Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Octubre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 107 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 4 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal,a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día martes dos de octubre de dos mildoce, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintisiete de septiembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, oficio por el que informasu incorporación al grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, a partirdel 1 de octubre de 2012.- Quedó de enterado.Se comunicó a los grupos parlamentarios involucrados y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

 

Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríosde la Mora, oficio por el que informa su incorporación al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a partir del 1de octubre de 2012.- Quedó de enterado.Se comunicó a los grupos parlamentarios involucrados y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnóa las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, devuelto para los efectos de la fracción e)del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, dela Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Premios, Estímulosy Recompensas Civiles, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materiade escuelas de tiempo completo.- Se turnará alas Comisiones Unidas de Educación y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materiade Responsabilidad de las Personas Morales.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Generalde Sociedades Mercantiles; Orgánica de la Administración Pública Federal; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de Educación, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una novena moneda de plata conmemorativa del "Quinto Centenariodel Encuentro de Dos Mundos", devuelto paralos efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción d)del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, expediente del proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, devuelto paralos efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Fue considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibieron de la Secretaría deGobernación, dos oficios con los queremite solicitudes de permiso a que se refiereel artículo 37 constitucional, para aceptar yusar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Se turnará a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2012; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2012; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.- Se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Política Monetaria, correspondiente al primer semestre de 2012.- Se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se remitió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto.- Se remitirá a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Salud y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y de los Senadores Luisa Calderón Hinojosa, Francisco Búrquez Valenzuela, Francisco Domínguez Servién, Martha Elena García Gómez, Silvia Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, César Octavio Pedroza Gaitán, Mariana Gómez del Campo y Víctor Hermosillo y Celada, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y quinto del artículo 111 yel párrafo primero del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la correspondiente de Estudios Legislativos, con opinión dela Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que expide el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y a la correspondientes de Estudios Legislativos.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Se turnará alas Comisiones Unidas de Turismo y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Educación y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, remitió iniciativacon proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la correspondiente de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos la perspectiva de género.- Se turnará a la Comisión de Equidad y Género.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que la aplicación del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual para no afectar los intereses de los productores y comercializadores nacionales.- Se turnará a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante su comparecencia ante el Pleno del Senado y proporcione la lista exhaustiva de los Acuerdos interinstitucionales que ha firmado el gobierno mexicano.- Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre los daños ambientales provocados por el derrame de hidrocarburos ocasionado por el hundimiento de la monoboya 3 en Salina Cruz, Oaxaca.- Se turnará a la Comisión de Energía.

 

La Senadora Iris Vianey MendozaMendoza, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo alreconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en coordinación con las dependencias encargadas de la seguridad nacional, diseñen e impartan a los servidores públicos de dichas dependencias un programa exhaustivo de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos.- Se turnará a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes mellitus.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementar una partida presupuestal para el gasto del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes.- Se turnará a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables los resolutivos primero y tercero y se turnó a la Cámara de Diputados el segundo de éstos.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita la creación de una comisión para integrar un diagnóstico del problema de seguridad de pensionados y jubilados de los estados y por el que exhorta al titular del gobierno del estado de Tlaxcala a presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado y que el congreso local proceda a su discusión y aprobación.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo y se turnará ala Comisión de Seguridad Social el segundo de ellos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Senado de proteger, respetar, promovery garantizar los derechos humanos de los periodistas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley de Protección a Migrantes de dicho estado.- Se turnará a la Comisión de Federalismo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones dela Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Efemérides)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó efeméride en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó efeméride con relación a la masacre del 2 de octubre de 1968.- Para referirse al mismo tema, intervino el Senador Luis Sánchez Jiménez del PRD.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se designan diversas instalaciones del Senado de la República como salas para realizar sesiones, en caso de que se presenten situaciones que alteren el uso del salón de sesiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifican la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y siete minutos y citó a la siguiente el jueves cuatro de octubre a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasemos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones, por las que se informa de la instalación de diversas comisiones del Senado, llevadas a cabo el pasado martes 2 de octubre.

Del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.







 

Del Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

“Omar Fayad Meneses

SENADOR DE LA REPUBLICA
COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESIDENCIA

Senado de la República a 2 de octubre de 2012.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 127 numeral 3 del Senado de la República, me permito comunicarle que el día 2 octubre del presente año, quedó instalada formalmente la Comisión de Seguridad Pública para la LXII Legislatura, solicitándole lo haga del conocimiento del Pleno para los fines pertinentes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente”.





 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de la comisión de Administración.



Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa de la instalación de comisiones, ocurridas el día de ayer, miércoles 3 de octubre.





 

De la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Graciela Ortiz González

SENADORA DE LA REPUBLICA

México, D. F., a 3 de octubre de 2012

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por medio del presente, para los efectos del artículo 127 del Reglamento del Senado, hago de su conocimiento que el día 3 de octubre de 2012, quedó instalada la Comisión de Estudios Legislativos que funcionará durante la LXII Legislatura, de igual forma hago de su conocimiento que en dicha reunión de instalación la suscrita asumió el cargo de Presidenta de dicha Comisión.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente”.





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

México, D.F., a 3 de octubre de 2012

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle que en sesión celebrada en esta fecha, quedó formalmente instalada la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, misma que me honro en presidir

Atentamente

Sen. Gabriela Cuevas Barrón

Presidenta”.





 

Del Senador Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Protección Civil.

“Comisión de Protección Civil

México, D.F., Octubre 3 de 2012.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Para los efectos del artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, hago de su conocimiento que este día se instaló la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura del Senado de la República, de la cual recibí el encargo de asumir la Presidencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Sen. Héctor Yunes Landa

Presidente”.





 

Del Senador David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de Energía.

“Comisión de Energía

3 de octubre de 2012.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 127 numeral 3 del Reglamento del Senado y para efectos del mismo, me permito comunicarle que el día de hoy a las 13:00 horas, en las salas 1 y 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones, se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Energía del Senado de la República para la LXII Legislatura.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Sen. David Penchyna Grub

Presidente”.





 

Del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

“COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

México, D. F., a 03 de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Me permito hacerle de su alto conocimiento que este día 03 de Octubre de 2012 a las 11:30 horas, quedo debidamente instaladala Comisión de Recursos Hidráulicos en la Sala de la Junta de Coordinación Política, contando con quórum suficiente y con el debido apego al protocolo establecido en las normas de esta cámara.

Reiterándole mi importante compromiso de cumplir a cabalidad con los propósitos de esta comisión, reciba la seguridad de mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente

Sen. Aarón Irízar López

Presidente”.





 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia.

“Roberto Gil Zuarth

SENADOR DE LA REPUBLICA

Distrito Federal, a 3 de octubre de 2012.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Estimado Senador:

Con fundamento en el artículo 127, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, por este conducto le comunico que en reunión celebrada el día de hoy, quedó formalmente instalada la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores, misma que me honro en presidir, a fin de que lo haga del conocimiento del Pleno.

Agradeciendo su atención, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Sen. Roberto Gil Zuarth

Presidente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

La Mesa Directiva expresa su reconocimiento a las comisiones por la celeridad en la formalización de sus trabajos, para así poder dar inicio al estudio, análisis y dictamen de los diversos asuntos que se vienen presentando en este Pleno.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el que informa la designación del Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, como Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral por parte del grupo parlamentario del PRD.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-8-0099
Exp. 28

C.C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrad en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con lo que establece el Artículo 110, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al legislador del:

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Propietario:Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 27 de septiembre de 2012.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”,

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Armenia y Belarús.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/394/2012
México, D.F., 3 de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Armenia y Belarús.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Lic. Rubén Fernando Fernández Aceves”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2804/2012
México, D.F., 3 de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12787, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Juan José Sabines Guerrero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Lagaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Presidencia, solicito que íntegramente se inserte la iniciativa al Diario de los Debates.

Esta iniciativa también la suscriben y se adhieren el Senador Ernesto Gándara Camou, el Senador Pablo Escudero Morales y el Senador Omar Fayad Meneses.

Las deficientes condiciones de seguridad, comodidad y calidad de las carreteras federales han venido impactando negativamente nuestros niveles de competitividad como país en los últimos años, a la vez de la tranquilidad y economía de nuestras familias.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha señalado que una infraestructura carretera deficiente puede frenar en un 5% el crecimiento de la economía y dañar a la industria, al comercio, al turismo y al mercado agroalimentario en un 35%.

En México, de acuerdo a organismos internacionales, tres de cada diez kilómetros de carreteras están en condiciones no aceptables.

Aunque las cifras oficiales señalan que en los últimos seis años, la proporción de kilómetros en mal estado se redujo a dos de cada diez, de acuerdo al Reporte Global sobre Competitividad 2012, México cayó seis lugares en los seis años en cuanto a nivel de infraestructura carretera a nivel mundial.

Esto, al tiempo de contar con tarifas más caras que en Canadá y varios países de la Unión Europea.

Lo anterior impacta directamente en el precio de los bienes y productos que se transportan por el territorio nacional, así como a la economía de las familias al sumarse las altas cuotas de peaje, los costos aparejados a los accidentes, demoras y averías de los vehículos productos de carreteras en malas condiciones.

Estas carreteras promedian anualmente 425 millones de cruces y presentan ingresos superiores a los 23 mil millones de pesos anuales por conceptos de cuota de peaje.

En cuanto a la siniestralidad, las cifras oficiales indican que anualmente ocurren más de 29 mil accidentes en las carreteras federales.

De los cuales resultan más de 5 mil defunciones y 32 mil lesionados, con pérdidas materiales por arriba de los 34 mil millones de pesos.

Un estudio de 2011, del Instituto Mexicano del Transporte, identifica 10 tramos carreteros de alta peligrosidad; mismos que ya habían sido señalados en 2007, por un análisis similar.

Estos tramos son: México-Puebla; Puebla-Orizaba; Puerto México-La Carbonera; Ciudad Obregón-Hermosillo; México-Querétaro; México-Cuernavaca; Cuernavaca-Acapulco; México-Tizayuca; Tepic-Mazatlán y Querétaro-Irapuato.

Por otro lado, informes de la SCT y CAPUFE, destacan incrementos sustanciales en los índices de siniestralidad en autopistas del Pacífico, Norte y Noroeste de México, como el caso de:

La Estación Don-Nogales, en Sonora, con un 21% de incremento en accidentes.

La de Tijuana-Ensenada, con un 41%.

La de Guadalajara-Tepic, con 37%.

La de Mazatlán-Culiacán, con 59%.

Y la de Monterrey-Nuevo Laredo, con 69%.

A pesar de lo anterior, la inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación de carreteras federales, para hacerlas más seguras, se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.

México sólo invierte el 13% de los ingresos vía cuotas de peaje en mantenimiento, conservación y rehabilitación. En tanto que el gobierno federal destina, apenas, el 17% del presupuesto carretero en mantenimiento y conservación de las carreteras.

Estos datos se alejan marcadamente del parámetro fijado por la OCDE y el Banco Mundial, que indica que las naciones deben invertir cuando menos el 30% de su presupuesto carretero en mantenimiento.

Por ello, el pasado 24 de abril, esta Soberanía aprobó reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para obligar a las autoridades federales y a sus concesionarios, a destinar por ley cuando menos el 15% de los ingresos generados por concepto de peaje para el mantenimiento y reparación de las mismas, porcentaje que propongo incrementar durante los próximos seis años mediante un artículo transitorio para llegar al 30% y así ajustarnos al estándar de los países con los que competimos comercialmente.

Asimismo, propongo la atribución expresa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pueda revocar la concesión en caso de que el concesionario no cumpla con esta nueva obligación.

Y en lo que se refiere al tema de tarifas, en la presente iniciativa planteo dos situaciones: por un lado, facultar a la SCT para disminuir las cuotas de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obliga el título de concesión en tanto persista la normalidad.

Y por otro, propongo que en el proceso de autorización de ajustes a las tarifas, la SCT quede obligada a evaluar no sólo el aspecto financiero de los proyectos, sino el sobrecosto que implica para el usuario, las demoras operacionales y riesgos derivados de los índices de siniestralidad y la regularidad superficial de cada autopista.

No omito mencionar que las anteriores propuestas retoman el espíritu de un par de iniciativas recientes que por diversas circunstancias no lograron transitar. Una de ellas es la presentada por el Congreso del Estado de Sonora en 2007 ante la Cámara de Diputados la cual suscribí en mi carácter de Diputada local, y la otra, la presentada en el 2009 por el entonces Senador de mi partido Jesús Murillo Karam, misma que habiendo sido aprobada por el Senado no logró avanzar en la Cámara baja.

Muchos de los de aquí presentes, y varios de los nuevos integrantes de la Colegisladora, llevamos años luchando por mejores condiciones de seguridad, tránsito y costos en nuestras carreteras. La presente iniciativa pretende ser una aportación más a esa lucha, pues de aprobarse estaríamos contribuyendo a mejorar la competitividad de nuestro país y a fortalecer el turismo nacional e internacional, pero principalmente estaríamos protegiendo la salud, integridad y economía de nuestras familias que transitan cotidianamente por nuestros caminos y carreteras.

Estoy segura de que existen las condiciones para que este tipo de propuestas transiten en beneficio de miles de familias y empresas mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. Presidente y Secretarios

de la CAmara de Senadores

del H. Congreso General

de los Estados Unidos Mexicanos

Presentes.

La suscrita, Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los carreteras federales de nuestro país no cuentan actualmente con las condiciones de seguridad, comodidad y calidad que demandan los millones de usuarios que transitan diariamente por las mismas.

Pero más allá de la inconformidad de los transeúntes que ha sido captada por diversos estudios de opinión, podemos citar estudios de instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que confirman que entre un 30% y un 35% de la infraestructura carretera en nuestro país se encuentra en malas condiciones, requiriendo de mantenimiento mayor e incluso, en algunos tramos, de reconstrucción .

Y aunque cifras oficiales señalan que en los últimos 6 años se logró reducir de un 28% a un 21% el porcentaje de la red carretera nacional en mal estado, el Reporte Global sobre Competitividad 2011-2012, del Foro Económico Mundial, ubica a México en el lugar 55 de 142 países evaluados en cuanto a calidad de la infraestructura carretera, lo que muestra un retroceso respecto de la posición obtenida en 2006, año en el cual México ocupó el lugar 49 en cuanto a calidad carretera.

Lo anterior indica que aún cuando nuestro país mostró avances respecto de sí mismo en este rubro, retrocedió con relación a otras naciones con las que competimos comercialmente. Situación que cobra particular relevancia si consideramos que la OCDE ha definido que una infraestructura carretera deficiente puede impactar negativamente hasta en un 5% el crecimiento de una economía, llegando a dañar a la industria, el turismo, el comercio y al mercado agroalimentario hasta en un 35%.

Y esto aplica con exactitud a nuestro país, dado que el 80% de la carga nacional y casi el 90% de los pasajeros se transporta a través de carreteras, de aquí que el estado y condiciones de las señaladas rutas tengan un gran impacto en la competitividad de nuestro país, más aún cuando las cuotas que se cobran a los usuarios que transitan por autopistas de paga, llegan a ser tres veces más caras que las fijadas en la Unión Europea .

Gasto que se suma a los costos aparejados a los accidentes, demoras y averías de los vehículos generados por carreteras en malas condiciones. Todo lo cual deriva en una afectación a la economía familiar, en el caso de usuarios no comerciales, y a la economía nacional en el caso del tránsito comercial, al hacer más oneroso el transporte de mercancías y, por lo tanto, menos competitivo a nuestro país.

En adición a lo anterior, no debemos perder de vista el aspecto más sensible, relacionado con la inseguridad y mal estado que guardan los caminos, puentes y autopistas en México, que son las lesiones, discapacidades y muertes a consecuencia de accidentes carreteros.

De acuerdo a la OCDE, aproximadamente 125 mil personas mueren cada año en las carreteras de las economías que integran esta Organización, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 6 de cada 10 muertes en autopistas ocurren en sólo una docena de países, entre los cuales se encuentra México.

Asimismo, los accidentes carreteros se encuentran entre los principales motivos de ingreso a las áreas de urgencia de centros hospitalarios, lo que sumado a los daños materiales y los perjuicios directos e indirectos para los accidentados, llegan a representar pérdidas o gastos equivalentes al 4% del PIB de los países que integran la OCDE .

En México, las carreteras federales suman más de 3,800 kilómetros de longitud, de los cuales 77 kilómetros corresponden a la red operada directamente por el organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), y 3,733.2 kilómetros a autopistas contratadas (3,425.4kms. de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura y 307.8kms. de autopistas concesionadas).

Según información oficial, estas carreteras promedian anualmente 425 millones de cruces, es decir, cerca de 1.2 millones diarios. Y de manera particular, las autopistas de cuota, presentan ingresos superiores a los 23 mil millones de pesos anuales por concepto de cuotas de peaje.

Respecto de la seguridad carretera, las cifras oficiales indican que anualmente ocurren más de 29 mil accidentes en las carreteras federales, concentrándose la mayoría de ellos en los periodos vacacionales de diciembre, semana santa y días patrios.

Estos siniestros traen como consecuencia un aproximado de 5 mil defunciones y 32 mil lesionados, además de pérdidas materiales superiores a 34 mil millones de pesos.

Un estudio reciente del Instituto Mexicano del Transporte, identifica 10 tramos carreteros de alta peligrosidad, mismos que ya habían sido señalados en 2007 por un estudio hecho por el Sistema de Información sobre Accidentes Vehiculares (SIAV), realizado por la Compañía Global Mind. Estos tramos son:

1. México –Puebla

2. Puebla – Orizaba

3. Matehuala – Saltillo, tramo Puerto México – La Carbonera

4. Ciudad Obregón – Hermosillo

5. México – Querétaro

6. México – Cuernavaca

7. Cuernavaca – Acapulco

8. México – Tizayuca

9. Tepic – Mazatlán

10. Querétaro – Irapuato

Por otro lado, informes de SCT y CAPUFE sobre accidentes en la red federal, han destacado incrementos en los índices de siniestralidad en las autopistas operadas por el Fondo Nacional de Infraestructura de las regiones Pacífico, Norte y Noroeste de México, conforme lo siguiente:

Carretera / Tramo

Incremento en el índice de siniestralidad

Estación Don-Nogales (Sonora)

20.93%

Tijuana-Ensenada (Baja California)

40.88%

Guadalajara-Tepic (Jalisco y Nayarit)

36.85%

Mazatlán-Culiacán (Sinaloa)

59.38%

Monterrey-Nuevo Laredo (N.L. / Tamaulipas)

69.10%

Reynosa-Matamoros (Tamaulipas)

44.83%

Y aunque el Gobierno Federal se ha enfocado a promover importantes acciones en materia de seguridad vial, su enfoque se ha concentrado en la prevención desde el punto de vista del conductor, lo cual no obstante ser acertado por ser responsabilidad de los conductores 3 de cada 4 accidentes, ha dejado en un lejano segundo término a la otra gran causa de los percances automovilísticos en rúas federales, que es las malas condiciones de la infraestructura carretera.

En este sentido, destaca una reducida inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación de carreteras federales. Datos oficiales, muestran asignaciones en el 2011 por 293 millones de pesos en mantenimiento de la red propia de CAPUFE y 3 mil 034 millones de pesos en la red del FNI. Ahora bien, si tomamos en cuenta que los ingresos por cuotas de peaje durante los últimos tres años promedian 23 mil millones de pesos, tenemos sólo se invierte en mantenimiento, conservación y rehabilitación, el 13% de los ingresos obtenidos vía cuotas de peaje.

Por otro lado, de la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación de los últimos cinco ejercicios fiscales (2007-2012), se observa que del total del presupuesto federal para infraestructura carretera, sólo un 20% se destina a conservación y mantenimiento de la red.

De manera particular, en el 2011, de un presupuesto de 54 mil millones de pesos, se ejercieron 9 mil 300 millones para conservación y mantenimiento.Esto significa que nuestro país invierte sólo un 17% de su presupuesto carretero en mantenimiento y conservación de tal infraestructura, lo cual se aleja marcadamente del parámetro fijado por la OCDE y el Banco Mundial, que indica que las naciones deben invertir cuando menos el 30% de su presupuesto carretero en mantenimiento, conservación y rehabilitación de dicha infraestructura.

Por ello, la OCDE ha sugerido a México, aumentar la inversión en estos rubros, a la vez de mejorar la calidad de los materiales utilizados para disminuir el gasto en mantenimiento mayor y enfocar mayores recursos a labores de mantenimiento menor que incrementan la vida útil de una carretera.

Esto es así - explican los estudios -, dado que al disminuir la calidad de las carreteras mexicanas, el costo de mantenerlas en buen estado se ha incrementado drásticamente. Hoy, la mala calidad de los materiales y la deficiente planeación en cuanto al aforo vehicular, el trazo de las rutas y el peso de los cargamentos, han generado que el costo de mantenimiento ascienda a 5 millones de pesos por kilómetro, cuando hace dos décadas el costo promediaba los 250 mil pesos, a precios actuales.

En atención a lo anterior, la OCDE ha exhortado a nuestro país a que duplique su gasto en construcción y mantenimiento de carreteras para mejorar la calidad de las mismas, fijando porcentajes específicos para estas tareas, evitando con ello las variaciones presupuestales de un año a otro.

Por ello, el pasado 24 de abril, esta Soberanía aprobó reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para obligar a las autoridades federales y a sus concesionarios, a destinar por Ley cuando menos el 15% de los ingresos generados por concepto de peaje, en cada carretera o autopista, para el mantenimiento, reparación y conservación de las mismas, porcentaje que proponemos incrementar al 30% en forma paulatina para ajustarnos a estándar de los países con los que competimos comercialmente, a la vez de generar un compromiso real en los concesionarios con el mejoramiento de la calidad de las carreteras por ellos operadas.

Lo anterior es así, dado que el porcentaje de inversión destinado a mantenimiento, reparación y conservación ha oscilado entre el 13% y el 15% en los últimos años, por lo que aún cumpliendo con la nueva normativa, no se vería una mejora sustancial en la calidad de las autopistas de paga.

Por otro lado, la reforma aprobada dejó fuera un aspecto importante para hacer efectivo el nuevo requerimiento. Se trata de facultar expresamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para revocar la concesión en el caso de que el concesionario no cumpla con los porcentajes de inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación mínimos previstos en la Ley.

Esto, debido a que si bien los artículos 5o,6o, 15y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, facultan a la SCT a concesionar a terceros la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de una carretera federal, ello no la releva de su obligación de garantizar que los concesionarios respeten las condiciones de conservación y operación de la vía concesionada.

Sin embargo, al no establecerse en la propia Ley un criterio objetivo para el cálculo de los montos para el mantenimiento y conservación de las vías concesionadas, tanto la autoridad como el concesionario cuentan con un amplio margen de discrecionalidad lo que deriva en variaciones sustanciales en la calidad y seguridad de las distintas autopistas.

Un ejemplo claro de lo anterior, ocurre en la carretera federal de mayor longitud del país, la cual recorre 459 kilómetros de Sur a Norte el Estado de Sonora (Estación Don - Nogales). En esta vía, la inversión en mantenimiento con relación a los ingresos por peaje, ha sufrido drásticas variaciones en los últimos años llegando a un máximo de 37% y a un mínimo reciente de 12%, según revela un estudio realizado por la suscrita en mi anterior responsabilidad como diputada local, el cual derivó en una iniciativa que envió el Congreso del Estado de Sonora a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en julio de 2007, para estandarizar por ley el porcentaje de inversión señalado en 30% .

Por tal motivo, la presente propuesta plantea retomar la reforma aprobada por esta Soberanía en abril del 2012 (adición de un artículo 32 bis. a la LFCPAF), para que el porcentaje mínimo de inversión en mantenimiento, conservación y rehabilitación, que deben destinar los concesionarios de autopistas federales llegue en los próximos 6 años a un 30% de los ingresos obtenidos por cuotas, tarifas y demás conceptos relacionados, ponderado en un periodo de dos años, por cada carretera que integre la red nacional.

Esto mediante la inclusión de un artículo transitorio en el que se establecerán incrementos de 5 puntos porcentuales, comenzando en 20%. De esta forma, durante los primeros dos años siguientes a la entrada en vigor de la reforma propuesta, el porcentaje mínimo de inversión será de 20%, del año 2 al 4, el porcentaje será de 25%, y del año 4 al 6, el porcentaje será de 30%.

De igual forma, se propone establecer expresamente como causal de revocación de la concesión, en el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el incumplimiento por parte de los concesionarios de destinar los porcentajes señalados al mantenimiento de las ruta concesionadas, distinguiendo esta causal del otras que requieren la reiteración de la conducta para dar lugar a la revocación de la concesión.

Por otro lado, se encuentra el tema de las cuotas de peaje, mismas que han presentado incrementos sin que exista una justificación pública, objetiva y razonable al respecto. En los últimos años se han autorizado incrementos que van de los 2 a los 5 pesos en las diversas casetas, lo que ha generado el descontento de automovilistas, transportistas y organismos empresariales.

Estos aumentos, ponen a México muy por encima de los países de la Unión Europea en cuanto a cobro de cuotas de peaje. Y, en este sentido, nuestras carreteras no sólo operan en malas condiciones, sino que lo hacen a costos muy elevados que no corresponden a la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Por ese motivo, durante la pasada Legislatura, senadores de mi partido presentaron reforma diversa a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para otorgarle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión.

Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno del Senado en octubre del 2009 y pasó en carácter de Minuta a la Cámara de Diputados, desechando la Revisora la señalada Minuta en septiembre de 2011, a propuesta de la Comisión de Transportes con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Este desechamiento dejó en estado de indefensión a los millones de usuarios de carreteras federales de cuota, pues como lo indicó en su momento el entonces Senador proponente, tanto CAPUFE como los concesionarios de vías generales de comunicación, incumplen frecuentemente con los su obligación de mantener seguras, cómodas y rápidas las carreteras bajo su responsabilidad.

Incumplimiento que se presenta, de acuerdo a la iniciativa referida, cuando en lugar de doble carril sólo habilitan uno debido a obras de mantenimiento o reparaciones, o bien, cuando el número de casetas de cobro en operación son insuficientes, provocando largas filas, pérdida de tiempo y daños económicos de consideración a los automovilistas, pasajeros y transportistas de carga.

A esto, hay que agregar las consecuencias económicas de los accidentes, lesiones, muertes y averías en los vehículos de tránsito, ocasionadas en lo que corresponde por el mal estado de las carreteras.

Es por lo anterior que, retomando el espíritu de la reforma del legislador Murillo Káram, me permito proponer la adición de un par de párrafos al artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar la disminución temporal ,del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez, debiendo regresar a la tarifa original, tan pronto sereestablezca la calidad del tramo.

Esta nueva facultad de la SCT se basará en criterios objetivos que ya han sido analizados por instituciones especializadas, como los índices de siniestralidad, los niveles de demora y la regularidad superficial.

De manera particular, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), un órgano desconcentrado de la propia SCT enfocado a la investigación aplicada, propuso en fecha reciente la adopción de una metodología para el ajuste por calidad en las tarifas de carreteras de cuota.

El principio en el que se basa el ajuste, de acuerdo al IMT, es el de reducirle al usuario en el peaje, el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una rúa con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo del estándar.

Este estudio, que data del 2006, pero cuyas conclusiones se mantienen vigentes a la fecha, aplicó la metodología propuesta al caso de la autopista México – Querétaro, resultando que en el momento de la revisión, la tarifa debió haber sido un 41.3% menor por el impacto de las demoras y el riesgo que representaban las condiciones de la autopista.

De aplicarse esta metodología a carreteras de alta peligrosidad como las señaladas en la presente iniciativa, en conjunto con la facultad de la SCT para disminuir o exentar temporalmente las tarifas en carreteras en malas condiciones, tendríamos un sólido incentivo para que los concesionarios mantengan en óptimas condiciones las autopistas, con lo que mejoraría la competitividad de nuestras regiones y se fortalecería el turismo nacional e internacional, a la vez de proteger la integridad física de nuestras familias que transitan cotidianamente por nuestros caminos y carreteras

Por tal motivo es que se propone igualmente modificar el artículo 5º, en su fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de que para la autorización de ajustes a las cuotas de peaje en las autopistas concesionadas, la Secretaría esté obligada a valorar el sobre costo que resulta al usuario de las demoras operacionales y los riesgos derivados de los índices de siniestralidad y rugosidad superficial de la vía, según los estándares de calidad que fije la autoridad competente.

Lo anterior, a efecto de equilibrar los criterios de utilidad del concesionario con los criterios de calidad en el servicio que esperan los usuarios.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

UNICO.- Se adicionan un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5º, recorriéndose el párrafo segundo actual para quedar como tercero, un artículo 32 Bis., y un segundo y tercer párrafos al artículo 70, recorriéndose los párrafos segundo y tercero actuales para quedar como Cuarto y Quinto y se reforma la fracción XIII del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como siguen:

Artículo 5o.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I a VII.- …

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Para la autorización de ajustes a las cuotas de peaje, la Secretaría valorará, en todo caso, el sobre costo que resulta a los usuarios de las demoras operacionales y los riesgos derivados de los índices de siniestralidad y rugosidad superficial de la vía, según los estándares de calidad que fije la autoridad competente.

IX.- …

Artículo 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I al XII.- …

XIII.- Incumplir con la obligación establecida en el artículo 32 bis o reiteradamente cualquiera de las otras obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y

XIV.- …

Artículo 32 bis.-Tratándose de caminos, carreteras o autopistas por cuyo tránsito se cobre cuota, tarifa o que bajo cualquier concepto implique pago alguno por parte de los usuarios de dichas vías generales de comunicación, que sean operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos o por concesionarios, deberán destinar para el mantenimiento, reparación y conservación de las mismas, cuando menos un monto anual equivalente al 30% de los ingresos generados por cuotas, tarifas y demás conceptos mencionados, que será ponderado en un periodo de dos años.

En caso de que la Secretaría autorice disminuciones a las cuotas o tarifas de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de las vías, el monto anual especificado en el párrafo anterior para el mantenimiento, reparación y conservación de las mismas deberá calcularse con base en la cuota o tarifa original y deberá ponderarse también en un periodo de dos años.

Art. 70.- …

La Secretaría, ordenará la disminución del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía, medida que deberá levantarse una vez que se restablezca la calidad de la vía.

Para la determinación de la reducción a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría valorará, el sobre costo que resulta a los usuarios de las demoras operacionales y de los riesgos derivados de los índices de siniestralidad y rugosidad superficial de la vía, según los estándares de calidad que fije la autoridad competente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 32 bis, durante los ejercicios 2013 y 2014, el porcentaje a que se refiere el artículo será de 20%; para los ejercicios 2015 y 2016 será de 25%, y para los ejercicios 2017 y 2018 será de 30%.

TERCERO.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, elaborarán los estándares de calidad a que se refieren los artículos 5º, fracción VIII, segundo párrafo, y 70, tercer párrafo, y los publicarán dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como el organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, realizarán las adecuaciones reglamentarias y administrativas respectivamente, que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, en un plazo que no excederá de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo.

QUINTO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará facultada para realizar las adecuaciones que resulten necesarias en los títulos de concesión otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo.

SEXTO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hará las previsiones necesarias para garantizar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, se contemplen recursos suficientes dentro del Presupuesto asignado a Infraestructura Carretera, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 04 de octubre de 2012.

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Pavlovich Arellano.

¿Sí, Senadora Pineda Gochi?

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para sumarme a la iniciativa de la Senadora.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito levanten la mano aquellos Senadores que quieran sumarse a la iniciativa de la Senadora Pavlovich Arellano. Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 3o., SE DEROGA LA FRACCION IV, SE MODIFICA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los CC. Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Los suscritos Raúl Morón Orozco, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Angel Benjamín Robles Montoya y también el compañero Senador Armando Ríos Piter, en nuestro carácter de Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el primer párrafo del artículo 3o., se deroga la fracción IV, se modifica la fracción V y se adiciona un segundo párrafo de la fracción VII del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Frente a los resultados obtenidos en el último informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario poner sobre la mesa, el análisis y la discusión de los nuevos paradigmas que exige el proyecto educativo nacional y sobre todo, los nuevos retos del país, frente al modelo y política educativa actual.

Compartimos el compromiso, la vocación y el interés por aportar nuevos elementos de discusión al tema educativo, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política, y que se convierte al mismo tiempo, en un vaso comunicante de la vida nacional.

Hoy sabemos, sin embargo, por las distintas crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años, que el modelo educativo que ha estado vigente durante la mayor parte del siglo XX y hasta nuestros días se ha agotado, porque no ha sido posible ofrecer a todos los mexicanos igualdad en las oportunidades de acceso a los distintos niveles educativos, particularmente en los niveles de educación superior; quienes se han incorporado son básicamente los sectores medios y altos de la sociedad, lo que ha agudizado la estratificación social, la pobreza económica, la falta de desarrollo, la pobreza cultural y las escasas oportunidades de capacitación y empleo, particularmente en comunidades marginadas y con pobreza multidimensional extrema.

Ante ello, hoy es necesario convertir la utopía en reto y el reto es educar bien a todos mediante una educación universal y democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad, con una identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, de su deber histórico y su ser nacional; personas activas, en un país libre y de libertades, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático; mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional y con el desarrollo social y económico del país, convencidos de que la educación es el único medio para lograrlo.

Educación, democracia, gratuidad y universalidad, resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación en el país estamos obligados a impulsar. Sin una educación para todos, donde el Estado garantice no sólo la cobertura total del servicio en todos sus tipos y modalidades, sino también su gratuidad, los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados limitados y, sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma don Pablo González Casanova, cito: “el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello hasta su triunfo constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia como especie, dentro de un mundo menos inseguro y menos injusto”.

Democratizar la educación significa, entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población, al generalizar la atención de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades, pero además representa una obligación para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen, mediante la impartición de una educación pública y gratuita desde el nivel preescolar hasta el postgrado.

El nuevo paradigma de la educación democrática, obligatoria y gratuita, debe, además, propiciar, entre las nuevas generaciones, la formación de una conciencia crítica respecto al sistema jurídico, social, económico y político del país

Dentro de este contexto de educación democrática, se ubica el principio de la gratuidad de la educación, no sólo como un medio, sino como un fin en sí mismo para lograr la aspiración suprema de acercar al pueblo de México por parte del Estado, mejores instrumentos de desarrollo humano y social.

La gratuidad de la educación pública en general, ha sido un tema recurrente durante los últimos 100 años de la historia nacional, ha sido una demanda constante de los mexicanos.

Desde las reformas al artículo 3o. de 1946 y las sucesivas de 1980, 1992 y 1993, donde quedó constitucionalmente reconocido que toda educación que el Estado imparta de forma obligatoria será gratuita, dejando fuera, sin embargo, a los niveles de educación superior sobre los cuales únicamente se estableció la obligación del Estado de atenderlos y promoverlos en todos sus tipos y modalidades.

Actualmente, la tendencia mundial y sobre todo latinoamericana al reconocimiento de este derecho humano y universal a la gratuidad de la educación media superior y superior ha obligado a los gobiernos mexicanos, federal y locales, a promover la ampliación del derecho constitucional de la educación gratuita a los niveles superiores, así ha quedado reconocido con las recientes reformas de la educación media superior aprobadas por el Congreso de la Unión en la que se estableció el carácter obligatorio y, por ende, gratuito, de este nivel educativo en todo el país y que dio sustento legal y político a otras iniciativas de reforma constitucional promovidas por diversos estados de la República, como fue el caso de Michoacán, que aprobó la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior, a partir del año 2011.

Ese es el mismo destino que deseamos para la educación superior en nuestro país, pues no se trata de una propuesta irracional o caprichosa de los legisladores del PRD, sino de hacer efectivo un derecho universal y humano que ha sido reconocido como prioritario por el propio artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el artículo 13, fracción I y II del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador, en su artículo 13, apartado 3, inciso c.

Es evidente que en esos instrumentos jurídicos internacionales, la tendencia clara es a la implantación progresiva de la gratuidad en todos sus niveles, instrumentos que han sido reasumidos recientemente por la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI en 1999, la cual a su vez fue adoptada por la ANUIES en su documento “La Educación Superior de México en el Siglo XXI”.

Ahora bien, si atendemos a la justificación de la gratuidad de la educación superior, en razón de la función social que ésta tiene para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, tendríamos necesariamente que señalar que el reconocimiento de este derecho constitucional busca lograr el progreso nacional disminuyendo las desigualdades sociales mediante una equidad referida a la igualdad de oportunidades y a la reducción de diferencias, incluidas medidas compensatorias como los apoyos y subsidios educativos por parte del Estado, para garantizar que todos tengan el mismo derecho y oportunidad de contribuir al desarrollo del país, a partir de una formación profesional recibida en instituciones educativas de nivel superior gratuitas.

Atendiendo la educación superior desde la justificación de su función formativa, debemos de apreciar que ésta es un bien social de otras características: es cultural, es humanista, es liberadora, es de carácter cognoscitivo, es analítica, es de impulso al desarrollo, y sobre todo es un vínculo al pacto social y a la trayectoria histórica y nacionalista de los mexicanos. Por eso su exigibilidad como derecho es irrenunciable y su financiamiento para el Estado resulta obligatorio.

Finalmente, si atendiéramos al criterio de financiamiento de la educación superior, tampoco resulta un impedimento para implementar su gratuidad el hecho de que la Federación tenga que aportar los recursos necesarios para ello, cuando se destinan para “otros acuerdos, bienes y servicios” del Estado de menor jerarquía, cantidades superiores.

Es necesario enfatizar que el acceso gratuito a la educación superior representa para miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas indígenas, rurales y urbanas de nuestro país, la única oportunidad de poder acceder a un nivel de vida decoroso, distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y, sobre todo, representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el modelo económico neoliberal.

La función social de la educación superior, así entendida, se convierte entonces en la columna vertebral de todo el desarrollo nacional. Se traduce en la única posibilidad real de no fomentar generaciones proclives a la actividad delictiva y, por consiguiente, menos vulnerable a la inseguridad social, a la necesidad de migrar.

Educar a las nuevas generaciones en cimentar bases sólidas para el desarrollo social, sólo la educación puede vencer la ignorancia que prohíja la injusticia, sólo la igualdad de oportunidades para acceder a ella, puede fomentar la equidad social y sólo el conocimiento crítico, objetivo, humanista y científico puede contribuir al cambio progresivo de un modelo económico y político que retome el estado de bienestar, al estado socialmente responsable que reivindique la condición humana como una premisa de los gobiernos humanistas y de los sistemas abiertos incluyentes que hacen posible el ejercicio pleno de mayores derechos sociales de primer orden.

“La educación, como dice Paulo Freire, no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar al mundo”.

Invertir en la educación representa, sin duda, invertir en un país con menos contradicciones y dificultades sociales para las futuras generaciones. Es invertir en la construcción del país que todos queremos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, en su caso, la presente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforma el primer párrafo del artículo 3o. se deroga la fracción IV, se modifica la fracción V y se adiciona un segundo párrafo de la fracción VII del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se hace entrega del documento íntegro a esta Mesa Directiva para el trámite legislativo correspondiente.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República.

Los suscritos, RAUL MORON OROZCO, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, en nuestro carácter de Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 3º, SE DEROGA LA FRACCION IV, SE MODIFICA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL CITADO ARTICULO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Frente a los resultados obtenidos en el último informe de gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario poner sobre la mesa, el análisis y la discusión de los nuevos paradigmas que exige el proyecto educativo nacional y sobre todo, los nuevos retos del País, frente al modelo y política educativa actual.

Compartimos el compromiso, la vocación y el interés por aportar nuevos elementos de discusión al tema educativo, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política, y que se convierte al mismo tiempo, en un vaso comunicante de la vida nacional.

El texto del artículo 3º constitucional, está inspirado justamente en esta condición, cuando considera que la educación democrática se convierte no sólo en una estructura jurídica y en un régimen político, sino en un sistema de vida, que genera identidad cultural, social y nacionalista, entre los distintos sectores de la población y que por lo tanto debe ser considerado como un derecho social universal.

Así el proyecto democratizador de inicios del siglo XX buscó vincular a la comunidad en una tarea de reconstrucción social, a través de la educación impartida en la escuela rural mexicana y a partir de 1940, el proyecto educativo nacional buscó a través de la escolarización combatir las desigualdades sociales, desarrollar nuestra autonomía científica y lograr una intensa vida democrática.

Pero hoy sabemos, sin embargo, por las distintas crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años, que ese modelo educativo que estuvo vigente durante la mayor parte del siglo XX y que sigue vigente hasta nuestros días, fracasó, porque no ha sido posible ofrecer a todos los mexicanos, igualdad en las oportunidades de acceso a los distintos niveles educativos, particularmente en los niveles de educación superior; quienes se han incorporado son básicamente los sectores medios y altos de la sociedad, lo que ha agudizado la estratificación social, la pobreza económica, la falta de desarrollo, la pobreza cultural y las escasas oportunidades de capacitación y empleo, particularmente en comunidades marginadas y con pobreza multidimensional extrema.

Es un modelo educativo limitado, basado en la homogeneización y centralización del sistema, en la imposición de las políticas educativas, en la desvinculación de la sociedad civil de los valores sociales y de los ejercicios democráticos de la toma de decisiones relacionadas con el sector educativo, y sobre todo, en la adopción de una neutralidad educativa de tipo positivista.

Ante ello, hoy es necesario convertir la utopía en reto y el reto es educar bien a todos mediante una educación universal y democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad, con una identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, su historia y su ser nacional; personas activas, en un País libre y de libertades, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático; mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional y con el desarrollo social y económico del país, convencidos de que la Educación es el único medio para lograrlo.

Educación, democracia, gratuidad y universalidad, resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación en el País estamos obligados a impulsar. Sin una educación para todos, donde el Estado garantice no sólo la cobertura total del servicio en todos sus tipos y modalidades, sino también su gratuidad, los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados limitados, y, sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma Don Pablo González Casanova, “el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello hasta su triunfo constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia como especie, dentro de un mundo menos inseguro y menos injusto”.

Democratizar la educación significa, entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población, al generalizar la atención de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades, pero además representa una obligación para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen, mediante la impartición de una educación pública y gratuita desde el nivel preescolar hasta el postgrado.

Democratizar la educación significa, como hoy se plantea por diversos legisladores de izquierda, con quienes somos coincidentes en este objetivo de elevar a rango constitucional el principio de la educación pública, obligatoria y gratuita, modificar un modelo educativo cerrado y excluyente, por uno que hoy garantice apertura, inclusión y participación de la sociedad, en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades, desarrollo científico y tecnológico a partir de una población con mayores niveles de escolaridad y capital cultural.

Para que el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de educación pública, sea en su totalidad responsabilidad de los gobiernos, suprimiendo los sistemas de solicitud de cuotas y aportaciones voluntarias de los padres de familia para ello; para que la Secretaría de Educación Pública elabore el proyecto educativo nacional, a partir del consenso y participación de todos los sujetos del sistema educativo y no a partir de las consideraciones de las áreas administrativas y académicas de la dependencia; para que la apertura y oferta educativa de las escuelas públicas de calidad hasta el nivel superior, siga siendo obligación del Estado, con base en las necesidades educativas y la demanda social, sin importar la afinidad política, expresión sindical o convicción ideológica, de los beneficiarios.

En este sentido, será necesario trabajar también en un modelo de educación democrática incluyente, universal y con gratuidad plena, que sea, entre otras cosas, pluricultural y pluriétnica, editando para ello todos los libros que son requeridos hasta el nivel superior y produciendo todos los materiales didácticos, con contenidos regionales, estatales y nacionales necesarios a los procesos educativos, en las diferentes lenguas regionales y en español de manera gratuita, promoviendo además el establecimiento de bibliotecas públicas en todas las comunidades del país, con la infraestructura y los equipos más avanzados.

El nuevo paradigma de la educación democrática, obligatoria y gratuita, debe, además, propiciar sobre todo entre las nuevas generaciones, la formación de una conciencia crítica respecto al sistema jurídico, social, económico y político del país, que promueva la productividad como un medio para proveer con abundancia creciente el sustento material de la sociedad, acortando las diferencias entre unos mexicanos y otros generadas por la desigualdad económica y social, y fundamentalmente, asegurar que la educación siga siendo un instrumento emancipatorio para asegurar el desarrollo humanista y social justo al que todos aspiramos.

Dentro de este contexto de educación democrática, se ubica el principio de la gratuidad de la educación, no sólo como un medio, sino como un fin en sí mismo para lograr la aspiración suprema de acercar al pueblo de México por parte del Estado, mejores instrumentos de desarrollo humano y social.

La gratuidad de la educación pública en general, ha sido un tema recurrente durante los últimos 100 años de la historia nacional, ha sido una demanda constante de los mexicanos, y hoy que seguimos festejando el primer centenario de la Revolución Mexicana, mucho nos honraría a los mexicanos poder contribuir a que este derecho universal pueda ser reconocido constitucionalmente, para los niveles de educación superior.

Vale la pena recordar que la primera política educativa que estableció la gratuidad de la educación pública, se dio precisamente en la Constitución de 1917, como una conquista de la lucha revolucionaria de 1910 al establecer en el artículo 3º que “en los establecimientos oficiales se impartiría gratuitamente la educación primaria”, política que se extendió en la reforma de 1934 para la educación secundaria y estableciendo por primera vez el principio de la obligatoriedad para la educación primaria.

Vale también recordar que a partir de las reformas al artículo 3º de 1946 y en las sucesivas de 1980, 1992 y 1993, ha quedado constitucionalmente reconocido que toda educación que el Estado imparta de forma obligatoria será gratuita, dejando fuera a los niveles de educación superior sobre los cuales únicamente se estableció la obligación del Estado para atenderlos y promoverlos en todos sus tipos y modalidades.

Sin embargo, la tendencia mundial y sobre todo latinoamericana al reconocimiento de este derecho humano y universal a la gratuidad de la educación media superior y superior ha obligado a los gobiernos mexicanos (federal y locales), a promover la ampliación del derecho constitucional de la educación gratuita a los niveles superiores, así ha quedado reconocido con las recientes reformas de la Educación Media Superior aprobadas por el Congreso de la Unión en la que se estableció el carácter obligatorio y por ende gratuito, de este nivel educativo en todo el país y que dio sustento legal y político a otras iniciativas de reforma constitucional promovidas por diversos estados de la República, como fue el caso de Michoacán, que aprobó la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior, a partir del año 2011.

Sin embargo, a pesar de estos argumentos históricos y jurídicos, el día de hoy existen voces que critican la medida de elevar a rango constitucional el derecho que tenemos los mexicanos a gozar de una educación superior gratuita y obligatoria, por considerar que su financiamiento sería costoso y su atención y cobertura una fuerte carga para el Estado mexicano.

Si todos pensáramos de esa forma, jamás hubiéramos concebido a principios del siglo XX que la educación que hoy reciben nuestros hijos en el nivel básico, sería un derecho de todos, que garantiza el acceso al mundo del conocimiento y de una sociedad con mayores oportunidades, al menos más informada.

Jamás hubiéramos imaginado que gracias a la obligatoriedad y gratuidad establecida en la Constitución hasta la educación secundaria, después de la reforma de 1934 y hasta nuestros días, la escolaridad promedio pasara en más de 75 años de uno a más de 6 grados promedio, que el índice de analfabetismo se redujera en el mismo periodo del 70% en 1934 al 11% en la actualidad en el nivel nacional y que uno de cada tres mexicanos tuviera acceso a la escuela, que dos de cada tres niños en edad preescolar tuvieran acceso a la enseñanza, que la atención de la demanda de educación en la actualidad, sería cercana al 90%, que cuatro de cada cinco egresados de primaria, pudieran continuar estudiando la secundaria y que la matrícula pasaría en 75 años de 850 mil estudiantes a más de 33 millones en la actualidad, en un proceso gradual, que efectivamente no se logró en pocos años, pero que tampoco hubiera sido posible, si los temores y obscuros intereses de algunos grupos de la sociedad se hubieran sobrepuesto a la visión democrática y futurista de aquellos históricos apóstoles de la educación.

Ese es el mismo destino que deseamos para la educación superior de nuestro país, pues no se trata de una propuesta irracional o caprichosa de los legisladores de izquierda en el Congreso de la Unión, ni de los Senadores del PRD, sino de hacer efectivo un derecho universal y humano que ha sido reconocido como prioritario, por el propio artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el artículo 13, fracción I y II del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador, en su artículo 13, apartado 3, inciso c.

Es evidente que en esos instrumentos jurídicos internacionales, la tendencia clara es a la implantación progresiva de la gratuidad en todos sus niveles, instrumentos que han sido reasumidos recientemente por la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI en 1999, la cual a su vez fue adoptada por la ANUIES en su documento “La Educación Superior de México en el Siglo XXI” .

Esta política educativa para implantar la gratuidad en la educación media superior y superior, sin embargo, no ha sido propia y exclusiva de nuestro país, en Latinoamérica por ejemplo son ya varios los países que han reconocido constitucionalmente este derecho a la gratuidad de la educación hasta el nivel superior, así lo han establecido además de Cuba, Costa Rica en su artículo 78, Honduras en su artículo 171, Guyana en su artículo 27, República Dominicana en su artículo 16, Colombia en su artículo 69, Ecuador en sus artículos 40 y 41, Perú en su artículo 17 y Venezuela en su artículo 78, además de otros país de Europa como es el que caso de Italia que ha establecido este derecho a la gratuidad de la educación media superior y superior en su artículo 34 Constitucional.

Ahora bien, si atendiéramos a la justificación de la gratuidad de la educación y superior, en razón de la función social que ésta tiene para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del País, tendríamos necesariamente que señalar que el reconocimiento de este derecho constitucional busca lograr el progreso nacional disminuyendo las desigualdades sociales mediante una equidad referida a la igualdad de oportunidades y a la reducción de diferencias, incluidas medidas compensatorias como los apoyos y subsidios educativos por parte del Estado, para garantizar que todos tengan el mismo derecho y oportunidad de contribuir al desarrollo del país, a partir de una formación profesional recibida en instituciones educativas de nivel superior gratuitas.

Atendiendo la educación superior desde la justificación de su función formativa, debemos de apreciar que ésta es un bien de otras características: es cultural, es humanista, es liberadora, es de carácter cognoscitivo, es analítica, es de impulso al desarrollo, y sobre todo es un bien vinculado al pacto social y a la trayectoria histórica y nacionalista de los mexicanos. Por eso su exigibilidad como derecho es irrenunciable y su financiamiento para el Estado resulta obligatorio.

Por otro lado, si atendemos el derecho a la gratuidad de la educación superior como un asunto de justicia social, tendríamos que decir que no resulta justo que en el ciclo escolar 2011-1012 en el país, solo el 29.5%1 de la población de 19 a 23 años de edad accedan al nivel de educación superior en la modalidad escolarizada, lo que representa sólo un crecimiento de la matricula del 2.7% en comparación con el ciclo escolar 2009-2010 que registró el 26.8% de la tasa bruta de cobertura con una matrícula de 2 millones 650 mil 979, estudiantes, de los cuales de acuerdo al tipo de sostenimiento, 38% de la matrícula de educación superior corresponde al sostenimiento autónomo; 16% al estatal; 13.7% al federal y 32.3%2 a las instituciones particulares, (sin considerar al posgrado), lo que representa que actualmente el 70.5% de este rango de población son excluidos fundamentalmente por razones de tipo socioeconómico, pues evidentemente que un 29.5% de cobertura es inaceptable y necesariamente elitista, lo cual se relaciona con las condiciones socioeconómicas en las que viven miles de familias mexicanas gracias a las políticas de desarrollo económico impulsadas desde el Gobierno Federal, a las medidas restrictivas de financiamiento (como los ajustes o recortes presupuestales efectuados a las entidades federativas) y a la falta de apoyo para la expansión del nivel superior, aplicadas en los últimos años, lo que ha provocado que en el nivel de educación superior el índice de absorción en relación con el total de egresados del nivel medio superior sea de 82.5%3, la deserción en el 14%, la eficiencia terminal en el 64% y el crecimiento de la matricula en el 2.11%.4

Finalmente si atendiéramos al criterio del financiamiento de la educación superior, tampoco resulta un impedimento para implementar su gratuidad el hecho de que la Federación tenga que aportar, cuando se destinan para “otros acuerdos, bienes y servicios” del Estado de menor jerarquía, cantidades superiores.

Es necesario enfatizar pues, que el acceso gratuito a la educación superior representa para muchos, la única oportunidad para que miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas rurales y urbanas de nuestro País puedan acceder a un nivel de vida decoroso, distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y sobre todo, representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el modelo económico neoliberal.

Por lo expuesto se hace necesario ampliar las garantías de obligatoriedad y gratuidad al nivel superior en el texto constitucional, ya que el artículo 3º vigente, por una parte, no contempla la obligatoriedad para el nivel superior, dado que se establece en la fracción V, “…que el estado sólo la promoverá y la atenderá…”; y por la otra, la fracción IV establece que “… la educación que imparta el estado será gratuita”, lo que debiera interpretarse en estricto sentido aplicado a todos los tipos, niveles y modalidades escolares, con excepción de la educación superior por no ser un tipo de educación impartida obligatoriamente por el estado, especialmente en las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, lo que se corrobora con el criterio de interpretación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis denominada “Universidades autónomas, no existe norma constitucional que establezca el derecho de inscripción en ellas sin pago”, que a continuación se transcribe:

Octava Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XIII, Junio de 1994

Página: 248

Tesis: 3a. XXXI/94

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Universidades autónomas. No existe norma constitucional que establezca el derecho de inscribirse a ellas sin pago alguno.

Para que proceda el juicio de amparo es indispensable la demostración de que se tiene interés jurídico, por el que no puede entenderse cualquier interés de una persona o de un grupo, sino sólo aquel que se encuentra legítimamente protegido, o sea que está salvaguardado por una norma jurídica; conforme a estas ideas, si se impugna una ley de inconstitucional, debe existir como presupuesto previo para que el juicio proceda, que el derecho que se estima vulnerado por esa ley se encuentre salvaguardado por la propia Constitución. Ahora bien, si se reclama la Ley Orgánica de una universidad autónoma, en cuanto en algunos de sus preceptos se establecen cuotas de inscripción y colegiaturas, para que una persona pueda ingresar a ella y seguir los cursos correspondientes, sería indispensable que en el propio texto fundamental se garantizara el derecho de todo gobernado a realizar en forma gratuita estudios universitarios, lo que no ocurre en nuestro sistema jurídico, pues en ninguno de los preceptos constitucionales se establece esa prerrogativa.

El artículo 3o. que regula el sistema educativo nacional, en el texto anterior al vigente, coincidente en esencia del actual, prevenía en su fracción VII (actualmente IV), que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, hipótesis diversa a la contemplada en la entonces fracción VIII (actualmente VII), que señalaba las bases de la educación en las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de las cuales determina, entre otras reglas, “que tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas, establecerán sus planes y programas y administrarán su patrimonio”, con lo que se advierte que resultan ajenas a la hipótesis de la fracción anterior, que se circunscribe a los establecimientos educativos que de modo directo maneja el Estado a través de la dependencia gubernamental que tiene esa función dentro de sus atribuciones. Por consiguiente, carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de una ley como la que se alude, las personas que se consideran afectadas porque estiman tener la prerrogativa constitucional de no debérseles cobrar ninguna cuota por las universidades autónomas.

Amparo en revisión 303/94. Enrique Burruel Villegas y otros. 23 de mayo 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez.

La tesis anterior, actualiza la necesidad de plantear de igual forma en la presente reforma constitucional, la adición de un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 3º, con la finalidad de hacer extensivo el derecho universal a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior para todos aquellos estudiantes que cursan o demandan cursar estudios en instituciones autónomas a las que la ley les otorga ese carácter, estableciendo asimismo la obligación del Estado de proveerles lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ArtIculo Unico: Se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción IV, se modifica la fracción V y se adiciona un segundo párrafo de la fracción VII del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación que imparta el Estado en todos sus tipos, modalidades y niveles educativos será obligatoria y gratuita.

La educación…

I…

II…

III…

IV. Derogada

Fracción V. El Estado promoverá y atenderá la educación inicial, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, necesarios para el desarrollo de la nación;

VI…

Fracción VII…

La educación superior que se imparta por las instituciones educativas a las que hace referencia esta fracción, deberá ser igualmente gratuita y obligatoria, en términos equiparables a lo dispuesto por el párrafo primero del presente artículo. El Estado proveerá los recursos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.

VIII…

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligación del Estado de garantizar la cobertura universal y gratuidad de la Educación Superior se realizará de forma gradual y creciente dentro de los próximos seis años, con la concurrencia presupuestal de la Federación y las entidades federativas, establecidos en sus respectivos presupuestos anuales de egresos; en el caso de estas últimas sólo dentro de su capacidad financiera y sin que ello implique para su cumplimiento la contratación de nueva deuda pública o generación de pasivos.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados contarán con el plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para armonizar la Ley General de Educación y las correspondientes de los estados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Cuarto. Envíese la presente reforma constitucional a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las legislaturas de todas las entidades federativas, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución General de la República.

El Ejecutivo Federal ordenará lo correspondiente a su promulgación y publicación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, SenadorMorón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen; y a la Comisión de Educación para emitir opinión.

Senador Demédicis Hidalgo, por favor.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para adherirme a la propuesta.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Le pido a la Secretaría que tome nota de su adhesión y

aquellos que quieran adherirse a la iniciativa antes presentada, favor de levantar la mano. Tomamos nota.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva; Honorable Asamblea:

Vengo ante este Pleno de esta Honorable Asamblea a proponer una iniciativa de derecho que reforma los artículos 2, 4, 5, 6, 31, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis y 42 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

En México, las discapacidades no son un tema menor. De acuerdo con el Censo de Población que llevó a cabo el Instituto Nacional de Geografía, en junio de 2010 en México, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que se traduce en términos porcentuales en un 5.1 por ciento de la población total.

A esta cantidad de personas no podemos verlas como una cifra, como un dato, como un indicador. Porque evidentemente son personas con circunstancias especiales, situaciones que no les dan menor valía; sino que por el contrario, les dan un valor agregado al enfrentarse a la vida con mucho más empuje y energía que muchos quienes no tienen las condiciones que ellos.

Como un ejemplo muy simple del alto valor de estas mexicanas y mexicanos, basta con mencionar los Juegos Olímpicos que recién concluyeron el verano pasado, donde la Delegación Paralímpica Mexicana reportó resultados extraordinarios, muy presumibles, poniendo en alto en los ojos del mundo a nuestra nación.

Tanto fue nuestro orgullo por nuestros compatriotas, que esta misma Cámara Alta, el 18 de septiembre de 2012, estimó como de urgente y obvia resolución, y posteriormente aprobamos un punto de Acuerdo del que me permito leer el artículo primero aprobado:

"El Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012, por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer el deporte paralímpico en México".

Así, compañeros y compañeras Senadores, me parece que este compromiso aprobado debe de ampliarse no sólo a las personas con discapacidad que practican deporte en forma profesional, porque ellos son sólo un subconjunto de esas personas valiosísimas para nuestra patria.

Estimo que estarán de acuerdo con su servidora en que falta mucho por hacer en materia de discapacidad, sobre todo para alcanzar las condiciones de equidad y, en una forma más ambiciosa, la igualdad con el común de la población.

Es por eso que valoro en todo la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues más allá de abrogar la anterior legislación de la materia con un cambio de nombre y de numeración de artículos, esta incluye un importante instrumento internacional como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, misma que suscribió nuestro país como un compromiso con la comunidad internacional.

Es en esa misma Convención donde se menciona un elemento que estimo hemos dejado de lado en México, me refiero a la familia.

