Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Octubre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:54 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 2 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas del día jueves veintisiete de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento uno ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintiséis de septiembre de 2012.

(Efeméride)

El Senador José Ascención Orihuela Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó efeméride con relación al 247 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón "El Siervo de la Nación".- Para referirseal mismo tema, hicieron uso de la palabra los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, oficio por el que informa de la instalación de la Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, a realizarse el jueves 4 de octubre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Senadora Ana Gabriela Guevara.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa de Izamiento de bandera a media asta, con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, a realizarse el martes 2 de octubre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a las Senadoras Alejandra Barrales Magdaleno y Martha Palafox Gutiérrez.

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña y de la Sen. Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyectode Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece lasNormas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyectode Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyectode Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al sistema nacional de fiscalización.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, David Penchyna Grub, Ismael Hernández Deras y Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federalde Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Javier Corral Jurado y Armando Ríos Piter, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ordenar el cese de funciones y cierre definitivo de la garita aduanera "Puerto de Janos" en el estado de Chihuahua.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al jefe del ejecutivo del estado de Coahuila a explicar los motivos, razones y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la deuda de la entidad.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a ordenar la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial los primeros cinco resolutivos y a la Junta de Coordinación Política el último de ellos.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear la comisión especial de atención a los asuntos de la familia.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a emprender campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Salud y Seguridad Social.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal aasignar recursos para incrementar los desayunos escolares, hasta cubrir la totalidad del alumnado, principalmente en zonas rurales, apartadas o indígenas y zonas de pobreza urbana.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Desarrollo Social.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el Convenio Bilateral de Cooperación denominado "Iniciativa Mérida".- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los Senadores de la República a inscribirse como donantes de órganos ante el Centro Nacional de Trasplantes, mediante consentimiento expreso; así como a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar un aumento del 15% de los recursos asignados a la Secretaría de Salud.- Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI. Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN; Fernando Mayans Canabal del PRD, quien presentó propuesta de adición, la cual se aceptó. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la asignaciónde recursos extraordinarios para atender las necesidades de recursos humanos de las escuelas del estado de Guerrero.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: René Juárez Cisneros del PRI; José Ascención Orihuela Bárcena del PRI, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

(Se decretó un receso a las 15:50 horas)

 

(RECESO)

 

(Se reanudó la sesión a las 22:18 horas)

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa la designación del Senador Francisco Domínguez Serviéncomo miembro de ese órgano de gobierno, en sustitución del Sen. Héctor Larios Córdova.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Junta de Coordinación Política, dos Acuerdos por los que se constituyen e integran las comisiones de trabajo.- Intervinieron los Senadores: Javier Corral Jurado del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; Marcela Guerra Castillo del PRI; Ernesto Ruffo Appel del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Ana Gabriela Guevara del PT; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Benjamín Robles Montoya del PRD. Fueron aprobados en votación económica. Se reservaron para su votación en lo individual las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Juventud y Deporte, las cuales fueron aprobadas en votación económica.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintitrés horas con cinco minutos y citó a la siguiente el martes dos de octubre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto, por favor.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron sendas comunicaciones suscritas por los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, por las que informan su incorporación al grupo parlamentario del PRI, a partir del 1° de octubre del año en curso.

“HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
SENADOR DE LA REPUBLICA

Ciudad de México, a 1o de octubre de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

En base a mi militancia priísta y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, título tercero de la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores; capítulo tercero, artículos 71 y 72, referentes a la organización de los Grupos Parlamentarios con igual afiliación de partido y con el fin de realizar las tareas propias en el Senado; me permito a partir de esta fecha informarle, respetuosamente, mi incorporación al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente”.

“ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA
SENADORA DE LA REPUBLICA

Ciudad de México a 01 de octubre de 2012

Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
PRESENTE

Estimado Ernesto:

Con base a mi militancia priísta y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, título tercero de la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores, capítulo Tercero, artículos 71 y 72, referentes a la organización de los grupos parlamentarios con igual afiliación de partido y con el fin de realizar las tareas propias en el Senado; me permito a partir de esta fecha solicitarle, respetuosamente, mi incorporación al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agradeciendo de antemano todas sus atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquense a los grupos parlamentarios involucrados y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, y para opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: De la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: De la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de responsabilidad de las personas morales.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles; Orgánica de la Administración Pública Federal; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de Educación, el cual fue desechado por la Cámara de Diputados.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Cámara de Diputados remitió también el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una novena moneda de plata conmemorativa del "Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos", el cual fue desechado.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibió el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, desechado por la Colegisladora.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reformas Agraria; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Cámara de Diputados remitió también el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mismo que fue desechado.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También se recibió el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual fue desechado por la Cámara de Diputados.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También se recibió el expediente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, desechado por la Cámara de Diputados.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Cámara de Diputados remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto propone que la Cámara de Diputados pueda contar con un número mayor de comisiones ordinarias, de las que actualmente permite el artículo 39 de la Ley Orgánica, y que algunas de las comisiones especiales se conviertan en comisiones ordinarias. Este documento se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para conocimiento de la Asamblea.



En esa virtud, y por tratarse de un asunto que concierne sólo al régimen interno de la Colegisladora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

No habiendo…

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez, por favor.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para manifestar la postura del grupo parlamentario del PRI en torno a este tema.

Estamos completamente de acuerdo, porque respetamos la vida institucional de la Cámara de Diputados, como también la Cámara de Diputados ha venido respetando la vida institucional de la Cámara de Senadores. De tal manera que nos solidarizamos con esta propuesta que hace la Cámara de Diputados, con la Colegisladora, porque seguramente será para bien de los trabajos que ahí se desarrollan.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Zamora Jiménez. No habiendo ningún otro Senador haciendo uso de la palabra, y quedando suficientemente discutido, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación se emitieron 81 votos en pro y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Aprobado el Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Continuamos con el siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de gobernacióncon solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/27532012
México, D.F., a 1° de octubre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12477, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alfonso Muray Kobory, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el Gobierno del Japón.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Lagaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/27542012

México, D.F., a 1° de octubre de 2012

CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 12511, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Gerardo Felipe Laveaga Rendón, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Lagaspi”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos a siguiente punto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite oficio con la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2012; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2012; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió del Banco de México el informe sobre la Política Monetaria, correspondiente al primer semestre de 2012.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente punto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: En el apartado de iniciativas, se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)



Tiene la palabra el Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 111 y 112 constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO DEL ARTICULO 111 Y EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 112 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y de los CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Quiero referirme hoy a un tema que ha sido motivo de preocupación de controversia en la sociedad, a una institución que ha sido parte de la tradición y de los usos y costumbres de la práctica legislativa en nuestro país.
La palabra fuero, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo, como es el caso del fuero parlamentario. Sin embargo, el índice mencionado también defiende o define al vocablo como arrogancia, presunción.

Y es en estos términos que los ciudadanos identifican el privilegio del fuero, como un abuso y una prerrogativa innecesaria que se ha prestado para que los servidores públicos cometan abusos y, en el menor de los casos, omisiones contra la sociedad.

Podemos dar muchos ejemplos del mal uso que algunos servidores públicos le han dado al fuero. Ello ha dado margen a la corrupción en muchas de las entidades federativas de nuestro país, donde servidores públicos que han afectado o que han dañado a la sociedad, en muchos casos no sólo cometiendo ilícitos con el manejo de los recursos públicos, sino lamentablemente aliándose a veces hasta con los grupos delictivos y se amparan en el fuero para poder seguir en esas responsabilidades.

Lo más lamentable, es que los servidores públicos lleven a cabo prácticas ilegales y corruptas y al concluir sus encargos buscan el amparo del fuero que les garantiza la inmunidad procesal. Así lo que hacemos es tergiversar el espíritu bien intencionado de una institución que nació desde la Edad Media.

Pero, ¿qué es el fuero y cuál es el sentido de que éste se haya institucionalizado?

Ese privilegio tenía un objetivo humanitario cuando fue concebido y concedido, pretendía proteger de los abusos del rey a los señores feudales y así garantizar que los bienes de éstos fueran respetados, al igual que la integridad y seguridad de los señores feudales.

La palabra fuero evoca los privilegios que tenían en la Edad Media determinadas personas para ser juzgadas por los tribunales de su clase y no por la justicia común, esta fue la excepción que la institución de los fueros penetró en nuestro derecho patrio como parte de la legislación colonial.

La primera referencia sobre el fuero se da desde la Constitución de Cádiz de 1812, sin embargo, el fuero constitucional se trasladó únicamente en la primera parte del concepto de Cádiz, la cual tiene por objeto ver que los servidores públicos no podrán ser reconvenidos por las opiniones que expresen en el desempeño de su encargo, así lo señala hoy en nuestros días la Constitución, nuestra Constitución, en el artículo 61, donde dice que los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Este es el espíritu que debemos de preservar de esta figura que busca la libre manifestación de los legisladores, no el término que se ha usado hoy y del cual se ha abusado, hay que decirlo, que nuestra Constitución del '17 no establecía la inmunidad procesal, sino es hasta la reforma de 1982 cuando en el Título Cuarto de la Constitución, de la responsabilidad de los servidores públicos, se señala que habrá esta inmunidad procesal, la cual lamentablemente es la que la sociedad hoy en día no acepta porque ésta se ha utilizado para proteger intereses obscuros y no para demandar una real participación libre, auténtica de los legisladores, por eso el artículo 61 de la Constitución preserva ya esa garantía de los legisladores de poder expresar libremente sus ideas.

Por ello, la propuesta que hacemos algunos compañeros Senadores del PAN, como la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Búrquez Valenzuela, Francisco Domínguez Servién, Martha Elena García Gómez, Silvia Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Zorrilla, José Luis Lavalle Maury, Fernando Herrera Avila y Carlos Mendoza Davis, y el de la voz, a nombre del PAN, presentamos esta iniciativa para reformar los artículos 111 y 112 de nuestra Constitución para que eliminemos la inmunidad procesal de la cual tanto se ha abusado, y hoy en día la sociedad quiere que todos los ciudadanos seamos juzgados de la misma manera y que no haya quienes tengan o tengamos un privilegio, y me parece que los legisladores somos los que tenemos que dar la primera muestra en se sentido, si somos representantes del pueblo no debemos de tener nada que ocultar, cuando cometamos algún ilícito debemos de ser castigados igual como cualquier otro ciudadano, por eso nuestra lucha será así para preservar el fuero tal y como lo señala el artículo 61 de nuestra Constitución, pero para modificar la parte relativa a la inmunidad procesal señalada en los artículos 111 y 112 de nuestra Constitución.

Pido al señor Presidente que se inserte de manera íntegra el texto de esta iniciativa, para que se turne a las comisiones respectivas, y en ellas podamos analizar, discutir, y ojalá que podamos contar con el apoyo primero de quienes integran estas comisiones, para que la sociedad pueda tener la garantía y la seguridad de que todos los ciudadanos somos iguales, que no hay privilegios para nadie, y que esos privilegios, sobre todo, no se utilicen en contra de la voluntad de la sociedad donde se ha abusado de esta figura del fuero constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



En esa virtud, y por tratarse de un asunto que concierne sólo al régimen interno de la Colegisladora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

No habiendo…

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez, por favor.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para manifestar la postura del grupo parlamentario del PRI en torno a este tema.

Estamos completamente de acuerdo, porque respetamos la vida institucional de la Cámara de Diputados, como también la Cámara de Diputados ha venido respetando la vida institucional de la Cámara de Senadores. De tal manera que nos solidarizamos con esta propuesta que hace la Cámara de Diputados, con la Colegisladora, porque seguramente será para bien de los trabajos que ahí se desarrollan.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Zamora Jiménez. No habiendo ningún otro Senador haciendo uso de la palabra, y quedando suficientemente discutido, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Rosas Aispuro. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. Tome nota la Secretaría de las adhesiones al punto.

¿Con qué objeto, Senador Preciado Rodríguez?

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Para que también pueda ser turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en virtud de que la reforma tiene diversos impactos en la Ley Orgánica del Congreso, en el artículo 11, y en el Reglamento.

- El C. Presidente Burgos García: Se turnará, como lo propone, para opinión a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que expide el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE EXPIDE EL NUEVO CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

El día de hoy venimos a esta tribuna a nombre de la Senadora Arely Gómez, del Senador Roberto Gil y de su servidor, a detonar la discusión en el Senado de un tema muy importante, que es la procuración de justicia en el país.

Venimos a dar formal inicio a las mesas de trabajo y al proceso de dictaminación, venimos a impulsar y a proponer la nueva reingeniería en el sistema de justicia, y deseamos hacerlo con un documento que se trabajó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el que participaron todos los grupos: el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PT y Convergencia, bajo la coordinación del doctor Humberto Benítez Treviño, sin duda, ese es el documento que debe ser el inicio a esta discusión que hemos modificado y le hemos agregado algunas cosas.

El sistema de procuración e impartición de justicia en este país tenemos noticias buenas y malas, o más bien, tuvimos noticias muy buenas y ahora son malas, y me explico: La gran reforma del 18 de junio de 2008, se logró legislar la gran reforma constitucional penal, sin duda, ésta iba a marcar la gran diferencia sin precedente alguno en el Sistema de Justicia Penal Mexicana.

El cambio de paradigma de un sistema persecutorio-inquisitorio a un sistema acusatorio.

El modelo de persecución criminal que estamos buscando cambiar y que se estaba buscando cambiar en ese momento, donde existía una relación, una vinculación entre los policías y los delincuentes que servía para pactar y para obtener información respecto a los casos que les interesaba, una supuesta facultad que tenían los policías para torturar, para incomunicar y para coaccionar, incluso, lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte autorizaba esto y daba pleno valor probatorio a las confesiones que existían a pesar de que tuvieran huellas de tortura.

Por eso venimos a proponer este Código, un sistema en donde los Ministerios Públicos imponen fianzas muy altas, nadie sale, y eso aumenta la productividad de los Ministerios Públicos, aumentan los indicadores de desempeño, robos por montos pequeños terminan en procesos judiciales permitiendo que los presuntos responsables pasen mucho tiempo en prisión preventiva; prisión preventiva, “la escuela del crimen”.

Robos pequeños, simples sin violencia, una encuesta del CIDE nos decía que en el D.F., el 47 por ciento de los internos fueron sentenciados por robo simple sin violencia por un monto menor a los 500 pesos.

Lamentablemente de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando es de la criminalización de la pobreza.

50 mil personas preventivamente presas por delitos menores a 5 mil pesos, un sistema con viejos rasgos, donde siguen habiendo incomunicados, donde no se les permite tener un abogado o donde, incluso, no se les da de comer.

En los casos sin detenido, tenemos un actuar de un Ministerio Público que no se dedicaa investigar, que no se dedica a crear tesis de qué es lo que está sucediendo, tenemos un Ministerio Público que opta por recibir un parte policiaco y eso anexarlo al expediente y con eso consignar.

Todas estas pruebas se les da pleno valor probatorio y así se consigue, es un decir, la justicia en manos de los policías.

Sin duda, hace muchos años el modelo funcionaba bajo dos premisas, la baja incidencia preventiva y la enorme centralización del poder. Ahora la función es distinta, este Ministerio Público que tiene bajas probabilidades de tener éxito en sus investigaciones, todo se remite a un catálogo donde se asientan estos supuestos delitos, en los casos de robo siempre se requiere un peritaje. Es decir, si se toma un delincuente que ha robado unos jeans de un precio de 500 pesos, el Ministerio Público considera que es indispensable pedir un peritaje para saber cuánto cuestan esos jeans. Lo que se trata es de integrar expedientes, no importa con qué actuaciones, ¿cuáles? Las que sean.

Las reformas del proceso penal de 2008 buscan este cambio de paradigma, de un paradigma autoritario a uno democrático. Sin duda, las resistencias a las reformas están ahí, tiene que haber una reingeniería de los defensores, tiene que cambiar la forma de trabajar, los litigantes ahora tienen que aprender a hablar, tienen que estudiar. Los Ministerios Públicos igual, tienen que ponerse a estudiar, tienen que construir tesis y tienen que trabajar bajo los principios de transparencia.

No estamos hablando de juicios orales, estamos hablando de las nuevas figuras, de eso estamos hablando, de la aplicación de la justicia alternativa, de los procedimientos abreviados y de los nuevos actores procesales, de los jueces de control, del juicio oral y de las ejecuciones de sanciones, donde se establece la observancia de lo establecido por la Constitución, Tratados Internacionales y leyes de la materia. Hay entidades que cuentan con la Ley de Ejecución de Sentencias, garantizando las condiciones que favorezcan los principios de reinserción social. Es decir, la revisión que van a tener que hacer los jueces, estamos hablando del control de convencionalidad difuso. Esta reforma del 2008 contiene principios importantes, publicidad, oralidad, contradicción e inmediación y se le dan las facultades al Ministerio Público de que de verdad sirva esta policía judicial, de que de verdad exista una labor científica, una labor en balística, en criminalística y en medicina forense. De eso estamos hablando.

¿Cuáles son las consecuencias de que al día de hoy no tengamos este Código Federal de Procedimientos Penales?, el proceso penal seguirá siendo eminentemente escrito impidiendo la oralidad, la imposibilidad de audiencias públicas con presencia de un juez donde se desarrollen principios de inmediación, contradicción, concentración y presunción de inocencia.

Falta de acondicionamiento de las instalaciones para poder desarrollar estos juicios orales. No se están preparando ni actualizando los programas docentes y académicos con los que tienen que estudiar los Ministerios Públicos y los jueces.

Incumplimiento para alcanzar estándares internacionales sobre presunción de inocencia y derechos humanos.

Incumplimiento en la materialización de los derechos de las víctimas, no estamos yendo al cambio de cultura de los operadores del sistema como Ministerios Públicos, policías, jueces y defensores.

Indefinición del empleo de la justicia alternativa a nivel federal y la construcción de centros de readaptación.

Por todas esas razones, son que el día de hoy, insisto, venimos a detonar la discusión a esta Cámara de Senadores, donde creemos que es muy importante iniciar de lo que ya se había trabajado en la Cámara de Diputados.

Es cuánto, señor Presidente, y le pediría que por la importancia de la iniciativa que se presenta, también sea turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana porque han estado muy cerca de todos estos trabajos, organizaciones como las del señor Alejandro Martí, académicos importantes como Ana Laura Magaloni, como el doctor Carbonell, y es necesario que en las mesas de trabajo participe la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que expide el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de la reforma constitucional en materia penal aprobada por el Congreso de la Unión y avalada por la mayoría de los congresos locales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, a través de la cual se reforman los artículos constitucionales que regulan el proceso penal, es necesario realizar la transformación en nuestra legislación para transitar de un sistema persecutorio-inquisitorio a un sistema acusatorio.

El Código Federal de Procedimientos Penales vigente cuenta con grandes lagunas legales aunado a la falta de profesionalización de los Ministerios Públicos y demás agentes encargados de la investigación de un delito, lo que hace que la tortura para la obtención de declaraciones, así como el pacto entre criminales y los encargados de la Procuración de Justicia, se vuelva una actividad cotidiana dentro de las Agencias de los Ministerios Públicos.

La actual legislación no prevé la verdadera profesionalización del Ministerio Público y sus agentes investigadores, ya que en la práctica una Averiguación Previa es integrada con las declaraciones de los que se presentan voluntariamente o mediante coacción policiaca, así como diligencias de rutina que no constituyen una tesis real de lo que sucedió.

Está por demás comprobado que el Sistema de Procuración de Justicia actual no contiene a la delincuencia ni mucho menos la alta incidencia delictiva, ya que su ineficiencia no incentiva a las víctimas de un delito a denunciarlo, teniendo según estadísticas, un 85% de delitos que no se denuncian.

Otro elemento de prueba de la ineficiencia en el sistema de Procuración de Justicia es la corrupción, dando prioridad de una mejor solución del conflicto a quien soborno o accede al pedimento del Ministerio Público y agentes judiciales, criminalizando así a la pobreza y teniendo hoy en día a más de 50,000 personas preventivamente presas por delitos de menos de 5,000 pesos.

El actual proceso penal da pie a que el Agente del Ministerio Público de el mismo trato al robo de un muñeco de peluche, al robo de un celular con arma de fuego que a un homicidio, ya que el buen funcionamiento de las agencias de los Ministerios Públicos es medido por el número de la Averiguaciones Previas que inician,no por los resultados que estas tienen para condenar a un delincuente.

La deficiencia de la actual legislación procesal penal va más allá de las actuacionesante el Ministerio Público, siendo que cuando estos llegan a ser consignados ante un Juez, no cambia en mucho el futuro del presunto responsable, puesto que los jueces en la mayoría de las ocasiones no conocen realmente del asunto, incluso una encuesta afirma que en 2005 el 80% de los internos en reclusorios nunca habló directamente con el juez que tenía a cargo su proceso.

Aunado a lo anterior, la practica dentro de los juzgados en materia penal no da plena seguridad de que un juicio será eficientemente sustanciado, por ejemplo, el Juez delega sus funciones de presenciar las diligencias que se llevan a cabo, así como la propia redacción y razonamiento de la sentencia, que siempre está a cargo del “secretario proyectista”.

Siguiendo con el proceso dentro de los juzgados, tenemos como otra deficiencia que al momento de dictar sentencia, esta no va más allá de lo plasmado por el Ministerio Público en su Averiguación Previa, prácticamente se transcribe, en virtud de que la legislación actual considera que los resultados de las investigaciones del Ministerio Público son prueba plena en el juicio, sin que estas puedan ser rebatidas o contradichas por la parte afectada.

El objetivo de la reforma constitucional en materia penal es crear un nuevo Diseño Constitucional, reforzando la estrategia de combate de delitos Federales, pero más aun de fortalecer la prevenciónsanción de delitos locales que hoy en día son de mayor impacto para los mexicanos, tales como el homicidio, el robo con y sin violencia, la violación y las lesiones. Esto será puesto en práctica con una mejor eficiencia de los cuerpos policiacos, Ministerios Públicos y jueces.

Hasta 2008 los policías preventivos solo tenían la facultad de vigilancia y auxilio inmediato, cambiando esto a una facultad de investigación siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público, dando lugar a que estos elementos de la policía deban ser profesionalizados en el ambiente forense del delito.

A grandes rasgos la reforma constitucional en materia penal nos lleva a transitar a un sistema Acusatorio en el cual el Ministerio Público llevará la conducción de las investigaciones siempre bajo la supervisión y autorización de un Juez de Control, quien será encargado de aprobar y dar seguimiento de todas las diligencias y medidas cautelares necesarias para la verdadera investigación de un delito.

El Juez de Control será quien esté a cargo desde la presentación del imputado,durante la investigación por parte del Ministerio Público, la formulación de la acusación y hasta la apertura del juicio oral, el cual será llevado a cabo por otro Juez distinto.

En el momento en que se consigna a un Juez de Juicio Oral, el Ministerio Público deja de ser Investigadora para convertirse en Acusadora.

El Juicio Oral aunque se prevé que sea más corto en su sustanciación, no será menos eficiente, ya que este sólo versará en el desahogo de pruebas y alegatos de las partes de forma verbal y siempre protegiendo la presunción de inocencia, lo que llevará a que tanto la víctima como el Ministerio Público sean los obligados de probar la culpabilidad del imputado.

Es por ello que el día de hoy, traigo a esta Cámara la presente iniciativa, que viene a apoyar otras once iniciativas incluyendo la presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, que contiene como objetivo central la creación de un nuevo ordenamiento procesal penal, en acorde a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, así como el resultado del gran trabajo realizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura que presidía el Doctor VíctorHumberto Benítez Treviño e integrada por los Diputados: Sergio Lobato García (PRI); Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI); Óscar Martín Arce Paniagua (PAN); Camilo Ramírez Puente (PAN);Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN); Olga Luz Espinoza Morales (PRD); Eduardo Ledesma Romo (PVEM); Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa (PRI); María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI); Luis Carlos Campos Villegas (PRI); Nancy González Ulloa (PAN); Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN); Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI); Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (PRI); Elvia Hernández García (PRI); Gregorio Hurtado Lejia (PAN); Israel Madrigal Ceja (PRD); Sonia Mendoza Díaz (PAN); Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD); María Antonieta Pérez Reyes (PAN); Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM); Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN); Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI); Miguel Ángel Terrón Mendoza (PRI); Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD); Alma Carolina Viggiano Austria (PRI); Pedro Vázquez González (PT); J. Eduardo Yáñez Montaño (PRI); y Arturo Zamora Jiménez (PRI), también con el trabajo de académicos y constitucionalistas reconocidos, sin duda esta iniciativa es el trabajo de todos ellos que busca ser una realidad.

Por lo expuesto y fundado,someto a consideración de esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

CODIGO FEDERAL DEL PROCEDIMIENTOS PENALES

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO

Ámbito de validez y objeto

Artículo 1. Ambito de aplicación

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean de la competencia de los tribunales federales, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados por México.

Igualmente, las disposiciones generales de este Código se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente, en tanto otras leyes procesales hagan expresa referencia a ellas o cuando no contengan las disposiciones aplicables.

En los casos de jurisdicción concurrente con la local previstos por este Código u otras leyes federales, la aplicación de las disposiciones de este Código se hará sin menoscabo de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Objeto del Código

Este Código tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse en la investigación, persecución, procesamiento o sanción de los delitos federales, para contribuir a asegurar el acceso a la justicia, en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en las leyes que de aquélla emanen, así como de las garantías para su protección.

Este Código también se aplicará para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos federales cometidos:

I. En el extranjero y produzcan efectos en el territorio de la República;

II. En los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en que se cometieron;

III. En el extranjero por mexicanos o contra mexicanos, si concurren los requisitos señalados por el Código Penal Federal, y

IV. En los demás casos establecidos por el Código Penal Federal.

Artículo 3. Proceso penal y los mecanismos alternativos de solución de controversias

En los asuntos materia del presente ordenamiento se privilegiarán los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando en el procedimiento tanto la víctima u ofendido como el imputado participen conjuntamente para la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo, en los términos establecidos por este Código y en la ley de la materia.

TITULO II

PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL PROCESO

CAPITULO I

Principios del Proceso

Artículo 4. Principios generales.

En el desarrollo del proceso penal y la actuación de los sujetos procesales que intervienen en él, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, se regirán por los principios y garantías procesales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México, en este Código y en otras leyes penales federales.

El proceso será acusatorio y oral, tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño cubra los daños causados.

Se regirá por los principios generales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y demás previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en este Código.

Artículo 5. Principio de juicio previo y debido proceso.

Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por un tribunal previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso tramitado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en este Código.

Artículo 6. Principio de Juzgado o tribunal previamente establecido.

Ninguna persona podrá ser juzgada por leyes privativas ni por juzgados o tribunales especiales o creados especialmente para el caso.

Artículo 7. Principio de Imparcialidad judicial.

Los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones deberán conducirse siempre con imparcialidad en los asuntos sometidos a su conocimiento, debiendo resolver con independencia y abstenerse de pronunciarse a favor o en contra de alguna de las partes, procurando por todos los medios jurídicos a su alcance que éstas contiendan en condiciones de igualdad. Asimismo, para garantizar la imparcialidad, el juicio oral se celebrará ante juez o tribunal que no haya conocido del caso previamente.

Artículo 8. Principio de publicidad.

Las audiencias durante el proceso serán públicas, con el fin de que a ellas accedan, no sólo las partes que intervienen en él, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código.

Los medios de comunicación podrán acceder en los casos y condiciones que determine el juez o tribunal conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

Artículo 9. Principio de contradicción.

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como a oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, con las excepciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

Artículo 10. Principio de concentración.

El desarrollo de la actividad procesal que produzca decisiones jurisdiccionales deberá concentrarse en audiencia, conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 11. Principio de continuidad.

El desarrollo de las audiencias será en forma continua, sucesiva y secuencial, preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión en los términos previstos en este Código, sin detrimento del derecho de defensa y del fin del proceso.

Artículo 12. Principio de inmediación y libre valoración de la prueba.

Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del juez o tribunal, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. El juez o tribunal no podrá delegar en ninguna persona la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica Para los efectos de las sentencias solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia en juicio, aun cuando se hayan producido en etapas anteriores sin que el juez o tribunal pueda delegar en alguna otra persona el desahogo de la misma.

La inmediación debe entenderse como una técnica de desahogo de pruebas, no como método para el convencimiento del juez o tribunal.

Artículo 13. Principio de igualdad ante la ley.

Todas las personas que intervengan en el proceso penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Las autoridades velarán para que las personas con las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas para garantizar la igualdad, sobre la base de la equidad en el acceso en las oportunidades y derechos.

Artículo 14. Principio de presunción de inocencia.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del proceso en tanto no fuere condenada por una sentencia firme emitida por el juez o tribunal de la causa, en los términos señalados en este Código. El juez o tribunal sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado.

En caso de duda el juez o tribunal absolverá al imputado.

Artículo 15. Principio de carga de la prueba.

Corresponde a la parte acusadora la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del acusado, en términos del Código Penal Federal y las leyes aplicables.

Artículo 16. Principio de fundamentación y motivación, e interpretación con apego a la justicia.

El ministerio público, los jueces y magistrados están obligados a fundar y motivar sus determinaciones como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales en los que el estado mexicano sea parte y este Código.

La simple relación de los datos o medios de prueba, de afirmaciones dogmáticas, fórmulas genéricas o la simple cita de jurisprudencia de los tribunales federales, no reemplazan la motivación respectiva.

El Código debe ser interpretado de manera que propicie se haga justicia, se esclarezcan los hechos, se proteja al inocente, se procure que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Artículo 17. Principio de prohibición de doble juzgamiento.

La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o por resolución que tenga la misma fuerza vinculante, no podrá ser procesada o juzgada nuevamente por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Artículo 18. Principio de prohibición de comunicación ex parte.

Ningún juez o tribunal podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, a fin de respetar los principios de contradicción, igualdad e imparcialidad, con las excepciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

CAPITULO II

Derechos Procesales

Artículo 19. Derecho al respeto de la dignidad de la persona.

Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad humana, seguridad e integridad física, psíquica y moral. Queda prohibido y será sancionado por la ley penal toda intimidación, incomunicación, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 20. Derecho al respeto de la libertad personal.

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o en los demás casos que autorizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares restrictivas de la libertad las que estén establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este Código y en las leyes especiales, mismas que serán de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código .

Artículo 21. Derecho a una justicia pronta y expedita.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita y a que se emitan las resoluciones en los plazos y términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

Artículo 22. Derecho a la intimidad y a la privacidad.

En todo proceso penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, así mismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código.

Artículo 23. Derecho a una defensa adecuada e inmediata.

Toda persona tiene derecho a una defensa adecuada desde el momento de su detención o comparecencia ante el Ministerio público o autoridad judicial. En la primera comparecencia en que el imputado participe, si no quiere o no puede nombrar un defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, la autoridad respectiva le designará un defensor público, con el que podrá entrevistarse de inmediato.

La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado para defenderse personalmente, pero siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste.

Se entenderá por una defensa adecuada, la que debe realizar el defensor, que el imputado elegirá libremente, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el proceso en igualdad de condiciones que a la víctima u ofendido, sin perjuicio de los actos de defensa que el propio imputado pueda llevar a cabo.

Cuando el juez o tribunal advierta un deficiente desempeño en el ejercicio de la defensa técnica, deberá informarlo en audiencia al imputado, a fin de que éste decida si ratifica o cambia de defensor, caso en el cual designará uno distinto, al cual se le otorgará el tiempo estrictamente necesario para que desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio.

TITULO III

JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPITULO I

Jurisdicción

Artículo 24. Jurisdicción penal.

Es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial de la federación la imposición de las sanciones penales, su modificación y duración, por los delitos de la competencia del fuero federal.

CAPITULO II

Competencia

Artículo 25. Competencia.

Es juez o tribunal competente para conocer de un delito el que ejerza jurisdicción en el lugar en donde éste se cometa, salvo lo previsto en los artículos 28, 29 y 30 de este Código.

Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez o tribunal del lugar de cualquiera de ellas ante quien el ministerio público ejerza la acción penal, pero cuando el imputado o alguno de los imputados sea indígena, será en su caso juez o tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el domicilio donde radique aquél o aquéllos, siempre que el delito produzca efecto en dicha entidad federativa, salvo lo previsto en el artículo 30 de este Código.

Cuando el lugar de comisión del delito sea desconocido, será competente el juez o tribunal que ejerza jurisdicción en el lugar en donde resida el imputado al momento de que inicia el proceso. Si posteriormente se descubre que es distinto, continuará la causa el juez o tribunal de este último lugar, salvo que con esto se produzca un retardo procedimental innecesario o se perjudique a la defensa.

Artículo 26. Competencia por delitos cometidos en el extranjero.

En los casos de los artículos 2, 4 y 5, fracción V, del Código Penal Federal, será competente el juez o tribunal en cuya jurisdicción territorial se encuentre el imputado, pero si éste se hallare en el extranjero, será competente el juez o tribunal que ejerza jurisdicción en el Distrito Federal ante quien el ministerio público ejerza la acción penal.

Artículo 27. Competencia por delitos cometidos a bordo de buques y aeronaves.

En los casos de las fracciones I y II del artículo 5 del Código Penal Federal, es competente el juez o tribunal a cuya jurisdicción corresponda el primer punto del territorio nacional a donde arribe el buque, y en los casos de la fracción III del mismo artículo, el juez o tribunal a cuya jurisdicción pertenezca el puerto en que se encuentre o arribe el mismo.

Las mismas reglas serán aplicables en los casos análogos a los delitos a que se refiere la fracción IV del artículo 5 del Código Penal Federal.

Artículo 28. Competencia por delitos continuados y continuos o permanentes.

Será competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, el juez o tribunal, en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos ante quien el ministerio público ejercite la acción penal.

Artículo 29. Competencia en caso de concurso.

En caso de concurso de delitos, el ministerio público tendrá competencia para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, asimismo los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos.

Artículo 30. Competencia por razón de seguridad.

Será competente para conocer de un asunto, un juez o tribunal distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el ministerio público considere necesario ejercer la acción penal ante otro juez o tribunal.

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el juez o tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.

Artículo 31. Competencia territorial.

La competencia territorial de los jueces que ejerzan funciones de control y de juicio oral, así como de los tribunales se establecerá de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 32. Competencia auxiliar.

El juez de control que se considere incompetente para conocer de una causa enviará de oficio los registros al que estime competente después de haber practicado las diligencias urgentes, particularmente las que versan sobre providencias precautorias, control de la detención, formulación de la imputación, medidas cautelares, así como el auto de vinculación a proceso. Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los registros al declinante; si éste insiste en rechazarla, elevará las diligencias practicadas a la autoridad competente que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que, con arreglo a este Código, se pronuncie sobre quien deba conocer.

Ningún órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado.

Cuando el juez de control actúe en auxilio de la justicia de un fuero diverso en la práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a la legislación aplicable en dicho fuero. Para estos efectos, el órgano jurisdiccional solicitante deberá proporcionar al órgano jurisdiccional ejecutor los textos de las disposiciones aplicables para el buen desahogo de la diligencia.

Artículo 33. Carácter improrrogable.

La competencia de los jueces en materia penal es improrrogable y se rige por las reglas respectivas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 34. Juez de control competente.

El juez de control que resulte competente para conocer de las diligencias o cualquier otra medida que requiera de control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el proceso correspondiente, sin embargo, cuando estas actuaciones debieran efectuarse fuera de su jurisdicción y se tratare de diligencias urgentes, el ministerio público podrá pedir la autorización directamente al juez de control competente en aquel lugar; en este caso, una vez realizada la diligencia, el ministerio público lo informará al juez de control competente en el proceso correspondiente.

Artículo 35. Conflictos de competencia de jueces de juicio oral.

Después de tres días de que surta efectos la notificación de la resolución que fijare fecha para la realización de la audiencia del juicio oral, la incompetencia del juez del juicio oral no podrá ser promovida por las partes, sin perjuicio de ser declarada de oficio.

Artículo 36. Formas de inicio de cuestiones de competencia.

Las cuestiones de competencia pueden iniciarse por declinatoria o por inhibitoria.

La parte que hubiere optado por uno de estos medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni tampoco los podrá emplear simultánea ni sucesivamente, debiendo de sujetarse al resultado del que se hubiere elegido.

Artículo 37. Medios de promoción.

El ministerio público, el imputado o su defensor y la víctima u ofendido, podrán promover una cuestión de competencia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del juez de examinar de oficio su propia competencia.

Artículo 38. Reglas de decisión de competencia.

En cualquier fase del proceso, salvo las excepciones previstas en este Código, el órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y pondrá también a su disposición al imputado.

Para la decisión de las competencias se observarán las siguientes reglas:

I. Las que se susciten entre jueces de la federación se decidirán conforme a las reglas previstas en este Código, y si hay dos o más competentes a favor del que haya prevenido, y

II. Las que se susciten entre los jueces de la federación y los de los estados o el Distrito Federal, se decidirán por la autoridad competente que al efecto determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción.

Artículo 39. Efectos de la resolución que dirime la competencia.

Dirimida la competencia, el imputado, en su caso, será puesto inmediatamente a disposición del juez competente, así como los antecedentes que obren en poder de los demás jueces que hubieran intervenido.

Artículo 40. Declinatoria.

La declinatoria se promoverá ante el juez o tribunal que conozca del asunto pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al juez o tribunal que se estime competente.

Artículo 41. Promoción de la declinatoria.

La declinatoria podrá promoverse por escrito en cualquier estado del proceso o de forma oral en cualquiera de las audiencias hasta antes de que el juez o tribunal que está conociendo del asunto dicte el auto de apertura a juicio oral, si la incompetencia es del juez o tribunal que interviene hasta esta etapa procedimental.

Si la incompetencia es del juez o tribunal que conocerá de la audiencia de juicio oral, ésta debe promoverse por escrito dentro del plazo de tres días después de que surta sus efectos la notificación de la resolución que fijare la fecha para la realización de la audiencia de juicio oral. En este supuesto, se promoverá ante el juez de control que fijó la competencia del juez de juicio, sin perjuicio de ser declarada de oficio.

No se podrá intentar la declinatoria en los casos previstos en el artículo 30 de este Código.

Artículo 42. Inhibitoria.

La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se crea competente para que se avoque al conocimiento del asunto, pero nunca se podrá intentar para que deje de conocer el juez cuya competencia se haya establecido por razones de seguridad, de conformidad con lo previsto por el artículo 30 de este Código.

La inhibitoria podrá promoverse por escrito en cualquier estado del proceso o de forma oral, en cualquiera de las audiencias hasta antes de que el juez que está conociendo del asunto dicte el auto de apertura a juicio oral, si la incompetencia es del juez que interviene hasta esta etapa procedimental.

Si la incompetencia es del juez que conocerá de la audiencia de juicio oral, ésta debe promoverse por escrito dentro del plazo de tres días después de que surta sus efectos la notificación de la resolución que fijare la fecha para la realización de la audiencia de juicio oral ante el juez de control que fijó la competencia del juez de juicio.

Artículo 43. Resolución de la competencia.

La competencia por declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias precautorias y, en caso de que haya detenido, cuando se hubiere resuelto sobre la legalidad de la detención, se haya formulado la imputación, resuelto sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas y sobre la vinculación a proceso del mismo.

CAPITULO III

Acumulación y separación de procesos

Artículo 44. Procedencia de la acumulación de procesos.

La acumulación de procesos tendrá lugar:

I. En los procesos que se sigan contra una misma persona, por caso de concurso de delitos;

II. En los que se siga en investigación por delitos conexos, y

III. En los que se sigan contra los copartícipes de un mismo delito.

Artículo 45. Causas de conexidad.

Para los efectos de este Código habrá conexidad de delitos:

I. Cuando se trate de concurso de delitos;

II. Cuando los hechos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por una o varias personas reunidas o, cuando hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, siempre y cuando hubiese mediado un propósito común y acuerdo previo;

III. Cuando uno de los hechos punibles hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o procurar a un partícipe o a otros, el provecho o la impunidad, o

IV. Cuando los hechos punibles imputados hayan sido cometidos recíprocamente.

Artículo 46. Acumulación material.

Cuando se haya dispuesto la acumulación de dos o más procesos, las actuaciones podrán practicarse y registrarse por separado cuando sea conveniente para el desarrollo del proceso, aunque en ellas intervenga el mismo juez.

Artículo 47. Competencia en la acumulación.

Será competente para conocer de todos los procesos que deban de acumularse, si se siguen por diversos jueces, el que conociere del delito que mereciere mayor pena y si los delitos merecieren la misma pena, el juez que conociere de las diligencias más antiguas, y si éstas se comenzaron en la misma fecha, el juez que hubiere prevenido. Se considerará que ha prevenido quien haya dictado la primera providencia o resolución del proceso.

Artículo 48. Promoción de la acumulación.

La acumulación deberá promoverse ante el juez que conforme al artículo anterior, sea competente para conocer de todos los procesos y aquella se substanciará en los términos previstos por el artículo 51 de este Código.

Artículo 49. Sujetos legitimados para promover la acumulación.

Podrán promover la acumulación de procesos el ministerio público, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido del delito.

Artículo 50. Término para la acumulación.

La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura del juicio oral.

Artículo 51. Substanciación de la acumulación.

Promovida la acumulación por alguna de las partes señaladas en el artículo 49 de este Código, el juez competente ordenará su notificación a las partes y las citará a una audiencia que deberá tener lugar dentro de los tres días siguientes, en la que podrán manifestarse y hacer las observaciones que estimen pertinentes respecto de la cuestión debatida y sin más trámite, resolverá en la misma lo que corresponda.

Artículo 52. Efectos de la acumulación.

Si la resolución que se decreta es la acumulación, se ordenará en la misma requerir al juez donde se sigue el proceso que deba acumularse la remisión de los registros y, en su caso, que ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados o bien que notifique a aquéllos que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva que deben presentarse en un término perentorio ante el juez competente y notifique a la víctima u ofendido si lo hubiere.

Artículo 53. Separación de autos.

Podrá ordenarse la separación de autos acumulados cuando concurran las siguientes circunstancias:

I. Que la pida alguna de las partes antes del auto de apertura al juicio oral, y

II. Que el juez estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría.

La separación sólo podrá decretarse a petición de parte y la resolución del juez que declare no haber lugar a la separación no admitirá recurso alguno.

Decretada la separación, conocerá de cada asunto el juez que conocía de él antes de haberse efectuado la acumulación, dicho juez, si fuere diverso del que decretó la separación no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia.

La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación.

CAPITULO IV

Impedimentos, recusaciones y excusas

Artículo 54. Excusa o recusación.

Los jueces y magistrados deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan, por cualquiera de las causas de impedimento que se señalan en este Código o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes.

Artículo 55. Causas de impedimento.

Son causas de impedimento de los jueces y magistrados:

I. Haber intervenido en el mismo proceso como ministerio público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, haber ejercido la acción penal particular o haber actuado como perito, consultor técnico o conocer del hecho investigado como testigo, o tener interés directo en el proceso;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, o tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, o éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos;

III. Ser o haber sido tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados o ser o haber sido administrador de sus bienes por cualquier título;

IV. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno de los interesados, o cuando no haya transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del juicio respectivo, hasta la fecha en que éste haya tomado conocimiento del asunto;

V. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, sean acreedores, deudores, arrendadores, arrendatarios o fiadores de alguno de los interesados o tengan alguna sociedad con éstos;

VI. Cuando antes de comenzar el proceso, haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguno de los interesados, o hubiera sido denunciado o acusado por alguno de ellos;

VII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;

VIII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados;

IX. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, hubieran recibido o reciban beneficios de alguno de los interesados o si, después de iniciado el proceso, hubieran recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya sido su valor;

X. Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga como juez, algún pariente suyo dentro del segundo grado de consanguinidad;

XI. Para el caso del juez de juicio oral, haber fungido como juez de control en el mismo proceso, y

XII.-Haya vertido comentarios discriminatorios del imputado, víctima o el ofendido; o

XIII. Cualquier otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad, o en lo conducente, cuando se actualice alguna de las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para los fines de este artículo, se consideran interesados, el ministerio público, el imputado y la víctima u ofendido, así como sus defensores y asesores jurídicos, respectivamente.

Artículo 56. Excusa.

Cuando un juez o magistrado estimen cierta y legal la causa de impedimento, sin audiencia de las partes se declararán separados del asunto y remitirán los registros al superior jerárquico para que resuelva quién debe seguir conociendo del mismo.

Artículo 57. Recusación.

Cuando el juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación.

Artículo 58. Tiempo y forma de recusar.

La recusación debe interponerse ante el propio juez o magistrado recusado por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento u oralmente si se interpusiere en el curso de una audiencia celebrada dentro del término antes citado y en ella se indicará bajo pena de inadmisibilidad, la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes.

Toda recusación que no fuere promovida en tiempo será desechada de plano.

Artículo 59. Trámite de recusación.

Interpuesta la recusación, el recusado remitirá el registro indispensable de lo actuado al superior que deba calificar aquella con inserción de las pruebas ofrecidas para fundar la causa y de todo aquello que señalare el recusante.

Recibido el escrito, se pedirá informe al funcionario recusado, quien lo rendirá dentro del plazo de veinticuatro horas y señalará día y hora para la audiencia dentro de los tres días siguientes a que se recibió el informe.

La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas.

Concluido el debate el tribunal pronunciará resolución de inmediato sobre si es legal o no la causa de recusación que se hubiere alegado y contra la misma no habrá recurso alguno.

Artículo 60. Actos urgentes.

El juez que se excusa y el juez recusado que admita la causa de recusación sólo podrán practicar los actos urgentes, que no admitan dilación, particularmente los que versan sobre providencias precautorias, control de la detención, formulación de la imputación, medidas cautelares y el auto de vinculación a proceso y que, según esa circunstancia, no pudieren ser llevados a cabo por quien los reemplace.

Artículo 61. Efectos.

Producida la excusa o admitida la recusación, serán nulos los actos posteriores del juzgador o magistrado separado, salvo aquellos de mero trámite o urgentes que no hayan admitido dilación.

La intervención de los nuevos juzgadores o magistrados será definitiva.

Artículo 62. Improcedencia de la recusación.

No procede la recusación:

I. Al cumplimentar exhortos;

II. En los incidentes de competencia, o

III. En la calificación de los impedimentos o recusaciones.

Artículo 63. Responsabilidad.

Incurrirá en falta el juez o magistrado que omita apartarse cuando exista una causa para hacerlo conforme a este Código o lo haga con notoria falta de fundamento, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales o de otro tipo que pudieran corresponder.

Artículo 64. Impedimentos del ministerio público, de peritos, traductores e intérpretes.

En la medida en que les sean aplicables, los agentes del ministerio público y los peritos deberán excusarse o podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces. En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones relativas.

La excusa o la recusación serán resueltas por la autoridad que resulte competente de acuerdo a las disposiciones aplicables, previa realización de la investigación que se estime conveniente.

TITULO IV

ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL

CAPITULO I

Formalidades

Artículo 65. Oralidad de las actuaciones procesales.

Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse con documentos o cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimir mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.

Artículo 66. Idioma.

Los actos procedimentales deberán realizarse en idioma español, observándose lo siguiente:

I. Cuando una persona que deba intervenir en un acto procedimental no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma;

II. Deberá proveerse a petición de parte o de oficio traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no hablen o no entiendan el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender;

III. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta;

IV. Si se trata de una persona afectada por cualquier tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o, aquellos medios tecnológicos que permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella.

En los actos de comunicación, deberán los tribunales tener absoluta seguridad de que la persona con discapacidad no solo haya sido impuesta formalmente de las decisiones jurisdiccionales que deba conocer, sino que comprenda su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión se ha dado.

V. Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad o a juicio de la autoridad competente sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistido, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia;

VI. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante se dejará registro de su declaración en el idioma de origen, y

VII. En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas que no comprendan o no se expresen con facilidad en español, deberán ser asistidos por intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

Artículo 67. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores.

Las personas serán interrogadas en idioma español o cuando corresponda mediante la asistencia de un traductor o intérprete.

El juez podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación, pero, en tal caso, la traducción o la interpretación procederán a cada pregunta o respuesta.

En ningún caso, las partes o los testigos podrán ser intérpretes.

Artículo 68. Lugar.

El juez o tribunal celebrará las audiencias y debates en la sala de audiencias, excepto si ello puede provocar una grave alteración del orden público o no garantiza la defensa de alguno de los intereses comprometidos en el juicio u obstaculiza seriamente su realización, en cuyo caso se celebrarán en el lugar que para tal efecto designe el juez y bajo las medidas de seguridad que éste determine conforme lo establezcan las leyes.

Artículo 69. Tiempo.

Salvo disposición legal en contrario, los actos procedimentales podrán ser realizados en cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad de previa habilitación. Se registrará el lugar, la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no hará nulo el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro u otros conexos, la fecha en que se realizó.

Artículo 70. Protesta.

Dentro de la audiencia, antes de que cualquier persona mayor de dieciocho años de edad comience a declarar, con excepción del imputado, se le informará de las penas que el Código Penal Federal establece a los que se conducen con falsedad o se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley, posteriormente se le tomará protesta de decir verdad.

A quienes tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, se les informará que podrán incurrir en una conducta prevista como delito en el Código Penal Federal y hacerse acreedores a una medida de conformidad con la ley reglamentaria del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se conduzcan con falsedad o se nieguen a declarar, posteriormente se le tomará la protesta.

A las personas menores de doce años de edad y a los imputados que deseen declarar se les exhortará para que se conduzcan con verdad.

Artículo 71. Resguardos.

Cuando se pretenda utilizar registros de imágenes o sonidos, se deberá conservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta la audiencia de juicio, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.

Las formalidades esenciales de los actos deberán constar en el mismo registro y, en caso de no ser posible, en un registro complementario.

Artículo 72. Registros de actuación.

Cuando uno o varios actos de la policía, el ministerio público o el juez deban hacerse constar por algún medio de conformidad con este Código, se levantará un registro en video, fotografía o cualquier otro soporte, que garantice fidedignamente su reproducción, dejándose constancia de la hora, fecha y lugar de su realización.

Los actos se documentarán por escrito sólo cuando este Código lo exija en forma expresa o en aquellos casos en que no pueda utilizarse otro medio para dejar constancia de la actuación realizada.

Artículo 73. Regla general.

Cada diligencia relacionada con la investigación del delito se registrará por separado, que firmarán los que en ella hayan intervenido, sobre todo la autoridad que practique la diligencia, al calce del mismo o en el soporte del registro. Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren algunas modificaciones o rectificaciones, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dicen tener.

CAPITULO II

Medios Informáticos

Artículo 74. Diligencias de investigación por medio informático.

El Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República emitirán las disposiciones correspondientes para regular los recursos que se estimen necesarios para el eficaz funcionamiento de los medios digitales en el proceso penal, estableciendo al menos los siguientes:

I. Acuse de recibo digital;

II. Autoridad certificadora;

III. Archivo digital;

IV. Certificado digital;

V. Clave de acceso digital;

VI. Comunicación entre autoridades y entre éstas y particulares;

VII. Dirección de correo electrónico;

VIII. Documento digital;

IX. Estampillado de tiempo;

X. Estrado digital;

XI. Envío digital;

XII. Expediente digital;

XIII. Firma digital;

XIV. Firmante, y

XV. Medios de acceso y control de registros.

De igual forma el Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República emitirán conjuntamente los lineamientos para regular el procedimiento de solicitud, por cualquier medio digital, de la autorización judicial para la práctica de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público hacia el Juez de Control, teniendo en consideración los siguientes temas:

I. Los datos de prueba que el Ministerio Público aporte para la procedencia de la diligencia podrán ser ofrecidos por cualquier medio digital.

II. La resolución del Juez de Control debidamente firmada y autorizada deberá incorporarse inmediatamente al Sistema electrónico.

III. La resolución del Juez de Control sólo será consultada por el propio Juez de Control y el Ministerio Público solicitante, el cual tendrá acceso exclusivamente a una copia inmodificable que podrá imprimir para su uso dentro de la diligencia.

IV. Todas las comunicaciones entre el Ministerio Público, el Juez de Control y demás autoridades competentes deberán estar en un registro fehaciente.

Las denuncias o querellas presentadas y, en su caso ratificadas que hayan sido recibidas por medios digitales tendrán los mismos efectos que las presentadas o ratificadas por los medios tradicionales, siempre y cuando, cumplan con los requisitos que para tal efecto se prevén para estas últimas.

Las autoridades federales podrán intervenir, promover y atender los requerimientos utilizando medios digitales, en los términos dispuestos en este Código y en las disposiciones aplicables, comunicaciones de las cuales deberá existir un registro fehaciente.

Asimismo, las diligencias y actuaciones del ministerio público y los órganos judiciales federales podrán constar en documentos digitales, mismos que deberán contar con la firma digital de los funcionarios que las practiquen.

El uso de los medios digitales será optativo para los particulares que intervengan en los procesos penales.

En caso de optar por el medio digital, las partes se obligan a sujetarse a las reglas previstas para ese efecto en todas las etapas del proceso, en los cuales registrará la fecha y hora en que suceda el evento dentro del sistema, utilizando la hora proporcionada por la instancia oficial mexicana, lo que dará certeza al tiempo de envío y recepción digital haciendo las veces de acuse de recibo digital. Los documentos enviados por medios digitales o en línea, deberán ser legibles.

Asimismo, las promociones o escritos que se presenten a través de medios digitales, ante el ministerio público y los órganos judiciales federales deberán contener, además, la firma digital de su autor. Las promociones en papel, podrán digitalizarse e incorporarse a un expediente digital, previo cotejo y certificación de la autoridad correspondiente.

Los datos de prueba dentro de un proceso penal deberán señalar la naturaleza y clase de documento que envía, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Lo anterior, no limita la presentación de dichos documentos ante el juez competente, así como el cotejo de los mismos, para la cual se señalará fecha y hora de su comparecencia.

Artículo 75. Del acceso al sistema electrónico.

Para el acceso a los medios digitales a que se refiere este Código se requerirá de una firma digital. Los agentes del ministerio público y sus auxiliares que por razón de su función deban ingresar a ellos, así como los defensores públicos y privados y los demás particulares intervinientes en el proceso penal, podrán obtener esta firma previo trámite ante el Consejo de la Judicatura Federal o la Procuraduría General de la República.

La firma digital es única, intransferible y no repudiable. El uso de la misma queda bajo la exclusiva responsabilidad del firmante, quien será responsable de las consecuencias jurídicas que se originen por el mal uso o el uso no autorizado de la misma y tendrá los mismos efectos jurídicos que las leyes conceden a la firma autógrafa, para certificar la autenticidad de los documentos que produzcan y se remitan entre autoridades y entre éstas y particulares.

El uso de los sistemas electrónicos dentro del proceso penal acusatorio, se regirá por el principio de accesibilidad más amplio posible, procurando que las personas con discapacidad o cualquier otra con dificultades o imposibilidad de acceso, y que sean usuarias del sistema de procuración y administración de justicia, tenga garantizada la accesibilidad a la información.

CAPITULO III

Audiencias

Artículo 76. Disposiciones comunes.

Salvo casos de excepción que prevea este Código, el proceso se desarrollará mediante audiencias. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.

Artículo 77. Desarrollo de las audiencias.

En las audiencias, salvo las excepciones previstas en este Código, deberán estar presentes el juez, el ministerio público, el imputado y su defensor y, en su caso, el ofendido o la víctima y su asesor jurídico. Cuando falte alguno de ellos, excepto la víctima u ofendido o su asesor jurídico, la autoridad judicial diferirá la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de los medios de apremio y correctivos disciplinarios que juzgue pertinentes.

Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero no con el público. Si infringe esa disposición, el juzgador podrá imponerle una corrección disciplinaria. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, será retirada de la audiencia y se le podrá imponer una corrección disciplinaria.

Toda persona que altere el orden en la audiencia será acreedora a una corrección disciplinaria sin perjuicio de su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. En el proceso, la conservación del orden estará a cargo del juez.

