAL

“El que suscribe, Senador Daniel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El deporte y sus efectos benéficos pueden analizarse desde una amplia variedad de perspectivas. Por un lado, las actividades deportivas son una de las herramientas más eficaces que tenemos todos los individuos, cualquiera que sea nuestra edad, cualidades, fortaleza y capacidades, para cuidar e, incluso, mejorar nuestro estado de salud física y mental.

Por otro lado, el deporte ha probado ser un factor indispensable en la formación del carácter de los individuos: se sabe que, al ejercitar el cuerpo, las personas incrementan su nivel de disciplina, concentración y dedicación al bienestar social y personal.

En tercer lugar, el desarrollo y éxito de actividades deportivas, sobre todo de deportistas de alto rendimiento, se convierten en ejemplo de miles y hasta millones de personas. Se integran a los motivos de orgullo de su comunidad y de la nación.

Otro gran beneficio del deporte es su capacidad en la generación de hábitos de vida sana, además aleja a niños y jóvenes de los riesgos de las adiccio­nes, y acerca a los jóvenes a su comunidad. Son poderosos mecanismos para crear lazos y solidaridad social, y ofrecen oportunidades para la convivencia familiar y comunitaria.

Sin embargo, para poder desarrollar la capacidad deportiva de la población, se necesitanmás y mejores instalaciones al servicio de toda la colectividad, tanto en comunidades rurales como en las urbanas. En cada localidad debe existir por lo menos una cancha de futbol o basquetbol, que estimule a la población a realizar alguna actividad física.

Con estas consideraciones en mente, durante la presente administración se han hecho grandes esfuerzos para incrementar la inversión en infraestructura deportiva; basta citar algunos datos: De acuerdo con el primer y sexto Informe de Gobierno, en 2006 se transfirieron 38 millones de pesos destinados a los Apoyos de Infraestructura y Equipamiento Estatal, mientras que, para 2012 el monto ascendió a 3 mil 204 millones de pesos, 62.5% superior en términos reales en relación a la inversión de 2006. De este último presupuesto 77.9% se asignó a 545 municipios para fortalecer su infraestructura.

A pesar de estos esfuerzos, sabemos que la infraestructura que actualmente se tiene en el país no ha sido suficiente para promover una mejor cultura deportiva entre todos los grupos sociales y en cada región del país, mucho menos en desarrollar e incorporar mayores y mejores atletas de alto rendimiento.

Además, es lamentable que durante los últimos años, debido a la inactividad física de la población, se han presentado grandes problemas de salud pública, tales como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas, que aportan un número cercano a 200 mil muertes cada año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, México es el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad en la población en general; es decir, alrededor de 70 por ciento de los mexicanos tienen problemas de sobrepeso, y de estos, 30 por ciento son obesos. Se añade a esta problemática el caso alarmante de niños en edad escolar en donde se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 19.5 por ciento.

Por otra parte, la falta de apoyos económicos y para el equipamiento de las instalaciones deportivas es una de las demandas de nuestros atletas; además, sabemos que en muchos casos no cuentan con entrenadores altamente capacitados y con un equipo multidisciplinario y profesional que los apoye.1

Cabe mencionar que el presupuesto que se le asignó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte2 para el 2012 ascendió a 6 mil 147 millones de pesos, cifra que representó únicamente 0.17% del Gasto Neto del Sector Público. A pesar de lo anterior nuestros grandes atletas dieron lo mejor de ellos, obteniendo para nuestra nación unamedalla de oro, tres medallas de plata y tres de bronce que lo colocaron en la posición 39 del medallero empatado con Georgia.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en infraestructura deportiva y municipal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.






Del C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado mexicano expresa su más amplio reconocimiento a la Unión Europea por recibir el Premio Nobel de la Paz 2012. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO MEXICANO EXPRESA SU MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO A LA UNION EUROPEA POR RECIBIR EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2012

“El suscrito, Luis Fernando Salazar Fernández, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado mexicano expresa su más amplio reconocimiento a la Unión Europea por recibir el Premio Nobel de la Paz 2012. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Premio Nobel de la Paz se otorga anualmente desde 1901 a la persona u organización que ejerza un destacado trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.

A través de la historia, el Comité Noruego del Premio Nobel ha entregado el premio a personas que durante los años en guerra (sean mundiales o locales) han buscado la reconciliación entre naciones.

En el caso del viejo continente, el sufrimiento terrible de dos Guerras Mundiales demostró la necesidad de una nueva Europa. Como resultado de esta idea de renovación, resulta hoy en día impensableuna guerra entre los países europeos. Lo cual muestra cómo, a través de esfuerzos bien dirigidos y por la construcción de la confianza mutua, los enemigos históricos pueden convertirse en socios más cercanos.

