Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 16 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Octubre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 11 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, alas once horas con treinta y seis minutos deldía martes nueve de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento trece ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido delOrden del Día de la sesión de esta fecha, debidoa la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves cuatro de octubre de 2012.

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley de la ciudadana María del Pilar Ortega Martínez, como Senadora de la República, en sustitución del Senador Alonso Lujambio Irazabal.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Cultura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Agricultura y Ganadería.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, oficio por el que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Población y Desarrollo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, oficio por el que informa que el 8 de octubre quedó instalada la Comisión de Derechos Humanos yla aprobación del Acuerdo relativo a los eventospara conmemorar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña.- Quedó de enterado. Se remitió copia del Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio del Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados, por el que remite fe de erratasa los artículos 6, fracción VII; 17, fracción XII,Apartado A, inciso c), segundo párrafo; 17, Apartado A, inciso d), segundo párrafo; 17, penúltimo yúltimo párrafos; 32 y 33 del proyecto de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita.- Se remitióa las Comisiones de Justicia, de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio conel que remite punto de Acuerdo de la DiputadaCrystal Tovar Aragón, que exhorta al Senado dela República a dictaminar el proyecto de Decretopor el que se adiciona un último párrafo alartículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el C. Sergio Cedeño Villerías pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, elInforme de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la Cumbre APEC CEO 2012 y en la XXReunión de Líderes Económicos de APEC, celebradas en Vladivostok, Rusia, y de su visita de Estado a Singapur, del 6 al 11 de septiembre de 2012.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del actual ejercicio fiscal, de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el Día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos, a realizarse el viernes 12 de octubre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Adolfo Romero Lainas.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federalinvitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 59 aniversario del Derecho al Voto dela Mujer, a realizarse el miércoles 17 de octubredel año en curso, en esta ciudad.- Se designóen comisión a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

 

Se recibió del congreso del estado de Puebla, oficio por el que informa la aprobación de reformas a diversos ordenamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas; lo anterior, en respuesta al Acuerdo de la Comisión Permanente del 26 de junio de 2012.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. y adiciona un párrafo al inciso f) de la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59, el segundo párrafode la fracción ii del artículo 116 y el segundo párrafo de la fracción i Base Primera del artículo 122,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 66 de laLey Federal de Protección al Consumidor; unartículo 17 Bis, la fracción X al artículo 42 yel inciso i) a la fracción I del artículo 44 de laLey para la Transparencia y Ordenamiento de losServicios Financieros; así como un párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el inciso i) a la fracción IV del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los Senadores José María Martínez Martínez, Víctor Hermosillo y Celada, Martha Elena García Gómez y Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 102 apartado A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del apartado A del artículo 26; el párrafo primero del artículo 69; la fracción XXIX-D del artículo 73 y la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdopor el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo cumpla con el Acuerdonacional por el turismo en materia de conectividad, a efecto de apoyar al destino turístico de Mazatlán, Sinaloa.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN y Luz María Beristain Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhortaa los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar acciones fitosanitarias de protección en la importación de papa fresca de los Estados Unidos de América.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de adición. Manuel Cota Jiménez del PRI; Francisco Domínguez Servién del PAN; y Patricio Martínez García del PRI. La Mesa Directiva dio lectura a una propuesta de consenso, que fue aprobada por el Pleno.

 

El Senador Adán Augusto López Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de dar seguimientoy coadyuvar a la solución de la problemáticade los adeudos por consumo de energía eléctrica,derivada de la llamada resistencia civil en el estadode Tabasco.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de Acuerdo relativo al dragado de mantenimiento del canal de navegación alterno en Puerto San Carlos y su afectación a las ballenas grises, en Baja California Sur.- Se turnóa la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a difundir en qué consiste la propuesta de reforma laboral y organice mesas de debate públicas para su análisis por diversos medios.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de diversos Senadores, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional,presentó proposición con punto de Acuerdopara que la Secretaría de Salud destine mayoresrecursos para prevenir, diagnosticar y brindar tratamiento integral a las pacientes con cáncer de mama.- Hicieron uso de la palabra desde suescaño las Senadoras: Diva Hadamira GastélumBajo del PRI y Mariana Gómez del Campo Gurzadel PAN. Se turnó a la Comisión de Salud los resolutivos primero y tercero y a la Cámara de Diputados el segundo.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que sedesigna al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruizcomo Secretario del Comité Directivo del InstitutoBelisario Domínguez.-Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para citar a comparecer a funcionarios del Gobierno Federal para que informen sobre el estatus del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano en los casos de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza,a nombre del grupo parlamentario del Partidodel Trabajo, presentó proposición con punto deAcuerdo para citar a comparecer al Directorde la Comisión Federal de Electricidad y alDirector General del Servicio de Administracióny Enajenación de Bienes y, en tanto, quede ensuspenso la prórroga del COMODATO entre elSAE y CFE.- Hicieron uso de la palabra desde su escaño las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Layda Sansores San Román; y Luz María Beristain Navarrete del PRD. Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados generen unapartida presupuestal en el Presupuesto de Egresosde la federación 2013, para dotar a los niños de 5º y6º de primaria de las escuelas públicas del país deuna laptop con internet.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel,del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhortaa la Junta de Coordinación Política para quehaga suyo el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del 3 de octubre del 2012 sobre el procedimiento a seguir parala difusión, a través del Canal del Congreso, delas iniciativas y puntos de Acuerdo, propuestaspor las Senadoras y Senadores que no sean leídosante el Pleno.-Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados contemplen una partida especial de presupuesto para la construcción de hospitales de especialidades en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas; en el caso particular de Guerrero, en la región de la montaña, en la Ciudadde Tlapa de Comonfort.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Daniel Amador Gaxiola, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar recursos suficientes para el programa Escuela de Tiempo Completo, que se encuentra en el ramo 11 para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.- Hizo uso de la palabra desde su escaño la Senadora Luz María Beristain Navarrete del PRD.Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Educación el segundo.

 

El Senador Adán Augusto López Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió proposición con punto de Acuerdo en relación con los operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración en contra de inmigrantes en la frontera sur del país.-Se turnó a las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur y de Derechos Humanos.

(Efemérides)

El Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó efeméride con relación al XXXVIII Aniversario de la Constitución del estado libre y soberano de Quintana Roo.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Decreto por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos artículos de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con catorce minutos y citó a la siguiente el jueves once de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el acta de la XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 27 al 29 de septiembre del año en curso, en Montevideo, Uruguay.

"SONIA MENDOZA DIAZ
SENADORA DE LA REPUBLICA

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Reciba un cordial saludo de su servidora, aprovecho esta misiva para informarle que con fecha 25 de Septiembre de 2012 fui designada representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, llevada a cabo en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2012, de la cual me permito anexar orden del día correspondiente.

Derivado de los acuerdos de la Comisión, se elaboró Acta de trabajo donde quedó plasmado el tratamiento de los temas discutidos durante la sesión, de la cual remito copia para su conocimiento y publicación.

Es menester fortalecer las relaciones internacionales con los países integrantes del Parlamento Latinoamericano, ya que el intercambio de experiencias fue fructífero y coadyuvará en el manejo de una servidora en los temas de la agenda nacional, lo que se verá reflejado en beneficio de nuestra nación.

Sin otro particular, le reitero mis más finas y seguras consideraciones

Atentamente".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa de la instalación de las diversas comisiones del Senado, llevadas a cabo el 4 de octubre pasado.






Del Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

“FERNANDO YUNES MARQUEZ
SENADOR DE LA REPUBLICA

México, D.F., a 9 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

En alcance al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 27 de septiembre, por el que se constituyen las Comisiones Ordinarias para la LXII Legislatura, me permito informarle que la Comisión de Defensa Nacional, que me honro presidir, quedó formalmente instalada el día 4 de octubre del presente año.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE”.






Y de la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa.

“MARGARITA FLORES SANCHEZ
SENADORA DE LA REPUBLICA

México, D.F., a 8 de octubre 2012.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Me permito hacer de su conocimiento que ha quedado formalmente instalada la Comisión de Relaciones Exteriores África de la LXII Legislatura del Senado de la República, a las 12:00 hrs. del día 4 de octubre del presente año.

Dando cumplimiento al artículo 127 numeral 3 del Reglamento del Senado.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para todos los efectos a que haya lugar.

Atentamente”.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron otras comunicaciones, por las que se informa de la instalación de comisiones, realizadas el pasado 9 de octubre.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda.

“MARIA ELENA BARRERA TAPIA
SENADORA DE LA REPUBLICA

México, Distrito Federal, a 9 de octubre de 2012

MEBT/CV/0003/2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Estimado Señor Presidente:

Conforme al artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy ha quedado instalada la Comisión de Vivienda, solicitando respetosamente se haga del conocimiento al Pleno.

Agradeciendo su amable atención me es grato enviarle un cordial saludo

Atentamente

Presidenta de la Comisión de Vivienda”.






De la Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

“HILDA FLORES ESCALERA
SENADORA DE LA REPUBLICA

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

México, D.F., a 09 de Octubre de 2012.

Estimado Senador Cordero:

Con fundamento en el Artículo 127 párrafo tercero del Reglamento del Senado de la República, le solicito amablemente sirva comunicar al Pleno que la instalación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se realizó el día de hoy martes 9 de octubre a las 12.00 horas. Adjunto lista de asistencia.

Sin más por el momento, me suscribo a sus apreciables órdenes.

Cordialmente”.






Del Senador Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado.

“MANUEL CAMACHO SOLIS
SENADOR DE LA REPUBLICA

México D.F., a 9 de octubre de 2012.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Me es grato enviarle un cordial saludo y comunicarle que la Comisión de la Reforma del Estado que me honro en presidir, quedó instalada conforme al Reglamento del Senado.

Agradeceré a Usted sea tan amable de hacerlo del conocimiento del Pleno

Atentamente”.






De la Senadora Laura Angélica Roja Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ
SENADORA DE LA REPUBLICA

México, D.F., 10 de Octubre del 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Le saludo y por este conducto, comunico a Usted que de conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado, el día 9 de octubre a las 16:00 horas, quedó formalmente instalada la Comisión de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales, mismo que me honro en presidir.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta

Comisión de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales”.






Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico.

“JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS
SENADOR DE LA REPUBLICA

México, D.F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada el día martes 9 de octubre del presente año, quedó formalmente instalada la Comisión de Fomento Económico de la LXII Legislatura del Senado de la República, misma que me honro en presidir.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva a la presente.

Atentamente

M.A.P. Jorge Alfredo Ceballos Fernández

Secretario Particular”.






Del Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.

“COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

OFICIO NUMERO HSR/CAI/038/12

México D. F., a 9 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada el día de hoy, 9 de octubre del año en curso, quedó formalmente instalada la Comisión de Asuntos Indígenas delSenado de la República, misma que me honro en presidir.

Sin más, quedo de usted.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña

Presidente”.






De la Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“NINFA SALINAS SADA
SENADORA DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 9 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 127 numeral 3 del Senado de la República, me permito comunicarle que el día de hoy a las 16hrs, en las salas 3 y 4, piso 14, de la Torre de Comisiones, contando con el quórum suficiente, quedó instalada formalmente la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la LXII Legislatura, a fin de que lo haga del conocimiento del Pleno y para los fines pertinentes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente”.

También se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de la instalación de otras comisiones del Senado, efectuadas el 10 de octubre.






Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

“COMISION DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION TERRITORIAL

México, D.F., a 10 de octubre de 2012

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Distinguido Presidente:

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de a República, me permito informarle que en sesión celebrada el miércoles 10 de octubre del año en curso, quedó formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de República, misma que me honro en presidir.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela

Presidente”.






Del Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo.

“COMISION DE TURISMO

México, D.F., a 10 de octubre de 2012.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informar a usted que el día de hoy 10 de octubre, quedo formalmente instalada la Comisión de Turismo. Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Sen. Félix González Canto

Presidente”.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

“SEN. MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA

México, D.F., a 10 de Octubre del 2012.

Oficio N°: SEN/CRAYC/LXII/020/2012.

ASUNTO: Se informa de la Formal Instalación de
la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina
y el Caribe del Senado de la República.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
LXII, LEGISLATURA
PRESENTE.

Reciba por este conducto un cordial saludo, al tiempo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, en mi calidad de Presidenta de la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de este órgano legislativo, me permito informarle que los trabajos de la comisión en comento fueron formalmente instalados el día de hoy, sirva la presente para los efectos legales atinentes.

Agradezco de antemano la atención se sirva dar a la presente

Atentamente”.






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

“DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO
SENADORA DE LA REPUBLICA

Senado de la República, a 10 de octubre de 2012.

Oficio No: CEG/P/001/2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Me es grato saludarle, asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del senado de República le informo que el día de hoy fue instalada formalmente la Comisión de Equidad y Género que presido, por lo que le solicito se haga del Conocimiento al Pleno en la Próxima Sesión Ordinaria.

Agradezco de antemano la atención favorable a esta solicitud y hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración.

Atentamente”.






De la Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

México, D. F., 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERA ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE:

Por instrucciones de la Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, en atención al Acuerdo de fecha 27 de septiembre del corriente emitido por la Junta de Coordinación Política relativa a la constitución e integración de las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, me permito informarle que con esta fecha ha sido instalada esta Comisión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Mario Alberto Gómez Moronatti

Secretario Técnico”.






Del Senador Martín Orozco Sandoval, Presidente de la Comisión de Federalismo.

“México, D. F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Conforme al artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy quedó formalmente instalada la Comisión de Federalismo, en la Sala Tres, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de Senado.

Lo anterior, para efecto de que se haga del conocimiento del Pleno de este Senado de la República.

Sin más por el momento, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen Martín Orozco Sandoval

Presidente de la Comisión de Federalismo”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca.

“COMISION DE PESCA

México D.F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada en esta fecha, quedó formalmente instalada la Comisión de Pesca del Senado de la República, misma que me honro en presidir.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito

Presidente”.






Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.

“COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

México, D.F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada el día de hoy 10 de octubre del presente año, quedó formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Municipal de la LXII Legislatura del Senado de la República.

Lo anterior para los efectos conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración más distinguida.

Atentamente

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán

Presidente”.






De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

“COMISION DE RADIO, TELEVISION Y
CINEMATOGRAFIA

México, D. F. a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Por instrucción de la Senadora Alejandra Bárrales Magdaleno, me permito informarle que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la cual es Presidenta, quedó formalmente instalada en la sesión realizada el día de hoy, a las 14 horas del 10 de octubre de 2012, salón 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Verónica Alejo Alamilla

Secretaria Particular”.






Del Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina.

“COMISION DE MARINA

México, D.F., a 10 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada el día de hoy 10 de octubre del presente año, quedó formalmente instalada la Comisión de Marina de la LXII Legislatura del Senado de la República.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ricardo Barroso Agramont

Presidente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las instalaciones de comisiones.

En otro apartado de la agenda de hoy, damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, en torno a la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que designa el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña.

En esa virtud, cada posicionamiento será hasta por un tiempo máximo de cinco minutos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Arriola Gordillo.






INTERVENCIONES

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Buen día, compañeras y compañeros legisladores:

Me voy a permitir hacer esta intervención, desde un lugar muy personal: mi propia niñez.

Ser una niña en nuestra sociedad es una tarea difícil. Implica crecer en un mundo repleto de deberes caseros, familiares y el deber ser.

Las niñas crecen formadas y programadas en nuestra sociedad para jugar un papel en particular, y quienes vivimos diferente a ese deber, lo hacemos porque tuvimos alguna gran ventaja, ya sea personal, familiar o afectiva.

Digo todo esto, porque la esencia de festejar el Día Internacional de la Niña debe traer a la luz la necesidad urgente de brindar a este grupo sueños y fantasías, así como las herramientas para ser genuinamente libres. La libertad de ser quienes ellas decidan ser, de perseguir el sueño que decidan perseguir, La libertad de no ser ni hacer lo que la cultura tradicional dicta.

Ser niña es una gran responsabilidad, con las mamás y los deberes, con los papás y los quehaceres y con la sociedad en las formas que buscan someterlas y no permitirles ser diferentes.

Para las Naciones Unidas, el nombramiento del Día Internacional de la Niña, se ha centrado en la especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en todo el mundo, y que las hace las más pobres de los pobres.

Hasta el día de hoy, no existía ningún día que se enfocara expresamente en la situación de las niñas; uno de los grupos sociales más discriminados y para el cual existen muy pocas políticas públicas concretas.

Por ello, celebramos la instalación de este día y la visibilidad que impone sobre las niñas que se encuentran abandonadas.

Inclusive, esta causa ha contado con el respaldo de la actual Premio Nobel de la Paz, la liberiana Leymah Gbowee, quien afirmó que las niñas son el futuro.

Así que es fundamental que exista un día que esté íntegramente dedicado a sus asuntos.

La importancia de un día para las niñas tiene su origen en garantizar que nuestra niñez disfrute plenamente de sus derechos fundamentales; derechos que deben ser siempre avalados por el gobierno y toda sociedad, por organizaciones y entidades, para que unidos todos los sectores de la población mexicana celebremos la merecida hazaña de ofrecerle a las niñas de México, sin excepción de color o clase social, salud, educación, equidad y protección.

Porque entendemos que no hay progreso ni equidad en una sociedad sin derechos igualitarios, ejercidos a plenitud desde la niñez.

La violencia se practica contra las mujeres desde la infancia. De acuerdo a cifras del INEGI, en el 2010 se registró un 80 por ciento de población adolescente, de 12 a 17 años, no soltera, pero aún niña, que por su misma condición fue blanco fácil para sufrir vejaciones y actos de violencia.

De 2005 a 2010, el número de muertes por homicidio en niñas de 15 a 17 años, se incrementó a más del doble, pasando de 70 a 151 defunciones. Esto, sumado a que desde el 2009, el número de defunciones por suicidios de mujeres ha ido en real incremento, superando las 250 muertes en la población de niñas de 10 a 17 años.

Además es de destacar que muchas niñas han sido enroladas en el crimen organizado. Según cifras oficiales, de 2006 al 2011, el número de mujeres menores de 18 años detenidas por delitos federales, fue de 693, lo cual representa el 9.1% de los adolescentes en conflicto con la ley.

El 36.6% de las niñas detenidas por un delito federal, fueron aprehendidas por posesión y consumo de drogas. Mientas que el 19.2% fue detenida por infringir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De 2009 a 2011, la cifra de niñas detenidas por algún delito federal aumentó más del doble, pasando de 88 a 191.5

Si estas cifras no nos dan cuenta de la vulnerabilidad de nuestras niñas, nada lo hará. En ese sentido, la escuela y la educación para nuestra niñez, un segundo hogar, debería de ser en donde se les debe transmitir conocimiento que les ayude a salir del círculo vicioso que la propia sociedad en muchas ocasiones les ha generado, un espacio que debe ser aprovechado para inculcar valores en materia de prevención del delito y la plenitud de una vida.

Por todo lo anterior, quisiera destacar la labor que se empieza a gestar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos a favor del reconocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos que la ley y los tratados internacionales confieren a nuestra niñez, y en específico a las niñas de México.

Como mujer, y en mi calidad de legisladora, mi compromiso es con México, con la niñez y el fortalecimiento de las instituciones que deben de velar por todos y cada uno de sus derechos.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas cosas pueden esperar, las niñas no.

Resulta importante destacar la importancia que representa que la Organización de las Naciones Unidas sea quien designe un Día Internacional a favor de las Niñas, y además solicite a sus Estados miembros y organizaciones internacionales para observar el Día Internacional de la Niña y crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, ya que actualmente son cerca de 900 millones de niñas y mujeres que viven con menos de un dólar al día en el mundo, y unos 500 millones de niñas y mujeres jóvenes ven desaprovechado su potencial, por lo que hacer un llamado internacional a tomar conciencia de su condición, es la mejor manera en que se puede atender a este grupo tan vulnerable a nivel internacional.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el 25.8 % de las niñas y mujeres, entre 12 y 19 años, han estado embarazadas. A nivel nacional desafortunadamente no existen datos actualizados y mucho menos desagregados por sexo y grupos de edad que nos permitan tener un claro panorama de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras niñas.

Es así que en el Estado mexicano no se puede pasar por alto el llamado internacional que se hace para entender y proteger a las niñas mexicanas, inicialmente respondiendo a algunas cuestionantes: ¿En qué condiciones viven? ¿Cómo se desarrollan? ¿Por qué sus posibilidades de acceder a la educación son tan limitadas? ¿Qué esperan de la escuela? ¿Cómo definir una propuesta educativa que responda de manera significativa a sus condiciones de vida y trabajo y a sus características culturales, si se les conoce tan poco? ¿Cómo ofrecerles alternativas que aseguren su continuidad educativa y correcto desarrollo psicosocial? ¿Cómo lograr simplemente su derecho a ser infante?

Responder a estas interrogantes no sólo es un requisito de justicia y de equidad, sino son respuestas que deben de estar insertas en las políticas sociales del Estado mexicano. Se deben definir los factores de riesgo, pues en tanto no sean definidos y entendidos, no existirá la posibilidad de llevar a cabo una protección acertiva.

Es así que debemos de trabajar en la prevención de este grupo vulnerable en diferentes situaciones, como la desnutrición, el desplazamiento forzado, el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, el maltrato y el abuso, entre otros. Es menester integrar políticas públicas que muestren que las niñas no son propiedad de alguien, y por lo tanto no deben tomar decisiones por ellas, acceder a su cuerpo o atentar contra su integridad física, intelectual o emocional.

Es nuestro deber estar pendientes y atender sus derechos a la vida, a la salud, al descanso, al esparcimiento, al juego, a la creatividad y a las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, a un nombre y a una nacionalidad, a una familia, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, a la educación gratuita y obligatoria.

Que este Día Internacional de la Niña sirva en mejor manera para incentivar en todos los mexicanos, que formen o no parte de este público, conciencia sobre la situación que las niñas viven en nuestro país, desde las regiones más marginadas hasta los entornos más favorecidos, a que respetemos y hagamos respetar sus derechos y en conjunto llevemos a la infancia mexicana a un mejor futuro.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores:

El punto que estamos abordando el día de hoy, es derivado de un Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República. El 11 de octubre, a partir de este año y por la resolución 66/170 de la Asamblea de Naciones Unidas, se designa este Día Internacional de las Niña o de las Niñas, como lo hemos mencionado en el Senado de la República, para visibilizar a todas las niñas, lo que nos obliga a que, a partir de ahora en México, tengamos que desagregar no solamente por sexo, sino también desde el aspecto etario, ¿cómo se encuentra la situación de las niñas y los niños? En lo particular nos interesa visibilizar a las niñas, ¿cómo se encuentran en el ejercicio de sus derechos humanos, su derecho a la salud, a la educación, al amor, al juego, a gozar de cada uno de los derechos que están inscritos en el tratado sobre derechos humanos de las niñas y los niños, que es la Convención Internacional de la Niñez?

A visibilizar también las diversas formas de discriminación que, además de su condición de edad, también sobreviven por su condición de género. Es decir, estamos hablando de una doble discriminación y que están debidamente planteadas también en otra convención que México ha aprobado, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

Las recomendaciones que se han signado por el Comité de Derechos del Niño, reiteradamente al Estado parte, menciona que México tiene que visibilizar cómo se encuentran las niñas y las adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Preocupa de sobremanera el crecimiento del embarazo en adolescentes, no podemos ver con normalidad que las niñas, que las adolescentes se embaracen, no podemos ver con normalidad que las niñas en vez de dedicar sus tiempos al estudio, al juego, a la recreación, a la cultura, al ocio, estén realizando algún tipo de trabajo.

En ese aspecto este Senado, señoras y señores, no puede pasar la minuta que viene de la Cámara de Diputados en donde están legalizando el trabajo infantil, es violatoria de la Constitución y violatoria también de los tratados que hemos firmado.

No podemos ver con normalidad ya tener una tercera generación de niñas en situación de calle, lo que quiere decir que personas, que mujeres de 30 años de edad que están en calle sean abuelas, ya hay una tercera generación. No estamos hablando de niñas en situación de calle, sino de niñas adolescentes y mujeres en situación de calle.

Ese tipo de situaciones las tenemos que resolver a partir de que hagamos más eficientes las leyes, que es lo que nos corresponde como Senado de la República, pero también exigiendo al Estado parte para que cada uno de los aspectos que se nos han recomendado a través de la vigilancia y de las observaciones al cumplimiento de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, el Estado parte realmente haga lo que tenga que hacer para cambiar el proyecto de vida de estas niñas.

Hoy estamos frente a una posibilidad inmejorable para que podamos hacer realidad el libre desarrollo de la personalidad. Que podamos hacer realidad efectivamente para que puedan aspirar y concretar lo que quieren ser. En fin, yo creo que podemos hablar mucho del tema.

Simplemente quiero dejar a ustedes que es un honor que el Senado de la República, el día de hoy, haya conmemorado el Día Internacional de la Niña, pone muy bien al Senado de la República ante el mundo; pero también tenemos que trabajar para que las niñas, para que las adolescentes sean felices desde ahora.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Sonia Mendoza Díaz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El Estado desempeña la función esencial de velar por el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Esta responsabilidad nos atañe a todos y a todas las que conformamos las instituciones públicas de los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno.

Desde el Poder Legislativo, las y los legisladores debemos velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel internacional. Es por ello que el día de hoy, en cumplimiento en lo dispuesto por la resolución 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde esta tribuna celebramos la decisión de la ONU para conmemorar por primera vez el Día Internacional de la Niña.

No obstante lo anterior, nos obliga a mirar las necesidades más urgentes de ese sector de la población y crear conciencia sobre la situación que tienen las niñas en México y en todo mundo. Especialmente aquellas que por su condición se encuentran en una situación más vulnerable.

En este contexto, debemos recordar que la creación de un día para las niñas en el calendario internacional se plantea a partir del Plan Internacional 2009, impulsado por diversos foros internacionales como una de las causas principales de su campaña internacional por las niñas, cuyo principal objetivo radica en la eliminación de la doble discriminación de la que son sujetas millones de niñas en todo el mundo, por su género y por su edad.

En el año 2000, en aras del cumplimiento de los derechos humanos de las personas y el desarrollo de los pueblos, los Estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas, en un ejercicio de suma voluntad, acordaron en la Declaración del Milenio, establecer ocho objetivos principales para el año 2015, mismos que se encuentran relacionados de manera estructural con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes del mundo.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Lograr la enseñanza primaria universal.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Reducir la mortalidad infantil.

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

>Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Constituyen los ocho objetivos firmados por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, las garantías fundamentales de la niñez engloban una gama de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que se fundamentan en los principios de no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto a la expresión de la niñez.

A nivel nacional, México reconoce que a partir del texto constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de discriminar a las personas por motivos tales como la edad y el género, y reconoce a partir de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las prerrogativas a las que tienen derecho las niñas derivadas de la convención.

Según datos presentados por la UNICEF en el Informe Progreso para la Infancia, publicado en abril de 2012, anualmente 1.4 millones de adolescentes mueren debido a lesiones sufridas en accidentes camineros, complicaciones en el alumbramiento, suicidio, violencia, el SIDA y otros problemas.

Numerosos factores contribuyen a la incidencia de la violencia doméstica, entre los que destacan el matrimonio prematuro, las relaciones de poder basadas en el género, la posición económica de las mujeres y las prácticas tradicionales que la perpetúan.

Datos disponibles revelan que en los países en desarrollo, casi el 50 por ciento de las niñas y mujeres entre 15 y 49 años, opinan que la violencia doméstica tiene justificación en determinadas circunstancias.

No obstante, al llegar a la adolescencia, las niñas y los niños dejan atrás la infancia y asumen en ocasiones otros roles que van desde ser cabeza de familia, trabajadoras, trabajadores, titulares de derechos y ser responsables de obligaciones dentro de su sociedad.

Una de cada cuatro niñas adolescentes entre 15 y 19 años de todo el mundo, está casada o vive en pareja. En este marco, la problemática social va desde la deserción escolar hasta el comienzo anticipado de su vida reproductiva, situaciones que se vuelven en riesgo de padecer violencia doméstica, entre otras situaciones de violencia.

Compañeras y compañeros Senadores, la dignidad humana es constitutiva de su propio ser. Es por eso que en Acción Nacional afirmamos que esta dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer, o su edad.

Por ello, la razón de ser de todo grupo social, desde la familia hasta la comunidad internacional, debe ser al servicio de la persona, sumando voluntades que se tornen en acciones a favor de las niñas y los niños.