Nuestra sociedad, nuestro país se sustenta en la familia, no podemos desvincular a este elemental núcleo social del desarrollo de las personas con discapacidad, considero que es imposible concebir a la persona humana sin su familia, pues se es incluso el soporte familiar el que nos forja en el carácter, en disciplina, en educación. Así pues, es que estimamos que la ley a la que hemos hecho referencia deja como una cuestión muy desajenada a la familia en la inclusión de las personas con discapacidad.

Es por ello, que ante ustedes presento el proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la norma en comento.

Proponemos, señoras y señores legisladores, que a las familias de las personas con discapacidad, este grupo humano que sustenta su triunfo, su éxito, su vida, se le apoye con una subvención por parte del Estado, que sea acorde a la disminución motriz, auditiva, visual u oral.

Signifique una adecuación a las condiciones de vida regulares entre las familias mexicanas que no tienen a su cuidado un integrante con estas características.

Proponemos que sea el Ejecutivo Federal quien destine aportaciones a través del Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad operados por el DIF Nacional, institución que indudablemente esta década se ha consolidado en su cercanía a la problemática social, pero sobre todo a encontrarle soluciones a esas cuestiones tan sensibles que atañen a las familias más vulnerables de nuestro país.

También proponemos que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad sea el organismo que determine el monto de los apoyos que se darían a las familias de acuerdo a las estimaciones con bases sólidas y datos duros que se pueda tabular para dar una condición de equidad.

Proponemos la protección irrestricta a la privacidad de las personas con discapacidad, respecto de sus datos personales. Que el cumplimiento de la ley no sea pretexto para la publicidad, para la trasgresión de la vida privada de los pacientes de las instituciones públicas o privadas de salud o de cualquier índole.

De igual manera, en el artículo 31, proponemos vincular a los municipios para observar en materia de administración de justicia dentro de sus jurisdicciones las condiciones que faciliten la paridad procesal de las personas con discapacidad.

Creemos que en la medida en que vayamos conjuntando esfuerzos, que vayamos sumando voluntades, podremos lograr que la ley contenga las justas demandas de los grupos más vulnerables de nuestro país.

Podemos lograr que las normas no sean mundos ideales que no tengan un parecido o siquiera se acerquen a las necesidades reales.

Nuestra convicción es apoyar a toda causa justa, es apoyar las luchas auténticas con fundamento, es respaldar la dignidad de la persona humana, el bien común y la solidaridad.

Señoras y señores Senadores, les invito a que a diferencia de las 12 propuestas que han antecedido a la presente, ésta no precluya, que esta iniciativa sí se refleje en la realidad normativa de nuestro país.

Amigos Senadores, tanto en campaña como el hoy Presidente Electo de la República, Enrique Peña Nieto ha dicho que pondrá atención especial a los discapacitados. Les invito a que ya en comisiones cuando se discuta esta iniciativa la aprobemos, y la aprobemos también en el Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C.C. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Rosa Adriana DIaz Lizama, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la InclusiOn de Personas con Discapacidad. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 30 de mayo de 2011, representó la consolidación de la convicción del Estado Mexicano por la actualización del marco normativo nacional y del reconocimiento de las disposiciones internacionales más relevantes en la materia.

Amplio fue el proceso legislativo que antecedió a la promulgación de la norma en comento, lo cual permitió una integración adecuada entre la abrogada Ley General de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005 y las disposiciones de vanguardia contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas aprobado por su Asamblea General el 13 de diciembre de 2006.

Así tanto en la otrora Cámara de Origen, como en la respectiva revisora, se hicieron las anotaciones, observaciones y comentarios que resultaron pertinentes para la integración del texto vigente; lo anterior puede observarse en los dictámenes emitidos por las comisiones competentes, ya que la estructura de la resolución puesta a consideración del Pleno, estima el texto de la ley abrogada, el contenido de la Convención, las adecuaciones propuestas por los legisladores y, la armonización entre unos y otros.

Pese a la corta vida de esta legislación, el antecedente de reformas a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, desde su promulgación hasta la presente fecha no es menor, así como tampoco es menos desafortunado, pues hasta el momento, han sido precluidas 12 iniciativas presentadas para el mejoramiento de diversos aspectos de la vida de las personas con discapacidad por falta de dictaminarían de las comisiones de la Cámara de Origen, dejándose en un claro estado de desventaja a las personas que se verían beneficiadas de ser procedentes las iniciativas propuestas con los cambios proyectados.

Tal vez han sido otros los temas que han colmado la agenda nacional para el Poder Legislativo, haciendo que el relacionado con las Personas con Discapacidad vaya siendo recorrido en la lista de espera de la popularmente conocida “congeladora”.

No obstante el antecedente narrado, en la presente iniciativa, se propone favorecer la ampliación del concepto de Comunidad de Sordos al sustituir el vocablo “grupo social” por el de “conjunto de personas”. Através de esta sustitución se pretende hacer más inclusivo el concepto, pues desde nuestra perspectiva, la definición actual al utilizar la voz que se propone modificar, da la impresión de una conglomeración humana organizada, o al menos de un sector de la sociedad respaldado por una estructura mas o menos regular.

Por lo anterior se propone atender al concepto que ofrece la Real Academia Española de la Lengua, respecto de comunidad:

comunidad.

(Del lat. communĭtas, -ātis).

[…]

4. f. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Comunidad católica, lingüística.

[…]

6. f. Junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, etc.

Teniendo en consideración esta definición, nos parece que la nueva redacción que se propone resulta más favorable para definir a una “comunidad de sordos” a efecto que dicho conglomerado de personas integrantes de nuestra Nación, quede debidamente integrado y contemplado en la definición legal.

La iniciativa que se presenta, de igual forma propone el definiendum y el definiens, evitando la tautología de “igualdad de oportunidades”, ya que resulta importante esclarecer el objetico que se pretende alcanzar con la definición.

Asimismo, en respecto del concepto de persona con discapacidad, se incluye la expresión actitudes pues no es de ignorarse el hecho que en la gran mayoría de las ocasiones la ignorancia respecto de las discapacidades, genera en el conglomerado social que no las padece, una merma en la estima hacia este conjunto de personas, lo cual sin duda en el mayor porcentaje de las ocasiones es lo que más impacta o impide la ya referida igualdad de oportunidades de los sujetos de esta norma.

En el artículo 4, nuestra iniciativa estima la inclusión de la definición de la expresión “situación comparable” a efecto de tener un referente de lo que dicha locución pudiere comprender, con objeto que sean meridianamente entendidas las ocasiones en los que se debe tener el respeto necesario e inherente a las personas con discapacidad, lo anterior con objeto de apoyar aun más la inclusión, participación y accesibilidad en condiciones óptimas de los sujetos de esta ley.

En el artículo 5, se propone como principio orientador de las políticas públicas la inclusión de la familia de las personas con discapacidad, mediante la contribución, asistencia y protección en el goce de los derechos de las mismas, pues como se ha expuesto en múltiples ocasiones, la familia es uno de los factores más importantes para logara la igualdad de oportunidades de aquellos integrantes con una discapacidad, y qué mejor que sea el Estado quien desde sus políticas públicas la contemple para una debida participación.

La inclusión de dicho principio se estima conveniente que se haga en la fracción que se propone, pues entendiendo la enunciación legal de los ejes sobre los que han de basarse las políticas públicas, como una escala de prioridades, se estima que la inclusión del mismo no debe pasar desapercibida o minimizada, incluyéndose como una penúltima fracción..

Atento a la adición anterior, resulta que el texto de la fracción VI vigente, pasaría a ser el contenido de la nueva fracción VII y así sucesivamente, hasta llegar a la fracción XIII, misma que por el corrimiento de las anteriores se agregaría en el catálogo del artículo que se modifica.

En el artículo 6, se estima incluir en la fracción XII, el estímulo a la participación de la familia anteriormente referenciada, através de subvenciones. Esto encuentra motivación en el hecho que la familia desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población y, en muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también un estímulo a sus familiares, a parte del otorgado solidariamente por la comunidad que lo rodea.

A diferencia de otras iniciativas presentadas en este sentido, la presente otorga al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad la atribución de elaborar y actualizar el catálogo de las subvenciones a cargo del Poder Ejecutivo, pues este organismo es el que concentra la información así como la perspectiva social del entorno al que se enfrentan las personas con discapacidad acorde al nivel y grado de la disminución a que se enfrentan, pues al ser tan variadas como diversas estas condiciones no puede, ni debe, establecerse una unicidad en los apoyos que podrían otorgarse a las familias que tengan a su cuidado una persona con discapacidad.

Ahora bien, resulta importante establecer que el otorgamiento de las subvenciones debe realizarse a través del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, pues al ser este un programa en operación y con experiencia en el ramo, este es capaz de operar, con base en las estimaciones del Consejo, la entrega de los recursos asignados. ,mediante las reglas de carácter general que se expidan Asimismo, se establece que el monto de las subvenciones mencionadas sea proveniente en forma preferente de subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que sean registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previendo la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos dicha apelando a la corresponsabilidad de los Secretarías de Estado federales en un tema de convergencia social.

No debe perderse de vista, que dada la adición de la fracción anteriormente comentada, resulta necesario el corrimiento de las fracciones XIII y XIV, a efecto de no excluir el texto ya contemplado por la norma.

De igual forma la iniciativa, en el artículo 31, vincula a los municipios para observar en materia de administración de justicia, la contemplación de condiciones que faciliten la paridad procesal de las personas con discapacidad ya en los juzgados de paz, ya en los juzgados de calificación, puesto que al ser instancias en las que se determinan sanciones a los imputados, resulta importante garantizar plenamente la protección de las personas con discapacidad a través de acciones positivas.

Ahora bien, derivado del sistema de integración que antecede la expedición de la norma, puede observarse en forma preponderante, la ausencia en la inclusión de un aspecto de trascendencia medular contenido en la Convención signada por nuestro país, a saber: El Respeto de la Privacidad de las personas con discapacidad.

Ante la omisión anotada, se propone la inclusión de un capítulo que contenga esta importante declaración, con el articulado que se estima, haciendo las adiciones respectivas. Lo anterior, estimamos asegurará que no se vulnere la dignidad de las personas con discapacidad, pues resulta importante establecer en la legislación que no obstante que resulta de gran trascendencia el hecho que el Estado con objeto de conocer, planear, prevenir y atender al conjunto de personas que se comprenden en el concepto, esto no sea pretexto para la manipulación discrecional de estos datos, pues de por sí el entorno social desfavorable que aun persiste en nuestro medio hacia las personas con discapacidad, no debe ser alentado desde el Estado a través de esta disposición de información.

Así pues, la inclusión de este capitulado, y los respectivos artículos, originan una modificación en el orden de los numerales vigentes en la ley, situación que hace necesario el reordenamiento de las disposiciones vigentes a partir del ordinal 33 cuyo texto vigente pasa a ser el del artículo 34, ante la adición del texto propuesto en los dispositivos 33 y 33 Bis.

Asimismo, el contenido del numeral 34 vigente, ante la propuesta, pasa a ser el del artículo 35, y el del 35 vigente, resulta el contenido del numeral 36 en la propuesta que se presenta, siendo que el numeral 36 vigente, pasa a ser el numeral 36 bis, conservándose el resto de la numeración y capitulado vigente a partir del artículo 37.

En respecto de la Atribución del Consejo para expedir y actualizar el catálogo de subvenciones, la misma se incluye en la fracción XVII, haciendo esta modificación necesaria la inclusión de una fracción XVIII a efecto de no eliminar el texto concebido antes de la reforma que se propone.

Definitivamente, aun con las propuestas que se realizan, quedan temas pendientes para colmar todas las necesidades de las personas con discapacidad en nuestro país, pues como claramente expone la norma en sus disposiciones generales, la misma es de naturaleza enunciativa, mas no limitativa, y con el esfuerzo y el consenso de los legisladores, cada día se contribuirá su perfeccionamiento.

Por ello, someto a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracciones VI, XV y XXI, 4 párrafo primero, 5 fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 6 fracciones XII y XIII, 33, 34, 35, 36, la denominación del Capítulo XI que contiene los artículos 33 y 33 Bis, la denominación del Capítulo XII que contiene los artículos 34 y 35, ambos capítulos del Título Segundo; se ADICIONAN los artículos 4 con un párrafo segundo, pasando el anterior segundo a ser tercero, el anterior tercero a ser cuarto y el anterior cuarto a ser quinto, 5 con una fracción XIII, 6 con una fracción XIV, 31 con un párrafo segundo, un artículo 33 Bis, un artículo 36 Bis, un Capítulo XIII que contiene los artículos 36 y 36 Bis, del Título Segundo; para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I a V. …

VI. Comunidad de Sordos. Aquel conjunto de personas, cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;

VII a XIV. …

XV. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, con objeto alcanzar las mismas condiciones con el resto de la población;

XVI a XX. …

XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las actitudes o barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión así como su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXII a XXVIII. …

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera menos favorable en forma directa o indirecta que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Se entiende por situación comparable aquel hecho en que converjan circunstancias de modo, tiempo y lugar idénticas, y mayormente en situación de elección entre una persona con cualquier discapacidad y otra persona que no la posea.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:

I a V. …

VI. La procuración de la contribución, asistencia y protección a cargo de la familia respecto de las personas con discapacidad en el goce de sus derechos.

VII. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

VIII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

IX. La accesibilidad;

X. La no discriminación;

XI. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;

XII. La transversalidad, y

XIII. Los demás que resulten aplicables.

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I a XI.

XII. Estimular la participación solidaria de la familia en la inclusión y accesibilidad de aquellos integrantes con discapacidad que la conformen, mediante el establecimiento de subvenciones, basadas en el catálogo que establezca el Consejo, incluyendo el monto global de las mismas en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad.

Los recursos que han de destinarse a las subvenciones, provendrán preferentemente de los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que sean registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previendo la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos dicha reasignación;

XIII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad en la preservación y restauración de la salud así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y

XIV. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Artículo 31. …

Los Ayuntamientos de los municipios deberán procurar la disponibilidad de los mismos recursos y ayudas para la atención de las personas con discapacidad en los procedimientos de administración e impartición de justicia que ante ellos se sigan, incluso aquellos que se rijan por usos y costumbres.

Capítulo XI

Respeto a la Privacidad

Artículo 33. Ninguna persona con discapacidad podrá ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, hogar, correspondencia, comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación, so pretexto del cumplimiento de las garantías que consagra en su favor esta Ley; asimismo las normas secundarias establecerán los mecanismos de defensa ante las injerencias y agresiones antes mencionadas.

Artículo 33 Bis. La normatividad respectiva protegerá la privacidad de la información personal así como la relativa a la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás.

Capítulo XII

Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión

de las Personas con Discapacidad

Artículo 34. El Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del Programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente Ley.

Artículo 35 El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta Ley;

III. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno;

IV. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, y

V. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.

Capítulo XIII

Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 36. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Artículo 36 Bis. El Sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I a XVI.

XVII. Elaborar y actualizar el catálogo de subvenciones para estimular la participación solidaria de la familia de las personas con discapacidad, basando el monto de dichas aportaciones a cargo del Estado, en la búsqueda de la equidad entre todas las formas de discapacidad, acorde con la información obtenida por el Sistema Nacional de Información en Discapacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades, y

XVIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo deberá ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Tabulador que resulte de la ponderación realizada por el Consejo respecto de los tipos y grados de discapacidad para efecto de las subvenciones que deban otorgarse a las familias que se integren con personas con cualquier tipo de discapacidad.

Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo deberá estipular las partidas presupuestales correspondientes a las subvenciones familiares a que hace referencia el artículo inmediato anterior, en el presupuesto de egresos que ponga a consideración de la Cámara de Diputados del ejercicio fiscal del año próximo posterior al de la entrada en vigor del presente Decreto,

Cuarto.- La adecuación normativa para la protección de la información de las personas con discapacidad, y la relativa a la defensa por injerencias y agresiones deberá adecuarse o expedirse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del presente Decreto.

Reiterando mi consideración a sus distinguidas personas, quedo de ustedes.

Recinto del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Díaz Lizama. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra a la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Gracias, Senador Presidente. Compañeros Senadoras y Senadores:

Sin duda, uno de los bienes más importantes que posee la humanidad es el aire, elemento indispensable para el desarrollo de toda forma de vida en este planeta.

En nuestro paso por la civilización, hemos conseguido logros importantes que nos proporcionan una mejor calidad de vida, hemos desarrollado la ciencia y la tecnología y nos hemos aglomerado en centros poblacionales cada vez más grandes, hasta construir estas grandes urbes que hoy son centros de todo tipo de actividad humana.

La creciente industrialización que tuvo un importante despegue durante el siglo XX, así como la creación y el aumento del uso de los vehículos automotores que usan diesel y gasolina, son signos irrefutables del desarrollo urbano de esta era moderna.

Uno de los efectos inherentes a estos procesos es la contaminación atmosférica, el aire es la primera capa de esta atmósfera intangible y, por lo tanto, es difícil entender y conocer los cambios que hemos provocado con nuestro desarrollo.

La atmósfera es una delgada capa pegada a la tierra que está compuesta por diversos gases en proporciones muy específicas y armoniosas que están en profunda interrelación con la tierra y el agua, y cumple funciones ecológicas primarias, ya que protegen la vida en todas sus formas, regulando y absorbiendo las radiaciones de rayos ultravioleta, por sólo mencionar algunas.

Estos gases, como el ozono y el monóxido de carbono, entre otros, se alteran en su composición derivado de las actividades humanas.

Esta alteración de los porcentajes de gas que componen el aire que nos circunda, es lo que conocemos como la contaminación atmosférica.

Sabemos que este tipo de contaminación atmosférica se produce en su mayor parte por los gases que emiten los vehículos automotores que usan gas o diesel, y en menor proporción por las industrias.

La contaminación atmosférica produce efectos nocivos no sólo a la salud humana, sino en el equilibrio ecológico y la economía de forma indirecta. Y es por eso que propongo la creación de una nueva ley que abarque todos los aspectos de una adecuada gestión de la calidad del aire y que ayude a proteger la atmósfera.

Si bien se han hecho esfuerzos muy importantes en la legislación, éstos se encuentran disgregados en diferentes ordenamientos y en diversas jerarquías, y no existe una legislación clara acerca de las competencias de los tres órdenes de gobierno, lo que hace que se impida una aplicación y una gestión ordenada y adecuada.

La iniciativa que hoy presento a ustedes pretende reunir en un solo ordenamiento aquellos lineamientos pertinentes que se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como su reglamento en una forma congruente, sencilla y ordenada, y establecer competencias claras entre los tres órdenes de gobierno.

Como eje rector de la gestión de la calidad del aire se identifica una perspectiva moderna de cuencas atmosféricas, entendiendo esto como el espacio geográfico parcial o totalmente delimitado por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma cuenca.

Esta nueva visión a nivel de ley estandariza la gestión y la legislación atendiendo a las características propias de cada cuenca del país, facilitando así, también, las acciones de las autoridades para realizar diagnósticos de cada cuenca y delimitar los límites permisibles de contaminantes.

Bajo definiciones claras de los elementos que componen esta ley y el establecimiento de principios claros de derecho ambiental, se tutela la calidad del aire y el derecho humano a un medio ambiente sano a través de instrumentos claros que otorgan también certeza jurídica a los ciudadanos.

Se regula y se impulsan los sistemas de monitoreo de calidad del aire, un inventario nacional de emisiones y se establece la creación de normas oficiales mexicanas para estandarizar la eficiencia de la gestión.

Se regulan claramente las fuentes fijas de jurisdicción federal y las fuentes móviles de jurisdicción federal, así como las estatales, y se establecen los criterios mínimos para los programas de verificación vehicular.

También se establecen las medidas de inspección y vigilancia y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

La nueva Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera promueve mecanismos eficientes y eficaces de participación social a través de grupos de trabajo, que permitirá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los investigadores, a los académicos y a la sociedad civil en general, participar en la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones a iniciar para mejorar la calidad del aire en cada cuenca atmosférica.

Y de esta forma les presento una iniciativa que tiene por objeto ayudar a consolidar a través de un ordenamiento coherente, moderno e incluyente la legislación ambiental dentro del marco constitucional de los derechos humanos fundamentales.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

La suscrita, Senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA, en base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientalesde México y del mundo.

Evidentemente es un fenómeno que puede relacionarse con el crecimiento poblacional, pero sobre todo con su concentración en grandes urbes, y la producción industrial en muchos sentidos. Se caracteriza porque en los centros poblacionales, sobre todo en los últimos 70 años se ha desarrollado los procesos industriales que emiten contaminantes, alterando la calidad del aire y por ende la atmósfera.

Se sabe que de forma muy importante en este proceso de urbanización moderna ha aumentado el número de vehículos automotores que utilizan diesel o gasolina

Si bien estos fenómenos fueron poco conocidos, y por tanto difíciles de tratar, hoy día es uno de los temas más relevantes en materia ambiental que obliga a instrumentar el registro de contaminantes, para conocer la composición de los elementos que son nocivos y sus concentraciones, promover una adecuada gestión, y legislación.

Entender cabalmentelos componentesasí como las concentraciones del aire que nos rodea, así como de la atmósfera es uno de los problemas más difíciles de comprender, evaluar, normar y controlar, entre otras causas, por la gran cantidad y variedad de las fuentes emisoras, la dilución y/o transformación de los contaminantes en la atmósfera y los efectos que tienen los contaminantes sobre la salud humana y los ecosistemas.1

Si bien es intangible, la atmósfera terrestre es elbien común más global en el planeta. Es una muy delgada película, constituida por una masa gaseosa de composición prácticamente homogénea2 que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad.

Entre sus funciones más importantes cabe destacar que provee a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico,sirve de protección a la vida terrestrefrente a los rayos cósmicos y distribuye la energía del Sol por toda la Tierra.

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera.

Esta capa gaseosa y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas terrestres, cuyas dinámicas están estrechamente relacionadas, pues protegen la vida de la Tierra absorbiendo en la capa de ozono gran parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche.

Esta delgada capa de nuestro planeta que representa una millonésima parte de su masa, tiene un papel tan importante en la naturaleza, que es incluso fundamental en el sostenimiento de los procesos vitales.3

De acuerdo a los estudios conducidos por el Instituto Nacional de Ecología (INE), el aire está compuesto por la siguiente proporción de gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, que se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos gases presentes en forma permanente, también están otros gases que varían en su concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y de las condiciones climatológicas. Entre ellos, se encuentran el vapor de agua (H2O), que puede variar entre 0 a 4 %; el dióxido de carbono (CO2) que tiene una concentración media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que incluyen al metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material particulado (PM) y clorofluorocarbonos (CFC) que en conjunto poseen menos de 0.00017% por volumen de aire seco en la atmósfera4

La calidad del aire puede ser degradada por la variación significativa de las proporciones en que están presentes sus distintos componentes o por la introducción en la atmósfera de otros componentes gaseosos o de materia en forma de partículas (que es lo que suele llamarse en sentido restringido “contaminación atmosférica”).

En términos generales se reconocen tres tipos de fuentes contaminantes: las fuentes fijas dentro de las que se consideran las fuentes de emisiones que son estacionarias, es decir establecimientos, generalmente de gran tamaño, como pueden ser las plantas industriales; las fuentes móviles, donde se incluyen todo tipo de vehículos, o aquellos equipos motorizados que utilizan gasolina o diesel; las fuentes naturales que son aquellas que pueden generar emisiones de contaminantes pero son de origen natural como volcanes, o fuentes de origen geológico, y finalmente las fuentes de área que son aquellas estacionarias que son demasiado pequeñas para ser registradas individualmente, como tintorerías o gasolineras5.

La contaminación del aire genera efectos nocivos no sólo respecto de la atmósfera propiamente, sino también de la salud humana, la flora, la fauna y los bienes generales.6

Respecto al impacto que tiene la calidad del aire en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado algunas directrices que establecen los parámetros para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Señalando que la contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema de salud medioambiental que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual.7

Existen serios riesgos para la salud derivados de la exposición a las partículas en suspensión (PM) en numerosas ciudades, por lo que es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y el aumento de la mortalidad o la morbilidad.

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua. Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a los que está sometida actualmente la mayoría de la población urbana y rural de los países desarrollados y en desarrollo. La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón.

El ozono a nivel del suelo ―que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior― es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Niveles elevados de ozono puede causar problemas respiratorios, como asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares.

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) puede correlacionarse con varias actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias.

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono.

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos).

El dióxido de azufre (SO2) que es un gas incoloro de olor penetrante que se genera con la combustión de fósiles (carbón y petróleo) y lo produce la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. El deterioro de la calidad del aire o bien, la contaminación atmosférica representa no solo un problema de salud pública, sino que tiene un impacto considerable en la economía de todas las naciones.

Dentro de las principales repercusiones económicas de la contaminación del aire podemos identificar las pérdidas por efectos directos o indirectos en la salud humana, en el ganado y en las plantas; pérdidas por la corrosión de materiales y de sus revestimientos de protección; pérdidas por gastos de mantenimiento de las edificaciones y la depreciación de objetos y mercancías expuestos. Este fenómeno ocasiona gastos por la aplicación de medidas técnicas para suprimir o reducir el humo y las emanaciones de las fábricas y, pérdidas indirectas por mayores gastos de transporte en tiempo de niebla contaminada, o de electricidad por la necesidad de encender el alumbrado antes del horario establecido.

Finalmente, es de reiterarse los gastos relacionados con la organización administrativa de la lucha contra la contaminación, gastos delsector salud por la atención de enfermedades respiratorias y el costo de investigaciones destinadas a abatir la lucha contra la contaminación.8

La inclusión de la atmósfera en la legislación ambiental mexicana se realizó desde el año de 1971 con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental; años más tarde en la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982. Actualmente la protección a la atmósfera está normada de manera principal por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Científicamentese sabe queuna cuenca atmosférica es una parte de la atmósfera que se comporta de manera coherente con respecto a la dispersión de emisiones.Es así que puede ser utilizadacomo una unidad de gestión o de análisis de la calidad del aire.

De hecho ya se considera dentro delreglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, en donde define una Cuenca Atmosférica comoun espacio geográfico, el cual está parcial o totalmente delimitado por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire a nivel estacional está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma, y en cierto casos, por el transporte de contaminantes provenientes de otras cuencas atmosféricas.9

La gestión integral de la calidad del aire a través del sistema de cuencas representa una perspectiva innovadora, ya que el aire y la atmósfera no se delimitan por municipios o estados, es decir a través de divisiones políticas. Por el contrario, esta gestión se realizará por espacios aéreos que comparten ciertas características geográficas.

La Iniciativa que se presenta pretende reunir, en un solo ordenamiento aquellos elementos pertinentes que se encuentran el la Ley General delEquilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, así como su Reglamento, en una forma congruente, sencilla y ordenada, así como establecer competenciasclaras entre los tres órdenes de Gobierno

Entre los beneficios de esta gestión podemos identificar los siguientes:

• Promover una gestión integral de la calidad del aire.

• Las medidas de control de emisiones y de monitoreo, se realizará por cuencas atmosféricas, reduciendo costos y generando resultados más exactos que permitirán determinar los programas y acciones a iniciar.

• Promover la implementación de responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

• Promover que las autoridades de los tres órdenes de gobierno en forma equitativa, inicien acciones e implementen programas para atender la problemática de calidad del aire que se presenta en la cuenca atmosférica.

• Promovermecanismos eficientes y eficaces de participación social a través de grupos de trabajo, lo que permitirá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, investigadores, académicos y sociedad civil en general, participar en la toma de decisiones y en el seguimiento de las acciones a iniciar para mejorar la calidad el aire en la cuenca atmosférica.

• Atender las deficiencias actuales en la gestión de la calidad del aire, particularmente en la distribución de competencias entre Estados y Municipios y estandariza criterios.

Los beneficios de la gestión de cuencas atmosféricas están demostrados en la zona metropolitana de la Ciudad de México con la creación de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM).10

Para cumplir con el objetivo de una Ley General seconforma una estructura coherente y sencilla en donde primeramente se establecen disposiciones generales, con su fundamento constitucional, sus alcances y objetivos generales teniendo como premisa contribuir a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano,así como establecer las competencias de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y Municipios en la gestión de la calidad del aire, la protección y restauración de la atmósfera, bajo el principio de concurrencia.

Asimismo, se reitera que es de interés público la formulación y ejecución de acciones para garantizar la calidad del aire satisfactoria y la protección a la atmósfera y contiene un artículo de definiciones en el que se desarrollan cada uno de los conceptos utilizados en la Ley para dar claridad al texto y certeza jurídica a los mexicanos.

Se introduceun Capitulo, De las Cuencas Atmosféricas,que establece los principios generales que deben privar en la gestión de la calidad del aire para promover que se asuman responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Asimismo, se promueve la incorporación de los principios de prevención,precaución, transparencia y acceso a la información en los ordenamientos jurídicos que emitan las autoridades estatales y municipales en la gestión de la calidad del aire.

Para la Gestión integral de la calidad del aire, se toma como eje fundamentalun esquema de delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del territorio nacional a fin de implementar programas, medidas y acciones tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes al aire.

Coneste finse establecenInstrumentos de política nacional en materia de calidad del aire, que promueva la reducción de emisiones a fin de mejorar la calidad el aire en nuestro país y con ello atender al principio de acciones locales para un efecto global en pro de la protección de la atmósfera.

Los principales Instrumentosseránun Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, que permitirá establecer una estrategia nacional para dicha gestión y que tendrá como sustento el Diagnóstico que proporcionará información básica de las concentraciones históricas, actuales y tendencias de los contaminantes, a fin de identificar las necesidades en la gestión de la calidad del aire.

El segundo instrumentoes el Programa para la Reducción de Contaminantes al Aire, también llamado Proaires, los cuales se aplicarán cuando se detecte que la calidad del aire no es satisfactoria.

Adicionalmente se estructuran otros tres programas: Programas de Gestión de Calidad del Aire; Programas de Verificación Vehicular, y Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas.

Se establecen las bases para poder integrar Sistema de Información de la Calidad del Aire y Emisiones , que reúne y difunde los datos principales para la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera con datos generados por los sistemas de monitoreo, así como los inventarios de emisiones a la atmósfera.

Uno de los instrumentos más relevantes de esta Leyson losSistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, pues promueve el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire en cuencas atmosféricas, zonas metropolitanas, conurbaciones con poblaciones de más de quinientos mil habitantes, o con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio a la atmósfera.

ElÍndice Nacional de Calidad del Aire es un instrumento de política ambiental que permitirá establecer una escala numérica o cromática para informar a la población el estado de la calidad del aire en forma estandarizada, sencilla, precisa y oportuna.

De igual forma, el Inventario Nacional de Emisiones promueve la integración de la información contenida en los Inventario de Contaminantes Criterio,e Inventario de Contaminantes Tóxicos Prioritarios, que ya se han desarrollado.

Finalmente, se establece la elaboración deuna serie de Normas que deberán ser emitidas para garantizar la gestión integral y eficiente de la calidad del aire.

Se regulan por separado, las Fuentes fijas de jurisdicción federal y Fuentes móviles de jurisdicción federal, así como las autorizaciones que deberá emitir la Secretaría para su control. Igualmente se establece una clara Regulación de fuentes de jurisdicción estatal y municipal,así como los Programas de verificación vehicular.

Finalmente se establecen medidas de Inspección y Vigilancia y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento, así como el Recurso de Revisión

Finalmente,se emiten una serie de disposiciones para garantizar laTransparencia, acceso a la información y participación ciudadana.

Con la promulgación de esta Ley el Poder Legislativo establecerá las bases para prevenir y combatir de forma eficiente y moderna los problemas de calidad del aire y la contaminación atmosférica

Por lo anterior, me permito someter ante el Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA.

Artículo Unico. Se expide la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera.

LEY GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, con el fin de preservar la calidad del aire y la protección de la atmosfera.

Son objetivos de esta Ley:

I. Contribuir a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, y bienestar;

II. Establecer las competencias de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y Municipios en la gestión de la calidad del aire, la protección y restauración de la atmósfera, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución;

III. Contribuir a la protección de la atmósfera, como bien común indispensable para la continuación de los procesos vitales;

IV. Promover y establecer las bases para la gestión de la calidad del aire a través del concepto de cuencas atmosféricas como mecanismo para garantizar la protección de la atmósfera y la calidad del aire satisfactoria, y

V. Implementar políticas públicas preventivas y de restauración de cuencas atmosféricas orientadas alcontrol eficiente de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Artículo 2. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las demás disposiciones que resulten aplicables en materia de preservación de la calidad del aire y protección de la atmosfera.

Artículo 3. Se considera de interés público la formulación y ejecución de acciones para garantizar la preservación de una satisfactoria calidad del airey la protección a la atmósfera conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Atmósfera: masa de aire que circunda la tierra y que, en función del perfil de temperaturas, presiones, densidades y composición de gases, se divide en tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera.

II. Aire ambiente: es la porción de la atmósfera externa a las construcciones con la cual el público en general tiene acceso.

III. Biocombustibles: combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente.

IV. Calidad del Aire: estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de tiempo y lugar determinados, en referencia a los niveles máximos de concentración establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

V. Capa de Ozono: parte de la estratósfera localizada entre los 12 y los 40 kilómetros de altitud donde se concentra el 90% del ozono terrestre el cual absorbe la radiación ultravioleta.

VI. Capacidad de asimilación de cuencas: La relación entre las emisiones de contaminantes, de origen natural o antropogénico, y las condiciones biogeoquímicas y físicas de la cuenca, que conduce a la excedencia del valor permisible por la norma de calidad del aire, de manera que la cuenca se considere saturada para el contaminante en cuestión..

VII. Combustible alterno: combustible formulado o de recuperación derivado de una corriente específica de residuos o una mezcla controlada de varias corrientes de residuos líquidos o sólidos, con poder calorífico susceptible de ser recuperado por una instalación autorizada por la Secretaría y que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas.

VIII. Contaminación atmosférica: alteración de las concentraciones naturales de aerosoles y gases en la atmósfera

IX. Contaminación del aire: presencia de uno o más contaminantes en concentraciones y duraciones tales que afectan la calidad del aire según lo establezcan la presente Ley y las normas oficiales mexicanas en la materia.

X. Contaminante criterio: Aquellos para los que se han establecido límites de concentración para preservar la calidad del aire de conformidad con esta ley y las normas oficiales mexicanas aplicables. A saber: el ozono,monóxido de carbono,bióxido de azufre,bióxido de nitrógeno,plomo, las partículas suspendidas totales, y las partículas suspendidas menores a 10 y a 2.5 micrómetros

XI. Contingencia Ambiental Atmosférica: situación de riesgo derivada de la elevada concentración de uno o más contaminantes, como consecuencia de las actividades humanas o de fenómenos naturales.

XII. Cuenca atmosférica: es un espacio geográfico, el cual está parcial o totalmente delimitado por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire a nivel estacional está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma, y en cierto casos de contaminantes exógenos.

XIII. Cuenca atmosférica saturada: Es aquella en la que, mediante monitoreo atmosférico, se determina que el límite máximo permisible por la norma de calidad del aire se ha rebasado, durante un año, con mayor frecuencia de la establecida por la norma de calidad del aire aplicable para un contaminante criterio.

XIV. Fuente de emisión: cualquier proceso, actividad o mecanismo que libera partículas o gases contaminantes a la atmósfera.

XV. Fuente de área: aquellos establecimientos o actividades cuyas emisiones se estiman en forma colectiva para la integración de los inventarios de emisiones.

XVI. Fuente fija: toda instalación establecida en un solo lugar que desarrollen operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

XVII. Fuente natural: son todos aquellos elementos o procesos naturales que generan contaminantes del aire tales como la vegetación, volcanes, pantanos y suelos.

XVIII. Fuente móvil: vehículo aéreo, terrestre o marítimo que utiliza un motor y requiere combustible para su desplazamiento o bien, el motor que será utilizado en un vehículo.

XIX. Gestión de calidad del aire: es el conjunto de programas, acciones, medidas administrativas y jurídicas que tienen por objeto prevenir, disminuir o controlar la contaminación atmosférica que afecta la calidad del aire.

XX. Instrumentos económicos: cualquier mecanismo normativo y administrativo de carácter fiscal, financiero o de mercado a través de los cuales las personas físicas o morales, asumen costos y beneficios ambientales que generan sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan al ambiente.

XXI. Índice de calidad del aire:es la escala numérica o cromática empleada para informar a la población en general el estado de la calidad del aire de forma, sencilla, precisa y oportuna

XXII. Inventario Nacional de Emisiones: instrumento de gestión que identifica las fuentes emisoras, el tipo y cantidad de los contaminantes emitidos a la atmósfera, generando información estadística que guiará las políticas públicas en materia de calidad del aire y protección a la atmósfera. Dicho Inventario estará integrado por la información generada por que generen a su vez las entidades federativas y municipios a la Federación.

XXIII. Ley: Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

XXIV. Normas Oficiales Mexicanas de calidad del aire: son aquellas normas emitidas conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que tienen la finalidad de establecer las características y/o especificaciones de los valores de concentración máxima permisibles de contaminantes en el ambiente, así como los criterios y procedimientos para su evaluación.

XXV. Plataformas y puertos de muestreo: son las instalaciones para la realización de muestreos de emisiones de contaminantes en ductos o chimeneas.

XXVI. Procuraduría:la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

XXVII. Programa de gestión de calidad del aire:es el instrumento de gestión que establece los objetivos, metas y medidas y acciones concretas de reducción de emisiones para mejorar la calidad del aire en un área, zona, región o cuenca atmosférica.

XXVIII. Reglamento: El reglamento de la presente Ley.

XXIX. Rendimiento de combustible: kilómetros recorridosentre los litros de gasolina consumidos, bajo condiciones controladas de laboratorio.11.

XXX. RETC: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

XXXI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TITULO SEGUNDO

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

CAPITULO UNICO

De la Federación, los Estados y los Municipios

Artículo 5. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, de conformidad con la distribución de competencias prevista en la presente Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 6. Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las facultades que les confiere esta Ley y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Cuando debido a las características de las materias objeto de esta Ley y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales,u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias,o entidades, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que ejerzan atribuciones que les confieran otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los reglamentos, normas oficiales mexicanas, criterios y demás disposiciones jurídicas que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de cuencas atmosféricas;

II. Elaborar el Programa Nacional de Gestión Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

III. Elaborar y aplicar los instrumentos de política ambiental en materia de preservación de la calidad del aire y la protección de la atmosfera;

IV. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, acuerdos secretariales y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, así como verificar su cumplimiento;

V. Regular las emisiones de contaminantes al aire y a la atmósfera, así como regular, controlar y efectuar la gestión sobre las fuentes de jurisdicción federal;

VI. Expedir o negar autorizaciones en materia de calidad del aire y la protección a la atmósfera para las fuentes de jurisdicción federal así como aprobar los programas y demás medidas, que expidan las entidades federativas y los municipios, en los casos que determine la presente Ley;

VII. Delimitar las cuencas atmosféricas, determinar su capacidad de asimilación y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire en una cuenca atmosférica;

VIII. Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica;

IX. Elaborar, aplicar y evaluar programas de atención a contingencias atmosféricas con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal y en coordinación con las autoridades ambientales estatales y municipales, considerando a la sociedad civil a través de procedimiento de consulta pública establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización ;

X. Elaborar, aplicar y evaluar la instrumentación del Programa Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, y el Programa Nacional de Implementación del Protocolo de Montreal en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal;

XI. Integrar la información de las emisiones contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal y requerir a las diversas entidades de la Administración Pública Federal información para la estimación de emisiones de contaminantes al aire y su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones;

XII. Elaborar, publicar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Emisiones, así como determinar los criterios e indicadores para la elaboración, monitoreo, presentación y actualización de los inventarios de las Entidades Federativas y los Municipios;

XIII. Integrar, publicar y mantener actualizado el RETC, con la participación de los gobiernos estatales y municipales;

XIV. Efectuar la gestión para reducción, sustitución y en su caso, la eliminación de las emisiones de sustancias químicas tóxicas, persistentes, bioacumulables, agotadoras de la capa de ozono, compuestos orgánicos persistentes y las establecidas en convenios internacionales aplicables en la materia,así como las listadas en el RETC;

XV. Celebrar convenios de colaboración y concertación para promover la reducción decontaminantes liberadas al aire por las fuentes de jurisdicción federal;

XVI. Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las emisiones de las fuentes móviles;

XVII. Fomentar y promover procesos productivos, uso de equipo y tecnología que contribuyan a conservar, restaurar y mejorar la calidad del aire;

XVIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes, y de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables, instrumentos económicos para la reducción de emisión de contaminantes al aire, y la protección a la atmósfera;

XIX. Elaborar e integrar, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, las comunicaciones, informes o estudios nacionales que México está obligado a presentar como Estado parte de los convenios internacionales en materia de esta Ley;

XX. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, programas de desarrollo rural que contribuyan a reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera;

XXI. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Energíapolíticas, estrategias y programas de eficiencia energética, y de mejora de la calidad de los combustibles, promoción de energías alternativas y combustibles alternos que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas con la finalidad de beneficiar la calidad del aire;

XXII. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes políticas, estrategias y programas de incorporación, adopción de tecnologías limpias y, verificación vehicular para el transporte público federal;

XXIII. Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Salud, las normas oficiales mexicanas de calidad del aire para la protección de la salud pública;

XXIV. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y atendiendo a lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables, programas de desarrollo urbano y ordenación del territorio nacional que permitan mejorar la calidad del aire;

XXV. Elaborar, publicar y mantener actualizado el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones e integrarlo al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

XXVI. Promover y otorgar asesoría técnica a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales en la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables;

XXVII. Coordinar acciones con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de diseñar e implementar instrumentos económicos que promuevan la reducción de emisión de contaminantes al aire, y la protección a la atmósfera;

XXVIII. Incluir la participación de los sectores sociales involucrados enla gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera;

XXIX. Fomentar, en coordinación con los gobiernos de los estados, del gobierno del Distrito Federal y los municipios, el desarrollo de programas de restauración y conservación de los ecosistemas forestales en territorio nacional a fin de incrementar la captura de contaminantes;

XXX. Llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia en fuentes de jurisdicción federal, e imponer las sanciones correspondientes, y

XXXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 8. Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales aplicables, compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

I. Autorizar el establecimiento de unidades de verificación de los vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares;

II. Establecer el programa para la verificación de los vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares;

III. Llevar el registro de las unidades de verificación de los vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares;

IV. Determinar las tarifas que regirán en la prestación de los servicios de verificación que lleven a cabo las unidades autorizados, y

V. Expedir las constancias de emisiones contaminantes.

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas y del Distrito Federal las siguientes:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal de cuenca en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera conforme al sistema de cuencas atmosféricas establecido en esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables en colaboración con las demás entidades federativas con las que en su caso se comparta una cuenca;

II. Aplicar, de acuerdo a lo que la presente Ley establezca como fuentes fijas y móviles de jurisdicción , los instrumentos de política ambiental;

III. Expedir los ordenamientos jurídicos para la gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera en términos de lo dispuesto en la presente Ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de calidad del aire y la protección a la atmósfera en el ámbito de su competencia;

V. Regular y controlar las emisiones de contaminantes al aire generadas por las fuentes de jurisdicción estatal;

VI. Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes en su jurisdicción con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica;

VII. Elaborar los programas de gestión de la calidad del aire, y presentarlos a la Secretaría para su aprobación;

VIII. Celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación con la Federación para diseñar e implementar programas de reducción de emisiones, a fin de dar cumplimiento al objeto de esta Ley;

IX. Formular, instrumentar y evaluar programas de prevención y atención de contingencias atmosféricas dentro de su territorio con respecto a la cuenca en cuestión, y conforme a su competencia, con la participación de la sociedad civil;

X. Integrar la información de las emisiones contaminantes al aire de jurisdicción estatal y requerir a las diversas entidades de la Administración Pública Estatal información para la estimación de emisiones de contaminantes al aire y, su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones;

XI. Elaborar, integrar y mantener actualizado el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes, conforme a los criterios emitidos por la Federación, y remitirlo a la Secretaría para la integración del Inventario Nacional de Emisiones;

XII. Elaborar, integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de las fuentes fijas de jurisdicción estatal y municipal, conforme a los criterios emitidos por la Federación;

XIII. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones;

XIV. Formular, instrumentar y evaluar programas de gestión de la calidad del aire dentro de su jurisdicción con relación a la cuenca, con base en lo dispuesto en esta Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables, promoviendo la participación de la sociedad;

XV. Dirigir e instrumentar acciones para el cumplimiento de los convenios internacionales, dentro de sus jurisdicciones y competencia;

XVI. Realizar acciones de inspección y vigilancia, en el ámbito de su competencia, e imponer las medidas de seguridad y sanciones por el incumplimiento de esta Ley;

XVII. Diseñar y promover ante las instancias competentes, el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos que tengan por objeto mejorar la calidad del aire y la protección a la atmósfera;

XVIII. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, en la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera;

XIX. Establecer y operar programas de verificación vehicular dentro de su jurisdicción, regular las emisiones de las fuentes móviles, establecer medidas de tránsito, y en casos graves de contaminación determinar la suspensión de la circulación;

XX. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire conforme a los criterios establecidos por la federación, así como remitir los datos y reportes a la Secretaría, para su integración al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire;

XXI. La elaboración e implementación de programas de verificación vehicular en lo que respecta a fuentes móviles de jurisdicción estatal y

XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes estatales, las siguientes facultades:

I. Conducir y evaluar la política municipal en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera en concordancia con la política nacional y estatal;

II. Aplicar respecto del manejo de cuencas, dentro de sus jurisdicciones y en las actividades de su competencia, los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley;

III. Expedir los ordenamientos jurídicos para la gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera en las materias de su competencia, así como verificar su cumplimiento dentro de su jurisdicción;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de calidad del aire y la protección a la atmósfera en el ámbito de su competencia;

V. Regular y controlar las emisiones de contaminantes al aire generadas por fuentes de jurisdicción municipal;

VI. Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes en su jurisdicción con base en la calidad del aire de la cuenca atmosférica donde se localice;

VII. Colaborar con las entidades federativasen la elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire;

VIII. Celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación con la Federación y los Estados para diseñar e implementar programas de reducción de emisiones, a fin de dar cumplimiento al objeto de esta Ley;

IX. Coadyuvar con las entidades federativas en la formulación e instrumentación de programas de prevención y atención de contingencias atmosféricas dentro de su territorio con la participación de la sociedad civil;

X. Integrar la información de las emisiones contaminantes a la atmósfera de jurisdicción municipal para la estimación de emisiones de contaminantes al aire, y su incorporación al Inventario Estatal y Nacional;

XI. Elaborar, integrar y mantener actualizado el Inventario Municipal de Emisiones Contaminantes, conforme a los criterios emitidos por la Federación, y remitirlo a la autoridad ambiental en la Entidad Federativa para la integración del Inventario Estatal y Nacional;

XII. Elaborar, integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de las fuentes fijas de jurisdicción municipal, la integración del Registro Estatal y Nacional, conforme a los criterios emitidos por la Federación;

XIII. Coadyuvar con las entidades federativas en la formulación e instrumentación de los programas de gestión de la calidad del aire dentro de su jurisdicción;

XIV. Dirigir e instrumentar acciones para el cumplimiento de los convenios internacionales, dentro de sus jurisdicciones;

XV. Realizar acciones de inspección y vigilancia, en el ámbito de su competencia de acuerdo al sistema de cuencas, e imponer las medidas de seguridad y sanciones por el incumplimiento de esta Ley;

XVI. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad en la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera;

XVII. Coadyuvar con la Entidad Federativa en la operación de programas de verificación vehicular y en la suspensión de la circulación, en casos graves de contaminación;

XVIII. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire conforme a los criterios establecidos por la federación, así comoremitir los datos y reportes a la Secretaría para su integración al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, y

XIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Los ayuntamientos por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones se cumplan las disposiciones jurídicas de esta Ley.

Artículo 11. La Secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el propósito de asumir las siguientes funciones, de conformidad con lo que se establece en esta Ley y con la legislación local aplicable:

I. La implementación de programas regionales o que involucren a dos o más Estados, para la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera;

II. La implementación de programas vehiculares regionales o que involucren a dos o más Estados, y

III. El establecimiento y actualización de los registros e inventarios.

Artículo 12. Los convenios o acuerdos que suscriba la Federación con las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios, para el cumplimiento de los fines a que se refiere el a artículo anterior, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dichos instrumentos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de publicación oficial de la entidad federativa que corresponda, para que surtan sus efectos jurídicos.

TITULO TERCERO

DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

CAPITULO UNICO

De las Cuencas Atmosférica

Artículo 13. Para la formulación y conducción de la política nacional de gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera, así como en la emisión de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones reglamentarias, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y los particulares observarán los siguientes principios generales:

I. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo, y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras Leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;

II. En la gestión integral de la calidad del aire las dependencias de la Administración Pública y los distintos órdenes de gobierno deberán considerar el principio de responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera;

III. La coordinación entre las dependencias de la Administración Pública y entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia en la gestión de la calidad del aire;

IV. Es imprescindible la cooperación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y todos los sectores de la sociedad para controlar, reducir y en su caso, eliminar las emisiones de contaminantes a la atmósfera a fin de mitigar los impactos al medio ambiente;

V. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de garantizar que las fuentes que se encuentren dentro de su jurisdicción o bajo su control realicen sus emisiones dentro de los límites máximos permisibles y evitar que sus emisiones causen afectaciones a otros municipios, entidades federativas o zonas transfronterizas;

VI. Con el fin de proteger el medio ambiente, las autoridades deberán aplicar el principio de precaución conforme a sus capacidades, cuando la calidad del aire en una cuenca atmosférica o zona ocasione peligro de daño grave o irreversible,;

VII. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán prevenir impactos al ambiente, autorizando la ubicación de fuentes de contaminación atmosférica atendiendo alos criterios decapacidad de asimilación de cuencas donde se pretendan establecer, para lograr un desarrollo sustentable y

VIII. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán garantizar y promover el acceso adecuado a la información acerca de la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas y programas de gestión de la calidad del aire.

Artículo 14. La formulación, conducción y evaluación de la política nacional en materia de gestión de calidad del aire y protección a la atmósfera estará basada en un esquema de delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del territorio nacional.

La Secretaría determinará el procedimiento para la delimitación, caracterización y clasificación de éstas, en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 15. La Secretaría, con la participación de los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, efectuará la delimitación de las cuencas atmosféricas a fin de implementar programas, medidas y acciones tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes del aire, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, determinarán la capacidad de asimilación de las cuencas, a partir de los datos del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones.

Artículo 16. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta Ley e implementar los instrumentos de política correspondientes, la Secretaría clasificará las cuencas atmosféricas en:

I. Saturadas, y

II. No saturadas.

Para dichos efectos, se evaluará la aportación por contaminante, así como el conjunto de todos en una misma cuenca

La Secretaría y las entidades federativas podrán diseñar programas para reconocer y estimular a todas aquellas fuentes fijas de su jurisdicción que acrediten la reducción de sus emisiones de contaminantes al aire por unidad de producto, determinadas en las normas oficiales correspondientes.

Artículo 17. La Secretaría definirá los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire para aquellas cuencas atmosféricas saturadas a través de una Norma Oficial Mexicana.

Artículo 18. En las cuencas atmosféricas clasificadas como saturadas, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establecidos dentro de ésta, deberán formular, actualizar y aplicar programas de gestión de la calidad del aire, en elámbito de sus competencias.

Artículo 19. Cuando la transferencia de contaminantes entre dos o más cuencas atmosféricas provoque excedencias en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de calidad del aire, la Secretaría promoverá conjuntamente con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal o, en su caso, de los municipios involucrados, la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire que contengan medidas específicas de reducción de emisiones para mitigar la transferencia de contaminantes.

TITULO CUARTO

INSTRUMENTOS DE POLITICA NACIONAL EN MATERIA

DE CALIDAD DEL AIRE

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 20. En la elaboracióny aplicación de la políticanacional de gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera la Secretaría, las entidades federativas y los municipios promoverán dentro de sus jurisdicciones la aplicación de los instrumentos previstos en la presente Ley.

Artículo 21. Son instrumentos de política de gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera, los siguientes:

I. Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera;

II. Programas para la reducción de contaminantes al aire;

III. Sistema de Información Nacional de la Calidad del Aire y Emisiones;

IV. Monitoreo de la calidad del aire;

V. Índice Nacional de Calidad del Aire;

VI. Inventario Nacional de Emisiones;

VII. Instrumentos económicos, y

VIII. Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire.

Para su instrumentación, el Ejecutivo Federal promoverá la participación de la sociedad en la planeación, aplicación y evaluación de los instrumentos de política previstos en esta Ley.

CAPITULO II

Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y

Protección a la Atmósfera

Artículo 22.La Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, de conformidad con esta Ley, el Plan Nacional de Desarrollo, el Diagnóstico de la calidad del aire y, demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Diagnóstico de la calidad del aire, proporcionará información básica de las concentraciones históricas, actuales y tendencias de los contaminantes del aire en las cuencas atmosféricas, el nivel de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire, así como el análisis de las fuentes y emisiones que generan la problemática en cada una de ellas, a fin de identificar las necesidades en la gestión de la calidad del aire.

Artículo 23. Los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y, los municipios, deberán elaborar e instrumentar sus programas atendiendo al Diagnóstico de la calidad del aire, en el ámbito de sus competencias.

CAPITULO III

Programas para la reducción de contaminantes al aire

Artículo 24. Las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con lainformación contenida en el Diagnóstico de la calidad del aire deberán implementar programas de reducción de contaminantes cuando se detecte que la calidad del aire no es satisfactoria de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.

Artículo 25.Para los fines y objetivos de la presente Ley, se reconocen como programas para la reducción de contaminantes los siguientes:

I. Programas de Gestión de Calidad del Aire;

II. Programas de Verificación Vehicular, y

III. Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas.

Estos programas se aplicarán atendiendo a lo dispuesto en esta Ley, y demás disposiciones legales aplicables.

SECCION I

Programas de Gestión de la Calidad del Aire

Artículo 26. Los programas de gestión de calidad del aire que elaboren e implementen las entidades federativas y en su caso, los municipios son el instrumento de gestión que establece los objetivos, metas, medidas y acciones concretas de reducción de emisiones para mejorar la calidad del aire en un área, zona, región o cuenca atmosférica.

Dichos programas deberán ser publicados en el periódico oficial de los estados o en los medios oficiales correspondientes.

Artículo 27. Los programas de gestión de la calidad del aire deberán contener, al menos:

I. Cuenca, zona, región, área metropolitana o ciudad donde se aplicará el programa;

II. Diagnóstico de la calidad del aire, contaminantes de mayor concentración y su relación con las fuentes y causas que contribuyen a la contaminación;

III. Objetivos, estrategias, medidas y acciones orientadas a las fuentes y/o contaminantes que ocasionen la problemática específica de la calidad del aire, a fin de dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas aplicables;

IV. Implementación, seguimiento y evaluación;

V. La capacidad de asimilación de la cuenca, considerando los ciclos biogeoquímicos, la química atmosférica, los sumideros, las condiciones naturales de la cuenca, así como aquellos que se determinen procedentes por entidades académicas especializadas en la materia y

VI. Las demás que determine la Secretaría en el Reglamento de esta Ley.

Las entidades federativas y los municipios presentarán ante la Secretaría el proyecto de Programa de Gestión de Calidad del Aire para su dictamen, observaciones y en su caso, aprobación.

Artículo 28. La Secretaría apoyará técnicamente a las entidades federativas y en su caso, a los municipios, en la elaboración e instrumentación de los programas de gestión de la calidad del aire, con objeto de mantener o restablecer la calidad del aire satisfactoria en las diversas cuencas, zonas, regiones, áreas metropolitanas o ciudades del país.

Artículo 29. Para la elaboración, evaluación y seguimiento del Programa de Gestión de Calidad del Aire se deberá crear un grupo de trabajo, el cual estará integrado por representantes de las autoridades ambientales de los tres órdenes del gobierno, especialistas de los sectores industrial y académico, así como la sociedad civil.

El grupo de trabajo será presidido por la autoridad ambiental del Estado o del municipio, y deberá integrarse de forma equitativa e incluyente, así como convocar a reuniones periódicas.

Artículo 30. En caso de que una cuenca atmosférica sea considerada como saturada, ésta se deberá declarar formalmente a través del mecanismo que para dichos efectos se determine en el Reglamento correspondiente, emitido por Autoridad competente de la Federación, con la colaboración de la Entidad Federativa o Entidades Federativas involucradas en el ámbito de sus competencias, debiéndose de formular y aplicarun Programa de Gestión de Calidad del Aire.

Cuando una cuenca atmosférica no se encuentre saturada o haya logrado cumplir nuevamente con las normas oficiales mexicanas de calidad del aire, las autoridades competentes podrán formular y aplicar un Programa de carácter preventivo o para mantenerse en cumplimiento, respectivamente.

SECCION II

Programa de Verificación Vehicular

Artículo 31. Las entidades federativas elaborarán e implementarán programas de verificación vehicular los cuales tendrán por objeto promover la reducción de emisiones de fuentes móviles que circulan en un área, zona, región o cuenca atmosférica a través, de la renovación del parque vehicular, el fomento de tecnologías y la eficiencia energética.

No se aplicarán los programas de verificación, a los vehículos que tengan un rendimiento de combustible superior a los 25 kilómetros por litro de gasolina.

Artículo 32. Los programas de verificación vehicular se deberán implementar obligatoriamente cuando:

I. Los registros de monitoreo de contaminantes del aire emitidos por fuentes móviles mantengan una tendencia creciente y excedan las normas de calidad del aire, durante los últimos dos años, o

II. Registren un parque vehicular permanente de más de 250,000 vehículos.

La Secretaría podrá otorgar asistencia técnica para la formulación, implementación y evaluación de los programas de verificación vehicular con el objeto de optimizar su funcionamiento y operación.

Artículo 33. Los programas de verificación vehicular deberán contener al menos:

I. Objetivos;

II. Tipo de vehículos sujetos al programa;

III. Frecuencia de medición y criterios de exención;

IV. Criterios de evaluación;

V. Resultados del programa, y

VI. Las demás que determine la Secretaría en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 34. La Secretaría participará en la elaboración, instrumentación y aplicación de los programas de verificación vehicular cuando se afecte la calidad del aire de dos o más entidades federativas o bien, se afecten zonas transfronterizas.

SECCION III

Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas

Artículo 35. Las entidades federativas y los municipios elaborarán e instrumentarán programas de contingencias ambientales atmosféricas ante eventos de concentraciones elevadas de contaminantes del aire.

La Secretaría deberá otorgar asistencia técnica para la formulación, implementación y evaluación de los programas de contingencias con el objeto de optimizar su funcionamiento y operación.

Artículo 36. Los programas de contingencias ambientales atmosféricas deberán contener al menos:

I. Las etapas o fases de alerta y determinación de los niveles de activación y desactivación de cada una, en función de las concentraciones de los contaminantes criterio o de la escala del índice de calidad del aire vigente;

II. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los sectores involucrados en dichos programas.