Artículo 78. Individualización o identificación de declarantes.

Antes de las audiencias, se llevará a cabo la individualización o identificación de cualquier persona que vaya a declarar, previa protesta de ley, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, estado civil, oficio o profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las partes. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala y con presencia de los abogados de las partes para corroborarlo.

Artículo 79. De la publicidad.

Las audiencias serán públicas. Los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar la difusión por los medios de comunicación cuando existan razones fundadas para justificar que se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso, la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de las víctima u ofendidos, de testigos o de menores de edad, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el juez estime que existen razones fundadas para justificarlo.

Cuando se trate de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual que pongan en riesgo la intimidad y la privacidad de la víctima u ofendido, de testigos o menores de edad, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, o cualquier otro a consideración del juez, se podrá restringir la publicidad de las audiencias o impedir la difusión por los medios de comunicación para garantizar su protección.

La resolución será fundada y motivada y constará en los registros de la audiencia. Desaparecida la causa, se hará ingresar nuevamente al público y quien presida el debate informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos cumplidos a puertas cerradas, cuidando de no afectar el bien protegido por la reserva.

Artículo 80. Restricciones para el acceso.

El juez o magistrado que presida la audiencia podrá por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la misma, prohibir el ingreso a:

I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia;

II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios, o

III. Cualquier persona que porte objetos peligrosos o prohibidos o que no observen las disposiciones del juez o del tribunal.

El juez podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala de audiencia, así como de conformidad con las disposiciones en materia de seguridad que dicte el juez.

En el caso de representantes de los medios de comunicación que expresen su voluntad de presenciar la audiencia, el juez preguntará a las partes su postura y en caso de admitir su presencia, procurará ubicarlos en un lugar adecuado para el ejercicio de sus funciones, pero la toma del rostro de la víctima u ofendido, de los testigos y del imputado, así como la divulgación de sus datos personales o la transmisión simultánea, oral o audiovisual de la audiencia o su grabación con esos fines, requieren la autorización previa del juez y el consentimiento del ministerio público, del imputado, su defensor y, si estuviere presente, de la víctima u ofendido.

El juez o magistrado señalará en cada caso las condiciones en que se ejerce el derecho a informar y podrá prohibir mediante resolución fundada y motivada, la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia cuando puedan resultar actualizadas algunas de las causas previstas por el artículo 79 de este Código o cuando se limite el derecho del imputado o de la víctima u ofendido a un juicio imparcial y justo.

Artículo 81. Inmediación.

Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida del juez y, salvo disposición expresa en contrario, de las partes que intervienen en el proceso.

Artículo 82. Ausencia o abandono de las audiencias.

En el caso de que estuvieren designados varios defensores o varios agentes del ministerio público, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva.

Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de la misma sin causa justificada se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor.

Cuando el abandono de la defensa ocurriere poco antes o durante la audiencia, si lo solicita el nuevo defensor para la adecuada preparación de la defensa del imputado, se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse la ya iniciada por un plazo máximo de diez días.

Si el ministerio público no comparece a la audiencia o se aleja de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia, para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo sustituya de inmediato por otro agente, quien dispondrá del tiempo estrictamente necesario para que se imponga del asunto y se reanude la audiencia.

Artículo 83. Deberes de los asistentes.

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente, en silencio y no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas, tampoco podrán portar armas o elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia.

Artículo 84. De las correcciones disciplinarias.

El juez o magistrado para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, así como la observancia de sus decisiones en audiencia podrá aplicar como corrección disciplinaria cualquiera de las medidas previstas en el artículo 133 de este Código.

Artículo 85. Hecho delictivo en audiencia.

Si durante la audiencia se advierte que existe la probabilidad de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, el juez lo hará del conocimiento del ministerio público competente y le remitirá el respectivo registro correspondiente.

Artículo 86. Registros de las audiencias.

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico de reproducción que tenga a su disposición el juzgador, que en todo caso será al menos en audio y video.

La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo proceso y de las partes.

Las formalidades esenciales de los actos deberán constar en el mismo registro y, en caso de no ser posible, en un registro complementario.

Artículo 87. Asistencia del imputado a las audiencias.

El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona. Sin embargo, cuando se requiera de medidas especiales de seguridad, el juez determinará los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, impedir la fuga o la realización de actos de violencia de su parte o contra su persona. Si el imputado estuviere en libertad, bastará su citación para su presencia en el debate.

Artículo 88. Oralidad.

Las audiencias se desarrollarán de manera oral. Las resoluciones del juez serán pronunciadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando todos notificados de su emisión y constarán luego en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código para cada caso, sin perjuicio de observar lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 91 de este Código.

Artículo 89. Audiencias distintas a la de juicio oral.

Las audiencias distintas a la del juicio oral, también se desarrollarán con plena observancia de los derechos humanos, así como los principios y demás disposiciones aplicables al proceso, las excepciones previstas en este Código no podrán ser contrarias a los principios y derechos referidos.

Artículo 90. Intervención en la audiencia.

En las audiencias el imputado podrá defenderse por sí y por medio de un licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional, que hubiera designado como defensor.

El ministerio público, el imputado o su defensor, así como la víctima u ofendido y su asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces lo autorice el juez.

El imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el juez que preside la audiencia preguntará siempre al imputado, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

CAPITULO IV

Resoluciones judiciales

Artículo 91. Resoluciones judiciales.

La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al proceso y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar la autoridad que resuelve, el lugar y fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.

Las resoluciones de los jueces o magistrados serán emitidas oralmente y cuando constituyan actos de molestia o privativos constarán por escrito. Para tal efecto deberán constar por escrito las siguientes resoluciones:

I. Las que resuelven sobre providencias precautorias;

II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia;

III. La de vinculación a proceso;

IV. La de medidas cautelares;

V. La de apertura a juicio oral;

VI. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio oral, sobreseimiento, aprobación de acuerdos reparatorios y

VII. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo.

En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente.

Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán, en su caso, por mayoría de votos. En el caso de que un juez o magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, emitirá y firmará su voto particular, expresando sucintamente su opinión.

Artículo 92. Congruencia y contenido de autos y sentencias.

Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, las situaciones a resolver, así como la debida fundamentación y motivación.

Los razonamientos que contengan las sentencias serán concisos y evitarán formulismos innecesarios, centrándose en torno al esclarecimiento de los hechos, antes que sobre la persona acusada.

Artículo 93. Resolución de peticiones o planteamientos de las partes.

Todas las peticiones o planteamientos de las partes que por su naturaleza o importancia deban ser debatidas o requieran producción de prueba se resolverán en audiencia. Las partes deberán efectuar su petición u ofrecer su producción de prueba en el escrito en el que solicite la celebración de la audiencia o en el desarrollo de la misma o en la contestación del traslado.

Las solicitudes planteadas en audiencia deberán resolverse en la misma antes de que se declare cerrada e inmediatamente después de concluido el debate. Sólo en casos complejos, el juzgador podrá suspender la audiencia y retirarse a reflexionar o deliberar de manera privada, continua y aislada hasta emitir su resolución durante el tiempo estrictamente necesario para tal efecto, salvo los casos previstos en este Código.

Las peticiones de mero trámite deberán formularse por escrito o en audiencia ante la autoridad judicial, quien resolverá sobre la procedencia de la solicitud y, en caso de que sea indispensable para garantizar el derecho de las partes, deberá correrles traslado por medios impresos o electrónicos. En este caso, las resoluciones se dictarán dentro de los tres días siguientes.

La inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución dictada con posterioridad a ellos, pero otorgará a las partes la facultad prevista en el artículo siguiente y hará responsables a los juzgadores que injustificadamente dejen de observarlos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 94. Incumplimiento del plazo para dictar resolución.

Vencido el plazo para dictar una resolución, si ésta no ha sido dictada la parte interesada podrá acudir ante el tribunal competente en queja.

Artículo 95. Procedencia de la queja.

La queja procede contra las conductas de los jueces que no emitan las resoluciones o no dispongan la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señala la ley.

La queja podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la situación que la motiva ante el tribunal superior jerárquico que corresponda.

Dicho tribunal en el plazo de veinticuatro horas le dará entrada al medio de impugnación y requerirá al juez cuya conducta omisiva haya dado lugar a la queja para que rinda informe dentro del plazo de veinticuatro horas. Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la resolución que proceda.

Si se estima fundada la queja, el tribunal conminará al juez para que cumpla las obligaciones determinadas en la ley en un plazo no mayor de dos días. La falta de informe a que se refiere el párrafo anterior establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 96. Aclaración.

En cualquier momento, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones siempre que tales aclaraciones no impliquen una modificación de lo resuelto.

En la misma audiencia, después de dictada la resolución y hasta dentro de los tres días posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar su aclaración, la cual, si procede, deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes. La solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que procedan. Sin embargo, la aclaración ya no podrá realizarse cuando la resolución que se pretende aclarar haya sido impugnada.

Artículo 97. Firma.

Las resoluciones escritas serán firmadas por los jueces o magistrados. También los registros que obren en medios electrónicos deberán ser firmados y tener el sello oficial digital.

Artículo 98. Copia auténtica.

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquél. Para tal fin, el juez o tribunal ordenará, a quien tenga la copia, entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente. La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.

Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el juez, se hará constar por el medio o forma propia del sistema utilizado.

Artículo 99. Restitución y renovación.

Si no existe copia de los documentos, el juez ordenará que se repongan, para lo cual recibirá los datos y medios de prueba que evidencien su preexistencia y su contenido. Cuando esto sea imposible, dispondrá la renovación, previniendo el modo de realizarla.

CAPITULO V

Comunicación entre autoridades

Artículo 100. Regla general.

El juez o el ministerio público de manera fundada y motivada, podrán encomendar a otra autoridad la práctica de un acto procesal. Dicha encomienda podrá realizarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. La autoridad requerida colaborará con los jueces o el ministerio público y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciba.

Artículo 101. Colaboración procesal.

Los actos de colaboración entre el ministerio público o la policía con autoridades de alguna entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios que se hallen de acuerdo con ésta.

Artículo 102. Exhortos y requisitorias.

Cuando tengan que practicarse diligencias fuera del ámbito territorial del juez federal que conozca del asunto, encomendará su cumplimiento por medio de exhorto, si la autoridad requerida es de la misma categoría que la requirente, o por medio de requisitoria si aquélla es inferior. La comunicación que deba hacerse a autoridades no judiciales se hará por cualquier medio de comunicación expedito y seguro que garantice su autenticidad, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en el artículo siguiente. En caso de existir disposiciones específicas para la práctica de actos de colaboración procesal, se estará en lo dispuesto en ellas.

Artículo 103. Empleo de los medios de comunicación.

Para el envío de oficios, exhortos o requisitorias, el ministerio público, el juzgador o la policía, podrán emplear cualquier medio de comunicación rápido como el fax, el correo electrónico, o cualquier otra tecnología, siempre y cuando esos medios ofrezcan las condiciones razonables de seguridad, de autenticidad y confirmación posterior en caso de ser necesario, debiendo expresarse, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del imputado si fuere posible, el delito de que se trate, el fundamento de la providencia y, en caso necesario, el aviso de que se mandará el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de que el requerido recibió la comunicación que se le dirigió, y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición y la urgencia del proceso.

Artículo 104. Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias.

Los exhortos o requisitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de los tres días siguientes, a no ser que las actuaciones que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el juez fijará el que crea conveniente y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el juzgador requerido estima que no es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud, con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de darle cumplimiento.

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, la autoridad judicial exhortada o requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del juez que libró aquella. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del juez exhortante o requirente, el requerido dará vista al ministerio público para que formule la imputación; y en su caso, decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten, resolverá su vinculación a proceso conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y remitirá las actuaciones y, en su caso, al detenido, a quien libró el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte.

Cuando un juzgador no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juzgador del lugar en que aquella o éstas se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si el juez exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, porque el asunto no resulta ser de su competencia o si tuviere dudas sobre este punto, podrá comunicarse con el juez exhortante o requirente, oirá al ministerio público y resolverá dentro de los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva.

Artículo 105. Exhortos de tribunales extranjeros.

Los exhortos que provengan de tribunales extranjeros deberán ser tramitados por la vía diplomática respectiva y deberán observar al efecto los requisitos que indiquen los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y las legislaciones correspondientes.

Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción.

Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente.

Artículo 106. Exhortos de otras jurisdicciones.

Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo siempre que no se afecte el desarrollo de la actividad jurisdiccional y se encuentren ajustados a derecho.

Artículo 107. Diligencias en el extranjero.

Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las constancias y demás anexos procedentes según sea el caso.

Los exhortos o cartas rogatorias serán transmitidos al órgano requerido por vía judicial, a través de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido según sea el caso.

Artículo 108. Retardo o rechazo.

Cuando el diligenciamiento de un requerimiento de cualquier naturaleza fuere demorado o rechazado injustificadamente, la autoridad requirente podrá dirigirse al superior jerárquico de la autoridad que deba cumplimentar dicho requerimiento a fin de que, si procede, ordene o gestione la tramitación inmediata.

CAPITULO VI

Notificaciones y citaciones

Artículo 109. Notificaciones.

Los actos que requieran una intervención de las partes o terceros se notificarán personalmente, por lista, por cédula, por fax, por correo electrónico o excepcionalmente, por teléfono o por cualquier otro medio, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en su caso, los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República.

En la notificación de las resoluciones judiciales podrán emplearse los medios digitales y se aceptará el uso de la firma digital, así como del correo electrónico si se acepta de manera expresa por las partes.

De practicarse la notificación por fax, correo electrónico o por teléfono, se procurará que estos medios ofrezcan condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad y, en caso de ser necesario, de confirmación posterior.

Las normas a que hace referencia el párrafo primero de este artículo deberán asegurar que las notificaciones se hagan a la brevedad y ajustadas a los siguientes criterios:

I. Que transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento;

II. Que contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes, y

III. Que adviertan al imputado o a su defensor y a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, según el caso, cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto a plazo o condición.

Artículo 110. Regla general sobre notificaciones.

Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el juez disponga un plazo menor. No obligarán sino a las personas debidamente notificadas. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se emita la resolución correspondiente.

Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad, a quien no sabe leer y escribir, a quien vive en situación de calle o cualquier otra que le impida comprender el alcance de la notificación, la misma deberá hacerse de forma que no signifique una barrera para acceder al proceso penal.

Artículo 111. Lugar para notificaciones.

Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar donde se desarrolle el proceso o la forma para ser notificado. Cualquiera de las partes podrá ser notificada en las instalaciones del órgano jurisdiccional personalmente.

Los defensores, los agentes del ministerio público y los servidores públicos que intervienen en el proceso serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del órgano que ordene la notificación, salvo que hayan admitido ser notificadas por fax, por correo electrónico o excepcionalmente por teléfono.

Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el Juzgado o en el lugar de su detención.

Las partes que no señalaren domicilio convencional o el medio para ser notificado o no informaren de su cambio, serán notificadas por cédula que se fijará en los estrados del juzgado.

Artículo 112. Notificaciones a defensores o asesores jurídicos.

Cuando se designe defensor o asesor jurídico, las notificaciones deberán ser dirigidas a éstos, sin perjuicio de notificar al imputado, a la víctima o al ofendido del delito, según sea el caso, cuando la ley o la naturaleza del acto así lo exijan.

Cuando el imputado tenga varios defensores, deberá notificarse al representante común, sin perjuicio de que otros acudan a la oficina correspondiente del ministerio público o del juez para ser notificados. La misma disposición se aplicará a los asesores jurídicos de la víctima o del ofendido del delito.

Artículo 113. Formas de notificación.

Las notificaciones se practicarán:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) En el domicilio que para tal efecto se señale;

b) El notificador cerciorado de que es el domicilio señalado, requerirá la presencia del interesado o su representante legal, una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique;

c) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, se le dejará citatorio con cualquier persona que viva o trabaje ahí, debiendo asentarse esa circunstancia y el nombre de la persona que lo recibió, para que espere al notificador al día hábil siguiente en la hora determinada en el citatorio. No encontrándose a nadie en el domicilio señalado, se fijará una cita para el día siguiente en la puerta del lugar donde se practique el acto. Si en la fecha indicada no se encontrare la persona a quien deba notificarse o se niegue a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio, señalando el notificador tal circunstancia en el acta de notificación, y

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

Las resoluciones en contra de las cuales proceda el recurso de apelación se notificarán personalmente a las partes.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional. Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de su publicación.

Cuando la notificación se realice por teléfono se dejará constancia de conformidad con lo dispuesto por este Código.

Cuando la notificación sea por medio de fax, correo o cualquier otro medio electrónico, se imprimirá la copia de envío y recibido que se agregará al registro o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto.

Artículo 114. Forma especial de notificación.

Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá notificársele por cualquier medio electrónico; en este caso, la notificación surtirá efecto al día hábil siguiente a aquél en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente.

Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal o la Procuraduría General de la República, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación.

Artículo 115. Nulidad de la notificación.

La notificación será nula, siempre y cuando cause indefensión para la persona quien va dirigida, por alguna de las siguientes causas:

I. Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada;

II. La resolución haya sido notificada en forma incompleta;

III. En la diligencia no conste la fecha y hora en que se llevó a cabo o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia;

IV. Falte alguna de las firmas requeridas;

V. Exista discrepancia entre el original y la copia recibida por el interesado;

VI. Se realice en un domicilio distinto al de la persona a notificar,

VII. Se realice por un medio distinto al señalado por la persona a notificar y autorizado por el juez o Tribunal, o

VIII. Se realice en contravención con las formalidades previstas en el presente capitulo.

IX. En cualquier otro supuesto que cause indefensión.

La nulidad de notificación podrá reclamarse por la parte interesada o el juzgador podrá repetir las notificación irregular o defectuosa en cualquier tiempo aunque no lo pidan las partes.

Artículo 116. Convalidación de la notificación.

Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la providencia, ésta surtirá efectos legales.

Artículo 117. Citación

Toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o el ministerio público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los magistrados federales y las personas impedidas por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física, psicológica que dificulte su comparecencia.

Cuando haya que examinar a los servidores públicos o las personas señaladas en el párrafo anterior, el juez dispondrá que su testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión cerrada.

La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos de que el éxito de la tramitación requiera que no se haga así. En el caso de quien se desempeñe como personal de las instituciones de seguridad pública o militar, el juez ordenará su presentación por medio de la policía.

En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el juez solicitará a la institución donde se desempeñó la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva.

Artículo 118. Forma de realizar las citaciones.

Cuando, para algún acto procesal, sea necesaria la presencia de una persona, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado, telegrama con aviso de entrega o cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, salvo que la parte oferente se comprometa a presentarla y, en caso de no cumplir su ofrecimiento de presentar a los testigos, se le tendrá por desinteresado de la prueba, a menos que justifique la imposibilidad que tuvo para presentarla.

Para llevar a cabo la citación, deberá hacerse saber la denominación y domicilio de la autoridad ante la que deberá presentarse el citado, el día y hora en que debe comparecer, el objeto de la citación, el proceso en el que ésta se dispuso y la firma de la autoridad que ordena la citación, además, se deberá advertir que si la orden no se obedece se le impondrá la medida de apremio que para tal efecto determine el juez.

También podrá citarse por teléfono a la persona que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal notificación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo.

Artículo 119. Citación al imputado.

En los casos en que sea necesaria la presencia del imputado para realizar un acto procedimental, el ministerio público o el juez, según corresponda, lo citará, junto con su defensor, a comparecer, con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto, el lugar al que debe comparecer y el nombre del servidor público que lo requiere.

Se advertirá que en caso de incomparecencia injustificada se le impondrá como medida de apremio, su arresto o conducción por la fuerza pública.

La citación contendrá el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que expide la citación.

Artículo 120. Comunicación de actuaciones del ministerio público.

Cuando en el curso de una investigación el ministerio público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Capítulo.

CAPITULO VII

Plazos

Artículo 121. Reglas generales.

Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos. Los plazos legales serán perentorios e improrrogables.

Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del proceso y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar.

Los plazos serán comunes para los interesados y correrán a partir del día siguiente a aquél en que se surtió efecto la notificación.

No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal u otros ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de providencias precautorias, poner al imputado a disposición de los tribunales, de resolver la legalidad de la detención, de formular la imputación, de resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso.

Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente.

Artículo 122. Renuncia o abreviación.

Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo, podrán renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación expresa. En caso de plazo común deben expresar su voluntad todas las partes a las que le es oponible.

Cuando sea el ministerio público el que renuncie a un plazo o consienta en su abreviación, deberá oírse a la víctima u ofendido para que manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 123. Reposición del plazo.

Quien no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él o por un acontecimiento insuperable, caso fortuito o defecto en la comunicación, podrá solicitar de manera fundada y motivada su reposición total o parcial, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley. El juez podrá ordenar la reposición, escuchando a las partes.

CAPITULO VIII

Nulidad de los Actos Procesales

Artículo 124. Procedencia.

Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del proceso que puedan trascender en el resultado del fallo.

Artículo 125. Oportunidad.

La solicitud de declaración de nulidad procesal se deberá interponer, en forma fundada y por escrito, incidentalmente, dentro de los tres días siguientes a aquél en que el perjudicado hubiere tenido conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación persiguiere. Si el vicio se produjo en una actuación verificada en una audiencia y el afectado estuvo presente, deberá interponerse verbalmente antes del término de la misma audiencia.

Artículo 126. Sujetos legitimados.

Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el proceso siempre que no hubiere contribuido a causarlo.

Artículo 127. Nulidad de oficio.

Si el Juez o Tribunal estima que se produjo un acto viciado y la nulidad no se ha saneado aún, lo pondrá en conocimiento de las partes que intervienen en el proceso a quienes estime que la nulidad les ocasiona un perjuicio, a fin de que procedan como crean conveniente a sus derechos.

Artículo 128. Saneamiento de la nulidad.

Las nulidades quedarán convalidadas cuando el interviniente perjudicado en el proceso:

I. No interponga el incidente oportunamente;

II. Acepte expresa o tácitamente los efectos del acto, o

III. A pesar del vicio, el acto cumpla su finalidad respecto de todos los interesados.

Artículo 129. Efectos de la declaración de nulidad.

El Juez o Tribunal al resolver la declaración de nulidad de un acto procesal, determinará concretamente cuáles son los actos a los que se extiende y, de ser posible, ordenará que se renueven, rectifiquen o ratifiquen.

Hasta la fase intermedia la declaración de nulidad podrá retrotraer el proceso a fases y etapas anteriores, a manera de repetición del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido. Las nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral no retrotraerán el proceso a la audiencia intermedia o de preparación del juicio oral o etapas o fases anteriores.

CAPITULO IX

Gastos procedimentales

Artículo 130. Gastos en el proceso.

Los gastos de las actuaciones serán cubiertos por quienes las promuevan, salvo que el imputado o la víctima u ofendido, justifiquen que están imposibilitados para ello y que la no realización de la diligencia pudiere ocasionar una notoria afectación a sus posibilidades de defensa o actuación. En el caso de la prueba pericial, el juez ordenará la utilización de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligadas a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento material para ello.

CAPITULO X

Acceso a la información

Artículo 131. Reglas de acceso a la información en la investigación.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, las investigaciones en trámite y aquéllas en que se ha ejercido la acción penal son reservadas. Sólo los sujetos legitimados, en los términos previstos por este Código, pueden acceder a las mismas.

El acceso público a las investigaciones respecto de las que se resolvió el no ejercicio de la acción penal se hará mediante una versión pública de la resolución y procederá siempre y cuando haya quedado firme, no se ponga en riesgo investigación alguna y no resulte procedente clasificar la información que consta en los registros de investigación conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del imputado, víctima u ofendido, así como de testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la investigación, salvo que éstos hubieren otorgado su consentimiento expreso para publicarlos.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la investigación o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

Artículo 132. Excepción.

En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia, en tanto no haya prescrito la acción penal o la potestad para ejecutar penas.

CAPITULO XI

Medios de apremio

Artículo 133. Imposición de medios de apremio.

El juez, magistrado o agente del ministerio público podrá disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones.

I. Amonestación;

II. Multa de treinta a cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo la multa no deberá de exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso;

III. Expulsión de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia;

IV. Auxilio de la fuerza pública, o

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

La resolución que determine la imposición de medidas de apremio requerirá fundamentación y motivación.

El juez o magistrado podrá dar vista a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativa o penal que en su caso proceda.

TITULO V

SUJETOS PROCESALES Y SUS AUXILIARES

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Artículo 134. Sujetos del proceso penal.

Son sujetos del proceso penal, los siguientes:

I. La víctima u ofendido;

II. El imputado;

III. El defensor;

IV. El ministerio público;

V. El juez

Artículo 135. Reserva sobre la identidad de las personas detenidas.

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, los defensores, los asesores jurídicos, así como los demás servidores públicos, que intervengan durante el proceso en cualquier etapa, no podrán informar a terceros no legitimados acerca de la identidad de los detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora.

Toda persona detenida, deberá dar su consentimiento para ser expuesta a los medios de comunicación masiva. Cuando por razones circunstanciales sea inevitable la trascendencia en dichos medios, no se permitirán entrevistas de ninguna especie entre estos y quien haya sido detenido.

Toda violación al deber de reserva por parte de los sujetos señalados en el párrafo anterior, será sancionada por la ley penal.

Artículo 136. Probidad.

Los sujetos procesales que intervengan en el proceso penal en calidad de parte, deberán de conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede.

Las partes no podrán designar durante la tramitación del proceso, defensores o asesores jurídicos que se hallaren comprendidos en una notoria relación con el juez que pudieran obligarlo a impedirse.

Los jueces y magistrados procurarán que en todo momento se respete la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe.

CAPITULO II

Víctima u ofendido

Artículo 137. Víctima u ofendido.

Se considerará ofendido del delito a la persona que haya sufrido directamente un daño con motivo de la comisión de un delito.

Para los efectos de este Código, se considera víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

Se considera víctimas a las agrupaciones, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que su objeto se vincule directamente con aquéllos; y a las comunidades indígenas en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de los integrantes de la etnia o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural, para efectos de lo previsto en la fracción I del artículo 430 de este Código.

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima u ofendido o en el caso en que éste no pudiere ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como víctimas a los familiares o cualquier otra persona que tenga relación afectiva reconocida por la ley, en el siguiente orden de prelación::

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o al concubinario;

III. A los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado, inclusive;

IV. A los dependientes económicos.

Artículo 138. Condición de víctima y ofendido.

La condición de víctima u ofendido del delito deberá acreditarse ante el ministerio público y, en su caso, ante el juez. Dicha condición se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, vincule a proceso o condene al autor, coautor o partícipe del delito y con independencia de que exista una relación familiar, laboral o afectiva con éste.

Si se tratare de varios ofendidos deberán nombrar un representante común y si no alcanzan un acuerdo será nombrado por el ministerio público, en la investigación inicial, o por el juez, durante el proceso.

Artículo 139. Derechos de la víctima y ofendido.

En las etapas a que se refiere este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos y la autoridad judicial, la policía, el Ministerio Público y sus auxiliares garantizarán a éstos el acceso a la justicia para ejercerlos:

I. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, este Código y demás ordenamientos aplicables en la materia;.

II. Contar con información sobre los servicios que en su beneficio existan, como el ser atendidos por personal del mismo sexo cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia,

III. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito, con un familiar o con su asesor jurídico para informales sobre su situación y ubicación;

IV. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del proceso;

V. Ser informado, cuando así lo solicite del desarrollo del proceso penal de principio a fin;

VI. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad humana;

VII. Recibir un trato sin discriminación, a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

VIII. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;

IX. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;

X. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del proceso penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el español. En caso de que padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia, haciendo valer los medios de impugnación que correspondan en caso de su inobservancia;

XI. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando sea de otra nacionalidad;

XII. Contar con todas las facilidades para identificar al imputado, sin poner en riesgo su integridad física o psicológica;

XIII. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, siempre que sean pertinentes, tanto en la investigación como en el proceso;

XIV. Intervenir en todo el proceso e interponer los recursos, conforme se establece en este Código;

XV. Solicitar el desahogo de las diligencias de investigación que, en su caso, correspondan, salvo que el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de determinada actuación, debiendo éste fundar y motivar su negativa;

XVI. Recibir y ser canalizado a instituciones que le proporcionen atención médica, psicológica y protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite y, en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, a recibir esta atención por persona del sexo que elija;

XVII. Solicitar que el imputado sea separado de su domicilio como una medida cautelar, cuando conviva con aquél, con independencia de la naturaleza del delito. Esta solicitud deberá ser canalizada por el ministerio público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

XVIII. Solicitar se dicten medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, de su persona, sus bienes, posesiones o derechos, contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible, para que se le garantice el pago de la reparación del daño o cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por imputados del delito o por terceros implicados o relacionados con el imputado;

XIX. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;

XX. Impugnar, en los términos de este Código y las demás disposiciones legales que prevean las leyes, las omisiones, abandono o negligencia en la función investigadora del delito por parte del ministerio público;

XXI. Tener acceso a los registros durante todo el proceso y a obtener copia de los mismos, para informarse sobre el estado y avance del mismo, por lo que hace a las actuaciones relacionadas con su interés jurídico, salvo la información que ponga en riesgo la investigación o la identidad de personas protegidas;

XXII. Ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;

XXIII. A que se le repare el daño causado por el delito, pudiendo solicitarlo directamente al juez, sin perjuicio de que el ministerio público lo solicite;

XXIV. Al resguardo de su identidad y demás datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

XXV. Ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el proceso;

XXVI. Presentar acción penal particular conforme a las formalidades previstas en este Código;

XXVII. Que se le reconozca la calidad de parte durante todo el proceso;

XXVIII. Solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión;

XXIX. A ser informado del significado y consecuencias jurídicas del otorgamiento del perdón en los delitos de querella, así como el derecho que tiene a recibir la reparación del daño previo al otorgamiento del perdón;

XXX. No ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento;

XXXI. No proporcionar sus datos personales en audiencia pública,

XXXII. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima u ofendido; cuando resulte procedente.

XXXIII. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables.

En los delitos en los cuales las personas menores de dieciocho años sean víctimas el juez o el ministerio público tendrán en cuenta los principios del interés superior del niño o del adolescente, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en este Código.

Artículo 140. Designación de asesor jurídico.

En cualquier etapa del proceso las víctimas u ofendidos, podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio.

La asesoría jurídica a la víctima tiene como propósito proteger y hacer valer los derechos de la víctima u ofendido del delito en el proceso penal.

La intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el proceso penal en representación de la víctima u ofendido.

En cualquier etapa del proceso, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico.

Artículo 141. Comparecencia de menor de edad o de persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho.

Cuando la víctima sea menor de edad o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho y comparezca ante el ministerio público deberá, además de contar con asesor jurídico, ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela o por quien legalmente ejerza la representación.

Artículo 142. Restablecimiento de las cosas al estado previo.

En cualquier estado del proceso, la víctima u ofendido podrá solicitar al juez, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.

CAPITULO III

Imputado

Artículo 143. Denominación.

Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el ministerio público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito.

Además, se denominará acusado a aquél contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquél sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme.

Artículo 144. Derechos del imputado.

El imputado tendrá los siguientes derechos:

I. A ser considerado y tratado como inocente;

II. A comunicarse por cualquier medio con un familiar o con su defensor cuando sea detenido, brindándole el ministerio público todas las facilidades;

III. A declarar o a guardar silencio el cual no será utilizado en su perjuicio;

IV. A declarar con asistencia de su defensor y a entrevistarse en privado previamente con él;

V. A que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración, así como en cualquier actuación en la que intervenga;

VI. A que se le informe desde el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;

VII. A no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad;

VIII. A solicitar ante la autoridad judicial su libertad bajo la imposición de una medida cautelar, en los casos en que se encuentre detenido y así lo prevea este Código;

IX. Tener acceso él o su defensa a los registros de investigación cuando se encuentre detenido, se pretenda entrevistarlo o recibírsele su declaración y a obtener copia de los mismos;

X. A que se le reciban los testigos y los demás medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código;

XI. A ser juzgado en audiencia por un juez o tribunal antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

XII. A tener una defensa adecuada por licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por un defensor público, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad;

XIII. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma español;

XIV. Ser presentado al ministerio público o al juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido;

XV. No ser expuesto a los medios de comunicación o presentado ante la comunidad como culpable, sin su consentimiento, y

XVI. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

CAPITULO IV

Defensor

Artículo 145. Derecho a designar defensor.

El imputado tendrá el derecho de designar a un defensor de su confianza desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado con cédula profesional.

Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un defensor, o bien solicitar se le nombre uno. Conocerá de dicha petición el ministerio público o el juez de control competente.

La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, a formular las peticiones y hacer observaciones por sí mismo.

Artículo 146. Acreditación.

Los defensores designados deberán acreditar su profesión desde el inicio de su intervención, mediante cédula profesional legalmente expedida.

Artículo 147. Nombramiento posterior.

Durante el transcurso del proceso el imputado podrá designar un nuevo defensor, sin embargo, hasta en tanto el nuevo defensor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el juez o el ministerio público le designará al imputado uno público, a fin de no dejarlo en estado de indefensión.

Artículo 148. Inadmisibilidad y apartamiento.

Cuando el defensor en el proceso haya sido testigo del hecho o cuando fuere coimputado de su defendido, sentenciado por el mismo hecho o imputado por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento de ese mismo hecho concreto, no se admitirá su intervención o en su caso, se le apartará de la participación ya acordada. En ese supuesto, el imputado deberá elegir nuevo defensor.

Si no existiere otro defensor o el imputado no ejerciere su facultad de elección, se le designará un defensor público.

Artículo 149. Renuncia y abandono.

Cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el ministerio público o el juez le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro, sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o pueda nombrarlo, se le designará un defensor público.

Artículo 150. Nombramiento del defensor público.

Cuando el imputado, no quiera o no designe defensor particular, el ministerio público o el juez, en su caso, le nombrarán un defensor público que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga.

Artículo 151. Número de defensores.

El imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero en las audiencias los defensores los defensores tomarán la palabra actuando en orden y respeto.

Si el imputado tuviere varios defensores, estará obligado a nombrar un representante común que lleve la representación de la defensa o, en su defecto, lo hará el juez.

Artículo 152. Defensor común.

La defensa de varios imputados en un mismo proceso por un defensor común es admisible, siempre que no existan intereses contrapuestos entre ellos. No obstante, si alguna incompatibilidad se advierte, será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al defensor.

Artículo 153. Entrevista con los detenidos.

El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, particularmente antes de rendir declaración, tendrá derecho a entrevistarse privadamente con su defensor cuando así lo solicite en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho.

CAPITULO V

Ministerio Público

Artículo 154. Competencia del ministerio público.

Compete al ministerio público conducir la investigación y resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 155. Deber de lealtad y de objetividad.

El ministerio público deberá actuar durante todas las etapas del proceso en que intervenga con absoluta lealtad hacia el objeto del proceso y hacia las partes.

El deber de lealtad consiste en el deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo. Igualmente, al concluir la investigación formalizada puede solicitar el sobreseimiento del proceso o en la audiencia de juicio oral, puede concluir requiriendo la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.

Durante la investigación, el imputado o su defensor podrán requerir al ministerio público medidas para verificar la inexistencia de un hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan el delito o atenúen la punibilidad o su culpabilidad.

Artículo 156. Obligaciones del ministerio público.

Para los efectos del presente Código el ministerio público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Recibir las denuncias, querellas o su equivalente que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que puedan constituir delito, así como ordenar, en su caso, a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados;

II. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos;

III. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su preservación y procesamiento;

IV. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al ministerio público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

V. Determinar los hechos concretos, personas, domicilios y demás lugares u objetos que deben ser investigados;

VI. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de diligencias conducentes para el esclarecimiento del hecho probablemente delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;

VII. Instruir o asesorar, en su caso, a la policía de investigación, sobre la legalidad, conducencia, pertinencia, suficiencia y fuerza demostrativa de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades de investigación;

VIII. Requerir informes, documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y demás medios de investigación;

IX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de técnicas de investigación y demás actuaciones que las requieran y que resulten indispensables para la investigación;

X. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias precautorias y medidas cautelares en los términos de este Código;

XI. Ordenar la detención de los imputados;

XII. Pronunciarse ante el juez de control, sobre la solicitud de medida cautelar que le soliciten en términos de este Código;

XIII. Decidir la aplicación de alguna forma de terminación anticipada de la investigación previstos en este Código;

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad;

XV. Realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proporcionar auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del ministerio público, policías, peritos y, en general, de todos los sujetos que con motivo de su intervención en el proceso, exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal;

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;

XVII. Solicitar cuando fuere procedente la orden de aprehensión o de comparecencia;

XVIII. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas dentro de los plazos establecidos por la ley;

XIX. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal;

XX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y al riesgo o peligro del imputado, y promover su cumplimiento;

XXI. Aportar los medios de prueba una vez establecidos los hechos y cuando haya vinculación probable entre éstos y la persona imputada, para la debida comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; las circunstancias en que hubiera sido cometido, la existencia de los daños, así como para la fijación del monto de su reparación;

XXII. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan, así como que se apliquen las atenuantes o agravantes que procedan, en los casos y condiciones que establece este Código;

XXIII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente, y

XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 157. Práctica de diligencias y acciones de la investigación.

La práctica de las diligencias y acciones que integran la investigación se desarrollarán en los términos de los acuerdos generales o específicos que emita la Procuraduría General de la República.

Dichos acuerdos serán elaborados o actualizados, en armonía con el estándar internacional en la investigación y de derechos humanos, de modo que se integren protocolos de investigación para delitos en general, pero también para delitos cuya recurrencia o gravedad, precisen de una acción estructural y estructurada por parte del Ministerio Público.

CAPITULO VI

Policía

Artículo 158. Obligaciones de la policía.

Las policías actuarán bajo la conducción y el mando del ministerio público en la investigación de los delitos y quedarán obligadas a:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el ministerio público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas.

También podrán recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos aportados. De confirmarse la información, lo notificará de inmediato al ministerio público;

II. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el ministerio público lo ordene por escrito, en caso de urgencia.

Antes del uso de la fuerza, los policías deberán agotar las posibilidades de una detención pacífica. En caso de necesidad, el uso de la fuerza será proporcional para la sujeción y sometimiento físico. Una vez sometida la persona, le serán dados a leer los documentos que autoricen su detención;

III. Actuar en la investigación de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos;

IV. Poner inmediatamente a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas;

V. Registrar de inmediato en el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, la detención de cualquier persona, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al ministerio público;

VI. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos y la identidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Las investigaciones de la Policía estarán basadas en el objeto del sistema penal acusatorio, referidos en el artículo 20 de la constitucional.

Cuando para el cumplimiento de estas diligencias se requiera de una autorización judicial, la policía lo informará al ministerio público para que éste con base en los elementos que aquél le proporcione, pueda solicitarla;

VII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, así como dar aviso al ministerio público conforme a las disposiciones aplicables.

La policía de investigación deberá procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del hallazgo en términos de las disposiciones aplicables;

VIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

IX. Requerir a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación, en caso de negativa, informarán al ministerio público para que, en su caso, éste lo requiera en los términos de este Código;

X. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas de acuerdo con lo previsto en el artículo 159 de este Código;

XI. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, y

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos;

XII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales;

XIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello constituyan dictámenes periciales, y

XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.

Artículo 159. Informe Policial Homologado.

La policía de investigación llevará un control y seguimiento de cada actuación que realice y dejará constancia de las mismas en el Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos: el día, hora, lugar y modo en que fueren realizadas; las entrevistas efectuadas y, en caso de detenciones, señalará los motivos de la misma, la descripción de la persona; el nombre del detenido y el apodo, si lo tiene; la descripción de su estado físico aparente; los objetos que le fueron encontrados; la autoridad a la que fue puesto a disposición, así como el lugar en el que fue puesto a disposición. De igual manera, deberá contener los demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El informe para ser válido debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante. No deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

Artículo 160. Entrevista policial.

La policía podrá entrevistar al imputado, con pleno respeto a los derechos que lo amparan en presencia del defensor y documentará toda la información que el imputado le proporcione en el informe policial homologado sin perjuicio de poder videograbarlas.

En caso de que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar ese hecho al ministerio público para que se inicien los trámites a efecto de que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

CAPITULO VII

Jueces y Magistrados

Artículo 161. Competencia jurisdiccional.

Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos:

I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura de juicio oral;

II. Juez o tribunal de juicio oral, que presidirá y conducirá la audiencia de debate del juicio oral y dictará la sentencia. También conocerá de la prueba anticipada en el supuesto a que se refiere el artículo 347, fracción I de este Código, y

III. Magistrado de Circuito, quien conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código, con excepción de aquéllos en los que se señale a una autoridad diversa.

Artículo 162. Deberes comunes de los jueces.

En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces de control, de juicio oral y, en lo conducente, de los magistrados de circuito, los siguientes:

I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional y los del proceso;

II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso;

III. Realizar personalmente las funciones que le confiere la ley, salvo aquellas de carácter administrativo que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación correspondan al personal auxiliar del juzgado o tribunal, y responder por el uso de la autoridad que les haya sido otorgada en el ámbito de su competencia;

IV. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo;

V. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del proceso penal;

VI. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable, y

VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en este Código y otras disposiciones aplicables.

CAPITULO VIII

Auxiliares de las partes

Artículo 163. Consultores técnicos.

Si por las particularidades del caso, el ministerio público o alguna de las partes que intervienen en el proceso consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al juez o magistrado. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente, sin que pueda tener la calidad de testigo.

LIBRO SEGUNDO

EL PROCESO PENAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Etapas del proceso

Artículo 164. Las etapas del proceso penal.

El proceso comprende las siguientes etapas:

I. La de investigación inicial, que abarca desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente hasta que el imputado queda a disposición del juez de control.

Durante esta etapa la persona que esté relacionada con los hechos que se investigan, no tendrá acceso al legajo de investigación por si ni por medio de su abogado, a no ser el caso que hubiere sido detenido por flagrancia o caso urgente, o la policía pretenda practicarle una entrevista o el ministerio publico tomarle una declaración, en cuyo caso deberá estar asistido por su abogado defensor. También durante esta etapa la persona tendrá derecho a ser asistida por su abogado cuando se ordene la práctica de una diligencia en la que deba participar.

II La de control previo, que comprende desde que el imputado queda a disposición del juez de control, hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso;

III La de investigación formalizada, que comprenderá desde que se notifique al imputado el auto de vinculación a proceso hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación;

IV La intermedia o de preparación del juicio oral, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio oral, y

V La de juicio oral, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso, y

VI. La segunda instancia, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de impugnación.

VII. La de Ejecución de Sanciones en los términos que señale la ley de la materia.

TITULO II

INVESTIGACION

CAPITULO I

Disposiciones comunes para la investigación inicial y formalizada

Artículo 165. Deber de investigación penal.

Cuando el ministerio público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, realizará la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

La investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Cuando la denuncia verse sobre posibles abusos de cualquier autoridad durante la detención, el traslado o la retención del imputado, el Ministerio Público se asegurará de que cesen inmediatamente las circunstancias que impliquen una violación a los derechos de la persona detenida e iniciará una investigación independiente de la relacionada con la detención del imputado.

Artículo 166. Objeto de la investigación.

La investigación tiene por objeto que el ministerio público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la eventual acusación contra el imputado.

Artículo 167. Proposición de diligencias.

Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido o su asesor jurídico, podrán solicitar al ministerio público todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El ministerio público ordenará que se lleven a cabo aquellas que sean conducentes.

Si el ministerio público rechaza la solicitud, podrán inconformarse ante el Procurador General de la República o el servidor público a quien haya delegado esta función, en los términos previstos en el artículo 237 de este Código.

Artículo 168. Principios que rigen la investigación.

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, lealtad, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 169. Agrupación y separación de investigaciones.

El ministerio público podrá investigar separadamente cada delito de que tenga conocimiento. No obstante, podrá desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando se actualice una de las causales de conexidad previstas en este Código. Asimismo, en cualquier momento podrá separar las investigaciones que se conduzcan en forma conjunta, cuando se advierta que no existe una causal de conexidad.

Cuando dos o más agentes del ministerio público investiguen los mismos hechos y con motivo de esta circunstancia se afecte el derecho de defensa del o de los imputados, aquéllos podrán pedir a los superiores jerárquicos, que resuelva cuál de ellos tendrá a su cargo el caso, mismo que deberá resolver en el término de cinco días.

Artículo 170. Obligación de suministrar información.

Toda persona o servidor público están obligados a proporcionar oportunamente la información que requiera el ministerio público o la policía, en el ejercicio de sus funciones de investigación, los que no podrán excusarse de suministrarla salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

Todo servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiera la policía, en el ejercicio de sus funciones de investigación, los que no podrán excusarse de suministrarla, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

Durante el desarrollo de la cadena de custodia, la policía de investigación podrá exhortar a quienes se encuentren en el lugar de los hechos o del hallazgo a proporcionar información en relación a los hechos ocurridos, o solicitarles para tales efectos sus generales de identidad o localización, con el fin de que sean citados con posterioridad.

En el caso de que se negaren a proporcionar la información requerida sin estar impedidos para hacerlo, o no se corrobore fehacientemente la veracidad de la información proporcionada, la policía inmediatamente y por cualquier medio lo hará del conocimiento del Ministerio Público, conjuntamente con los elementos probatorios de que disponga respecto de las circunstancias que se relacionen con la persona y el hecho ilícito, para que éste pueda ordenar lo que corresponda para que proporcione información o solicitar al juez de control se realice la entrevista.

En caso de incumplimiento de este mandato será sancionado de conformidad con las leyes aplicables.

Toda información obtenida por la policía que no se comunique al ministerio público durante la investigación y que no se integre a los registro de la investigación para la información de las partes no podrá tenerse en cuenta por la autoridad judicial.

Artículo 171. Registro de la investigación.

El ministerio público deberá dejar registro de todas las actuaciones que se realicen, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.

El registro de cada actuación deberá consignar por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los servidores y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados.

Artículo 172. Secreto de las actuaciones de investigación.

A las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y la policía podrán tener acceso el imputado y su defensor hasta que aquél comparezca como imputado, sea detenido, se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. Antes de su primera comparecencia ante juez, el imputado o su defensor, tienen derecho a consultar dichos registros y a que se les entregue copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo cuando sea indispensable para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación o amenaza o influencia a los testigos del hecho, a fin de asegurar el éxito de la investigación, o para la protección de personas o bienes jurídicos y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa.

En ningún caso la reserva podrá exceder en su duración la mitad del plazo máximo de la investigación formalizada.

El imputado o su defensor podrán solicitar del juez o tribunal competente que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, a ellos tendrán acceso únicamente el imputado, su defensor y la víctima u ofendido o su asesor jurídico en los términos de este Código.

En caso que el ministerio público se niegue a entregar al imputado o a su defensa copias de los registros que existan en la investigación, éstos podrán acudir ante juez de control solicitando su intervención a fin de que el mismo ordene al ministerio público la entrega de los registros requeridos en un plazo no mayor de 48 horas.

CAPITULO II

Inicio de la investigación

Artículo 173. Formas de inicio.

La investigación de los hechos que revistan las características de un delito competencia de la Federación, podrá iniciarse por denuncia o por querella o su equivalente.

El ministerio público y la policía, en los términos de este Código, están obligados a proceder sin mayores trámites a la investigación de los hechos que la ley señale como delitos de que tengan noticia, salvo que decida ejercer un criterio de oportunidad o resulte evidente que no hay conducta que perseguir.

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona o parte informativo que rinda la policía, en los que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos que sean conducentes para la investigación.

Tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante las diligencias de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente, observándose, además, lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo.

Cuando el ministerio público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al ministerio público la determinación que adopten.

Para los casos relacionados con la industria petrolera o con el servicio público de energía eléctrica, la acreditación de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o escritura pública o la inscripción en el registro público.

El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por este Código o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay conducta que perseguir.

Artículo 174. Deber de denunciar.

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, está obligada a denunciarlo ante el ministerio público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía.

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al ministerio público, o a comunicar la denuncia recibida por caso de urgencia, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

No estarán obligados a denunciar: el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

Artículo 175. Forma y contenido de la denuncia.

La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante.

En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar estampará su huella digital, previa lectura que se le haga de la misma.

Artículo 176. Trámite de la denuncia.

Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el ministerio público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas de este Código.

Cuando la denuncia sea presentada a la policía en los términos señalados por este Código, ésta informará al ministerio público de manera inmediata.

Artículo 177. Querella u otro requisito equivalente.

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o su representante legal o del legalmente facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresa o tácitamente ante el ministerio público, su deseo de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran un requisito de procedibilidad y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente.

La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos de la denuncia, el ministerio público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos a fin de poder ejercer la acción penal.

Artículo 178. Personas menores de edad o personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho.

Tratándose de personas menores de dieciocho años o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que los menores puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o por sus propios representantes.

CAPITULO III

Actuaciones derivadas del conocimiento de un hecho delictuoso

Artículo 179. Atención médica de lesionados.

La atención médica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes del delito y sean considerados imputados, se hará en los hospitales públicos.

Cuando por la urgencia del caso o la gravedad de la lesión se requiera la intervención médica inmediata y no fuese posible recurrir a un hospital que preste servicios al público en general, se recurrirá, para la atención que corresponda, a los establecimientos de salud de organismos de la Administración Pública más cercanos al lugar en que se encuentre el lesionado, salvo que éste expresamente solicite ser trasladado a una institución de salud privada, en cuyo caso, los gastos deberán ser asumidos por aquél.

Si el lesionado no debe estar privado de libertad, la autoridad que conozca del caso podrá permitir, que sea atendido en lugar distinto en donde además se le podrá realizar la clasificación legal de las lesiones. Este permiso se concederá sin perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del lesionado cuando lo estime oportuno.

Siempre que se deba explorar físicamente a personas, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición del interesado, por médicos del sexo que éste elija, salvo que esto no sea posible en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto el propio interesado podrá proponer quién lo atienda.

Será responsabilidad del ministerio público, o de la policía en caso de urgencia, garantizar la seguridad de las personas lesionadas, de las instalaciones y del personal médico de las instituciones de salud pública o privada a las que se remita a una persona lesionada en un hecho de naturaleza delictiva. Dicha guardia y protección deberá ajustarse a las circunstancias del caso, evaluando el peligro de que se continúe la agresión o se amenace la integridad de la víctima o imputado, éste pueda sustraerse o ser sustraído de la acción de la justicia o que la integridad del personal médico que lo atiende también corra riesgo.

Si la persona detenida presenta lesiones, o la autoridad observa indicios de violaciones al artículo 22 constitucional, la policía o el Ministerio público, tomarán medidas inmediatas para asegurarse de la atención médica del imputado y de las valoraciones psicológicas para determinar la naturaleza de las lesiones. Si de ello se deriva alguna lesión a garantías y derechos humanos, iniciará una investigación de oficio.

CAPITULO IV

Cadena de custodia

Artículo 180. Cadena de custodia.

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los indicios. Lo anterior será aplicable a quien por el cumplimiento de las funciones propias de su encargo, en especial el personal de los servicios de salud entre en contacto con los indicios.

Artículo 181. Diligencias iniciales.

Inmediatamente que el ministerio público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de investigación tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para:

I. Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos;

II. Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito;

III. Saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y,

IV. En general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.

Artículo 182.- Deberes de la policía de investigación durante el procesamiento.

La Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos correspondientes para regular las actuaciones de la policía de investigación cuando descubran indicios a que refiere este Capítulo, las cuales se sujetarán a lo siguiente:

I. Informe sin demora al Ministerio Público.

II. Identificación minuciosa del indicio.

III. Recolección, descripción y constancia de su aseguramiento.

IV. Informe al Ministerio Público del registro, preservación y procesamiento de los indicios para eficientar las investigaciones y la práctica de diligencias periciales.

V. Documentar las órdenes que emita el Ministerio Público para la realización de investigaciones y la práctica de diligencias a los indicios registrados, tal documentos deberá contener como mínimo la fundamentación, motivación, firma autógrafa y huella de dicho funcionario público.

Artículo 183. Medidas del ministerio público para verificar la ejecución de la cadena de custodia.

El ministerio público se cerciorará de que se han seguido los procesos para preservar los indicios. Tratándose de los indicios, el ministerio público podrá ordenar la práctica de las diligencias periciales que resulten procedentes.

En caso de que la recolección, levantamiento y traslado de los indicios no se haya hecho como lo señalan las disposiciones legales y los procesos respectivos, el ministerio público lo asentará en los registros de la investigación y, en su caso, dará vista a las autoridades que resulten competentes para efectos de las responsabilidades a que haya lugar.

Artículo 184. Medidas de los peritos para evaluar la ejecución de la cadena de custodia.

Los peritos se cerciorarán del correcto manejo de los indicios y realizarán los peritajes pertinentes sobre lo que se les instruyan. Los dictámenes respectivos serán enviados al ministerio público para efectos de la investigación. Los indicios restantes serán resguardados para posteriores diligencias o su destrucción, si resulta procedente, por determinación del ministerio público o de la autoridad judicial competente.

Los peritos darán cuenta por escrito al ministerio público cuando los indicios no hayan sido debidamente resguardados, de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes que se les hubiere instruido.

El perito que reciba los indicios dejará constancia del estado en que se encuentran y procederá al estudio y análisis del indicio a la brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser remitido oportunamente al agente del Ministerio Público encargado de la investigación.

Artículo 185. Preservación.

La preservación de los indicios es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en contacto con ellos. En los casos de flagrancia que importen peligro de pérdida de la vida o pongan en riesgo la integridad física de las autoridades que tengan conocimiento de los hechos, deberán tomar fotografía, video o cualquier otro medio que permita la certeza del estado en que fueron encontrados los indicios y procederán a fijar y sellar el lugar para practicar el inventario cuando esto sea seguro, en términos del Acuerdo General que para el efecto emita la Procuraduría General de la República.

En caso de enfrentamiento armado actual o inminente se podrá realizar el procesamiento de cadena de custodia en un lugar distinto al lugar de los hechos o del hallazgo en términos del Acuerdo General que para el efecto emita la Procuraduría General de la República.

En la investigación deberá constar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios relacionados con la investigación.

Los lineamientos para la preservación de indicios que por Acuerdo General emita el Procurador General de la República, detallarán las diligencias, procesos, datos e información necesarios para asegurar la integridad de los mismos.

La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levanten los indicios y finalizará por orden de autoridad competente.

Cuando durante el proceso de cadena de custodia exista una alteración de los indicios, huellas o vestigios o de los instrumentos, objetos o productos del delito, estos no perderán su valor probatorio, siempre y cuando no hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate.

Los indicios, huellas o vestigio del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito en los casos a que se refiere el párrafo anterior, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin.

CAPITULO V

Aseguramiento de bienes

Artículo 186. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados por la policía de investigación durante el desarrollo de la cadena de custodia a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. La administración de los bienes asegurados se realizará de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con las reglas establecidas para la cadena de custodia y demás disposiciones que resulten aplicables.

Invariablemente la policía deberá informar al ministerio público sobre los aseguramientos que realice, a fin de que éste determine si resulta necesario llevar a cabo diligencias adicionales.

Artículo 187. Proceso para el aseguramiento de bienes.

El aseguramiento de bienes se realizará conforme al siguiente proceso:

I. La policía de investigación deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes asegurados, el cual deberá estar firmado por el imputado o la persona con quien se atienda la diligencia. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que no sean miembros de la policía de investigación;

II. En el caso de que los productos, instrumentos u objetos del delito por su naturaleza constituyan indicios o dato de prueba, la policía de investigación deberá observar las reglas aplicables en materia de cadena de custodia, para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, y

III. Realizado el aseguramiento, se pondrán mediante el inventario respectivo, los bienes a disposición de la autoridad competente para su administración, dentro de los diez días siguientes, en la fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 188. Administración de bienes asegurados.