Las demandas e intereses de las niñas resultan una oportunidad de legislar a favor de sus derechos para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Su atención es urgente y nuestro compromiso constituirá nuevas circunstancias para miles de niñas en México y millones en el mundo.

Las buenas prácticas trascienden y hoy es nuestra oportunidad para trascender y garantizarle a las mujeres y a las niñas, que son el futuro de México, una vida mejor, una vida feliz.

Gracias, compañeros, por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Mendoza Díaz.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Señoras y señores Senadores, buenas tardes a todos quienes nos acompañan.

Hoy, 11 de octubre, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña. Su objetivo es crear conciencia sobre la situación de las niñas en México y en todo el mundo.

La campaña llama la atención sobre el hecho de que las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de malnutrición, hambre y enfermedades con respecto a los varones. De igual manera, son ellas quienes tienen menos acceso a la educación y sufren mayores violaciones de sus derechos fundamentales.

Aún en pleno siglo XXI, y pese a los avances en temas referentes a igualdad y equidad, en muchos países las menores son discriminadas, dejadas de lado o explotadas, llegando al extremo del feticidio mediante el cual se evita el nacimiento de miles de niñas en algunos países como la India, donde por el simple hecho de ser concebidas como mujeres, se han perdido más de diez millones de niñas en 20 años. Esta situación, además de lamentable, es reprobable y debe llegar a su fin.

Las Naciones Unidas y los Estados que la conforman han puesto como la problemática prioritaria para este año terminar con el matrimonio infantil. Este fenómeno social niega a las niñas su derecho a la infancia, interrumpe su educación, aumenta el riesgo de violencia y abuso, y pone en peligro su integridad y su salud, con riesgos como la posibilidad de contraer el VIH o la muerte y discapacidad derivadas de la maternidad.

El matrimonio infantil es una problemática de dimensiones globales. Alrededor de una de cada tres mujeres jóvenes entre los 20 y los 24 años, se casaron antes de alcanzar la mayoría de edad. Lo que representa aproximadamente 70 millones de niñas y adolescentes.

En México, de acuerdo a la UNICEF, el embarazo entre niñas y adolescentes afecta principalmente a las que habitan en zonas rurales, en condición de exclusión y en donde son víctimas de la violencia sexual. Los datos demuestran además que este problema desafortunadamente va en aumento.

De acuerdo con el INEGI, en 1990, el 12 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años de edad, habían tenido al menos un hijo. Para 2009, este porcentaje ya se encuentra en más del 15 por ciento.

El embarazo adolescente impacta principalmente a las niñas indígenas, negándoles de facto la posibilidad de prepararse para alcanzar independencia económica en la edad adulta.

Proteger a las niñas y garantizarles un futuro próspero y productivo no sólo es lo más justo, es también una pieza clave para el desarrollo económico y el abatimiento de la pobreza.

Por poner un ejemplo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, garantizar el acceso equitativo e insumos a mujeres del sector ayudaría a incrementar la producción agrícola entre el 2.5 y el 4 por ciento en los países en desarrollo.

Garantizar un desarrollo pleno a nuestras niñas es un punto integral en relación con la seguridad alimentaria.

En su reporte de 2012, dedicado a la equidad de género y su papel en el desarrollo de las naciones, el Banco Mundial alerta que los impedimentos para completar la formación educativa aparece mucho antes entre niñas que en niños.

En este sentido, los programas sociales resultan de enorme importancia para equilibrar las matrículas escolares en cuestión de género y para proveer a las familias con los recursos para seguir procurando la educación de sus hijas.

En nuestro país, la equidad de género ha sido un pilar de la política educativa desde hace décadas, sin embargo, debemos tener en cuenta que en todos los niveles de educación básica aún se aprecia una ligera ventaja para los hombres.

En el ciclo escolar 2006-2007, de cada 100 niños que concluyen la primaria, 96 se incorporan a la secundaria; mientras que de cada 100 niñas, sólo 94 lo logran. Por lo que en una proporción mayor de niñas queda rezagada o excluida de su derecho a la educación.

En materia de salud también las niñas sufren de un acceso menor a los sistemas de seguridad social de acuerdo con cifras del INEGI.

En 2006, la vacuna con mayor cobertura nacional fue la de tuberculosis meningea, ésta fue aplicada al 80 por ciento de las niñas y casi al 82 por ciento de niños.

Una vez más se ejemplifica la disparidad en el acceso.

Otro importante reto en materia de salud es el de la obesidad, que afecta a 10 de cada 100 niñas entre los 7 y los 10 años; y qué decir de lo que México encara en relación a sus niñas y jóvenes por la violencia de género y feminicidios.

Estas contingencias infames irreprobables afectan a un amplio sector de las niñas mexicanas.

Entre 2005 y 2009, de acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas también, el 5.8 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio en nuestro país correspondieron a niñas menores de 5 años, y el 17 por ciento a defunciones de mujeres menores de 18 años.

Es urgente atender este grave problema y garantizar la seguridad e integridad de nuestras niñas.

Mencionados todos estos pendientes, el Partido Revolucionario Institucional reitera su compromiso con nuestras niñas y adolescentes para garantizarles el respeto pleno de sus derechos y para reforzar los programas sociales que cooperen para darles la igualdad de oportunidades que les pertenecen por derecho propio.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mely Romero Celis.

Pasamos al siguiente asunto, pido a la Secretaria que dé lectura a los oficios que envía el Ejecutivo Federal.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las ternas para la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

A propósito de la recepción de las ternas descritas, esta Mesa Directiva ha sucrito un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Vicente Fernández Gómez y Patricia Espinosa Cantellano, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2836/2012
México, D.F., a 9 de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 13069, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/28492012
México, D.F., a 10 de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 13154, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/28362012
México, D.F., a 9 de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 13229, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.






COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que se informa que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el mes de octubre de cada año deben sustituirse a los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo y que los ciudadanos María Patricia Kurczyn Villalobos y Rafael Estrada Michel son quienes se encuentran en ese supuesto.

“COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEXICO

PRESIDENCIA

México D. F., a 8 de octubre de 2012.

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES,
PRESENTE.

Distinguido señor senador:

Me permito hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que expresa que, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

En razón de lo anterior, los consejeros de mayor antigüedad en el cargo son la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos y doctor Rafael Estrada Michel, lo que someto a su amable consideración para los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

El Presidente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.

En nuestro apartado de iniciativas, se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 y se adiciona el artículo 390 Bis de la Ley General de Salud, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 389 FRACCION I, SE MODIFICA EL ORDEN DE LAS FRACCIONES DEL MISMO ARTICULO Y SE ADICIONA EL ARTICULO 390 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 389 FRACCION I, SE MODIFICA EL ORDEN DE LAS FRACCIONES DEL MISMO ARTICULO Y SE ADICIONA EL ARTICULO 390 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RESPECTO A CERTIFICADO DE NACIMIENTO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Certificado de Nacimiento es un documento oficial de carácter individual e intransferible que certifica el nacimiento de un producto vivo en el momento mismo de su ocurrencia, proporcionándolo a su vez a la madre.

Por la importancia y trascendencia de esta información se planteó la necesidad de contar con un formato único de registro de nacimientos que fuera de uso obligatorio en todas las entidades federativas e instituciones de salud del país.

Sin lugar a dudas, uno de los hechos más relevantes en el ámbito de las estadísticas demográficas y de salud de nuestro país es la reciente implementación de este certificado de nacimiento, cuyo proyecto surge en la Secretaría de Salud dentro de la Dirección General de Estadística, Informática y Evaluación, actualmente Dirección General de Información en Salud (DGIS), en los años 1991-1992, en el seno de los trabajos elaborados con el Grupo Interinstitucional de Información del Sistema Nacional de Salud.

Desde su inicio, el proyecto es aprobado por el Registro Nacional de Población como instancia coordinadora del Registro Civil. Sin embargo, y a pesar de su relevancia, no es sino hasta septiembre de 2007 que su utilización se establece oficialmente haciéndose obligatorio a nivel nacional, gracias a la firma de las Bases de Colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación.

De esta forma, el Certificado de Nacimiento queda suscrito como un documento obligatorio y gratuito cuyo objetivo es promover el registro oportuno, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el país, a fin de contar con un marco confiable para fines legales y estadísticos que apoye, por una parte, la protección de los derechos de los niños y por otra la planeación, asignación de recursos y evaluación de los servicios de salud.

Para el buen cumplimiento de dicho objetivo la DGIS, como instancia responsable del diseño y contenido de los certificados para generar estadísticas vitales, así como de su distribución, control y supervisión, elaboró el Manual de Llenado con la finalidad de guiar al responsable de requisitar el Certificado de Nacimiento, describiendo las variables que lo integran y especificando la forma en que deben ser registradas de acuerdo con las características del evento, contribuyendo de esta forma a asegurar la calidad de la información captada.

Sin embargo, es momento de otorgarle a la emisión de los certificados de nacimiento, la protección jurídica necesaria al plasmarla en nuestra Ley General de Salud, manteniendo los elementos y objetivos que fueron utilizados en las bases de su creación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: SE REFORMA EL ARTICULO 389 FRACCION I, SE MODIFICA EL ORDEN DE LAS FRACCIONES DEL MISMO ARTICULO Y SE ADICIONA EL ARTICULO 390 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. De nacimiento

II.De defunción;

III De muerte fetal;

IV. Prenupciales, y

V. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

390 Bis.- El certificado de nacimiento es el documento entregado a la madre del nacido vivo y que deberá presentar ante el Registro Civil, como prueba documental de la ocurrencia del nacimiento, para la obtención del Acta de Nacimiento respectiva.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Se concede la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, 99 y 123 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 94, SE DIVIDE Y SE ADICIONA CON DOS APARTADOS, A Y B, EL ARTICULO 99 Y SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I, IV, V, XVII, XVIII, XIX, XXI Y XXVII DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; le solicito sea tan amable de instruir para que sea insertado de manera íntegra el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros Senadores, en el marco de la discusión de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en la iniciativa preferente que envía el Ejecutivo Federal, hemos coincidido en algunos momentos en que dicha iniciativa, dada la naturaleza que establece la iniciativa preferente, no contempla algunos temas de fondo.

Esta iniciativa que presento, con el aval del grupo, tiene que ver con ésto, tiene que ver con resolver el problema en México de la falta de creación de empleos y la productividad.

Se requiere reformar nuestra Constitución para corregir lo que hoy es obsoleto, lo que ya no funciona o lo que está corrompido.

Y me refiero al tema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en diversos momentos, hemos coincidido con diversas legisladoras o legisladores de las diversas fuerzas políticas en que no es posible que estas Juntas de Conciliación y Arbitraje continúen, es ahí donde se da el grave problema de corrupción que da al traste en la relación obrero-patronal.

En la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo, se establece y se reconoce que es un grave problema el legislar durante largos tiempos los conflictos laborales, que se van hasta cuatro y cinco años para resolverse. Y ahí en esa iniciativa se establece que quién debe cargar fuertemente con esta falta de justicia expedita son los trabajadores al sólo pagársele doce meses de salarios caídos.

Creo que ahí no entra a fondo esta iniciativa, y es de entenderse porque justo lo que se necesita es una reforma constitucional en este tema.

Hay ejercicios ya registrados en el pasado, me refiero a una iniciativa del aquel entonces legislador Gabriel Jiménez Remus, en el que proponía esta forma de atender este problema y era justamente desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y transformarlas, decía en aquel entonces, en Tribunal Laboral. Esta iniciativa propone transformarlas en un Tribunal Social.

También hay otras iniciativas y otros reclamos muy añejos que tienen que ver con la jornada laboral, los sindicatos de todos los cortes, los sindicatos de trabajadores han pedido esto durante muchos años, la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas, creo que es momento de que discutamos también esta parte, porque creo que es una parte que puede incentivar la economía de México.

Y también esta iniciativa tiene que ver con que avancemos en esta paternidad responsable y que se les otorgue a las trabajadoras y a los trabajadores una hora de descanso adicional durante seis meses cuando haya un hijo o hija recién nacidos.

Hago una convocatoria, compañeras y compañeros Senadores, a que analicemos estos temas con la mayor amplitud.

Estas coincidencias no pueden quedarse sólo en eso, me parece qué México está viviendo un momento especialmente difícil y creo que esta legislatura, este Senado, ustedes Senadoras y Senadores, tenemos que mostrar el tamaño de lo que estamos hechos, la fortaleza de la que estamos hechos, y creo que es momento de darnos nosotros mismos una iniciativa preferente, que la podamos procesar muy rápido y que no tardemos demasiado en tomar decisiones que me parece son las que cambiarían de fondo esta situación de la relación obrero-patronal y de este problema de incentivar la economía en el país.

Por lo tanto, proponemos reformar la fracción I del Apartado A del artículo 123 constitucional en los términos siguientes: "La duración máxima del tiempo semanal será de 40 horas. Los patrones y los trabajadores podrán convenir la distribución anual, mensual o semanal del tiempo de trabajo, pero en ningún caso la jornada ordinaria excederá de nueve horas salvo en esta situación, la jornada máxima de trabajo diario será de ocho horas".

Se trata de un instrumento que favorece la productividad, ya que permite a los empresarios extender un poco la jornada diaria de trabajo, a cambio de reducir la que corresponde habitualmente al sexto día, con lo que se logra que el trabajador pueda descansar más tiempo a cambio de la productividad que generó como consecuencia de haber extendido su jornada diaria por una hora. Desde cualquier punto de vista, ese sistema beneficia a ambas partes de la relación laboral, sin exceder de las cuarenta horas semanales.

No se trata de excluir la jornada de ocho horas, la cual permanece como la regla principal, sino abrir un espacio para que el trabajo sea más eficaz para el patrón y el descanso más amplio para el trabajador, lo que ciertamente permitirá ahorrar el pago de tiempo extra.

Paradójicamente, se trata de crear empleo mediante el recurso de la reducción de la jornada de trabajo desde el proceso continuo de generación y absorción de la productividad, esto es, del crecimiento y reparto del producto; de la inflación, como mecanismo de competencia distributiva; y del uso del tiempo de los individuos asignado entre la actividad de producción y de consumo.

Nuestra propuesta es de largo alcance, obliga a la transformación de los hábitos en la producción y a la conformación de un pacto social entre el Estado, los trabajadores y las empresas, de impulsar el crecimiento económico, la innovación tecnológica y los empleos de calidad calificados y competitivos en capacidades en el mercado internacional. Nuestra competitividad, no puede sustentarse en la pauperización de los trabajadores; por el contrario, nuestro éxito está en la amplitud de capacidades y en sus calidades, en ello deberá también impulsarse una reforma del modelo educativo que integre a los sectores productivos y educacional a los fines del desarrollo nacional tal como describe el artículo 25 constitucional.

En la aplicación de esta reforma, se establece un proceso gradual de aplicación, a fin de que paulatinamente las empresas y los trabajadores vayan organizando y ajustando los procesos de producción a la reducción de la jornada.

Otro tema que se plantea en esta iniciativa es la transformación del sistema de impartición de justicia laboral. En 1917, el Constituyente creó un sistema de justicia laboral alejado del formalismo jurídico propio del civilismo del siglo XIX. Creó así las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que desde su creación generaron profundas discusiones sobre su naturaleza jurídica.

Hoy en día, las bondades con las que fue diseñado el sistema de justicia laboral en México se han agotado. En la realidad las representaciones de trabajadores y patrones no actúan en un ánimo de generar una real justicia social, se ha perdido el carácter tutelar del derecho procesal del trabajo y en un gran porcentaje de actuaciones se da paso a la corrupción en perjuicio tanto de trabajadores como de empleadores.

Por ello, acorde a las grandes transformaciones que el régimen constitucional vive en el ámbito de la administración de justicia, proponemos la creación de Tribunales de lo Social, inmersos en la doctrina y de los fundamentos doctrinales del derecho social. Tribunales sujetos a la potestad del Poder Judicial de la Federación o de los estados, según sea su competencia, con especialización y profesionalismo plenos. Tribunales que atiendan ante todo al sentido tutelar del derecho del trabajo y que propicien seguridad jurídica para los factores de la producción.

Al respecto, se reforman los artículos 94 y 99 constitucionales para integrar plenamente al Tribunal de lo Social del Poder Judicial de la Federación a las reglas de ese poder, a un sistema civil de carrera y al control del Consejo de la Judicatura Federal.

Para el caso de los estados, el Decreto que presentamos a su consideración ordena reformar la legislación estatal de sus poderes judiciales a fin de instituir los Tribunales de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados de la República y del Distrito Federal.

Finalmente, proponemos modificar la fracción V del Apartado A del artículo 123, para instituir la participación de madres y padres en el cuidado y la crianza de los recién nacidos, como ya ocurre en muchas partes del mundo.

Compañeras y compañeros, México tiene por delante la oportunidad de construir un espacio real de convivencia social, que en el reconocimiento de las contradicciones sociales, la tolerancia y la aceptación de las diversidades genere ante todo cohesión social. La productividad no es un fin en sí mismo, es un medio para dar solución a nuestras necesidades materiales, al bienestar al que todos tenemos derecho. Por ello, es vital reformar y dignificar el papel de los trabajadores en la economía nacional, ampliar sus derechos y proporcionar un espacio de cohesión social que nos permita a todos la realización de nuestras aspiraciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3o., 6o., 8o., 10, 11 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

(Presentada el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, con la venia el señor Presidente, de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Senadores:

Es raro, aunque ciertamente gratificante, que en nuestra calidad de legisladores se nos presente la oportunidad de contribuir a la solución de conflictos sociales latentes; y que a partir de nuestros buenos oficios podamos atacar problemas que exigen solución inmediata, y que actualmente causan tensión, y que son factor de descontento ciudadano.

Hoy, compañeras y compañeros Senadores, tenemos es oportunidad. A través de la iniciativa que ahora vengo a poner a consideración de todos ustedes, en nombre del Senador Miguel Barbosa y, por supuesto, del mío propio, y que lo hago planteando que es con un sentido de urgencia por el tema que voy a plantearles, insisto, que nosotros creo que podemos contribuir de manera clara y de manera determinante al aliento de miles de familias; familias que han visto perdido su patrimonio por la actividad de defraudadores, me refiero a decenas de miles de ciudadanos que actualmente no encuentran solución a una situación muy grave y que ha provocado que sientan su futuro truncado, a que sientan que no tienen posibilidades reales de levantar la cabeza y de continuar con sus vidas.

Es para aliviar ese profundo dolor humano, para remediar en la medida de la posible la injusticia de que han sido objeto, que ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de FIPAGO, ley que fue creada en el año 2000, producto de lo que sucedió en aquel entonces, me refiero a una serie de actividades fraudulentas de cajas de ahorro irregulares, en la que miles de mexicanos se vieron despojados de su patrimonio.

La quiebra de estas instituciones causó, lo quiero recordar, graves estragos a la economía de familias y de regiones enteras, principalmente en estados como Veracruz, como Jalisco y como Oaxaca, ese descontento social no se hizo esperar haciéndose presente a través de protestas y de movilizaciones que exigían la pronta resolución, tanto en el resarcimiento de los daños, como en el castigo a los culpables, se trataba ni más ni menos de que habían perdido gran parte de su patrimonio familiar.

Así con el propósito de atender ese justo reclamo de los ahorradores que perdieron ese patrimonio, ya sea porque las sociedades o cooperativas incumplieron con sus obligaciones fiscales, o porque los ahorradores fueron defraudados, es que el Congreso de la Unión crea en diciembre del año 2000 la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocida como la Ley FIPAGO. Su motivación era dar certeza jurídica a la inversión depositada en estas instituciones.

El patrimonio inicial del FIPAGO fue de mil 785 millones de pesos, cifra que se consideró en aquel entonces viable para resarcir el daño patrimonial causado a esos ahorradores. Sin embargo, compañeras y compañeros, la realidad superó los cálculos y esa cantidad fue rápidamente insuficiente.

Actualmente, hay que reconocerlo, es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados, y sobe todo el monto de lo defraudado, debido a que son pocas las entidades federativas que cuentan con estudios estadísticos. Sin embargo, se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25 mil millones de pesos, cantidad que claramente rebasa los poco más de 10 mil millones de pesos que hoy se tienen como patrimonio de este fideicomiso.

Si bien es cierto que la creación de este fideicomiso resulta ser un alivio para muchos de estos ahorradores que consideraban perdido su patrimonio familiar, también lo es, y por eso lo traigo a colación, que en esta ley que crea el FIPAGO, no se consideró la multiplicación que habría de las cajas de ahorro en las entidades federativas, ampliadas bajo la figura de la prórroga condicionada, plazo que tuvieron dichas sociedad de crédito para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio, del Decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto de 2009. De esto resulta que las popularmente llamadas Cajas de Ahorro hoy en día sigan proliferando sin sus operaciones cumplan con la normatividad que las avale como entidades autorizadas.

En ese sentido, el artículo 8 de la ley que hoy se propone reformar, sólo considera como entidades crediticias a las cajas que se constituyeron antes del 31 de diciembre del año 2002. Lo anterior significa que los ahorradores defraudados, después de esa fecha, no cuentan con la capacidad de recurrir al auxilio de este ordenamiento legal, quedando entonces en una situación de grave estado de indefensión y sin ningún mecanismo de resarcimiento a su alcance.

La presente iniciativa, compañeras y compañeros, también propone que la reparación del daño causado a los ahorradores no se limite a una cantidad ajena a la realidad.

Y es por ello, que el objetivo de la actual propuesta es extender también la cobertura de dicho fideicomiso, a efecto de proteger, no sólo a los ahorradores defraudados por instituciones creadas antes del 31 de diciembre del 2002, sino a todos aquellos quienes confiaron en esas cajas de ahorro y que han sido agraviados en su patrimonio y en el de sus familias.

Compañeros y compañeros, es importante significar que de aprobarse esta modificación a la Ley del FIPAGO estaríamos beneficiando a poco más de 300 mil familias en el país.

Por eso, como ven, este tema resulta, desde nuestro punto de vista, de la mayor relevancia en la agenda socioeconómica de México.

No podemos obviar, por otra parte, que la actual redacción de la ley limita la capacidad del Estado para auxiliar a los ahorradores, muchos de los cuales perdieron su patrimonio debido a estas acciones fraudulentas.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, hoy debo decirlo: nuestros conciudadanos están clamando, con justificación, el socorro de las autoridades. No seamos indiferentes y acudamos en su apoyo.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente; compañeras y compañeros, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 8, 10 y 11 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 8, 10 y 11 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2000, como producto de las actividades fraudulentas de cajas de ahorro irregulares, miles de mexicanos se vieron despojados de su patrimonio. La quiebra de cientos de estas instituciones causó graves estragos en la economía de familias y regiones enteras, principalmente en estados como Veracruz, Jalisco y Oaxaca.

El descontento social no se hizo esperar, haciéndose presente por medio de protestas y movilizaciones que exigían la pronta resolución, tanto en el resarcimiento de los daños, como en el castigo a los culpables.

Con el propósito de atender el justo reclamo de los ahorradores de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que perdieron sus ahorros, ya sea porque las sociedades o cooperativas incumplieron con sus obligaciones fiscales, o porque los ahorradores fueron defraudados, el Congreso de la Unión creó en diciembre del año 2000 la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo Para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocida como la ley FIPAGO. Su motivación era la de dar certeza jurídica a la inversión depositada en estas instituciones.

El patrimonio inicial del FIPAGO fue de mil 785 millones de pesos, que se consideró entonces sería suficiente para resarcir el daño patrimonialcausado a los ahorradores. Sin embargo, la realidad superó los cálculos y esta cantidad rápidamente fue insuficiente.

Actualmente es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados, y sobre todo el monto de lo defraudado, debido a que son pocas las entidades federativas que cuentan con estos estudios estadísticos. Sin embargo, se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25 mil millones de pesos, situación que hace que los poco más de 10 mil millones[1] de pesos que hoy se tienen como patrimonio del Fideicomiso resulten claramente insuficientes.

Si bien es cierto que la creación de este fideicomiso resulta ser un alivio para los ahorradores que consideraban perdido el patrimonio familiar, también lo es que, en la ley que crea el FIPAGO, no se consideró la multiplicación que habría de las cajas de ahorro en las entidades federativas, amparadas en la figura de “prórroga condicionada”: plazo que tuvieron dichas sociedades de crédito para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto de 2009. De esto resulta que las popularmente llamadas cajas de ahorro sigan proliferando sin que sus operaciones cumplan con la normatividad que las avalecomo entidades autorizadas.

En este sentido, el artículo 8 de la ley que hoy se propone reformar, sólo considera como entidades crediticias a las cajas de ahorro que se constituyeron antes del 31 de diciembre de 2002. Lo anterior significa que los ahorradores defraudados, después de esa fecha, no cuentan con la capacidad de recurrir al auxilio de este ordenamiento legal, quedando situados en un grave estado de indefensión y sin ningún mecanismo de resarcimiento al alcance.

La presente iniciativa también propone que la reparación del daño causado a los ahorradores no se limite a una cantidad ajena a la realidad, como lo menciona el artículo 11 en su tercera base general. Esto es, resulta obtuso fijar un tope a la reparación de daño por debajo de las necesidades reales de los defraudados, puesto que los montos ahorrados son muy superiores a lo estipulado como máximo en la ley.

El objetivo de la actual propuesta, que se pone a consideración de esta Soberanía, es extender la cobertura del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a efecto de proteger no sólo a aquellos ahorradores defraudados por instituciones creadas antes del 31 de diciembre del 2002, sino a todos aquellos quienes confiaron en estas cajas de ahorro y que han sido agraviados gravemente en su patrimonio y el de sus familias. De aprobarse esta modificación a la Ley de FIPAGO,estaríamos beneficiando a poco más de 300 mil familias en el país.

Sin duda, este tema resulta de la mayor relevancia en la agenda socioeconómica de México. No podemos obviar que la actual redacción de la ley limita la capacidad del Estado para auxiliar a los ahorradores, muchos de los cuales perdieron todo su patrimonio debido a estas acciones fraudulentas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 8, 10 Y 11 DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES,

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Función Pública; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley. Por cada representante propietario del Comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I el artículo 8 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 8o.- Sólo podrán acogerse al contenido de este ordenamiento, las Sociedades Objeto de esta Ley, que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2012, y acreditar que cumplen con los supuestos a que se refiere el artículo 7o de la Ley.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 10.-…..

Una vez suscrito el convenio con la entidad federativa de que se trate, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios.

ARTICULO CUARTO.- Se reforman la Primera, Segunda y Tercera Base Generaldel artículo 11 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

ARTICULO 11. ...

BASES GENERALES

PRIMERA. ...

El monto básico de pago será de 30 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o en su defecto, la que resulte equivalente al citado plazo, proporcionada por un proveedor de precios, calculada a partir de diciembre del 2000 y hasta el mes de diciembre del 2012, esto se aplicará para cualquier Sociedad Objeto de esta Ley que se encuentre en estado de insolvencia comprobada o no sea financieramente viable de conformidad con los Trabajos de Auditoría Contable y de Consolidación, según sea el caso.

SEGUNDA.- Todo ahorrador que tenga un Saldo Neto de Ahorro igual o menor a treinta veces el monto básico de pago ajustado a que se refiere la Base PRIMERA, recibirá el 70% de dicho saldo.

TERCERA.- El Ahorrador cuyo Saldo Neto de Ahorro rebase la cantidad equivalente a treinta veces el monto básico de pago ajustado conforme a lo señalado en la Base PRIMERA anterior, podrá recibir el 70% de dicha cantidad. Si se ejerciere esta opción, el Ahorrador cederá para su correspondiente afectación al Fideicomiso el 100% de sus derechos de crédito en los términos de la Base QUINTA de este artículo. En caso, de que no se ejerciere dicha opción, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En las últimas tres décadas, la capacidad adquisitiva del salario mínimo en México ha disminuido de manera acelerada y alarmante.

México vive una crisis continua desde los inicios de los 80´s.

Los salarios han entrado en una espiral decreciente que a la fecha nos coloca como uno de los países con los más bajos salarios del mundo.

La desaceleración económica trajo, además, la desocupación y una gigantesca acumulación de mano de obra que repercute, a su vez, en los bajos salarios. En pocas palabras, hemos caído en un círculo vicioso del que no hemos logrado salir.

Las políticas salariares han sido adversas a la mayoría de las y los trabajadores.

Los salarios mínimos están establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y ambas leyes ordenan que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia.

En la Constitución también se estableció que los salarios mínimos fueran fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es de carácter tripartita integrada por trabajadores, patrones y gobierno.