III. Las acciones y medidas en cada una de las etapas o fases en función del contaminante o contaminantes;

IV. Estrategias para informar oportunamente a la población los niveles de contaminación y las medidas aplicables por cada sector;

V. Medidas de protección a grupos vulnerables;

VI. Mecanismos de comunicación interna entre las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y otros sectores involucrados;

VII. Criterios para la evaluación ambiental y epidemiológica del programa por cada evento ocurrido;

VIII. Criterios de exclusión de participación de las fuentes de emisión de contaminantes, cuando por su eficiencia tecnológica, control de emisiones o por el tipo y cantidad de las emisiones contaminantes no contribuyen de manera significativa a las condiciones adversas por las cuales fue decretada la contingencia ambiental;

IX. Instrumentos, recursos y las bases de coordinación técnicas y legales de vigilancia y verificación del cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas durante las etapas o fases de alerta de la contingencia, y

X. Las demás que resulten aplicables en función del tipo y número de fuentes emisoras de contaminantes, meteorología y relieve del área, zona, región o cuenca atmosférica.

Artículo 37. Las personas físicas o morales responsables de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir contaminantes al aire, deberán participar en las acciones y medidas del programa que les aplique.

Artículo 38. La Secretaría y las entidades federativas establecerán un esquema de exención de participación en alguna de las fases iniciales del programa de contingencias ambientales atmosféricas.

La exención estará basada en los logros demostrables de las fuentes en el uso de tecnologías, equipos y procesos en la reducción de emisiones.

Artículo 39. Las personas físicas o morales responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal que estén sujetas a los programas de contingencias ambientales atmosféricas emitidos por las autoridades ambientales competentes, podrán incorporarse al esquema de exención de contingencias ambientales atmosféricas que para tal efecto establezca la Secretaría.

Las fuentes fijas de competencia federal que cuenten con redes de monitoreo perimetral que acrediten mantenerse en cumplimiento de los límites máximos permisibles de los contaminantes de manera permanente contarán con estímulos para continuar con acciones preventivas que garanticen el debido cumplimiento.

CAPITULO IV

Sistema de Información de la Calidad del Aire y Emisiones

Artículo 40. La Secretaría establecerá y mantendrá actualizado el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones, cuya información se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 41. El Sistema de Información de Calidad del Aire y Emisiones es el programa que reúne y difunde los datos principales para la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera y deberá integrar la siguiente información:

I. Datos del calidad del aire generados por los sistemas de monitoreo que establezcan y operen las autoridades del Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

II. Inventarios de emisiones a la atmósfera: nacional, regionales y estatales;

III. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes;

IV. Programas implementados por las entidades federativas y los municipios, así como los resultados de evaluación y seguimiento;

V. Las disposiciones jurídicas aplicables a la gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera;

VI. Informes, investigaciones científicas y académicas a fin de dar difusión sobre temas prioritarios en la gestión de la calidad del aire; y

VI. La información que determine la Secretaría para facilitar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

La Secretaría publicará y mantendrá actualizado el Sistema de Información Nacional de la Calidad del Aire y Emisiones en su página de internet.

Artículo 42. La Secretaría, mediante convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, establecerá las bases para incorporar la información generada al Sistema de Información Nacional de la Calidad del Aire y Emisiones.

CAPITULO V

Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire

Artículo 43. Las entidades federativas, en colaboración con los municipios, deberán diseñar, instalar y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire, conforme a los criterios y especificaciones previstos en la norma oficial mexicana respectiva.

Artículo 44. Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire se establecerán en:

I. Cuencas atmosféricas, zonas metropolitanas, conurbaciones con poblaciones de más de quinientos mil habitantes, o con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio a la atmósfera, o

II. Poblaciones o localidades que por la intensidad de sus actividades industriales y características de relieve o meteorológicas requieran del establecimiento de sistemas de monitoreo de calidad del aire.

Artículo 45. Para garantizar la confiabilidad de los datos de calidad del aire, los responsables de la operación de los sistemas de monitoreo implementarán programas de aseguramiento y control de calidad, conforme a los lineamientos, y especificaciones establecidos en la norma oficial mexicana.

Artículo 46. Las entidades federativas remitirán a la Secretaría los reportes de monitoreo atmosférico mediante transmisión electrónica, para su integración al Sistema de Información Nacional de la Calidad del Aire y Emisiones.

CAPITULO VI

Indice Nacional de Calidad del Aire

Artículo 47. El Índice Nacional de Calidad del Aire es un instrumento de política ambiental que permite establecer una escala numérica o cromática para informar a la población el estado de la calidad del aire en forma sencilla, precisa y oportuna.

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirá la Norma Oficial Mexicana para el establecimiento de un Índice Nacional de Calidad del Aire.

Artículo 48. El Índice Nacional de Calidad del Aire deberá difundirse diariamente a la población, a través de los diferentes medios de comunicación que las dependencias u organismos de las entidades federativas encargados de los sistemas de monitoreo determinen.

Este Índice servirá para definir los niveles de activación de los programas de contingencias atmosféricas que se establezcan en las ciudades, zonas o cuencas atmosféricas.

CAPITULO VII

Inventario Nacional de Emisiones

Artículo 49. La Secretaría se coordinará con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios para la integración y actualización del Inventario Nacional de Emisiones.

Artículo 50. El Inventario Nacional de Emisiones deberá integrar la información contenida en los siguientes:

I. Inventario de Contaminantes Criterio y Precursores, y

II. Inventario de Contaminantes Tóxicos Prioritario.

El Reglamento de la presente Ley determinará los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización, actualización, monitoreo de los datos que deberán contener el Inventario Nacional de Emisiones.

Artículo 51. La Secretaría determinará los contaminantes que deberán incluirse en el Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio y Precursores para las siguientes categorías:

a) fuentes fijas;

b) fuentes de área;

c) fuentes móviles, y

d) fuentes naturales.

Este Inventario será actualizado cada tres años para su integración al Inventario Nacional de Emisiones.

Artículo 52. La Secretaría determinará los contaminantes que deberán incluirse en el Inventario de Emisiones de Contaminantes Tóxicos Prioritarios para las siguientes categorías:

a) Fijas;

b) De área, y

c) Móviles.

Asimismo, la Secretaría integrará los inventarios de contaminantes tóxicos que determinen los compromisos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.

Artículo 53. Las entidades federativas y los municipios elaborarán inventarios de las fuentes de su jurisdicción y los remitirán a la Secretaría para la integración del Inventario Nacional de Emisiones o los inventarios regionales correspondientes.

La Secretaría publicará las guías para elaboración de cada uno de los inventarios que integran el Inventario Nacional de Emisiones.

Artículo 54. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al que se refiere el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, formará parte del sistema de información de calidad del aire y emisiones, en lo concerniente a emisiones al aire.

La información contenida en el Registro se sujetará a las previsiones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de la Propiedad Industrial.

CAPITULO VIII

De los Instrumentos Económicos

Artículo 55. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire.

Para los efectos de esta Ley se consideran como instrumentos económicos los siguientes:

I. Los instrumentos fiscales;

II. Los instrumentos financieros, y

III. Los instrumentos de mercado.

En el diseño, evaluación y aplicación de los instrumentos económicos deberán considerarse la política, los programas y criterios vigentes en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera.

La aplicación de estos instrumentos, deberá incidir favorablemente sobre las reducciones de las emisiones de contaminantes del aire que provoquen impactos sobre poblaciones humanas y ecosistemas a nivel local, regional y global.

Artículo 56. La Secretaría, los Estados y el Distrito Federal, promoverán los instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de política ambiental, bajo los siguientes criterios:

I. Los instrumentos económicos podrán ser propuestos por cualquier persona física o moral interesada en la calidad del aire. La promoción de estos instrumentos deberá hacerse a través de la Secretaría, de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda y deberá incluir un estudio técnico que justifique y oriente el uso de dicho instrumento;

II. Para facilitar la elaboración del estudio técnico, la Secretaría publicará el manual correspondiente, y

III. La validación o aprobación del instrumento económico estará a cargo de la Secretaría, los Estados o el Distrito Federal o, en su caso de los organismos de coordinación intergubernamentales correspondientes y que sean responsables de la política en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera para una o varias cuencas atmosféricas.

Artículo 57. Para garantizar la equidad y transparencia en la aplicación y administración de los instrumentos económicos enunciados con anterioridad la Secretaría, los Estados o el Distrito Federal deberán:

I. Convocar a los agentes involucrados para discutir y consensuar la aplicación de los instrumentos económicos;

II. Mantener un registro de instrumentos vigentes y dar acceso a las personas interesadas a la información relacionada con los mismos, y

III. Promover la aplicación de estos instrumentos ante la autoridad hacendaría, las instituciones gubernamentales y de crédito, y demás organizaciones que correspondan en el ámbito nacional, estatal o municipal de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 58. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal, promoverán la suspensión de cualquier instrumento económico otorgado cuando:

I. El plazo establecido para la aplicación del instrumento, haya concluido siempre y cuando no exista una solicitud de prórroga;

II. Se demuestre técnicamente que la capacidad de carga, o bien el límite de cambio aceptable, dentro del área ha sido alcanzado o bien cuando por causas ajenas al hombre, esta capacidad se modificó, y

III. Exista evidencia científica que demuestre que el efecto inducido por la aplicación del instrumento genera efectos adversos a los ecosistemas.

Artículo 59. La Secretaría, los Estados o el Distrito Federal, suspenderán o promoverán la suspensión de los instrumentos económicos cuando se demuestre mediante un estudio técnico, que como resultado del funcionamiento del instrumento, los niveles de contaminación atmosférica rebasen lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas o dejan de cumplir sus objetivos.

Artículo 60. Los instrumentos fiscales podrán destinarse a actividades, bienes y servicios ambientales mediante deducciones o exenciones fiscales, y adaptarse a lo dispuesto en las leyes aplicables. Estos pueden ser impuestos, sobreprecios, derechos y productos, entre otros.

Artículo 61. Los instrumentos financieros podrán apoyar procesos tecnológicos, patrones de producción o esquemas de aprovechamiento que reduzcan las emisiones de contaminantes. Estos instrumentos pueden ser créditos, fianzas, seguros, esquemas de canje de deuda por naturaleza, creación de fondos específicos y fideicomisos, entre otros.

Artículo 62. Los instrumentos de mercado podrán aplicarse a diversas actividades con el objetivo de modificar las conductas o decisiones de consumo y producción a través de esquemas de oferta y demanda, con la participación de los agentes económicos y sociales involucrados. Estos instrumentos pueden ser: mercados transferibles de emisiones, esquemas de depósito-reembolso, entre otros.

Artículo 63. La Secretaría podrá establecer sistemas de derechos transferibles para fuentes fijas de jurisdicción federal.

Artículo 64. La Secretaría con las entidades federativas y el Distrito Federal podrán establecer sistemas de derechos transferibles para fuentes fijas de jurisdicción estatal y municipal.

Las fuentes fijas de jurisdicción federal que reduzcan sus emisiones por debajo de los niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas a que se refiere la presente Ley y deseen transferir los derechos de emisión que correspondan al volumen de emisiones que haya reducido darán aviso a la Secretaría, para lo cual:

I. Solicitarán, en aplicación del procedimiento de evaluación de la conformidad de dichas Normas, la constancia expedida por la autoridad competente o por la unidad de verificación correspondiente, en la cual se señalen sus niveles de emisión desglosados por contaminante;

II. La fuente fija que adquiera los derechos a que se refiere este artículo conservará la constancia de reducción que le fue transferida, y

III. La fuente fija que enajene los derechos de emisión deberá solicitar ante la Secretaría la actualización de su autorización en materia de atmósfera.

CAPITULO IX

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Calidad del Aire

Artículo 65. Para garantizar la eficaz y eficiente implementación de las políticas para la gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera, la Secretaría de manera conjunta o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal, expedirán normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer límites máximos permisibles de emisión, lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 66. La aplicación de las normas oficiales mexicanas para la gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera, así como los actos de inspección y vigilancia corresponderán a la Secretaría, las entidades federativas, y los municipios en los términos de esta Ley. El cumplimiento de dichas normas podrá ser evaluado por los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por la Secretaría de conformidad con las disposiciones reglamentarias que deriven del presente ordenamiento y con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 67. Las normas oficiales mexicanas en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.

La Secretaría deberá:

I. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al airepor fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas;

II. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales.

III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de gases así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles;

IV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan límites máximos permisibles de emisión de contaminantes de la operación de fuentes fijas de jurisdicción federal;

V. Expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire;

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas para la certificación por la autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes determinadas;

VII. Expedir, las normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud, y

VIII. Las demás que determine la Secretaría para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

TITULO QUINTO

REGULACION DE FUENTES DE JURISDICCION FEDERAL

CAPITULO I

Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal

Artículo 68. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal ya sea que utilicen combustibles convencionales o combustibles alternos, que emitan o puedan emitir contaminantes al aire, se requerirá autorización de la Secretaría.

Artículo 69. Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias:

I. Química;

II. Del petróleo y petroquímica;

III. De pinturas y tintas;

IV. Automotriz;

V. De celulosa y papel;

VI. Metalúrgica, siderúrgica, así como los procesos de transformación y manufactura del acero;

VII. Del vidrio;

VIII. De generación de energía eléctrica;

IX. Del asbesto;

X. Minera;

XI. Cementera y calera, y

XII. De tratamiento de residuos peligrosos.

Se considera fuente fija de jurisdicción federal aquellas que utilicen combustibles alternos en su proceso productivo, que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y que se encuentren listadas en las fracciones anteriores.

El Reglamento de la presente Ley determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales antes señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 70. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan contaminantes al aire, están obligados a:

I. No exceder los niveles máximos permisibles de emisión establecidos en las normas oficiales mexicanas;

II. Canalizar a través de chimeneas o ductos, las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas a través de sus equipos, procesos u operaciones cuando sea técnicamente posible;

III. Efectuar los muestreos en los ductos o chimeneas correspondientes para determinar las concentraciones y emisiones de contaminantes al aire, conforme a los métodos y frecuencia establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, en concordancia con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

IV. Instalar puertos y plataformas de muestreo conforme a las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en las Normas Mexicanas aplicables;

V. Llevar bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso, combustión y de control que involucren emisiones al aire, así como las medidas adoptadas en caso de presentarse una contingencia ambiental atmosférica;

VI. Reportar sus emisiones de contaminantes al aire a través de la Cédula de Operación Anual;

VII. Estimar y reportar en la Cédula de Operación Anual, las emisiones, derivadas de accidentes, contingencias e inicio de operaciones y paros programados, combustión a cielo abierto, y

VIII. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y normas oficiales mexicanas aplicables.

Para los efectos de la fracción II del presente artículo, cuando técnicamente no sea posible la canalización de las emisiones contaminantes a través de una chimenea o ducto, el interesado lo señalará a así ante la Secretaría al solicitar o actualizar la autorización en materia de atmósfera, justificándolo mediante un estudio técnico respectivo.

Artículo 71.Las autorizaciones para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal, podrán ser transferidas, siempre y cuando:

I. Se cuente con el aviso por escrito de la Secretaría, y

II. Se acredite la subsistencia de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.

Artículo 72.Las autorizaciones en materia de calidad del aire, serán revocadas por cualquiera de las siguientes causas:

I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin dar aviso a la Secretaría;

II. Por dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de la autorización o infringir lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposicionesque de ella emanen;

III. Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización expresa conforme a esta Ley y su Reglamento;

IV. Por resolución definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente, y

V. Los demás casos previstos en esta Ley o en las propias autorizaciones.

CAPITULO II

Fuentes Móviles de Jurisdicción Federal

Artículo 73. Para los efectos de esta Ley, las fuentes móviles de jurisdicción federal son:

I. Las que presten servicios de autotransporte federal y servicios auxiliares conforme a las disposiciones legales aplicables;

II. Las nuevas, en planta de producción o importadas;

III. Aquellas usadas que se encuentren en proceso de importación definitiva, y

IV. Aviones, helicópteros, locomotoras, tractocamiones y embarcaciones en servicio.

Artículo 74. Los responsables de las fuentes móviles de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir contaminantes, partículas, gases o vapores a la atmósfera, no deberán exceder los límites máximos permisibles de emisión que establezcan las normas oficiales mexicanas.

Artículo 75.Los permisionarios de vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares que utilizan diesel como combustible, o mezclas que incluyan diesel como combustible, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, deberán someter dichos vehículos a la verificación obligatoria de emisiones contaminantes, o en su caso, la estimación de emisiones de la fuente móvil, para aquellos vehículos que sea imposible su traslado a un Centro de Verificación, y que por sus dimensiones, peso o características especiales sea imposible su tránsito por vías de comunicación.

El reglamento que al efecto se expida establecerá el procedimiento para la verificación de los vehículos de autotransporte federal y servicios auxiliares.

Artículo 76. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría, establecerán el programa de verificación vehicular para el autotransporte federal y sus servicios auxiliares, y al menos deberá contener:

I. Vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares sujetos al programa;

II. Procedimiento de verificación vehicular;

III. Requerimientos para la prestación del servicio de verificación vehicular y la operación de las unidades de verificación;

IV. Requisitos para la expedición de constancias de emisiones contaminantes que emiten las unidades dentro del procedimiento de verificación vehicular;

V. Obligaciones de los concesionarios o permisionarios de los vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares sujetos al programa, y

VI. Medidas para la exención de la verificación vehicular.

Artículo 77. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evaluará el programa de verificación vehicular del autotransporte federal y servicios auxiliares con el objeto de comprobar su eficiencia y la reducción de emisiones.

Artículo 78. Los vehículos del autotransporte federal y sus servicios auxiliares que circulen en caminos de jurisdicción local durante periodos de contingencias ambientales atmosféricas, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas por el programa de contingencias de la zona o región de que se trate.

Artículo 79. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con la participación de las entidades federativas correspondientes, definirán, mediante Acuerdo las alternativas y los criterios de exención para que los vehículos del autotransporte federal puedan circular en caso de decretarse una contingencia ambiental atmosférica en una determinada zona o región.

Artículo 80. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitirá la convocatoria para obtener la aprobación como unidades de verificación vehicular para verificar el cumplimiento de los límites máximos de las normas oficiales mexicanas aplicables a los vehículos de autotransporte federal y servicios auxiliares.

El Reglamento de esta Ley emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las unidades de verificación vehicular y los requisitos que deberá contener la convocatoria respectiva.

Artículo 81. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la participación de la Secretaría aprobarán a las unidades de verificación vehicular que verificarán el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables a los vehículos de autotransporte federal y servicios auxiliares.

Artículo 82. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme al artículo 118 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización podrá suspender la aprobación de las unidades de verificación vehicular, previa opinión de la Secretaría, cuando:

I. No proporcione a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría en forma oportuna y completa, los informes que le sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación;

II. Impida u obstaculice las funciones de verificación y vigilancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

III. No cuente con los recursos humanos, materiales o técnicos necesarios para realizar sus funciones;

IV. La entidad de acreditación suspenda en forma total o parcial la acreditación en términos de lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento;

V. Deje de cumplir con las condicionantes conforme a las cuales se les otorgó la aprobación;

VI. Cuando reincidan en el mal uso de alguna contraseña oficial, marca registrada o emblema;

VII. Incumpla más de dos veces, dentro del término de un año, con la obligación de informar sobre las verificaciones realizadas y los resultados obtenidos, o

VIII. Las demás previstas en la aprobación respectiva.

Artículo 83. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización podrá revocar la aprobación de las unidades de verificación vehicular, previa opinión de la Secretaría, cuando:

I. Se emitan constancias de cumplimiento a la Normas Oficiales Mexicanas, aun cuando los particulares no hayan cumplido con dicha normatividad;

II. El responsable proporcione información falsa respecto de los resultados de la verificación de los vehículos y emita constancias de cumplimiento;

III. Se niegue de manera injustificada y reiterada, a prestar el servicio que se le solicite;

IV. El responsable reincida en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior;

V. La entidad de acreditación cancele la acreditación en términos de lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento;

VI. Se prolongue por más de tres meses consecutivos la suspensión de la aprobación, si ésta deriva de la causal prevista en la fracción III del artículo anterior;

VII. Se compruebe, del resultado de la verificación, que las instalaciones, equipo o el personal involucrado en la operación de la unidad de verificación, no están autorizados;

VIII. Se compruebe que la unidad de verificación vehicular proporcionó documentación o información falsa para obtener la aprobación correspondiente;

IX. Interrumpa la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada;

X. Se cedan o transfieran los derechos conferidos, sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría;

XI. No se inicien operaciones en el periodo señalado en la aprobación, salvo causas de fuerza mayor, que se deberán de comprobar;

XII. Se presten servicios distintos a los señalados en la aprobación correspondientes, y

XIII. Las demás previstas en la aprobación respectiva.

Artículo 84. La unidad de verificación vehicular emitirá una constancia de cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables para el periodo o plazo que establezca el programa de verificación vehicular.

En caso que el vehículo verificado no cumpla con los límites máximos permisibles establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables, su propietario deberá efectuar las reparaciones que procedan para someterlo a una nueva verificación.

Artículo 85.La constancia de emisiones contaminantes deberá contener:

I. Fecha de verificación;

II. Identificación de la unidad de verificación vehicular y de la persona que efectuó la verificación;

III. Números de registro y de motor;

IV. Tipo, marca, año-modelo y placa del vehículo;

V. Nombre y domicilio del propietario;

VI. Identificación de las normas oficiales mexicanas aplicadas en la verificación;

VII. Niveles de emisiones obtenidos en comparación con los límites máximos permisibles; de las normas oficiales mexicanas aplicables;

VIII. Resultado de la verificación, y

IX. Las demás que se determinen en el Reglamento de esta Ley y el programa de verificación vehicular.

TITULO SEXTO

REGULACION DE FUENTES DE JURISDICCION ESTATAL Y MUNICIPAL

CAPITULO I

De las Fuentes de Jurisdicción Estatal y Municipal

Artículo 86. La regulación de las fuentes de jurisdicción estatal y municipal así como la gestión en materia de calidad del aire y protección a la atmósfera que realicen las entidades federativas y los municipios, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 87. Para efectos de esta Ley se consideran fuentes fijas de jurisdicción estatal:

I. Industria alimentaria.

II. Industrias de las bebidas y del tabaco.

III. Fabricación de productos textiles y prendas de vestir.

IV. Curtido y acabado de cuero y piel.

V. Industria de la madera.

VI. Impresión e industrias conexas.

VII. Fabricación de productos de minerales no metálicos diferentes de jurisdicción federal.

VIII. Fabricación de productos metálicos que no sean de jurisdicción federal.

IX. Fabricación de equipos de computación, comunicación, medición y de otros equipos y componentes de accesorios electrónicos.

X. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica.

XI. Fabricación de muebles.

XII. Los hospitales y clínicas.

XIII. Otras industrias manufactureras específicas.

XIV. Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, hielo y tabaco.

XV. Talleres de hojalatería y pintura y agencias de automóviles que efectúen la actividad de pintado.

XVI. Hoteles, centros recreativos y deportivos con equipo de combustión mayor a 100 CC.

XVII. Hospitales y clínicas con equipo de combustión mayor a 100 CC (Caballos Caldera).

XVIII. Estaciones de servicio (gasolineras).

XIX. Estaciones encargadas de la verificación vehicular.

XX. Otras actividades o establecimientos industriales, comerciales o de servicios que no se consideren como fuentes fijas de jurisdicción federal o municipal por la presente Ley.

Artículo 88. Para los efectos de ésta Ley se consideran fuentes móviles de jurisdicción Estatal:

I. Las que presten servicios de autotransporte estatal y servicios auxiliares conforme a las disposiciones legales aplicables;

II. Las nuevas fuentes móviles de uso no industrial, en planta de producción y

III. Las fuentes móviles de uso no industrial en tránsito a la entrada en vigor de ésta Ley

Artículo 89.Para efectos de esta Ley se consideran fuentes fijas de jurisdicción municipal:

I. Baños públicos.

II. Panaderías.

III. Tintorerías.

IV. Lavanderías.

V. Hoteles que cuenten con equipos mayores a 10 CC (Caballos Caldera) con un calor de entrada de 110,000 Kcal/ h.

VI. Restaurantes que utilicen como combustible leña o carbón en la preparación de alimentos con un calor de entrada de 50,000 Kcal/ h.

VII. Otras actividades o establecimientos industriales, comerciales o de servicios que no se consideren como fuentes fijas de jurisdicción federal o estatal por la presente Ley.

CAPITULO II

Programas de Verificación Vehicular Locales

Artículo 90. La Secretaría podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, apoyos técnicos para la formulación, implementación y evaluación de los programas de verificación vehicular con el objeto de optimizar su funcionamiento y operación.

Artículo 91. Para efectos de la evaluación de programas de verificación vehicular mencionada en el artículo anterior, la Secretaría dará a conocer la metodología, la cual considerará los siguientes aspectos generales:

I. Aplicar un modelo para la estimación de las emisiones de los vehículos automotores en circulación, para corroborar los resultados de aprobación y rechazo del programa de verificación vehicular, y

II. Determinar las frecuencias y los criterios de evaluación de cada tipo de programa de verificación vehicular en operación.

Artículo 92. La Secretaría coordinará los trabajos para la elaboración y la aplicación de los programas de verificación vehicular cuando se afecte la calidad del aire de dos o más entidades federativas o bien se afecten zonas sujetas a la jurisdicción o soberanía de otros países.

TITULO SEPTIMO

INSPECCION Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I

Inspección y Vigilancia

Artículo 93. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, la Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá realizar por conducto de personal debidamente autorizado, los actos de inspección y vigilancia que consideren necesarios, conforme a esta Ley.

Las personas físicas o morales sujetas a reporte de Emisiones, responsables de centros de verificación vehicular federal, y quienes realicen actividades relacionadas con las materias que regulan este ordenamiento, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá observar en el desarrollo de los procedimientos de inspección, las formalidades que para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CAPITULO II

Sanciones Administrativas

Artículo 94. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las responsabilidades administrativas a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil o penal que se puedan derivar de los mismos hechos.

Artículo 95. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a Reporte de Emisiones y centros de verificación vehicular federal, para validar la información proporcionada, así como su entrega en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley se deriven.

En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, así como incumplir con los plazos y términos para su entrega, se aplicará una multa equivalente de 300 a 1000 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal.

Artículo 96. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, serán acreedores a las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de sus disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.

CAPITULO III

Recurso de Revisión

Artículo 97. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la aplicación de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales que de ella deriven, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación o ante las instancias jurisdiccionales competentes, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Ambiente.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la unidad administrativaque emitió la resolución impugnada, la que resolverá sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido y turnará posteriormente el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

Artículo 98. Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TITULO OCTAVO

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y

PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO UNICO

De la Participación Corresponsable

Artículo 99. La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera.

Artículo 100. La Secretaría garantizará que la información en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera esté completa, actualizada y disponible al público para su consulta en su página de internet, siempre que no sea considerada como información confidencial según la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información, la Ley de la Propiedad Industrial, así como de las leyes aplicables en la materia.

La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas o cualquier otro material de consulta.

Artículo 101. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los municipios pongan a su disposición información en materia de en materia de gestión de la calidad del aire y protección a la atmósfera que le sea solicitada, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de que se generen gastos, éstos correrán por cuenta del solicitante.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto.

ARTICULO TERCERO. En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, en un periodo máximo de tres años, estará vigente el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

ARTICULO CUARTO. La presente Ley será aplicable, sin menoscabo de las atribuciones que competan a otras dependencias de la Administración Pública Federal, de conformidad con las leyes que resulten aplicables.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ninfa Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 76 constitucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 76, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Las migraciones son un hecho natural que ocurren con base en las necesidades de las poblaciones humanas, las que se encuentran en constante movimiento en aras de satisfacer sus requerimientos de subsistencia.

El Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tiene las personas de mejores condiciones de vida, aunque ello implique el abandono geográfico del país de origen. Los inmigrantes logran con ello incrementos salariales, los países de destino se beneficiaron del aumento en la oferta de mano de obra, y los países de origen vieron disminuir las presiones en el Sector laboral.1

Nuestro país ha presentado desde sus orígenes un fenómeno migratorio complejo. Somos una nación expulsora de migrantes, principalmente hacia los Estados Unidos de América, a la vez que somos receptores de migrantes centro y sudamericanos, algunos de manera permanente y otros en tránsito hacia nuestro vecino del norte.

Finalmente, contamos también con una compleja migración interna, del sur hacia el norte y del campo hacia las ciudades, fenómeno que lejos de disminuir ha crecido con los efectos de riesgo que suceden de continuo durante los trayectos de migración, que se traducen en riesgo inminente y constante a la libertad, la vida y el escaso patrimonio de aquellos que tienen la necesidad de migrar para buscar un mejor medio de vida.

En el caso de la migración de México a Estados Unidos, estamos ante un fenómeno económico y humano, con todo lo que tiene de tragedia y complementariedad de beneficios y perjuicios para ambas sociedades, de mitos y prejuicios culturales. Las de estos dos países son economías que de facto funcionan de manera compenetrada y cuya oferta o demanda de empleo conoce sinergias inocultables, históricas y estructurales.2

De conformidad con estimaciones del Consejo Nacional de Población, cerca de 12 millones de mexicanos residen actualmente en los Estados Unidos, de los cuáles cerca del 53 por ciento, es decir, alrededor de 7 millones, cruzan o han cruzado la frontera de manera irregular, lo que los pone en una posición de vulnerabilidad frente a las detenciones arbitrarias, vejaciones y maltratos. 3

Asimismo, quedan fuera de esta cifra los migrantes de Centro y Sudamérica en tránsito hacia el norte, y cuya cantidad es difícilmente cuantificable, pero muy voluminosa como lo puede advertir cualquier persona que visite la frontera sur, sobre todo de acuerdo a los constantes reportes noticiosos en medios impresos y electrónicos que dan cuenta de las condiciones inhumanas y de alto riesgo de los migrantes que desean llegar a la frontera de México con los Estados Unidos de Norte América.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y en el trayecto sufren, con frecuencia, vejaciones, maltratos, discriminación o abusos.

Sin embargo, la cantidad de migrantes centroamericanos que ingresan a México por la frontera sur de forma ilegal disminuyó en 70 por ciento n los últimos cinco años, ello de acuerdo a cifras del propio Instituto Nacional de Migración.

Mientras que en 2005 entraron al país 433,000 migrantes indocumentados, en 2010 lo hicieron 140,000. La disminución del flujo ilegal de centroamericanos a territorio mexicano, según Gobernación, se debe a factores como la crisis económica que vivió Estados Unidos en 2008 y 2009.

La violencia en México, el aumento de secuestros, las desapariciones, las fosas, la colusión de funcionarios de migración, es el argumento que da la Pastoral para la Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México.

El fenómeno migratorio ha ido evolucionando con el paso de los años, y recientemente se ha vuelto mucho más complejo debido al incremento de la violencia y la delincuencia organizada que se ha dejado sentir en todos los sectores de la sociedad.

Desafortunadamente las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en los años recientes han incurrido en una sucesión de omisiones y errores que hacen urgente la intervención del Poder Legislativo como un auténtico contrapeso respecto del Ejecutivo Federal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales han documentado la colusión de funcionarios del INM, de la Policía Federal y estatales en delitos en contra de migrantes, sobre todo en el secuestro y extorsión.

En su Informe Especial Sobre Secuestros a Migrantes, la CNDH documentó que en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas.

De acuerdo con el 6° Informe de Gobierno, la Secretaría de Gobernación manifiesta haber apoyado a 1.8 millones de mexicanos que retornaron al país durante el periodo mediante el programa Paisano y el llamado Grupo de Protección a migrantes (Grupos Beta) se brindó orientación a 216,705 migrantes, localizó a 170, brindó asistencia social a 201,424 y asistencia jurídica a 287 personas, independientemente de su nacionalidad.4

Sin embargo, estas cifras en realidad no se han definido políticas que se traduzcan en una protección efectiva a los migrantes, ni los mexicanos que intentan cruzar la frontera y que no pocas veces son agredidos, ni mucho menos para los centro y sudamericanos que se arriesgan a cruzar por México para llegar a Estados Unidos.

Hasta finales del 2011 el INM contaba con 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales ubicadas en 26 entidades federativas, lo cual se traduce en una capacidad total de albergar a 4 mil 300 personas simultáneamente.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobernación es, de conformidad con el artículo 4° de la Ley General de Población, la encargada de definir las normas y políticas públicas en materia, así como de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias federales que intervengan de acuerdo a su competencia.

El Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene a su cargo la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. 5

Cabe destacar que medios nacionales, estatales y organismos no gubernamentales, sobre todo la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, han denunciado a funcionarios del INM por estar coludidos por su pobre desempeño, denuncias de colusión con secuestradores, extorsión y maltrato a migrantes.

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde la Marina en agosto del 2010 descubrió fosas con 72 cadáveres de migrantes centro y sudamericanos que fueron secuestrados y asesinados por el crimen organizado, colocaron a México como una nación que de ser hace algunas décadas refugio de perseguidos políticos y receptor amigable de extranjeros, a una nación donde los migrantes son maltratados, extorsionados y desparecidos.

Lamentablemente no es el único caso. Hay denuncias de fosas en estados como Veracruz y desde hace algunas semanas los restos de 73 personas que se encontraban en 30 fosas comunes en la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para obtener muestras de ADN y lograr su identificación.

Organizaciones civiles de América Latina, en voz Mercedes Doretti, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático en Derecho, exigieron al Estado Mexicano la identificación de las casi 10 mil muertos víctimas de violencia del crimen organizado que continúan sin identificar; entre ellos migrantes centroamericanos.

Esta soberanía debe actuar de manera responsable frente a la ciudadanía, y vigilar de manera cercana la actualización del Ejecutivo, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos.

Los desaciertos, la falta de conocimiento de la problemática que aqueja al fenómeno migratorio, la descoordinación y la ineficacia de las políticas diseñadas en la materia, nos obligan a intervenir de manera urgente en favor de los migrantes, adecuando las normas, instituciones, programas y apoyos destinados para su atención.

Durante la presente administración, el titular del Ejecutivo Federal de manera reiterada ha hecho mal uso de la facultad potestativa que tiene para nombrar a sus colaboradores en las distintas dependencias de la administración pública federal, sobre todo en áreas tan sensibles como la migración.

Por tal motivo es que considero que el nombramiento de su titular debe recaer en la Cámara de Senadores por el voto de dos terceras partes de sus miembros, de entre la terna que proponga el titular del Ejecutivo Federal.

De esta manera esta soberanía se encargaría de realizar un análisis detallado y transparente de las cualidades de cada uno de los aspirantes, al tiempo que el Ejecutivo Federal conserva la posibilidad de designar a los integrantes de dicha terna, en un claro ejercicio republicano de balance de poderes.

Para ello, se propone modificar el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar a la Cámara de Senadores la facultad para designar al titular del Instituto Nacional de Migración de entre la terna que proponga el Ejecutivo Federal, con una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, lo que implica la construcción de un gran consenso al interior de la Cámara de Senadores entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.

Asimismo, a efecto de no retrasar la atención de los asuntos en materia migratoria, en caso de que la Cámara de Senadores se encuentre en receso, se propone que el ejercicio de esta facultad recaiga en la Comisión Permanente, con los mismos requisitos.

En virtud de lo anterior, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico.- Se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Embajadores, Cónsules Generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como del titular del Instituto Nacional de Migración, en los términos que la Ley disponga.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

NOTAS:

1 “Políticas de Desarrollo Regional”, compilador José Luis Calva. Título del artículo “migración Internacional y Desarrollo”. Autores Rodolfo García Zamora y otros. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. pág. 80.

2. “políticas de Desarrollo Regional”, Compilador José Luis Calva. Título del artículo “Migración, desarrollo y regiones”. Autor Gustavo López Castro. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. pág. 102.

3 www.conapo.gob.mx

4 Secretaría de Gobernación, 4° Informe de Labores. Pág. 98.

5 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Art. 55

Se recibió de los Senadores José María Martínez, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 56 constitucional, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores José María Martínez Martínez, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ,DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, y CARLOS MENDOZA DAVIS Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El principio de división de poderes, basado en la ideología de la ilustración, no solo apunta prevenir el riesgo de la concentración del poder en una sola instancia sino que al mismo tiempo que establece la existencia de un triple orden en el ejercicio de la soberanía – Legislativo, Ejecutivo y Judicial -, otorga la primacía del Poder Legislativo como la expresión de la voluntad general.

El sistema bicameral fue concebido como un medio equilibrador, como el número de cámara de representantes, así el número de representantes de la población, este varía dependiendo de cada entidad, la cámara senatorial da una igualdad a los estados al establecer un mismo número de Senadores por cada entidad, sin importancia del tamaño del estado.

Al establecer un órgano senatorial distinto al de representantes pero coparticipe a la vez, se constituye un freno al gobierno. El bicamerismo comenzó como un tipo de asamblea aristocrática, pero con el tiempo fue cambiando hasta quedar como un órgano colegiado que representa igualitariamente en los estados de la federación; es una institución, que garantiza tanto la unión federal como la preservación de las entidades federativas, todo esto para evitar que la Federación se vuelva un gobierno unitario.

En nuestro país, la primera vez que se contempla este sistema fue en la Constitución Mexicana de 1824, quienes replicaron el sistema norteamericano, debido al interés de realizar las actividades legislativas por medio de las dos cámaras del Congreso General, para lograr un buen desempeño de ambas cámaras. Compartían aspectos básicos como, el hecho de que los Senadores eran elegidos por los estados de la Federación, el requisito de poseer 30 años de edad, y de ser un medio para equilibrar el poder y de protección del sistema federal.

Los Senadores eran elegidos a través de la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas, por lo que nunca eran electos por voluntad popular debido a que representaban a las entidades federativas y no al pueblo.1 Es decir, en el marco del federalismo representaban a la población de la entidad por la cual eran elegidos y votados.

Desde 1917 hasta 1996, exclusivamente la Cámara de Senadores en México se encontraba integrada por dos representantes por cada estado de la Federación y el Distrito Federal. La composición de esta Cámara no ha sido la misma ya que el número ha variado de acuerdo a la modificación de las partes integrantes de la Federación; por ejemplo, en 1949, por cincuenta y ocho senadores; en 1952 por sesenta; y en 1976 por sesenta y cuatro senadores.

En 1996 se reformó el articulo 56 relativo a la Cámara de Senadores en donde se incremento a 128, en donde la mitad, 64 son elegidos por el principio de mayoría relativa, 32 se eligen por el principio de primera minoría y los 32 restantes son electos por el principio de representación proporcional, mediante un sistema de lista votadas en una sola circunscripción nacional. Esta reforma obedeció a la necesidad de obtener una pluralidad ideológica y que la cámara fuese pluripartidista.

La concertación de un sistema representativo proporcional, se estableció bajo el argumento de que dicho sistema proyectaría en todos los cuerpos colegiados la verdadera fuerza política de los diversos partidos nacionales. Este sistema consiste fundamentalmente en dividir el número total de votos obtenidos en una elección entre el número de cargos que han de ocuparse, por tanto, que a cada resultado o cociente le tocaría un puesto de elección, y a cada partido le corresponderían tantas curules como cocientes hubiera obtenido; en ese mismo sistema, cada partido presentaría listas de candidatos y ellos ocuparían los puestos en el orden en que el partido lo hubiera colocado en la Lista.

Es decir, en ese momento histórico, se consideró que la demanda de representación proporcional no respondía solo al deseo de los partidos minoritarios de contar con más legisladores, sino que constituía un sistema representativo de la composición real de las fuerzas sociales que hay en el sistema por simple mayoría.

Sin embargo, el sistema de representación proporcional se ha convertido en un sistema antidemocrático, al convertirlo en un sistema desfasado, en donde los legisladores que llegan por Lista Nacional, son legisladores que se ven ligados o responden: a la votación o a los intereses de partido que representan.

Es por tal motivo, que se propone regresar la naturaleza original del Senado de la República, como ente representativo de los ciudadanos de las entidades federativas y el distrito federal en el marco del federalismo, y que los senadores sean elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos mediante la fórmula de mayoría relativa, o en su caso por primera minoría.

La evolución histórica del Senado mexicano, demuestra su rediseño. En su origen, se creó con la finalidad de dotar a las provincias de representatividad en el Poder Legislativo y con ello asegurar su participación en el proceso de formación de las leyes de afectación directa en los estados. Posteriormente, se convirtió en un órgano aristócrata, y en la actualidad funge como un órgano de contrapeso y equilibrio ante el Poder Ejecutivo.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República a 4 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Carlos Mendoza Davis”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Compañeras y compañeros Senadores; con el permiso de la Mesa Directiva:

Pongo a consideración de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

Como Senadora de la República, identifico la falta de vivienda como uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y que impide a las familias mexicanas desarrollarse plenamente.

La falta de vivienda digna provoca asentamientos irregulares, falta de planeación urbana, contaminación y afectación de la calidad de vida, y es ahí donde se encuentra la oportunidad para promover el desarrollo económico y social del país, al tener el desarrollo de vivienda un efecto multiplicador en empleos y cantidad de bienes y servicios provenientes de más de 37 ramas industriales.

Tan sólo en el sector vivienda existen 18 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios básicos, y al evaluar los programas sociales de los últimos años, encontramos programas como “Esta es tu casa” que no han alcanzado las metas programadas y donde de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, los subsidios no llegan a quienes más lo necesitan.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para el periodo 2006-2012, se requerían construir 4.4 millones de viviendas y mejorar más de 2.9 millones.

No obstante lo anterior, el Programa “Esta es tu casa” únicamente reporta de 2007 a 2012 poco más de un millón de apoyos, y al mismo tiempo el Programa Vivienda Rural únicamente reportó 9 mil 300 subsidios para todo este país.

El diagnóstico de estos programas nos muestra que existe gran disparidad en el acceso al crédito entre la población afiliada y la que no lo está, mientras que existe un 80 por ciento de esa gente que no tiene afiliación, únicamente recibe el 22 por ciento de los recursos.

De aquí que podamos determinar que gran parte del problema de vivienda al cual nos enfrentamos en este país, radica en que los programas sociales sólo han atendido a un sector pequeño de la población que tiene acceso a crédito y a financiamientos.

Por eso, yo les pido hoy que reflexionemos, Senadores.

¿Y qué pasa con las personas que no alcanzan estos créditos? ¿Qué sucede con las personas que se encuentran hoy en pobreza patrimonial?

En este sentido, nuestro compromiso incluye el diseño de una nueva sociedad, donde se priorice la vivienda como un elemento central del desarrollo en la vida del hombre, procurando la conservación y desarrollo de nuestro medio ambiente en coincidencia con los avances tecnológicos y los fundamentos de la vida económica y social de cada uno de los mexicanos.

Esta propuesta de reforma, contempla modificar la concepción de vivienda al establecer elementos de funcionalidad y niveles superiores de calidad, estableciendo criterios de sostenibilidad ambiental y de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como la incorporación de características donde se contemplen espacios adecuados para guardar la intimidad, la comodidad personal y la cultura como parámetro para el diseño de las ciudades.

Esta propuesta incluye ocuparnos de cada sector de la sociedad con necesidades de una vivienda.

Por eso, establece la elaboración periódica de diagnósticos para evaluar la demanda de las mismas. Se incorporan al contenido del Programa Nacional de Vivienda líneas de acción y estrategias bien diseñadas y encaminadas a los jóvenes.

Se prioriza la atención a los programas de vivienda de las personas con discapacidad y el respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas, escuchándolos y tomando en cuenta las características que les son propias.

En cuanto al organismo encargado de la implementación de estas medidas, se transforma a la Comisión Nacional de Vivienda, incorporando de manera decidida a las entidades federativas, a fin de procurar la organización y armonización de los planes y programas de viviendas federales, estatales y municipales.

Como consecuencia, se establece que en su Junta de Gobierno se incorporará a un representante de cada uno de los estados de la República y uno por el Distrito Federal, preferentemente quién presida los institutos de la vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de la República que tengan una población superior a los 500 mil habitantes.

Considerando de primer orden la participación de la sociedad civil organizada, se posibilita su incorporación a través de invitaciones para asistir a sus sesiones, conforme lo acuerde la propia Junta de Gobierno y de acuerdo al tema.

Es por estas razones que propongo al Senado de la República hacer suya la necesaria reforma a la Ley de Vivienda, se requieren cambios de fondo para hacer un instrumento mucho más eficaz en la tarea pública de brindar mejores condiciones de desarrollo social y humano, en especial a los sectores más necesitados de esta nación.

Coordinando esfuerzos, toca hoy a la Federación, a los estados y a los municipios, a asumir plenamente el compromiso gobernante de poner casas dignas al alcance de todos los mexicanos.

Y en esta tarea tan importante, los Senadores de mi fracción del PRI, asumimos este compromiso con anticipación, este fue uno de los diez compromisos que toda la fracción firmó en concordancia con quien hoy es nuestro Presidente Electo, el licenciado Enrique Peña Nieto y que nuestra meta es impulsar apoyos para el mejoramiento, ampliación y dotación de vivienda.

Tengo, sin embargo, la certeza de que en la construcción de este México mejor, más allá de legítimas banderas políticas, los Senadores y las Senadoras de la República, todos, debemos responder al reclamo de mujeres y hombres de México, de ver crecer a sus hijos en una casa digna, nuestra es la decisión.

Por su atención y respaldo, muchas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora Angélica Araujo Lara, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y XVIII AL ARTICULO 8; SE REFORMA EL ARTICULO 17, APARTADO A, FRACCION II Y APARTADO B, FRACCION II; SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y ADICIONA LA FRACCION XXIII AL ARTICULO 19, LAS FRACCIONES VII Y VIII Y EL ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 22, ASI COMO EL ARTICULO 33 EN SU ULTIMO PÁRRAFO Y EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE VIVIENDA, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos decenios del siglo XX, la dinámica del comercio, la industria y la actividad económica capitalista, han puesto en aumento los riesgos que afectan a las ciudades y sus modos de vida y formas urbanas. La población ha crecido rápidamente y cada vez son más las demandas de servicios que deben ser atendidas. Hoy se requiere una respuesta que conjugue la transferencia y reproducción de formas y objetos propuestos por países más industrializados, pero valorando la elaboración de las formas y objetos locales, que nos identifican como mexicanos.1

En el crecimiento de las ciudades se observa nuestra cultura, forma de vida y la problemática que nos aqueja. La falta de vivienda digna es un flagelo que ataca a nuestra sociedad, no permitiendo el desarrollo de las familias; afectando o poniendo en riesgo susalud. Es importante que entendamos lo que la falta de vivienda digna puede ocasionar en las personas; los mexicanos más desprotegidos se encuentran en situación de franca vulnerabilidad, viviendo en hacinamiento o en viviendas con piso de tierra exponiéndose a diversas enfermedades, ya que en el caso de las personas que por su condición de pobreza no pueden acceder a un crédito, se les orilla a la autoconstrucción en zonas alejadas y de alto riesgo.

Desde mi formación, identifico la falta de vivienda digna como causa de la delincuencia, el establecimiento en asentamientos ilegales, la falta de planeación urbana, contaminación y afectación de la calidad de vida, pero igualmente es ahí donde se encuentra la oportunidad para promover el desarrollo económico y social del país, al tener un efecto multiplicador en empleos y cantidad de bienes y servicios provenientes de aproximadamente 37 ramas industriales.

Es un hecho que bienestar y vivienda se encuentran íntimamente ligados; es posible advertirlo en la evaluación de las acciones de piso firme realizadas en el estado de Coahuila y elaborado por académicos de la Universidad de Berkley, en el que se identifican efectos como la reducción en un 78% de enfermedades por parásitos, 49% en diarreas, 81% en anemia y de 36 a 96% en desarrollo cognitivo (se midieron habilidades de comunicación y lenguaje). Asimismo, mejora el bienestar de los adultos a través de un aumento en satisfacción con su vivienda y menores tasas de depresión y estrés. 2

Enrique Ortiz identifica distintos impactos que se desarrollan a partir de los procesos organizados de producción de vivienda: fortalecimiento organizativo, incidencia en la lucha democrática, en políticas públicas, en la gestión ambiental y de espacios públicos, fortalecimiento de la economía popular, solidaridad y apoyo a otras iniciativas sociales, fortalecimiento del poder local y gestión o planeación participativa. De igual forma, identifica otros elementos que se pueden impulsar a partir de estos procesos de organización social: acciones de convivencia cultural y deportiva, apoyo a grupos especiales, mejoramiento ambiental, participación de la mujer, acciones de capacitación, de generación de ingreso, de apoyo al consumo, de salud y seguridad.3

En este sentido, mi compromiso incluye el diseño de una nueva sociedad, donde se priorice la vivienda como el principal elemento de desarrollo en la vida del hombre, procurando la conservación y desarrollo del medio ambiente en concordancia con los avances tecnológicos y los fundamentos de la vida económica y social de cada uno de los mexicanos.

Como hemos dicho, la población mexicana va en aumento,4 lo cual indica que en breve se requerirá un incremento proporcional en bienes y servicios públicos, es entonces tiempo de prevenir para el futuro, es tiempo de valorar elementos como la cultura de cada grupo a fin de no alterar los espacios y la identidad del lugar.

Se estima que dentro del periodo de 2005-2030, los 24.8 millones de hogares existentes se agreguen alrededor de 16 millones que plantearán necesidades de vivienda, con lo que el número de hogares llegará a casi el doble de los registrados en el año 2000. Su ritmo promedio de incorporación oscilará alrededor de los 650 mil por año.

Para el periodo 2006-2012 se requerirán 5.5 millones de viviendas nuevas para atender la formación de nuevas familias y otros 3 millones de mejoramientos para la conservación del parque habitacional existente, lo que significa pasar de una producción anual de 750 mil viviendas en el 2007 a 841 mil para el año 2012, además de los mejoramientos existentes.5

En principio, esta propuesta se basa en el marco jurídico que proporciona el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006 y el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, pero se puso especial énfasis en las necesidades reales que convergen en el contexto actual del país.

Nuestra propuesta, contempla redefinir el concepto de vivienda incorporando elementos de: funcionalidad y los niveles superiores de calidad, estableciendo criterios de sostenibilidad ambiental y de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como la incorporación de características de la vivienda donde se contemplen espacios adecuados para salvaguardar la intimidad y comodidad personal, y la cultura como parámetro para el diseño de las ciudades. Se plantea fomentar la autoconstrucción, estableciendo que las entidades federativas y los municipios reduzcan requisitos e incluso el pago de impuestos, lo que permitirá garantizar a todas las personas el ejercicio del derecho a una vivienda digna.

Asimismo, se pretende reformar la Ley de Vivienda para incorporar al contenido del Programa Nacional de Vivienda líneas de acción y estrategias para los jóvenes.

Se toma en cuenta que en la labor que esta ley encomienda a las entidades federativas y a los municipios, se priorice con atención preferente los programas de vivienda de las personas con discapacidad y con respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas, escucharlos y tomar en cuenta sus características que le son propias.

Se fortalece la Comisión Nacional de Vivienda, dotándole de nuevas atribuciones que debido a la concepción del país como una federación, deviene en obligaciones de apoyo a las instituciones de vivienda de las entidades federativas, a fin de procurar la organización y armonización de los planes y programas de vivienda federal, estatal y municipales procurando que todos los mexicanos en igualdad de condiciones disfruten de este derecho fundamental. Asimismo, se propone que se realicen periódicamente los diagnósticos que resulten necesarios para evaluar la demanda de vivienda de la población que carece de prestaciones sociales a fin de dirigir primordialmente a éstos las políticas públicas.

En cuanto a su Junta de Gobierno, se incorpora a un representante por cada uno de los estados de la república y uno por el Distrito Federal, preferentemente quien presida los Institutos de la Vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de la república que tengan una población superior a 500 mil habitantes, procurando la presencia municipal.

Considerando de primer orden la participación de la sociedad civil organizada, se posibilita su incorporación a través de invitaciones para asistir a sus sesiones, con voz pero sin voto, conforme lo acuerde la propia Junta de Gobierno y de conformidad con el tema.

Se sigue el mismo esquema en cuanto a la comisión intersecretarial, que por su naturaleza; la incorporación de las entidades federativas se propone a través de los encargados de las instituciones de vivienda de las entidades federativas, de acuerdo con los temas de que se trate.

Para finalizar, en las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, se propone que se valoren igualmente los elementos de la cultura y los recursos naturales de cada lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de ley con:

PROYECTO DEDecreto

Artículo Unico. Se reforma el artículo 2; se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 8; se reforma el artículo 17, Apartado A, fracción II y Apartado B, fracción II; se reforman las fracciones IV y V y adiciona la fracción XXIII al artículo 19, las fracciones VII y VIII y el último párrafo al artículo 22, así como el artículo 33 en su último párrafo y el artículo 74 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, funcionabilidad, cuente con los servicios básicos y espacios adecuados, brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de sostenibilidad ambiental y de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo8.

I. a XVI.

XVII. Las estrategias y líneas de acción para el financiamiento y créditos de vivienda para las y los jóvenes;

XVIII. Estímulos a constructores que privilegien la generación de empleos, promoviendo a su favor la reducción de trámites e impuestos;

XIX. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda, y

XVIII. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

Artículo17.

A.

I.

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, discapacidad; escuchando a la población indígena en atención a sus características propias en su caso;

III. a VI. …

B. …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, discapacidad; escuchando a la población indígena en atención a sus características propias en su caso;

III. a VII. …

Artículo19.

I. a III. …

IV. Procurar con el apoyo de las instituciones de vivienda del país, la organización y armonización de los planes y programas de vivienda federal, estatales y municipales;

V. Dictar las políticas tendientes a organizar y armonizar los planes y programas de las instituciones de vivienda en el país, tomando como parámetro lo establecido en el Plan Nacional de Vivienda;

VI. a XXII.

XXIII. Realizar periódicamente los diagnósticos que resulten necesarios para evaluar la demanda de vivienda de la población que carece de prestaciones sociales;

XXIV. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo22.

I. a VI.

VII. Un representante por cada uno de los estados de la república y uno por el Distrito Federal, preferentemente por quienes presidan los Institutos de la Vivienda;

VIII. Un Coordinador por cada uno de los Municipios de la República que tengan una población superior a 500 mil habitantes;

IX. El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, y

X. El director general de la comisión, quien fungirá como secretario técnico, que tendrá voz pero no voto.

A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz pero sin voto a los servidores públicos y especialistas, organizaciones civiles dedicadas a la investigación y a la vivienda que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, acuerde la propia Junta de Gobierno. Cada miembro propietario designará a su suplente.

Artículo 33. ...

I. a XI. …

A las sesiones de la Comisión Intersecretarial podrán ser invitados a participar otras dependencias y entidades de la administración pública federal y los encargados de las instituciones de vivienda de las entidades federativas, de acuerdo con los temas de que se trate.

Artículo74. Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población, su cultura y recursos naturales; así como con los planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de infraestructura y equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes para mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

TRANSITORIOS

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 04 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, para presentar una iniciativa con el aval del grupo parlamentario del PAN, que contiene proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de diversos CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Con el aval de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, concurro ante esta Soberanía para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Considero que nuestra tarea medular es adaptar la legislación a las necesidades sociales de la mano con la realidad que vive el país.

En nuestra realidad es un hecho indiscutible que el turismo es una de las industrias más importantes para nuestro país, equivale al 12 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, detona en desarrollo regional, atrae divisas, genera empleos y es perfectamente sustentable.

Los 22 millones de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país anualmente, quedan impactados, por decir lo menos, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros espectáculos y también con las bellezas naturales que tenemos para ofrecer.

De manera particular me referiré a una de las ramas del turismo, que para la entidad de la que provengo, Baja California Sur, así como muchas otras en el país, reporta enormes beneficios y urge de nuestra atención, me refiero a la pesca deportiva.

Datos de la SAGARPA indican que la actividad turística que gira alrededor de la pesca deportiva, genera una derrama superior a los 2 mil millones de dólares anuales.

The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro destinada precisamente a la protección de las especies de pico o picudos, como se conoce en el argot de la pesca, calcula que tan solo en Los Cabos, la derrama económica de la pesca deportiva en 2008 fue superior a los 800 millones de dólares. Con relación directa a la pesca deportiva, se estima que ese mismo año se generaron 24 mil empleos directos.

Para ayudar a contextualizar la importancia de esta actividad para los diferentes destinos, se calcula que un pescador deportivo deje en su estancia más de 1,700 dólares americanos por concepto de hospedaje, de alquiler de embarcaciones, de equipo de pesca y demás erogaciones.

En reconocimiento de su importancia, nuestro marco legislativo anualmente destina un número de especies a la pesca deportiva, 6 de ellas, para ser exactos, con relación a las más de 50, que actualmente se explotan de manera comercial y sin limitación mayor, con gran énfasis en el camarón, el atún y la sardina.

En las especies reservadas, me refiero al marlin, al pez vela, al pez espada, que son los picudos, el sábalo, el dorado y el pez gallo, que no podrán ser capturados con fines comerciales en una franja de 50 millas náuticas contadas a partir de la línea con que se cuenta nuestro mar territorial, esto de acuerdo con el artículo 68 de la Ley de Pesca vigente.

No obstante, consideramos que el marco legislativo actual no es suficiente para garantizar la adecuada protección de estas especies en términos del verdadero valor que representan para la actividad turística.

Es una realidad que las especies destinadas a la pesca deportiva sufren de la sobre explotación por parte de la pesca comercial, al amparo de lo que se conoce como su captura incidental.

Y hago énfasis en incidental, para comentar que en toda pesquería, por sofisticados que sus artes de pesca puedan ser, existen especies que naturalmente serán atrapadas cuando en realidad se busca la captura de otra, ésta es conocida como captura objetiva.

Sin embargo, en la captura incidental de las especies destinadas a la pesca deportiva, suele disfrazarse un gran mercado, generalmente más atractivo para los pescadores que su misma especie de pesca objetiva.

Por esto, compañeras y compañeros Senadores, nos encontramos en el menú de cualquier restaurante, en anaqueles de mercados, en establecimientos comerciales especializados y en tiendas de autoservicio, la oferta de marlin, de dorado y de otras especies que, no obstante, están reservadas, si no fuera a través de su ente irregular, no tendrían lugar, ni las encontraríamos, pues el producto de la pesca deportiva sólo puede destinarse al consumo personal.

Esta situación ocurre ante la falta de capacidad de inspección de las autoridades competentes, por no decir: complacencia en alguno de los casos.

Anteriormente nuestro legislador tuvo en cuenta esta situación y para ello destinó la franja de 50 millas náuticas en las que se reservaría la actividad del pescador deportivo.

Sin embargo, como lo señalé, los pescadores comerciales practican su actividad dentro de esos límites y, por supuesto, si en los anzuelos de ellos se prende un picudo o un dorado, pues se considerará pesca incidental y podrán aprovecharla gracias al vacío regulatorio que prevalece.

Imaginen, por favor, esta situación a gran escala, el resultado es que la pesca con fines comerciales de las especies destinadas a la pesca deportiva están amenazando una fuente de ingresos importantísima para el país.

En las circunstancias actuales, cada vez es más frecuente observar en Los Cabos, conocido en algún tiempo como “La capital mundial del Marlin”, escenas de embarcaciones de pesca deportiva regresando a tierra sin haber tenido éxito. Lo refiero como un ejemplo, porque lo veo de cerca al tratarse de una situación que ocurre en el estado que represento, sin embargo, sin duda alguna, la problemática es nacional.

La disminución de la pesca para fines deportivos, es evidente también en Puerto San Carlos, en Mazatlán, en Vallarta, en Manzanillo, que es la capital internacional del pez vela, pero también en Puertos del Golfo como Matamoros o en El Caribe, como Cancún, por citar algunos destinos.

Pero regreso a Los Cabos, en Baja California Sur, en donde se reciben al año aproximadamente 350 mil visitantes, más de una cuarta parte del total de visitantes al destino con el único propósito de pescar de manera deportiva.

Está documentando que más del 80 por ciento de los pescadores internacionales que han pescado en Los Cabos, dijeron que sería menos probable su regreso, de aumentar la captura comercial de peces de pico.