Los bienes asegurados durante la investigación, serán administrados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, salvo aquéllos que constituyan indicios que deban ser utilizados durante el proceso, los cuales deberán ser resguardados en el almacén de indicios habilitado para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables o aquéllos que por su naturaleza, volumen o cantidad deban ser enviados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Tampoco será aplicable la disposición anterior, respecto de aquellos bienes que por su naturaleza deban ser entregados a otra autoridad.

Artículo 189. Notificación del aseguramiento y abandono.

El ministerio público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por edictos, en términos de lo previsto por este Código.

En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal.

La declaratoria de abandono a que se refiere el presente artículo será emitida por el ministerio público y notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración, para efecto de darles destino.

Artículo 190. Custodia y disposición de los bienes asegurados.

Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del ministerio público para los efectos del proceso penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración.

Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el proceso penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables.

El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes.

Artículo 191. Del registro de los bienes asegurados.

Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:

I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y

II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción anterior.

El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto envíe la autoridad judicial, o el ministerio público.

Artículo 192. Frutos de los bienes asegurados.

A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen.

Ni el aseguramiento de bienes, ni su conversión a numerario implican que éstos entren al erario federal.

Artículo 193. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor.

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición o productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor, si esta medida es procedente, el ministerio público ordenará su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie.

Artículo 194. Aseguramiento de indicios de gran tamaño.

Los indicios de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán grabarse en videocinta o se fotografiarán en su totalidad y, especialmente, se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito.

Estas fotografías y vídeos podrán sustituir al indicio y podrán ser utilizados en su lugar, durante el juicio oral o en cualquier otro momento del proceso y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista en este Código.

Salvo lo previsto en este Código en relación con los bienes asegurados, los indicios mencionados en este artículo, después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito.

Artículo 195. Aseguramiento de billetes y monedas.

La moneda nacional o moneda extranjera que se asegure, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. La autoridad que ordene el aseguramiento deberá depositarlos a las cuentas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se aperture para dichas monedas.

Los términos y condiciones de esos depósitos serán determinados por la Tesorería de la Federación.

En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines de la investigación o el proceso penal, la autoridad judicial o el ministerio público así lo indicarán al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba.

Artículo 196. Aseguramiento de flora y fauna.

Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de la dependencia federal competente o institución de educación superior o de investigación científica.

Artículo 197. Aseguramiento de obras de arte, arqueológicas o históricas.

Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en museos, centros o instituciones culturales públicos, considerando la opinión de la dependencia federal competente o institución de educación superior o de investigación científica.

Artículo 198. Aseguramiento de vehículos relacionados con hechos de tránsito.

Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos se entregarán en depósito al conductor o a quien se legitime como su propietario o poseedor.

Artículo 199.Aseguramiento de armas de fuego o explosivos.

Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos, la policía deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan.

Artículo 200. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras.

El ministerio público, por sí mismo, o a solicitud de la policía podrá ordenar la suspensión, congelamiento o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y, en general, cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.

Artículo 201. Aseguramiento de inmuebles.

El ministerio público, por sí mismo o a solicitud de la policía, podrá ordenar el aseguramiento de inmuebles los cuales podrán quedar en posesión de su propietario o poseedor, siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público. Quienes queden en posesión de los inmuebles no podrán ejercer actos de dominio y, en caso de que generen frutos o productos, estarán obligados en los términos de los artículos 12 y 15 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros.

Artículo 202. Efectos del aseguramiento en actividades lícitas.

El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lícitas.

Artículo 203. Cosas no asegurables.

No estarán sujetas al aseguramiento:

I. Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto profesional, y

II. Las notas que hubieran tomado las personas señaladas en la fracción anterior sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extiende el derecho de abstenerse a declarar o el secreto profesional.

Si en cualquier momento del proceso se constata que las cosas aseguradas son de las comprendidas en este artículo, éstas serán inadmisibles como medio de prueba en la etapa procesal correspondiente.

No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible o existan indicios fundados de que están encubriéndolo.

Artículo 204. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados.

La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes:

I. En la etapa de investigación inicial, cuando el ministerio público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva, o se levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o

II. Durante el proceso, cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 205. Entrega de bienes asegurados.

Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a ellos. La autoridad judicial o el ministerio público notificarán su resolución al interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de noventa días a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causará abandono a favor del gobierno federal.

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación.

Artículo 206. Devolución de bienes asegurados.

La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado.

La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación por los depósitos a la vista que reciba.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al devolver empresas, negociaciones o establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración.

Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, en su caso, se proceda conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley citada.

Artículo 207. Devolución de bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolverlos.

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados o exista la imposibilidad de devolverlos se estará a lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 208. Revisión del estado de los bienes asegurados.

Siempre que sea necesario tener a la vista algunos de los bienes asegurados, se comenzará la diligencia haciendo constar el estado en que se encuentra su embalaje y si el bien se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser asegurado según conste en la descripción. Si se considera que ha sufrido alteración, se inscribirán en los registros de la investigación las circunstancias que la hagan presumir.

Artículo 209. Aseguramiento por valor equivalente.

En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictuoso hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el ministerio público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso, de bienes del imputado cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

En los casos que así se establezca, se podrá decretar el aseguramiento de bienes propiedad del o los imputados, así como de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Artículo 210. El decomiso.

La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya procedido la acción de extinción de dominio.

El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.

CAPITULO VI

Providencias Precautorias

Artículo 211. Procedencia de las providencias precautorias.

El ministerio público o la víctima u ofendido, durante la investigación inicial podrán solicitar al juez providencias precautorias para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de los indicios, la intimidación o amenaza o influencia a las víctimas, los testigos del hecho o para la protección de personas o bienes jurídicos.

Para resolver sobre la procedencia de la solicitud de providencias precautorias, el juez tomará en consideración, en lo que resulte conducente, los criterios aplicables para las medidas cautelares previstas en este Código.

Artículo 212. Providencias precautorias.

Son providencias precautorias las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con alguien;

II. Limitación para asistir o acercarse a determinados lugares;

III. Prohibición de abandonar un municipio, entidad federativa o el país;

IV. Vigilancia policial, o

V. Obligación de comunicar previamente cualquier cambio de domicilio o empleo.

La imposición de providencias precautorias se tomará en audiencia mediante resolución debidamente fundada y motivada, escuchando a la persona afectada en presencia de su abogado defensor y deberá señalarse la duración de dichas providencias.

Cuando persistan las condiciones que dieron origen a la medida precautoria el ministerio público deberá fundar y motivar tal circunstancia, solicitando la prórroga del periodo establecido ante el juez competente y se procederá de la misma forma señalada en el párrafo anterior, en caso de no hacerlo así, la providencia precautoria decretada dejará de surtir efectos.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la providencia decretada, el imputado, su defensor o el ministerio público podrán solicitar al juez de control que la deje sin efectos.

En caso de incumplimiento de las providencias precautorias, el juez podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.

CAPITULO VII

Detención

Artículo 213. Procedencia de la detención.

Ninguna persona podrá ser detenida sino por orden del juez competente, a menos que fuere sorprendida en flagrancia o se tratare de caso urgente.

Artículo 214. Detención en flagrancia.

Cualquiera podrá detener a una persona:

I. En el momento de estar cometiendo el delito;

II. Cuando sea perseguido material e inmediatamente después de cometer el delito, o

III. Inmediatamente después de cometer el delito, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

En estos casos, el imputado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del ministerio público.

La flagrancia puede ser percibida de manera directa por los sentidos o con auxilio de medios tecnológicos.

Artículo 215. Detención en caso urgente.

Sólo en casos urgentes el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. El imputado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos de prisión preventiva oficiosa señalados en el artículo 264 de este Código.

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial.

La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones penales aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad.

Artículo 216. De los derechos de toda persona detenida.

Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante el ministerio público, la autoridad que ejecute o participe en la detención deberá respetar los derechos humanos que en favor de toda persona detenida consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y este Código.

La policía le informará al detenido de manera inmediata en el primer acto en que participe y dejará un registro de ello, que tiene derecho a guardar silencio y a elegir un defensor, a entrevistarse previamente con él en privado y, en caso de no contar con él, el Estado le asignará uno, así también le hará saber los motivos de la detención y los hechos que se le imputan. Por ningún motivo la policía o la autoridad que ejecute o participe en la detención, podrá ejercer cualquier tipo de maltrato o tortura.

Si por las circunstancias que rodearen la detención o por las personales del detenido, no fuere posible proporcionarle inmediatamente la información prevista en este artículo, tan pronto éstas sean superadas, la policía le hará saber las mismas.

Durante la detención, el traslado y la retención ante el Ministerio Público, no podrá ser inquirido sobre los hechos que se le imputan.

El ministerio público le hará saber al detenido sus derechos nuevamente, con independencia de que la policía lo hubiera hecho con anterioridad y constatará que los derechos humanos del detenido no hayan sido violados.

La información de derechos prevista en este artículo podrá efectuarse verbalmente o por escrito, si el detenido manifestare saber leer y encontrarse en condiciones de hacerlo.

La violación a lo dispuesto en los párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa.

Artículo 217. Información acerca de la detención.

En el caso de que el detenido sea extranjero, se le hará saber que tiene derecho a recibir protección consular.

El ministerio público y la policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si una persona está detenida y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

CAPITULO VIII

Registro de la detención

Artículo 218. Registro de la detención.

Cuando cualquier autoridad realice una detención o aprehensión, la registrará sin dilación alguna ante el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables y remitirá sin demora y por cualquier medio la información al ministerio público.

Artículo 219. Elementos de registro.

El registro a que se refiere el artículo anterior, al menos, deberá contener:

I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;

II. Media filiación;

III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención y, en su caso, rango y área de adscripción, y

V. Lugar a donde será trasladado el detenido y tiempo aproximado para su traslado.

Artículo 220. Acceso al registro de detención.

La información capturada en este registro será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

I. Las autoridades competentes en materia de investigación de los delitos, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y

II. Los imputados o su defensor, quienes sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa, para la rectificación de sus datos personales o para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del proceso penal, en términos de las disposiciones aplicables.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá acceder a la información contenida en el registro cuando medie queja, misma que seguirá teniendo carácter de confidencial y reservada.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el registro a terceros, salvo las excepciones previstas en este Código. El registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

A quien quebrante la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al proceso de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

Artículo 221. Datos de identificación de la persona detenida.

El ministerio público, una vez que el detenido sea puesto a su disposición, actualizará los datos de identificación proporcionados, para lo cual recabará, en su caso, lo siguiente:

I. Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad, grado de estudios y ocupación o profesión;

II. Clave Única de Registro de Población;

III. Grupo étnico al que pertenezca;

IV. Descripción del estado físico del detenido;

V. Huellas dactilares;

VI. Identificación antropométrica o biométrica en general, y

VII. Señas particulares u otros medios que permitan la identificación del individuo.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones generales necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar, archivar o eliminar toda la información a que se refiere el artículo 220 de este Código, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

Artículo 222. Puesta a disposición.

Se entenderá que el imputado queda a disposición del ministerio público para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que le sea entregado física y formalmente.

Cuando sea necesario ingresar al detenido a alguna institución de salud, la autoridad que haya realizado la detención deberá acompañar a su parte informativo, la constancia respectiva de dicha institución e informarlo de manera inmediata al ministerio público para los efectos del párrafo anterior.

Artículo 223. Plazo de detención ministerial.

En los casos de delito flagrante y en casos urgentes, ningún imputado podrá ser detenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas, salvo la excepción prevista en el artículo 16, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transcurrido dicho plazo, el ministerio público deberá ordenar su inmediata libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Cuando la detención en flagrancia se lleve a cabo por un delito diverso a los que se refiere el artículo 215 de este Código, el imputado podrá solicitar al Juez de control su libertad.

Al resolver sobre la solicitud de libertad, el Juez de control, podrá condicionarla a la aplicación de alguna medida cautelar que determine de las previstas en el artículo 247, fracciones II, VII, VIII, IX, X y XIII, de este Código.

Cuando el Juez de control deje libre al imputado, lo prevendrá a fin de que comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias de investigación, y concluida ésta, ante el Juez a quien se ejerza la acción penal, quien ordenará su comparecencia y si no lo hiciere sin justa causa y comprobada, ordenará su aprehensión, siempre que proceda en los términos de este Código.

En caso de que el ministerio público no ejerza la acción penal en el plazo previsto en el párrafo primero de este artículo, se podrá acudir ante juez de control a solicitar que la medida cautelar sea sustituida por una de carácter económico y en el caso de la medida a que se refiere la fracción VII del artículo 247 de este Código podrá ser ratificada, todo ello para asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, evitar la obstaculización del proceso o asegurar el pago de la reparación del daño.

El Juez de control podrá hacer efectiva la garantía si el imputado desobedeciere injustificadamente, las determinaciones que aquél dictara.

Para efectos de los párrafos anteriores, la medida cautelar procederá cuando el imputado:

I. No esté siendo procesado por cualquier delito o no haya sido condenado previamente por alguno de los previstos en el artículo 215 de este Código;

II. Tenga un domicilio fijo o demuestre residencia de por lo menos un año de antigüedad con anterioridad a la comisión del hecho, y

III. Tenga un trabajo lícito.

Tratándose de delitos culposos, no se concederá este beneficio al imputado que hubiere abandonado a la víctima, hubiere cometido el hecho en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

CAPITULO IX

Aprehensión y comparecencia

Artículo 224. Orden de aprehensión y comparecencia.

El juez de control, a solicitud del ministerio público, puede ordenar en los términos previstos por este Código, la aprehensión de una persona cuando se ha presentado denuncia o querella, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y derivado de la investigación correspondiente obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

La orden de comparecencia procederá a solicitud del ministerio público por delito que sea sancionado con pena no privativa de la libertad, pena alternativa o en los casos en que el imputado se encuentre gozando de una medida otorgada por el ministerio público durante la investigación inicial y que además, derivado de la investigación correspondiente obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 225. Hecho que la ley señala como delito.

El hecho que la ley señala como delito implica la existencia de los elementos objetivos o externos, así como los normativos y subjetivos, según lo requiera la descripción típica. Se considerará la existencia de ese hecho, cuando obren datos de prueba que así lo establezcan.

Artículo 226. Desahogo de la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia.

El ministerio público deberá solicitar por escrito el libramiento de la orden de aprehensión del imputado, describiendo los hechos que se le atribuyen, sustentados en forma precisa en los registros correspondientes y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron los requisitos señalados por este Código.

El juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas de recibida la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia o de cuarenta y ocho horas tratándose de solicitud de orden de aprehensión por los delitos a que se refiere el artículo 264 de este Código, resolverá en audiencia con la sola comparecencia del ministerio público, o a través del sistema informático a petición del ministerio público, sobre la misma, deberá pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. El juez podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que en ella se plantean o a la participación que tuvo el imputado en los mismos.

Cuando se trate de la aprehensión de una persona cuyo paradero se ignore, el juez ordenará la localización y aprehensión de dicha persona.

Artículo 227. Ejecución de la orden de aprehensión o comparecencia.

La orden de aprehensión se entregará al ministerio público, quien la ejecutará por conducto de la policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del juez que hubiere expedido la orden, en lugar distinto al destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. También deberán informarlo al ministerio público para que éste solicite la celebración de la audiencia inicial.

Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al detenido inmediatamente a disposición del juez que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de celebrarse la audiencia inicial, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La policía deberá informar al ministerio público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la policía no pueda ejecutar la orden de comparecencia deberá informarlo al juez y al ministerio público, en la fecha y hora señalada para celebración de la audiencia inicial.

Artículo 228. Prevención.

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo 224, el juez de oficio, prevendrá en esta audiencia al ministerio público para que los precise o aclare. No procederá la prevención cuando el juez considere que los hechos que cita el ministerio público en su solicitud resulten atípicos.

Artículo 229. Aprehensión de persona perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas o de las Instituciones de Seguridad Pública.

Al ser aprehendido un empleado, servidor público o un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de Instituciones de Seguridad Pública, se comunicará la detención sin demora al superior jerárquico respectivo, para los efectos legales a que haya lugar, siempre que se trate de delitos que requieran esa calidad de sujeto activo o se clasifique como grave para efectos de prisión preventiva oficiosa.

Tratándose de un integrante de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público tendrá conocimiento de la denuncia o querella, en términos del artículo 13 de la Constitución, asentará su competencia y consignará en consecuencia ante un Juez Penal Federal.

Artículo 230. Queja.

Si dentro de los plazos señalados en el párrafo segundo del artículo 226 el juez, según sea el caso, no resuelve sobre el pedimento de aprehensión o de comparecencia, el ministerio público podrá ocurrir en queja en los términos previstos en el artículo 95 de este Código.

Artículo 231. Orden de aprehensión o comparecencia negada.

La negativa de orden de aprehensión o de comparecencia, no impide que el ministerio público pueda continuar con la investigación y pueda volver a solicitarla.

Artículo 232. Otorgamiento de recompensa.

Se podrá ofrecer y entregar recompensa en los términos y condiciones que, por acuerdo específico el Procurador General de la República determine, a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil que permita el auxilio eficaz, efectivo y oportuno para:

I. Localizar víctimas u ofendidos del delito;

II. Identificar, localizar, detener o aprehender a imputados respecto de los cuales exista la probabilidad de que cometieron o participaron en un hecho que la ley señale como delito;

III. Localizar o asegurar indicios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictuoso, o

IV. Identificar y localizar recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta facultad podrá ejercerse respecto de los delitos del fuero común que por su relevancia o impacto social, así lo determine el Procurador General de la República mediante acuerdo específico.

Artículo 233. Presentación voluntaria del imputado.

El imputado contra quien se hubiere emitido la orden de aprehensión o comparecencia podrá ocurrir voluntariamente ante el juez que correspondiere para dar cumplimiento a ésta.

TITULO III

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 234. Acción Penal.

Cuando de la investigación inicial se desprenda que existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el ministerio público ejercerá acción penal.

Artículo 235. Titular del ejercicio de la acción penal.

El ejercicio de la acción penal corresponde al ministerio público, pero podrá ejercerse por los particulares en los casos previstos en este Código. El ejercicio de la acción penal no podrá dejar de realizarse, suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad.

Artículo 236. Exigibilidad de la reparación del daño.

La reparación del daño que deba exigirse al imputado, se hará valer de oficio por el ministerio público ante el juez, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente. Para tales efectos al realizar la imputación en la audiencia inicial, el ministerio público deberá señalar el monto estimado de los daños según los datos que hasta ese momento arroje la investigación.

Al formular la acusación, el ministerio público deberá concretar la petición del pago de la reparación del daño, la cual será exigible al acusado.

Artículo 237. Impugnación de la víctima u ofendido.

El denunciante, víctima u ofendido, podrán inconformarse ante el Procurador General de la República o el servidor público en quien se haya delegado esta función, en contra de las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre criterios de oportunidad, dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a su notificación, mediante escrito en el que se planteen los argumentos por los cuáles consideran improcedente la determinación del ministerio público, o en su caso, las diligencias que a su consideración el ministerio público omitió realizar y que pudieran haber determinado el ejercicio de la acción penal.

Para tal efecto, el Procurador General de la República o el servidor público en quien haya delegado dicha función, en coordinación con sus auxiliares dentro del plazo de diez días hábiles, analizarán los argumentos vertidos en el escrito de inconformidad con el objeto de examinar la procedencia de las determinaciones del ministerio público sobre abstención de investigar, el archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o sobre criterios de oportunidad.

Artículo 238. Control judicial.

Las resoluciones del Procurador General de la República o del servidor público en quien haya delegado dicha función, que confirmen las determinaciones del ministerio público sobre abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre criterios de oportunidad, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de control dentro de los cinco días posteriores a su notificación.

El juez, dentro de los diez días siguientes de interpuesta la impugnación, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al ministerio público, al imputado y a su defensor, en la que se expondrán los motivos y fundamentos de las partes.

En caso de que la víctima u ofendido o sus asesores jurídicos no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la resolución de abstención de investigar, archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre criterios de oportunidad.

El juez podrá dejar sin efecto la resolución del Procurador General de la República o del servidor público en quien haya delegado dicha función y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior.

CAPITULO II

Acción penal

Artículo 239. Ejercicio de la acción penal.

La acción penal pública corresponde al Estado a través del ministerio público y se ejerce obligatoriamente, salvo las excepciones legales.

En los casos previstos en este Código, la víctima, siempre que no se trate de un ente público, podrá ejercer la acción penal y se regirá por el proceso previsto en este Código.

Cuando el ejercicio de la acción penal requiera de instancia de parte, el ministerio público sólo la ejercerá ante la autoridad competente una vez que se formule querella o su equivalente.

La acción penal se considerará ejercida en el momento en que el ministerio público realiza la puesta a disposición del detenido ante el juez de control o cuando formule la solicitud de comparecencia u orden de aprehensión.

CAPITULO III

Impedimento para el ejercicio de la acción penal

Artículo 240. Causas que impiden el ejercicio de la acción penal.

No se ejercerá la acción penal cuando:

I. La persecución penal dependa expresamente del juzgamiento de una cuestión inherente al hecho delictivo que, según la ley, deba ser resuelta en un proceso independiente. Esta situación no impedirá que se verifiquen actuaciones urgentes y estrictamente necesarias para conferir protección a la víctima u ofendido o a los testigos, o para preservar los datos o medios de prueba que pudieran desaparecer;

II. La persecución penal dependa de un proceso especial previo de declaración de procedencia o destitución, previsto constitucionalmente, o

III. Sea necesario requerir la conformidad de un gobierno extranjero para la persecución penal del imputado.

CAPITULO IV

Formas de terminación anticipada de la investigación

Artículo 241. Archivo temporal.

El ministerio público, de conformidad con los lineamientos que emita el Procurador General de la República, podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en las que no se encuentren antecedentes suficientes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.

La duración del archivo temporal será la correspondiente a la prescripción de la acción penal del delito o delitos correspondientes.

El ministerio público deberá realizar la desestimación temprana del hecho del que tuvo conocimiento si los datos de prueba son notoriamente insuficientes o de la declaración de la víctima u ofendido no se desprenden elementos que permitan realizar una investigación. En este caso, el ministerio público deberá notificar a la víctima u ofendido en un término que no excederá de cinco días hábiles, el archivo temporal de la denuncia explicándose de manera comprensible las razones que fundan y motivan el archivo temporal.

Artículo 242. Facultad de abstenerse de investigar.

El ministerio público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada.

Artículo 243. No ejercicio de la acción.

Cuando de los datos de prueba recolectados se desprenda que existen elementos suficientes para concluir que en el caso concreto se actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento, el ministerio público consultará a su superior jerárquico el no ejercicio de la acción penal.

CAPITULO V

Criterios de oportunidad

Artículo 244. Casos en que operan criterios de oportunidad.

El ministerio público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, podrá prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla a alguno o varios hechos delictivos o a alguna de las personas que participaron en los mismos cuando:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad o tenga pena alternativa o cuya penalidad máxima no exceda de tres años de prisión y se hayan reparado los daños causados a la víctima u ofendido;

II. El imputado haya realizado la reparación integral, a entera satisfacción de la víctima u ofendido del daño causado, en delitos de contenido patrimonial sin violencia sobre las personas o en delitos culposos.

Para los efectos del párrafo del anterior no procede el criterio de oportunidad cuando el imputado hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, salvo que únicamente hubiere causado daño en propiedad ajena;

III. El imputado tenga una enfermedad terminal que sea consecuencia directa de la comisión del delito, de modo que fuere notoriamente innecesario o irracional la aplicación de una pena.

No procederán los criterios de oportunidad en los delitos fiscales y financieros.

El ministerio público debe aplicar los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y conforme a los casos previstos en este Código.

La aplicación de un criterio de oportunidad podrá ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se ejercite acción penal

Artículo 245. Efectos del criterio de oportunidad.

Por la aplicación de un criterio de oportunidad, se produce la extinción de la acción penal, con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio.

TITULO IV

MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I

Disposiciones sobre medidas cautelares

Artículo 246. Reglas generales.

Las medidas cautelares contra el imputado serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, evitar la obstaculización del procedimiento o asegurar el pago de la reparación del daño.

Corresponderá a la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

Artículo 247. Tipos de medidas cautelares.

A solicitud del ministerio público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

I. Presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;

III. El embargo precautorio;

IV. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

V. Resguardo en su propio domicilio, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el Juez disponga;

VI. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;

VII. La colocación de localizadores electrónicos;

VIII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;

IX. La prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas u ofendidos o testigos;

X. La separación inmediata del domicilio;

XI. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;

XII. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;

XIII. Vigilancia policial;

XIV. La prisión preventiva, o

XV. La inmovilización de cuentas bancarias, o

XVI. Las previstas en las leyes especiales.

En ningún caso la medida cautelar podrá ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.

Artículo 248. Solicitud de medidas cautelares.

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control o juicio oral únicamente en audiencia con presencia de las partes.

Artículo 249. Principio de proporcionalidad.

El juez al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código deberá observar el principio de proporcionalidad, para lo cual tomará en consideración los elementos que la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas y el ministerio público le proporcionen, en términos del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, procurando criterios de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona.

Artículo 250. Imposición de las medidas cautelares.

A solicitud fundada y motivada del ministerio público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. La prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en el artículo 247 de este Código.

Para la adecuada vigilancia en el cumplimiento de las medidas cautelares, el juez podrá imponer las medidas o mecanismos tendientes a garantizar su eficacia, sin que en ningún caso pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado.

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

Cuando se le imponga al imputado una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, éste estará obligado a presentarse ante el juez o la autoridad designada por éste, cuantas veces sea citado o requerido para ello y a comunicar al mismo y a ésta los cambios de domicilio que tuviere.

De igual forma, se le podrá imponer la obligación de presentarse ante la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas, el día y con la periodicidad que se le señale.

Artículo 251. Duración de las medidas cautelares.

Con excepción de la prisión preventiva, la duración de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, no podrá ser mayor a seis meses, pudiendo prorrogarse por períodos iguales, si así se solicita y se mantienen las razones que la justificaron, sin que puedan exceder de la duración del proceso de conformidad con las previsiones establecidas en este Código o del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso.

Artículo 252. Contenido de la resolución.

La resolución que imponga una medida cautelar, al menos deberá contener:

I. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;

II. La enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen y su preliminar clasificación jurídica;

III. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;

IV. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y

V. La fecha en que vence el plazo de vigencia de la medida.

Artículo 253. Impugnación de las decisiones judiciales.

Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables en los términos previstos en el Título IX del Libro Segundo de este Código. La presentación del recurso no suspende la ejecución de la resolución.

Artículo 254. Revisión de la medida

Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al juez de control o de juicio oral, la revocación, sustitución o modificación de la misma, en este caso, el juez de control podrá citar a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad de mantenerla o no y resolver en consecuencia.

Artículo 255. Audiencia de revisión de las medidas cautelares.

La audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud de revisión.

Artículo 256. Datos de pruebas para la revisión de la medida.

Las partes pueden ofrecer datos de prueba para que se confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar.

Artículo 257. Auxilio para la imposición de medidas cautelares.

La supervisión y la ejecución de medidas cautelares corresponderá a la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas.

Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, el juez solicitará a la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas, la información necesaria para ello.

Para tal efecto, la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas, contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, la cual deberá ser consultada por el ministerio público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder alguna de ellas, respectivamente.

El imputado o la defensa podrán obtener la información disponible de parte de la autoridad competente, cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar.

CAPITULO II

La prisión preventiva

Artículo 258. Aplicación de la prisión preventiva.

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva sólo podrá ser ordenada conforme a los términos y condiciones de este Código y la misma se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados, se cumplirá en sitio distinto y completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Artículo 259. Excepciones.

En el caso de una persona mayor de setenta años de edad, el juez podrá ordenar, en los términos de lo previsto por el artículo 55 del Código Penal Federal, que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de seguridad que procedan.

De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de personas afectadas por una enfermedad grave o terminal.

No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.

Artículo 260. Causas de procedencia.

El ministerio público en los términos que al efecto prescriba este Código, sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará de manera oficiosa la prisión preventiva, en los casos previstos por el artículo 264 de este Código.

Artículo 261. Garantía de la comparecencia del imputado.

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I. Los antecedentes penales;

II. El avecinamiento que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga;

III. La importancia del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que en su caso pueda llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste;

IV. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;

V. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, y

VI. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran dirigido las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

Artículo 262. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez tomará en cuenta especialmente, que existan elementos suficientes para estimar como probable que el imputado:

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;

II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o

III. Intimidará, amenazará u obstaculizará de cualquier manera la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.

Artículo 263. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

Existe riesgo fundado para la víctima u ofendido, testigos o la comunidad, cuando:

I. Existan datos de prueba de que el imputado puede cometer un delito doloso contra la propia víctima u ofendido, alguno de los testigos que depongan en su contra, servidores públicos que intervengan en el proceso, o contra algún tercero, o

II. Así se establezca atendiendo a las circunstancias del hecho, la gravedad del mismo o su resultado.

Artículo 264. Prisión preventiva oficiosa.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, así como delitos contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud, en los términos que establezca este Código.

Para los efectos de este artículo se considerarán:

I. Delitos de homicidio doloso: los previstos en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323 del Código Penal Federal;

II. Delito de violación: los previstos en los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal;

III. Delito de secuestro: los previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal;

IV. Trata de personas, previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas;

V. Delitos cometidos por medios violentos, en los que se emplearen, armas o explosivos:

a) Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Piratería, previsto en el artículo 146;

2) Terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

3) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

4) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;

5) Ataques a las vías de comunicación, que se cometan bajo las circunstancias previstas en los artículos 168 y 170;

6) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286;

7) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, con relación al 315 y 315 Bis;

8) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII y XVI;

9) Robo calificado, previsto en el artículo 367 en relación con el artículo 381 Bis;

10) Sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos o sus derivados, previsto en el artículo 368 Quáter, párrafo segundo;

11) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último;

12) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis, e

13) Desaparición forzada de personas previsto en el artículo 215-A;

b) De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el delito de tortura, previsto en los artículos 3 y 5;

VI. Delitos contra la seguridad de la nación: Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter; sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145, todos del Código Penal Federal;

VII. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad: Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis, todos del Código Penal Federal, y

VIII. Delitos contra la salud: los previstos en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero del Código Penal Federal, así como los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, 475 y 476 de la Ley General de Salud.

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en las fracciones anteriores, también ameritarán la prisión preventiva oficiosa.

Artículo 265. Revisión de la prisión preventiva.

Salvo lo dispuesto sobre la prisión preventiva oficiosa, el imputado y su defensor o el ministerio público pueden solicitar la revisión de la prisión preventiva en cualquier momento, cuando estimen que no subsisten las circunstancias por las cuales se decretó, para lo cual deberán señalar las nuevas razones y los antecedentes de la investigación o pruebas en que se sustente la petición.

Si en principio el juez estima necesaria la realización de la audiencia, ésta se celebrará dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud de revisión y, según el caso, ordenará en la propia audiencia la continuación, revocación, modificación o sustitución por otra medida. En caso de considerar la petición notoriamente improcedente la desechará de plano.

La revocación de la prisión preventiva oficiosa procederá sólo en el caso de que el auto de vinculación a proceso se haya dictado o la acusación se haya formulado, por un hecho que implique una clasificación jurídica distinta y, en razón de ello, no resulte aplicable la imposición oficiosa de dicha medida cautelar. En este supuesto, el ministerio público, de manera inmediata podrá solicitar al juez la aplicación de otras medidas cautelares que resulten aplicables, incluso la propia prisión preventiva, mismas que se resolverán en audiencia en los términos señalados en este Código.

Artículo 265 bis. En los casos del artículo 264 de este Código, la defensa, de común acuerdo con el Ministerio Público, podrán solicitar que nose aplique oficiosamente la prisión preventiva y en su lugar se adopte una medida cautelar distinta si se estima que el imputado cumplirá con sus obligaciones procesales, no constituye un riesgo para el desarrollo de la investigación, para la víctima o para terceros. El juez acogerá la solicitud si estima que no es necesaria la prisión preventiva para el caso concreto.

Artículo 266. Cesación de la prisión preventiva

La prisión preventiva finalizará cuando:

I. Nuevos datos de prueba demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, o

II. Transcurra el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, el cual en ningún caso podrá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Cuando las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que su internamiento implique condiciones precarias para su salud, se estará a lo previsto por el artículo 259 de este Código.

CAPITULO III

Otras medidas cautelares

Artículo 267. Presentación ante el juez o ante autoridad distinta.

El juez podrá imponer al imputado la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante él o ante la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas, debiéndose de dejar constancia de su presentación mediante el sistema que determine la autoridad.

Artículo 268. Prohibición de salir sin autorización del juez.

El juez podrá imponer al imputado la prohibición de abandonar un municipio, entidad federativa o país, la cual podrá ser vigilada por cualquier medio.

Artículo 269. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o internamiento en institución determinada.

Cuando se trate de un inimputable, el juez podrá ordenar que sea entregado al cuidado o vigilancia de quien legalmente corresponda hacerse cargo de él u ordenar su internamiento en el centro de salud o establecimiento médico psiquiátrico oficial correspondiente, siempre que se cumplan con las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio ante la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 270. Colocación de localizadores electrónicos.

La medida cautelar consistente en la colocación de localizadores electrónicos no deberá implicar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado.

Cuando el juez ordene al imputado la colocación de un localizador electrónico, lo comunicará directamente a la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas a efecto de que dicha autoridad lo ejecute. La ejecución de la medida estará sujeta a las disposiciones administrativas correspondientes, particularmente las relativas al monitoreo electrónico a distancia.

Artículo 271. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.

A solicitud del ministerio público o de la víctima u ofendido, el juez podrá ordenar la prohibición al imputado de visitar determinados lugares, domicilios o establecimientos, o de concurrir a determinadas reuniones. Para tal efecto, el juez deberá indicar en forma clara y precisa los lugares, domicilios o establecimientos que no podrá visitar el imputado, o en su caso, las reuniones a las que no podrá concurrir, así como las razones que motivan esta decisión y su duración.

Artículo 272. La prohibición de convivir, comunicarse o acercarse a determinada distancia de ciertas personas o con las víctimas, ofendidos o testigos.

A solicitud del ministerio público o de la víctima u ofendido, el juez podrá ordenar al imputado la prohibición de convivir, comunicarse o acercarse a determinada distancia de ciertas personas, incluidas víctimas u ofendidos o testigos. Para tal efecto, el juez deberá indicar, en forma clara y precisa, las personas con las cuales no deberá relacionarse el imputado o, en su caso, frecuentar, así como las razones por las cuales se toma esta determinación y su duración.

Artículo 273. Separación del domicilio.

La separación del domicilio como medida cautelar, podrá proceder cuando el imputado habite en el mismo domicilio que la víctima u ofendido. Deberá establecerse por un plazo de hasta seis meses, el cual podrá prorrogarse por un período igual, si así lo solicita la víctima u ofendido y no han cambiado las razones que la justificaron. Esta medida no exime al imputado de sus obligaciones alimentarias.

La medida podrá interrumpirse cuando haya reconciliación entre la víctima u ofendido e imputado, siempre que aquélla lo manifieste ante la autoridad jurisdiccional.

Cuando se trate de víctima u ofendido menor de edad, el cese por reconciliación sólo procederá cuando el niño o adolescente, con representación de personal de asistencia social, así lo manifieste personalmente al juez.

Para levantar la medida cautelar personal, el imputado deberá comprometerse formalmente a no incurrir en hechos que puedan afectar a la víctima u ofendido, bajo apercibimiento de adoptar otras medidas cautelares más graves.

Artículo 274. Suspensión temporal en el ejercicio del cargo en caso de delitos cometidos por servidores públicos.

El juez, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar como medida cautelar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del servidor público a quien se le atribuye la posible comisión de un delito con motivo del ejercicio del servicio público. Para tal efecto, el juez deberá de indicar en forma clara las razones que motivan esta decisión y su duración.

La suspensión temporal no prejuzgará sobre la responsabilidad que se le impute al servidor público.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le serán cubiertas las percepciones que debió recibir durante el tiempo que fue suspendido.

Artículo 275. Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.

El juez a solicitud del ministerio público, podrá ordenar como medida cautelar la suspensión temporal de una actividad profesional o laboral a quien se le atribuye la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, cometido con motivo del ejercicio de su profesión o empleo. Para tal efecto, el juez deberá indicar en forma clara las razones que motivan esta decisión y su duración.

La suspensión temporal no prejuzgará sobre la responsabilidad que se le atribuya al imputado. La determinación del juez hará constar expresamente esta salvedad.

Artículo 276. Vigilancia policial.

A solicitud del ministerio público, el juez podrá ordenar la vigilancia policial del imputado, cuando éste se encuentre en libertad, la cual consistirá en ejercer sobre éste observación y seguimiento de su conducta por elementos de las instituciones de Seguridad Pública Federal. Para tal efecto, el juez deberá indicar en forma clara las razones que motivan esta decisión y su duración.

Artículo 277. Embargo precautorio de bienes.

Para garantizar la reparación de los daños causados por el hecho punible, el ministerio público o la víctima u ofendido pueden solicitar al juez el embargo precautorio de bienes del imputado.

Artículo 278. Competencia.

Será competente para decretar el embargo precautorio el juez que lo sea para conocer del proceso penal. En casos de urgencia, también podrá decretarlo el juez de control del lugar donde se encuentren los bienes. En este último caso, una vez ejecutado, se remitirán las actuaciones al juez competente.

Artículo 279. Resolución.

Cuando el ministerio público haya formulado solicitud de embargo, el juez resolverá sobre la misma en audiencia privada con el solicitante y podrá decretarlo cuando de los antecedentes expuestos por el ministerio público, se desprenda el posible daño y la probabilidad de que la persona en contra de la cual se pide sea responsable de reparar dicho daño.

Artículo 280. Levantamiento del embargo.

El embargo precautorio será levantado en los siguientes casos:

I. Si la persona en contra de la cual se decretó garantiza o realiza el pago de la reparación del daño;

II. Si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o

III. Si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño a la persona en contra de la cual se decretó.

Artículo 281. Oposición.

En la ejecución del embargo precautorio no se admitirán excepciones ni recursos.

Artículo 282. Pago o garantía previos al embargo.

No se llevará a cabo el embargo precautorio, si en el acto de la diligencia la persona en contra de la cual se decretó consigna el monto de la reparación del daño reclamado o da garantía por el monto total del mismo. Si el pago de la reparación del daño fuere parcial, el embargo precautorio se realizará en la proporción del monto faltante.

Artículo 283. Aplicación supletoria.

El embargo precautorio de bienes se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procesos Civiles y demás disposiciones aplicables.

Artículo 284. Presentación de garantía económica.

Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez fijará el monto y apreciará la idoneidad de la modalidad elegida por el imputado. Para resolver sobre dicho monto, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele, así como el aseguramiento del pago de los posibles daños causados a la víctima u ofendido. La autoridad judicial hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía.

Artículo 285. Tipo de garantía.

Las garantías podrán constituirse de las siguientes maneras:

I. Depósito en efectivo;

II. Fianza de institución autorizada;

III. Hipoteca, o

IV. Prenda.

El imputado y el garante podrán sustituirla por otra equivalente, previa audiencia del ministerio público, la víctima u ofendido, si estuviese presente, y autorización del juez.

Estas garantías se regirán por las reglas generales previstas en el Código Federal de Procesos Civiles y demás legislaciones aplicables.

El depósito en efectivo, será igual a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello, pero cuando por razones de la hora o por ser día inhábil en que no pueda constituirse el depósito, el juez recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada.

Artículo 286. Ejecución de la garantía.

Cuando el imputado incumpla con cualquiera de las obligaciones procesales que se le hayan hecho saber de conformidad con el artículo 250 de este Código, la autoridad judicial requerirá al imputado para que dentro del término de tres días justifique dicho incumplimiento o requerirá al garante para que lo presente en un plazo no mayor a ocho días, advertidos de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía, sin perjuicio de ordenar la aprehensión del imputado o su comparecencia ante el juez, a solicitud del ministerio público.

Artículo 287. Cancelación de la garantía.

La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella, cuando:

I. Se revoque la decisión que la decreta;

II. Se dicte el sobreseimiento o sentencia absolutoria, o

III. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse.

TITULO V

DE LOS DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Artículo 288. Dato de prueba.

Para los efectos de este Código se considera dato de prueba, la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Los datos de prueba serán considerados para valorar la existencia del hecho delictuoso y la probabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, se resuelva el conflicto penal por alguna de las formas de terminación anticipada del proceso previsto en este Código o cuando deba resolverse cualquier cuestión distinta a la sentencia definitiva en juicio oral.

Artículo 289. Derecho a ofrecer medios de prueba.

Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba en defensa de su interés, bajo los presupuestos indicados en este Código.

Si para preparar un medio de prueba el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio del juez, explicándole las razones que tornan necesaria la entrevista. El juez, en caso de admitirlo, ordenará la entrevista con la persona que interesa para la defensa, en el lugar y en el momento que para tales efectos determine, debiendo dejarse constancia por cualquier medio de la entrevista realizada.

Cuando la persona sujeta a entrevista se sienta amenazada podrá solicitar al Juez una providencia precautoria, quien resolverá en términos de este Código.

Artículo 290. Licitud probatoria.

Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos por medios lícitos, también deberán ser admitidos y desahogados en el proceso del modo que autoriza este Código.

Para efectos de la sentencia dictada en el juicio oral sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo en el caso de la prueba anticipada.

No tendrá valor alguno la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos humanos de las personas.

Artículo 291. Nulidad de prueba ilícita.

Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos humanos será nulo.

No se considerará violatoria de derechos humanos, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos:

I. Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas;

II. Exista un vínculo atenuado, o

III. Su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen.

Las partes harán valer las circunstancias señaladas, en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal tendrá que pronunciarse al respecto.

Artículo 292. Reglas para la admisión de los medios de prueba.

Para ser admisibles, los medios de prueba deberán ser pertinentes, es decir, referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y deberán ser útiles para el esclarecimiento de los hechos. El juez podrá limitar los medios de prueba en los siguientes supuestos:

I. Cuando resulten manifiestamente impertinentes, para demostrar un hecho o una circunstancia;

II. Cuando resulten notoriamente abundantes para probar el mismo hecho;

III. Cuando sean ofrecidos para probar un hecho público y notorio, y

IV. Cuando se trate de delitos de carácter sexual y la prueba pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, a menos que sea manifiestamente justificado. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la integridad física y emocional de la víctima.

En el delito de violación, el consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima.

Artículo 293. Valoración de los datos y pruebas.

El juez asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a los datos y pruebas y, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, deberá explicar las razones que le permiten arribar al hecho que se considere probado.

CAPITULO II

Técnicas de investigación

SECCION I

Actuaciones en la investigación que no requieren control judicial

Artículo 294. Actuaciones que no requieren autorización del juez de control.

No requieren de autorización del juez de control, las siguientes actuaciones de investigación:

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo;

II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo;

III. La revisión de personas;

IV. La revisión corporal;

V. La inspección de vehículos;

VI. El levantamiento e identificación de cadáver;

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares;

VIII. El reconocimiento de personas;

IX. La entrega vigilada;

X. Las operaciones encubiertas;

XI. La entrevista a testigos, y

XII. Las demás en las que expresamente no se fije control judicial.

Para los efectos de la fracción XI de este artículo, cuando un testigo se niegue a entrevistarse, será citado por el ministerio público o en su caso por el juez de control.

Artículo 295. Inspección.

La inspección es una técnica de investigación descriptiva sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.

Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de peritos.

Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, de manera preferente, medios audiovisuales o según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el registro correspondiente, en qué forma y con qué objeto se emplearon. La descripción se hará por escrito de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiere usado.

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas presentes que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 296. Inspección en el lugar de los hechos o del hallazgo.

Inmediatamente que se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, la policía se trasladará al lugar de los hechos o del hallazgo y lo examinará con el fin de preservar y procesar todos los indicios que tiendan a demostrar el hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.

Artículo 297. Inspección en lugares distintos al del hecho o del hallazgo.

En la inspección de cualquier otro lugar diferente al del hecho o del hallazgo, para descubrir indicios útiles para la investigación se realizarán las diligencias señaladas en el artículo anterior.

Artículo 298. Revisión de personas.

En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la revisión sobre una persona y sus pertenencias, en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo, instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, respetando en todo momento su dignidad. Para proceder a la revisión se requerirá la autorización de la persona que ha de ser objeto del examen.

Antes de la revisión, la persona afectada será informada del fundamento y motivo de la revisión, por lo que la policía deberá contar con la información puntual sobre los criterios de fundamentación y motivación de los actos de molestia. En caso de que la persona se negare a la revisión el agente policial deberá informarle la consecuencia jurídica.

La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus pertenencias, en la que no se ausculten intimidades naturales de la misma y deberá realizarse en un recinto que resguarde la dignidad de la persona en forma adecuada, por personas del sexo que la persona objeto de la revisión elija y quedará constancia de lo actuado, además de una videograbación de la diligencia.

En caso de flagrancia, cuando la persona se niegue a la revisión, la policía podrá trasladarla al ministerio público para que éste, con base en los indicios presentados, valore la procedencia o no, de solicitar al juez de control la autorización para la revisión respectiva.

Cuando se tengan indicios de que la persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adherida a su cuerpo algún arma, sustancia tóxica o explosivo, la policía no requerirá la autorización de la persona para su revisión y, salvo que las circunstancias lo impidan, la diligencia podrá ser videograbada con estricto respeto a la dignidad de la persona.

Artículo 299. Revisión corporal.

La policía durante la investigación podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, huellas digitales, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita fotografiar alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad.

La policía deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras.

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado y del sexo que elija la persona a la que se le practica la revisión, con estricto apego al respeto a la dignidad. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. El material obtenido será confidencial.

Artículo 300. Inspección de vehículos.

La policía podrá realizar la inspección de un vehículo cuando existan indicios de que se ocultan en él personas, instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito que se investiga. Para proceder a la inspección se requerirá la autorización o el consentimiento expreso de la persona propietaria o poseedora del vehículo.

La inspección que lleve a cabo la policía consistirá en una exploración sobre el vehículo y las pertenencias que se encuentren en el mismo. Deberá dejarse registro de lo actuado, sin perjuicio de la videograbación de la diligencia.

En caso de que la persona propietaria o poseedora se niegue a autorizar la inspección, la policía podrá sellar y trasladar el vehículo al ministerio público para que éste, con base en los indicios presentados, valore la procedencia de solicitar al juez de control la autorización para la inspección respectiva.

Cuando se tengan indicios de que está en peligro la vida o integridad física de una persona, la policía no requerirá la autorización para la inspección y, salvo que las circunstancias lo impidan, la diligencia podrá ser videograbada.

Artículo 301. Levantamiento e identificación de cadáveres.

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará:

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos;

II. El levantamiento del cadáver;

III. Traslado del cadáver, y

IV. Descripción y peritajes correspondientes.

Cuando de la investigación no resulten datos para presumir la existencia de algún delito, el ministerio público podrá autorizar la dispensa de la necropsia.

Si hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables.

En todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver.

En los casos en que se desconozca la identidad del cadáver, su identificación se efectuará por los peritajes idóneos. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del ministerio público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado.

Artículo 302. Pericial en caso de lesiones.

En caso de que el lesionado se encuentre en un hospital privado, el ministerio público nombrará a los peritos que deberán practicar las diligencias necesarias para que dictaminen y hagan la clasificación legal definitiva.

Cuando se trate de una lesión proveniente de un hecho considerado como delito y el lesionado se encontrare en algún hospital público, los médicos de éste se tendrán por nombrados como peritos, sin perjuicio de que el ministerio público que practique las diligencias de investigación nombre, además, otros para que dictaminen y hagan la clasificación legal definitiva.

Artículo 303. Peritajes.

Durante la investigación, el ministerio público podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El informe escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio oral, salvo en los casos previstos en este Código.

Artículo 304. Aportación de comunicaciones entre particulares.

Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma.

Las comunicaciones que obtenga alguno de los participantes con apoyo de la autoridad, también podrán ser aportadas a la investigación o al proceso, siempre que conste de manera fehaciente la solicitud previa de apoyo del particular a la autoridad.

Las comunicaciones aportadas por los particulares, deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere el artículo 381 de este Código, ni la autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho deber.

Artículo 305. Proceso para reconocer personas.

El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible, en la práctica de la diligencia se podrá contar con evaluación psicológica previa de la víctima u ofendido a fin de evitarle daños emocionales o psicológicos, por lo que se observará el siguiente proceso:

I. Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si, con anterioridad, la ha visto personalmente o en imágenes;

II. Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y por qué motivo;

III. A excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento y se le tomará protesta de decir verdad;

IV. Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico y de vestimenta semejantes, y se solicitará a quien lleva a cabo el reconocimiento que diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Cuando la haya reconocido, expresará las diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración anterior, y

V. La diligencia se hará constar en un registro, donde se consignarán las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fila de personas.

El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su defensor. Quien sea citado para reconocer deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia.

Tratándose de personas menores de edad o en tratándose de víctima u ofendidos por los delitos de secuestro o violación, que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público o el juez, dispondrán medidas especiales para su participación en tales diligencias con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales diligencias, el juez deberá contar con el auxilio de técnicos especializados y la asistencia del representante del menor de edad.

Artículo 306. Pluralidad de reconocimientos.

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.

Artículo 307. Reconocimiento por fotografía.

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser presentada, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida, a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo posible las reglas precedentes. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas.

Artículo 308. Reconocimiento de objeto.

Antes del reconocimiento de un objeto se invitará a la persona que deba reconocerlo a que lo describa. Acto seguido se presentará el objeto o el registro del mismo para llevar a cabo el reconocimiento.

Artículo 309. Otros reconocimientos.

Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.

Esta diligencia se hará constar en un registro y la autoridad podrá disponer que se documente mediante fotografías, audio, videos u otros instrumentos o procesos adecuados.

Artículo 310. Entrega vigilada.

La entrega vigilada es la técnica especial de investigación mediante la cual se autoriza, en los términos de este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan, el transporte dentro del territorio nacional, así como la entrada o salida del mismo, de mercancía, bienes o productos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia sea ilícita o prohibida, o bienes o productos por los que se haya sustituido, bajo la vigilancia de la policía específicamente facultada para ello. Queda totalmente prohibida la participación de cualquier tipo de personas ajenas a la investigación.

El procurador general de la República, o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, podrá autorizar la entrega vigilada con el objeto de investigar el delito e identificar a las personas involucradas en su comisión cuando se tenga motivos fundados para considerar que la persona investigada dirige o interviene en alguna de esas conductas. La autorización deberá contener las circunstancias en que se autoriza y las modalidades de la sustitución así como los responsables de la entrega vigilada.

La información obtenida con motivo del desarrollo de la entrega vigilada que no tenga relación con el delito que se investiga, deberá ser destruida.

Artículo 311. Operaciones encubiertas.

La investigación de los delitos podrá abarcar el conocimiento de las formas de organización, de operación y ámbitos de actuación e identidad de los miembros del grupo delictivo. Para tal efecto, el Procurador General de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, podrá autorizar, en los términos de este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan, la realización de operaciones encubiertas a través de una unidad de agentes policiales especialmente entrenados y facultados para ello. Queda totalmente prohibida la participación de cualquier tipo de personas ajenas a la investigación.

La información obtenida con motivo del desarrollo de una operación encubierta que no tenga relación con el delito que se investiga, deberá ser destruida, salvo que dé lugar a un delito diverso, en este caso, deberá ser materia de una investigación por separado.

Artículo 312. Modalidades de las operaciones encubiertas.

El Ministerio Público podrá emplear las operaciones encubiertas para la investigación, previa autorización del Procurador General de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, en las siguientes modalidades:

I. La disposición de los recursos y medios necesarios, bajo la supervisión del procurador general de la República o del servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, con objeto de aparentar la realización de actividades ilícitas, y

II. La infiltración de agentes.

Artículo 313. Autorización ministerial para actuar como agente infiltrado.

El procurador general de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, podrá autorizar a los investigadores, mediante resolución fundada y motivada, teniendo en cuenta los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta infiltrándose en el grupo delictivo y a adquirir y transportar los objetos, instrumentos o productos del delito y, en su momento, a retenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público competente.

La identidad supuesta será otorgada por el tiempo indispensable para cumplir con el objetivo, no debiendo exceder de seis meses prorrogables por un plazo hasta de igual duración. Los agentes infiltrados deberán desenvolverse jurídica y socialmente bajo tal identidad.

La autorización deberá contemplar la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto el agente infiltrado, la motivación, fundamentación y alcances en la actuación del agente infiltrado, especificando el objeto y fin de la operación encubierta, así como las licencias oficiales para la portación de armas emitidas en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que se han de portar o utilizar. La verdadera identidad será reservada y solamente será del conocimiento del Procurador General de la República y de los funcionarios en quienes haya delegado esta facultad.

Artículo 314. Términos y condiciones para llevar a cabo la operación encubierta.

Las operaciones encubiertas, en su modalidad de infiltración de agentes, se llevarán a cabo en los términos, limitaciones, modalidades y condiciones que en cada caso concreto, atendiendo a la naturaleza del grupo delictivo, determine el procurador general de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad.

Dichos términos, limitaciones, modalidades y condiciones se deberán establecer por escrito, previamente a la realización de la operación encubierta de que se trate.

Las instancias que realicen operaciones encubiertas operarán bajo métodos de recolección de información y actividades cuyo ejercicio no coaccione o violente los derechos humanos y sus garantías. En caso contrario, los servidores públicos se sujetarán a los procedimientos de responsabilidad administrativa o penal que correspondan.

Artículo 315. Deber de confidencialidad.

Las operaciones encubiertas se deberán realizar bajo la más estricta confidencialidad. La identidad de los agentes infiltrados será manejada como información reservada y será protegida en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 316. Colaboración para las operaciones encubiertas.

El Procurador General de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, requerirá a las dependencias y entidades de la administración pública federal y organismos constitucionales autónomos, excepto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presten la colaboración más eficaz para efectos de la ejecución de las operaciones encubiertas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, acordará con las autoridades competentes lo necesario para efectos de lo dispuesto en el presente artículo. Toda la información sobre este tema será clasificada como reservada y confidencial.

El Ministerio Público podrá imponer los medios de apremio que resulten necesarios para garantizar la colaboración eficaz de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 317. Deberes de los agentes infiltrados.

Los agentes infiltrados, de conformidad con lo dispuesto en este Código y en las disposiciones aplicables, proporcionarán al agente del Ministerio Público responsable de la investigación, la información, documentos, registros, grabaciones y todo aquello que sirva de elementos o datos de prueba sobre los delitos competencia de las autoridades federales a que se refiere este Código, debiendo ratificar sus informes en cuanto le sea posible. Los elementos o datos de prueba que proporcionen durante la investigación al agente del Ministerio Público, serán manejados con absoluta reserva, en términos de las disposiciones aplicables.

Los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones con integrantes de la organización infiltrada o con el individuo cuya conducta se investiga y, si fuere necesario, realizar transacciones con ellos. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al Ministerio Público para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía, con miras a que se recoja la información y los elementos de convicción y evidencia física hallados.

Artículo 318. Testimonio de los agentes infiltrados.

En ningún caso los agentes de la policía que hubieran actuado como agentes infiltrados podrán comparecer en el proceso que se instruye por los hechos en que hubieran intervenido. Sólo se exceptuará esta prohibición cuando así lo decida el propio agente, tomando en consideración que su identidad será rebelada.

El juez de control a solicitud de la defensa, podrá requerir a las autoridades cualquier información que los agentes hubieran realizado en la investigación encubierta.

Artículo 319. Cumplimiento de un deber.