La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, en su artículo 90, establece también: que los salarios mínimos deben ser suficientes para cubrir las necesidades de una familia, y también reconoce en su artículo 94, la vigencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En el Capítulo VI, la Ley Federal del Trabajo establece las atribuciones, la estructura y los métodos de trabajo, y menciona entre muchos otros; realizar investigaciones y estudios para determinar la situación económica del país, las variaciones en el costo de la vida por familia, las condiciones del mercado de trabajo, las estructuras salariales, el presupuesto indispensable que satisfaga las necesidades de la familia, etcétera, etcétera; y determina también las condiciones de vida y de trabajo en las que viven las y los trabajadores con un salario mínimo.

En 1963, se creó una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos.

En 1986, el Congreso de la Unión aprobó establecer como objetivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fortalecer los salarios mínimos con base en las condiciones económicas y sociales del país; revisar los salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones y oficios, y además contribuir a elevar el nivel de vida de las y los trabajadores y abatir los niveles de pobreza, entre otros.

Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene una pesada estructura de 101 servidores públicos, y para este año 2012 se le asignó un presupuesto de 168 millones de pesos, cantidad con la que se podría duplicar el Programa de Empleo Temporal que tiene asignados 187 millones para este año.

Es obvio, es evidente que la comisión no ha cumplido con sus objetivos, ya que el salario mínimo ha sufrido un deterioro constante mayor al 55 por ciento.

El trabajo de esta comisión no se ha orientado bajo el mandato constitucional, sino una negociación aparentemente política entre los trabajadores, patrones y gobierno, pero al final termina plegándose a los intereses gubernamentales de castigar los salarios “para evitar la inflación”.

También se pliegan al interés de los patrones de abatir sus costos de producción, dejando los intereses de las y los trabajadores al último lugar.

No se necesita este aparato burocrático tan costoso y tan pesado para tan pingües resultados.

La política salarial aplicada ha sido un constante deterioro de las condiciones de las y los trabajadores.

Por otra parte, el INEGI y el CONEVAL establecen criterios para definir las líneas de bienestar y para medir la pobreza; definen el valor de la canasta alimentaria por persona al mes; definen la canasta no alimentaria por persona al mes; y la canasta de otros bienes y servicios básicos.

Según los datos oficiales, el salario mínimo apenas cubre el 33 por ciento de la canasta básica.

Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el salario ha perdido el 72 por ciento de su valor adquisitivo. En este sexenio, la pérdida del poder adquisitivo se ubica en 42 por ciento.

Ante ello, Senadoras y Senadores, proponemos la disminución orgánica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, eliminando el consejo de representantes, la dirección técnica y las comisiones consultivas para quedar como un organismo de carácter honorífico, compuesto por 3 representaciones del gobierno, 3 de los patrones y 3 de las y los trabajadores, que funcione en pleno y cuya principal facultad sea la definición de los salarios mínimos generales y profesionales.

La presente iniciativa plantea el establecimiento de un solo salario mínimo en la República Mexicana, adoptando el que mejor se posee hasta hoy, que es el correspondiente a la zona A.

El salario mínimo, también, como regla general se establece que debe de ir aumentando anualmente, cuando menos dos puntos porcentuales adicionales al promedio de inflación de la canasta básica alimentaria, misma que será determinada por la Comisión del CONEVAL.

Reconcebir los salarios mínimos profesionales, con características que se mencionan en esta iniciativa, y que el CONEVAL determine la canasta básica alimentaria, cuya inflación anual sería el nuevo indicador para calcular los aumentos salariales, estableciendo como 2 por ciento adicional a la fijada inflación.

Consideramos que estas medidas pueden abonar al establecimiento de una nueva política salarial en México, que deje de ahorcar a las y los trabajadores. Resulta urgente definir esta nueva política salarial en el Estado mexicano, sobre todo en estas fechas, en que esta misma Soberanía discute una propuesta regresiva que atropella los más elementales derechos de las y los trabajadores y que tiene por objeto asumir a México como un mero país maquilador, con una mano de obra barata.

Compañeras y compañeros, los derechos de las y los trabajadores no deben regatearse. Ojalá esta representación popular no traicione a la clase trabajadora.

Quiero manifestar la firme de oposición de mi partido a la reforma laboral patronal que está por votarse en este Recinto.

Agradezco a todas y todos ustedes su atención.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadora Dolores Padierna Luna y Senador Rabindranath Salazar Osorio integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión,en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de Salario Mínimo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En las últimas tres décadas, la capacidad adquisitiva del salario mínimo en México ha disminuido de manera alarmante y acelerada, a consecuencia de los golpes que sufrió la clase obrera en la época de crisis continua que enfrentó México desde inicios de la década de los ochentas y que tuvo su punto más álgido en diciembre de 1994, cuando se puso en evidencia la necesidad de establecer controles estrictos a la inflación, lo que se hizo sacrificando la capacidad adquisitiva del trabajador.

De hecho, en el transcurso de aquella década la capacidad adquisitiva del trabajador entró en una espiral decreciente que hasta la fecha nos aqueja. Baste señalar como ejemplo que entre 1986 y 1987, la inflación fue de 159.17% pero el salario mínimo pasó de 2,480 a 6,470 “viejos pesos”, es decir, aumentó en la misma proporción, mientras que entre 1988 y 1989, la inflación fue de 51.66, pero el salario aumentó tan solo en 3.03%, pasando de 7,765 a 8,000 viejos pesos.

Esta disparidad determinó el crecimiento colosal de la subocupación y la ocupación informal, generando una desaceleración económica que trajo como consecuencia la acumulación de mano de obra, lo que en el mundo económico es reconocido como un factor importante en el patrón anticíclico de la participación de los salarios. En pocas palabras, entramos en un círculo vicioso del que aun no hemos logrado salir.

Hoy tras haber recorrido un largo trecho de políticas salariales inconsistentes, hemos de reconocer la necesidad de reorientar esfuerzos para elaborar una serie de políticas más eficaces que contribuirían a una economía equitativa y sostenible. Al respecto señala la Organización Internacional del Trabajo en su “Informe Mundial Sobre salarios 2010/2011” que resulta preocupante la baja y decreciente sindicalización y el debilitamiento de la negociación colectiva en muchos países, entre los que ubica a México.

Ahora bien, en la fracción VI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales”.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones”.

Así mismo, en la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del Artículo 123 constitucional se especifica que:

“Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.”

En el Capítulo VI de la LFT se establecen las atribuciones, la estructura y métodos generales de trabajo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), dentro de las que destaca que:

“Artículo 562.- Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá:

I. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, por lo menos:

a) La situación económica general del país.

b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades económicas.

c) Las variaciones en el costo de la vida por familia.

d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales.

II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar:

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos.

b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo”.

En 1963, se crearon una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos, resultado de las reformas a la fracción VI del artículo 123 Constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue el de procurar un más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia.

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que dio lugar a la desintegración del sistema de Comisiones Regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986, quedando la fijación de los salarios mínimos a cargo, exclusivamente de la Comisión Nacional.

En este tenor, la CNSM estableció como sus objetivos, los siguientes:

“Fortalecer el sistema de salarios mínimos, procurando asegurar la congruencia entre los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al salario mínimo y las condiciones económicas y sociales del país.

Actualizar la integración municipal de las áreas geográficas en que está dividido el país a efecto de la aplicación de los salarios mínimos.

Revisar el sistema de salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones, oficios o trabajos especiales según lo justifiquen los elementos que deriven del análisis efectuado para cada caso específico.

Coadyuvar a la generación de un diálogo franco y transparente entre trabajadores, patrones y gobierno para la toma de decisiones relativas a la fijación o revisión de los salarios mínimos.

Contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores y a abatir los niveles de pobreza, para apoyar el logro de los objetivos del nuevo modelo de crecimiento con calidad”.

Así entonces, la CNSM es un organismo público descentralizado, sectorizado dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el cumplimiento de sus atribuciones tiene establecida una pesada estructura de organización en la que laboran 101 trabajadores y para 2012 se le asignó un presupuesto de 168 millones de pesos. Con esta cantidad se podría ampliar, por ejemplo, el Programa de Empleo Temporal al que se asignaron 187 millones de pesos, con lo que se lograrían efectos positivos para los trabajadores.

Durante su existencia y, en particular, desde 1987 que ha sido la encargada de fijar los salarios mínimos no ha cumplido con sus objetivos, ya que el salario mínimo se ha deteriorado 55% en términos reales, deflactado por el índice de Precios de la Canasta Básica.

Esta situación demuestra que la CNSM no es un órgano técnico que determine el nivel de salario que se define en la Constitución, sino simplemente una entidad de negociación política entre los trabajadores, los patrones y el gobierno, para fijar un salario mínimo, que en teoría debía equilibrar los intereses de dichos sectores, pero que en la práctica se define con criterios vinculados con los intereses del gobierno, mantener controlada la inflación; de los patrones, abatir sus costos, dejando los intereses de los trabajadores en último lugar. Para ello no se necesita una estructura burocrática pesada y costosa.

En este sentido, es necesario revisar la operación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo que a nuestro juicio se ha convertido más en una oficina burocrática, que en una instancia de defensa y equilibrio del ingreso del trabajador.

Así las cosas, los salarios mínimos se fijan por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo de carácter tripartita con representación de los trabajadores, los patrones y el gobierno; establecido por ministerio constitucional.

Considerando que la política salarial aplicada desde la década de los ochenta ha supeditado las remuneraciones de los asalariados a la política antiinflacionaria, encontramos que a pesar de que ésta, en 2011 tuvo una tasa de 3.36%, y el aumento anual fue de 4.11%, no podemos presumir un triunfo, pues estamos muy lejos de presumir éxito si la comparamos con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en México, que ha propiciado un agudo deterioro en las condiciones de vida de la población laboral, implicando un alto costo social para la mayoría de los mexicanos. Es necesario introducir nuevos esquemas de control para asegurar que el trabajador mantenga cuando menos su poder adquisitivo año con año.

Cabe señalar que tanto el INEGI como la CONEVAL establecen como criterios para definir las líneas de bienestar de la población y medir la pobreza, dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Ambos organismos públicos calculan el costo mensual de una canasta alimentaria y otra canasta que incluye la alimentaria más otros bienes y servicios básicos.

Según esta información el salario mínimo de 2012 sólo alcanza para cubrir el 70% del costo de la canasta alimentaria de una familia promedio y el 33% de la canasta total; es decir que se necesitaría incrementar tres veces el salario mínimo para cubrir las necesidades normales de una familia.

El gobierno y los patrones argumentan que el salario mínimo ya no es una referencia válida para determinar la situación del trabajo y que sólo se ha convertido en una referencia para propósitos distintos a los establecidos en la legislación. Esto no es verdad, ya que el 22.2% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo o no recibe ingresos y sólo el 22.9% gana más de tres salarios mínimos, que es el nivel de salario requerido para satisfacer las necesidades normales de una familia.

El lento desenvolvimiento de la actividad económica, que en las últimas dos décadas ha crecido a un ritmo menor al 2% promedio anual -cercano al crecimiento de la población- ha propiciado el lento crecimiento del ingreso per cápita y por tanto, un escaso mejoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Así pues, el problema básico en México es cómo alcanzar de manera sostenida y a largo plazo, crecimientos mayores en la economía, que se asocien al mejoramiento de las remuneraciones de los asalariados.

Ello es así ya que, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM,desde que se inició el proceso de cambio estructural en la economía en 1982 hasta la fecha, el salario mínimo ha perdido el 72% de su poder adquisitivo,mientras que en el presente sexenio el salario real ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de 42% por lo que para resarcir tal perdida habría que aumentarlos en 189%. No obstante, el incremento promedio en este sexenio fue de solamente 4%, a todas luces insuficiente para restituir el poder de compra señalado.

Detalla el mismo estudio que en enero de 1982, un trabajador podía adquirir con un salario mínimo 50.9 kilos de tortillas, 280 piezas de pan, 8 kilos y medio de huevo, casi 12 kilos de frijol, 18.6 litros de leche o 6.7 litros de aceite. Hace 25 años el salario mínimo era de 6.47 pesos, mientras el precio de la Canasta Alimentaria apenas llegaba a 3.95.

Dicha situación se refleja en la inequitativa distribución del ingreso según lo revela la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares del INEGI de 2010, en la que el 20% de los hogares más pobres capta sólo el 3.46% de la riqueza generada, mientras que el 20% de las familias más ricas absorbe el 55.9% del ingreso nacional.

En este sentido, proponemos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) determinen la canasta básica alimentaría, cuya inflación anual sería el nuevo indicador para calcular los aumentos salariales, estableciendo como un dos por ciento adicional a dicha inflación.

Lo anterior, pues en el presente instrumento, reconocemos el fracaso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para velar por el equilibrio entre el ingreso del trabajador y el beneficio obtenido por el patrón. En este tenor, reducimos a su mínima expresión a dicho organismo, que encuentra su fundamento en la fracción VI del apartado A del artículo 123 de nuestro máximo ordenamiento.

Señala el texto constitucional que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. De aprobarse este proyecto, el Estado estaría asumiendo que las comisiones consultivas especiales no resultan en este momento indispensables para el mejor desempeño de las funciones de la citada comisión, pues se estaría auxiliando de los estudios emitidos por diversos organismos públicos, como el INEGI y el CONEVAL.

Finalmente, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población mexicana, caracterizada porque casi la mitad de ella se desenvuelve en condiciones de pobreza extrema y moderada, la presente iniciativa de ley plantea el establecimiento de un solo salario mínimo en la República Mexicana, adoptando aquel que mejor monto posee, que es el correspondiente a la zona “A”.

Asimismo, se propone que por ministerio de ley, el incremento al salario mínimo sea por lo menos anual, y mayor al índice inflacionario de la Canasta básica alimentaria, durante el año inmediato anterior al de la revisión; lo que permitiría evitar un mayor deterioro de su poder adquisitivo.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 y a 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

Artículo Unico. Se modifican los artículos 91, 92, 93, 557 en su fracción III, 561 en sus fracciones I a V, 562 en sus fracciones I y II, y 570; se adicionan los artículos 92 con un segundo párrafo que incluye tres fracciones, 552 con una fracción IV, recorriéndose en su numeración las subsecuentes, y, 571, 573 y 574; y se deroga el segundo párrafo del artículo 90, las fracciones II, V y VI del artículo 553, los artículos 96, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561 563, se deroga el Capítulo VII, referente a las Comisiones consultivas de la comisión nacional de los salarios mínimos, compuesto por los artículos 564, 565, 566, 567, 568 y 569; todo ello de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

“Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

(Se deroga el segundo párrafo.)

(…)

Artículo 91.- El salario mínimo será general o profesional y estará nacionalmente unificado en una sola zona geográfica.

Artículo 92.- El salario mínimo general regirá para todos los trabajadores, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

El salario mínimo general será suficiente para:

I. Obtener los productos listados en la canasta básica alimentaria;

II. Satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia en el orden material, social y cultural; y,

III. Proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionalesse establecen por niveles, considerando cuando menos los siguientes indicadores:

I. El grado de instrucción y los conocimientos técnicos o especializados del trabajador, necesarios para el desarrollo de su labor, profesión u oficio;

II. El esfuerzo o desgaste físico y demás factores que ponen en riesgo la salud e integridad del trabajador;

III. La necesidad nacional de trabajadores en las diversas ramas de actividad económica, a efecto de contribuir al desarrollo nacional; y,

IV. Las demás que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Los niveles de clasificación de los salarios mínimos profesionales serán hasta diez e incluirán a los trabajadores de diversas ramas e industrias que determine la comisión nacional.

Artículo 96.- Se deroga

Artículo 551.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que funciona en pleno y adopta sus decisiones por mayoría de votos y se integrará:

I. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente de la Comisión que tendrá el voto del gobierno, y de dos asesores, con voz informativa, designados por el Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. Con tres comisionados propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados cada cuatro años, de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores o los patrones no hacen la designación de sus representantes, la hará la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer en trabajadores o patrones; y

III. El Consejo de Representantes deberá quedar integrado el primero de julio del año que corresponda, a más tardar.

Los cargos ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos serán honoríficos, sin embargo, las organizaciones patronales y de trabajadores podrán fijar alguna compensación económica a sus representantes.

Artículo 552.- El Presidente de la Comisión será nombrado por el Presidente de la República y deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I. a III. (…)

IV. No haber pertenecido a alguna organización obrera o patronal durante el año anterior al de su nombramiento;

(IV.y V. se recorren en su numeración para quedar como V. y VI.)

Artículo 553.- El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. Preparar el proyecto de plan anual de trabajo y someterlo al pleno de la Comisión;

II. (se deroga);

III. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las actividades de la Comisión;

IV. Citar y presidir las sesiones del pleno de la comisión;

V. (se deroga)

VI. (se deroga)

VII. Los demás que le confieran las leyes.

Artículo 554.- (se deroga)

Artículo 555.- (se deroga)

Artículo 556.- (se deroga)

Artículo 557.- El Pleno de la Comisión tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. (…)

II. Aprobar anualmente su plan de trabajo

III. Determinar en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la composición de la Canasta Básica Alimentaria;

IV. Solicitar a los organismos públicos conducentes las investigaciones y estudios que juzgue necesarios y apropiados para fijar los salarios mínimos;

V. Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinarlas labores, oficios o profesiones que se incluirán en cada uno de los niveles de clasificación de los salarios mínimos profesionales, y modificar dicha clasificación cuando existan circunstancias que lo justifiquen;

VI. Solicitar bimestralmente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,las fluctuaciones ocurridas en los precios y sus repercusiones en el costo de la vida para las principales localidades del país, presentando por separado los correspondientes a la canasta básica alimentariay al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el valor de las canasta alimentaria y no alimentaria;

VII. Publicitar la información referida en la fracción anterior por los medios a su alcance;

VIII. a IX. (…)

Artículo 558.- (se deroga)

Artículo 559.- (se deroga)

Artículo 560.- (se deroga)

Artículo 561.- (se deroga)

Artículo 562.- Para cumplir las atribuciones a que se refiere el artículo 557, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá:

I. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, por lo menos:

a) La situación económica general del país.

b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades económicas.

c) Las variaciones en el costo de la vida por familia.

d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales.

II. Solicitar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar:

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos.

b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo.

III. a V. (…)

Artículo 570.- Para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo del trabajador, se fijará un aumento anual de los salarios mínimos, y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Bajo ninguna circunstancia podrán reducirse los salarios mínimos o ser aumentados en cantidad menor a la señalada en el artículo 571.

(…)

I.a II. (…)

Artículo 563.- (se deroga)

[Se elimina el Capítulo VII, referente a las Comisiones consultivas de la comisión nacional de los salarios mínimos]

Artículo 564.- (se deroga)

Artículo 565.- (se deroga)

Artículo 566.- (se deroga)

Artículo 567.- (se deroga)

Artículo 568.- (se deroga)

Artículo 569.- (se deroga)

Artículo 571.- En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del artículo 570 se observarán las normas siguientes:

I. El salario mínimo general deberá ser aumentado cada año, cuando menos en dos puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio de la canasta básica alimentaria, registrada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, durante el año inmediato anterior al de entrada en vigor del ajuste;

II. Los salarios mínimos profesionales serán aumentados cuando menos en dos puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio del conjunto de precios de bienes y servicios que determine la dirección técnica, registrada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social durante el año inmediato anterior al de entrada en vigor del ajuste;

III. Durante los primeros diez días del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía enterará a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los indicadores inflacionarios de la canasta básica alimentaria y de los demás precios a los que dé seguimiento, correspondientes al año inmediato anterior al de entrada en vigor del ajuste;

IV. Mensualmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social enterará a la Comisión el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria;

V. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término que vencerá el último de noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes;

VI. El pleno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dictará resolución en la que fije los salarios mínimos, antes del último día hábil del mes de diciembre, después de analizar las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores, los patrones y los organismos públicos. Para tal efecto podrá solicitar a los promoventes de tales estudios información complementaria;

VII. La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos que la justifiquen; y

VIII. Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación la que deberá hacerse a más tardar el treinta y uno de Diciembre.

Artículo 573.- En la revisión de los salarios mínimos a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 570 de la Ley se observarán los siguientes procedimientos:

I. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del Secretario del Trabajo y Previsión Social, o en su caso la que le hayan presentado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al Pleno para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revisión.Si la resolución es en sentido afirmativo solicitará al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos; así como los datos

más significativos de la situación económica nacional para que el pleno de la comisión pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. Si su resolución es negativa la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dispondrá de un término de cinco días, a partir de la fecha en que hubiera recibido la solicitud del Presidente de la Comisión Nacional, para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al Pleno de la Comisión;

III. El Pleno de la Comisión, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que reciba el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dictará la resolución que corresponda fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse;

IV y V. (…)

Artículo 574.- En los procedimientos a que se refiere este Capítulo se observarán las normas siguientes:

I. Para que pueda sesionar el Pleno de la Comisión Nacional será necesario que ocurra el cincuenta y uno por ciento del total de sus miembros y que esté presente un representante de cada una de las partes, por lo menos;

II. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los patrones deja de concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes, si éstos no concurren a la sesión para la que fueron llamados, el Presidente de la Comisión dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que haga la designación de la persona o personas que deban integrar la Comisión en sustitución de los faltistas;

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; y

IV. (…)

Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Al día siguiente de la Publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a iniciar el proceso de liquidación conforme a Ley de los trabajadores adscritos a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

TERCERO. Losbienes,derechos, cargas y obligaciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, serán transferidos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Suscriben”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar, con aval del grupo, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo 3o. constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Suplico a la Mesa Directiva de este Senado de la República, considerar el texto íntegro de la iniciativa, motivada y fundada que presento, cuando sea turnada a las comisiones correspondientes. Asimismo, considerar la adhesión a esta iniciativa, a todos mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, quienes amablemente así me lo han solicitado.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

Señoras Senadoras y señores Senadores, la reforma aquí propuesta nace de la sociedad civil. No tiene afiliación partidista, credo o religión, no discrimina orígenes étnicos o nacionales, géneros, edad, discapacidad o capacidad, condiciones sociales de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier acción que atente contra la dignidad humana.

La reforma es un imperativo urgente de la sociedad global para educar con principios universales.

Todos los días nos damos cuenta que el comportamiento individual y colectivo de nuestra gente refleja una trágica ausencia de valores, de los que hoy más que nunca necesitamos urgentemente para vivir mejor.

En los hogares, en las escuelas y entre quienes tienen la oportunidad de gobernar, hemos descuidado la educación de nuestros niños y jóvenes.

Existen vínculos indisolubles entre las condiciones económicas que padece nuestro país y los efectos sociales negativos que estamos sufriendo, pero también es cierto que el deterioro en nuestra calidad de vida, se debe al descuido enorme que hay en la formación de valores de nuestra gente desde una temprana edad.

Lo anterior adquiere síntomas alarmantes y eso es lo preocupante.

Los riesgos a los que ahora están expuestos los escolares son tan grandes, que en poco tiempo podríamos enfrentarnos a problemas de imposible solución.

Podrían citarse numerosas cifras de evidencias, los gravísimos problemas que actualmente enfrentan las escuelas de nuestro país.

Pero son cifras dramáticas y alarmantes, pero la realidad supera cualquier gráfica o porcentaje.

Por si fuera poco lo anterior y con relación al tema, en los últimos años se subestimó en el sistema escolarizado nacional la enseñanza de valores y las normas de urbanidad, como parte sustancial en la educación, incluso, llegó a eliminarse la materia de civismo.

Ha llegado el día en que es necesario que desde las escuelas, de manera organizada y urgente, mediante el desarrollo de los respectivos planes y programas de estudio por expertos en la materia, se fortalezcan y se amplíen las enseñanzas sobre valores sustanciales y universales, como lo son, entre otros:

El respeto a la legalidad.

El rechazo a la violencia.

El comportamiento honesto.

La protección y mejoramiento del medio ambiente.

La convicción de erradicar la corrupción y la impunidad como una forma de vida de nuestra sociedad.

La participación democrática, para que se comprenda que ésta no se agota con una sola acción de valor de votar.

La tolerancia hacia quien piensa diferente.

La eliminación de conductas discriminatorias de cualquier tipo.

Y la solidaridad con los que menos tienen.

Necesitamos sembrar, fortalecer e incrementar los valores a nuestros niños y jóvenes, no sólo desde los hogares sino desde las escuelas también, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje.

Debo decir, que en algunos estados del país, como Puebla, ya han iniciado esfuerzos significativos para fortalecer la enseñanza de valores en las escuelas y cuyos resultados empiezan a ser evidentes.

Además, es de importancia señalar que, a pesar de que los valores universales están en boca de todos, en lo particular nadie realmente puede decir con precisión cuáles son y a qué se refieren.

Tratar de llegar a un acuerdo sobre un concepto universal, puede ponerse tan complicado, que incluso corremos el riesgo de atentar contra su propia naturaleza universalizadora. Por lo que tal vez lo mejor sea no tratar de definirlo ni de delimitarlo. Sin embargo, aparentemente el concepto de los valores universales están íntimamente ligados a los derechos universales, particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es una realidad que no existe una lista de valores universales.

Sin embargo, es primordial que la sociedad y el Estado se den a la tarea de determinar cuáles son aquellos valores que busca fomentar en los ciudadanos para que por medio del sistema educativo puedan empezar a transmitirse.

No obstante lo anterior, se puede plantear doctrinariamente un programa general de valores universales.

En el pasado encontraremos los antecedentes. El factor fundamental e inherente al hombre referente a sus valores.

La sociedad mexicana actual es el resultado de nuestra historia y de su proceso de desarrollo como nación, con sus características propias.

Para que una sociedad funcione, hay que aprender a convivir y la convivencia es producto de la educación que recibimos en la casa, en la escuela, con los amigos, los medios de comunicación, etcétera.

En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil de los seres humanos que resultan de un contexto cultural y un concepto de nación.

Se entiende por valores universales al conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada.

La doctrina reconoce doce valores universales: el amor, la cooperación, la libertad, la felicidad, la paz, la humildad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y la unidad como la capacidad de poder estar con otros y compartir causas comunes para llegar al éxito, visión compartida y sentido de pertenencia.

El objetivo de la presente iniciativa es lograr que en las escuelas del sistema educativo nacional de nuestro país, se incremente y se fortalezca la enseñanza de los valores sustanciales y universales, como los que se han mencionado en el texto de este documento, mediante el desarrollo de los actuales planes y programas de estudio, de los libros de texto respectivos, con la participación de expertos en la materia y tendiente a ayudar a las personas integrantes de las comunidades escolares a que sean mejores seres humanos tanto en lo individual como dentro de la sociedad en la que vivimos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente texto: “Los Valores Universales”, para que dicho párrafo quede como sigue:

Artículo 3o.- Párrafo segundo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, los Valores Universales y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".

Finalmente, agradezco la presencia en este Pleno de Don Armando Prida Huerta y distinguidos acompañantes, presidente y consejeros de la Fundación Educación por la Experiencia, que han impulsado grandes cambios en la educación de este país y promotores de la iniciativa presente.

Muchas gracias por su presencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

LORENA CUELLAR CISNEROS, SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS, 71 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 8º NUMERAL 1 FRACCION I, 164 NUMERALES 1 Y 2, ASI COMO 169, TODOS ESTOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL SIGUIENTE TEXTO: “, los valores universales”, PARA QUE DICHO PARRAFO QUEDE COMO LO PRECISARE AL FINAL DE ESTA INICIATIVA,CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Todos los días nos damos cuenta que el comportamiento individual y colectivo de nuestra gente refleja una trágica ausencia de valores, de los que hoy más que nunca necesitamos urgentemente para vivir mejor.

En los hogares, en las escuelas y entre quienes tienen la oportunidad de gobernar,hemos descuidado la educación de nuestros niños y jóvenes, que son la base de la esperanza para alejarnos de esta realidad que estamos padeciendo, llena de violencia, de crimen organizado, de drogadicción y de corrupción.

Es verdad que existen vínculos indisolubles entre las condiciones económicas que padece nuestro país y los efectos sociales negativos que estamos sufriendo, pero también es cierto, que el deterioro en nuestra calidad de vida, se debe al descuido enorme que hay en la formación de valores de nuestra gente desde una temprana edad.