Con esto ilustro que el pescador deportivo es un turista muy exigente y demanda experiencias de pesca de alta calidad, y esta expectativa es la que dicta el lugar que habrán de visitar.

Si no encuentra en México su objetivo, es ejemplar digno de una fotografía para llevar a casa, sencillamente lo buscará en otro lado, comprobado.

Tenemos reportes del crecimiento de destinos turísticos de pesca deportiva en Costa Rica o en El Caribe, que atraen cada vez a un mayor número de pescadores.

Está en nuestras manos atender un problema cuyas consecuencias saltan a la vista.

De aquí que la iniciativa que hoy presentamos los Senadores de Acción Nacional, tiene varias vertientes, pero un solo propósito: proteger la pesca deportiva como un pilar del turismo en México.

En primer lugar, pretendemos prohibir de manera absoluta la comercialización en territorio nacional, incluyendo la exportación de las especies deportivas contenidas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aún y cuando hubiesen sido capturadas de manera incidental.

De igual manera, nuestra iniciativa propone la eliminación de la franja de 50 millas náuticas, de modo que la protección de especies deportivas se amplíe a todas las aguas nacionales.

En tercer lugar, concientes de que la pesca incidental es inherente a cualquier pesquería, planteamos un esquema de aprovechamiento racional, pero distinto del comercial.

Es así que en el caso de picudos, dorado y las especies en comento, proponemos que cuando hayan sido capturadas de manera incidental, estas deben de ponerse necesariamente a disposición de instituciones públicas o privadas sin fines de lucro para atender las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos.

Con ello, compañeras y compañeros Senadores, consideramos que se habrá terminado con el interés comercial sobre las especies que constituyen la espina dorsal de la pesca deportiva en México, que nos da fama mundial y que reporta enormes e innegables beneficios a la economía nacional.

Por su atención, y en espera de un debate sustancial de la misma que abone la protección del medio ambiente, su fauna marina y su desarrollo económico nacional, les agradezco.

Solicito se incluya íntegro el texto de la iniciativa, que cuenta con el aval del grupo parlamentario de mi partido, en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Senado de la RepUblica
PRESENTE:

CARLOS MENDOZA DAVIS, ERNESTO CORDERO ARROYO, GABRIELA CUEVAS BARRON, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, VICTOR HERMOSILLO CELADA, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, FERNANDO YUNES MARQUEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, SALVADOR VEGA CASILLAS, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, OCTAVIO PEDROZA GAITAN, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, FERNANDO TORRES GRACIANO, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, SENADORES DE LA República del Congreso General de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, en atención de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Descripción de la iniciativa.

Con la presente iniciativa de reforma a los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pretendemos incrementar la protección de las especies marinasreservadas a la pesca deportiva, como lo son el marlín, pez vela y dorado, entre otros.

ANTECEDENTES

El 4 de diciembre de 2008, los senadores de la LX Legislatura, Luis Alberto Cóppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometieron a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a su vez la Mesa Directiva del Senado la turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos Primera.

En el año de 2011, la Comisión en turno elaboró y aprobó el dictamen respectivo y lo presentó ante el pleno de esta soberanía para su votación, mismo que quedó de primera lectura. De acuerdo al numeral 1 del artículo 206, el dictamen ha quedado a disposición de la Mesa Directiva del Senado, por lo que solicitamos sea devuelto a las Comisiones dictaminadoras para efecto de ser integrado con esta iniciativa y, en tal caso, las Comisiones en comento determinen si procede o no su modificación atendiendo las razones y propuestas vertidas en esta iniciativa.

Artículo 206

1. Al término de una Legislatura que implica la renovación del Senado, los dictámenes emitidos por las comisiones y publicados en la Gaceta sin que hayan sido debatidos y votados en el Pleno, quedan a disposición de la Mesa Directiva de la siguiente Legislatura en calidad de proyectos.

Dicha iniciativa consideraba en su parte medular la prohibición manifiesta de la comercialización de las especies destinadas a la pesca deportiva, con la finalidad de cubrir un vacío legal a este respecto y de proteger las especies más importantes para la industria de la pesca deportiva.

JUSTIFICACION

Si bien la presente iniciativa retoma el planteamiento esencial de su antecesora, ésta va más allá en el cuidado de las especies reservadas a la pesca deportiva, al establecer una prohibición absoluta a su comercialización, eliminando la franja de exclusión de cincuenta millas náuticas que limita su protección actualmente.

Asimismo, esta iniciativa, a diferencia de su antecedente inmediato, reconoce que las especies destinadas a la pesca deportiva, aún protegidas, pueden ser capturadas de manera incidental, como una cuestión inherente a cualquier pesquería, por lo que se propone que el producto de la pesca incidental sea destinado a la atención de las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos.

La pesca deportiva en México genera una importante derrama económica de más de $2,000 millones de dólares anuales, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Programa Nacional de Pesca Deportiva 2008 - 2012).

The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro destinada a la conservación de especies marinas de pico, estima que tan sólo en el estado de Baja California Sur la pesca deportiva atrajo en 2007 a más de 350 mil visitantes, en su mayoría internacionales, lo que generó una derrama de más de 630 millones de dólares por ventas al menudeo, así como 245 millones en ingresos correspondientes a impuestos locales y federales. Con ello, se fomentó le creación de 24 mil fuentes de empleo. De acuerdo a sus estudios, los visitantes que practicaron la pesca deportiva en el municipio de Los Cabos contribuyeron con el 24.1% del total de las divisas inyectadas en la economía local por concepto de turismo.

Aún en los estados sin litorales, la pesca deportiva genera una derrama económica considerable. Por ejemplo, en Zimapán, municipio de Hidalgo de poco más de 30 mil habitantes, apenas en un torneo regional celebrado en 2011 se recaudaron más de 3 millones de pesos de ganancias directas netas, sin considerar que durante el evento, el sector hotelero registró índices de ocupación del 90 por ciento.

La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.

Queda claro entonces que, para nuestro país, la pesca deportiva constituye una actividad altamente lucrativa y todavía con un gran potencial de crecimiento. Comunidades enteras en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mejores expectativas de desarrollo en el ámbito deportivo, con una fuente de ingresos respetuosa de su propia sustentabilidad, en la medida en la que prácticas como las de “atrapar y soltar” aseguran la continuación de sus actividades.

Históricamente, la pesca deportiva ha sufrido con la pesca comercial ilegal que, no obstante el reordenamiento de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, no ha logrado ser erradicada, pues los esfuerzos de inspección generalmente son insuficientes. Asimismo, la regulación administrativa vigente contiene espacios que disfrazan de legalidad la captura de especies destinadas a la pesca deportiva y que ponen en riesgo una actividad que pone a México en escenarios internacionales.

En este orden de ideas, si México desea aumentar los ingresos generados por el turismo de pesca deportiva-recreativa, será necesario tomar decisiones inteligentes y conciliadoras con respecto a la ordenación de las pesquerías. En este contexto se presenta esta iniciativa que pretende ser contundente en cuanto a la protección de las especies destinadas a esta actividad, e ir un paso adelante en la legislación actual y generar las condiciones necesarias para afianzar esta expresión del turismo.

Dicho lo anterior, procede comentar que en su redacción actual, el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone lo siguiente:

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Como puede advertirse, el artículo 68 de la citada ley, efectivamente destina las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábado o chiro, pez gallo y dorado, en todos sus variedades biológicas, a la pesca deportiva, siempre dentro de una franja de cincuenta millas náuticas.

En relación a esta disposición, el artículo 132, fracción XXI, establece que la comercialización de las especies propias de la pesca deportiva constituye una infracción a la citada ley, sancionada a su vez por el artículo 133 de la misma, a saber:

“ARTICULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

XXI. Comercializar las capturas de la pesca deportivo-recreativa;

…”

Si bien existe entonces la prohibición de comercializar las especies destinadas a la pesca deportiva, como ya ha quedado señalado, lo cierto es que el cúmulo de regulaciones administrativas,tales como la NOM-PESC-029-2006, suponen que éstas especies podrán ser capturadas dentro de la pesca incidental de otras especies objetivo, como una situación natural a cualquier pesquería.

Lo anterior, ocasiona en la práctica diversas distorsiones que llevan a los pescadores a dirigir su esfuerzo hacia las especies reservadas a la pesca deportiva, por los incentivos económicos que conlleva su comercialización, en la medida en la que éstas usualmente se cotizan en mejores términos que su pesca objetiva.

En efecto, la ley actualmente contempla el establecimiento de límites a la captura incidental, así como la existencia de reglas para su aprovechamiento. En este sentido el artículo 66 establece lo siguiente:

“ARTICULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.”

De la lectura del artículo anterior, parecería que la comercialización de especies deportivas, aún capturadas de manera incidental, se encuentra fuera de las posibilidades de aprovechamiento; sin embargo, en la realidad existe todo un mercado establecido que aprovechan los pescadores y embarcaciones, dedicados principalmente a la pesca del tiburón, que comercializan sin restricción algunas de estas especies. Por esta situación, es común encontrar en el menú de cualquier restaurante o en mercados que comercializan estos productos, la oferta de marlín, dorado u otras especies que, de observarse escrupulosamente esta disposición, no se verían.

Por su parte, las autoridades encargadas de la inspección pesquera, en los distintos órdenes de gobierno, se ven materialmente rebasadas para supervisar la operación de una flota pesquera nacional de más de 80,000 embarcaciones, de las cuales al menos 78,000 son pequeñas embarcaciones ribereñas, de acuerdo a las cifras del Anuario Estadístico Pesquero 2011 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

La pesca deportiva, como lo indican múltiples estudios en la materia, constituye el polo de atracción y fuente fundamental de la derrama económica de muchos destinos turísticos en México, por lo que su adecuada protección debe constituir una prioridad para el legislador.

En este escenario, la regulación actual no garantiza adecuadamente la protección de las especies de la pesca deportiva, pues aún y cuando éstas quedarían a salvo de cualquier amenaza de pesca comercial dentro de una franja de 50 millas, la realidad es que son capturadas y comercializadas de manera habitual, al amparo de su pesca incidental, sin que exista una prohibición expresa al respecto.

En este orden de ideas, se hace necesario que la Ley establezca claramente medidas más estrictas para garantizar la sustentabilidad de las especies y su afluencia en múltiples destinos turísticos de México.

La zona de exclusividad que actualmente establece la Ley, no es suficiente para asegurar la sustentabilidad de las especies cuya pesca han dado fama a México en el mundo y a propósito de los cuales se organizan importantes torneos de corte internacional, cuya participación ha venido en decremento, entre otras cosas, debido a que cada vez es menos frecuente capturar ejemplares de talla atractiva para los turistas que viajan miles de kilómetros exclusivamente para dedicarse a la pesca, con la consecuente derrama económica que genera su estancia.

Consideramos entonces, necesario, establecer una prohibición expresa a la comercialización de especies destinadas a la pesca deportiva, incluyendo su exportación, aún y cuando se hubiesen capturado de manera incidental.

En abundancia de lo anterior, debe señalarse que la prohibición de explotar comercialmente las especies destinadas a la pesca deportiva no es significativa para el esfuerzo pesquero nacional, en la medida en la éste se concentra principalmente en otras especies, tales como el atún o la sardina.

En este sentido, considerando su importancia dentro de la industria del turismo y que ésta no afecta la producción nacional, es prudente establecer la prohibición en comento, pero aún es necesario eliminar la franja de 50 millas náuticas que actualmente prevalece como zona de exclusión a la captura comercial de las especies en comento, porque lo existente en el ámbito normativo es disuasorio y se evade fácilmente.

Por lo anterior, se propone que en todas las aguas nacionales, las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, queden destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando su captura hubiese sido de manera incidental.

No obstante lo dicho, es preciso reconocer que la pesca incidental es común a cualquier pesquería; sin embargo, ello obliga también a la selectividad que puedan tener los instrumentos de captura. De tal modo, que aún y cuando exista la prohibición de comercializar las especies deportivas, en la práctica seguirán siendo capturadas, aunque seguramente en menor escala debido a la falta de incentivos económicos que llevan al pescador a recurrir a diversas prácticas, algunas legales, para incrementar la posibilidad de atraer a las especies deportivas por encima de su pesca objetiva.

Por ello, además de la prohibición, proponemos en esta reforma, que el aprovechamiento de las especies de la pesca deportiva que hubiesen sido capturadas de manera incidental, se maneje exclusivamente a través de organismos o instituciones públicos u organizaciones sin fines de lucro, de asistencia pública o privada, destinadas a atender necesidades alimentarias de la población de escasos recursos, evitando así la comercialización que es el principal incentivo para la captura de estas especies.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento del Senado de la República, ordenamientos todos de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta Asamblea propongo.

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se reforman los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTICULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo – recreativa; y deberá reservarse para instituciones u organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro o instituciones de asistencia pública o privada que atiendan necesidades alimentarias de poblaciones de escaso recursos.

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando ésta sea producto de su pesca incidental.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, emitirá las normas correspondientes para regular el aprovechamiento de la pesca incidental de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa, en los términos de esta reforma.

Tercero. En tanto la Secretaría emite las normas complementarias a que hace referencia el artículo anterior, las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa que sean capturadas de manera incidental, deberán ponerse a la disposición de los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales resolverán su destino final de acuerdo a su competencia.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Roberto Gil Zhuart.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Víctor Hermosillo Celada.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Francisco De Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Francisco Javier García Cabeza De Vaca.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Mendoza. Pido a la Secretaría que se incluya de manera íntegra, en el Diario de los Debates, la iniciativa que se ha presentado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 233 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores de la República:

El Notario Público es un funcionario público sui géneris, ya que laboralmente no tiene una relación de subordinación directa con el Estado, pero recibe de él una delegación de la fe pública, siendo el ejecutivo de cada entidad federativa quien lo inviste.

La función pública del notariado, también es una función de naturaleza y orden público, por ello, la persona que la desempeña debe de contar con título de abogado o licenciado en derecho, y también debe de contar con conocimientos generales de la ciencia jurídica y en forma especial con los de las áreas relacionadas con los derechos reales, personales y con las funciones administrativas y fiscales.

El ejercicio de la función notarial trae aparejada una gran responsabilidad, ya que la persona que ejerce dicha función pública debe de contar con solvencia moral, es decir, que debe de ser digno de confianza, además de que su actuar debe de ceñirse enteramente al valor ético, ya que dicho fedatario asesora a las partes que requieren de sus servicios e interpreta su voluntad en el caso de los testamentos o contratos, redacta, da lectura y explica los efectos jurídicos de los actos jurídicos que se celebran ante él, los registra y los autoriza en el instrumento correspondiente y lo conserva.

El Notario Público debe de actuar con imparcialidad, ya que cuando asesora a las personas que solicitan su intervención, sus servicios o comparecen ante él, debe de proteger por igual los intereses de todos los que intervendrán en un acto jurídico, por lo que debe de abstenerse de proteger o beneficiar los intereses de una sola persona o desproteger los de los otros.

Por lo que respecta al Corredor Público, este también es un fedatario público, un mediador, un perito valuador legal y debe realizar funciones de corretaje, debe ser experto en mercaderías y se encarga de poner en contacto a vendedores y compradores, por lo que dicha figura de fedatario ha ido evolucionando al pasar de los años.

Para ser Corredor Público, también se debe de contar con título profesional de licenciado en derecho y la cédula correspondiente; además no debe de haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca, o intencional, que merezca pena corporal.

La función de estos dos fedatarios públicos debe de ejercerse de la manera más imparcial y recta posible, pero actualmente se han dado algunos casos en que licenciados en derecho que cuentan con la patente de Notarios Públicos y Corredores Públicos se han prestado para dar fe de hechos y actos jurídicos viciados por no contar con la voluntad de una de las partes o han emitido testimonios en los que se insertan hechos falaces o en los que se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos.

De hecho, se tienen noticias difundidas en diversos medios de comunicación de casos en que integrantes de la delincuencia organizada en contubernio con fedatarios públicos carentes de escrúpulos, han hecho aparecer en escrituras y testimonios públicos, sesiones de derechos, traslaciones de dominio y declaraciones unilaterales de voluntad en los que se coacciona a las personas titulares de derechos reales o personales, al ser amenazados en su integridad y hasta por temor a perder la vida, se ven en la necesidad de realizar actos en contra de su voluntad y en perjuicio de sus intereses y derechos.

Es por esto, que la de la voz considera necesario que se sancione el mal ejercicio de la fe pública, por lo que someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico. Se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 233 Bis.-Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la patente para ejercer la profesión, a los licenciados en derecho que en el ejercicio de la función notarial o de correduría pública, hagan constar o den fe de actos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones, así como de hechos, a sabiendas de que no sean ciertos y que les genere un beneficio económico o de cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero.

Se impondrán las penas previstas en el párrafo que antecede, siempre y cuando se acredite que el Notario o Corredor Público tenían pleno conocimiento de que se generaría un delito al dar fe pública del acto jurídico en el que hayan intervenido.

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo del presente artículo, si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentren relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Marcela Guerra Castillo, Senadora de la República por el Estado de Nuevo León, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artIculo 233 Bis al COdigo Penal Federal.

Por economía de proceso legislativo, presentare brevemente la iniciativa.

La función pública del notariado, también es una función de naturaleza y orden público, por ello, la persona que la desempeña, debe de contar con título de abogado o licenciado en derecho, y también debe de contar con conocimientos generales de la ciencia jurídica y en forma especial, con los de las aéreas relacionadas con los derechos reales, personales y con las funciones administrativas y fiscales.

El Notario Público es un funcionario público sui generis, ya que laboralmente no tiene una relación de subordinación directa con el Estado, pero recibe de él una delegación de la Fe pública, siendo el Ejecutivo de cada entidad federativa quien lo inviste.

El ejercicio de la función notarial trae aparejada una gran responsabilidad, ya que la persona que ejerce dicha función pública debe de contar con solvencia moral, es decir que debe de ser digno de confianza, además de que su actuar debe ceñirse enteramente al valor ético, ya que dicho fedatario asesora a las partes que requieren de sus servicios e interpreta su voluntad en el caso de los testamentos o contratos, redacta, da lectura y explica los efectos jurídicos de los actos jurídicos que se celebran ante él, los registra y autoriza en el instrumento correspondiente y lo conserva.

El Notario Público debe de actuar con imparcialidad, ya que cuando asesora a las personas que solicitan su intervención, sus servicios o comparecen ante él, debe proteger por igual los intereses de todos los que intervendrán en un acto jurídico, por lo que debe de abstenerse de proteger o beneficiar los intereses de una sola persona y desproteger los de los otros.

Por lo que respecta al Corredor Público, este también es un fedatario público, un mediador, un perito valuador legal y debe realizar funciones de corretaje, debe ser experto en mercaderías y se encarga de poner en contacto a vendedores y compradores, por lo que dicha figura de fedatario ha ido evolucionando al pasar de los años.

Para ser Corredor Público, también se debe de contar con título profesional de licenciado en derecho y la cédula correspondiente y no debe de haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca pena corporal.

La función de estos dos fedatarios públicos debe ejercerse de la manera más imparcial y recta posible, pero actualmente se han dado algunos casos en que licenciados en derecho que cuentan con la patente de Notarios Públicos y Corredores Públicos se han prestado para dar fe de hechos y actos jurídicos viciados por no contar con la voluntad de una de las partes o han emitido testimonios en los que se insertan hechos falaces o en los que se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos.

De hecho, se tienen noticias difundidas en diversos medios de comunicación de casos en que integrantes de la delincuencia organizada en contubernio con fedatarios públicos carentes de escrúpulos, han hecho aparecer en escrituras y testimonios públicos, sesiones de derechos, traslaciones de dominio y declaraciones unilaterales de voluntad en los que se coacciona a las personas titulares de derechos reales o personales, al ser amenazados en su integridad y hasta por temor a perder la vida, se ven en la necesidad de realizar actos en contra de su voluntad y en perjuicio de sus intereses y derechos.

Es por esto, que la suscrita considera necesario que se sancione el mal ejercicio de la fe pública, por lo que someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 233 Bis.-Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de trescientos a setecientos días desalario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la patente para ejercer la profesión, a los licenciados en derecho que en el ejercicio de la función notarial o de correduría pública, hagan constar o den fe de actos jurídicos por los que se creen, transfieran, modifiquen o extingan obligaciones, así como de hechos, a sabiendas de que no sean ciertos y que les genere un beneficio económico o de cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero.

Se impondrán las penas previstas en el párrafo que antecede, siempre y cuando se acredite que el Notario o Corredor Público tenían pleno conocimiento de que se generaría un delito al dar fe pública del acto jurídico en el que hayan intervenido.

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo del presente artículo, si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos de los que se de fe y que resulten falsos, se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud,secuestro, extorsión o amenazas.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Marcela Guerra Castillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

¿Sí, ¿para qué asunto, Senadora Alvarez García?

- La C. Senadora Ivonne Alvarez García: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, para preguntarle a la Senadora Marcela Guerra si me permite adherirme a la presente iniciativa, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Marcela Guerra, si acepta usted la adhesión de la Senadora Alvarez García.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto, es un honor, Ivonne Alvarez, mi compañera y amiga de Nuevo León, ella conoce muy bien los problemas que tenemos en nuestro estado. Claro que sí.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de nuestra Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 6o., 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los CC. Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea:

La aparición del Estado en los inicios del siglo XVI trajo consigo la formulación de un pacto social por el que los individuos cedían parte de su libertad al Estado en razón de garantizar el orden social.

El acto de ceder al Estado autoridad y potestad, tenía como objetivo la garantía de la convivencia. A cambio el Estado se comprometía a velar por los intereses legítimos de los ciudadanos.

Sin embargo, el Estado debió ser limitado para no abusar con el poder que le fue conferido, por ello fue necesario crear controles y contrapesos al ejercicio del poder. Una de las formas más importantes que han emprendido diversos países, y muy en especial México, para ejercer nuevos y mejores mecanismos de control es el desarrollo de la transparencia como una política pública transversal.

Las asimetrías de información se reducen en la medida en que se elimina la opacidad y la información se hace verdaderamente pública.

Robert Klitgaard, en un esfuerzo por clarificar el fenómeno de la corrupción, aporta una ecuación como definición causal, corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Para Klitgaard, y muchos otros académicos, los elementos sustantivos que provocan la corrupción son la concentración del poder, la falta de participación ciudadana, la opacidad en la toma de decisiones y la carencia de rendición de cuentas.

De ahí la importancia de la transparencia para controlar la tendencia de muchos funcionarios públicos al abuso del poder y del dinero, y acercar a nuestras instituciones al ideal de auténtico servicio y generación de bienes públicos para las y los ciudadanos.

La propuesta de reforma que hoy presento a nombre del grupo parlamentario del PAN, es una iniciativa que culmina una década de lucha por la transparencia, una lucha convertida en política pública por los gobiernos del PAN y por miles de ciudadanos que se han interesado por abanderar este tema y por ejercer uno de sus derechos políticos más importantes.

Más de 650 mil solicitudes durante el presente sexenio muestran la evolución positiva que ha tenido el acceso a la información pública en México, sin embargo, aunque el Poder Ejecutivo Federal se ha abierto de par en par, hay aún muchos enclaves de opacidad en los otros dos poderes federales y en el orden local.

Por ello, la mejor forma de conmemorar los diez primeros años de la Ley Federal de Transparencia, es aprobando una reforma de gran calado, que termine por transparentar a todas las instituciones y a todos los ámbitos donde se ejercen recursos públicos.

La iniciativa que hoy presentamos, contempla doce propuestas fundamentales:

Primero Otorga autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia y acceso a la información pública, tanto al federal como a los de las entidades federativas, incluida la autonomía jurídica y presupuestal.

La autonomía implica también que puedan nombrar entre ellos mismos a su presidente, entre otros.

Segundo. Otorga al Senado de la República, previa consulta, la atribución de designar por dos terceras partes, a propuesta de los grupos parlamentarios, a los comisionados del IFAI.

Se amplía el número de comisionados, de cinco a siete, y establece el principio de equidad de género en la designación de los mismos.

Para dar cabida a la participación ciudadana, se prevé un Consejo Consultivo dentro del Instituto Federal, como órgano de asesoría, promoción y evaluación.

Tercero. Propone un concepto específico que no deja dudas sobre quiénes son los sujetos obligados en materia de acceso a la información. Incluidos los partidos políticos, los sindicatos y los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de la Unión como en los 32 congresos locales, los tribunales administrativos y laborales, las universidades e instituciones de educación superior pública, los fideicomisos y fondos públicos y cualquier persona física o moral e incluso las organizaciones de la sociedad civil que reciban recursos públicos.

Cuarto. Incluye el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes para los sujetos obligados, pero sin relativismos ni excepciones.

Quinto. Se plantea dotar de facultades al IFAI y a los órganos garantes locales para interponer acciones de inconstitucionalidad.

Sexto. Contempla el fortalecimiento efectivo de la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información.

Séptimo. Plantea que el IFAI, como organismo constitucional autónomo, sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes, equivalentes de los estados y del Distrito Federal.

Octavo. Otorga la facultad de atracción el organismo garante federal, respecto de resoluciones de los organismos garantes locales, en caso de interés nacional.

Noveno. Propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y asegure el derecho de acceso a la información en todo el país. Una Ley de Protección de Datos Personales y una Ley General de Archivos.

Décimo. Establece características mínimas de diseño, profesionalización, mediante el servicio profesional de carrera y facultades, no sólo al IFAI, sino a todos los órganos garantes de acceso a la información en los estados.

Onceavo. Establece las bases y principios en materia de archivos, así como dotar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General de Archivos, a fin de lograr la armonización en la materia en todo el país.

Porque de nada sirve la obligación de los entes públicos para transparentar si no existe un orden en la información que permita a las dependencias encontrar y luego proporcionar lo que se le solicita.

Y doce. Como ya se ha dicho, contempla mecanismos de participación ciudadana, desde la designación de los comisionados y un Consejo Consultivo permanente, tanto para el IFAI como para los órganos garantes en los estados.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, de aprobarse esta iniciativa, México se colocaría a la vanguardia mundial en transparencia, acceso a la información, protección de datos y archivos.

Tenemos hoy una oportunidad y una responsabilidad histórica verdaderamente trascendente. Podemos contribuir a cerrar la brecha de desconfianza que hay entre ciudadanos y políticos, abriendo todas las instituciones, que son de los mexicanos, para su escrutinio público.

Por eso les pido su apoyo para respaldar esta iniciativa que representa la voz de muchos ciudadanos.

Quiero agradecer el apoyo para la elaboración de esta iniciativa, al ex Diputado federal y local Gustavo Parra y al comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, el licenciado Federico Guzmán.

Así como las ideas que en voz del querido maestro Mauricio Merino, nos hizo llegar la Red de Rendición de Cuentas, que agrupa a más de 60 organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamientos y organizaciones gubernamentales en esta materia.

Este es un trabajo que demuestra, que puede haber puentes eficaces para la elaboración de políticas públicas entre la sociedad civil y los legisladores.

Quiero concluir, compañeros y compañeras Senadoras, dedicando este trabajo a uno de los hombres más comprometidos en la construcción de instituciones democráticas y pionero incansable promotor de la transparencia en México, Alonso Lujambio.

Sé que él, si estuviera aquí, hoy, gustosamente habría firmado esta iniciativa.

Pero lo que sí está entre nosotros, es su espíritu, su legado y convicción, que hacemos muestra de defender y promover la transparencia, como un derecho fundamental de los mexicanos y como uno de los valores más altos de la República.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los suscritos, Senadores, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin principal de constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializados e imparciales en su actuación, depositarios de la autoridad en la materia, e institucionalizarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; así como para sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio de estos derechos por partede la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad el Estado constitucional no puede pensarse sin el establecimiento de las condiciones formales y materiales que hagan efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, así como tampoco puede concebirse una sociedad democrática abierta sin la exigencia de la transparencia de los actos públicos.1

Así, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana reconoce entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, junto con la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respecto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, a la transparencia de las actividades gubernamentales.

La transparencia es ahora una exigencia democrática republicana, es “una condición necesaria para que el imperio de la ley y la rendición de cuentas sea una realidad”. De ahí que ella misma sostenga: “no hay poder legítimo y democrático si su ejercicio no se rige por el código de la transparencia”.2

Desde esta perspectiva el secreto como política de Estado es incompatible con un sistema constitucional y democrático.

Un régimen de transparencia y el derecho de acceso a la información pública permiten garantizar la posibilidad de un control democrático indirecto, un “control social” de las acciones de los poderes públicos y de los demás sujetos obligados a entregar información.

Es como diría Alonso Lujambio “estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el poder, que puede ejercerse de modo directo, sin la mediación de los órganos de representación política, y que estállamado a incrementar la calidad de nuestra joven democracia mexicana.3

Señalaba el mismo Lujambio a la luz de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que “mucha agua ha corrido ya bajo su puente: se han abierto los fondos públicos depositados en fideicomisos, se ha echado luz en el secreto bancario; se ha revelado información relevante sobre las responsabilidades del rescate del sistema financiero nacional; gracias a la aplicación de la ley, diversos infractores a las normas y reglamentos federales han sido identificados por el público; se han transparentado operaciones millonarias de las grandes empresas públicas, se han conocido las significativas transferencias que dependencias y entidades realizan a los sindicatos y un largo etcétera.”4

Asimismo indicaba que lo importante era subrayar que “hasta antes de la Ley de Transparencia, todas esas cosas y muchas más eran secretas, imposibles de saber y, por tanto, los ciudadanos mexicanos estaban prácticamente inhabilitados para, conociendo, actuar, debatir, denunciar, controvertir o modificar. Lo que propicia la Ley de Transparencia es justamente eso: que las personas vean lo que ocurre en la esfera pública, que le abran canales de comunicación e información, que las personas se hagan elementos para poder actuar.” E indicaba que la Ley de Transparencia “fue hecha para la sociedad, para ampliar derechos y disolver privilegios.”5

En efecto, la transparencia es una forma permanente de rendición de cuentas. Una circunstancia favorable para que cualquier ciudadano ejerza su facultad de control indirecto del poder y, en este sentido, la transparencia es una herramienta disuasiva, preventiva y un remedio indispensable. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en este aspecto6:

“El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.”

Lo anterior permite afirmar que la transparencia y el acceso a información pública son herramientas de control en el Estado constitucional a manos de la ciudadanía en general, expectativas legítimas de todo régimen democrático y exigencias específicas de toda sociedad abierta y plural.7

Los actos gubernamentales secretos, el ocultamiento o simulación de la información y su difusión, son notas distintivas de un ejercicio del poder público incompatible con los compromisos de apertura, trasparencia y publicidad del Estado constitucional democrático.

Ya lo señalaba Norberto Bobbio (al referirse al futuro de la democracia):

“De verdad sería una grave derrota a la democracia, nacida con la promesa de la transparencia del poder, que el Gobierno pudiera verlo todo sin ser visto. No hay duda de que la mayor tentación del poder en todos los tiempos ha sido esconderse para poder ser lo más parecido a Dios, que es invisible, pero que todo lo ve – Y SE PREGUNTA- ¿Estamos seguros de que la democracia, nacida para derrotar esta tentación, ha logrado su propósito?”

Por lo tanto la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental se convierten así, en un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público.

En este contexto, la democracia representativa o participativaimplica un sistema abierto de información que permita garantizar decisiones informadas.

Porque el gobernado tiene por un lado el derecho a saber y cuestionar, y el gobernante la obligación de explicar y dar las razones de sus actos, de rendir cuentas.

Por eso se afirma “que cuando la información de Estado se hace pública no sólo se transparenta la acción gubernamental sino que la función estatal se democratiza“.8

Ahora bien, la regulación en materia de acceso a la información pública ha observado avances importantes; sin embargo, la evolución que ha tenido ha dado origen a una regulación diversa y heterogénea en la materia, tanto en los procedimientos como en la conformación de los órganos garantes.

El actual marco jurídico en el país en materia de acceso a la información pública presenta en varios de sus aspectos asimetría, e incluso confusión al momento del ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ello es indispensable la consolidación de criterios uniformes en los diversos órdenes de gobierno, a fin de lograr una adecuada armonización para el ejercicio pleno del derecho, estableciendo un piso llano en todo México.

Es conveniente edificar el diseño institucional y procesal de tal manera que haga posible un derecho unificado, tutelado e igual para todos, y exista el mismo deber para cualquier esfera de gobierno o poder público.

Se trata de construir las condiciones constitucionales y legales para contar con una normatividad que permitaaumentar la eficacia institucional, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de tal prerrogativa.

La búsqueda por consolidar criterios uniformes o lograr una adecuada armonización normativa debe partir de un auténtico y real federalismo, pero eficiente y eficaz en cuanto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de protección de datos personales, al considerar que los órganos de transparencia cumplen hoy día con una función dual, el de ser garantes de ambos derechos.

Por todo ello, y ante la importancia que tiene la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información para la consolidación de una democracia como un sistema de vida, es que la presente iniciativa propone fortalecer a los órganos de transparencia federal y locales, así como sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

En ese sentido, es que se propone de manera esencial lo siguiente:

1) Otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades federativas.

Esta propuesta a su vez comprende un diseño puntual sobre las características básicas o fundamentales que deben reunir dichos órganos autónomos a fin de asegurar los principios o criterios de los que deben estar revestidos dichos órganos, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

2) Disponer un concepto amplio de las autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

3) Definir la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública, en el ámbito de su competencia. Dicha atribución necesariamente implicara disponer como un aspecto relevante a su vez:

• La facultad del órgano garante para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables, lo cual deberá realizar sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General; es decir, debe interpretar conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y debe realizar la interpretación más favorable para el titular del derecho.

4). Establecer la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, así como de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.

5). Disponer que las resoluciones de los órganos garantes serán definitivas, inatacables y obligatorias para los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados.

6) Dotar de facultad a los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para interponer acciones de inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.

7) Garantizar un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de las funciones de los órganos garantes de transparencia.

8) Crear un mecanismo opcional de defensa administrativo en favor de los particulares, contra las resoluciones de los órganos garantes locales en las que se les haya negado su derecho de acceso a la información.

9) Dotar al Congreso de la Unión para que expida una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

10) Dotar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

11) Homologación de las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, similares a las que se plantean para el órgano autónomo federal

12) Establecer bases, principios y armonización en materia de archivos, y dotar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Archivos, a fin de lograr la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos, y por otra la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

A continuación se exponen los argumentos que sustentan dichas propuestas.

1. LA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Si bien el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General, ha establecido quelos órganos garantes de transparencia y acceso a la información, deben ser especializados e imparciales, y deben contar con autonomía operativa, de gestión y de decisión, resulta importante en esta etapa evolutiva en la materia, dar un paso más firme en la consolidación institucional de estos órganos, a través de que en la propia Constitución General, las Constituciones de los Estados y el Estatuto Orgánico del Distrito Federal se haga explicita, y puntual la autonomía constitucional de dicho órganos garantes. Lo anterior con el fin de sentar las bases constitucionales sobre la naturaleza jurídica de estos órganos garantes tanto del orden federal como local, y no dejar en la interpretación, como ha sido hasta hoy, que en algunos casos, la autonomía se traduzca desde la desconcentración, descentralización, o bien por Ley o por Constitución Local.

Resulta necesario delinear o armonizar un diseño institucional y procesal que unifique las características de los órganos garantes de la federación, los estados y del Distrito Federal de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, para evitar la heterogeneidad, aumentar la eficacia institucional y preservar el pacto federal, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de esta prerrogativa.

La armonización de los órganos de transparencia del orden federal y local a de darse para constituir instituciones autónomas, especializadas e imparciales en su actuación, características que resultan esenciales para consolidarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información, lo que se traduce, a su vez, en beneficios para los gobernados, al contar con instituciones fuertes y confiables.

Todo lo anterior implica la necesidad de otorgar autonomía constitucional al órgano garante federal y a los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, con un diseño normativo desde la Constitución General.

Además, debe reconocerse la falta de uniformidad de las disposiciones normativas en la materia, y en algunas de las veces la disparidad en las capacidades institucionales de los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, lo que hace exigente realizar propuestas para perfeccionar el diseño normativo institucional y dotar a estas instituciones u órganos garantes del orden federal y local de instrumentos legales sólidos y para materializar su autonomía constitucional, a fin de brindar certeza jurídica a la actuación de los órganos de transparencia de todo el país.

El reconocimiento de estos órganos garantes, como organismos constitucionales autónomos representa varias ventajas dentro del entramado estructural y funcional del Estado democrático y de derecho, que hemos de seguir consolidando.

En primer lugar, los órganos u organismos garantes de transparencia y acceso a la información autónomos deben contar con autonomía plena de los tres poderes clásicos, de otra forma estaría siempre latente el riesgo de manipular o presionar la libertad o independencia necesaria para el despliegue de sus atribuciones. Luego entonces, debe asegurarse que el órgano garante de derechos fundamentales, cuente con las garantías necesarias de actuación e independencia, y pueda desplegar debidamente su radió de acción, y de esta manera alcance los fines para los que fueron creados.

En este sentido cabe lo expuesto por Guzmán Tamayo “un ciudadano no puede confiar en órganos de transparencia que sospecha o presume están subordinados a los entes o poderes públicos a los que se supone vigila o supervisa que deban entregar o dar acceso a la información pública en su poder. Debe eliminarse cualquier suspicacia al respecto, para que al ser confiable el órgano garante, la sociedad se acerque y no se aleje.

Debe quedar claro que el debate sobre la naturaleza de estos órganos garantes no es menor, y que la plena autonomía es requisito indispensable y necesario dentro de un autentico diseño por una política nacional de rendición de cuentas. Incluso la doctrina y los propios criterios judiciales han señalado que hay por ejemplo una diferencia sustancial entre un organismo u órgano constitucional autónomo y un descentralizado.

En ese sentido se ha llegado a señalar que un organismo u órgano constitucional autónomo no puede depender jerárquicamente del poder Ejecutivo ni, mucho menos, funcionalmente de algún otro poder.

Se ha afirmado que de acuerdo a su naturaleza jurídica, no es posible que los actos que emita el organismo autónomo, depositario y autoridad en la materia respectiva, sean revisados por la administración pública federal. Lo contrario significaría homologar a dicho organismo a un órgano dependiente de la administración pública (ya sea descentralizada o no) sobre el que se tiene el poder de nombramiento, poder de vigilancia, poder de revisión, poder de mando, poder disciplinario y poder para la resolución de conflictos de competencia.

Se ha sostenido incluso, que un organismo descentralizado no actúa de forma libre y exenta de control por parte del Ejecutivo, toda vez que el funcionamiento de los organismos descentralizados, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal éstos desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública, dado que la toma de decisiones de esa clase de entidades se identifica con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo.

Aun y cuando los organismos descentralizados son autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, existiendo remplazo de la "relación de jerarquía" por un "control administrativo".

De ahí que se sostenga, que una subordinación del órgano autónomo constitucional a la administración pública sería incompatible con la naturaleza del órgano.

Además la creación de organismos descentralizados se logra a través de leyes, sin necesidad de reformar la Carta Magna.

Los anteriores argumentos, incluso encuentran por ejemplo eco en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación:

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTONOMOS, ESTAN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA. Si bien los organismos públicos descentralizadostienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una estructura separada del aparato central delEstado, ello no significa que su actuación esté libre y exenta de control, toda vez que su funcionamiento ylas facultades de autoridad que desempeñan están garantizados y controlados a favor de los gobernados yde la administración pública, pues las unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución deprogramas de desarrollo o actividades estatales que les han sido conferidas; de manera que aun cuandoaquellos organismos son autónomos, continúan subordinados a la administración pública federal de unamanera indirecta, aspecto que marca la diferencia entre la administración centralizada y la paraestatal,pues mientras que en la primera la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo Federal es directa einmediata, en la segunda, especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata.

Acción de inconstitucionalidad 16/2003. Procurador General de la República. 8 de junio de 2004.Unanimidad de nueve votos. Ausentes Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios.Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y AgustínTello Espíndola.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con elnúmero 97/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

P./J. 97/2004 de jurisprudencia.

Por ello, debe impulsarse un diseño institucional que otorgue a los órganos garantes de transparencia y acceso a la información de plena autonomía, que se dote de independencia a todos los órganos garantes del país de cualquiera de los otros poderes públicos, por el bien del órgano garante, pero sobre todo para asegurar el derecho de los gobernados para acceder a la información pública en posesión de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley, y atender esta función estatal de manera eficaz en beneficio de la sociedad.

Ahora bien, respecto de la naturaleza y características de los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho lo siguiente:

ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERISTICAS.El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganosconstitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrioconstitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de ladivisión de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los trestradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarsecomo una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de lasactividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales,dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para quealcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Tesis de Jurisprudencia, P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página 1647, Novena Época, Registro No. 172456

Del anterior criterio jurisdiccional se puede afirmar de los organismos constitucionales autónomos lo siguiente:

• Surgen bajo una idea de equilibrioconstitucional basada en los controles de poder.

• Como evolución de la teoría tradicional de ladivisión de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los trestradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

• Debe considerarsecomo una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de lasactividades encomendadas al Estado.

• Se establecen en los textos constitucionales,dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para quealcancen los fines para los que fueron creados.

• Para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

• La creación de este tipo de organismos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes.

• Pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano.

• Pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general.

• Conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Luego entonces, las características esenciales de los organismos constitucionales autónomos, según criterio judicial, serían las siguientes:

• Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;

• Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;

• Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y

• Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Conforme a las argumentaciones anteriores, es que se ha afirmado que los organismos constitucionales son aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Ley Suprema.

Que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y judicial). Que son organismos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.

Que por lo tanto, laexistencia de los organismos constitucionales autónomos, devienen como una forma de distribución de la función estatal.Que se inscriben como mecanismo de equilibrio o racionalización en el ejercicio del poder público.

Es así que se puede afirmar que los organismos constitucionales autónomos representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales.

En ese contexto, es necesario recordar que el principio de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo (de los reyes). En resumen, la teoría de la división de poderes o distribución de funciones, tiene como centro de gravitación: el evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes (en este caso del ejecutivo, legislativo o judicial).

Un supuesto constitucional básico del control del poder, es la división de poderes.La teoría de la división de poderes como se sabe tiene sus orígenes en Aristóteles y es en el siglo XVIII, cuando se publicó la obra de Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, titulada El espíritu de las leyes, cuando alcanza su expresión. Del texto de Montesquieu, se deriva que su inspiración fue la comprensión de la necesidad de evitar que los gobernantes abusaran de sus facultades en el intento de incrementar su poder: en perjuicio de la libertad humana. Por eso afirmó quePara que no se pueda abusar del poder, se necesita que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

Es así que el control se constituye como el conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, la forma en que se asegura la vigencia de la libertad y los derechos fundamentales de la persona humana. En consecuencia, para el buen funcionamiento de un Estado, es indispensable que el poder sea controlado. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia o el exceso de alguno de los poderes clásicos: De aquí el origen de los organismos constitucionales autónomos.

Por lo tanto los organismos constitucionales autónomos se inscriben como parte del control en el ejercicio del poder público. Sobre estos organismos autónomos, como lo ha señalado la doctrina deben atender a determinados principios, como son:

Inmediatez. Es decir, deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.

Esencialidad.Son necesarios para el Estado democrático de derecho contemporáneo.

Participan en la dirección política del Estado. Participan en la dirección política del Estado, y emanan de actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales contribuyendo a la toma de decisiones del Estado.

Tienen paridad de rango con los otros órganos de Estado. Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.

Gozan de autonomía orgánica y funcional, y en general presupuestaria.

Apoliticidad: son organismos técnicos y no políticos.

Inmunidad: sus titulares solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o voluntariosa.

Están sujetos a esquemas de transparencia.Los actos y decisiones de los organismos autónomos, salvo los casos comprensibles del secreto en las investigaciones del Ministerio Público, podrán ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información, incluyendo obviamente los órganos del Estado.

Gozan de intangibilidad, es decir deben ser organismos permanentes, o por lo menos para cuya derogación se podría exigir un procedimiento de reforma constitucional mucho más reforzado que el proceso de reforma constitucional ordinario.

Funcionamiento interno apegado al Estado de derecho.Es decir, sería imprescindible que en las responsabilidades administrativas de funcionarios de los respectivos organismos, éstos cuenten con todas las garantías constitucionales y procesales.

En resumen, los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en base a los principios referidos; y para su buen funcionamiento no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.

Es así, que la propuesta va en el camino de que los órganos de transparencia de la Federación, de todos los Estados y el Distrito Federal se constituyan –particularmente donde todavía no lo son- en organismos constitucionales autónomos, mediante el establecimiento de las garantías mínimas a estos para asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibro constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

Lo anterior sin dejar de reconocer, que distintas entidades federativas han dado un paso adicional en el tema de transparencia y acceso a la información, al fortalecer sus órganos garantes desde su constitución local, siendo ello sin duda un referente que anima la presentación de esta iniciativa.

Ahora bien, en cuanto al organismo garante federal no puede desconocerse su naturaleza jurídica sui generis, que lo asemeja en mucho a un organismo constitucional autónomo. Pero además, nadie puede regatearle su credibilidad institucional y la confianza social de la que goza hoy en día. En los hechos el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IFAI) es un referente nacional e internacional ha seguir en cuanto a su actuación en pro del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Sus resoluciones y criterios de actuación han reflejado la independencia en sus juicios, y hasta a hoy no ha habido asomos de injerencias o presiones que hayan llevado a dicho organismo a una subordinación a alguno de los poderes públicos. Sin embargo, como ya se dijo en esta etapa de evolución normativa es necesario consolidar dicho organismo garante federal como un organismo constitucional autónomo.

De entrada, cabe decir que el actual diseño del organismo federal está “en un punto intermedio”. El actual organismo garante federal, cuenta hoy con algunos mecanismos de independencia, como son:

La responsabilidad compartida en el nombramiento o designación de los comisionados (propuesta del ejecutivo y no objeción del senado).La Ley Federal de Acceso a la información Publica Gubernamental, prevé que el Instituto Federal estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

Un periodo determinado para desempeñar el cargo de Comisionado. El marco actual prevé que los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Mecanismo especial para su remoción.La Ley vigente dispone quelos comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.

Se ha dotado de tres autonomías: operativa, de decisión y presupuestaria. Se dispone en La Ley federal de la materia, que el Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Se han establecido requisitos específicos para ser comisionado, para asegurar la idoneidad o experiencia de estos, y por otro lado evitar un perfil partidizado. En la Ley respectiva se ha previsto que para ser Comisionado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano; II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación; IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Como se puede observar, sólo se aproxima, porque el IFAI no lo es. Pues no se cumple por ejemplo con la característica de inmediatez; es decir, no está establecido y configurado directamente en la constitución. Tampoco mantiene Paridad de Rango; es decir no mantienen con los otros órganos del estado relaciones de coordinación entre pares, pues es un descentralizado, lo que hace que esté subordinado formalmente a uno de los poderes.

En este sentido, la preocupación o inquietud fundamental, es el alcance del ámbito competencial que hoy abarca el órgano garante federal de transparencia y acceso a la información pública, en el ámbito federal.

El radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de laadministración pública federal. El Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

No interviene como órgano especializado en la materia frente actos u omisiones del poder Legislativo (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y Comisión Permanente) ni del poder Judicial, tampoco sobre los órganos autónomos reconocidos como son la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. La Ley ha establecido que estos son sujetos obligados, pero los faculta para emitir vía acuerdo o reglamentos, lo necesario para sujetarse a los criterios de la ley, y los faculta para constituir sus propios órganos de transparencia, que conocen y resuelven las impugnaciones en la materia, sin que tenga participación de ello el Instituto Federal.

Digámosle así, estos poderes públicos son juez y parte, y son en sí mismo su propio pequeño IFAI. Esa es la realidad, y creo que el punto central en la búsqueda por la autonomía constitucional del órgano garante federal. Ya quesolo puede tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal si y solo si: se le da el carácter de órgano constitucional autónomo, ya que por supuesto no lo puede ser como órgano descentralizado.9

Por lo tanto, no es dable tener en el orden federal –como tampoco en el ámbito local- un derecho de acceso a la información fragmentado o dividido en partes. Es indispensable evitar disparidad en la regulación, se debe consolidar una homologación en los criterios de vigilancia, evitando el riesgo de no asegurar debidamente el ejercicio de este derecho, en perjuicio de los gobernados.

El gobernado –como dice Guzmán Tamayo- no tiene porqué sufrir el viacrucis en su demanda por información en poder de los poderes públicos federales, ni carecer de un órgano garante imparcial, independiente y especializado, que le asegure su derecho de acceso a la información, por el contrario debe contar con un defensor de su derecho, de manera gratuita, pronta y expedita, frente al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás poderes públicos o sujetos obligados federales.

Debe cohesionarse un derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante federal, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales.

Por lo tanto es oportuna la sentencia que afirma que no podemos tener en la práctica un derecho de acceso a la información pública fragmentado, dividido en partes, lo que no permite hablar de indicadores cualitativos en la materia sobre la labor que desempeñan los órganos de transparencia de los demás sujetos obligados, distintos a la administración pública federal.

Es indispensable “evitar multiplicidad reguladora” del derecho de acceso a la información, por el contrario se debe consolidar una homologación en los criterios o lineamientos de vigilancia en el cumplimiento de la ley: como es el uso del SISI, criterios en la clasificación de la información, sobre el manejo de solicitudes, el desahogo en los recursos de revisión, entre otros aspectos más. Pero que permitan la homologación en el ejercicio y en la protección de este derecho en el orden federal.

El actual esquema federal conduce a una disparidad en el ejercicio del derecho de acceso. Ya que mientras en la actuación de la administración pública en materia de acceso a la información se cuenta con el IFAI como órgano garante especializado, hasta hoy reconocido y confiable; en el caso de los otros poderes no se cuenta con el mismo esquema, lo que a provocado que no se asegure debidamente esta garantía.

Por lo tanto resulta necesario cohesionar el derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales.10

En efecto, la naturaleza autónoma constitucional del Instituto Federal traería consigo múltiples beneficios, entre los que destaca: la seguridad jurídica y la certeza institucional, la credibilidad y confianza ciudadana; bajo los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, especialización y profesionalismo respecto de todos los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados por la ley del orden federal.

A mayor abundamiento, la propuesta por la autonomía constitucional ha sido un planteamiento constante realizado por el sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso conel diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado“Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012”, plantea entre otros aspectos el de “Fortalecer a los órganos garantes de transparencia –el IFAI y los órganos garantes de los estados. Mediante la autonomía constitucional.”. Asimismo propone “El mejoramiento de sus capacidades institucionales y las salvaguardas indispensables para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos”.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya instancia de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, señalo en su comunicado denominado “Consensos para la Transparencia en México”, entre otros aspectos la necesidad de “dotar a los órganos garantes de autonomía constitucional, tanto al Órgano federal como a los de todas las entidades federativas”.

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre. Por lo que en este sentido se propone una reforma a la fracción IV delpárrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los procedimientos de los recursos de revisión deberán ser sustanciados precisamente por los órganos u organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal que se prevean en dicha Constitución.

Asimismo se propone adicionar un párrafo para establecer que la protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La idea de sostener la actual denominación, a pesar de transitar en su consolidación como órgano constitucional autónomo, parte de la convicción de reconocer su credibilidad y reconocimiento institucional, no es una reforma que parte de su descredito, sino de la necesidad de su perfeccionamiento, de mejorar la eficacia del ejercicio del derecho al ampliar el radio de acción o el ámbito competencial de dicho Instituto.

Por otra parte, cabe acotar que en virtud de que el artículo 6° Constitucional es el precepto donde se estatuye propiamente el derecho de acceso a la información, es que la referencia del organismo federal como órgano garante solo es en cuanto a esta materia. Siendo el caso que en lo que hace a los datos personales se propone que sea en el articulo 16 donde se disponga a este mismo organismo como garante de la protección de los datos personales del orden federal, pues este precepto es precisamente el que reconoce el derecho de datos personales como un derecho autónomo del de acceso a la información y cualquier otro derecho.

Esta propuesta se hace para dejar claro que el derecho de acceso a la información es distinto y distinguible del derecho de protección de datos personales. Pero a su vez reconocer la dualidad que los organismos garantes del orden federal como localtienen como autoridad máxima en ambas materias. Se estima que resulta inadecuado aludir en el artículo 6º que el organismo garante federal que se propone estatuir también lo será de los datos personales, ya que se estima que ello sería un inoportuno diseño normativo, pues como ya se dijo el artículo que establece el derecho de protección de datos como derecho autónomo e independiente, y no como un límite del derecho de acceso a la información lo es el artículo 16 constitucional. Sin dejar de advertir que una propuesta técnica que se llego a reflexionar como alternativa era la de constituir a dicho organismo garante federal en el articulo 41 o 102 de la Constitución General, sin embargo después de varias reflexiones se arribó que lo oportuno era el diseño que hoy se plantea en esta iniciativa.

No deja de advertirse, que en la presente iniciativa se hace referencia a la denominación de “organismo” en lugar de “órgano”, por estimar que este es el concepto más adecuado jurídicamente para aludir a un autónomo constitucional, para dejar claro su independencia frente a los poderes clásicos; y si bien se puede decir que es un órgano frente a la estructura del Estado, lo cierto esque es un organismo ante los poderes públicos clásicos y demás organismos constitucionales autónomos ya reconocidos en la Constitución General. Incluso la denominación de “organismo” seria congruente con la que se emplea para el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el IFE. Finalmente, también seria coincidente con lo que se expuso en la reforma anterior en materia de acceso al artículo 6º Constitucional, en cuyo dictamen se expuso:

“Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organismo. Esto no fuecasual: responde a una distinción técnicamente importante. Los organismos son entes públicos queadministran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e Independencia. El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto decompetencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica,recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos a losdenominados organismos constitucionales, así como a los organismos descentralizados, constituidosen el ámbito de la administración pública.Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública,no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota de facultades para su actuacióny decisión, asimismo imparcial.

Por lo tanto, la constitución como autónomo constitucional, implica un reparto de competencias públicas y la creación de una persona de derecho público, personalidad jurídica, patrimonio propio y poder de decisión, por lo tanto resulta adecuado la denominación de “organismos”.

Acotado ello, la autonomía constitucional que se plantea ha de implicar -como ya se dijo- el dotar de garantías eficaces al organismo garante en materia de acceso a la información del orden federal, para que pueda desarrollar o desplegar debidamente la tarea estatal encomendada. Por lo tanto dentro del diseño normativo que se plantea en esta iniciativa para constituir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como organismo constitucional autónomo en el artículo 6º Constitucional, es que se proponen los aspectos siguientes:

• AUTONOMIA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES. Se plantea que dicho organismo constitucional autónomo –en lo sucesivo también Instituto o Instituto Federal- este dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, independiente en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su actuación;

Cuando se alude a que dicho organismo garante deba gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, implica una garantía constitucional en favor de los gobernados y del propio organismo garante, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural, tal y como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal.

Por lo tanto la propuesta busca dejar claro la facultad del organismo garante para resolver con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u otros organismos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezca la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones aplicables.

• EL ORGANISMO GARANTE COMO DEPOSITARIO DE LA AUTORIDAD EN LA MATERIA. El Instituto será el depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como autoridad, también se encargará de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.

• COMPETENCIA SOBRE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ORDEN FEDERAL (CON EXCEPCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA). Se propone que el organismo garante sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública (obviamente también de la protección de datos personales) en posesión los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará ampliamente más adelante.

• SE EXCEPTUA A LA SUPREMA CORTE DE LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL AUTONOMO. Se prevé que la única excepción en la competencia del organismo garante federal, sea la Suprema Corte de Justicia, en virtud de ser ésta la última instancia jurídica y la máxima intérprete de la Constitución.

En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

La Suprema Corte es el órgano competente del conocer las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como de atraer aquellos asuntos de amparo que estime. Por lo tanto, es el órgano judicial máximo de control de constitucionalidad.

En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Por lo que en ese sentido, resulta justificable excluir de la competencia del organismo garante federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la calidad que ésa tiene como tribunal constitucional y órgano límite del Estado mexicano o instancia última para resolver toda controversia que pudiera suscitarse en la materia, al ser el responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución.

Lo anterior de ninguna manera implica que la Suprema Corte de Justicia este ajena como sujeto obligado en materia de acceso a la información, ya que en la presente iniciativa se propone también una reforma a la fracción I, del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General para establecer que Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad , órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. Incluyéndose en dicho alcance a todos los órganos del poder Judicial, entre ellos a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyéndola así como un sujeto obligado más en el acceso a la información, por lo que será en las disposiciones aplicables donde se determinará la forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la información en posesión de la Corte.

• GARANTIAS O CARACTERISTICAS DE LA AUTONOMIA. Se propone que para el desempeño de sus funciones dicho organismo garante cuente con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, a fin de completar el círculo de su autonomía, junto con la propuesta de que será independiente en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su actuación.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

Es así que la autonomía técnica estaría relacionada con la manera en que el órgano ejerce sus atribuciones, es decir, con sus métodos y procedimientos, y la naturaleza y profundidad de sus decisiones. Implica poder decidir sin interferencias, sobre la planeación y desarrollo de sus funciones constitucionales.

La autonomía de gestión entrañaría las facultades suficientes para decidir sobre la forma en que se administran los recursos, financieros, humanos y materiales del órgano; igualmente para decidir sobre su organización interna y su funcionamiento. Acotar lo anterior, mediante una ley orgánica o disposiciones legales que establezcan la manera en como debe organizarse, pudiese disminuirse sensiblemente dicha autonomía.

La autonomía jurídica, implicaría la capacidad de dictar normas para su autorregulación, para normar en el ámbito administrativo las disposiciones legales que se desprendan de sus funciones constitucionales, y llevar a cabo todas las acciones legales para que se cumplan con sus determinaciones.

Por lo que hace a la autonomía presupuestal –propuesta que se abordara de manera más puntual más adelante- implica de suyo asegurar los recursos económicos suficientes al órgano garante para que pueda cumplir con su encargo, y en todo caso dicha autonomía implica varios alcances entre ellos la facultad para elaborar y aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a las instancias competentes para su incorporación al Presupuesto de Egresos, ejercer dicho presupuesto, autorizar las adecuaciones a los mismos, determinar los ajustes correspondientes en caso de disminución de ingresos, entre otros. Pero observando las disposiciones legales aplicables, los criterios generales de política económica, así como los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, estando sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

Lo anterior, sin dejar de advertir que cuando se aduce que además serán independiente en sus decisiones yfuncionamiento, en si mismo se está reconociendo que gozan de autonomía de decisión y autonomía de funcionamiento.

• EL INSTITUTO COMO ORGANISMO RESOLUTOR EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO. El organismo constitucional autónomo será competente para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley -con excepción de la Suprema Corte-, en el ámbito de la competencia federal.

• FACULTAD DE INTERPRETACION EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL ORGANISMO GARANTE. Se propone dejar explicito que el Instituto Federal podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución General.

En ese sentido, cabe resaltar que nuestro marco constitucional federal, y en consecuencia todo el orden jurídico mexicano, a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, adoptó precisamente el concepto de derechos humanos, en tanto prerrogativa que tutela la dignidad, libertad y vida privada de las personas, o el otorgamiento de prerrogativas por la pertenencia a un grupo determinado, y por ello entonces, se está en presencia de un nuevo paradigma en cuanto a la protección del Estado de bienes jurídicos fundamentales de la persona.

Sin duda que la reforma constitucional en materia de derechos humanos -más la resolución de la Suprema Corte dictada en el caso Rosendo Radilla (expediente varios 912/2010, engrose publicado el 4 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación), constituyeron el camino para facilitar que en el orden interno todas las autoridades del Estado Mexicano cumplan con las obligaciones que en materia de respeto y protección de los derechos humanos, se han asumido ante la comunidad internacional.

