Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 16 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Septiembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (13:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 101 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del jueves 27 de septiembre de 2012 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION VESPERTINA CELEBRADA
EL MIERCOLES VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, alas diecisiete horas con treinta minutos del día miércoles veintiséis de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión vespertina.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veinticinco de septiembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienday Crédito Público, oficio por el que informóde la instalación de la Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Raúl GraciaGuzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, oficio por el que informó de la instalación de la Comisión.- Quedó de enterado.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionala Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.- Se dispensó la segunda lectura; la SenadoraDolores Padierna Luna del PRD presentó moción suspensiva. Intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN y Fernando Mayans Canabal del PRD. La moción de la Senadora Padiernano se admitió a discusión y fue desechada.Para presentar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Salvador Vega Casillas del PAN; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI. La Senadora Dolores Padierna Luna reservó el artículo 69 del proyecto, para su discusión en lo particular. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 104 votos en pro, 3 en contra y 3 abstenciones. La Senadora Dolores Padierna presentó su propuesta de modificación al artículo 69, la cual no se admitió a discusión. El artículo 69 fue aprobado en sus términos por 87 votos en pro, 18 en contra y 1 abstención. Se declaró aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cincuenta minutos y citó a la siguiente el jueves veintisiete de septiembre a las doce horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo tercero del artículo 72 del Reglamento del Senado, acordó modificar la prelación de los asuntos enlistados en nuestra agenda, para que la efeméride en relación con el 247 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, se presente desde el inicio de la sesión.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.






EFEMERIDE



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ascención Orihuela Bárcenas.

Para referirse al mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva, de quienes integran también la Mesa Directiva. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Efectivamente, al cumplirse un año más del natalicio de José María Morelos y Pavón se vuelve indispensable recordar la entrega, pasión y lealtad que mostró el Siervo de la Nación en su lucha por liberar al pueblo de México de la esclavitud y decadencia en que se hallaba en manos de la colonia española.

Es, sin lugar a dudas, la figura más grande de la lucha por la independencia de nuestra nación.

Sus acciones son del mundo conocidas. La conciencia humanista que heredó en sus escritos, son semillas germinales de nuestro actual sistema político mexicano.

Los hechos heroicos del valor escribieron brillantes páginas de la guerra de la Independencia de México. Cabe recordar el acontecimiento como el que él vivió en el sitio de Cuautla durante 72 días, resistiendo junto a su Ejército los embates de las fuerzas del virrey, y que al cabo de ese lapso sólo fue cuantificable la pérdida económica del virreinato sin que se lograra acabar con Morelos.

La contribución histórica de este General que deslumbró a Europa con su genio militar, tanto que el propio Napoleón sugirió en algún momento que con cinco Morelos conquistaría el mundo, se convierte en justificación plena para recordarnos que la deuda que tenemos frente a los hombres como él, de la talla moral que ostentó durante toda su vida, hoy adquiere singular importancia. Hoy debemos tener conciencia del legado entrañable que nos heredó Morelos.

Morelos buscó en todo momento darle orden a su movimiento y se preocupó no sólo por ir liberando territorio para su añorada América, sino que además sentó las bases legales y constitucionales para darles garantías en lo inmediato a los pueblos liberados, con leyes justas y de una asombrosa modernidad.

Es de tal envergadura la herencia política de José María Morelos y Pavón, que sólo basta con acudir a los textos de la apertura del Congreso instalado en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, Congreso que constituye los antecedentes inmediatos de nuestra vida parlamentaria, para corroborar el pensamiento de este prócer de la patria.

En ese discurso que hoy se registra en la historia política mexicana Morelos dictó Los Sentimientos de la Nación, pues de su voz escucharían la voz de los combatientes independentistas del pueblo lastimado, del futuro de México.

Basta recordar en ese documento que el ilustre mexicano se refirió a la representación popular y a la soberanía nacional, que expresada en el artículo 5° del Congreso de Chilpancingo, señala la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, en que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los Poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

De igual manera, el Siervo de la Nación sentó las bases de la función legislativa al destacar en su punto 12 la referencia del tipo de leyes que espera el pueblo que aprueben sus representantes, los cuales no pueden justificar intereses mezquinos al expedir leyes en contra de los intereses populares.

Y así decía:

“La buena ley es superior a todo hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen la constancia y patriotismo, mover en la opulencia y la indigencia. Y de tal suerte, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que para dictar una ley se haga junta de labios en el número posible para proceder con más acierto”.

Compañeras y compañeros legisladores, Morelos y Pavón es nuestro primer y más contundente referente de nuestra labor parlamentaria. Pues el Congreso Constituyente de Chilpancingo, a la par de decretarse la libertad y la abolición de la esclavitud de la América mexicana, se configuraba en específico la primera Constitución del país.

Ese par de conceptos que dan muestra del pensamiento de José María Morelos y Pavón, revelan a un hombre adelantado a su tiempo. Sus ideas que tienen vigencia en nuestro tiempo tendrán un valor central en las democracias de todo el mundo.

Sin lugar a duda, los principales males que nos aquejan en la actualidad, derivan justamente de los grandes abismos que imperan entre la opulencia y la indigencia. Es nuestro deber tomar su ejemplo y su estafeta para promover el interés nacional y sentar las bases de una vida más próspera a los mexicanos.

La unidad y el compromiso deben ser el motor que nos permitan lograr los cambios trascendentales para el fortalecimiento de los desafíos que impone la pobreza, la injusticia, la ignorancia y la corrupción, que son motivos por demás impostergables para refrendar nuestra lucha del día a día a favor de un México mejor.

Hoy más que nunca se vuelve oportuno repensar a Morelos. No sólo evocar la memoria política de pasajes históricos. Es, sin lugar a dudas, inmiscuir su fortaleza e ideario patriótico en el imaginario colectivo, renacer la obra y la acción del Siervo de la Nación, resulta imperativo cuando intereses mezquinos, como los que llama Morelos, pretenden desconocer y arrebatar las conquistas sociales del pueblo trabajador de México.

La buena ley debe ser superior a todo hombre, erradicar la opulencia, elevar la vida del jornalero, son parte de los Sentimientos de la Nación, que parece que olvidó Felipe Calderón.

El titular del Ejecutivo ha traicionado sus compromisos de campaña al autoproclamarse “Presidente del Empleo”, y en los hechos hacer lo contrario.

Basta recordar dos sucesos que lo marcarán, lo que queda de la investidura oficial, como el peor Presidente de México.

Asestar un doloso y premeditado golpe en contra de la vida sindical al desaparecer el Sindicato de Electricistas, de Luz y Fuerza, en completa rebeldía a los derechos adquiridos por los trabajadores.

Asimismo, el oportunismo de quien habita la residencia de Los Pinos, volvió a demostrarnos que de patriota no tiene nada, aprovechándose de las bondades del parlamentarismo, exigió al Congreso de la Unión dictaminar en calidad de Iniciativa Preferente su paquete de reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que para los especialistas, y sobre todo los trabajadores, reniegan de las conquistas de los trabajadores mexicanos y representa una bomba de tiempo económica que podría estallar, como ha sucedido en España, Grecia, Italia o Argentina.

Si esa es la suerte que le depara a México con un gobernante de esa naturaleza, más valdría miles de Morelos en las calles.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, estamos llamados a cambiar el futuro del sistema político y económico de México, no desaprovechemos la gran oportunidad y construyamos un país más digno para las futuras generaciones. Seamos dignos, merecedores de la herencia de héroes, como José María Morelos y Pavón, y devolvámosle a la patria la luz que pensaron y por la que dieron su vida nuestros próceres.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente.

Por supuesto que todos los michoacanos estamos orgullosísimos de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación. Será su cumpleaños el próximo día 30, y cada año tenemos la obligación de recordar qué dejó para todo México.

Era un sacerdote que tenía clarísimo cuáles son los valores superiores de las personas y de las comunidades. Por supuesto que estuvo en la batalla, y por supuesto que desde la primera hora se sumó a su maestro Miguel Hidalgo y Costilla, y asumió la responsabilidad de los insurgentes en el sureste. Pero no sólo era un hombre claro en función de defender la libertad, sino que también tuvo clarísimo que las personas no sólo tenemos derecho a quejarnos de las realidades, sino que tenemos la gran responsabilidad de construir las instituciones y la corresponsabilidad en el trabajo de construir comunidad.

José María Morelos nunca desconoció la realidad, se enfrentó en la insurgencia, hizo un gran equipo con el que trabajó hasta donde pudo. Era un estratega, y para ser estratega no sólo hay que reconocer las frases populistas y los discursos que quedan bien. El enfrentó con mucha valentía al caudillismo, aunque le tocó ser caudillo, sabía que no es con caudillos como se salvan las patrias. Construyó instituciones y, en efecto, en Apatzingán, en 1813, con un Congreso itinerante dio a conocer la primera Constitución para México.

No sólo eso, también fue a Ario de Rosales y ahí instituyó el primer Poder Judicial para un país libre, que hoy se llama México. Celebramos pues a un hombre que sabía de valores, que defendió con su vida la libertad para América, que defendió con su vidala corresponsabilidad, que nos dejó clarísimas responsabilidades, que dijo que nadie puede estar en la opulencia, ni siquiera algunos líderes sindicales. Dijo que tenemos que trabajarcon toda la responsabilidad para que se distribuyan mejor los bienes y se gestione el bien común.

Así que hoy celebramos al grandísimo José María Morelos y Pavón. Moreliano, estadista y un Siervo de la Nación que creyó, más que en los caudillos, en las instituciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.






COMUNICACION

Informo a la Asamblea que el Senador Roberto Albores Gleason hace del conocimiento del Pleno, que este día quedó debidamente instalada la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.



Pido a la Secretaría que pasemos al siguiente punto del Orden del Día.






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron invitaciones del gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del 204 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, a realizarse el próximo jueves 4 de octubre, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA

“2012 Año por la Cultura de la Legalidad”
México D. F., a 28 de agosto de 2012.
SC/550/12.
Asunto: Oficio de Invitación

CC. SECRETARIOS DE LA H.
CAMARA DE SENADORES,
LXII LEGISLATURA
PASEO DE LA REFORMA 135
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
PRESENTE.

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de octubre, de la cual anexo sudescripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Jueves 4

10:00 Horas

204 Aniversario Luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos

Monumento erigido a su memoria, en la Plaza ubicada en las calles de República de El Salvador y Pino Suárez, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán al evento de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciare que, de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dicho acto.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus ordenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Nina A. Serratos Zavala

Secretaria de Cultura”.

Y del Izamiento de Bandera a Media Asta, con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, a realizarse el martes 2 de octubre, en esta ciudad.

"SECRETARIA DE CULTURA

“2012 Año por la Cultura de la Legalidad”
México D. F., a 28 de agosto de 2012.
SC/550/12.
Asunto: Oficio de Invitación

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES, LXII LEGISLATURA
PASEO DE LA REFORMA 135
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
PRESENTE

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de octubre, de la cual anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Martes 2

08:00 Horas

Izamiento de Bandera a media asta, con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Plaza de las 3 culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, ubicada en Eje Central y Ricardo Flores Magón, Delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán al evento de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciare que, de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dicho acto.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus ordenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

NINA A. SERRATOS ZAVALA
SECRETARIA DE CULTURA".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esas ceremonias, se designa en comisión a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, para la ceremonia del aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos; y a las Senadoras Alejandra Barrales Magdaleno y Martha Palafox Gutiérrez, para la ceremonia del Izamiento de Bandera a Media Asta.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación. Esta iniciativa también viene firmada por la Senadora Marcela Guerra Castillo.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y de la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los criterios más importantes a identificar en las tareas legislativas es, sin duda, el criterio costo-beneficio que involucra el diseño normativo. Para el caso que hoy nos ocupa, es la importancia de regular la asistencia a madres solteras en situación de alta marginación y pobreza.

Más de 5 millones de mujeres son madres solteras en nuestro país, la situación se recrudece cuando éstas tienen un bajo nivel educativo y no pueden acceder a empleos bien remunerados o tienen orígenes de nuestros pueblos indígenas, también con aquellas que siempre se han dedicado al hogar y quedan en total vulnerabilidad al separarse o perder a sus parejas.

Tan sólo en este punto, el INEGI refiere que el 14% de las madres solteras no posee ningún ingreso, el instituto además nos revela que un gran número de jefas de familia tienen carencias en sus hogares. Por darles solamente algunos ejemplos: el 5% tiene piso de tierra, el 1% carece de luz y el 9% no tiene agua entubada.

Los programas sociales, por definición se ubican en el ámbito de la Administración Pública y se asumen como asistencialistas. Sin embargo, resulta indiscutible que en la conformación de núcleos familiares en situación de pobreza, con hijos y jefas de familia, como únicas proveedoras del mismo, no han merecido a la fecha un programa eficaz que garantice desde varias aristas el abatimiento a dichas condiciones de precariedad.

En este sentido, resulta responsabilidad indelegable de nosotros, señores legisladores, garantizar que el estrato social más vulnerable sea el que efectivamente reciba los recursos asistenciales. La protección del Estado debe ser dirigida, proyectada y eficaz para los mexicanos de escasos recursos, bajo el concepto proactivo de inversión social, tal como se ha puesto de manifiesto en nuestra Agenda Nacional.

En nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres, el 18% de ellas vive sin el apoyo de una pareja, entonces este planteamiento involucra concretamente el apoyo económico temporal en caso de fallecimiento de las jefas de familia para los hijos menores de 18 años. Lo anterior parte del principio de solidaridad y satisfacción de necesidades humanas como generador de políticas públicas, en el marco de la responsabilidad del Estado.

Los legisladores no podemos cerrar los ojos ante la avasallante realidad que condena huérfanos al hambre y la delincuencia. Los niños y los adolescentes se deben a las aulas escolares sin pretexto alguno, no debemos permitir que la lucha de las madres solteras no rinda frutos.

Se trata, Senadoras y Senadores, de una iniciativa con perspectiva de género, encaminada a garantizar el bienestar y la tranquilidad de las madres solteras, en condiciones de pobreza, lo que alcanza como beneficio adicional a las garantías constitucionales tocante a las niñas, niños y adolescentes.

Recordemos que desde la educación se armonizan acciones para la prevención del delito; no es una casualidad que se propongan acciones afirmativas que privilegien a las jefas de familia, la historia evidencia que son las mujeres las que contra cualquier adversidad, lejos de abandonar a los hijos, se ocupan de proporcionar educación y sustento.

De ahí que se propone incluir, la regulación relativa al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia en la Ley General de Educación Pública, con base en lo prescrito por la fracción I del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, como órgano rector de esta importante vertiente de políticas públicas en el marco de seguridad social universal, como responsabilidad del Estado.

La iniciativa representa un mecanismo de protección para grupos vulnerables a través del subsidio responsable, que parte del replanteamiento de la nueva cobertura de seguridad social universal, reencauzando recursos en beneficio de los menores.

El ejercicio del beneficio que se propone, responde a una necesidad social ancestral pero vigente, desarrollado desde el ámbito del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública. El programa plantea optimizar el destino de los recursos que esta Secretaría otorga, con una visión de beneficio transversal y de largo plazo, toda vez que redunda en la oportunidad de garantizar escolarización, en su acepción más amplia.

Es indiscutible que una de las directrices de mayor relevancia en el ámbito de asistencia social, es la que logra conjuntar la asistencia inmediata, a la proyección de beneficios a futuro, elevar a rango de ley, las bondades de programas asistenciales, con dirección, regulación y sobre todo permanencia, se traduce por lo tanto en la concreción específica del beneficio para las madres solteras.

La iniciativa que se propone, incorpora desde la ley, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y lo desprende de la fracción I del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, que prescribe como prioritarios y de interés público, los programas de educación obligatoria, en el marco de la eficiencia y transparencia. Integra como criterio la pobreza, de conformidad con los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza a fin de cumplir con el objetivo de direccionar el apoyo asistencial a quienes más lo necesitan.

Asimismo, vincula el programa al seguimiento escolar de los hijos de jefas de familia, inscritas al padrón, que por cualquier causa queden en orfandad, hasta los 18 años cumplidos, y que no reciban ingresos por concepto equivalente.

Apoyemos en este reto a las mujeres jefas de familia que hoy demandan de todos y cada uno de nosotros este gran compromiso.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto.

UNICO.- Se adiciona el rubro de Sección 1. Del acceso a la educación; así como la Sección 2. Del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que contiene los artículos 36 Bis, 36 Ter, 36 Quater y 36 Quintus; y se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Señor Presidente, por la amplitud del Decreto y toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta, le solicito se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Eviel Pérez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado dela República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se, adiciona el rubro de la Sección 1.- Del Acceso a la Educación; así como la Sección 2.- Del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que contiene los artículos 36 Bis, 36, Ter, 36 Quáter, y 36 Quintus; y se reforma el segundo párrafo del artículo 33, de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los criterios más importantes a identificar en las tareas legislativas es sin duda, el criterio costo-beneficio que involucra el diseño normativo. Para el caso que hoy nos ocupa,la importancia de regular la asistencia a madres solteras en situación de alta marginación y pobreza.

Los Programas sociales, por definición se ubican en el ámbito de la Administración Pública, y se asumen como asistencialistas. Sin embargo, resulta indiscutible que la conformación de núcleos familiares en situación de pobreza, con hijos y Jefas de Familia, como únicas proveedoras del mismo, no han merecido a la fecha Programa eficaz que garantice desde varias aristas el abatimiento a dichas condiciones de precariedad.

En este sentido, resulta responsabilidad indelegable del Legislador, garantizar que el estrato social másvulnerable sea el que efectivamente reciba los recursosasistenciales, -partiendo de la función de control que le es propia, como contrapeso del Poder Ejecutivo- La protección del Estado debe ser dirigida proyectada y eficaz para los mexicanos de escasos recursos, bajo el concepto proactivo de inversión social, tal como se ha puesto de manifiesto en la Agenda Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

La Iniciativa que hoy presento compañeros Legisladores, entraña un estricto carácter social que prevé el retorno de costos a futuro, a través de la oportunidad real de desarrollo a los menores que actualmente y ante la eventual muerte de la madre, -como único sostén del núcleo familiar- les quedaría muy probablemente, solo el camino de la calle y la delincuencia.

El planteamiento, involucra concretamente, el apoyo económico temporal, para los menores hijos de 18 años, en caso de fallecimiento de las Jefas de Familia, que no cuenten con éste beneficio o equivalente. Se direcciona selectivamente y a través de Reglas de Operación específicas a: madres solteras, de escasos recursos, que por la condición del empleo informal que desempeñan, no cuentan con aseguranza que les permita garantizar la continuidad escolar de sus menores hijos, ante la eventual muerte de las mismas.Lo anterior, parte del principio de solidaridad y satisfacción de necesidades humanas como generador de políticas públicas, en el marco de la responsabilidad del Estado.

Los Legisladores no podemos cerrar los ojos ante la avasallante realidad que condena huérfanos al hambre y la delincuencia. Los niños y los adolescentes se deben a las aulas escolares sin pretexto alguno, no debemos permitir que la lucha de las madres solteras de hoy, culmine por su muerte, en el inminente fracaso de la vida de sus hijos.

Es objetivo de esta reforma, -repito- garantizar la estadía y continuidad escolar en el sistema educativo nacional, a los menores hijos de las Jefas de Familia de escasos recurso, ante el eventual fallecimiento de las mismas.

Se trata compañeros y compañeras, de una Iniciativa con perspectiva de género, encaminada a garantizar el bienestar y la tranquilidad de las madres solteras, en condiciones de pobreza, y sus descendientes, lo que alcanza como beneficio ulterior las garantías constitucionales atinentes a los niños, niñas y adolescentes, e incluso armoniza acciones para la prevención del delito, pues que mejor prevención que la formación educativa!

No es casualidad que se propongan acciones afirmativas que privilegien a las Jefas de Familia, la historia evidencia que son las mujeres las que contra cualquier adversidad, lejos de abandonar a sus menores hijos, se ocupan de proporcionarles educación y sustento -sin perjuicio de excepciones-a nadie escapa que en el amplio mosaico de la cultura nacional, resulta cada vez más frecuente observar Jefas de Familia que por cualquier causa, se encargan solas, de la manutención del núcleo familiar en condiciones verdaderamente extremas.

De ahí que se proponga incluir, la regulación relativa al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, en la Ley General de Educación Pública, con base en lo prescrito por la fracción I del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, como órgano rector de esta importante vertiente de políticas públicas en el marco de la Seguridad Social Universal, como responsabilidad del Estado.

La Iniciativa, representa un mecanismo de protección para grupos vulnerables, a través del subsidio responsable, que parte del replanteamiento de la nueva cobertura de seguridad social universal, reencauzando recursos en beneficio de los menores.

El ejercicio del beneficio que se propone, responde a una necesidad social ancestral pero vigente, desarrollado desde al ámbito del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública. El Programa plantea optimizar el destino de los recursos que esta Secretaría otorga, con una visión de beneficio transversal y de largo plazo, toda vez que redunda en la oportunidad de garantizar escolarización, en su acepción más amplia, a los menores hijos de las Jefas de Familia, a fin de continuar en el sistema educativo, alejados de las calles y la delincuencia.

Es indiscutible que una de las directrices de mayor relevancia en el ámbito de la asistencia social, es la que logra conjuntar la asistencia inmediata, a la proyección de beneficios al futuro, elevar a rango de Ley, las bondades de los Programas asistenciales, con dirección, regulación y sobre todo permanencia, se traduce por lo tanto en la concreción específica del beneficio para las Jefas de Familia en condiciones de precariedad, madres que trabajan en la informalidad y que por la naturaleza del empleo no cuentan con la prestación de un Seguro de Vida, por lo que su principal temor es dejar a sus menores hijos en el desamparo absoluto.

El planteamiento abona integralmente en la prevención del delito, al inhibir la eventual gesta de potenciales delincuentes, a nadie escapa que los jóvenes en las calles son materia prima y carne de cañón para la delincuencia organizada, como he mencionado antes.

La Iniciativa que se propone, incorpora desde la Ley, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, y lo desprende de la fracción I del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, que prescribe como prioritarios y de interés público, los Programas de Educación Obligatoria, en el marco de la eficacia y transparencia. Integra como criterio, la pobreza, de conformidad con Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza, a fin de cumplir con el objeto de direccionar el apoyo asistencial a quienes más lo necesitan.

Asimismo vincula el Programa al seguimiento escolar de los menores hijos de Jefas de Familia, inscritas al Padrón, que por cualquier causa queden en la orfandad, hasta los dieciocho años cumplidos, que no reciban ingresos por concepto equivalente.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Unico. Se adiciona el rubro de la Sección 1.- Del Acceso a la Educación; así como la Sección 2.- Del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que contiene los artículos 36 Bis, 36, Ter, 36 Quáter, y 36 Quintus; y se reforma el segundo párrafo del artículo 33, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Sección 1.- Del Acceso a la Educación

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XV. …

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, seguro de vida, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Sección 2.- Del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Artículo 36 Bis. Para los efectos de este Capítulo, la Secretaría de Educación Pública, tendrá a su cargo el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Para tales efectos, deberá integrar y actualizar el Padrón de Beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Artículo 36 Ter. Se reputan beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, las mujeres que reúnan los siguientes requisitos:

I. Ser solteras, y tener hijos menores escolarizados de hasta 18 años cumplidos.

II. Estar registradas en el Padrón de Beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia;

III. Acreditar su residencia en el territorio nacional;

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia es un beneficio, intransferible e inembargable, será actualizado anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Las beneficiarias podrán en todo tiempo solicitar su inclusión ante la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 36 Quáter. El monto de las ministraciones mensuales del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se entregará al Tutor que ostente la Patria Potestad de los menores acreditados, de conformidad con lo que establezcan las Reglas de Operación.

Artículo 36 Quintus. El Seguro de Vida para Jefas de Familia se pierde por:

I. Acreditación de beneficio homólogo bajo cualquier denominación en los tres órdenes de gobierno, o Instituciones Privadas;

II. Cambio de domicilio sin actualización del registro;

III. Baja escolar definitiva de los menores acreditados ante la Secretaría de Educación Pública.

III. Mayoría de edad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, será la Instancia competente para la ejecución y diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, para el Ejercicio Fiscalque corresponda, para lo que emitirá las Reglas de Operación respectivas.

Tercero. La Cámara de Diputados asignará en el PEF, al Ejercicio Fiscal que corresponda la partida presupuestal para la operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Eviel Pérez Magaña, pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra.

¿Para qué asunto, señores Senadores?

Senador Eviel Pérez, los Senadores Jesús Casillas, Aarón Irízar López, Daniel Amador Gaxiola, y pido a la Secretaría que tome nota de las señoras y señores Senadores que piden adherirse a esta propuesta del Senador, la cual ha sido aceptada, y así se hará en el Diario de los Debates. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Educación; de Cultura; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

(Presentada por el C. Senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, amigos, Senadoras y Senadores, con el permiso del señor Presidente.

La creación de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados tuvo como base principal la necesidad de una política criminal completa del Estado.

Considerando la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes como objetivo principal, implementando al sistema penitenciario como plataforma para el logro de los mismos, las cárceles fueron creadas como medida de control y protección de la inseguridad, ya que al mantener recluido a los delincuentes en ambientes controlados eficientes, sustentables y humanitarios, garantizan el cumplimiento de la sentencia y generan condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte, por lo que los sentenciados se convierten en ciudadanos productivos respetuosos de la ley y del orden comunitario.

En la actualidad, el sistema penitenciario mexicano se encuentra en una crisis tanto funcional como estructural.

Entre los problemas más apremiantes es posible mencionar: sobrepoblación, hacinamiento, corrupción por parte de autoridades, deterioro de las instalaciones precarias de los servicios médicos, deficiencia en la alimentación, falta de eficiencia y eficacia en los programas de readaptación social, imposibilidad del Estado de sufragar actualmente las necesidades de las cárceles, dilación en el trámite de los procesos internos, los bajos salarios de los empleados en las prisiones, carencia de personal profesional, entre otras irregularidades que impiden que las penitenciarías cumplan con su objetivo principal: reinserción social de los reclusos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, los centros del país con una sobrepoblación de casi 23 por ciento, en el hecho de que la cárcel albergue más internos de los previstos, limita el impulso y aprovechamiento efectivo de esquemas y programas impartidos con fines de reinserción social.

Esto aunado a la falta de una adecuada segregación de delincuentes, según el grado de peligrosidad, tienen consecuencias sociales dentro y fuera de la cárcel, ya que se convierten en el lugar donde los internos intercambian información entre ellos para enseñar o mejorar técnicas y métodos para continuar delinquiendo.

La inseguridad es un problema que lastima a la sociedad, y es consecuencia, entre otras cosas, del fallido sistema penitenciario, cuya manutención, que si fuera poco, es sufragada por las mismas víctimas y que por los problemas antes mencionados no cumplen con lo exigido en el artículo 18 constitucional.

La propia ley de la materia menciona a los medios para la readaptación social al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

Esta incongruencia, compañeras y compañeros, no puede ni debe continuar, por lo que esta iniciativa propone la implementación de una política que introduzca un modelo de trabajo dentro de las cárceles y logre subsanar varias de las deficiencias u omisiones del sistema penitenciario mexicano.

Partiendo de que el trabajo es uno de los mecanismos que permite al ser humano desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades, el artículo 18 constitucional fue reformado el 10 de junio de 2011, estableciéndose en este proceso un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, con el fin de que las cárceles no continúen siendo espacios dedicados a la contención del sentenciado, sino instancias donde se creen las condiciones óptimas que garanticen la reintegración a la sociedad.

No obstante, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los internos ejerzan sus derechos antes mencionados.

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de impulsar las bases que permitan establecer una política nacional de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios del país y, al mismo tiempo, proporcionen a los internos las herramientas que permitan sufragar parte de su manutención y la de su familia; la reparación del daño y la generación de ahorros para el día de su liberación.

Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, considero que es de urgencia que los legisladores tomemos las medidas necesarias desde nuestros ámbitos de acción, para que sea una realidad el establecimiento de un modelo penitenciario en el que el trabajo en los centros de reclusión se entienda como un medio para la dignificación del interno y un elemento central de su tratamiento.

Por lo anterior, propongo hacer las modificaciones pertinentes a la Ley que Establecen las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, de modo que el trabajo en las penitenciarias se programe, tomando en consideración las aptitudes, intereses, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, además de las demandas del mercado laboral.

Lo que se pretende con esta iniciativa es que los internos, sean procesados o sentenciados, se les permita optar por un empleo que por una parte garantice la manutención de sus dependientes económicos y por otra cubra los gastos de la reparación del daño de las victimas, tomando como base que estos planteamientos incentivarían el trabajo, en beneficio del interno, la víctima y el sistema penitenciario.

Es imperante mencionar que las acciones en este ámbito deben inscribirse como parte de una política pública planeada y clara en su aplicación, que no pueda estar desvinculada del sector productivo del país y debe aplicarse con absoluto respeto a las leyes aplicables, la dignidad y los derechos humanos.

Cabe señalar que el desempeño laboral no se impondrá como castigo, por el contrario, la dirección del respectivo centro penitenciario deberá organizar y planificar el trabajo, garantizando descanso semanal y una jornada que no exceda de la máxima legal, y considerando solo lo previsto en materia de seguridad e indemnización para acciones de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que es necesario dar lugar a un ambiente propicio para el desarrollo laboral aun cuando por su condición tengan limitado el ejercicio del respeto de sus derechos laborales.