Lo anterior adquiere síntomas alarmantes y eso es lo preocupante, cuando todos nos damos cuenta del aumento de las situaciones tan peligrosas como la inseguridad, las adicciones, el narcomenudeo, la violencia y el acoso escolar, que están lastimando y arraigándose en donde más nos duele: entre nuestros niños y jóvenes; pues son precisamente las escuelas donde ellos asisten, las que se han convertido en uno de los principales blancos de la delincuencia organizada.

Y tan peligroso como lo anterior, es que no hagamos algo para evitar que se sigan enraizando en la mente de nuestros jóvenes, ideas y conductas tendientes a la obtención de beneficios económicos “fáciles e inmediatos” por su participación en actividades delictivas y que consideren esto como un estilo de vida, incorporándose al crimen organizado.

Los riesgos a los que ahora están expuestos los escolares son tan grandes, que en poco tiempo podríamos enfrentarnos a problemas de imposible solución. La cuestión es que no sólo se trata de combatir frontalmente a la delincuencia organizada, sino de atacarla también por medio de una mejor formación de los escolares en su manera de pensar.

Podrían citarse numerosas cifras que evidencian los gravísimos problemas que actualmente enfrentan las escuelas de nuestro país, relativas al incremento del número de fumadores, de consumidores de alcohol y de otras drogas, de ventas de drogas, de portación de armas dentro de las instituciones escolares, de la integración de pandillas, del abuso escolar; cifras obtenidas por estudios realizados por la propia Secretaría de Educación Pública, algunas por las Secretarías de Salud de diversos Estados y otras instituciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, solamente de manera breve, precisaré algunos datos que por sí mismos, nos indican de la urgente necesidad que tenemos de realizar acciones decidas para atacar esa problemática:

- El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que durante el año 2011, México ocupó el primer lugar de violencia producida en contra de menores de 14 años, que son el 20% de la población total del país, lo que a su vez ha sido causa de suicidio entre los escolares.

- La SEP y la UNICEF, en el marco del Primer Informe Nacional Sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 2010, precisaron que el “43.2% del personal docente en las escuelas de nuestro país, mencionó que habían detectado casos de violencia (o bullying) sufrida por estudiantes dentro de su escuela; y que 3 de cada 10 niños de primaria han recibido alguna agresión física por parte de un compañero”.

- Asimismo, en el 2010 se reportaron 190 suicidios motivados por Acoso Estudiantil, elevándose en 4,750% con relación al 2009, según la denominada Fundación en Movimiento.

- El Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), señaló en sus datos que cada año se suman al consumo de bebidas alcohólicas un millón 700 mil mexicanos (en su mayoría jóvenes de 15 a 24 años de edad) y, que el consumo de drogas: cocaína, marihuana y anfetaminas, se triplicó en los últimos 4 años en la población.

- Además, en los últimos 5 años, más de 900 niños de 17 años de edad o menores han muerto por violencia relacionada con el narcotráfico”, lo cual fue expuesto por la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Por si fuera poco lo anterior y con relación al tema, en los últimos años se subestimó en el sistema escolarizado nacional, la enseñanza de valores y las normas de urbanidad, como parte sustancial en la educación. Incluso llegó a eliminarse la materia de civismo y esto ocasionó la ausencia de un contrapeso que ayudara a niños y jóvenes a corregir los malos ejemplos y las conductas indebidas dentro de los salones, en la vía pública o en sus casas; lo que, como ya expresé, ha influido para multiplicar los abusos en el hogar, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo y la violencia.

Según especialistas de diversas universidades, actualmente la materia de Civismo se enseña en nuestras escuelas con marcadas limitaciones en su concepción y en el método de la enseñanza de valores, lo que sin duda tiene un fuerte efecto negativo en el comportamiento personal y social de todos nosotros, así como en el entorno del medio natural en que vivimos y en la economía del país.

La problemática ya es tan grande y evidente, que la percibimos de manera cotidiana con lo que le sucede directamente a nuestros hijos en las escuelas, a los amigos de ellos, a los comentarios que nos hacen de esas situaciones y que pareciera que son parte natural de su vida diaria.

No podemos ni debemos permanecer quietos, ni mucho menos indiferentes, ante esos hechos. Esa realidad a la que me he referido nos dice, que ha dejado de ser suficiente la educación que reciben los niños y los jóvenes en sus hogares; tristemente ha llegado el día en que es necesario que desde las escuelas, de manera organizada y urgente, mediante el desarrollo de los respectivos planes y programas de estudio por expertos en la materia, se fortalezcan y se amplíen las enseñanzas sobre valores sustanciales y universales, como lo son, entre otros:

• El respeto a la legalidad,

• El rechazo a la violencia,

El comportamiento honesto,

• La protección y mejoramiento del medio ambiente,

• La convicción de erradicar la corrupción y la impunidad como una forma vida en nuestra sociedad,

• La participación democrática (para que se comprenda que ésta no se agota con la sola acción de votar),

• La tolerancia hacia quien piensa diferente,

• La eliminación de conductas discriminatorias de cualquier tipo y,

• La solidaridad con los que menos tienen,

Todo ello, con el único objetivo de ayudar a lograr, en el menor tiempo posible, un cambio radical en el comportamiento de nuestra sociedad que nos ayude a vivir mejor.

Y es todavía más urgente que emprendamos ese tipo de acciones, cuando nos damos cuenta que no sólo son los graves problemas nacionales que ocupan los titulares de los periódicos, los que han deteriorado nuestra calidad de vida; sino aquellos que padecemos diariamente y que no son pequeños, pero que a nadie parece importar; me refiero a situaciones que parecen tan simples pero que también parecen no tener solución: es increíble que hayamos llegado al extremo de “aceptar”, dicho así, entre comillas,que vivamos viendo como se tira basura en la vía pública, como no se respetan las hileras formadas para comprar algo u obtener un servicio, como no existe respeto por las normas viales y, muchas cosas más que todos los días observamos,sin que le importe a nadie.

Hay una pérdida enorme de comportamiento colectivo positivo, porque individualmente nadie respeta las reglas, por mínimas que éstas sean. Perdón por la expresión, pero quisiera llamar su atención: ¡tenemos una sociedad que vive en medio de un desorden bien organizado!; en todas partes y en todos los niveles económicos.

Por todo ello y más, es que necesitamos sembrar, fortalecer e incrementar valores a nuestros niños y jóvenes, no sólo desde los hogares sino desde las escuelas también, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje. Necesitamos hacer un gran esfuerzo, pero uno que sea verdadero, para recuperar esos valores que de alguna forma se perdieron en el camino.

Debo decir, que en algunos Estados del país como lo es Puebla, ya han iniciado esfuerzos significativos para fortalecer la enseñanza de valores en sus escuelas y cuyos resultados empiezan a notarse; sin embargo, es indispensable que a nivel nacional se reproduzca ese ejemplo; debemos alentar y tener una actitud institucional más decidida que abarque a todas las comunidades escolares del país.

Necesitamos sustancialmente de la participación de autoridades educativas, de padres de familia, de Directivos, docentesy personal administrativo y de apoyo de las escuelas, desde luego de los alumnos; necesitamos además, de la participación de especialistas en la materia para desarrollar los actuales planes y programas de estudio, los libros de texto respectivos y lo que sea necesario, para generar una cultura sólida basada en valores, que ayude verdaderamente a que se logre en corto plazo, un cambio radical positivo en el comportamiento individual y colectivo, no sólo de esos niños y jóvenes, sino inclusivede todos nosotros.

Por una parte, debemos aceptar que hasta hoy los esfuerzos realizados se han quedado cortos ante una realidad lamentable que día a día empeora más y; por la otra, debemos decidir cambiar. Es urgente que enfrentemos con mayor determinación la carencia de valores en la que estamos inmersos, si queremos que este México, al que tanto quiero y muchos también, cambie verdaderamente en poco tiempo, para que vivamos mejor.

Es de importancia señalar que, a pesar de que los valores universales están en boca de todos, en lo particular, nadie realmente puede decir con precisión cuáles son y a qué se refiere; aunque en lo general todos hemos escuchado de ellos y de alguna forma creemos saber a qué se refieren; pues no se han plasmado en ningún Ordenamiento Jurídico nacional ni internacional.

Tratar de llegar a un acuerdo sobre un concepto tan universal puede ponerse tan complicado, que incuso corremos el riesgo de atentar contra su propia naturaleza universalizadora. Por lo que tal vez lo mejor sea no tratar de definirlo ni delimitarlo. Sin embargo, aparentemente el concepto de los valores universales está íntimamente ligado con los derechos universales, particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es una realidad que no existe una lista de valores universales, si contamos con 30 artículos que nos sirven de marco de referencia para determinar cuáles son los valores universales que buscamos fomentar; es decir, los valores universales (al menos para occidente) son aquellos que fomentan en los individuos las actitudes que permiten que se respeten los derechos y libertades estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De tal manera que, cada cultura deberá reconocer aquellos valores que le sean válidos, pero que a la vez le permitan caminar en una misma dirección con el resto del mundo. Es primordial que la sociedad y el estado se den a la tarea de determinar cuáles son aquellos valores que busca fomentar en los ciudadanos, para que por medio del sistema educativo puedan empezar a transmitirlos. “La promoción de los “valores universales” merece ser apoyada en todos los niveles del sistema de educación: es una condición fundamental para una “globalización humana”

No obstante lo anterior, se puede plantear doctrinariamente un panorama general de Valores Universales. Para entender qué son los valores universales verdaderos nos transportaremos al pasado. Es ahí donde encontraremos los antecedentes de este factor fundamental e inherente al hombre. Las personas somos seres sociales que vivimos en compañía de otras personas su nacimiento, cada individuo forma parte de una familia, núcleo de toda sociedad. El ser humano necesita convivir con otros seres; para él es capital la convivencia pues sólo en ella alcanza su desarrollo y su evolución, y expresa al ser social que lleva dentro.

Los seres humanos transforman la naturaleza, crean, opinan y se comunican entre sí sólo como miembros de un grupo social; muchos hombres se destacan por su participación en acontecimientos trascendentes o significativos para las páginas de nuestra historia y sociología. Sabemos que la ciencia que estudia al hombre, su origen, comportamiento, evolución, desarrollo y características generales en una sociedad, es la historia, disciplina que enfoca al hombre desde la aparición de las primeras culturas y comunidades hasta nuestros días; esta ciencia nos permite conocer el proceso social, cultural y el estilo de todas y cada una de las sociedades que han existido y existen en la Tierra, los hechos más importantes y el modus vivendi de épocas anteriores. En cada una de sus páginas, la historia nos relata los acontecimientos humanos y la manera en que las antiguas culturas influyeron en los círculos sociales, así como sus efectos en la sociedad contemporánea y moderna.

La sociedad mexicana actual es el resultado de nuestra historia y de su proceso de desarrollo como nación, con sus características propias; por lo tanto, para comprender el presente es necesario entender nuestro pasado. El largo camino de la humanidad se ha dirigido al progreso y esto constituye el campo de estudio de nuestra historia. Con el objeto de abordar de manera sistemática, sin restricciones y sin obstáculo alguno, los principales acontecimientos, los historiadores han dividido su objeto de estudio en edades o en periodos, en donde las sociedades adquieren algunas de sus principales características.

En consecuencia, nuestra historia tiene como propósito estudiar el origen, evolución, desarrollo, causas y efectos de la vida, tanto social como individual de todos y cada uno de los seres humanos, así como observar las transformaciones que han surgido en nuestro alrededor como parte de una sociedad establecida, con cimientos fuertes y duraderos, fortalecida y respaldada por valores, creencias, religión, ideas y un sinfín de creaciones intelectuales y manifestaciones. Todos los seres humanos necesitamos vivir en una sociedad. Para que ésta funcione, hay que aprender a convivir y la convivencia es producto de la educación que recibimos en la casa, la escuela, los amigos, los medios de comunicación, etcétera. La casa es el lugar donde recibimos la formación más importante y nuestros padres son los encargados de inculcarnos los valores y las normas de convivencia que más tarde serán parte de nuestra “educación cívica” que se fortalecerá en nuestra formación educativa. Sabemos que el significado de valor es el grado de estimación que se le tiene a una persona o cosa, también la cualidad o característica que posee una persona o un objeto y que lo hace estimable. La ética y la moral juegan también un papel importantísimo ya que forman parte de la filosofía cuando estudia los actos humanos, sus normas sociales y sus valores.

Así, desarrollo humano es un proceso de descubrimiento, crecimiento, humanización, conquista de la libertad; representa el esfuerzo de hombres y mujeres por conquistarse a sí mismos mediante la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad, y con apertura, resultado del amor a los demás. Estos valores forman un perfil del ser humano que encarna convicciones y creencias funcionales para un determinado ideal de sociedad integrada por la conducta colectiva, el comportamiento humano social y los valores deseables.

En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil de los seres humanos que resulta de un contexto cultural y un concepto de nación.

Se entiende por Valores Universales al conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada.

La Doctrina reconoce 12 Valores Universales, enlistándolos de la siguiente manera:

1. Amor: es el sentimiento que experimenta una persona hacia la otra para desearlo todo lo mejor.

2. Cooperación: es la participación de dos o más personas para alcanzar el éxito.

3. Libertad: es la capacidad de tomar decisiones y responder por sus acciones.

4. Felicidad: es la máxima aspiración de la humanidad.

5. Paz: es la fuerza que transforma a la humanidad.

6. Humildad: la humildad no permite que menospreciemos a ninguna persona y nos da la capacidad de tener desprendimiento en nuestro trato para con los demás.

7. Honestidad: permite que seamos sinceros y nos ayuda a tener una conducta integra con nosotros mismos y hacia las otras personas.

8. Respeto: permite que conozcamos el valor que tiene nuestra propia persona y nos ayuda a honrar el de los demás.

9. Responsabilidad: capacidad de asumir tareas y compromisos.

10. Sencillez: naturalidad y espontaneidad en la acción.

11. Tolerancia: permite que respetemos las ideas de los demás, aceptando sus diferencias para tener buenas relaciones humanas.

12. Unidad: es la capacidad de poder estar con otros y compartir causas comunes para llegar el éxito. Visión compartida y sentido de pertenencia.

El objetivo de la presente iniciativa es lograr que en las escuelas del sistema educativo nacional de nuestro país, se incremente y se fortalezca la enseñanza de los valores sustanciales y universales como los que se han mencionado en el texto de este documento, mediante el desarrollo de los actuales planes y programas de estudio, de los libros de texto respectivos, con la participación de expertos en la materia y, tendiente a ayudar a que las personas integrantes de las correspondientes comunidades escolares, sean mejores seres humanos tanto en lo individual como dentro de la sociedad en la que vivimos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto ante esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL SIGUIENTE TEXTO: “, los valores universales”, PARA QUE DICHO PARRAFO QUEDE COMO sigue:

Artículo 3º- Párrafo Segundo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, los valores universales y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Lorena Cuéllar Cisneros

SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo en representación propia y del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, a presentar esta iniciativa en el marco de la discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2013, la presente iniciativa tiene como objeto derogar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a los servicios que prestan a través de la red pública de telecomunicaciones.

Como la mayoría conocemos este impuesto, el IEPS, fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos en la sociedad como el tabaco y el alcohol, esta fue la denominación que desde el 2010 se le etiquetó a este impuesto. Claramente las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios; sin embargo, así está concebido desde el año 2010.

Los servicios de telecomunicaciones están gravados, como la mayoría ya conocemos, de un 3%, que se aplica al precio cobrado, y sobre este resultado que tenemos se suma el IVA de un 16%, el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber.

Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta dificultad adicional se da al existir una correlación directa entre los impuestos y el costo total de propiedad, lo cual incide en mayores precios para el consumidor, incrementa también los costos para los posibles nuevos competidores, lo que a su vez significa una menor competencia y menores inversiones en desarrollo tecnológico, entre otros factores negativos que hoy estamos viendo en todo el país.

Al aumentar el costo e inhibir el desarrollo de las telecomunicaciones, el gravamen ha tenido un efecto regresivo y adverso en la economía nacional: afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo, la productividad y, obviamente, es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción de las nuevas tecnologías.

Se ha demostrado que la aplicación del gravamen ha implicado un aumento en los precios que pagan los usuarios en un 19.5%, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas de ingresos para la industria de las telecomunicaciones, aproximadamente por 3 mil 194 millones de pesos por año.

Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la aplicación del impuesto es la merma en la penetración que genera. Actualmente, nuestro país debería contar con más de 100 millones de líneas móviles, casi 4 millones más de las 96.6 millones que actualmente tenemos. Ese diferencial corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos. La presencia de impuestos especiales, como éste, que encarecen y elevan la barrera que entra en el mercado, quedan desfavorecidos aquellos consumidores que no cuentan con los recursos económicos para acceder a ellas, esto contribuye de manera directa a la brecha digital en nuestro país.

Así, además de tener un bajo impacto recaudatorio, a dos años de haber instrumentado este impuesto, son evidentes las consecuencias de afectación de manera directa en el incremento a lo que son las telecomunicaciones en nuestro país.

La experiencia mundial demuestra que el aceleramiento de la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto.

En este sentido, compañeras y compañeros Senadores, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y diversos documentos emanados del Congreso de la Unión, afirman que el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorando obviamente su competitividad, a incrementar la calidad de vida de la población y el aumento en un 10% de la penetración de la banda ancha puede incrementar hasta en 1.4% el Producto Interno Bruto nacional, en países como el nuestro.

Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente.

Resulta, también, ineficiente y regresivo seguir gravando servicios que son convergentes y que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento del desarrollo económico, la generación de empleos y el ahorro del gasto tanto público como privado, además, de que más y mejor calidad de educación la tenemos por vía de las telecomunicaciones y de las redes que hoy para muchos es difícil acceder debido a este impuesto.

En este sentido, representantes de las cámaras empresariales, así como organizaciones de la sociedad civil y de la academia, han subrayado que con la eliminación de este impuesto a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual del 5% en los servicios de telecomunicaciones, y con ello, vía el cobro del ISR o IVA, se podrían obtener una cifra similar o mayor a la que actualmente se está recaudando por este concepto.

Es absurdo que en la actual política fiscal del gobierno federal enfoque a las telecomunicaciones con una visión muy limitada de recaudación cortoplacista.

Una verdadera política de Estado debe vislumbrar a las telecomunicaciones y a la adopción de las nuevas tecnologías de la información como instrumentos insustituibles que deben potencializar para atacar los problemas de crecimiento, desarrollar de manera específica económicamente a nuestro país y que es una prioridad en nuestra nación.

Derogar el Impuesto Especial sobre la Producción y a los Servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, constituye un paso indispensable en la nueva visión de la nación que queremos, de un México con igualdad de oportunidades, de acceso a la nuevas tecnologías de la información que requerimos, merecemos y exigimos los niños, las niñas, las jóvenes, los ciudadanos mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco de discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2013, la presente iniciativa tiene como objeto derogar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones.

El IEPS es considerado como un gravamen al consumo o impuesto indirecto, que se caracteriza en que el sujeto pasivo (el contribuyente) lo puede trasladar a otras personas, de manera tal que no sufre el impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el consumidor final.

El IEPS fue concebido, entre otras causas, como un impuesto especial para los bienes y servicios que producen efectos negativos a la sociedad como el tabaco y las bebidas embriagantes, a fin de disminuir su consumo. Claramente las telecomunicaciones no encuadran en dicho perfil de servicios.

Desde el año 2010, en que los servicios de telecomunicaciones están gravados con una tasa de 3%, que se aplica al precio cobrado, y sobre este resultado se suma el IVA de 16%, el IEPS ha significado un aumento al precio de los servicios que los consumidores deben absorber.

Asimismo, el impuesto especial a las telecomunicaciones impone una barrera adicional a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS). Esta dificultad adicional se da al existir una correlación directa entre los impuestos y el costo total de propiedad, lo cual incide en mayores precios para el consumidor, incremento de costos para los posibles nuevos competidores, lo que significa una menor competencia y menores inversiones en desarrollo tecnológico, entre otros efectos negativos.

Y si bien el servicio del Internet fue exceptuado de dicho gravamen, en la práctica no resulta aplicable la excepción, ya que actualmente los servicios son integrados y convergentes (doble, triple y cuádruple play) y se venden empaquetados por un misma tarifa que incluyen los servicios de voz, datos y multimedia a los que se les aplica de manera general el IEPS (al no aparecer desagregada en la factura la tarifa por el servicio de Internet en lo particular).

Como consecuencia, al aumentar su costo e inhibir el desarrollo de las telecomunicaciones, el gravamen ha tenido un efecto regresivo y adverso a la economía nacional: afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad; es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción de nuevas tecnologías; va en dirección contraria a la tendencia internacional de fomentar la penetración de la TICS; ha contribuido a ensanchar la brecha digital.

El Doctor Ernesto Piedras ha demostrado que la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3% a los servicios de telecomunicaciones implicó un aumento en los precios que pagan los usuarios en 19.5%, un menor avance en la penetración de líneas móviles y pérdidas en ingresos para la industria por 3 mil 194 millones de pesos por año.

Esta disminución en los ingresos se ha traducido en una merma de 3.23% de los ingresos de las telecomunicaciones, lo que representa un impacto negativo al aparato productivo nacional, además de que refleja una recaudación menor a la esperada. Incluso, esta disminución en el crecimiento de las telecomunicaciones, se tradujo en un impacto negativo de hasta 40.5 por ciento en la recaudación del gravamen prevista para el 2011, en el que se esperaba una contribución fiscal de 9,786 millones de pesos, y únicamente entraron al erario público 5,875 millones de pesos.

Los impuestos en este segmento gravan a quien más utiliza los servicios de telecomunicaciones, lo cual no es equivalente a que paguen más los que disponen de mayor ingreso. Por el contrario, tienen claros efectos de regresividad, en cuanto que son los usuarios con menores ingresos los que terminan pagando en una proporción mayor de sus ingresos.

Considerando que actualmente en México el principal medio de comunicación es la telefonía móvil, cuya tasa de penetración es superior al 72%, el impacto negativo de este impuesto ha afectado principalmente su nivel de acceso y su consumo. Y los efectos negativos se han hecho sentir en todos los estratos de la población, ya que inclusive los hogares con menores ingresos tienen un consumo considerable: la penetración de telefonía móvil en el primer decil de ingresos supera el 20% de los domicilios.

Asimismo, uno de los efectos más preocupantes de la implementación del impuesto es la merma en penetración que genera. Actualmente, el país debería contar con más de 100 millones de líneas, casi 4 millones más de los 96.6 millones actuales. Ese diferencial corresponde principalmente a niveles socioeconómicos bajos, que en presencia de impuestos especiales que encarecen y elevan la barrera de entrada al mercado, quedan desfavorecidos en la adopción de servicios convergentes, contribuyendo al aumento en la brecha digital, tanto al interior del país como en términos internacionales.

Siguiendo el denominado “Documento de Trabajo preparado por el Telecom CIDE y DIRSI sobre los impactos de la nueva propuesta de IEPS a los servicios de telecomunicaciones”, el aumento de precios ocasionado por el impuesto se ha traducido en una reducción en la penetración de entre 2.2 y 4.3 puntos porcentuales, equivalentes a entre 2.4 y 4.6 millones de usuarios; tan sólo por el impacto en telefonía móvil, el impuesto totalgenera una destrucción de riqueza potencial de entre 20,000 y 81,000 millones de pesos.

Y suponiendo que el gravamen permanezca en vigor, en un plazo de 10 años, esto implicará resignarentre 1.7% y 6.8% de crecimiento del PIB per cápita para el país.

Así, además de tener un bajo impacto recaudatorio, a dos años de su instrumentación, son evidentes las consecuencias de afectación de este impuesto tanto al crecimiento de las telecomunicaciones, como en forma directa a los usuarios, limitando el ritmo de crecimiento de accesos fijos, móviles y de banda ancha, con sus consecuentes efectos perniciosos en la productividad, competitividad, generación de empleos y bienestar social.

La experiencia mundial demuestra que el aceleramiento en la tasa de difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituye un mecanismo efectivo de estímulo para la economía en su conjunto.

En este sentido, las agendas digitales de varios países, los planes de desarrollo de la banda ancha, el Plan Nacional de Desarrollo de México, la propuesta de Agenda Digital Nacional y diversos documentos emanados del Congreso de la Unión, afirman que el uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet, contribuyen a agilizar el desarrollo económico de los países, mejorar su competitividad, incrementar la calidad de vida de la población; y, el aumento del 10% de la penetración de la banda ancha puede incrementar hasta en 1.4% el PIB nacional, en países con similares condiciones al nuestro.

Por ello, mantener la carga fiscal sobre bienes y servicios de tecnologías de la información resulta particularmente contraproducente durante una desaceleración económica como la actualmente vivimos,ya que disminuyen el consumo en bienes que poseen efectos de red naturales asociados a ellos.

Resulta ineficiente y regresivo seguir gravando servicios convergentes que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento y desarrollo económico, la generación de empleos, el ahorro en gasto tanto público como privado, además de más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional por mecanismos actuales como el IVA e ISR.

En este sentido, representantes de cámaras empresariales como CANIETI, ANATEL, CIRT, CANITEC, AMIPCI, AMITI Y CONCAMIN, así como otros grupos de la sociedad civil y la academia como OBSERVATEL, CUDI Y CIDE, han subrayado que con la eliminación del IEPS a las telecomunicaciones, se podría lograr un crecimiento adicional anual de 5% en los servicios de telecomunicaciones, con ello se podría obtener una cifra similar a la realmente recaudada por este concepto en 2010 (5.8 mil millones de pesos), producto de: la recaudación del IVA de los ingresos adicionales por los servicios; la recaudación del IVA del 5% de los alrededor de 4,100 millones de dólares que se requerirían para inversiones complementarias anuales necesarias para satisfacer el diferencial; del ISR de las utilidades de los ingresos de los servicios adicionales y de las inversiones complementarias; y, el ISR de los sueldos adicionales para ambos casos.

Una verdadera política de Estado no debe seguir vislumbrando a un sector tan dinámico y de tanto impacto social, como es el de las telecomunicaciones, como una forma de incrementar su recaudación cortoplacista, sino como un instrumento insustituible que debe potenciarse para atacar los problemas de crecimiento y desarrollo económico que son prioridad nacional en estos tiempos de recesión macroeconómica y con más de la mitad de la población en pobreza extrema.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo Unico.- Se derogan los artículos 2°, fracción II, inciso C; 3°, fracciones XIV, XV y XVI; 8°, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas detelecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A). ...

B). ...

C). (Se deroga).

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I... a XIII...

XIV. (Se deroga).

XV. (Se deroga)

XVI. (Se deroga)

XVII. ...

Artículo 8°.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:

I... a III. ....

IV.(Se deroga)

Artículo 18-A.- (Se deroga).

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese a la Cámara de Diputados para los efectos que corresponda.

En otro apartado de nuestra agenda, el día de hoy tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este dictamen se desprende de un proyecto iniciado en esta Cámara y que la Colegisladora nos devolvió con modificaciones.






DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la minuta con proyecto de Decreto que expide Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 183, 185, 186, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, presentan a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al tenor de la siguiente:

I.- METODOLOGIA

1.- En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES”, se da cuenta con el “Contenido” y se sintetiza el alcance de la propuesta.

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES”, en el apartado de “Análisis de la Minuta”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

II.- ANTECEDENTES

1.- En Sesión celebrada el 26 de agosto de 2010, el C. Presidente de la República presentó ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la “Iniciativa por la que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; se reforma el artículo 27 y se adiciona el artículo 27 bis, ambos del Código Fiscal de la Federación”.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

3.- Con fecha 29 de Abril de 2011, en Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, el proyecto remitido a ésta por la Cámara de Senadores, se presentó en calidad de Minuta, misma que la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, con Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

4.- El 30 de abril de 2012, la Cámara de Diputados turnó la Minuta del referido proyecto de ley a la Cámara de Senadores.

5.- La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta el 2 de octubre de 2012 a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

6.- El 8 de octubre de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió Fe de erratas a los artículos 6, fracción VII; 17, fracción XII, apartado A, inciso c), segundo párrafo; 17, apartado A, inciso d), segundo párrafo;17, penúltimo y último párrafos; 32 y 33 de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2012.

III.- CONSIDERACIONES

Contenido general del proyecto.

El proyecto de ley que se analiza tiene como objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucraran recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar al terrorismo. Para lo cual propone establecer un régimen de identificación y reporte de ciertos actos u operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los de financiamiento al terrorismo, a cargo de aquellos a quienes denomina como sujetos obligados.