Lo anterior, sin duda tiene una gran relevancia en las funciones que tienen encomendadas los organismo garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales tanto del orden federal como local, en tanto que fija la manera en que éstos deberán razonar sus resoluciones, a la luz de las reformas constitucionales ya citadas, así como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano, siempre en aras de beneficiar a los particulares.

Luego entonces, se puede reiterar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se insertaron diversas novedades importantes, las cuales vinieron a cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar dichos derechos en nuestro país. Así, entre las novedades se tienen las siguientes:

• En el artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al cual ya se hizo referencia, pero que en resumen implica que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.

• Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personae”, al cual también ya se hizo referencia, pero cuyo alcance implica que a la interpretación que se haga de una norma jurídica deberá optarse por aquella que proteja de mejor manera al titular del derecho humano.

• En el párrafo tercero del artículo primero, se establece la obligación del Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

Luego entonces, el organismo constitucional autónomo garante que se plantea, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano de acceso a la información pública y de protección de datos personales, debe por lo menos efectuar la interpretación al amparo de los principios y características descritas, y conforme a los últimos criterios fijados por nuestro máximo tribunal en materia de control de constitucionalidad.Ante ello, y a la luz de los avances en materia de derechos humanos, se arriba a la consideración de que el órgano constitucional autónomo garante, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano referente al acceso a la información pública o protección de datos personales, podría en forma oficiosa, de acuerdo a su naturaleza, efectuar por lo menos la interpretación más favorable de las normas que regulen el ejercicio del derecho humano, e incluso se abre la perspectiva para llevar a cabo un control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones que restringen el disfrute de un derecho humano, ya como órgano constitucional autónomo, garante de los derechos humanos de su competencia.

Por lo que resulta comprensible y viable la propuesta que se plantea en cuanto a reconocer en el texto constitucional la facultad de interpretación en sede administrativa de este organismo, sobre todo porque también se estaría planteando para los órganos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, a fin de evitar que en algunos casos se prive de esta facultad tan importante que deben tener estos órganos resolutores garantes de derechos fundamentales.

• PRINCIPIOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION EN LA MATERIA. Se plantea que en el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Si bien el alcance de dichos principios es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

• La certeza implica que las acciones que desempeñe el organismo garante o Instituto estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

• La legalidad conlleva que en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, el Instituto debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamenta. Dicho principio generalmente se suele explicar con la conocida máxima de que “las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo que están facultadas por el orden jurídico”, es decir, que deben actuar siempre con base a una norma jurídica. En principio opuesto es el que se aplica a los particulares “Todo lo que no está prohibido está permitido”.

• La independencia es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

• La imparcialidad tiene como alcance que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

• El profesionalismo conlleva que los servidores públicos han de prepararse y actualizarse, ejecutando con diligencia las actividades necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y responsabilidades adquiridos, e insertarse dentro de un servicio profesional de carrera para ahondar en la especialización institucional.

• La celeridad conlleva que en materia de transparencia y acceso a la información pública los mecanismos y procedimientos al respecto sean expeditos, es decir, sin dilaciones indebidas. Se trata que los órganos competentes resuelvan los asuntos que se les plantean lo más pronto y rápido posible. Lo anterior bajo la máxima que dice “justicia que llega tarde deja de ser justicia”.

• La transparencia conlleva a hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la rendición de cuentas, así como de la difusión de información sobre las tareas que tiene encomendadas y de la aplicación de los recursos públicos entregados.

• La máxima publicidad implica el privilegiar el interés público así como la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados a los que debe vigilar y controlar.

• La objetividad implica la exigencia de un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

• ORGANO SUPERIOR DE DECISION COLEGIADO. Se planea que el Consejo General sea el órgano superior de dirección y administración del Instituto, integrado de manera colegiada por siete comisionados.

Se propone aumentar de cinco a siete el número de comisionados, tomando en consideración que ya constituido como organismo constitucional autónomo dicho Instituto Federal se verá ampliado en su radio de acción o competencia respecto al número de sujetos obligados; además de que también se estaría ampliando la gama de atribuciones como lo es la presentación de acciones de constitucionalidad y de manera particular sus atribuciones en la nueva relación que se plantea con los órganos garantes de las entidades federativas y ante el mecanismo de defensa en favor de los particulares, para que el nuevo organismo autónomo garante federal conozca de los recursos que se presenten contra las resoluciones de los órganos garante locales. Así, sin duda exigirá un diseño orgánico normativo del nuevo órgano garante federal, lo que inicia desde luego con su propio órgano superior de decisión y administración.

• EQUIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACION DEL ORGANISMO GARANTE. Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano garante, y en búsqueda de la nivelación en paridad del papel de la mujer en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera particular en los órganos directivos.

• DURACION DEL CARGO DE LOS COMISIONADOS POR UN PERIODO DETERMINADO. Se propone que los comisionados duren en su cargo nueve años, y sin quepuedan ser reelectos. Esto con el fin de asegurar los principios de independencia y estabilidad que requieren los integrantes del órgano máximo de decisión para desempeñar sus tareas de manera imparcial.

Se estima que el periodo de nueve años se constituye como una propuesta equilibrada para alcanzar los principios referidos, más aun cuando se está planteando la no reelección e impedimentos para que los comisionados se desempeñen en otros cargos o empleos. Lo que se busca con dicho periodo, es que la inestabilidad laboral al corto plazo no merme la independencia o la libertad de juicio en la actuación de los integrantes del órgano máximo de decisión, es así, que nueve años es un periodo prudente que da al integrante serenidad en el ejercicio del encargo.

• RENOVACION ESCALONADA DE LOS COMISIONADOS. Se plantea que los Comisionados sean renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Ello con el propósito de aprovechar la experiencia adquirida y para dar continuidad a las políticas ylos programas institucionales de mediano y largo plazo.

A fin de asegurar la renovación escalonada, se propone prever que, de darse la falta absoluta de algún comisionado o del comisionado Presidente, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante.

• REMOCION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Se prevé que los Comisionados solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución General de la República, lo que implica que cuenten con las garantías o prerrogativas de inmunidad constitucional, tal y como se prevé para otros funcionarios con altas responsabilidades, tanto de la Federación como de los estados. Esto, con el fin de evitar amenazas, injerencias o presiones indebidas en sus funciones, y ahondar en el principio de estabilidad del que deben gozar dichos órganos.

Lo que se busca es garantizar el principio de inmunidad y de que los titulares del órgano máximo de decisión del organismo garante solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o voluntariosa, es que se debe prever un procedimiento específico para la remoción de los comisionados.

Congruente con la reforma en el artículo 6º que plantea la iniciativa a este respecto, se perfecciona y complementa con la propuesta de reforma al artículo 111 de la Constitución General, previendo que para proceder penalmente contra los comisionados del organismo garante federal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Siendo el caso como se sabe que dicho procedimiento obviamente se sustanciara y resolverá en términos de la legislación aplicable.

• PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE UNA MAYORIA LEGISLATIVA REFORZADA, SIN INTERVENCION DEL TITULAR DEL EJECUTIVO. Se propone que los Comisionados sean designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los Grupo Parlamentarios.

Cabe recordar que actualmente la designación de los Comisionados del IFAI la hace el Presidente de la República mediante un mínimo esquema de participación del Poder Legislativo, que a través del Senado simplemente no objeta la decisión presidencial y con ello, al término del plazo fijado, la designación cobra sus efectos porque no hubo objeción senatorial, lo que no quiere decir que el senado haya hecho suya la decisión del Poder Ejecutivo, simplemente que no la objetó.

Se estima que el esquema actual del nombramiento de los titulares o comisionados descrito, se podría decir que probablemente resulte consecuente con la naturaleza jurídica del IFAI, que es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, aunque no sectorizado a ninguna de las Secretarias de Estado. El IFAI actualmente es un órgano que forma parte de la Administración Pública Federal (sector paraestatal) que encabeza, y de modo indelegable e intransferible, el Presidente de la República; es un mandato unipersonal. El IFAI es actualmente un órgano garante del Ejecutivo Federal para la apertura informativa, la protección de datos del sector público federal y, la nueva competencia que se le ha asignado, la de fungir como órgano máximo de la tutela de los datos personales en posesión de particulares.

Si bien dicho esquema de designación podría resultar en cierta medida comprensible actualmente por la naturaleza jurídica del IFAI, y de su radio de acción o competencia, lo cierto es que dicho mecanismo de nombramiento no sería oportuno, ni adecuado, ni guardaría proporción con la trascendencia que se le daría al órgano garante federal, en su transformación como órgano constitucional autónomo, y como depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los demás órganos a los que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de la autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará ampliamente más adelante. Así como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.

Por lo tanto, se estima que el mecanismo de nombramiento adecuado para la conformación del organismo garante federal, en su nueva naturaleza como constitucional autónomo, debe ser ladesignación por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores oen sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los grupos parlamentarios. Dejando así que la designación sea hecha por el órgano legislativo únicamente sin la intervención del titular del Ejecutivo.

La presente iniciativa plantea que la designación se haga por una mayoría calificada. Es decir la decisión del órgano legislativo para la designación de los comisionados reclama o exige una mayoría reforzada; es decir de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Esquema que busca garantizar que los comisionados gocen de un amplísimo respaldo legislativo como plataforma de partida a su gestión y, a la vez, testimonia una plural decisión legislativa que permite liberar a los designados de alguna tendencia o pertenencia partidista.

Se trata que la designación sea resultado de un sano consenso parlamentario o de equilibro legislativo entre las distintas fuerzas políticas o bien de varias de ellas; y que la decisión no quede en una sola fuerza, o cuyo nombramiento descanse en una voluntad partidista, con el riesgo de que en el designado aflore o se permee un compromiso partidista frente a dicha designación unilateral, con la posibilidad latente de arrastrar a su paso cualquier propuesta que se centre en los méritos y en las virtudes de los candidatos.

Por lo tanto, un antídoto eficaz para evitar o prevenir ello es la exigencia de una mayoría calificada en la designación de los Comisionados, que implica la adhesión de los votos de legisladores de distintas bancadas, y sea una determinación plural y de amplio consenso, lo que dotaría de una mayor legitimidad a la persona designada.

• CONSULTA Y AUSCULTACION PUBLICA EN LA DESIGNACION. Se propone que la designación se hará previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberáser transparente en los términos y condiciones que determine la ley federal, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. Siendo que la ley determinará las reglas y procedimientos para ello.

Esta idea parte de que la designación no se haga tras bambalinas legislativas ni a puerta cerrada, sino a la luz pública. Y si bien no deja de reconocerse, que la critica puede llegar hacer que la experiencia puede arribar en convertir ello en una pasarela inútil, o la espectacularidad de las comparecencias, en las que puede ocurrir una trato inequitativo a los aspirantes, y otros bemoles más, lo cierto es que es preferible que la designación se haga a través de la mirada observadora de la sociedad, que en lo obscuro o a espaldas del escrutinio social.

• TOMA DE PROTESTA DE LOS COMISIONADOS. Se sugiere prever que los comisionados designados al órgano máximo de dirección rendirán protesta ante el Pleno del Senado o la Comisión Permanente, según corresponda, en los términos de la legislación correspondiente.

• ELECCION DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO POR LOS PROPIOS COMISIONADOS. Se propone quela designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.

• REQUISITOS DE IDONEIDAD AL CARGO DE COMISIONADO. Se propone que para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; nohaber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Lo anterior, bajo la base de que la especialización del órgano garante exige como premisa que quienes integran el órgano máximo de decisión sean personas con capacidad y experiencia en la materia, pero también es condición necesaria para cumplir con el criterio de apoliticidad, bajo el entendido de que estos órganos son técnicos no políticos. Bajo ese mismo criterio, es oportuno establecer las condiciones que aseguren que los integrantes del órgano de decisión actuaran ajenos a cualquier subordinación, complacencia o favoritismo en favor de algún partido político.

La propuesta que se hace parte de la convicciónde establecer también condiciones suficientes que permitan presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de lacual hubieran compartido un fin político común. Por lo tanto la propuesta lo que busca es contribuir a la vigencia efectiva de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad del órgano garante.

Además, el planteamiento se hace a la luz de que estos mismos requisitos sean la base para el caso de los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los órganos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/2005, que se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 796, Novena Época, que señala lo siguiente:

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. LOS ARTICULOS 90, FRACCIONES VI Y X, 91, 111, FRACCIONES VI Y X, 120, FRACCIONES VI Y X, Y 281, FRACCIONES VII Y XI, DEL CODIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y SECRETARIOS TECNICOS DEL CONSEJO ELECTORAL, DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASI COMO MAGISTRADOS NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUTONOMIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 116, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION FEDERAL. De los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales son principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; sin embargo, no existe precepto constitucional que imponga a las Legislaturas Locales la obligación de establecer requisitos para seleccionar a las personas que ocuparán un cargo dentro de los órganos encargados de la función electoral, de manera que para que las citadas legislaturas cumplan y se ajusten a los mencionados principios rectores es suficiente con que los adopten en su sistema electoral. En ese sentido, el hecho de que los artículos del Código Electoral establezcan como requisito para ser consejero ciudadano o secretario técnico del Consejo Electoral Estatal, de los Consejos Distritales y Municipales, o Magistrado del Tribunal Electoral Local, no haber sido candidato a cargo de elección popular o dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político durante los tres años previos a la elección, no viola los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que deben regir el ejercicio de la actividad electoral por parte de las autoridades electorales, porque en todo caso ese plazo es el que el legislador local consideró suficiente para presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de la cual hubieran compartido un fin político común”.

• REGIMEN DE IMPEDIMENTOS PARA LOS COMISIONADOS. Se plantea que los Comisionados y el Comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas.

Este régimen, con el fin de que los comisionados actúen de manera independiente e imparcial con respecto a los sujetos obligados.

Congruente con lo anterior, se propone también que quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

• EVITAR CONFLICTO DE INTERES EN LA ACTUACION. Se prevé que en la Ley Federal se establecerá los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún conflicto de interés o impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

• RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE DIRECCION. Se propone que las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Ello con el fin de que su actuar se encuentre debidamente supervisado, verificado e inspeccionado.

• RENDICION DE CUENTAS A TRAVES DE UN INFORME ANUAL. Se prevé que el Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El propósito es evaluar el desempeño del órgano autónomo en las atribuciones encomendadas, así como conocer el adecuado ejercicio de los recursos asignados.

Además, como ya se dijo uno de los características de los órganos garantes es el de estar sujetos a esquemas de transparencia, es decir, los actos y decisiones de los órganos autónomos, salvo los casos justificables de excepción, deben ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información sobre la actuación de estos.

• GARANTIA DE REMUNERACION ADECUADA DE LOS COMISIONADOS. Se propone prever una disposición que dote de garantías a los operadores del órgano máximo de decisión, para ello se propone disponer que los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Como se prevé tal redacción para el caso de los Ministros de la Corte del Poder Judicial de la Federación.

Esta propuesta, tiene por objeto de que los integrantes del órgano máximo de decisión no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. Más aun por la alta función que se le está encomendando al organismo garante, y para la cual se le otorga independencia en sus decisiones para actuar con plena imparcialidad y en estricto apego ala normatividad aplicable, por lo que es más que evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a dicho organismo autónomo le son por supuesto aplicables a los integrantes del órgano máximo de dirección y administración, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada por el ejercicio de su encargo.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/2007, que está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 740, Novena Época, cuya sinopsis es:

“ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTICULO 111, FRACCION III, INCISO D), DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, QUE PREVE QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARAN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACION QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRAN UNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESION, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E IMPARCIALIDAD. Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. En congruencia con lo anterior y toda vez que los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán ejercen de manera permanente las funciones que les fueron encomendadas tanto en los procesos electorales como durante el periodo interprocesal, se concluye que el artículo 111, fracción III, inciso d), del Código Electoral del Estado de Michoacán, al prever que dichos consejeros gozarán ‘... durante los procesos electorales...’ de la remuneración que de acuerdo al presupuesto de egresos les corresponda y que ‘... entre procesos, recibirán únicamente dietas de asistencia a la sesión...’, transgrede los principios rectores de independencia, autonomía e imparcialidad contenidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en virtud de que durante el tiempo que ocupen el cargo tienen derecho a todas las prerrogativas derivadas de su designación.”

• SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LA ESPECIALIZACION. Al respecto se plantea en primer lugar que dicho organismo “sea profesional en su actuación”; en segundo prever como uno de los principios de actuación el de profesionalismo, y tercero se propone disponer que el organismo garante deberá contar con el personal calificado necesario para prestar el servicioprofesional de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Lo anterior si se toma en cuenta que al atribuirle al organismo garante, especialidad en la materia, implica que, éste deba conocer exclusivamente del derecho de acceso a la información (y por su dualidad de órganos garantes, también del derecho de datos personales), lo que a su vez se traduce en la necesidad de contar con el personal profesional necesario, lo que solo se logra mediante mecanismos de selección en el ingreso, permanencia, capacitación, promoción, evaluación, etc., fases estas que son parte de un servicio de carrera.

• UN CONSEJO CONSULTIVO DENTRO DEL INSTITUTO. Dicho consejo será un órgano de asesoría, seguimiento y evaluación de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Instituto Federal en el ejercicio de sus funciones. En todo caso será la Ley la que determinará sus atribuciones e integración. Lo anterior, conscientes de que la democracia va más allá de los votos, y porque la participación y evaluación social crean condiciones para el mejor funcionamiento de la institución.

• SISTEMA DE COOPERACION EN LA MATERIA. Se propone que el Instituto Federal pueda conformar con los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho de acceso a la información.

Esta propuesta parte del reconocimiento del que hoy goza por ejemplo la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuyos Estatutos la reconocen como el espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, cuyas finalidades están entre otras precisamente el impulso nacional del principio de máxima publicidad; la transparencia de la información; la apertura gubernamental; el intercambio de experiencias, razonamientos jurídicos ycriterios de clasificación; y, propiciar, fomentar e impulsar la cultura de la transparencia y protección de datos personales entre la sociedad mexicana. Lo anterior, ya es un hecho que solo necesita ser elevado al rango de norma; además este tipo de espacios de cooperación ya se ha venido experimentado en otros materias como el caso de la Conferencia de Procuradores, Secretarios de Seguridad Pública o Tribunales de Justicia, por citar algunos.

Asimismo se plante que el Instituto pueda celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

• GARANTIA DE COLABORACION INSTITUCIONAL. Se propone que Instituto Federal, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Que para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitucióny demás disposiciones aplicables.

2. CONCEPTO AMPLIO DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS O SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Como ya se dijo el actual radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de laadministración pública federal. Hoy el Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

Como se acoto no interviene como organismo especializado en la materia frente actos u omisiones sobre los poderes públicos tradicionales, tampoco sobre los órganos constitucionales autónomos. Siendo precisamente, que uno de los ejes centrales que animan la presente iniciativa por la autonomía constitucional del órgano garante federal, el que este pueda tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal.

La idea de constituir un defensor en la materia, como organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, parte de la condición necesaria para poder ampliar su radio de acción frente a todos los poderes, entes u organismos públicos federales. Por lo tanto la competencia no es en favor de un órgano descentralizado, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica, que le asegure al gobernado su derecho de acceso a la información, sin importar el poder u órgano federal que hubiera violentado el derecho.

Por lo tanto se plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, así como la que esta en posesión de los tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los que la Constitución les otorga autonomía.

Pero no solamente se propone que su radio de acción sea sobre los poderes, tribunales, universidades públicas y demás órganos autónomos, sino también sobre otros entes, entidades o personas a saber:

• Fideicomisos y fondos públicos.

• Partidos Políticos.

• Sobre cualquier persona física o moral (jurídica colectiva), organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos.

• Sobre cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En efecto, se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien o aquellos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma automática o lógica se actualizan como sujetos obligados –indirectos- en materia de acceso a la información pública.

Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquellas personas físicas o morales (jurídicas colectivas) que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, se propone que el acceso se realice a travésde la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello los propios sujetos obligados directos respectivos.

Respecto de la propuestas anteriores, resulta oportuno aludir al Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, elaborado porel Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto de Investiga­ciones de la UNAM, en dónde en el rubro de Sujetos Obligados propone (en este caso respecto del ámbito federal) que sean considerados como sujetos obligados a el Poder Ejecutivo del Estado; la Administración Pública, incluyendo a los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal, y los fideicomisos públicos; el Poder Legislativo y su Órganos de Fiscalización cualquiera que sea su denominación; el Poder Judicial; los tribunales administrativos; los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas (en los términos que disponga la legislación elec­toral] [a través del Instituto Electoral del Estado); las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo; yel Instituto Electoral y el Tribunal Electoral (Artículo 201).

A este respecto, dicho Código de Buenas Prácticas11, en el rubro de Sujetos Obligados señalo lo siguiente:

“El capítulo segundo desarrolla el concepto de “autoridad, entidad, órgano u organismo” contenido en el artículo 6º constitucional. Para este propósito, precisa quiénes son los sujetos obligados. Respecto de ellos, conviene señalar dos aspectos que generaron una importante controversia durante la elaboración del CBP: el primero, la inclusión de los partidos políticos y el segundo la condición de algunos particula­res, tales como los sindicatos y otras personas privadas, que realizan funciones públicas.

La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados fue un tema ampliamente discutido du­rante la reforma constitucional. El dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. La razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son “entidades de interés público”. No obstante lo anterior, once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Las primeras propuestas del CBP proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los conside­raban sujetos obligados directos. Una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados11, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Es en este último sentido en que se redactó el texto del CBP, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Una consideración adicional es si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local. Esta es una cuestión que el CBP deja abierta y se presentan ambas opciones. Cabe señalar al respecto que algunas autoridades electorales han su­gerido que conviene que el acceso a la información de los partidos políticos se realice a través de ellas, pues tienen mejores herramientas, conocimiento y mecanismos de supervisión para garantizar el debido acceso a la información pública de los partidos y asociaciones políticas. Otros consideran por el contrario que es primordial que los ciudadanos puedan solicitar información de manera directa a los partidos polí­ticos pues estos poseen información más actualizada que aquella que es proporcionada a las autoridades electorales.

Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del derecho de acceso a la infor­mación. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comen­tarios de las reuniones regionales sobre la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los con­cesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa, sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.”

Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad

En relación con la información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que supervise estás actividades (Articulo 203). Siendo que lo importante a destacar es que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea considerada como información pública.

Luego entonces, conforme al Código de Buenas Prácticas la regulación debe permitir otorgar acceso a la información de los sindicatos (con excepción de las cuotas sindicales), las asociaciones empresariales o los con­cesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.

Sin embargo, como en el mismo Código se acota respecto de éstos el acceso se hará a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares, siendo que la razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.

Así, cabe considerar que la obligación de rendir cuentas y de permitir el acceso a la información —respecto de la entrega de recursos públicos— corresponde al sujeto obligado por la Ley que los desembolsa; es decir, a las autoridades responsables.12

Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que“por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilat­eral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los goberna­dos.

También, se expone que afin de regular el derecho de acceso a la información pública que pudieran poseer los particulares se atendió a la am­pliación del concepto de autoridad que para efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio, más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una ad­ministración pública cada día más compleja, la distinción del carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE, EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO. Es importante precisar que el acceso a la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”. Esta disposición constitucional deja justificado claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.

Como se sabe previo a la reforma constitucional al artículo 6º, las leyes de las entidades federativas presentaban importantes variaciones en cuanto a los sujetos obligados. Por ejemplo, únicamente once entidades federativas incluían a los partidos políticos como sujetos obligados directos, siete más los contemplaban como sujetos obligados indirectos, en nueve casos se incluyeron por interpretación y en cinco casos fueron excluidos. Asimismo, veintitrés leyes locales de transparencia consideraban que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos son también sujetos obligados del derecho de acceso a la información.13

En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.

Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de los notarios públicos, de los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”14. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.15

Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal, toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercito o ejecuto un acto de autoridad, no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.

Sindicatos.

El camino por abrir información sobre los sindicatos ha sido una tarea ardua en la que hay que seguir avanzando. Así por ejemplo cabe recordar los casos en los que frente a solicitudes de información se llegara a negar la misma, como es el caso de información sobre el registro de asociaciones en relación actas, estatutos, padrones y tomas de notas del sindicato, donde el sujeto obligado (Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Secretaria del Trabajo y Previsión Social), se argumentará que el afiliado tenía que solicitarla directamente al sindicato, y siempre y cuando acreditara ser agremiado, que si al agremiado se le niega la información por el sindicato debe entonces acudir ante la Junta de Conciliación a demandar por tratarse de un conflicto intergremial, que la información es de tipo reservada y confidencial por lo que requiere previo consentimiento del secretario general, que se trata de información que contiene datos personalísimos de los afiliados tales como sus domicilios, que brindar la información violaría la esfera jurídica del sindicato en razón de sus finalidades, que los sindicatos no pueden ser equiparados a sujetos obligados por la Ley, que los contratos colectivos están sujetos a un procedimientos administrativo que no ha causado estado y por lo tanto es información reservada, que los datos sobre contratos colectivos solo se otorgaran a la persona que demuestre ser trabajador en activo o que habiendo sido despedido requiera de información del contrato para elaborar su demanda, y estos y otros argumentos más para negar dicha información.

Pero vendría las determinaciones del IFAI para avanzar de manera significada en el acceso a la información sobre sindicatos, al señalar que los documentos relacionados con el registro, toma de nota, estatutos, actas y padrones no pueden ser considerada como información clasificada, que es información de acceso público, ya que contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del Estado de Derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, y en todo caso resguardarse los domicilios de los afiliados; además de que no es requisito desahogar un procedimiento previo ante la Junta, porque el acceso a la información es público, ni tampoco es requisito acreditar el carácter de afiliado, ni interés jurídico para la entrega de la información en virtud de la calidad publica de esta.

Lo anterior, solo para ejemplificar, el por qué es necesario explicitar a los sindicatos como obligados en materia de acceso a la información pública, más aún en los casos en que reciben recursos públicos de todos los mexicanos.

Ahora bien, los criterios del IFAI han servido para avanzar en el proceso por transparentar el universo laboral, siendo oportuno lo expuesto por Giménez Cacho “existe la expectativa fundada de que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades del trabajo para resolver los registros de sindicatos y dirigentes bajo criterios de subordinación política o ideológica. La transparencia hará también posible exponer a la luz pública la amplitud de simulación de los sindicatos fantasma, que no tienen afiliados. Sirve así a los trabajadores que aspiren a contar con sindicatos que los representen. Exhibirá también el vicio degradante y fraudulento de los contratos de protección y será útil para las empresarios que muchas veces de mala gana, aceptan tanta la extorsión de falsos líderes y las sugerencias de asesores sin escrúpulos que lucran con la ilegalidad”.16

Pero esto es solo el inicio o la primera ronda de este proceso por la transparencia laboral y sindical, es un tema sin duda inacabado. Ahora bien, y más allá de la rendición de cuentas que deben rendir los sindicatos y sus dirigentes a sus agremiados o afiliados, el planteamiento es dejar claro la responsabilidad o deberes que estos tienen en el acceso a la información pública sobre los recursos públicos que reciben del gobierno, ya se federal, estatal o municipal.

Efectivamente, si por virtud de un contrato colectivo, la autoridad, entidad, organismo u órgano público entrega recursos públicos a un sindicato, tal información es de carácter público, máxime cuando se trate de un sindicato que opera con recursos públicos, como es el caso de aquellos formados por trabajadores al servicio del Estado.

Es así hay que decirlo “los recursos públicos –federales- entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos son de acceso público”17. Con excepción de las cuotas sindicales en las que ya el Poder Judicial ha señalado que ni la retención ni la entrega de cuotas sindicales con actos de autoridad ni corresponden a recursos públicos, toda vez que pagado el sueldo del trabajador es un recurso privado al que el patrón le descuenta una cuota para entregarla íntegramente al Sindicato.18

Por lo que no es procedente que al cobijo de la libertad o autonomía sindical se niegue la información sobre la aplicación de dichos recursos. No es aceptable poner como escudo la autonomía sindical para obstaculizar el acceso a la información pública, ya que todo ente, privado o gremial, que recibe recursos públicos, se ve obligadorendir cuentas.

Si bien, la autonomía sindical, tiene como propósito que éstos se organicen, administren, funcionen libremente y puedan cumplir con su cometido en defensa de sus agremiados, lo cierto es que ello no debe significar incompatibilidad con el acceso a la información, por lo que el manejo de los recursos económicos que se les entrega a los sindicatos por parte del Estado no debe ponerse a duda o suspicacia alguna la transparencia respecto de dicha información y la rendición de cuentas, ya que es obligación de someterse al escrutinio público para informar y dar explicación sobre la aplicación de los recursos públicos que le ha sido entregados.

Por lo tanto, es necesario cerrar la puerta a cualquier interpretación indebida que al respecto se pueda dar –como ya ha acontecido- y evitar la opacidad a este respecto, haciendo explicito que los sindicatos son sujetos obligados cuando se ubican en las circunstancias referidas, más allá de que el acceso a dicha información deba de darse a través de la autoridad o dependencia que realizo la entrega de recursos públicos.

Por otra parte, en la presente iniciativa se planea respecto de aquellas personas físicas o morales que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, a fin de asegurar el acceso a la información de carácter público, la obligación de éstas a proporcionar a la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o por virtud de los actos de autoridad que desplieguen.Esto se debe entender como una formula que viene a reforzar una obligación que estaba exclusivamente sobre las espaldas de los entes obligados, y en eso radica la veta que se abre para beneficio de la causa de la transparencia de la gestión pública y de la propia cosa pública. Se de una obligación complementaria para fortalecer el deber de satisfacer el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, y deque los particulares expliquen que se hizo con los recursos públicos que recibieron o de los actos de autoridad que llevaron a cabo, pero como ya se dijo los sujeto obligados directos de asegurar dicho acceso al público lo serán los autoridades o sujetos obligados directos, ya que los particulares beneficiarias de recursos públicos o de realizar acto de autoridad lo hicieron por determinación o decisión de las propias autoridades, entes u organismos públicos. La rendición de cuentas sigue pesando sobre éstos que determinaron entregar fondos públicos o asignar funciones propias de la autoridad.

Luego entonces, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera explicita o expresa en la fracción I del artículo 6º Constitucional a las personas que se actualicen en los supuestos narrados con antelación y dejar claro su calidad de sujetos obligados en materia de acceso a la información pública.

Partidos Políticos.

A este respecto también resultailustrativo lo expresado en el Código de Buenas Prácticas referido, en donde se reconoce que la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados ha sido un tema ampliamente discutido du­rante la reforma constitucional. Señala que el dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. Indica que la razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son “entidades de interés público”.

No obstante lo anterior señala que -en ese entonces- once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Se manifiesta que las primeras propuestas del Código de Buenas Prácticasproponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los conside­raban sujetos obligados directos. Señala que de una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Que fue en este último sentido en que se redactó el texto del Código, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Sin dejar de advertir que en el Código referido se hace una consideración adicional en cuanto si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local, sin embargo, se señala que eta es una cuestión que el Código deja abierta y se presentan ambas opciones.

Acotado ello, es que para los iniciadores de esta iniciativa resulta oportuno traer a colación lo que en el Dictamen del Senado se argumentó en la reforma del 29 de julio de 2007 al artículo 6 de la Constitución General, siendo que entre otros aspectos se afirmo lo siguiente “Una lectura cuidadosa del texto de la reforma, del dictamen de la Colegisladora, así como de los antecedentes que en la materia existen, tanto legislativos como los que en la materia ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se expida. En otras palabras, los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no pueden ejercer del mismo modo y bajo las mismas condiciones las obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos del derecho de acceso a la información”. Asimismo señalo que “los partidos políticos son instituciones integrantes del régimen constitucional, por lo que al lado de sus prerrogativas, que garantizan su participación representativa, están igualmente investidos de obligaciones y responsabilidades que aseguran su presencia democrática. De allí que la información que les reclame la ciudadanía, en orden a la transparencia con la que deben conducirse las instituciones republicanas, debe estar disponible en todo tiempo, considerando desde luego que no constituya una intromisión injustificada en la vida interna de los partidos y sin que se ponga en riesgo la información estratégica de su acción política y electoral”.

Por lo tanto, para los efectos de esta iniciativa lo importante es homogeneizar la condición de los partidos como sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.

Por ello, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera expresa a los partidos políticos para que se actualicen en los supuestos referidos como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6º Constitucional. Es decir dejar claro que los partidos políticos si son sujetos obligados a rendir cuentas a través de los mecanismos de acceso ala información y transparencia, más aún cuando debe tomarse en cuenta que la legislación mexicana ha dispuesto un sistema de financiamiento partidista preferentemente publico o con recursos públicos sobre los privados, en cuyo caso no debe existir duda sobre un ejercicio de acceso a esa información.

Acotado ello, se está en posibilidades para que el legislador ya sea el del orden federal o de las entidades federativas determinen que los partidos políticos sean sujetos directamente obligados en materia de acceso a la información, y no solamente indirectos.

De lo que se trata es que los partidos políticos tengan la obligación de garantizar a las personas el acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos que prevea la Ley, pero también el de llevar a cabo obligaciones de transparencia o de transparencia proactiva, es decir, quesin que medie solicitud, deban poner a disposición del público por medio de internet información básica, esencial o de interés, como es sobre sus Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna; estructura orgánica y funciones; integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección; directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica; descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su plantilla laboral; contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución; informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorias de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores; convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de Frente que suscriban; entre otra información relevante más.

Esta propuesta de dejar claro que los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia permite cerrar o complementar el círculo con el planteamiento de que el poder Legislativo como sujeto obligado, ya quedaría sujeto a la jurisdicción del órgano garante autónomo federal. Es decir, se asegura que los partidos políticos sean por un lado sujetos obligados como entidades de interés públicos y por otro también lo sean como grupos parlamentarios –agrupación de una misma filiación partidista- al formar parte del poder Legislativo, ya sea dentro de la Cámara de Diputados o la de Senadores. En efecto, siendo sujeto obligado el órgano legislativo, se puede acceder a la información que posea sus unidades administrativas, entidades, organismos u órganos, entidades o equivalentes, como podría ser la de los propios grupos parlamentarios. Siendo el órgano garante federal el responsable de asegurar que ante una negativa pueda conocer de las impugnaciones por las que se pueda negar información sobre éstos grupos parlamentarios, que en el fondo se constituyen como sujetos obligados indirectos en el acceso a la información. Con ello se establece un piso más uniforme y parejo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, dentro del sistema democrático que nos hemos dado como Nación.

Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas

De conformidad con la fracción I del párrafo segundo del artículo 6 Constitucional, para muchos nos queda claro y no es discutible que se incluyó a las universidades públicas autónomas en la expresión “organismo federal, estatal y municipal”. Así la fracción respectiva dispone que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes…

19Sin embargo, como bien lo ha señalado Dorangélica De la Rocha Almazán, que “Desafortunadamente, muchas universidades se escudan en la autonomía con la que fueron dotadas par ano conceder acceso a la información que generan, como parte de un sistema educativo público. El pretender el conocimiento de sus datos, en muchas ocasiones, confundido con la trasgresión de su autonomía. Cosa más que errónea”.Y asevera “Es verdad que las universidades públicas gozan de cierta autonomía funcional, algunas constitucionales y otra legales –organismos descentralizados de Estado-, pero esto no quiere decir que escapen del imperio o sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente creadas para su observancia. Dígase pues, que las universidades también deben obedecer, en su caso, al mandato que dispone las leyes de acceso a la información en México”.

Por ello afirma que no dar acceso a la información que poseen es una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática se colocan como entes de opacidad y con desconfianza social. Por lo que se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que sería contrario a un régimen democrático, y sería más grave si esto sucede en el ámbito universitario, donde se supone debe prevalecer la libertades de expresión, la formación de voces críticas, la apertura y el conocimiento, entre este el de la transparencia20.

O como también lo ha señalado José Carbonell “muchas instituciones de educación superior seesconden detrás de la autonomía con la que fueron dotadas, para evitar laimplementación de sistemas de acceso a la información y transparencia. Enmuchos casos, la pretensión de acceder a su información es concebida deforma errónea ―en estas instituciones—, como una transgresión o intento devulnerar su autonomía”. Por ello afirma Que algunas universidades públicas sean autónomas no debe ser entendidocomo que quedan exentas de la obligación de rendir cuentas y de losdeberes más elementales de transparencia. Su autonomía no debe significarextraterritorialidad ni ningún absurdo parecido, como para que no impere elEstado de Derecho en su interior”.

Por lo que la presente propuesta, va en el camino de despegar dudas a este respecto, para aquellosque tengan dudas legitimas o bien resistencias voluntarias o se sientan incómodos con el acceso a la información en su poder, y que la autonomía universitaria no sea un pretexto, escudo para la opacidad.

Debe quedar claro, que el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de lasuniversidades públicas es fundamental para el desarrollo nacional. Implicapasar de la percepción, por parte de los estudiantes, de ser beneficiarios deuna concesión del Estado o de las autoridades, hacia la concepción de serusuarios sujetos tanto a obligaciones como a derechos. En este caso, parapoder exigir, entre otras cosas, ciertos niveles de calidad del bien público delque se están beneficiando.

Las universidades públicas son entidades que reciben recursos del erario, es decir, de todos los mexicanos como contribuyentes. En consecuencia, deben estar sujetas y por lo tanto adoptar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan rendir cuentas a la sociedad: dar a conocer qué hacen, cómo lo hacen, a qué costo, entre otros, ya sea que se trate de instituciones de carácter federal o local, según sea el caso.

Es importante volver a advertir tal y como lo ha señalado Jorge Carpizo Mcgregor que el manejo de recursos económicos no debe prestarse a duda o suspicacia algunas y por ende en el caso de las universidades, en este aspecto, deben ser una caja de cristal. Además, “en una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes manejan recursos públicos”.

Como se sabe de conformidad con el artículo 3º Constitucional las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. En ese sentido, se ha dicho que la autonomía implica que las instituciones educativas de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades; asimismo que la autonomía se otorga a las universidades para que puedan cumplir sus funciones sin injerencias externas y ajenas que les dificultarían el cumplimiento de aquellas conforme a los principios de excelencia académica y proyección social, para que la educación que se imparta e encuentre libre de todo dogmatismo o ideología.Por su parte, el derecho a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional, es una de las bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los individuos deben estar bien informados, con veracidad y objetividad.

Por lo tanto, “no es posible que pueda existir contradicción, jerarquía o conflicto entre los derechos constitucionales de autonomía universitaria y el acceso a documentación pública en dichas universidades. En caso de aparente contradicción resulta necesario armonizar esos derechos constitucionales tan valioso y trascendentes uno del otro. Luego entonces, cumplir con el derecho a la información y el acceso a la documentación publica por parte de las universidades públicas autónomas, es una obligación constitucional y legal para éstas, pero además es una responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y dar ejemplo de transparencia, como un principio básico de las democracias. Las universidades son parte esencial de la conciencia crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia. Por ello el “derecho constitucional de la autonomía universitaria es cien por ciento compatible con el de la transparencia y el acceso a la información pública. Los dos son especialmente valiosos. Los dos cumplen una función social. Lo único que hay que lograr -lo reitera- es su armonización”.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseñode Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Méxicodispone que deben ser sujetos obligados y, por tanto, estar incluidos dentrode las leyes de la materia, los “Organismos Públicos Autónomos del Estado,incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación SuperiorPúblicas”.Incluso, dicho Código de Buenas Prácticas propone que se establezcan obligaciones especificas o adicionales (de oficio o transparencia) cuando se trata de Universidades e Instituciones deEducación Superior Públicas (Artículos 201 y 312, respectivamente). Por lo que la propuesta planteada, resulta oportuna, más aun permitirá definir un piso parejo en cualquiera de los órdenes de gobierno a este respecto.

Por todo lo anterior, la propuesta que se plantea respecto a los sujetos obligados en la presente iniciativa es congruente con lo expuesto. Ya que busca por un lado prever de la manera más amplia posible quienes pueden ser considerados como entes o sujetos obligados en materia de transparencia, y por otro, que respecto de los que correspondan al orden federal el nuevo órgano constitucional autónomo de la Federación sea el órgano competente especializado respecto de la información en posesión de los mismos. Lo que ahonda sin duda, en un derecho de acceso a la información fortalecido y una política de rendición de cuentas más amplias e integrales en beneficio de la sociedad.

Finalmente, se advierte que la iniciativa incorpora el concepto mismo de sujeto obligado, bajo la base que es un concepto ya acuñado en materia de acceso a la información, y par dejar claro las implicaciones que el propio concepto tiene y refrendarles a los poderes tradicionales, órganos autónomos, entidades, entes, fideicomisos, entre otros, su deber u “obligación” para contribuir hacer efectivo el derecho de acceso a la información en su poder.

3. INCLUIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD E INATACABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ORGANOS GARANTES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SIN RELATIVISMOS.

Como es sabido en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una "instancia no especializada".

Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte de las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este respecto, sino de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia, o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan.

Cabe recordar que el poder Judicial de la Federación, al respecto ha señalado que la Ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Así, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo los sujetos obligados en términos de la Ley deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos –como la interposición de un juicio de nulidad– o de facto –como la simple negativa de entregar información– para eludir dicho cumplimiento. Como ilustración de lo anterior, cabe transcribir tal criterio:

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.

Amparo en revisión 168/2011. **********. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.

Es así, que conforme a la Ley Federal, hoy día se reconoce la definitividad de sus resoluciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, se insiste que con el fin de evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio resulta oportuno dejarlo expresamente establecido en nuestra Ley Suprema.

Más aún, si se toma en cuenta como dice Ricardo Raphael de la Madridque sería un retroceso que las resoluciones del órgano garante de acceso a la información sean revisables o impugnables ante el Contencioso Administrativo, ya que como afirma “Los Tribunales Contenciosos nacen para salvaguardar los derechos de los gobernados, no de los órganos administrativos. Los órganos administrativos no tienen derecho, sino atribuciones. ¡Ahora resulta que pobrecitos delos órganos administrativos no tienen instrumentos de defensa frente a los gobernados-“.

En ese sentido, debe dejarse claro que en todo caso el control de legalidad debe ser ejercido por los gobernados,ya que se trata de un derecho fundamental que corresponde alegar a su titular, por lo que los medios de defensa en estos casosdebe ser un instrumento a favor de los gobernados no de las dependencias o sujetos obligados.

Además, permitir que las resoluciones sean impugnadas por los sujetos obligados violentaría varios principios. Así por ejemplo el principio de gratuidad, ya que el particular tendría que acudir a los juzgados y contratar un profesionista, al que tendría que pagar para su defensa; el principio de desigualdad –como génesis del de igualdad-, ya que el particular contendría en un proceso litigioso desventajoso frente a los órganos de Estado que cuenta con recursos materiales y humanos, el principio de sencillez y rapidez, ya que se retarda el acceso a la información provocado ello por la autoridad no en defensa del titular del derecho; el principio de especialización, ya que podríaconocer una instancia no especializada; y el principio de máxima publicidad, ya que si el organismo garante al resolver esta frente a la duda razonable debe privilegiar la apertura de la información, es decir se inclina en favor del gobernado, y no de las autoridades, por lo tanto cuestionar esa duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a dichos principio. De ahí de la necesidad de la expresión del principio de definitividad en la Ley Suprema.

4. DOTAR DE LEGITIMIDAD A LOS ORGANOS GARANTES PARA INTERPONER ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Como se sabe el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad esta tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional.

La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada inconstitucional, lo que no conlleva a su derogación, ni que el texto de la disposición inconstitucional sea eliminado, sino que únicamente éste pierda su fuerza de aplicación.

Por ello, se ha previsto que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a efectos de hacerlas públicas.

Otro elemento que le añade importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Tales alcances de la acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, revelan su importancia y relevancia dentro del Estado Constitucional y de Derecho. Siendo queuna de las características que le agrega importancia es que es un medio de control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no sólo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a garantías individuales.

Es precisamente esta característica la que le añade una mayor relevancia o importancia a la acción de inconstitucionalidad, al situarla como instrumento de defensa de los derechos fundamentales, ya que dota a determinados órganos del Estadode una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes federales o locales que violan sus derechos fundamentales.

Siendo que dentro de esos derechos fundamentales está el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Por lo tanto, resulta del todo razonable el de dar legitimidad procesal a los órganos garantes de dichos derechos para que tengan la facultad de promover acción de inconstitucionalidad. Más aún cuando se esta proponiendo constituirlos como organismos constitucionales autónomos, ubicándolos así como instrumentos de equilibrio constitucional dentro de la estructura del Estado, lo que conlleva de manera lógica que asuman un papel sólido y activo para demandar ante la autoridad jurisdiccional la plena observancia de estos derechos humanos fundamentales, frente aquella ley inconstitucional que se estima restringe o menoscaba el ejercicio de los mismos.

Además, al ser autoridad en la materia especializada, les permite llevar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo respecto de que las leyes se ciñan al pleno contenido y alcance del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, y asegurar al gobernado el ejercicio pleno de sus derechos, aun antes de que la ley inconstitucional se aplique en su esfera jurídica.

Por ello, es que en la presente iniciativa se propone una reforma al artículo 105 de la Constitución General, para establecer la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente:

• El organismo garante federal contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

• Los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.

• El organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

5. POR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL DE LOS ÓRGANISMOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION.

Se parte de la convicción de que es necesario garantizar los recursos económicos razonables y necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto. Nadie puede garantizar que el próximo Ejecutivo le otorgue al Instituto los recursos económicos necesarios para su debido funcionamiento, y se dice debido, porque se le puede autorizar un presupuesto que solo lo mantenga a flote y lo orrille a entregar malos resultados, lo cual puede llevar a desacreditarlo y ponerlo así en la guillotina para su desaparición, provocando con ello que el ciudadano pierda y el gobierno gane en la opacidad.

En este sentido es pertinente lo dicho por el hoy comisionado Zaldivar “La cuestión presupuestal es un elementos fundamental para que camine el tema o no. Y Como decía el doctor Escobedo, hay estados que tienen un buen diseño institucional y aun así no funcionan, ¿por qué?, bueno, porque no los dotan de los recursos suficientes para su operación. Por lo tanto esta política pública como cualquier otra, requiere de un presupuesto acorde a las necesidades reales; pues en los estados que cuentan con una ley y un órgano garante pero no tienen presupuesto o este es insuficiente, se puede decir sin temor a equivocarse que se esta frente a un acto de simulación.

Como bien dice el doctor Sergio Aguayo, “el presupuesto es la política en su estado químicamente puro, es decir, no hay mejor forma de medir las prioridades que ir a los presupuestos”.

Se puede afirmar, que “no puede haber autonomía constitucional donde no está garantizada la autonomía presupuestal.”

Cabe aclarar que dicha “autonomía presupuestal” tampoco implica un descarrilamiento o gasto irresponsable, ya que por un lado será el Congreso Local el que estudiara y aprobará su monto, el órgano de fiscalización del mismo podrá realizar su revisión a través de la cuenta pública. Por lo que el ejercicio del presupuesto del órgano garante federal (como locales) debe ser en base a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas sujetándose a la normatividad, la evaluación y control de los órganos competentes.

Por lo tanto se propone en la presente iniciativa que Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Se prevé que el proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

6. MECANISMO DE DEFENSA ADMINISTRATIVO OPCIONAL, EXPEDITO, SENCILLO Y GRATUITO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES.

Se propone que el Instituto Federal como organismo constitucional autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular.

Se prevé proponer que la Ley Federal determinará la forma y términos en que deberá promoverse la impugnación ante el Instituto Federal.

Se plantea que no será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo, en términos de la legislación aplicable. Es decir, se trata de que este mecanismo de defensa sea una opción para el particular y no una obligación o condición necesaria para acudir al juicio de amparo, ello porque el particular pueda estimar más conveniente y oportuno que de una vez le resuelva la autoridad judicial; porque ante el conocimiento de criterios o precedentes del órgano federal en asuntos similares se anticipa que será desfavorable acudir ante dicha instancia o bien porque a su juicio siente más credibilidad y confianza acudir a la autoridad judicial.

Asimismo, se propone explicitar que la resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del órgano garante local, y será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo o personas o sujeto obligado correspondiente del orden local, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero se propone dejar resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los organismos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.

Esta propuesta, como dice Federico Guzmán Tamayo para ser entendida implica evitar la tentación de pensar que unos pierden y otros ganan, que uno es asumido en un papel de subordinación y otro de superioridad, es decir que las entidades quedan minimizadas frente a la autoridad federal. Más bien debe entenderse como un proceso por la eficacia en el ejercicio de derecho y como una estrategia del Estado mexicano, en la que se conjuga la federación y las entidades federativas en busca de asegurar y promover el derecho humano fundamental de acceso a la información, y de protección de datos personales.

Ahora bien, debe dejarse claro que este mecanismo de defensa en favor de los particulares si y solo si es factible si hay armonización en las características de los órganos garantes del derecho de acceso a la información tanto federal como local, para convertirlos en órganos constitucionales autónomos, para potencializar la eficacia institucional en la protección de este derecho fundamental.

No se trata de darle competencia a un órgano federal sobre asuntos de competencia federal, estatal, del Distrito Federal o municipal en materia de acceso a la información pública siendo un órgano descentralizado.Ello debe darse a un organismo con una naturaleza jurídica distinta, ha de darse a un ente de equilibrio constitucional, es decir, ha de ser un organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, condiciónnecesaria para asumir dicha competencia. Por lo tanto la competencia no es en favor del IFAI actual, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica.

Superado ello, resulta oportuno que el nuevo organismo constitucional autónomo federal tenga competencia sobre asuntos domésticos, locales o de las entidades federativas. Pero dicha competencia solo habrá de darse dentro de un federalismo saludable, eficiente y eficaz, y en ese sentido tal y como se propone lo factible y oportuno es el de dotar al nuevo organismo federal constitucional autónomo de la facultad para conocer o revisar las resoluciones de los organismos de transparencia de las entidades federativas, cuando la resolución que se impugna hubiere negado el acceso a la información al particular.

Lo que se propone es un mecanismo de defensa expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir en segunda instancia administrativa alguna controversia en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Debe dejarse claro –como dice el mismo Guzmán- que la premisa fundamental es la de crear un instrumento de defensa administrativo en favor del particular o gobernado, de que este cuente con un mecanismo más en su favor, como instrumento de defensa administrativo previo al juicio de amparo, y siempre opcional. Es decir, que quede resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones de los órganos de transparencia local, ya sea interponiendo la impugnación ante el nuevo órgano constitucional autónomo federal o bien el de poder optar por la vía del juicio de amparo. Ello con el fin de eliminar la preocupación para algunos de que tal instancia parecería contradecir la idea de procedimientos expeditos, sencillos y no judicializado, lo cual de ninguna manera es así.

Además, de señalar que dicho mecanismo de defensa asegura los principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en elejercicio de este derecho. Se asegura la especialización por que la impugnación en segunda instancia sería realizada ante un órgano autónomo, imparcial y especializado. El órgano revisor en segunda instancia sería un órgano administrativo no judicial, lo que hace que esa segunda instancia no se judicialice para el particular, al tratarse de funciones materialmente jurisdiccionales pero formalmente administrativas.

Se asegura la sencillez, expedites y gratuidad ya que se trataría de una impugnación que podría interponerse por el sistema electrónico tal y como se hace para los recursos de revisión que hoy se conocen y sustancian, lo que implica que no será escrito, ni será necesario contar con un abogado o licenciado en derecho para su interposición, aplicándose las reglas de la suplencia de la queja para el particular.

En efecto, dicha instancia o mecanismo de defensa adicional, permitiráno orillar desde un inicio al gobernado acudir al juicio de amparo, que como se sabe es un mecanismo de defensa judicializado, que exige reglas técnicas más estrictas para su interposición y procedencia, además de la necesidad de contar con un especialista o abogado para ello, que podría implicar costos económicos para el particular, aunado a las exigencias físicas y traslado para conocer del mismo al tratarse de un juicio de corte escrito, así como la dilación para resolver por parte de la autoridad jurisdiccional, pues como se sabe los plazos resultan más amplios en comparación con los plazos que se pueden establecer para que el nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal pueda resolver. Incluso se podría prever en la legislación reglamentaria respectiva un plazocortopara que el nuevo órgano federal dicte una resolución definitiva, por ejemplo de 20 días hábiles.

Este mecanismo de defensa permitiría disipar la desconfianza, el descredito o bien la falta de maduración o consolidación institucional que pueda existir en algunos órganos garantes de transparencia local, al saberse no solo observados sino revisados en su actuación por un órgano especializado, mediante un medio de defensa sencillo, expedito y no judicializado.

Este mecanismo de defensa sería un instrumento de eficacia institucional –es más si se quiere decir así- de prevención general, pues los órganos de transparencia local se verían incentivados a emitir resoluciones más y mejor fundadas y motivadas, sostenibles ante la instancia de reconsideración o segunda instancia de revisión.

Este mecanismo de defensa permitiría establecer criterios de interpretación por parte del órgano federal en su calidad de revisor, lo que a su vez se podría traducir en una armonización en las resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del órgano federal seria un referente a tomar en cuenta por los institutos de las entidades federativas al momento de resolver.

La apuesta de este mecanismo de defensa, parte de la convicción de que la transparencia y derecho de acceso a la información pública son un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público; pues para que funcione la democracia es indispensable un sistema abierto de información, para que los gobernados tomen decisiones informadas.

Luego entonces, si queremos que este mecanismos de control social funcione, debemos dar a sus titulares los instrumentos necesarios de defensa que haga efectivo su ejercicio.

Finalmente, dicho mecanismo de defensa,se inscribe dentro de los cánones de la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva instituidas en el artículo 17 constitucional, ya que no propiciara un retraso en la resolución de los recursos respectivos; no impedirá que los conflictos se resuelvan en su integridad; no induce a que quien resuelva lo haga en determinado sentido; no establece el cobro de importe alguno por que se emita la resolución definitiva; ni, por último, establece alguna condición insuperable alguna para acudir a los tribunales jurisdiccionales.

Sirven de apoyo a la anterior conclusión las siguientes jurisprudencias de las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.” (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 42/2007, Página: 124).

“ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.” (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página: 209).

7. FACULTAD DE ATRACCION DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL RESPECTO DE RESOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES.

Congruente con la propuesta anterior, se plantea disponer que el organismo garante autónomo de acceso a la información pública del orden federal, de oficio o a petición fundada del órgano garante equivalente del estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En todo caso, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federalpara dictar sus resoluciones.

En todo caso, se precisa que la resolución que el órgano federal emita por virtud de la facultad de atracción será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo local o personas o sujeto obligado correspondiente, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero obviamente, al igual que la propuesta anterior, se precisa el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los órganos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.

Esta propuesta junto con la del mecanismo de defensa administrativo que se plantea en favor de los particulares en esta iniciativa, lo que busca es diseñar una nueva relación entre los organismos garantes del orden federal y locales, dentro de un federalismo eficaz y eficiente en la materia. No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución que estos órganos u organismos locales, sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que conozcan, substancien y resuelvan los órganos garantes o sobre estos mismos medios de impugnación que presentes los particulares pero que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.

Finalmente, cabe decir que sobre los alcances de interés y trascendencia el órgano judicial ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, pero además ello deberá ser materia de regulación en la legislación respectiva. Sin dejar de advertirse, que ya hay experiencia y avances sobre la facultad de atracción en otras materias, cuyo referente puedeser tomado en cuenta en favor de la propuesta que se plantea.

8. POR UNA LEY GENERAL QUE ARMONICE Y ASEGURE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN TODO EL PAIS, Y POR UNA LEY GENERAL DEL DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

No se puede negar que la reforma al artículo 6 Constitucional vino a contribuir a avances importantes en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Cabe recordar que el espíritu y alcance central de dicha reforma del 20 de julio de 2007,fueel de consolidar criterios uniformes en materia de acceso a la información pública, mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que el ejercicio de ese derecho debería de tener en piso mexicano.

Efectivamente la reforma constitucional referida buscó que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fuera parejo en todo el país, que su ejercicio entre una entidad federativa y otra no fueran dispar e incluso contradictorio, en algunos lados con mayor apertura y en otros con mayor restricción. Se trato o se busco, de emparejar el piso en todo el país en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

No obstante dichos avances, resulta necesario dar un nuevo impulso que permita desplegar una vez más de manera más efectiva este derecho, y seguir en la línea por emparejar o armonizar el ejercicio de este derecho en todo el territorio nacional,y evitar que su ejercicio pueda llegar a ser dispar entre una y otra entidad u orden de gobierno.

Hay que reconocer, que la diversidad legislativa ha llevado en algunos de los casos a que se detonen diferencias en elejercicio del derecho de acceso a la información; por ejemplo, en los plazos y procedimientos para la entrega de la información; en el procedimiento de los medios de impugnación o recursos de revisión que conocen los órganos de transparencia; en las causas de clasificación de reserva; en la información que debe aparecer en los portales de transparencia de los sujetos obligados; o bien en la facultad para sancionar, dado que algunas legislaciones prevén la posibilidad de que el órgano garante imponga sanciones o medidas de apremio al ente público, incluso para sustanciar y conocer sobre responsabilidades administrativas, mientras que en otras no existen dichas facultades. Asimismo, algunas legislaciones se contemplan dentro de las leyes de transparencia la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, en tanto que otras ya cuentan hasta con un ordenamiento propio en la materia. Todo esto refleja disparidad o falta de armonización legislativa a nivel nacional en el acceso a la información, y también de la protección de datos personales.

Por ello es necesario diseñar un marco general que permita que sea un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier instancia de gobierno.No puede permitirse que para un mexicano el mismo derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país.

Debe contarse con un marco legal que permita un derecho unificado, tutelado e igual para todos en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo un deber igual para cualquier orden de gobierno, sin que varíe la normatividad general, procedimientos, sujetos obligados y las atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra. Siendo claro que la idea de evitar la asimetría normativa parte de la convicción de no minimizar, anular o empobrecer el ejercicio de este derecho por cuestiones de ámbito territorial.

Se requiere una mejor normativa para desvanecer la incertidumbre cuando se ejerce este derecho en una entidad y en otra y más al tratarse de un derecho fundamental, o como lo ha expresara nuestro máximo Tribunal de una garantía individual y un derecho social.

Se trata de contar con una Ley marco que permita armonizar o alienar de manera más clara y puntual los criterios y principios a los cuales están sujetos la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios respecto del derecho acceso a la información.

Para lograr ello, y con el fin de hacerlo desde una visión federalista será necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Lo armonización sería precisamente en cuanto a los mecanismos para presentar las solicitudes, en los procedimientos de revisión, en las obligaciones de transparencia, las causas de restricción de la información, las sanciones a la autoridad por violación al derecho de acceso a la información pública.

Se trata por ejemplo que si el plazo de dar respuesta es de diez días en una entidad lo sea también en las otras, que si los informes de cuenta pública o la cancelación de créditos fiscales son de acceso público en el orden federal también lo sea en orden local; que si en el portal electrónico de una delegación política debe publicarse el nombre de la obra, el monto, tipo de adjudicación, convocatoria, dictamen, empresa ganadora y contrato ello también se publique en el portal de cualquier municipio. De eso se trata este diseño constitucional.

En ese sentido, se propone adicionar al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXIX-R y una fracción XXIX-S, para establecer que el Congreso de la Unión será competente

“XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.”

Se trata de una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, y respetuoso de la autonomía de los estados y la propia que tiene el propio Distrito Federal aun como asiento de los poderes federales, ya que la aplicación de las normas contenidas en la ley general estaría a cargo de sus propios organismos autónomos de transparencia, dentro de su ámbito de competencia; es decir, se permite que cada ámbito estatal o local aplique la ley general en su propio terreno.