Considerando que los internos merecen un trato justo y no deben vivir una situación de explotación, el salario no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en caso de que la organización del trabajo esté a cargo de una persona moral, la remuneración se homologará al mismo nivel de aquella percibida por un trabajador en dicha empresa.

Aquellos internos que practiquen alguna actividad artística remunerada, podrán hacer de esta su única actividad laboral siempre y cuando sea compatible con su tratamiento y con el régimen del centro penitenciario, previa aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario.

Asimismo, considerando las prioridades en las responsabilidades y necesidades del interno, así como la procuración de reparar el daño, se propone distribuir la remuneración del trabajo, otorgando el 50 por ciento para los dependientes económicos del interno, 30 por ciento para la reparación del daño, 10 por ciento para el fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad y 10 por ciento para gastos personales.

Con base en las propuestas antes mencionadas y tomando en cuenta el principal objetivo de los centros penitenciarios, el tratamiento de los delincuentes y la prevención del delito se puede vislumbrar al modelo de trabajo planeado como un mecanismo de reinserción social que concientiza, capacita y motiva al interno durante su reclusión, a la vez que le permite responsabilizarse de sí mismo y de sus dependientes económicos, la reparación del daño a la víctima, una mayor posibilidad de éxito laboral una vez liberado y, por lo tanto, pocas probabilidades de reincidir.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, ADOLFO ROMERO LAINAS, DOLORES PADIERNA LUNA, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, LORENA CUELLAR CISNEROS Y RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, Senadores de la República de la LXII Legislatura, integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A pesar de que el artículo 18 constitucional precisa que los reclusos tienen derecho a la educación, al trabajo y capacitación para el mismo, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los internos ejerzan ninguno de esos derechos.

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la salud; la precariedad económica existente en los servicios médicos provoca que, en ocasiones, los médicos no puedan atenderlos de manera adecuada y profesional.

Este caso, aunado a otras irregularidades de nuestro sistema penitenciario como motines, fugas, violación a los derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas, el uso de teléfonos celulares para cometer delitos, el hacinamiento, el mal estado de las instalaciones, las deficiencias en la alimentación, entre otras fallas estructurales, impiden que se logre la reinserción social de los reclusos.

Cabe señalar también otras causas que producen el fracaso del sistema penitenciario como: la sobrepoblación y la limitada capacidad de habitación de los reclusorios; la dilación en el trámite de los procesos internos; los bajos salarios de los empleados en las prisiones; la carencia de personal profesional; y la corrupción provocada por los internos que cuentan con poder económico (delincuencia organizada). Las lesiones, el homicidio, el tráfico de drogas y los motines forman parte de la vida cotidiana de la prisión[1].

En mérito de lo anterior, el 10 de junio de 2011, se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual pretende establecer un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, para que las cárceles no continúen siendo espacios dedicados a la contención del sentenciado, sino instancias donde se creen las condiciones para la reintegración a la vida social de quien transgredió la ley y vivió en reclusión.

Por tanto, siendo el trabajo remunerado uno de los mecanismos que permiten al ser humano desarrollar sus capacidades, se hace necesario, con fundamento en el propio artículo 18 constitucional, impulsar las bases que permitan establecer una política nacional de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios del país.

El trabajo penitenciario proporcionará a los internos las herramientas que les permitan reintegrarse a la vida social y productiva con mayor facilidad, generar ahorros para el sostenimiento del individuo cuando se reintegre a la vida comunitaria, y por último, ayudar a su propia manutención y la de sus familias durante la reclusión.

Por tal motivo,proponemos establecer un modelo en el que el trabajo en los centros de reclusión se entienda como un medio para la dignificación del interno y un elemento central de su tratamiento; pero las acciones en este ámbito deben inscribirse como parte de una política pública planeada y clara en su aplicación, que además no puede estar desvinculada del sector productivo del país, y debe nutrirse de las experiencias nacionales e internacionales con absoluto respeto a su dignidad y derechos humanos.

Proponemos hacer las adecuaciones necesarias a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para que el trabajo se programe tomando en consideración las aptitudes, intereses, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, así como las demandas del mercado laboral, previa determinación del Consejo Técnico Interdisciplinario.

Se trata de que a los internos, sean procesados o sentenciados, seles permita optar por un empleo que por una parte garantice su manutención personal y la de sus dependientes económicos, y por otra cubra los gastos de la reparación del daño de las víctimas, tomando como base que estos planteamientos incentivarían el trabajo, en beneficio del interno, la víctima yel sistema penitenciario.

Aún cuando la propia condición de los internos es limitada en el goce de varias garantías y derechos, cabe especificar en la propuesta que no será aplicable la Ley Federal del Trabajo, salvo lo previsto en materia de seguridad e indemnización por accidentes, en tanto que es necesario dar lugar a un ambiente propicio para el desarrollo laboral.

Además, la propuesta plantea que el empleo que desempeñe el interno no deberá imponerse como un castigo, ni será aflictivo, denigrante, infamante o forzado, por el contrario, tendrá un sentido de reinserción social; asimismo, procurará la capacitación y la creatividad del interno para desempeñarse en el exterior al obtener su libertad.

En el caso de que se le dicte sentencia condenatoria al interno, se propone que el tiempo laborado durante el proceso penal sea tomado en consideración para obtener los beneficios preliberacionales.

Se trata de que la Dirección del respectivo Centro Penitenciario organice y planifique el trabajo de carácter productivo, en las condiciones que permitan ocupar losdías laborables a los internos, garantizando el descanso semanal y una jornada de trabajo que no exceda de la máxima legal, con horarios que les permitan disponer del tiempo suficiente para la aplicación de otrasmedidas de seguridad o programas que garanticen la reinserción social.

Con relación al salario, la presente iniciativa propone que este no sea inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, en caso de que la organización del trabajo esté a cargo de una persona moral, la remuneracióndel interno se homologará al mismo nivel que aquella que percibe un trabajador en dicha empresa. Lo anterior con el fin de dar un trato justo a los internos y que no vivan una situación de explotación.

Partiendo de las prioridades en las responsabilidades y necesidades personales del interno, así como la procuración de reparar el daño, asentada en la fracción I, apartado A del artículo 20 constitucional, se propone que la remuneración del trabajo se distribuya en un cincuenta por ciento para los dependientes económicos del mismo, treinta por ciento para la reparación del daño, diez por ciento para el fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad, y diez por ciento para los gastos personales del interno. En el caso de internos que realicen actividades artísticas remunerativas, podrán hacer de estas su única actividad laboral siempre y cuando sea compatible con su tratamiento y con el régimen del centro penitenciario. El Consejo Técnico Interdisciplinario deberá aprobar dichas actividades.

Si bien se busca la integración a la vida social y productiva de los internos a través del modelo de trabajo propuesto, éstos no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión con funciones de autoridad, representación, liderazgo o mando entre sus iguales, por cuestiones de seguridad y orden en el centro penitenciario.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se reforman el artículo 9° y 10°; y se adicionan los artículos 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quintus y 10 sextus de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 9°.- Se creará en cada reclusorio un Consejo Técnico interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención. El Consejo podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general para la buena marcha del mismo.

El Consejo tendrá la facultad de decidir sobre la aprobación de las actividades remunerativas que realicen los internos.

En caso de que el interno fallezca durante la reclusión, el Consejo tendrá la facultad de administrar y disponer de los fondos correspondientes a las fracciones III y IV, del artículo 10 quater de la presente Ley, para ser destinados exclusivamente al fondo que se creé en beneficio de las áreas productivas y laborales del Centro.

Artículo 10.- El trabajo se programará teniendo en cuenta las aptitudes, interés, vocación, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral, según lo determine el Consejo Técnico Interdisciplinario.

A los internos, tanto procesados como sentenciados, se les podrá asignar un trabajo voluntario como medio para lograr la reinserción social, cumplir con la manutención de sus dependientes económicos y cubrir la reparación del daño, proporcionándoles en lo posible los elementos necesarios para la realización del mismo.

En caso de dictarse sentencia condenatoria, el tiempo que hayan trabajado como parte del proceso penal se tomará en consideración para el efecto de los beneficios que otorga la presente Ley.

No serán aplicables las leyes laborales al trabajo que se realice en los Centros, en virtud de que no se trata de una relación voluntaria, sino que surge como consecuencia de un procedimiento penal o sentencia y del régimen de reinserción social, en los términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ningún interno podrá desempeñar empleo, cargo o comisión alguna en la administración del centro penitenciario o que ejerza funciones de autoridad, representación o mando de sus compañeros ante las autoridades.

Artículo 10 bis.-Quedan prohibido el trabajo para:

I. Los que padezcan alguna enfermedad o discapacidad que los imposibilite;

II. Las mujeres durante las seis semanas anteriores al parto y las seis semanas posteriores al mismo; y

III. Los adultos mayores de 70 años de edad, salvo actividades artísticas remunerativas.

Artículo 10 ter.-El Centro Penitenciario brindará la capacitación para el trabajo a los internos que estén en condiciones de laborar, dentro de los límites compatibles con una selección racional, las exigencias de la administración y la disciplina penitenciaria. Los internos podrán incursionar en las diversas ramas de trabajo que existan en el Centro.

El trabajo no deberá imponerse como un castigo, ni será aflictivo, denigrante, infamante o forzado. Asimismo, tendrá un sentido de reinserción social, y procurará la capacitación y creatividad del interno para desempeñarse en el exterior al obtener su libertad.

Artículo 10 quater.-La remuneración del interno será proporcional al trabajo que desempeñe.

Si los bienes o servicios producidos se destinasen a la Federación, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una persona moral privada, la remuneración será igual al salario correspondiente a la categoría profesional de que se trate.

La remuneración del trabajo del interno se distribuirá de la forma siguiente:

I. Cincuenta por ciento para los dependientes económicos;

II. Treinta por ciento para la reparación del daño;

III. Diez por ciento para el fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad; y,

IV. Diez por ciento para los gastos personales del interno.

De no haber condena a la reparación del daño o esta hubiese sido cubierta, y no existiesen dependientes económicos del interno, los porcentajes respectivos se distribuirán en partes iguales entre lo dispuesto en las Fracciones III y IV de esta Ley.

En caso de que el interno fallezca durante la reclusión, los fondos correspondientes a las fracciones III y IV serán destinados para la reparación del daño; en el supuesto de existir algún remanente, se distribuirá en partes iguales para los familiares y para el fondo de actividades productivas y laborales administrado por el Consejo Técnico Interdisciplinario.

Artículo 10 quintus.- La Dirección del Centro organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las condiciones siguientes:

I. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días laborables a los internos, garantizando el descanso semanal;

II. Garantizará que la jornada de trabajo no exceda de la máxima legal y se cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la aplicación de los demás medios de tratamiento;

III. Optimizará los puestos de trabajo ya existentes en el centro penitenciario;

IV. Cuidará que se respete el principio que establece que a trabajo igual, remuneración igual;

V. Garantizará que en materia de seguridad laboral e indemnización por accidentes en el área de trabajo se cumpla con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo;

VI. Vigilará que la distribución de las oportunidades en el acceso al empleo sea equitativa y sin ningún tipo de discriminación; y

VII. Garantizará que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo de la cantidad sobrante conforme a las condiciones que se establezcan en esta Ley.

Artículo 10 sextus.-La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento penitenciario o comisiones que se le encomienden de acuerdo con el Reglamento.

En el caso de internos que realicen actividades artísticas remunerativas, podrán hacer de éstas su única actividad laboral, siempre y cuando sea compatible con su tratamiento y con el régimen del Centro. El Consejo Técnico Interdisciplinario deberá aprobar dichas actividades.

Queda prohibido el establecimiento de negocios particulares por parte de los internos y del personal del Centro Federal.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2012.

Suscriben

Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Adolfo Romero Lainas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de establecimientos para el tratamiento de las adicciones, la cual se turna, en su momento, a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

[1] Victoria Adato Green, “Urge instrumentar una política criminal que dé resultados”, en Iter Criminis Revista de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, núm. 12, octubre 2004-marzo 2005, pp. 11-23.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, María Cristina Díaz Salazar Senadora de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVAS A LA REGULACION PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES Y SEMIRRESIDENCIALES ESPECIALIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, el consumo de drogas constituye un grave problema de salud pública cada vez más expuesto a factores de riesgo. Los estudios recientes refieren tendencias que apuntan hacia dos vertientes: por un lado se observa que la edad de inicio en el consumo de sustancias psicotrópicas, incluyendo alcohol y tabaco, se ha reducido en las últimas décadas. Por otro lado, se registra un aumento en la disponibilidad de drogas tanto lícitas, principalmente entre la población estudiantil.

En 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) señalaba la existencia de 307 mil personas con problemas de adicción, mientras que en 2008 la misma encuesta mostró que esta cifra se elevó a 465 mil con problemas graves de dependencia.

En el caso de consumo de alcohol, la ENA 2008 reportó que la población que representa abuso/dependencia a esta sustancia es muy elevada. Poco más de 4 millones de mexicanos cumplen los criterios para este trastorno.

Actualmente, el abuso y la dependencia de sustancias adictivas constituyen un problema de salud pública con importantes consecuencias negativas que trascienden el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

Por ello, el tratamiento de las adicciones requiere servicios de calidad que aseguren metodologías confiables y seguras, así como un trato interpersonal sensible y digno hacia los pacientes.

El respeto de los derechos humanos y la calidad de la atención son elementos que requieren un proceso de mejora continua, en el que participen todos los involucrados en la prestación de los servicios.

Los centros de tratamiento residencial que actualmente brindan servicios de atención a las adicciones en el país pueden operar con distintos modelos de tratamiento:

Profesional:Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados para diagnosticar, desintoxicar y rehabilitar, en ellos trabajan profesionales ya sean médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores, personal de enfermería, etcétera. Se brinda el servicio a través de consulta externa, consulta de urgencias y hospitalización.

Ayuda mutua:Estos grupos son fundados por adictos recuperados y ofrecen espacios para ayudar a otros enfermos y lograr la desintoxicación y rehabilitación, enfatizan la interacción personal y la asunción individual de responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o emocional y promueven unos valores a través de los que sus miembros pueden reforzar la propia identidad.

Mixto:Es la mezcla de los modelos de tratamiento profesional y de ayuda mutua, en ellos trabajando profesionales de la salud, así como adictos recuperados.

En 2010, a través del Proyecto Capacitación y Profesionalización de Consejeros Terapéuticos en Adicciones Cicad-Conadic, se levantó un censo nacional de establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones, el cual daba cuenta de la existencia de mil 543 centros, la mayoría de ellos grupos de ayuda mutua dirigidos por adictos recuperados que carecen en general de una formación profesional en materia de atención y tratamiento de las adicciones, pero a través de los cuales es atendido más de 80 por ciento de las personas que sufren adicción a sustancias psicoactivas en el país.

Actualmente se cuenta con el censo en línea desarrollado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el cual ha sido retroalimentado por los consejos estatales contra las adicciones (CECA) a partir del cuarto trimestre de 2011, y que da cuenta de mil 732 establecimientos residenciales.

De este universo de establecimientos residenciales que brindan servicios de tratamiento residencial (mil 732), 372 cuentan con reconocimiento ante este centro nacional, es decir se ha constatado que cubren las condiciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, y han sido visitados por los consejos estatales para su verificación. El proceso de reconocimiento de la totalidad de los establecimientos está en marcha.

Sin embargo, la Ley General de Salud señala que para la apertura de establecimientos que brindan servicios residenciales de atención a las adicciones, independientemente de su modelo de atención, únicamente es necesario contar con aviso de funcionamiento ante las autoridad sanitaria de las entidades federativas, a través del cual se proporciona información relacionada con el nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del establecimiento, la ubicación del centro, fecha de inicio de operaciones, procesos utilizados, clave de actividad, cédula profesional, en caso de contar con responsable sanitario, y declaración bajo protesta de decir verdad de que se cumplen los requisitos y las disposiciones aplicables al establecimiento.

Debido a la aparente facilidad para la apertura de este tipo de centros, gran parte de ellos inician actividades sin contar con aviso de funcionamiento ante la autoridad sanitaria, y en otros casos a pesar de contar con éste los requisitos establecidos para el aviso de funcionamiento no abarca todos los requerimientos que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, lo cual no garantiza una adecuada calidad de los servicios que prestan.

Los factores anteriores influyen para que algunos de estos establecimientos se oculten o cambien de residencia con facilidad, lo que a su vez conlleva a la clandestinidad y a la operación de prácticas no apropiadas y al evidente riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes que son atendidos en estas circunstancias. Se reconoce la importante labor de la mayoría de los Centros de Tratamiento, pero debe evitarse a toda costa que exista siquiera una minoría que ponga en riesgo en su integridad física o psicológica a los usuarios de los servicios.

Dada la evidente necesidad de contar con mejores mecanismos de regulación para los centros residenciales que brindan servicios de atención a las adicciones, el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, con los CECA, ha implantado acciones de registro y reconocimiento de establecimientos con fines de acercamiento y verificación de los mismos, además de acciones de capacitación a consejeros en materia de adicciones; sin embargo, resulta imperiosa la necesidad de realizar la modificación a la Ley General de Salud, referente a la apertura de este tipo de centros, considerada en el título undécimo, “Programa contra las Adicciones”, en el artículo 198, para que se incluyan las organizaciones dedicadas al tratamiento residencial de las adicciones a solicitar licencia sanitaria, con criterios específicos en materia de infraestructura, personal y modelos de atención, que garantice un servicio de tratamiento efectivo, de calidad y que respete en todo momento los derechos y la dignidad de las personas.

Por otra parte, se daría un plazo máximo de tres años para que los actuales centros obtengan su permiso de funcionamiento, previo registro en el Directorio Nacional de Establecimientos de Atención a las Adicciones, lo cual favorecería la identificación inmediata de los centros de tratamiento residenciales y la posibilidad de clausurar de manera inmediata aquellos que se descubra clandestinos.

Con la licencia sanitaria para establecimientos que brinden servicios de atención y rehabilitación de las adicciones la regulación en la apertura de estos establecimientos, apoyará significativamente la operación de éstos, además de que permitirá su verificación y supervisión permanente, asegurando así el nivel de calidad necesario en la prestación de servicios.

Por lo expuesto someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Unico.Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXI....

XXI Bis. Los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones;

XXII. a XXVIII....

Artículo 13....

A....

I. yII. ...

II Bis. Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.

III.a X. ...

B....

I.Organizar, operar, supervisar y regular la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI Bis, XXVI Bis, y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II.a VII. ...

C....

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a

I. a V. ...

V Bis. Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones;

VI....

...

La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de establecimientos corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas.

...

TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las adicciones, que a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, que cuenten con un aviso de funcionamiento, tendrán un plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto para obtener la autorización sanitaria a que se refiere el artículo 198, fracción V Bis, de esta ley.

Tercero.Hasta que no se obtenga la licencia sanitaria por dichos establecimientos, durante el plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan continuar sus funciones, registro que estará sujeto a los lineamientos que determine la Secretaría de Salud, debiendo emitirlos en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales, relativas al Sistema Nacional de Fiscalización.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS AL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidentem; con su permiso compañeras y compañeros Senadores.

La presente iniciativa con proyecto de Decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos tanto a la Auditoría Superior de la Federación, como el propio Sistema Nacional de Fiscalización, tiene que ver con el debate que tuvimos ayer, y tiene que ver con un debate que desde el grupo parlamentario del PRD queremos que se instale como una de las prioridades de esta legislatura, y queremos que el análisis que puedan hacer los grupos parlamentarios, aquí representados, motive una profunda reflexión de en dónde nos encontramos como país, especialmente en un momento de necesaria transformación de la vida pública nacional, que se convierte en un elemento de cohesión para garantizar un nuevo acuerdo político en lo fundamental.

Y precisamente por eso esta propuesta lo que busca es poner en el centro del debate de la discusión y del análisis una problemática que permea en la vida nacional, no de tan solo algunos años, sino prácticamente de toda nuestra vida post-revolucionaria.

Quiero, a nombre de mi grupo parlamentario, pero también a título personal, ofrecer que esta iniciativa que hoy se presenta se pueda revisar también a la luz, una persona que en lo personal me parece importante recordar, no solamente con lo que hicimos hace algunos días, sino mantener presente el trabajo que significó Alonso Lujambio, no solamente como compañero Senador, no solamente como un militante del Partido Acción Nacional, sino que yo le ofrezco, como alumno que fui de él, y como alumno que no solamente en las aulas, sino en la vida, me parece, repito, en lo personal, que es importante rendirle tributo a él, gracias a él yo aprendí mucho de la transición política mexicana, gracias a él conocí, en gobiernos divididos en la Federación mexicana y en el proceso presupuestario, las relaciones entre los órganos del poder, el caso mexicano en perspectiva histórica, que la problemática que tenemos en este país tiene que ver precisamente con la falta de transformación institucional, en este tema que es la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la eficiencia en el gasto público.

Cuando sostuve alguna vez una platica con Alonso Lujambio, él señalaba que la transición estaba incompleta en gran medida porque no se había logrado dar el paso siguiente, habíamos arrancado un proceso de democratización, desde 1977, con la reforma política de Reyes Heroles, se había logrado incorporar a las fuerzas políticas y se había consolidado un amplio proceso de trabajo que pasó por el diseño del Instituto Federal Electoral, por su autonomía, por la consolidación de los tribunales electorales en materia constitucional, y llegamos al 2000, a un momento donde la alternancia fue posible y un partido político logró cambiar el nombre en el poder.

Y lo que platicábamos en aquella ocasión con Alonso era: ¿Si realmente había habido una alternativa frente a esa alternancia? ¿Si realmente se había logrado consolidar una nueva forma de concebir al régimen político? ¿Y si ese régimen político había logrado formas distintas de relación entre los actores políticos y especialmente entre los actores políticos y la sociedad?

El destacaba el tema del IFAI, el acceso a la información, como uno de esos cambios notorios, y me acuerdo que en aquel debate, yo sostenía y sigo sosteniendo que gran parte del ensamblaje institucional no había cambiado, si bien se había posibilitado el acceso a la información como una palanca de participación ciudadana, no habían cambiado en mayor cosa otro tipo de andamiajes y de pilares del sistema político, como era la relación con los sindicatos.

Bueno, viene a colación, pues hoy se está discutiendo precisamente este tema, el tema de la democracia sindical en la Cámara de Diputados, y pareciera ser que esa discusión que mantuvimos, y con la cual yo quiero honrar a alguien que fue maestro de muchas generaciones, sigue pendiente.

¿Qué tanto logramos transformar los pilares de ese régimen político que imperó durante 70 años y que pareciera ser, a ojos de varios de nosotros, que no se modificó en lo sustantivo?

Cuando Vargas Llosa planteaba que México era la dictadura perfecta, planteaba precisamente que la red que le daba soporte institucional, las relaciones político-sociales que garantizaban que ese régimen pasara sexenios tras sexenios y se mantuviera vivo, la parte fundamental de ese régimen era la corrupción y la falta de rendición de cuentas.

Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que la discusión que tuvimos el día de ayer, la discusión que se ha hecho pública a la luz del pasado proceso electoral e incluso las propuestas políticas que se han puesto sobre la mesa en materia de rendición de cuentas, en materia de nuevas instituciones que vayan en contra de la corrupción, tenemos que aprovecharla todos los partidos políticos.

Tenemos que entender, que si no hemos logrado una verdadera transformación de fondo del régimen político en los últimos 80 años, es porque no hemos logrado desensamblar en su totalidad ese régimen que todavía se sostiene a nivel de los municipios, a nivel de los estados, a niveles de las instituciones federales y que se sigue sosteniendo por la falta de rendición de cuentas, por la falta de transparencia y por la falta de un efectivo combate a la corrupción.

De tal manera, compañeros y compañeras, que esta iniciativa, este cambio constitucional que ofrecemos el día de hoy, queremos que lo debatamos de manera compartida con todas las fuerzas políticas, con todos los grupos parlamentarios que están aquí representados.

Estoy convencido de que podemos aprovechar el tema de la eficiencia presupuestal, saber, ¿qué se gasta?, ¿cómo se gasta?, y sobre todo, ¿cómo le sirve a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas comunes y corrientes, cómo se está gastando el dinero de la gente, el dinero de los impuestos?

¿Cómo rendimos cuentas frente a ese gasto?, y especialmente, ¿cómo castigamos a aquellos que violentando la buena fe de los ciudadanos, hagan uso corrupto de ese dinero, incurran en actos de corrupción y puedan ser sancionados a la luz de toda la sociedad?

Yo estoy convencido, compañeras y compañeros, que podremos dar paso a la nueva etapa de la transición mexicana; a la nueva etapa, donde le demos consistencia y le demos salida a un tema que pareciera que seguimos arrastrando, arrastrando y arrastrando y no logramos terminar la transición democrática en este país.

De tal forma, que la iniciativa que hoy ofrecemos, el Senador Mario Delgado, un servidor y los compañeros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ofrece un cambio institucional: que la Auditoría Superior de la Federación, que es al brazo técnico de este Poder Legislativo instalado en la Cámara de Diputados, tenga capacidades de supervisión puntual, y si identifica que hay algún acto de corrupción, inmediatamente pueda mandarlo a un tribunal constitucional que instalemos para estos efectos.

Si ya lo logramos hacer en materia electoral, ¿por qué no hacerlo en este tema, que es un tema profundo, que requiere la especialización, y especialmente que requiere de la más alta capacidad y voluntad política para el ejercicio de la ley?

Estamos planteando la instalación de estos nuevos tribunales.

En vez de imaginarnos un nuevo ente, que con la autonomía ciudadana venga a buscar reforzar, que reforcemos lo que tenemos en el sistema, que reforcemos este brazo técnico en la Auditoría Superior, que garanticemos que lo que haga la Auditoría no se quede a dormir el sueño de los justos en el Ministerio Público o en la Secretaría de la Función Pública, sino que directamente se vaya a este tribunal, y que este tribunal sea parte de un sistema donde el Instituto Federal de Acceso a la Información, donde una revisión puntual de la Ley del Responsabilidades de los Servidores Públicos nos garantice una visión integral.

Una transformación institucional es lo que requiere este país, y pareciera ser que la discusión se quiere volver a poner en el tema de las reformas estructurales.

Yo lo que les ofrezco, compañeras y compañeros, y lo que queremos desde el PRD, es que busquemos un acuerdo en lo integral, desde el punto que más le duela a la gente hoy, que es, ¿cómo se gasta?, ¿en qué se gasta?, y, ¿qué beneficios le genera a la gente?

Por eso esta iniciativa estaremos trabajándola con todos los grupos parlamentarios, y esperamos que se vuelva una pieza en la construcción del gran acuerdo nacional que nos reclaman los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscriben Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS AL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El gran dilema de la sociedad mexicana es crear un buen sistema de organización política, el Estado mexicano eligió un sistema democrático y con división de poderes, sin embargo, como democracia debemos fortalecer los derechos de los ciudadanos de supervisar el correcto uso de sus impuestos, lo cual representa grandes retos para las instituciones de fiscalización. La rendición de cuentas es una condición necesaria para nuestro gobierno, el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa frente al ejercicio del gasto público requiere de la modernización de la actual arquitectura detransparencia y acceso a la información, en especial de los instrumentos y facultades de la Auditoria Superior de la Federación y de las auditorias locales de las entidades federativas.

El pasado 24 de abril la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que reformay adiciona los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual propone lo siguiente:

• Reconocer a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización.

• Adelantar gradualmente el plazo de presentación de la Cuenta Pública al último día hábil del mes de febrero.

• Otorgar a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar evaluaciones preliminares a través de informes trimestrales, emitiendo recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo.

• Solicitar información del ejercicio en curso, para contar con elementos para la planeación de las auditorías.

• Iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

• Realizar acciones sin sujeción a los principios de anualidad y posterioridad para que en supuestos específicos que regule la legislación secundaria, la Auditoría Superior de la Federación pueda tener intervención durante el ejercicio en curso.

• Incluir de manera expresa como sujetos de fiscalización a los fideicomisos públicos y a las concesiones o cesiones parciales de bienes del dominio público.

• Incluir la fiscalización de los proyectos de inversión de coparticipación público privada.

• Presentar informes individuales de auditoría que se entregarán conforme vayan concluyendo las auditorías.

• Presentar un Informe General Ejecutivo del Resultado el 31 de octubre.

• Concluir la revisión de la Cuenta Pública por parte de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre del mismo año de su presentación.

La actual Ley de General de Contabilidad Gubernamentalemano en primer lugar de la necesidad de contar con información en materiafinanciera y presupuestal que pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno, y en segundo lugar, el objetivo de mejorar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de los servidores públicos en la administración y el ejercicio de los impuestos de los ciudadanos.

Dentro de la etapa final del Ejecutivo Federal y en uso de la figura de iniciativa preferente, la LXII Legislatura del Senado de la República ha recibido un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno.

El eje toral del proyecto es impulsar la transparencia y rendición de cuentas a través del fortalecimiento de: a) la planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización; generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional; c) Mejorar la toma de decisiones de los diseñadores de política económica, y el combate de toda prácticas discrecionales, ilícitas y de corrupción.