En las actividades que desarrollen los agentes infiltrados, conforme a lo dispuesto en este Código y demás disposiciones aplicables, se considerará que actúan en cumplimiento de un deber, siempre que su actuación se apegue a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y condiciones de la autorización.

Toda actuación que implique desapego a instrucciones o infiltraciones no autorizadas serán sancionadas en términos de lo dispuesto en la ley correspondiente.

Sección II

Técnicas de investigación que requieren autorización judicial previa

Artículo 320. Actuaciones que requieren autorización previa del juez de control.

A excepción de las técnicas de investigación dispuestas en la Sección I del presente capitulo, requieren de autorización previa del juez de control todas las acciones de investigación que impliquen afectación a las garantías y derechos establecidos por el Título Primero, Capítulo Primero de la Constitución, además de las siguientes actuaciones de investigación:

I. La exhumación de cadáveres;

II. Las órdenes de cateo;

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o pelo, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma;

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.

Artículo 321. Autorización para practicar diligencias sin conocimiento del afectado.

Las diligencias de investigación que de conformidad con este Código requieran autorización judicial previa, podrán ser solicitadas por el Ministerio Público aún antes de la vinculación a proceso del imputado.

Si el Ministerio Público requiere que ellas se lleven a cabo sin previa comunicación al afectado, el juez autorizará que se proceda en la forma solicitada cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se trate permitan presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito.

Si con posterioridad a la vinculación del imputado al proceso, el Ministerio Público solicita proceder de la forma señalada en el párrafo precedente, el juez lo autorizará cuando la reserva resulte estrictamente indispensable para la eficacia de la diligencia.

Artículo 322. Exhumación de cadáveres.

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, el Ministerio Público podrá solicitar la autorización del juez de control para la exhumación de cadáver a fin de que sean practicadas las diligencias que resulten procedentes y, una vez realizadas, se procederá a la inhumación inmediata del occiso.

Artículo 323. Cateo.

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada sin acceso público, solicitará al juez de control por cualquier medio, incluido el informático, su autorización para practicar la diligencia correspondiente. El Ministerio Público deberá dejar constancia de dicha solicitud en la que expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.

Cuando la orden expedida se transmita por medio informático, se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a dichos medios.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Artículo 324. Contenido de la resolución judicial que ordena el cateo.

La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos:

I. El nombre y cargo del juez que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena;

II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en éstos;

III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan;

IV: El día y hora en que deba practicarse la diligencia o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto, cuando no se precise fecha exacta de realización, y

V. El nombre de las personas autorizadas para practicar e intervenir en diligencia de cateo.

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que no exceda de las doce horas siguientes a que la haya recibido.

Artículo 325. Negación del cateo.

En caso de que el juez niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Artículo 326. Medidas para asegurar la diligencia de cateo.

Aun antes de que el juez competente dicte la orden de cateo, el Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto de la diligencia.

Artículo 327. Cateo en residencias u oficinas públicas.

Para la práctica de una orden de cateo en la residencia u oficina de cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos, la policía recabará la autorización correspondiente en los términos previstos en este Código.

Artículo 328. Cateo en buques.

Cuando tenga que practicarse un cateo en buques mercantes extranjeros, se observarán las disposiciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, las leyes y reglamentos marítimos.

Artículo 329. Formalidades del cateo.

Será entregada una copia de la resolución que autoriza el cateo a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar.

Cuando no se encuentre a nadie se fijará la resolución a la entrada del inmueble, ello se hará constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar.

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que practicó la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

Al terminar la diligencia se cuidará que los lugares queden cerrados y de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo.

La diligencia del cateo podrá ser video grabada por los agentes de la policía, a efecto de que el video pueda ser ofrecido como medio de prueba en los términos que señala este Código.

Artículo 330. Recolección de indicios.

Al practicarse un cateo se recogerán conforme a la cadena de custodia, los indicios que fueren conducentes al éxito de la investigación.

Se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el delito que motiva el cateo, observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia.

Artículo 331. Descubrimiento de un delito diverso.

Si al practicarse un cateo resultare el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito, observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia y se registrará en el acta correspondiente y se hará del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 332. Cateo de lugares que no estén destinados para habitación.

Para el cateo de oficinas públicas, locales públicos, establecimientos militares, templos o sitios religiosos de culto público, establecimientos de reunión o recreo mientras estén abiertos al público y no estén destinados para habitación, podrá prescindirse de la orden de cateo con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para el resultado procurado con el acto, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio. De no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de cateo.

Cuando una parte de los lugares referidos en el párrafo anterior no sea de acceso público, se requerirá orden de cateo.

Artículo 333. Intervención de las comunicaciones privadas.

Cuando en la investigación, el Procurador General de la República o los servidores públicos a quienes delegue la facultad, consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas y existan datos que establezcan que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se investiga, lo solicitarán por escrito o por cualquier medio informático al juez competente, expresando el objeto y necesidad de la intervención.

El juez resolverá sobre el pedimento de forma inmediata, sin que exceda de doce horas. Cuando la orden se expida por medio informático, se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a dichos medios. De no resolverse en tiempo, el Ministerio Público podrá acudir en queja ante el Tribunal quien deberá resolver dentro de las doce horas siguientes.

De negarse el pedimento, el Ministerio Público podrá apelar y el Tribunal deberá resolver dentro de las doce horas siguientes.

La policía facultada para la ejecución será responsable de que la misma se realice en los términos de la autorización judicial y podrá participar perito calificado en caso de ser necesario.

Artículo 334. Requisitos de la solicitud.

La solicitud de intervención deberá contener los preceptos legales en que se fundan y los razonamientos por los que se considera procedente; la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración, y el proceso y equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

El plazo de la intervención incluyendo sus prórrogas no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

Artículo 335. Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención de las comunicaciones privadas.

En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.

Artículo 336. Objeto de la intervención.

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

En ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor o correspondencia que bajo cubierta circule por estafetas.

El juez podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total.

Artículo 337. Conocimiento de delito diverso.

Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente y del conocimiento de la autoridad competente. Toda actuación hecha en contravención a esta disposición carecerá de valor probatorio.

Artículo 338. Ampliación de la intervención a otros sujetos.

Cuando de la intervención de comunicaciones privadas se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público presentará al juez la solicitud respectiva.

Artículo 339. Registro de las intervenciones.

Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la policía o por el perito técnico que intervenga, a efecto de que aquélla pueda ser ofrecida como medio de prueba en los términos que señala este Código.

Artículo 340. Registro.

De toda intervención se levantará registro por la policía, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma; de ser posible, la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y se observarán las reglas relativas a la cadena de custodia.

Artículo 341. Conclusión de la intervención.

Al concluir la intervención, la policía de manera inmediata, informará al Ministerio Público sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. A su vez, con la misma prontitud el Ministerio Público lo informará al juez de control.

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar.

Artículo 342. Destrucción de las intervenciones ilegales.

La destrucción será procedente cuando los medios para la reproducción de sonidos o imágenes o registros provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial respectiva.

En caso de no ejercicio de la acción penal y, una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, o cuando haya quedado firme el no ejercicio de la acción penal o se hubiere decretado el sobreseimiento, los medios para la reproducción de sonidos o imágenes, se pondrán a disposición del juez que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción.

No se podrá hacer uso de información que haya sido obtenida a través de intervenciones ilícitas.

Artículo 343. Colaboración con la autoridad.

Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial que así lo establezca. El incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las disposiciones penales aplicables.

Artículo 344. Reserva.

Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán observar el deber de secrecía sobre el contenido de las mismas.

Artículo 345. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas.

En el supuesto de que la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la muestra de fluido corporal, vello o pelo, extracciones de sangre u otros análogos o imagen, y existan datos fehacientes de que la persona se encontraba en el momento y lugar en el que se llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito, la policía podrá solicitar al Ministerio Público que se comunique por cualquier medio con el juez de control para solicitar la inmediata autorización de la práctica de dicha diligencia, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener, a lo que únicamente se limitará la diligencia. De concederse la autorización requerida, el juez deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y presentación a efecto de que tenga verificativo la diligencia correspondiente.

El juez resolverá la petición a que se refiere el párrafo anterior en un plazo que no exceda de seis horas. Si el órgano jurisdiccional no resuelve en el plazo previsto para ello, el Ministerio Público podrá interponer la queja prevista por este Código, la que por la urgencia y naturaleza de la misma, deberá resolverse dentro de las doce horas siguientes a la promoción.

El juez al resolver respecto de la solicitud de la medida hecha por el ministerio público, deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar que la medida resulta necesaria, es decir, que no existe otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en atención a la gravedad del hecho que se investiga y por personal médico del sexo que elija la persona a examinar o el imputado.

En esta diligencia siempre deberá estar presente una persona de confianza del examinado o el abogado defensor en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tratándose de menores de edad o de inimputables estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto.

En estos casos se procurará obtener el consentimiento de la persona requerida.

Artículo 346. Reconocimiento o examen físico cuando la persona se niegue a ser examinada.

Cuando deba hacerse reconocimiento o examen físico a una persona excepto a la víctima u ofendido y ésta se niegue, la policía podrá solicitar al Ministerio Público que se comunique por cualquier medio con el juez de control para solicitar la inmediata autorización de la práctica de dicha diligencia, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo de reconocimiento u examen físico a obtener, a lo que únicamente se limitará la diligencia.

De concederse la autorización requerida, el juez deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a revisión ya no se encuentre ante él, ordene su localización y presentación a efecto de que tenga verificativo la diligencia correspondiente.

El juez resolverá la petición del Ministerio Público a que se refiere este artículo, en forma inmediata, en un plazo que no exceda de seis horas. En el caso de que el órgano jurisdiccional no resuelva en el plazo previsto para ello, el Ministerio Público podrá interponer la queja prevista por este Código, la que por la urgencia y naturaleza de la misma, deberá resolverse dentro de las doce horas siguientes a la promoción.

Al acto podrá asistir una persona de confianza de quien será examinada o el abogado defensor en caso de que se trate del imputado. Tratándose de menores de edad o de inimputables estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto.

En estos casos se procurará obtener el consentimiento de la persona requerida.

CAPITULO III

Prueba anticipada

Artículo 347. Prueba anticipada.

Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Que sea practicada ante el juez de control;

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio oral a la que se pretende desahogar y se torna indispensable;

III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, y

IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Artículo 348. Prueba anticipada de personas menores de edad.

En aquellos delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad o que afecten el normal desarrollo psicosexual o bien que el delito fuese cometido con cualquier tipo de violencia y la víctima o testigo sea mayor de seis años y menor de dieciocho años de edad, el Ministerio Público de oficio o a solicitud de la víctima o de su representante cuando sea menor de edad o del testigo, deberá determinar con la ayuda de especialista sobre la necesidad de obtener su declaración de manera anticipada, cuando por el transcurso del tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral la persona menor de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.

Tratándose de víctima o testigos menores de doce años de edad, el Ministerio Público de oficio o a petición de la víctima o de su representante cuando la víctima o testigos sean menores de edad, solicitará al juez de control el desahogo de su testimonio como prueba anticipada.

La víctima o su representante tienen la facultad de impugnar ante el juez de control la negativa del Ministerio Público de solicitar el anticipo de prueba.

En el desahogo de la prueba anticipada, el juez velará por el interés superior de la niñez, sin quebrantar los principios rectores del sistema acusatorio, evitando al máximo que la persona menor de edad repita diligencias innecesarias.

Artículo 349. Proceso para prueba anticipada.

La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral.

Cuando se solicite prueba anticipada, el juez citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral.

El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para la práctica de la diligencia.

En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un defensor público para que intervenga en la audiencia.

Artículo 350. Registro y conservación de la prueba anticipada.

La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad.

Concluido el desahogo de la prueba anticipada se entregará el registro correspondiente a las partes.

Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio oral, se desahogará en la audiencia de juicio oral.

Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el juez de control.

Artículo 351. Excepciones a la prohibición de la prueba de referencia.

Por prueba de referencia se entiende toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de agravación o de atenuación punitivas, la naturaleza y extensión del daño causado y cualquier otro objeto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en juicio. Por regla general la prueba de referencia está prohibida.

Se considerará como excepción a la prohibición de la práctica de prueba de referencia, la entrevista de testigos realizada por la policía de investigación, o por cualquier persona previa al juicio oral, destinada a probar algún elemento sustancial del hecho delictuoso y que resulta imposible desahogar en el juicio, en los siguientes supuestos.

I. Se tenga la certidumbre que el testigo fallecerá con posterioridad a la entrevista por causas premeditadas;

II. Cuando el testigo padezca una enfermedad grave que le pueda impedir declarar, corroborada pericialmente;

III Cuando el testigo con posterioridad a la entrevista, se presuma por medio de dictamen pericial médico que pueda sufrir una enfermedad mental que le impida recordarlo, corroborado pericialmente, o

IV. Cuando se presuma que el testigo pueda desaparecer ya sea voluntariamente o de manera forzada.

Cuando se ofrezca como medio de prueba una que se encuentre bajo el supuesto de alguna de las excepciones previstas en este artículo, la parte que la ofrezca deberá llamar la atención al juez de control indicándole bajo qué supuesto de las excepciones previstas se hace el ofrecimiento, siendo esta exigencia una condición para que el juzgador se pueda pronunciar, sobre si el medio de prueba así ofrecido se decreta como admitido para juicio oral.

En caso de que se ofrezca prueba de referencia bajo alguna de las excepciones previstas en este artículo, el testigo deberá ratificar su dicho ante el juez de control dentro de las veinticuatro horas siguientes de su aceptación.

La declaración del testigo de referencia deberá estar contenida en un documento escrito, así como en algún soporte como, audio, video o videograbación.

Cuando la declaración del testigo de referencia que declara bajo alguno de los supuestos de excepción de este artículo, contenga manifestaciones relacionadas con la excepción bajo la cual fue ofrecida y además, referencias que no se encuentran previstas bajo supuesto de excepción, éstas últimas no deberán ser consideradas y serán suprimidas a menos que, de así hacerlo la declaración se torne en inintelegible, caso en el cual toda la declaración del testigo se excluirá careciendo de toda posibilidad de valoración.

Cuando se esté frente a uno de los casos de excepción de este artículo, las declaraciones de testigos de referencia podrán ser utilizadas para impugnar la credibilidad del testigo o perito que así declare.

La prueba de referencia podrá ser impugnada por cualquier medio probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.

Para la producción, admisión e incorporación de la prueba de referencia que bajo excepción se prevé en este artículo, en lo conducente se observarán las reglas generales de la prueba y de manera particular de la documental.

Ninguna sentencia podrá condenar al inculpado sólo basándose en la excepción de la prueba de referencia prevista en este artículo.

Artículo 352. Valoración de las excepciones a la prohibición de prueba de referencia.

La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en excepciones a la prohibición de prueba de referencia.

CAPITULO IV

Ofrecimiento de prueba

Artículo 353. Libertad probatoria.

Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés tendientes a demostrar la existencia del delito, la plena responsabilidad penal del acusado, o su inocencia y, en su caso, los elementos para individualización de la pena y medida de seguridad por cualquier medio de prueba permitido.

Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, incluso por medios digitales, siempre que pueda ser pertinente y no vaya contra el derecho.

Artículo 354. Medios de prueba.

Son medios de prueba la declaración del imputado, la testimonial, la pericial, la documental y cualquier otro medio técnico científico, siempre que sea conducente y no sea contrario a derecho.

Artículo 355. Declaraciones de testigos.

Si el Ministerio Público ofrece como prueba la declaración de testigos deberá individualizarlos en el escrito de acusación, presentando una lista, con nombres, apellidos y domicilios, señalando, además, la materia sobre la que habrán de recaer sus declaraciones. Salvo que se deba resguardar la identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido cuando ésta sea menor de edad o se trate de delitos de violación, secuestro o trata de personas o cuando a juicio del juez sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Cuando el Ministerio Público ofrezca como prueba la declaración de una persona en cuyo favor se haya decretado un criterio de oportunidad, se encontrará obligado a informar a la defensa sobre esta circunstancia y a anexar en su escrito de acusación la resolución mediante la cual se haya decretado aplicar el criterio de oportunidad.

En todo caso, deberán tomarse las medidas para resguardar la reserva de la identidad de la víctima u ofendido.

Artículo 356. Ofrecimiento de prueba pericial.

Cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para la causa fuere necesario o conveniente contar con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, las partes podrán ofrecer la pericial como medio de prueba.

Artículo 357. Desahogo por lectura del dictamen pericial.

Las partes en el proceso podrán ofrecer la práctica de pericias, las cuales se producirán en el juicio de manera oral. El informe pericial escrito solo podrá utilizarse como apoyo de memoria o para evidenciar contradicción, en ningún caso la lectura del informe sustituirá la declaración del perito en juicio.

Al ofrecerse indicios sometidos a custodia, deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten, en su caso, la cadena de custodia. En todo caso será necesaria la comparecencia del perito a juicio oral sin que pueda ser substituida por la presentación de su informe ni de algún otro tipo de documento, los cuales solamente podrán ser utilizados en juicio para apoyar la memoria del perito o impugnar su credibilidad. En caso de prueba anticipada se observaran las reglas relativas a la misma previstas en este Código.

Artículo 358. Prueba Pericial.

Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para descubrir o valorar un elemento de convicción, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no estar impedidos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte o la técnica sobre la que verse la pericia esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativo a la actividad sobre la que verse la pericia.

No regirán las reglas sobre la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.

Las partes propondrán los peritos que consideren convenientes, al mismo tiempo cada parte señalará la materia de la prueba pericial.

Artículo 359. Improcedencia para recusar a los peritos.

Los peritos no podrán ser recusados. No obstante, durante la audiencia del juicio oral, podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones.

Artículo 360. Ofrecimiento de documentos y prueba material.

Podrá ofrecerse como prueba documental los textos, escritos, imágenes y símbolos que puedan percibirse por medio de los sentidos y que se encuentren registrados o plasmados en cualquier medio mecánico o electrónico y, en general, a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, aunque carezca de suscripción. No podrá negarse esa condición a las publicaciones de prensa y a toda pieza que sea aceptada generalmente como medio de convicción.

Artículo 361. Documentos y prueba material.

Si las partes ofrecen prueba documental especificarán la fuente y adjuntará una copia del documento. Si ofrecen prueba material deberán describirla y señalar su fuente. Al ofrecerse indicios sometidos a custodia, deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten, en su caso, la cadena de custodia.

En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, la parte que la ofrezca deberá proporcionar o facilitar los instrumentos necesarios para su reproducción, o indicar dónde pueden reproducirse en el supuesto de que la autoridad ante quien se presenten, no cuente con la capacidad técnica para hacerlo.

Artículo 362. Métodos de autenticación e identificación.

Las partes y el juez, a solicitud de aquéllas, podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada para demostrar la autenticidad e identificación de un documento.

La identificación de los documentos mencionados en el artículo anterior, se probará por métodos como los siguientes:

I. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado, producido o visto;

II. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce;

III. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas físicas o morales, o

IV. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina.

Artículo 363. Ofrecimiento de información generada por medios informáticos.

La información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, podrá ser ofrecida como prueba siempre que se acredite:

I. La fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada;

II. La integridad e inalteración de la información a partir del momento en que se generó en su forma definitiva, y

III. La vinculación directa, en cuanto a la generación, comunicación, recepción o conservación a persona determinada.

CAPITULO V

Desahogo de pruebas

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 364. Prueba.

Prueba es cualquier elemento con aptitud para conducir al conocimiento probable o cierto respecto de un hecho y que haya sido producido, admitido e incorporado al juicio oral con observancia de las reglas previstas en este Código.

La prueba admitida e incorporada en una audiencia conforme a las reglas de éste Código, sólo se puede utilizar para fundar la decisión que el juez debe dictar en ella.

Artículo 365. Normas para proceder con peritos, testigos e intérpretes.

Iniciada la audiencia de desahogo de pruebas y antes de comenzar la declaración, se tomará la protesta de ley a los que han de declarar o se les exhortará para que se conduzcan con verdad, en términos de lo previsto por el artículo 70 de este Código. Posteriormente, se llevará a cabo la identificación de los peritos y los testigos, los cuales serán interrogados de manera individual sobre su nombre, apellidos, estado civil, oficio o profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las partes, así como cualquier otra circunstancia útil para apreciar su veracidad, sin embargo, se le preguntará al testigo si es su deseo proporcionar sus datos personales en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva.

Los testigos menores de edad o incapaces serán acompañados por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela o por persona de su confianza con la finalidad de salvaguardar sus derechos.

En debates prolongados, a petición de parte, el juez puede disponer que las testimoniales que se relacionen con un mismo hecho se desahoguen en la misma fecha y por excepción que se practiquen en fechas distintas a aquéllas que por el número de testigos o la complejidad del desahogo de prueba lo justifique.

Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre si, ni ver, oír ni ser informados de lo que ocurriere en audiencia.

Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz, sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y policías. Los policías fungirán en calidad de testigos. Después de declarar, el juez dispondrá si ellos continúan en antesala o pueden retirarse, consultando a las partes.

Los intérpretes que sólo cumplan la misión de transmitir al acusado aquello que se manifieste en el debate, o a la audiencia aquello que manifieste el acusado, cuando él no domine el idioma español o padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, permanecerán a su lado durante todo el debate.

Artículo 366. Normas para interrogar a testigos y peritos.

Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juez concederá la palabra a la parte que propuso el testigo para que lo interrogue y, con posterioridad, a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado.

En su interrogatorio, las partes que hayan propuesto a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugieran la respuesta.

Durante las preguntas formuladas por la contraparte del oferente, se podrá confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio de forma sugestiva.

Deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.

Los peritos y testigos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes o sus abogados, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar dichas manifestaciones, en los términos previstos en este Código.

Los peritos podrán consultar documentos, notas escritas y publicaciones, con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta, previa autorización judicial.

A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos o peritos que ya hayan declarado en la audiencia. Al perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre su experiencia, a las que el perito deberá responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos.

Artículo 367. Reglas sobre el interrogatorio.

El interrogatorio se hará observando las siguientes reglas:

I. Toda pregunta versará sobre un hecho específico;

II. Se desechará toda pregunta sugestiva, capciosa, insidiosa o confusa;

III. Se prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;

IV. Se podrá autorizar a los oficiales de policía o peritos, consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria, los cuales deberá ver y aprobar primero la contraparte, y

V. Se excluirá toda pregunta que no sea pertinente.

En el caso de la fracción II, las preguntas podrán sugerir la respuesta cuando el tribunal declare como testigo hostil al interrogado a petición fundada de la parte que ofrece al testigo

Artículo 368. Reglas sobre el contrainterrogatorio.

La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo o el perito han contestado en el interrogatorio. Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración previa ante el juez de control o en la propia audiencia del juicio oral o que obre en cualquier otro medio o soporte de cualquier tipo. En contrainterrogatorio de perito se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas referentes a la materia de controversia.

Artículo 369. Objeciones.

Por objeciones se entiende todo medio de control o de protección de la teoría del caso que tienen las partes en el proceso y que, está dirigida a evitar actuaciones o manifestaciones ilegales o impropias de la parte contraria, en la formulación de alegatos de apertura, durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, en los alegatos de clausura, en los actos tendentes a la ilegal admisión e incorporación de la prueba en juicio y en todo aquello que se traduzca en una violación a los principios rectores del proceso.

Tratándose de preguntas que sean objetables, la objeción deberá formularse antes de que el testigo de respuesta a la pregunta formulada. El juez si encuentra obvia la procedencia de la pregunta, sin contestar al objetante, de plano requerirá la respuesta inmediata del testigo, de lo contrario después de escuchar a las partes, decidirá si la objeción es fundada o no.

Cuando se trate de objeción a la respuesta y ésta sea declarada procedente, el juez o tribunal ordenará al testigo o perito a que dé respuesta a la pregunta que se le hizo. En el caso que se objete en el alegato de apertura o de clausura, el juez o tribunal sin vista a quien lo está presentando, de considerar procedente la objeción, le llamará su atención para que se abstenga de incurrir en la conducta que le es objetada. En contra de la resolución del juez o tribunal que admite o desecha una objeción procede el recurso de revocación

En el caso de los interrogatorios y contrainterrogatorios se estará a lo dispuesto por los artículos 367 y 368.

La parte que considere que se realiza alguna actividad objetable podrá objetar la pregunta de quien interroga cuando viole alguna de las normas que regulan los interrogatorios o contrainterrogatorios e incurra en alguna de las prohibiciones previstas en el presente Capítulo. La objeción deberá formularse antes de que el testigo responda la pregunta planteada.

Artículo 370. Nueva comparecencia.

A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar que algún testigo o perito que ya hubiere declarado en la audiencia, comparezca nuevamente para ser interrogado por aquéllas con el propósito de introducir información relevante para la decisión del caso. Para tales efectos, después de su primera declaración, el testigo o perito será advertido de la posibilidad de una nueva comparecencia y de su deber de mantenerse disponible en caso de que sea citado.

Artículo 371. Impugnación de la credibilidad del testigo.

La impugnación de la credibilidad del testigo tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio; capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración; existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo; manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones o interrogatorios en audiencias ante el juez de control; carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad y contradicciones en el contenido de la declaración.

Artículo 372. Prohibición de lectura de registros y documentos de diligencias o actuaciones de la policía o del ministerio público.

Con excepción de los supuestos en los que la ley autoriza a incorporar una prueba por lectura, no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por las policías o el Ministerio Público.

Nunca se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales.

Artículo 373. Lectura para apoyo de memoria en la audiencia del debate

Sólo una vez que el acusado, el testigo o el perito hubieren prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus entrevistas o declaraciones anteriores prestadas ante el Ministerio Público o el juez, respectivamente, en presencia de su defensor o que obren en cualquier otro soporte, cuando fuera necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes.

Con los mismos objetivos se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado.

Artículo 374. Desahogo en juicio de la declaración del imputado.

La declaración del imputado rendida en entrevista ante la policía o ministerio público o en audiencia preliminar no podrá ser admitida ni incorporada en juicio oral como prueba.

Sin embargo, si el imputado decide rendir declaración ante el juez o tribunal de juicio oral respecto de los hechos por los que se le acusa, cualquier declaración que el mismo haya vertido con antelación podrá ser utilizada únicamente para apoyar su memoria o para impugnar su credibilidad. De ser el caso que el acusado decida declarar en juicio oral, estará obligado a contestar las preguntas que le formule el ministerio público, el asesor jurídico de la víctima u ofendido, o en su caso, el acusador privado.

Artículo 375. Exhibición de documentos y producción de otros medios de prueba.

Los documentos e informes serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. Serán presentados y analizados en el orden fijado por las partes, salvo que se requiera su desahogo durante el interrogatorio de testigos o peritos para su reconocimiento e informe sobre ellos.

Las grabaciones serán reproducidas en la audiencia, según su forma de reproducción habitual.

El juez, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación, en la parte pertinente.

Cuando se garantice debidamente la identidad de los deponentes, testigos o sujetos que intervienen en el proceso solo en los casos de reserva previstos en este Código, la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produjeren con nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos y diligencias procesales.

Artículo 376. Prohibición de incorporación de antecedentes procesales.

No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio, de conciliación o mediación o la tramitación de un proceso simplificado o abreviado.

Artículo 377. Nuevas Pruebas.

El juez podrá ordenar, a solicitud de alguno de las partes, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultan indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer los hechos, siempre que la parte que la solicita justifique no haber sabido de su existencia con anterioridad o no hubiese sido posible prever su necesidad.

En caso de inconformidad, la contraparte podrá recurrir por vía incidental la admisibilidad de la prueba.

Artículo 378. Constitución del juez en lugar distinto.

Cuando lo considere necesario para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el juez podrá constituirse, con las demás partes procesales, en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del juicio.

Sección II

Testimonios

Artículo 379. Deber de testificar.

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos.

Artículo 380. Facultad de abstención.

Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario del imputado; parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive.

Bajo pena de nulidad, deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aún durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

Artículo 381. Excepciones al deber de declarar.

No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder:

I. Los abogados, consultores técnicos, corredores públicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión;

II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten;

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado;

IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional, y

V. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes que conozcan con motivo de su ejercicio profesional.

En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio.

La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.

Si el juez estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

Artículo 382. Protección de testigos.

Durante el proceso penal la autoridad judicial podrá ordenar a petición del Ministerio Público, que se otorgue protección policial a los testigos, víctimas u ofendidos del delito o familiares de éstos, jueces, ministerios públicos, abogados defensores, asesores jurídicos de la víctima, policías de investigación, peritos o cualquier otro interviniente en el proceso, cuando:

I. Se ponga en peligro su vida o integridad corporal por su intervención en procesos penales por algún delito, o

II. Su declaración pueda ser determinante para el adecuado desarrollo del proceso penal o para absolver o condenar al imputado.

Artículo 383. Excepciones a la obligación de comparecencia.

El presidente de la República y los servidores públicos a que se hace referencia en el artículo 117 de este Código que renunciaren al derecho de no concurrir a desahogar su testimonio en audiencia en términos del referido artículo, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales.

Artículo 384. Separación de testigos.

Los testigos deben ser examinados separadamente y sin que haya comunicación previa entre éstos en el lugar del juicio.

Artículo 385. Testimonios especiales.

Cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente o víctimas de secuestro y cuando a juicio del juez sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el juez podrá disponer su recepción en sesión cerrada y con el auxilio de familiares o peritos especializados o por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier medio audiovisual que impida confrontarlo físicamente con el acusado y garantice el resguardo de su identidad.

La misma regla se aplicará cuando alguna persona menor de edad deba declarar por cualquier motivo. El testigo menor de edad sólo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio.

Artículo 386. Testimonio de agente diplomático.

Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en México o de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente respectivo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta rogatoria para que concurra a declarar o permita que la persona solicitada lo haga.

En el caso de que el testimonio que se requiera sea de algún miembro del Servicio Exterior Mexicano activo en alguna oficina de México en el extranjero, se tomará su declaración en términos del artículo anterior. Debiendo notificar el juez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de gestione todo lo conducente para el pronto y oportuno desahogo.

Sección III

Peritajes

Artículo 387. Título oficial.

Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia, técnica o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o arte están legalmente reglamentadas; en caso contrario, se podrán designar peritos prácticos.

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial.

Artículo 388. Cargo de perito para servidores públicos.

Los peritos oficiales, que en el ejercicio de sus funciones sean designados para intervenir en algún asunto, deberán emitir su dictamen y rendir la declaración que en su caso corresponda.

Artículo 389. Deber de guardar reserva.

El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación.

Artículo 390. Dictaminación.

Los peritos realizarán todos los estudios necesarios, que de acuerdo a su criterio técnico–científico consideren produciendo su dictamen en forma oral en la audiencia de juicio, quedando en el juez o tribunal la valoración respectiva.

Artículo 391. Prueba pericial.

Toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe pericial donde se exprese la base técnico científica de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba.

El informe pericial deberá contener, de manera clara y precisa, cuando menos, la metodología que describa los estudios realizados, las fuentes consultadas, el tipo de equipo especializado y la conclusión a la que arribó.

Los informes periciales que obren en la carpeta de investigación del ministerio público que se vayan a utilizar por el acusador privado, deberán ser entregados a la defensa, en copia, según el soporte que los contenga si ello no ha así acontecido, inmediatamente que los solicite al ministerio público o al acusador particular, cuando la defensa ya tenga acceso a la misma.

Por el contrario, la defensa hará entrega al ministerio público de sus informes periciales o al acusador particular, al descubrirlos en la etapa intermedia o a más tardar cinco días antes de la celebración de la audiencia de juicio.

Artículo 392. Acceso a los indicios.

Los peritos que vayan a rendir dictamen o a elaborar informe pericial, tendrán en todo momento, acceso a los indicios a que se refiere el dictamen pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio.

Artículo 393. Actividad complementaria del peritaje.

El juez podrá ordenar la presentación o el aseguramiento de objetos o documentos y la comparecencia de personas si es necesario para efectuar las operaciones periciales.

Se podrá requerir al imputado, con las limitaciones previstas por este Código, y a otras personas, que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones análogas.

Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehusare colaborar, se dejará constancia de su negativa y, de oficio, se llevarán a cabo las medidas necesarias tendientes a suplir esa falta de colaboración.

Lo examinado será conservado, en lo posible, de modo que el peritaje pueda repetirse. Si debiera destruirse o alterarse lo analizado o existieren discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos lo comunicarán al tribunal antes de proceder para que éste lo autorice.

Artículo 394. Peritaje irreproducible.

Cuando un peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la mitad de la sustancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. En este caso o cualquier otro semejante que impida se practique un peritaje independiente con posterioridad, el Ministerio Público se encuentra obligado a notificar al defensor del imputado, si éste ya se encontrase individualizado o al defensor público, en caso contrario, para que, si lo desea, designe perito para que conjuntamente con el perito designado por el Ministerio Público practiquen el peritaje, o bien, para que acuda a presenciar la realización de la pericia practicada por aquel.

Aun cuando no comparezca a la realización del peritaje, el perito designado por el defensor del imputado, o éste omita designar uno para tal efecto, la pericial se llevará a cabo y será admisible como prueba en juicio.

En caso de no darse cumplimiento a la obligación prevista en este artículo, la pericial en cuestión deberá ser desechada como prueba si es ofrecida como tal.

Artículo 395. Peritajes especiales.

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictuoso lo amerite, deberá integrarse, en un plazo no mayor a tres horas, un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que requiera la víctima.

Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se encargue de plantear las preguntas.

Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen físico de la víctima, respetando la dignidad de la persona. En el examen físico estará presente sólo ese personal esencial para realizarlo y lo realizará una persona del sexo que la víctima elija.

Artículo 396. Perito impedido para concurrir.

Si el perito estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia donde se practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de teleconferencia u otro sistema de reproducción a distancia, ésta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo.

Artículo 397. Declaración de peritos.

La declaración de los peritos se regirá por las reglas conducentes a los testigos.

Durante la audiencia, los peritos serán interrogados personalmente. Su declaración no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.

Sección IV

Documental

Artículo 398. Documental.

Sólo la prueba documental autenticada, decretada para su producción en juicio oral, podrá incorporarse al debate por lectura en la audiencia de juicio oral.

Cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido. Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del mismo o, finalmente, se acuerde que es innecesaria la presentación del original.

Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios técnicos tales como los de grafología y documentoscopía, o forme parte de la cadena de custodia.

Artículo 399. Documento auténtico.

Salvo prueba en contrario, serán auténticos los documentos públicos y, por tanto, no será necesaria su autenticación. También lo serán aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las facturas que reúnan los requisitos fiscales, las notas que contengan los datos del contribuyente. En estos casos, quien objete la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar que no es auténtico.

La autenticidad e identificación de los documentos que no se consideran auténticos, se realizará en los términos previstos en el artículo 362 de este Código.

Sección V

Otros medios de prueba

Artículo 400. Otros medios de prueba.

Además de los previstos en este Código, podrán desahogarse otros medios de prueba distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas, ni sean contrarios a derecho.

Previa su incorporación al proceso, los indicios, podrán ser exhibidos al acusado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.

TITULO VI

ETAPA DEL PROCESO

CAPITULO I

Objeto, inicio y duración del proceso

Artículo 401. Objeto del proceso penal.

El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados a la víctima u ofendido se reparen.

Artículo 402. Inicio del proceso.

Para efecto de este Código, la etapa del proceso comienza con la fase de control previo, en términos de lo previsto por el artículo 164, fracción II, inciso a) de este Código.

La acción penal podrá ejercitarse con o sin detenido. En el primer caso se procederá a realizar la audiencia inicial en los términos previstos en este Código. En el supuesto de que aquélla sea sin detenido, el juez resolverá la petición de orden de aprehensión o comparecencia que haya realizado el Ministerio Público, en términos de las disposiciones previstas en este Código.

Artículo 403. Duración del proceso.

El proceso penal por delito cuya pena máxima de prisión no exceda de dos años, deberá terminarse dentro del plazo de cuatro meses, y antes de un año si la pena excediere de este tiempo, salvo que el imputado solicite mayor plazo para su defensa.

Los plazos a que se refiere este artículo se contarán desde el momento en que inicia el proceso en términos del párrafo primero del artículo anterior hasta el dictado de la sentencia.

CAPITULO II

Fase de Control Previo

Sección Unica

Audiencia inicial y Audiencia de Vinculación a Proceso

Artículo 404. Objeto de la audiencia.

La audiencia inicial será concentrada y continua y de manera preferente se desahogará de forma ininterrumpida, salvo que exista causa legal para suspender su continuación y tendrá por objeto:

I. Que el juez resuelva sobre el control de la legalidad de la detención;

II. Que el Ministerio Público formule imputación;

III. Que el imputado, en su caso, rinda declaración;

IV. Que el juez resuelva la procedencia de medidas cautelares que le hubieren solicitado;

V. Que el juez resuelva sobre la vinculación a proceso, y

VI. Que el juez fije plazo para el cierre de la investigación.

Artículo 405. Oportunidad para solicitar la audiencia.

La audiencia inicial, atendiendo a las circunstancias de cada caso, se realizará en los siguientes términos:

I. Al emitir una orden de comparecencia, se señalará fecha y hora para que se haga comparecer al imputado a la audiencia inicial;

II. Cuando el imputado se encuentre detenido en virtud de la ejecución de una orden de aprehensión, el Ministerio Público con la puesta a disposición del imputado, deberá solicitar la celebración de la audiencia de manera inmediata, y

III. Tratándose de un detenido puesto a disposición del juez de control, por urgencia o flagrancia, el Ministerio Público solicitará la celebración de la audiencia inmediatamente y con la misma celeridad deberá celebrarse.

Artículo 406. Desarrollo de la audiencia.

La audiencia inicial se desarrollará de la siguiente manera:

I. Informe de derechos.

Inmediatamente que el detenido sea puesto a disposición o el imputado haya comparecido ante el juez, éste le informará de sus derechos, le preguntará si cuenta con defensor y, en caso negativo, le nombrará un defensor público y se le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros.

De igual forma, si comparece la victima u ofendido, el juez se cerciorará que el Ministerio Público le ha informado y conoce sus derechos;

II. Nombramiento de abogado defensor.

El detenido o el imputado que se encuentre presente, por haber sido citado o haberse presentado de manera voluntaria, antes de que declare sobre los hechos que se le imputen, se le requerirá el nombramiento de un defensor si no lo tuviera, para que lo asista y se le informará que puede exigir su presencia y consultar con él todo lo relacionado con su defensa.

Si no está presente el defensor, se le dará aviso inmediato, por cualquier medio, para que comparezca. Si el defensor no comparece o el imputado no lo designa, se le proveerá inmediatamente de un defensor público;

III. Control de detención.

Inmediatamente después de haberle informado sus derechos al imputado y de contar con un defensor, cuando proceda, el juez recibirá el informe del Ministerio Público acerca de la detención y previa audiencia del defensor procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a los derechos y garantías constitucionales o decretando la libertad.

Si el juez califica como legal la detención, le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público y si éste solicita la formulación de la imputación y aplicación de una medida cautelar, el juez se pronunciará sobre la procedencia de la misma o aplicará la medida cautelar oficiosa que en su caso proceda y se continuará con la audiencia;

IV. Formulación de la imputación.

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión.

En la audiencia correspondiente, el juez ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente en qué hace consistir el hecho que la ley señala como delito que se le imputa, la fecha, lugar y modo de su comisión, y en qué hace consistir la intervención que le atribuye al imputado en ese hecho, así como el nombre de su acusador. El Ministerio Público deberá señalar el monto estimado de la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente.

El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público;

V. Declaración inicial del imputado.

Una vez formulada la imputación correspondiente, el imputado tendrá derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, el silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Sin embargo, el imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a su identificación y se le exhortará para que se conduzca con verdad.

Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva.

En primer lugar se solicitará al imputado indicar su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de trabajo y condiciones de vida, nombre de sus padres, números telefónicos, correo electrónico, donde pueda ser localizado; la pertenencia del imputado, en su caso, a un pueblo o comunidad indígena.

Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y se le advertirá que puede abstenerse de hacerlo; se le invitará a expresar lo que a su derecho convenga en descargo o aclaración de los mismos e indicar los datos o medios de prueba que estime oportunos ofrecer.

Si el acusado decide libremente declarar, el ministerio público, el asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa, podrán dirigirle preguntas y estará obligado a responderlas, siempre que sean pertinentes.

Las preguntas serán claras y precisas. No estarán permitidas las sugestivas, capciosas, incidiosas o confusas, ni las que comprendan más de un hecho, y las respuestas no serán inducidas. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para interrogatorio y el contrainterrogatorio que formulen las partes procesales, debiendo estarse a la regla prevista en el artículo 374 de este Código.

En todos los casos la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente y la hace en presencia y con la asistencia previa de su defensor.

Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, procurando que ellos se encuentren separados entre sí antes de la recepción de todas ellas;

Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas;

VI. Medidas cautelares.

Formulada la imputación, el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los sujetos que intervengan en el proceso planteen, en especial sobre la aplicación de medidas cautelares y resolverá sobre las mismas;

VII. Vinculación a proceso.

El juez resolverá sobre la vinculación o no a proceso dentro de los plazos señalados en este Código, contados a partir de que el imputado haya sido puesto a su disposición física y jurídicamente, y

VIII. Plazo para la investigación formalizada.

El juez competente, a solicitud de parte, al resolver sobre la vinculación del imputado a proceso fijará un plazo para la investigación formalizada y el cierre de la misma, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad, sin que pueda ser mayor a dos meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses, si la pena excediere de ese tiempo.

Artículo 407. Plazos para resolver sobre la vinculación a proceso.

El plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado, a que se refiere el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se duplicará cuando lo solicite el imputado por sí, o por su defensor, después de escuchar la imputación, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y desahogar datos de pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica, el juez deberá señalar fecha y hora para tales efectos. El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación ni el juez resolverla de oficio.

La ampliación del plazo se deberá notificar a la autoridad competente en donde se encuentre internado el imputado, para los efectos a que se refiere la última parte del cuarto párrafo del artículo 19 constitucional.

Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con veinticuatro horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso.

La audiencia de vinculación a proceso iniciará, en su caso, con el desahogo de los datos de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral. Desahogados los datos de prueba, si los hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

En casos complejos, el juez podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

Artículo 408. Requisitos para vincular a proceso al imputado.

El juez decretará la vinculación a proceso del imputado siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que se haya formulado la imputación e informado de sus derechos;

II. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Para los efectos de determinar la existencia del hecho que la ley señale como delito, se estará a lo previsto en el artículo 226 de este Código, y

III. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pero el juez podrá no admitir alguno de ellos u otorgarles libremente una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Artículo 409. Del auto de vinculación a proceso.

La vinculación a proceso se decretará por auto debidamente fundamentado y motivado, en el cual se exprese:

I. Los datos personales del imputado;

II. Los datos que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señale como delito que se le imputa, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en los términos del artículo 408 de este Código;

III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y

IV. El plazo de la investigación formalizada.

Artículo 410. Efectos de la no vinculación a proceso.

En caso de que no se reúnan algunos de los requisitos previstos en el artículo 408 de este Código, el juez negará la vinculación a proceso del imputado y, revocará las medidas cautelares que hubiera decretado.

El auto de no vinculación a proceso del imputado, no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación.

Artículo 411. Efectos de la vinculación a proceso.

La vinculación a proceso producirá los siguientes efectos:

I. Sujetar al imputado al proceso;

II. Fijar el plazo para el cierre de la investigación formalizada para formular la acusación, y

III. Establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso o para determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.

Artículo 412. Identificación administrativa.

Dictado el auto de vinculación a proceso se identificará al imputado por el sistema adoptado administrativamente, a fin de integrar la información a la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos de la Ley de la materia.

Las constancias de anteriores ingresos a prisión y los documentos o fichas en que conste la identificación de individuos imputados con motivo de cualquier proceso penal, sólo se proporcionarán por la instancia facultada para ello, cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.

La identificación administrativa y la información sobre los anteriores ingresos a prisión del imputado no prejuzgan su responsabilidad penal en el proceso en trámite.

En todo caso se comunicarán a las unidades administrativas correspondientes las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria para que se que hagan las anotaciones respectivas.

Artículo 413. Cancelación de identificación administrativa.

Se procederá a la cancelación del documento de identificación administrativa, en los siguientes supuestos:

I. Cuando el proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que haya causado estado;

II. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa o que se le sigue al imputado, o

III. En el caso de que resuelva favorablemente el recurso de revisión contemplada en este Código.

En estos supuestos el juez de oficio y sin mayor trámite, ordenará la cancelación del registro de identificación administrativa a la instancia correspondiente.

CAPITULO III

Fase de la investigación formalizada

Sección I

Duración de la investigación formalizada

Artículo 414. Objeto y plazo para la investigación formalizada.

La fase de investigación formalizada tendrá por objeto que se puedan recabar todos aquellos elementos probatorios para efecto de formular o no la acusación o pronunciarse sobre cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 416 de este Código, según sea el caso.

El Ministerio Público deberá concluir la investigación formalizada para formular acusación dentro del plazo señalado por el juez o podrá agotar dicha investigación antes de que se venza el plazo fijado para tal efecto, debiendo comunicarlo al juez y éste dará vista al imputado, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el imputado no se opone u omite manifestarse al respecto en el plazo fijado por el juez, éste decretará el cierre de la investigación formalizada para formular acusación.

Artículo 415. Prórroga del plazo de la investigación formalizada.

De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación formalizada para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El juez podrá acceder a la solicitud de la prórroga, siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no sea mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo.

Artículo 416. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación formalizada.

Concluido el plazo de la investigación formalizada para formular la acusación, el Ministerio Público dentro de los diez días siguientes podrá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso;

III. Solicitar acuerdos para la reparación, o

IV. Formular acusación.

Artículo 417. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo.

Cuando el Ministerio Público no hubiere formulado acusación, el juez pondrá el hecho en conocimiento del Procurador General de la República o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de diez días.

Transcurrido este plazo sin que se formule acusación, el juez ordenará el sobreseimiento.

Artículo 418. Peticiones diversas a la acusación.

Cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el juez resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes.

Sección II

Sobreseimiento

Artículo 419. Causales de sobreseimiento.

El juez competente decretará el sobreseimiento cuando se acredite que:

I. El hecho delictivo que se le atribuye al imputado no se cometió;

II. El hecho investigado no constituye delito;

III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

IV. Cuando se acredite una causa de exclusión del delito;

V. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley penal;

VI. Sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a la responsabilidad penal del imputado;

VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que haya recaído sentencia firme respecto del imputado, o

VIII. Cuando no se hubiere formulado acusación en los plazos y términos establecidos en el presente Código.

Artículo 420. Facultades del juez respecto del sobreseimiento.

El juez, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá decretar el sobreseimiento por un motivo distinto del requerido o rechazarlo.

Artículo 421. Efectos del sobreseimiento.

El sobreseimiento firme pone término al proceso en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, impide su nueva persecución penal por el mismo hecho, hace cesar todas las medidas cautelares que ese proceso haya motivado y tiene el efecto de cosa juzgada.

Artículo 422. Sobreseimiento total y parcial.

El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados que no hayan sido incluidos.

Artículo 423. Recurso de apelación.

La resolución que se pronuncie sobre el sobreseimiento podrá ser impugnable por la vía del recurso de apelación.

Sección III

Suspensión del proceso

Artículo 424. Suspensión del proceso.

El juez competente decretará la suspensión del proceso cuando:

I. El responsable se hubiere evadido de la acción de la justicia;

II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren llenado;

III. El imputado adquiera algún trastorno mental durante el proceso, y

IV. En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del proceso.

Artículo 425. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión.

A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el juez podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión.

Artículo 426. Reapertura de la investigación.

Hasta la realización de la audiencia intermedia y durante ella, el imputado, su defensor o la víctima u ofendido o asesor jurídico podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado.

El juez competente podrá ordenar al Ministerio Público proceder al cumplimiento de las diligencias, para lo cual le fijará un plazo. El Ministerio Público podrá solicitar ampliación del mismo, por una sola vez.

El juez no podrá ordenar la realización de aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición del imputado, su defensor o la víctima u ofendido o asesor jurídico y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellos, ni tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios ni todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

CAPITULO IV

Fase intermedia

Sección I

La Acusación

Artículo 427. Objeto de la fase intermedia.

La fase intermedia tiene por objeto el descubrimiento de datos de prueba, ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.

Esta fase iniciará con la formulación de la acusación y continuará con el descubrimiento de datos de prueba. . Al ofrecer los medios de prueba, las partes deberán precisar el objeto de las mismas.

Artículo 428. Contenido de la acusación.

Una vez concluida la fase de investigación formalizada, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio.

La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del o los acusados;

II. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;

III. La relación de las circunstancias calificativas de la responsabilidad penal que concurrieren;

IV. La comisión o participación concreta que se atribuye al acusado;

V. La expresión de los preceptos legales aplicables;

VI. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar en el juicio, la prueba anticipada que se haya desahogado en la fase de investigación;

VII. El monto de la reparación del daño;

VIII. La pena hipotética a imponer;

IX. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena;

X. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados, y

XI. En su caso, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso.

La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación jurídica, la cual deberá hacerse saber a las partes.

Sección II

La audiencia intermedia

Artículo 429. Citación a la audiencia.

Presentada la acusación, el juez competente ordenará su notificación a las partes y las citará a la audiencia intermedia, la que deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a veinte ni exceder de treinta días.

Al acusado y a la víctima u ofendido se les entregará copia de la acusación, además se le pondrán a su disposición para ser consultados, todos los antecedentes acumulados durante la investigación.

Artículo 430. Actuación de la víctima u ofendido.

Dentro de los siete días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido por escrito, podrá:

I. Adherirse a la acusación del Ministerio Público;

II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección;

III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, y

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.

Artículo 431. Adhesión a la acusación.

Si la víctima u ofendido se adhiere a la acusación formulada por el Ministerio Público, deberá realizar su gestión por escrito y le serán aplicables, en lo conducente, las formalidades previstas para la acusación del Ministerio Público y en dicho escrito ofrecerá las pruebas que pretenda se reciba en la audiencia de juicio.

La adhesión a la acusación por parte de la víctima u ofendido no alterará las facultades concedidas por ley al Ministerio Público, ni le eximirá de sus responsabilidades.

Si se trata de varias víctimas u ofendidos podrán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses.

Artículo 432. Corrección de vicios formales.

Cuando la víctima u ofendido considere que la acusación del Ministerio Público adolece de vicios formales, lo pondrá del conocimiento del juez, quien a su vez lo hará saber al Ministerio Público. Si éste persiste en su acusación, el juez dará vista al Procurador General de la República, quien dentro del plazo de tres días podrá modificar o no la acusación.

Artículo 433. Plazo de notificación.

Las actuaciones de la víctima u ofendido a que se refiere el artículo anterior, deberán ser notificadas a las partes, a más tardar siete días antes de la realización de la audiencia.

Artículo 434. Derechos del acusado.

Al inicio de la audiencia de preparación del juicio, en forma verbal, el acusado por sí o por conducto de su defensor podrá:

I. Deducir las cuestiones que versen sobre competencia, cosa juzgada, extinción de la acción penal y falta de requisitos de procedibilidad;

II. Señalar los vicios formales del escrito de acusación y solicitar su corrección;

III. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios;

IV. Señalar los medios de prueba que ofrece para la audiencia de juicio oral y las observaciones que estimen pertinentes al proceso de descubrimiento de elementos probatorios;

V. Ofrecer los medios de prueba relativos a la individualización de la pena o a la procedencia de sustitutivos de pena o beneficios alternos a la misma, y

VI. Proponer alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias o aceptar la forma de terminación anticipada del proceso ofrecida por el Ministerio Público.

Artículo 435. Disposiciones en el desarrollo de la audiencia intermedia.

En el desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:

I. Que el ministerio público haga una exposición sucinta de los hechos que pretende probar en juicio. Acto seguido se otorgará la palabra a la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico si lo hay y, en su caso, al acusador particular. La defensa, podrá efectuar dicha exposición si conviene a los intereses de su teoría del caso.

La defensa, el imputado, la víctima o el ofendido manifestarán lo que estimen pertinente en defensa de sus intereses.

II. Que el ministerio público descubra a la defensa todos los datos de prueba con los que cuente en la investigación y especialmente aquéllos que sean beneficiosos al imputado; sin embargo, el ministerio público no estará obligado a descubrir apuntes personales que contengan notas de cómo se condujo la investigación y sean parte del trabajo preparatorio de la misma, salvo que se refieran a la manera cómo se condujo una entrevista o se realizó una declaración. No estará obligado a descubrir información que de ser descubierta genere un perjuicio notable para investigaciones en curso o posteriores, a menos que guarde relación con el imputado y afecte su derecho de defensa. Ni tampoco a descubrir información que afecte la seguridad del Estado, ni aquélla que no guarde relación con el hecho materia de la acusación o que su divulgación esté prohibida por disposición constitucional o legal.

Si la información, que el ministerio público no se encuentra obligado a descubrir, contiene datos que favorecen a la defensa del acusado, deberá comunicarlo a su defensa para su conocimiento y prevenirle de guardar secreto sobre la información no sometida a descubrimiento.

Por el contrario, la defensa debe descubrir al ministerio público o al acusador privado todos los datos de prueba o elementos probatorios con los que cuente y que pretenda utilizar o llevar a juicio. Tratándose de la prueba pericial, la defensa podrá descubrir al ministerio público el o los informes periciales de sus peritos en la audiencia o a lo mucho cinco días antes de la celebración de la audiencia de juicio oral. La defensa no está obligada a descubrir ningún dato de prueba que sea contrario a los intereses del imputado; apuntes personales que contengan notas de cómo se ha preparado, conducido, la defensa del caso; ni información que no guarde relación con el hecho materia de la acusación o que su divulgación esté prohibida por disposición constitucional o legal.

III. Que las partes manifiesten las observaciones que estimen pertinentes al proceso de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, el relativo a la prueba anticipada,

IV. Que el Ministerio Público y la defensa enuncien la totalidad de los medios probatorios que ofrecen para la audiencia del juicio oral; y

V. Que las partes manifiesten si tienen interés en llegar a acuerdos probatorios. En este caso decretará un receso por el tiempo que el juez estime conveniente que no podrá exceder de tres horas, al cabo del cual se reanudará la audiencia para que el Ministerio Público y la defensa se manifiesten al respecto.

Con la excepción del deber del ministerio público de descubrir a la defensa todos los datos de prueba que ésta le solicite y especialmente los que sean benéficos al imputado; al ser conforme a la teoría del caso de las partes, la decisión de descubrir los datos de prueba que pretendan llevar a juicio; aquéllos que no sean descubiertos no podrán ser utilizados como prueba en el juicio oral.

Los datos de prueba relacionados con otra condena o condenas del imputado, de algún testigo o perito, sólo podrán ser descubiertos con la única finalidad de poder ser utilizados en juicio para impugnar la credibilidad del declarante, pero no podrán ser ofrecidos como prueba.

Será aplicable en lo conducente lo previsto en este artículo, para los casos de que la acción penal ejercitada sea privada.

Artículo 436. Desarrollo de la audiencia.

La audiencia intermedia será dirigida por el juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente.

La presencia permanente del juez, el Ministerio Público, el acusado y su defensor durante la audiencia constituye un requisito de su validez.

La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberá concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, permite tener por desistida su acusación en caso de que se hubiera adherido a la del Ministerio Público.

Cuando sea procedente algún mecanismo alternativo de solución de controversias, la víctima u ofendido deberá ser convocada para que participe en la audiencia.

La audiencia intermedia iniciará con el descubrimiento probatorio de las partes, correspondiéndole en primer término al ministerio público; en su caso, a la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico y, de ser procedente, al acusador privado.