Esta propuesta parte de un federalismo de atribuciones compartidas, por un lado laregulación y por el otro su ejecución. Ya que se estaría dotando al Congreso de la Unión para emitir la norma marco o general, pero serían los propios organismos de transparencia del ámbito de los estados y del Distrito Federal los que estarían a cargo de su ejecución, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.

Dicha Ley seria el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas las entidades federativas. Sin perjuicio estimo que se complemente dicho marco general en las disposiciones locales, pero conforme a dicha normativa general. Esto es, las normas locales se verían obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la información conforme a lo establecido en la Ley General, sin demérito de perfeccionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias realidades.

Se trata de contar con un marco legal que desenvuelvan, desgloseo regule los principios,criterios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva, y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes del acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.

Es decir, una ley general para lograr una homologación en los mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de revisión, indicadores de gestión u obligaciones de transparencia comunes y específicas, las causas de restricción del derecho de acceso a la información y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Por otro lado, una ley general en cuanto a la homologación en los principios, los mecanismos del ejercicio de los derechos, los procedimientos de revisión, medidas de seguridad, y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Con dichas leyes marco generales, se lograría por ejemplo:

• Homologación de plazos para: dar respuesta a las solicitudes, de la prórroga para dar respuesta, para resolver los recursos de revisión, prórroga para resolver, plazo para cumplir las resoluciones.

• Uniformidad en los supuestos de clasificación, mediante el establecimiento de las causas o hipótesis de reserva o confidencialidad, a fin de evitar disparidad al respecto.

• Piso parejo sobre el tiempo o la temporalidad en los casos de restricción de la información mediante su reserva.

• Homologación respecto de la información pública de oficio u obligaciones de transparencia que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los Sujetos Obligados.

• Armonización para incluir obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados (poder judicial, legislativo, ejecutivo, instituto electoral, comisión de derechos humanos, órgano de transparencia, universidades públicas o instituciones análogas, por citar algunos, ello de cada orden de gobierno.

• Evaluaciones con criterios y metodologías estandarizados.

• Armonización de los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales.

• Estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición) dentro de la protección de datos personales, y

• Uniformidad en el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para el debido acatamiento de éstas, entre otros aspectos normativos más.

A mayor abundamiento, la propuesta para contar con una ley general en materia de acceso a la información ha sido un planteamiento que se ha venido campeando por algún sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso conel diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado“Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012”, plantea entre otros aspectos el de “Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que conforme a los principios ya establecidos en el Artículo Sexto Constitucional, garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas”.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), señalo en su comunicado denominado “Consensos para la Transparencia en México”, entre otros aspectos la necesidad de “Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad ”.

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre como la que se propone a esta Asamblea. Esta propuesta de una Ley General, junto con el impulso por constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializadas e imparciales en su actuación, y depositarios de la autoridad en la materia, para hacerlos auténticos garantes del derecho de acceso a la información, y verdaderamente independientes de los poderes que están obligados a vigilar y supervisar, permitiría contar por un lado con instituciones fuertes y confiables y por otro con un marco legal armónico y parejo en los procedimientos y los principios en su ejercicio, todo ello en favor de los mexicanos, sin importan la entidad donde vivan.

Se trata como diría Juan Francisco Escobedo Delgado: “no debe tratarse de ese federalismo que puede servir de coartada para simular que se está avanzando en el campo de la transparencia y del derecho a la información, bajo la idea de que se es soberano y nadie debe intervenir”.Y menos como lo dice el mismo Escobedo por tres razones esenciales: 1) porquese trata de un derecho humano, 2)porque debe ser una política y una política de Estado, y 3) porque debe darse la recuperación del carácter público del poder público.

9. HOMOLOGACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Como ya se ha expuesto, el fortalecimiento de las instituciones garantes del acceso a la información pública y protección de datos personales, no solamente deben de darse en el orden federal sino también en el local, porque el federalismo es eficiencia y es eficacia en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, se plantea la homologación de criterios o principios uniformes básicos, esenciales o fundamentales en el diseño normativo constitucional de dichos órganos como constitucionales autónomos, tanto del orden federal, como de los estados y del Distrito Federal.

El planteamiento, es que dichos criterios sean la base para el caso de órgano federal pero también para los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los organismos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

En efecto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante que algunas decisiones de carácter orgánico –como la que se propone- sean previstas en la Constitución, que serequiere que sean ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería difícil cumplir con determinadas finalidades y funciones constitucionalmente relevantes, como en el caso acontece, de dotar a todos los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, para que el piso por instituciones solidas sea parejo en todo el país. De lo que se trata es de blindar de eficacia institucional a estos órganos garantes.

Se trata de que el Poder Constituyente o el Poder de Reforma prevea undiseño institucional, cuya particular y específica configuración orgánica, resulte idónea y susceptible de alcanzar las finalidadesde eficacia institucional que se han expresado, a fin de que el Constituyente Local y el legislador secundario observe y atiende conforme con dicho fin.

En otras palabras, se trata de un esquema institucional desde la Constitución para exigir de los poderes constituidos, directamente, no sólo la realización de determinadas funciones, sino la creación de órganos con determinadas características.

Por regla general, la distribución y configuración orgánica de los organismos públicos previstos desde la Norma Suprema resulta relevante, en la medida en que el establecimiento de una estructura distinta por parte de los órdenes jurídicos federales, locales y/o municipales sería inadecuada para cumplir con las finalidades y/o funciones que tales organismos están llamados a cumplir.

El tema relativo a la creación de organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas –donde todavía no lo son-es una cuestión principalmente de carácter orgánico, que en ocasiones presenta una íntima relación con la adecuada protección de los derechos fundamentales.

En efecto, ya nuestro máximo Tribunal ha compartido los argumentos anteriores y ha reconocido que los derechos fundamentales implican no sólo deberes de abstención (obligaciones de no hacer) para los poderes públicos, sino también deberes positivos de promoción (obligaciones de hacer) para su efectiva salvaguarda.

En ese sentido, resulta justificable la propuesta para establecer o disponer las características básicas o esenciales que deben reunir los órganos garantes locales de los estados y del Distrito Federal, a fin de que los mismos resulten en su diseño normativo idóneos y necesarios para la tutela efectiva del derecho a la información, más allá del orden de gobierno o la entidad correspondiente.

Lo que se plantea es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quede establecido un mandato de ordenación específico y vinculante para todos los órdenes jurídicos locales, en el sentido de establecerun órgano garante, de control y vigilancia de acceso a la información y de protección de datos personales lo más uniformes posibles en su naturaleza jurídica, y asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibro constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

Luego entonces, se propone prever de mejor manera las características específicas y esencialesde los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades contrarias a las de un órgano constitucional como el que se busca diseñar; por el contrario, el mandato constitucional será la de perfeccionar y crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Y si bienla vigente fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone precisamente el establecimiento órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión, responsables de sustanciar los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, y tal precepto lo que busco fue uniformar o armonizar en la medida de lo posible la naturaleza de los órganos garantes en todos los órdenes de gobierno y de los propios entes o órganos públicos, lo cierto es que la disparidad entre unos y otros es un hecho conocido.

Con esta propuesta, se busca que dentro del Federalismo que nos hemos dado y con pleno respeto de la libertad regulatoria o ámbito normativo de los estados a este respecto, lo hagan garantizando las características o principios esenciales que la Constitución Federal haya establecido en favor de estos órganos garantes, como órganos constitucionales autónomos. Sin que, la Constitución Localo las leyes puedan ir más allá del margen de configuración que la Ley Suprema ha previsto para estos órganos garantes.

Más aún ello es exigente, ante la evidencia histórica que al respecto se ha suscitado en cuanto a las pretensiones por desnaturalizar a estos órganos garantes, aun a pesar de la distribución orgánica prevista actualmente en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución General, como fue el caso de la Constitución del Estado de Querétaro que propuso fusionar dos órganos en uno mismo, es decirfusionar las comisiones de derechos humanos y de acceso a la información en el Estado de Querétaro.No obstante ello no tuvo éxito pues el Máximo Tribunal determino que tal diseño contravenía de manera expresa, el texto constitucional contenido en el artículo 6o., en virtud de que el órgano que se crea por virtud del artículo 33 de la Constitución del Estado, no es un órgano especializado en materia de acceso a la información pública.

Por lo tanto se proponereformar el artículo 116 y 122 de la Constitución General, a fin de que en las Constituciones y leyes de los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito Federal, se prevea lo siguiente:

• Que establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridaden la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los demás órganos que su Constitución o el Estatuto de Gobierno les otorgue autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local.Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

• Que dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.

• Facultad de los organismos garantes para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos de su competencia, en todo caso ello lo harán conforme a lo previsto en el artículo 1º de esta Constitución.

• Que las resoluciones del organismo garante de los estados o del Distrito Federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

• Que el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los órganos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

• Que el órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberánser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local o el Estatuto de Gobierno.

• Que se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

• Que las personas encargadas de la conducción del organismo garante local, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución o Estatuto de Gobierno.

• Que los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución Local, el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo.La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General.

• Que la Ley que emitan las Legislaturas Locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

• Que los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado o a la Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

• Que la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales o la Asamblea del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

10. ESTABLECER BASES, PRINCIPIOS Y ARMONIZACION EN MATERIA DE ARCHIVOS, ASI COMO DOTAR AL CONGRESO DE LA UNION DE LA FACULTAD PARA EXPEDIR UNA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

En la presente iniciativa se plantea una propuesta de reforma en materia de archivos, partiendo de que dicho tema si bien debe ser visto a la luz del acceso a la información, también debe de ser valorado con un propósito más superior, que es el de preservar la memoria histórica de la Nación. Por ello la propuesta que se hace a este respecto es vista en ambas dimensiones y no solamente una; es decir, la memoria y la transparencia.

La necesidad de establecer normas estandarizadas que regulen la producción, organización y conservación de los documentos en nuestro país, debe ser visto a la luz de dos dimensiones; la primera, porque son un testimonio de la vida cotidiana y trascendente de la sociedad, preservando la memoria histórica de la nación; y la segunda, como un medio para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información.

Así, en principio, se parte del hecho de que los testimonios documentales originaron el nacimiento de la historia. Sólo a partir de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de la humanidad.

La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el Internet.

Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios federales, de las entidades federativas, municipales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado.

Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y social. De ahí la importancia de establecer criterios homogéneos que nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y acceso permita conocer y explorar nuestra identidad nacional; la razón de lo que somos actualmente y nuestro potencial como sociedad.

La vida del Estado es objeto de renovación constante y el instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos que están en posesión de los poderes públicos, al alcance de quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos deben marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a la par de los cambios históricos que vive el país.

Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera institucional y eficaz; como lo es la exigencia de estandarizar las normas, criterios y procesos de organización y administración de los archivos, y más, ante el hecho innegable de que los documentos públicos, son la materia prima que garantiza el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, elemento consustancial de un Estado democrático.

Sin duda existe una relación estrecha entre archivos y democracia, puesto que los archivos generan dos ingredientes fundamentales para la democracia: memoria y transparencia. La memoria, y la transparencia, que se construyen a través de archivos bien conservados y ordenados, son claves a la democracia, puesto que son necesarios para que los ciudadanos puedan hacer una elección razonada y juiciosa de sus gobernantes y de los programas de gobierno que se les proponen. Los archivos proporcionan las herramientas imprescindibles para que los ciudadanos puedan acceder a la verdad, conocer el desempeño de sus gobernantes, obligar a una verdadera rendición de cuentas, y mediante su voto, premiar o castigar la conducta de quienes les gobiernan

En efecto, no es concebible la existencia de dichaprerrogativa constitucional, si de manera correlativa, no se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho de acceso a la información, si no existe información. La materia prima del derecho de acceso a la información, lo es la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, debe registrar y comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de sus atribuciones.

Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la conservación de sus archivos documentales.

La necesidad de contar con archivos actualizados como elemento fundamental para dar vigencia a nuestro sistema democrático a través del derecho de acceso a la información, se desprende de la primera parte de la fracción V del artículo 6° de la Constitución Federal, que exige como un medio para dar cumplimiento a dichas finalidades, el que los órganos públicos preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Si bien como lo refiere las consideraciones del dictamen de la Comisiones Unidas de la Función Pública y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional al artículo 6° en materia de acceso a la información, “… resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. . .” y por ello, el elemento fundamental para dar vigencia a dicha prerrogativa constitucional, lo son los archivos administrativos de gestión y concentración, y no así el histórico que requiere un tratamiento y acceso a su información específico, esto no conlleva a que no se conciba la necesidad de establecer las bases de una política nacional en materia de desarrollo archivístico, mediante la homologación de los procesos, criterios y principios de organización y administración de los archivos; dado que como se ha mencionado, no se trata sólo de apuntalar nuestro sistema democrático mediante la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, sino igualmente se conciben como los depositarios de nuestra memoria nacional, el reflejo de lo que hemos hecho y dejado de hacer.

Hasta hace algunos meses, únicamente 22 entidades federativas contaban con su respectiva Ley de Archivos o de Documentación, o del Sistema estatal de archivos; lo que refleja la necesidad de establecer disposiciones observables por todas las entidades federativas, incluidos los municipios, en los que se establezcan los aspectos esenciales en la administración y conservación de la memoria histórica de la nación, así como de la materia prima que dota de eficacia el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país.

Si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro vida institucional, requerimos contar con criterios y mecanismos de registro y custodia de los archivos, que cancele la posibilidad de que los funcionarios públicos sin importar el orden jurídico al que pertenezca, hagan un uso discrecional de éstos, que venza la aún existente tentación de patrimonialismo documental, y los obligue a entregar al final de su encargó, la documentación que generaron.

Por ello, en el contexto de esta iniciativa, se incita al órgano que de forma provisional se constituye para modificar nuestras decisiones políticas fundamentales, conocido por parte de la doctrina como Poder Reformador de la Constitución; a efecto de que se establezcan en el texto constitucional dos cosas, primero, un deber de asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios comúnmente reconocidos en la materia como son: conservación, procedencia, integridad y disponibilidad.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

• La conservación, implica adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los archivos.

• La procedencia, conlleva a conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;

• La integridad, implica garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida; y

• La disponibilidad, conlleva a adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo.

Es importante destacar que la actual fracción V del artículo 6º Constitucional únicamente se refiere a los archivos de gestión, no así a los históricos, a cuyo acceso no deben ceñirse las leyes de acceso a la información.

Por lo que se propone prever en dicha fracción que Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad”.

Con abstracción de lo anterior, en cuanto a técnica legislativa, se estima que lo correctoseparar el contenido de la fracción V yque esta únicamente prevea la materia de archivos, y en consecuencia trasladar a la fracción VI el enunciado de las obligaciones de transparencia, y recorrer a la sexta y séptima.

En cuanto al contenido de la fracción V propuesto, este se integra en dos partes. La primera, las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados, y la segunda, los principios a que deben ceñirse éstos.

El segundo aspecto sin duda complementario y en cuya sinergia descansará el éxito del primero, consiste en incorporar con pleno respeto a nuestra forma de Estado Federal, una cláusula de autorización en nuestra norma máxima, que permita que el Congreso de la Unión expida una ley general al respecto, cuyo fin es establecer disposiciones que normen los aspectos esenciales de la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y organización de los archivos, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las instituciones.

Mediante la integración de una Ley General de Archivos, se facilitará el uso de la información, y se contribuirá a al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, desembocando en una mejor rendición de cuentas; pero mejor aún, se constituirá sin duda un andamiaje que permita dar bases firmes y uniformes a la preservación de nuestra memoria histórica, tanto en la federación, como en las entidades federativas y los municipios.

En este sentido, debe estimularse la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos.

Igualmente con dicha medida se fortalecería la relación entre los acervos y las instituciones a partir de un marco jurídico que regula su funcionamiento, que cubra los vacíos legales ante leyes inexistentes o disparidad en los procedimientos en los diversos órdenes de gobierno, y a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que generan y resguardan.

La estandarización de los procesos de administración de documentos en nuestro país, evitarían la improvisación, facilitarían el intercambio de información, agilizarían los servicios de información y crearían mecanismos de medición de la eficiencia de los procesos.

Con esta medida, no se restaría importancia alguna al archivo General de la Nación o menoscabaría su naturaleza jurídica, sino por el contrario, se fortalecería su posición como organismo rector de la actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la administración de los archivos administrativos e históricos, bajo un nuevo diseño legislativo que amplifique y potencie el Sistema Nacional de Archivos contenido en la actual la Ley Federal de Archivos, y que no regule solamente a los órganos del Poder Ejecutivo Federal y deje a la expedición de disposiciones generales de los demás entes públicos federales, la observancia de las disposiciones genéricas en la materia; dicho esquema que si bien es similar a la primera generación de leyes de acceso a la información en nuestro país, debe incorporarse ya a un sistema horizontal y vertical del cumplimiento de sus obligaciones.

De la misma manera fortalecería el vínculo entre todos los actores del Sistema Nacional de Archivos, definiendo claramente participaciones y competencias.

La expedición de una ley que defina con base en experiencias nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas de clasificación y conservación de los archivos en los órdenes federal, de las entidades federativas, municipales, y los ámbitos universitarios, eclesiásticos y privados, nutrirá y unificar las disposiciones del Sistema Nacional de Archivos.

Por lo que en este sentido, es que se propone adicionar una fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión será competente“para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.”

Acotando, que la propuesta al artículo 73 se trata de una redacción que comprende dos partes, la primera, que la ley tendrá como objetivo homogeneizar (igualar) la organización y administración de los archivos, al respecto la Ley Federal de Archivos contiene dos capítulos que se refiere uno, a la organización, y el otro, a la administración. El de la organización consiste en distribuir las competencias intraorgánicas, es decir, al interior de los Sujetos Obligados. La administración comprende el seguimiento de las diversas etapas de los archivos, desde su registro hasta su baja definitiva.

La segunda parte de la redacción se refiere a la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

Finalmente en este rubro, resulta oportuno precisar que existen diversos tipos de archivos, como son públicos, privados yprivados de interés. Por lo que se omite incorporar la expresión de públicos a propósito, con el fin de que la Ley pudiese normar igualmente en su caso, el acceso a archivos privados o la declaratoria de archivos privados de interés público.

11. REGIMEN TRANSITORIO.

A fin de concretar el contenido y alcance del decreto que se somete a la consideración de esta Soberanía, seproponen varias disposiciones transitorias, y en ese sentido se plantea lo siguiente:

• VIGENCIA DE LA REFORMA. Se propone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• PERMANENCIA DE SU ENCARGO DE LOS ACTUALES COMISIONADOS. Se propone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

• PLAZO EN LA DESIGACION DE LOS DOS NUEVOS COMISIONADOS DEL NUEVO ORGANO FEDERAL. Que la designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante federal, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

• PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA EMITIR LA LEYES GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.El Congreso de la Unión deberá expedir dichas leyes en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

• PLAZO AL CONGRESO DE LA UNIION PARA ADECUAR LA LEGISLACION FEDERAL El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la leyes en las materias y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

• PLAZOS PARA LOS ORGANOS LEGISLATIVOS LOCALES PARA ADECUAR SU LEGISLACION, EN UN PRIMER MOMENTO AL PRESENTE DECRETO Y EN SEGUNDO MOMENTO A LA LEYES GENERALES. Se prevé que las Legislaturas de los Estadosy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Asimismo, dichos órganos legislativos deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

• APLICACION DE LA NORMA VIGENTE EN TANTO SE ADECUA LA NUEVA NORMATIVIDAD. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

• SUSTANCIACION DE RECURSOS EN TRÁMITE. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

• TRANSFERNECIA DE RECURSOS Y DE PERSONAL CON QUE CUENTA EL IFAI COMO ORGANO DESCONCENTRADO AL NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTONOMO. Se prevé que a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

• REGLAS PARA ASEGURAR LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO. Se plantea que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

• CREACION DE UN FONDO EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA.Se propone que la Federación cree un Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en términos de las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Es decir se trata de un fondo etiquetado; es decir, que no podrá destinarse los recursos del mismo para gasto corriente u operativo de los organismos garantes. Siendo el caso que en la legislación aplicable, se deberán preverán las reglas respecto a la entrega, manejo y vigilancia de dicho fondo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones I, IV, V y VII del segundo párrafo del artículo 6º; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción VII del artículo 78; la fracción XIX del artículo 89; el tercer párrafo del artículo 105; el primer y segundo párrafo del artículo 110, y el primer y quinto párrafo del artículo 111; Se adicionan, un segundo párrafo a la fracción I; una fracción V, recorriéndose la V, VI y VII para quedar como VI, VII y VIII respectivamente; y veintitrés párrafos al artículo 6º, las fracciones XXIX-R, XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; una fracción XII recorriéndose la fracción XII vigente para quedar como fracción XIII del artículo 76; una fracción VIII al segundo párrafo, recorriéndose la fracción VIII vigente para quedar como fracción IX del artículo 78; un inciso h) al segundo párrafo del artículo 105; una fracción VIII al segundo párrafo del artículo 116 y una Base Sexta al artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6o. (…)

(…)

I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.

II. (…)

III. (…)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante federal y los organismos autónomos locales.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal previstos en esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad

VI. Los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completay actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan esta Constitución y la legislación aplicable.

La protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,independiente en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, depositario de la autoridad en la materia y responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto tendrá las facultades que establezcan esta Constitución y la Ley federal. En todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados, así como de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia. El Instituto interpretará las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

El Instituto conocerá y resolverá las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. La Ley Federal determinará la forma y términos en que deberán promoverse las impugnaciones ante el Instituto Federal. No será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo. La resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del organismo garante local, y será vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, organismo local, personas o sujeto obligado correspondiente, quien deberá cumplirla en sus términos.

Las resoluciones del organismo garante federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados federales o locales, según corresponda. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia.

El Instituto, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federalpara dictar sus resoluciones.

La Ley Federal determinará las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos, pero en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia. El servicio profesional de acceso a la información pública, será la base del funcionamiento del Instituto.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se integrará y funcionara en los términos que disponga la ley federal.

El Instituto contará con el personal humano y los recursos financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos del Estado. Asimismo elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para elcumplimiento de su objeto.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y administración y se integrará por siete comisionados.Los comisionados durarán en su cargo nueve años, y no podrán ser reelectos; y serán renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberáser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. La ley federal establecerá la forma, términos y procedimiento correspondientes.

Será elegido de entre los Comisionados al que ha de fungir como comisionado Presidente, quien tendrá la representación legal del organismo, quien podrá delegarla en términos de la Ley. La designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.

Para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; nohaber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Los comisionados y el comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. Quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

Las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitucióny demás disposiciones aplicables.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

El Instituto podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho a la información pública.

El Instituto podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

La ley federal en materia de transparencia y acceso a la información en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de esta Constitución.

Articulo 16. (…)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El derecho a la protección de los datos personales se garantizará a través de los organismos públicos autónomos, especializados e imparciales de la Federación, estados y Distrito Federal, previstos en los artículo 6, 116 y 122 de esta Constitución y que se prevén a su vez como garantes en materia de acceso a la información. Lo serán en cuanto a los datos personales en posesión de los poderes, órganos, entes, entidades, personas o sujetos obligados referidos en las citadas disposiciones.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 73. (…)

I. aXXIX-Q. (…)

XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. (…)

Artículo 76. (…)

I. a XI. (…)

XII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos previstos en la misma y en la Ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (…)

(…)

I. a VII. (…)

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos en la misma y en la Ley, y

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por loslegisladores.

Artículo 105. (…)

I. (…)

II. (…)

(…)

a) a g) (…)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución,en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(…)

(…)

(…)

III. (…)

(…)

(…)

Artículo 108. (…)

(…)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(…)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en elartículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(…)

(…)

(…)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 116. (…)

(…)

I a VII (…)

VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos, y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local.Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones yfuncionamiento y profesional en su actuación;que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.Los organismos garantes podrán interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetase a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante estatal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el órgano garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los organismos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberánser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo.La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emitan las Legislaturas regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

Los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 122. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

A. (…)

B. (…)

C. (…)

BASE PRIMERA. (…)

I. a IV. (…)

(…)

V. (…)

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (…)

BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y leyes del Distrito Federal se establecerá un organismo especializado, imparcial y colegiado, depositario de la autoridaden la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local.Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisión yfuncionamiento y profesional en su actuación;que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismo garante tendrán las facultades que establezca la Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobreel derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.El organismo garante podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración del órgano garante deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberánser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga el Estatuto de Gobierno. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regulara la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

El organismo garante elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Tercero.La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

Cuarto.El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de acceso a la información pública, la ley general de protección de datos personales, y la ley general de archivos a que se refieren este Decreto en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Quinto.Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Sexto.En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

Séptimo.Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Octavo.A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

Décimo. La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Décimo Primero.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Los abajo firmantes Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cámara de Senadores, México a 04 de octubre de 2012.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Martín Orozco Sandoval”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera

¿Sí, Senadora Rojas Hernández?

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Quisiera pedir, también, señor Presidente, se turne a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para su opinión, con gusto, pido a la Secretaría que se turne a la Comisión de Anticorrupción.

¿Para qué asunto, Senadora María Gómez del Campo?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Simplemente para solicitarle a la SenadoraRojas Hernández, poderme sumar a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de las Senadoras y Senadores que están manifestando adherirse a la iniciativa.

Se le concede el uso de la palabra, en el apartado de proposiciones, al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo en relación con el petróleo y la economía. Les informo que el Senador Pozos Lanz ha entregado a esta Mesa Directiva, el documento para que se publique de manera íntegra en la Gaceta.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores:

México ha escrito su historia a través de una lucha constante por mantener su soberanía e independencia como Estado-Nación; una lucha que se ha escrito con muchas generaciones de mexicanos.

Acotado por la complejidad del entorno nacional e internacional, por su posición geopolítica, por su historia y cultura, la política económica de nuestro país, se centró en la creación de infraestructura de comunicaciones y en el desarrollo de centros urbanos. Lo hizo también en un proceso de industrialización, en la prohibición de servicios básicos, así como en la creación de un Estado que dotó de bienes meritorios a quienes no pudieron vincularse al impetuoso proceso de crecimiento económico que caracterizo la industrialización de América Latina.

Para ello, México echó mano de la enorme riqueza de sus recursos naturales. Apoyado en ellos, nuestro país creó los cimientos para dar paso a acciones de gobierno que hoy impacta la vida de millones de ciudadanos.

Sin embargo, es necesario reconocer que las limitantes propias del conocimiento científico, su posición geopolítica en el hemisferio y, en lo general, del desarrollo socio político internacional, hicieron que nuestro país dependiera en exceso de un recurso que no es renovable. Amén de que su precio depende de los vaivenes del mercado altamente especulativo y en el que poco podemos influir.

Es precisamente este factor el que pone nuevamente en el centro del debate el riesgo que representa para la soberanía e independencia nacionales, el depender de un mercado altamente especulativo como lo es el petrolero.

La economía mexicana es una economía petrolizada. Lo ha sido por décadas, en las cuales los ingresos derivados de esa industria sin duda se tradujeron en múltiples beneficios para los mexicanos.

Sin embargo, no me parece exagerado señalar que México está frente a la imperiosa necesidad de redefinir su política económica en los próximos años, para ya no depender de un recurso que se advierte sin la abundancia en el futuro inmediato.

No es un secreto que la extracción y producción de hidrocarburos presenta tendencias alarmantes; tampoco lo es que las reservas petroleras se han reducido sustancialmente; que la exportación de crudo también ha caído y que por el contrario, la importación de gasolinas sigue creciendo.

Se ha documentado con suficiencia el desequilibrio financiero de PEMEX debido al papel crucial que juega para subsanar la falta de recursos fiscales. Existen cientos de estudios que documentan el impacto que ha generado la explotación de hidrocarburos en estados y regiones del país; los daños a la ecología, la creación de desequilibrios poblacionales, las economías de escala que esto genera. Pero sobre todo, y esto lo digo a nombre del estado al que represento, que es Campeche, la enorme inequidad y sensación de injusticia que deja el saber que siendo el estado de mayor producción petrolera en México, sus participaciones federales son magras y casi miserables.

Apenas el 25 de septiembre, mis compañeros Omar Fayad y José Orihuela, presentaron un punto de Acuerdo que muestra las cifras de la situación tan crítica de la industria petrolera en México. Preocupa a millones de mexicanos que la principal fuente de ingresos de este país tenga un futuro incierto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta al Secretario de Energía, C. Jordy Hernán Herrera Flores, para que informe a la Cámara de Senadores, las medidas de política pública que se han tomado por parte del gobierno de la República para transitar de una economía petrolizada a otro modelo que no sólo termine con el daño ecológico, sino que no dependa de la especulación de los precios internacionales del crudo, lo cual provoca que la economía mexicana se encuentre en un estado de vulnerabilidad.

Segundo.- Que igualmente, informe a ésta Cámara, ¿cuáles son los escenarios de la economía mexicana sin depender, como ahora lo hace, del petróleo? Y que nos explique también, ¿qué previsiones estratégicas ha tomado el gobierno en estos seis años para avanzar en la transición energética? En caso de que actualmente la Secretaría de Energía no desarrolle alguna previsión estratégica para esta problemática, esta Soberanía lo exhorta para que en breve la diseñe y articule, rindiendo un informe puntual sobre los avances de la misma.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGIA A INFORMAR LAS MEDIDAS DE POLITICA PUBLICA Y LAS ACCIONES DE PROSPECTIVA QUE SE HAN TOMADO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA TRANSITAR DE UNA ECONOMIA PETROLIZADA A OTRO MODELO QUE NO SOLO TERMINE CON EL DAÑO ECOLOGICO, SINO QUE TAMBIEN DEJE DE DEPENDER DE LA ESPECULACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO.

“El suscrito, Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. Secretario de Energía del Gobierno de la República, para que informe a la Cámara de Senadores, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno mexicano en los últimos 6 años paratransitar de una economía petrolizada a otro modelo que no sólo termine con el daño ecológico, sino que no dependa de la especulación de los precios internacionales del crudo, lo cual provoca que la economía mexicana se encuentre en un estado de vulnerabilidad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ha escrito su historia a través de una lucha constante por mantener su soberanía e independencia como Estado nación; una lucha que se ha escrito con muchas generaciones de mexicanos.

Acotado por la complejidad del entorno nacional e internacional, por su posición geopolítica, por su historia y cultura, la política económica de nuestro país, se centró en la creación de infraestructura de comunicaciones y en el desarrollo de centros urbanos; lo hizo también en un proceso de industrialización, en la provisión de servicios básicos, así como en la creación de un estado que dotó de bienes meritorios a quienes no pudieron vincularse al impetuoso proceso de crecimiento económico que caracterizó la industrialización de América Latina.

Para ello, México echó mano de la enorme riqueza de sus recursos naturales. Apoyado en ellos, nuestro país creó los cimientos para dar paso a acciones de gobierno que hoy impactan la vida de millones de ciudadanos.

Sin embargo, es necesario reconocer que las limitantes propias del conocimiento científico, su posición geopolítica en el hemisferio y en general, del desarrollo socio político internacional, hicieron que nuestro país dependiera en exceso de un recurso que no es renovable, amén de que su precio depende de los vaivenes de un mercado altamente especulativo y en el que poco podemos influir.

Es precisamente este último factor el que pone nuevamente en el centro del debate el peligro que representa para la soberanía e independencia nacionales, el depender de un mercado altamente especulativo como lo es el petrolero.

La economía mexicana, es una economía petrolizada. Lo ha sido por décadas en las cuáles los ingresos derivados de esa industria sin duda se tradujeron en múltiples beneficios para los mexicanos.

Sin embargo, no me parece exagerado señalar que México está frente a la imperiosa necesidad de redefinir su política económica en los próximos años, para ya no depender de un recurso que se advierte sin tanta abundancia en el futuro inmediato.

No es un secreto que la extracción y producción de hidrocarburos presenta tendencias alarmantes; tampoco lo es que las reservas petroleras se han reducido sustancialmente; que la exportación de crudo también ha caído y que por el contrario, la importación de gasolinas sigue creciendo.

Se ha documentado con suficiencia el desequilibrio financiero de Pemex debido al papel crucial que juega para subsanar la falta de recursos fiscales. Existen cientos de estudios que documentan el impacto que ha generado la explotación de hidrocarburos en estados y regiones del país; los daños a la ecología, la creación de economías de escala y los desequilibrios poblacionales que genera. Pero sobre todo, y esto lo digo a nombre del Estado al que represento, que es Campeche, la enorme inequidad y sensación de injusticia que deja el saber que siendo el estado de mayor producciónpetrolera de México, sus participaciones federales son magras y miserables.

Apenas el pasado 25 de septiembre, mis compañeros Omar Fayad y José Orihuela Bárcenas, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron un punto de acuerdo que muestra las cifras de la situación tan crítica de la industria petrolera en México. Preocupa pues a millones de mexicanos que la principal fuente de ingresos de este país tenga un futuro incierto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Secretario de Energía, C. Jordy Hernán Herrera Flores, para que informe a la Cámara de Senadores, las medidas de política pública que se han tomado por parte del Gobierno de la República paratransitar de una economía petrolizada a otro modelo que no sólo termine con el daño ecológico, sino que no dependa de la especulación de los precios internacionales del crudo, lo cual provoca que la economía mexicana se encuentre en un estado de vulnerabilidad.

SEGUNDO. Que igualmente, informe a ésta Cámara, Cuáles son los escenarios de la economía mexicana sin depender, como ahora lo hace del petróleo. Y que nos explique también, Qué previsiones estratégicas ha tomado el gobierno en estos seis años para avanzar en la transición energética. En caso de que actualmente la Secretaría de Energía no desarrolle alguna previsión estratégica para esta problemática, esta Soberanía lo exhorta para que en breve la diseñe y articule, rindiendo un informe puntual sobre los avances.

Dado en el Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Túrnese a la Comisión de Energía.

¿Para qué asunto, Senador Rosas González?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz si me permite adherirme a la propuesta presentada.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Senador Aarón Pozos, acepta las adhesiones que han manifestado los señores Senadores?

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Señor Presidente, con mucho gusto, y muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota para que se incluya en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Energía.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo en torno a las reglas de operación del programa Oportunidades.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Durante la administración del Presidente Felipe Calderón, ha sido prioritario impulsar el desarrollo humano y el bienestar de la población mexicana, a través del fomento a la igualdad de oportunidades y la superación de las condiciones de pobreza y marginación en las que vive gran parte de nuestra población, contribuyendo así al respeto y debido ejercicio de sus derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de protección a la salud, a la educación y a la alimentación.

Para tal efecto, la vertiente de educación se avoca a otorgar apoyos a quienes cursan la educación básica, media superior y superior, de tal suerte que se incentiva, por una parte, la inscripción y asistencia regular a la escuela y, por otra también, la conclusión de los niveles educativos referidos.

Sobre ese orden de ideas, el Programa Oportunidades llega hoy a casi 6 millones de hogares mexicanos, dando becas aproximadamente al mismo número de jóvenes, que dicho sea de paso, hoy tienen una expectativa de vida distinta a la de sus padres, en virtud de que, por una parte, la mayoría de estos jóvenes han superado el grado escolar de sus padres y, por la otra, estos jóvenes tienen el estudio como principal ocupación. Con educación es como vamos a eliminar el círculo de pobreza intergeneracional.

Lo anterior se ha visto reflejado en el incremento de un 40% de la movilidad socioeconómica de los jóvenes beneficiarios del programa, provenientes de zonas rurales particularmente, que han logrado moverse, según la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del CONEVAL, hacia mejores ocupaciones que las de sus padres, recibiendo hasta 44% más de los ingresos que aquellos jóvenes que no son beneficiarios del programa.

Sin embargo, el Programa Oportunidades, como cualquier otra política pública, es perfectible; aún no son suficientes los logros que dicho programa ha alcanzado durante el último sexenio, sino que es menester mejorar los procedimientos a través de los cuales se materializan los derechos sociales de los mexicanos.

De tal suerte que hoy, compañeras y compañeros Senadores, en esta oportunidad les quiero compartir al mismo tiempo, y al mismo tiempo materializar junto con ustedes esta proposición, las voces que pueden escuchar directamente de los beneficiarios mientras tuve la oportunidad de ser funcionario de la SEDESOL, y posteriormente cuando hice la respectiva campaña para estar en esta Honorable Asamblea representando a mi estado, durante ese tiempo pude percatarme de que en algunos casos los beneficiarios tienden a ser dados de baja del programa por alguna de las razones previstas en las reglas de operación, de las cuales ellos tienen conocimiento efectivamente al ser inscritos.

Sin embargo, en las mismas reglas de operación no se tiene estipulado como parte del proceso de baja la notificación al beneficiario con anticipación, para que éste en pleno uso de sus derechos pueda ser escuchado por la autoridad para que en dado caso pueda evitar su baja del programa.

Que esto ocurra, compañeras y compañeros legisladores, es realmente grave, porque para las miles de familias mexicanas, millones de familias beneficiarias del Programa Oportunidades, los apoyos que reciben son verdaderamente pilares sostenedores de sus hogares. De suerte que cuando los beneficiarios por alguno de estos motivos son dados de baja se ven afectados en su economía, que desde luego no esperan, no prevén, porque no fueron notificados con tiempo suficiente, y ocurre que el día que dejan de recibir el beneficio quedan desprotegidos.

Esto puede evitarse, toda vez que nuestra Carta Magna dentro de sus artículos 14 y 16 establece las reglas que rigen el debido proceso, dentro de este se encuentra tutelada la garantía de audiencia, misma que en este caso, les expongo, se colmaría dándole notificación por escrito de la baja a los beneficiarios del Programa Oportunidades, para que dentro de un plazo de 15 días manifiesten lo que a su derecho así convenga.

Así, es importante sensibilizar a esta Asamblea, y a la SEDESOL, respecto de la necesidad de implementar un procedimiento de baja especializado, a través del cual se garanticen los derechos procesales de los beneficiarios e incluso de aquellos que aspiren a serlo, a efecto de que se consideren en ellos las garantías mínimas de este proceso.

De ese modo, el Programa no únicamente operará a través de bases más cercanas a los ciudadanos, sino que, además, se acercará al cumplimiento, en mayor medida, de los objetivos para los cuales ha sido diseñado y ha tenido un gran éxito en nuestra población. Lo anterior en virtud de que, por una parte, respetará el derecho de permanencia de quienes cumplan con los requisitos legales, al tiempo que garantiza que los procedimientos a través de los cuales se dé de baja a quienes no lo hagan, se encuentren debidamente establecidos en las normas aplicables.

Así la eficiencia de la afiliación del programa en cuestión no se verá mermada por la posible salida indebida de quienes requieren el apoyo al tiempo que con esto se evitará también dejar fuera del programa a personas que cuentan con ese valioso apoyo, pues, como se ha señalado, este programa ha elevado el nivel de vida de los mexicanos, siendo justo entonces que todas aquellas familias que son beneficiarias, sigan contando con estos apoyos o, en su caso, sepan claramente y con anticipación los motivos por los cuales causaron la baja y de esa manera puedan tomar las previsiones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que se instruya que las reglas de operación del Programa para el desarrollo humano Oportunidades, exista la notificación a los beneficiarios para que en un plazo de 15 días manifiesten lo que a su derecho convenga, con el objetivo de dar cumplimiento a las garantías de audiencia y debido proceso, establecidas en nuestra Carta Magna.

Segundo.- La Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez cumplido el exhorto motivo del presente punto de Acuerdo, lo notifique a este Honorable Senado de la República.

El documento que acabo de dar lectura, señor Presidente, presenta modificaciones en relación al que aparece en la Gaceta. Por lo que dejo en poder de la Secretaría el texto íntegro modificado para que sea insertado en la misma Gaceta.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A EFECTO DE QUE SE INSTRUYA QUE EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EXISTA LA NOTIFICACION A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DIAS MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SEEXHORTA RESPETOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A EFECTO DE QUE SE INSTRUYA QUE EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES,EXISTA LA NOTIFICACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ESTABLECIDAS EN NUESTRA CARTA MAGNA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La desigualdad que caracteriza la distribución del ingreso y el acceso a las oportunidades ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país. En ese contexto, no se debe perder de vista que, cuando las carencias son extremas, además de la falta de ingresos, las personas y los hogares concentran los mayores índices de desnutrición, enfermedades, analfabetismo y abandono escolar.

Como consecuencia de lo anterior, se genera un círculo vicioso en el que los integrantes de las familias más pobres, por su condición, no desarrollan sus capacidades a plenitud y ello, inevitablemente, lleva a las nuevas generaciones a heredar la situación de pobreza, al tiempo que les cancela la oportunidad de generar los ingresos que les permitirían superar su condición.

En este contexto, es claro que la principal finalidad de la política social de la Administración del Presidente Felipe Calderón, ha sido impulsar el desarrollo humano y el bienestar de la población mexicana, a través del fomento a la igualdad de oportunidades y la superación de las condiciones de pobreza y marginación en las que vive gran parte de nuestra población, contribuyendo así al respeto y debido ejercicio de sus derechos humanos, con especial énfasis en los derechos a la protección de la salud, a la educación y a la alimentación.

Por ello, el objetivo general que persigue la implementación del Programa Oportunidades consiste, esencialmente, en favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación,la salud y la nutrición de las familias beneficiarias, para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

Para tal efecto, dicho programa se avoca a otorgar apoyos a quienes cursan la educación básica, media y superior, de tal suerte que se incentiva, por una parte, la inscripción y asistencia regular a la escuela y, por la otra, la conclusión de los niveles educativos referidos.

De igual modo, a través de la implementación del Programa Oportunidades se asegura el acceso de las familias beneficiarias al Paquete Básico Garantizado de Salud, de tal suerte que, con esta medida, se impulsa el uso de los servicios de salud preventivos, así como el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, al tiempo que les proporciona, complementariamente, apoyos para mejorar sus niveles de alimentación y nutrición, poniendo especial énfasis en la población más vulnerable, como son los menores y, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

En lo que va de la actual administración en el Programa de Apoyo Alimentario, se canalizaron recursos por 11 mil 950 millones de pesos, ampliando también la cobertura, que pasó de 143 mil familias en 2006, a las 650 mil que actualmente se benefician.

No obstante la eficacia y eficiencia de las estrategias señaladas con antelación, el Programa Oportunidades potencia sustancialmente sus efectos a través de la entrega de apoyos monetarios a la propia población beneficiaria del Programa. Cabe resaltar que dada la prioridad de este programa para la actual Administración, se han invertido en el Programa, 267 mil 143 millones de pesos.

Sin embargo, como es de esperarse, el Programa Oportunidades no opera en el vacío. Por el contrario, para la consecución de los objetivos antes referidos, la implementación del programa social se hace de una serie de elementos metodológicos de carácter objetivo –establecidos en las propias Reglas de Operación— que le ofrecen solidez respecto de los procedimientos de selección y permanencia de los mexicanos ubicados en la hipótesis mínima para formar parte del mismo.

Así, el análisis de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios y potenciales beneficiarios, partiendo de un enfoque que va de lo general a lo particular, privilegia, de inicio, las localidades más rezagadas para enfocarse, posteriormente, en las familias más necesitadas.

Sobre ese orden de ideas, el Programa Oportunidades llega hoy a casi 6 millones de hogares mexicanos, dando becas al mismo número de infantes que, dicho sea de paso, hoy tienen una expectativa de vida distinta a la de sus padres, en virtud de que, por una parte, la mayoría han superado el grado escolar de aquellos y, por la otra, 900 mil de éstos, tienen el estudio como principal ocupación.

Lo anterior se ha visto reflejado en el incremento, en un 40%, de la movilidad socioeconómica de los jóvenes beneficiarios del programa, provenientes de zonas rurales, que han logrado moverse –según la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del CONEVAL— hacia mejores ocupaciones que las de sus padres, recibiendo hasta 44% más de ingresos que aquellos que no son beneficiarios del programa.

Con independencia de todo lo anterior, el Programa Oportunidades, como cualquier otra política pública, es perfectible. En efecto, no bastan los logros que dicho programa ha alcanzado durante los dos últimos sexenios, sino que es menester mejorar los procedimientos a través de los cuales se materializan los derechos sociales de los mexicanos.

Es importante señalar, que nuestra Carta Magna dentro de sus artículos 14 y 16 establece las reglas que rigen el debido proceso y que dentro de este, se encuentra tutelada la garantía de audiencia, misma que se colmaría dándole notificación por escrito de la baja a los beneficiarios del Programa Oportunidades, para que dentro de en un plazo de 15 días manifiesten lo que a su derecho convenga.

Así, es importante sensibilizar a esta Asamblea respecto de la necesidad de implementar un procedimiento de baja especializado, a través del cual, se garanticen los derechos procesales de los beneficiarios e, incluso, de aquellos que aspiren a serlo, a efecto de que se consideren en ellos, las garantías mínimas del debido proceso.

De ese modo, el Programa no únicamente operará a través de bases mucho más transparentes, sino que, además, se acercará al cumplimiento, en mayor medida, de los objetivos para los cuales fue diseñado. Lo anterior en virtud de que, por una parte, respetará el derecho de permanencia de quienes cumplan con los requisitos legales, al tiempo que garantiza que los procedimientos a través de los cuales se dé de baja a quienes no lo hagan, se encuentren debidamente establecidos en las normas aplicables.

De este modo, la eficiencia de afiliación del programa en cuestión, no se verá mermada por la salida indebida de quienes requieren el apoyo derivado del mismo, al tiempo que con esto se evitaría dejar fuera del programa a personas que cuentan con este valioso apoyo, pues como se ha señalado, este programa ha elevado el nivel de vida de los mexicanos, siendo justo entonces que todas aquéllas familias que son beneficiadas, sigan contando con estos apoyos o, en su caso, sepan claramente los motivos por los cuales causan baja.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que se instruya que en las reglas de operación del programa para el desarrollo humano oportunidades,exista la notificación a los beneficiarios del programa para que en un plazo de 15 días manifiesten lo que a su derecho convenga, para dar cumplimiento a las garantías de audiencia y debido proceso, establecidas en nuestra carta magna.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión Solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez cumplido el exhorto motivo del presente punto de acuerdo, lo notifique a este H. Senado de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle, con gusto pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra dicho documento. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a que la aplicación del Programa de Administración de Riesgos, de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

La situación del campo mexicano desde hace años es crítica, pero las pasadas sequías afectaron de manera considerable las cosechas y con ello se agudizó la pobreza y el hambre en nuestra gente.

Es cierto que la demanda constante es por mejor inversión en el campo que se pueda generar un impulso a su desarrollo. Pero hay medidas tomadas que a veces parecen en agravio y no a favor de los que viven y trabajan en el campo, como es el caso del cambio de política de reglas de operación de los programas de apoyo al campesino. Y esto genera confusión, incertidumbre y rechazo.

Tal es el caso que el pasado 31 de julio, los titulares de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, así como el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y el Director General de FIRA, entre otras autoridades, presentaron una nueva modalidad de apoyos directos para productores y comercializadores agrícolas.

Bajo la denominación de un programa, que es el Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se pretende fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria. Nos informan las autoridades federales que esto será posible a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, el FIRA, quien otorgará a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, alrededor de 550 millones de pesos en apoyos directos para incentivar el cumplimiento de la agricultura por contrato, los cuales se destinarán a rembolsar parcialmente el costo de la compra de coberturas de precios.

El Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, operará a través de las instituciones bancarias y otorgará un apoyo decreciente de hasta 85% del costo de la prima para los productores y de 50% para los comercializadores. Además, para su operatividad se dividirá en tres etapas.

La primera será una amplia difusión de las operaciones que se lleven a cabo durante este nuevo esquema, en lo referente a los subyacentes que se operen, en la ubicación de la transacción y el volumen negociado en la Bolsa de Valores. Asimismo, se publicarán los precios de cierre que se observen en el mercado de Chicago para los mismos fines.

La Bolsa de Derivados de México (MexDer) publicará diariamente dicha información, misma que será proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en lo que respecta a las operaciones y por el mercado de Chicago en el caso de los precios.

La mecánica del programa consiste en que los participantes en el mercado de valores deberán informar de las operaciones a FIRA y este a MexDer. Es importante destacar que en esta primera etapa no se llevarán a cabo acciones bursátiles directamente en MexDer, por el contrario, la Bolsa de Derivados de México se limitará a publicar las operaciones que se lleven a cabo en el marco del programa.

En la segunda etapa del Programa de Administración de Recursos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, le corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores listar en MexDer un contrato de maíz amarillo, con una proporción de 25 toneladas métricas, cuya finalidad consiste en aprovechar el mercado líquido. El titular de la Bolsa Mexicana de Valores, nos dice que dicho instrumento estará denominado en pesos con lo que se conseguirá disminuir riesgos cambiarios.

También durante esta segunda etapa se tendrán abiertas las opciones de compra y venta, y serán listados en los futuros mencionados, el contrato de futuros sobre el maíz amarillo que ya fue aprobado por los distintos órganos de gobierno de MexDer y que se encuentra en proceso de aprobación por las autoridades correspondientes. El objetivo es impulsar este proyecto entre los meses de septiembre y octubre.

Finalmente, la tercera etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, tiene por objeto desarrollar y listar en MexDer un futuro de maíz blanco mexicano y proporcionar a los productores y comercializadores una opción de cobertura más amplia, además de establecer un mecanismo que permita la fijación de precios de este importante insumo.

Esto lo quiero agilizar, se me está acabando el tiempo, y voy a pedir que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro. Y aclarar que esta circunstancia lesiona a los trabajadores, porque se está evitando que los contratos que estaban ya, de agricultura por contrato, ahora los haga FIRA; y no los haga la SAGARPA, como se venía haciendo, y esto genera daños a los productores del campo en nuestro país.

Por ello, voy a pasar directamente al punto de Acuerdo:

Primero.- Que el Senado de la República exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, a que la aplicación del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual y sin afectar los actuales esquemas de apoyo directo, por considerar que podría causar una crisis en la producción agrícola y resultar contrario a los intereses del agro y de los productores nacionales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, a que se siga implementando la modalidad de agricultura por contrato, a través del órgano desconcentrado de Apoyos y Servicios de Comercialización Agropecuaria (ASERCA), en tanto no se difundan ampliamente las reglas de operación del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios, Financieros y los beneficiarios del mismo puedan acceder al nuevo esquema de financiamiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A QUE LA APLICACION DEL PROGRAMADE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE MERCADOS A TRAVES DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, SE REALICE DE MANERA GRADUAL PARA NO AFECTAR LOS INTERESES DE LOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES NACIONALES

"El Suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que la aplicacióndel Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual para no afectar los intereses de los productores y comercializadores nacionales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El pasado 31 de julio de 2012, mediante rueda de prensa y comunicación oficial 051-2012, los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, así como el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, el Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, el Presidente de la Asociación deBancos de México y el Director de Análisis Financiero del Banco de México, presentaron una nueva modalidad de apoyos directos para productores y comercializadores agrícolas.

Bajo la denominación de Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, las autoridades federales en cuestión afirman que dicho Programa se impulsa con la finalidad de fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria dando certidumbre tanto al ingreso del productor como al abastecimiento del comprador. Lo anterior será posible a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, quien otorgará a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, alrededor de 550 millones de pesos en apoyos directos para incentivar el cumplimiento de la Agricultura por Contrato, los cuales se destinarán a rembolsar parcialmente el costo de la compra de coberturas de precios.

El Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, operará a través de las instituciones bancarias y otorgará un apoyo decreciente de hasta 85% del costo de la prima para los productores y de 50% para los compradores. Los apoyos a otorgarse podrán detonar financiamientos hasta por 5 mil millones de pesos en operaciones comerciales que favorecerán principalmente los ingresos esperados de los productores ante las variaciones de precios en el mercado.

En la primera etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se hará una amplia difusión de las operaciones que se lleven a cabo durante este nuevo esquema, en lo referente a los subyacentes que se operen, en la ubicación de la transacción y el volumen negociado. Asimismo, se publicarán los precios de cierre que se observen en el mercado de Chicago para los mismos bienes.

La Bolsa de Derivados de México (MexDer) publicará diariamente dicha información, misma que será proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)en lo que respecta a las operaciones y por el mercado de Chicago en el caso de los precios.

La mecánica del Programaconsiste en que los participantes en el mercado de valores deberán informar de las operaciones a FIRA y este a su vez, a MexDer. Es importante destacar que en esta primera etapa no se llevarán acciones bursátiles directamente en MexDer; por el momento la Bolsa de Derivados de México se limitara a publicar las operaciones que se lleven a cabo en el marco del Programa. Sin embargo a través del ruteo de operaciones con el mercado de Chicago, los operadores locales podrán desde ahora ejecutar transacciones en ese mercado através de MexDer.

Así, los intermediarios financieros nacionales podrán ofrecer una gama de servicios a sus clientes, quienes no tendrán que abrir cuentas en el exterior sino únicamente con el banco u operador local.

En la segunda etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros le corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores listar en MexDer un contrato de maíz amarillo, con una proporción de 25 toneladas métricas, cuya finalidad consiste en aprovechar el mercado líquido. El titular de la Bolsa Mexicana de Valores, nos dice que dicho instrumento estará denominado en pesos con lo que se conseguirá disminuir riesgos cambiarios y sobre el tamaño del contrato defuturos, se informa que el mercado de Chicago guarda una proporción mayor de 4 o 5 veces más.

También durante esta segunda etapa se tendrán abiertas las opciones de compra y de venta, y serán listados en los futuros mencionados, el contrato de futuros sobre el maíz amarillo que ya fue aprobado por los distintos órganos de gobierno de MexDer y que se encuentra en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes. El objetivo es impulsar este proyecto entre los meses de septiembre y octubre.

Finalmente la tercera etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, tiene por objeto desarrollar y listar en MexDer un futuro de maíz blanco mexicano y proporcionar a los productores y comercializadores una opción de cobertura más amplia, además de establecer un mecanismo que permita la fijación de precios de este importante insumo.

SEGUNDA.- Diversas asociaciones y confederaciones de productores y comercializadores, han manifestado sus inconformidades frente a la decisión unilateral del gobierno federal de reducir los apoyos directos de Agricultura por Contrato, a través del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros.

Coinciden en la imprudencia del gobierno federal, de cambiar al final de su administración el esquema de Agricultura por Contrato, mediante un Programa de apertura financiera que exponelas cosechas nacionales a la fluctuación de los mercados bursátiles. Si bien uno de los beneficios es la liquidez y la pronta recepción del financiamiento, estos son ínfimamente pequeños en proporción a los daños que pueden ocasionar dichas decisiones al campo mexicano y a su economía.

No obstante los evidentes estragos que han padecido algunos gobiernos y diversas empresas que incursionan en el mercado bursátil, las autoridades mexicanas ofrecen poner en riesgo al sector agropecuario, uno de los más vulnerables del país. Además el Programa se inicia frente a una delicada situación económica, en donde los índices de los precios de productos básicos sufren de una extrema volatilidad, afectando inclusive a las economías más sólidas.

Otras de las fuertes críticas al Programa, es que dicho esquema incentivaa la especulación, al no existir el actual espacio que cubría ASERCA; se impide la venta a precio de indiferencia de los granos, lo cual es atractivo para las instituciones financieras, pero no lo es para los productores y compradores;al sujetarse al Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura, acceden menos de 10% de los productores, dejando fuera del esquema a miles de campesinos y se pierden los resultados obtenidos con la modalidad de Agricultura por Contrato.

A pesar de las deficiencias e inconveniencias que se presentan al aplicarse este nuevo esquema, dicho Programa ya se encuentra en operación y es de vital importancia que se difundan sus bases o reglas de operación, pues los pequeños productores no se encuentran informados sobre los nuevos requerimientos que el Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros les demandará.

A su vez, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, debe mantener el actual esquema de Agricultura por Contrato en tanto existan garantías de que la nueva modalidad de financiamiento es óptima para sus necesidades y no contribuya al detrimento de su situación económica, de por sí golpeada por la volatilidad de los precios y por las inclemencias climáticas que han ocasionado pérdidas a sus cosechas.

Bajo el mismo orden de ideas es imperante que en el Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, no se retraten las actuales condiciones de concentración de apoyos y financiamientos a ciertos productores, pues sólo se estaría remplazando un sistema por otro y los beneficiados serían los mismos.

La concentración del financiamiento en un pequeño grupo de productores además de ser una práctica inequitativa, repercute directamente en la economía del país y de las miles de familias mexicanas que viven en una situación de pobreza extrema, ya que al presentarse una contingencia que obligue ala carencia de algún producto o alimento básico, se impactará el abasto y se incrementarán los precios, todo ello en contra del consumidor final.

Finalmente, un aspecto que no se retoma en la constitución del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, y que debería ser eje estratégico de toda política pública impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria.

Lamentablemente nuestras autoridades no han emprendido las acciones suficientes para lograr la activación del campo a la par de garantizar una reserva de alimentos producidos por y para los mexicanos. Esquemas de apoyo, subsidio y financiamiento van y vienen, pero poco se ha hecho para impulsar un verdadero cambio que garantice el desarrollo del sector rural de manera integral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhortaal titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, a que la aplicación del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual y sin afectar los actuales esquemas de apoyo directo, por considerar que podría causar una crisis en la producciónagrícola y resultar contrario a los intereses del agro y de los productores nacionales.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, a que se siga implementando la modalidad de Agricultura por Contrato, a través del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), en tanto no se difundan ampliamente las reglas de operación del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros y los beneficiarios del mismo, puedan acceder al nuevo esquema de financiamiento.

SUSCRIBE

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2012."

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.





 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo relativo a los proyectos turísticos aledaños al área natural protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur, mismo que se turnará a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo para reactivar el campo mexicano.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, cuyo fin principal era la eliminación de aranceles entre los países parte, con el objetivo de promover la competencia y la circulación de bienes y servicios originarios de las naciones que conforman el TLCAN.

Sin embargo, a 18 años de aprobarse este tratado, los campesinos de México no han visto algún beneficio, mucho menos se ha implementado alguna importante política social en beneficio de la clase campesina.

Para sustentar lo antes mencionado, tanto el Banco de México como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaron que en la actual administración federal las importaciones de alimentos entre el año 2007 y 2012 fueron 65.5 por ciento superiores a las realizadas en el gobierno anterior.

Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas, nos veamos obligados a importar semillas primordiales de la canasta básica, como es el caso de la importación de frijol que se ha incrementado hasta en 111.9 por ciento; el maíz, con un 162.2 por ciento; el trigo, con 72.2 por ciento; y la soya, con el 53.5 por ciento.

Los pagos que han implicado estas importaciones son millonarios, tan sólo en maíz se han gastado más de 12,102 millones de dólares; para el trigo, se emplearon 5,816 millones; y en soya se gastó 8,900 millones de dólares.

Sería más beneficioso para nuestro país, que ese dinero se invirtiera de manera más eficaz y eficiente en el campo mexicano, en proyectos productivos para lograr fortalecer de una vez por todas la pequeña y mediana agricultura campesina.

Porque, no es sólo inyectarle dinero al campo, es hacerlo bien, ya que, a pesar de que la actual administración federal destinó 1 billón 624,029 millones de pesos del 2007 a la fecha, no se logró un mejoramiento sustancial en el campo; el INEGI señala que el crecimiento promedio anual en materia agrícola fue apenas del 0.4 por ciento entre el comienzo del sexenio y la primera mitad de 2012.