La iniciativa presenta importantes avances para el combate de la corrupción, opacidad y rendición de cuentas de los entes públicos, en especial, los relacionados con los recursos del sector educativo y de salud. Es importante resaltar que el proyecto busca establecer una base general de acceso y transparencia de los recursos públicos durante todo el proceso de presupuestación, incluyendo desde la presentación de iniciativas de gasto, ingreso y deuda, la situación de las plazas del sector educativo y salud, entre otras disposiciones que regulan la actuación de las entidades federativas dentro de una nueva etapa de la consolidación de la contabilidad nacional.

Es importante destacar que la iniciativa facilita los mecanismos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los sistemas de información e instancias de fiscalización, control y evaluación de las entidades federativas, para cuidar que los entes públicos en los tres órdenes de gobierno, cumplan con obras y programas para los cuales la federación canalizó recursos, así como para valorar la calidad de la información presentada. Incluso eleva las sanciones, al castigar con cárcel de dos a cinco años y multas de cien mil a doscientos mil días de salario mínimo a los funcionarios que falsifiquen información, la alteren de forma dolosa, o se nieguen a entregarla. Sin embargo, consideramos que el acceso de la ASF a los sistemas informativos y de control de gestión, deja trunco el proceso integral de planeación-ejecución-supervisión, incluso con los avances de la Minuta aprobada por Cámara de Diputados, encontramos debilidades estructurales para homogenizar metodologías, homologar procedimientos e incluso, intervenir en caso de deficiencias notorias.

La fiscalización de recursos federales enfrenta el desafío del laberinto legal de los entes de fiscalización locales, la falta de presupuesto y la influencia de los poderes ejecutivos locales.

La falta de una nueva generación de reformas de fiscalización en la última década, provocó diversos escándalos de deuda pública, desvíos solapados, actos de corrupción e incluso desfalcos respaldados con aval institucional de los congresos locales. A la fecha nuestras instituciones de fiscalización no cuentan con instrumentos de investigación y persecución de funcionarios, personas físicas o morales que atenten contra el interés público, pero sobre todo, es prioritario el fortalecimiento de un sistema de fiscalización público que promueva la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el fortalecimiento y homogenización de la fiscalización de los recursos públicos.

En este sentido, consideramos fundamental ampliar el debate y las propuestas en materia de fiscalización y fortalecimiento de las auditorias locales,fortaleciendo la minuta que actualmente radica en el Senado de la República en materia de fiscalización. Es de vital importancia que esta Cámara eleve las facultades de la ASF sobre todo desde la visión de un sistema de fiscalización nacional. Estamos obligados a trasladar los avances de la legislación federal a los entes de fiscalización de las entidades federativas, bajo tres principios:

• Fortalecimiento de la independencia política, la cual significa estar libre de presiones (políticas) externas, además de tener la capacidad de decidir libremente los criterios y alcances de la auditoría, en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación

• Recursos humanos y financieros suficientes para llevar a cabo sus labores.

• Capacidad de influir en el comportamiento de los entes fiscalizados y emitir una evaluación técnica del desempeño de los mismos en el ejercicio del gasto público.

La independencia política se refiere a la existencia de una diferenciación de incentivos e intereses entre las entidades y los entes fiscalizables; que el funcionamiento y la supervivencia institucional de estas entidades de fiscalización no estén condicionados a la convergencia de intereses políticos, y que cuenten con independencia de gestión y de organización con respecto a los dichos entes respecto a la injerencia de los ejecutivos estatales.

Lograr una contabilidad homologada es un paso necesario para fiscalizar y rendir cuentas, pero sobre todo generar mecanismos o criterios homogéneos de evaluación de los programas estatales, que en promedio dependen del 57% de los recursos del presupuesto federal, pero esun requisito necesario para evolucionar hacia un sistema nacional de fiscalización, que establezca las normas generales de fiscalización, auditoría, seguimiento y sanción.

Los legisladores proponentes, sostenemos que el dialogo entre poderes en materia de fiscalización debe ampliarsea otras iniciativas que tienen por objeto el fortalecimiento de la auditoria y sanción de quienes asumen la responsabilidad de la administración de los impuestos de los contribuyentes, que a continuación sintetizamos:

• Ordena la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, así como la emisión de la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

• Dota a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de facultades para iniciar procedimientos ante los jueces penales por los delitos cometidos contra las finanzas públicas, con independencia del Ministerio Público, y para iniciar procedimientos administrativos ante el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.

• Crea el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público responsable de sancionar a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno o a cualquier persona por irregularidades administrativas en el ejercicio de recursos públicos.

• Dota de autonomía presupuestal a la ASF y a las auditorías locales.

• Ordena a la ASF realizar la evaluación del desempeño de los entes fiscalizados, en términos de sus metas y objetivos, así como el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

• Introduce la figura del mandato para fortalecer la toma de decisiones de la Cámara de Diputados en la presupuestación con base en resultados. La ASF generará un informe de los resultados que se esperan obtener con la aplicación de recursos públicos que podrá considerar la Cámara en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para orientar mejor el gasto público.

• Fortalece el sistema nacional de fiscalización pública mediante la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el fortalecimiento y homogenización de la fiscalización de los recursos públicos.

• Fortalece las atribuciones de los entes locales de fiscalización en la misma proporción que para la Auditoria Superior de la Federación, incluyendo las atribuciones frente al Tribunal.

Elevar a rango constitucional la participación ciudadana (IFAI y otros) en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas del Estado, como partede un sistema integral de organización de cuentas que evite la fragmentación que actualmente prevalece.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone reformar y adicionar los artículos 21, 73, 74, 79, 102, 115, 116 y 122de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Sereforman el párrafo segundo del artículo 21, la fracción XXVIII del artículo 73, el primer párrafo de la fracción IV y el primer, tercer, cuarto y quinto párrafos de la fracción VI del artículo 74, el artículo 79, y el párrafo segundo del artículo 102, el cuarto párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115, el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y se adicionan la fracción XXVIII-B al artículo 73, así como un párrafo tercero al inciso c) de la fracción V de la Base Primera del inciso C del artículo 122, recorriendo en su numeración al subsecuente; todo ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. …

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, salvo en los casos dispuestos por la fracción V del artículo 79. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXVIII. …

XXVIII-B. Para expedir leyes de carácter general para regular la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización y la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas.

XXIX. a XXIX-G. ...

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, con salvedad de aquellas que competa resolver al Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

Artículo 74. …

I. a V. …

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas, así como evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas, tomando en cuenta la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Cámara emitirá las resoluciones conducentes, las cuales serán vinculantes para las dependencias o entidades sujetas a revisión o se integrarán en el decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrerodel año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individualesde auditoría como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

VII. y VIII. …

Sección V

Del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, estará dotada de autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La entidad encabezará el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual establecerá un esquema de coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el fortalecimiento y homogenización de la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Sistema Nacional de Fiscalización reconocerá el derecho de la sociedad para organizarse y monitorear los procesos de fiscalización y rendición de cuenta de los sujetos obligados. Las leyes, de manera enunciativa y no limitativa, deberán prever los esquemas de organización, las formas y los mecanismos de participación ciudadana que permitan denunciar y vigilar que la gestión pública

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso.

La entidad de fiscalización superior de la Federación realizará la evaluación del desempeño de los entes fiscalizados, en términos de sus metas y objetivos, así como del ejercicio de sus facultades y atribuciones, cuyas omisiones derivarán en las sanciones que determine la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá, realizar evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, podrá realizar las acciones con las modalidades y excepciones, que se establezcan en la Ley de la materia.

...

I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones parciales de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales, y el desempeño programático con ellos relacionados, que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; así como aquéllos recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

La entidad de fiscalización de la Federación, previo examen de procedencia, podrá fiscalizar de manera directa a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión de determinados conceptos y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma.

II. Entregar los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, conforme vayan concluyendo las mismas yel Informe General Ejecutivodel Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la federación que incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informesindividuales de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendránlas recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

En el caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que vayarindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Entregar a Cámara de Diputados un Informe de Evaluación por Desempeño previo a los trabajos de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objeto de proporcionar indicadores técnicos que incidan en el proceso de presupuestaria de manera multianual. El informe dará cuenta de los procesos y resultados que se esperan obtener de los recursos públicos, montos, plazos, costos, beneficios y responsables del gasto, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, establecerá recomendaciones que incidan en el mejoramiento de la planeación multianual de la Cámara de Diputados.

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, promover las acciones de responsabilidad administrativa de los servidores públicos ante el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, así como turnar a las autoridades competentes los casos en que detecte otras probables responsabilidades a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución.

V. Promover ante los tribunales de la Federación las acciones para el fincamiento de la responsabilidad penal por actos que afecten a la hacienda pública federal y sean materia de las funciones definidas en las fracciones del presente artículo, para los cual los expedientes que integre en el ejercicio de sus funciones de fiscalización tendrán entera fe, salvo prueba en contrario.

Para el cumplimiento de las funciones definidas en esta fracción, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar el auxilio del Procurador General de la República, quien deberá brindarlo cuando se trate de actividades de la policía a su cargo.

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación, para locualrealizará consultas con la sociedad civil organizada y asociaciones de profesionales en la materia. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin que pueda ser nombrado nuevamente. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación serequiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no haber sido miembro de órgano de dirección nacional de ningún partido político,tener demostrada experiencia profesional en el ámbito de la fiscalización pública y los demás que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban, ejerzan o administren directa o indirectamente recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, aún los de carácter reservado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, y estarán obligados a comparecer ante ella bajo protesta de decir verdad. Los funcionarios de la entidad de fiscalización superior de la Federación y del Poder Legislativo que accedan por este medio a la información de carácter reservado, están obligados a guardar absoluto sigilo.

Artículo 102.

A. …

Con salvedad de las atribuciones que confiere el artículo 79 de esta Constitución a la entidad superior de fiscalización, incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Artículo 109.

A. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

B. Se establece el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público,dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y plena jurisdicción, a cuyo cargo estará el conocimiento de los casos de presunta responsabilidad de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno o de cualquier persona por actos que afecten a las haciendas públicas federal, estatales, del Distrito Federal o municipales y la imposición de sanciones en el ámbito administrativo cuando corresponda.

El Tribunal estará integrado por magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo y no podrán ser reelectos.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.

Artículo 115. …

I. a III. …

IV. …

a) y b) …

c) …

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, observando en lo conducente los procedimientos que resulten de los esquemas de coordinación y colaboración establecidos por el Sistema Nacional de Fiscalización. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

V a X. …

Artículo 116. …

I. …

II. …

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos conautonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, y las atribuciones de las entidades estatales se corresponderán con las señaladas por esta Constitución para la entidad de fiscalización superior de la federación. Los informes de auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las fechas que dispongan sus leyes, tendrán carácter público.

III. a VII. …

Artículo 122.…

A. y B. …

C. …

BASE PRIMERA.- …

I. a IV. …

V. …

a) y b) …

C. …

Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba entregar en la fecha que disponga la ley de la materia, tendrán carácter público.

La entidad de fiscalización del Distrito Federal será un órgano conautonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley y sus atribuciones se corresponderán con las señaladas por esta Constitución para la entidad de fiscalización superior de la federación. Su titular será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d) a p)…

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

Artículo 134. …

Cuando el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá en él señalar específicamente aquellos programas de la Administración Pública Federal y las propuestas de asignación presupuestal que se modifican a fin de atender el informe del resultado, las recomendaciones generales y de desempeño que laAuditoría Superior concluyó en el último informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública disponible a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal harán las previsiones que correspondan para adecuarse a lo dispuesto en los términos del párrafo anterior.

ArtIculos Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto se faculta a la entidad de fiscalización superior de la Federación para que, en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión, emita reglas de carácter provisional que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Decreto hasta en tanto el Congreso de la Unión apruebe las reformas legales correspondientes.

CUARTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 74, la Cuenta Pública 2012 se deberá entregar a más tardar el día 31 de marzo de 2013 y la Cuenta Pública 2013 a más tardar el último día hábil de febrero de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2012.

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen.Mario Delgado Carrillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, David Penchyna Grub e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y DEROGA EL INCISO D) DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los CC. Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, David Penchyna Grub e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Vengo a presentar esta reforma a nombre de los Senadores Emilio Gamboa, Ismael Hernández, David Penchyna, Miguel Romo y el de la voz.

En México se reportan, al menos, 50 mil casos de extorsión con base al robo de credenciales de elector cuando se utiliza indebidamente sus datos.

Se estima que 6 de cada 10 secuestros, las bandas dedicadas a este delito utilizaron o aprovecharon la información de la credencial de elector para presionar a las víctimas y concretar sus delitos.

Sumado a ello, se registran anualmente en México 300 mil casos de robo de identidad con todas las consecuencias que de ello se derivan con fraudes y otra serie de ilícitos.

La reforma que exponemos ante ustedes, si bien busca modificar ordenamientos de orden electoral, su fin principal es inhibir el uso de instrumentos de carácter comicial, como lo es la credencial para votar con fotografía, con fines delincuenciales, tales como la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, el robo y sobre todo con la finalidad de garantizar y preservar un derecho muy importante, que es el derecho a la identidad y a la privacidad de los datos personales.

A partir de la creación del Instituto Federal Electoral, en octubre de 1990, se han emitido 4 diferentes modelos de credenciales para votar.

En la actualidad, la credencial para votar no es sólo un instrumento que permite la emisión del sufragio de los ciudadanos, sino que se ha convertido en un medio de identificación oficial, incluso el más utilizado.

Desde su emisión, la credencial para votar con fotografía ha contado con el domicilio del elector.

En esta iniciativa se justifica la propuesta de eliminar el domicilio de los electores de la credencial para votar con fotografía debido a que no es un elemento de seguridad electoral y por el contrario se ha convertido en un medio nocivo para sus titulares al ser utilizada, indebidamente, cuando ésta es sustraída o robada en una forma que ha potenciado e aumentado, definitivamente, en delitos como el de la extorsión, el secuestro, el robo violento y el robo de identidad.

En la credencial para la votar que en la actualidad expide el IFE se incluye una identificación geoelectoral que corresponde a la entidad federativa, municipio, sección y localidad que corresponde, precisamente, a los datos del domicilio del elector. Esto se consigna en una clave, que se lee perfectamente bien por las autoridades electorales. De tal suerte, que nos parece innecesario, ocioso y sumamente riesgoso, que los 84.5 millones que cuentan con credencial de elector, en este momento, sigan portándola con el domicilio particular.

El robo de identidad, entonces, se ha significado en el ámbito nacional, porque con ello se abren cuentas bancarias, se consiguen tarjetas de crédito, se solicitan y se obtienen teléfonos celulares a nombre de personas, en cuyo caso, se suplanta la identidad. Y ante esta serie de hechos, la Profeco ha solicitado a los ciudadanos tener especial manejo con el cuidado de sus datos de identidad.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Condusef, en el 2011 el monto reclamado por los usuarios de la banca relacionado con fraudes por la utilización indebida de identidad, ha generado daños por 476 millones de pesos.

En México el delito de robo de identidad deja pérdidas anuales por casi 9 millones de dólares y afecta a todos los usuarios de las instituciones públicas y privadas.

La Condusef detectó 300 mil casos de robo de identidad solamente en 2010 y el 52% de estos casos son, precisamente, con la credencial de elector.

Por otro lado, según un estudio de la asociación civil Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, en 6 de cada 10 casos, los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial para votar con fotografía como medio de extorsión y de amenaza.

Incluso, expertos en seguridad en los ámbitos de las dependencias federales, como son Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública, recomiendan a sus funcionarios no portar la credencial de elector, porque precisamente es un medio a través del cual se exponen de manera muy importante ante la delincuencia.

Senadoras y Senadores, la iniciativa que presentamos el día de hoy, tiene esa doble finalidad. La finalidad de hacer patente la reforma que se hizo a los derechos de privacidad, en relación a la identidad de los mexicanos, a través de un sistema comicial, que es la credencial de elector. Y tiene como finalidad también, que a través de la supresión del domicilio de los tenedores de credencial de elector, se evite que estos sigan poniéndose en riesgo permanentemente por la creciente ola de violencia.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y se deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con ello se derogaría que se incluya, precisamente, el domicilio de los ciudadanos en la credencial de elector.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1, del Artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

A partir de la creación del Instituto Federal Electoral, en octubre de 1990, se han emitido cuatro diferentes modelos de credencial para votar.

En 1990 el IFE emitió 36 millones de credenciales de elector, las cuales fueron utilizadas en las elecciones federales de 1991, dichas credenciales no contaban con fotografía.

En julio de 1992, el Consejo General del IFE aprobó un nuevo modelo y diseño de credencial de elector, cuya principal característica fue la incorporación de la fotografía del elector.

A partir de la emisión de esta credencial se han realizado modificaciones menores a los diseños del instrumento electoral, cada cambio ha incluido mejoras tecnológicas y la adición de mayores elementos de seguridad, con la finalidad de dar certeza en los comicios.

En la actualidad la credencial para votar no es sólo un instrumento que permite la emisión del sufragio de los ciudadanos, sino que se ha convertido en un medio de identificación oficial más utilizado.

De acuerdo con el IFE, en la reciente elección federal más de 84.5 millones de mexicanos contaron con credencial para votar con fotografía.

La principal función de la credencial para votar con fotografía es ser un medio de seguridad en la emisión del voto de los ciudadanos.

Desde su emisión la credencial para votar con fotografía ha contado con el domicilio del elector.

En esta iniciativa se justifica la propuesta de eliminar el domicilio de los electores de la credencial para votar con fotografía debido a que no es un elemento de seguridad electoral y por el contrario se ha convertido en un medio nocivo para sus titulares al ser utilizado cuando ésta es sustraída o robada en una forma que ha potenciado el aumento en delitos como extorsión, secuestro y robo de identidad.

Los elementos e información que debe de tener la credencial para votar se encuentran establecidos en el Artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En el numeral 1 inciso d) donde se establece que debe incluir el domicilio del elector.

En la credencial para votar que en la actualidad expide el IFE se incluye una identificación geoelectoral, que corresponde a la entidad federativa, municipio, sección y localidad que corresponden al domicilio de elector. Esta información se encuentra cifrada en código numérico, el cual es establecido por el IFE y es el medio necesario para llevar el control de la ubicación geoelectoral del titular al momento de emitir su voto.

La credencial para votar con fotografía no es un comprobante de domicilio

En la actualidad tanto la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo reconocen como comprobantes de domicilio fiscal los siguientes:

1. Estado de cuenta a nombre del contribuyente que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a dos meses.

2. Recibos de pago:

a. Ultimo pago del impuesto predial; en el caso de pagos parciales el recibo no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses y tratándose de pago anual, éste deberá corresponder al ejercicio en curso. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

b. Ultimo pago de los servicios de luz, teléfono o de agua, siempre y cuando dicho recibo no tenga una antigüedad mayor a 4 meses. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

3. Ultima liquidación a nombre del contribuyente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. Contratos de:

a. Arrendamiento, acompañado del último recibo de pago de renta vigente que cumpla con los requisitos fiscales o bien, el contrato de subarriendo acompañado del contrato de arrendamiento correspondiente y último recibo de pago de renta vigente que cumpla con los requisitos fiscales. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

b. Fideicomiso debidamente protocolizado.

c. Apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigüedad mayor a 2 meses. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

d. Comprobante de servicios de luz, teléfono o agua, que no tenga una antigüedad mayor a 2 meses. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

e. Carta de radicación o de residencia a nombre del contribuyente expedida por los Gobiernos Estatal, Municipal o sus similares en el Distrito Federal, conforme a su ámbito territorial, que no tenga una antigüedad mayor a cuatro meses.

f. Comprobante de Alineación y Número Oficial emitido por el Gobierno Municipal, dicho comprobante deberá contener el domicilio del contribuyente y que no tenga una antigüedad mayor a cuatro meses. (Este documento puede estar a nombre del contribuyente o de un tercero).

De esta forma la credencial para votar con fotografía no es considerada un comprobante de domicilio oficial del ciudadano, con lo cual se hace ocioso el incluir el domicilio del titular en dicha credencial.

Sin embargo, este elemento ha permitido que la delincuencia organizada lo aprovecheen la comisión de diversos delitos, tales como el robo de identidad, la extorsión y el secuestro, el fraude entre otros.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Los integrantes de la LXI Legislatura aprobamos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares con el propósito de evitar abusos en el manejo de referencias por parte de empresas de información, bancos de datos y padrones, debido a la mala utilización que se detectó se daba a este recurso.

La ley faculta al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a regular su aplicación y establecersanciones de hasta 13 millones de pesos a particulares que hagan mal uso de la información.

Esta ley reconoce nuevos derechos de los ciudadanos para proteger su privacidad y les permite decidir quién, cómo y para qué utilizan su información personal.

Robo de Identidad en México

La delincuencia organizada busca, cotidianamente, nuevos métodos para delinquir. Una modalidad que va en aumento, en este mundo globalizado, es el robo de identidad, en donde la utilización de la información que se incluye en las credenciales para votar con fotografía ha sido utilizada.

El robo de identidad, de acuerdo con investigaciones internacionales, es el delito de más rápido crecimiento en el mundo.

En un mundo globalizado y donde el comercio en línea es cada día mayor los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera para apoderarse del dinero, sino que para ellos es más lucrativo apropiarse de identificaciones o cualquier documento que cuente con información personal.

La información confidencial les sirve para usurpar identidades, realizar actividades ilícitas en nombre de sus víctimas, extorsionar o cometer otro tipo de actividades ilícitas.

El robo de identidad tiene lugar cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito o tramitar un arrendamiento.

El robo de identidad permite al delincuente abrir cuentas de banco, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares, arrendar autos e inclusive departamentos a nombre de la víctima sin que ésta se entere.

En promedio, pasa un año antes de que el afectado descubra el robo. Por ello, pocos defraudadores que utilizan el robo de identidades son detenidos.

El problema es tan grave en México que instituciones de crédito como Banco Azteca ha emitido alertas a sus clientes, tanto en sus sucursales, como en su sitio de Internet.

El 1° de abril del 2006 la procuraduría federal del consumidor emitió una “alerta al consumidor” respecto al robo de identidad para obtener créditos.

La Profeco alertó en ese momento que “defraudadores aprovechan descuidos de los consumidores para alterar sus identificaciones oficiales y así solicitar préstamos a entidades financieras, tiendas departamentales y supermercados”.

“De acuerdo con información dada a conocer por funcionarios de la Condusef y del buró de crédito, en México se incrementan los casos de personas defraudadas mediante el robo de su identidad”.

Ante estos hechos, la Profeco pide a los ciudadanos tener especial cuidado en el manejo de documentos, como la credencial de elector, número de seguro social, acta de nacimiento, licencia de manejo y cédula profesional.

Según la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el 2011 el monto reclamado por los usuarios de la banca relacionado con fraudes por suplantación de identidad con tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos, en el 2011.

En México el delito de robo de identidad deja pérdidas anuales por casi 9 millones de dólares y afecta tanto a usuarios como a instituciones públicas y privadas, según estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La Condusef detectó 300 mil casos de robo de identidad en 2010 pero la cifra podría ser mucho mayor si se considera que el 52 por ciento de la población mexicana ha sufrido la pérdida y/o robo de documentos personales.

México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con alta incidencia en el delito de robo de identidad.

Para hacer frente a este delito, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó sancionar hasta con 12 años de prisión a quien cometa el delito de robo de identidad con fines de fraude, modificando el artículo 387 del Código Penal Federal.

Secuestro y extorsión

La inclusión del domicilio del titular de la credencial para votar con fotografía ha sido un elemento que aumenta el riesgo para los ciudadanos que han sido víctimas de delitos de violentos, como el robo a casa habitación o negocio, el secuestro, la extorsión entre otros.

Según un estudio de la asociación civil Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) en 6 de cada 10 casos, los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial para votar con fotografía como medio de extorsión y amenaza.

Incluso, expertos en seguridad de la Procuraduría General de la República recomiendan a los servidores públicos que laboran en esta dependencia no portar su credencial de elector, a menos que se tenga planeado hacer algún trámite con ella, para evitar que en caso de ser víctimas de la delincuencia se conozca su domicilio.

En los últimos meses han sido públicos los casos de pequeños empresarios o comerciantes que son víctimas de extorsión, por parte de malos servidores públicos adscritos a cuerpos de seguridad.

Las víctimas, tras ser retenidas, son despojadas de sus credenciales de elector para saber sus domicilios y ser presionadas al momento de la extorsión.

De acuerdo con el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal al año se reportan, en promedio, 50 mil casos de extorsiones, en los que se utilizaron los datos del domicilio como arma de extorsión y amenaza.

También se tienen reportes de que en el mercado negro la venta de credenciales de elector, ya sean robadas o extraviadas, es muy lucrativo, ya que le permite a los delincuentes localizar el domicilio e identidad de sus posibles víctimas.

Con todos estos elementos que se ponen a su consideración, nos llevan a la reflexión de que la inclusión del domicilio en la credencial para votar con fotografía no cumple con ninguna medida de seguridad electoral, es ocioso y hasta nocivo para los titulares de la misma.

Por lo anterior, someto a consideración de este Pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y deroga el inciso d) del numeral 1, del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Capítulo Quinto

De la Credencial para Votar

Artículo 200

1. La Credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Derogado;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro;

g) Firma, huella digital y fotografía del elector;

h) Clave de registro; y

i) Clave Unica del Registro de Población.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se aplicará a las credenciales nuevas y a las que se renueven.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Arturo Zamora Jiménez. Informo que ha suscrito también esta iniciativa, el Senador Omar Fayad Meneses, por lo cual tomamos nota de ello. Túrnese esta iniciativa a las Comisión Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El agua potable como un bien básico es sumamente escasa en la actualidad y es necesaria para el desarrollo de la vida y la salud de las personas.

Por si fuera poco, continúa siendo un lujo y en algunos casos muy costosa, cuando no se tiene agua, ni para las necesidades básicas.

La carencia de este vital líquido, no sólo repercute en asuntos económicos, sino que es causa directa de grandes problemas sociales que tenemos que resolver principalmente en lo que corresponde al tema de la salud, pues hoy en día, la carga de morbilidad por la falta de agua o por su contaminación, es muy alta; y además de provocar múltiples enfermedades como la anemia, el cólera, el dengue y diarrea, entre otras.

En nuestro país, casi el 8% de la población no tiene acceso al agua potable. Y más de tres millones de viviendas en zonas rurales de México no cuentan con agua entubada.

Las cifras de la Comisión Nacional del Agua, muestran que tan sólo el 25% de las aguas residuales son tratadas, es decir, en términos reales nos están diciendo que no se descontaminan tres de cada cuatro litros de agua.

Por lo tanto, debemos considerar al agua potable como un patrimonio natural común de la humanidad y un requisito indispensable para el cumplimiento de los demás derechos humanos, dada su necesidad básica e importancia como un derecho fundamental.

Con esta visión, los problemas que ahora les menciono deben erradicarse. Es posible recuperar el agua si sabemos gestionarla y no agotarla. La escasez de agua se debe principalmente a una mala gestión y abuso del recurso, por lo que si se trabaja en ello, administrándola con responsabilidad y eficiencia, obtendremos los resultados esperados.

Los objetivos de mi partido, el de la Revolución Democrática, siempre se han encaminado para tomar las acciones necesarias para reducir significativamente la pobreza, la desigualdad, el hambre y las enfermedades. En distintas legislaturas nos hemos comprometido a reducir el número de personas sin acceso sostenible al agua potable hasta convertirlo en un derecho humano para todos.

Por lo tanto, me he dado a la tarea, para que trabajemos en esta Soberanía, en establecer un nuevo marco normativo general para la prestación del servicio de agua potable, así como de los servicios de alcantarillado y saneamiento.

La presente iniciativa de ley busca concretar el reto de alcanzar la meta relativa al acceso universal de agua potable y del saneamiento.

Confío en que ésta sea la primera etapa para que comencemos a elaborar nuevos y mejores planes de acción en el tema financiero y de servicios para ofrecer agua potable a los mexicanos y a las mexicanas de forma viable y sustentable.

El espíritu del contenido vertido en el inciso c) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro al señalar que: los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Esta ley, respetando el marco constitucional, crea un marco jurídico general que permitirá a los municipios prestar servicios de uso y aprovechamiento de aguas, sin limitarlos. Dándoles alternativas en el tema de contribuciones y establecimientos de tarifas.

El gobierno central no intervendrá directamente en la gestión del servicio, sino que podrá definir la política hídrica, coordinando y vigilando la correcta utilización del recurso.

Proponemos un modelo descentralizado, con una figura única que fungirá como organismo regulador, creándose el Instituto Nacional del Agua Potable y Saneamiento, bajo la figura de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fungirá como ente técnico-normativo en el subsector agua potable y saneamiento a nivel nacional, que coadyuvará en materia técnica, vigilando la calidad del servicio, coordinando y manejando el sistema de información hídrica.

Con esto, quiero que quede claro, los gobiernos y los municipios seguirán siendo la única autoridad responsable para prestar los servicios de agua y saneamiento, teniendo como base esta ley general que orientará las legislaciones estatales y sus disposiciones reglamentarias.

Establezco pauta al cobro de un derecho no por injerencia central, sino porque el servicio de agua potable no se fija en relación con el costo que el estado genera por su prestación, pues incide en un satisfactor: que además de ser indispensable para la vida humana es limitado y finito.