La instalación de la Democracia en países que vivieron bajo el yugo de la dictadura y la caída del muro de Berlín hicieron posible la adhesión a la Unión Europea (UE) de varios países de Europa Central y Oriental, lo que ha marcado una nueva era en la historia de las relaciones europeas.

El ingreso de Croacia como miembro de la Unión Europea del próximo año (2013), la apertura de negociaciones de adhesión con Montenegro, y la concesión de candidato a Serbia como integrante de la UE ponen en contexto la misión que tiene Europa para fortalecer el proceso de reconciliación en los Balcanes.

La UE se conforma por una diversidad de países, nacionalidades, idiomas, culturas e intereses políticos y económicos heterogéneos, pero que hoy en día han logrado superar todas esas barreras para cimentar la paz, la integración y la consolidación de valores y principios humanitarios profundos.

El trabajo de la UE representa el mejor ejemplo de la fraternidad entre las naciones, y equivale al mejor resultado para la preservación de la paz después de la historia bélica que enfrentaron en esta región y es ciertamente un modelo global para la solución pacífica de conflictos que pueden surgir tanto en el viejo continente como en alguna otra región del orbe.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado Mexicano expresa su más amplio reconocimiento y felicita a la Unión Europea, por su relevante contribución por más de seis décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa, que la hizo acreedora al premio Nobel de la Paz 2012, el cual recibirá el próximo 10 de diciembre.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 16 de octubre de 2012”.






De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE DONDE SE CONSIDERE A LOS TERCEROS AUTORIZADOS PARA LA DICTAMINACION DE LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACION CLINICA

“La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a emitir el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica, y realice las acciones necesarias para evaluar en tiempo y forma tales protocolos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, la prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas en nuestro país obliga a nuestras autoridades a actuar de manera inmediata para enfrentar los retos relacionados con la disponibilidad de insumos necesarios en su atención. El tratamiento de estas enfermedades exige altos estándares de especialización y, en consecuencia, terapias y medicamentos de vanguardia que atiendan debidamente los padecimientos.

En tal escenario, la investigación clínica, una de las etapas más importantes en el lanzamiento de nuevos productos, constituye un rubro prioritario que debe ser promovido y soportado a través de políticas de largo plazo en nuestro país.

La investigación clínica se ejerce sobre una molécula que ha pasado ya por diversos modelos de experimentación en animales, y puede continuar su proceso de investigación en humanos, ahora como medicamento; consta de cuatro fases, comenzando con los estudios respecto a la seguridad y dosificación a un número limitado de voluntarios sanos (fase I), avanzando posteriormente con muestras representativas de población que padecen la enfermedad donde se estudia la eficacia, tolerabilidad y seguridad del medicamento (fases II y III), hasta los estudios que se realizan una vez que el medicamento sale a la venta: análisis sobre eventos adversos inesperados, estudios farmacoeconómicos, etc. (fase IV).

La investigación clínica desencadena diversos beneficios para los sistemas de salud. Además de que los pacientes pueden contar con atención médica altamente especializada, así como el acceso a medicamentos aún no disponibles en el mercado (por encontrarse en fases de prueba) el desarrollo de protocolos de investigación implica un aumento en la competitividad de las instituciones de salud, al captar mayor flujo de recursos públicos y colaborar con instituciones y centros de educación superior e institutos de investigación.

Asimismo, los profesionales de la salud de estas instituciones tienen la oportunidad de relacionarse con médicos e investigadores de todo el mundo, accediendo a información respecto a los últimos avances de la ciencia médica sobre los padecimientos; así como obtener una mayor especialización y actualización en la materia.

En fechas recientes se han presentado avances notables respecto al marco jurídico que regula la investigación clínica. El 30 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud en la materia. Las modificaciones -aprobadas por el Senado el 14 de diciembre de 2011, en su carácter de Cámara Revisora-, contemplaron los siguientes elementos:

• Se homologó el uso del término “consentimiento informado” de los pacientes, de acuerdo con lineamientos internacionales.

• Se estableció un plazo límite de 30 días hábiles para que la COFEPRIS emita resoluciones respecto a las solicitudes de aprobación de protocolos de investigación, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud y del dictamen emitido por el tercero autorizado.

• Se estableció que la Secretaría de Salud podrá habilitar como terceros autorizados a instituciones destinadas a la investigación para la salud.

En artículos transitorios del Decreto, se estableció que la Secretaría de Salud contaría con 180 días naturales, posteriores a la publicación del Decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Sin embargo, a la fecha, tales adecuaciones no han sido realizadas, particularmente aquellas encaminadas a detallar los mecanismos para habilitar terceros autorizados encargados de desarrollar los informes técnicos relativos a la seguridad y validez científica de los protocolos de investigación clínica.

De tal manera, si bien la reforma de enero pasado representa un paso significativo hacia la consolidación de una política eficiente en México respecto a la investigación clínica, se requiere complementar este logro con la implementación de los ajustes reglamentarios.