El juez preguntará a la defensa si cuenta con toda la información que le sea necesaria para su representación y ésta le informará al juez dando respuesta a ello. En caso que la defensa le indique al juez que no cuenta con ningún tipo de información porque no se le ha entregado física y materialmente o, que no cuenta con algún tipo de información, le indicará de qué información se trata y le solicitará que por su conducto se instruya al ministerio público o en su caso a la victima u ofendido por conducto de su asesor jurídico o al acusador privado, que dicha información le sea entregada; el juez escuchará a estos y preguntará si esos datos obran en la investigación y, en caso afirmativo, instruirá, de ser lo procedente que dicha información le sea física y materialmente entregada a la defensa en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas que correrán a partir de que dicha actuación se dé por concluida, apercibiendo a los requeridos que en caso que la información solicitada no se entregue a la defensa se les impondrá una medida de apremio y citará en una nueva fecha para la continuación de la audiencia intermedia que deberá ser entre los diez días y veinte días hábiles siguientes.

El día señalado para la continuación de la audiencia intermedia, iniciará otorgando la voz a la defensa a la que el juez preguntará si el descubrimiento de los datos solicitados se llevó a cabo y si se hizo en tiempo; la defensa informará lo conducente al juez. En caso que si se hubieren descubierto a la defensa los datos de prueba solicitados, se procederá al descubrimiento probatorio a cargo de la defensa. En caso que a la defensa no le hubieren sido descubiertos los datos de prueba solicitados así lo informará y el juez escuchando al ministerio público y en su caso, al asesor jurídico de la víctima o al acusador privado resolverá lo conducente.

En este caso, el juez hará efectiva la medida de apremio acordada y les conminará nuevamente a efectuar ese descubrimiento en un plazo igual al señalado anteriormente, con el apercibimiento que, de no ser descubiertos esos datos probatorios los mismos no podrán ser utilizados por la parte acusadora en juicio oral.

Si se trata de datos de prueba necesarios para el ejercicio de la defensa que el ministerio público, la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico o el acusador privado se niegan a descubrir, el juez tratándose del ministerio público dará vista inmediata al Procurador para que se pronuncie al respecto, considerando esa omisión como delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Si se trata de la víctima u ofendido o del acusador privado, se dará vista inmediata al ministerio público para que de inicio la investigación por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad.

En estos casos, la falta de descubrimiento probatorio a la defensa, si se trata de un delito de acción privada, conllevará al sobreseimiento del proceso. En los demás casos, se otorgará al Procurador y/o a la víctima u ofendido un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la actuación que así lo resuelva para que ese descubrimiento se lleve a cabo y, en caso de que aun así, no ocurra será motivo de sobreseimiento del proceso.

Efectuado el descubrimiento probatorio por el ministerio público, la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico en su caso o por el acusador privado; a continuación la defensa descubrirá a estos los datos probatorios que pretenda llevar a juicio haciendo entrega de copias de los mismos.

A continuación se procederá al ofrecimiento de los medios de prueba por las partes, iniciando por su orden el ministerio público, en su caso la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico o el acusador privado; acto seguido se abrirá el debate sobre esos medios de prueba escuchando a la defensa y a la parte oferente. Culminado este debate el juez se pronunciará sobre los medios de prueba que se consideren admitidos a la parte acusadora.

A continuación se concederá el uso de la voz a la defensa para que formule el ofrecimiento de sus medios probatorios y culminado éste, se abrirá el debate concediendo la palabra al ministerio público, a la víctima u ofendido por medio de su asesor jurídico o al acusador privado. Terminado este debate el juez se pronunciará sobre los medios de prueba que se consideren admitidos a la defensa.

El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral.

Artículo 437. Debate acerca de los medios de prueba ofrecidos por las partes.

Durante la audiencia de preparación del juicio cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes con relación a los medios de prueba ofrecidos por las demás, respecto de los cuales el juez se pronunciará.

Artículo 438. Conciliación en la audiencia.

Al inicio de la audiencia, cuando la naturaleza del delito lo permita, el juez exhortará a la víctima u ofendido y al acusado a la conciliación de sus intereses.

Artículo 439. Unión y separación de acusaciones.

Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba.

El juez podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

Artículo 440. Concepto de acuerdos probatorios.

Se entiende por acuerdos probatorios los celebrados entre el Ministerio Público y el imputado y su defensor, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.

Si la víctima u ofendido se opusiere, el juez determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio.

Artículo 441. Procedencia de los acuerdos probatorios.

Durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio.

El juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre y cuando lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho.

En estos casos, el juez indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral.

Artículo 442. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate.

El juez, luego de examinar los medios de prueba ofrecidos y escuchar al ministerio público, al asesor jurídico de la victima u ofendido de haber asistido a la audiencia, o en su caso al acusador privado, así como a la defensa, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio oral, aquellos medios de prueba impertinentes y los que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios.

Si el juez estima que la testimonial y documental ofrecida produciría efectos puramente dilatorios en la audiencia del debate, dispondrá también que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a juicio.

Del mismo modo, el juez excluirá los medios de prueba que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquéllas que hayan sido obtenidas en forma ilícita.

Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá fundar y motivar oralmente su decisión y contra ésta procederá el recurso de apelación, el cual deberá ser admitido en efecto suspensivo.

Artículo 443. Prohibición de pruebas de oficio.

En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio.

Artículo 444. Auto de apertura del juicio.

Antes de finalizar la audiencia, el juez dictará la resolución de apertura de juicio que deberá indicar:

I. El juez competente para celebrar la audiencia de juicio oral;

II. Individualización de los acusados;

III. La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas y el hecho o hechos materia de la acusación.

IV. Los acuerdos probatorios a los que llegaron las partes;

V. Decretará los medios de prueba que deberán producirse en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada;

VI. Las pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño;

VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código;

VIII. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado, y

IX. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate.

La resolución de apertura de juicio es irrecurrible. El juez de control hará llegar el auto de apertura al juez competente dentro de los tres días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado.

CAPITULO V

Fase de juicio oral

Artículo 445. Juicio oral y principios que lo rigen.

El juicio es la fase de desahogo de prueba y decisión de las cuestiones esenciales del proceso y se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, imparcialidad, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad.

Artículo 446. Formalidades de la audiencia.

La audiencia será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de las partes, como en la recepción de los medios de prueba y, en general, en toda intervención de quienes participen en él, con las salvedades previstas en la ley.

Las decisiones serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su parte dispositiva constará luego en el acta del debate.

Artículo 447. Dirección del debate.

En la audiencia el juez o tribunal dirigirá el debate, autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, moderará la discusión, impedirá derivaciones impertinentes, o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la investigación penal, ni la libertad de defensa.

Los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la del juicio oral, no podrán serlo en el debate, o bien, de ser el caso, no podrán integrar el tribunal del debate.

Artículo 448. Sobreseimiento en el juicio.

Si se produce una causa extintiva de la acción penal y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el juez, una vez oídas las partes, podrá dictar el sobreseimiento. Contra esta decisión el Ministerio Público podrá interponer recurso de apelación.

Artículo 449. Interrupción de la audiencia.

Si la audiencia no se reanuda dentro de los quince días naturales siguientes después de la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser realizada de nuevo desde su inicio. Las pruebas que hubieren sido producidas, admitidas e incorporadas conforme a las reglas de este Código en la audiencia de juicio que quedare sin efecto, deberán ser devueltas a las partes para que estén en aptitud de producirlas y solicitar su admisión e incorporación ante el juez o tribunal de debate que conozca del nuevo juicio que habrá de iniciar. Los registros del juicio que haya quedado sin efecto, podrán ser usados por las partes en el nuevo juicio para evidenciar contradicción sin que se considere dichos registros como prueba. La sustracción de la justicia o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, o que prosiga el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad.

Artículo 450. Causales de suspensión.

La audiencia de juicio oral se podrá suspender por un plazo máximo de diez días naturales, sólo en los casos siguientes:

I. Para resolver una cuestión incidental que, por su naturaleza, no pueda resolverse inmediatamente;

II. Para practicar algún acto fuera de la sala de audiencias;

III. Cuando sea imposible o inconveniente continuar el debate porque no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y deba practicarse una nueva citación y que ellos comparezcan, incluso coactivamente, por intermedio de la fuerza pública;

IV. Cuando el juez o cualquiera de las partes enfermen a tal extremo, que no puedan continuar interviniendo en el debate, a menos que el juez pueda ser reemplazado inmediatamente, cuando el tribunal se hubiere constituido, desde el inicio del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes pasen a integrarlo y permitan la continuación del debate;

V. Cuando el Ministerio Público o el particular que ejerza la acción penal, lo requieran para ampliar la acusación por causas superveniente, o el defensor lo solicite una vez ampliada, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente, o

VI. Excepcionalmente, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tornen imposible su continuación. El juez decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia, ello valdrá como citación para todos los sujetos que intervengan en el proceso.

Antes de reanudar audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.

El juez ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que continuará el debate.

Artículo 451. Inicio de la fase de juicio oral.

Recibido el auto de apertura a juicio oral, el juez procederá de inmediato a decretar lugar y fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de quince ni después de sesenta días naturales desde la notificación del auto de apertura del juicio, debiendo ordenarse la citación de quienes deban intervenir en ella.

El acusado deberá ser citado por lo menos con siete días naturales de anticipación al comienzo de la audiencia.

CAPITULO VI

Desarrollo del debate en la audiencia de juicio oral

Artículo 452. Apertura.

En el día y la hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia y verificará la presencia del ministerio público, del acusado y su defensor, de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de los medios de prueba que deban exhibirse en él y declarará abierto el debate.

Artículo 453. Incidentes.

Previo al debate, las partes podrán plantear todas las cuestiones incidentales, que serán resueltas en un solo acto, a menos que el juez resuelva sucesivamente o difiera alguna para la sentencia, según convenga al orden del debate.

En la discusión de las cuestiones incidentales sólo se concederá la palabra por una única vez a quien hubiese expuesto y a los demás sujetos que intervienen en el proceso, quienes podrán pronunciarse a través del abogado que los defiende o asesora.

Artículo 454. Alegatos de apertura.

Una vez abierto el debate, el juez concederá la palabra al ministerio público para que exponga la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga.

Lo anterior será aplicable al acusador privado en caso de delitos de acción privada.

Artículo 455. División del debate único.

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua.

Cuando la pena máxima que pudiere corresponder a los hechos punibles, acorde a la clasificación jurídica de la resolución de apertura de juicio, supere los diez años de privación de la libertad, la solicitud de división del debate, formulada por la defensa, obligará al tribunal a proceder conforme a ese requerimiento.

Si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer el proceso, podrá acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes.

Artículo 456. Declaración del acusado.

El juez dará oportunidad al acusado para que se pronuncie acerca de la acusación.

El juez procederá a la identificación del acusado y le advertirá que puede abstenerse de declarar, sin que esa decisión, por sí misma, provoque algún indicio en su contra, y que el debate continuará aun si él resuelve no pronunciarse sobre la acusación.

Si el acusado resuelve declarar, el juez permitirá que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, para luego permitir el interrogatorio del defensor y de los acusadores. El juez podrá formular preguntas destinadas únicamente a aclarar sus manifestaciones. La formulación de preguntas seguirá en ese orden.

En el curso del debate, el defensor puede dirigir al acusado preguntas destinadas a aclarar manifestaciones, quien decidirá libremente contestarlas.

El acusado no podrá alejarse de la sala de audiencia sin permiso del juez. Si después de su declaración rehúsa permanecer en la sala, será custodiado a una sala próxima y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesaria su presencia en la audiencia para la realización de actos particulares, será hecho a comparecer.

Artículo 457. Declaración de varios acusados.

Si los acusados fueren varios, el juez separará a los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarles sumariamente sobre lo ocurrido durante su ausencia.

Artículo 458. Derechos del acusado.

En el curso del debate, el acusado podrá solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate.

El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda. No lo podrá hacer, en cambio, durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas; en este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna o ademán ilustrativo.

Artículo 459. Corrección de errores.

Durante la audiencia se podrá realizar la corrección de simples errores formales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifique esencialmente la acusación ni provoque indefensión a fin de que no sea considerada una ampliación de la acusación y deba procederse en términos de lo previsto en el artículo 461 este Código.

Artículo 460. Recepción de prueba.

Los medios de prueba que en el auto de apertura a juicio oral fueron decretados para su producción en la audiencia de debate, se recibirán en la misma en el orden indicado por las partes. El juez no podrá obligar a las partes a proporcionarle el orden de sus pruebas.

Artículo 461. Clasificación.

El ministerio público no podrá cambiar la clasificación jurídica del delito que hubiere formulado en su escrito de acusación.

Artículo 462. Alegatos de clausura.

Terminado el desahogo de los medios de prueba, el juez concederá sucesivamente la palabra al ministerio público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido si lo hubiere, en su caso, al acusador privado y finalmente al defensor del acusado, para que, en ese orden, emitan sus alegatos, los que deberán circunscribirse a los hechos que fueron objeto del debate, a su significación jurídica y a las pruebas que se produjeron, admitieron e incorporaron en el juicio. Dichos alegatos se formularán durante el tiempo que el juez les otorgue, según la naturaleza y complejidad de los hechos en examen y las cuestiones a resolver.

Las partes no podrán ser limitadas en tiempo para formular sus alegatos, sin embargo, en caso que los alegatos que se formulan sean repetitivos en sus argumentos, el juez o tribunal llamara la atención a la parte que estuviere interviniendo y le concederá un tiempo razonable de acuerdo a la naturaleza y complejidad de los hechos y de las pruebas producidas en juicio para que termine su intervención

Formulado los alegatos de las partes, se concederá por una única ocasión el derecho de réplica que se deberá limitar a los argumentos de la parte contraria expresados en sus alegatos.

El ministerio público podrá concluir requiriendo la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con las leyes penales. En el caso de la solicitud de absolución el ministerio público sólo podrá hacerlo previa autorización del Procurador General de la República o del servidor público en el que haya delegado esta facultad.

Si la víctima u ofendido está presente en la audiencia del debate, podrá hacer uso de la palabra una vez que se den por concluidos los alegatos de clausura. El acusado tendrá el derecho a la última palabra.

La audiencia del debate se preservará por medio de equipos de grabación de sonido cuando no fuere posible su filmación. Sólo en caso de que se imposibilite la utilización de esos medios se autorizará su registro por otros medios.

CAPITULO VII

Deliberación y Sentencia

SECCION I

Disposiciones Generales

Artículo 463. Deliberación.

Inmediatamente después de concluido el debate, el juez o tribunal ordenará un receso para deliberar en privado, de forma continua, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de cuarenta y ocho horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de diez días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente.

Artículo 464. Emisión del fallo.

Después de convocar verbalmente a las partes, el juez o tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias para emitir el fallo sobre la decisión de absolución o condena.

Artículo 465. Explicación de la sentencia.

Al pronunciar la sentencia, se tendrá por explicada la misma de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 466. Fundamentación y motivación de sentencias.

Los jueces y tribunales están obligados a fundar y motivar sus decisiones.

Las sentencias deberán ser pronunciadas de forma clara y circunstanciada en modo, tiempo y lugar, con la indicación del valor otorgado a las pruebas producidas, admitidas e incorporadas durante la audiencia de juicio oral o de la prueba anticipada que fuere incorporada en el juicio. También se expresará el modo como se interpretan las normas al caso concreto, y las razones y criterios jurídicos que revisten importancia, sin dejar de analizar los argumentos de las partes y los fundamentos expuestos.

Una adecuada motivación es aquella en la que el enlace entre la totalidad de los indicios y los hechos constitutivos de delito se ajusta a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica. Para que una persona pueda ser considerada responsable del delito materia de la acusación, el ministerio publico deberá acreditar la existencia del delito incluidas, en su caso, las circunstancias que atenúan o agravan la pena, así como acreditar mas allá de la duda razonable que el acusado es autor o participe del mismo.

Artículo 467. Resolución escrita.

Dentro de los cinco días siguientes a comunicado y explicado oralmente el fallo, el juez o tribunal deberá redactar y comunicar a las partes la sentencia por escrito, la cual no podrá modificar el sentido de lo ya explicado oralmente. Para tales efectos, se convocará a las partes a audiencia en la que se hará lectura de la sentencia dictada.

Artículo 468. Contenido de la sentencia.

La sentencia definitiva contendrá:

I. Lugar y fecha;

II. Nombre del juez;

III. Nombre y apellido del sentenciado y demás datos que lo identifiquen, así como si se encuentra o no en libertad;

IV. Nombre de la víctima u ofendido;

V. La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación, así como de los acuerdos probatorios. En su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del acusado;

VI. La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones;

VII. Las razones y fundamentaciones que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias, así como para fundar el fallo;

VIII. La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los sentenciados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido, y en su caso las sanciones penales correspondientes, así como la reparación del daño;

IX. En su caso, las razones por las que se conceda o niegue al sentenciado la condena condicional o sustitutivos de las sanciones impuestas, y

X. La firma del juez que la hubieren dictado.

Artículo 469. Resolución firme.

En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna.

El fallo absolutorio, se ejecutará inmediatamente produciendo la libertad del imputado y el cese de las medidas y garantías de comparecencia y reparación del daño, en términos de lo dispuesto en el artículo 471 de este Código.

Artículo 470. Remisión de la sentencia.

El juez, dentro de los tres días siguientes a que la sentencia que ponga fin al proceso quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez de ejecución y las autoridades penitenciarias que intervienen en el proceso de ejecución para su debido cumplimiento.

Dicha disposición también será aplicable en los casos de las sentencias dictadas en los procesos simplificado o abreviado en este Código.

En caso que el fallo sea absolutorio, se tomarán todas las medidas necesarias para notificar de forma inmediata, la libertad de que goza el imputado a la autoridad que estuviere encargada de ejecutar la medida cautelar que restringe su libertad y que por tanto, no podrá mantenerle afectado de la misma para la realización del trámite administrativo conducente y registros del centro de reclusión en que se encontraba, apercibiéndola que, dicho tramite no podrá ser mayor al de tres horas contadas a partir del momento en que sea notificada del fallo absolutorio respectivo.

SECCION II

Sentencia Absolutoria

Artículo 471. Sentencia absolutoria y medidas cautelares.

Si la sentencia fuere absolutoria el juez dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del acusado y ordenará se tome nota de este levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuraren. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hubieren otorgado y, en su caso, se ordenará el levantamiento del aseguramiento de bienes, únicamente respecto del proceso en que se resuelve. Con la salvedad prevista en los artículos 469 y 470 de este Código respecto de la libertad personal de quien resultare absuelto, la cual deberá hacerse efectiva de inmediato, una vez que se ha leído el fallo absolutorio.

Artículo 472. Pronunciamiento de la sentencia absolutoria.

En la misma audiencia en la que se dicte el fallo sobre la absolución, se convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes en la que el juez hará el pronunciamiento de la sentencia absolutoria.

El transcurso de este plazo sin que hubiere tenido lugar la audiencia de pronunciamiento de sentencia, será sancionado disciplinariamente en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin perjuicio de ello, se deberá citar a una nueva audiencia de pronunciamiento de la sentencia, la que en caso tendrá lugar después del séptimo día desde que se dictó el fallo que decidió la absolución.

El vencimiento del plazo adicional mencionado en el párrafo precedente sin que se diere a conocer la sentencia, constituirá respecto del juez o tribunal de juicio oral una nueva infracción que deberá ser sancionada disciplinariamente en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SECCION III

Sentencia condenatoria

Artículo 473. Convicción del juez.

Nadie podrá ser condenado por algún delito, sino cuando el juez que lo juzgare adquiriere la convicción más allá de toda duda razonable de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. En caso de duda debe absolverse.

El juez formará su convicción sobre la base de la prueba producida, admitida e incorporada durante el juicio oral.

No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración, ni con base exclusivamente en las excepciones a la prohibición de la prueba de referencia previstas en el artículo 351 de este Código.

Artículo 474. Sentencia condenatoria.

En caso de sentencia condenatoria, deberá acreditarse plenamente el delito en todos y cada uno de sus elementos y la responsabilidad del acusado.

El juez constatará también que no haya operado en favor del acusado alguna de las causas de exclusión del delito a que se refiere el artículo 15 del Código Penal Federal, según la naturaleza de ellas y las características del caso que se analiza, debiendo relacionar cada uno de los elementos del delito o presupuestos de la pena o medida de seguridad con los medios probatorios que los acrediten.

A la sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, se abonará el tiempo de detención o prisión preventiva sufrida por el imputado que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito o su restitución cuando fuere procedente.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el juez podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

Artículo 475. Congruencia entre sentencia condenatoria y acusación.

La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos, circunstancias o delitos no contenidos en ella, sin que sea permisible que el ministerio público formule un cambio de clasificación jurídica del delito en el juicio oral distinta a la formulada en su escrito de acusación, ni que el juez condene con base en una nueva clasificación jurídica que no se corresponda a la que fue materia del escrito de acusación.

SECCION IV

Individualización de las Sanciones Penales

Artículo 476. Señalamiento de fecha para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

En caso de fallo condenatorio, en la misma audiencia se señalará la fecha en que se celebrará la de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días.

Las partes, con aprobación del juez, podrán renunciar a la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. En este caso, el juez citará a una audiencia de pronunciamiento de sentencia condenatoria.

Artículo 477. Citación a la audiencia de individualización de sanciones.

La fecha de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño se le notificará, en su caso, a la víctima u ofendido, y se citará a ella a quienes deban comparecer a la misma.

Artículo 478. Comparecencia de las partes a la audiencia de individualización.

A la audiencia de individualización deberán concurrir necesariamente el ministerio público, el sentenciado y su defensor. La víctima u ofendido podrá comparecer por sí o por medio de su asesor jurídico. Sin embargo, la audiencia no se suspenderá en caso de que omitan comparecer personalmente o por medio de asesor jurídico.

Artículo 479. Desarrollo de la audiencia de individualización.

Abierta la audiencia, se le dará el uso de la palabra al ministerio público para que manifieste lo que considere pertinente respecto a la individualización de las sanciones cuya imposición solicitó, acerca del daño provocado por el delito y su monto.

Acto seguido, se le dará el uso de la palabra a la víctima u ofendido para que señale lo que considere conveniente respecto a los citados temas. Posteriormente, la defensa del sentenciado expondrá los argumentos que funden sus peticiones y los que considere conveniente apuntar, con relación a lo expuesto por el ministerio público y la víctima u ofendido.

Artículo 480. Desahogo de pruebas para la individualización.

Expuestos los argumentos de las partes, se procederá al desahogo de las pruebas admitidas en la etapa intermedia para la individualización, empezando por las del ministerio público, después las de la víctima u ofendido y concluyendo con las de la defensa. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral.

Artículo 481. Individualización de la sanción.

Desahogadas las pruebas, las partes expresarán sus argumentos finales. Expuestos éstos, el juez deliberará por un plazo que no podrá exceder doce horas, procediendo a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación.

El juez de juicio oral fijará las sanciones penales con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, para lo cual deberá tomar en consideración los requisitos a que se refieren los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal. De igual forma, se pronunciará sobre la suspensión de las sanciones o la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño.

Artículo 482. Pronunciamiento de la sentencia condenatoria.

En la misma audiencia de individualización de sanciones o en la que se dicte el fallo sobre la condena, el juez convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes en la que el juez hará el pronunciamiento de la sentencia condenatoria.

Cuando transcurra el plazo concedido para la celebración de la audiencia de pronunciamiento de sentencia, sin que se hubiera llevado a cabo, se estará a lo dispuesto en el artículo 474 de este Código.

TITULO VII

Procesos Especiales

CAPITULO I

Procesos para Inimputables

Artículo 483. Declaración de la inimputabilidad en la etapa de investigación.

Durante la investigación inicial tan pronto el ministerio público sospeche que la persona detenida en flagrancia o caso urgente, es inimputable, sin suspender el proceso, lo mandará a examinar por peritos médicos, sin perjuicio de continuar el proceso en la forma ordinaria.

Si existe motivo fundado y conforme al informe psiquiátrico practicado al imputado resulta que éste sufre grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas, el ministerio público ordenará provisionalmente el internamiento del imputado en un establecimiento de salud o lo entregará a quienes tengan la obligación de hacerse cargo de él, en tanto se pronuncia sobre su situación jurídica dentro del plazo a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 484. Determinación de la inimputabilidad en el proceso.

Cuando en el proceso se sospecha que el imputado es inimputable, sin suspender el proceso, el juez de manera inmediata lo mandará examinar por peritos médicos para determinar tal circunstancia y, en su caso, ordenará el internamiento del inimputable en el centro de salud correspondiente, o que sea puesto bajo el cuidado de quienes deben hacerse cargo de él, en tanto se pronuncia sobre su situación jurídica dentro del plazo a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras se haga el examen por peritos médicos, el juez adoptará las medidas necesarias para asegurar la protección y asistencia al inimputable, sin perjuicio de continuar el proceso con relación a otros coimputados si los hubiere.

El dictamen comprenderá todos los puntos conducentes a establecer la inimputabilidad, en los términos establecidos en el Código Penal Federal. Asimismo, contendrá un diagnóstico a la fecha de practicarse el examen y un pronóstico con indicación del tratamiento que sea recomendable a juicio del perito.

Artículo 485. Apertura del proceso especial.

Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el juez cerrará el proceso ordinario y abrirá el especial, en el que proseguirá la investigación del delito, de la participación que en él hubiese tenido el inimputable y de las características de la personalidad de éste y del padecimiento que sufre, con la finalidad de determinar las consecuencias jurídicas de su acción, independientemente de si el imputado provocó o no su trastorno mental.

Si el inimputable tiene representante legítimo o tutor, en su caso, éste lo representará en todos los actos del proceso, en caso contrario, el juez procederá a designarle uno provisional, quien cumplirá con esa representación.

Lo anterior se hará sin perjuicio del derecho del inimputable a ser asistido por un defensor, y de que se ordene la comparecencia personal de aquél cuando se estime necesaria.

Artículo 486. Providencias Precautorias o Medidas cautelares para el inimputable.

Durante el proceso, a petición de alguno de los intervinientes, el juez podrá disponer de alguna providencia precautoria o medida cautelar que el Juez considere suficiente para ordenar la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial, cuando concurrieren en lo conducente los requisitos señalados para la aplicación de las medidas cautelares en el proceso ordinario y el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.

Se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las normas sobre medidas cautelares.

Artículo 487. Tramitación del proceso.

La apertura del proceso especial se hará en audiencia, a la que el juez convocará y escuchará al ministerio público, al propio inimputable, a su defensor, así como a la víctima o al ofendido o sus asesores jurídicos, para que manifiesten lo que a su interés corresponda.

Artículo 488. Reglas especiales del proceso.

El proceso especial se tramitará conforme a las siguientes reglas:

I. En la medida de lo posible, se aplicarán las mismas reglas que para el proceso ordinario, a excepción de aquéllas relativas a la presencia del inimputable en el juicio, procurando en todo caso su defensa material;

II. Será representado para todos los efectos por su defensor en las diligencias del proceso, salvo los actos de carácter personal;

III. El juicio se realizará sin la presencia del imputado cuando sea inconveniente a causa de su estado o por razones de orden y seguridad, y

IV. No serán aplicables las reglas referidas al proceso simplificado, abreviado, ni las de la suspensión del proceso a prueba.

Artículo 489. Resolución del caso.

Si se comprueba la existencia del hecho ilícito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en el Código Penal Federal, el juez resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que corresponda, que podrá ser el tratamiento en internamiento o en libertad, si se estima que éste es necesario y procedente en los términos del Código Penal Federal. Asimismo, corresponderá al juez determinar la duración de la medida, la que en ningún caso podrá ser mayor a la pena que pudiera corresponder al sujeto, en caso de haber sido llevado a juicio y de haber sido declarado responsable.

Si no se acreditan los requisitos señalados en el párrafo anterior, el juez absolverá al inimputable, lo pondrá en libertad y dará cuenta de la liberación a la autoridad judicial o administrativa que deba intervenir según las circunstancias del caso, o a quien se haga cargo de él.

En todo caso, para los efectos de determinar la responsabilidad o no del inimputable, el ministerio público deberá determinar si el sujeto se encontraba en ese estado de inimputabilidad al momento de realizar el hecho típico y, además, si él no provocó su trastorno mental de manera dolosa o culposa, pues si éste fuere el caso él responderá penalmente de ese hecho, siempre y cuando se constate que él lo previó o, al menos, le fue previsible. La resolución que se dicte será apelable.

La vigilancia del inimputable estará a cargo de la autoridad administrativa correspondiente.

CAPITULO II

Proceso de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal

Artículo 490. Peticiones de asistencia jurídica internacional.

El ministerio público de la Federación dará trámite a las peticiones de asistencia jurídica internacional formuladas por autoridades extranjeras con base en los instrumentos internacionales aplicables o en la reciprocidad internacional, conforme a lo dispuesto en dichos instrumentos y a lo previsto en este Código.

Artículo 491. Desahogo de solicitudes de asistencia jurídica.

Para el desahogo de solicitudes de asistencia jurídica, el ministerio público y los jueces de control tendrán, en lo conducente, las atribuciones y facultades que las leyes les otorgan dentro del proceso penal regulado por este Código.

Artículo 492. Requisitos de las solicitudes.

Las solicitudes que sean formuladas por las autoridades extranjeras con base en la reciprocidad, ante la ausencia de instrumento internacional aplicable, sólo serán desahogadas si se satisfacen los siguientes requisitos:

I. Que la solicitud de asistencia jurídica sea recibida por la vía diplomática y la Secretaría de Relaciones Exteriores la remita para su atención a la Procuraduría General de la República. En estos casos, los documentos respectivos deberán estar traducidos al español y no requerirán legalización alguna en términos de lo dispuesto por el artículo 399 de este Código;

II. Que la solicitud del país requirente contenga la manifestación de que el juez o tribunal resolutor haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto y que durante el proceso se respetaron al sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de sus defensas, así como la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad, fundada en su orden jurídico interno, en los casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas;

III. Que la ejecución de la solicitud no sea contraria al orden jurídico mexicano;

IV. Que el delito objeto de investigación o proceso penal en el extranjero no sea considerado de carácter político, o delitos del fuero militar no previstos en la legislación penal ordinaria;

V. Que la atención de la solicitud no afecte un proceso penal en curso, la soberanía, seguridad, el orden público o el interés nacional de los Estados Unidos Mexicanos, y

VI. Que tratándose de solicitudes de ejecución de medidas cautelares, de apremio, cateos domiciliarios u otras medidas coercitivas, la conducta por la que se instruye el proceso penal en el extranjero esté tipificada como delito en los Estados Unidos Mexicanos y se agoten los supuestos exigidos por el derecho mexicano para la ejecución de dichas medidas.

Artículo 493. Desahogo de la solicitud.

Cuando el ministerio público reciba una petición de asistencia jurídica Internacional que cumpla con las disposiciones que establezcan los instrumentos internacionales aplicables o, en su defecto, con las de este Capítulo, cuyo objeto sea el aseguramiento o decomiso de bienes, procederá a su localización, a la identificación de las personas que aparezcan como propietarias, poseedoras o que se conduzcan como dueños de los bienes, y a su aseguramiento, debiendo entregarlos al órgano encargado de su administración conforme a las disposiciones sobre la materia.

Artículo 494. Requisitos adicionales.

Cuando las solicitudes señaladas en el artículo anterior se fundamenten en la reciprocidad internacional, ante la ausencia de tratado aplicable, deberán satisfacerse además de los previstos en el artículo 492 de este Código, los requisitos siguientes:

I. Que los bienes de que se trate constituyan instrumentos, objetos o productos del delito materia de la petición de la autoridad extranjera correspondiente, y

II. Que en el caso de que la persona a quien se imputan los hechos aun no hubiere sido sentenciada y existan datos que hagan probable su participación en los hechos que se le imputan.

Artículo 495. Vigencia del aseguramiento.

El aseguramiento de los bienes decretado de conformidad con los instrumentos internacionales aplicables y lo dispuesto en el presente Capítulo se mantendrá vigente hasta en tanto la autoridad requirente deje sin efectos la orden del aseguramiento, retire su solicitud o la autoridad judicial extranjera resuelva su decomiso. En ningún caso el aseguramiento podrá exceder los plazos de prescripción que se establezcan en la legislación del país requirente o en el Código Penal Federal.

Mientras el aseguramiento continúe vigente se aplicarán las disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y demás aplicables, relativas al proceso de abandono.

Artículo 496. Verificación.

En caso de que el país requirente solicite mediante asistencia jurídica la ejecución de una resolución o sentencia que implique el decomiso de los bienes, el ministerio público deberá verificar:

I. Que dicha resolución o sentencia tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, y

II. Que la petición de asistencia jurídica se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables y, en lo conducente, a las disposiciones del presente Capítulo.

El ministerio público podrá requerir a las autoridades extranjeras correspondientes que amplíen la información o documentación necesaria para dar debido cumplimiento a la petición de asistencia jurídica internacional de que se trate.

Artículo 497. Ejecución de la resolución extranjera.

Una vez verificados los supuestos previstos en el artículo anterior, el ministerio público deberá promover ante el órgano jurisdiccional federal competente la ejecución de la resolución extranjera y poner los bienes que hubieren sido asegurados a su disposición, indicando el lugar en que dichos bienes se encuentren y, en su caso, la persona o personas ante las cuales hayan sido depositados, los administren o los tengan bajo su guarda y custodia, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y demás disposiciones aplicables.

Artículo 498. Documentación.

El ministerio público deberá acompañar a su promoción la siguiente documentación:

I. La petición de asistencia jurídica que hubiere presentado el país requirente junto con la documentación correspondiente, entre la cual deberá constar la sentencia o resolución irrevocable;

II. La manifestación del país requirente de que el juez o tribunal resolutor haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto y que durante el proceso se respetaron al sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de sus defensas, y

III. Tratándose de solicitudes de asistencia jurídica que no se hayan fundado en un instrumento internacional aplicable, la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad en los casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas.

Artículo 499. Competencia.

Es competente para conocer del proceso de ejecución de resoluciones extranjeras de decomiso de bienes a que se refiere el presente Capítulo, el juez en cuya circunscripción territorial se hallen los bienes o el juez con residencia en el Distrito Federal.

Artículo 500. Ratificación del aseguramiento.

El juez que conozca del asunto dispondrá la ratificación del aseguramiento y notificará a las personas que hayan sido identificadas presuntamente como propietarias, poseedoras o a quienes se conduzcan como dueños de éstos y al ministerio público.

Las notificaciones a que se refiere este artículo se practicarán de manera personal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código.

En caso de que se ignore dónde se encuentra el propietario, poseedor o quien se conduce como dueño de los bienes, la notificación se hará por edictos que contendrán una relación sucinta de la solicitud de asistencia jurídica y de la identificación de los bienes materia del proceso, los cuales se mandarán publicar por tres veces en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República.

Artículo 501. Oposición.

Los interesados podrán oponerse a la ejecución de la resolución extranjera y ofrecer las pruebas pertinentes dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación a que se refiere el artículo anterior. Las defensas sólo podrán consistir en:

I. Que no se cumplieron con las formalidades establecidas por los instrumentos internacionales aplicables o con las disposiciones de este Capítulo, o

II. Que los bienes fueron adquiridos legítimamente como tercero de buena fe.

Artículo 502. Audiencia.

Fenecido el término señalado en el artículo anterior, el juez citará a una audiencia dentro de los quince días siguientes y, si no se presenta oposiciones el juez resolverá de plano en la misma sobre la ejecución de la resolución o sentencia extranjera que ordenó el decomiso. Si se presentó posición, se desahogarán las pruebas ofrecidas, se oirán alegatos y el juez dictará la resolución correspondiente.

El juez no podrá decidir sobre el fondo del fallo de la autoridad judicial extranjera, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se hubiere apoyado, limitándose únicamente a examinar su autenticidad y si ésta debe o no ejecutarse atendiendo a que la solicitud de asistencia jurídica se haya ajustado a los instrumentos internacionales aplicables y a las disposiciones de este Capítulo. Si el juez determina improcedente el desahogo de la solicitud de asistencia jurídica, ordenará de inmediato el levantamiento del aseguramiento y la devolución de los bienes respectivos.

La resolución que ponga fin al proceso no admitirá recurso alguno.

Artículo 503. Destino de bienes decomisados.

La autoridad judicial extranjera que ordenó el decomiso, dispondrá el destino de los bienes decomisados.

Artículo 504. Exhortos y cartas rogatorias del extranjero.

En el desahogo de exhortos y cartas rogatorias del extranjero las autoridades judiciales podrán aplicar, en lo conducente, las disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional del presente Capítulo.

CAPITULO III

Proceso para la Aplicación de Sanciones a Personas Jurídicas

Artículo 505. Investigación.

Cuando el ministerio público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica en los términos previstos en el artículo 11 del Código Penal Federal, iniciará la investigación correspondiente.

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 11 del Código Penal Federal acuda ante el ministerio público, éste dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber las garantías consagradas en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y manifieste lo que a su derecho convenga.

En ningún caso, el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado, podrá representarla y tampoco podrá representarla aquél que no garantice una defensa adecuada.

Artículo 506. Ejercicio de la acción penal.

Cuando algún miembro o representante de una persona moral, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona moral, de modo que, resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta y de la persona física que deba responder por el delito cometido.

Artículo 507. De la formulación de la imputación.

En la misma audiencia en que se le vincule a proceso a la persona física imputada, se darán a conocer al representante de la persona moral, asistido por el defensor particular que designe o por el de oficio si no se hace tal designación, los cargos que se formulen en contra de la persona jurídica, para que dicho representante o su defensor manifiesten lo que a su derecho convenga.

El representante de la persona moral, asistido por el defensor designado, podrá participar en todos los actos del proceso. En tal virtud se les notificarán todos los actos que tengan derecho a conocer, se les citarán a las audiencias, podrán promover pruebas e incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la representación societaria perjudiquen.

La autoridad judicial dictará auto por la que determine si la persona jurídica de que se trate debe o no estar vinculada a proceso. En caso de que se dicte auto de vinculación a proceso, la autoridad judicial indicará los hechos delictivos por los que el mismo deba seguirse.

Artículo 508. Solicitud de formas de terminación anticipada.

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, se podrán aplicar a solicitud del ministerio público las formas de terminación anticipada previstas en este Código.

Artículo 509. De la sentencia.

En la sentencia que se dicte, el juez resolverá lo pertinente a la persona física imputada y a la persona jurídica, imponiendo a ésta, en su caso, la sanción procedente conforme al artículo 11 del Código Penal Federal.

En cuanto a las demás reglas del proceso, se aplicarán en lo que sean compatibles las prescripciones establecidas en el presente Código y demás disposiciones aplicables respecto a las personas físicas.

CAPITULO IV

Acción Penal por Particular

SECCION I

Disposiciones Comunes

Artículo 510. Acción penal por particular.

El ejercicio de la acción penal corresponde al ministerio público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este Código.

La acción penal por particular no podrá ejercerse cuando existan causas que impidan el ejercicio de la acción penal.

El ejercicio de la acción penal no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 511. Procedencia.

El particular que sea víctima u ofendido en alguno de los delitos previstos en el articulo 516 podrá acudir directamente ante el Juez de Control ejerciendo acción penal privada, en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión, en tal caso deberá aportar para ello, los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al ministerio publico.

Artículo 512. Requisitos formales y materiales.

El ejercicio de la acción penal por particular deberá presentarse por escrito ante el juez de control competente y contendrá los requisitos siguientes:

I. El nombre y el domicilio de la víctima u ofendido;

II. El nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización;

III. El señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba que los establezcan y determinen la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado, así como aquéllos que establezcan la calidad de víctima u ofendido;

IV. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción;

V. La petición que se formula, expresada con claridad y precisión, y

VI. La firma del particular que la ejercita o del representante legal en el caso de la persona jurídica.

Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica, se indicará su razón social y su domicilio fiscal, así como el de su representante legal.

Artículo 513. Contenido de la petición.

El particular al ejercer la acción penal ante el juez de control podrá solicitar lo siguiente:

I. La orden de aprehensión o de comparecencia en contra del imputado o su citación a la audiencia inicial;

II. La providencia precautoria que proceda, y

III. El reclamo de la reparación del daño.

Artículo 514. Admisión.

Recibida la promoción en la que se ejercite la acción penal por particular, el juez de control, constatará que se cumplen los requisitos señalados en el artículo 512 de este Código, que se trata de un hecho delictivo materia de acción penal por particular.

De no cumplirse con alguno de los requisitos exigidos, el juez prevendrá al particular para su cumplimiento en el término de tres días. De no subsanarse o de ser improcedentes, se tendrá por no interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos.

Artículo 515. Reglas generales.

La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal. Las partes, en igualdad procesal, podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan.

En ningún caso el proceso de acción penal por particular obstará a la aplicación de alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando correspondiere.

Salvo disposición legal en contrario, se observaran en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al proceso previstas en este Código.

Sección II

Proceso de acción penal por particulares

Artículo 516. Procedencia.

La víctima u ofendido, podrán ejercer la acción penal únicamente en los casos de los delitos perseguibles por querella previstos en el Código Penal Federal:

1) Violación de correspondencia, prevista en el artículo 173;

2) Peligro de contagio, previsto en el artículo 199 bis;

3) Ejercicio indebido del propio derecho, previsto en el artículo 226;

4) Hostigamiento sexual, estupro y violación previstos en los artículos 259 bis, 262 y 265 bis;

5) Lesiones, conforme a la regla prevista en el artículo 62, párrafo segundo y el previsto en el artículo 289 salvo la hipótesis del párrafo segundo;

6) Violencia familiar, previsto en el artículo 343 bis;

7) Privación ilegal de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual, previsto en el artículo 365 bis;

8) Robo, previsto en los artículos 368 bis, 368 ter, 368 quáter, 370, 371, 372, 376 bis, 377, 378, 380, 381 y 381 bis, atendiendo a la regla prevista en el artículo 399 Bis;

9) Abuso de confianza, previsto en los artículos 382 y 385;

10) Fraude, previsto en los artículos 386, 387, 388, 388 bis, 389 y 389 bis;

11) Despojo de cosas inmuebles o de aguas, salvo los dos últimos párrafos del artículo 395;

12) Daño en propiedad ajena, previsto en los artículos 397 y 399, e

13) De los Delitos en Materia de Derechos de Autor, previsto en los artículos 424, fracción II y 427.

Artículo 517. Procedencia directa de la acción penal por particular ante el juez de control.

La víctima u ofendido podrán ejercer directamente ante el juez de control la acción penal, sin necesidad de acudir previamente al ministerio público.

Si la victima u ofendido decide ejercer la acción penal particular, por ninguna causa podrá posteriormente acudir al ministerio publico a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos.

Artículo 518. Proceso.

Admitida la acción promovida por el particular, el juez de control librará la orden de aprehensión o de comparecencia o mandará a citar al imputado, según sea el caso, tratándose de esta última, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, en el caso de la orden de aprehensión o comparecencia, lo hará una vez que el imputado sea puesto a su disposición.

Si el imputado citado no asistiere a la audiencia, se mandará hacer efectiva la medida de apremio que corresponda y, en su caso, se ordenará su comparecencia a través de la fuerza pública.

El proceso se desarrollará de la siguiente manera:

a) La audiencia inicial se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en este Código en lo que resulte aplicable y la víctima u ofendido continuará con el ejercicio de la acción penal en el proceso, en los términos previstos para el proceso ordinario;

b) Si se declara la vinculación a proceso del imputado, el particular formulará verbalmente su acusación en la misma audiencia, el proceso se tramitará de acuerdo con las normas generales del proceso previstas en este Código, e

c) El auto de no vinculación a proceso del imputado, impide que el particular pueda aportar posteriormente nuevos datos de prueba o formular de nueva cuenta la imputación por los mismos hechos.

Artículo 519. Desistimiento de la acción.

El particular que ejerció la acción penal podrá desistirse expresamente de ésta en cualquier estado del proceso. Se tendrá por desistida la acción penal por particular cuando:

a) El proceso se suspenda durante un mes por inactividad de la víctima u ofendido o su asesor jurídico, y éstos no lo activen dentro del tercer día de habérseles notificado la resolución, que se dictará aún de oficio, en la que se les instará a continuar el proceso;

b) La víctima u ofendido o su asesor jurídico no concurran, sin justa causa, a la primera audiencia del debate, abandone la audiencia o no presente alegatos, e

c) En caso de muerte o incapacidad del particular, no comparezca ninguno de sus herederos o representantes legales a proseguir la acción, después de tres meses de ocurrida la muerte o incapacidad.

En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse antes de la iniciación de la audiencia o dentro de cuarenta y ocho horas de la fecha fijada para aquella.

Artículo 520. Efectos del desistimiento.

El desistimiento expreso sólo comprenderá a los imputados concretamente señalados y, si no se menciona a persona alguna, deberá entenderse que se extiende a todos. El desistimiento tácito comprenderá a los imputados que han participado del proceso. Si el juez declara extinguida la pretensión penal por desistimiento, sobreseerá la causa y dejará a salvo los derechos del particular.

TITULO VIII

Formas Anticipadas de Terminación del Proceso

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Artículo 521. Principio general.

En los asuntos sujetos a proceso simplificado o abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este Título para cada uno de ellos.

En lo no previsto, y siempre que no se opongan a las primeras, se aplicarán las reglas del proceso ordinario.

Artículo 522. Formas de terminación anticipada del proceso.

Son formas de terminación anticipada del proceso:

I. El acuerdo reparatorio;

II. El proceso simplificado;

III. La suspensión condicional del proceso, y

IV. El proceso abreviado.

Para tal efecto, la autoridad competente para medidas cautelares y salidas alternas contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, el proceso simplificado y el proceso abreviado, la cual deberá ser consultada por el ministerio público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna de las formas de terminación anticipada del proceso. La impresión oficial de los registros de la base de datos es indicio suficiente del antecedente, salvo prueba documental en contrario.

CAPITULO II

Acuerdos reparatorios

Artículo 523. Definición.

Se entiende por acuerdo reparatorio el pacto entre la víctima u ofendido y el imputado aprobado por el juez de control, que lleva como resultado la solución del conflicto y la conclusión del proceso, asegurando el pago de la reparación del daño.

Artículo 524. Procedencia.

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado durante los cinco años anteriores otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza.

Artículo 525. Oportunidad.

Los acuerdos reparatorios procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio oral. El juez, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concertar el acuerdo. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes puede solicitar la continuación del proceso.

Artículo 526. Trámite.

Desde su primera intervención, el ministerio público o, en su caso, el juez de control, exhortará a los interesados a que lleguen a acuerdos reparatorios en los casos en que proceda.

La Información que se genere en los procesos respectivos no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal.

Artículo 527. Efectos.

El juez aprobará los acuerdos, los cuales se registrarán debidamente. El juez no aprobará los mismos cuando no sean procedentes conforme a este Código o las obligaciones de alguna de las partes resulten notoriamente desproporcionadas o tenga motivos fundados para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

Si al momento que se solicite la autorización del acuerdo reparatorio al juez de control, aún no se ha formulado la imputación, se estará a los hechos que el ministerio público exponga al inicio de la audiencia respectiva.

El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá el trámite del proceso penal y la prescripción de la acción penal.

Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término que fijen las partes que no podrá exceder de tres meses o, en caso de no establecerlo, dentro de ese mismo plazo, contados a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo, el proceso continuará como si no se hubiera arribado a acuerdo alguno.

El cumplimiento de lo acordado impedirá el ejercicio de la acción penal o, en su caso, extinguirá la ya iniciada.

CAPITULO III

Proceso Simplificado

Artículo 528. Requisitos de Procedencia.

El proceso simplificado procederá, cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de los alcances de la acusación que formule el ministerio público para este proceso, la cual contendrá solamente una enunciación de los hechos y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

II. Que el imputado acepta la acusación señalada en la fracción anterior, es decir, admite el hecho y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

III. Que el imputado asegure la reparación del daño;

IV. El delito sea sancionado con pena de prisión máxima de hasta cinco años;

V. Que el delito no haya sido cometido con violencia;

VI. Que el imputado consienta la aplicación de este proceso, para lo cual deberá estar debidamente informado de los alcances del mismo, y

VII. Que el imputado no se haya beneficiado con antelación por este proceso tanto en el fuero federal como en cualquier otro o se encuentre gozando de la misma, salvo que haya sido absuelto o hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución mediante la cual se aplicó el proceso.

Artículo 529. Oportunidad.

El ministerio público podrá solicitar la apertura del proceso simplificado inmediatamente después de que se dicte auto de vinculación a proceso y hasta la formulación de la acusación, siempre que existan medios de convicción suficientes para sustentar la solicitud.

Si no se hubiere formulado aún acusación, el ministerio público la formulará por escrito o verbalmente en la audiencia que el juzgado convoque para resolver la solicitud de proceso simplificado, a la que deberá citar a todas las partes.

Si dicha solicitud se plantea en la misma audiencia donde se resuelva la vinculación a proceso del imputado, la acusación podrá ser formulada verbalmente o por escrito en dicha audiencia, para lo cual únicamente deberán hacerse saber los hechos por los cuales se acusa al imputado, así como la clasificación jurídica del delito que se imputa y se procederá en lo demás conforme a las reglas de este Capítulo. Si ya se hubiere formulado acusación, el ministerio público podrá ampliarla o, en su caso, modificarla verbalmente en la audiencia intermedia y solicitar una pena distinta, con el fin de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas de este Capítulo.

El ministerio público podrá solicitar la reducción, hasta en una cuarta parte, de la pena que le correspondiere al delito por el cual acusa, incluso respecto de la pena mínima

Artículo 530. Oposición de la víctima u ofendido.

La víctima u ofendido solo podrá oponerse al proceso simplificado cuando considere que el ministerio público en su acusación haya efectuado una clasificación jurídica de los hechos diferente a la que legalmente corresponde o atribuido una forma de participación que no se ajuste a la conducta realizada por el imputado, pero su criterio no será vinculante. En dicho acto la autoridad competente para satisfacer un requisito de procedibilidad o equivalente para el ejercicio de la acción penal exigido expresamente en la ley podrá presentarle una propuesta de clasificación.

Artículo 531. Verificación del juez.

Antes de resolver sobre la solicitud del ministerio público, el juez verificará en audiencia que el imputado:

I. Ha prestado su conformidad al proceso simplificado en forma voluntaria e informada y con la asistencia de su abogado defensor;

II. Conoce su derecho a exigir un proceso ordinario, y que renuncia libre y voluntariamente a ese derecho, aceptando ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación;

III. Entiende los términos de la aceptación del proceso simplificado y las consecuencias que éste pudiere significarle, y

IV. Acepta en forma libre la acusación que el ministerio público formuló para iniciar este proceso, es decir, admite el hecho y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen.

V. Que el imputado reconozca ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las con secuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación.

Artículo 532. Admisibilidad.

El juez de control aceptará la solicitud del ministerio público cuando concurran los requisitos previstos en este Capítulo.

Si el proceso simplificado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación verbal o escrita que hubiere realizado el ministerio público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiere realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo a las disposiciones para el proceso ordinario. Asimismo, el juez ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceso simplificado sean eliminados del registro.

Artículo 533. Trámite.

Acordado el proceso simplificado, el juez de control, abrirá las intervenciones y concederá la palabra al ministerio público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y presentará las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren; a continuación, se dará la palabra a los demás sujetos que intervienen en el proceso. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Artículo 534. Sentencia.

Terminadas las intervenciones, el juez emitirá su fallo y lo explicará en la misma audiencia, dando lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma sintética los fundamentos de hecho y de derecho que tomó en cuenta para llegar a su conclusión.

No podrá imponerse una pena superior a la solicitada por el ministerio público.

En caso de que el sentenciado hubiere reparado el daño y, en su caso, pagado el importe de la multa impuesta, el juez competente sustituirá la pena de prisión por trabajo en favor de la comunidad, ordenando la libertad del sentenciado.

Posteriormente a la explicación del fallo o en su caso, de la individualización de la pena, dentro de los cinco días siguientes, el juez deberá redactar la sentencia que deberá agregarse por escrito la cual no podrá exceder del contenido de lo vertido en la explicación oral.

En ningún caso el proceso simplificado impedirá la aplicación de alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando resulte procedente.

Artículo 535. Reglas generales.

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

La incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la apertura del proceso simplificado y, en su caso, se dicte la sentencia respectiva.

La autoridad responsable para medidas cautelares y salidas alternas contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de los procesos simplificados, la cual deberá ser consultada por el ministerio público, antes de solicitar dicho proceso. La impresión oficial de los registros de la base de datos es indicio suficiente del antecedente, salvo prueba documental en contrario.

CAPITULO IV

Suspensión condicional del proceso

Artículo 536. Procedencia.

El ministerio público podrá solicitar la suspensión condicional del proceso cuando:

I. El imputado acepta en forma libre la imputación hecha por el Ministerio Público, es decir, admite el hecho y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

II. El imputado no se oponga y asegure la reparación del daño y el cumplimiento de los acuerdos pactados;

III. Se trate de delitos cuya pena máxima de prisión sea mayor de cuatro años, siempre que no sean de los previstos en el artículo 264 de este Código; que no se trate de los previstos en los Títulos Décimo y Décimo Primero del Código Penal Federal; ni de aquellos en que se exija la calidad específica de servidor público como sujeto activo del delito en su comisión;

IV. Que el delito no se haya cometido en asociación delictuosa, banda o pandilla;

V. Que el imputado no se haya beneficiado con antelación por cualquier forma de terminación anticipada del proceso tanto en el fuero federal como en cualquier otro o se encuentre gozando de la misma;

VI. Que el imputado no haya sido condenado por delito culposo grave o doloso en cualquier fuero; y

Recibida la solicitud el juez citará a audiencia, en la que luego de escuchar a las partes, incluyendo a la víctima, fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud, y en su caso, aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a criterios de razonabilidad.

La suspensión del proceso procederá después del auto de vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

Artículo 537. Plan de reparación.

En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión del proceso, el ministerio público deberá plantear, en su caso, un plan de reparación respectivo, que podrá consistir en una indemnización equivalente a la reparación del daño que pudiera llegar a imponerse, así como los plazos para cumplirla.

Artículo 538. Condiciones por cumplir en el proceso.

El juez fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, y determinará, entre las siguientes, una o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado:

I. Residir en un lugar determinado o abstenerse de salir del país;

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

IV. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos;

V. Comenzar o finalizar la educación básica si no la ha cumplido, aprender un oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez;

VI. Prestar servicios o labores en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;

VII. Someterse a un tratamiento médico o psicológico;

VIII. Permanecer en un trabajo o empleo o ejercer, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;

IX. Someterse a la vigilancia que determine el juez por cualquier medio;

X. No poseer o portar armas;

XI. No conducir vehículos automotores;

XII. La obligación de observar buena conducta así como la manifestación expresa de no participar en actos delictuales, o

XIII. Cumplir con los deberes de asistencia alimentaria.

Sólo a solicitud del imputado, el juez podrá imponer condiciones análogas a las anteriores cuando estime que resultan razonables. Para fijar las condiciones, el juez puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa.

Artículo 539. Conservación de los datos y medios de prueba.

En los asuntos suspendidos en virtud de las disposiciones correspondientes a este Capítulo, el ministerio público tomará las medidas necesarias, incluso la realización de la diligencia de prueba anticipada, para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los datos y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso.

Artículo 540. Revocación de la suspensión.

Si el imputado se aparta, en forma injustificada, de alguna de las condiciones impuestas, no cumple con el plan de reparación del daño o comete un nuevo delito, el juez, a solicitud del ministerio público, de la víctima u ofendido, citará a audiencia, dentro de los tres días siguientes a partir de hecha la solicitud, en la que luego de agotar el debate resolverá sobre la revocación y se impondrá al imputado de diez a cien días multa o arresto hasta por treinta y seis horas y resolverá de inmediato sobre la reanudación de la persecución penal.