Su correcta prestación no depende de la voluntad de la autoridad administrativa, pues los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, han establecido que está supeditado al agotamiento del recurso, a las condiciones climatológicas, a la captación de lluvias y demás aspectos que inciden en la obtención de este recurso natural, por lo que se justifica que para determinar que el pago de la contribución se atienda, entre otros aspectos, deben tomarse en cuenta las posibilidades donde el instituto podrá incidir de manera coadyuvaria, bajo la información y la visión general que tenga al ejercer sus atribuciones.

De igual forma, se reconoce la necesidad de que la prestación de los servicios se realice por conducto de un organismo operador en cada uno de los municipios, buscando que tenga la autonomía financiera que refleje y garantice su propia sostenibilidad, toda vez que en muchas de las ocasiones, la prestación de los servicios representa para estas entidades una fuerte carga económica.

Con base en esta propuesta materia de derechos humanos, todas las personas gozarán del derecho fundamental reconocido en la Constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

Habrá una mejora en relación con los derechos de las personas a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Estamos considerándola como parte elemental del desarrollo humano y el acceso al agua potable y subsaneamiento, buscando el mayor beneficio para el hombre y la mujer.

Para ajustarme al tiempo que me señala el Reglamento, señor Presidente, pido a usted se inscriba la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, al tenor de la siguientes consideraciones:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El servicio de agua potable es un elemento fundamental para que desde el gobierno logremos garantizar otros derechos constitucionales tan importantes como la salud. No obstante en México este servicio continúa siendo un lujo y en algunos casos uno lejano, aún y cuando desde el ámbito internacional ya ha sido concebido como derecho humano, la propia ONU ya ha exhortado a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

El agua debe ser considerada un bien básico, sumamente escaso en la actualidad y necesario para la vida y la salud de las personas, a grado tal que su no satisfacción puede ocasionar exclusión de algún ser humano.

Según un estudio publicado por la organización Population Action International, es probable que hacia el año 2050 un cuarto de la población mundial viva en países que padecen escasez crónica o recurrente de agua dulce.

Así mismo, el mismo estudio señala que ya hay más de 430 millones de personas, o sea 8% de la población mundial, que residen en países afectados por una franca escasez.

Pero el agua es un recurso renovable si sabemos gestionarlo y no agotarlo, la escasez de agua se debe principalmente a una mala gestión y uso del recurso, por lo que esto es pudiéramos recuperarla sólo si se trabaja en ello, administrando con responsabilidad y eficiencia.

Hay que tener en cuenta que la disponibilidad de agua en México es de 475 km cúbicos, de los cuales 63 km cúbicos son mantos de agua subterránea, y los restantes 412km.3 (cúbicos) son agua superficial.

La carencia de agua potable, así como la falta de redes de alcantarillado provoca grandes dificultades sociales y por ende de carácter económico, por lo que considero al agua potable patrimonio natural común de la humanidad y como prerrequisito para el cumplimiento de los derechos humanos e incluso, dada su necesidad básica, como un derecho fundamental.

En nuestro país nueve millones de mexicanos, casi nueve por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y más de tres millones de viviendas en zonas rurales de México sin agua entubada, a pesar de recibir lluvias abundantes.

A pesar de la importancia que representa para nuestra supervivencia el cuidado del agua potable, existe actualmente el riesgo de que se presuponga su disponibilidad, un problema aún más grande que la carga de morbilidad de enfermedades como la ascariosis, la dracunculosis o la esquistosomiasis por reducir considerablemente la calidad y prestación de los servicios que garanticen acceso a fuentes de agua potable y a servicios de saneamiento básicos.

En cuanto a la calidad del agua, el Programa Hidráulico ya ha mencionado que la mayoría de los cuerpos de agua superficial del país reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, agrícola o pecuario, lo que ha ocasionado grados variables de contaminación que limitan el uso directo del agua.

Actualmente, solamente podemos garantizar que el treinta por ciento de las aguas servidas reciban algún tipo de tratamiento. Incluso la CONAGUA estima que el cincuenta y dos por ciento del total de los recursos hídricos superficiales está muy contaminado, mientras que el treinta y nueve está contaminado de forma moderada.

Así, al tomar en cuenta el gran impacto que la dotación de agua genera en la población, podemos asegurar que para la prestación del servicio de agua potable, primero debe determinarse su factibilidad o viabilidad, con base en un estudio de naturaleza técnica, es decir, con apoyo en conocimientos y estudios de carácter especializado, practicado por autoridades apropiadas.

Esta preocupante falta de saneamiento básico para el resto de los niveles internacionales, obstaculiza indirectamente factores sociales que beneficiarían el desarrollo personal de los ciudadanos, tan solo millones de escolares reducen cada año su capacidad de aprendizaje por parásitos intestinales.

El suministro de agua potable por lo tanto, se ha vuelto una prioridad para las ciudades como México. Las poblaciones que tuvieron un acelerado crecimiento demográfico a partir de los cincuenta requieren un remplazo de la infraestructura antigua de distribución.

Muchas personas en nuestras zonas rurales aún ven obligadas a utilizar instalaciones antihigiénicas, mantienen un gran riesgo de exposición a enfermedades relacionadas con la falta de higiene.

Hay que recordar que aún una parte relevante de la población no tiene acceso a algún tipo de instalación de saneamiento mejorada, incluso organismos internacionales ya han avisado sobre que 4 de cada 10 personas en todo el mundo no tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas.

Un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo logró descubrir que el ochenta y cinco por ciento de las enfermedades gastrointestinales que padecen los habitantes del país, se deben a que el agua que consumen está contaminada.

Las estadísticas mundiales sobre saneamiento no muestran un panorama mejor. En las regiones en desarrollo la cobertura media es del 50 por ciento: sólo una de cada dos personas tiene acceso a algún tipo de instalación de saneamiento mejorada.

La ONU declaró que las enfermedades "de los pobres" podrían reducirse radicalmente con: comida, agua potable y acceso médico, enfermedades como las diarreicas que anualmente provocan un millón de defunciones.

Por lo tanto conviene tomar en cuenta que es cierto que negar validez a la autorización de dotación del servicio de agua emitida ocasiona un perjuicio o molestia al beneficiario de la autorización, también lo es que reconocerla sin un marco apropiado podría tener como consecuencia que, para cumplir tal autorización, se restringiera el acceso de los vecinos al agua.

Determinar la validez de la autorización, sin la certeza de que tal servicio sea técnicamente factible, podría ocasionar un grave perjuicio a los vecinos y, en consecuencia, a la sociedad, al restringirles el acceso a un bien indispensable, como es el agua.

Por tanto, con apoyo en los principios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales recogen el postulado de optar por la medida que afecte menos intensamente, se estima que en el caso de que se haya autorizado la prestación del servicio de agua potable, sin cumplir previamente con requisitos legales apropiados, no resulta jurídicamente plausible aceptar la validez de una autorización así otorgada.

Los objetivos de nuestro partido siempre se han encaminado para confrontar y tomar las acciones necesarias para reducir significativamente la pobreza, la desigualdad, el hambre y las enfermedades. En distintas legislaturas nos hemos comprometido a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable hasta convertirlo a un derecho humano para todos.

La protección del agua, fuente importante de vida tiene como barrera fundamental, tres retos como son el mejorar los pocos logros difícilmente alcanzados anteriormente; impulsar de forma prioritaria y continua el servicio de agua potable y saneamiento a los miles de habitantes en el país y generalizar criterios especiales de los servicios de agua potable y saneamiento, como los sistemas de costos, tarifas y subsidios, tomando en cuenta su situación económica, social y ambiental de cada Estado.

En muchas partes del país, las acciones ejecutadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, encontraron buenos resultados, permitieron para 2008 una cobertura nacional de agua potable que bajo a diez millones el número de mexicanos que no cuentan con agua entubada en su vivienda, no obstante, para alcanzar la meta relativa al agua potable deben obtener acceso a fuentes de agua potable mejoradas y obtener acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y un marco legal básico para que cada Estado tenga los mismos objetivos nacionales.

Las cifras proporcionadas expresan en el sector desproporciones muy significativas, que de continuar efectuándose es posible que no se logre alcanzarse la meta relativa al saneamiento. Aunque se están realizando progresos, no estamos, a nivel mundial, en el camino de alcanzar resultados contundentes.

Además, el crecimiento poblacional y económico ejerce ahora una mayor presión sobre las reservas de agua, hasta el punto de que haya mayor demanda que el suministrado en algunas regiones del país.

Actualmente la competencia por este recurso es ya causa de conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, Estados e incluso en el ámbito transfronterizo.

Desde luego, algunas regiones han encontrado buenos resultados en el tema del agua potable y el saneamiento, pero, si continúa la tendencia actual, otras se han atrasado de manera significativa. Por ejemplo, en Guanajuato el gobierno ha tenido que advertir que las sequías, además de estar causando problemas en la producción agrícola de la entidad, ya pasó a afectar a la población con la falta de agua potable.

Además, el crecimiento de la población urbana en regiones áridas del norte de México, parece acercarse aceleradamente a los límites de la disponibilidad del recurso del agua potable.

En distintas regiones, el número de personas sin acceso a servicios mejorados de abastecimiento de agua potable en zonas rurales es alrededor de cinco veces mayor que el número de personas sin acceso en zonas urbanas, y el número de personas sin acceso a servicios de saneamiento mejorados es casi tres veces mayor que el número de personas sin acceso en zonas urbanas.

Será por lo tanto preciso ejercer medidas que nos ayuden a evitar el deterioro de las infraestructuras que hasta ahora se han conseguido mediante una organización institucional eficiente, una suficiente recuperación de costos, un manejo y mantenimiento eficientes, y la ausencia, en general, de gestión incorrectos.

Necesitamos mantener la ejecución de infraestructuras de agua potable y saneamiento para contribuir a romper el círculo de la pobreza, la falta de educación, la vivienda deficiente y la mala salud. Un nuevo marco deberá alcanzar acelerar los resultados y obtener beneficios en el suministro de servicios, la movilización de recursos, la planificación y el diseño, la construcción, y la administración.

Ahora bien, aun y cuando nuestro marco jurídico ha sido modificado para atender las nuevas necesidades sociales y la ampliación urbana, no han subsanado la necesidad de un marco regulatorio que sustente el fortalecimiento y la operación sostenible del subsector.

Existen leyes a nivel federal y estatal, pero hay una evidente ausencia de un marco regulatorio a nivel nacional, que genere herramientas que nos permitan realizar cambios ante las diferencias en los criterios para la prestación de los servicios entre los Municipios, incluso de un mismo Estado.

Esta falta de marco normativo general ha provocado restricciones en esquemas financieros y de participación pública y privada en la prestación de los servicios, lo que repercute negativamente en el ciudadano que requiere de los mismos.

Creo firmemente que un nuevo instrumento jurídico permitirá una Política Pública acorde con atribuciones y responsabilidades adecuadas para atender los servicios y sistemas de agua potable y saneamiento en beneficio de todos los mexicanos; este tema es urgente.

La presente Ley busca realizar el reto de alcanzar la meta relativa al acceso universal de agua potable y el saneamiento. Para lograr garantizar de manera apropiada dicho derecho, es preciso enfrentarse a grandes retos como son el hecho de que hay una diversidad de interpretaciones del marco jurídico vigente, en el caso de los organismos públicos, estatales o municipales no se tiene una regulación que adopte los conceptos actuales y en el asunto del control de la calidad del servicio las leyes estatales son vagas o evaden el tema.

Además, persiste la existencia de un enorme número de habitantes en nuestras zonas rurales sin acceso al saneamiento básico y el agua potable, que requiere no solamente de una intensa movilización de recursos sino de un nuevo marco que garantice niveles de servicio generales para todos los Estados.

Por lo anterior, es preciso perfeccionar el marco jurídico e institucional del subsector agua potable así como de los servicios de alcantarillado y saneamiento, sin dejar al margen la participación de los actores de la sociedad organizada del sector privado.

Confío en que esta sea la primera etapa para que comencemos a elaborar nuevos y mejores planes de acción en tema financiero y de servicios para ofrecer agua potable y saneamiento básico a los mexicanos, de forma viable y sostenible. Este esfuerzo lo debemos de priorizar por motivos humanitarios, pero también porque nos puede representar una reducción significativa a los costos de salud, ampliar la igualdad y el crecimiento económico y reducir la pobreza.

El espíritu del contenido vertido en el inciso c) de la fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al señalar que: "Los Municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales".

Esta Ley esta entonces en concordancia con dicho artículo y con el acuerdo presidencial respecto al agua potable y alcantarillado en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 1980, por medio del cual se entregaron a los Gobiernos de los Estados o a los Ayuntamientos todos los sistemas de agua potable y alcantarillado que el Gobierno Federal administraba y operaba directamente.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Constitución, promuevo esta Ley y propongo la creación de nuevos organismos para la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en cada uno de los Estados.

Ha sido una tarea difícil la que les ha tocado a los Municipios, pues han tenido que proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado a sus comunidades sin una regulación marco que guíe el funcionamiento de la misma.

Es evidente que lo anterior ha sido causa principal en el rezago existente en materia de infraestructura para el apropiado servicio de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales.

La instrumentación de la referida descentralización ha generado disparidad en la prestación y esquemas de los servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, provocando un acceso desigual de los ciudadanos a un servicio básico para su desarrollo.

Para mejorar la prestación de los servicios, se debiera contar con un marco jurídico que permita a los Municipios prestar servicios de uso o aprovechamiento del agua con motivo del acto permisionario del estado, para encontrar un verdadero beneficio a la población

De ahí la necesidad de que el ordenamiento propuesto incluya, además de un marco regulatorio, un conjunto de políticas consistentes y coherentes para el fomento del fortalecimiento de las capacidades de los organismos operadores y, a través de la implementación de marcos de planeación e inversión de largo plazo, para su operación sana y sostenible.

Sin embargo, seguimos respetando el principio vertido los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, acerca de que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones, es decir, las instauradas sobre la propiedad inmobiliaria o sobre la prestación de servicios públicos municipales.

Esta Ley considera el sistema francés para la formula de prestación de los servicios respetando la constitución mexicana para que le corresponda directamente a los municipios la facultad de decidir el tipo de gestión, verificar el cumplimiento de la normatividad específica a través de sus oficinas técnicas y administrativas y establecen las tarifas.

Pero, al mismo tiempo, utilizando el sistema del Reino Unido hemos establecido que los servicios sean subrogados por empresas privadas, el congreso podrá establecer las normas generales aplicables, además de que un Organismo Público independiente vigilará la aplicación de leyes y reglamentos.

El Gobierno central no intervendrá directamente en la gestión del servicio, sino que lo seguirá prestando a través de los municipios, podrá definir la política hídrica y controlar la utilización del recurso, así como las normas contables y principios financieros generales, obligatorios para los municipios.

La reforma entonces ha resultado en un modelo híbrido “Franco-Inglés” en lo que se refiere a la descentralización de la responsabilidad de los servicios y la creación de un órgano regulado estatal.

Se dará a los gobiernos estatales la autoridad para regular la prestación de los servicios de agua y saneamiento, a través del Instituto, se promueve el ajuste a las leyes estatales de agua y saneamiento para adoptar las normas y reglas Federales relativas a la regulación y se subraya la responsabilidad directa de los municipios en el suministro de los servicios de agua y saneamiento, de acuerdo con le marco jurídico modificado.

Es una nueva propuesta que crea las condiciones necesarias para cumplir con la obligación que el Estado tiene para garantizar sistemáticamente el acceso al agua potable, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginadas.

Cabe resaltar que el presente proyecto de Ley recoge propuestas no solo de la sociedad civil y de los municipios, sino que toma a consideración reformas presentadas en distintas legislaturas, con el objeto de establecer criterios claros para la concepción y estructuración de los organismos operadores, su sistema financiero y la definición de las condiciones que debe cumplir la prestación de los servicios, su verificación y regulación.

Por lo antes motivado propongo incluir los conceptos de aquellos términos cuya definición es importante para evitar ambigüedad en cuanto a su interpretación, además de constituirse simultáneamente como criterios generalizados para todo el territorio nacional y como base para las legislaciones estatales.

Así mismo, el presente proyecto en ningún sentido pretende suprimir funciones de autoridades federales existentes, pues como se ha mencionado, los alcances del proyecto radican exclusivamente en la creación de directrices y criterios nacionales en el subsector agua potable, hoy carente de una regulación de alcance nacional, estableciendo un marco uniforme para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, principalmente en sus aspectos de eficiencia y sostenibilidad.

Bajo interpretación constitucional, las leyes federales pueden establecer normatividad que pueda generar un mismo modelo de prestación de servicios, lo que no podemos hacer y ciertamente en esta Ley no se limita la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional.

Lo anterior quiere decir que estamos estableciendo un marco general en lo que respecta a la forma en cómo los municipios ya trabajan y estableciendo criterios de calidad, no establecemos exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones.

Lo que si estoy ingiriendo para regularcriterios y rangos de consumo en volumen y tiempo es para edificios de dominio público federal, estatal, municipal o del gobierno del Distrito Federal, basado en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto del pago de derechos por la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, no opera la referida exención constitucional de privilegio a los municipios, por el simple hecho de que son inmuebles de dominio público, sea de la Federación, de un Estado o de un Municipio.

Establezco pauta al cobro de un derecho no por injerencia central, sino porque el servicio de agua potable no se fija en relación con el costo que el Estado genera por su prestación, pues incide en un satisfactor, que además de ser indispensable para la vida humana, es limitado y finito.

Su correcta prestación no depende de la voluntad de la autoridad administrativa, pues la Corte ha establecido que está supeditado al agotamiento o alteración de las capas freáticas, a las condiciones climatológicas, a la captación de lluvias y demás aspectos que inciden en la obtención de ese recurso natural, por lo que se justifica que para determinar el pago de la contribución se atienda, entre otros aspectos, a las posibilidades de que un Instituto Centralizado incida de manera coadyuvaría a los Estados respecto a este tema.

Cabe resaltar que una parte importante de la Ley concibe el derecho de acceso al agua, con carácter fundamental e inalienable del ser humano, garantizándose el hecho de ser proporcionada de una manera continua y en condiciones salubres. Este derecho, que ampara la necesidad de garantizar el acceso de cada habitante a un volumen de agua que le permita satisfacer sus necesidades de consumo e higiene, implica por otra parte facultar a la autoridad para establecer los mecanismos que garanticen la recuperación de costos y el uso eficiente en los usos suntuarios y productivos del recurso abastecido por los organismos operadores.

De igual forma se reconoce la necesidad de que la prestación de los servicios se realice por conducto de un organismo operador, buscando la autonomía financiera que refleje y garantice su propia sostenibilidad, toda vez que en muchas de las ocasiones, la prestación de los servicios representa para los municipios un carga económica y política, pues no se cuenta con el apoyo suficiente de los otros ámbitos de gobierno para fomentar el desarrollo de los sistemas de agua potable y saneamiento, asociado al hecho de las dificultades que prevalecen en varias de las entidades federativas para ajustar a la realidad social el costo de los servicios.

En cualquier caso, se prevé formular y ejercer las acciones necesarias para fomentar la sostenibilidad de los organismos operadores, mediante la contabilidad regulatoria y un sistema financiero que sirva de vínculo para conseguir su autosuficiencia.

Ante la necesidad de contar con un ente cuya función principal sea simplemente normar el subsector agua potable, instituyendo lineamientos y bases para unificar la prestación de los servicios del propio subsector así como de sus servicios inherentes de alcantarillado y saneamiento, respetando en todo momento la autonomía con la que cuentan los Municipios, el Distrito Federal y los Estados.

De igual forma la creación del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento (INAPyS), como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fungirá como ente técnico-normativo en el subsector agua potable y saneamiento a nivel nacional.

Con este planteamiento, se solventa la limitación actual en la atención por parte de la autoridad federal al desarrollo del subsector, otorgándole una intervención importante en la conformación de un marco regulatorio integral, así como favoreciendo la creación y ejecución de una política pública nacional que armonice las políticas estatales y municipales en el manejo de los recursos hídricos.

Ante la evidente falta de un rumbo estratégico que obtenga como resultado la gestión del recurso agua potable y la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de alcantarillado y saneamiento, es necesario establecer aquellos aspectos que deberán ser considerados para la propuesta, formulación, emisión, ejecución y promoción de las políticas, planes y programas a nivel federal, trazando de esta forma lineamientos congruentes para los gobiernos estatales, que unifiquen y orienten la gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento.

Se menciona también las condiciones mínimas bajo las cuales las entidades responsables prestarán los servicios, así como las obligaciones de los usuarios y el instrumento jurídico que regirá las relaciones entre ambos.

Establece las disposiciones relativas a las formas mediante las cuales se podrá prestar el servicio público de agua potable: organismo descentralizado, convenio de coordinación o asociación, concesión privada o bien directamente en coordinación con el Instituto. Además se señalarán las bases generales bajo las cuales deben funcionar los organismos.

La participación de la iniciativa privada no se dará nunca como una aportación social y gratuita de la misma, sino en la búsqueda de un legítimo beneficio a la luz de garantías de certeza jurídica en las inversiones a largo plazo. La participación de la iniciativa privada puede aportar servicios de costo menor, una vez que la inversión de capital se dé en condiciones que minimicen el factor de riesgo derivado de la necesidad de garantizar la recuperación y utilidad legítima de las mismas.

Se propone un capítulo que dispone el instrumento contable, administrativo, financiero y de gestión, que coadyuvará en el control del desempeño de los organismos operadores, como sistema de unificación de criterios para la disminución de asimetrías.

Señala las generalidades para el crecimiento y preparación permanente y suficiente de los recursos humanos necesarios para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Considerando la mejora la eficiencia de los sistemas y el tiempo de respuesta ante ciertos eventos que pueden derivarse de la introducción de cambios tecnológicos, el presente apartado considera al personal avocado a la parte operativa de los sistemas, con el fin de que se mantenga en continúa capacitación e impulse al organismo operador a ser eficiente y competitivo en la prestación de los servicios.

Como primer paso se debe privilegiar la captación de la tecnología existente para impulsar la adopción de instrumentos de vanguardia adecuadas a la realidad y expectativas del entorno de nuestro país. Evidentemente debe haber una participación importante de la Federación, en el sentido de impulsar en materia de agua potable la investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo su implementación en los organismos operadores.

Con base en esta propuesta materia de derechos humanos, todas las personas gozarán de la garantía individual reconocida en la mencionada Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al servicio de agua potable y saneamiento.

Habrá una mejora en relación con el derecho de la persona a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Estamos considerando como partes elementales del desarrollo humano, la accesibilidad en el acceso al agua potable, buscando el mayor beneficio para el hombre y la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente Decreto por el que se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, conforme al siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se promulga la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CAPITULO I

Objeto y Conceptos

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III, inciso a) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agua potable y saneamiento, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular las actividades relativas al drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Artículo 2. Las disposiciones que establece esta Ley son aplicables a todas las lagunas, ríos y sus afluentes directos o indirectos nacionales, sean superficiales o del subsuelo.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Agua Potable:Agua salubre de consumo humano, que no provoca efectos nocivos a la salud, que reúne los requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y que debe ser físicamente accesible y suficiente para asegurar el pleno desarrollo y salud del individuo.

II. Agua Residual: agua de composición variada resultante de cualquier uso primario por el cual haya sufrido degradación de su potabilidad;

III. Agua Tratada: agua residual resultante de haber sido sometida a procesos de tratamiento para remover total o parcialmente sus cargas contaminantes; 

IV. Alcantarillado: red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y conducir las aguas residuales y/o pluviales a su destino final;

V. Concesión de los Servicios: título mediante el cual el Distrito Federal, las Entidades Federativas o los Municipios, otorgan el derecho para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de forma total o parcial a un Organismo Operador, bajo las condicionantes y características que contempla la presente Ley, las leyes estatales y los ordenamientos municipales;

VI. Descarga: la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales al alcantarillado para su disposición final;

VII. Indicadores de Gestión: parámetros de medición elegidos como variables relevantes que permiten reflejar suficientemente una realidad, referidos a un momento o a un intervalo temporal determinado y que pretenden informar sobre aspectos de administración, producción, planificación, técnicos, financieros y demás conceptos, concernientes a una o varias organizaciones que presten servicios de agua potable y saneamiento;

VIII. Instituto: el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento;

IX. Ley de Aguas: la Ley de Aguas Nacionales;

X. Ley: la Ley de Agua Potable y Saneamiento;

XI. Organismo Operador: toda dependencia, organismo, institución pública o persona jurídica, que en los términos de los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la presente Ley, tenga la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo en forma parcial o integral, la administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación y eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales, dentro de los límites de su circunscripción territorial a través de cualquier sistema o método, a más de un predio, cualquiera que sea la fuente de abastecimiento;

XII. Organismo Operador Público: entidad de gobierno cualquiera que sea la figura legal que adopte, creada por el Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios para la operación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento;

XIII. Organismo Operador Privado: persona jurídica constituida legalmente, para operar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a más de un predio mediante una concesión de los servicios, a través de cualquier sistema o método, en una determinada circunscripción territorial;

XIV. Regulación: es la actividad que ejerce el Órgano Regulador Estatal para permitir que se mantenga un ordenamiento y control de los servicios que prestan los organismos operadores, eliminando en lo posible las asimetrías generadas para evitar cualquier fenómeno de concentración que contraríe al interés público de los servicios de agua potable y saneamiento

XV. Saneamiento: las medidas y acciones necesarias para recolectar, conducir, tratar total o parcialmente las aguas residuales y su descarga, así como su disposición final, y en general, las acciones necesarias para preservar y mejorar la calidad del agua;

XVI. Secretaría: la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XVII. Sistema de Agua Potable y Saneamiento: conjunto de acciones, instalaciones, equipos y obras de infraestructura necesarios para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, así como tratamiento de aguas, reúso, alejamiento y disposición final;

XVIII. Sistema Nacional de Información de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento: comprenderá el acervo documental, así como la compilación y procesamiento de datos generados por Organismos Operadores, Instituto, entidades públicas federales y demás entidades involucradas en el subsector, sobre indicadores de gestión, así como de la información de aguas superficiales y subterráneas,

XIX. Cuota: Estructura de precios autorizada en las Leyes de Ingresos correspondientes que permite determinar la contraprestación a cubrir por los servicios de agua potable y saneamiento;

XX. Servicio Público Urbano: utilización de los servicios de agua potable y saneamiento para el abasto a centros de población y asentamientos humanos a través de un Organismo Operador, y

XXI. Captación: Obra destinada a obtener un cierto volumen de agua de una formación acuífera concreta, para satisfacer el consumo humano;

Artículo 4. Para los casos no previstos en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposicionesen la materia de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y la Ley de Aguas Nacionales.

CAPITULO II

Marco Regulador General de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento

Artículo 5. La autoridad y administración en materia de agua potable y saneamiento son los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal.

Artículo 6. Los gobiernos de los Estados, los municipios y el Distrito Federal garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud, sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Artículo 7. Los servicios de agua potable y saneamiento que suministre el organismo responsable, se destinará prioritariamente para el uso personal, doméstico, el servicio público urbano e Industrial antes de otorgarlo para cualquier otro.

Artículo 8. Los servicios se prestarán de manera equitativa y solidaria, siendo físicamente accesibles de forma domiciliaria y considerando las características demográficas de cada lugar, la necesidad de los servicios y los problemas urbanos.

Artículo 9. Los Municipios y el Distrito Federal podrán solicitar al Ejecutivo Federal decretar la expropiación por causa de utilidad pública a los bienes de propiedad privada, en beneficio de los organismos operadores, para la construcción y establecimiento de los sistemas de agua potable.

El monto de la indemnización correspondiente deberá ser cubierto por el Organismo Operador con cargo a los fondos de que disponga, provenientes de la recaudación del servicio.

Artículo 10. Los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento a que se refiere esta ley, deberán pagar los derechos aplicables que establezca cada Municipio, así como dentro de los plazos que se fijen.

Artículo 11. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, se declara de utilidad pública:

I. La planeación, estudio, construcción, ejecución, rehabilitación, administración y recuperación de las obras y servicios necesarios para la operación del sistema de Agua Potable y Saneamiento.

II. La adquisición y la utilización o aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado establecido o por establecer.

III. La regulación, captación, conducción, almacenamiento, potabilización y distribución de agua, así como la prevención y control de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la colección, desalojo y el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de lodos que se localicen dentro de las Entidades Federativas.

IV. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del y que no sean de jurisdicción federal.

V. La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Artículo 12. Los servicios de agua potable y saneamiento deberán comprender todas las actividades inherentes, derivadas o relativas a:

I. Captación, extracción, conducción y distribución del agua potable;

II. Gestión de las aguas residuales, desde su recolección, conducción y el tratamiento de efluentes y de sus subproductos; en general la explotación, uso y aprovechamiento de aguas residuales crudas y tratadas; la conducción y alejamiento sanitario de las aguas tratadas hasta su descarga en un cuerpo receptor de propiedad nacional.

III. Garantizar que los servicios se presten de forma permanente, regular, continua y uniforme;

IV. Estructurar niveles tarifarios que garanticen la sostenibilidad de los organismos operadores, y

V. Establecer principios de contabilidad que garanticen la transparencia, congruencia y compatibilidad en el ejercicio de los recursos del subsector agua potable y saneamiento.