El proyecto reconoce que uno de los aspectos de mayor relevancia en la lucha contra la delincuencia, que continúa siendo una de las asignaturas pendientes y de mayor prioridad para el Estado mexicano, es el desmantelamiento de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, el cual comienza con la detección y prevención de actos u operaciones que les sirvan para los procesos de lavado de dinero. Este proyecto reconoce la utilidad del régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo que actualmente rige a las instituciones financieras del país y propone, en consecuencia, la aplicación de un régimen similar destinado a nuevos actores económicos, en concreto, a quienes la comunidad internacional ha estimado necesario sujetar a medidas de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En este contexto, el proyecto propone imponer a dichos sujetos las medidas ampliamente reconocidas como las mínimas indispensables para un sano sistema de prevención de operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que consisten enprocesos para identificar y conocer a sus clientes, para vigilar los actos u operaciones que realizan, y para reportar estos a la autoridad competente.

El proyecto también propone imponer a toda persona la obligación de reportar las operaciones que realice por concepto de la venta o arrendamiento de bienes o servicios o donativos y que resulten en recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a cien mil pesos, o su equivalente en salarios mínimos.

Por otra parte, se propone restringir el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor, para obstaculizar al crimen organizado a colocar el alto volumen de efectivo que genera su actividad criminal, dentro de la economía formal, así como limitar, en la medida de lo posible, que lleve a cabo actividades de lavado de dinero protegido por el anonimato que el uso del efectivo permite.

Por otra parte, el proyecto propone otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades para supervisar y sancionar el régimen que impone la Ley objeto de este dictamen , así como para dar seguimiento debido a la información que reciba como parte de dicha Ley. Para estos últimos efectos, el proyecto contempla una mejor coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades competentes para hacer más efectiva la información que dicha Secretaría recibiría con motivo de la eventual expedición de esta Ley.

Análisis de la minuta enviada por la colegisladora.

Es necesario proveer al Estado con las mejores herramientas jurídicas para prevenir en México la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, y con ello debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales que operan en el país..

Las operaciones de dinero que son producto del narcotráfico o de delitos graves constituyen hechos ilícitos preocupantes a nivel nacional e internacional, por lo que deben ser investigados, perseguidos y sancionados. Hay que destacar el carácter “global de las actividades de blanqueo de capitales”. Es por ello que consideramos que la adecuada organización de las instituciones competentes, el correcto funcionamiento de las mismas y un eficaz modelo de acceso e intercambio de información, son los ejes que orientan esta ley para dotar al Estado mexicano de herramientas para el desarrollo de una inteligencia apropiada para identificar indicios y sujetos vinculados a actividades criminales.

Así, este proyecto pretende regular la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instancias policiales y ministeriales encargadas de coordinar la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, bajo mecanismos que garanticen un adecuado manejo de la información, sin comprometer las investigaciones de índole penal. Así, es coherente afirmar que la información que recabe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo de la Ley que se propone aprobar, puede ser de gran utilidad para instancias de diversa naturaleza, como son: (a) el Ministerio Público y (b) las instancias encargadas del combate a la corrupción.

Con la emisión de esta Ley se busca debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, al evitar el uso de los recursos para su financiamiento, al mismo tiempo que se protege la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.

Cambios realizados por la Cámara de Diputados.

Estas comisiones unidas coincidieron con la propuesta del Ejecutivo Federal y, ahora, con la colegisladora, la cual ha fortalecido el proyecto incorporando principalmente los cambios que ha continuación se detallan:

En un ánimo de clarificar el objeto de regulación, se modificó la redacción del artículo 2 de la Ley en estudio, a efecto de precisar que la Ley protege el sistema financiero y la economía nacional, para lo cual establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Las Comisiones Dictaminadoras consideran acertado que se fortalezca a la Secretaría, facultándola para que pueda emitir reglas de carácter general para efectos de la presente Ley. Asimismo coincide con la necesidad de someter a los funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría a evaluación para su ingreso y permanencia, protegiendo la identidad de dicho personal para efectos de no poner en un estado de vulnerabilidad la integridad física de los mismos.

En ese mismo sentido, estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente que se precisen como atribución de dicha Unidad, la de conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia. Asimismo, se concuerda con establecer en el texto de la Ley que la Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Dicho lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras concuerdan con que resulta innecesario mantener en el cuerpo del artículo 5 del proyecto de Ley en estudio (6 de la Minuta), la facultad expresa del Ministerio Público de conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de la aplicación de la Ley objeto de este dictamen, toda vez que dicha facultad ya encuentra contenida en el artículo 21 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las que dictaminan consideran por demás conveniente y acertado, que se abra la posibilidad a que la presentación de los avisos pueda llegar a realizarse a través de Entidades Colegiadas, con excepción de las Entidades Financieras, que deberán continuar haciéndolo en forma individual. Por lo que, con la adición hecha por la Cámara de Diputados, se permite que aquellas personas que se dediquen a una misma actividad vulnerable, puedan voluntariamente agruparse en torno a una Entidad Colegiada, para que sea ésta la que presente los avisos que originalmente le correspondería presentar a sus integrantes.

Por otra parte, se considera prudente que la colegisladora hubiera modificado los montos aplicables a las restricciones aplicables a pagos con dinero en efectivo en determinadas operaciones con activos considerados de alto valor, a fin de que esta medida afecte operaciones de cuantía mayor, y se disminuya su impacto en operaciones no resultan especialmente determinantes para efectos de esquemas de lavado de dinero.

Ahora bien, se estima pertinente que la colegisladora haya establecido criterios objetivos para individualizar las penas. En este sentido fue adecuado la adición al Capítulo VII de un precepto en el que se señalan los elementos que deberá tomar en cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la imposición de sanciones de carácter administrativo, siendo estos: a) la reincidencia del infractor, b) el monto del acto u operación vinculado con la obligación incumplida, a fin de que la sanción que se imponga guarde relación con este elemento, y c) la intencionalidad en la Comisión de la conducta sancionable.

Finalmente, para identificar con mayor detalle las modificaciones realizadas por la colegisladora y con las cuales estas comisiones dictaminadoras concuerdan, se da cuenta con lo siguiente:

I. Por lo que respecta al Capítulo I del Proyecto de Decreto contenido en la Minuta de referencia, se modificaron los artículos:

• Artículo 3. Se adicionan las Fracciones V y XI, referentes a las definiciones de “Entidades Colegiadas” y “Procuraduría”, lo anterior con la intención de dar certidumbre jurídica a lo que se debe entender por dichos conceptos.

• Artículo 4. Se eliminó el presente artículo, en razón de que se consideró que causa conflicto con lo dispuesto en el artículo 5 del mismo ordenamiento, que establece las reglas de supletoriedad de la Ley. Lo anterior, en virtud de que por congruencia jurídica no se puede establecer en un artículo que la Ley es independiente de otros ordenamientos legales, y más adelante disponer en otro precepto los cuerpos normativos que son supletorios a dicha Ley.

En el mismo contexto, es prudente desincorporar del cuerpo de la presente Ley lo referente a la aplicación de manera supletoria de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que dichos ordenamientos, por su propia naturaleza, regulan las conductas típicas que comprende el ordenamiento en estudio.

II. Por lo que respecta al Capítulo II del Proyecto de Decreto contenido en la Minuta de referencia, se modificaron los artículos:

• Artículo 6 (Actual artículo 5). Se considera innecesario mantener en el cuerpo del presente artículo la facultad expresa del Ministerio Público de conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de la aplicación de la presente Ley, toda vez que dicha facultad ya encuentra contenida en el artículo 21 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículo 7 (Actual artículo 6). Por un lado, se adiciona la fracción I y se recorren las subsecuentes, lo anterior con la intención de reconocer expresamente las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para recibir los Avisos en términos del proyecto de Ley y, por otro lado, se adiciona la fracción VII recorriendo la subsecuente, con la finalidad de fortalecer el presente ordenamiento. Estas Comisiones consideran prudente adicionar la facultad a la Secretaría, para que pueda emitir reglas de carácter general para efectos de la presente Ley.

Ahora bien, cabe señalar que si bien en la fracción V de este artículo se hace referencia a presuntos infractores, este H. Senado de la República considera que el concepto de probable responsabilidad resulta aplicable para efectos interpretativos de la misma fracción.

• Artículo 8 (Actual artículo 7). Se consideró oportuno modificar el tercer párrafo de este artículo, con la intención solamente de especificar que las técnicas y medidas de investigación a que se refiere, podrán utilizarse siempre que se encuentren previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en virtud de que de lo contrario, no se encontraría limitado el margen de actuación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero y podría resultar violatorio de los derechos humanos.

Asimismo, es pertinente que se suprima del cuerpo del presente artículo, la obligación de la Procuraduría General de la República para que remita al Congreso General cada año, un reporte estadístico que refleje los resultados sobre la aplicación de esta Ley; lo anterior, toda vez que se reconoce la estricta división de poderes y la actuación de la Procuraduría General de la República ubicada dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Federal, en su participación con las demás autoridades previstas en la Ley, así como en administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca.

• Artículo 9. (Actual artículo 8). Se estimó pertinente modificar las fracciones II y X de este precepto, así como eliminar la fracción II del citado artículo recorriendo las subsecuentes.

En efecto, fue acertado modificar la fracción I del artículo 9, toda vez que resulta propicio esclarecer que la Unidad podrá requerir a la Secretaría únicamente información que guarde relación con el ejercicio de sus atribuciones y no dejar abierta tal facultad para que la misma pueda solicitar cualquier tipo de información, aún y cuando no tenga semejanza con la investigación que se lleve a cabo en ese momento.

Por otro lado, la colegisladora consideró preciso modificar la redacción de la fracción X del artículo 9, respecto a la facultad de la Unidad para disponer de los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas para la investigación de los delitos relacionados con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se propuso que esto se realice siempre que exista la celebración de un convenio con la entidad respectiva. En este sentido, resulta favorable que la Unidad promueva e instrumente mecanismos de coordinación con los estados de la República y de esta forma obtenga un panorama general en todo el territorio nacional en la persecución de estos delitos.

Cabe señalar que para esta H. Asamblea, con motivo de la reforma constitucional de 2008 en materia penal, el término “averiguación previa” utilizado en esta fracción X, en su momento deberá entenderse en términos del artículo 20 constitucional como referencias a los registros de investigación.

Respecto a la fracción II, se considera su eliminación por congruencia legislativa, en virtud de que la facultad de recibir y analizar la información que le entregue la Secretaría se encuentra inmersa en la fracción I del citado artículo 9.

• Artículo 13. (Actual artículo 12). Se considera pertinente eliminar el calificativo “económico lícita” de la fracción V inciso a), toda vez que no se hace referencia a actividades lícitas o ilícitas, sino de “Actividades Vulnerables”.

III. Por lo que respecta al Capítulo III del Proyecto de Decreto contenido en la Minuta de referencia, se modificaron los artículos:

• Artículo 16. (Actual artículo 15). Es oportuno modificar las fracciones I y II. Respecto a la fracción I, se modificó en razón de correlacionar la legislación vigente en materia del sistema financiero; y por lo que hace a la fracción II, se busca delimitar el universo de personas a las que va dirigida la norma.

De igual forma, respecto a las fracciones III y IV, se eliminó el término de “Entidades Financieras” por considerarlo redundante al primer párrafo del mismo artículo, lo anterior por técnica legislativa.

• Artículo 17. Se consideró oportuno eliminar el artículo por considerar que la materia del precepto debe estar contenida en el Reglamento de la Ley.

• Se estimó que por coherencia legislativa se fusionen los artículos 19 y 21 de la Minuta (Actual artículo 17), en virtud de que guardan estrecha relación las situaciones jurídicas de hecho que configuran los supuestos de Actividades Vulnerables y las obligaciones de las personas que encuadren en dichos supuestos.

En cuanto al artículo 19 (Actual artículo 17), que establece los supuestos de Actividades Vulnerables, se consideró conveniente modificar la redacción de la fracción II, para efectos de aclarar y especificar cuáles son las Actividades Vulnerables sujetas de aviso al referirse la presente Ley en estudio a los instrumentos utilizados como medio de pago.

Por lo que se refiere a las tarjetas de servicio o de crédito y las tarjetas de prepago, se consideró pertinente marcar la diferencia entre estas, en virtud de que, por un lado, la emisión de las tarjetas de servicios o de crédito no implica comercialización alguna, es decir, normalmente no se cobra cantidad monetaria alguna por la emisión de las mismas. Sin embargo, se considera que la esencia del artículo en estudio debe encaminarse al gasto mensual acumulado en las mismas y; por otro lado, la emisión de las tarjetas prepagadas sí implica un pago hasta por el valor que representan las mismas, por lo que resultó necesario diferenciarlas para efectos de que cada una de estas representen supuestos diferentes en la Ley.

Respecto a las Actividades Vulnerables, en específico de la prestación de servicios de fe pública realizados por los notarios públicos, se diferenciaron las mismas y especificaron cuándo y por qué montos serán objeto de avisos ante la Secretaría.

Por otro lado, se estimó prudente adicionar la fracción XIII, con la intención de encuadrar en los supuestos jurídicos, por la recepción de donativos por parte de las sociedades o asociaciones sin fin de lucro; así como la fracción XIV, con la intención de establecer la prestación de servicios de comercio exterior mediante patente, con la intención de regular diversas actividades en materia aduanera.

En el mismo sentido, se adiciona una fracción XV, con la finalidad de circunscribir como Actividad Vulnerable la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, y de esta forma dar congruencia con las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley.

Respecto a la fracción XI de este precepto, consideraron conveniente dar certeza jurídica a los prestadores de servicios profesionales, respecto al secreto profesional y garantía de defensa.

Asimismo, se adiciona un último párrafo, con la intención de delimitar las operaciones fraccionadas. Con ello se introdujo un candado para prevenir este tipo de operaciones, el cual resulta fundamental para asegurar la eficacia de Ley, ya que impediría realizar operaciones mediante las cuales podría evadirse el objetivo de la misma.

El mecanismo de operaciones fraccionadas consiste en realizar intencionalmente diversas operaciones por montos apenas menores a los umbrales, las cuales en suma superan los mismos, sin posibilidad de ser detectadas y sancionadas.

Respecto a las fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, XIII y XIV, los diputados consideraron pertinente modificar los montos que refieren.

• Artículo 20 (Actual artículo 18). Fue adecuado modificar la fracción II, para que en los casos en los que se establezca una relación de negocios, se solicite al usuario la información relativa sobre su actividad u ocupación.

De la misma forma, se consideró oportuno adicionar la fracción VI al precepto, derivado de la fusión de los artículo 19 y 21 (Actual artículo 17) a que se hizo referencia en el punto anterior, esto por técnica legislativa.

• Artículo 22 (Actual artículo 19). Se encontró relevante adicionar un párrafo al artículo 22 de la Minuta, con la intención de que el Reglamento de la Ley que para los efectos se expida, considere medios de cumplimiento alternativos, lo anterior en virtud de que lo importante es el cabal cumplimiento del objetivo que pretende el presente ordenamiento, por lo que se considerará que los particulares realizan en tiempo y forma las obligaciones a su cargo que se desprenden de la presente Ley, si para ello la Secretaría tiene acceso a información proporcionada en términos de párrafo en mención.

• Artículo 23. (Actual artículo 20). Se considera necesaria la modificación del artículo con la intención de proteger la identidad de las personas que realicen Actividades Vulnerables.

IV. Por lo que respecta al Capítulo IV del Proyecto de Decreto, se modificaron los artículos:

• Artículo 35. (Actual artículo 32). Respecto a las fracciones I, II, y III, se consideró pertinente modificar los montos que refieren.

V. Por lo que respecta al Capítulo VI del Proyecto de Decreto, se modificaron los artículos:

• Artículo 44. (Actual artículo 41). Se considera prudente que la información contenida en los Avisos se proporcionen a través de los reportes que presenta la Secretaría, en razón de proteger la identidad de las personas que presentan el aviso.

VI. Por lo que respecta al Capítulo VII del Proyecto de Decreto, se modificaron los artículos:

• La Cámara de Diputados consideró adecuado fusionar los artículos 57 y 58 (actual artículo 54), recorriendo los subsecuentes, lo anterior por congruencia y técnica legislativa.

• Artículos 56, 57, 60 y 61 (Actuales artículos 53, 54, 56 y 57). De la misma forma, reformaron el esquema sancionatorio, a efecto de que en el ordenamiento se contemplen más causales para que una persona pueda ser acreedora a una sanción administrativa (multas, revocación, cancelación). En ese sentido, las Comisiones Unidas reconocen la importancia de ampliar el esquema sancionatorio de la Ley en estudio.

• Asimismo, y en atención de la importancia y el papel trascendental que juegan los Agentes y Apoderados Aduanales para detectar Actividades Vulnerables a que se refiere la presente Ley, se consideró pertinente adicionar el artículo 59 a la misma, para efectos de que se estipule de manera expresa cuáles son las causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría, de esta manera se otorga certeza jurídica en el cumplimiento de las atribuciones conferidas a dichos funcionarios.

• Artículos 60. y 61. (Actuales artículos 56 y 57). Se consideró adecuado eliminar el último párrafo de los citados artículos por técnica legislativa.

VII. Por lo que respecta al Capítulo VIII del Proyecto de Decreto, se modificaron los artículos:

• Artículo 65. (Actual artículo 62). Consideraron adecuado que en las fracciones del precepto citado, se especifique que el delito sea doloso para encuadrar en el tipo penal. Asimismo, las que dictaminan consideran necesario establecer en la fracción I de dicho precepto el supuesto de que la información a que se refiere el mismo, así como la documentación, datos o imágenes, sean totalmente ilegibles.

• Artículo 66 (Actual artículo 63). Se consideró conveniente establecer penas más rigurosas para los funcionarios a que se refiere dicho precepto, lo anterior otorgará mayor certeza jurídica para aquellos que presenten los avisos en términos de la presente Ley.

• Se adiciona el Artículo 65, con la finalidad de establecer que previo al ejercicio de la acción penal deberá preceder denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a los sujetos a que hace referencia el artículo en cita y por los tipos penales previstos en la Ley. No obstante a lo anterior, se procederá indistintamente, a través de denuncia o querella, cuando haya sido revelada o divulgada la identidad de la persona que proporcionó el Aviso.

VIII. Por lo que respecta a los Artículos Transitorios del Proyecto de Decreto, se modificaron los artículos:

• El artículo Primero Transitorio para efectos de que las disposiciones de la Ley entren en vigor a los nueve meses siguientes al de su publicación.

• El artículo Segundo Transitorio para efectos de otorgar al Ejecutivo Federal un plazo de treinta días para la emisión del Reglamento a que se refiere el precepto en estudio.

• El artículo Tercero Transitorio se modifica para que la presentación de los Avisos en términos de las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo III de la Ley objeto de este decreto, se lleven a cabo a la entrada en vigor de su Reglamento.

• El artículo Quinto Transitorio para quedar como sigue: Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la publicación del Reglamento de esta Ley.

• El artículo Sexto Transitorio se modifica a efecto de que los convenios para el intercambio de información y acceso a bases de datos de los organismos autónomos, entidades federativas y municipios que establece esta Ley, deberán otorgarse entre las autoridades federales y aquéllos, en un plazo perentorio de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

• Se elimina el Artículo Séptimo Transitorio, en consecuencia se recorre el Artículo Octavo Transitorio para quedar como Séptimo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.

Artículo Unico.- Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;

II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley;

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;

V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley;

VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;

VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables;

VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino;

X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros;

XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República;

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias;

XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría.

Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en:

I. El Código de Comercio;

II. El Código Civil Federal;

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y

V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Capítulo II

De las Autoridades

Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes:

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III;

II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la presente Ley;

III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos;

V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas;

VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la esfera administrativa, y

VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República.

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 8.La Unidad tendrá las facultades siguientes:

I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones;

II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos materia de la presente Ley;

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial;

V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;

VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en las materias de análisis financiero y contable;

VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia;

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría;

XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se requieran, y

XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen.

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán:

I. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que se establezcan en las disposiciones aplicables;

II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia en dicha unidad especializada se requieran, y

III. No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral.

Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que concentre los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir con los requisitos precisados en las fracciones del artículo anterior.

Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la Policía Federal deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en las materias necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las siguientes obligaciones:

I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones de seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento del objeto de esta Ley;

III. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley a persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma;

IV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los Avisos a que se refiere esta Ley, y

V. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, deberán:

a) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios que afecten al normal desarrollo de la actividad;

b) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar su impacto económico, y

c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas.

Capítulo III

De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables

Sección Primera

De las Entidades Financieras

Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades Financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las Leyes que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas.

Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección.

Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;

II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad que pudieren ubicarse en lo previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas;

III. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo, y

IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, sin perjuicio de lo establecido en este u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Sección y las disposiciones de las leyes que especialmente regulen a las Entidades Financieras se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración Tributaria.

Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los criterios y políticas generales para supervisar a las Entidades Financieras respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Sección. La Secretaría coadyuvará con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación de tales criterios y políticas.

Sección Segunda

De las Actividades Vulnerables

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos:

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;

d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o

e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley;

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;

c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.

B. Tratándose de los corredores públicos:

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles;

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar;

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado.

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley.

XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;

b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley;

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.

Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios.

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta Ley, y

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen.

Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso.

Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley.

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona moral.

Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley.

Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno.

Sección Tercera

Plazos y formas para la presentación de Avisos

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso.

Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente:

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;

II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y

III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales.

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación e información soporte de los Avisos que esté relacionada con los mismos.

Sección Cuarta

Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas

Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad Colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley.

Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente:

I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad;

II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría;

III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes;

IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.

El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley;

V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes;

VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos;

VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los Avisos de éstos;

VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y

IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus integrantes.

Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

El Reglamento regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos que se establezcan.

Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley le correspondan a éstos.

Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información y documentación relacionada con los Avisos que la Secretaría le formule por escrito o durante las visitas de verificación.

Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas imputables a la Entidad Colegiada, serán responsabilidad de ésta.

La Entidad Colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del integrante sea por causas imputables a éste.

Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de anticipación, a la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría.

A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá Avisos por conducto de la Entidad Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento en forma individual y directa a las obligaciones que deriven de esta Ley.

Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá devolver a sus integrantes la información y documentación que estos le hayan proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones.

En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Secretaría, la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado.

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios.

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo.

Capítulo V

De las Visitas de Verificación

Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma.

Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables.

Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley, realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.

Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la presente Ley, en su caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran. Los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado.

Capítulo VI

De la Reserva y Manejo de Información

Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de los representantes designados en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 39. La información que derive de los Avisos que se presenten ante las autoridades competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas.

Artículo 40. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de cualquier acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la presente Ley, especialmente por la presentación de Avisos, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, la información de los actos y operaciones contenida en dichos Avisos, que sea necesario aportarse en las investigaciones correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la Secretaría.

Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la información y documentación que estos hayan proporcionado en los respectivos Avisos, salvo en los casos en los que sea requerida por la Unidad o la autoridad judicial.

Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley, observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 42. Los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso tendrán, por sí mismos, valor probatorio pleno.

En ningún caso el Ministerio Público de la Federación podrá sostener su investigación exclusivamente en los Avisos a que se refiere la presente Ley, por lo que la misma estará sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación objeto de los Avisos.

Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias relacionadas con el objeto de esta Ley, establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información y documentación para su debido cumplimiento.

Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene la obligación de proporcionarle la información requerida.

Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas competencias, para efectos exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas, por conducto de las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos reglamentos, para corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la expedición de identificaciones oficiales, que obre en poder de las autoridades federales, así como para celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de corroborar la información referida.

La Secretaría o la Procuraduría podrán celebrar convenios con las autoridades que administren los registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el establecimiento de sistemas de consulta remota.

Artículo 46.La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen Actividades Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a esta Ley.

El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban.

Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada a proporcionar a la Procuraduría, en caso de que la Secretaría, con base en la información que reciba y analice en términos de la presente Ley, conozca de la comisión de conductas susceptibles de ser analizadas o investigadas por las instancias encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia de las entidades federativas, deberá comunicar a dichas instancias, de acuerdo con la competencia que les corresponda, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita.

Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores públicos que puedan realizar el intercambio de información, documentación, datos o imágenes a que se refieren los artículos 43, 44 y 46 de esta Ley y de la operación de los mecanismos de coordinación.

Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación o persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría deberán garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione.

Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Procuraduría y las personas que deban presentar Avisos en términos de la presente Ley, que conozcan de información, documentación, datos o noticias de actos u operaciones objeto de la presente Ley y que hayan sido presentados ante la Secretaría, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla, bajo cualquier medio, a quien no esté expresamente autorizado en la misma.

Para que se pueda proporcionar información, documentación, datos e imágenes a los servidores públicos de las entidades federativas, éstos deberán estar sujetos a obligaciones legales en materia de guarda, reserva y confidencialidad respecto de aquello que se les proporcione en términos de esta Ley y su inobservancia esté penalmente sancionada.

La violación a las reservas que esta Ley impone, será sancionada en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pago, incluido el Banco de México; las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines, proporcionarán a la Secretaría la información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les requiera por escrito, mismo que les deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y documentación que se les requiera, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el párrafo primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará conforme a los convenios de colaboración que, al efecto, celebren.

Capítulo VII

De las Sanciones Administrativas

Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente Capítulo.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las Entidades Financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las Entidades Financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas Leyes para cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta Ley;

II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley;

III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o

IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de esta Ley;

V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;

VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y

VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las siguientes:

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta Ley, y

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley.

Artículo 55.La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables:

I. La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III y IV de esta Ley, o

II. Cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones VI y VII de esta Ley.

La Secretaría informará de los hechos constitutivos de causal de revocación a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que ésta ejerza sus atribuciones en la materia y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.

Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido otorgada al corredor público, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III y IV de esta Ley.

Una vez que haya quedado firme la sanción impuesta por la Secretaría, ésta informará de su resolución a la Secretaría de Economía y le solicitará que proceda a la cancelación definitiva de la habilitación del corredor público que hubiere sido sancionado, y una vez informada, la Secretaría de Economía contará con un plazo de diez días hábiles para proceder a la cancelación definitiva solicitada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la infracción cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta proceda a la cesación del ejercicio de la función del infractor y la consecuente revocación de su patente, previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación. Darán lugar a la sanción de revocación, por ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de sus funciones, los siguientes supuestos:

I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III, IV y V, y

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53.

La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas o sanciones que resulten aplicables.

Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría a los agentes y apoderados aduanales:

I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III y IV, y

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53.

La Secretaría informará de la infracción respectiva a la autoridad aduanera, a efecto de que ésta proceda a la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación.

La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas o sanciones que resulten aplicables.

Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere el presente Capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:

I. La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente;

II. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la sanción con aquellos, y

III. La intención de realizar la conducta.

Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley podrán impugnarse ante la propia Secretaría, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del procedimiento contencioso administrativo.

Capítulo VIII
De los Delitos

Artículo 62. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal, a quien:

I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse;

II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados.

Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal:

I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información, y

II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no.

Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos.

A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley, se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

En el caso previsto en la fracción II del artículo 63 se procederá indistintamente por denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido revelada o divulgada.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Tercero. Los Avisos que deban presentarse por quienes realicen Actividades Vulnerables en términos de la Sección Primera del Capítulo III de esta Ley, se continuarán presentando en los términos previstos en las leyes y disposiciones generales que específicamente les apliquen.

Cuarto. Las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III de la Ley, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes al momento en que ello hubiere ocurrido.

La presentación de los Avisos en términos de las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo III de la presente Ley se llevará a cabo, por primera vez, a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley; tales Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento.

Quinto. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley.

Sexto. Los convenios para el intercambio de información y acceso a bases de datos de los organismos autónomos, entidades federativas y municipios que establece esta Ley, deberán otorgarse entre las autoridades federales y aquéllos, en un plazo perentorio de seis meses contados a partir de la entrada en vigor.

Séptimo. Se derogan todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley.

México, D.F., 9 de octubre de 2012.

COMISION DE JUSTICIA

COMISION DE GOBERNACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

COMISION DE JUSTICIA: Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Sen. Arely Gómez González, Secretaria.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís, Secretario.- Sen. Omar Fayad Meneses, Integrante.- Sen. Ricardo Barroso Agramont, Integrante.- Sen. Arturo Zamora Jiménez, Integrante.- Sen. Miguel Romo Medina, Integrante.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Integrante.- Sen. Raúl Gracia Guzmán, Integrante.- Sen. José María Martínez Martínez, Integrante.- Sen. Carlos Mendoza Davis, Integrante.- Sen. Dolores Padierna Luna, Integrante.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya, Integrante.- Sen. Ninfa Salinas Sada, Integrante.- Sen. David Monreal Avila, Integrante.