Si la víctima u ofendido ha recibido pagos durante la suspensión del proceso que posteriormente es revocada, ellos se abonarán al pago de la reparación del daño que, en su caso, le pudiere corresponder.

Artículo 541. Suspensión del plazo.

El plazo de suspensión se interrumpirá mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso.

Cuando el imputado esté sometido a otro proceso por conducta anterior y goce de libertad, el plazo seguirá su curso.

Artículo 542. Efectos de la suspensión condicional del proceso.

La suspensión condicional del proceso no extingue las acciones civiles de la víctima u ofendido.

Transcurrido el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada y cumplidas las obligaciones impuestas, se extinguirá la acción penal, debiendo el juez dictar, de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento.

Artículo 543. Suspensión de la prescripción.

Durante el período de suspensión condicional del proceso de que trata este Capítulo, quedará suspendida la prescripción de la acción penal.

Artículo 544. Causales de improcedencia.

No se admitirá la suspensión condicional del proceso respecto de quien hubiere incumplido un acuerdo en trámite anterior o no haya transcurrido un mínimo de cinco años a la firma de un acuerdo reparatorio en otro proceso penal tanto en el fuero federal como en cualquier otro.

Para los efectos del párrafo anterior, previo al comienzo del proceso de suspensión condicional del proceso, se deberá solicitar a las unidades respectivas un informe acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias en los que participen o haya participado el imputado.

CAPITULO V

Proceso abreviado

Artículo 545. Requisitos de procedencia.

El proceso abreviado procederá, cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de los alcances de la acusación que formule el ministerio público para iniciar este proceso, la cual contendrá solamente una enunciación de los hechos y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

II. Que el imputado acepta la acusación señalada en la fracción anterior, es decir, admite el hecho y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen;

III. Que el imputado asegure la reparación del daño;

IV. Que el imputado consienta la aplicación de este proceso, para lo cual deberá estar debidamente informado de los alcances del mismo, y

V. Que el imputado no se haya beneficiado con antelación por este proceso, en el fuero federal o en cualquier otro o se encuentre gozando del mismo, salvo que haya sido absuelto o hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución mediante la cual se aplicó el proceso.

Además de los requisitos señalados, el proceso abreviado procederá para los delitos en los que no proceda el proceso simplificado ni la suspensión condicional del proceso.

Sólo en los supuestos siguientes, la procedencia del proceso abreviado se sujetará a que el agente del ministerio público eleve la propuesta al Titular de la Unidad Administrativa de su adscripción quien deberá acordarlo con el Titular de la Procuraduría General de la República o con el servidor público que haya delegado esta facultad: Del Código Penal Federal: Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Desaparición forzada de personas previsto en el artículo 215-A; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 BIS; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de secuestro previsto en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18; de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el delito de tortura, previsto en los artículos 3 y 5; de la Ley de Migración, los delitos previstos en los artículos 159, 160 y 161 y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, los previstos en los artículos 5 y 6.

Artículo 546. Oportunidad.

El ministerio público podrá solicitar la apertura del proceso abreviado después de que se dicte auto de vinculación a proceso y existan medios de convicción suficientes para sustentar la acusación y hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral.

Si no se hubiere formulado aún acusación, el ministerio público la formulará verbalmente o por escrito en la audiencia que el juzgado convoque para resolver la solicitud de proceso abreviado, a la que deberá citar a todas las partes.

Si dicha solicitud se plantea en la misma audiencia donde se determine la vinculación a proceso del imputado, la acusación podrá ser formulada verbalmente y por escrito en dicha audiencia, para lo cual únicamente deberán hacerse saber los hechos por los cuales se acusa al imputado, así como la clasificación jurídica del delito que se imputa y se procederá en lo demás conforme a las reglas de este Capítulo. Si ya se hubiere formulado acusación, el ministerio público podrá ampliarla o, en su caso, modificarla verbalmente en la audiencia intermedia y solicitar una pena distinta, con el fin de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas de este Capítulo.

El ministerio público podrá solicitar la reducción, hasta en una cuarta parte, de la pena que le correspondiere al delito por el cual acusa, incluso respecto de la pena mínima

Los sentenciados conforme al proceso abreviado, por los hechos objeto de dicho proceso, no gozarán de beneficios alguno en la ejecución de la sanción, salvo el previsto en el párrafo anterior.

Artículo 547. Oposición de la víctima u ofendido.

La víctima u ofendido solo podrá oponerse al proceso abreviado cuando considere que el ministerio público en su acusación haya efectuado una clasificación jurídica de los hechos diferente a la que legalmente corresponde o atribuido una forma de participación que no se ajuste a la conducta realizada por el imputado, pero su criterio no será vinculante. En dicho acto la autoridad competente para satisfacer un requisito de procedibilidad o equivalente para el ejercicio de la acción penal exigido expresamente en la ley podrá presentarle una propuesta de clasificación.

Artículo 548. Verificación del juez.

Antes de resolver sobre la solicitud del ministerio público, el juez verificará en audiencia que el imputado:

I. Ha prestado su conformidad al proceso abreviado en forma voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor;

II. Conoce su derecho a exigir un proceso ordinario y que renuncia libre y voluntariamente a ese derecho, aceptando ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación;

III. Entiende los términos de la aceptación del proceso abreviado y las consecuencias que éste pudiere significarle, y

IV. Acepta en forma libre la acusación que el ministerio público formuló para iniciar este proceso, es decir, admite el hecho y la clasificación jurídica del delito que se le atribuyen.

Artículo 549. Admisibilidad.

El juez de control aceptará la solicitud del ministerio público cuando concurran los requisitos previstos en este Capítulo.

Si el proceso abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación verbal que hubiere realizado el ministerio público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiere realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo a las disposiciones para el proceso ordinario. Asimismo, el juez ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceso abreviado sean eliminados del registro.

Artículo 550. Trámite del proceso.

Autorizado el proceso abreviado, el juez de control abrirá las intervenciones y concederá la palabra al ministerio público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y presentará las actuaciones y diligencias de la investigación que la respalden. A continuación se dará la palabra a los demás sujetos que intervienen en el proceso. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Artículo 551. Sentencia.

Terminado el debate, el juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma sintética los fundamentos de hecho y de derecho que tomó en cuenta para llegar a su conclusión.

En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el ministerio público.

Posteriormente a la explicación del fallo o en su caso, de la individualización de la pena, dentro de los cinco días siguientes, el juez deberá redactar la sentencia que deberá agregarse por escrito la cual no podrá exceder del contenido de lo vertido en lo explicación oral.

En ningún caso el proceso abreviado impedirá la aplicación de alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando resulte procedente.

Artículo 552. Reglas generales.

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

La incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la apertura del proceso abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia respectiva.

La autoridad responsable para medidas cautelares y salidas alternas contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de los procesos abreviados, la cual deberá ser consultada por el ministerio público, antes de solicitar dicho proceso. La impresión oficial de los registros de la base de datos es indicio suficiente del antecedente, salvo prueba documental en contrario.

TITULO IX

RECURSOS

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Artículo 553. Recursos.

Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.

Artículo 554. Objeto de los recursos.

Los recursos, según el caso, tienen por objeto que las partes y los demás sujetos legitimados, combatan la validez o la legalidad de los actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional, con el objeto de que sean anulados, revocados o modificados.

Artículo 555. Plazos.

Los plazos para la interposición de los recursos, se regirán en cada caso por las disposiciones particulares previstas según el recurso de que se trate.

Artículo 556. Legitimación.

El derecho a interponer un recurso corresponde al ministerio público, al acusado y a su defensor, a la víctima u ofendido o su asesor jurídico, en los términos y condiciones que establezca este Código.

La víctima u ofendido puede impugnar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma, así como aquellas decisiones que pongan fin al proceso y las que se produzcan en la audiencia de juicio oral, solo si en este último caso hubiere participado en ella.

Artículo 557. De las resoluciones judiciales recurribles.

Para recurrir las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos:

I. La revocación;

II. La apelación; y

III. La queja, en los términos previstos en este Código.

Artículo 558. Interposición.

Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinen en este Código.

Artículo 559. De los agravios.

Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo, salvo el caso en que el imputado podrá impugnar una decisión judicial no obstante haya contribuido a provocar el vicio en los casos en que se lesionen derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en tratados internacionales ratificados por México. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.

La víctima o el ofendido en su caso, aunque no se haya constituido en acusador coadyuvante, en los casos autorizados por este código, podrán recurrir las decisiones que versen sobre el no ejercicio de la acción penal, el sobreseimiento, la suspensión condicional del proceso o la reparación del daño. En el caso de las decisiones que se producen en la fase de juicio, sólo las podrá recurrir si se constituyó en acusador coadyuvante.

Aun cuando la víctima o el ofendido, no estén constituidos en acusador coadyuvante, podrán presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes, dentro de los plazos legales.

Artículo 560. Admisión y efectos.

Una vez que se interponga un recurso, el propio juez o tribunal en su caso, debe resolver si lo admite o desecha. Esta resolución debe tomar en cuenta únicamente si el acto es recurrible, si se hizo valer en las condiciones de tiempo y forma y si el que lo interpone está legitimado para hacerlo.

Artículo 561. Pérdida y desistimiento del recurso.

Se tendrá por perdido el derecho a recurrir cuando:

I. Se halla consentido expresamente la resolución contra la cual procediere, o

II. Concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto.

Quienes hubieren interpuesto un recurso, podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso.

El ministerio público podrá desistirse del recurso interpuesto, mediante determinación motivada y fundada. Para que el defensor desista, se requerirá la autorización expresa del imputado.

Artículo 562. Alcance del recurso.

El juez o tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales.

Si solo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el juez declararlo así expresamente.

Artículo 563. Prohibición de modificación en perjuicio.

Cuando el recurso ha sido interpuesto sólo por el imputado o su defensor, no podrá modificarse la resolución recurrida en perjuicio del imputado.

Artículo 564. Inadmisibilidad o improcedencia del recurso.

Cuando un recurso interpuesto sea declarado inadmisible o improcedente, no podrá interponerse nuevamente aunque no haya vencido el término establecido por la ley para hacerlo.

CAPITULO II

Revocación

Artículo 565. Procedencia del recurso de revocación.

La revocación procede contra todas las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación o contra las cuales no se concede por este Código el recurso de apelación, a fin de que el mismo juez o tribunal que las pronunció examine nuevamente la cuestión recurrida y dicte la resolución que corresponda.

Artículo 566. Trámite.

Para la tramitación de la revocación son aplicables las siguientes reglas:

I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencias, deberá promoverse tan pronto se dictaren y solo será admisible cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo;

II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencias, deberá interponerse por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El juez o tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo amerite.

III. La resolución que decida la revocación deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, no siendo susceptible de recurso alguno y se ejecutará de inmediato.

La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación, si el vicio no es saneado y la resolución provoca un agravio al recurrente, siempre y cuando dicha resolución sea susceptible de apelarse en los términos del artículo 567 de este Código.

CAPITULO III

Apelación

Artículo 567. Resoluciones apelables.

El recurso de apelación es procedente contra las siguientes resoluciones:

I. Las que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción y competencia;

II. Las que concedan o nieguen la acumulación de las acusaciones;

III. Las que pongan fin al proceso, hagan imposible su prosecución o lo suspendan por más de treinta días;

IV. Las que se pronunciaren sobre las medidas cautelares;

V. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso;

VI. El auto que decida sobre la vinculación a proceso del imputado;

VII. Las que nieguen la orden de aprehensión o comparecencia, sólo por el Ministerio Público;

VIII. Las resoluciones denegatorias de medios de pruebas; dictadas en la audiencia intermedia hasta el auto de apertura a juicio oral.

IX. La negativa de abrir el procedimiento simplificado o abreviado o de acción penal por particular;

X. Las que nieguen la celebración de acuerdos reparatorios o no los ratifiquen;

XI. Las sentencias definitivas dictadas dentro del juicio oral, y

XII. Las demás que establezca este Código.

Artículo 568. Materia del recurso.

La materia del recurso de apelación se limitará exclusivamente a resolver sobre la parte o partes impugnadas de la resolución recurrida conforme a los agravios expresados.

Artículo 569. Objeto.

El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia analice si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.

En el caso de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 584 de este Código el tribunal de apelación podrá prescindir de declarar la nulidad de la audiencia de juicio oral y en su lugar, dictar sentencia en sustitución cuando ello sea en beneficio del acusado.

Artículo 570. Interposición.

El recurso de apelación se podrá interponer oralmente en la respectiva audiencia o por escrito ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de diez si se tratare de sentencia definitiva.

Si el recurso se interpusiera oralmente, el apelante debe expresar por escrito los agravios que considere le causan la resolución recurrida, dentro del plazo que este Código señala para apelar. Si se interpusiere por escrito, los agravios deben expresarse en el mismo.

En el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de cuarenta y ocho horas. En caso de que no las exhiba el juez o tribunal las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando el promovente sea el imputado.

Artículo 571. Trámite.

Interpuesto el recurso, el juez o tribunal, sin más trámite enviará al Tribunal que deba conocer del mismo los registros correspondientes.

Artículo 572. Remisión de registros.

Cuando la apelación sea de las admisibles en efecto suspensivo y no hubiera otros imputados en la misma causa, se remitirá al tribunal de apelación la resolución recurrida y los registros y constancias de todos los antecedentes que fueren pertinentes. Si fuere de los admisibles en efecto devolutivo, remitirá copia, o en su caso, a través de medios digitales, de todos los registros y constancias que las partes designen y aquellas que el juez estime conducentes dentro del plazo de tres días.

Artículo 573. Trámite en segunda instancia.

Recibida la resolución apelada y los registros y constancias del juicio o la copia de los registros y constancias que las partes hubieren señalado en su caso, el tribunal de alzada se pronunciará de inmediato sobre la admisión del recurso.

Artículo 574. Admisión del recurso.

El tribunal que deba conocer de la apelación, resolverá sobre su admisión tomando en cuenta:

I. Si la resolución impugnada es apelable;

II. Si el recurrente está legitimado para apelar o tiene interés jurídico para hacerlo, y

III. Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido.

Si el apelante o adherente fuere el imputado o acusado se le prevendrá que nombre defensor que lo represente en segunda instancia y que señale domicilio o forma para recibir notificaciones, si no quiere o no puede nombrar un defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el tribunal le designará un defensor público.

Artículo 575. Emplazamiento a las otras partes.

Admitido el recurso, se correrá traslado a las otras partes con la copia de los agravios y en ese mismo acto sedecretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia oral, la que deberá tener lugar no antes de cinco días ni después de quince días naturales desde la notificación del auto.

El juez o tribunal que haya dictado la resolución recurrida, deberá ser citado por lo menos con tres días naturales de anticipación al comienzo de la audiencia.

Artículo 576. Derecho a la adhesión.

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión se dará traslado a las demás partes por el término de tres días, antes de remitir las actuaciones al tribunal competente para conocer del recurso. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Artículo 577. Efectos.

En el auto que admita el recurso de apelación, el tribunal deberá expresar además el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida.

Este efecto podrá ser:

I. El devolutivo, cuando la interposición no suspende la ejecución de la resolución apelada ni el curso del proceso, y

II. El suspensivo, cuando la resolución apelada no puede ejecutarse mientras el recurso no se decida o la resolución apelada quede firme.

Artículo 578. Efecto devolutivo.

Salvo determinación expresa en contrario, el recurso de apelación procederá sólo en el efecto devolutivo.

Artículo 579. Efecto suspensivo.

Son apelables en efecto suspensivo:

I. Las sentencias definitivas pronunciadas en cualquiera de los procedimientos especiales o dentro del juicio oral, en que se imponga una sanción o medida de seguridad;

II. Las demás que expresamente señale este Código.

Artículo 580. Inadmisibilidad.

El tribunal declarará inadmisible el recurso cuando:

I. Haya sido interpuesto fuera de plazo;

II. Se hubiese deducido en contra de resolución que no fuere impugnable mediante apelación;

III. Lo interponga persona no legitimada para ello o que carezca de interés jurídico, o

IV. En el escrito en que se interponga no se hubieren expresado agravios.

Artículo 581. Audiencia oral.

Una vez abierta la audiencia oral, se concederá la palabra a la parte recurrente para que manifieste verbalmente los agravios manifestados por escrito. Acto seguido, se le dará el uso de la palabra al representante del juez o del tribunal que emitió la resolución objeto del recurso de apelación para exponer su postura.

Por último, se le concederá el uso de la palabra a las demás partes que se hubieran presentado a la audiencia.

En la audiencia, el juez o tribunal podrá interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus agravios.

Artículo 582. Conclusión de la audiencia.

Concluido el debate, el tribunal declarará visto el asunto y pronunciará oralmente la sentencia de inmediato, o si no fuere posible dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, confirmando, modificando, revocando o declarando la nulidad y reponiendo el proceso cuando fuere procedente.

Artículo 583. Nulidad del proceso y Reposición.

La nulidad del proceso trae como consecuencia la reposición del mismo y se decretará de oficio o a petición de parte en alguno de los supuestos previstos en el artículo 584 de este Código, siempre que quien la alegue por vía de agravio no haya consentido expresamente la irregularidad, ni las que causen alguna resolución con la que no se hubiere intentado el recurso que la ley conceda.

Artículo 584. Causas de reposición.

Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes:

I. Por no haberse hecho saber al sentenciado el motivo del procedimiento y el nombre de su acusador si lo hubiere, excepto en los casos previstos por la fracción III del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en que el juez o tribunal hubiere autorizado el mantenimiento de la reserva del nombre y datos del acusador, así como en los demás casos previstos por la fracción V apartado C del artículo 20 del citado ordenamiento;

II. En la tramitación de la audiencia de debate de juicio oral se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución Federal o por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentren vigentes,

III. Si haya violado el derecho de defensa o de contradicción.

IV. Por haber omitido la designación del traductor al imputado que no hable o no entienda suficientemente el idioma español;

V. Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exige la ley;

VI. Por haberse citado a las partes para las diligencias que este Código señala, en otra forma que la establecida en él, a menos que la parte que se dice agraviada hubiere concurrido a la diligencia, o

VII. La sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente o que, en los términos de la ley, no garantice su imparcialidad.

En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo el juez o tribunal que resuelva el recurso podrá dictar sentencia de sustitución en términos de lo dispuesto en el artículo 569 de este Código.

Artículo 585. Efectos de la nulidad.

Si el tribunal al resolver sobre el recurso de apelación decreta la nulidad del proceso, determinará concretamente cuáles son los actos a los que se extiende y, ordenará su reposición, debiéndose iniciar de nueva cuenta con la tramitación de los actos procesales a partir de aquel que fue declarado nulo.

El tribunal, en caso de ser procedente, declarará la nulidad del juicio celebrado y ordenará en su lugar la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio a un juez o tribunal de la misma categoría diferente de aquél que profirió la decisión, a fin de que ante dicha autoridad tenga lugar su celebración.

TITULO X

EJECUCION DE SANCIONES Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CAPITULO I

Ejecución de sanciones penales

Artículo 586. Remisión a la ley de ejecución.

En todo lo relacionado con la ejecución de las penas y las medidas de seguridad se observarán las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en la ley de la materia.

El estado garantizará las condiciones que favorezcan el principio de reinserción social para las personas recluidas por sentencia.

CAPITULO II

Mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 587. Conciliación y mediación.

Se considera justicia alternativa, a todo proceso en el que la víctima u ofendido y el imputado, participan conjuntamente, de forma activa, en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado alternativo, en el que se privilegiará la reparación del daño.

El juez aprobará los acuerdos que resuelvan las cuestiones derivadas del delito, los cuales se registrarán debidamente. El juez no aprobará los mismos cuando no sean procedentes conforme a este Código y demás disposiciones aplicables.

No podrán aplicarse las disposiciones y procesos contemplados en este Capítulo cuando el tipo penal de que se trate exija que el sujeto activo de la conducta tenga la calidad de servidor público.

En lo relativo a la conciliación, la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, se estará a lo dispuesto por la ley de la materia.

TRANSITORIOS

Primero. Dentro del plazo de los seis meses contados a partir del día siguiente de la publicación de presente Código, el Congreso de la Unión emitirá un decreto que establezca lo siguiente:

I. La modalidad de entrada en vigor del Código Federal del Proceso Penal Acusatorio, misma que deberá de plantearse en función de los circuitos judiciales creados al efecto por el Consejo de la Judicatura Federal.

II. La entrada en vigor del Código Federal del Proceso Penal Acusatorio en el circuito o los circuitos iniciales no podrá exceder del plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La entrada en vigor en los subsecuentes circuitos será de manera escalonada y gradual, teniendo como fecha máxima para el inicio de vigencia en el último circuito o circuitos, las cero horas del 19 de junio de 2016.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la declaratoria a que se refiere el último párrafo del artículo Transitorio Segundo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Tercero. Se abroga el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, conforme este Código entre en vigor sucesiva y territorialmente por circuito judicial. Asimismo, se deroga cualquier disposición que se oponga o contradiga lo preceptuado en este Código.

Cuarto. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Código o que se estén substanciando, se tramitarán hasta su conclusión y en su caso, ejecución de sanciones, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

Quinto. Los delitos permanentes y continuados que inicien su comisión en la vigencia del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, se investigarán, procesarán y juzgarán conforme a dicho ordenamiento aun cuando produzcan efectos con posterioridad a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Sexto. No procederá la acumulación de procesos por hechos que la ley señale como delito, cuando alguno de ellos deba tramitarse conforme al presente Código y otro conforme al Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.

Séptimo. En el curso del proceso penal regido por el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, podrán aplicarse, con excepción de los casos de delincuencia organizada, previa solicitud del ministerio público las disposiciones del presente Código que se refieran a:

I. La facultad de abstenerse de investigar o determinar el archivo temporal;

II. La facultad de aplicar los criterios de oportunidad;

III. La suspensión condicional del proceso y el proceso abreviado, los cuales podrán decretarse hasta antes de la celebración de la audiencia de vista a que se refiere el artículo 305 del Código Federal de Procesos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro;

IV. El proceso simplificado, el cual podrá decretarse hasta antes del cierre de la instrucción en los términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, o

V. Los procesos especiales.

Octavo. Cuando una autoridad penal reciba por exhorto, mandamiento o comisión una solicitud para la realización de un acto procesal, deberá seguir los procesos legales vigentes para la autoridad que remite la solicitud.

Noveno. Durante la vacatiolegis de este Código deberán reformarse las leyes que regulen la competencia y estructura de los órganos judiciales, de la defensoría de oficio, del ministerio público, de la policía y las demás disposiciones legales aplicables.

Décimo. Durante la vacatiolegis de este Código, se deberán hacer las adecuaciones normativas de naturaleza administrativa sobre la competencia y estructura de los órganos judiciales, de la defensoría pública, del ministerio público y las demás disposiciones aplicables.

Décimo Primero. Durante la vacatiolegis de este Código, se deberán hacer las adecuaciones normativas en lo relativo a la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada.

Décimo Segundo.- En términos del Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la República y cualquier Dependencia a la que impacte la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar y ejecutar los programas necesarios para su adecuada y correcta implementación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, a 2 de octubre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pablo Escudero. Como lo solicita, se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nadie es ajeno que el ramo turístico genera una de las derramas económicas más importantes para nuestro país, tampoco extraña que dicha derrama poco beneficia a las comunidades indígenas, particularmente las asociadas a destinos no desarrollados en materia turística.

Robustecer el ramo del turismo en nuestro país, resulta un asunto de la mayor importancia toda vez que aparecen inversiones, empleos, diversificación de mercados, productos y fomento a la competitividad, entre otros aspectos.

En este sentido, promover la sustentabilidad de los recursos naturales en proyectos turísticos, se traduce indiscutiblemente en la activación de la economía no sólo regional, sino de manera muy particular, para los habitantes de la zona que se trate. La protección y aprovechamiento de los recursos naturales debe operar desde la regulación de la jerarquía normativa de la Ley General de Turismo.

Lo anterior cobra particular relevancia en el marco del impulso a la vocación del territorio y aprovechamiento de su potencial, toda vez que la visión de desarrollo sustentable se contextualiza en la planeación integral de largo plazo y bajo el incentivo a las actividades económicas entre órdenes de gobierno y de más sectores privados y sociales, para impulsar el crecimiento ordenado y aprovechamiento turístico de la zona.

Si bien es cierto que el desarrollo sustentable constituye el vértice y arista de las actividades turísticas que se desarrollan en ambientes naturales con fines ecológicos y culturales, también lo es que el turismo al que alude, se define propiamente como turismo alternativo, en sus diversas modalidades: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultural.

Lo que aporta un criterio de relevancia al incluir la riqueza natural de las entidades federativas carentes de actividad industrial, pero altamente dotadas de riqueza natural, lamentablemente no ha sido explotada por la poca difusión actual entre el turismo nacional y el turismo internacional.

Reconocer desde la ley el abanico del turismo alternativo, impone cargas normativas al sector, en beneficio de la economía de los mexicanos, atendiendo criterios de vocación regional, diversidad cultural y territorial.

A nadie escapa que las localidades que preservan su riqueza natural, se asocian frecuentemente a poca o ninguna infraestructura y producción, paradójicamente es que se observan preservadas, pero empobrecidas a límites extremos, como el caso de las comunidades indígenas en estados como: Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Nayarit y Oaxaca, sólo por mencionar algunas.

En efecto, no es un asunto menor la identificación de los distintos segmentos del mercado turístico, establecer prioridades y potenciar a aquellos estados identificados como destinos de desarrollo sustentable, diversificando su actividad turística, lo que indiscutiblemente detonará beneficios hasta ahora no explorados.

La importancia de vincular condiciones de acceso del turismo alternativo a las condiciones del turismo social, tiene estrecha relación en materia de divulgación, fomento y crecimiento económico para los destinos turísticos, especialmente comunidades indígenas con vocación productiva artesanal.
Resulta evidente que uno de los objetivos de la Ley General de Turismo consiste en el establecimiento de las reglas y procedimientos para la creación y operación de las zonas de desarrollo turístico sustentable de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, tal como se desprende del artículo 2° fracción VIII del propio ordenamiento.

La normatividad general en materia de turismo, define puntualmente en el artículo 3°, fracción XXI, al desarrollo turístico sustentable, como aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico y menciona que estas zonas se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

El objetivo de esta iniciativa, por cuanto hace a la efectiva Declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, a fin de detonar en las localidades más pobres que cumplan con requisitos respectivos, un importante desarrollo de su economía.

Por otro lado, la iniciativa plantea, ante la eventual negativa que en su caso recaiga a la solicitud de Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, la obligación de fundar y motivar dicha resolución, en congruencia con nuestro orden jurídico nacional.

En el mismo contexto, en el capítulo de definiciones, en lo relativo al turismo sustentable, se propone a su vez, la actualización por cuanto hace al alcance y precisión del turismo alternativo, toda vez que no se trata del turismo sustentable, sino de un turismo alternativo que se efectúa, por su naturaleza intrínseca, en zonas identificadas como de Desarrollo Turístico Sustentable.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto.

Unico.- Se reforman las fracciones XV del artículo 2, XIX del artículo 3, el primer párrafo del artículo 5, la fracción V del artículo 44, así como los artículos 32, 33 y 34; se adiciona el Capítulo III Bis. Del Turismo Alternativo, que contiene los artículos 17 Bis y 17 Ter; y se derogan los párrafos cuarto y quinto al artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Señor Presidente, por la amplitud del Decreto, y toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, le solicito se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Eviel Perez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se, reforman las fracciones XV del artículo 2, XIX del artículo 3, el primer párrafo del artículo 5, la fracción V del artículo 44, así como los artículos 32, 33, y 34; se adiciona el Capítulo III Bis, Del Turismo Alternativo, que contiene los artículos 17 bis, y 17 Ter; y se derogan los párrafos cuarto y quinto al artículo 31, todos de la Ley General de Turismo, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Robustecer el Ramo del Turismo en nuestro país, resulta un asunto de la mayor importancia toda vez que apareja inversiones, empleos, diversificación de mercados, productos y fomento a la competitividad, entre otros aspectos.
A nadie es ajeno que el Ramo turístico, genera una de las derramas económicas más importantes, tampoco extraña que dicha derrama, poco beneficia a las comunidades indígenas particularmente en tratándose de las asociadas a destinos no desarrollados en materia turística.

En este sentido, promover la sustentabilidad de los recursos naturales en proyectos turísticos, se traduce indiscutiblemente en activación de la economía no sólo Regional, sino de manera muy particular, para los habitantes de la zona de que se trate. La protección y aprovechamiento de los recursos naturales, en este orden de ideas, debe operar desde la regulación de la jerarquía normativa de la Ley General de Turismo.

Lo anterior cobra particular relevancia en el marco del impulso a la vocación del territorio y aprovechamiento de su potencial, toda vez que la visión de desarrollo sustentable, se contextualiza en la planeación integral, de largo plazo y bajo el incentivo a las actividades económicas entre órdenes de gobierno y demás sectores privados y sociales, para impulsar el crecimiento ordenado y aprovechamiento turístico de la zona.

Si bien es cierto que el desarrollo sustentable constituye el vértice y arista, de las actividades turísticas que se desarrollan en ambientes naturales con fines ecológicos y culturales, también lo es que el turismo al que alude, se define propiamente como Turismo Alternativo, en sus diversas modalidades: Ecoturismo; Turismo de Aventura; Turismo Rural; y Turismo Cultural.

Lo anterior, aporta un criterio de relevancia, al incluir la riqueza natural de Entidades Federativas carentes de actividad industrial, pero altamente dotadas en riqueza natural, lamentablemente no explotada por la poca difusión actual entre el turismo nacional e internacional.

Reconocer desde la Ley el abanico del Turismo Alternativo, impone cargas normativas al Sector, en beneficio de la economía de los mexicanos, particularmente los de cada localidad de influencia, atendiendo criterios de vocación regional, diversidad cultural y territorial.

A nadie escapa que las localidades que preservan riqueza natural, se asocian frecuentemente a poca o ninguna infraestructura y producción, paradójicamente en razón de lo mismo, es que se observan preservadas, pero empobrecidas a límites extremos, como es el caso de las comunidades indígenas, en Entidades Federativas como: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua o Nayarit, sólo por mencionar algunas.

En efecto, no es un asunto menor la identificación de los distintos segmentos del mercado turístico, establecer prioridades y potenciar las Entidades Federativas identificadas como destinos de desarrollo sustentable, diversificando su actividad turística, lo que indiscutiblemente detonará beneficios hasta ahora no explorados.

La iniciativa que hoy presento, plantea vincular el turismo social que tiene que ver con la condición del turista, al Turismo Alternativo tiene que ver con la condición del destino, que en razón de lo mismo se vincula al turista más interesado en explorar lugares de mayor riqueza natural, arqueológica y de tradiciones culturales, por la proximidad con los avencidados en la localidad destino, de ahí la importancia de vincular condiciones de acceso del Turismo Alternativo a las condiciones del turismo social, con fines de accesibilidad, divulgación, fomento y crecimiento económico para los destinos turísticos, que para el caso se identifican como comunidades indígenas con vocación productiva artesanal fundamentalmente.

Resulta evidente que uno de los objetos de la Ley General de Turismo consiste: en el establecimiento de las reglas y procedimientos para la creación y operación de las zonas de desarrollo turístico sustentable de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, tal como se desprende del artículo 2° fracción VIII del propio ordenamiento.

La normatividad General en materia de Turismo, define puntualmente en el artículo 3°, fracción XXI, al desarrollo turístico sustentable, como “Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico y menciona que estas Zonas se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.
Con base en el artículo de referencia, es claro que corresponde dicha Declaratoria, al Ejecutivo de la Unión, bajo un procedimiento que se substancia a modo de solicitud, ante la Secretaría de Turismo, de lo que se sigue simple y llanamente, que la Declaratoria por el Ejecutivo de la Unión, se desprende una relación de supra subordinación, de la determinación que a modo de procedencia con base en el “estudio de viabilidad” emita la propia Secretaría, respecto de la Propuesta de Declaratoria que al efecto soliciten las Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.

En efecto, el artículo 31 de la Ley en comento, establece en su párrafo cuarto, que los requisitos y el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas, deberán establecerse en el Reglamento respectivo, y es el caso compañeros Legisladores, que a la fecha, la Secretaría de Turismo no ha emitido dicho Reglamento.

De ahí la importancia de esta Iniciativa, por cuanto hace a la efectiva Declaratoria de Zonas de Desarrollo turístico Sustentable, a fin de detonar en las localidades más pobres que cumplan con los requisitos respectivos, una real detonante de la economía, en beneficio de la población, por otro lado, la Iniciativa plantea, ante la eventual negativa que en su caso recaiga a la solicitud de Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, la obligación de fundar y motivar dicha resolución, en congruencia con nuestro orden jurídico nacional.

En el mismo contexto, particular importancia reviste en el Capítulo de definiciones, lo relativo al turismo sustentable, por lo que se propone a su vez, la actualización por cuanto hace al alcance y precisión del Turismo Alternativo, toda vez que no se trata de turismo sustentable, sino de Turismo Alternativo que se efectúa por su naturaleza intrínseca, en zonas identificadas como de Desarrollo turístico Sustentable.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Unico. Se reforman las fracciones XV del artículo 2, XIX del artículo 3, el primer párrafo del artículo 5, la fracción V del artículo 44, así como los artículos 32, 33, y 34; se adiciona el Capítulo III Bis, Del Turismo Alternativo, que contiene los artículos 17 bis, y 17 Ter; y se derogan los párrafos cuarto y quinto al artículo 31, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. a XIV. …

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, el Turismo Alternativo se considerará como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVIII. …

XIX. Turismo Alternativo. El que se realiza en Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

XX. y XXI. …
Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. a III. …

CAPITULO III Bis
Del Turismo Alternativo

Artículo 17 bis. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo alternativo, en las siguientes modalidades específicas:

I. Ecoturismo. Modalidad especifica del turismo alternativo de mínimo impacto al ecosistema local;

II. Turismo de aventura. Modalidad especifica del turismo alternativo de riesgo físico en espacios naturales;

III. Turismo rural. Modalidad especifica del turismo alternativo en comunidades agrarias ejidales y pueblos indígenas, con fines culturales, educativos;

IV. Turismo cultural. Modalidad específica de turismo alternativo en sitios históricos y arqueológicos.

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el fomento del turismo alternativo.

La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, elaborarán y ejecutarán de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo alternativo.

Artículo 17. Ter. La Secretaría, con la participación de las distintas dependencias y entidades promoverá la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos para el cumplimiento de los objetivos de este Capítulo.

Las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los Estados Municipios y del Distrito Federal, promoverán entre sus trabajadores el turismo alternativo.

Artículo 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial.

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.
Artículo 32. Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, lo cuales contendrán al menos:

I. Delimitación geográfica de la Zona;

II. Asentamientos Humanos;

III. Vocación natural, arqueológica, histórica, artística, o cultural;

IV. Necesidades de infraestructura para el acceso; y

V. Participación de los sectores público, social, y privado, en su caso.

Artículo 33. La Secretaría acompañará a la solicitud de declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, el estudio de viabilidad correspondiente.

Las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Artículo 34. El Decreto por el que se expide la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, o su negativa, deberá contener el objeto de la resolución fundada y motivada.

Para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como su clasificación, se estará al Reglamento.

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a IV…

V. Crear en coordinación con los respectivos ámbitos de competencia, nuevos desarrollos turísticos en aquellos lugares que, por sus características naturales y culturales, representen potencial de Turismo Alternativo;

VI. a XVI…

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de octubre de 2012.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pérez Magaña. Se adhieren a su propuesta los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas y René Juárez Cisneros. Solicito a la Secretaría tome nota de los Senadores que se adhieren a esta propuesta. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Ortiz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Herrera Avila y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los CC. Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Herrera Avila y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El otoño del año 1968 fue para los mexicanos una dolorosa época de aprendizaje, los hechos que enlutaron al país lograron que la ciudadanía tomara conciencia de los valores, tales como la solidaridad, la libertad, el respeto a las instituciones, el diálogo, pero sobre todo el reconocimiento del papel protagónico de los jóvenes como factores de cambio de nuestra sociedad.

Este año, como parteaguas de nuestra historia, se dio inicio a la construcción de una sólida democracia que hoy es garante de una amplia e indiscutible libertad de expresión, de una real división de poderes, de una participación ciudadana más activa y de un gobierno federal que se ocupa por abrir más espacios educativos a los jóvenes.

En el año 2000, se entregaron 2.8 millones de becas, y durante este sexenio se alcanzó el mayor número de la historia, llegando, amigas y amigos, a más de 8 millones de becas a niños y jóvenes desde la primaria hasta la universidad.

Hoy esos niños y jóvenes no tienen que abandonar los estudios por motivos económicos. En educación media superior y superior, en los últimos seis años, se ha incrementado la cobertura como nunca se había hecho, con la construcción de mil 100 nuevos bachilleratos, 96 campus de instituciones ya existentes y 140 nuevas universidades.

En el año 2000, menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato iban a la escuela. Hoy, dos de cada tres jóvenes mexicanos estudian en ese nivel educativo. Y el porcentaje de quienes cursan estudios superiores se incrementó de 21 por ciento en el año 2000 al 32.8 por ciento en el ciclo escolar 2011-2012, una cifra histórica en la educación superior en nuestro país.

Hoy nuestro sistema educativo, en todas sus modalidades y niveles, comprende a 35.2 millones de alumnos en la matrícula total, 1.9 millones de maestros y 254 mil escuelas. Esto quiere decir que casi un tercio de la población total está en una institución educativa hoy en día.

Del total del universo educativo, el 87 por ciento de los alumnos son atendidos por instituciones de carácter público, 91 por ciento está en básica, 83 por ciento está en media superior y 70 por ciento en la educación superior.

A partir del ciclo escolar 2010-2011, alcanzamos por primera vez la cobertura universal en primaria. De la matrícula pública del ciclo escolar 2011-2012, el 55.8 por ciento es parte del nivel medio superior y el 21 por ciento del nivel superior.

Como resultado de esta política aplicada por el gobierno federal del Presidente Calderón, en los últimos años, el nivel de deserción escolar en los niveles medio superior y superior se ha contenido en un 22.4 por ciento.

Si hasta ahora la inversión pública ha derivado en que más jóvenes asistan y permanezcan en la escuela, aún nos falta más por hacer.

Por eso es menester especificar en la ley que los estudiantes que se encuentren inscritos en la educación media superior y superior, sean apoyados por la institución educativa a la que permanezcan.
Por ello, se propone en esta iniciativa adicionar una fracción mediante la que se promueva el otorgamiento de becas y demás estímulos a estudiantes de los niveles medio superior y superior, con la finalidad de sostener su permanencia respectiva en la institución educativa a la que pertenezcan.

Ante lo previamente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto.

Unico.- Se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, recorriéndose las demás fracciones en su orden subsecuente, para quedar como sigue.

Referente y me refiero específicamente al Capítulo Tercero que se refiere a la equidad de la educación.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

Fracción IX.- Desarrollarán programas bajo el principio de subsidiariedad para otorgar becas y demás apoyos económicos a los estudiantes de nivel superior.

Como transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quiero señalar solamente y, bueno, recordar que este proyecto de Decreto es presentado por los Senadores Luisa María Calderón, Adriana Dávila, Martha Elena García, Maki Ortíz, Fernando Herrera, Carlos Romero Hicks y su servidor, Jorge Lavalle.

Por su tiempo y atención, es todo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Los que suscriben, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Herrera Avila, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En este sexenio se ha entregado el mayor número de becas educativas en la historia. En 6 años, 38 millones de niños y jóvenes, desde la primaria hasta la universidad, han recibido una beca del Gobierno Federal para que no tengan que abandonar los estudios por motivos económicos.
En educación media superior y superior, en los últimos seis años se ha incrementado la cobertura como nunca se había hecho, con la construcción de mil 100 nuevos bachilleratos y más de 140 nuevas universidades.

En el año 2000, menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato iban a la escuela. Hoy, dos de cada tres jóvenes mexicanos estudian en ese nivel educativo. Y el porcentaje de quienes cursan estudios superiores se incrementó de 21 por ciento en el año 2000 al 32.8 por ciento en el ciclo escolar 2011-2012, una cifra histórica en la educación superior del país.

Hoy nuestro sistema educativo, en todas sus modalidades y niveles, comprende a 35.2 millones de alumnos, 1.9 millones de maestros y 254 mil escuelas. Esto quiere decir que casi un tercio de la población total está en una institución educativa.

Del total del universo educativo, el 87% de los alumnos son atendidos por instituciones de carácter público (91% en básica, 83% en media superior y 70% en superior)

El nivel de deserción escolar ha disminuido en los últimos años, a continuación la siguiente tabla nos puede ilustrar los cambios que se han generado:

DESERCIÓN

CICLO ESCOLAR

Cambio
2000-2012

Cambio
2006-2012

1999-2000

2005-2006

2011-2012

Primaria

2.1%

1.3%

0.7%

-1.4 puntos

-0.6 puntos

Secundaria

8.7%

7.7%

5.3%

-3.4 puntos

-2.4 puntos

Media Superior

18.7%

16.5%

14.4%

-4.3 puntos

-2.1 puntos

Superior/1

8.9%

7.8%

8.0%

-0.9 puntos

0.2 puntos

El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública ha realizado esfuerzos considerables a través de estos años en generar un sistema educativo por medio de un sistema de becas, que ha sido eficiente pero necesitamos reforzar los programas que se han llevado a cabo.

Por ello, se propone la siguiente iniciativa que adiciona una fracción mediante la que se promueve la creación de becas y demás estímulos a estudiantes de nivel superior con la finalidad de sostener su permanencia en la institución.

De igual manera, dicha iniciativa propone estímulos para los estudiantes, ya que es una forma de fomentar que nuestros jóvenes sigan estudiando y preparándose para la vida laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 33 de la Ley General de Educación

Unico.- Se adiciona una fracción IX recorriéndose en su orden natural las subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 33.- …

I. a VIII.- …

IX.- Desarrollarán programas bajo el principio de subsidiariedad para otorgar becas y demás apoyos económicos a los estudiantes de nivel superior;
X.- Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos;

XI.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XII. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;

XIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIV. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

XV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XVI. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

ArtIculos Transitorios

Unico. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2012.

Suscriben

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury.

Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle al Senador promovente si puede incluirme en su iniciativa. Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Rogamos a la Secretaría de Apoyo Parlamentario tome nota de las solicitudes de adhesión, aceptadas por el promovente. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 35 constitucional.

En uso de la palabra, el Senador Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre gobierno y ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder. Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano. El monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.

En nuestro país no es raro ver que los gobernantes, una vez concluida la elección, le den la espalda a su electorado, independizándose de él o no cumpliendo con el principio de representatividad que les fue conferido, compañeras y compañeros Senadores, la participación ciudadana debe ser concebida, ante todo, como la pareja indispensable de la representación política; la segunda emanando de la primera y ambas dándole significado a la democracia.

En este sentido, la participación de la ciudadanía no puede ser agotada con el simple acto de depositar, cada periodo electoral, el voto en la urna. Este rutinario episodio, a menudo visto como la única y sola intervención del ciudadano en la vida democrática del país, tan sólo marca el principio de un constante y dinámico ejercicio participativo que debe desarrollarse en concordancia con los principios de inclusión y consenso para edificar los cimientos de nuestra propia convivencia civilizada.

Bajo este entendimiento, encontramos que el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuya a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción fundamental como es la asignación del presupuesto.

Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades, a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sociales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente.

Un mecanismo que no sólo combina, en el ámbito municipal o delegacional en el caso del Distrito Federal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades, al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.

Desde siempre el presupuesto se ha definido y asignado de manera arbitraria, desde las más altas cúpulas del poder, sin atender a las reales necesidades de la población. Esta recalcitrante postura gubernamental ha profundizado la desigualdad social, así como propiciado la corrupción y desvío de recursos.

Es imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que sólo puede ser abordado por profesionales.

A mí me parece que lo correcto es considerarlo como algo en lo que todos y cada uno de nosotros debe estar involucrado.

Por eso la iniciativa propone que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja sus prioridades y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que habrá de ejercerse para con ello alentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el destino del país. Su naturaleza incluyente y participativa tendría un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.

En otras palabras, este esquema de asignación del presupuesto se propone como un mecanismo de participación ciudadana en el contexto del gobierno local y especialmente del aspecto relacionado con el gasto público, es decir, se alienta la búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos del cabildo y dar un seguimiento en cuanto a su ejecución presupuestaria.

Es innegable que en México hemos sido omisos al considerar esquemas de participación que consientan el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, no hemos sabido alentar la construcción de ciudadanía a través del apoyo a la participación ciudadana en los ámbitos de la deliberación y las acciones democráticas.

Para empezar a caminar en este sentido, y sin que esta prerrogativa del ciudadano esté sujeta a los caprichos de la administración en turno, resulta indispensable consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto. Sólo a partir de una adición al artículo 35 de nuestra Constitución, podremos garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos; un derecho fundamental de toda sociedad moderna.

El hecho de que en México no exista todavía la suficiente ciudadanía consciente y participante, activa y demandante en este tipo de temas, responde a una circunstancia muy clara, el Estado mexicano se ha abocado a anular cualquier empoderamiento ciudadano y lo ha sabido hacer muy bien.

Para transitar de un esquema de democracia representativa a uno de democracia participativa, donde la facultad de la ciudadanía de participar de manera directa en los procesos de toma de decisiones se vea robustecida, es imperativo que desde el Poder Legislativo se den los primeros pasos, que sea precisamente en esta Soberanía donde a través de la reformas necesarias se construyan los cimientos que alienten a un nuevo diseño institucional; un institucionalismo ciudadano, horizontal y participativo.

Compañeras y compañeros Senadores, por lo anteriormente expuesto, y en aras de vigorizar la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 35 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, con el propósito de consagrar el derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto local.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la FracciOn IX del ArtIculo 35 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder. Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.

En nuestro país no es raro ver que los gobernantes, una vez concluida la elección, le den la espalda a su electorado, independizándose de él y no cumpliendo con el principio de representatividad que les fue conferido. La participación ciudadana debe ser concebida, ante todo, como la pareja indispensable de la representación política, la segunda emanando de la primera y ambas dándole significado a la democracia.

En este sentido, la participación de la ciudadanía no puede ser agotada con en el simple acto de depositar, cada periodo electoral, el voto en la urna. Este rutinario episodio, a menudo visto como la única y sola intervención del ciudadano en la vida democrática del país, tan solo marca el principio de un constante y dinámico ejercicio participativo que debe desarrollarse en concordancia con los principios de inclusión y consenso para edificar los cimientos de nuestra propia convivencia civilizada.

Bajo este entendimiento, encontramos que el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuye a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción de gobierno fundamental como es la asignación del presupuesto.

Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades, a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente.

Un mecanismo que no sólo combina, en el ámbito municipal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.

Desde siempre el presupuesto se ha definido y asignado de manera arbitraria, desde las más altas cúpulas del poder, sin atender a las reales necesidades de la población. Esta recalcitrante postura gubernamental ha profundizado la desigualdad social, así como propiciado la corrupción y el desvío de recursos.

Es imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que sólo puede ser abordado por profesionales, y considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.

Propiciar que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que habrá de ejercerse, alentará la corresponsabilidad de la ciudadanía en el destino del país. Su naturaleza incluyente y participativa tiene un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.

Este esquema de asignación del presupuesto fue creado como un mecanismo de participación ciudadana en el contexto del gobierno local, y especialmente en el aspecto relacionado con el gasto público; es decir, se alienta la búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos del cabildo y dar un seguimiento en cuanto a la ejecución presupuestaria.
La experiencia brasileña, referente latinoamericano, nos demuestra que estimular la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto tiene, también, efectos muy positivos al reducir las prácticas clientelares, lograr una más justa distribución del ingreso y crear una mejor calidad de la representación.

Es innegable que en México hemos sido omisos al consolidar esquemas de participación que consientan el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, no hemos sabido alentar la construcción de ciudadanía a través del apoyo a la participación ciudadana en los ámbitos de la deliberación y la acción democráticas.

Para empezar a caminar en este sentido, y sin que esta prerrogativa del ciudadano esté sujeta a los caprichos de la administración en turno, resulta indispensable consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto. Sólo a partir de una adición al Artículo 35 de la CPEUM, podremos garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos; un derecho fundamental de toda sociedad moderna.

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de robustecer la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPOSITO DE CONSAGRAR EL DERECHO DE TODO CIUDADANO DE PARTICIPAR EN LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO LOCAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona la Fracción IX del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I.-…

II.-…

III.-…

IV.-…

V.-…

VI.-:::

VII.-…

VIII.-:::

IX.- Participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en su Municipio.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2012”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados1, en el apartado relativo al derecho interno y la observancia de los tratados, establece que un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un compromiso internacional.

Esto significa que una vez que el Estado mexicano ha ratificado un instrumento internacional, tras cumplir con el proceso constitucional contemplado en los artículos 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de nuestra carta fundamental, queda obligado jurídica y moralmente a dar cumplimiento de buena fe a sus obligaciones (principio pacta sunt servanda).

Lo anterior adquiere aún mayor relevancia, si tomamos en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Ahora bien, más allá de la indiscutible obligatoriedad de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país frente a la comunidad de naciones, persiste en el ámbito doctrinal un debate fundamental relativo a la jerarquía entre el derecho interno y el derecho internacional.

Hasta nuestros días, y salvo lo estipulado en la última reforma al artículo 1° de la constitución, que dota de rango constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, ha prevalecido una visión mayoritaria que ha concebido a la Constitución referente a los tratados en materia de derechos humanos como la norma fundamental y suprema. Sin embargo, no existe consenso en torno a la jerarquía que debe existir entre las leyes federales aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión, y los tratados internacionales, aprobados exclusivamente por el Senado de la República.

Cabe precisar desde ahora que este es un debate mundial al que los países han dado distintas y muy diversas soluciones. Para algunos, incluido México, el derecho nacional debe prevalecer sobre el derecho internacional. Para otros, el derecho internacional deviene en una fuente suprema y por lo tanto prevalece sobre las normas internas. En este sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa consiste precisamente en abrir y proponer una discusión sobre el modelo más adecuado para nuestro país.
En América Latina, el régimen jurídico de los tratados internacionales posee características muy particulares tanto en los sistemas unicamerales como en los bicamerales, y presenta diversos ejemplos de Constituciones que definen claramente la jerarquía entre leyes y tratados. Destacan los siguientes:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Artículo 7.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

Artículo 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Artículo 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Artículo 18.- En caso de conflicto entre un tratado y una Ley prevalecerá el primero.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

XXII.- Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CHILE

Artículo 50. Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.

Como es posible apreciar, existe una tendencia creciente en el derecho constitucional de América Latina para establecer desde la máxima norma jurídica la jerarquía entre leyes y tratados. Con excepción de la Constitución Chilena, que establece igual jerarquía para leyes y tratados, todas las demás que se mencionan expresan claramente una visión dualista relativa, que no afecta el principio de supremacía constitucional.

Además, la mayoría de estos países también contempla en sus constituciones el principio de jerarquía especial a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, reformar la Constitución mexicana en este sentido dotaría de integralidad a nuestro sistema legal y de mayor certeza a su interacción con el derecho internacional.

En este sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa consiste precisamente en abrir y proponer una discusión sobre el modelo más adecuado para nuestro país.

Hoy nadie puede negar la vertiginosa transformación y evolución del derecho internacional, así como su creciente y determinante influencia en las más diversas y complejas realidades nacionales. De ahí la importancia de que un país como el nuestro emprenda un proceso de revisión de su marco constitucional encaminado a actualizar y hacer más eficiente su forma de interactuar con el mundo.
Dicho lo anterior, resulta pertinente señalar que la actual redacción del artículo 133 de la Constitución es inadecuada para enfrentar los retos de la cada vez más intensa interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, toda vez que carece de mecanismos que regulen la incorporación de los compromisos adquiridos al orden nacional jurídico nacional, garanticen su cumplimiento y definan claramente su jerarquía.

De hecho, la vaguedad y la indefinición del artículo 133, fueron las razones que llevaron en 1999 al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse al respecto y a emitir la tesis aislada LXVII/99, misma que establece que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la constitución federal.

Los principales argumentos que dan sustento a dicha tesis aislada fueron los siguientes2:

“Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.

Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas.

Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental”.

Con este razonamiento, el pleno del tribunal supremo consideró oportuno abandonar el criterio que daba a las leyes federales y a los tratados internacionales la misma jerarquía normativa, sustituyéndolo por uno que considera a los tratados con jerarquía superior frente al derecho federal.

En nuestra perspectiva, el criterio vigente es correcto pero insuficiente. Estamos convencidos de que poco a poco nuestro país tendrá que ir avanzando hacia una visión dualista e internacionalista que nos permita dejar atrás el lastre de la supremacía constitucional que tanto ha servido a los gobiernos autoritarios para esconder su esencia antidemocrática y justificar nuestras deficiencias en materia de derechos humanos.

Por ahora, estimamos suficiente abrir el debate al respecto poniendo a su consideración una iniciativa que pretende establecer en el texto constitucional la jerarquía del derecho interno frente al derecho internacional, con la condicionante de que los tratados internacionales deberán ser aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.

La razón por la que proponemos que la votación de los tratados internacionales por parte del Senado sea por dos terceras partes de los presentes, obedece a Lo siguiente:

Si bien es cierto que la Constitución no señala ninguna votación calificada para la aprobación de tratados, también lo es que un tratado internacional se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales.

Con el sistema vigente, y tomando en consideración que el Senado requiere de un quórum legal para sesionar de la mitad más uno de sus miembros, 65 senadores son suficientes para iniciar una sesión y 33 votos son lo que se necesitan para poder aprobar un tratado internacional cuya jerarquía es mayor a la de una ley secundaria aprobada por las dos cámaras a través del proceso legislativo ordinario. Creemos que incorporar la mayoría de dos terceras partes como votación necesaria para la aprobación de un tratado, dotará de mayor certeza y legitimidad a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.

En esta misma consideración, incorporamos en la iniciativa de reforma, la salvaguarda de aquellas normas contenidas en tratados internacionales que otorgan mayor protección a la dignidad de la persona humana, por considerar que su carácter universal las convierte en principio jurídico a aplicar en el derecho interno, independientemente del nivel jerárquico. Como lo han establecido recientemente algunos criterios de los tribunales federales como es el siguiente:

TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACION CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCION.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial3.

Con esta fórmula, se garantiza la vigencia y se dota de rango constitucional a la jerarquía establecida hasta el día de hoy por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Federales, pero que podrían cambiar de la misma forma en la que cambia la composición de la Corte o el propio criterio de los ministros y magistrados. Asimismo, se incorpora un nuevo mecanismo de aprobación de los tratados que dotará de mayor legitimidad a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. Asimismo, se dota a nuestra Constitución de mayor integralidad al definir la jerarquía de todos los tratados internacionales y no sólo de aquellos en materia de derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, Compañeras y Compañeros Senadores, nos permitimos someter a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:

Artículo 133.- Esta Constitución, todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y las leyes del Congreso de la Unión, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los tratados internacionales aprobados conforme a esta Constitución tendrán prevalencia sobre las leyes que expida el Congreso de la Unión, sin perjuicio de la aplicación de la norma que ofrezca mayor protección a la persona y sus derechos, independientemente de su nivel jerárquico.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Angelica de la Peña Gómez”.

En el apartado de proposiciones, tiene la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a incluir en el desarrollo de sus trabajos legislativos la perspectiva de género.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor Presidente; Senadores y Senadoras:

La constante lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha significado un paso importante para la consolidación de nuestra democracia, aún tenemos muchas barreras culturales que derribar para hablar de una igualdad sustantiva; no obstante, las mujeres hemos logrado avanzar tanto en el ámbito público como en el privado. Desde la Carta de Naciones Unidas firmada en 1945 hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres se ha posicionado a nivel mundial como un requisito fundamental para el progreso.