CAPITULO III

Autoridades competentes

Artículo 13. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal:

I. Presentará políticas públicas, programas y proyectos para la conservación de los recursos hídricos, que garanticen su disponibilidad para los servicios de agua potable, su abasto a la población y la continuidad del servicio;

II. Adoptar las medidas necesarias para el establecimiento y cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales en materia de agua potable y saneamiento;

III. Garantizar la organización y modernización del subsector de agua potable y saneamiento acorde con las necesidades del país, sin afectar las facultades de los gobiernos de los estados y de los municipios en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones;

IV. Suplir las facultades de planeación, construcción y mejorar los sistemas de agua potable, en los casos en que los gobiernos de los estados y de los municipios declaren estar impedidos para subsanar dichas actividades, para garantizar la calidad y acceso del agua para consumo humano a toda la población;

V. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, en los términos establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales;

VI. Emitir el Reglamento de la presente Ley, y

VII. Las demás atribuciones que le señale la presente Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 14. Para efectos de la presente Ley, el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con las siguientes facultades:

I. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de los servicios de agua potable y saneamiento, que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización;

II. Proponer al Ejecutivo Federal políticas públicas que fomenten la cultura del cuidado del agua, con el objetivo de proteger el recurso y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;

III. Expedir el Reglamento Interior del Instituto;

IV. Instrumentar las políticas públicas, estrategias, programas y proyectos aprobados por el Ejecutivo Federal, y

V. Las demás que la presente Ley señale y demás normas en materia hídrica que le asignen específicamente las disposiciones legales.

Artículo 15. Para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica, se contará con Organismos Operadores con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de garantizar su sostenibilidad.

CAPITULO IV

Del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento

Artículo 16. Se crea el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 17. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. Fungir como autoridad técnico-normativa en materia de los servicios de agua potable y saneamiento;

II. Formular y proponer los criterios y lineamientos de carácter técnico-normativo que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios;

III. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con la prestación del servicio de agua potable y su gestión;

IV. Substanciar el procedimiento de sanción establecido en la presente Ley;

V. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente y conservación del recurso agua destinado al uso domestico y servicio público urbano;

VI. Proponer a la Secretaría las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable y saneamiento, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización;

VII. Proveer a las Entidades Federativas y municipios de los instrumentos analíticos y metodologías que apoyen la determinación del valor del agua y de los costos de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;

VIII. Integrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en la integración del Sistema Nacional de Información del Agua;

IX. Ejercer los mecanismos para la aplicación de recursos de apoyo o incentivos a los servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo al Sistema de Evaluación e Información que considere el desempeño propio de los organismos operadores, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

X. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia,

XI. Coadyuvar con los gobiernos estatales y municipios en el establecimiento de los criterios especiales de los servicios de agua potable y saneamiento, los sistemas de costos, tarifas y subsidios, tomando en cuenta su situación económica, social y ambiental de cada región, para garantizar la sostenibilidad y eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;;

XII. Promover los procesos de certificación a toda persona jurídica constituida legalmente como Organismo Operador, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y

XIII. Las demás que la presente Ley u otros ordenamientos señalen.

Artículo 18. Las oficinas centrales del Instituto tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 19. Para el estudio, programación, ejecución y despacho de sus asuntos, el Instituto se integrará por un órgano colegiado que será un Consejo Directivo, y un Director General.

Artículo 20. Los integrantes del Consejo Directivo contarán con voz y voto, el cual estará conformado por los siguientes:

I. Los titulares de las Secretarías:

A) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien presidirá el Consejo Directivo;

B) De Desarrollo Social;

II. El titular de la Comisión Nacional del Agua;

III. Tres representantes del Instituto; y,

IV. Tres miembros de la Asociación que agrupe el mayor número de organismos operadores del país.

Artículo 21. El Director General del Instituto será nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, de una terna propuesta por el Consejo Directivo. Para ser Director General se requiere, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, haberse desempeñado en forma destacada en su profesión, gozar de buena reputación.

Artículo 22. El Director General del Instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, deberá:

I. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.

II. Administrar y representar legalmente al Instituto;

III. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los programas, disposiciones de carácter general y acuerdosque tome el Consejo Directivo del Instituto;

IV. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

V. Nombrar al personal del Instituto;

VI. Someter al Senado de la República el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;

VII. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio al Instituto;

VIII.Suscribir los acuerdos, convenios o contratos que celebre el Instituto;

IX. Las demás atribuciones que le señale la presente Ley, el Reglamento Interior del Instituto, y el Consejo Directivo de acuerdo a sus facultades.

Artículo 23. La política en materia de agua potable y saneamiento de los Estados y del Distrito Federal estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal y del Jefe de Gobierno respectivamente, quienes la ejercerán por conducto del Instituto.

CAPITULO V

Operación y Regulación de la prestación de los servicios

Artículo 24. La consolidación de la planeación de los servicios de agua potable y saneamiento tendrá carácter prioritario y formará parte integrante del Programa Nacional Hídrico que apruebe el Ejecutivo Federal, en conjunción con las políticas y estrategias que señale el Instituto.

Artículo 25. Al Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios le corresponderá la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento dentro del ámbito de su competencia, incluyendo las comunidades rurales.

Artículo 26. El Gobierno de las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios prestará los servicios que tiene encomendados directamente, a través de su propio personal e instalaciones o indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares previamente certificados por el Instituto, para que se encarguen de impartir los servicios de agua potable y saneamiento, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto.

Artículo 27. Los Municipios y el Distrito Federal podrán solicitar la asignación de los aprovechamientos de aguas nacionales que hubieren sido otorgadas mediante título de concesión por la Comisión Nacional del Agua y que estén utilizándose para uso doméstico o servicio público urbano con el fin de abastecer a usuarios sin derechos propios de explotación de aguas nacionales en las zonas urbanas o rurales del Municipio en cuestión.

La propuesta, formulación, ejecución y promoción de las estrategias y políticas que orienten el desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento comprenderá:

I. Las que tengan por objeto fomentar el uso eficiente y razonado del agua potable y su saneamiento respectivo;

II. Los subprogramas específicos, regionales, estatales y sectoriales que permitan atender problemas de escasez o contaminación del agua;

III. Las acciones que propongan la planeación y solución integral del abastecimiento del agua potable y su saneamiento por los organismos operadores, así como la sostenibilidad técnica y financiera de estos últimos;

IV. Aquellas que promuevan mecanismos de mejoramiento en la eficiencia y conservación del agua potable así como el saneamiento de la misma;

V. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica sobre la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento;

VI. Las acciones, proyectos y subprogramas que procuren el seguimiento, diagnóstico, evaluación, adecuación y desarrollo integral sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento;

VII. Las políticas y fijación de normas mínimas que tiendan a garantizar la eficacia del saneamiento, de acuerdo con las circunstancias particulares de zonas de los Municipios y del Distrito Federal, según corresponda;

VIII. Los mecanismos y medidas que incentiven e impulsen al desarrollo, mejoramiento, expansión y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento;

IX. La planeación, promoción, estímulo y en su caso, ejecución de las acciones para el tratamiento de las aguas residuales y manejo de lodos, así como las que sean necesarias para la prevención y control de la contaminación del agua;

X. Mecanismos financieros que permitan la creación de un sistema integral y equitativo que eficiente la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, a nivel estatal y municipal, y

XI. La formulación y ejecución de programas y acciones para la mejor administración y reutilización y recirculación de las aguas.

Artículo 28. Los Municipios, el Distrito Federal deberán brindar a todos los habitantes en forma permanente, regular, continua y uniforme, el acceso al agua potable para satisfacer su pleno desarrollo y salud.

Artículo 29. El servicio de agua potable se hará llegar a los domicilios de los usuarios, medido en la forma y mediante los instrumentos que sean instalados para tal fin de acuerdo a la normatividad emitida por la autoridad competente.

Artículo 30. El cobro por la prestación de los servicios será conforme a la periodicidad que se determine por cada Municipio o el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, a través de los Organismos Operadores.

Artículo 31. Las descargas de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado se realizarán con la calidad requerida por el cuerpo receptor correspondiente, o en su caso se deberá cubrir en forma oportuna y suficiente las cuotas que para tal efecto se establezcan por el servicio de saneamiento.

Dichas descargas se realizarán conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y en su caso atendiendo a las disposiciones particulares emitidas por las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios en sus respectivas competencias territoriales.

Cuando no se cumpla la obligación de conectarse a la red de alcantarillado, independientemente de imponerse las sanciones que procedan, se dará aviso a la Secretaría de Salubridad para que exija el cumplimiento de las demás normas relacionadas con la materia.

Artículo 32. Los usuarios que soliciten los servicios de agua potable y saneamiento deberán celebrar un contrato de adhesión con el Organismo Operador correspondiente de cada Municipio o del Distrito Federal, mediante el cual se brindará certeza jurídica en la prestación de dichos servicios.

Artículo 33. Los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente afectas a dichos servicios, se prestarán y realizarán por los Municipios o el Distrito Federal, preferentemente por conducto de sus organismos operadores.

Artículo 34. Estarán obligados a contratar los servicios de agua potable y saneamiento, aquellas personas que al no contar con servicios propios requieran los servicios de agua potable así como de su saneamiento, y que bajo cualquier título sean propietarios o poseedores de:

I. Predios destinados para uso habitacional y se encuentren habitados transitoria o permanentemente, o

II. Predios destinados a giros mercantiles, industriales, servicios o de cualquier otra actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable o residuales tratadas así como de los servicios de saneamiento.

Artículo 35. Los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento tendrán la obligación de cubrir oportunamente el precio de los servicios domiciliarios que serán autorizados por la autoridad competente, de conformidad con las cuotas que para el efecto sean autorizadas.

Artículo 36. El Organismo Operador correspondiente a cada Municipio o al Distrito Federal, determinarán los términos y condiciones del contrato de adhesión, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, de las leyes estatales y demás normatividad aplicable.

Artículo 37. Los Organismos Operadores podrán restringir o suspender, según el caso, la prestación de los servicios de agua potable:

I. En caso fortuito o fuerza mayor;

II. Incumplimiento del contrato de adhesión;

III. Vencimiento del certificado emitido por el Instituto, y

IV. A solicitud expresa del usuario.

CAPITULO VI

De los Organismos Operadores

Artículo 38. Los Organismos Operadores serán las entidades descentralizadas públicas o privadas con personalidad jurídica y patrimonio propio, creadas por las autoridades competentes para otorgar los servicios de agua potable y saneamiento, en cuyos instrumentos de creación deberán contener, cualquiera que sea su naturaleza jurídica las declaraciones siguientes: 

I. Un periodo de vigencia suficiente, que garantice la recuperación de inversiones del Organismo Operador y su sostenibilidad económica en beneficio de sus usuarios.

II. Condiciones de operación;

III. Causas de revocación o disolución;

IV. Causas de reivindicación de la infraestructura para la prestación de los servicios;

V. Obligaciones;

VI. Garantía de la responsabilidad patrimonial, civil, laboral, penal, por medio de mecanismos que para tal efecto se aprueben;

VII. Delimitación del área geográfica en donde prestarán los servicios públicos; y,

VIII. Infracciones y sanciones.

Artículo 39. La regulación estatal y las leyes en la materia garantizarán igualdad de condiciones entre los organismos operadores en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a la población, sin distinción de la naturaleza jurídica de estos.

Artículo 40. El otorgamiento de la concesión de los servicios a los Organismos Operadores por parte de las autoridades competentes, se realizará conforme a la normatividad vigente de las Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, en su defecto, a lo establecido en este capítulo.

Artículo 41. El título de concesión de los servicios otorgado por las Entidades Federativas, Distrito Federal o los Municipios, deberá contener al menos lo siguiente:

I. El certificado vigente emitido por el Instituto

II. objeto y sus fundamentos jurídicos;

III. La descripción del concesionario;

IV. Los derechos y obligaciones del concesionario y del concedente; 

V. Las garantías que otorgue el concesionario;

VI. Las contraprestaciones que deban cubrirse al concedente;

VII. Las bases de indemnización que el concedente otorgue al concesionario en caso de revocación por causas no imputables a éste;

VIII. El período de vigencia, que garantice la recuperación de inversiones del Organismo Operador y su sostenibilidad económica en beneficio de sus usuarios;

IX. La descripción de los servicios, bienes, obras e instalaciones que se concesionan, así como las obligaciones de rehabilitación, mantenimiento, ampliación, mejoramiento, productividad y aprovechamiento de los mismos;

X. El señalamiento del área geográfica donde el concesionario deba prestar los servicios públicos;

XI. Las metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y comerciales, así como sus respectivas penalizaciones en caso de incumplimiento;

XII. Los mecanismos mediante los cuales se cumplirán los programas de construcción, expansión y modernización de los sistemas, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y

XII. Las causas de extinción, revocación o reivindicación.

Artículo 42. La certificación tiene como objetivo primordial el reconocer oficialmente, los procesos, sistemas, conocimientos y habilidades, requeridas para el ejercicio de las funciones de los organismos operadores de una manera competitiva, dirigidas a actualizar el subsector de agua potable, conforme a los lineamientos de la presente Ley. El Instituto promoverá los procesos de certificación, los cuales podrán realizarse por organismos acreditados.

Artículo 43. El Instituto promoverá la certificación de los organismos operadores en los siguientes aspectos:

I. Incremento de manera considerable de sus volúmenes en el tratamiento de sus aguas residuales y la aplicación de medidas para su reutilización;

II. Proyectos o programas de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de la administración y gestión del agua potable;

III. Capacitación a personal directivo, administrativo, técnico y operativo; y,

IV. Mejora en los servicios y atención al usuario.

Artículo 44. Los Organismos Operadores establecerán políticas y mecanismos que aseguren que los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento establecidos en la presente Ley, se destinen conforme a su instrumento de creación, exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas y a ampliar la infraestructura hidráulica correspondiente.

Artículo 45. Los Organismos Operadores elaborarán los estudios necesarios que motiven, fundamenten y permitan al Sistema de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento el establecimiento de tarifas apropiadas, conforme a la regulación vigente, para el cobro justo de los servicios, que reflejen una prestación de forma eficiente y oportuna.

Artículo 46. En caso de conflicto entre organismos operadores de uno o más estados, el Instituto podrá fungir como autoridad conciliadora, siempre y cuando los organismos operadores acepten someterse a dicho procedimiento.

Artículo 47. Los Organismos Operadores serán sujetos de evaluación de su eficiencia física y comercial, su infraestructura y equipamiento como medio que conlleve a una óptima prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme al proceso de calificación que determinen la procedencia para la aplicación de recursos, estímulos e incentivos.

Artículo 48. Cuando los propietarios o poseedores de lugares en que se debiera establecer el servicio público de agua potable, independientemente de que se impongan las sanciones que procedan, el Organismo Operador instalará la toma en los casos del servicio de agua potable y su costo lo cargará al propietario o poseedor.

Artículo 49. Las Entidades Federativas, por conducto del Instituto, realizarán con base en los indicadores de gestión la valoración a los organismos operadores, con el objeto de verificar eficiencias, tanto técnicas como financieras, cuyo resultado se hará llegar oportunamente al Instituto, para efecto de que este aporte elementos de juicio e información que sirva de soporte para establecer por parte del Estado y la Federación la asignación de incentivos, apoyos y demás recursos autorizados que deriven de los programas federales y estatales.

Artículo 50. Los Organismos Operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, proporcionarán la información necesaria y documentación derivada de los indicadores de gestión, solicitada por el Instituto, a fin de realizar la revisión y evaluación de sus eficiencias tanto técnicas como financieras.

Artículo 51. Los Organismos Operadores de los servicios de agua potable y saneamiento serán susceptibles de evaluación, por parte del Instituto, de conformidad a los rubros siguientes: 

I. Servicio y atención eficiente al usuario;

II. Confiabilidad de los servicios de agua potable en presión del suministro y continuidad;

III. Desempeño de las áreas técnicas y operativas;

IV. Cobertura de agua potable, alcantarillado y cloración;

V. Porcentajes de agua tratada, residual, potabilizada;

VI. Funcionamiento adecuado del servicio de alcantarillado ante eventualidades;

VII. Producción y facturación;

VIII. Facturación y recaudación;

IX. Padrón de usuarios, cartera vencida y sistema comercial, y

X. Los demás necesarios para estimar y comparar la competitividad y eficiencia.

CAPITULO VII

De los Organismos Operadores Públicos

Artículo 52. Los Organismos Operadores Públicos, son aquellos creados por acuerdo del Ayuntamiento correspondiente o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de conformidad con la legislación aplicable, como organismos públicos descentralizados o como sociedades anónimas bajo el régimen de empresas de participación municipal.

Artículo 53. Los Municipios o el Distrito Federal, podrán asociarse con la iniciativa privada o con el sector social, en la figura de un Organismo Operador mixto que permita la inversión privada, conservando aquellos en todo momento la participación mayoritaria con el fin de proteger el interés público.

Artículo 54. Los Organismos Operadores Públicos se regirán conforme al acuerdo del Ayuntamiento o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las disposiciones legales o instrumentos jurídicos que determinen su creación o en su caso su modificación, así como lo dispuesto por la presente Ley y las demás disposiciones que de ella emanen.

Artículo 55. Los Organismos Operadores Públicos tendrán a su cargo las funciones que el instrumento de creación establezca, señalando adicionalmente:

I. El tiempo mínimo indispensable para llevar a cabo las acciones de planeación de los servicios de agua potable y saneamiento de largo plazo, para que las Entidades Federativas y al Distrito Federal, respectivamente en su ámbito de competencia, generen, apoyen, fomenten y supervisen el desarrollo de planes municipales y locales, así como para que den seguimiento y actualización a través de los cambios administrativos de los gobiernos locales.;

II. La planeación y programación en el ámbito de su competencia de la prestación de los servicios conforme a los lineamientos previstos en los planes de los distintos órdenes de gobierno, y

III. El pago oportuno de las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos que establezca la legislación aplicable.

Artículo 56. Los Organismos Operadores Públicos tendrán la facultad del cobro por los servicios de agua potable y saneamiento, así como demás cargos inherentes a la prestación de los servicios.

CAPITULO VIII

De los Organismos Operadores Privados

Artículo 57. El Ayuntamiento o el Distrito Federal, o en su caso los Estados, podrán autorizar mediante concesión, la participación del sector privado, conformándolo como un Organismo Operador para la prestación de los siguientes servicios:

I. Extracción, conducción, potabilización, suministro, medición, facturación, cobro y distribución o transporte de agua potable o por cualquier otro medio idóneo que garantice su potabilidad, y;

II. El saneamiento de aguas residuales.

Artículo 58. El Ayuntamiento o el Distrito Federal, o el Estado en su caso, según corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán concesionar total o parcialmente los servicios que refiere el artículo anterior, bajo los términos que establezcan las leyes y normatividad aplicable en cada Municipio, Entidad Federativa o Distrito Federal respecto a la concesión de los servicios, atendiendo en todo momento a asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, modernización de los sistemas y demás circunstancias pertinentes.

Previamente al otorgamiento de la concesión de los servicios, los Municipios o el Distrito Federal, según sea el caso, deberán ordenar la realización de estudios de diagnóstico integral y planeación estratégica de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que determinen la factibilidad social, técnica y financiera para su otorgamiento.

Artículo 59. Podrán operar bajo el régimen de concesión como Organismo Operador Privado, conforme a lo previsto en el artículo anterior de la presente Ley para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, en forma independiente, las personas morales siguientes:

I. Desarrollos habitacionales;

II. Comités u organizaciones de colonos;

III. Comités rurales de agua potable;

IV. Desarrollos industriales, turísticos y campestres; y,

V. Otros sujetos con actividades inherentes al subsector agua potable.

En estos casos la operación de la prestación de los servicios, se sujetará a las normas establecidas en esta Ley, su reglamento, la normatividad local, así como las demás disposiciones aplicables.

Artículo 60. Una vez otorgada la concesión de los servicios y en tanto se formalicen los nuevos contratos de adhesión con los usuarios, en su caso, seguirán vigentes los celebrados con el Organismo Operador anterior. Los nuevos contratos de adhesión se ajustarán a lo dispuesto por la presente Ley así como a la regulación del municipio del que se trate, o en su caso de la Entidad Federativa correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

CAPITULO IX

Contabilidad Regulatoria

Artículo 61. El Instituto elaborará un sistema de contabilidad regulatoria que posibilite el seguimiento del desarrollo económico-financiero en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de la Concesionaria como agente contaminante.

En tal sentido el Instituto coadyuvará con los gobiernos de los estados y municipios para asegurar la calidad de los servicios, la protección de los intereses de la comunidad, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión.

Artículo 62. Los principios de contabilidad regulatoria que integre y publique el Instituto, deberán ser adoptados por los organismos que provean los servicios de agua potable y saneamiento, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de los mismos y tendrán como objetivo transparentar la información generada por los organismos, crear un sistema de información que establezca los criterios mínimos indispensables requeridos siendo estos, entre otros, los catálogos de cuentas, la forma de presentación y elaboración y periodicidad, para que dichos principios de contabilidad atiendan las necesidades normativas, regulatorias y en su caso concurrentes de cada Municipio, el Distrito Federal, el Instituto y cualquier autoridad fiscal o hacendaria competente.

Artículo 63. Los principios de contabilidad regulatoria establecerán un sistema que permita reflejar el desempeño técnico, operativo, comercial, y de evaluación de las decisiones económico-financieras, respecto a los servicios de agua potable y saneamiento.

Artículo 64. Los principios de contabilidad regulatoria tendrán los objetivos siguientes:

I. Homologar la información existente para los organismos operadores;

II. Disponer de información de costos de manera confiable, oportuna y de calidad en forma permanente;

III. Conocer los costos de administración, operación, rehabilitación, mantenimiento, creación de infraestructura para ampliaciones, mejoramiento e inversión de los activos utilizados en la prestación de los servicios por parte de los organismos operadores;

IV. Conocer la demanda de los servicios;

V. Generar una base de datos nacional de información sistemática para los organismos operadores de los servicios de agua potable y saneamiento;

VI. Poder establecer índices de gestiones compatibles y significativas;

VII. Establecer sistemas, criterios o rangos de subsidios, por zonas de servicio que atiendan a la población con alto índice de marginalidad.

VIII. Implementar medios de control para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones en el ámbito contable-financiero; y,

IX. Evaluar los estados financieros del Organismo Operador.

Artículo 65. Los principios de contabilidad regulatoria estarán compuestos por:

I. Políticas, procesos y manuales;

II. Sistemas informáticos;

III. Indicadores de gestión;

IV. Auditorias y certificaciones, y

V. Instrumentos contables, económico financieros e índices, que contribuyan a establecer los principios de contabilidad regulatoria, entre otros.

Artículo 66. Para efecto de integrar los principios de contabilidad regulatoria de los servicios, se atenderán a las siguientes directrices:

I. Contabilizar los costos de gasto corriente por tipo de servicio;

II. Efectuar una clasificación de los costos de infraestructura;

III. Definición de criterios sobre el contenido de las cuentas contables;

IV. Análisis de los costos operativos y los activos;

V. Control de compras y contrataciones;

VI. Análisis en la planeación de inversiones;

VII. Estudio de la estabilidad económica financiera del país y de la población; y,

VIII. Las demás necesarias para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

CAPITULO X

De los Sistemas Tarifarios

Artículo 67. El sistema tarifario se constituye por cuotas exigidas individualmente a cada usuario que retribuyen su incorporación a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Dichas cuotas deberán reflejar el costo real de los servicios, incluyendo el margen de sostenibilidad del Organismo Operador.

Artículo 68. El sistema tarifario será uniforme para la misma modalidad de prestación según el área servida.

Artículo 69. Los Municipios, o en su caso el Distrito Federal, establecerán las cuotas, con base en la información que establezca el Instituto; para cubrir el costo real de la prestación de los servicios, tomando en consideración lo siguiente:

I. Indexación de cuotas;

II. Cuotas de conexión por obras de ampliación para la incorporación al sistema de agua potable y saneamiento, que deberán de ser cubiertos por los nuevos usuarios, mediante aportaciones únicas cuyo importe será el costo marginal de la demanda máxima;

III. La parte correspondiente a los derechos de explotación y vertido, y

IV. El costo de operación, administración, depreciación de activos fijos y constitución de un fondo de reserva para rehabilitación, mantenimiento, ampliación o mejoramiento del servicio público.

Las metodologías o fórmulas que sean diseñadas por el Instituto, establecerán los elementos para el cálculo de las cuotas, mismas que podrán contemplarse en los reglamentos o disposiciones de observancia general, que al efecto emitan los Municipios o el Distrito Federal, respectivamente en su ámbito de competencia.

Artículo 70. Las cuotas podrán ser ajustadas de acuerdo a las condiciones imperantes en el territorio de su aplicación, que permitan la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento; para lo cual se emitirán por parte del Instituto criterios de cálculo para su ajuste.

Artículo 71. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el consumo de agua potable efectuado en edificios de dominio público federal, estatal, municipal o del gobierno del Distrito Federal, utilizados para una función pública serán reguladas por criterios y rangos de consumo en volumen y tiempo, propuestos por el Instituto para la aprobación del Gobierno del Distrito Federal o el Municipio respectivo de acuerdo a la naturaleza del servicio que otorguen.

Artículo 72. La falta de pago de la contraprestación por los servicios de agua potable y saneamiento, obliga al usuario a cubrir recargos conforme a la tasa que se señala en las leyes fiscales vigentes en cada Estado.

Los organismos operadores podrán suspender temporalmente dichos servicios, cuando así se establezca en una cláusula contractual que esté asentada en el acuerdo de adhesión celebrada entre el Organismo Operador y el usuario.

CAPITULO XI

Capacitación y Tecnología

Artículo 73. Con el fin de asegurar el manejo sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y el desarrollo de sus sistemas, se fortalecerá la capacitación del personal tanto operativo como técnico de todas las áreas de los organismos operadores.

Artículo 74. El Instituto en coordinación con las Entidades Federativas, Distrito Federal y los Municipios y con apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Centros de investigación y demás Instituciones nacionales e internacionales en el ramo de investigación, garantizará el desarrollo y difusión de tecnologías e investigación científica en el subsector de agua potable y saneamiento.

Artículo 75. El Instituto está obligado a fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica y tecnológica, enfocadas a las actividades y funciones propias de los organismos operadores, además de propiciar la concurrencia de recursos para lograr los objetivos mencionados.

Artículo 76. El Instituto promoverá la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el uso y aprovechamiento del agua potable y sus servicios inherentes, que garanticen su prestación con calidad y eficiencia adecuada para la población, realizándose mediante las actividades siguientes:

I. La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el uso y aprovechamiento del agua potable;

II. La orientación y coordinación con instituciones de educación superior en la ejecución de programas de investigación, desarrollo tecnológico, consultoría especializada, información técnica, formación y capacitación en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

III. La elaboración de proyectos de normas sobre calidad del agua y en la acreditación de laboratorios;

IV. El desarrollo de tecnología relacionada con estrategias para el manejo del agua orientado a evitar al máximo las descargas de agua contaminada a los cauces de los ríos y los mares;

V. Aplicación de tecnología a geohidrología, sistemas de información geográfica, agua subterránea y superficial, climatológica, cartografía y cualquier otra ciencia involucrada con el elemento agua, y

VI. Las demás necesarias para la consolidación de los servicios.

CAPITULO XII

De las Sanciones y los Medios de Impugnación

Artículo 77. Corresponde al Instituto directamente o por conducto de los Organismos Operadores, la facultad de investigar si se han cometido infracciones a esta Ley, hacer la declaración correspondiente e imponer las sanciones procedentes, emitir la declaración correspondiente e imponer las sanciones procedentes, mediante el procedimiento que para tal efecto se establezca en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 78. Para la imposición de cualquier sanción se brindará al infractor su derecho de audiencia, en los términos del procedimiento que para tal efecto se contemple en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 79. Contra las resoluciones que impongan sanciones conforme a la presente Ley, podrán impugnarse mediante el procedimiento contencioso administrativo federal de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 80. Para efectos del proceso de evaluación, se consideran infracciones por los organismos operadores, los supuestos siguientes:

I. Incumplimiento en las condiciones del tratamiento, la potabilidad y los parámetros mínimos aceptables en las redes de distribución, en materia de las aguas servidas;

II. Incumplimiento de normas de calidad de los servicios;

III. No observar los lineamientos, criterios, metodologías o normas emitidas por el Instituto.

IV. Omitir la aplicación de los sistemas de información y contabilidad, contenidos en la presente de Ley.

V. Interrupciones injustificadas en la prestación de los servicios;

VI. Incumplimiento del régimen tarifario establecido;

VII. Negarse a proporcionar injustificadamente información al Instituto;

VIII. Obstaculizar o impedir la práctica de verificaciones ordenadas por el Instituto;

IX. Ejercer el gasto de incentivos, estímulos y demás recursos de esta naturaleza en acciones diversas a aquellas que fueron destinadas;

X. No atender las denuncias y reclamos ciudadanos en relación con los servicios cuando sean procedentes;

XI. No cumplir con las obligaciones de conservación, reparación y mantenimiento de los sistemas destinados a la prestación de los servicios; y,

XII. Incumplir las obligaciones que les impone la presente Ley y demás normas aplicables.

Lo dispuesto en el presente artículo, se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las demás leyes federales y locales aplicables de la materia.

Artículo 81. Contra las resoluciones y actos de las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, procederá el recurso de conformidad, el cual únicamente podrá hacerse valer por los directamente afectados por tales actos o resoluciones.

Artículo 82. Las inconformidades por revisión se interpondrán ante el Director General del Instituto y serán resueltas por dicho funcionario.