Sólo de esta manera podrá existir mayor certeza sobre el proceso de aprobación de protocolos, incentivando así a los actores involucrados para impulsar con mayor dinamismo la generación de medicamentos innovadores para el tratamiento de las enfermedades que hoy aquejan a nuestra población.

Finalmente, debe puntualizarse que uno de los principales objetivos de la reforma, era acelerar los procesos de autorización, en caso de que procediera, motivo por el cual se estableció un plazo determinado para su resolución. No obstante lo anterior, se ha tenido conocimiento que los tiempos actuales para tales efectos aún ronda los 3-4 meses, lo que limita la agilidad con la que deben autorizarse y correrse dichos protocolos. En consecuencia, es necesario que se realicen los ajustes necesarios para que la evaluación y respuesta de la autoridad se alinee con el plazo definido por la reforma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, emita a la brevedad el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica, a los que hace referencia el artículo 102 de la Ley General de Salud, para agilizar la aprobación de los mismos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma en la evaluación y aprobación, en caso de que proceda, de los protocolos de investigación clínica, para incentivar la realización de dicha materia en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 16 de octubre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Pedirle en atención a lo que ha señalado, que mantenga inscrita mi proposición con punto de Acuerdo para poder exponerla en la próxima sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Omar Fayad. Pido a la Secretaría que tome nota.

Sonido en el escaño del Senador RomoMedina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. También para los mismos efectos, de mantener mi propuesta para la próxima sesión.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría se tome en cuenta eso. También la del Senador Manuel Cota, del Senador Juárez Cisneros. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Senadora Mely Romero. La Secretaría está tomando nota para que se inscriban de inmediato.

Les informo también que la Efeméride del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, se insertará en el Diario de los Debates.






EFEMERIDE

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR DAVID MONREAL AVILA PARA REFERIRSE AL DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA

"El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidos aprobó la resolución 47/196, en ella se estableció el 17 de octubre de cada año como el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza.

Celebrándose por vez primera en el año de 1993, el objetivo de promover un día del año el tema de la pobreza, es crear una cultura a nivel mundial sobre la importancia de la erradicación de la pobreza.

Sin lugar a dudas la pobreza lastima todos los derechos humanos, pero los que llevan la peor parte son siempre los infantes, ellos sufren de una mayor vulnerabilidad a sus derechos.

Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalan que en el mundo hay aproximadamente 1,000 millones de niños y niñas que sufren carencias alimentarias, de salud y de educación, lo que los limita a crecer y desarrollarse plenamente.1

La pobreza es un problema mundial, por ende en cada país se deben implementar programas, políticas y acciones nacionales e internacionales encaminadas a erradicarla.

En México no se ha cumplido con la inalienable tarea de minimizar la pobreza, de lo contrario cómo podemos explicarnos que existan más 50 millones de personas pobres, y al mismo tiempo tengamos a 11 de los hombres más ricos del mundo.

Las cifras antes mencionadas reflejan la desigualdad que existe en nuestro país, así mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que la desigualdad social en México es la segunda más alta de las economías que integran el organismo.2

Por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), menciona que del año 2008 a 2010, la cifra de personas que se encuentran en pobreza se incrementó de 48.8 a 52 millones.

Las Entidades Federativas Mexicanas, que cuentan con un mayor número de personas que se encuentran en pobreza son: Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California.

Es innegable que tanto en la administración federal como en la administración estatal, se han implementado demasiados programas sociales (273 federales y 2,391 estatales), encaminados a minimizar la pobreza.

Sin embargo, la pobreza no cede, México continua sin generar los suficientes empleos y mucho menos invertir sumas significativas en la educación, la matricula estudiantil sigue sin incrementarse.

Si a estos factores añadimos la corrupción y al poco crecimiento económico que tienen nuestro país, tenemos como resultado que 11.7 millones de mexicanos se encuentren en pobreza extrema.

Si nuestro país no ataca estas problemáticas que vienen arrastrando desde hace ya varios sexenios, difícilmente se eliminara la pobreza en México.

Por tal razón, desde esta tribuna exhorto a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal a trabajar arduamente para erradicar la pobreza en nuestro país.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 16 días del mes de Octubre de 2012."

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Y un punto de Acuerdo que ya tiene suficiente tiempo ahí, que es de la Presa Santa María, que está parado por un estudio técnico. Como esto se está retrasando tanto y a mí me interesa tanto que esto avance, yo le pido de favor que de una buena vez lo pase a comisión, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Diva Hadamira. Pido que se turne a las comisiones que corresponda dicha propuesta.

Senador Salvador López Brito.

- El C. Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) En el mismo sentido, para que siga registrándose mi punto de Acuerdo. Lo considero importante y que se me dé el orden que lleva para que no me dejen hasta el último.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, señor Senador.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 18 de octubre, a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:20 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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