El maíz tiene una producción de 0.09 por ciento; y el trigo de 4.44 por ciento, lo que refleja que el sector del campo representa tan solo el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la situación del campo, entre otros factores, ha provocado que en nuestro país haya cifras tan lamentables como las que a continuación se describen:

Tenemos que 2 por ciento de la población mexicana sobrevive con 1.25 dólares al día; 4.8 por ciento con 2 dólares al día; 17.6 por ciento se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria, asimismo, 3.4 por ciento de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5 por ciento de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación.

Es sabido que en un pueblo que importa lo que consume, es un pueblo sumiso a las potencias internacionales, por ello es intolerable que el Estado mexicano sea incapaz de fomentar los insumos con que se procesan los alimentos de primera necesidad.

Nuestro país, con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe de exportar y no de importar alimentos. México puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano.

Es innegable que el modelo neoliberal implementado desde hace más de dos décadas, ha fracasado, y que el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable; sin maíz no es país; y sin alimentación, no hay nación.

Es necesario e impostergable que México garantice de una vez por todas su soberanía alimentaria, que desarrolle producción ambiental y sustentable, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial agropecuaria.

Ya nuestra Carta Magna, en materia de derecho a la alimentación, lo estipula en su artículo 4o. que: "Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará":

De realizarse lo anterior, se arraigaría a la gente en sus comunidades y se generarían empleos rurales que ayuden a contener la migración, al mismo tiempo que se fortalece nuestra economía.

Derivado de lo anterior, someto a consideración a esta Honorable Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumente un programa emergente de inversión y apoyo a los productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

Segundo. Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se compruebe y evidencie que realmente los subsidios entregados a los pequeños y medianos productores agrícolas de México lleguen a sus destinatarios.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA REACTIVAR EL CAMPO MEXICANO

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1994 entró en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, cuyo fin principal era la eliminación de aranceles entre los países partes, con el objetivo de promover la competencia y la circulación de bienes y servicios originarios de las naciones que conforman el TLCAN.

Sin embargo, a 18 años de aprobarse el TLCAN los campesinos mexicanos no han visto algún beneficio, mucho menos se ha implementado alguna importante política social en beneficio de la clase campesina.

Para sustentar lo antes mencionado, tanto el Banco de México, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, reportaron que en la actual administración federal, las importaciones de alimentos entre el año 2007 y 2012 fueron 65.5 por ciento superiores a las realizadas en el gobierno anterior.

Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas, nos veamos obligados a importar semillas primordiales de la canasta básica, como es el caso de las importaciones de frijol, que han incrementado hasta en 111.9%; el maíz, 162.2%; el trigo, 72.2%; y la soya, 53.5%.2

Los pagos que han implicado estas importaciones son millonarios, tan solo en maíz se ha gastado más de 12 mil 102 millones de dólares; para el trigo se emplearon 5 mil 816 millones, y en soya se gastó cerca de 8 mil 900 millones de dólares.

Sería más beneficioso para nuestro país, que ese dinero se invirtiera de manera eficaz y eficiente en el campo mexicano,en proyectos productivos para lograr fortalecer de una vez por todas la pequeña y mediana agricultura campesina.

Porque, no es solo inyectarle dinero al campo, es hacerlo bien, ya que, a pesar de que la actual administración federal destinó un billón 624 mil 29 millones de pesos, de 2007 a la fecha, no se logró un mejoramiento sustancial en el campo; el INEGI señala que el crecimiento promedio anual en materia agrícola fue apenas del 0.4% entre el comienzo del sexenio Calderonista y la primera mitad de 2012.

El maíz tiene una producción de 0.09% y el trigo de 4.44%, lo que refleja que el sector del campo represente tan solo el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).3

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la situación del campo, entre otros factores, ha provocado que en nuestro país haya cifras tan lamentables como las que a continuación se describen: 2% de la población mexicana sobrevive con 1.25 dólares al día; 4.8% con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación.4

Es sabido que un pueblo que importa lo que consume, es un pueblo sumiso a las potencias nacionales, por ello es intolerable que el Estado mexicano sea incapaz de fomentar los insumos con que se procesan los alimentos de primera necesidad.

Nuestro país, con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe de exportar y no importar alimentos. México puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano.

Es innegable que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas, ha fracasado, el desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable.

Sin maíz no hay país, y sin alimentación no hay Nación. Es necesario e impostergable que México garantice de una vez por todas su soberanía alimentaria, que desarrolle producción ambiental y sustentable, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria.

Ya nuestra Carta Magna, en materia de derecho a la alimentación lo estipula, en su artículo 4to señalando que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

De realizarse lo anterior se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración, al mismo tiempo que se fortalece nuestra economía.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumente un programa emergente de inversión y apoyo a los productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se compruebe y evidencie que realmente los subsidios entregados a los pequeños y medianos productores agrícolas de México lleguen a sus destinatarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.





 

Compañeras y compañeros Senadores, el siguiente asunto del Orden del Día, es la propuesta con punto de Acuerdo relativo a la cancelación de la importación de tomate mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Solicito a la Secretaría dé lectura a dicha propuesta que ha sido de consenso a través de los puntos de Acuerdo que originalmente presentaron los Senadores Aarón Irizar López, Salvador López Brito y Rocío Pineda Gochi.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA MANIFIESTA SU REPUDIO A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE DETERMINA EN FORMA PRELIMINAR LA TERMINACION DEL ACUERDO DE EXPORTACION DE TOMATE FRESCO DE MEXICO A DICHA NACION.

“Quién suscribe, Senador Aarón Irízar López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 28 de octubre de 1996 se firmó el “Acuerdo de Suspensión de la Investigación del posible Dumping del Tomate Fresco Mexicano” entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y más de 950 productores y exportadores mexicanos. Dicho Acuerdo tuvo como propósito suspender temporalmente la realización de la investigación por posible dumping en 1996 iniciada a petición de productores de Florida, lo que ha permitido a los productores mexicanos exportar tomate fresco libre de aranceles a los Estados Unidos de América, de conformidad con lo acordado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Si bien dicho acuerdo ha funcionado de manera adecuada para todos los involucrados, por lo que fue renovado en los años 2002 y 2008, el pasado 22 de junio del 2012 los mismos productores de Florida presentaron una petición para dar por terminada la investigación y con ello dar por terminado el Acuerdo mencionado.

En un acto por demás apresurado, el Departamento de Comercio atendiendo más al proceso electoral norteamericano que a los beneficios que dicho Acuerdo ha traído a la relación comercial entre ambos países, el pasado 27 de septiembre de 2012 determinó la procedencia de la petición de los productores de Florida y la posible cancelación de la Investigación de 1996 y el Acuerdo.

Sin embargo, al darse por terminada la investigación y regresar a una situación en la que los productores mexicanos podrían exportar tomate a los Estados Unidos sin tener que pagar un arancel o sin estar sujetos a un precio de referencia, en realidad lo que buscan los productores de Florida es quedar en la posibilidad de someter una petición para iniciar un nuevo procedimiento de investigación por posible dumping.

Cabe destacar que una nueva investigación por dumping reiniciaría la guerra comercial entre los gobiernos de México y Estados Unidos, lo que podría dar lugar a la imposición de medidas proteccionistas por parte del gobierno estadounidense, como lo es el establecimiento de un arancel a la importación de tomate mexicano y afectar, con ello, la relación comercial entre las dos Naciones.

Esto además, provocará un grave daño a los productores mexicanos, a la economía de los Estados en los que se produce tomate y a las fuentes de empleo de más de 350 mil jornaleros agrícolas. En efecto, el tomate fresco es el principal producto de exportación agrícola de México a los Estados Unidos. Así, en el año 2011 se exportaron 2,900 millones de libras con un valor de 1,800 millones de dólares.

En dichas circunstancias, es primordial que este Senado de la República, asuma una posición firme ante dicha Resolución y haga público su repudio por las consecuencias que tendrá para la economía de los Estados representados en esta Cámara. Asimismo, se hace menester exhortar al Poder Ejecutivo, particularmente a la Secretaría de Economía, para que se tomen las medidas necesarias a fin de lograr que el Departamento de Comercio al resolver en definitiva, determine la continuidad del Acuerdo de Suspensión.

En razón de lo anterior, someto al Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República repudia la Resolución Preliminar a la solicitud realizada por los productores de Florida de dar por terminada la investigación iniciada en 1996 por supuesto dumping en las importaciones de tomate procedente de México, emitida el pasado 27 de septiembre de 2012 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para que tome las acciones necesarias a fin de lograr que el Departamento de Comercio al resolver en definitiva, determine la continuidad del Acuerdo de Suspensión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Aarón Irízar López”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, como lo han solicitado los proponentes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de tomarse de urgente resolución la presente propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se considera de urgente resolución, en consecuencia, está a discusión dicha propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, a favor de dicha propuesta.

- El C. Senador Aarón Irízar López: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Aprovecho esta oportunidad para reconocer la actitud de todos ustedes ante un tema tan trascendente para la economía agrícola de nuestro país, reconocer este respaldo es reconocer el esfuerzo que hacen 950 productores agrícolas de tomate en diferentes regiones de nuestro país.

Respaldar este posicionamiento es respaldar a ellos, pero también es respaldar un asunto que tiene que ver con nuestra frágil economía.

Los 950 productores de tomate del país que son productores muy competitivos y que producen el tomate de mayor calidad y que consumen los estadounidenses; de cada dos tomates que consumen, uno es mexicano y ese es de mayor calidad y también de mejor sabor.

Decirles, para dar una idea de la importancia que tiene la actividad productiva del tomate en México, tan sólo en el 2011, 2 mil 900 millones de libras de tomate fueron exportadas a Estados Unidos y éstas tuvieron un valor que supera los 1,800 millones de dólares.

No darle continuidad a este acuerdo actual, significa afectar no nada más la economía de México, sino también afectar la economía de más de 350 mil jornaleros agrícolas que trabajan y le arrancan este importante producto a los campos mexicanos.

También afecta a los consumidores de Estados Unidos, porque rompiéndose este acuerdo, seguro estoy que consumirán tomate de menor calidad y tomate más caro en el sentido de que no continuara este acuerdo.

Pero además es fundamental de que este Senado de la República se manifieste con firmeza y con convicción de que se tiene que respetar el Tratado de Libre Comercio y que esta petición va en clara concordancia de respetar este acuerdo.

El gobierno mexicano, seguro estoy que tendrá el respaldo total de los Senadores de la República sin color de ningún partido, y de todas las regiones del país, para que este acuerdo siga en continuidad y siga mejorando las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Señor Presidente, Senadoras y Senadores, gracias por respaldar a los productores agrícolas de México.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Aarón Irizar López.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre el mismo asunto.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del PAN, por mi conducto, expresa su decidido apoyo a todos los productores mexicanos tomateros que en 16 estados del país pudieran salir afectados de una mala determinación y criterio en torno a la comercialización de este producto.

México, además de ser centro y origen del tomate, honrosamente ocupa en producción y calidad el primer lugar mundial.

La producción en el año 2011 alcanzó un millón 872 mil 480 mil toneladas, exportándose el 65 por ciento y, de estos, el 95 por ciento a los Estados Unidos de América, generando para nuestra economía el ingreso en este año de más de 1,800 millones de dólares por divisas.

El cultivo del tomate genera en forma directa más de 350 mil empleos y en forma indirecta un número mucho mayor.

Esta industria se extiende primordialmente en 16 entidades del país como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas y Sinaloa, que es el estado que produce la mayor cantidad de tomate.

Por tal motivo, es de suma trascendencia la decisión adoptada el pasado jueves 27 de septiembre por el departamento de comercio de los Estados Unidos, quien emitió una resolución preliminar para poner fin al acuerdo que ha regido las exportaciones del tomate mexicano a los Estados Unidos durante los últimos 16 años.

Presionado principalmente por los horticultores de Florida, quienes de manera sorpresiva solicitaron la terminación del acuerdo de suspensión de dumping y sospechamos, aprovechando probablemente la coyuntura política de cara a la elección presidencial que se está dando en los Estados Unidos.

Cabe mencionar que el 10 de octubre del 1996, fue firmado un acuerdo de suspensión de dumping entre el departamento de comercio de los Estados Unidos y productores exportadores de tomate mexicano, mediante el cual se ponía fin a la investigación de prácticas de comercio, de exportadores mexicanos y medidas restrictivas en la entrada del producto, como el establecimiento de impuestos arancelarios, a cambio de que los productores mexicanos no vendieran su producto por abajo del precio mínimo de referencia y se fijaran dos periodos para exportar, lo cual de hecho ya suscribe el Tratado de Libre Comercio desde años atrás, para darle facilidad a la exportación de este producto.

El convenio en referencia negociado en 1996, luego en el 2002 y en el 2008, ha beneficiado a las industrias y a los consumidores en los Estados Unidos, por lo que eliminar el tomate mexicano pudiera incrementar de manera notable el precio de este alimento, al limitarse la oferta del producto al procedente del estado de Florida, sobre todo durante la época de invierno y primavera, así como pudiera generarse un desabasto.

Para México habría una sobreoferta, ya que se siembran 57 mil hectáreas de tomate, de las cuales se exporta a la Unión Americana más de la mitad de lo que se produce.

Actualmente, está en vigor el tercer acuerdo de suspensión que inició el 25 de enero de 2008 y estará vigente hasta enero de 2013, logrando así que el tomate mexicano de exportación hacia los Estados Unidos no tenga una cuota arancelaria y constituye un mecanismo de autorregulación de la oferta exportable de tomate para no saturar los mercados.

Es por ello que podemos asegurar que no existe una mala práctica comercial de nuestros productores nacionales, no hay forma, cuando previamente se han pactado reglas, se han respetado y se han fijado precios mínimos para la exportación de este producto.

Lo anterior da cuenta de la urgencia y necesidad de que el Estado mexicano destine a la brevedad los recursos a su alcance para acompañar a los productores mexicanos del tomate en defensa de su actividad.

Por lo que el grupo parlamentario del PAN, suscribe en todos sus términos el presente punto de Acuerdo y se solidariza con los productores del tomate mexicano y todos los empleos que generan y el apoyo social que se da de esta industria del tomate mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores; Compañeras:

Esta pretensión del gobierno de Estados Unidos, es una prueba más de que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte es lesivo para nuestro país, especialmente para nuestro campo.

No hay elementos violatorios de parte de los tomateros mexicanos como para que Estados Unidos pretenda echar abajo este acuerdo que tiene ya un poco más de 16 años.

El Senado de la República debe conocer con puntualidad el por qué estamos impulsando este punto de Acuerdo en defensa de los productores de tomate de nuestro país.

Los productores de Florida que demandan la suspensión del acuerdo, no tienen la representación nacional de Estados Unidos, se requiere cuando menos el 85 por ciento para darlo por terminando, y los demandantes representan el 52 por ciento.

Es decir, Felipe Calderón y el Ministro de Economía de México tienen que hacer valer argumentos como éste para que Estados Unidos eche atrás esa pretensión de la que estamos hablando.

De manera inusual no se están respetando los tiempos para negociar este tipo de asuntos.

De manera expedita, es decir, en 45 días pretende el gobierno norteamericano echar abajo este acuerdo, cuando conforme a las normas deben llevarse aproximadamente 270 días. Tienen prisa, tienen prisa para echar abajo este acuerdo y tienen prisa para seguir perjudicando al campo mexicano.

En 16 años no ha habido una sola violación de la industria del jitomate mexicano. Entonces, no entendemos, dicen que somos sus buenos vecinos; dicen que tienen buenas intenciones para México, sin embargo, a la hora de proteger a quienes les conviene, ellos lo han dicho, no tienen amigos, lo que tienen son intereses, y evidentemente no les importa cómo les vaya a los tomateros de México, lo que pretenden es generar condiciones favorables para ellos con este Tratado de Libre Comercio.

Creemos en las virtudes del libre comercio, pensamos que es conveniente que las mercancías puedan circular de un país a otro, por eso entiendo que el gobierno de México haya firmado el Tratado de Libre Comercio.

Sin embargo, tan solo con la apertura agropecuaria del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en enero de 1994, en México se ha incrementado la pobreza que alienta a la migración, pérdida de diversidad genética y destrucción de nuestra naturaleza.

El campo mexicano ha sucumbido bajo la competencia desleal de los productos subsidiados norteamericanos que han inundado los mercados nacionales.

En este recinto hemos discutido, con mucha pasión, el tema que está en la Suprema Corte, de los 15 mil millones de dólares, y que el gobierno de Calderón ha hecho de este asunto un asunto jurídico, es decir, ha judicializado los problemas de nuestro campo. No podemos seguir permitiendo eso.

Debiéramos de pensar en, ¿cómo subsidiamos a los campesinos de este país cuando tienen desastres naturales como las sequías, como las inundaciones, como las heladas, y que se rascan con sus propias hullas? Ese tema tiene que ser revisado por el Senado de la República.

Esta legislatura, insistimos de manera seria, responsable y comprometida con México por el bien de todos, debe impulsar la revisión del Tratado de Libre Comercio en aquellos rubros en que el país se ve perjudicado.

El caso de los productores de tomate es uno más de los que vive la economía y la agricultura de nuestro país, y estoy convencido de que este Senado va a aprobar este punto de Acuerdo porque ayuda a que los tomateros de México no se vean afectados por la intención de Estados Unidos de eliminar este acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros Senadores:

La autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos que enfrentamos en la actualidad.

La capacidad para generar alimentos y distribuirlos, incide, entre otros factores, en el crecimiento económico, el desarrollo social y, en general, el bienestar humano.

México posee un gran potencial para ser productor de alimentos debido a su diversidad climática y a la riqueza de los suelos.

El estimado de producción hortícola para el año agrícola 2012, es de 11.8 millones de toneladas.

No obstante, otros factores han contribuido a que en los últimos años esta capacidad productora se vea mermada; por una parte, el cambio climático causante de sequías, inundaciones, heladas, erosión de suelo y cambio en la distribución de las plagas vegetales.

Por otra parte, encontramos los factores económicos, entre ellos los problemas de la infraestructura para la distribución, la sobreregulación y, desde luego, las medidas proteccionistas y las barreras arancelarias.

En el caso del tomate rojo mexicano, en el año 2011 se contó con una superficie sembrada de 53 mil 780 hectáreas, que produjeron un millón 872 mil toneladas con un valor de 10 millones 336 mil pesos.

Sin embargo, los estados con mayor producción como lo son: Sinaloa, Baja California, Michoacán, Sonora y Jalisco, se encuentran en la antesala de una crisis debido a la dificultad que enfrentarán para colocar sus productos en el mercado estadounidense.

Por ello, el día de hoy venimos a esta tribuna a expresar nuestra preocupación, a respaldar el presente punto de Acuerdo, el cual refleja el sentir de los productores nacionales de tomate debido a que desde junio de 2012, los productores estadounidenses en los estados de Florida y California decidieron dar por terminado el acuerdo de suspensión de la inspección del posible dumping del tomate mexicano, el cual sirve de sustento a las exportaciones del tomate nacional de ese país.

Dicho acuerdo ha beneficiado a ambos países a lo largo de 16 años, sin embargo, se tiene noticia que el 27 de septiembre del presente año, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos resolvió la procedencia de los productores de Florida para concluir dicho acuerdo.

La mencionada suspensión implica que más de 950 productores mexicanos tendrán que pagar un arancel elevado para poder exportar dicho producto al vecino país del norte. El argumento se basa en los productores de los Estados Unidos de Norteamérica para dicha terminación, es que su gobierno no ha logrado protegerlos de los efectos por la venta de tomate mexicano por debajo de los costos de producción en su país.

Ello nuevamente nos remite a la política proteccionista y de altos subsidios agrícolas en Estados Unidos, que ha generado desacuerdos en reuniones internacionales e incumplimientos, como en la Ronda de Doha, en innumerables intentos de equilibrar dicha situación mundial.

Para entender la importancia que reviste este problema, debemos de tomar en cuenta que el tomate ocupa el primer lugar en exportaciones de productos agroalimentarios, lo que se corrobora si consideramos que en 2011, México se colocó como el principal exportador de tomates en el mundo, con un valor que ascendió a 2 mil 38 millones de dólares.

Por consiguiente, de ser aprobada la suspensión del acuerdo a partir de 2013, se cobrará un arancel del 16.65 por ciento a los productores de tomate. No podemos dejar de considerar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, se cuenta con un plazo de 40 días contados a partir de la fecha de suspensión, para que las partes presenten sus objeciones y argumentos en contra de la misma.

Por ello, urgimos a las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen las acciones y medidas legales que permitan que el gobierno de los Estados Unidos reconsidere su postura y mantenga el acuerdo en los términos vigentes.

Para ello es necesario que se presenten los argumentos necesarios y todas las medidas que sean pertinentes dentro el plazo establecido por el Departamento de Comercio de ese país.

En el Partido Verde compartimos la preocupación de los productores mexicanos por la aplicación de medidas proteccionistas, y expresamos nuestro interés porque el gobierno federal realice una defensa adecuada en la que se desplieguen los mecanismos legales de impugnación, negociación y compensación al daño que se pudiera causar a partir de dicha terminación del acuerdo que nos ocupa.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Finalmente, para este mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Acudo a esta tribuna en representación de mi grupo parlamentario a manifestar nuestro más amplio apoyo a los productores nacionales de tomate, esto, ante la posible intención del gobierno norteamericano de termina el acuerdo de suspensión de la investigación del posible dumping del tomate fresco mexicano, firmado en 1996 y ratificado en 2002, y en 2008.

El tema no es menor, y trasciende nuestras relaciones bilaterales, principalmente en el tema comercial donde desde 1994, junto con Canadá, formamos un bloque comercial.

Como bien sabemos, el campo mexicano es un sector económico que concentra los mayores rezagos sociales, paradójicamente podría ser el motor que genere los empleos y dinamice a la economía nacional que tanta falta hace a nuestro país.

Sin embargo, las coyunturas económicas internacionales y el modelo adoptado han priorizado otro tipo de actividades, dejando de lado a millones de mexicanos marginados en este sector.

Contrario al escenario adverso, la agroindustria dedicada a la producción de tomate ha sumado esfuerzos e inversiones, logrando posicionar a México como uno de los principales países exportadores.

Asimismo, respaldar el punto de Acuerdo presentado ante esta Soberanía, nuestro grupo parlamentario no solamente se solidariza con la agroindustria mexicana del tomate para que se ratifique el acuerdo de suspensión de 1996, desde esta tribuna ejerceremos una defensa férrea y decidida de nuestros intereses comerciales para evitar que se adopten medidas proteccionistas por parte de nuestro socio comercial.

En colaboración coordinada entre el Poder Ejecutivo, con sus respectivas Secretarías, el Poder Legislativo y los productores nacionales, buscaremos los mecanismos legales internacionales que den la pauta correcta para solicitar que se ratifique dicho acuerdo.

De no hacer nada, este problema puede también extenderse a otros productos, como son el pepino o la papa, se desatará nuevamente una guerra de precios que sin lugar a dudas afectará la vocación productiva y competitiva que han logrado los estados productores, pero principalmente dejará a la deriva y sin empleo a los millones de jornaleros que dependen de esta actividad económica.

Por lo tanto, es urgente que tomemos cartas en el asunto y le solicito a los integrantes de esta Soberanía se solidaricen y voten a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores de las entidades federativas a realizar campañas de prevención de embarazos en adolescentes.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

La Organización Mundial de la Salud, ha proporcionado datos de que cada año nacen 15 millones de niños de mujeres menores de 20 años.

La Organización Panamericana de Salud ha concluido que entre los jóvenes de América Latina, se reporta que la primera relación sexual sucede entre los 13 y 16 años para los varones y entre los 16 y 18 años para las mujeres.

En México existen 11 millones 26 mil 112 personas entre los 15 y 19 años de edad, de los cuales, 49.9 por ciento son mujeres y 50.1 por ciento son hombres.

El Consejo Nacional de Población indicó que cada año en México cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes, lo que equivale al 27.6 por ciento del total.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de las mujeres entre 15 y 19 años dice tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos, menos de la mitad de las personas que están casadas o unidas por alguna relación los utilizan, y entre las personas solteras el porcentaje es de solamente 4.5 por ciento. Esta situación conlleva el riesgo de embarazos no planeados o de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH SIDA y el Virus del Papiloma Humano.

De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, fue en Uruguay cuando se celebró por primera vez el 26 de septiembre, como el Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Como marco de la celebración del Día de Prevención del Embarazo Adolescentes el pasado 26 de septiembre, se llevaron a cabo actividades por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Oficina en México del Fondo de Población de las Naciones y el Consejo Nacional de Población, entre otros.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federativas, para que giren instrucciones a los mecanismos de adelanto de las mujeres y a los institutos de la juventud estatales, con la finalidad de que conjuntamente realicen e intensifiquen las campañas de prevención de embarazos en adolescentes.

Solicito se inserte en su totalidad este punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA H. CAMARA DE SENADORES

PRESENTE.

Las suscritas, Senadoras Mariana GOmez del Campo Gurza y Luisa MarIa deGuadalupe Calderón Hinojosa integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previstoen el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de estasoberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobernadores de las Entidades Federativas a que realicen campañas de prevención de embarazos en adolescentes, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proporcionado datos de que cada año nacen 15 millones de niños de mujeres menores de 20 años.

La Organización Panamericana de Salud, ha concluido que entre los jóvenes de América Latina se reporta que la primera relación sexual sucede entre los 13 y 16 años para los varones y entre los 16 y 18 años para las mujeres.

En México existen 11 millones 26 mil 112 personas entre los 15 y 19 años de edad, de los cuales 49.9 por ciento son mujeres y 50.1 por ciento son hombres.

El Consejo Nacional de Población indico que cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes lo que equivale al 27.6 por ciento del total.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de las mujeres de entre 15 y 19 años dice tener conocimientos sobre métodos anticonceptivos, menos de la mitad de las personas que están casadas o unidas por alguna relación los utilizan y entre las personas solteras el porcentaje es de solamente 4.5 por ciento. Esta situación conlleva el riesgo de embarazos no planeados o de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH/SIDA y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres fue en Uruguay cuando se celebro por primera vez el 26 de septiembre como el Día de la Prevención del Embarazo no planificado en Adolescentes.

Como marco de la celebración del Día de Prevención del Embarazo adolescente el pasado 26 de septiembre, se llevaron a cabo actividades por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaria de Salud, la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Población, entre otros.

Saludamos las actividades realizadas en este marco federal por el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con el Instituto Mexicano de la Radio ya que presentaron una radio novela“la Prepa de la calle Pino” que busca transmitir situaciones que se viven cotidianamente en una preparatoria proporcionando información sobre salud sexual y reproductiva, derecho y responsabilidades que comprende el ejercicio de su sexualidad.

Dentro del cuerpo del comunicado emitido por el INMUJERES mencionan que a través de las historias de algunos estudiantes se tocarán temas como las infecciones de transmisión sexual, el uso adecuado del condón, los riesgos de los embarazos en la adolescencia, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino y los métodos de planificación familiar, de igual forma se proporcionan teléfonos de ayuda y de orientación, así como las direcciones de distintos sitios a los que pueden acudir en caso de necesitar ayuda.

Si bien la radio novela se va a transmitir en medios de comunicación como las radios locales, los gobiernos estatales deben de reforzar estas políticas a través de sus instituciones con la creación depolíticas públicas encaminadas a la prevención del embarazo, y que la maternidad y paternidad sean cuestión de elección no de obligación.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Unico.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobernadores de las Entidades Federativas para que giren instrucciones a los mecanismos de adelanto de las mujeresy a los institutos de la juventud estatales, con la finalidad de que conjuntamente realicen e intensifiquen las campañas de prevención de embarazos en adolescentes.

Senado de la Republica, a 4 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. Pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra el punto de Acuerdo en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Salud.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle a la Senadora Mariana Gómez del Campo, si me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Mariana Gómez del Campo, la Senadora Lisbeth Hernández desea adherirse a su punto de Acuerdo. Aceptado. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Rabindranath Salazar Solorio y José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a informar sobre las acciones y medidas previsoras de control inflacionario que se prevén para el segundo semestre del año.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

En apoyo a la solicitud de urgente resolución que hace el Senador Rabindranath Salazar Solorio, el Senador José Francisco Yunes Zorrilla y su servidora, para que esta Honorable Soberanía envíe un exhorto al Secretario de Economía del gobierno federal, para que informe a esta Soberanía sobre las medidas de control inflacionario que se prevén para el segundo semestre del año, así como las metas esperadas en el corto plazo y al cierre del año, expreso lo siguiente:

Es cierto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que el crecimiento económico se mantuvo positivo y elevado; que la creación de empleos normales se aceleró y la demanda interna avanzó durante los últimos seis meses.

Sin embargo, el análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, arroja que la dinámica actual de la economía no ha permitido satisfacer las amplias necesidades de ingreso y empleo de la mayor parte de la población.

Ese mismo centro de estudios, considera que el aumento de la demanda interna continúa sin descompensar la desaceleración de la demanda externa. Que la dinámica de la inversión no ha sido robusta ni sostenida, y que a pesar del incremento en la generación de empleos formales, la calidad de los puestos de trabajo se ha deteriorado y el avance en los salarios nominales y el crédito al consumo no han sido suficientes para detonar una mayor dinámica del mercado interno, lo que mantiene una obvia inestabilidad financiera del país.

Algo que nadie podemos cuestionar, es que después de más de tres años de recuperación económica, como lo ha mencionado el Ejecutivo Federal en campañas recurrentes de promoción de sus logros, la tasa de desempleo no haya podido regresar a los niveles previos a la crisis.

Cuando hablamos de que la confianza de los consumidores aumentó, en realidad, ésta podría no mantenerse debido a que la tasa de desocupación se mantiene en niveles elevados, a que la generación de empleos formales ha sido insuficiente y a que los salarios no recuperen el poder adquisitivo que tenían antes del periodo de crisis, lo que deteriora sus ingresos y la demanda interna.

Tenemos mucho en qué preocuparnos en la economía mexicana.

Por ejemplo, el crecimiento de la informalidad, mientras que al inicio del sexenio el 26.6% de las personas ocupadas trabajan en dicho sector, en el segundo trimestre de 2012 la proporción alcanzó una cifra récord del 29.3%, equivalentes a 14 millones 216 mil 096 personas.

No obstante, si en un sentido más amplio definimos a la informalidad como la población ocupada que no tiene acceso a instituciones de salud, ésta alcanzaría al 64.4% de los trabajadores o bien, más de 31 millones de personas.

Y la inflación, ésta ha observado un repunte importante en los últimos meses y su evolución afectará, como siempre, a las familias de escasos recursos.

Tenemos urgencia de información para saber qué planes y estrategias se tomarán para evitar que el aumento de la inflación repercuta a agravar la inestabilidad económica de la nación.

Y se evite, por ejemplo, que el impacto en las familias que ocasione el aumento en este sexenio, de más del 200% en los precios de los alimentos, sea cada vez más grave.

Las estrategias financieras y de control de inflación de las instancias de medición, ¿de qué manera contribuirían, en este segundo semestre, a evitar que 6 de cada 10 mexicanos sigan viviendo debajo de la línea de pobreza?

Si no hay respuestas y no hay soluciones, la difusión de los logros del gobierno federal parecerán, una vez más, espejitos para los mexicanos, a cambio de pobreza y marginación.

Por todo lo anterior, le pido a todos ustedes respetuosamente, considerar la aprobación de este exhorto a la Secretaría de Economía, por el objetivo claro que persigue.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ECONOMIA A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PREVISORAS DE CONTROL INFLACIONARIO QUE SE PREVEN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva

de la CAmara de Senadores

H. Congreso de la UniOn

Presente.

Los que suscriben, SenadoraLorena Cuellar CisnerosySenadoresRabindranath SalazarsolorioyJosE Franciso Yunes Zorillacon fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral uno inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II,276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Soberanía, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Economía del Gobierno Federal, Bruno Ferrari García de Alba a que informe a esta soberanía sobre las acciones y medidas previsoras de control inflacionario que se preveén para el segundo semestre del año.

CONSIDERACIONES

La inflación constituye un desequilibrio en los mercados caracterizado por el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios, fenómeno que daña el poder adquisitivo de la moneda nacional y reduce la calidad de vida de la población.

La inflación de México se ha acelerado a máximos no vistos desde marzo del 2010 y se está acercando al 5 por ciento, casi 70 por ciento adicional al objetivo del Banco de México para este año que es de 3 por ciento. En gran medida esto se ha debido al incremento en el costo de los productos agropecuarios muchos de ellos parte de la dieta básica de las familias mexicanas.

En la primera quincena de septiembre los precios de los productos agropecuarios en México registraron su mayor alza en 13 años. Asimismo, el anterior organismo informó que la inflación general anual se elevó a 4.73%, la cifra más alta en casi 2 años y medio.

Los precios de los productos agropecuarios se incrementaron 14.98 por ciento en el mismo periodo, con lo que presentaron su mayor ascenso desde mayo de 1999. Mientras en los productos pecuarios la inflación anual se disparó a 16.82 por ciento, en las frutas y verduras llegó a 12.07 por ciento. Según los datos del INEGI, el precio del huevo aumentó 38.1 por ciento entre la primera quincena de septiembre de 2011 e igual periodo de 2012. El precio de la tortilla de maíz subió 10.75 por ciento, el del pan blanco 11.36 por ciento, el de la carne de res 16.10 por ciento y el del pollo 12.42 por ciento, adicionalmente, aunque el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró el día jueves 28 del presente mes que el huevo se vendía a un promedio de 26 pesos el kilo, investigaciones de los medios de información señalaron que en algunos de los principales centros de distribución su precio oscilaba de los 34.50 pesos a los 46 pesos por kilo.1

El aumento en los precios de los productos de la canasta básica, trae en consecuencia la afectación directa de las familias de escasos recursos dado que la mayor parte de sus ingresos, es decir hasta un 60 por ciento de sus percepciones, los destinan al consumo alimentario y, por lo tanto, de continuar con el ritmo ascendente de la inflación en nuestro país, podría propiciar un mayor nivel de pobreza.

El poder adquisitivo está determinado por la cantidad de bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero, así tenemos que, cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con determinada suma de dinero, mayor será el poder adquisitivo, sin embargo en la actualidad podemos observar que la moneda se ha visto seriamente afectada en cuanto a su poder adquisitivo, ya que el salario mínimo aumento en este año la cantidad de 2 pesos con 51 centavos, mientras que productos de la canasta básica como el huevo que de 18 pesos subió hasta 40 pesos, cuyo precio aun y cuando se refiere ha disminuido, todavía no se ha estabilizado, alimentos como la carne, el pan, el pollo, sin mencionar los energéticos como el gas LP y la gasolina incrementa mes con mes, afectando el poder adquisitivo de la moneda y con ello la calidad de vida de los mexicanos.

El fenómeno inflacionario ha sido uno de los grandes males del país en los últimos años. Según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México,65.5 por ciento de los trabajadores reciben menos de 3 salarios mínimos; y 81.1 por ciento vive con 5 salarios mínimos o menos.2 Asimismo, expertos del Colegio de México señalan que el poder adquisitivo del salario se ha erosionado, en la actualidad un trabajador mexicano tendría que ganar3 salarios mínimos para alcanzar el poder de compra de un salario mínimo de hace 40 años.3 Si cruzamos esta información, tenemos que el 65 por ciento de los trabajadores recibe el equivalente de lo que representaba un salario mínimo hace 40 años, es decir, solo cuenta con ingresos para vivir con lo elemental. Este ha sido el costo de la inflación por no haberse atendido con seriedad.

En ese sentido, el Gobierno Federal debe aplicar las políticas económicas y acciones tendientes a disminuir los precios de los productos básicos ya que existe un menoscabo económico en las familias mexicanas y que cada vez se acrescenta generando inestabilidad económica.

El pasado 25 de julio el entonces senador Tomás Torres Mercado propuso instrumentar nuevas medidas para controlar el proceso inflacionario, que se ha disparado por la presencia de la gripe aviar en algunos estados y que afecta el poder de compra de los mexicanos, Refirió que “las cifras inflacionarias de los últimos 19 meses, ubican a México como una de las cuatro naciones con la inflación más alta entre los 34 países que integran la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La inflación afecta negativamente el desarrollo económico, ya que altera el adecuado funcionamiento de los mercados, lo que a su vez interfiere en la asignación eficiente de los recursos. Por lo tanto es oportuno conocer sus determinantes de largo y corto plazo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Secretario de Economía del Gobierno Federal, Bruno Ferrari García de Alba a que informe a esta soberanía sobre las medidas de control inflacionario que se preveén para el segundo semestre del año, así como las metas esperadas en el corto plazo y al cierre de año.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 04 de octubre del 2012.

Suscriben

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Como lo ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.





 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el estado de las recomendaciones derivadas de la auditoría de desempeño al programa de vivienda “Esta es tu Casa”, el cual se turna a la Comisión de Vivienda.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 10-1-00DB-07-1021, AL PROGRAMA DE VIVIENDA “ESTA ES TU CASA”.

“La suscrita, ANGELICA ARAUJO LARA, Senadora integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ejercicio de la facultad establecida en el artículo 69 constitucional y que mandata al Congreso realizar el análisis del informe de gobierno, resulta importante toda vez que nos permite no solo evaluar las políticas públicas, si no con base en esa evaluación darnos cuenta qué políticas deben seguirse implementando, dónde hay que reforzar y dónde corregir.

Al analizar el VI Informe de Gobierno, en el renglón de Política Social, podemos concluir que está por llegar a término una administración pública que hizo las cosas a medias y cuyas acciones de Desarrollo Humano Sustentable no dieron los resultados esperados.

Si miramos las cifras, no resultan alentadoras; datos del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) reflejan que en el periodo que va del 2008 a 2010, la población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48 a 52 millones de mexicanos viviendo en pobreza. En ese mismo periodo no hubo mejora alguna en el número de personas que viven en pobreza extrema, ya que este se mantuvo en 11.7 millones.

Lo anterior refleja que las condiciones de vida de los mexicanos han ido a la baja, que esas acciones que la Secretaría de Desarrollo Social implementa para materializar el Desarrollo Humano Sustentable como principio rector del Gobierno Federal no están dando los resultados esperados.

Tan solo en el sector vivienda existen 18 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios básicos y al evaluar los programas sociales, encontramos programas como “Está es tu Casa”, donde las cifras reportadas no coinciden, los subsidios no llegan a quienes más lo necesitan y los funcionarios encargados de las reglas de operación del programa no sesionan con la regularidad que exige la ley.

Esto cobra importancia si consideramos que tener una vivienda es una condición necesaria para la supervivencia y para lograr una vida segura, autónoma e independiente. Es una premisa esencial para poder realizar otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales son impracticables cuando no existen las condiciones mínimas de habitabilidad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea como objetivos la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo del sector vivienda. Específicamente, “ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos, así como emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos, a través de elevar la certidumbre sobre la propiedad, ampliar las opciones de financiamiento, aumentar la disponibilidad de suelo apto para la construcción de vivienda y reaprovechar la infraestructura urbana".

De acuerdo al CONEVAL, en el periodo 2006-2012 se requería construir 4.4 millones de viviendas nuevas y mejorar más de 2.9 millones. No obstante lo anterior, el programa “Esta es tu Casa” reporta de 2007 a 2012 tan solo 1 millón 40 mil apoyos los cuales no corresponden en su totalidad a vivienda nueva y el programa “Vivienda Rural” reportó en el mismo periodo tan sólo 9 mil 300 subsidios para vivienda nueva. Estadísticas preliminares del Consejo señalan que en 2010 se construyeron 370 mil 424 casas habitación. Sin embargo, el informe sobre vivienda 2010, apunta que la demanda anual es de 750 mil viviendas en promedio.

Para el caso de mejoramiento de vivienda las cifras tampoco son las esperadas, y no lo serán si los programas no benefician a los sectores más desprotegidos, y solo ocasionan que tengan que recurrir a la autoconstrucción de sus casas en terrenos irregulares, alejados y en zonas de riesgo toda vez que sus ingresos no les permiten acceder a un crédito.

El programa “Esta es tu casa”, se propone atender a la población de bajos ingresos, que gana menos de 5 salarios mínimos; tanto a aquélla que es derechohabiente de los Fondos de la Vivienda como a la no afiliada, pero el informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2010-2011 del CONEVALpuso en evidencia que este programa presenta disparidades en el acceso al crédito entre estos dos tipos de población. Se registró que la población no afiliada constituía el 80% de su población potencial, pero recibía apenas el 22% de los recursos. Las diferencias también se registraron en el tipo de apoyo, pues las personas no afiliadas solicitaron más créditos de menores montos para el mejoramiento de vivienda.

Según el Documento "Diagnóstico que propicia la creación del Programa Ésta es tu casa", esta inequidad se da como consecuencia de que una persona no afiliada requiere un salario bastante mayor para ser elegible para un crédito de adquisición de vivienda, en comparación con lo requerido a una persona derechohabiente. Estos datos nos llevan a concluir que, el programa ha proporcionado más atención a la población derechohabiente de menores ingresos, pero tiene limitaciones para hacer lo mismo con aquélla no afiliada.

Dado lo anterior, es por demás preocupante el uso y falta de transparencia en los programas sociales. En su mensaje al entregar el INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS el 15 de Febrero de 2012, el Auditor Superior de la Federación Juan M. Portal menciono que en los programas de vivienda, en donde participan diversasinstituciones públicas, se autorizaron inversiones en capitales y bonos de dudosacalidad, por lo que era recomendable la revisión de la legislación, a fin de evitar la especulación con recursos públicos.

No es de extrañar estas aseveraciones cuando en la Auditoría de Desempeño10‐1‐00HDB‐07‐1021, se documentaron diversas irregularidades:

- Que la CONAVI no cumplió con las disposiciones normativas para coordinar, promover e instrumentar la Política de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, toda vez que el Consejo Nacional de Vivienda, en su carácter de instancia de consulta y de asesoría del Ejecutivo Federal, no sesionó en el ejercicio fiscal de 2010 y no se generaron los programas de trabajo de los comités que coadyuvan con el consejo.

- Que en la operación del Programa “Ésta es tu Casa”, la CONAVI no cumplió con las operaciones en el otorgamiento de los subsidios, donde destaca que las disposiciones legales y normativas no establecen la diferencia entre la población potencial y la objetivo y que no se ha incrementado la cobertura del programa en el ámbito nacional por el periodo de 2007‐2010.

- Que conforme a la población potencial y objetivo, el subsidio se redistribuye entre las entidades federativas que lo solicitan y no entre las que mayor carencia presentan y no se reportan periódicamente a la Secretaría de Desarrollo Social las bajas de los beneficiarios por la cancelación de los subsidios, y en consecuencia, el padrón de beneficiarios no es fiable.

- Que la CONAVI utiliza los “Lineamientos para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda”, emitidos en agosto de 2001 por el Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda y al comparar los lineamientos con la Ley de Vivienda, se observó que no se encuentran alineados, ya que en los lineamientos se establece como obligación del Consejo Nacional de Vivienda reunirse cuando menos cuatro veces al año, mientras que la ley mandata que las sesiones del consejo se realicen de manera ordinaria cuando menos una vez por semestre, y extraordinaria, cuando así se requiera.

- Que al analizar los distintos informes emitidos por la CONAVI, como es el caso de los reportes entregados a la ASF con los oficios núms. HDB.3/0195/2011 y HDB.3/0539/2011 del 6 de mayo y 26 de octubre de 2011, respectivamente; el Cuarto Informe Trimestral 2010 entregado a la Cámara de Diputados; el Sistema Nacional de Información e Indicadores para Vivienda, la base de datos de beneficiarios de la CONAVI y el padrón de beneficiarios de la SEDESOL, se constató que cada uno de ellos presenta cifras diferentes, tanto en el presupuesto ejercido como en el número de personas beneficiadas por el programa “Ésta es tu Casa”. Respecto a este punto la CONAVI concilió y aclaró las diferencias señaladas entre los distintos reportes de rendición de cuentas, y argumentó que dichas diferencias se deben a distintas fechas con que se emiten los reportes; sin embargó la ASF consideró que las cifras no son consistentes ni reflejan transparencia, al presentar diversos reportes y fechas de corte.

Lo anterior se encuentra plasmado en el dictamen negativo emitido por la Auditoria Superior de la Federación en la auditoria de desempeño al programa “Esta es tu casa”, de la cual derivaron 20 observaciones, de las cuales 8 fueron solventadas y las 14 restantes generaron 14 recomendaciones al desempeño.

Debe preocuparnos que a un programa tan irregular y con falta de transparencia, que fue objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoria Superior de la Federación se le asignen cada vez mayores recursos, que bien podrían ser utilizados en políticas de vivienda efectivas.

Por las anteriores consideraciones, me permito proponer ante esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: El Senado de la República solicita a la Auditoria Superior de la Federación, informe a esta Soberanía sobre el estado de las recomendaciones derivadas de la auditoria de desempeño 10-1-00DB-07-1021, al programa de vivienda “Esta es tu casa”, con base en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F., a 4 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Angélica Araujo Lara”.





 

Se le concede la palabra al Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa a expedir la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias. Con su anuencia, señor Presidente. Respetables Senadoras y Senadores:

La presente proposición con punto de Acuerdo, me honra que haya aceptado también suscribirla el Senador Roberto Gil Zuarth.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa a expedir la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales para dar cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en materia del sistema procesal penal acusatorio. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:

Que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Que a partir de esta misma reforma, el artículo 21 constitucional establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Que en el Artículo Quinto Transitorio se establece que el nuevo sistema de reinserción, previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto, es decir, como máximo el 17 de junio de 2011.

Que existe un desgobierno en las prisiones nacionales, como así lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en una escala del 1 al 10, la calificación nacional es de 6.41, siendo los focos de mayor problemática la normatividad que rige los centros penitenciarios y la insuficiencia del personal de seguridad y custodia, con calificaciones de 3.91 y 3.36 respectivamente.

Que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a la fecha, en el país se documentaron al menos 14 fugas en las que se evadieron 521 internos; hubo 75 riñas y dos motines con un saldo 352 muertos y 32 heridos y en donde la última de las fugas masivas se ocasionó en uno de los estados que aún no actualiza su normativa en materia penitenciaria como lo exige la Constitución General de la República.

Por todo lo anterior, someto a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta a las legislaturas de los estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa, para que den cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para adecuar su legislación al sistema procesal penal acusatorio, y que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de los internos y lograr el orden y gobierno de las prisiones mexicanas.

SEGUNDO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establezca como uno de los primeros puntos de la agenda del presente periodo ordinario de sesiones, la minuta que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pendiente de dictamen en esta Soberanía.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE COAHUILA, JALISCO Y SINALOA A EXPEDIR LA LEY DE EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES Y SANCIONES PENALES PARA QUE ESTEN ACORDES CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL PENAL DE 2008.

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva

del Senado de la República.

Presente.

El suscrito, Senador Cesar Octavio Pedroza GaitAn, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los Estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa a expedir dar cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en materia del sistema procesal penal acusatorio. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

2. Que a partir de esta misma reforma, el artículo 21 constitucional establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

3. Que en el Artículo Quinto Transitorio se establece que el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto, es decir como máximo, el 17 de junio de 2011.

4. Que existe un desgobierno en las prisiones nacionales, como así lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde en una escala de 10, la calificación nacional es de 6.41, siendo los focos de mayor problemática la normatividad que rige los centros penitenciarios, y la suficiencia del personal de seguridad y custodia, con calificaciones de 3.91 y 3.36 respectivamente.

5. Que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a la fecha en el País se documentaron al menos 14 fugas en las que se evadieron 521 internos; hubo 75 riñas y dos motines con un saldo 352 muertos y 32 heridos y en donde la última de las fugas masivas se ocasiono en unos de los estados que aún no actualiza su normativa en materia penitenciaria como lo exige la Constitución General de la República.

Por todo lo anterior, someto a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta a las Legislaturas de los Estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa, para que den cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 para adecuar su legislación al sistema procesal penal acusatorio, y que tiene como objetivo la protección de los Derechos Humanos de los internos y lograr el orden y gobierno de las prisiones mexicanas.

SEGUNDO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establezca como uno de los primeros puntos de la agenda del presente periodo ordinario de sesiones, la minuta que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pendiente de dictamen en esta Soberanía.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Octavio Pedroza Gaitán. Túrnese a la Comisión de Justicia.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador José María?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Para que por su conducto le preguntara al Senador si me permite adherirme a la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Octavio Pedroza, ¿acepta usted el que se adhieran otros compañeros Senadores? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes están manifestando adherirse a este punto de Acuerdo.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República acuerda realizar las jornadas de diálogo nacional para la discusión de la reforma laboral.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quisiera destacar la experiencia que tuvo el martes pasado este Senado de la República, donde a propuesta del grupo parlamentario del PRD, de nuestro Coordinador Miguel Barbosa, se pudo recibir a una comisión de líderes de los trabajadores. Reconocer que hubo una buena disposición por parte de la Mesa Directiva de este Senado y de las comisiones dictaminadoras, de la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.

Se dice mucho, que la reforma laboral ya ha sido muy discutida, que en los últimos quince años hay por lo menos, o casi, 500 iniciativas, que ya no es necesario debatir sobre el tema. El año pasado la Cámara de Diputados convocó muy exitosamente a audiencias públicas sobre la reforma laboral en estados como Nayarit, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, el Distrito Federal, más de 13 audiencias que realizó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, audiencias que fueron muy productivas.

Pero en estos años no habíamos tenido la coyuntura que tenemos hoy, que sabemos que en los próximos días tenemos que votar una reforma laboral y es un tema trascendente para nuestro país. De esta reforma depende el bienestar de millones de mexicanos, de varias generaciones, y va a determinar en buena parte el rumbo económico de nuestro país.

Y hay una coincidencia a nivel nacional prácticamente de todos los actores, de la necesidad de una reforma laboral. El balance que tenemos ahora de la minuta recibida por la Cámara de Diputados es polémico. En los medios de comunicación vemos balances positivos y negativos prácticamente de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial. Por supuesto, el descontento de la clase trabajadora. Incluso posiciones encontradas de organismos internacionales.

Decía en días pasados Alicia Bárcenas, la Secretaria de la CEPAL, que: “Ojalá el aumento de competitividad que busca nuestro país, y cito textual, no se haga en detrimento de la dignidad de los trabajadores".

“México tiene un desafío, dice, resolver la reforma laboral, pero ojalá sin precarización del empleo”. Creo que al final qué es lo que se está buscando, que el empleo no sea precario, que sea formal.

Esta reforma también, asegura la CEPAL, no va a generar nuevos empleos.

La OCDE, por su parte, defiende el proyecto de reforma a través de su secretario general.

Tenemos, a todas luces, un problema serio en nuestro país con el nivel salarial, que esta reforma tiene que ser analizada siempre bajo la realidad de los salarios que tenemos en nuestro país.

El tercero más bajo de América Latina y de los más bajos dentro de los países de la OCDE. Y además si revisamos el poder adquisitivo de estos salarios, vemos que cuando menos en esta administración, si lo comparamos contra la canasta básica, ha caído en un 40 por ciento.

En este año, por ejemplo, la canasta básica ha crecido 16 por ciento, 4 veces más de la inflación que vamos a tener.

Por eso, ante la importancia de esta iniciativa, creemos que la iniciativa preferente no debe ser excluyente, sino que abramos un gran diálogo nacional, un diálogo efectivo, directo, que no sea una práctica dilatoria, que le pongamos plazo del 10 al 20 de octubre, que todos los Senadores y Senadoras provoquemos foros para invitar a todos los actores involucrados en nuestras entidades federativas, aquí en el Senado de la República, para que nos alleguemos de los mayores elementos de información y de las mejores opiniones, de los mejores expertos en este país, y que construyamos la mejor iniciativa posible, que tengamos una discusión abierta, transparente, institucional. Vale la pena por lo que está en juego.

Los tiempos de las leyes deben ser tiempos de diálogo y apertura del Poder Legislativo.

Por eso celebro lo que ocurrió el martes pasado, que a diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, aquí ya pudo haber un diálogo efectivo con los líderes de los trabajadores.

El tiempo límite que señala la iniciativa preferente no puede ser un pretexto para que ya no escuchemos a nadie. Nos compromete al doble o el triple a trabajar muchas más horas para que efectivamente podamos escuchar a todos los actores involucrados. Repito, una iniciativa preferente no quiere decir una iniciativa excluyente.

Está nada más y nada menos en juego el derecho y el bienestar de las generaciones actuales y futuras para nuestro país y de su desarrollo económico.

Sabemos también que para que nuestro país crezca, hace falta hacer muchas cosas más, necesitamos cambiar el modelo económico, por supuesto, que no ha generado empleos en los últimos 30 años; tenemos que aumentar la competencia de sectores claves, reformar el sistema educativo, aumentar los ingresos fiscales, en fin, fortalecer los derechos sociales.

Por eso los Senadores del PRD, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Píter, Raúl Morón Orozco, Zoé Robledo Aburto y Rabindranath Salazar Solorio, pedimos el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República convoca a todas las organizaciones de trabajadores, empresariales, especialistas en la materia, grupos interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas y demás actores relevantes, a participar en Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboral, que se llevarán a cabo del 10 al 20 de octubre de 2012.

Segundo. El Senado de la República, a través de sus comisiones dictaminadoras, organizará Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboral, cuyo objetivo es establecer un diálogo eficiente, plural y constructivo con los actores relevantes que quieran ser escuchados y que tengan algo que decir sobre la reforma, considerando que su discusión actual es de la mayor relevancia para la función legislativa, además de que es un tema de trascendencia nacional.

Tercero. El Senado de la Repúblicaacuerda que en la realización de Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboral, se incluya la celebración de foros regionales en las entidades federativas, en las que las Senadoras y los Senadores de la República participen como promotores del diálogo con los actores relevantes involucrados, tanto en los estados de la República como en el Distrito Federal.

Cuarto. El Senado de la República acuerda que las conclusiones alcanzadas en Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboral, sean elementos de información que sirvan a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, para dictaminar la iniciativa preferente de la reforma laboral.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA ACUERDA REALIZAR LAS JORNADAS DE DIALOGO NACIONAL PARA LA DISCUSION DE LA REFORMA LABORAL.

“Quienes suscriben, Senadoras y Senadores, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República acuerda realizar las jornadas de diálogo nacional para la discusión de la reforma laboral, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Esta Soberanía recibió de la Cámara de Diputados el oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo el pasado martes 2 de octubre.

En uso de la facultad de presentación de iniciativas preferentes, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al inicio de esta LXII Legislatura, ante la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 71, tercer párrafo, de la Constitución Política establece esa facultad preferente, que fue incorporada al sistema constitucional mexicano como parte de la última reforma política de mediados de 2012. El texto a la letra establece:

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

La minuta correspondiente, aprobada por la Cámara de Diputados, fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

La Ley Federal del Trabajo data de 1970 y fue producto de condiciones históricas que ya no corresponden a la situación del México actual. Hoy, los compromisos que planteaba resolver la ley de 1970 siguen pendientes. Contar con más y mejor trabajo en el país son asignaturas de los tiempos presentes.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha realizado un buen esfuerzo para abrir en años pasados el diálogo sobre la reforma laboral.Cabe recordar que durante los dos últimos años se celebraron diversos foros sobre la citada reforma.

En diciembre de 2010 tuvo verificativo el Foro La reforma laboral que necesitamos en México, en la cual se diagnosticaba el rumbo que habría que tomar y la posibilidad de que se encontraran coincidencias de las tres principales fuerzas políticas del país. Desafortunadamente, en ese momento no estuvieron listas todas las propuestas en la Cámara de Diputados que permitieran ampliar los alcances planteados hasta ese momento.

Durante abril y mayo de 2011, en la misma Cámara de Diputados, se llevaron a cabo Las Audiencias Públicas sobre Reforma Laboral, como parte de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En la Comisión se acordó la creación de una Subcomisión del Trabajo que recorrería las 32 entidades federativas para acopiar comentarios o sugerencias sobre el tema.

Las Audiencias públicas dieron inicio el 13 de abril y concluyeron el 23 de mayo de 2011. Fueron en total 13 audiencias, en las que participaron 116 ponentes. Destacaron por su participación trabajadoras domésticas, organizaciones obreras, organizaciones patronales, organismos internacionales, expertos en equidad y género, despachos laboralistas patronales, expertos en derechos humanos, asociaciones civiles, académicos, abogados laboristas obreros,asociaciones de recursos humanos, colegios y barras de abogados.

Como parte de esos trabajos, también se celebraron foros regionales en Colima, Nayarit, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, en los que se discutieron algunos de sus tópicos.

Hoy, la discusión de la reforma laboral se presenta al Senado de la República como una oportunidad histórica para avanzar en los temas prioritarios de la agenda nacional. A pesar de que hay posiciones encontradas, ciertamente polémicas, tanto patrones como trabajadores solicitan que en esa discusión se incluyan aspectos que no han sido aun considerados.

A la fecha los organismos nacionales e internacionales tampoco han ofrecido datos o un balance claro sobre los alcances de la reforma para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a la vez que se incrementa la competitividad que el país requiere en el concierto internacional.

Como espacio de representación nacional hay una oportunidad para que el Senado lleve a cabo un diálogo nacional efectivo, decidido, inclusivo. Hoy está a discusión la definición de la forma de vida de los mexicanos de las generaciones futuras y el rumbo económico del país.

Por eso hoy, proponemos que con el mismo carácter preferente, se convoque y se abra el diálogo nacional para que el Senado de la República cuente por sí mismo con todos los elementos de información, opiniones, voces y conclusiones de los involucrados en la discusión y análisis de la reforma laboral que el país necesita.

El Senado de la República tiene ante sí una oportunidad para un tema de relevancia nacional. Estamos no sólo ante un evento legislativo, sino ante un acontecimiento histórico. Abrir la promoción del diálogo en todo el país. La iniciativa preferente no debe ser tratada de manera excluyente.

En el nuevo contexto de la reforma política de 2012, donde se incluyeron las candidaturas independientes, elderecho de iniciativa de leyes (iniciativa ciudadana) y la consulta popular, es importante que se abra el diálogo y se escuchen las voces de los que tienen algo que decir sobre la reforma laboral.

Debemos estar atentos a los datos actualmente disponibles. El ingreso que recibe un trabajador mexicanosigue estando en el punto más bajo de la escala de pagos. Si se compara al país entre otras naciones de América Latina, el ingreso mexicano es superior al de Nicaragua, que es de mil 308 dólares; el de Bolivia, de 960 dólares, o El Salvador, de 936 dólares. Sin embargo, el salario mínimo en casi todos los otros países latinoamericanos es más alto. El de Argentina, por ejemplo, es de 4 mil 824 dólares; en Brasil es de 3 mil dólares; el de Perú, con 2 mil 4 dólares, o Venezuela, con 3 mil 504 dólares anuales. De igual manera, el salario en México está por debajo del registrado en las naciones emergentes más importantes.

El Banco Mundial señala que contar con salarios mínimos puede tener ventajas para los trabajadores, en el sentido que pueden generar certidumbre para eliminar las formas más precarias de empleo y evitar distorsiones en el mercado laboral, pero también pueden causar una pauperización entre la población más vulnerable.

Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica los beneficios de la reforma laboral en México y ha sostenido que lo más importante para mejorar la productividad de un país, es la asociación hacia mejores formas del trabajo, con mayor seguridad, así como a sectores más productivos ligados al conocimiento y la tecnología y no necesariamente a pagar menos o a sacrificar el medioambiente. También considera la CEPAL interesante que haya una discusión abierta, transparente e institucional, sobre todo de una Ley Federal del Trabajo que data de 1970, sabiendo que hay profundos cambios que se han dado en el mundo del trabajo.

El Senado de la República tiene la oportunidad de abrir un diálogo de alcance nacional sobre la reforma laboral y escuchar formalmente las opiniones de todos los que tienen alguna representación sea pública, privada, social, académica, sindical, patronal, profesional, u organizada en general.