La tramitación de los recursos de inconformidad se sujetará a las normas establecidas en el Reglamento Interior.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Reglamento de la presente Ley se emitirá dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

Artículo Cuarto.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor.

Artículo Quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que contravengan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen.Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Pido a la Secretaría que inserte íntegramente la iniciativa que ha presentado el Senador Fidel. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4o. constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEPTIMO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Cabanal: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Los gobiernos democráticos tienen la peculiaridad de orientar su función a garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales de sus gobernados. Y uno de esos derechos que constituye el propósito y fin primordial de los regímenes que ostentan esa naturaleza es, precisamente, el derecho al desarrollo.

Sobre este derecho, el artículo 8.1 de la Declaración sobre los Derechos al Desarrollo concretamente en la Resolución 41/128 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de diciembre de 1986, dispone:

Los Estados deben adoptar en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizar entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos, en cuanto alacceso a los recursos básicos,la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”.

Para dar cumplimiento a esta máxima internacional en la realización del derecho al desarrollo, es necesario adoptar como una primera medida legislativa la de elevar a rango constitucional el derecho individual y colectivo al acceso y uso de la energía eléctrica.

Son diversas las razones para legislar en esta materia.

1. Su pleno reconocimiento constitucional como parte de las decisiones políticas fundamentales del Estado mexicano, constituye la base y el fundamento desde la Ley Suprema para la implementación de una auténtica política energética de Estado, que permita refrendar objetivos históricos que dieron origen al sistema eléctrico nacional, y que deben seguir siendo un imperativo para el gobierno federal, por tener vigencia permanente en cuanto a su cumplimiento, como lo son:

Que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo.

Que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad y, por ese medio, alentar el máximo desarrollo económico.

Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.

Con la presente iniciativa, propongo reivindicar en el texto constitucional el derecho al acceso y uso de la energía eléctrica, toda vez que en diversos instrumentos jurídicos internacionales adoptados por nuestro país y ratificados por este Senado de la República, encuentra su fundamento básico:

El Artículo 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de todo ser humano a “la salud, alimentación, vestido y vivienda…”.

Los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente corresponden a los derechos a la salud y a la vivienda.

Del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprendió, en 1991, la llamada Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a una vivienda adecuada, definiendo ésta como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.

Esta definición fue explicitada en 1993 por el Sr. Rajindor Sadar, Relator Especial de la ONU, en la “Estrategia Mundial de Vivienda”, aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo: “vivienda adecuada” como: “el disponer de un lugar donde poderse aislar con espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada;una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Por otra parte, los artículos 3, 6 y 7 de la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad”, que señalan la obligación de los Estados de “garantizar que los logros científicos y tecnológicos, en este caso, la electricidad, sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población “… “extendiendo a todos los estratos sus beneficios” y asegurando que estos logros “contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna…”

Se ha sostenido en recientes foros internacionales, que otro aspecto fundamental a sustentar en materia del derecho a la energía eléctrica, es aquel relacionado con la prevención de la salud pública y familiar, y en particular, de mujeres y de la niñez, siendo que estos sectores de la población, los más vulnerables, son al mismo tiempo los más estrechamente vinculados al uso y mantenimiento de viviendas y al cuidado de la salud familiar.

Al respecto, la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, en su artículo 14, numeral 2, inciso h) instituye claramente el derecho a la electricidad como parte de un derecho humano, al establecer que los Estados Parte adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y le asegurarán el derecho a “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidady el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

Una razón de mayor peso para impulsar esta propuesta, compañeras y compañeros, la encontramos en el reconocimiento que realizara la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en el 2002 en Johannesburgo, al establecer la vinculación entre el acceso a la energía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y destacar que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza.

No olvidemos que México en el año 2000 adoptó la Declaración del Milenio por lo que se obligó a cumplir con los ocho Objetivos de Desarrollo a alcanzar en el año 2015, siendo el primero, la erradicación de la pobreza extrema.

Por otra parte, la Asociación Internacional del Derecho a la Energía, como miembro del Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas, indica que, de no verse a la energía como un derecho humano, no podrían cumplirse los Objetivos del Milenio de 2015.

Al impulsar esta propuesta de reforma, se hace manifiesta nuestra coincidencia de que el acceso a los servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles, es fundamental para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo vinculados a la sanidad, la educación, el alumbrado, la calefacción, el transporte, la agricultura, la producción industrial y los medios modernos de comunicación.

Compañeras y compañeros Senadores, en el ámbito internacional, hemos escuchado voces que con preocupación han manifestado que en pleno siglo XXI es imposible hablar de vida digna sin un mínimo de energía, por lo que en el diseño y aplicación de toda política energética se debe establecer como visión primordial el reconocimiento de la energía como un derecho humano.

Coincidimos plenamente en que esta visión, logrará que los objetivos y líneas estratégicas en torno al nivel de precios, la calidad ambiental de las actividades energéticas, la adecuada participación de la renta, el abastecimiento del sistema energético, entre otros aspectos, sean medios que procuren el desarrollo y la reducción de la pobreza.

El reconocimiento y respeto por el derecho humano es, sin lugar a dudas, la plataforma para la construcción no sólo de las políticas públicas nacionales sino condición necesaria para la coordinación con estrategias internacionales de energía, que contribuya al desarrollo económico con un enfoque social.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEPTIMO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Unico.- Se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recorriéndose los actuales párrafos séptimo a décimo primero pasando a ser octavo a décimo segundo, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- …

Párrafo Séptimo.- Toda persona tiene derecho al acceso y suministro a la energía eléctrica con calidad para su uso y consumo personal y doméstico en forma asequible, proporcional y equitativa en su costo. El Estado garantizará en todo momento el respeto y disfrute de este derecho para su desarrollo y bienestar, y la ley establecerá las bases y las modalidades para el suministro equitativo y sustentable de la energía eléctrica, considerando además de la sustentabilidad ambiental, los índices y factores socioeconómicos para el establecimiento de las tarifas y costos aplicables a dicho suministro.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por la trascendencia en la materia de esta propuesta, pido a la Presidencia y a la Mesa Directiva se inserte íntegramente el texto de la misma en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, y 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los gobiernos democráticos tienen la peculiaridad de orientar su función a garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales de sus gobernados. Y uno de esos derechos que constituye el propósito y fin primordial de los regímenes que ostentan esa naturaleza, es precisamente, el derecho al Desarrollo.

Sobre este derecho, el artículo 8.1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo concretamente en la Resolución 41/128 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de diciembre de 1986, dispone:

Los Estados deben adoptar en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizar entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos, en cuanto al acceso a los recursos básicos; la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”.

Para dar cumplimiento a esta máxima internacional en la realización del derecho al Desarrollo, es necesario adoptar como una primera medida legislativa la de elevar a rango constitucional el derecho individual y colectivo al acceso y uso de la energía eléctrica.

Son diversas las razones para legislar en esta materia:

1. Su pleno reconocimiento constitucional como parte de las decisiones políticas fundamentales del Estado mexicano, constituye la base y el fundamento desde la Ley Suprema para la implementación de una auténtica política energética de estado, que permita refrendar objetivos históricos que dieron origen al sistema eléctrico nacional, y que deben seguir siendo un imperativo para el gobierno federal, por tener vigencia permanente en cuanto a su cumplimiento, como lo son:

• Que todos los mexicanos, sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo o cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo;

• Que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad contínuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad y, por ese medio alentar el máximo desarrollo económico;

• Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.

2. Con la presente iniciativa, propongo reivindicar en el texto constitucional el derecho humano al acceso y uso de la energía eléctrica, toda vez que en diversos instrumentos jurídicos internacionales adoptados por nuestro país y ratificados por este Senado de la República, encuentra su fundamento básico:

• El Artículo 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el Derecho de todo ser humano a “la salud, alimentación, vestido y vivienda…”.

• Los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente corresponden a los derechos a la salud y a la vivienda.

• Del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprendió -en 1991- la llamada Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) relativa al derecho a una vivienda adecuada, definiendo ésta como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.

Esta definición fue explicitada en 1993 por el Sr. Rajindor Sadar, Relator Especial de la ONU, en la “Estrategia Mundial de Vivienda”, aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo: “vivienda adecuada” como: “el disponer de un lugar donde poderse aislar con espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada; una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y losservicios básicos, todo ello a un costo razonable.

• Por otra parte, los artículos 3, 6 y 7 de la “Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad”, que señalan la obligación de los Estados de “garantizar que los logros científicos y tecnológicos –en este caso, la electricidad- sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población “… “extendiendo a todos los estratos sus beneficios” y asegurando que estos logros “contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna…”

Se ha sostenido en recientes foros internacionales, que otro aspecto fundamental a sustentar en materia del Derecho a la energía eléctrica, es aquel relacionado con la prevención de la salud pública y familiar, y en particular, de mujeres y de la niñez, siendo que estos sectores de la población, los más vulnerables, son al mismo tiempo los más estrechamente vinculados al uso y mantenimiento de viviendas y al cuidado de la salud familiar.

• Al respecto, la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”, en su artículo 14, numeral 2, inciso h) instituye claramente el derecho a la electricidad como un derecho humano, al establecer que los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y le asegurarán el derecho a “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

• Una razón de mayor peso para impulsar esta propuesta, la encontramos en el reconocimiento que realizara la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en el 2002 en Johannesburgo, al establecer la vinculación entre el acceso a la energía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y destacar que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza, por lo que garantizar el acceso a los servicios energéticos no depende únicamente de las fuerzas del mercado, sino también, se precisa una actuación concertada del sector público.

No olvidemos, que México en el 2000 adoptó la Declaración del Milenio por lo que se obligó a cumplir con los ocho Objetivos de Desarrollo a alcanzar en el año 2015, siendo el primero, la erradicación de la pobreza extrema.

• La Asociación Internacional del Derecho a la Energía, como miembro del Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas, indica que, de no verse a la energía como un derecho humano, no podrían cumplirse los Objetivos del Mileno al 2015.

• Asimismo, en la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de febrero de 2011, sobre la Estrategia Energética del Banco Mundial para los países en desarrollo, se señaló y aceptó que “(…) el derecho a la energía significa que los servicios energéticos han de ser fiables, asequibles especialmente para los pobres (…)” señalando además que esta estrategia debe marcar a la energía sostenible.

Al impulsar esta propuesta de reforma, se hace manifiesta nuestra coincidencia de que el acceso a servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles, es fundamental para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo vinculados a la sanidad, la educación, el alumbrado, la calefacción, el transporte, la agricultura, la producción industrial y los medios modernos de comunicación.

Compañeras y compañeros Senadores.

En el ámbito internacional, hemos escuchado voces que con preocupación han manifestado que en pleno siglo XXI es imposible hablar de vida digna sin un mínimo de energía, por lo que en el diseño y aplicación de toda política energética se debe establecer como visión primordial el reconocimiento de la Energía como un Derecho Humano.

Coincidimos plenamente en que esta visión, logrará que los objetivos y líneas estratégicas en torno al nivel de precios, la calidad ambiental de las actividades energéticas, la adecuada participación de la renta, el abastecimiento del sistema energético, entre otros aspectos, sean medios que procuren el desarrollo y la reducción de la pobreza.

El reconocimiento y respeto por el derecho humano a la energía, es sin lugar a dudas, la plataforma para la construcción no solo de la política pública nacional sino condición necesaria para la coordinación con estrategias internacionales de energía, que contribuya al desarrollo económico con un enfoque social.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEPTIMO AL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO.- Se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recorriéndose los actuales párrafos séptimo a décimo primero pasando a ser octavo a décimo segundo, para quedar como sigue:

“Artículo 4o.- …

Toda persona tiene derecho al acceso y suministro a la energía eléctrica con calidad para su uso y consumo personal y doméstico en forma asequible, proporcional y equitativa en su costo. El estado garantizará en todo momento el respeto y disfrute de este derecho para su desarrollo y bienestar, y la ley establecerá las bases y las modalidades para el suministro equitativo y sustentable de la energía eléctrica, considerando además de la sustentabilidad ambiental, los índices y factores socioeconómicos para el establecimiento de las tarifas y costos aplicables a dicho suministro.

…”.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de de septiembre de 2012.

Suscribe”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Fernando Mayans. Pido a la Secretaría se inserte íntegramente la iniciativa que ha presentado el Senador Mayans. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Javier Corral Jurado y Armando Ríos Piter, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ordenar el cese de funciones y cierre definitivo de la garita aduanera “Puerto de Janos” en el estado de Chihuahua.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de la tribuna a nombre propio y de los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Javier Corral Jurado y Armando Ríos Piter. Suscribimos el presente documento convencidos de que la representación que ostentamos debe, entre otras cosas, atender las necesidades a través de las demandas ciudadanas.

El caso que hoy nos ocupa está relacionado con una queja ciudadana que habitantes y presidentes municipales del estado de Chihuahua, representantes de asociaciones civiles, ejidales, empresariales y cámaras de la industria y comercio, en acuerdo aprobado por sus respectivos organismos, han hecho llegar a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso han dirigido la misma al Presidente de la República pidiendo el cese de las funciones operativas y cierre definitivo de la garita de Janos, sin tener, hasta hoy, respuesta favorable a su solicitud.

Es importante destacar que en dichos documentos, los solicitantes argumentan fundamentalmente dos cuestiones, que esta Asamblea no debe soslayar y por lo tanto atender de inmediato, para que el gobierno federal en su momento tome las acciones necesarias y suficientes que pongan de plano una solución al conflicto suscitado en la garita de Janos, nos referimos a la corrupción que se genera en dicha garita limitando el tránsito regular de vehículos de transporte y carga de mercancías y productos, hecho que frena las actividades comerciales de la zona, y, por otro lado, a los viajantes que cruzan por ella causándoles un malestar que trunca las actividades turísticas, como consecuencia de lo anterior, el desarrollo económico de la zona se ve considerablemente afectado.

Si bien el punto de revisión de Janos puede existir arguyendo cuestiones de seguridad nacional o para justificar un adecuado tráfico de mercancías lícitas entre México y los Estados Unidos de América, el asunto no debe verse meramente desde un punto de vista económico o mercantilista, pues bajo un enfoque de derechos humanos, aunque México tenga el derecho soberano a decidir quién puede acceder a su territorio y permanecer en él, también lo es el hecho de que, como lo apunta el informe A/60/871 del Secretario General de la ONU sobre migración internacional y desarrollo, para aprovechar al máximo los beneficios del tráfico de personas, es preciso que se respeten los derechos de quienes transitan por este país, de tal suerte que México está obligado a proteger los derechos fundamentales de todas las personas en su territorio y deben tomar medidas efectivas para defender a los migrantes y a cualquier persona que transite por esa zona, frente a cualquier tipo de violaciones o abuso de los derechos humanos por parte de las autoridades, inclusive tiene que combatir todas las formas de discriminación y racismo.

Las razones expresadas por los proponentes son fundamentalmente que la garita de Janos, Chihuahua, ha rebasado los efectos para los cuales fue creada, ya que una gran cantidad de viajeros, provenientes del país vecino, Estados Unidos, transitan por ahí y son afectados por ella.

Por otra parte, dado que el Puerto de Janos está situado a 150 kilómetros de la frontera, existe entonces una operación irregular en virtud de que el artículo 140 de la Ley Aduanera refiere que las garitas y puntos de revisión que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán situarse cerca de los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. En este sentido, el artículo 136 de la ley citada, establece que por franja fronteriza se entiende el territorio comprendido entre la línea divisora internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.

Razones todas, que en su conjunto se muestran como un elemento fundamental, que debemos exigir sea atendido directamente por la autoridad administrativa superior, y como medida precautoria ordene el cese de las funciones operativas de manera inmediata, y sólo si existiesen causas justificadas para su instalación, sí y sólo sí, entonces se proceda con toda regulación jurídica a su instalación en el lugar adecuado y de acuerdo con la ley, respetando en todo momento los límites que ella obliga.

En tal sentido y en atención expresa de nuestro mandato como Senadores de la República, y haciendo propio un reclamo de un sector importante de la población representada y afectada en sus intereses, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea y con la finalidad de atender su petición, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que por conducto del Servicio de Administración Tributaria, se gire la instrucción necesaria a fin de que sea retirada y cesada en forma definitiva e irrevocable la garita aduanera conocida como “Puerto de Janos”, correspondiente a la aduana de Puerto Palomas, municipio de Ascención, Chihuahua, que está en la carretera federal número 10 en el tramo de Nuevo Casas Grandes-Janos. Así mismo se lleve a cabo la investigación suficiente a fin de procurar el deslinde de responsabilidades y en su caso las sanciones que haya lugar por los casos de corrupción denunciados.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación de los casos de corrupción y extorsión denunciados y en tal caso que sean resueltos conforme a derecho.

Pido, señor Presidente, se incluya íntegro el texto en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, desde luego, pido a la Secretaría se incluya de manera íntegra la proposición con punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Lilia Guadalupe. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al jefe del ejecutivo del estado de Coahuila a explicar los motivos, razones y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la deuda de esa entidad.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

En agosto de 2011, el grupo dominante en el Congreso del Estado de Coahuila, aprobó y reconoció oficialmente el mega endeudamiento generado por la administración de Humberto Moreira. Pasivo que hasta pocas semanas antes de este acto, seguía siendo negado por las autoridades locales.

Pocos días después, el gobierno local, por conducto de algunos de sus funcionarios de mayor confianza, inició el proceso de renegociar la deuda con las instituciones financieras involucradas. Todo en absoluto silencio, con total opacidad y sin que hasta la fecha sean revelados los pormenores de esas negociaciones a la ciudadanía. Tampoco los contratos y las condiciones detalladas de estas transacciones se han publicado, esto a pesar de ser información que por ley debe de ser de acceso al público de acuerdo por lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública de la entidad en sus artículos 13, fracciones XXV, XXVI y XXVII; 92, 94, 95, 96 y 98 de la propia ley.

Dicho lo anterior, en fecha reciente y a un año de aquella renegociación del enorme pasivo local, la administración de Rubén Moreira ventila en medios de comunicación que va a iniciar o ya ha iniciado una segunda renegociación de la mega deuda coahuilense. Esto, al parecer, no aporta elementos extraños, el gobierno local trata de hacerlo pasar por una situación normal. Pero hay un pequeño problema, la renegociación se está haciendo o se hará a espaldas del Congreso, sin su permiso, al menos, repito, al menos esa es la situación hasta este momento.

De vital importancia resulta citar las siguientes disposiciones de la Ley de Deuda de la entidad.

Artículo 12.- Al Congreso del Estado le corresponde:

V. Autorizar a las entidades, el refinanciamiento y la reestructuración de deuda pública en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 13.- Al Poder Ejecutivo del Estado le compete:

VII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo del Estado.

Artículo 83.- Con excepción de lo previsto en el artículo 9, las entidades únicamente podrán refinanciar los empréstitos, créditos o financiamientos a su cargo, con la autorización previa del Congreso.

Y si bien, el artículo 84 del mismo ordenamiento dispone que, "... Las entidades podrán celebrar operaciones de reestructuración de los empréstitos o créditos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea el mejoramiento de las condiciones originales de los financiamientos consistente en la reducción del plazo, la disminución de la tasa de interés o la reducción de las garantías, sin necesidad de autorización por el Congreso...".

El gobierno del estado de Coahuila no ha informado con precisión al Congreso local sobre los alcances de esta renegociación, ni sabemos si se trata de una reestructura o refinanciamiento.

La deuda de Coahuila sigue envuelta en un halo de opacidad, misterio y muchas preguntas sin resolver, y ya va el actual gobierno estatal por una segunda renegociación.

También debemos resaltar que cuando se negocia con la banca, generalmente hay incremento del pasivo en cuanto a su capital, o en relación a los intereses. Difícil es creer que la banca concederá nuevas condiciones de pago a Coahuila sin que le cueste a la entidad una cantidad adicional a erogar en el mediano o largo plazo por los costos de la deuda.

Cualquier renegociación que implique un incremento en el capital o en sus intereses, es más bien una operación de reestructura o refinanciamiento, y por ende debe solicitar la autorización del Congreso local.

La deuda coahuilense ha traído efectos devastadores en la economía local, así como en los servicios, obras públicas y programas que en el nuevo gobierno estatal debe brindar a la ciudadanía; y un incremento descomunal en muchos impuestos y derechos de naturaleza estatal. Lo menos que merecen los coahuilenses, en estos momentos, es que este tema sea tratado con total transparencia y claridad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente y único punto de Acuerdo:

UNICO.- Esta Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente al jefe del ejecutivo del estado de Coahuila, para que explique de modo claro a la ciudadanía que representa, así como al Congreso del estado, los motivos, las razones y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la deuda de la entidad; y en su caso, si se trata de una operación de la reestructura o refinanciamiento, que solicite la autorización correspondiente al Congreso del estado en los términos de la Ley de Deuda Local.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA A EXPLICAR LOS MOTIVOS, RAZONES Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARA A CABO LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA DE LA ENTIDAD

“El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En agosto de 2011, el grupo dominante en el Congreso del Estado de Coahuila, con el apoyo de sus aliados, aprobó y reconoció oficialmente el mega endeudamiento generado por la administración de Humberto Moreira; pasivo que hasta pocas semanas antes de este acto, seguía siendo negado por las autoridades locales.

Pocos días después, el Gobierno local, por conducto de algunos de sus funcionarios de mayor “confianza”, entre ellos Ismael Ramos Flores (ex secretario de la Función Pública y luego Secretario Ejecutivo del SATEC), inició el proceso de “renegociar” la deuda con las instituciones financieras involucradas. Todo en absoluto silencio, con total opacidady sin que hasta la fecha sean revelados los pormenores de esas negociaciones a la ciudadanía. Tampoco los contratos y las condiciones detalladas de estas transacciones se han publicado, esto a pesar de ser información que por ley debe de acceso al público, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública de la entidad, en sus artículos 13, fracciones XXV, XXVI y XXVII; 92, 94, 95, 96 y 98.

Dicho lo anterior, en fecha reciente y, a un año de aquella “renegociación” del enorme pasivo local, la administración de Rubén Moreira ventila en medios que va a iniciar o ya ha iniciado una segunda renegociación de la mega deuda coahuilense. Esto, al parecer, no aporta “elementos extraños”; el gobierno local trata de hacerlo pasar por una “situación normal”. Pero hay un “pequeño” problema: La renegociación se está haciendo ose hará a espaldas del Congreso, sin su permiso, al menos esta es la situación hasta este momento.

De vital importancia resulta citar las siguientes disposiciones de la Ley de Deuda de la entidad:

Artículo 12.- Al Congreso del Estado le corresponde:

V. Autorizar a las entidades, el refinanciamiento y la reestructuración de deuda pública en los términos previstos en la presente Ley…

Artículo 13.-Al Poder Ejecutivo del Estado le compete:

VII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo del Estado….

Artículo 83.- Con excepción de lo previsto en el Artículo 9, las entidades únicamente podrán refinanciar los empréstitos, créditos o financiamientos a su cargo, con la autorización previa del Congreso….

Y si bien, el artículo 84 del mismo ordenamiento dispone que: “….Las entidades podrán celebrar operaciones de reestructuración de los empréstitos o créditos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea el mejoramiento de las condiciones originales de los financiamientos consistente en la reducción del plazo, la disminución de la tasa de interés o la reducción de las garantías, sin necesidad de autorización por el Congreso…”

El gobierno del estado de Coahuila no ha informado con precisión al Congreso local sobre los alcancesde esta “renegociación”, ni sabemos si se trata de una reestructura o refinanciamiento.

Muy preocupante resulta que se requiera un ajuste financiero de esta naturaleza, cuando apenas ha transcurrido un año del primero, y un año donde la deuda de Coahuila sigue sin ser aclarada; todavía es hora que nadie conoce el origen total de todos los recursos de la misma, y mucho menos el destino de cada centavo, que, se supone, debió ser para inversiones públicas productivas.

La deuda de Coahuila sigue envuelta en un halo de opacidad, misterio y muchas preguntas sin responder, y ya va el actual gobierno estatal por una segunda renegociación.

También debemos resaltar, que cuando se negocia con la banca, generalmente hay incremento del pasivo en cuanto a su capital, o en relación a los intereses. Difícil es creer que la banca concederá nuevas condiciones de pago a Coahuila sin que le cueste a la entidad una cantidad adicional a erogar en el mediano o largo plazo por los costos de la deuda.

Cualquier rengociación que implique un incremento en el capital o en sus intereses, es más bien una operación de reestructura o refinanciamiento, y por ende se debe solicitar la autorización del Congreso local.

La deuda coahuilense ha traído efectos devastadores en la economía local, así como en los servicios, obras públicas y programas que el gobierno estatal debe brindar a la ciudadanía; y un incremento descomunanal en muchos impuestos y derechos de naturaleza estatal. Lo menos que merecen los coahuilenses, es que este tema sea tratado con total transparencia y claridad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico: Esta Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente al Jefe del Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que explique de modo claro a la ciudadanía que representa, así como al Congreso del Estado, los motivos, razones y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la Deuda de la entidad; y en su caso, si se trata de operaciones de reestructura o refinanciamiento, que solicite la autorización correspondiente al Congreso del Estado en los término de las Ley de Deuda local.

México, Distrito Federal, a 25 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Fernando Salazar. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ordenar la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, buenas tardes a todas y a todos.

Antes que nada comentarles que este punto no es contra la minería, al contrario, consideramos a la minería una actividad fundamental para el desarrollo del país y en general de la humanidad.

Quiero hacer mención de que hoy nos acompañan los compañeros del frente amplio opositor a la Minera San Xavier, que están por aquí, muchas gracias.

El cuestionamiento social, en este momento, es contra la minería a cielo abierto.

La minería a cielo abierto es vorazmente devastadora, el daño que provoca es irreversible y permanente. Hoy se cuenta con modernos equipos de excavación que permiten que en cuestión de horas se muevan toneladas y toneladas de materiales.

El impacto sobre los mantos freáticos y acuíferos es devastador. La contaminación de metales pesados provoca enfermedades crónico-degenerativas, y genera miles de toneladas de desechos que acidifican la tierra, y obviamente la pérdida de la biodiversidad es irreversible.

El tema que hoy nos trae aquí en particular, es el de los trabajos que una empresa extranjera, canadiense, está realizando en el Cerro de San Pedro, para muchos es conocido ya el tema, hace varios años que New Gold-Minera San Xavier viene trabajando en San Luis Potosí.

Esta imagen que les voy a mostrar es el Escudo de Armas de San Luis Potosí, el cerro que tenemos aquí, con estos orificios que semejan las minas, es el Cerro de “San Pedro”, del cerro que vengo a hablarles, que sólo lo pueden ver en el escudo, porque ya no existe. En muy poco tiempo fue desaparecido totalmente.

La minería a cielo abierto, como les decía, además de contaminar y de tener un impacto impresionante en la flora y fauna, también afecta de manera directa a la salud de los ciudadanos, y figuras emblemáticas, como ésta que está en el Escudo de Armas desde alrededor de 1527, han desaparecido.

Afecta también nuestra cultura, hoy así se encuentra, esta es la imagen que hoy vemos, fueron removidas toneladas y toneladas de mineral, de tierra, en un proceso que es bastante económico para esta empresa extranjera, y digo económico porque no requieren de mucho personal para extraer el oro de esta mina, lo que está ocurriendo es que por cada tonelada de tierra que sacan de esta mina a cielo abierto, después del tratamiento que le dan, con equipo muy sofisticado, solo obtienen por tonelada 1.6 gramos de oro, es decir, alrededor de medio gramo de oro por tonelada.

Es rentable porque no se requiere de mucho personal para operar, alrededor de 300 trabajadores como máximo. El cerro no desapareció por completo, fue movido en camiones de volteo y se depositó todo el material en un valle cerca de la comunidad.

El cerro de San Luis, que está en el Escudo de Armas, hoy lo podemos ver disperso en un valle, la situación que se está viviendo, no sólo en el municipio de San Pedro, sino en otras partes del país, es preocupante. Para nosotros es fundamental que abordemos este tema, ya que la corrupción y la complicidad de los tres niveles de gobierno han permitido que esta minera extranjera siga operando sin permiso, pese a la sentencia del 5 de octubre de 2005, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ratifica la anulación de la autorización ambiental y, por ende, el cambio de uso de suelo y la empresa no ha dejado de trabajar.

Además se ha dedicado a hostigar y a perseguir a las personas que han alzado la voz, a quienes se han organizado para parar esta explotación.

Venimos ante esta Soberanía para pedirles su apoyo en este tema, porque consideramos de fundamental importancia poder intervenir para exhortar al Ejecutivo Federal para que ordene la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación de la minería a cielo abierto, en San Luis, de manera particular en San Pedro, para que decrete la revisión de las cancelaciones ya otorgadas y la suspensión inmediata del otorgamiento de concesiones a nuevas mineras de explotación a cielo abierto, esto con base en la resolución del pasado 2 de julio del Tribunal de Guadalajara, donde declara inconstitucional el otorgamiento de estos permisos para explotar minas a cielo abierto en nuestro país.