COMISION DE GOBERNACION: Sen. María Cristina Díaz Salazar, Presidente.- Sen. Héctor Larios Córdova, Secretaria.- Sen. Armando Ríos Píter, Secretario.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo, Secretario.- Sen. Omar Fayad Meneses, Integrante.- Sen. Miguel Romo Medina, Integrante.- Sen. Arely Gómez González, Integrante.- Sen. Gerardo Sánchez García, Integrante.- Sen. Graciela Ortiz González, Integrante.- Sen. Fernando Yunes Márquez, Integrante.- Sen. Salvador Vega Casillas, Integrante.- Sen. Javier Corral Jurado, Integrante.- Sen. Raúl Morón Orozco, Integrante.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís, Integrante.- Sen. David Monreal Avila, Integrante.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA: Sen. Alejando de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente.- Sen. Jesús Casillas Romero, Secretario.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Secretaria.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Integrante”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento de nuestra Cámara, es de primera lectura. Por lo que pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Secretaria. Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, conforme lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor Presidente.

Para fundamentar el dictamen que está a su consideración, dictamen que ha sido votado por las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Uno de los tres ejes de la estrategia de seguridad y de justicia que ha implementado el Presidente Felipe Calderón, es justamente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Precisamente porque se propone en esta estrategia que el fortalecimiento de estas instituciones sea articulado como una verdadera política de Estado.

Es por ello que en el año de 2010, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República la iniciativa de Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que el día de hoy, en caso de ser aprobada por la mayoría de los Senadores, concluiría su proceso legislativo.

Ha sido un proceso de dos años en el cual el Congreso de la Unión ha fortalecido, ha modificado, ha generado consensos para precisamente tener hoy en día una ley en contra del lavado de dinero.

Y sin lugar a dudas la pluralidad política que se representa en el Congreso mexicano ha enriquecido esta propuesta.

Hay un reclamo social de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Y de eso se trata precisamente esta ley, de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y sobre todo inhibir la renta que reciben de parte de sus actividades ilícitas.

Se estima que el volumen de recursos que son objeto de operaciones del lavado de dinero oscila entre 10 mil y 14 mil millones de dólares.

La iniciativa presentada por el Presidente de la República está vinculada a otras acciones que en materia administrativa asumió el gobierno federal, precisamente para combatir el lavado de dinero, como fueron las restricciones al depósito de dólares en nuestro país.

Este proyecto de ley tiene básicamente tres ejes. En primer lugar, se establece un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas especialmente vulnerables e inusuales, de modo que las instituciones hacendarias y de procuración de justicia cuenten con mayores capacidades de inteligencia para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.

En segundo lugar, este proyecto de ley fortalece la coordinación entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una unidad que esta ley crea en el ámbito de la Procuraduría General de la República. Es preciso mencionar que los funcionarios que integrarán esta nueva unidad en el ámbito de la Procuraduría General de la República, deberán ser sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar no solamente el profesionalismo de sus actividades, sino la honestidad en el ejercicio de esta alta responsabilidad.

El tercer eje de este proyecto de ley consiste en fijar límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de ciertos bienes, muebles e inmuebles, y a partir de ciertos umbrales definidos en la propia ley.

Este proyecto ha logrado un sano y razonable equilibrio entre la necesidad de inhibir el uso de dinero en efectivo y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en nuestro país.

Es importante destacar, señoras y señores Senadores, que bajo ninguna circunstancia esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos. Se establecen controles estrictos a la confidencialidad sobre los avisos y reportes que presenten los sujetos obligados a las autoridades competentes, con lo cual se garantizan los derechos de datos personales de los ciudadanos.

También, el esquema de identificación y de avisos no constituye, bajo ninguna circunstancia, denuncia o querella, de modo que por sí mismas no implican actos de molestia para los ciudadanos.

Este proyecto de ley recoge los criterios, las reglas y esquemas que han sido concertados por la comunidad internacional para el combate eficaz al lavado de dinero.

México había permanecido rezagado en razón de que no había extendido ciertas obligaciones antilavado de dinero a intermediarios no financieros.

En ese sentido, este proyecto de ley recurre a la participación de proveedores de bienes y servicios, lo mismo que a notarios públicos y corredores, para identificar operaciones especialmente vulnerables, sobre todo aquellas que se realizan en efectivo.

El presente dictamen, el que está a consideración de las señoras y señores Senadores, propone aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades asociadas a su papel de Cámara revisora.

Esas modificaciones versaron básicamente sobre lo siguiente: Se fortaleció el mecanismo para detectar operaciones fraccionadas en efectivo, con lo cual el proyecto ha sido enriquecido con mejores candados para detectar la simulación a los umbrales establecidos en la propia ley.

La Cámara de Diputados también estableció una facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer reglas generales y poder interiorizar al régimen en contra del lavado de dinero en las particularidades de los sujetos obligados o de las actividades que realicen, con el propósito de, insisto, no inhibir las operaciones económicas que se realizan cotidianamente en nuestro país.

Es oportunidad para expresar el reconocimiento a todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso. Ha sido producto del trabajo político, de la disposición al acuerdo, de la voluntad a encontrar los equilibrios, no solamente para construir mayorías decisorias, sino sobre todo, para encontrar los mejores modelos para que el Estado mexicano cuente con mejores herramientas e instrumentos para combatir este flagelo.

Esta iniciativa sale hoy del Congreso de la Unión fortalecida, sale hoy del Congreso de la Unión enriquecida, sale hoy con el sello de la pluralidad política representada en este Congreso. Hemos dado una muestra que el diálogo, la negociación y la disposición a reconocer la verdad del otro es la vía para generar bienes públicos.

Esta es una muestra clara de que el Congreso decide y de que nos unen altos propósitos de país. Sigamos por esta ruta para transformar a México. Tenemos muchas leyes, muchas reformas y muchos cambios que hacer por el bien de nuestro país.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gil Zuarth.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, conforme lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

La discusión y aprobación de esta ley es de una fundamental importancia, según el estudio: Lavado de Dinero: Indicadores y Acciones Binacionales elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en abril de 2012.

El lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 500 mil millones y 1.5 billones de dólares.

El Congreso en Washington señala que cada año entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.

La aprobación de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no es un asunto menor, sino una tarea sustantiva de poder establecer herramientas jurídicas en contra del flagelo que hoy más aflige en este tiempo, la delincuencia organizada.

Esta minuta es fundamental, pues nos ayuda a ir en contra de la columna vertebral y el sustento de las organizaciones criminales: sus bienes y sus recursos.

Esta ley establece que la Procuraduría General de la República cuente con una unidad especializada en análisis financiero y que trabajará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras instituciones.

Esto guarda un principio importantísimo y en el que hemos insistido que la seguridad pública no se puede concebir si no es con cooperación y la auxiliariedad. En ella se deben de acompañar las diversas y más vastas expresiones tanto políticas como interinstitucionales para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la DEA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propósito del mismo estudio al que hacemos referencia, en la economía mexicana existe un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares, que al final del año no justifica una fuente legítima.

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Estados Unidos de América, estima que cerca de 39 mil millones de dólares se lavan afuera de las fronteras de Estados Unidos, acciones que desarrollan principalmente organizaciones de Colombia y México, siendo el nuestro el de mayor volumen.

La misma organización reportó la entrada a México de 17,200 millones de dólares entre 2003 y 2004, y el Congreso en Washington, D.C., señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares son ganancias ilícitas que fluyen, entran y se mueven en nuestro país anualmente sin que nadie señale nada.

Es fundamental, compañeros Senadores, golpear las finanzas de los criminales; es necesario que nuestras fuerzas de seguridad puedan tener un andamiaje jurídico para proteger y perseguir estos ilícitos.

En México, las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento y no se cuenta con los datos específicos para el secreto bancario.

Necesitamos salvaguardar la integridad de nuestro sistema financiero y dejar de hacerlo blanco fácil y vulnerable a sucesos como los referidos.

No hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada si no se lastiman las finanzas que las sustentan, en la detección y en la prevención pero de manera fundamental en el desmantelamiento de las mismas.

Hoy de nueva cuenta el grupo parlamentario del PRI, acompaña al Ejecutivo en este esfuerzo. No hemos ni vamos a escatimar ningún esfuerzo en algo que nos atañe a todos, y en lo que todos tenemos que ir juntos, que se llama seguridad.

Celebro y aplaudo el interés y la capacidad de los actores políticos para este fin, de mi compañero Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda y, desde luego, de mi compañero Arturo Zamora que fue fundamental para este trabajo de las anteriores legislaturas que procesaron esta ley, y que de igual manera el beneplácito a todos los partidos y de todas las personas involucradas por la oportunidad, y lo señalo y lo reitero, por la gran oportunidad de ponernos de acuerdo y de la aprobación de la misma.

Enhorabuena para todos los grupos parlamentarios.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, conforme lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta diez minutos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En representación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, vengo a fundamentar la aprobación a las modificaciones y adiciones que la Cámara de Diputados remitió en carácter de minuta referente a la Ley Federal para la Prevención e Identificación Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Aquí, en esta discusión, partimos del reconocimiento de que la reconfiguración de la actividad delictiva en nuestro país derivó también en la reconfiguración del manejo de recursos económicos y financieros de la delincuencia organizada, lo cual llevó a definir nuevos niveles en los problemas y en las limitaciones de las instituciones públicas que, a nuestro juicio, requieren de una reformulación de la visión tradicional de la seguridad nacional.

La seguridad nacional debe orientarse a una nueva concepción del Estado, que incentive capacidades legales y de acción y participación en la esfera pública y privada en la realización de acciones preventivas eficaces contra la delincuencia organizada sin necesidad del uso de medios represivos.

La seguridad nacional debe concebirse como el conjunto de condiciones de acciones no sólo de defensa sino también de carácter político, económico, social y cultural que garanticen la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación mexicana, y al mismo tiempo fortalezcan las capacidades institucionales del gobierno y de la sociedad para hacer frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia de la nación.

El Estado mexicano debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y priorizar la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza crítica como la que representa la delincuencia organizada.

Por lo que mientras no se combata de manera eficaz el lavado de dinero y se desmantele el poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada, el problema de la violencia y el narcotráfico no desaparecerá en nuestro país.

En México, se han mencionado en distintos medios de comunicación, y como lo han señalado aquí, tanto el Presidente de la Comisión de Justicia, como la Presidenta de la Comisión de Gobernación, los cárteles del narcotráfico habrán lavado más de 3 billones de pesos en los Estados Unidos y en México, lo que equivale al 82 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

De acuerdo con esas estimaciones, cada cártel de la droga sería 15 veces más rentable que el grupo CARSO, y al mismo tiempo el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado que el sistema financiero en nuestro país es la principal fuente del blanqueo de capitales. Sin embargo, y de manera lamentable, entre el año 2007 y el 2011, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo denunció 197 casos de lavado en bancos ante la Procuraduría General de la República, con un porcentaje profundamente marginal respecto al volumen que representa el blanqueo de recursos en el sistema financiero de nuestro país.

Por eso coincidimos en que debe aprobarse la minuta que envía la Cámara de Diputados donde hubo varias valoraciones que corrigieron de fondo el proyecto original de la iniciativa.

En primer lugar, se reestructuró el proyecto de ley para establecer que los reportes para dar aviso de operaciones susceptibles de ser realizadas por el crimen organizado, fueran los mismos que señala cada uno de los cuerpos legales que integra la legislación financiera.

Se amplió también el objeto de la ley para establecer que no sólo se trata de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, sino que también para establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con estos recursos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento así como para proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.

La minuta crea la Unidad Especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, la cual podrá coordinarse con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en donde se aprobarán los procesos de evaluación inicial y periódica para el ingreso y permanencia del personal en dicha unidad, a los cuales se le otorga la posibilidad de resguardar su identidad a fin de que esto no incurra en una situación de vulnerabilidad a su integridad personal.

Se establece en el dictamen la obligación para que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República puedan contar con programas de capacitación, actualización y especialización permanentes en las materias de la presente ley en el ámbito de sus competencias, y se modificó lo relativo a las entidades financieras reconociendo que las actividades que realizan son vulnerables para ser utilizados en esquemas de lavado de dinero y, por lo tanto, deben ser sujetas a supervisión como son las obligaciones de identificar y conocer a sus clientes y usuarios, así como de reportar determinadas operaciones ante la Secretaría de Hacienda a través de los órganos supervisores de la propia Secretaría de Hacienda, quienes continuarán siendo los responsables de sancionar las infracciones en las que incurran dichas entidades.

En el dictamen se amplía el catálogo de las denominadas actividades vulnerables, y se establecen como tales, a las vinculadas a las prácticas de juegos con apuestas, concursos o sorteos, la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de créditos no bancarias, así como los cheques de viajero y la prestación habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o préstamo realizado por personas distintas a las entidades financieras, entre otras actividades que se consideran vulnerables.

Con la aprobación de esta iniciativa, cerramos un proceso de debate legislativo que se extendió a lo largo de dos años, y que se dio de manera particular en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, y con la aprobación de esta ley, ahora sí no hay pretexto para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda actúen de manera coordinada en uno de los temas fundamentales para poder desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder financiero y patrimonial.

Por supuesto que estamos conscientes de que esta ley está sujeta a prueba todavía, y conocemos la preocupación de algunos sectores de la economía como la industria automotriz, la industria joyera, que han mostrado algunas reservas sobre lo contenido de la ley, pero estamos seguros que una vez que la ley entre en vigor y sea sometida a prueba, pueda ser susceptible de algunos ajustes y correcciones.

Más lo importante hoy es dotar a los instrumentos que se requieren para garantizar una acción eficaz del gobierno mexicano en el desmantelamiento de la delincuencia organizada.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas.

Pasamos a la exposición de posicionamientos de grupos parlamentarios, harán uso de la palabra en los términos del artículo 197 del Reglamento, hasta por cinco minutos, los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT; Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM; Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD; Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN y Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente; con el permiso de la Asamblea y de mi coordinador:

Bien, es en sentido completamente positivo que la bancada del Partido del Trabajo fija posicionamiento sobre esta iniciativa de reforma, esta que conocemos como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero que en la ciudadanía se le conoce como la ley antilavado de dinero.

Nos hemos preguntado históricamente, así como el debate del huevo y la gallina o la gallina y el huevo, qué es primero, si es la producción o si es el consumo o si es el consumo o es la producción, al menos ese es un debate que hemos sostenido históricamente con el vecino país del norte, si tú no produces, yo no consumo, si yo no consumo, tú no produces.

Pero qué pasaría si a esta discusión le agregáramos la cuestión financiera, esto es, si no tuvieras dinero, pregunto, ¿podrías producir? Y ese es precisamente el tópico central que he sido instruido por mi bancada de comentar aquí, que es precisamente el factor financiero por el que debemos empezar, porque es el principio, es el génesis de la actividad ilícita.

Hay que considerar que dentro de estos campos restrictivos, primero tenemos que ver la manera como sí se afecta a sectores productivos que se dedican o están por el buen camino.

Esto lo hemos registrado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el control de dólares, cuando nosotros aplicamos estas medidas restrictivas o los depósitos en efectivo, es un hecho que colateralmente estamos afectando a personas físicas o morales que se dedican a los buenos oficios y que se ven afectados por este tipo de medidas restrictivas, como por ejemplo, cualquiera de nosotros nos pudimos ver afectados en un aeropuerto con las revisiones enfadosas y molestas que nos aplican, pero que son parte de una manera de prevención.

También tenemos que estar muy observantes al efecto de lo que tiene que ver con la acción y la reacción, toda medida restrictiva en cualquier tipo de aplicación va a causar siempre una reacción, y es obvio que aquí estamos o debemos estar muy pendientes todos los órdenes de gobierno porque la medida restrictiva sin duda va a generar una especie de mercado negro, eso nosotros lo hemos podido corroborar en todas las medidas, no sólo en las medidas hacendarias, todas aquellas que tienen por objeto restringir inmediatamente el flujo corruptor, busca una salida por otra parte, y creo que es en este sentido donde debemos de estar muy pendientes.

También quiero comentar que esta minuta tuve el gusto de trabajar con ella dentro de las sesiones de la Comisión de Hacienda, de la cual soy parte, propone modificaciones a la iniciativa de origen para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de la coordinación interinstitucional que tenga como fines establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, a la vez que se protege el sistema financiero y la economía nacional.

Hagamos votos porque estos dos años que llevó poder llegar hasta este punto donde estamos, creo yo, a punto de aprobarla, que estos dos años hayan servido para que las dos Cámaras hayamos madurado el proyecto, que seguramente votaremos a plenitud en su favor, pero que sí estemos muy observantes de lo que tiene que ver con las reacciones.

Es un hecho que si nosotros restringimos a tantas cantidades actividades comerciales, como la compraventa de joyas, por ejemplo, bienes y servicios, bienes inmobiliarios, seguramente surgirán por ahí algunas actitudes que busquen de alguna manera encontrar otro camino para poder centrar estas actividades hacendarias.

Vamos a celebrar que hemos llegado a un punto correcto, y reitero, la del posicionamiento de mi bancada, es total y absolutamente a favor.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente.

El lavado de dinero afecta a los más altos y sensibles valores de la sociedad, debido a que por lo general está asociado con el narcotráfico, el secuestro, el tráfico ilegal de armas y de personas, entre otros delitos que atentan contra la salud y la seguridad de personas y la integridad de las familias mexicanas.

Es un delito transversal, que no solamente se da al interior de las entidades financieras, sino que se extiende hacia los negocios del sector real de la economía, como son el inmobiliario, el hotelero, el de la construcción y el ganadero.

El Senado comprometido en proteger la dignidad y los más altos valores de los seres humanos, ha actuado con respeto a nuestra Constitución y de conformidad a la ley. En tiempo y forma ha aprobado el dictamen respecto a la iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El trabajo se realizó actuando con prudencia y responsabilidad. La aprobación por parte del Pleno al dictamen de ley es de suma importancia en este momento para el país, ante el problema de delincuencia organizada.

Está ampliamente diagnosticado que en esta operación ilícita tiene más éxito cuando se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo, lo que provoca que se dificulte la identificación del origen de los recursos, o se coloca en sectores que movilizan o implican importantes cantidades de dinero, y precisamente esto es lo que se busca combatir con esta iniciativa de ley.

Estamos en presencia de un reto mayúsculo, el de prevenir, identificar y, en su momento, sancionar a las redes que se encuentran involucradas en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para tal fin, el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión, establece topes para las transacciones en efectivo que se realizan en operaciones con activos considerados de alto valor, como la compraventa de bienes inmuebles, por tanto, un gran mérito de este proyecto de Decreto es el énfasis que se le da a la mitigación de riesgos que deben identificar operaciones sospechosas.

Se privilegia la estrategia y prevención ante la sanción y el combate, inteligencia sobre la fuerza en la lucha ante el crimen organizado, coordinar a diferentes actores, intermediarios financieros, notarios, corredores, comerciantes de metales, otras empresas, y no sólo a las autoridades para enfrentar el problema, se trata de hacer un frente común y sumar fuerzas ante un problema social.

Ante este escenario, el Partido Verde celebra que se haya puesto especial énfasis en la atención a principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional, así como el respeto a los derechos humanos.

En esta tesitura debemos destacar como logros de este ordenamiento los siguientes:

Primero. El objeto de esta ley es proteger al sistema financiero y a la economía nacional.

Segundo. Se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, respondiendo a los estándares internacionales.

Tercero. México cumple así como miembro de la comunidad internacional a luchar contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que enfrenta el problema interno, fortaleciendo las herramientas para combatir las estructuras financieras del crimen organizado.

Cuarto. Esta ley afianza los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas sobre la materia. Por ejemplo, la PGR y la Secretaría de Hacienda, quien se conserva como la dependencia de inteligencia financiera, que sirve de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de dinero.

Quinto. Procura la eficiencia en la sanción del delito, asegurando mejores espacios de coordinación institucional.

En virtud de lo anterior, exhorto a esta Cámara a aprobar esta herramienta estratégica para frenar un problema que atenta, incluso, contra la fortaleza nacional. Es nuestra responsabilidad generar un marco legal a la altura de las necesidades del país.

Respondamos a este reto, refrendemos nuestro compromiso con México, el combate a los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos y respondamos por ellos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Salinas Sada.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente; señores integrantes de la Mesa Directiva; señoras y señores Senadores:

Antes de externar la postura del grupo parlamentario del PRD con relación a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, quisiera compartir con ustedes algunos datos.

Según estimaciones, el 78 por ciento de los sectores económicos en México están infiltrados por el narcotráfico y los cárteles mexicanos, quienes tienen participaciones accionarias en esos sectores.

Asimismo, se calcula que los recursos de los cárteles del narcotráfico podrían representar alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. El Estudio Binacional de Bienes Ilicitos dado a conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas.

Sin embargo, lo más interesante del asunto es que según la Asociación de Bancos de México, casi el 50 por ciento de ese dinero llega al sistema financiero mexicano de forma lícita. Incluso, en su momento el entonces Embajador de Estados Unidos en nuestro país, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y 90 por ciento de ese dinero ingresa a territorio nacional en efectivo, y que el 75 por ciento de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo.

Estos datos resultan por demás alarmantes, y es claro que el Congreso de la Unión no podría permanecer en la indiferencia ante el justo reclamo de la sociedad mexicana por un país más seguro para sus familias.

En el Partido de la Revolución Democrática, compañeras y compañeros Senadores, hemos sido críticos desde un principio de la estrategia del gobierno federal en la lucha contra las organizaciones de la delincuencia organizada.

Hemos sostenido que es un error centrar todos los esfuerzos para combatir este flagelo en la lucha armada, en los balazos, en la violencia, y que la estrategia debiese ser integral, es decir, privilegiando los esfuerzos encaminados a debilitar las estructuras financieras de estos cárteles, así como evitando que cada vez más y más jóvenes engrosaran las filas de esas organizaciones delincuenciales, brindándoles a ellos, para lograrlo, más y mejores oportunidades de estudio, de empleo y, por supuesto, de desarrollo.

Jamás hemos pugnado porque se deje de perseguir y sancionar a los delincuentes, pero siempre hemos tenido la certeza de que la lucha contra la delincuencia organizada, que tanto lastima hoy a nuestro país, debía tener una visión mucho más amplia y ser mucho más integral.

Por eso, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita debe ser entendida como una aportación del Congreso de la Unión para reorientar los objetivos y la estrategia en el combate al crimen organizado.

Pero debemos reconocer que su efectividad dependerá también de su reglamentación, de su aplicación y de la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el combate al lavado del dinero.

Deseo, respetuosamente, conminar a ambas Cámaras del Congreso desde esta máxima tribuna, para que estemos atentos a la aplicación y efectividad de esta ley, así como al ejercicio de las facultades que en ella le confieren, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Procuraduría General de la República, con el fin de señalar cualquier abuso o vulneración de derechos humanos en que se pudiese incurrir.

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, compañeras y compañeros, coincidimos con los fines que persigue esta ley, y desde luego habremos de apoyar todas aquellas iniciativas que busquen investigar y sancionar las conductas ilegales, pero siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

Hacemos votos porque esta ley se constituya como una herramienta de gran relevancia, que no solamente permita atacar las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada de manera más eficaz, sino que sea punto de partida para que el combate a la delincuencia organizada tenga por fin una visión mucho más integral y deje de centrarse en estrategia armada que ha prevalecido durante la actual administración federal.

En nombre del grupo parlamentario del PRD, hago del conocimiento de esta Asamblea que acompañamos en sus términos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Gobernación, en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente.

Es un honor hacer uso de la voz en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno al tema que estamos hoy aquí discutiendo, y manifestar de antemano, por supuesto, nuestro apoyo total al dictamen que está a discusión.

Sin embargo, quiero referirme, aprovechando que quienes me han antecediendo en el uso de la voz lo han hecho de manera muy puntual, en especial mi colega Roberto Gil, al impacto en la vida nacional de la lucha contra el lavado de dinero. Quiero yo abordar, de alguna manera, la problemática y la perspectiva internacional que tiene este fenómeno.

Sin duda alguna, el tema de lavado de dinero es de los más dinámicos que existe en el mundo, no sólo las herramientas para luchar en contra de él, sino también la adecuación de los marcos normativos.

A nadie le queda duda que el lavado de dinero es un fenómeno global y que tenemos que tener la cooperación de la comunidad de naciones para ser eficientes y para ser eficaces en el tema.

Así las cosas, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos muy importantes de carácter regional, de carácter hemisférico e incluso de carácter global, creando organismos ad hoc para definir y hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas y los mecanismos más eficientes para luchar en contra del lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, y que se sesiona al interior de la OCDE, es sin duda alguna el grupo que marca la pauta.

Fue creado desde 1989, desde entonces había conciencia ya sobre la necesidad de que toda la comunidad internacional se involucrara de manera coordinada.

México arranca tarde, hay que decirlo, en la lucha contra este fenómeno.

Hasta al año de 1998 tipificamos el delito de lavado de dinero; en 1999 nos aceptaron como miembros observadores de GAFI; en el 2000 nos aceptaron como miembro de pleno derecho, y gracias al esfuerzo que se hizo en los años recientes fuimos, incluso, presidentes de ese organismo en los años 2010 y 2011.

El cumplimiento de las recomendaciones del GAFI es evaluado por los propios miembros de los países miembros en un sistema de evaluaciones mutuas: Yo evalúo a un país y el otro país me evalúa a mí.

La última evaluación de México fue en el año 2008, y si bien es cierto, que se reconocieron avances muy importantes de nuestro país en la materia, también hay que decir que se señalaron retos pendientes, entre los que destacan, como aquí se ha señalado, el poder incorporar a las obligaciones antilavado a los organismos no financieros, y aquellos que desempeñan actividades que por su naturaleza comercial los hacen susceptibles de ser utilizados indebidamente por los lavadores de dinero, los que son: la compra y venta de inmuebles, de joyería, de vehículos y demás que se han señalado.

El reto es acabar con el anonimato y permitir el rastreo de los flujos de dinero, especialmente los de efectivo.

El grado de cumplimiento de un país, no cabe duda, puede repercutir en la percepción internacional que se tiene sobre el mismo y en la confianza que se tiene para invertir en nuestro país.

La nueva ley, sin duda alguna, busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado en México, pero también busca armonizar la legislación mexicana con criterios y reglas que rigen la comunidad internacional en materia de combate al lavado de dinero, reconociendo que el problema no puede encararse como un fenómeno doméstico, sino que debe reconocerse como un fenómeno global.

El dictamen que tenemos aquí a consideración, habrá alguna voz que diga: “Que no es un producto perfecto, y quizás lo digan con razón”. Pero yo los invito a reflexionar, si en materia de lavado de dinero existe una legislación perfecta, y me atrevo a decir que no.

En nombre del grupo parlamentario del PAN, quiero invitarlos a ustedes, colegas Senadores, a aprobar el proyecto de dictamen que tenemos hoy a discusión, mismo que además cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, unánime, de la cual soy Secretario; y los invito a aprobarlo porque significa un avance sustancial con respecto al marco normativo vigente y permitirá a México aportar su parte en la lucha contra este fenómeno global.

Asimismo, les pido que asumamos el compromiso de revisitar de manera permanente esta ley, que no la dejemos, tenemos que estarla actualizando una y otra vez de acuerdo con los mejores estándares.

No podemos permanecer estáticos ante la creatividad e inventiva del crimen organizado para hacerse de los recursos y ganancias, que sus actividades ilícitas le reportan.

Tenemos ese gran compromiso, y cumplir ese compromiso comienza hoy votando a favor este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Mendoza Davis.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

El dictamen que se presenta hoy ante el Pleno para su debate y aprobación, es de la más alta importancia ante la difícil situación que vive México en materia de combate a la delincuencia organizada y el poderío económico que gozan esas organizaciones.

La llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas para detectar y actuar en contra de operaciones susceptibles de encubrir acciones de lavado de dinero, con el objetivo de desactivar el poderío financiero de esos grupos delincuenciales y lograr finanzas sanas en la economía mexicana.

Cualquier estrategia de combate al crimen organizado debe privilegiar el combate a su brazo financiero, y no solamente apostar a la detención o abatimiento de líderes, porque son de inmediato sustituidos, quedando intactas sus propiedades y finanzas.