Los tiempos de las leyes deben ser tiempos de diálogo y de apertura. Es la forma prudente de su construcción. Además de que la Ley deber ser -por su contenido- justa, deber ser -por su forma de creación- el resultado de las mejores ideas de todos los involucrados.

La ética del legislador es la ética de la comunicación y del diálogo. También de la construcción pública de los asuntos de relevancia nacional.

El tiempo que tiene el Senado de la República, a través de sus Comisiones, para dictaminar la reforma, no debe convertirse en limitante para discutir amplia, razonada y prudencialmente la reforma laboral. Está en juego el derecho de las generaciones futuras y el desarrollo económico del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, debido a las solicitudes de distintos sectores de la sociedad para ser escuchados en torno a la iniciativa de reforma laboral que la Cámara de Senadores analiza y discute como Cámara Revisora, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución,la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República convoca a todas y a todos los actores relevantes, organizaciones de trabajadores, empresariales, especialistas en la materia, grupos interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas, y demás actores relevantes, a participar en Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboralque se llevarán a cabo del 10 al 20 de octubre de 2012.

SEGUNDO. El Senado de la República, a través de sus comisiones dictaminadoras, organizará Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboralcuyo objetivo es establecer un diálogo eficiente, plural y constructivo con los actores relevantes que quieran ser escuchados y que tengan algo que decir sobre la reforma, considerando que su discusión actual es de la mayor relevancia para la función legislativa, además de que es un tema de trascendencia nacional.

TERCERO. El Senado de la Repúblicaacuerda que en la realización de Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboralse incluya la celebración de foros regionales en las entidades federativas, en las que las Senadoras y los Senadores de la República participen como promotores del diálogo con los actores relevantes involucrados, tanto en los Estados de la República como en el Distrito Federal.

CUARTO. El Senado de la República acuerda que las conclusiones alcanzadas en Las Jornadas de Diálogo Nacional Para la Discusión de la Reforma Laboralsean elementos de información que sirvan a las Comisiones Unidades de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera para dictaminar la iniciativa preferente de la reforma laboral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, PRD.- Sen. Dolores Padierna Luna, PRD.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, PRD.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, PRD.- Sen. Armando Ríos Piter, PRD.- Sen. Mario Delgado Carrillo, PRD”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.





 

Se recibió de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de salud a impulsar mayores acciones de información sobre la prevención del cáncer de seno, la cual se turnará a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD DE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO A IMPULSAR MAYORES ACCIONES DE INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DEL CANCER DE SENO Y LA ATENCION MEDICA DE ESTA ENFERMEDAD.

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Todos los seres humanos al nacer, adquirimos una serie de derechos y obligaciones que se van asumiendo conforme crecemos y nos adaptamos a diversos roles dentro de una sociedad. Contar con la debida asistencia médica para disfrutar de salud y bienestar es un derecho de todos y a la vez uno de los mayores retos para asegurar mejores condiciones de desarrollo y prosperidad en una sociedad.

Cada mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Seno. Se trata de un tumor maligno que afecta principalmente a las mujeres entre 15 y 64 años de edad. A nivel mundial, aproximadamente el 1.6% de las mujeres fallecen por causa de esta enfermedad. Representa una de las cincoprincipales causas de muerte1 en mujeres mexicanas.

Una de las razones principales por las que el cáncer de mama provoca un número elevado de muertes en las mujeres, es que pese a los esfuerzos que se han venido impulsando en materia de prevención de la salud, en muchos casos esta enfermedad se detecta en un alto grado de avance (3 ó4) lo que hace compleja, y lamentablemente en ocasionesimposible su curación.

La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad,pueden prevenirse y solucionarse con el acceso a la información oportuna. Este caso, no es la excepción. Existe un sinnúmero de esfuerzos que se realizan desde el sector público, privado y social a fin de crear conciencia y brindar la información básica y necesaria para que la población, tanto hombres como mujeres, le den la importancia que merece a este mal que puede evitarse.

Desde la esfera gubernamental, se han realizado diversas acciones y esfuerzos tendientes a la integración de las comunidades en la asesoría y promoción de la salud, con énfasis en diversos programas, entre los que destacan: el dengue, la mortalidad materno-infantil, diabetes, obesidad, adicciones, VIH-Sida, así como el cáncer de mama y cérvico-uterino. Entre otras acciones, además se crearon unidades de especialidades médicas que funcionan de manera ambulatoria para la detección del cáncer de mama2.

El esfuerzo de cada entidad federativa del país es, como en el caso del Estado de Coahuila de Zaragoza, una constante en el trabajo por disminuir las cifras de muertes a raíz de esta enfermedad y de lograr una detección a tiempo, así como impulsar día con día, mayor interés en el cuidado de la salud por parte de las personas, a fin de que adopten las medidas básicas de atención y revisión, y de estar más y mejor informadas sobre las acciones de prevención de enfermedades, tanto del cáncer de seno, como de las demás que pueden prevenirse o atenderse a tiempo.

Hoy en día, existen múltiples y constantes esfuerzos en el campo de la investigación médica y científica, a fin de detectar con mayor antelación la posibilidad que tiene una mujer de sufrir esta enfermedad. Según estudios realizados en Londres, Inglaterra3, existe la posibilidad de que el cáncer de seno pueda ser detectado mediante análisis de sangre, que pudiera servir como estudio paralelo o simultáneo a la mamografía.4

Sin embargo, las acciones que emprendan los gobiernos en esta importante tarea, requerirán de recursos bastos y suficientes para continuar con el trabajo de llevar la información y atención médica debida a cada rincón de nuestro país. En ese sentido, es importante garantizar que la Secretaría de Salud Federal, así como las dependencias análogas en las entidades federativas, cuenten con los recursos necesarios para realizar las acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno o mama, así como las relativas a la atención médica de las personas que sean detectadas con esta enfermedad.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades Federativas, a fin de que realicen las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno o mama, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a informar la situación que guardan los mecanismos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Quisiera también abordar el siguiente punto en donde pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública pueda también darnos información a esta Soberanía sobre el Banco Nacional de Datos sobre los casos de Violencia contra Mujeres y Niñas, inscritos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

México, como Estado Parte en la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta Convención, que es la Convención de Belém do Pará, es vigente en nuestro país desde enero de 1999.

Desde 1997, en todo el país se han estado impulsando diversas iniciativas para sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las leyes que se inscribieron contra la violencia intrafamiliar, no estaban inscritas en la armonización de la Convención de Belém do Pará, que define con puntualidad que la violencia de género se vive, se padece en el ámbito público y en el ámbito privado.

En la LIX Legislatura, se aprueba por el Congreso de la Unión la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre otras cualidades armonizan la Convención de Belém do Pará.

En ella se establece un sistema nacional para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, y se establecen en el marco del sistema, además del programa nacional, también la constitución de diversos mecanismos que coadyuven al Estado mexicano a realmente trabajar por la prevención, no solamente la atención, y buscar una correcta sanción y sobre todo buscar el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres en función de estos convenios internacionales.

De estos mecanismos, el que le corresponde a la Secretaría de Gobernación que preside el sistema, se encuentra el diagnóstico nacional sobre la violencia contra mujeres y niñas que tiene que estar implementando el gobierno federal año con año.

Desde el 2008, la Cámara de Diputados en su Presupuesto de Egresos determinó presupuestos específicos para que pudiera lograrse este diagnóstico nacional, hasta la fecha no conocemos ningún diagnóstico, por eso estamos solicitando al gobierno que sabe, que nos dé una información, qué pasa con ese mecanismo, y también qué es lo que ha impedido que se declare la alerta de violencia de género, hay casos muy concretos que se han solicitado, y los ha desechado, es el caso de Oaxaca, es el caso del Estado de México y el último del estado de Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública también participa en este sistema y en la ley a la que he hecho referencia se le ha destacado que realice un banco de datos, un Banco Nacional de Datos sobre la violencia, sobre los casos de violencia contra mujeres y niñas.

Como se puede observar, ambos mecanismos, tanto el Banco Nacional de Datos como el diagnóstico nacional, están inscritos justamente para conocer en el país de manera formal, de manera oficial, de qué magnitud y cuáles son las características de la violencia de género. No estemos inventando y a veces etiquetando en función del voluntarismo, sino saber con precisión, dónde, cuáles son las características y qué es lo que hay qué hacer para que esta ley realmente pueda tener vigor pleno, es decir, pueda ser eficiente y contribuya en la armonización de los convenios que México ha firmado, pero sobre todo al cumplimiento de la ley, que ya es vigente en todo el país.

De tal forma que estos dos puntos de Acuerdo que presento a esta Soberanía, van inscritos en pedirle tanto a la Secretaría de Gobernación, que preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, qué es lo que pasa porque no conocemos estos mecanismos, tanto la declaratoria de alerta de violencia de género como el diagnóstico nacional a que he hecho referencia. Y a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos informe qué es lo que ha acontecido en el caso del Banco Nacional de Datos.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A INFORMAR LA SITUACION QUE GUARDAN LOS MECANISMOS QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SU CUMPLIMIENTO.

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

La suscrita,ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INFORMEN PUNTUALMENTE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS MECANISMOS QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SU CUMPLIMIENTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal como explica la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, surge de una terrible situación: la inadmisible y grave prevalencia de diversas formas de violencia contra las mujeres en México incompatibles con la vigencia de sus derechos humanos y la convivencia democrática. Reconocimiento de la insuficiencia de los medios y recursos institucionales y jurídicos para enfrentarla y abatirla y para enfrentar sus secuelas.1

Esta Ley se inscribe en un conjunto de transformaciones jurídicas construidas en las últimas dos décadas en nuestro país, buscando consolidar acciones de políticas públicas —coordinadas entre los tres niveles de gobierno— para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Así como, garantizar a todas las mujeres, en condiciones de igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia.

Para lograr su objetivo, establece una serie de mecanismos jurídicos y de política pública tendientes a crear las condiciones necesarias para que el Estado deje de ser parte del problema y se transforme en promotor y protagonista de la solución de la problemática de la violencia de género contra las mujeres2.

A fin de garantizar la adecuada aplicación de la Ley de Acceso, el artículo 35, establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, creando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional). Este Sistema busca conjuntar los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Sistema se encuentra presidido por la Secretaría de Gobierno, en representación del Ejecutivo Federal; y, el Instituto Nacional de las Mujeres que funge como Secretaría Técnica. Y tiene entre sus atribuciones la de resolver en definitiva si procede o no iniciar la investigación solicitada para la procedencia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género3; otro de los mecanismos consagrados en la Ley General.

Hasta la fecha,en cuatro ocasiones se le ha solicitado al Sistema Nacional resuelva la procedencia de iniciar una investigación para la Declaratoria de la Alerta para los estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, en todas las ocasiones el Sistema ha resuelto en sentido negativo la procedencia de la investigación. Todas las resoluciones del Sistema por las que ha negado las alertas NO son información pública; debido a esto, se desconocen los razonamientos y argumentaciones vertidas en las sesiones extraordinarias por las cuales se fundamentan dichas resoluciones. Lo anterior, no permite analizar a profundidad el correcto funcionamiento del Sistema y de la Alerta de Genero.

Sin embargo, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativo en el Distrito Federal otorgó el amparo por la negativa de la alerta de género solicitada para el Estado de México al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, considerando que las y los integrantes del Sistema no valoraron si la solicitud cumplía con los requisitos, si no simplemente votaron y argumentaron cuestiones políticas para negar la alerta. En el amparo se resolvió que el actuar del Sistema es violatorio a la Constitución, ordenando dejar sin efectos el acuerdo en donde se niega la alerta de género y se emita uno bajo las directrices que establece la resolución del juez; entre estas directrices se encuentra la obligación de fundar y motivar las resoluciones del Sistema por las que se determina si es o no procedente la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Al respecto, el Comité de la CEDAW —en la pasada reunión de julio con el gobierno mexicano— tomó nota sobre los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso; en particular, manifestó su preocupación por las deficiencias procesales que impiden la activación del Mecanismo de Alerta de Género. Por lo que insto urgentemente a México enfrente a los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género.4

Otro de los mecanismos que visten especial relevancia en la Ley de Acceso es el DiagnosticoNacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres. Este diagnosticoimplica la obligación del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Gobernación, artículo 42 fracción XII, de realizar investigaciones periódicas, profesionales y científicas con perspectiva de género sobre todos los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres, a fin de conocer la violencia que viven las mujeres de todos los grupos etarios, socioeconómicos y étnicos, en todo el país.

Desde el año 2008, esta obligación se encuentra pendiente, la Secretaría de Gobernación ha tardado más de 5 años para cumplir con la realización y publicación del Diagnostico Nacional. Es necesario observar que este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalse estableció,en el artículo 32 transitorio,que la Secretaría de Gobernación deberá ejercer los recursos asignados a la Conclusión del Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas en todos los ámbitos a más tardar el primer semestre del año. Es decir, la Secretaría debió haber concluido y presentado el Diagnostico Nacional en el mes de junio.

Es por estas razones que sometemos a su atención la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, es su calidad de Presidente, y al Instituto Nacional de las Mujeres, como Secretaría Ejecutiva, ambos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informen puntualmente la situación que guardan los mecanismos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento, en las siguientes vertientes:

1. Informe la motivación y fundamentación de las cuatro resoluciones que ha tomado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres respecto de las negativas a las solicitudes hechas para laDeclaratoria de Alerta de Violencia de Género para los Estados de Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.

2. Informen sobre el estado que guarda la conclusión del Diagnostico Nacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres y la fecha de la publicación.

Senado de la República, 4 de octubre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A BRINDAR LA INFORMACION PERTINENTE A FIN DE CONOCER EL ESTADO QUE GUARDA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACION SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA QUE BRINDE LA INFORMACION PERTINENTE A FIN DE CONOCER EL ESTADO QUE GUARDA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACION SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la fracción III, del artículo 44, establece como una obligación puntual —a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública— la conformación e integración del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, también conocido como BANAVIM por sus siglas.

De acuerdo con los “Lineamientos para determinar e integrar la información del BANAVIM”, el objetivo general de este Banco es “administrar la información procesada de las todas instancias del país involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos”1.

A través del BANAVIM se crean expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas. Además, se genera un registro de datos sobre las órdenes de protección e identifica situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación de violencia2.

Además, este Banco dirige la elaboración de estadísticas y diagnósticos de violencia que permiten conocer sistemáticamente las características y patrones de este fenómeno, con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres, así como las necesidades de servicios para su atención3.

A partir de la conformación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el 3 de abril de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública contaba con 365 días para integrar el BANAVIM; es decir, para el año 2008 tendría que haber estado en funcionamiento. Sin embargo, de acuerdo con los informes de labores de la Secretaría, es hasta el año 2010 que se comienza con el registro de casos. De esta manera para el año 2010 se tenían registrados 4,125 casos; para el año 2011 se registraron 72,689 casos; y finalmente este año, hasta el mes de julio, se contaba con el registro de 80, 010 casos.

En este último informe de labores de la SSP,se informó que el BANAVIM fue incorporado al Sistema Único de Información Criminal y forma parte de Plataforma México, con lo que se tiene acceso a más de 40 bases de datos que sirven para la investigación de conductas delictivas cometidas contra las mujeres4.

De acuerdo con lo anterior, la información recolectada —desde el año 2010— a través del BANAVIM debería estar sirviendo, entre otros, para:

• Contar con estadísticas y diagnósticos, por tipo y modalidad de violencia, que permiten conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno.

• Vincular la información del BANAVIM con el sistema del monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad, a fin deevaluar el avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

• Implementar acciones de política criminalentorno a las órdenes de protección. Así como, acciones que faciliten el intercambio de información entre las instancias responsables de solicitar, conceder, cumplimentar y vigilar dichas órdenes.

• Detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres, así como las necesidades de servicios para su atención.

Sin embargo, hasta el día de hoy —salvo el número de casos registrados— NO se tiene información puntual sobre el funcionamiento del BANAVIM; NO se tienen estadísticas puntuales y/o diagnósticos sobre el estado que guarda la violencia contra las mujeres en el país; y en especial,NO se sabe que políticas públicas locales, regionales o nacionales se han empezado a diseñar a partir de esta información.

Lo anterior es particularmente grave, porque el pasado mes de julio el gobierno mexicano compareció ante el Comité de expertas de la CEDAW para rendir información sobre las acciones que se han implementado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Resultado de esta comparecencia, el Comité recomendó a México “tomar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la recopilación periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosado por tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió la violencia, incluida la información sobre los perpetradores y las víctimas y su relación. Así como, activar los datos del BANAVIM con la participación de todos los 32 estados federales”5.

Lo anterior, demuestra que el funcionamiento del BANAVIM -a 3 años del inicio de sus operaciones- sigue siendo deficiente y no ha generado al parecer los resultados para los que fue creado.

Y es por estas razones, que sometemos a su atención la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que brinde la información pertinente, a fin de conocer el estado que guarda la conformación y funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese la primera de las proposiciones a la Comisión de Equidad y Género; y la segunda a la Comisión de Seguridad Pública. Y pido a la Secretaría que tome nota para que se incluya a la Comisión de Derechos Humanos en los dos puntos.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor Presidente.

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se establece el reconocimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al incluir que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales firmados y ratificados.

En este sentido, con la reciente modificación de los artículos 4o. y 73, se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Este principio parte del reconocimiento de que las niñas y los niños son sujetos de derechos y de responsabilidades, y establece una amplia gama de derechos individuales y colectivos de los que goza la niñez, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes son seres humanos titulares de derechos exigibles por el Estado mexicano.

Nuestro país reconoce, a partir del texto constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de discriminar a personas por motivos tales como la edad. Asimismo, se establece como ley reglamentaria de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Hoy en día, el acoso escolar también conocido como bulling, es el tipo de violencia que más padecen las niñas, los niños y los adolescentes en los centros escolares.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México 7.5 millones de alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bulling, es decir, el 40 por ciento son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar. No obstante, en México en el año 2008 más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas, la principal, la pobreza y el trabajo infantil.

Como representantes de la nación tenemos una deuda con la ciudadanía. Es urgente incorporar el principio del interés superior de la niñez contemplado en la Constitución, por ello resulta necesaria la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, las cuales tendrán como principales atribuciones:

Emitir su opinión a las comisiones ordinarias en todos los casos en que se dictaminen iniciativas y puntos de Acuerdo cuya materia sea la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de revisar constantemente la legislación en la materia, para proponer ante el Senado de la República las iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente.

Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.

Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de Diputados en el estudio, análisis y en resolución de asuntos relacionados.

>Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y expertos en el tema de la niñez.

Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal que permita tener un sistema jurídico que garantice la protección integral de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia.

Compañeras y compañeros, las y los legisladores debemos de estar comprometidos con las niñas y los niños mexicanos. Es por eso que la comisión especial obedece a las demandas e intereses más sentidos de quienes son el futuro de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, en uso de sus atribuciones legales, acuerde la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Señor Presidente, le solicito se inserte el documento íntegro en el Diario de los Debates.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A CREAR LA COMISION ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo.

Presidente de la Mesa Directiva

de la CAmara de Senadores

del H. Congreso de la Union

Presente.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que crea la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un objetivo impostergable para las sociedades democráticas, es el fortalecimiento de las condiciones que hacen posible el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Estas prerrogativas se refieren a las condiciones que toda persona, sin distinción de edad, sexo, religión, clase social, etc. debe tener para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida, con igualdad, libertad y dignidad con las demás personas.

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se establece un parte aguas en el avance, el reconocimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al incluir que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Es por eso que la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia es responsabilidad de las y los legisladores que conformamos el Congreso de la Unión, exigir su cumplimiento, desde el punto de vista legislativo, requiere de su inclusión en el marco legal mexicano.

Por su parte, el artículo 133 establece que será la Constitución, junto con las leyes del Congreso que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de la Unión.

En este sentido, en el ámbito del reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia, con la reciente modificación de los artículos 4 y 731, se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Este principio, parte del reconocimiento de que las niñas y los niños son sujetos de derechos y de responsabilidades, y establece una amplia gama de derechos individuales y colectivos de los que goza la niñez, transformándose la visión del menor de edad en un enfoque garantista reconociendo que las niñas, niños y adolescentes son seres humanos titulares de derechos exigibles por el Estado Mexicano. Su objetivo fundamental, es facilitar las interpretaciones jurídicas que reconozcan el carácter integral de los derechos de la niñez; orientar a los padres y tutores, así como al Estado para que ejerzan las medidas necesarias para proteger y desarrollar la autonomía de la niña y el niño en el ejercicio de sus derechos, permitiendo que estos, prevalezcan sobre otros intereses.

La evolución del reconocimiento de los derechos de la niñez, ha sido paulatina iniciándose en las familias y ampliándose posteriormente al Estado. Durante este proceso, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia han sido el punto de referencia tanto a nivel teórico, como en la praxis a partir del desarrollo de mecanismos y acciones a implementar por las autoridades gubernamentales.

En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Declaración de los Derechos del Niño. En ella se instituyeron diez principios2 o derechos fundamentales de la niñez, que representan una obligación a cada uno de los estados miembros de la ONU.

Treinta años después, se estimo pertinente contar con un tratado multilateral vinculante para aquellos estados que lo ratificaran. En 1989, surge la Convención de los Derechos del Niño (CDN), en la que se reconoce una gama de derechos civiles, culturales económicos, políticos y sociales y establece una serie de principios fundamentales, entre los que se encuentran: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto de los puntos de vista de la niñez.

Es importante destacar que en materia de protección de los derechos humanos de la niñez existen instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que crean obligaciones específicas al Estado Mexicano.

A nivel nacional, México reconoce a partir del texto constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de discriminar a las personas por motivos tales como la edad. Asimismo, se establece como ley reglamentaria de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto,garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

No obstante, en la LXI Legislatura fueron presentadas más de 35 iniciativas para regular la materia de la niñez, mismas que fueron compiladas para ser dictaminadas en su conjunto y crear la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Lo anterior, manifiesta que el camino legislativo en lo que concierne a la incorporación del principio del interés superior de la niñez contemplado en nuestra Constitución, es una tarea pendiente para la armonización de la legislación en la materia.

En este sentido, la información estadística, es considerada una herramienta que nos permite revalorar la situación actual e identificar los factores que se relacionan con diversas situaciones tales como la discriminación de la niñez.

En México, de acuerdo con la UNICEF la población entre 0 y 5 años de edad fue de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones eran niños y 5.7 eran niñas. El 61.2% de ellos se encontraban en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de pobreza alimentaria. Asimismo, señala que la desigualdad de sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, elaborada por la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y UNICEF México, las expresiones de discriminación hacia niñas, niños y adolescentes tienen un impacto fuerte en sus vidas. De acuerdo con la ENADIS 2010, dos de cada tres personas dicen estar de acuerdo con que deben respetarse los derechos de los niños y niñas establecidos en la ley. El resto considera que sólo los padres deberían definir los derechos de la infancia o que éstos no tienen derechos al ser menores de edad.

La casa y la escuela son espacios donde casi el 100% de las niñas y los niños debe sentirse feliz. Sin embargo, 2.3 y 5.1% se sienten tristes, enojados o con miedo en estos lugares. Más de seis de cada diez niños y niñas no sienten rechazo alguno de sus padres y maestros cuando hacen sugerencias, aunque alrededor de uno de cada cinco percibe enojo de ambos cuando sugieren algo.

Según la ENADIS, los motivos más frecuentes de maltrato en casa que reportan las niñas y los niños son haberlos hecho llorar, haberlos golpeado y haberles quitado o escondido sus cosas (en todos ellos entre una quinta y una cuarta parte sin mucha diferencia entre uno y otro sexo). Resalta que los niños que informan haber sido ignorados son casi el doble que las niñas (12 y 6% respectivamente).

En el norte3 y centro del país es más frecuente que las niñas y niños hayan sido objeto de agresión verbal (10 y 11% respectivamente) que en el sur (5%), cuya proporción representa menos de la mitad del promedio nacional (9%).

Hoy en día, el acoso escolar también conocido como bullyng, es el tipo de violencia que más padecen las niñas, los niños y los adolescentes en los centros escolares. Este tipo de violencia, se caracteriza por una reiteración de violencia que intimida a la víctima e implica un abuso de poder ejercida por el agresor. El sujeto del maltrato queda expuesto física y emocionalmente, causándole una serie de secuelas psicológicas graves que incluso pueden llevar al suicidio.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México 7.5 millones de alumnas (os) de primara y secundaria son víctima de bullying, es decir el 40% de esta población son hostigados, intimidados y víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar. Asimismo, expresa la CNDH que 3 de cada 10 alumnos de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de algún compañero.

De acuerdo con UNICEF, “El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y paraformar la identidad y la autoestima de los individuos. La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia”.

No obstante en México en el año 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas. La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.

La deserción escolar, representa una de los efectos más graves de la pobreza y el trabajo infantil, las cuales revelan la discriminación a la que se enfrenta la niñez mexicana contraria al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como representantes de la Nación, tenemos una deuda con la ciudadanía mexicana. Es urgente transversalizar el principio del interés superior de la niñez contemplado en la Constitución tanto en el marco jurídico federal como en el estatal, por ello resulta necesario la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo objetivo fundamental sería incorporar el principio del interés superior de la niñez y proteger los derechos humanos que la ley y los tratados internacionales a la niñez, les conceden, buscando impulsar desde este recinto la homologación del marco legal en las tres esferas de gobierno.

La Comisión especias de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia tendrá como principales atribuciones las siguientes:

• Emitir su opinión a las Comisiones ordinarias, en todos los casos en que se dictaminen iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las opiniones de la Comisión especial, procurarán que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.

• Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de revisar constantemente la legislación en la materia, para proponer ante el Senado de la República, las iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente.

• Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.

• Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y expertas en el tema de niñez, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los sectores de la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la armonización de la legislación en materia de niñez.

• Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, que permita tener un sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

• Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicables.

Compañeras y Compañeros: las y los legisladores debemos estar comprometidos con las niñas y los niños mexicanos, es por eso que esta comisión especial obedece a las demandas e intereses más sentidas de la ciudadanía, cuyos principios y congruencia social permitan realizar múltiples acciones desde el ámbito federal para proporcionar un marco jurídico integral con base en los derechos que les son inherentes a quienes son el futuro de México.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que en uso de sus atribuciones legales, acuerde la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Elena García Gómez. Pido a la Secretaría se inserte de manera íntegra el punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud información sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General, el cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA INCLUSION DE NUEVAS ENFERMEDADES AL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, UNA VEZ QUE HAN SIDO APROBADAS POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.

“La suscrita, Cristina DIaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra gastos catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de salubridad General; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El programa sectorial de Salud 2007-2012 se propone consolidar el financiamiento de los servicios de alta especialidad en un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos.

Los servicios de salud de alta especialidad presentan dos características que van a influir en sus mecanismo de financiamiento, primeramente estos se solicitan en menor cantidad que los de medicina familiar o de servicios hospitalarios de segundo nivel, por lo anterior es difícil conformar una cartera de riesgos lo suficientemente grande para bajar el costo total de los servicios de alta especialidad.

Aunado a que tiene costos más altos que pueden poner en riesgo la salud financiera de cualquier institución.

Para incrementar la eficiencia con la que el sector público presta servicios de salud de alta especialidad, y eliminar los efectos de la selección adversa, que actualmente castiga a los prestadores públicos que ofrecen un mejor servicio y una cobertura más amplia, es necesario:

Establecer un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos, que permita la mancomunación de riesgos para todas las instituciones públicas de salud y, por lo tanto, la minimización de los costos asociados a dichos servicios; lo cual no se hizo.

El Catálogo Universal de Servicios de Salud es un paquete de servicios médicos que cubre los principales padecimientos, diagnósticos y terapéuticos registrados por la Secretaría de Salud como egresos hospitalarios y el 100% de los padecimientos tratados en el primer nivel de atención médica. Durante el 2011 se conforma por un listado de 275 intervenciones de salud con sus respectivos medicamentos, que en total suman 422. Las intervenciones se pueden clasificar en seis conglomerados: salud pública, consulta de medicina general o familiar y de especialidad, odontología, urgencias, hospitalización y cirugía general.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tiene como finalidad apoyar el financiamiento de enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo que provocan gasto catastróficos para las familias. En el 2011 se cubren 57 intervenciones que atienden a 16 enfermedades de alto costo: cáncer cérvico-uterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y adolecentes, trasplante de médula ósea para menores de 18 años y para mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, linfoma no Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, trasplante de cornea, enfermedades lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años y cáncer de próstata.

El Ejercicio Financiero de este Fondo en el año 2011 fue de 9,823,951.6 millones de pesos, los cuales fueron administrados por el Fideicomiso de Protección Social en Salud, cuyo órgano colegiado es presidido por el Comisionado de Protección Social en Salud.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra gastos catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de octubre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender y promover campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesta a morir, pero ninguna por la cual estoy dispuesta a matar”. Mahatma Gandhi.

El día martes 2 de octubre del año en curso, tuvo verificativo el Día Internacional de la No Violencia, acontecimiento que tiene sustento en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conmemoración que trae consigo no solamente el recordar que es importante acabar de raíz con la violencia, sino que debe ser una ocasión para no diseminar el mensaje del crimen que hoy nos aqueja, no sólo en el estado de Morelos, de donde su servidora es representante, sino de todo el país, es momento de erradicar de origen el terror que hoy vivimos millones de mexicanas y mexicanos, la intimidación del que son objeto niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, familias enteras que viven en el sosiego por la violencia que se ha acrecentado en los últimos años en nuestro país.

Debemos unir esfuerzos con certidumbre y seguridad para que en lugar de hablar de nuestro diario vivir de inseguridad y delincuencia, implementemos todos juntos, en la medida de nuestras atribuciones y facultades, en coordinación y colaboración, instrumentos de comunicación que se puedan emprender a través de la educación, de la conciencia pública, de los valores humanos, de la no violencia, así como el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre.

Como representantes populares de los diferentes estados de los que cada uno venimos, debemos hacer un llamado a cuidar la vida, a hacer que todas las personas valoren y respeten su vida y la de los demás.

Recordemos que una muerte violenta genera un gran impacto sobre las familias, sobre el país y sobre la comunidad. Por cada muerte violenta se pierde un capital humano y un talento, se estimula el uso indebido del tráfico de armas; se destinan enormes sumas de presupuesto público a la seguridad en perjuicio de la salud, cultura o educación; se genera una percepción de temor y de riesgo que afecta la calidad de vida. En definitiva, la violencia impone restricciones a las libertades de los ciudadanos y afecta nuestro buen desarrollo.

Es momento de aliarnos todos, autoridades y población en general, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, centros académicos, organismos internacionales y, por supuesto, todo México.

Es innegable que los padres pongan especial atención en sus hijos y se revaloricen las familias para evitar actos de violencia y delincuencia que traigan actos perniciosos no sólo para ellos, sino para la población en la que se desarrolla.

En ese escenario, la paz probablemente nunca se pueda alcanzar con plenitud, pero será siempre un ideal presente el que se deseará llegar, y para ello, será lanzando iniciativas de distinto orden que permitan, pese a los obstáculos y a las limitaciones, avanzar en esta dirección.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus facultades y competencia, emprendan, promuevan e implementen campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

Es cuanto, señor Presidente, solicito se pueda integrar en el Diario de los Debates el documento total.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A EMPRENDER Y PROMOVER CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

“DE LA SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 276 Y DEMS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE:EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, PARA QUE EMPRENDAN Y PROMUEVAN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD”EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar1.

Mahatma Gandhi.

El día martes 2 de octubre del año en curso, tuvo verificativo el“Día Internacional de la No Violencia”, acontecimiento que tiene sustento en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas (ONU), conmemoración que trae consigo no solamente el recordar que es importante acabar de raíz con la violencia, sino que debe ser una ocasión parano diseminar el mensaje del crimen que hoy nos aqueja, no sólo en el Estado de Morelos de donde su Servidora es Representante, sino de todo el país, es momento de erradicar de origen el terror que hoy vivimos millones de mexicanos, la intimidación del que son objeto niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, familias enteras que viven en el sosiego por la violencia que ha acrecentado en los últimos años en nuestro país. Debemos unir esfuerzos con certidumbre y seguridad para que en lugar de hablar en nuestro diario vivir de inseguridad y delincuencia, implementemos todos juntos, en la medida de nuestras atribuciones y facultades, en coordinación y colaboración, instrumentos de comunicación que emprendan a través de la educación y la conciencia pública la relevancia universal del principio de la no violencia, así como el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre.

Como representantes populares de los diferentes estados de los que cada uno venimos, debemos hacer un llamado a cuidar la vida, a hacer que todas las personas valoren y respeten su vida y la de los demás.

Recordemos que una muerte violenta genera un gran impacto sobre las familias, el país y la comunidad. Por cada muerte violenta se pierde un capital humano y un talento; se estimula el uso indebido de armas; se destinan enormes sumas del presupuesto público a la seguridad en perjuicio de la salud, cultura o educación; se genera una percepción de temor y riesgo que afecta la calidad de vida. En definitiva, la violencia impone restricciones a las libertades de los ciudadanos y afecta el desarrollo.

Una gran cantidad de las muertes violentas en México son prevenibles porque ocurren en entornos en donde las personas pueden cuidar de la vida del otro. Los datos de Medicina Legal muestran que la mayoría de los homicidios tienen lugar: en la familia, en los barrios y en la calle. Así mismo, muchas de las muertes violentas están asociadas al consumo de licor y otras sustancias psicoactivas, a las riñas entre vecinos, la delincuencia y las venganzas.

Es momento de aliarnos todos, autoridades y población en general, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, centros académicos, organismos internacionales y por supuesto todo México.

Una cultura de paz exige un compromiso con la vida y la sociedad de manera que día tras día se pueda acercar al mundo a la utopía de un planeta en pacífica convivencia, por ello, es innegable que los padres pongan especial atención en sus hijos y se revalorice la familia para evitar actos de violencia y delincuencia que traigan actos perniciosos no sólopara ellos sino para la población en la que se desarrollan.

Hoy en día, en medio de escenarios de creciente violencia en México y el mundo entero, celebrar el Día Internacional de la Paz, no debe considerarse como una paradoja, sino el sentimiento más profundo de la humanidad que no ceja, pese a tanta experiencia horrorosa de violencia, en su afán de buscar mecanismos que permitan a la humanidad respetar las diferencias y alcanzar un estado de pacífica convivencia y lograr un entorno familiar.

En ese escenario la paz es una utopía en su sentido lato: probablemente nunca se alcanzará a plenitud, pero será un ideal siempre presente al que se deseará llegar y, para ello, se irán lanzando iniciativas de distinto orden que permitirán, pese a los obstáculos y las limitaciones, avanzar en esa dirección.

Se trata de generar en todos los ámbitos de las sociedades espacios de debate y reflexión sobre el valor de la NO VIOLENCIA y de la necesidad de adherir Al concepto de la PAZ, ese concepto a partir de la propia cotidianidad. Es decir, la creación de una cultura de paz no sólo significa evitar las conflagraciones internas e internacionales, sino de hacer que en la vida cotidiana prime una predisposición a la tolerancia, el respeto al otro y a la solución de las controversias por medios pacíficos, desde la conciliación hasta la aplicación de las normas legales en vigencia.

En este sentido, se aporta a la construcción de una cultura de paz en todos los espacios en los que los seres humanos se desenvuelven, lo que implica una resistencia activa a toda forma de violencia y coacción; a la opción por el diálogo antes que por la confrontación; al cumplimiento de las normas que regulan nuestras libertades en función a las libertades de los otros; al respeto a los derechos de los otros, aspectos, entre muchos, que exigen adoptar nuevas actitudes. De ahí que la cultura de la paz es un proceso de permanente aprendizaje que comienza desde la infancia y que debe partir de un principio fundamental, que es el que garantiza su sostenibilidad: el respeto al libre discernimiento del ser humano y el deber de respetarlo.

Abona a la creación de la cultura de paz la asunción consciente de que todos los seres humanos tienen, por ser tales, una serie de derechos que se deben respetar por encima de toda otra consideración, al mismo tiempo que se tiene una serie de obligaciones cuyo cumplimiento hace, precisamente, que se pueda convivir en forma pacífica. Porque, y esto hay que anotarlo en forma explícita, una cultura de paz no significa, de ninguna manera, que no se creen los mecanismos que garanticen el goce de los derechos y también el cumplimiento de las obligaciones.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, EMPRENDAN, PROMUEVAN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Con gusto, pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra este documento en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Gobernación.

En otro apartado de la agenda, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración de la conversión de territorio a estado libre y soberano de Baja California Sur.

1 Mahatma Gandhi.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender y promover campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesta a morir, pero ninguna por la cual estoy dispuesta a matar”. Mahatma Gandhi.

El día martes 2 de octubre del año en curso, tuvo verificativo el Día Internacional de la No Violencia, acontecimiento que tiene sustento en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conmemoración que trae consigo no solamente el recordar que es importante acabar de raíz con la violencia, sino que debe ser una ocasión para no diseminar el mensaje del crimen que hoy nos aqueja, no sólo en el estado de Morelos, de donde su servidora es representante, sino de todo el país, es momento de erradicar de origen el terror que hoy vivimos millones de mexicanas y mexicanos, la intimidación del que son objeto niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, familias enteras que viven en el sosiego por la violencia que se ha acrecentado en los últimos años en nuestro país.

Debemos unir esfuerzos con certidumbre y seguridad para que en lugar de hablar de nuestro diario vivir de inseguridad y delincuencia, implementemos todos juntos, en la medida de nuestras atribuciones y facultades, en coordinación y colaboración, instrumentos de comunicación que se puedan emprender a través de la educación, de la conciencia pública, de los valores humanos, de la no violencia, así como el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre.

Como representantes populares de los diferentes estados de los que cada uno venimos, debemos hacer un llamado a cuidar la vida, a hacer que todas las personas valoren y respeten su vida y la de los demás.

Recordemos que una muerte violenta genera un gran impacto sobre las familias, sobre el país y sobre la comunidad. Por cada muerte violenta se pierde un capital humano y un talento, se estimula el uso indebido del tráfico de armas; se destinan enormes sumas de presupuesto público a la seguridad en perjuicio de la salud, cultura o educación; se genera una percepción de temor y de riesgo que afecta la calidad de vida. En definitiva, la violencia impone restricciones a las libertades de los ciudadanos y afecta nuestro buen desarrollo.

Es momento de aliarnos todos, autoridades y población en general, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, centros académicos, organismos internacionales y, por supuesto, todo México.

Es innegable que los padres pongan especial atención en sus hijos y se revaloricen las familias para evitar actos de violencia y delincuencia que traigan actos perniciosos no sólo para ellos, sino para la población en la que se desarrolla.

En ese escenario, la paz probablemente nunca se pueda alcanzar con plenitud, pero será siempre un ideal presente el que se deseará llegar, y para ello, será lanzando iniciativas de distinto orden que permitan, pese a los obstáculos y a las limitaciones, avanzar en esta dirección.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus facultades y competencia, emprendan, promuevan e implementen campañas que impulsen a favor de la sociedad mexicana un escenario de paz y tranquilidad.

Es cuanto, señor Presidente, solicito se pueda integrar en el Diario de los Debates el documento total.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A EMPRENDER Y PROMOVER CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

“DE LA SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 276 Y DEMS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE:EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, PARA QUE EMPRENDAN Y PROMUEVAN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD”EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar1.

Mahatma Gandhi.

El día martes 2 de octubre del año en curso, tuvo verificativo el“Día Internacional de la No Violencia”, acontecimiento que tiene sustento en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas (ONU), conmemoración que trae consigo no solamente el recordar que es importante acabar de raíz con la violencia, sino que debe ser una ocasión parano diseminar el mensaje del crimen que hoy nos aqueja, no sólo en el Estado de Morelos de donde su Servidora es Representante, sino de todo el país, es momento de erradicar de origen el terror que hoy vivimos millones de mexicanos, la intimidación del que son objeto niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, familias enteras que viven en el sosiego por la violencia que ha acrecentado en los últimos años en nuestro país. Debemos unir esfuerzos con certidumbre y seguridad para que en lugar de hablar en nuestro diario vivir de inseguridad y delincuencia, implementemos todos juntos, en la medida de nuestras atribuciones y facultades, en coordinación y colaboración, instrumentos de comunicación que emprendan a través de la educación y la conciencia pública la relevancia universal del principio de la no violencia, así como el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre.

Como representantes populares de los diferentes estados de los que cada uno venimos, debemos hacer un llamado a cuidar la vida, a hacer que todas las personas valoren y respeten su vida y la de los demás.

Recordemos que una muerte violenta genera un gran impacto sobre las familias, el país y la comunidad. Por cada muerte violenta se pierde un capital humano y un talento; se estimula el uso indebido de armas; se destinan enormes sumas del presupuesto público a la seguridad en perjuicio de la salud, cultura o educación; se genera una percepción de temor y riesgo que afecta la calidad de vida. En definitiva, la violencia impone restricciones a las libertades de los ciudadanos y afecta el desarrollo.

Una gran cantidad de las muertes violentas en México son prevenibles porque ocurren en entornos en donde las personas pueden cuidar de la vida del otro. Los datos de Medicina Legal muestran que la mayoría de los homicidios tienen lugar: en la familia, en los barrios y en la calle. Así mismo, muchas de las muertes violentas están asociadas al consumo de licor y otras sustancias psicoactivas, a las riñas entre vecinos, la delincuencia y las venganzas.

Es momento de aliarnos todos, autoridades y población en general, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, centros académicos, organismos internacionales y por supuesto todo México.

Una cultura de paz exige un compromiso con la vida y la sociedad de manera que día tras día se pueda acercar al mundo a la utopía de un planeta en pacífica convivencia, por ello, es innegable que los padres pongan especial atención en sus hijos y se revalorice la familia para evitar actos de violencia y delincuencia que traigan actos perniciosos no sólopara ellos sino para la población en la que se desarrollan.

Hoy en día, en medio de escenarios de creciente violencia en México y el mundo entero, celebrar el Día Internacional de la Paz, no debe considerarse como una paradoja, sino el sentimiento más profundo de la humanidad que no ceja, pese a tanta experiencia horrorosa de violencia, en su afán de buscar mecanismos que permitan a la humanidad respetar las diferencias y alcanzar un estado de pacífica convivencia y lograr un entorno familiar.

En ese escenario la paz es una utopía en su sentido lato: probablemente nunca se alcanzará a plenitud, pero será un ideal siempre presente al que se deseará llegar y, para ello, se irán lanzando iniciativas de distinto orden que permitirán, pese a los obstáculos y las limitaciones, avanzar en esa dirección.

Se trata de generar en todos los ámbitos de las sociedades espacios de debate y reflexión sobre el valor de la NO VIOLENCIA y de la necesidad de adherir Al concepto de la PAZ, ese concepto a partir de la propia cotidianidad. Es decir, la creación de una cultura de paz no sólo significa evitar las conflagraciones internas e internacionales, sino de hacer que en la vida cotidiana prime una predisposición a la tolerancia, el respeto al otro y a la solución de las controversias por medios pacíficos, desde la conciliación hasta la aplicación de las normas legales en vigencia.

En este sentido, se aporta a la construcción de una cultura de paz en todos los espacios en los que los seres humanos se desenvuelven, lo que implica una resistencia activa a toda forma de violencia y coacción; a la opción por el diálogo antes que por la confrontación; al cumplimiento de las normas que regulan nuestras libertades en función a las libertades de los otros; al respeto a los derechos de los otros, aspectos, entre muchos, que exigen adoptar nuevas actitudes. De ahí que la cultura de la paz es un proceso de permanente aprendizaje que comienza desde la infancia y que debe partir de un principio fundamental, que es el que garantiza su sostenibilidad: el respeto al libre discernimiento del ser humano y el deber de respetarlo.

Abona a la creación de la cultura de paz la asunción consciente de que todos los seres humanos tienen, por ser tales, una serie de derechos que se deben respetar por encima de toda otra consideración, al mismo tiempo que se tiene una serie de obligaciones cuyo cumplimiento hace, precisamente, que se pueda convivir en forma pacífica. Porque, y esto hay que anotarlo en forma explícita, una cultura de paz no significa, de ninguna manera, que no se creen los mecanismos que garanticen el goce de los derechos y también el cumplimiento de las obligaciones.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, EMPRENDAN, PROMUEVAN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS QUE IMPULSEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de octubre de 2012.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Con gusto, pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra este documento en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Gobernación.

En otro apartado de la agenda, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración de la conversión de territorio a estado libre y soberano de Baja California Sur.

1 Mahatma Gandhi.





 

EFEMERIDE

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeras y compañeros Senadores integrantes de esta legislatura:

"Que presenta el Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con motivo de la conmemoración de la conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano de Baja California Sur".

Compañeras y compañeros Senadores: integrantes de esta sexagésima segunda Legislatura.

Hago uso de esta honorable tribuna con la convicción de que la justicia, la verdad, el respeto a la pluralidad y representación nacional son pilares esenciales para la convivencia pacífica.

Me siento orgulloso de pertenecer a un Órgano del Estado consagrado al debate de las ideas, y lugar donde se busca crear condiciones que aseguren el desarrollo de México y una vida mejor para los mexicanos.

La política es el instrumento para coincidir y construir, pero también para construir en el disenso.

La pluralidad ha sido, es y será siempre, fortaleza de México. La diversidad de ideas representa la vastedad de la república: la riqueza de su cultura; la generosidad de su historia.

Somos el México de la democracia por el talento que permite unir las diferencias y respetar la diversidad.

México nace de una voluntad dialoguista que se expresa en un acuerdo fundacional: el pacto federal. Hace 188 años los mexicanos dieron una expresión constitucional a la intención popular de fundar una nueva nación:

Que fuera república, porque aquí no habría más privilegio que el de nacer mexicano;

Que fuera federal: para nutrir el espíritu nacional con la aspiración local y regional;

Y que fuera representativa: el marco que permitiera que, siendo diferentes, desiguales, fuéramos todos mexicanos.

Hoy este pacto federal sigue vigente: México es la suma de sus entidades: la vastedad del territorio nos convierte en un gran mosaico político, cultural, histórico y económico.

México es la suma de sus extremos. La unión de lo más antiguo con la vibrante realidad de lo que nació recientemente.

Provengo de Baja California Sur, una de las entidades federativas más jóvenes del país, que junto con Quintana Roo, este próximo 8 de octubre habremos de celebrar 38 años de integración como Estados Libres y Soberanos a la Federación Mexicana.

Este fue el momento de mayor orgullo, de mayor compromiso y de mayor trascendencia para mi estado y para su gente.

Baja California Sur nace por la voluntad de su gente, por la racionalidad económica y también por el afán de inclusión social. Sólo la expresión social que se teje, sostiene.

Sudcalifornia es el resultado del esfuerzo y la lucha de sus mujeres y hombres que con el poder de sus acciones y sus ideas creyeron en que podrían salir adelante, que sus metas y aspiraciones eran posibles, alcanzables.

Es resultado de la voluntad democrática para unir a los extremos del país, generando polos de estabilidad, de desarrollo y de igualdad.
Baja California Sur nace porque se reconoce su potencial aportación a la vida nacional. Hemos, desde entonces, honrado nuestro compromiso de contribuir a la grandeza de México.

Doy cuenta para recordar el nacimiento de nuestra Entidad Federativa, mencionando algunos hitos y pasajes de su historia.

Dicen de aquellos que abonaron con amor, conocimiento y cariño una tierra árida y la hicieron producir, vieron una forma de ser especial, que querían se respetara y que se le diera una expresión legal: la que reflejara nuestra forma de ser, nuestra “Sudcalifornidad”, de la que hablaba Fernando Jordán en su obra “El Otro México”.

Desde los primeros californios, los estoicos misioneros jesuitas; desde los nativos y colonos que enfrentaron la aridez del desierto y convirtieron en fértil nuestra tierra; desde los mineros que pusieron a nuestra patria chica en el mapa productivo del mundo; desde los comerciantes que nos vincularon con el continente, hasta los hombres y mujeres que desde sus hogares formaron familias integradas, voluntariosas, luchadoras y con profundos principios y valores; todos compartimos hoy, como ayer, una misma visión, la de ser Sudcalifornianos, de amar a nuestra tierra; y una misma aspiración: autodeterminarnos.

Ante esta realidad, con paciencia, trabajo y devoción, se gestó el movimiento Loreto 70, en el que ilustres sudcalifornianos dieron los primeros pasos promoviendo, entre otras cosas, que en Baja California Sur hubiera un gobernador nativo y con arraigo.

Quienes creyeron en la posibilidad de la autodeterminación, vieron pronto recompensados sus esfuerzos. El 2 de septiembre de 1974, el Presidente de la República, presentó al Congreso de la Unión la Iniciativa de Reforma Constitucional para proponer la integración de dos nuevos estados a la Federación.

Tras el proceso constitucional de formación, el 8 de octubre de 1974 nace a la vida política el estado libre y soberano de Baja California Sur y se designa como Gobernador Provisional de la entidad al Ing. Félix Agramont Cota, para conducir la transición.

El 15 de enero de 1975 se publicó la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente que, entre otras, fijó las condiciones para la conformación de sus poderes públicos. El primer proceso electoral hace que recaiga en el Lic. Angel César Mendoza Arámburo, la responsabilidad y alto honor de ser el primer gobernador electo por los sudcalifornianos para desempeñar el cargo que protestó el 5 de Abril de 1975.

Una vez instauradas las instituciones fundamentales del Estado, Baja California Sur se integraba de lleno a la Federación, iniciando el tránsito a su vida libre y soberana.

El federalismo, hace que lo diverso se una en una misma causa común: México.

La constitución resume nuestra historia, principios y aspiraciones.

Los sudcalifornianos somos gentes de valor, valores y de trabajo, lo que nos ha permitido salir adelante pese al aislamiento geográfico y la aridez de nuestra tierra.

Por eso, Baja California Sur contribuye al desarrollo nacional con una economía pujante y una democracia vibrante, en donde se respeta la voluntad de la mayoría y en donde la alternancia es una realidad cotidiana.

Somos un pueblo que resuelve sus diferencias privilegiando el diálogo.

La raíz más honda del sudcaliforniano es la cultura del respeto a lo que es diferente. Y hago énfasis, no sólo de la tolerancia, sino del respeto: que permite convivir, compartir, producir.

Hemos sido fieles signatarios del pacto federal. Lo seguiremos siendo.
México vive hoy una segunda alternancia, que nos demanda mayor creatividad, cooperación, inteligencia.

Abonaremos nuestras fortalezas; los desafíos, los enfrentaremos con patriotismo y madurez.

La experiencia de mi estado habla del éxito de generar confianza, de descentralizar, de liberar las energías de la nación.

México requiere más federalismo, no menos. Un federalismo para el bienestar y el progreso. Para construir, con entidades más fuertes y municipios más libres, una gran sociedad y un gran país.

El federalismo del siglo XXI nos espera. Un federalismo para la democracia, para el progreso y el bienestar.

Provengo de una tierra que, por su distancia, aproxima a lo más querido de México.

Sé que la vastedad del territorio permite acercarnos, si somos capaces de posar la mirada en lo más noble, lo más generoso y lo más sensible de nuestro país.

En Baja California Sur no finaliza México: ahí comienza la patria.

Un porvenir que se construya desde la fortaleza de lo local es la mejor forma de entender la democracia que espera el nuevo tiempo mexicano.

Es posible hacerlo. Lo sé porque soy sudcaliforniano”.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Mendoza Davis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Gracias. Compañeras y compañeros Senadores:

Es para mi un honor celebrar desde esta tribuna, anticipadamente, el 38 aniversario de la transformación de territorio a estado libre y soberano de Baja California Sur.

Un 1° de junio de 1974, en el Puerto de Cabo San Lucas, con motivo del Día de la Marina, el entonces Presidente de la República Luis Echeverría Alvarez, recibió en manos del gobernador del entonces territorio, ingeniero Félix Agramont Cota, un documento en representación de la sociedad sudcaliforniana, en el cual se le solicitaba al Jefe del Ejecutivo enviar al congreso la iniciativa de Decreto para la conversión del territorio de Baja California, en estado libre y soberano.

El Presidente, en su Cuarto Informe de Gobierno del 1º de septiembre de 1974, anunció que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, estaban listos para su mayoría de edad, y al día siguiente envió al congreso la iniciativa de Decreto para la conversión en entidades federativas.

El pueblo de Baja California Sur ha sido ejemplo de lucha civilista y de organización social participativa y políticamente responsable.

Primero, en un movimiento denominado “Frente de Unificación Sudcaliforniana”, que desterró para siempre a los gobernantes designados por el poder central, y después, en el histórico movimiento Loreto 70, que reclamaba un gobernante nativo y con arraigo, de todo esto estaba consciente el presidente de México, por eso tendió su mano decisiva y franca para cristalizar una vieja y justa demanda del pueblo de Baja California Sur.

Posteriormente, en el Senado de la República, el ingeniero Félix Agramón Cota recibió el nombramiento de gobernador provisional del naciente estado de Baja California Sur, y fue de inmediato cuando convocó a elecciones para el congreso constituyente; de estas elecciones tuvimos a nuestro primer gobernador electo en Baja California Sur, a don Angel César Mendoza Aramburu, desde aquí saludo a quienes fueron presidentes de los congresos constituyentes de Baja California Sur y de Quintana Roo, a nuestro maestro Armando Trasviña Taylor, y a nuestro hoy Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, así las cosas.

El 8 de octubre de 1974 es una fecha memorable para nosotros, porque fue promulgado el Decreto del presidente de la República para esta conversión. Orgullosos de nuestro pasado, conscientes de nuestras riquezas naturales, del potencial de nuestros litorales, de la grandeza de nuestro pueblo, los sudcalifornianos hemos aprendido a valorar nuestro estado, por eso reconocemos ampliamente a las mujeres y a los hombres que reclamaron con insistencia y durante décadas la transformación de Baja California Sur a estado libre y soberano, y desde esta tribuna hago un gran reconocimiento a quienes encabezaran estos movimientos: Armando Trasviña Taylor, Félix Ortega Romero, Francisco King Rondero, Francisco Cardoza Carballo, por mencionar algunos de los muchos que encabezaran estos movimientos que nos dieron la oportunidad de ser un estado libre y soberano.

Gracias a ellos, a partir de 1975 nuestra entidad avanza en la democracia y crece en su desarrollo económico, teniendo ahora un futuro promisorio.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ricardo Barroso Agramont.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Isaías González Cuevas: Con la venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Como aquí han mencionado mis compañeros Senadores, el próximo 8 de octubre se conmemora el 38 aniversario de la conversión del territorio de Baja California Sur, a estado libre y soberano.

Baja California Sur es, junto con el estado de Quintana Roo, la entidad más joven en el país, ambas cambiaron su estatus de territorio federal al estado libre y soberano el 8 de octubre de 1974. Este paso trascendente no hubiera podido darse sin el apoyo decidido de parte del Ejecutivo Federal, pero también tuvo un fuerte impulso del movimiento social y político desarrollado durante largos años en Baja California Sur.

No fue un proceso fácil, la conversión de territorio federal en estado, recibió ciertamente el impulso de un proceso constructivo, desde los diferentes gobiernos postrevolucionarios, que se tradujo en políticas de acciones y tendencias a desarrollar la infraestructura dentro de Baja California Sur.

Pero también debemos de resaltar las acciones de la sociedad de Baja California Sur, que desde 1931 conformaron un movimiento social y político que expresaba claramente su voluntad de autogobernarse y poder acceder al desarrollo y a la integración plena a la vida nacional.
Debemos de recordar, en fecha tan importante, que los primeros movimientos organizados, orientados a la transformación del territorio federal de Baja California Sur en estado, se originaron en 1917, aunque comenzaron a surgir formalmente a fines de los años 20´s y principios de los 30´s.

En junio de 1931 un grupo de estudiantes, trabajadores, pescadores y gente del campo, fundó un Comité Proestado Libre y Soberano de Baja California, el 7 de febrero de 1931 se reformaron los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los distritos norte y sur de la Baja California se convirtieron en territorios de la Federación.

El territorio norte de Baja California se constituyó en estado de la Federación el 16 de enero de 1952, con el nombre de Baja California.

Por otra parte, las siete delegaciones del territorio sur de Baja California permanecieron sin cambio hasta el 20 de febrero de 1971, fecha en que se publicó en el Diario Oficial la Ley Orgánica del Territorio de Baja California Sur.

Posteriormente, el 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reformó el artículo 43 y los otros relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual el territorio de Baja California Sur se convertía en estado libre y soberano.

La Constitución Política del Estado de Baja California Sur se promulgó el 15 de enero de 1975, y la Ley Orgánica Municipal, reglamentaria del título octavo de la Constitución Política del Estado, se publicó el 31 de diciembre de 1976, entrando en vigor el 1° de enero de 1977.

De esta manera se vieron colmadas las aspiraciones de los sudcalifornianos, que desde esa fecha hasta el presente, han convertido en este territorio uno de los estados con mayor desarrollo turístico del país.

Las actividades turísticas son fundamentales para el estado, pero es básico no perder de vista la necesidad de rescatar sectores tan importantes como el campo y la pesca, hoy abandonados.

En nuestra entidad se debe de fortalecer y apoyar la educación media y superior, y sobre todo la educación tecnológica, la capacitación en competencias laborales y la productividad, como bases de una mejor integración a la República.

Afrontamos desde siempre el problema de la conectividad aérea, de la escasez de rutas de transporte, necesitamos ampliar la única carretera transpeninsular que corre desde la Paz hasta Guerrero Negro, atender el problema clave que es el abasto de agua potable para la ciudadanía, así como completar el plan hidráulico para dotar a nuestro estado de agua suficiente, tanto para el riego agrícola como para mantener el hato ganadero, tenemos la urgencia de rescatar nuestros mantos acuíferos, hoy sobreexplotados y contaminados por la salinización.

Sin duda aquí, desde esta Cámara de Senadores, y con la participación de ustedes, podemos impulsar soluciones creativas para beneficiar a los habitantes del estado libre y soberano de Baja California Sur, y hacer esto es lograr las aspiraciones de quienes imaginaron un estado libre y soberano plenamente integrado al desarrollo nacional.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Isaías González.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva dos documentos suscritos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Están a discusión los Acuerdos. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado los Acuerdos. Comuníquense.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las comunicaciones que recibió esta Mesa Directiva.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación del Senador Roberto Albores, Presidente de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, quien informa que el próximo domingo 7 de octubre, a las 10:00 horas, se realizará una Guardia de Honor, en ocasión del XCIX aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez. Y con esta comunicación, hace una invitación a las Senadoras y Senadores que deseen acudir a esta ceremonia.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado enterada de la invitación que hace el Presidente de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

El Senador Enrique Burgos García, Vicepresidente de la Mesa Directiva, tendrá el honor de encabezar la Guardia de Honor.

Pasamos a las siguientes comunicaciones.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones por las que informan que las relativas comisiones quedaron formalmente instaladas el pasado martes 2 de octubre.

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria.







 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.







 

Del Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.







 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones por las que se informa que el día de ayer quedaron formalmente instaladas las comisiones.

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.







 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.







 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

Del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

Finalmente, recibimos las siguientes comunicaciones por las que informan de la instalación de sus respectivas comisiones este día.

Del Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.







 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.







 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Seguridad Social.







 

Del Senador Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.







 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.







 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.







 

Del Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.







 

Del Senador René Juárez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional.



Son todas las comunicaciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de la instalación de las comisiones señaladas. Por mi conducto, la Mesa Directiva les hace un reconocimiento a las comisiones por el cumplimiento de su responsabilidad para dar inicio a las actividades de sus comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente.





 

CITA

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 9 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:22 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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