Es nuestro deber hacer cumplir la ley, y una vez que logremos tener esta sentencia después de una lucha de años, acompañar a la comunidad, por lo que les pedimos también que la Junta de Coordinación Política someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores la construcción de una comisión especial que tenga por objeto revisar en forma integral la legislación en materia minera, y en materia ambiental, asociada a la industria extractiva, así como vigilar el uso y el curso de las investigaciones abiertas, con motivo de hechos violentos que se han perpetrado contra los activistas sociales, de esta minera San Xavier.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE EJECUTIVO FEDERAL A ORDENAR LA SUSPENSION Y CLAUSURA INMEDIATA DE LOS TRABAJOS DE EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO QUE REALIZA LA EMPRESA NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

La suscrita, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nunca ha existido actividad industrial tan agresiva, ambiental, social y culturalmente, como la minería a cielo abierto.

El cuestionamiento social no es contra la industria minera, que es una actividad imprescindible para la vida humana, desarrollada desde los albores de la civilización. Lo que está a debate es el daño incalculable que significa la mega-minería a cielo abierto, una forma de explotación minera sucia que a cambio de algunas “ventajas” inmediatas, hipoteca el futuro de la economía, de nuestro entorno ecológico, vulnera derechos humanos de cuarta generación y depreda la vida misma de vastas poblaciones de México.

La minería a cielo abierto es una destructora voraz, el daño que provoca es irreversible y permanente, pues remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. El impacto sobre mantos freáticos y fuentes de agua es devastador, no sólo por la sobreexplotación sino también por su contaminación con metales pesados, provocando enfermedades crónico degenerativas que llevan a la muerte.

La minería a cielo abierto genera miles de millones de toneladas de desechos de material estéril que es depositado sobre miles de hectáreas a la redonda de los tajos, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente. La pérdida de biodiversidad también es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

El desmesurado poder económico-financiero de estas empresas crea entornos de corrupción e impunidad estructural. Los derechos humanos de los pobladores pierden progresivamente toda vigencia práctica y quedan literalmente en manos de ‘la buena voluntad’ de las políticas corporativas.

A la devastación propiamente ecológica, hay que sumar los atropellos económicos, sociales y políticos: el desplazamiento forzado de poblaciones, la usurpación inconsulta de territorios indígenas con el objetivo de despojarlos, y la violación de reservas ecológicas y parques naturales; la afectación de las economías locales y la pérdida de las fuentes de trabajo ligadas a éstas; las frustraciones por las expectativas y promesas no cumplidas de ‘desarrollo sustentable’ y ‘responsabilidad social corporativa’, el incremento de la corrupción institucional y la violencia política, la manipulación y cooptación de dirigentes, instituciones, medios de comunicación, entidades educativas, sanitarias y funcionarios judiciales.

Agresiones a la salud humana, como también a la de animales y plantas, que no se perciben al principio, pero comienzan a ser evidentes al cabo de varios años de iniciada la explotación y cuando la solución del problema es irreversible.

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, les abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.

No obstante, la brutal devastación social y ambiental que provocan, este tipo de proyectos se extiende cada vez con mayor celeridad en todo el territorio nacional merced a una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas y de jueces. Cualquier procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, y que falsamente se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

El caso de la canadiense New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro es paradigmático. Después de que la sociedad civil ganó la anulación jurídica del proyecto, la empresa, con apoyo de todos los niveles de gobierno, decidió imponer su proyecto violando las leyes nacionales, pisoteando la soberanía de nuestro país y comprando impunidad con sus aliados político-empresariales.

El Cerro de San Pedro símbolo de tradición de potencia minera plasmado en el Escudo de Armas de San Luis Potosí, el lugar fundacional de la ciudad allá por 1592, ya no existe, ha desaparecido para siempre de la faz de la Tierra.Paradójicamente, ha sido la avaricia sin límites por el oro y la plata y la corrupción y complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido su destrucción mayor, pese a los triunfos jurídicos de los defensores del medio ambiente y del patrimonio histórico y cultural de aquella entidad.

El 24 de septiembre de 1993, se había emitido el Decreto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” (POSLP) que incluye los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona y Villa de Zaragoza. En dicho instrumento, elaborado y sustentado en estudios realizados por un equipo de especialistas, se estableció en lo que respecta al uso de suelo del municipio de Cerro de San Pedro, que el 75% de su superficie quedaría sometida a una política de restauración de la vida silvestre, lo anterior como protección ambiental para el Valle de San Luis y su ciudad capital.

Sin embargo, el 26 de febrero de 1999, la Semarnap, ahora Semarnat, a través de la entonces Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental (DGOEIA) en respuesta a previa solicitud, le otorga a Minera San Xavier S.A. de C.V. (subsidiaria de Metallica Resources Inc.), mediante oficio D.OO.P.100.0330, la autorización ambiental. Posteriormente la Delegación de Semarnap en San Luis Potosí, concede el cambio de uso de suelo para desarrollar un proyecto minero a tajo a cielo abierto en el municipio de Cerro de San Pedro, ignorando el Decreto de 1993.

Dado que la autorización era notoriamente violatoria de las normatividades ambientales y al Decreto POSLP, Pro San Luis Ecológico A.C. y habitantes de Cerro de San Pedro interponen un Juicio de Nulidad contra dicha autorización, que por atracción recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

Después de un largo y engorroso proceso, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México resuelve un Recurso de Revisión interpuesto por los actores, decretando, el 1º de septiembre de 2004, la nulidad “lisa y llana” de la autorización otorgada por Semarnap y el cambio de uso de suelo para el proyecto de Minera San Xavier S.A. de C.V. La resolución se fundamentó en diversas violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y por la existencia del decreto del 24 de septiembre de 1993, que entre otras cuestiones, prohíbe la instalación de todo tipo de industria en esa zona decretada para la preservación de la vida silvestre.

Aunque la sentencia fue definitiva y no para efectos, Minera San Xavier interpuso a través de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demanda de amparo, alegando inconsistencias en la resolución del 1º de septiembre de 2004. Haciendo una excepción indebida fue admitido el juicio de garantías turnándose al Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

El 5 de octubre de 2005, el Pleno de la Sala Superior del TFJFA emite sentencia ratificandola anulación de la autorización ambiental y por ende el cambio de uso de suelo, lo cual fue notificado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) mediante oficio 112.-00013216, otorgándole un plazo de 40 días para que le comunicara a Minera San Xavier, con sustento en la resolución, la nulidad de la autorización que se le había otorgado el 26 de febrero de 1999.

En absoluto desacato a la resolución que ordenó la nulidad lisa y llana de la autorización, Semarnat otorga a través de la DGIRA, el 10 de abril de 2006, una nueva autorización mediante oficio SGPA/DGIRA:DG.0567/06, la cual es nuevamente impugnada. A pesar de la impugnación realizada por Pro San Luis Ecológico, A.C., la Minera San Xavier inició la destrucción de la zona protegida, con apoyo de los tres niveles de gobierno.

Tras agotar ambas partes todos los recursos jurídicos y en medio del escándalo mediático internacional, la violencia y la descomposición social provocadas por MSX (para entonces subsidiaria de New Gold Inc.), el 24 de septiembre del 2009 y en cumplimiento de una ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado de Primer Circuito, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió sentencia final (Exp.170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA) en el proceso legal que PRO SAN LUIS ECOLÓGICO siguió en contra de la operación de la transnacional canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) en CERRO DE SAN PEDRO, San Luis Potosí, en cuyas páginas 239 y 240 se establece que:

…con fundamento en el artículo 239-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se deja sin efectos la resolución de autorización condicionada al proyecto minero, a favor de Minera San Xavier, S.A. de C.V., contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, emitida por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se otorga a éste, quien incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el 5 de octubre de 2005, el término de VEINTE DÍAS para que emita y notifique a la parte actora la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia…

El 12 de noviembre de 2009, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.7407/09, la DGIRA da cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno de la Sala Superior de TFJFA que deja sin efectos la autorización del 10 de abril de 2006 en materia de impacto ambiental y por otro lado negando a Minera San Xavier S.A. de C.V. la autorización para cambio de uso de suelo y el desarrollo de su proyecto minero metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”. No obstante lo anterior, la empresa mantuvo sus operaciones ilícitas.

Así mismo, a la empresa Minera San Xavier se le negó por parte de las autoridades ambientales a nivel federal la evaluación de un informe preventivo para el desarrollo de su proyecto metalúrgico que presentó el 11 de mayo de 2010, debido entre otras cosas a la vigencia del decreto de 24 de septiembre de 1993. En otro intento por regularizar sus ilícitas actividades, (ya que opera sin las autorizaciones correspondientes) la mencionada empresa minera canadiense presentó el 17 de agosto de 2010 otra manifestación de impacto ambiental en su modalidad MIA Regional; también en este caso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió, en noviembre del mismo año, negar la autorización ambiental a la multicitada empresa minera.

Ante la imposibilidad de obtener autorizaciones ambientales por la existencia del decreto de 24 de septiembre de 1993, y de los fallidos intentos por eliminarlo a partir de amparos, la empresa Minera San Xavier, las autoridades municipales de Cerro de San Pedro y las estatales, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevaron a cabo reuniones en la Dirección de Economía del gobierno del estado para diseñar la forma de eliminar el multicitado decreto.

Fue así que instrumentaron en forma desesperada e incongruente el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicándose en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011, el cual decreta que el 75% de la superficie del municipio de Cerro de San Pedro, sometida por decreto desde 1993 a una política de restauración de la vida silvestre, queda ahora destinado, en forma regresiva, para uso minero.

Inmediatamente de la publicación de PDUCSP, Minera San Xavier solicitó a Semarnat una autorización ambiental para su proyecto minero en Cerro de San Pedro, argumentando que ya no existe el “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” de 1993 (POSLP).

Así, el 5 de agosto del 2011, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA de la Semarnat emitió la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A /D.G/5968 para la operación del proyecto de MSX en Cerro de San Pedro, es decir, emitió el permiso ambiental de operación a una empresa extranjera que nunca había dejado de operar ilícitamente.

Ante esta aberrante situación, el 24 de noviembre de 2011, ante la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, un habitante de Cerro de San Pedro, miembro de la oposición al proyecto minero, promovió un amparo (1285/2011-II) contra el primer acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro PDUCSP, consistente en la autorización ambiental S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA a favor de MSX, el cual fue remitido para efectos de su resolución al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco.

El 10 de julio de 2012, ese Juzgado Auxiliar resolvió que elPlan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, S.L.P, es anticonstitucional, incongruente con los Planes de Desarrollo Nacional y estatal, sin respeto al principio de progresividad, y ordenó la cancelación de la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011 expedida a favor de New Gold-Minera San Xavier.

La resolución emitida por la Juez del Juzgado auxiliar de Guadalajara se da en buena medida en el marco de las Reformas Constitucionales a los artículos 1º y 4º, pero influyó de forma determinante el hecho de que el recurso de amparo no se haya resuelto en los juzgados y tribunales locales de San Luis Potosí, que con algunas honrosas excepciones, están cooptados por la empresa minera, en particular el Primero de Distrito.

Es patente pues que la empresa New Gold-Minera San Xavier ha operado y opera hasta nuestros días ilegalmente; el inicio de esta operación ilegal es del 2006 cuando las autoridades de la Semarnat, por instrucciones del entonces presidente Vicente Fox, emitieron una autorización ambiental, desacatando una sentencia “lisa y llana”, producto de un juicio ciudadano, que había anulado en forma definitiva el proyecto de Minera San Xavier; dicha sentencia estableció que ni siquiera de forma condicionada se podía autorizar la operación de tajo a cielo abierto en una zona destinada a la preservación y restauración de la vida silvestre y para reserva ambiental del Valle de San Luis Potosí, que involucra la viabilidad ambiental de cinco municipios.

También es manifiesta la ilegal intención de la empresa canadiense de mantener dichas operaciones mineras a pesar de no contar con los permisos correspondientes, lo que constituye una violación grave a nuestro Estado de derecho, situación que ha sido constantemente denunciada por el movimiento ciudadano que se ha opuesto a la devastación de nuestro patrimonio ambiental e histórico. Esta empresa canadiense viene a México a violentar la ley, lo cual evidentemente no le sería permitido en su país.

Las denuncias de corrupción, tráfico de influencias, delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico, así como las denuncias de acoso y violencia contra opositores al proyecto minero, no han sido atendidos por las autoridades federales y estatales, a pesar de las abundantes evidencias e indicios de delitos graves cometidos alrededor de este caso.

Durante estos años de oposición ciudadana y comunitaria a la operación de la minera canadiense New Gold-Minera San Xavier, se han desarrollado hechos de violencia política que derivaron en elasesinato del presidente Municipal de Cerro de San Pedro, Baltasar Loredo, ocurrido en 1998, después de denunciar ante el Congreso de San Luis Potosí la compra ilícita de fincas históricas por parte de la empresa Minera San Xavier a falsos propietarios; así como los intentos dehomicidio contra Enrique Rivera Sierra, Lorena Gil y Mario Martínez.

Es importante que para dar seguimiento a las investigaciones del asesinato de Baltasar Loredo y de los atentados contra Enrique Rivera Sierra, Lorena Gil y Mario Martínez, así como las investigaciones sobre el tráfico de influencias que en favor de la empresa operaron Ángel Candia Pardo, Marcelo de los Santos Fraga y Vicente Fox Quesada; y la omisión ilegal de funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que han permitido la actividad industrial de la empresa canadiense New Gold-Minera San Xavier sin que tenga autorización legal para ello, y atender toda la problemática derivada de este caso, se pueda conformar una comisión especial de senadores y senadoras.

Por desgracia, el de New Gold-Minera San Xavier sólo es uno de los cientos de casos de explotación minera a cielo abierto que desgarran el tejido social en toda la República. Actualmente, en México se han otorgado alrededor de treinta mil concesiones de exploración y más de 1000 proyectos mineros de tajo a cielo abierto, lo que representa la entrega del 30% del territorio nacional.

De continuar el ritmo de explotación que mantienen la industria minera a cielo abierto en México, en 10 años más quedará destruido como mínimo este 30% del territorio de nuestro país.

Como representantes del pacto federal no podemos seguir inmóviles ante esta situación de emergencia que compromete el desarrollo sustentable de las futuras generaciones. Nuestro carácter de representantes populares nos exige actuar de inmediato en defensa de la soberanía de México

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular de Ejecutivo Federal que ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en cumplimiento de la declaración definitiva de nulidad de la resolución de autorización condicionada al proyecto minero contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, y en estricto acatamiento de las sentencias pronunciadas en los correspondientes Juicios de Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los Juicios de Nulidad substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular de Ejecutivo Federal, que ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en estricto cumplimiento a la sentencia de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011.

TERCERO.- La Cámara de Senadores, con pleno respeto al ámbito de sus competencias, exhorta a los titulares del Ejecutivo del estado de San Luis Potosí y del Ayuntamiento Constitucional del Municipio Cerro de San Pedro a cumplir con lo determinado por la declaración definitiva de nulidad de la resolución de autorización condicionada al proyecto minero contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, y en estricto acatamiento de las sentencias pronunciadas en los correspondientes Juicios de Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los Juicios de Nulidad substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como la sentencia de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011.

CUARTO.-la Cámara de Senadores, considerando el carácter irreversible de los daños que provoca la explotación minera a cielo abierto, exhorta el titular del Ejecutivo Federal a decretar la revisión de las concesiones ya otorgadas y la suspensión inmediata del otorgamiento de nuevas concesiones mineras de explotación a cielo abierto en todo el país, hasta en tanto los Poderes Ejecutivo y Legislativo efectúen una evaluación profunda e informada de la viabilidad de esta actividad industrial para garantizar el desarrollo sustentable del país.

QUINTO.- La Cámara de Senadores exhorta el titular del Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, Doctor Fernando Toranzo Fernández, para que acuerde recibir en audiencia a los miembros del Frente Amplio Opositor y su equipo jurídico, acompañados de una comisión de Senadores y Senadoras, con el objetivo de plantear el restablecimiento del Estado de derecho y el resarcimiento de los daños ecológicos en el Valle de San Luis.

SEXTO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Senadores, la constitución de una Comisión Especial que tenga por objeto revisar en forma integral la legislación en materia minera y en materia ambiental asociada a la industria extractiva, siguiendo como ejes prioritarios la prevención de ecocidios y la protección del patrimonio ambiental, cultural e histórico de la Nación, así como para dar seguimiento particular y puntual a todo el proceso jurídico, político, ambiental y de violación a los derechos humanos relacionado con la empresa canadiense New Gold-Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza. En su momento, los primeros cinco resolutivos, se turnarán a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y el último punto se turnaría a la Junta de Coordinación Política.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lizbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, quien presenta un punto de Acuerdo para crear la comisión especial de atención a los asuntos de la familia.

- La C. Senadora Lizbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En los tiempos modernos, la sociedad ha sufrido amplias, profundas y rápidas transformaciones de toda índole, que no han dejado de repercutir en el núcleo primordial, que es la institución familiar.

Los retos que traen consigo estos continuos cambios han sido enfrentados por muchas familias, permaneciendo fieles a los valores fundamentales que las constituyen, sin embargo, también hay un gran número de ellas que se ven impedidas para descubrir y aferrarse al significado auténtico de la vida familiar y conyugal.

La familia representa una riqueza singular para la mujer y el hombre, ya que es el lugar natural de la transmisión y de defensa de la vida, así como la primera escuela donde se aprenden los valores universales y trascendentales indispensables para la construcción de una sociedad donde reine la justicia y la paz.

Por ende, es de vital importancia que la institución familiar, patrimonio del que depende el provenir de la humanidad, sea salvaguardada por leyes emitidas por esta Honorable Asamblea.

En la actualidad se han percibido familias desintegradas, generándose un deterioro social acentuado por los problemas que agobian al mundo globalizado, condiciones indebidas de trabajo, que obligan al descuido temprano de los hijos, falta de trabajo, escasa seguridad social, emigración que separa al padre de la madre y de los hijos, la amenaza de las drogas, alcoholismo, vandalismo, pandillas que conducen al robo o la violencia; plagas sociales, maltrato, pobreza y pobreza extrema.

No es posible comprender ampliamente la situación que atraviesan alrededor de 22 millones de familias mexicanas, pues se desconocen los modelos de las mismas, aspectos relacionados a los principios y valores, así como las tendencias en el modus vivendi que prevalece.

Debemos reconocer que los esfuerzos realizados para el impulso de valores, políticas públicas, programas, incentivos fiscales, sociales y económicos que fortalezcan a la familia, no han sido suficientes, pues permea un alto grado de dispersión, falta de información, desintegración y falta de observancia a los derechos humanos inalienables a la familia.

Hoy la meta debe ser que la vida familiar sea armoniosa, prevenir riesgos contra adicciones y disminuir la vulnerabilidad social, sin permanecer indiferentes en congruencia a la falta de urgencia de implantar ejes rectores que sumen mayores resultados en la construcción democrática de la ciudadanía a partir de la gestión social, política, económica, cultural, ambiental y la defensa y garantía de los derechos de la familia, que implica la eficaz construcción de vínculos naturales o jurídicos.

La protección integral, la obtención de un patrimonio inalienable, a la honra, a la dignidad y a la intimidad, a la atención, a la protección, promoción y recuperación de la salud, de la vivienda, de la educación, que debe ser en un ambiente sano, de igualdad y de respeto de derechos y de deberes, entre hijos, entre padres, todo eso dentro del marco jurídico moderno para que evitemos que después sea demasiado tarde.

Es por ello que ante ustedes propongo la creación de una comisión especial de atención a los asuntos de la familia, mediante la cual se generen las leyes reglamentarias que establezcan los procedimientos garantizadores del goce efectivo de los derechos humanos que definan y recomienden la adopción de políticas públicas útiles para beneficio del núcleo familiar, a partir del diálogo entre el gobierno y la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Unico. De conformidad con el artículo 119 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política a realizar el proyecto de creación de la Comisión Especial de Atención a los Asuntos de la Familia del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, compañeros.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Pido a la Secretaría que tome nota de quienes están manifestando adherirse.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a emprender campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, con su permiso. A nombre mío y de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Conmemorar la donación y trasplante de órganos, sin duda tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia de esa actividad humana y es relevante si tomamos en cuenta las enfermedades que están prevaleciendo en los mexicanos como la diabetes mellitus, hipertensión y obesidad, las cuales traen consecuencias devastadoras para los órganos.

Durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión se aprobaron reformas a la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, con dicha reforma se regula el proceso para asegurar la transparencia en donaciones y trasplantes y establece además una campaña permanente dirigida por la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas para concientizar y promover la donación y los trasplantes.

Otro de los meritos de la reforma es que los establecimientos de salud tendrán que contar con un Coordinador Hospitalario de Donación de Organos y Tejidos para Trasplantes, los cuales serán validados por el Centro Nacional de Trasplantes.

En este sentido, reconocimiento especial para el Centro Nacional de Trasplantes, quien entre otras actividades, actualiza permanentemente las estadísticas nacionales con base en el flujo de información emitido por los profesionales de la salud en los hospitales que cuentan con licencia sanitaria para realizar actividades de donación, trasplantes y/o banco de tejidos y contribuye a mejorar las políticas públicas en la materia.

Los avances en el Sistema Nacional de Trasplantes son destacables, sin que eso signifique que aun no falte trabajo por hacer. Durante el periodo septiembre de 2011 a agosto de 2012, 1,362 personas donaron órganos o tejidos al fallecer, cifra que representa un incremento del 24 por ciento en comparación a las 1,096 del mismo lapso anterior. Dependiendo del tipo de injerto donado, 411 fueron para donación de órganos y 951 para donación de tejidos.

Entre septiembre de 2011 a agosto de 2012, el 100 por ciento de los componentes sanguíneos transfundidos fue estudiado para los marcadores infecciosos establecidos como obligatorios en la legislación, logrando un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento con relación a la meta programada anual.

En México, se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud: sociales, públicos y privados que llevan a cabo diferentes tipos de trasplantes.

El órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, seguido de córnea, mientras que el número de pacientes que requieren trasplantes de hígado, corazón y pulmón es mucho menor. En el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos.

Es de relevancia mencionar que la capacidad técnica de los cirujanos mexicanos ha hecho posible que en México se hayan realizado hasta el día de hoy alrededor de 40 mil trasplantes.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, existen 16, 679 personas que requieren un trasplante. Es importante que los ciudadanos conozcamos el proceso de trasplante para hacer conciencia de la necesidad de fomentar la cultura de la donación y el altruismo para dar vida a través de la vida.

El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

Los casos más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las córneas en los ojos, y en otros casos insuficiencia en el hígado o pulmón, etcétera.

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne las condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier enfermedad puede ser atendida mediante un trasplante. Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos los pacientes que requieren un trasplante.

A propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Organos, debemos hacer una reflexión sobre la importancia de fomentar la cultura altruista, generosa y solidaria de la donación y trasplante de órganos, pues hoy todavía estamos muy lejos de tener la cultura de trasplantes que tienen otros países.

Por mi parte, el compromiso como legisladora de darle seguimiento a las reformas en materia de donación de órganos así como fortalecer el marco jurídico que beneficie la cultura de ayudar al otro por razones humanistas y de solidaridad y subsidiariedad, será constante.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que emprendan campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y A SU HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMPRENDER CAMPAÑAS QUE FAVOREZCAN E IMPULSEN LA DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS

“Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva

Del Senado de la República

Presente.

Maki Esther Ortiz DomInguez, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a su homólogas en las entidades federativas, a que emprendan campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conmemorar la donación y trasplante de órganos, sin dudatiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia de esa actividad humana y es relevante si tomamos en cuenta las enfermedades que están prevaleciendo en los mexicanos como la diabetes mellitus, hipertensión y obesidad, las cuales traen consecuencias devastadoras para los órganos.

Es un día en que todos los ciudadanos debemos hacer conciencia de la importancia de fomentar la cultura de la donación y trasplante de órganos y como servidores públicos, cada quien desde su trinchera trabajar para que la donación y trasplante sea una realidad. Es importante hacer una reflexión sobre los avances legislativos en la materia así como de los retos que tenemos los integrantes de las siguientes dos legislaturas.

Durante la LXI legislatura del Congreso de la Unión se aprobaron reformas a la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, con dicha reforma se regula el proceso para asegurar la transparencia en donaciones y trasplantes y establece además una campaña permanente dirigida por la Secretaria de Salud en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas para concientizar y promover la donación y los trasplantes.

Otro de los meritos de la reforma es que los establecimientos de salud tendrán que contar con un Coordinador Hospitalario de Donación de órganos y Tejidos para trasplantes los cuales serán validados por el Centro Nacional de Trasplantes.

En este sentido, reconocimiento especial para el Centro Nacional de Trasplantes, quien entre otras actividades, actualiza permanentemente las estadísticas nacionales con base en el flujo de información emitido por los profesionales de la salud en los hospitales que cuentan con licencia sanitaria para realizar actividades de donación, trasplantes y/o banco de tejidos y contribuye a mejorar las políticas públicas en la materia.

Los avances en el Sistema Nacional de Trasplantes son destacables, sin que eso signifique que aun no falte trabajo por hacer. Durante el periodo septiembre de 2011 a agosto de 2012, 1,362 personas donaron órganos o tejidos al fallecer, cifra que representa un incremento del 24.3% en comparación a las 1,096 del mismo lapso anterior. Dependiendo del tipo de injerto donado, 411 fueron para donación de órganos y 951 para donación de tejidos.

Entre septiembre de 2011 a agosto de 2012, el 100% de los componentes sanguíneos transfundidos fue estudiado para los marcadores infecciosos establecidos como obligatorios en la legislación, logrando un porcentaje de cumplimiento de 100% con relación a la meta programada anual.

Distinción especial merece el Instituto Nacional de Cardiología (INC) “Ignacio Chávez”, el cual ha sido pionero en la extracción de riñón por vía laparoscópica para trasplante; en los últimos cinco años ha realizado 250 trasplantes renales de donadores vivos con dicha técnica la cual es de mínima invasión.

El pasado mes de junio, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INNSZ), demostró que México está a la altura de las principales naciones a nivel de trasplantes al realizar el primer trasplante en América Latina de extremidades superiores.

En México, se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.

El órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, seguido de córnea, mientras que el número de pacientes que requieren trasplantes de hígado, corazón y pulmón es mucho menor. En el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos.

Es de relevancia mencionar que la capacidad técnica de los cirujanos mexicanos ha hecho posible que en México se hayan realizado hasta el día de hoyalrededor de 40 mil trasplantes.

De acuerdo a la Secretaria de Salud existen 16,679 personas que requieren un trasplante. Es importante que los ciudadanos conozcamos el proceso de trasplante para hacer conciencia de la necesidad de fomentar la cultura de la donación y el altruismo para dar vida a través de la vida.

El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

Los casos más frecuente son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las córneas en los ojos, y en otros casos insuficiencia en el hígado o pulmón, etcétera.

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne las condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier enfermedad puede ser atendida mediante un trasplante. Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos los pacientes que requieren un trasplante.

A propósito de la conmemoración del Día Nacional de la donación y trasplante de órganos debemos hacer una reflexión sobre la importancia de fomentar la cultura altruista, generosa y solidaria de la donación y trasplante de órganos; por mi parte el compromiso como legisladora de darle seguimiento a las reformas en materia de donación de órganos así como fortalecer el marco jurídico que beneficie la cultura de “ayudar al otro” por razones humanistas de solidaridad y subsidiariedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que emprendan campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Salud y Seguridad Social.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda interna y externa del gobierno federal, así como del sector público federal.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el saldo de la deuda del gobierno federal, tanto interna como externa, al día 1° de diciembre de 2006, ascendía a un billón 791 mil 543 millones de pesos; y al 30 de junio de 2012 había crecido a 4 billones 174 mil 994 millones de pesos, es decir, que en términos relativos creció 130 por ciento.

Respecto a la deuda del sector público federal, al primer día del sexenio que está concluyendo, resulta que esta era de un billón 875 mil 154 millones de pesos. Y en contraste, lo que tenemos al cierre del segundo trimestre de 2012, compañeras y compañeros Senadores, alcanza ya los 5 billones 117 mil 349.5 millones de pesos, es decir, un crecimiento del 172%.

En suma, según datos oficiales que aparecen en la página Web de la Secretaría de Hacienda, todo el aparato federal adeuda más de 9 billones 292 mil 343 millones de pesos, es decir, que ha crecido durante el sexenio a un ritmo del 153%.

Con todos estos datos, yo puedo decir: que acuso a Felipe Calderón de haber incrementado de una manera irresponsable la deuda nacional. Lo acuso, aunque también reconozco que hizo lo mismo que sus predecesores.

Al igual que los últimos gobiernos federales en esta administración, se siguió la ruta del endeudamiento que ha puesto en tantos predicamentos el desarrollo de México.

Vean sólo, a manera de ejemplo, los siguientes datos:

Salinas de Gortari entregó al país con una deuda total del aparato federal, por un billón 20 mil 727 millones de pesos.

Ernesto Zedillo la incrementó en un 137%, para cumplir su mandato, debiendo 2 billones 426 mil 544 millones de pesos.

Vicente Fox la hizo crecer a un ritmo del 63.44%, y nos heredó 3 billones 966 mil 059 millones de pesos, de deuda.

Y el panorama no pinta nada bien, ahora que Felipe Calderón nos ahoga con una deuda de más de 9 billones de pesos.

El manejo de esta deuda ha sido tan irresponsable como el que ha ocurrido con algunas deudas de las entidades federativas durante los últimos años.

Y lo más lamentable, es que semejante endeudamiento no se ha visto reflejado en una mejora de vida para la población.