A partir de finales de la década de 1980, la comunidad internacional, a través de diversas instituciones, ha venido desarrollando un marco normativo orientado a prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo del dinero proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado.

El delito pasó al ámbito mexicano, con la expedición en 1990 del artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Posteriormente, en mayo de 1996, entró en vigor el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, vigente hasta la fecha, es decir, que contempla el tipo penal de lavado de dinero y que establece sanciones desde 5 hasta 15 años de prisión con independencia de los delitos que por crimen organizado u otro tipo de delitos se cometan.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el Departamento de Estado y de acuerdo con otras organizaciones, aquí se han dado cifras, todas ellas importantes, pero también todas ellas divergentes.

La razón fundamental es que no hemos tenido un instrumento real de medición, y esta ley, precisamente, también se convertirá en un instrumento de efectiva medición.

Por otro lado, debo decir a ustedes que hoy es un día importante, es importante porque después de dos años de discusión, análisis y debate, se logró un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permitirán quitar a México del nada honroso segundo lugar mundial como lavador de dinero.

En lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, existen en nuestro país diversas instituciones que van a trabajar en conjunto, como es la Dirección General de Delitos Financieros y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, también de la PGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y relacionados con el Sistema Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, constituye otro mecanismo para buscar armonizar las medidas contra el blanqueo de capitales y obliga a los países signatarios a emplear el ámbito de delitos subyacentes en su propia legislación, como ya fue comentado anteriormente.

Por esa razón, hoy es un día importante para México, porque se da un paso firme para combatir de manera efectiva a la delincuencia, sin afectar a los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda de interés social o comprar un automóvil producto del esfuerzo de su trabajo, es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos.

La nueva ley que estamos a punto de votar, permite supervisar a entes privados y obligarlos a informar a las autoridades federales cualquier actividad que resulte sospechosa en aquellas actividades vulnerables al lavado de dinero, como es el caso de los juegos, apuestas y sorteos, compraventa de inmuebles en efectivo que superen la cantidad de un millón de pesos, la compraventa de joyas, metales preciosos, relojes, obras de arte en efectivo que superen 300 mil pesos, la renta de autos blindados, entre otros.

Con la nueva ley se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la delincuencia organizada en la Procuraduría General de la República, que tendrá la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, la creación de mecanismos de análisis de la información financiera y contable. También permitirá generar herramientas de inteligencia para investigar los patrones de conductas ligadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por todo ello, es que la bancada del PRI respalda esta reforma que busca sanear las finanzas del país y, por supuesto, atacar las finanzas de los grupos delictivos.

Por todo ello, felicitamos a los integrantes y presidentes de las Comisiones de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda: Cristina Díaz, Roberto Gil y Alejandro Encinas, por el trabajo que se realizó en las comisiones al haber logrado la unanimidad, precisamente en una ley que no será estática; en una ley que será dinámica porque estará sujeta a revisión constante y permanente, y esa es la actividad que nosotros los Senadores estamos ofreciendo de manera conjunta, dándole al Estado mexicano mejores herramientas para que vivamos mejor en el futuro.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Zamora Jiménez. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Me reservo el artículo 6, fracción V y el artículo 8, fracción X.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Demédicis Hidalgo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 119 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 6, fracción V y al artículo 8, fracción X del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

No pretendemos hacer una modificación de fondo, solamente queremos plantear que se haga la adecuación de esta ley a nuestro marco constitucional y a la actualización de los sistemas de justicia que tenemos en México. ¿Qué pasaría si se insiste en sostener en esta ley, y el Senado tiene que pensar muy bien, si se siguen sosteniendo conceptos como presunto infractor o conceptos como averiguación previa?

Estos conceptos fueron desechados, el primero, en la reforma de 1999 para adecuarlo, y que en lugar de presunto se utilice “probable”. El otro es más delicado, el término de averiguación previa, este término se utiliza exclusivamente en el sistema tradicional, y este país avanza en una reforma a los derechos humanos, aprobada por el Senado de la República en el 2011, y sostiene que los derechos fundamentales empiezan por preservar la presunción de inocencia. A nadie en este país se le puede declarar culpable si no se demuestra que efectivamente lo es.

Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha luchado desde su nacimiento, y muchos hemos luchado desde antes del nacimiento del PRD porque no se fabriquen culpables, y ese es el problema principal que presenta el sistema tradicional, algunas reflexiones a partir de las diferencias que existen entre uno y otro sistema.

En el sistema tradicional, el expediente formado por el Ministerio Público prácticamente es la prueba que conoce el juez o el secretario de acuerdos, y está celosamente integrada, y es con eso con las que se dictará la sentencia.

En el sistema adversarial la carpeta de investigación contiene todas las diligencias realizadas para la investigación y en todo momento está a disposición del imputado y su defensor, por tanto, se puede ejercer una defensa técnica, adecuada y oportuna. El juez en el sistema tradicional en la mayoría de los casos no conoce ni oye al imputado, víctima o a los testigos, las audiencias casi nunca se celebran ante la presencia del juez, sino del secretario de acuerdos y su mecanógrafa.

En el sistema oral las audiencias son públicas, cualquiera puede acudir a verlas y siempre se hacen ante la presencia del juez, su tribunal, quien escucha de viva voz las declaraciones de testigos, peritos, la víctima y, en su caso, del imputado. Es decir, este Senado no puede aprobar una reforma regresiva que violente los derechos humanos y que atente contra un elemento central por el que ha luchado la sociedad de este país y el pueblo de este país, como es la presunción de inocencia. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel ahora mismo, producto de acusaciones porque no coinciden con el régimen, por ejemplo?

Por eso, compañeros, muy comedidamente les pido que cuando menos estos dos términos planteados, uno en el artículo 6 y otro en el artículo 8, puedan adecuarse a nuestro marco constitucional, puedan adecuarse a la justicia oral que tratamos de implementar en México y que de manera definitiva por mandato constitucional debe quedar concluida en el año 2016.

Por la presunción de inocencia para todos los mexicanos, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta que propone el Senador Demédicis Hidalgo.

Artículo 6...

V. Dice: Requiere de competencia de presuntos infractores y demás personas que pueden contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.

Proponemos:

V. Requiere de competencia de los probables infractores...

Artículo 8...

X. Dice: Requiere informes... deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa...

Proponemos:

X. Requiere informes... en todos los casos estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación...

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Una consideración en la que tenemos consenso, lo hemos discutido rápidamente aquí por las distintas bancadas, es que toda vez de que solamente se trata de una adecuación al marco normativo vigente, hay además un proceso que se estableció por ley para que en hasta el 2006 se adecuara toda la legislación, eso quedó establecido con toda precisión en el Diario de los Debates, y que la Mesa Directiva de la Cámara, al momento de revisar la comisión de estilo del mismo dictamen, pues pudiera hacer alguna consideración.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: A ver, Senador, según entiendo la propuesta es que se incorpore al Diario de los Debates las consideraciones del Senador DemédicisHidalgo.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) En relación respecto a las consideraciones que se hace, respecto a la corrección de estilo del dictamen.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido al escaño del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solamente lo que creo en lo que hay coincidencia en los grupos parlamentarios, es que la intervención del Senador DemédicisHidalgo obre precisamente en el Diario de los Debates para los únicos efectos de interpretación, porque es una norma que no podemos modificar, sobre todo en virtud de que ya fue votada por esta Asamblea.

De tal suerte que, para no desestimar los argumentos que sí son muy válidos, estamos coincidiendo en que estos obren precisamente para los únicos efectos de interpretación en el Diario de los Debates durante la discusión del dictamen.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Cervantes Andrade.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: (Desde su escaño) Lo único que le pediría es que lo que se va a poner en el Diario de Debates quede clarísimo que es una interpretación auténtica del legislador. Esto ha sucedido en otras legislaturas y los jueces cuando están normando, haciendo un criterio de interpretación de norma, no lo toman en cuenta.

Que quede preciso que es un sistema de interpretación, no es debate; es un sistema de interpretación auténtica y esto es un sistema de interpretación legislativa.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. La forma de armonizar ambas propuestas es que además de que la sola intervención garantiza su inserción en el Diario de los Debates, que lo dicho por el Senador del grupo parlamentario del PRD, pueda también reflejarse en la exposición de motivos en el sentido que ha planteado el Senador Cervantes Andrade.

Estamos en plena actitud jurídica para poder incorporar esos razonamientos en la exposición de motivos que prevalece en este Senado de la República.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador DemédicisHidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Hay coincidencia con los Senadores que han hablado. Sin embargo, si es mi obligación frente al pueblo de México y frente a los que tienen problemas de justicia, que a la hora de revisar los jueces se van a encontrar con el problema de que no van a poder, si estamos en juicios orales, integrar averiguaciones previas, sino que tendrán que integrar carpetas. Y en ese sentido la propia ley va a entrar en una contradicción.

Yo creo, desde mi punto de vista, que hasta pudiese ser motivo de una inconstitucionalidad a partir de la contradicción que tiene entre la Constitución actual y las reformas que se hicieron con respecto a la justicia tradicional y la justicia oral.

Solamente hago esta advertencia y por supuesto que coincidimos con lo que ha planteado el Senador Gil Zuarth.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Bien. Un poco para recapitular. Fue votada por este Pleno la modificación propuesta por el Senador Demédicis Hidalgo y fue rechazada.

Solicito que se incluyan en el Diario de los Debates las consideraciones del Senador Demédicis Hidalgo con las consideraciones del Senador Raúl Cervantes, y se incluya en la exposición de motivos como se ha planteado por el Pleno.

Solicito se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 6 y 8 en los términos en los que está publicado el dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 108 votos en pro, 3 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 6 y 8 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador Martín Orozco.

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para que registren mi voto a favor, en lo general, que no estaba, gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Favor de tomar nota, por favor. Me parece que están en el mismo caso los Senadores que están levantando la mano, y le pediría a los Senadores que tuvieron problema al emitir su voto, que hagan el favor de levantar su mano para que tomemos nota.

En el apartado de proposiciones, se concede la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romeros Hicks, Mario Delgado Carrillo, Oscar Román González y Marcela Torres Peimbert, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2013 se destinen mayores recursos a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.






PROPUESTAS

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su venia, señor Presidente.

Acudo ante esta Honorable tribuna para presentar el siguiente punto de Acuerdo, a nombre de mis compañeros Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado Carrillo y Oscar Román Rosas González, todos ellos integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología que tengo el honor de presidir.

La ciencia y la tecnología son actividades que cobran cada día mayor importancia en el desarrollo social y económico de México y todos los países del mundo. La innovación, como expresión práctica de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se ha convertido, sin lugar a duda, en tema central de las agendas públicas de crecimiento económico, de competitividad de las empresas y de beneficio social por los impactos y satisfactores que pueden representar en la solución de problemas específicos, locales o regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social, agrícola, entre otros.

La evidencia internacional muestra la importante correlación entre innovación y productividad en las empresas que a su vez impulsan la competitividad y el crecimiento del país. Por lo anterior, es necesario desarrollar un marco legal y emprender acciones contundentes que permitan identificar y promover políticas efectivas de innovación vinculadas al crecimiento económico.

El día de ayer, miércoles 10 de octubre, acudieron a este Senado de la República importantes representantes de la comunidad científica y empresarial del país, para hacer entrega a esta Soberanía del documento denominado “Hacia Una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, propuesta estratégica elaborada por más de 60 organizaciones académicas, gubernamentales, sociales y privadas que contienen diversas recomendaciones de política pública a fin de mejorar el bienestar de la población a través del impulso integral de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

El objetivo principal de este documento es presentar una serie de propuestas para hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico y sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite mayor justicia social, consolide la democracia y la paz y fortalezca la soberanía nacional.

Uno de los rubros a los que esta propuesta de agenda nacional hace mayor énfasis, es elrelativo a la inversión pública y privada en materia de ciencia y tecnología, en donde se recuerda que aunque desde septiembre de 2004 el Poder Legislativo reformó la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer la obligatoriedad de destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a favor de estas actividades, al día de hoy, y después de 8 años, sigue sin poder alcanzar dicha meta, y son escasas las variaciones que hacen que el monto sea prácticamente el mismo.

En este marco, y pese a los loables esfuerzos que en los últimos años se han realizado para generar un incremento sostenido de recursos a la ciencia y tecnología, la realidad es que la inversión pública en estos rubros como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha mantenido estancado durante las últimas tres décadas, colocándose por debajo de la media entre los países latinoamericanos y del Caribe, que es del 0.6 por ciento, en particular de Brasil, que es del 1 por ciento; Chile del 0.7 por ciento; y Argentina del 0.5 por ciento.

Los legisladores debemos de entender la verdadera importancia y relevancia del apoyo a la ciencia y a la tecnología como ejes que impulsan el crecimiento económico y, sobre todo, el desarrollo social. El punto de Acuerdo que presentamos el día de hoy ante el Pleno de este Honorable Senado, tiene como fin reiterar el compromiso público que este órgano legislativo tiene con la ciencia y la tecnología de nuestro país, por lo que proponemos, como lo hace el documento en referencia, impulsar el crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología de cuando menos el 0.1 por ciento en el Presupuesto de Egresos del año 2013. Incrementar esta inversión, sin duda, representa un gran desafío, un gran reto, pero también una gran oportunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas conforme a lo dispuesto por el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de alcanzar en el menor tiempo posible la inversión anual del 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE DESTINEN MAYORESRECURSOS A LA INVERSION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

“Los suscritos, ALEJANDRO TELLO CRISTENA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARIO DELGADO CARRILLO y OSCAR ROMAN GONZALEZ, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1,del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se destinen mayores recursos a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La ciencia y la tecnología son actividades que cobran cada día mayor importancia en el desarrollo social y económico de los países de México y America Latina. La innovación, como expresión práctica de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se ha convertido sin lugar a dudas en tema central de las agendas públicas de crecimiento económico, de competitividad de las empresas y de beneficio social por los impactos y satisfactores que puede representar en la solución de problemas específicos, locales o regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social, agrícola, entre otros.

La evidencia internacional muestra la importante correlación entre innovación y productividad en las empresas que a su vez impulsan la competitividad y crecimiento del país. Por lo anterior, es necesario desarrollar un marco legal y emprender acciones contundentes que permitan identificar y promover políticas efectivas de innovación vinculadas al crecimiento económico.

El día de ayer martes 10 de octubre acudieron a este Senado de la República importantes representantes de la comunidad científica y empresarial del país para hacer entrega a esta Soberanía del documento Denominado “Hacia Una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, propuesta estratégica elaborada por más de 60 organizaciones académicas, gubernamentales, sociales y privadas que contiene diversas recomendaciones de política pública a fin de mejorar el bienestar de la población a través del impulso integral de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

El objetivo principal de este documento es presentar una serie de propuestas para hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico y sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional.

Uno de los rubros a los que esta propuesta de Agenda Nacional hace mayor énfasis es el relativo a la inversión pública y privada en materia de ciencia y tecnología en donde serecuerda que aunque desde septiembre de 2004 el Poder Legislativo reformó la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer la obligatoriedad de destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a favor de estas actividades, al día de hoy y después de ocho años se sigue sin poder alcanzar dicha meta y son escasas las variaciones que hacen que el monto sea prácticamente el mismo.

En el documento se expone que “Es Imperativo dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para alcanzar una inversión mínima del 1% del PIB en actividades de CTI hacia el final del próximo sexenio. Será necesario lograr incrementos de la inversión en Ciencia, (CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación) superiores al 15% anual. Para ello, en términos reales, se debe pasar de una inversión actual GIDE, (Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental) de alrededor de 61,000 millones de pesos (conjuntando la inversión federal, de los estados y de las empresas) a una inversión superior a los 150,000m mdp.”

En este marco y pese a los loables esfuerzos que en los últimos años se han realizado para generar un incremento sostenido de recursos a la ciencia y tecnología, la realidad es que la Inversión Pública en Ciencia y Tecnología (IPCYT), como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se ha mantenido estancada en durante las últimas tres décadas colocándonos por debajo de la media entre los países latinoamericanos y del Caribe (0.6%); en particular de Brasil (1%), Chile (0.7%) y Argentina (0.5%), así como entre los dos últimos lugares de la OCDE.

Los legisladores debemos entender la verdadera importancia y relevancia del apoyo a la ciencia y a la tecnología como ejes que impulsan el crecimiento económico y, sobre todo, el desarrollo social. El punto de acuerdo que presentamos el día de hoy ante el pleno de este H. Senado tiene como fin reiterar el compromiso público que este órgano legislativo tiene con la ciencia y la tecnología en nuestro país, por lo que proponemos como lo hace el documento en referencia, impulsar el incremento de la inversión en ciencia y tecnología de cuando menos el 0.1 por ciento en el presupuesto de egresos del año 2013. Incrementar esta inversión, sin duda representa un gran desafío, un gran reto, pero también una gran oportunidad.

Con este exhorto el Senado cumple con el compromiso que hiciera el día de ayer ante la comunidad científica del país de gestionar ante la Cámara de Diputados el incremento de la inversión anual en ciencia y tecnología, a fin de que sea posible lograr la meta de una inversión del 1% del PIB.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, se incrementen significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas conforme a lo dispuesto por el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de alcanzar en el menor tiempo la inversión anual del 1% por ciento del PIB.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Oscar Román Rosas González”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Tello Cristerna. Como lo ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. Para este tema ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, en pro del Acuerdo.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con su venia, señor Presidente. Distinguidos Senadores:

Este punto de Acuerdo que estamos proponiendo es un sentido de responsabilidad, y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas.

Como el Presidente de la Comisión de Ciencias lo ha manifestado, el Senador Alejandro Tello, ayer tuvimos la visita de representantes de la comunidad académica y de la comunidad empresarial.

Los países más desarrollados del planeta han logrado una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo, siendo autocríticos y exigentes, tenemos que reconocer que aún falta mucho por hacer, recientemente, por ejemplo, en formación de capital humano hemos pasado en CONACYT de 10 mil a 43 mil becarios en los últimos doce años, el padrón de posgrados pasó de 400 a mil 500, casi será cuadruplicado, el número de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores pasó de 7 mil 400 a más de 15 mil, se ha duplicado también, tenemos fondos para apoyos con el sector federal, con el sector estatal, fondos internacionales y recientemente parte de lo que se ha hecho en la política científica y tecnológica es añadir el componente de la innovación, se ha mejorado la infraestructura, pasamos a tener estímulos indirectos, estímulos directos, sin embargo, las finanzas públicas de este país son muy frágiles y aunque la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley General de Educación obliga al 1 por ciento, estamos apenas a la mitad.

Por eso creemos que estas propuestas que hemos recogido de la comunidad académica y empresarial son muy importantes, primero, porque se van a traducir en políticas públicas; segundo, porque algunas de ellas serán para cambios de legislación; tercero, porque probablemente habrá que hacer una revisión en los temas de diseño institucional; y por último, porque van a requerir mayor financiamiento.

En el tema del financiamiento, nuestro país en el año 2000, el gasto federal dedicaba el 0.34 por ciento, hoy estamos en el 0.40 por ciento, pero esta estabilidad no puede mantenerse, necesita incrementarse y hacer una corrección, particularmente de fondos públicos estatales y de fondos privados.

La mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología en el país son de fondos públicos, cuando en el resto del mundo desarrollado el 70 por ciento de la inversión viene del gasto nacional o del gasto de los gobiernos de las entidades regionales.

Por eso la importancia de este punto de Acuerdo.

En mi carácter también de Presidente de la Comisión de Educación, puedo comentar que hemos consultado prácticamente con todos los miembros y me han manifestado que los miembros de la Comisión de Educación también quisieran tener esta propuesta.

Nosotros estamos convencidos que se requiere, sí, mayor financiamiento, pero no solamente eso, se requiere un sentido estratégico para poder atender los temas más importantes, la pobreza, el agua, el cambio climático, la biodiversidad, las nuevas energías, las nuevas enfermedades, el estado de derecho, los desastres naturales, una economía que sea más competitiva.

Y estamos convencidos que hoy requerimos una política de Estado, que necesitamos seguir cultivando el principio de libertad académica para que haya ciencia libre y ciencia dirigida, mejorar el aspecto de tecnología e innovación, de saber los problemas de la vida cotidiana, hacer más información de capital humano, atender más la óptica de entidades federativas y el desarrollo regional, tener mayor infraestructura, una mejor gobernanza y pasa, por supuesto, por el tema del financiamiento.

Por eso consideramos este sentido estratégico, un país que no tiene educación, ciencia, tecnología e innovación no puede crear más empleos, no puede crecer su economía, no puede distribuir mejor el ingreso, así atenderemos las grandes preocupaciones nacionales, la pobreza, la economía, el medio ambiente, la legalidad, el estado de derecho. Está a su consideración.

Es cuanto.

El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Carlos Romero.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

En medio del debate de la reforma laboral donde buscamos respuestas en una ley que no vamos a tener en materia de empleo, de competitividad, el día de ayer recibimos la visita de la comunidad científica de nuestro país, 64 instituciones que se pusieron a trabajar para construir una agenda y nos vinieron a decir algo distinto, la ciencia para salir del atraso, la ciencia para fomentar la competitividad, dijo ayer el doctor Narro.

Nuestra aspiración, dice su documento, es que se modifique el rumbo que ha tomado el país y se tomen las decisiones indispensables para mejorar el bienestar de la población a través de un desarrollo integral de la nación.

En resumen, una agenda para la ciencia, tecnología e innovación que logre hacer una política de Estado en esta materia, una política de Estado para que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan en importante patrimonio de la nación.

Ya se recibió aquí del Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Senador Alejandro Tello Cristerna, el Presidente de la Comisión de Educación Juan Carlos Romero Hicks, de la importancia que tiene el invertir en ciencia y tecnología, pero los datos son contundentes, en los últimos 20 años, apenas si promediamos .4 por ciento del PIB, son los mismos 20 años que nuestra economía ha permanecido estancada.

Hay muchos ejemplos de que la inversión, la ciencia y la tecnología es ahora el motor del desarrollo económico, si vemos a los países en el mundo que están teniendo éxito, encontramos aquellos que invierten más en educación, en ciencia, en innovación y en tecnología.

Toda Latinoamérica apenas concentra el 2 por ciento de la inversión mundial en investigación y desarrollo, los países europeos concentran el 30 por ciento de la inversión mundial, el 28 por ciento en los países asiáticos y el 39 por ciento en Estados Unidos.

Tenemos que cambiar esta tendencia, tenemos que darnos cuenta que como dice Stiglitz, después de la crisis de la economía global en 2008, la educación, la ciencia y la tecnología serán las claves en el desarrollo de la región y del mundo.

Por eso, si buscamos la respuesta, cómo incrementar la competitividad, cómo generar mayor empleo, cómo salir del estancamiento económico, pues tenemos que buscar otro camino, y ayer la comunidad científica nos dice, pues sigamos el ejemplo que están siguiendo los países que están teniendo éxito, invirtamos más en innovación, en ciencia y tecnología.

Por eso el punto de Acuerdo que se está planteando el día de hoy aquí, para decirle a nuestros compañeros Diputados, respetuosamente, que se incremente en una décima del PIB al año, para que lleguemos por lo menos al 1 por ciento en los siguientes seis años y que la siguiente década sea para nuestro país la década del conocimiento.

Es tan grande el reto que tenemos y es tan grande la desigualdad que tenemos en nuestro país, que la riqueza que hace falta generar para cerrar esa brecha y para incorporar exitosamente a los millones de jóvenes que vienen buscando un empleo, esa riqueza no hay, no va a haber otra manera de lograrla si no es apostarle a la ciencia y a la tecnología, incluso el reciente descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros se ven insuficientes para generar la riqueza que nuestro país necesita para alcanzar mejores niveles de bienestar.

Por último, quisiera pedirles a todos los compañeros Senadores, ya lo han manifestado algunos en lo particular, que nos sumemos a este punto de Acuerdo, y que lo que estamos haciendo el día de hoy, que logramos un acuerdo tan rápido en torno a este tema, lo mantengamos, y que nos permitan a la Comisión de Educación y a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que esta agenda que recibimos por parte de la comunidad científica, la podamos compartir con todos los Senadores y Senadoras y podamos plantear un poco más adelante una agenda común en materia de ciencia y tecnología desde este Senado de la República, que dé respuesta a los planteamientos que ayer nos hicieron.

Por eso les pido su consideración para apoyar este punto de Acuerdo, y que además hablemos con los Diputados para que efectivamente se realice y no quede nada más en una petición de este Senado de la República. Trabajemos y unamos esfuerzos para que en nuestro país, la siguiente década sea la década del conocimiento.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado.

Para el mismo asunto, ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, desde su escaño.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solo para manifestar el apoyo de la bancada del Partido Verde Ecologista de México a esta propuesta que están haciendo los compañeros Senadores, es muy oportuna esta sugerencia de acercarnos a la Cámara de Diputados para exhortarlos a que se aumente más significativamente el monto de los recursos destinados a la inversión en ciencia, innovación y tecnología, sobre todo porque nuestro país, como bien lo han dicho ya varios de los que expusieron este tema ahí en tribuna, nuestro país tiene un rezago importante en esta materia.

Todos sabemos que en la medida en que un país invierta más en estos rubros, expande de manera sustancial sus oportunidades de desarrollo, por lo que no podemos sino estar de acuerdo con esta propuesta y, por lo tanto, reitero el apoyo del Partido Verde a la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores. No habiendo más discusión sobre este asunto, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada. Comuníquese.






Se recibió de los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo y Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asista a una reunión de trabajo para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por las autoridades encargadas de brindar seguridad en nuestro país, el cual se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA DIALOGAR SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE BRINDAR SEGURIDAD EN NUESTRO PAIS

“Los suscritos, Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos formular ante este Honorable Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los derechos humanos son universales debido a que pertenecen a todos los hombres, a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se encuentran de manera innata ligados a la naturaleza humana.

La condición de la naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos universales, inviolables e irrenunciables; por tanto, al encontrar allí su fundamentación, deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición estatal, sino que le pertenecen y le son inherentes por el solo hecho de ser persona humana.

En este sentido, el clima de inseguridad que se vive a lo largo de todo el territorio nacional es consecuencia del incremento de las actividades vinculadas con la delincuencia organizada y el narcotráfico, los cuales a pesar de las acciones implementadas por el Gobierno Federal, han logrado extender sus redes de operación, diversificado sus actividades, a tal grado de contar, en algunos casos, con gente infiltrada dentro de las principales corporaciones policíacas del país.

Con el objetivo de combatir al crimen organizado, el gobierno federal ha llevado a cabo acciones enfocadas a disminuir la impunidad, sin embargo vemos con preocupación que a pesar de que el gobierno ha señalado que se va ganando la guerra y que debido a sus estrategias se ha capturado un gran número de personas relacionadas con los principales cárteles de drogas, la realidad nos muestra indicadores completamente diferentes a los difundidos por el gobierno.

Es de llamar la atención que durante la pasada comparecencia de política interior y seguridad llevada a cabo en las instalaciones de esta Cámara de Senadores, varios senadores cuestionaron a los funcionarios sobre este y otros temas y estos evadieron dar respuesta.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), cerca de 300 mil desaparecidos y 90 mil muertos es el resultado de la lucha que se emprendió hace seis años contra el crimen organizado, de igual formacifras dadas a conocer por el INEGI muestran que el 2011 fue el año más violento al registrarse más de 27 mil decesos, por lo que al llegar el 2012 la cifra podría llegar a los 100 mil, sin embargo, las dependencias han dejado de actualizar y de dar el número total de muertes en este año.

Hay cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas actualmente: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

Por otra parte, a nadie escapa la grave situación por la que atraviesan los centros penitenciarios del país, producto de un largo abandono y desinterés en el tema por parte de las autoridades, lo que ha favorecido a que estos lugares se conviertan en espacios con un poco o nulo monitoreo y fiscalización, en los que por años ha imperado y cada vez de manera más intensa, la arbitrariedad, la corrupción y la violencia.

Los centros penitenciarios no cumplen su misión, la cual es tratar de lograr la reinserción del sentenciado. Al no recibir la atención y recursos financieros y presupuestales necesarios debidamente supervisados, para que se apliquen a lo que están destinados, se provoca que su función se distorsione y en vez de ser verdaderos espacios propicios para el estricto cumplimiento de las penas impuestas a los infractores de la ley, se convierten en centros de aprendizaje y especialización superior de la delincuencia ahí interna, logrando en consecuencia la reincidencia de los infractores, en lugar de la reinserción social.