No obstante, a 31 años de la adopción de la Convención para la Eliminación sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por el Estado mexicano, hay elementos que todavía obstaculizan la igualdad. Por ello, resulta necesario que desde el ámbito legislativo incluyamos la perspectiva de género en el sistema jurídico mexicano.

Requerimos de una alianza consciente y comprometida de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, a fin de construir consensos y sumar sinergias que nos lleven a formar una legislación que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres.

México requiere que formemos una agenda legislativa en materia de género, que impulsemos la armonización de la legislación nacional respecto a los tratados y convenciones internacionales firmados por el Estado mexicano a favor de los avances de los derechos humanos de las mujeres. Gracias a la gestión de legisladoras y algunos legisladores de las diversas corrientes ideológicas representadas en ambas Cámaras, se ha podido promover la institucionalización del enfoque de género en la legislación y en la atención de problemas sociales que originan la desigualdad, a través de programas y políticas tales como la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.

Debemos de reconocer, que en la legislatura que nos antecede, existen logros importantes que favorecen el avance de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida.

Para el Ejercicio Fiscal 2012, los programas mediante los cuales se instrumenta la política de igualdad de género cuentan con un presupuesto autorizado de 16 mil 752 millones de pesos. De 2010 a 2011 se alcanzó un aumento histórico de 36.6 por ciento, y de 2011 a 2012 ha habido un aumento más equivalente al 12.3 por ciento.

En materia de políticas públicas con perspectiva de género, debe reconocerse el compromiso para dignificar el papel de la mujer en diversos sectores.

El camino sigue siendo largo por recorrer, y los desafíos aún son muchos, la reforma laboral es el primer reto de esta legislatura, establecer mejores condiciones para las mujeres en la práctica laboral, es una demanda para garantizar el ejercicio pleno de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

Por ello, quiero refrendar mi compromiso como Senadora de la República, porque desde esta tribuna propondré mejoras al marco jurídico nacional, que sustente políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Estoy cierta que en la medida de que estos desafíos sean superados, se fortalecerán las instituciones, se cerrarán filas y se generarán reformas más justas y equitativas.

De acuerdo a lo anterior, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República, manifiesta su reconocimiento a la LXI Legislatura por los avances en la armonización legislativa, en materia de derechos humanos de las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas desde la perspectiva de género durante el sexenio 2006-2012 y exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, para que durante el sexenio 2012-2018 se continúen fortaleciendo los lazos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Segundo.- Se exhorta a esta Soberanía, a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos, la perspectiva de género. Asimismo, armonicen la legislación de acuerdo con los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Le solicito, señor Presidente, se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS, A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INCLUYAN EN EL DESARROLLO DE SUS TRABAJOS LEGISLATIVOS LA PERSPECTIVA DE GENERO

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La constante lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, ha significado un paso importante para la consolidación de la Democracia Mexicana. Sin embargo, aun falta derribar barreras culturales dentro de la sociedad para hablar de igualdad sustantiva. No obstante, las mujeres hemos logrado avanzar tanto en el ámbito público como en el privado. En la esfera internacional desde la Carta de Naciones Unidas firmada en 1945 hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres se ha posicionado a nivel mundial como un requisito fundamental para el progreso.

No obstante, a 31 años de la adopción de la Convención para la Eliminación sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)1 por el Estado Mexicano, persisten elementos normativos que obstaculizan la igualdad. Por ello, resulta pertinente que desde el ámbito legislativo, se incluya un enfoque integral desde la perspectiva de género en el sistema jurídico mexicano, que no solo regule la conducta de los individuos a través del reconocimiento de sus derechos, sino que comprenda los procedimientos y las instituciones que aplican las normas y reconozca los usos y costumbres que se encuentran inmersos en la naturaleza de la legislación.

Es por ello que la formación de la agenda legislativa desde la perspectiva de género, requiere de una alianza consciente de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, a fin de construir consensos y sumar sinergias que legitimen las demandas e intereses en la legislación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Necesitamos sumar esfuerzos con el Ejecutivo Federal e incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas.

En este sentido, con la aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en agosto de 2006, uno de los objetivos centrales del Gobierno Federal, fue eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcanzarán su pleno desarrollo y ejercieran sus derechos en igualdad de condiciones.

En este marco, un aspecto importante dentro de la agenda legislativa en materia de género, ha sido el impulso de toda la legislación nacional respecto a los tratados y convenciones internacionales firmados por el Estado Mexicano a favor del avance de los derechos humanos de las mujeres. Gracias a la gestión de legisladoras y algunos legisladores de las diversas corrientes ideológicas representadas en ambas cámaras, se ha podido promover la institucionalización del enfoque de género en la legislación y en la atención de problemas sociales que originan la desigualdad, a través de programas y políticas tales como la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.

Debemos reconocer, que en la legislatura que nos antecede, existen logros importantes que favorecen el avance de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida. Cabe mencionar, la reforma y adición a la Ley de Planeación, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Asimismo, la reciente publicación de la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en materia de equidad y género, la cual entre otras cuestiones tipifica el delito de feminicidio.

Otro importante logro en materia de armonización legislativa, resulta de la modificación al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos se realizaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, incorporando el principio pro homine en dicho artículo.

No menor, resulta la aprobación de la reforma a los artículos 4 y 73 constitucionales, a fin de establecer en la ley, la obligatoriedad en la observancia del principio del interés superior de la infancia y facultar al Congreso de Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal en materia de derechos de la infancia.

Igualmente, hay que destacar la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la cual, la cuenta pública deberá contener los resultados en los anexos transversales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Desarrollo de los Jóvenes, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y el Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación, en los mismos términos de desagregación en los que se presenta la evolución del gasto público. Además de la irreductibilidad del presupuesto para la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la evaluación desagregada por sexo de los programas presupuestales y los indicadores con perspectiva de género que midan el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres.

Para el ejercicio fiscal 2012, los programas mediante los cuales se instrumenta la política de igualdad de género cuentan con un presupuesto autorizado de 16 mil 752.9 millones de pesos. De 2010 a 2011 se alcanzó un aumento histórico del 36.6 por ciento, y de 2011 a 2012 un aumento más equivalente al 12.3 por ciento.

Entre enero y junio de 2012 se erogaron 9 mil 250.5 millones de pesos, que representanun avance del 55.2% de los recursosautorizados.

En materia de políticas públicas con perspectiva de género, debe reconocerse el compromiso para dignificar el papel de la mujer en diversos sectores sociales y que se ha constituido como una prioridad en los últimos 6 años.

Destacan, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el cual, contribuyó a institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de las 32entidades federativas, para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Para 2012, este programa cuenta con recursos aprobados por 149.5 millones de pesos para apoyar a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

Por otra parte, el Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, en 2011 ejerció 97.9 millones de pesos en apoyo de 459 proyectos de un número similar de instancias municipales y para 2012 cuenta con un presupuesto autorizado de 100 millones de pesos.

En materia de violencia, se creó en 2009 la Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en situación de Violencia (RENAVTEL), la cual busca hacer más eficientes los servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia. De acuerdo con datos oficiales, hasta el mes de agosto de 2012 se encontraba integrada por 42 instancias públicas, federales, estatales, municipales y líneas asistenciales del sector privado.

En cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pusieron en operación 808 grupos de reeducación de víctimas de violencia y de agresores de pareja, en 19 entidades federativas, de los cuales, 435 fueron integrados por mujeres con un porcentaje del 53.8% y 373 por hombres generadores de violencia que refleja el 46.2%.

La educación, la salud y el ingreso son algunos de los componentes centrales para el desarrollo humano, en ese sentido el Gobierno Federal puso en marcha el Programa de Acción Específico de Igualdad de Género en Salud 2007-2012 a través del cual se formaron 120 capacitadores en género e interculturalidad en salud en los servicios estatales de salud de Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

En materia de prevención de enfermedades de la mujer, se ha estimado que la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino y de mama es del 29.7 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, lo que representa casi un punto porcentual menos que la registrada en 2007.

Por ello, se han emprendido diversas acciones que contribuyeran a mejorar la salud de las mujeres sin seguridad social. En este sentido, durante 2011 a través del Seguro Popular se atendieron 15,590 casos de cáncer de mama y 7,752 casos de cáncer cérvico-uterino, mismos que fueron cubiertos con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), por un monto total de 1,149 millones de pesos.

En el Catálogo Universal de Servicios de Salud, se incluyó la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es una intervención altamente efectiva para la prevención del cáncer cérvico-uterino.

Por lo que respecta al ámbito de educación; el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas beneficio a 12,354 becarias, de las cuales 2,995 concluyeron la educación básica.

Entre 2007 y 2012, el total de mujeres beneficiadas con becas educativas ascendió a poco más de 13.2 millones, que representan 50.2% del total de becas otorgadas.

Por primera vez, en el Presupuesto 2012 se etiqueto recurso para otorgar becas a Madres Jefas de Familia y fortalecer su Desarrollo Profesional por 21.5 millones de pesos.

En apoyo a la economía de las mujeres, a través del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) los recursos otorgados por concepto de créditos a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) ascendieron a 197.4 millones de pesos, lo que significó un avance de 19.3% respecto a la meta anual, en el periodo de enero a junio de 2012.

Mención especial merecen las acciones para facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Para 2012, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadorascontó con recursos autorizados por un monto de 2,891 millones de pesos, mayor en 8.6% en términos reales a lo ejercido en 2011.

No obstante, el reconocimiento de todas y cada una de estas acciones afirmativas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres, las circunstancias materiales en las que viven y se desarrollan las mujeres, sigue necesitando del compromiso de todas y todos los actores involucrados, políticos y servidores públicos de los distintos ordenes de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía participativa que sigue luchando por hacer de México un país equitativo y con igualdad entre mujeres y hombres.

El camino sigue siendo largo por recorrer, y los desafíos aún son muchos, la reforma laboral es el primer reto de esta legislatura, establecer mejores condiciones para las mujeres en la práctica laboral, es una demanda para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

En Acción Nacional, estamos comprometidos por plantear la democracia como un paradigma en la cual la ciudadanía se mire como la culminación de una lucha que garantice los derechos civiles, políticos, sociales y económicos y que atienda a quienes son sujetos de estos derechos humanos, porque sin duda sus demandas e intereses constituyen el nuevo rostro de la dignidad humana.

Por ello, quiero refrendar mi compromiso como Senadora de la República, porque desde esta tribuna propondré mejoras al marco jurídico nacional, que sustenten políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Estoy cierta que en la medida de que estos desafíos sean superados, se fortalecerán las instituciones, se cerraran filas y se generaran las sinergias para lograr las reformas más justas y más equitativas.

De acuerdo a lo anterior, presento ante está Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, manifiesta su reconocimiento a la LXI Legislatura por los avances en la armonización legislativa, en materia de derechos humanos de las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas desde la perspectiva de género durante el sexenio 2006-2012 y exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, para que durante el sexenio 2012- 2018 se continúen fortaleciendo los lazos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Segundo.- Se exhorta a esta Soberanía, a la Cámara de Diputados, a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos, la perspectiva de género. Asimismo, armonicen la legislación de acuerdo con los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora García Gómez. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.





 

Se concede la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante su comparecencia en el Pleno del Senado.

Senador, por favor.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con objeto de que se dé cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, durante su comparecencia el día 13 de septiembre pasado, de proporcionar la lista exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales firmados por el gobierno de México.

Durante mi intervención en esa comparecencia, me permití expresar comentarios críticos respecto de la orientación adoptada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el papel en el que se ha ubicado al Senado con relación a la política exterior mexicana.

La responsabilidad que legalmente tiene el Senado de la República sobre la política exterior, se ha diluido con la profusa suscripción por el Ejecutivo de acuerdos interinstitucionales que no se conocen, pero que comprometen al país.

En su artículo 2º la Ley sobre la Celebración de Tratados del 2 de enero de 1992, define estos acuerdos interinstitucionales como: El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

En su artículo 7º dice esta ley sobre los tratados: Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cualquier acuerdo interinstitucional. La Secretaría de Relaciones deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, inscribirlo en el registro respectivo.

En su comparecencia, en los términos establecidos por el Pleno del Senado, me permití solicitar a la Embajadora Espinosa, proporcione la lista de los acuerdos interinstitucionales que deberían estar en el listado correspondiente como lo ordena la ley respectiva.

La Secretaria de Relaciones Exteriores afirmó al final de su intervención que haría llegar la lista de estos acuerdos interinstitucionales que tenga registrada en la Cancillería.

Estoy seguro que todos los Senadores y Senadoras coincidirán en que es indispensable contar con esa lista para ejercer nuestra facultad de analizar la política exterior de nuestro país.

En razón de que hasta la fecha no nos ha hecho llegar la información solicitada, y estando por concluir el periodo del actual gobierno, consideramos necesario que el Senado insista en esta lista de acuerdos interinstitucionales, por lo que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta a la Embajadora Espinosa Cantellano a que remita el listado de acuerdos interinstitucionales a la mayor brevedad.

Muchas gracias.

Propuesta



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

¿Para qué asunto Senadora?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Para secundar la postura del Senador Bartlett Díaz, en materia de política exterior por parte de nuestro grupo, el PRI, a fin de solicitar esa lista lo antes posible para poder cumplir con lo establecido en nuestras facultades como Senadores de analizar la política exterior mexicana.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Marcela Guerra. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores la solicitud que usted también ha manifestado adherirse a la del Senador Manuel Bartlett.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre los daños ambientales provocados por el derrame de hidrocarburos ocasionado por el hundimiento de la monoboya 3 en Salina Cruz, Oaxaca.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

También le informo que voy a anexar un punto cuatro al punto de Acuerdo, y que el Senador Benjamín Robles Montoya suscribe conmigo este punto.

Compañeras y compañeros Senadores, el 11 de agosto del presente año, a causa del mal tiempo se hundió la monoboya 3 de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Salina Cruz, Oaxaca, de Petróleos Mexicanos.

Personal de Petróleos Mexicanos, vía telefónica, informó a las autoridades que no se trataba de algo grave, pues la monoboya 3 desde el 2008 no estaba funcionando, primera mentira, y que no era necesario un plan de atención a contingencias ambientales.

El día 17 de agosto, los medios de comunicación, sobre todo los locales, denunciaron que enormes manchas negras, viscosas y de olor a petróleo emergían del mar. Avanzaban sobre la superficie marítima y cubrían las playas de Salinas del Marqués, Playa Brasil y Guelaguichi, donde los pescadores empezaban a sufrir irritaciones.

Fue diez días después del hundimiento y derrame del hidrocarburo, es decir, el 21 de agosto, cuando PEMEX notifica oficialmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, que había ocurrido un accidente en la Monoboya 3, segunda mentira.

A partir de esta fecha, se comienza a recibir información oficial de los daños causados a las playas de la costa de Oaxaca por la presencia de grandes, pequeños y micro grumos de hidrocarburos, manglares impregnados y la muerte de más de una veintena de tortugas marinas de la especie golfina, que por ciclo natural llegan a esas playas de Salina del Marqués y Morro Ayutla, donde es su santuario de anidación, que sólo en cuatro días arribaron más de 90 mil tortugas.

Petróleos Mexicanos llevó a cabo acciones de recolección de hidrocarburo en las playas, las cuales se llenaron de grumos de petróleo, así como la toma de muestras de elementos naturales para verificar el grado de contaminación, ya que la PROFEPA impuso a la paraestatal a que dichas acciones urgentes se realizaran en diez días.

El pasado 13 de septiembre, a más de un mes de haber ocurrido el derrame, PEMEX publica en su página de Internet que: Petróleos Mexicanos dio cumplimiento a las medidas de urgente aplicación dictadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tercera mentira, con motivo del derrame del hidrocarburo de la monoboya 3, principalmente la limpieza de las playas, así como el vaciado de las mangueras submarinas y flotantes de la monoboya 3.

Los trabajos de limpieza y retiro de grumos se llevaron a cabo en las playas Salinas del Marqués, Punta Conejo, Brasilito-Brasil, Azul, Escondida Cangrejo, Chipehua, La Bamba, Zanjón y Garrapatero, entre otras.

Cabe hacer mención que existen numerosos boletines oficiales de PEMEX, en los cuales da seguimiento al evento, pero en ninguno de ellos refiere cuántos litros fueron derramados, y es costumbre de Petróleos Mexicanos no decir cuántos litros son derramados, motivo por el cual, se presume que no cuentan con esta información por demás importante, para saber si su recuperación afecta positivamente la mitigación de los impactos ambientales.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el día 21 de septiembre, lleva a cabo un exhorto público a PEMEX a que cumpla con las medidas que le fueron ordenadas a raíz del incidente.

Una vez expresada la problemática, de la cual se percibe que un evento de grandes consecuencias ambientales fue atendido en forma tardía por Petróleos Mexicanos, y ante la declaración de la paraestatal de haber culminado la limpieza y recolección del crudo vertido por la monoboya 3, la autoridad en la materia, PROFEPA, hace un llamado al cumplimiento de dichas medidas urgentes, es que no se tiene con claridad la actuación de la paraestatal.

De no haberse limpiado la totalidad de las playas contaminadas, resulta incoherente la política pública de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios cuyo Plan de Negocios 2012-2016 que define el rumbo para cumplir con el mandato de creación de valor y alcanzar la sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazo, a partir de un cuidadoso examen de la situación actual y 14 objetivos, destacando uno de ellos: mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con las comunidades.

Por otra parte, las inconformidades sociales no se han hecho esperar y actualmente continúan los bloques carreteros de las comunidades afectadas.

Por lo anterior, presento a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una evaluación e informe a esta Soberanía sobre los daños ambientales provocados por el derramedel hidrocarburo por motivo del hundimiento de la monoboya 3, en las costas de Salina Cruz, Oaxaca.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía de forma urgente, cuántos litros de crudo se vertieron al mar por el hundimiento de la monoboya 3 en las costas del estado de Oaxaca el 11 de agosto de 2012 y cuánto de este material se ha recuperado con las labores de limpieza y de recolección.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos proporcione un informe sobre los recursos económicos que PEMEX ha utilizado en la atención de esta contingencia, ya que se trata de dinero de todos los mexicanos.

Cuarto.- Que se indemnice a los afectados por este evento.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión de Energía.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenos días. Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Siendo hoy 2 de octubre, es inadmisible que esta Soberanía haya permitido el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes. Siendo el tema del día la Reforma Laboral, esta Soberanía debería estar obligada a buscar el diálogo, los acuerdos, a dar un paso fundamental para que sean escuchadas las voces de todos; sin embargo, hemos visto a las afueras de este recinto el uso de la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía. Es la peor manera de conmemorar un 2 de octubre. El grupo parlamentario del PRD se manifiesta en total desacuerdo con esta decisión que ha sido tomada.

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas involuntarias.

En nuestro país, en todos los estados de la República, estamos viviendo este fenómeno de una manera bastante recurrente, desapariciones forzadas involuntarias y desplazamiento. Y podríamos mencionar varios ejemplos en Sinaloa, en Tamaulipas, en el Distrito Federal, en Cherán, Michoacán, en muchos otros estados de la República.

Este punto de Acuerdo que hoy traemos a esta Soberanía, de manera específica, es para que de una vez por todas México eche a andar esta comisión, que desde el año de 2007 nos hemos adherido, y que se ratificó el 18 de marzo de 2008. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es un instrumento internacional de la ONU que, de manera específica, les permite a estas personas, a sus familiares, a sus representantes legales y aquellos que tengan un interés jurídico específico, el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, a la adopción. La adopción de este convenio jurídicamente vinculante, representa un importante paso a la comunidad internacional para poner fin a este delito.

Para garantizar la aplicación de las disposiciones de la convención internacional a la que hace referencia el artículo 26 de este comité, lo que en este momento requerimos es tener claro las atribuciones de dicho comité. Y es que consultará con otros comités y convenciones creados por los instrumentos de derechos humanos pertenecientes, en particular al Comité de Derechos Humanos establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

De igual forma, y esta parte es muy importante destacarla, el comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados a una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas para ello, aquellos que tengan un interés legítimo.

Durante la estancia en México del grupo de trabajo de la ONU, en el tema de desapariciones forzadas involuntarias, se obtuvieron varios datos de lo que la CNDH ha reportado como desapariciones que se encuentran registradas, alrededor de 3,000 personas, a partir del año 2006. Esto ha ido en aumento y para el 2007 teníamos aproximadamente 77 personas reportadas oficialmente desaparecidas por año.

Es por esto que mediante el presente punto de Acuerdo, pretendemos que el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de esta Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, declare a la brevedad el reconocimiento del Estado mexicano, de la competencia del comité.

Una vez hecha esta declaración, se podrá recibir, examinar, también las comunicaciones presentadas por las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y a nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violación por el Estado mexicano de las disposiciones de la mencionada Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de manera involuntaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DEL COMITE SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 14 años después, el 20 de diciembre de 2006, la misma Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional para la Protección deTodas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas1, la cual entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, después de alcanzar las 20 ratificaciones necesarias, de conformidad con lo establecido en su artículo 392.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un instrumento internacional que busca prevenir este fenómeno3 y que reconoce el derecho de las víctimas y de sus familiares a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. La adopción de este convenio jurídicamente vinculante, representa un importante paso de la comunidad internacional para poner fin a este delito, que además de ser una práctica que constituye una violación simultánea de varios derechos humanos,representa una conducta que niega la esencia misma de la humanidad y atenta en contra de los valores más profundos de cualquier sociedad.

Para garantizar la aplicación de las disposiciones de la Convención de referencia, en su artículo 26 se dispone la constitución de un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo "el Comité"), mismo que está integrado por diez expertos independientes, de gran integridad moral y con reconocida competencia en materia de derechos humanos, los cuales están obligados a ejercer sus funciones a título personal y a actuar con total imparcialidad.

Entre las competencias que la Convención le confiere a este Comité, se encuentran las de cooperar con todos los órganos, oficinas, organismos especializados y fondos apropiados delas Naciones Unidas; los comités convencionales creados en virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones e instituciones regionales intergubernamentales apropiadas; así como con todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas.

En el marco de sus funciones, el Comité consultará con otros comités convencionales creados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, en particular el Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

Adicionalmente, cada Estado Parte se encuentra obligado a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas que haya adoptado para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención.

De igual forma, y esto es muy importante resaltarlo, el Comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.

Sin embargo, para que esto suceda, además de agotar los aspectos formales y procesales correspondientes, es imperativo que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención, mismo que a la letra señala:

“Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal Declaración”.

En cualquier momento, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a efecto de que se observe su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o a las víctimas de la supuesta violación.

El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación, no obstante, representa un instrumento sumamente valioso que podría evitar que el delito de desaparición forzada se consume o permanezca impune.

En este sentido, es relevante señalar que hasta el día de hoy, y a tan sólo unos cuantos meses de que se cumpla el plazo para presentar el informe de avance nacional, nuestro país no ha aceptado la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir y examinar las denuncias particulares que aleguen ser víctimas del Estado mexicano. Lo anterior, además de atentar en contra del adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la Convención, pone en duda el verdadero compromiso del gobierno de la República en materia de lucha contra el delito de desaparición forzada y, por ende, en contra del olvido y la impunidad.

El propio Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), en su Informe de Misión a México4, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del presente año, ha recomendado al Estado mexicano que acepte la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas en materia de denuncias de particulares, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la propia Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El objetivo de la visita fue conocer los esfuerzos del Estado mexicano en el tratamiento de las desapariciones forzadas. En particular, examinar el estado de las investigaciones sobre casos tanto del pasado como recientes, las medidas adoptadas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas y combatir la impunidad, así como otros aspectos, incluidos temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desapariciones forzadas.

Esta es la segunda visita del GTDFI a México, ya que la primera se realizó en 1982 cuando llevó a cabo su primera misión en nuestro país. Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha transmitido 412 casos al Gobierno de México. De estos, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han discontinuado y 238 siguen sin resolverse.

Es importante señalar que estos datos, al igual que lo que sucede con otros países, no son representativos de la dimensión del tema en cuestión. El incremento del número de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita, bien podrían estar indicando un deterioro de la situación de desaparición forzada en México.

Durante su estancia en México, el GTDFI recibió información distintas informaciones sobre el número de desapariciones forzadas en nuestro país. Mientras que las organizaciones civiles de derechos humanos reportaron que -de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el año 2006, la CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de 4 quejas en el año 2006 a 77 en el año 2010.

Para el GTDFI, sólo mediante una investigación independiente, imparcial, completa y efectiva, se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin una adecuada investigación de todos estos delitos.

Por lo tanto, la presente proposición no tiene otro objetivo más que el de reiterar el llamado al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que de cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y reconozca de inmediato la competencia de su Comité.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal,a efecto de que de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, declararé a la brevedad el reconocimiento, del Estado mexicano, de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones por el Estado mexicano de las disposiciones de la mencionada Convención.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en coordinación con las dependencias encargadas de la seguridad nacional, diseñen e impartan a los servidores públicos de dichas dependencias un programa exhaustivo de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

La mal lograda “guerra contra el narcotráfico” iniciada por la administración panista en el año 2006, ha destruido el tejido social de nuestro país, lejos ha quedado ya aquellas épocas en que se respiraba tranquilidad y confianza.

La hipótesis central del informe de la administración federal apela a “recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera…”; lo anterior, en teoría se escucha muy bonito, pero el contexto mexicano es totalmente otro, daré unas cifras así lo demuestran:

Más de 70 mil muertos, es el fruto de la guerra contra el crimen organizado iniciada por Calderón.

En el año 2012, en comparación con el 2006, la tasa de asesinatos se elevó de 8 a 18 asesinatos violentos por cada 100 mil habitantes.

Amnistía Internacional reveló que tan sólo en el presente año el número de personas desaparecidas ascendió a 3 mil.

Existen 12,806 compatriotas, que han solicitado asilo político en los países del norte.

Aproximadamente 600 mil mexicanos tuvieron que cambiar su lugar de residencia por motivos de seguridad.

Lo anterior, tristemente sucede en México, bajó el eslogan de “para vivir mejor”; no obstante, una de las tantas patologías que sufren los mexicanos derivado de esta “estrategia” para erradicar el narcotráfico, son las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de elementos encargados de la seguridad nacional.

Es importante señalar que, al sacar al Ejército y Marina a patrullar las calles de México, se violó flagrantemente el artículo 129 constitucional, el cual a la letra dice:

"Artículo 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas".

A pesar de lo que señala nuestra Carta Magna, hoy en día 66 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, se encuentran realizando labores de seguridad pública y combate al crimen organizado: 49 mil elementos militares y 16 mil 925 marinos en todo el territorio nacional.[1]

Al encargar a dichas dependencias el cuidado de las calles, se ha provocado que se incrementen la denuncias por violación de los derechos humanos: la tortura, las ejecuciones, los cateos ilegales, las desapariciones forzadas y el abuso de la fuerza pública son algunos quebrantamientos a las garantías individuales, que de ninguna manera se pueden justificar.

Porque reconozcámoslo, la milicia está capacitada y adiestrada para el combate bélico, no para cuidar de la seguridad pública ni a la sociedad civil.

Un dato para sustentar lo anterior es que, hasta el 31 de agosto del presente año, la CNDH había emitido 106 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 18 recomendaciones contra la Secretaría de la Marina (SEMAR).[2]

La actual administración federal será recordada como un sexenio de violaciones a los derechos humanos, por un aumento exponencial de quejas en esta materia.

Tan es así, que Amnistía Internacional ha revelado que la CNDH afirmó haber recibido en 2006, 182 quejas contra la SEDENA; en 2007, 367; en 2008, 1,230; y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.[3]

Lo anterior es una radiografía de lo que desgraciadamente sucede en México en materia de violación de derechos humanos, es inaceptable que las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional, sean las que violen flagrantemente las garantías individuales; pareciera que estamos cayendo en un estado de naturaleza, el cual según Thomas Hobbes, se caracteriza por una guerra de todos contra todos.

Es importante señalar que la finalidad de fundar un estado, es garantizar la vida y la libertad de sus ciudadanos, así como la protección de sus bienes, aspectos que no se están dando en nuestro país, de lo contrario, cómo podemos explicarnos que haya más de 70 mil muertos en menos de seis años y que los ciudadanos no se sientan libres de salir a las calles.

El punto de Acuerdo que estoy proponiendo a esta Asamblea es:

Primero.- Exhortar respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en coordinación con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, diseñen e impartan a los servidores públicos de las dependencia de seguridad nacional un programa exhaustivo y preciso de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos.

Segundo.- Esta Asamblea exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Defensa Nacional, Guillermo Galván, y al de la Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de los 30 días posteriores a la implementación del programa de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos impartido en sus respectivas dependencias, envíen un informe detallado donde se acredite el cumplimiento de acreditación de dicho programa.

Tercero.- Que en los operativos de patrullaje, prevención, aprehensión o de contacto directo que realizan las Fuerzas Armadas, se incluya de manera permanente un visitador, un especialista o un observador en materia de derechos humanos, previamente certificado por las comisiones nacional o estatales, respectivas, que desempeñe la función de testigo social o garantice de que dichas operaciones se apeguen a los protocolos de protección y respeto a los derechos humanos.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL, DISEÑEN E IMPARTAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHAS DEPENDENCIAS UN PROGRAMA EXHAUSTIVO DE EDUCACION, DIVULGACION Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La mal lograda “guerra contra el narcotráfico” iniciada por la administración panista en el año 2006, ha destruido el tejido social de nuestro país, lejos ha quedado ya aquellas épocas en que se respiraba tranquilidad y confianza.

La hipótesis central del informe de la administración federal apela a “recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera…”; lo anterior, en teoría se escucha muy bonito, pero el contexto mexicano es totalmente otro, a continuación unas cifras que lo demuestran:

• Más de 70 mil muertos, es el fruto de la guerra contra el crimen organizado iniciada por Calderón.

• En el año 2012 en comparación con el 2006, la tasa de asesinatos se elevó de 8 a 18 asesinatos violentos por cada 100 mil habitantes.

• Amnistía Internacional reveló que tan sólo en el presente año el número de personas desaparecidas ascendió a 3 mil.

• Existen 12,806 compatriotas, que han solicitado asilo político en los países del norte de México.

• Aproximadamente 600 mil mexicanos, tuvieron que cambiar su lugar de residencia por motivos de seguridad.

Lo anterior tristemente sucede en México, bajó el eslogan de “para vivir mejor”; no obstante, una de las tantas patologías que sufren los mexicanos derivado de la “estrategia” para erradicar el narcotráfico, son las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de elementos encargados de la seguridad nacional (ejército, marina y policía federal).

Es importante señalar, que al sacar al ejército y marina a patrullar las calles de México se violó flagrantemente el artículo 129 Constitucional, el cual a la letra dice:

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

A pesar de lo que señala nuestra Carta Magna, hoy en día 66 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, se encuentran realizando labores de seguridad pública y combate al crimen organizado: 49 mil elementos militares y 16 mil 925 marinos en todo el territorio nacional.1

Al encargar a dichas dependencias el cuidado de las calles, se ha provocado que se incrementen la denuncias por violación de los derechos humanos; la tortura, las ejecuciones, los cateos ilegales, las desapariciones forzadas y el abuso de la fuerza pública son algunos quebrantamientos a las garantías individuales, que de ninguna manera se pueden justificar.

Porque reconozcámoslo, la milicia, está capacitada y adiestrada para el combate bélico, no para cuidar de la seguridad pública ni a la sociedad civil.

Un dato para sustentar lo anterior es que, hasta el 31 de agosto del presente año, la CNDH había emitido 106 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 18 recomendaciones contra la Secretaría de la Marina (SEMAR).2

La actual administración federal será recordada como un sexenio de violaciones a los derechos humanos,por un aumento exponencial de quejas en esta materia.

Tan es así que Amnistía Internacional ha revelado que la CNDH afirmó haber recibido en 2006, 182 quejas contra la SEDENA; en 2007, 367; en 2008, 1,230; y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.3

Lo anterior es una radiografía de lo que desgraciadamente sucede en México en materia de violación de derechos humanos, es inaceptable que las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional, sean las que violen flagrantemente las garantías individuales; pareciera que estamos cayendo en un Estado de naturaleza, el cual según Tomas Hobbes, se caracteriza por una guerra de todos contra todos, (dicho status es un artificio teórico que demuestra la vida del hombre en ausencia del estado).

Es importante señalar que la finalidad de fundar un Estado, es garantizar la vida y la libertad de sus ciudadanos, así como la protección de sus bienes, aspectos que no se están dando en nuestro país, de lo contrario, cómo podemos explicarnos que haya más de 70 mil muertos en menos de seis años, y que los ciudadanos no se sientan libres de salir a las calles.

Lo anterior es una terrible patología que tiene la sociedad mexicana, ya que los derechos humanos siempre apelan a la libertad, la cual, es inalienable de la naturaleza humana.

El Estado debe de garantizar la vida, la paz y la defensa común; condiciones que no se están presentando en nuestro país, de lo contrario cómo podemos explicar que la inseguridad en nuestro país parece no tocar fondo, cada vez se está apoderando de nuestro territorio, plazas públicas, comunidades, aunado a esto tenemos que las instituciones encargadas de la salvaguardia de los ciudadanos, están violando los derechos humánanos.

El Senado de la República no puede permanecer ajeno ante esta realidad, por ende comorepresentantes del pueblo mexicano, debemos proteger y salvaguardar la integridad de todo el pueblo mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Esta H. Asamblea exhorta respetosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para que en coordinación con los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván; y de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; diseñen e impartan a los servidores públicos de las dependencias de seguridad nacional un programa exhaustivo y preciso de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos.

SEGUNDO.-Esta H. Asamblea exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván; y de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; a que dentro de los 30 días posteriores a la implementación del programa de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos impartido en sus respectivas dependencias, envíen un informe detallado donde se acredite el cumplimiento y acreditación de dicho programa.

TERCERO.- Que en los operativos de patrullaje, prevención, aprehensión o de contacto directo que realizan las fuerzas armadas, se incluya de manera permanente un visitador, un especialista o un observador en materia de derechos humanos, previamente certificado por las comisiones nacional o estatales respectivas, que desempeñe la función de testigo social o garante de que dichas operaciones se apegan a los protocolos de protección y respeto a los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de Septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la diabetes mellitus.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente. Le solicito se inserte el texto íntegro del presente punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

La epidemia de la diabetes mellitus, al día de hoy, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial, igualmente, dicha epidemia afecta a más de 346 millones de personas en el mundo y se espera alcance los 540 millones en el 2025. La mayoría de estos casos se presentan en países en vías de desarrollo.

Resulta de gran preocupación el aumento de hasta un 30 por ciento en México en las últimas décadas a causa del incremento notable de la obesidad y del sobrepeso en la población, yo ya estoy tomando mis precauciones, las complicaciones que implica esta enfermedad representan elevados costos económicos en su mantenimiento y control por parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Es preciso hacer énfasis en que dicho padecimiento va en aumento de una forma alarmante; está afectando a adultos jóvenes y un rápido crecimiento en niños y adolescentes. Actualmente las personas con diabetes tienen una expectativa de vida reducida, lo cual representa nueve años menos en los hombres y siete años en las mujeres.

De acuerdo con las tendencias, en los próximos 20 años uno de cada tres mexicanos la tendrá debido a la obesidad, lo que representa un pequeño panorama de lo que este padecimiento significa para México.

Sin duda alguna, las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte prematura, discapacidad y erogación de recursos económicos, sobre todo la diabetes. Datos oficiales mencionan que se requiere del 13 por ciento del gasto total en salud para su atención.

Esta enfermedad ocupa el primer lugar en padecimientos, ocasionando alrededor de 80 mil muertes, resulta de gran importancia señalar que el estado de Sonora ocupa los primeros lugares en el padecimiento de diabetes, tan sólo en el 2011 se tuvieron 161 mil 800 detecciones, de las cuales el 14.7 por ciento, poco más de 22 mil personas, resultaron positivas en la diabetes.

Esta enfermedad representa en la entidad la tercera causa de muerte, lo que la ubica entre los diez primeros estados del país con mayor incidencia del padecimiento.

Cabe señalar que debido a esta situación, la Federación le destina la cifra de 11 millones y medio de pesos para el estado al año, de los cuales 20 mil pesos los destina por cada paciente diabético, costo con el que se cubre el tratamiento para su control, el cual es fundamental y necesario para llevar una buena calidad de vida. Lo anterior representa que solo alcance para la atención de casi 600 personas con este padecimiento.

El escenario a nivel nacional indica que para el año 2020 se estiman tasas muy altas de diabetes en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, que son las que presentan la mayor incidencia de esta enfermedad.

Indudablemente, estamos frente a un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves no sólo en el ámbito de la salud, sino también en los planos económicos y sociales. Esta y otras graves enfermedades, como las cardiovasculares, son factibles de prevenir atendiendo al estilo de vida, ejercicio, alimentación y, en general, una vida sana.

Lo anterior es razón de sobra para poner énfasis y destinar mayores recursos que permitan atender de manera frontal y decidida los programas de prevención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto, junto con los Senadores Daniel Avila Ruiz y Marcela Torres Peimbert, a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes mellitus.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS EN EL RUBRO DE LA SALUD, PARTICULARMENTE PARA LA PREVENCION, DETECCION TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes Mellitus, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial, al día de hoy, la diabetes afecta actualmente a más de 346 millones de personas en el mundo y se espera alcance los 540 millones en 2025. La mayoría de estos casos se presentan en países en vías de desarrollo.

Resulta de gran preocupación que la diabetes ha aumentado 30 por ciento en México en las últimas dos décadas a causa del notable incremento de obesidad y sobrepeso en la población, de a cuerdo a datos de la Secretaría de Salud.

Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte de la población, sobre todo por las complicaciones crónicas que se desarrollan en su evolución, lo que implica elevados costos económicos para su mantenimiento y control por parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Este padecimiento que notablemente va en aumento de una forma alarmante; esta afectando a adolescentes y adultos jóvenes y resulta oportuno mencionar que la diabetes tipo 1 se encuentra en rápido crecimiento en niños y adolescentes en muchos países y las pruebas indican que hoy día se están detectando casos de diabetes tipo 2 en niños en un número creciente de países.

En la actualidad las personas con diabetes tienen una expectativa de vida reducida, lo cual, representa 9 años menos en los hombres y 7 años en las mujeres. Además debemos decir que ocurre una mayor mortalidad cardiovascular en los enfermos diabéticos que en la población general; 2.5 veces mayor en hombres y 2.0 en mujeres y la sobrevida de una persona con diabetes mellitus es equivalente a la de una persona que tuvo un infarto agudo del miocardio, pero si se suman el infarto agudo del miocardio y la diabetes, la mortalidad crece al doble.

De acuerdo con las tendencias en los próximos 20 años uno de cada tres mexicanos la tendrá debido a la obesidad, lo que representa un pequeño panorama de lo que es este padecimiento.

Sin duda alguna las enfermedades crónicasno transmisibles son la primera causa de muerte prematura, discapacidad y erogación de recursos económicos, sobre todo la diabetes. Datos oficiales mencionan que se requiere del 13 por ciento del gasto total en salud para su atención.

Esta enfermedad ocupa el primer lugar en padecimientos y cada año ocasiona alrededor de 80 mil muertes; resulta importante señalar que el Estado de Sonora ocupa los primeros lugares en el padecimiento de diabetes, tan solo en 2011 se tuvieron 161 mil 800 detecciones, de las cuales el 14.7 por ciento resultaron positivas en diabetes.

Esta enfermedad, representa en la entidad la tercera causa de muerte lo que la ubica entre los 10 primeros estados del país con mayor incidencia del padecimiento.

Cabe señalar que debido a esta situación la Federación le destina la cifra de 11millones y medio para el estado al año de los cuales 20 mil pesos los destina por cada paciente diabético, costo con el que se cubre el tratamiento para su control, el cual es fundamental y necesario para llevar una buena calidad de vida.

El escenario a nivel nacional indica que para el año 2020 se estiman tasas muy altas de diabetes en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Indudablemente estamos frente a un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves no solo en el ámbito de la salud, sino también en los planos económicos y sociales.

La gravedad de este problema a nivel nacional, es razón de sobra para dar continuidad al combate de esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes Mellitus.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de octubre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo. Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador si puedo adherirme a su punto de Acuerdo. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Francisco Búrquez, ¿acepta la adhesión de los Senadores Mariana, Silvia Garza y López Brito? Pido a la Secretaría tome nota de ello.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementar una partida presupuestal para el gasto del Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños de familias Jornaleras Migrantes.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.

Los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias siempre han representado un sector poblacional con una gran exclusión social.

Dentro de los diferentes programas de acuerdo al Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, muy cerca de 405 mil familias en esta condición, según la Encuesta Nacional de Jornaleros 2009, 96 mil niños desde que nacen y hasta los 14 años migran junto con sus padres o tutores.

En los centros agroindustriales y los campos agrícolas se carece de alimentación, de servicios y hay nulas condiciones de salud, de educación.

El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, se creó con el objeto de poder dar una mayor educación elemental para los niños que tienen la necesidad de salir con sus padres. Este programa tiene una cobertura en 29 estados, dentro de ellos se encuentran Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, y desde luego también Guerrero, el programa cubre sólo un 4.1 por ciento, el CONAFE cubre 3.9 por ciento, esto quiere decir, amigos, compañeros Senadores, que solamente el 92 por ciento de los niños migrantes de 6 a 14 años tienen acceso a la educación y así no promovemos el desarrollo humano, no promovemos la oportunidad de vivir mejor.

Los indicadores educativos son desalentadores para las familias migrantes, para sus hijos, 70 por ciento de menores agrícolas que ingresan a las escuelas se encuentran en situación de desfase entre 5 y 6 años de su escolarización; los centros escolares para niños no cuentan con las condiciones adecuadas, no hay maestros, si de por sí el programa ordinario y de ciclo escolar en muchos estados de la República son en condiciones deplorables, ahora imagínense los niños que van a otros estados que emigran junto con sus familias, pues no tienen una oportunidad de educación.

Creemos importante que debe de existir un calendario escolar que contemple los ciclos migratorios.

Es por eso, compañeros Senadores, que venimos a presentar una proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de presentar en la Cámara de Diputados, se pueda considerar un incremento muy considerable para este Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, que se van a diferentes entidades, de manera temporal, a trabajar junto con sus padres.

Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados de manera respetuosa para que en el análisis, revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, puedan contemplar esta solicitud que es una necesidad real de educación para los hijos de los campesinos agrícolas para que dicho programa pueda contar con más recursos y se puedan tener todas las mejores condiciones para que puedan ir a la escuela.

Tercero.- El Senado de la República de manera muy respetuosa solicita a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Dirección General de Desarrollo de Gestión e Innovación Educativa, se pueda diseñar una propuesta de calendario escolar que sea adaptado específicamente para las condiciones de los niños migrantes y al mismo tiempo un programa de profesores que estén esperando en los campos agrícolas a los niños que emigran con sus papás para seguir trabajando.

Es por eso que hoy venimos a compartirles a esta Soberanía, que no podemos seguir ocultando realidades que lastiman.

Hace algunos días, de acuerdo a los medios de comunicación de fecha sábado 22 de septiembre, nos dice un medio estatal que en los campos agrícolas de Sayula, Jalisco, muere un niño de la región de la montaña de Cochoapa El Grande, el municipio más pobre de este país, por piquete de alacrán y las autoridades no brindaron el apoyo que correspondía.

Creo, compañeras Senadoras y Senadores, de que debemos de ponerle mayor compromiso social a miles de familias migrantes que se van a trabajar.

Quiero aprovechar, y con esto concluyo. Yo tuve dos hermanos gemelos, uno de ellos a los 2 años murió y fue sepultado en los campos agrícolas de Zumpango, Morelos, cuando mis padres vinieron a trabajar; el otro hace 10 años, mi hermano fue abandonado en el desierto de Estados Unidos.

Este es el México lindo y querido que ya no queremos tener, donde haya una desintegración de las familias que cada día buscan una oportunidad de cómo tener un ingreso, porque no lo tenemos en nuestra propia tierra.

Muchas gracias. Buenas tardes.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INCREMENTAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL GASTO DEL PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES

“El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incremente una partida presupuestal para el gasto del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias conforman un sector de la población nacional que padece en alto grado la exclusión social.

De acuerdo a datos del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, en México existen 405,712 familias en permanente movimiento. Según la Encuesta Nacional de Jornaleros 2009, alrededor de 96,440 niños entre los 0 y 14 años migran con sus padres o tutores.

En los grandes centros agroindustriales, los menores están expuestos a la falta de una alimentación balanceada, a la carencia de servicios médicos y a las pocas, por no decir nulas, oportunidades educativas y de salud.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la asistencia de los niños agrícolas a la escuela es menos del 10% de la población total. El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes a cargo de la SEP, se creó con el objetivo de cubrir la atención educativa elemental de la población de jornaleros agrícolas migrantes. El programa tiene cobertura en 29 entidades federativas del país, entre las que destacan Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y sobre todo Guerrero. Dicho Programa solo cubre al 4.1% de los niños jornaleros, mientras que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) cubre un 3.9%, esto quiere decir que el 92 por ciento de las y los niños en condición de jornaleros agrícolas menores de 6 a 14 años de edad que trabajan en el campo no tienen acceso a la educación.

Los centros escolares de atención a niños jornaleros agrícolas, se enfrentan a una problemática en la que destaca la insuficiencia de recursos financieros, el estado en el que se encuentran las aulas, la escasez de docentes preparados para el reto de impartir enseñanza a poblaciones móviles, la diversidad étnica y lingüística de los alumnos.

Con el fin de evitar la deserción a causa de índices reprobatorios y la interrupción del curso, resulta de principal importancia emprender una serie de acciones que fortalezcan al programa, como presentar una propuesta académica adecuada para esta situación y la creación de un calendario escolar que responda a los ciclos migratorios para que los niños no pierdan el año escolar cada vez que cambian de residencia.

También es necesario fortalecer el programa compensatorio, debido a que es un importante factor para la permanencia de los alumnos en la escuela dado que éstos deben contribuir al ingreso familiar desde temprana edad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente una partida presupuestal en términos reales a lo aprobado el año pasado para el gasto del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes a fin de asegurar una mayor inversión en construcción y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de materiales didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de docentes.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congresode la Unión, a que en el proceso de discusión y aprobación del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, se etiqueten recursos destinados para el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios; modifique las normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen, así como, la creación deun Programa para Profesores Migrantes que den seguimiento y atención a las y los niños migrantes.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sofío Ramírez Hernández. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables los resolutivos primero y tercero, y a la Cámara de Diputados el segundo.

Senador Sofío Ramírez, acepta la incorporación de los Senadores Eviel Pérez y Ascención Orihuela. Pido a la Secretaría tome nota de quienes solicitan adherirse a dicho punto de Acuerdo. Gracias.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, quien presentará un punto de Acuerdo que solicita la creación de una comisión para integrar un diagnóstico del problema de seguridad de pensionados y jubilados de los estados.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente.

Quisiera llamar la atención de las señoras y los señores Senadores, y someto a su consideración este punto de Acuerdo de urgente resolución mediante esta exposición de motivos a la que se suman mis compañeras, Senadoras Adriana Dávila y Lorena Cuéllar Cisneros.

Los problemas financieros que padecen los gobiernos de los estados de la República tienen diferentes causas pero un mismo efecto, uno de los grandes problemas que llevan a la quiebra económica son las pensiones excesivas que tienen y deben de pagar a jubilados y pensionados. Una idea de la dimensión del problema es el hecho de que los distintos sistemas de pensiones en México representan un peso fiscal del 104 por ciento del Producto Interno Bruto.

Actualmente, el pago de pensiones del gobierno federal constituye el 20 por ciento del gasto corriente, por ello no hay dinero que alcance para pagar las pensiones, en cada estado lo saben los líderes sindicales, los funcionarios de gobierno y los expertos, pero nadie quiere asumir el costo social y político de mencionar la palabra “quiebra”.

Cada vez hay más trabajadores públicos adultos que jóvenes. Cada año el gobierno federal toma una cifra creciente de impuestos federales superior a 400 mil millones de pesos, para cubrir obligaciones de al menos 105 fondos de pensiones que se encuentran descapitalizados.

El Estado no puede seguir destinando una creciente cifra de recursos fiscales para el pago de las pensiones, cuya suma es de 17 billones de pesos en el 2012.

El punto es concreto: el déficit de pensionarios son responsabilidad de los gobiernos, sindicatos, trabajadores y beneficiarios. En la inmensa mayoría de los sistemas pensionarios públicos del país esperan que el gobierno emprenda su rescate; de no tomarse con prontitud el problema de los pasivos de pensiones aumentamos el riesgo de inestabilidad económica, por lo que se debe rediseñar el sistema financiero institucional.

El estado de Jalisco, a través de sus reformas legales, es una de las entidades con viabilidad financiera de largo plazo, gracias a sus reformas de pensiones en 2009 sus números de reservas contabilizaron 7 mil 927 millones de pesos tan sólo en el 2011, por lo que es un claro ejemplo a seguir y nos da la clave para enfrentar el problema de pensiones que sí se puede resolver, y cae finalmente en la cuenta de una reforma a la Ley de Pensiones actualizada a las nuevas circunstancias; sin lesionar lo ganado hasta ahora por los pensionados y jubilados, es un caso esencialmente exitoso.

Otro ejemplo, pero adverso, es el estado de Tlaxcala, que al igual que otros estados de la República requieren una resolución. Pensiones Civiles atraviesa por una crisis que prevalece en el sector social, donde no se han podido concretar acuerdos. Una parte considera eliminar el pago de más de 15 conceptos que considera están fuera de la ley; sin embargo, son producto de acuerdos del consejo directivo, desde hace más de 20 años.

El consejo directivo es el órgano máximo de la institución integrado por cinco consejeros del gobierno y cinco consejeros de los sindicatos, el gobernador en turno es el titular de este órgano directivo.

En diferentes momentos de gobiernos anteriores, este cuerpo colegiado aceptó y aprobó que: todos los incrementos salariales y demás prestaciones sociales que se otorguen a los trabajadores activos, también los recibirán los pensionados.

Otro punto de inconformidad de los sindicatos consiste en que este órgano directivo ha aplicado determinaciones inaceptables para los pensionados, como el pago incompleto del bono de productividad de fin de año de 2011, del pago incompleto a los que percibían más de 20 mil pesos mensuales, la cancelación de resolutivos de nuevos pensionados que tenían conceptos indebidos como el doble bono, es decir, que obtienen más percepciones los pensionados que los trabajadores activos; por lo que aumentó la inconformidad, molestia y desconfianza de los beneficiarios que sí exhiben sus cuotas y cumplen con sus años de servicio.

A ello habría que sumar la existencia de una Ley de Pensiones Civiles obsoleta, que data del año de 1984, el incremento del número de beneficiarios, en medio de opacidad y corrupción, que existió en la mayoría de las administraciones de Pensiones Civiles, el abuso en los beneficios de seguridad social, activos y gobierno del estado; las aportaciones insuficientes de 1,632 pensionados sólo aportan el 3% de sus percepciones que equivalen a 400 mil pesos, mientras que su nómina asciende a más de 10 millones de pesos. Los 9 mil trabajadores activos aportan el 6% mensual y el gobierno aporta el 9% de todos ellos.

Sumados estos porcentajes no alcanzan para cubrir nóminas y pago de medicamentos, con un déficit de 4 millones de pesos al mes que: sumados este año al pago de aguinaldo, prima vacacional y otros conceptos, habrá un déficit final de más de 130 millones de pesos anuales.

Por eso solicito el apoyo a esta Honorable Asamblea con el propósito de que cuidemos la viabilidad y certeza para los trabajadores y los gobiernos de los estados, y en este caso Tlaxcala no tenga que utilizar recursos de otros rubros para este sector, ya que de todas maneras no se resuelve este problema.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La creación de una Comisión Especial para integrar un diagnóstico de este problema de Seguridad de Pensionados y Jubilados de los estados y hacer las propuestas que coadyuven a dar solución a este sector y los presupuestos estatales.

Segundo.- Exhortar al titular del gobierno del estado de Tlaxcala a efecto de que presente a la brevedad la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y el congreso local proceda a su discusión y en su caso aprobación.

Es cuanto. Muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la propuesta de la Senadora Martha Palafox.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se turna a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo, y a la Comisión de Seguridad Social el segundo.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Senado de proteger y garantizar los derechos humanos de los periodistas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Antes de dar paso al punto de Acuerdo quisiera, a nombre de la fracción parlamentaria del PT, es con la autorización de mi coordinador que digo ésto, manifestar toda nuestra solidaridad con los compañeros que se están manifestando en la parte exterior de este recinto legislativo.

Es muy importante escucharlos, es muy importante detectar en ellos la impotencia, la rabia que abrigan por la posibilidad de que esta iniciativa de Reforma Laboral sea aprobada en este recinto. Ojalá que tengamos oídos para escucharlos, ojos para verlos y sensibilidad para atenderlos.

Dicho lo anterior, someto a la consideración…

- El C. Presidente Aispuro Torres: SenadorBlásquez Salinas, nada más le pido que cuando se solicite el uso de la palabra nos ajustemos al tema, si no nos vamos a ver obligados a que se respete íntegramente el Reglamento, y lo digo para todas las señoras y señores Senadores. Vamos a respetar primero nuestras normas que rigen la vida de este Congreso si queremos que los ciudadanos también tengan confianza en esta institución.

Adelante, Senador.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Manifesté la palabra de sensibilidad, señor Presidente.

Someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Senado de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los periodistas, con las siguientes bases:

Periodista de oficio que soy, con 29 años de ejercicio, conozco perfectamente la materia.

Del año 2000 al 2012 se han presentado 96 decesos de compañeros periodistas.

De 2003 a 2012, hay 16 desaparecidos.

Este Senado está sujeto, de manera obligada en materia de protección de derechos humanos, a apuntalar los derechos que estos profesionistas y estas empresas tienen.

El Senado también tiene la obligación de colaborar en materia de política exterior, en materia de derechos humanos.

México ocupa el lugar 149 de 179 donde, 1 es el mejor y 179 es el peor en materia de seguridad a los compañeros periodistas.

Los ataques a los medios de difusión no solamente han dejado hogares sin jefe, no solamente han dejado huérfanos y viudas, sino que también han alcanzado importantes empresas de comunicación.

Estos ataques han provocado la autocensura y han alterado de muchas formas los contenidos tanto de periódicos como de empresas de televisión y de radio.

Es necesaria una comisión especial a través de la cual el Senado inicie, desarrolle y mantenga una interlocución con los medios de difusión, con los periodistas y con las relatorías nacionales e internacionales.

Es necesario promover la creación de una fiscalía especial que atienda precisamente los delitos contra periodistas.

También está pendiente la aprobación por parte de los congresos locales sobre la reforma del artículo 73 constitucional en su fracción XXI.

Y en materia de protección a los periodistas, es importante que se observen los principios de la reforma constitucional y derechos humanos y que se traducen en: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El Senado tiene que contar con una comisión que se dedique a verificar, en primer lugar, si con las leyes en vigor están reconocidos todos los derechos que los periodistas requieren para realizar su labor.

Es muy importante establecer que la defensa de los periodistas se limita simple y sencillamente a una pluma. Y los compañeros periodistas se enfrentan a las peores bandas del crimen.

Los compañeros periodistas han tenido inclusive que llegar a la autocensura por la amenaza que de sus personas y de sus empresas son objeto.

Por ello quisiera ante el Pleno de este Senado someter a su consideración la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. Que se cree la comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Senado de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los periodistas en el ámbito de su competencia.

Segundo.- El objetivo de esta comisión será el que se deriva de su denominación.

Tercero.- Esta comisión especial atenderá las propuestas que en materia de protección a periodistas y garantía de la libertad de expresión presenten los propios periodistas y sus organizaciones, defensores de derechos humanos, expertos y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Cuarto. La comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Quinto. Esta comisión estará vigente hasta el término de esta legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.