Es claro que lo que sucede con los centros penitenciarios impacta de manera directa en la seguridad pública; hoy se sabe y se ha documentado que buena parte de los delitos que tienen que ver con la extorsión y secuestro de personas, se operan desde el interior de los centros penitenciarios; lo cual resulta inaceptable ya que la situación de los penales impacta de forma directa en la seguridad de la ciudadanía.

Existen centros penitenciarios desprovistos de lo más indispensable, como personal de seguridad y custodia; técnico y profesional debidamente capacitado y bien remunerado.

Si bien es cierto que reconocemos la importancia y la legitimidad que tiene el enfrentar la amenaza que representa el tráfico de drogas y el crimen organizado para el Estado mexicano, no podemos dejar de mencionar que la forma en la que se ha llevado a cabo despierta serias preocupaciones, principalmente frente a las obligaciones en materia de derechos humanos a las que el Estado mexicano en su conjunto se ha adherido. Tal parece que las políticas públicas parecen concentrarse exclusivamente en actividades de represión ignorando los enfoques de prevención y reparación.

Consecuencia de lo antes mencionado, hoy encontramos una sociedad mexicana sumida en la violencia, en el miedo y en la incertidumbre, ya que como todos hemos escuchado y leído en la prensa nacional, esta guerra ha dejado miles de muertos y desaparecidos, los cuales el gobierno simplemente por lavarse las manos los ha llamado daños colaterales.

Por lo que es de gran importancia que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos pudiera proporcione cifras al respecto, al tiempo de se establezca un diálogo permanente entre el Senado de la República y la CNDH en materia de derechos humanos.

Como es de todos conocido, la CNDH rinde un informe anual ante el Congreso de la Unión, debido a la importancia que tiene el dejar claro cuál es la situación que guardan los derechos humanos de las y los mexicanos en el país, a raíz del inicio de la guerra contra el crimen organizado, es que sería de suma importancia contar con la presencia del presidente de este importante organismo.

Por último, es importante buscar un mayor impulso y un adecuado tratamiento a las tareas de promoción de los derechos humanos, sin que estas afecten o disminuyan las actividades de protección.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Cámara de Senadores exhorta de la manera más atenta, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con un grupo plural de Senadoras y Senadores, para dialogar sobre el estado que guardan:

1. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad en el país.

2. La situación actual de los centros penitenciarios del país y;

3. La situación y cifras de víctimas del delito y víctimas relacionadas con el combate al narcotráfico.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera”.






Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se etiqueten recursos para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Michoacán de Ocampo, el cual se turna a la Cámara de Diputados para los efectos que corresponda.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 ETIQUETE RECURSOS PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

“Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Senadores
Presente.

La suscrita, Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos para los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es una Nación privilegiada desde que sus pueblos originarios fueron y han sido aun guardianes de valores como el solidarismo y la reciprocidad. Para ellos el valor comunitario es bien importante y estos valores le han permitido sobrevivir.

En la historia de nuestro país leemos que, a la colonia, los pueblos indígenas corrieron a los montes para sobrevivir a los ataques de los conquistadores. Ahí se quedaron y por ventura, en los lugares de mayor biodiversidad y entre sobrevivir y mantenerse alejados del peligro, fueron haciéndose del cuidado de esa gran biodiversidad y aprendiendo de su riqueza y aprovechamiento sustentable.

La conquista tomó el control de todos, les impuso, y ellos fueron tomando los que les convino fundiéndose en una cultura sincrética que permite seguir viviendo sus valores comunitarios y de solidarismo, así como la sobrevivencia de sus formas de organización y de la prevalencia de sus valores frente a los valores individualistas de la cultura conquistadora.

No fue así desde la conquista hacia los pueblos indígenas. Sometidos, tratados como menores de edad, como incapaces, sin reconocer que huir a los lugares inhóspitos merecía desde siempre un trato en equidad no sólo para reparar el despojo de sus territorios, de sus bienes, sino para permitir que sus desventajas en condiciones de vida se reviertan, simplemente como integrantes de nuestra nación.

No fue hasta este siglo XXI que en nuestro país se les reconoció en su importancia como pueblos originarios, como dueños de una cultura válida en sus formas de organizarse y de acceder a bienes y cuidar de la riqueza natural a través de la Reforma del artículo 2 Constitucional.

Bajo esa premisa, con la Reforma en materia Indígena el artículo 2 apartado B establece la obligación de la Federación, los Estados y los Municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas.

De igual manera, el apartado B del citado artículo establece que para abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos indígenas, tienen varias obligaciones, entre las que destacan:

• Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades.

• Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

• Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional.

• Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos.

Allanándose a esta disposición Constitucional, el gobierno federal ha ido multiplicando anualmente el monto de presupuesto de erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, conocido como anexo 7 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para el ejercicio fiscal 2012 tal monto fue de 59,179.3 millones de pesos, este presupuesto mientras que en el año 2008 en el entonces anexo 6 se aprobó un total de 31,024.7 millones de pesos para asignar a programas dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

En 10 años el presupuesto consolidado del gobierno federal asignado a los pueblos indígenas creció siete veces, paso de 9 mil millones a 60 mil millones de pesos, del año 2006 al 2011 el gasto federal destinado a este sector aumento en un 171%.

Tan solo en Michoacán para el ejercicio fiscal 2010, se destinaron 109, 284,758.41 pesos distribuidos en programas y proyectos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas.

No obstante la multiplicación de recursos en el ámbito nacional indígena; el Estado de Michoacán, entidad que se distingue por albergar 4 pueblos, el otomí, el náhuatl, el mazahua y el purépecha, se ha mantenido en estancamiento, debido en parte a que no se ha cumplido a cabalidad con la reforma constitucional en materia indígena, y que al tener que haber aportaciones en los tres órdenes de gobierno, no se ha tenido el apoyo estatal que se requiere.

Se necesita reforzar a nivel estatal y municipal la transversalidad de los programas, de los presupuestos y sobre todo transparentar los recursos que les allegan, por ello es transcendental que desde el origen estén etiquetados los recursos, porque de esa manera se sabe cantidad y destino, que facilita su fiscalización. Y si los pueblos indígenas los conocen podrán hacerse cargo de la ejecución de proyectos de infraestructura en sus comunidades.

Apenas se instalo un sistema de captación de agua pluvial y de agua de tiempo en Chilchota, el municipio con mayor porcentaje de indígenas del Estado.

Los pueblos indígenas en Michoacán son ricos en cultura, en recursos naturales, en potenciales lugares de desarrollo turístico y cultural por su vasta historia y testimonio vigentes. Sin embargo, entre ellos y el resto de la población sigue habiendo grandes brechas en distintas materias: violencia doméstica, acceso a bienes de infraestructura, inversión en turismo, educación y salud.

En Michoacán hay tanta riqueza cultural que en su interior tiene ya cinco “pueblos mágicos” Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo del Porvenir, Santa Clara del Cobre y Angangueo. Esta “etiqueta” les ha permitido atraer turismo y multiplicar sus ingresos.

Ahora bien, si se invierte implosivamente en infraestructura urbana, como drenaje, surtir de agua limpia, carreteras de acceso, los pueblos mágicos en Michoacán se multiplicarán por cientos, no porque tengan el reconocimiento sino porque le volverán la vida y la oportunidad de convertirse en puntos de turismo para los mexicanos y para el mundo entero, movimiento que le permitió vivir de manera digna y con mucho menos desventajas que el resto de la población.

Además, es conocido por los investigadores que hay una relación directa entre infraestructura urbana-carretera y reducción de violencia.

Por lo que se reitera que la asignación directa y etiquetada desde origen, es decir desde la Cámara de Diputados, puede ser la fórmula idónea para que por una parte los pueblos y comunidades indígenas en virtud de la Constitución puedan ser sujetos de desarrollo con respeto a su identidad y por otra garantizar que la fiscalización sea ordenada, controlada y bajo un registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que le son transferidos.

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, destinen y etiqueten recursos para crear infraestructura que permita el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa”.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres Aprobado el Acuerdo relativo a la integración de comisiones. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones respectivas. Los Senadores que deseen mantener inscrita dicha proposición, deberán hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva. Los turnos se publicarán en la Gaceta.






PROPUESTAS

De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer una excepción al cierre de ventanillas por transición de gobierno para que libere y realice el depósito de 14 millones de pesos para la realización de la Licitación del Proyecto Ejecutivo de Construcción de la Presa Santa María en Sinaloa. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A HACER UNA EXCEPCION AL CIERRE DE VENTANILLAS POR TRANSICION DE GOBIERNO PARA QUE LIBERE Y REALICE EL DEPOSITO DE 14 MIL MILLONES DE PESOS PARA LA REALIZACION DE LA LICITACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LA PRESA SANTA MARIA EN SINALOA

La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 8°, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga una excepción al cierre de ventanillas por transición de gobierno para quelibere y realice el depósito de $14,000 millones de pesos para la realización de la Licitación del Proyecto Ejecutivo de Construcción de la Presa Santa María en Sinaloa al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El Estado de Sinaloa es una entidad de la República Mexicana que se distingue por la alta incidencia de actividades primarias en su quehacer económico; de ellas, la agricultura es la más distintiva y su práctica, se ha desarrollado intensamente en la zona centro y norte de la entidad. Así y desde mediados del siglo pasado, se construyeron presas y se abrieron tierras al cultivo intensivo, en los valles de los ríos Culiacán, Fuerte, Sinaloa, Évora, San Lorenzo y más recientemente, en los ríos Elota y Piaxtla; por lo tanto, el sur de la entidad había quedado rezagada en este importante rubro de la actividad económica y a consecuencia de ello, una parte importante de los habitantes de municipios como Rosario y Escuinapa, padecen de una marginalidad manifiesta, misma que constata en sus estadísticas oficiales, entidades comoel Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de tal manera que el proyecto analizado constituye un elemento de gran importancia para revertir esta situación socioeconómica regional.

Como es propio de este tipo de proyectos, la infraestructura para riego involucra conductos de agua que no solo sirven para llevar el agua hasta los terrenos agrícolas de tal manera que es común que se destinen también importantes volúmenes para el abastecimiento de agua en bloque para usos municipales, industriales y de servicios. En este caso en particular, los canales y conductos fungirán como fuente segura de agua para abastecimientos públicos de importantes comunidades enclavadas en los municipios de Rosario y Escuinapa (incluyendo las cabeceras municipales), además de garantizar el suministro de agua a importantes desarrollos turísticos como lo es el Centro Integralmente Planeado del Pacífico en Teacapán, Sin. (CIP), relevante proyecto recreativo promocionado por FONATUR, entidad del gobierno federal.

IMPACTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO

“La meta de producción agrícola propuesta es alcanzar anualmente alrededor de 876.6 miles de toneladas las cuales corresponden a: 284.0 toneladas dehortalizas, 425.3 toneladas deforrajes, 6.2 toneladas de granos y 161.2 toneladas de mango.

Dicho proyecto generara un ingreso de $1,416 millones de pesos, de los cuales deduciendo los costos de producción de $557 millones,se tendrá una ganancia neta de $859 millones de pesos, como producto de ejecución de las obras planteadas y del patrón de cultivos propuestos.

En lo que respecta a la generación de energía eléctrica se efectuarán los cálculos de los beneficios considerando la distribución de los periodos horarios del sistema Noroeste las cuales ascienden a $334.75 millones de pesos”. 1

BENEFICIOS QUE SE OTORGARIAN CON LA LICITACION DEL PRESENTE PROYECTO:

1. Agricultura productiva y diversificada: Se incorporarían nuevos cultivos, granos, hortalizas, frutales, productos con demanda especial, generando y distribuyendo mayor riqueza con equidad.

2. Ganadería sin Limitaciones: Abatiríamos en un 42% la pérdida de ganado por falta de alimento, lo que permitiría un mejor desarrollo y crecimiento en el sector ganadero de dicha Entidad.

3. Pesca: Podrán sembrarse especies acuáticas de máxima productividad y ventas.

4. Turismo: Detonara como centros turísticos a los municipios de Rosario y Escuinapa, en general al desarrollo económico de la entidad.

5. Población: Evitará las recurrentes inundaciones y sus grandes daños. Todas las expansiones demográficas en los siguientes dos siglos, con el agua, están sólidamente amparadas.

LOCALIZACION DE LA PRESA

La presa de almacenamiento Santa María se localiza sobre el Río Baluarte, aguas arriba de la estación hidrométrica Baluarte II y a 2km aguas debajo de la localidad de Santa María, su zona de riego se encuentra distribuida en la planicie costera del sur de Sinaloa en la M.I. y M.D. del Río Baluarte, en los municipios de Rosario y Escuinapa.

OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION

Aprovechar parte de los escurrimientos del Río Baluarte para irrigar una superficie del orden de 24, 250 hectáreas que no cuentan con infraestructura; debido a que en las condiciones actuales, las labores de cultivos de temporal no son favorables desde el punto de vista hidroclimatologico. Así como, el control de las avenidas, generación de energía eléctrica y suministro de 2.0 metros cúbicos por segundo de agua para uso público urbano en beneficio de localidades de los municipios de Escuinapa y Rosario, y del Centro Integralmente Planeado (CIP Teacapán).

FACTIBILIDAD LEGAL

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, es uno de los objetivos que propone el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro del eje de economía competitiva y generadora de empleos.

El cumplimiento de este y otros objetivos asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

La CONAGUA tiene el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que conforme a la legislación correspondan a dicha secretaría en materia de recursos hidráulicos, salvo aquellas que por disposiciones legales o reglamentarias se le atribuyan expresamente al titular de la dependencia, de conformidad y con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y en el Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicados en el diario oficial de la federación el 1° de diciembre de 1992; 15 de marzo de 2004 y 21 de enero de 2003, respectivamente.

EL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES en sus artículos enuncia:

ARTICULO 9.- Son atribuciones de “La Comisión”:

XIV.- Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reutilización de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de estos, con los Municipales, o con terceros.

Por lo que se le otorgan a CONAGUAfacultades para celebrar el convenio con el Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción de las obras referentes a este proyecto.

Siendo menester que se realicen acciones con el Gobierno del estado de Sinaloa y mezclemos losrecursos conforme a las disposiciones que la Ley señala respecto a la formulación de este tipo de acuerdos para la ejecución de este tipo de obras en cumplimiento dando cumplimiento a lo siguiente:

LA CONSTITUCION MEXICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

Frac. VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaria del Medio Ambiente

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

1. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia.

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas.

LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ENUNCIA:

Artículo 2o.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda pública, y por concepto de responsabilidad patrimonial, que realizan:

IV. Las secretarías de Estado y departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República

Artículo 4o.- La programación del gasto público federal se basará en las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

LA LEY DE AGUAS NACIONALES ESTABLECE:

ARTICULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la Comisión".

ARTICULO 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal:

Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos;

Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, y

Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente.

ARTICULO 15. La planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente. La formulación, implantación y evaluación de la planificación y programación hídrica comprenderá:

VII. Las estrategias y políticas para la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua y para su conservación.

IX. Los programas multianuales de inversión y operativos anuales para las inversiones y acciones que lleve a cabo "la Comisión" por sí en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley o a través de los Organismos de Cuenca, y

X. La programación hídrica respetará el uso ambiental o de conservación |ecológica, la cuota natural de renovación de las aguas, la sustentabilidad hidrológica de las cuencas hidrológicas y de ecosistemas vitales y contemplará la factibilidad de explotar las aguas del subsuelo en forma temporal o controlada.

Por lo que se debe puntualizar que los usuarios y el Organismo de Cuenca Pacifico del Norte de la CONAGUA, no existe problema legal que impida llevar a acabo dicho Proyecto, cumpliendo entonces con las disposiciones establecidas en los ordenamientos anteriores.

FACTIBILIDAD AMBIENTAL

“El Gobierno Federal, por conducto de la SEMARNAT a través de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, viene realizando estudios que muestren el panorama de factibilidad para conocer el potencial agrícola de la zona a partir de los estudios realizados, los que una vez definidos, se prosigue con los estudios, proyectos y construcción de las obras para su aprovechamiento en el desarrollo rural regional y como parte de las políticas tendientes a lograr la autosuficiencia alimentaria nacional.

La construcción de las obras del proyecto resulta de gran importancia para el desarrollo de las comunidades involucradas, mismas que han solicitado su desarrollo a las autoridades federales y estatales, a fin de integrar los recursos financieros requeridos para la construcción de las obras proyectadas.

La calidad ambiental existente (antes de la construcción de la obra) se considera bastante aceptable, pese a que como en el resto del territorio nacional, los efectos causados por la actividad humana, han modificado las características originales del entorno.

La superficie destinada a la agricultura presenta condiciones que permitirán la obtención de cosechas económicamente rentables, para el beneficio de sus propietarios”.2

AVANCES OBTENIDOS EN EL PROYECTO:

1. Se firmó Convenio de colaboración entre el Gobierno de Sinaloa y la Comisión Nacional del Agua.

2. Se instaló la mesa de trabajo con los diferentes actores que estarán involucrados en el proyecto: Gobierno del estado, Secretaría de la Reforma Agraria, SEMARNAT, Registro Agrario Nacional, Ayuntamientos de Rosario y Escuinapa, CONAGUA y CNC.

3. Se tuvo conocimiento del pliego petitorio de los comuneros de la Presa Santa María.

4. La Comisión Nacional del Agua ya cuenta con el registro en la unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el N° 0816B000219, se tienen concluidos los trabajos de pre- inversión del proyecto consistentes en:

1. Factibilidad

2. Documento de análisis de costo-beneficio

3. Dictamen del Experto

4. Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional (MIA-R) de la presa de almacenamiento con resolutivo de SEMARNAT, el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo.

5. CONAGUA, Informo que debido a la transición de Poderes en el Gobierno Federal, la SHCP cerró ventanillas para solicitar los recursos ya etiquetados con N° de Registro en la Unidad de Inversión 0816B000219 del Proyecto en General de Construcción de la Presa.

Razón principal para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública, haga una excepción al cierre de ventanillas por transición de gobierno, libere yrealice el depósito de $ 14, 000,000.00 millones de pesos para poder realizar la Licitación del Proyecto Ejecutivo, cantidad faltante que se mencionó en las mesas de trabajo entrela CONAGUA y el Gobierno del estado.

Proyecto que resultaría prometedor y beneficioso para dicha entidad, siendo un detonante positivo para la población, los sectores económico, agrícola, pesquero y ganadero.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que haga una excepción al cierre de ventanillas por la transición de gobierno, para que libere y realice el depósito de $14,000 millones de pesos para la realización de la Licitación del proyecto Ejecutivo de la Presa Santa María en el Estado de Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 9 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.






Del C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a implementar políticas públicas para la atención de las enfermedades crónicas socialmente invisibles. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA LA ATENCION DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS SOCIALMENTE INVISIBLES

“El suscrito, Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta alSecretario de Salud del Gobierno Federal a implementar políticas públicas para la atención de Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles (ECSI), al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles (ECSI), se definen como una serie de padecimientos que, aparte de ser raros, son de muy difícil diagnóstico médico, ya que los pacientes no denotan ostensiblemente ningún problema de salud ni presentan evidencia física externa que revele su existencia. Más aún, en los primeros diagnósticos médicos los pacientes muestran parámetros físicos y orgánicos de entera y absoluta normalidad, todo lo cual hace suponer falsamente que se está en presencia de un individuo sano.

Las principales características de estas enfermedades es que son de difícil diagnóstico y necesitan ser identificadas a través de un proceso de eliminación de otras posibles enfermedades que presentan una sintomatología común. Algunas de ellas adquieren mayor gravedad y sus manifestaciones se hacen más evidentes en etapas posteriores del proceso de enfermedad. El proceso de la enfermedad se da en diferentes fases o etapas, en las que los brotes y las recaídas son frecuentes. Estas enfermedades están marcadas por períodos de exacerbación y remisión de su sintomatología, sin embargo existe la amenaza constante de que el paciente pueda entrar en un estado de debilitamiento total.

Los principales síntomas de estas enfermedades son: debilidad, dolor y fatiga crónica, falla en la memoria a corto plazo, debilidad muscular, síndrome de intestino irritable, perdida de equilibrio, desórdenes del sueño, dolores de cabeza, hormigueos, desórdenes en la temperatura corporal, variación en la frecuencia cardiacay de la presión arterial,entumecimiento, temblores, dolores musculares y articulares, entre otros1.

La existencia del problema de las Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles ha sido ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien las ha categorizado como enfermedades crónicas porque se trata de padecimientos de muy larga duración, cuyo alivio no se puede predecir claramente, o probablemente nunca ocurrirá. Son enfermedades socialmente invisibles porque la mayoría de las personas no pueden entender la incapacidad física y psicológica del paciente para continuar con el cumpliendo con sus responsabilidades familiares, laborales y sociales, lo cual contribuye a un paulatino aislamiento social del enfermo, quien en forma progresiva se verá desprovisto del apoyo y la comprensión de los compañeros de trabajo, de los miembros de su familia y a veces hasta de los propios médicos, todo lo cual deriva en un importanteimpacto laboral, escolar y familiar.2

La falta de apoyo por parte de la comunidad médica crea a su vez un círculo vicioso que va desde la franca desatención del paciente, hasta la falta de diagnóstico oportuno y eficaz, con la consecuente pérdida de tiempo y el agravamiento de la enfermedad.

Por su parte, en nuestro sistema nacional de salud no existen guías diagnósticas que conduzcan al médico de primer nivel a reconocer oportunamente este tipo de enfermedades, de tal suerte que éste retendrá y dilatará innecesariamente al paciente antes de enviarlo a uno, o quizá varios médicos especialistas de segundo o tercer nivel, quienes después de múltiples y costosos exámenes de reconocimiento formularán el diagnóstico adecuado y diseñarán el plan de tratamiento que le brinde calidad de vida.

Algunos de los padecimientos más frecuentes que ya fueron identificados plenamente como Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles son la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, sin embargo es difícil conocer el nivel de incidencia de estas enfermedades entre la población mexicana ya que se carece de estudios al respecto, sin embargo nos podemos dar una idea de la magnitud del problema si atendemos la circunstancia de que prestigiados reumatólogos de varias ciudades del país coinciden en señalar que un 15% de sus pacientes presentan este tipo de padecimientos, con especial prevalencia en las mujeres en una proporción de 10 a 1 sobre los varones3.

Sin duda estamos en presencia de un probable problema de salud pública, toda vez que este tipo de enfermedades, en etapas críticas, provocan no solamente una baja considerable en la productividad laboral, sino también la saturación de los servicios de urgencias y de hospitalización, con un mayor costo sanitario para el estado y en su caso para las familias, debido a los gastos catastróficos que suelen generar, efectos que bien pudieran disminuirse a través de la formulación de políticas públicas de salud que conduzcan a un diagnóstico precoz y a un plan de manejo de la enfermedad por parte de médicos y pacientes.

Así las cosas, consideramos que la atención a los padecimientos crónicos socialmente invisibles tales como la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, debe garantizarse a través de la emisión de una Norma Oficial Mexicana NOM, que prevenga protocolos de atención para su oportuno y debido diagnóstico y tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto, es que presento a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta al Ciudadano Secretario de Salud del Gobierno Federal para que instruya al Director del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, a fin de que con el conocimiento previo deincidencia, etiología, patogenia y formas de tratamiento, se sirva emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM) en que se establezcan los protocolos de atención médica para un oportuno diagnóstico y tratamiento para las Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles de mayor prevalencia en México, tales como la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, así como los protocolos de manejo post nosocomial.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

Les informo también que las efemérides inscritas para la sesión de este día, se insertarán en el Diario de los Debates.






EFEMERIDES

De la Comisión de Protección Civil, en relación al “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”.








Del C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 195 aniversario de la muerte de Gertrudis Bocanegra, fusilada por los realistas en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán.

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS CON MOTIVO DEL 195 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE GERTRUDIS BOCANEGRA. FUSILADA POR LOS REALISTAS EN LA CIUDAD DE PATZCUARO, MICHOACAN

“Con su permiso Señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Es un honor y privilegio representar al estado que vio nacer a Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega. Heroína michoacana de la guerra de independencia que, junto con Doña Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, representa a las grandes mujeres que nos dieron patria.

Gertrudis Bocanegra nace un 11 de abril de 1765 en la Ciudad de Pátzcuaro, hija de los comerciantes españoles Javier Bocanegra y Felicia Mendoza, esposa del soldado de tropa provincial Pedro Advíncula de la Vega, y madre de cuatro hijos.

Aunque carecemos de información histórica sobre su vida, ideología y legado, sabemos que esta virtuosa y digna mujer desempeñó un papel fundamental y patriótico en la independencia de México, al servir en las ciudades de Pátzcuaro y Tacámbaro como enlace entre los insurgentes encabezados por el Generalísimo José María Morelos y Pavón con las tropas del General Manuel Muñiz, jefe de la rebelión michoacana. Labores de inteligencia que cumplió con precisión y efectividad, las cuales fueron decisivas para combatir a los ejércitos españoles de Michoacán y extender la rebelión independentista por toda la región centro sur.

Descubierta su participación con los independentistas y la red de de comunicación construida en las principales ciudades michoacanas, cae presa por los ejércitos realistas, torturada de forma brutal y finalmente fusilada en la Plaza de San Agustín en Pátzcuaro el 10 de octubre de 1817.

Compañeras y compañeros Senadores:

La historia de nuestro país no ha dado el lugar que merece a esta excepcional mujer, y mucho menos, los mexicanos reconocemos el valioso papel que desempeñó para lograr que México alcanzara la libertad. Sin duda, con las mujeres próceres tenemos una deuda de eterna gratitud, debemos ponernos de pie y rendir un homenaje de pleitesía por tan heroicos actos.

Gertrudis Bocanegra sólo representa a los centenares de mujeres que con su sangre y compromiso ofrendaron sus vidas y las de sus hijos por la libertad. Como heroína y como compañera de los patriotas que lucharon en la guerra de independencia, pero también como madre, esposa e hija, representa un símbolo de lucha y valor, una mujer que entregó su vida por México.

Sirva este pequeño homenaje a esta gran michoacana para recordar a las mujeres que sufrieron el martirio, que sacrificaron a sus familias en aras de la libertad y la independencia de nuestra patria; recordemos a todas las mujeres ilustres que fueron fusiladas, desterradas y asesinadas; aquellas que vivieron en carne propia la persecución y que con su muerte se hicieron inmortales, recordemos a las mujeres que hoy son un ejemplo de la grandeza de México.

Que el aniversario luctuoso de Gertrudis Bocanegra se convierta en un momento ideal para lograr que los senadores nos comprometamos con todas las mujeres mexicanas; nos comprometamos con el goce y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero también con el pleno ejercicio de sus garantías civiles y política.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República debe honrar el nombre de esta prócer de la patria, no solamente con discursos elegantes y buenas intenciones, sino con el compromiso de que legislaremos para superar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres; desigualdades que se reflejan en la marginación en el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a una vida laboral y productiva digna, a los cargos de elección popular y principales cargos directivos.

Garanticemos que jamás vuelvan acallarse voces de mujeres que buscan la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Hagamos una nación más libre, independiente y justa garantizando mejores oportunidades de desarrollo y una vida digna para todas las mexicanas.

Honremos el ejemplo de Gertrudis Bocanegra haciendo de México un mejor lugar para nuestras mujeres, donde reconozcamos su contribución a la democracia y a nuestras instituciones; pero también donde retribuyamos a todas aquellas mujeres sin rostro que llevan a cabo la difícil tarea de sustentar una casa, realizar amplias jornadas laborales, de sacar adela






De la C. Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del Día de la Raza



Sonido al escaño del Senador Omar Fayad. ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En el orden de ideas de lo que acaba de mencionar, para mantener inscrita la proposición con punto de Acuerdo que presenté sobre el tema de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que en todo caso fuera programada en el lugar uno de la siguiente sesión ordinaria.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomamos nota de su propuesta y pido a la Secretaría que se le dé el trámite correspondiente.

¿Para que asunto, Senador López Brito?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente en turno. También para solicitar que mi punto de Acuerdo en materia de vacuna del Virus del Papiloma Humano, sea inscrita para la próxima sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Tomamos nota de ello y queda reservado.

Senador Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias. Para los mismos efectos, que se pueda conservar mi propuesta de punto de Acuerdo para la siguiente sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Romo Medina. Tomamos nota de ello.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Para el mismo efecto, para la próxima sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Morón Orozco y Senadora Lizbeth Hernández, tomamos nota de ello para que en la próxima sesión se puedan programar.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo martes 16 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:00 horas)

Directorio

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