No más periodistas asesinados.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL SENADO DE PROTEGER, RESPETAR, PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PERIODISTAS

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el Cumplimiento de las Obligaciones a Cargo del Senado de Proteger, Respetar, Promover y Garantizar los Derechos Humanos de los Periodistas, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Periodistas asesinados (2000-2012)

Nombre

Fecha del asesinato

Medio

Entidad federativa

1

José Barbosa Bejarano

9 de marzo de 2000

Revista Alarma

Chihuahua

2

Luis Roberto Cruz Martínez

1 de febrero de 2000

Revista Multicosas

Tamaulipas

3

Pablo Pineda Gaucin

9 de abril de 2000

Periódico La Opinión

Tamaulipas

4

José Ramírez Puente

28 de abril de 2000

Noticiario Juárez Hoy

Chihuahua

5

Hugo Sánchez Eustaquio

19 de julio de 2000

Diario La Verdad

Estado de México

6

Humberto Méndez Rendón

9 de febrero de 2001

Televisión. Canal 9 de Durango

Durango

7

José Luis Ortega Mata

19 de febrero de 2001

Diario de Ojinaga (Director)

Chihuahua

8

Saúl Antonio Martínez

24 de marzo de 2001

Diario El Imparcial

Tamaulipas

9

Félix Alonso Fernández

17 de enero de 2002

Semanario Nueva Opción (director)

Tamaulipas

10

José Miranda Virgen

16 de octubre de 2002

Periódico El Sur de Veracruz

Veracruz

11

Rafael Villafuerte Aguilar

13 de diciembre de 2003

Semanario La Razón (director)

Guerrero

12

Roberto Mora García

19 de marzo de 2004

Periódico El Mañana

Tamaulipas

13

Leodegario Aguilera Lucas

23 de mayo de 2004

Revista Mundo Político (director)

Guerrero

14

Francisco Javier Ortiz Franco

22 de junio de 2004

Semanario Zeta (editor)

Baja California

15

Francisco Arratia Saldierna

31 de agosto de 2004

Periódico El Imparcial

Tamaulipas

16

Gregorio Rodríguez Hernández

28 de noviembre de 2004

Diario El Debate

Sinaloa

17

Raúl Gibb Guerrero

8 de abril de 2005

Diario La Opinión (director)

Veracruz

18

Guadalupe García Escamilla

16 de abril de 2005

Estéreo 91 XHNOE Rojo

Tamaulipas

19

José Reyes Brambila

17 de septiembre de 2005

Periódico Vallarta Milenio

Jalisco

20

Hugo Barragán Ortiz

10 de octubre de 2005

Radio Max XEJF

Veracruz

21

Julio César Pérez

24 de octubre de 2005

Revista Siglo de México

Tamaulipas

22

José Valdez

6 de enero de 2006

Periodista radiofónico

Coahuila

23

Jaime Arturo Olvera

10 de marzo de 2006

Periodista independiente

Michoacán

24

Rosendo Pardo Ozuna

29 de marzo de 2006

Periodico La Voz del sureste

Chiapas

25

Enrique Perea Quintanilla

9 de agosto de 2006

Revista Dos Caras, Una Verdad (director)

Chihuahua

26

Bradley Roland Will

27 de octubre de 2006

Indymedia

Oaxaca

27

Ramiro Téllez Contreras

30 de octubre de 2006

Noticiario Impacto en la noticia EXA FM

Tamaulipas

28

Misael Tamayo Hernández

10 de noviembre de 2006

Diario Despertar de la Costa (director)

Guerrero

29

José Manuel Nava Sánchez

17 de noviembre de 2006

Diario Excélsior (exdirector)

Distrito Federal

30

Roberto Marco García

21 de noviembre de 2006

Revista Testimonio de Veracruz

Veracruz

31

Adolfo Sánchez Guzmán

30 de noviembre de 2006

Televisa Veracruz y Enlace Veracruz

Veracruz

32

Raúl Marcial Pérez

8 de diciembre de 2006

Diario El Gráfico (columnista)

Oaxaca

33

Gerardo Guevara Domínguez

11 de enero de 2007

Semanario Siglo XXI

Chihuahua

34

Amado Ramírez Dillanes

6 de abril de 2007

Corresponsal de Televisa

Guerrero

35

Saúl Noé Martínez Ortega

16 de abril de 2007

Interdiario

Sonora

36

Mateo Cortés Martínez

8 de octubre de 2007

El Imparcial de Oaxaca (voceador)

Oaxaca

37

Flor Vázquez López

8 de octubre de 2007

El Imparcial de Oaxaca (voceador)

Oaxaca

38

Agustín López Nolasco

8 de octubre de 2007

El Imparcial de Oaxaca (voceador)

Oaxaca

39

Gastón Alonso Acosta Toscano

3 de diciembre de 2007

Semanario Noticias de la Frontera

Sonora

40

Gerardo Israel García Pimentel

8 de diciembre de 2007

Diario La Opinión de Michoacán

Michoacán

41

Claudia Rodríguez Llera

7 de enero de 2008

Radio Mix (Grupo Acir)

Distrito Federal

42

Francisco Ortiz Monroy

5 de febrero de 2008

Diario de México (corresponsal)

Tamaulipas

43

Alfonso Cruz Cruz

7 de febrero de 2008

El Real de Chimalhuacán

Estado de México

44

Bonifacio Cruz Santiago

7 de febrero de 2008

El Real Chimalhuacán

Estado de México

45

José Luis Villanueva Berrones

27 de febrero de 2008

Diario El Gráfico

Tamaulipas

46

Teresa Bautista Merino

7 de abril de 2008

Radio La voz que rompe el silencio

Oaxaca

47

Felícitas Martínez Sánchez

7 de abril de 2008

Radio La voz que rompe el silencio

Oaxaca

48

Candelario Pérez Rodríguez

23 de junio de 2008

Revista Sucesos

Chihuahua

49

Alejandro Fonseca Estrada

24 de septiembre de 2008

EXA FM El padrino Fonseca

Tabasco

50

Miguel Ángel Villagómez Valle

9 de octubre de 2008

Diario La Noticia de Michoacán

Michoacán

51

David García Monroy

9 de octubre de 2008

El Diario de Chihuahua

Chihuahua

52

Francisco Javier Salas

10 de octubre de 2008

El Mexicano de Tijuana (voceador)

Baja California

53

José Armando Rodríguez Carreón

13 de noviembre de 2008

El Diario de Juárez

Chihuahua

54

Raúl Martínez López

14 de diciembre de 2008

Periódico Noreste

Veracruz

55

Jean Paul Ibarra Ramírez

13 de febrero de 2009

Periódico El Correo

Guerrero

56

Luis Daniel Méndez Hernández

24 de febrero de 2009

Radio La Poderosa

Veracruz

57

Juan Carlos Hernández Martínez

27 de febrero de 2009

Semanario El Quijote

Guerrero

58

Carlos Ortega Melosamper

3 de mayo de 2009

Periódico El Tiempo de Durango

Durango

59

Eliseo Barrón Hernández

25 de mayo de 2009

La Opinión-Milenio

Coahuila

60

Martín Javier Miranda Avilés

12 de julio de 2009

Diario Panorama

Michoacán

61

Ernesto Montañez Valdivia

14 de julio de 2009

Enfoque de El Sol de Chihuahua

Chihuahua

62

Juan Daniel Martínez Gil

28 de julio de 2009

W Radio

Guerrero

63

Norberto Miranda Madrid

23 de septiembre de 2009

Radio Visión Digital

Michoacán

64

Fabián Ramírez López

11 de octubre de 2009

Radio La Magia 97.1

Sinaloa

65

Bladimir Antuna García

2 de noviembre de 2009

Periódico El Tiempo de Durango

Durango

66

José Emilio Galindo Robles

24 de noviembre de 2009

Radio U de G

Jalisco

67

Alberto Velázquez López

22 de diciembre de 2009

Periódico Expresiones de Tulum

Quintana Roo

68

José Luis Romero

16 de enero de 2010

Radio Línea Directa

Sinaloa

69

Valentín Valdés Espinosa

7 de enero de 2010

Periódico Zócalo de Saltillo

Coahuila

70

Jorge Ochoa Martínez

29 de enero de 2010

Periódico El Oportuno / Despertar de la Costa

Guerrero

71

Jorge Rábago Valdés

2 de marzo de 2010

Radio Rey y Reporteros en la Red

Tamaulipas

72

Evaristo Pacheco Solís

12 de marzo de 2010

Semanario Visión Nocturna

Guerrero

73

Enrique Villicaña Palomares

9 de abril de 2010

Diario La Voz de Michoacán

Michoacán

74

Miguel Ángel Bueno Méndez

23 de junio de 2010

Diario Nuestro Distrito

Estado de México

75

Juan Francisco Rodríguez Ríos

28 de junio de 2010

Periódico El Sol de Acapulco / Diario Objetivo de Chilpancingo

Guerrero

76

María Elva Hernández Galeana

28 de junio de 2010

Periodista independiente

Guerrero

77

Hugo Alfredo Olivera Cartas

6 de julio de 2010

Periódico El Día de Michoacán

Michoacán

78

Marco Aurelio Martínez Tijerina

10 de julio de 2010

Radio XEDD La Tremenda

Nuevo León

79

Guillermo Alcaráz Trejo

10 de julio de 2010

Productor de TV para CEDH Chihuahua y otros medios

Chihuahua

80

Luis Carlos Santiago Orozco

16 de septiembre de 2010

El Diario de Juárez

Chihuahua

81

Carlos Alberto Guajardo Romero

5 de noviembre de 2010

Periódico Expreso de Matamoros

Tamaulipas

82

Luis Emanuel Ruíz Carrillo

25 de marzo de 2011

Periódico La Prensa

Nuevo León

83

Noel López Olguín

31 de Mayo de 2011

Periódico Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad

Veracruz

84

Pablo Ruelas Barraza

13 de junio de 2011

Diario El Yaqui y El regional de Sonora

Sonora

85

Miguel Ángel López Velasco

20 de junio de 2011

Diario Notiver

Veracruz

86

Misael López Solana

20 de junio de 2011

Diario Notiver (fotógrafo)

Veracruz

87

Ángel Castillo Corona

4 de julio de 2011

Diario Puntual y el Diario de México

Estado de México

88

Yolanda Ordaz de la Cruz

26 de julio de 2011

Diario Notiver

Veracruz

89

Humberto Millán Salazar

25 de agosto de 2011

Diario A Discusión /Grupo Radio Fórmula

Sinaloa

90

Ana María Marcela Yarce Viveros

1 de septiembre de 2011

Revista Contralínea

Distrito Federal

91

Rocío González Trápaga

1 de septiembre de 2011

Periodista independiente

Distrito Federal

92

María Elízabeth Macías Castro

24 de septiembre de 2011

Diario Primera Hora

Tamaulipas

93

Raúl Régulo Garza Quirino

6 de enero de 2012

Semanario La última palabra

Nuevo León

94

Regina Martínez Pérez

28 de abril de 2012

Revista Proceso

Veracruz

95

Gabriel Huge

3 de mayo de 2012

Notiver

Veracruz

96

Guillermo Luna

3 de mayo de 2012

Notiver

Veracruz

Fuentes: Elaboración de Contralínea con datos propios y del Centro de Periodismo y Ética Pública, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas, International Press Institute, www.libertaddeexpresion.org, Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la H. Cámara de Diputados.

Periodistas desaparecidos

Periodista

Fecha de desaparición

Medio

Entidad federativa

1

Jesús Mejía Lechuga

10 de julio de 2003

A primera hora Grupo MS-Noticias

Veracruz

2

José Alfredo Jiménez Mota

2 de abril de 2005

El Imparcial

Sonora

3

Rafael Ortiz Martínez

8 de julio de 2006

El Zócalo

Coahuila

4

José Antonio García Apac

20 de noviembre de 2006

Ecos de la cuenca (director)

Michoacán

5

Rodolfo Rincón Taracena

20 de enero de 2007

Tabasco Hoy

Tabasco

6

Gerardo Paredes

10 de mayo de 2007

Tv Azteca Noreste

Nuevo León

7

Gamaliel López Candonosa

10 de mayo de 2007

Tv Azteca Noreste

Michoacán

8

Juan Pablo Solís

7 de diciembre de 2007

Empresario de radio y televisión

Michoacán

9

Mauricio Estrada Zamora

12 de febrero de 2008

La Opinión de Apatzingán

Michoacán

10

María Esther Aguilar Cansimbe

11 de noviembre de 2009

El Diario de Zamora; Cambio de Michoacán

Michoacán

11

Pedro Argüello

Marzo de 2010

Diario El Mañana y La Tarde

Tamaulipas

12

Miguel Ángel Domínguez Zamora

1 marzo de 2010

Diario El Mañana

Tamaulipas

13

Ramón Ángeles Zalpa

6 de abril de 2010

Cambio de Michoacán

Michoacán

14

Evaristo Ortega Zárate

20 de abril de 2010

Semanario Espacio de Colipa

Veracruz

15

Marco Antonio López Ortiz

7 de junio de 2011

Diario Novedades Acapulco (Jefe de información)

Guerrero

16

Manuel Gabriel Fonseca Hernández

19 de septiembre de 2011

Diario El Mañanero de Acayucan

Veracruz

Fuentes: Elaboración de Contralínea con datos propios y del Centro de Periodismo y Ética Pública, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas, International Press Institute, www.libertaddeexpresion.org, Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la H. Cámara de Diputados.

De la Urgente Resolución.

La violencia se ha incrementado en el país en las últimas semanas. En la cresta de dicha nueva oleada de ejecuciones, secuestros y desapariciones siguen cayendo como víctimas estratégicas los periodistas. Por ello, los senadores deben ponderar con la mayor prudencia y sentido de oportunidad esta Proposición. Con la convicción firme de que la lista anterior de periodistas asesinados y desaparecidos no crezca, el pleno del Senado de la república está llamado a conceder el carácter de urgente resolución para esta propuesta.

De las Nuevas Obligaciones del Senado.

El 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de derechos humanos. Con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se elevó al máximo rango normativo el nuevo criterio sobre los deberes de las autoridades con respecto al cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos. Ya no se trata únicamente de obligaciones negativas. Se supera la antigua concepción de no invadir la esfera de derechos del individuo bajo el rótulo de las llamadas garantías individuales. Ahora, el Artículo 1º de la Ley Fundamental establece lo siguiente:

Artículo 1º…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…

El Senado no escapa a la obligación anterior. Queda como sujeto obligado en el ámbito de su competencia. No sólo en el proceso de elaboración de leyes para alcanzar en el ámbito normativo el respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos en general y de los periodistas y la libertad de expresión y el derecho a la información en particular. También como instancia de colaboración de la política exterior. El Estado mexicano ha adquirido diversas obligaciones en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En particular hacia los grupos vulnerables, y los periodistas han incrementado dicha condición en razón de la labor que llevan a cabo. El principal tratado internacional en esta materia establece expresamente obligaciones a cargo de nuestro país.

En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo siguiente:

Artículo 40

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos.

Es importante asimismo tener en cuenta también a las declaraciones internacionales. Estrecha relación con lo que está aconteciendo a los periodistas tienen las siguientes:

a) La Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas de los delitos de poder (1985), y

b) La Declaración sobre la contribución de los medios de comunicación a los Derechos Humanos (1978)

De la situación de los derechos a la vida y la libertad de los periodistas y de la libertad de expresión en México.

La organización denominada Reporteros Sin Fronteras clasifica a México dentro de la categoría de país en situación difícil por lo que hace a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo. En el reporte que dicha organización elaboró en el año 2011, México quedó en la posición 149 de 179 países objeto de examen.

La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la H. Cámara de Diputados, cuenta con los siguientes datos de agravios contra periodistas:

De 1983 a 1999 se registraron 33 periodistas asesinados.

• En el año 2000, hubo 3 periodistas asesinados y 1 secuestrado.

• En el año 2001, se registraron 4 asesinados.

• En el año 2002: 2 asesinados.

• En el año 2003, hubo 1 asesinado.

• En el año 2004: 7 asesinados.

• En el 2005: 4 asesinados y 1 secuestrado.

• En el año 2006: 12 asesinados, 1 desaparecido y 1secuestrado.

• En el año 2007: 10 asesinados, 1 desaparecido y 2 secuestrados.

• En el año 2008: 9 asesinados y 2 desaparecidos.

• En el año 2009: 12 asesinados.

En 2010, fueron asesinados 11 periodistas (y 1 más murió lamentablemente mientras cubría una nota), 3 en Guerrero, 2 en Michoacán, 1 en Coahuila, 1 en Sinaloa, 1 en el Estado de México, 1 en Nuevo León y 2 en Chihuahua.

Hubo 3 periodistas desaparecidos (1 en Tamaulipas y 2 en Michoacán); 5 periodistas fueron amenazados (1 en Baja California, 1 en Chiapas, 1 en Tabasco, 1 en Coahuila y 1 en Durango), hubo 5 periodistas secuestrados (1 en Veracruz y 4 en Durango que posteriormente fueron liberados), 11 periodistas sufrieron agresiones físicas (4 en Oaxaca, 2 en el Distrito Federal, 4 en Yucatán y 1 en Chihuahua), hay 2 periodistas que fueron denunciados penalmente por presunta difamación y uno intimidado (Yucatán), 7 instalaciones de medios de comunicación fueron atacadas (3 en Coahuila, 1 en Tamaulipas, 1 en Nuevo León y 1 en Sinaloa y 1 en Guerrero) y 2 medios de comunicación fueron amenazados (Zacatecas).

En 2011, hubo 9 periodistas asesinados (3 en Veracruz, 1 en Sonora, 1 en el Estado de México, 1 en Sinaloa, 2 en el Distrito Federal y 1 en Tamaulipas), 3 desaparecidos (1 en Guerrero y 2 en Veracruz) y 2 trabajadores desaparecidos (Zacatecas), fueron agredidos 19 periodistas (4 en Oaxaca, 2 en Hidalgo, 2 en Morelos, 2 en el Distrito Federal, 1 en Sonora, 2 en Durango, 1 en Chiapas, 3 en Veracruz y 2 en Chihuahua ); 5 periodistas han sido intimidados (3 en Oaxaca y 2 en Quintana Roo), 2 periodistas fueron secuestrados en Veracruz y posteriormente fueron liberados y atacaron 7 instalaciones de Medios de Comunicación (2 veces las del Diario El Norte de Nuevo León, 1 las instalaciones de Multimedios Torreón, 1 al Diario Avance de Tabasco y 1 al Periódico Vanguardia de Saltillo, incendiaron el Periódico El Buen Tono en Veracruz y 1 atacaron al Siglo de Torreón), se ha registrado 1 intento de boicotear la distribución de ejemplares del periódico Novedades de Quintana Roo y fue desalojo de sus instalaciones el Heraldo de Puebla.

En 2012hay 10 periodistas asesinados (2 en Chihuahua, 1 en Nuevo León, 4 en Veracruz, 1 en Morelos, 1 en Sonora y 1 en el Distrito Federal), 2 periodistas desaparecidos (1 en San Luis Potosí y 1 en Tamaulipas), 27 periodistas agredidos (11 en Oaxaca, 4 en Chihuahua, 5 en Coahuila, 1 en Sinaloa, 1 en Baja California, 1 en Morelos, 1 en Tlaxcala, 2 en el Estado de México y 1 en Sonora) y 11 medios de comunicación agredidos (2 en Veracruz, 5 en Tamaulipas, 1 en Jalisco, 1 en Oaxaca y 2 en Nuevo León).

De acuerdo a informaciones de la revista Contralínea, de diciembre de 2006 que comenzaron los operativos conjuntos contra la delincuencia a la fecha el número de asesinatos contra trabajadores del medio ha crecido 246 por ciento comparado con el sexenio anterior. Las desapariciones han presentado un 303 por ciento más de incidencia.

Del riesgo a nuestra democracia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera, por conducto de Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos que los ataques a la labor periodística hieren inherentemente de gravedad la democracia del país. En efecto, los homicidios de periodistas y los ataques a las casas editoras o empresas de medios masivos de comunicación inducen a la auto-censura a los profesionales de la información que temen por su vida. La impunidad de los delitos contra periodistas trae consigo, de este modo, la impunidad de los delitos contra todos, pues la contra-cultura del silencio que se pretende imponer a los medios impide a la ciudadanía gozar de su legítimo derecho primero a la información y luego de libre expresión. Daniela Hernández, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), asegura que la aparente mejoría que podría notarse en algunas estadísticas, obedece a una reacción de temor: “A más agresiones violentas, menos denuncias públicas”.

En este orden de ideas, la protección a los periodistas va más allá de la mera asistencia o tutela para un grupo de trabajadores. La violencia con su cauda de desapariciones, desplazados y viudas y huérfanos ha pasado de un problema de seguridad pública a una amenaza a la seguridad nacional. En estas coordenadas se inscriben los ataques a los periodistas. En realidad se trata del exterminio del derecho a la información y de la libertad de expresión. La eliminación de periodistas entraña la degradación de nuestras libertades políticas y al significar una amenaza a las instituciones de la república se traduce en que la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de los periodistas pasa por la consolidación de nuestra democracia, por cierto en etapa de transición.

Del sub-ejercicio de las atribuciones propias del Senado.

Diversas organizaciones de periodistas y de defensores de los derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),la Fundación para la Libertad de la Expresión (Fundalex), la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), el Club Primera Plana, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo XIX, entre otras han externado reiteradamente su preocupación por la ausencia de políticas públicas integrales para salvaguardar los derechos de los periodistas y evitar de tajo que siguen muriendo víctimas de ataques con motivo inequívoco de su labor informativa.

La mayoría de dichas organizaciones cuentan con programas de protección a periodistas. También están atentas al cumplimiento que México debe dar a las obligaciones internacionales antes mencionadas. A la fecha, no existe una instancia especializada de interlocución de los periodistas y las organizaciones que defienden sus derechos con el espacio en que se debe valorar y decidir sobre dichas obligaciones que no es otro que el Senado de la república. Cabe señalar que en 2010 se recibió en nuestro país la visita de los relatores especiales para la libertad de expresión provenientes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Es necesaria una Comisión Especial a través de la cual el Senado inicie, desarrolle y mantenga una interlocución con dichas relatorías a efecto de traer a México las mejores experiencias en el mundo para proteger a los periodistas y a la libertad de expresión.

La persistencia en las ejecuciones de periodistas y ataques a las empresas de medios de comunicación social hace evidente que las medidas legislativas y las acciones gubernamentales tomadas y realizadas hasta ahora han sido insuficientes para detener la masacre e impedir la extinción de la libertad de expresión. Por ello, es necesario fortalecer acciones como la creación de la Fiscalía Especial para delitos cometidos contra Periodistas; la aprobación pendiente por los Congresos de los Estados de la reforma al Artículo 73 constitucional en su fracción XXI a efecto de que la Federación conozca de los delitos del fuero común cuando tengan conexidad con delitos federales y así proteger a los periodistas y la aplicación efectiva de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor el 16 de junio del año en curso. Se deben explorar caminos nuevos para que en tratándose de protección a periodistas y salvaguarda de la libertad de expresión se observen los principios derivados de la reforma constitucional de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, que el Estado cumpla a cabalidad con su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que padecen los periodistas como uno de los principales actores de la libertad de expresión.

El Senado debe contar con una Comisión Especial que se dedique a verificar en primer lugar si con las leyes en vigor están reconocidos todos los derechos que los periodistas requieren para realizar su labor en un contexto de violencia, en las cuales cristalice el deber del Legislativo de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Además, poner en contraste la facultad de analizar la política exterior mexicana así como su facultad de aprobar los tratados y convenciones internacionales con la situación de vulnerabilidad que sufren los periodistas en función del debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en materia internacional. En síntesis, por la gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión y las personas que se dedican al periodismo en el país resulta urgente que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección y procuración de justicia para lo cual es imprescindible que el Senado cuente con una Comisión Especial que verifique que dicha política cumpla con los compromisos internacionales de México en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el Cumplimiento de las Obligaciones a Cargo del Senado de Proteger, Respetar, Promover y Garantizar los Derechos Humanos de los Periodistas en el ámbito de su competencia.

Segundo. El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.

Tercero. Esta Comisión Especial atenderá las propuestas que en materia de protección a periodistas y garantía de la libertad de expresión presenten los propios periodistas y sus organizaciones, defensores de derechos humanos, expertos y autoridades de los tres órdenes de gobierno con referencia al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado mexicano sobre su obligación de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de los periodistas.

Cuarto. La comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Quinto. Esta Comisión estará vigente hasta el término de esta legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.

Sede de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2012.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Sonido al escaño del Senador Zoé Robledo. ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para consultarle al Senador Blásquez Salinas si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Blásquez Salinas, ¿acepta la incorporación al punto de Acuerdo? Pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley de Protección a Migrantes de dicho estado.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Soberanía.

Señor Presidente, el texto íntegro de esta proposición con punto de Acuerdo debidamente motivado y fundado, se encuentra ya formalmente entregado a la Secretaría. Por lo que me permito expresar lo siguiente:

Para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos, la protección a quienes cruzan el país rumbo a Estados Unidos y la aplicación de acciones para que el paso de migrantes por Tlaxcala tenga impacto en seguridad pública, salud y demás aspectos sociales, el estado aprobó la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el 4 de enero de 2011.

La citada ley contempla en su segundo transitorio que el ejecutivo del estado debería emitir su Reglamento dentro de los 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, el ejecutivo estatal no ha publicado ningún Reglamento y ha aplicado solo partes de dicha legislación, específicamente la transformación de la Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el Extranjero, en Dirección de Apoyo a Migrantes, lo cual fue hecho desde la administración pasada.

La no publicación del Reglamento ha dificultado la aplicación de la ley.

Diversas organizaciones, como la Asamblea Popular de Familias Migrantes, han señalado que Tlaxcala supera a muchos otros estados del país en maltrato y desatención a migrantes mexicanos retornados a sus familias, así como a migrantes centroamericanos. Esto es que, por cada día que la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala no es aplicada, más de 100 mil tlaxcaltecas son vulnerables a violaciones de derechos y al desamparo ante cualquier emergencia. Asimismo más de 400 mil familiares de migrantes en Tlaxcala no cuentan con la asistencia del estado para cambiar las causas y consecuencias de la migración.

La no constitución del Consejo Estatal de Protección a Migrantes, es un claro rechazo al diálogo y a la construcción de políticas públicas representativas de los intereses de los migrantes, sus familias y sus organizaciones.

El pasado 11 de septiembre en este Senado aprobamos por unanimidad de los grupos parlamentarios el punto de Acuerdo que presentó el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, en el que se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de Migración, caso similar en mi entidad federativa.

Aquella ocasión se dijo que el tema migratorio se ha visto agravado por la violencia y el crimen organizado, ya que los migrantes son víctimas de racismo, discriminación, xenofobia, intolerancia y de violación a sus derechos humanos.

Es muy importante expresar además, para justificar la urgencia de reglamentar la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala, lo siguiente: Desde el inicio de la actual administración federal, centenares de migrantes han sido víctimas de la delincuencia y extorsionados por autoridades del Instituto Nacional de Migración, y por representantes de la Compañía Ferrocarriles del Sur, casos ejemplares son las detenciones irregulares en Tlaxcala, fuera de todo debido proceso, de Medardo Alfredo Rivas Arrazola y Carlos Ruiz Jiménez, quienes fueron acusados del robo de 109 costales de cereal, para luego ser liberados por falta de pruebas con un, disculpe usted.

Desde que la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala fue publicada, según datos de la Dirección de Atención a Migrantes y la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes, más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diversas causas en los Estados Unidos. Hasta que no existan registros y acompañamientos claros, no sabremos las verdaderas circunstancias en que estos fallecieron y el grado de responsabilidad de terceros, tales como empresas, negligencia médica o gubernamental.

El Colegio de México ha aprobado a través de investigaciones coordinadas por la doctora Silvia Giorguli, que los niños en edad escolar que tienen una experiencia migrante directa, tienen niveles de deserción escolar mucho más altos, toda vez que no existe una política pública que ayude a la retención escolar de niños migrantes o que asegure su reinserción en el país de destino.

Estos niños generalmente regresan a Tlaxcala siendo jóvenes y no están siendo aceptados en los bachilleratos hasta que no cumplan una serie de requisitos y hayan revalidado las materias obligatorias en México. Muchos de estos jóvenes renuncian a la escuela y se integran a la economía informal, a pesar de tener excelente rendimiento escolar, hasta que no se aplique la ley a través de los fondos municipales previstos en la misma, no se podrían generar verdaderos programas locales de reinserción escolar y laboral para los jóvenes.

Tlaxcala seguirá perdiendo talentos y engrosando las filas de la economía informal por las siguientes generaciones.

Y miles de tlaxcaltecas regresan a México cada año con el sueño de iniciar su propio negocio. La falta de atención, asesoría y, sobre todo, de perspectiva de desarrollo comunitario local, por parte de la administración estatal, genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas.

Por todo lo anterior, solicito su apoyo para que hagamos un respetuoso exhorto al ejecutivo del estado de Tlaxcala, para que expida a la brevedad el Reglamento de la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala, y pueda hacerse efectiva su aplicación en beneficio de los migrantes y sus familias, mismo que presento en este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA A EXPEDIR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION A MIGRANTES DE DICHO ESTADO

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Quien suscribe, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo para hacer un respetuoso EXHORTO al Ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala Mariano González Zarur para que expida a la brevedad el Reglamento de la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos, la protección a quienes cruzan el país rumbo a Estados Unidos y la aplicación de acciones para que el paso de migrantes por Tlaxcala tenga impacto en seguridad pública, salud y demás aspectos sociales el estado aprobó la Ley Estatal de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el cuatro de enero de 2011.

2. La citada Ley contempla en su segundo transitorio que el Ejecutivo del Estado debería emitir su Reglamento dentro de los noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la misma. Sin embargo el Ejecutivo Estatal no ha publicado ningún reglamento y ha aplicado solo partes de dicha legislación, específicamente la transformación de la Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el Extranjero, OFATE, en Dirección de Apoyo a Migrantes, DAM, lo cual fue hecho desde la administración pasada.

3. La no publicación del reglamento ha dificultado la aplicación de la Ley, lo cual es por principio una desobediencia de la voluntad popular y por tanto es un retroceso a la vida democrática del estado.

4. Diversas organizaciones, como la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM) han señalado que Tlaxcala supera a muchos otros estados del país en maltrato y desatención a migrantes mexicanos retornados, sus familias, así como a migrantes centroamericanos. Esto es que, por cada día que la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala no es aplicada, más de 100 mil tlaxcaltecas son vulnerables a violaciones de derechos y al desamparo ante cualquier emergencia. Así mismo más de 400 mil familiares de migrantes en Tlaxcala no cuentan con la asistencia del estado para cambiar las causas y consecuencias de la migración.

5. Adicionalmente, la eliminación del Consejo Estatal de Protección a Migrantes es un claro rechazo al diálogo y a la construcción de políticas pública representativas de los intereses de los migrantes, sus familias y sus organizaciones, dejando la atención, protección y asistencia a este sector en manos de una Dirección sin presupuesto asignado porque carece de personalidad jurídica y sin experiencia en el tema.

6. El pasado 11 de septiembre en este Senado aprobamos por unanimidad de los grupos parlamentarios el punto de acuerdo que presentó el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de Migración y realizar las acciones necesarias para la identificación de los migrantes que fueron asesinados en los hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. Dicho Reglamento ya fue publicado por la Secretaría de Gobernación.

7. En aquella ocasión dejamos en claro la urgencia de la expedición del reglamento porque ya se había cumplido con el plazo para hacerlo y porque una tercera parte de los artículos de la Ley se encontraban detenidos y obstaculizados por la falta del ordenamiento correspondiente. También se dijo que el tema migratorio se ha visto agravado por la violencia y el crimen organizado, ya que los migrantes son víctimas de racismo, discriminación, xenofobia, intolerancia y de violación a sus derechos humanos.

8. Es muy importante expresar además, para justificar la urgencia de reglamentar la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala, lo siguiente:

a) Desde el inicio de esta Gestión, centenares de migrantes han sido víctimas de la delincuencia y extorsionado por autoridades del Instituto de Migración y por representantes de la Compañía Ferrocarriles del Sur (Ferro Sur). Casos ejemplares son las detenciones irregulares, fuera de todo debido proceso, de Medardo Alfredo Rivas Arrazola y Carlos Ruiz Jiménez, quienes fueron acusados del robo de 109 costales de cereal, para luego posteriormente ser liberados por la falta de pruebas.

b) Desde que la Ley Estatal de Protección a Migrantes fue publicada, según datos de la Dirección de Atención Migrantes y la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM), más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diversas causas en los Estados Unidos. Hasta que no existan registros y acompañamientos claros, no sabremos las verdaderas circunstancias que estos fallecieron y el grado de responsabilidad de terceros, tales como empresas, negligencia médica o gubernamental.

c) El Colegio de México ha probado a través de investigaciones coordinadas por la Dra. Silvia Giorguli, que los niños en edad escolar que tienen una experiencia migrante directa tienen niveles de deserción escolar mucho más altos, toda vez que no existe una política pública que ayude a la retención escolar de niños migrantes o que asegure su reinserción en el país de destino.

d) Estos niños, generalmente regresan a Tlaxcala siendo jóvenes y no están siendo aceptados en los bachilleratos hasta que no cumplan una serie de requisitos y haya revalidado las materias obligatorias en México. Muchos de estos jóvenes renuncian a la escuela y se integran a la economía informal, a pesar de tener excelente rendimiento escolar. Hasta que no se aplique la ley, a través de los Fondos Municipales previstos en la misma, no se podrían generar verdaderos programas locales de reinserción escolar y laboral para jóvenes, Tlaxcala seguirá perdiendo talentos y engrosando las filas de la economía informal por las siguientes generaciones.

e) Y, miles de tlaxcaltecas regresan a México cada año, con el sueño de iniciar su propio negocio. La falta de atención, asesoría, y sobre todo, de perspectiva de desarrollo comunitario local, por parte de la administración estatal genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas.

9. Por todo lo anterior, solicito su apoyo para que también podamos hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que expida a la brevedad el reglamento de la Ley Estatal de Protección a Migrantes y pueda hacerse efectiva su aplicación en beneficio de las y los migrantes y sus familias.

Por lo expuesto y fundado, someto a este Honorable Senado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, a que gire sus instrucciones a quién corresponda para que a la brevedad se emita el reglamento de la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de octubre de 2012.

Lorena Cuéllar Cisneros

Senadora por el estado de Tlaxcala”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar. Túrnese a la Comisión de Federalismo.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

Informo a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.



En otro apartado de nuestra agenda de hoy, tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los hechos del 2 de octubre de 1968.





 

EFEMERIDE

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente. Senadoras, Senadores.

Cada año en todas las tribunas del país se recuerda el 2 de octubre, se han escrito miles de artículos, crónicas y reportajes, algunas de las mejores novelas de la literatura mexicana como: La Noche de Tlatelolco, los Días y los Años o la Plaza, germinan en la matanza.

Sin embargo, 44 años después seguimos discutiendo el mismo asunto de fondo, el rol de nuestros jóvenes en la sociedad mexicana. Antes lo que buscaba la juventud era sacudirse un estado represivo que encontraba su cenit en el Estado mexicano, pero que se expresaba en todos los ámbitos de la vida social del país, para la mente autoritaria que por definición es una mente envejecida, un joven que no demuestre estar alineado con las creencias dominantes, es un peligro.

Cuando en junio de 1968 los jóvenes dieron señales de querer trascender este estado de cosas, alertaron no solo al Estado sino a la sociedad entera instalada en un conformismo que permitió y consintió, a la postre, la masacre que nadie vio venir, pero que todos esperaban.

Hoy, salvo en el Distrito Federal, en muchos puntos del país ser joven o ser homosexual o ser darketo, o simplemente ser joven pobre, sigue siendo motivo de discriminación, de agresión y de violencia.

Además de la violencia social que se ejerce contra nuestros jóvenes, está la violencia de Estado, de los 23 millones de jóvenes mayores de 8 años, 7 millones no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo, sus opciones son el subempleo, la informalidad o el crimen organizado.

El 19 por ciento de los embarazos ocurren en mujeres menores de 19 años; la principal causa de muerte en jóvenes es el homicidio; 60 por ciento de las personas encarceladas son menores de 30 años; entre el 2001 y 2010, fueron 185 mil los jóvenes que murieron por causas violentas.

Como consecuencia del fenómeno migratorio, el 25 por ciento de los hogares mexicanos está encabezado por una jefa de familia que normalmente enfrenta la discriminación de género.

En materia educativa solamente 6 de cada 10 jóvenes acceden a la prepa, y 3 de cada 10 a universidades, y hay 10 millones de jóvenes en edad de estudiar que abandonan la escuela por falta de recursos, y muchos que alcanzan la titulación, no encuentran empleo.

En lo que respecta a las condiciones laborales, es un 57 por ciento de todos los desocupados del país son jóvenes, el 29 por ciento de la mano de obra se ubica en el sector informal y debido a la falta de expectativas, los jóvenes o son contratados en condiciones de precariedad o de plano se quedan sin trabajo.

Ante semejantes condiciones, nadie debiera de sorprenderse por las movilizaciones de jóvenes que experimentamos en estos meses. Tales manifestaciones masivas, iguales, como aquel desafortunado, fatídico y violento jueves de Corpus de 1971, a 44 años de distancia, debemos reconocer que no hemos sido capaces de poner sobre la mesa condiciones mínimas de desarrollo para la juventud, y tengamos bien claro que si algo nos han demostrado las y los jóvenes mexicanos, es que no van a quedarse tranquilos ni callados, los vimos en el 68; los vimos en el 71; los vimos en el 88; los vimos en los 90´s, y los estamos volviendo a ver en el 2012.

La pregunta es muy simple, ¿bajo qué términos y en qué circunstancias queremos ver la siguiente manifestación de jóvenes? ¿Hasta cuándo creemos que van a soportar los jóvenes las indignantes condiciones de exclusión en las que viven? ¿Cómo pensamos que los jóvenes van a responder ante el olvido y el abandono en el cual se les tiene sometidos?

El crecimiento del crimen y la violencia organizada encuentran parte de su explicación en la negación del desarrollo para los jóvenes.

La pregunta no es si queremos otro 2 de octubre, porque ése lo vivimos todos los días; más de 70 mil muertos en este sexenio, en su enorme mayoría jóvenes menores de 25 años; jóvenes que como la noche del 2 de octubre terminaron sin identificar apilados en fosas comunes, con la intención de sumirlos en el olvido.

Hasta cuándo vamos a dignificar la memoria de la masacre de Tlatelolco que tanto nos empeñamos en recordar y tan poco hacemos en honrar.

Después del 2 de octubre la vida en México cambió, porque nació una esperanza democrática, la esperanza de que México llegue a ser un día el país libertario, democrático y justo que anhelamos. Más tolerante, más justo, más generoso que aquella vez del 68 que excluyeron la opinión de la juventud.

Tlatelolco a pesar del costo elevadísimo no ha cumplido con el gran objetivo. Pero seguimos siendo una nación que en muchos sentidos permanece sumida en la noche de la injusticia, que excluye en forma prejuiciosa y sin ofrecer alternativas. Superar esa oscuridad debería de ser la meta y la misión de todas y todos y cada uno de nosotros.

Convirtamos el horror de ese miércoles en una nueva esperanza sin olvidarla jamás, salgamos de la noche de Tlatelolco y dejemos que llegue el amanecer del siguiente día en democracia.

Gracias. Es cuanto, señor Presidente.

“Efemérides, 2 de octubre

Sen. Dolores Padierna Luna

Hace 44 años que se perpetuó la masacre de Tlatelolco, en la conmemoración de estos trágicos eventos, es nuestro deber abrir un espacio de reflexión así como expresar nuestro rechazo a este crimen del poder público que en una demostración de brutalidad quitó la vida a cientos de estudiantes y trabajadores.

Los hechos de Tlatelolco nos obligan a analizar cuál es la situación del país a la luz de los demandas de los mártires de la plaza de las tres culturas. En este sentido, quiero focalizar mi atención en tres temas que deben preocuparnos y ocuparnos.

El primero de ellos es la situación de la militarización y la violación sistemática de los Derechos Humanos en el país. Organizaciones Internacionales muy prestigiosas como Human Rights Watch han señalado que la violación de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano se ha vuelto una práctica común y sistemática. En su reporte 2011, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México”, esta organización menciona que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, militares y policías han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente1.

Adicionalmente, en este contexto de militarización,la situación de violencia en el país se ha desbordado al grado que debe ser considerada un tema de emergencia nacional. Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia afirman que ya en 2011 se superaban las 80 mil muertes relacionadas con el narcotráfico y recientemente el diario francés le Monde mencionó con información del Inegi que durante el presente sexenio han muerto 120 mil personas. Le Monde calificó la situación de violencia y homicidios en nuestro país como una “carnicería y el más mortífero conflicto en el mundo en los últimos años”.En esta legislatura, una de las formas de honrar a las víctimas de la violencia en el presente contexto y de los trágicos eventos del 68, será impulsando el restablecimiento de la paz, necesitamos dar vuelta a esta página roja de nuestra historia.

Otro de los temas principales que habrá que revisar es el acceso de la educación superior. Tendrían mucho que reclamarlos los universitarios del 68 cuando a más de cuatro décadas, este nivel educativo se encuentra ampliamente restringido a los sectores de la población con más recursos. Hoy en día, solamente tres de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores accede a ellos.2

Por si fuera poco, las instituciones de educación superiortienen la capacidad de aceptar a menos del 50 por ciento de los jóvenes demandantes,3 esto significa que más de la mitad de los estudiantes serán excluidos y muchos pasarán a formar las filias de los mal llamados “ninis” que en nuestro país alcanzan hasta 9 millones4, ante la falta de oportunidades, se les arriesga a ser capturados por las redes del narcotráfico. Bajo estas condiciones no es de extrañarse que persistan fuertes disparidades y exclusión social reflejadas en el nivel superior, como señala los especialistas: “en México sólo cinco de cada 100 jóvenes del decil más bajo de ingresos tiene acceso a la educación superior, en contraste con 60 de cada 100 en el decil de mayores ingresos”5

Los estudiantes universitarios han sido grandes promotores de los cambios para la democratización y el desarrollo de nuestro país. Un justo homenaje a los estudiantes del 68 es garantizar la educación superior por medio de la ley a todos los jóvenes en el país. Nuestro exhorto para impulsar juntos la iniciativa que el grupo parlamentario del PRD ha presentado con esta finalidad. Frente a la sociedad y economía del conocimiento, el acceso a este nivel educativo no solamente se está volviendo una necesidad humana sino una condición necesaria para el desarrollo nacional.

En 1968 muchos trabajadores defendieron sus derechos y dieron sus vidas por un país más justo e incluyente. Nos preguntamos qué opinarían frente a la reforma laboral que ha llegado el día de hoy a este senado.Esta representa uno de los más grandes atentados contrala clase trabajadora, es un retroceso histórico del cual serán víctima millones de los mexicanos más desprotegidos y las clases medias.

Según el Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Tec de Monterrey, Dr. José Luis de la Cruz Gallegos, más del 64% de los ocupados no tiene acceso a la salud y cuenta con prestaciones laborales mínimas, estos serán los principales afectados por laactual reforma. Estimaciones del mismo especialista pronostican una caída del 10 por ciento del salario y más de medio millón de pobres. Entre los muchos temas que afectan los derechos de los trabajadores se encuentran la legalización de la subcontratación o outsourcing, los contratos de capacitación inicial yde prueba; los contratos por hora; se limita el pago de salarios caídos a un año, la falta de reformas de fondo para democratización y transparencia de los sindicatos, etc.

Este 2 de octubre honremos a todos los trabajadores que han dado sus vidas para lograr un país mejor participando de una reforma laboral que ponga al trabajador en el centro de los cambios, dignifiquemos su condición humana, no permitamos que se han vistos como un dato u objeto económico dispuestos ser sacrificado en aras de un ecuación errónea que plantea un falso incremento a la productividad.

Senadores y Senadoras:

Después de 44 años no se ha hecho justicia a las víctimas de la masacre de Tlatelolco. La consigna “No se olvida” debe ser el más enérgico recordatorio de los eternos pendientes de la agenda nacional. Honremos a los mártires del 2 octubre cumpliendo sus principales demandas, hagamos del “No se olvida”, un “Nunca más” al derramamiento de sangre, a la exclusión de las oportunidades de millones de mexicanos como es el caso de la educación superior, demos un “Nunca más” al sacrificio de los derechos de la clase trabajadora”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy conmemoramos el 44 aniversario de uno de los días más obscuros y más lamentables de la historia de México.

Hoy recordamos el 44 aniversario de la masacre de Tlatelolco, una de las páginas más negras que mostró la podredumbre del viejo régimen.

Aquella noche de Tlatelolco cayeron muertos decenas de jóvenes inocentes, y junto a ellos se apagaron las esperanzas de un México plural.

Fue la noche donde lloró la patria, y donde la madre se quedó esperando al hijo que nunca volvió.

Fue la noche más amarga en muchos años cuyo sin sentido sigue estremeciendo nuestro corazón.

La matanza de Tlatelolco significó un punto de quiebra en la historia nacional, miles de ciudadanos despertaron y se dieron cuenta de que habían solapado a un régimen de partido hegemónico que estaba dispuesto a todo, incluso, a asesinar a inocentes con tal de mantenerse en el poder.

Vengo hoy a hablar como universitaria, sabiendo que la universidad es el espacio de crítica y libertad por excelencia, recordando a esos jóvenes asesinados por defender precisamente esa libertad de crítica.

Vengo hoy también como Senadora de un partido, Acción Nacional, que denunció desde la tribuna de la Cámara de Diputados aquella masacre. Lo denuncio como hemos denunciado el abuso del poder a lo largo de nuestra historia, y eso, compañeros y compañeras Senadoras, es algo que no todos los políticos pueden decir, algunos incluso aquí presentes en este Pleno el día de hoy.

La ocupación de la UNAM indignó a un partido fundado precisamente por universitarios, los entonces diputados Manuel González Hinojosa, Gerardo Medina y José Angel Conchello, así como Rafael Preciado Hernández, hablaron a favor de un México con mayores libertades en defensa de la universidad y condenando los abusos del régimen de Díaz Ordaz.

El gobierno priísta en turno trató de argumentar que la masacre fue por causa de las provocaciones de diversos grupos que trataban de desestabilizar al país.

La realidad es que el gobierno de entonces no soportaba la palabra disidencia, y estuvo dispuesto a eliminar a sus opositores con tal de mantener la única verdad posible, la suya.

El gobierno de aquél entonces también habló de una confusión, sólo que esa confusión duró muchos años, donde los desaparecidos y perseguidos fueron en aumento; donde la mecánica de represión fue empleada, no una, sino muchas veces.

La terrible noche de Tlatelolco no fue sólo una noche, sino que se prolongó durante muchos años en los que el gobierno persiguió sistemáticamente a la oposición.

Fueron los jóvenes, los universitarios, pero antes también fueron reprimidos los médicos, los campesinos, los ferrocarrileros y cualquier ciudadano que quiso abrir un espacio democrático.

En unos casos se reprimía con la muerte, en otros con los golpes y la tortura, en muchos más con el despido laboral o con la exclusión al círculo de los beneficios de los incondicionales.

Fue un método permanente de represión y captación.

Aunque la matanza trató de ocultarse bajo la fiesta olímpica y la aparente modernización de México, la realidad sobrepasó los intentos de censura. La insatisfacción social y el dolor de las víctimas y sus familias fueron conocidos en México y en el mundo.

La sociedad mexicana cambió a partir de aquella noche.

Por eso, el 68 constituyó una de las semillas que habrían de germinar en una verdadera vida democrática de la que hoy gozamos.

En aquellos años circundantes al 68, México parecía entrar en una etapa de desarrollo que no tenía comparación en su historia, sin embargo, esa modernización se apagó aquella noche.

Para Acción Nacional la modernización económica de México tiene que ir de la mano de la democratización, porque de nada sirve una economía si es a costa de cancelar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, si se amenaza al que diciente y se reprime al opositor.

El desarrollo de un país o es en libertad o no es un auténtico desarrollo humano.

Lo sucedido el 2 de octubre no sólo sirve cada año para voltear a mirar el pasado con detenimiento, sino también para alertar sobre el futuro, porque hoy hay un proyecto político que podría reconstruir muchas características del viejo régimen bajo un rostro de modernidad.

La amenaza de que haya nuevos políticos de ese estilo represor no es un asunto superado, la tentación del poder absoluto es propia de la naturaleza humana, tan sólo hay que recordar la brutalidad del uso de la fuerza en San Mateo Atenco.

Nuestro recuerdo para todos aquellos jóvenes que fueron víctimas de la violencia de Estado, el mejor homenaje hacia ellos es luchar para que en México no haya un retroceso en la vida democrática que tanto trabajo costó conquistar en nuestro país.

Cualquier intento de regresión al viejo régimen debe ser detenido por la memoria de los jóvenes del 68, y por la memoria de todos los demócratas que han ofrendado su vida para darnos libertad.

Hoy, desde esta tribuna, Acción Nacional refrenda su compromiso histórico por la libertad y la democracia, y refrendamos nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos.

Nuestro reconocimiento a los jóvenes mexicanos que cayeron muertos aquella noche de Tlatelolco, y también nuestro reconocimiento, compromiso y solidaridad con los jóvenes que hoy luchan de forma pacífica por un país mejor.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Rojas Hernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Por la coincidencia de los acontecimientos, es que me atrevo a leer un texto que no es mío, sino de Jorge Luis Esquivel, y se refiere a estas fechas, justamente al 2 de octubre, pero también se refiere a un hecho que coincidentemente estamos hoy viviendo, las reformas a la Ley del Trabajo.

En 1967 el Presidente de la República constituyó una comisión redactora de las reformas de la Ley Federal del Trabajo, en dicha comisión participaría:

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Salomón González Blanco.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo.

El licenciado Ramiro Lozano, Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, así como el distinguido catedrático de la UNAM, doctor Mario de la Cueva.

Se hizo la convocatoria a las organizaciones sindicales, a las escuelas de derecho de las universidades de la República, a las barras y colegios de abogados para que presentaran sus propuestas.

Finalmente, el proyecto quedó terminado a principios de 1968. Lo revisó personalmente el Presidente e hizo las modificaciones que consideró pertinentes para septiembre de ese mismo año.

La iniciativa estaba casi lista, pero ocurriría algo imprevisto que nadie había esperado: la ciudad de México se sacudía por el movimiento estudiantil de 1968, los estudiantes del Poli y de la UNAM entraban en huelga y existía una amenaza latente de que los hechos que ocurrieron en Francia en el mes de mayo se repitieran en México, una huelga general que apoyara al movimiento estudiantil, que terminara derrocando al supremo gobierno.

Poco se ha dicho sobre la forma en que el gobierno priísta de aquel entonces logró controlar las ansias de los líderes obreros para unirse al movimiento estudiantil.

Nadie se ha dedicado a investigar sobre uno de los personajes políticos más importantes y misteriosos de aquel año: Fidel Velázquez.

Don Fidel Velázquez era el líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México más importante de toda la República Mexicana; pudo haber dado un acto reivindicatorio a favor de la clase obrera, como había ocurrido en Francia meses antes, cuando los obreros en huelga general apoyaron a los estudiantes logrando derrocar al gobierno del Presidente Charles de Gaulle, obteniendo de esa gesta un aumento del 35 por ciento de los salarios.

Fidel Velázquez pudo haber apoyado a los estudiantes de aquel entonces, pero no lo hizo.

Fidel Velázquez negoció con el gobierno a cambio de su abstención del movimiento estudiantil y del financiamiento que éste le pudo haber dado.

El pacto fue fácil: Fidel Velázquez se comprometió a dar todo su apoyo político al Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, como lo había dado a lo largo de esos 22 años a todos los ex presidentes del país.

A cambio de ello, Fidel Velázquez obtendría la Ley Federal del Trabajo, que más que otorgar mayores derechos laborales a sus agremiados, los trabajadores, le daría mayores beneficios a los sindicatos que agrupaban la poderosa central, la Confederación o la CTM, al grado de darle una cierta autonomía frente al gobierno, incluso hasta acceso a las curúles en cargos de elección popular como Diputados y Senadores.

El sindicalismo mexicano sería mucho más fuerte y más representativo en el PRI, por ende, tendría mayores privilegios en el régimen simulador.

Los dirigentes sindicales, gracias a su lealtad al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, podían manejar en el futuro cuantiosos recursos económicos como si fueran personales, sin obligación alguna de informarle a cualquiera de sus agremiados, al menos que se lo pidiera la Asamblea, que ellos mismos organizarían.

También convendría al puesto de líderes vitaliciamente, inclusive con opción de heredárselo a sus amigos e incluso hasta sus propios hijos.

El pacto priísta sindical, si bien inició con Lázaro Cárdenas, el mismo fue refrendado en 1968 a través de la iniciativa de una nueva Ley Federal de Trabajo, gobierno y sindicato se solaparían sus fechorías y corruptelas.

El 12 de diciembre el Presidente Gustavo Díaz Ordaz presentaba ante el Congreso la iniciativa de una nueva Ley Federal del Trabajo, la cual fue aprobada por unanimidad, sin discusión, sin objeción, ni oposición alguna.

La ley se publicó el 1º de abril de 1970, pero entró en vigor el 1º de mayo del 1970. En aquel año, como tradicionalmente se venía haciendo, el Presidente de la República y el máximo líder obrero del país desfilarían hombro con hombro en aras de la clase proletaria mexicana.

Tiempo después, el Presidente reconoció el 1º de septiembre de aquel año, en su último informe de gobierno, que la necesidad de la capitalización nacional había generado una concentración de la riqueza, en la cual pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo, por eso, dejo que la nueva Ley Federal de Trabajo trate de contribuir a corregir, en parte esta situación, más no ignoramos que se requiere persistencia, decía en aquel entonces.

Y, por último, para la parte más poética de su discurso, fue cuando dirigió su mensaje a los patrones:

Los empresarios consientes de su función social entienden, cada vez mejor, que no puede haber beneficio permanente ni certidumbre para el mañana si no contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto. Unicamente hay progreso firme cuando el económico va acompañado del progreso social creciente, que no sólo eleva al poder de compra de los asalariados, sino que al mismo tiempo le permite el acceso de ellos y sus descendientes a la capacitación, a la educación, a la formación profesional y a niveles sociales y económicos superiores, en la fluida movilidad social, abierta y fecunda.

Decía: “Me dirijo nuevamente a los patrones de México para repetir, que así como con alteza de miras, con sentido de realidad, con inteligencia de espíritu de comprensión, han aceptado la nueva Ley Federal del Trabajo, asimismo, con cabal honestidad la respeten y la cumplan, y nos ayuden a hacerla respetar y hacerla cumplir".

También reiteró a los trabajadores de México que mientras más poderosa es un arma, debe utilizarse con más sentido de responsabilidad, con más cuidado y con más nobleza”.

El sentido de responsabilidad ha demostrado, por el movimiento obrero mexicano, tantos años de aplicación a nuestra legislación laboral y su inquebrantable lealtad a México, garantiza a la nación de este nuevo instrumento la defensa puesta en sus manos, siempre usando con nobleza.

En aquel entonces, hace 44 años, justamente, igual que hoy, se gestaba una nueva Ley Federal del Trabajo, en medio de un movimiento, que hoy, justamente, cumple 48 años de una brutal represión.

Hoy, allá afuera, hay movilización. Creo que esto debiera llevarnos a un poco de, por lo menos, meditar qué es lo que se está haciendo en esta Cámara.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo por el que se designan sedes alternas para que la Cámara de Senadores realice sus sesiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se designan sedes alternas para que la Cámara de Senadores realice sus sesiones. Comuníquese.

Nos acaban de llegar dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dos Acuerdos.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

CITA

Habiéndose agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 4 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:37 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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