Por el contrario, el balance del sexenio es un crecimiento del PIB mínimo y totalmente insuficiente. Altos niveles de desempleo e informalidad, incremento en la dependencia alimentaria, incremento en la inflación, incremento en la pobreza y una estrategia equivocada contra el crimen organizado que ha sembrado al país de miles de muertos.

En este sentido, y de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, la importación de productos agropecuarios, lo digo a manera de ejemplo, del 1° de enero de 2007 al 30 de junio de 2012, ascendió a la estratosférica cifra de 59 mil 220 millones de dólares, es decir, un 62.92% por arriba de lo que se erogó el sexenio anterior.

En otras palabras, cada día del presente sexenio que está concluyendo, se gastó en promedio 29 millones 477 mil pesos para comprar productos básicos en el extranjero, con el fin de satisfacer la demanda de alimentos del país.

Esto es, al seguir la ruta de las mismas políticas económicas equivocadas que se han venido aplicando desde varios sexenios, se ha citado el país en un contexto de dependencia alimentaria sin precedentes.

Con Vicente Fox, se gastó un total de 36 mil 348 millones en productos agropecuarios.

Con Ernesto Zedillo fueron 25 mil 447 millones de dólares.

Finalmente, no sobra decir que precisamente en este momento es fundamental conocer información de toda la deuda del aparato federal, tanto para el gobierno que está por entrar el 1° de diciembre, y que debe estar, seguramente, comenzando a definir las acciones que se van a desarrollar en los años por venir.

Pero también para la oposición, de manera que todos podamos estar conscientes de las implicaciones del endeudamiento y hasta dónde éste podrá afectar la capacidad de maniobra de la próxima administración.

Además, hay que considerar que el dictamen sobre la Ley de Contabilidad Gubernamental, que se acaba de aprobar, considera en su artículo 78 y Sexto Transitorio, la transparencia en materia de deuda, pero también hay que estar conscientes que deberán transcurrir algunos meses para que se pueda aplicar debidamente lo ahí estipulado.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue a la brevedad la información relativa a la deuda interna y externa del gobierno federal, así como del sector público federal, la cual deberá indicar claramente para cada empréstito en particular que forma parte del endeudamiento total, de cuánto es el monto del empréstito, en qué fue usado, con quién fue contratado, en qué fecha, bajo qué condiciones, cuándo es su vencimiento, cuál es el monto de intereses que se deben pagar y cuál es el calendario de pagos, tanto en capital como intereses, que deberá cubrirse durante el periodo que va del 1° de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENTREGAR INFORMACION RELATIVA A LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL ASI COMO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL

“Quién suscribe, Senador ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda el saldo de la deuda del gobierno federal tanto interna como externa, al día primero de diciembre de 2006, ascendía a un billón 791 mil 543 millones de pesos y al 30 de junio de 2012 había crecido a 4 billones 174 mil 994 millones de pesos, en términos relativos creció 130%.

Respecto a la deuda del sector público federal, al primer día del sexenio calderonista era de un billón 875 mil 154 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre de 2012, alcanza ya los 5 billones 117 mil 349.5 millones de pesos, un crecimiento del 172%.

En suma todo el aparato federal adeuda más de 9 billones 292 mil 343 millones de pesos y creció durante el presente sexenio 153%, cada día del actual gobierno creció la deuda en 3 mil 420 millones de pesos.

Felipe Calderón, al igual que los últimos gobiernos federales, ha seguido la ruta del endeudamiento que ha puesto en tantos predicamentos el desarrollo de México, Salinas de Gortari entregó el país con una deuda total del aparato federal por 1 billón 20 mil 727 millones de pesos, Ernesto Zedillo la creció en un 137% para concluir su mandato debiendo 2 billones 426 mil 544 millones de pesos, Vicente Fox la hace crecer un 63.44% y nos hereda 3 billones 966 mil 59 millones, y el panorama no pinta nada bien ahora que Calderón nos ahoga en los más de 9 billones.1

El manejo de esta deuda ha sido tan irresponsable como el que ha ocurrido con las deudas de algunas Entidades Federativas durante los últimos años, lo más lamentable es que semejante endeudamiento no se ha visto reflejado en una mejora de vida para la población, por el contrario el balance del sexenio es un crecimiento del PIB mínimo y totalmente insuficiente, altos niveles de desempleo e informalidad, incremento en la dependencia alimentaria, incremento en la inflación, incremento en la pobreza y una estrategia equivocada contra el crimen organizado que ha sembrado al país de muertos.

Finalmente, no sobra decir que precisamente en este momento es fundamental conocer la información de toda la deuda del aparato federal, tanto para el Gobierno Electo que está comenzando a definir las acciones que desarrollará en los años por venir, como para la oposición, de manera que todos podamos estar conscientes de las implicaciones del endeudamiento y hasta donde este podrá afectar la capacidad de maniobra de la próxima administración.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ,entregue a la brevedad la información relativa a la deuda interna y externa del gobierno federal así como del sector público federal, la cual deberá indicar claramente por cada empréstito en particular que forma parte del endeudamiento total:

a) De cuánto es el monto del empréstito,

b) En qué fue usado,

c) Con quién fue contratado,

d) En qué fecha,

e) Bajo qué condiciones,

f) Cuándo es su vencimiento,

g) Cuál es el monto de intereses que se deben pagar, y

h) Cuál es el calendario de pagos tanto en capital como en intereses que deberá cubrirse durante el periodo que va del 1° de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2012.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asignar recursos para incrementar los desayunos escolares, hasta cubrir la totalidad del alumnado.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

En nuestro país, 52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, paulatinamente se ha registrado un incremento en la población que carece de acceso a la alimentación.

Se han registrado incrementos superiores al 46% en productos de la canasta básica como: aceite, fríjol, maíz, trigo, huevo, entre otros; afectando de manera directa las posibilidades de las familias mexicanas de poder tener acceso a una buena alimentación, lo cual, hace indispensable fortalecer los esquemas de apoyo alimentario a la población vulnerable, particularmente a los niños en edad escolar y con ello impactar de manera positiva en la salud de los menores, elevando la calidad de la educación y disminuyendo la deserción y reprobación escolar.

Debemos redoblar esfuerzos institucionales para apoyar a todas las regiones del país, donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de pobreza o la vulnerabilidad económica y social.

Con recursos federales los Sistemas Estatales DIF, distribuyen el Programa de Desayunos Escolares, en beneficio de más de 5.2 millones de niños y niñas en promedio al día.

En algunas regiones de difícil acceso, apartadas de las zonas urbanas, los menores educandos tienen como principal problema la desnutrición, al componer su dieta alimentaria de sólo una o varias tortillas. Es aquí donde se requiere de mayor apoyo, en estos lugares donde puede constituir dicho desayuno, el principal alimento del día.

Se debe incorporar en la distribución de los fondos del Ramo 33, específicamente el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Básico), y en aquellos donde los ayuntamientos reciben recursos para infraestructura, se incorpore la necesidad de los desayunos escolares, la iniciativa de escuelas de tiempo completo, entre otras cosas considera que los alumnos reciban alimentación en escuela.

Se debe promover la construcción de espacios en los mismos edificios que componen los centros escolares, que sirvan de comedores, dotados con lo indispensable para que todos nuestros niños reciban un desayuno caliente, de manera directa.

Aún cuando existe poca información sobre los beneficios logrados por este Programa de Desayunos Escolares, en general, se puede determinar que en zonas urbanas, apoya en la economía familiar, sin embargo, este mismo programa es una alternativa a la solución de los problemas de alimentación en niños de zonas marginadas.

Un derecho humano, es el derecho de la alimentación, no permitamos que nuestros menores sufran por este derecho esencial. El Estado es el garante de este primordial derecho, impulsemos las medidas necesarias para garantizar la alimentación de la población más vulnerable.

Razón por la cual se propone, que los desayunos escolares lleguen al 100 por ciento de los menores estudiantes de todas las zonas urbanas o rurales, pero principalmente en zonas marginadas, de difícil acceso, apartadas y en comunidades indígenas.

Se debe mejorar el contenido de los desayunos que beneficie el estado nutricional del niño y al mismo tiempo, permita su desarrollo físico e intelectual, esto mismo motiva la asistencia del niño a la escuela y promueve la socialización de los menores durante el desayuno en grupo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a asignar mayores recursos al Programa de Desayunos Escolares, suficientes para cubrir en su totalidad las zonas de riesgo alimentario, apartadas, rurales o indígenas, y aquellos polígonos de pobreza en zonas urbanas.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de los fondos asignados a infraestructura de la Secretaría de Educación Pública, para que contemple la asignación de recursos destinados a la construcción de comedores o desayunadores en las instalaciones de los centros educativos, con el equipamiento correspondiente.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Margarita Flores Sánchez. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Desarrollo Social.

Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores que desean suscriban también el punto de Acuerdo.






Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el Convenio Bilateral de Cooperación denominado “Iniciativa Mérida”, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Seguridad Pública, en su momento.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LA RECEPCION Y APLICACION DE APOYOS OBTENIDOS POR EL CONVENIO BILATERAL DE COOPERACION DENOMINADO “INICIATIVA MERIDA”

“La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República; rindan un informe sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el Convenio Bilateral de Cooperación denominado “Iniciativa Mérida”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el encuentro de los presidentes de México y de EUA en mayo de 2007, con motivo de la denominada “Cumbre de Mérida”, establecieron como una prioridad urgente, la ampliación de la cooperación bilateral para combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico.

En dicha cumbre, se suscribió la “Iniciativa Mérida” entre los gobiernos de EUA y México, en la cual se estableció el compromiso de cooperar, coordinar e intercambiar información, a efecto de combatir conjuntamente a las organizaciones criminales. De igual forma, el Presidente de EUA señaló que solicitaría a su Congreso 1,400 millones de dólares, para apoyar las acciones de México frente a la delincuencia organizada transnacional; los cuales se transferirían mediante donaciones de equipo, tecnología y entrenamiento.

De acuerdo con el informe realizado por la Oficina de Contabilidad Gubernamental de EUA, ese mismo año, el Congreso de EUA tenía 1,120 millones de dólares pactados para la Iniciativa Mérida, de los cuales 400 millones serían para 2008 y 720 para el 2009. En cuanto a los restantes 280 millones de dólares, para llegar a los 1,400 comprometidos, no se encontraban autorizados por el Congreso estadounidense al 2009.

La situación de inseguridad por la que atraviesa México, ha provocado que se busque incrementar el número de prisiones federales existentes de 6 a 22 para el final del 2012.

De igual forma, la implementación de este convenio ha sido esencial para la guerra contra el narcotráfico, sin embargo no es suficiente. Ejemplo de los logros obtenidos, es Plataforma México, una de las bases de datos con información sobre criminales en el mundo más completa, ha sido desarrollada usando los fondos de la Iniciativa Mérida. Así mismo, la asistencia pactada ha ayudado a desarrollar un sistema de identificación de voz y huellas dactilares en México, que fue utilizado recientemente para el caso del casino en Monterrey.

La Iniciativa también ha ayudado a construir comunidades más fuertes y prósperas en México que puedan resistir la influencia de los carteles. Un ejemplo es el apoyo brindado a la organización México Unido Contra la Delincuencia, la cual enseña a la juventud mexicana a cerca de la cultura de la legalidad. Más de 600,000 estudiantes en 24 estados reciben tres horas de capacitación por semana durante el año escolar y el objetivo es hacer esto parte del plan académico mexicano para el 2014.

En días pasados, se reunió el Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida, quienes refrendaron su relación estratégica y su interés por la continuidad en la institucionalización de la cooperación en seguridad, establecida en la lucha contra la criminalidad. Esto es un reflejo de que ambos países siguen los mismos objetivos y guardan una relación cordial.

Es claro que ambos Estados no han visto materializado en su totalidad, el cumplimiento de los objetivos rectores de este convenio bilateral, por lo cual habrá de estudiarse cuáles han sido las causas que han provocado los retrasos, así como el destino de los apoyos que hemos recibido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República; rindan un informe sobre la recepción y aplicación de apoyos obtenidos por el Convenio Bilateral de Cooperación, denominado “Iniciativa Mérida.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 27 de septiembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los Senadores de la República a inscribirse como donantes de órganos ante el Centro Nacional de Trasplantes, mediante consentimiento expreso; así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar un aumento del 15% de los recursos asignados a la Secretaría de Salud.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Para Acción Nacional, la donación y trasplante de órganos deben ser considerados temas prioritarios en la agenda de salud, porque sus implicaciones para salvar vidas o mejorar su calidad son enormes.

El 26 de septiembre, por Decreto presidencial, se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Organos y Tejidos, esta fecha nos permite hacer un llamado a la reflexión dirigida a la población, a los profesionales de la salud y al cuerpo médico sobre este tema.

A manera de referencia, podemos mencionar que países como España o Estados Unidos cuentan con 35 y 26 donantes por millón de habitantes respectivamente. En México, esta estadística apenas alcanza los 7 voluntarios por millón.

Evidentemente tenemos que incrementar el número de donantes y para esto se requieren dos rutas.

La primera, lograr que la Federación y los estados cuenten con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para realizar las intervenciones quirúrgicas.

Y la segunda, transformar la perspectiva social hacia la donación, significa lograr que la población venza el miedo o la ignorancia con información sencilla, completa y muy accesible.

Necesitamos generar conciencia. Hay un número creciente de enfermos cuya única posibilidad de seguir viviendo se encuentra en recibir un trasplante de un órgano o tejido.

Más de 16 mil pacientes hoy en día están esperando una respuesta. Están esperando que en algún rincón del país haya alguien tomando esa decisión de darles un regalo de vida.

Los órganos para trasplante sólo pueden provenir de otro ser humano. Existen dos tipos de donaciones: Las que se hacen entre personas vivas, de éstas el caso típico es la donación de un riñón, y afortunadamente se puede tener una vida normal con uno sólo de estos órganos.

Y por otro lado, se encuentra la donación cuando hemos fallecido, por esta vía se puede donar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, piel, hueso, las válvulas cardiacas y las córneas.

Tenemos muy claro que el principal problema que enfrentan las instituciones que trabajan a favor de esta causa en México es, por un lado, las dificultades para poder informar a los hogares y a la sociedad en general.

No podemos permitirnos como sociedad que cada año mueran un promedio de 380 mil personas que podrían ser candidatas para ser donadores y que no lo hagan por falta de información. No existe razón alguna para que esto siga ocurriendo.

Por eso presentamos este punto de Acuerdo para que todas las Senadoras y Senadores de la República demos ejemplo de sensibilidad y decisión, para que hoy mismo a las afueras de este Recinto podamos inscribirnos como donadores ante el Centro Nacional de Trasplantes, estableciendo expresamente nuestra voluntad y así generar conciencia.

Por otro lado, este punto de Acuerdo exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, a que se asignen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un aumento del 15% adicional de los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes, a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se destinen a la capacitación y especialización de los médicos del ramo.

Este sería un gran paso para evitar que el 20% de las donaciones de órganos, procedentes de un cadáver, se pierdan por la falta de personal médico adecuado.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SENADORES DE LA REPUBLICA A INSCRIBIRSE COMO DONANTES DE ORGANOS ANTE EL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, MEDIANTE CONSENTIMIENTO EXPRESO; ASI COMO A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR UN AUMENTO DEL 15% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SALUD.

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CONPUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LOS SENADORES DE LA REPUBLICA A QUE SE INSCRIBAN EN EL PADRON DE DONANTES DE ORGANOS MEDIANTE DE CONSENTIMIENTO EXPRESO;ASI COMO A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION , A QUE ASIGNE DENTRO DELPROYECTODE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, UN AUMENTO DEL 15% POR CIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SALUD, A FIN DE QUE SE ASIGNEN AL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, PARA LA CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE MEDICOS EN EL RAMO DE LA DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- La evolución de las técnicas médicas de trasplante de órganos, ha ido en constante desarrollo desde los años cincuenta, cuando en Estados Unidos, se realizó el primer trasplante exitoso de riñón. El primer obstáculo a vencer en las operaciones de trasplantes es la supervivencia postoperatoria. Posteriormente se tiene que vencer como obstáculo de éstas cirugías, el rechazo del cuerpo del paciente receptordel órgano donado.

Para evitar los problemas referidos y superarlos con éxito, se han desarrollado medicamentos inmunosupresores, que con el tiempo, no obstante se ha demostrado que también tienen efectos secundarios poco deseables, estos medicamentos no han dejado de evolucionar y son suministrados bajo estricta vigilancia médica.

II.- Con el tiempo y la aplicación de avances tecnológicos a la ciencia médica el mayor problema ya no lo representa la operación, la recuperación post operatoria y el rechazo, sino la carestía de donantes. En en países con un desarrollo social y tecnológico alto, como España, hay alrededor de 33 donantes por millón de población (p.m.p), y un crecimiento sostenido y manteniendo hasta ahora el liderazgo mundial; le sigue Estados Unidos que cuenta con 26. p.m.p.

En septiembre de 2011, la Dirección Europea para la Calidad del Medicamento y el Cuidado de la Salud, publicó su informe de trasplantes 2011, en el que se desprende que en América Latina los países con mayor número de donantes son Argentina y Uruguay, con un índice de 14.5 y 14.4 p.m.p., mientras que se publicó que nuestro país cuenta con un índice de 2.8 p.m.p., índice que se encuentra por debajo del registrado por países como Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Cuba, Chile y Brasil, entre otros.

Así, la escasez imperante, ha obligado a la utilización de órganos de personas mayores, a pesar de que no tienen la misma capacidad de respuesta como los de personas jóvenes, y también de donantes vivos, incluso desconocidos por el paciente receptor, en el caso de órganos par, como los riñones, y a la técnica de ablación empleada con el hígado, seccionando una parte para extirparla, pues este órgano se regenera.

III.- En México, nuestra lista de espera pasó de diez mil ochocientos setenta y ocho pacientes en el año 2008, a dieciséis mil seis cientos cincuenta y cinco al día de hoy, en los que su mayoría necesitan trasplante de riñones, córneas, hígado, corazón, páncreas, y pulmón; según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Actualmente esta es la situación

8847

personas esperan recibir un trasplante de Riñón

7375

personas esperan recibir un trasplante de Cornea

382

personas esperan recibir un trasplante de Hígado

39

personas esperan recibir un trasplante de Corazón

11

personas esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas

6

personas esperan recibir un trasplante de Páncreas

5

personas esperan recibir un trasplante de Pulmón

2

personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón

1

personas esperan recibir un trasplante de Corazón-Pulmón

1

personas esperan recibir un trasplante de Corazón-Riñón

En lo que va del presente año, se han presentado, dosmil trasplantes de córneas, mil quinientos de riñón, setenta de hígado, treinta y dos de corazón, uno de pulmón y uno de riñones e hígado.

Con éstos datos, es claro que es necesario, tomar medidas que permitan cubrir las necesidades médicas y evitar la muerte de los pacientes, por falta de donadores.

Si bien, en la actualidad el trasplante de órganos es una técnica terapéutica común, el mismo no resulta posible sin la existencia de un donador; lo cual exige cambios socioculturales y mucha información para los posibles donadores, sobre quien puede donar y bajo que circunstancias.

Este tema, es muy delicado, no solo por la escasez de donadores, sino a la gran problemática ética, moral, religiosa y legal alrededor de esta cuestión; que le compete no solo al médico y al paciente, también a la sociedad en general y de manera muy particular, al legislador.

IV.- Por otro lado, las donaciones pueden darse de dos maneras, de un donante vivo, que es cuando una persona decide donar un órgano par o un segmento de un órgano único, y que no pone en peligro su vida; o de un donante cadavérico, por muerte cerebral, esta donación se presenta generalmente, a causa de un traumatismo craneal o un infarto cerebral y bajo condiciones médicas estrictamente vigiladas.

Los órganos se mantienen funcionando con respirador y medicamentos; así se obtienen en su mayoría los órganos trasplantados y bajo cuidados médicos intensivos, que permitan el mantenimiento y manejo adecuado de los mismos, hasta el momento preciso de la operación.

V.- Ahora bien, el día 18 de septiembre de 2012, Margarita Zavala, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, atestiguó la puesta en marcha de una nueva estrategia para promover la cultura de la donación de órganos mediante una aplicación en facebook, iniciativa que fue promovida y puesta en marcha de manera conjunta por la asociación ALE, el Instituto Carlos Slim de la Salud y la propia red social facebook.

Los usuarios de la red social en México podrán ser consultados sobre su interés en ser donadores de órganos y se les permitirá escoger si prefieren dar a conocer su postura o mantenerla en privado, además si así se autoriza, los datos serán enviados al Registro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

VI.- De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, existen pocos médicos especializados en el ramo de trasplantes problemática que se suma a la de por si gran demanda de órganos en nuestro país.

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERANCIONES

PRIMERO.-Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud;

TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley General de Salud, es materia desalubridad general el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos;

CUARTO.- Que el servicio de atención médica en nuestro país se presta a través de diferentes instituciones públicas, así como por personas físicas o morales de los sectores social y privado que forman parte del Sistema Nacional de Salud;

QUINTO.- Que corresponde a la Secretaría deSalud, entre otros, la regulación y el control sanitario sobrecadáveres, así como controlar, programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades a que se refiereel Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos,tejidos y cadáveres de seres humanos;

SEXTO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley General de Salud, corresponde al CentroNacional de Trasplantes decidir y vigilar los procedimientos de asignación de órganos, tejidos y células, lo cual se traduce en acciones de supervisión y seguimiento dentro de su ámbito de competencia a dichosprocedimientos de asignación.

SEPTIMO.-Que en este orden de ideas, en el ámbito de sus atribuciones, corresponde al Centro Nacional de Trasplantes elaborar y expedir lineamientos en materia de donación, trasplante y asignación de órganos, tejidos y células para los establecimientos en los que se realicen los actos relativos;

OCTAVO.- Que los órganos y tejidos de un cadáver que son donados con fines de trasplante constituyen un bien social que es temporalmente administrado por el Sistema Nacional de Trasplantes;

NOVENO.- Que la demanda de órganos y tejidos es mucho mayor de los que hay disponibles, por lo que esresponsabilidad de los profesionales de la salud involucrados en cada etapa del proceso que los órganos se asignen al receptor adecuado en las mejores condiciones posibles, atendiendo siempre las disposiciones legales aplicables, y por ello se requiere de una especialidad médica de la que gozan muy poco personal del sector salud en relación a la demanda para la realización de trasplantes necesarios en todo el territorio nacional;

DECIMO-. Que actualmente existe un gran déficit en el número de donantes por consentimiento expreso y que es necesario plantear programas de acción de gobierno para abatir el rezago o insuficiencia que se tiene respecto de donantes de órganos.

DECIMO PRIMERO.- Que es necesario que los Senadores de la República sentemos las bases y seamos ejemplopara con la población concientizando a través de los hechos llevando a cabo este gran y altruista acto generoso de inscripción al registro de donantes.

DECIMO SEGUNDO.- Es preciso quese otorgue un mayor presupuesto para la especialización de mayor personal médico que pueda atender esta creciente demanda en nuestro país.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, CON EL CARACTER DE URGENTE Y OVIA RESOLUCION el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO.Se exhorta respetuosamente a los 128 Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en forma expresa su consentimiento para ser donadores de sus órganos mediante la correspondiente inscripción al padrón de donadores de la Comisión Nacional de Trasplantes.

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne dentro delproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un aumento del 15% por ciento de los recursos asignados a la Secretaria de Salud, a fin de que se asignen al Centro Nacional de Trasplantes, para la capacitación y especialización de médicos en el ramo de la donación y trasplante de órganos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

¿Para qué asunto?, Senadora Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, para respaldar el punto de Acuerdo que presentó la Senadora Mariana Gómez del Campo, sobre todo porque este punto de Acuerdo incide en las dos vertientes más importantes:

Una, el motivarnos a inscribirnos en el padrón de donantes.

Y segundo, porque se requiere la ampliación del presupuesto en el rubro de transplantes, sobre todo para el Centro Nacional de Transplantes.

Todo el grupo parlamentario de mi partido apoyaremos este exhorto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz. Tomamos nota de ello, y pido a la Secretaría que se pueda incluir al grupo parlamentario del PRI como firmante de este punto de Acuerdo. Igualmente pido a la Secretaría que tome nota de las señoras y señores Senadores que están manifestando el interés de sumarse a la propuesta de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Se considera de urgente resolución. ¿A favor, Senador López Brito?

A favor de la propuesta, se le concede el uso de la palabra al Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros:

Desde luego que me sumo en apoyo a la propuesta de punto de Acuerdo que nos presenta la Senadora Marina Gómez del Campo Gurza, en este tema tan importante.

Y quiero compartir con ustedes un ejemplo de vida que habla de la cultura de la donación de órganos y que ha repercutido no nada más en el estado de Sinaloa, sino en todo México, me refiero a la Asociación ALE.

La Asociación ALE es una institución que constituye un ejemplo a seguir por su compromiso social de fomentar la cultura de donación de órganos y procurar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los trasplantes en lugares donde no se cuentan con los recursos para ello.

Fue fundada en noviembre de 2004 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por Luis Eduardo Alverde y Adriana Castro, padres de Ale, quien fallece a una edad temprana, por lo que sus progenitores tomaron la decisión, de manera altruista y humana, de donar los órganos vitales de su hijo para dar vida a otros menores.

Gracias a esta extraordinaria experiencia y satisfacción de salvar la vida a otras personas con los órganos de su hijo, la familia de los padres de Ale decidieron crear esta asociación para fomentar el trasplante de órganos y tejidos. ALE trabaja con un alto nivel de vocación, convicción y compromiso para intensificar en México la cultura de donación de órganos y tejidos, y la estructuración de mejores y más profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y trasplante de los mismos, así como en apoyar que los pacientes trasplantados tengan una mejor calidad de vida.

ALE atiende a todas las personas de cualquier edad, sexo, que carezcan de recursos económicos, enfermos de algún órgano o tejido susceptible de trasplante para que tengan esta mejor calidad de vida.

Asociación ALE ha crecido en todo el país y ahora también es facilitadora para las instituciones públicas y privadas que llevan a cabo la procuración de órganos en todo el país, apoyando a los pacientes que requieren un trasplante, facilitando la información y apoyo necesarios para que lo puedan obtener oportunamente, con calidad médica, quirúrgica, así como estableciendo relaciones con las diferentes instituciones para realizar este tipo de tratamientos.

Asociación ALE, que actualmente es presidida por Adriana Castro Careaga, ha apoyado a que se trasplanten 651 pacientes desde el año 2005 a la fecha, tanto de riñón, como de células madre, hígado, corazón, intestino, pulmón, corneas; de la misma manera ha apoyado 2 mil 759 cirugías de catarata.

En la Ley General de Salud, en lo que es el Título Décimo Cuarto, Capítulos I al IV, en los artículos 313 al 345 se regula el tema de donación de órganos. En esta legislación, en materia de donación de órganos, se establece la figura de donación tácita en donde la persona será considerada donadora, a menos que en vida ésta establezca lo contrario y serán los familiares los que autoricen la extracción de sus órganos y tejidos una vez fallecida, además se deberá establecer y dirigir política en materia de donación, procuración, trasplantes de órganos, tejidos y células, emitir disposiciones que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en dicha materia.

Se establece la obligación de que todos los centros hospitalarios que cuenten con licencia para la procuración de los órganos y tejidos deberán incorporar al Coordinador Hospitalario de la Donación, es decir, se profesionaliza el proceso. La adición al Título Décimo Cuarto denominada “Donación de Organos y Trasplantes”, publicada el 12 de diciembre de 2011 por el Presidente de la República, permite:

Uno.- El fortalecimiento institucional con un organismo coordinador único de la política pública en la materia, la profesionalización en el proceso de procuración de órganos, la ampliación nacional de cobertura al poner la obligación de que existan centros estatales de trasplante en cada una de las 32 entidades federativas, la obligación de crear un nuevo reglamento, dado que el existente data de 1984.

Esto se traduce en aumentar la actividad en la procuración de órganos y, por consiguiente, realizar más trasplantes regalándoles una oportunidad de vida a aquellas personas que forman parte de los 15 mil pacientes en lista de espera, logrando que dicho registro empiece a disminuir día a día.

Es importante también el gran paso dado por el Congreso de la Unión al aprobar, para el Presupuesto de Egresos de 2012, 200 millones de pesos para que el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular iniciara el financiamiento a los trasplantes para menores de 18 años, un gran logro que seguramente servirá como plan piloto demostrativo de la gran necesidad de atender a la población abierta que aún no tiene seguridad social.

Por lo anterior, nos sumamos a este importante punto de Acuerdo, y más en este día que se celebra este tema, y decirles e invitarlos a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, a que nos registremos en lo que es el listado nacional para donantes de órganos.

Yo lo acabo de hacer, los invito a todos a sumarnos a esta noble tarea. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador López Brito.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que en mi grupo parlamentario estamos de acuerdo en apoyar esta proposición con punto de Acuerdo, sin embargo, sabemos que el día de ayer, 26 de septiembre, se celebró el Día Nacional de Donación y Trasplantes de Organos y Tejidos con las reformas a la Ley General de Salud, realizadas en la pasada legislatura en materia de donación de órganos, hemos avanzado en este tema primordial vinculado a uno de los bienes supremos de la persona, como es la vida y su prolongación.

Para advertir de estos avances graduales, basta revisar algunos indicadores. Según cifras noticiales del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, órgano creado por la Organización Mundial de la Salud, la donación de órganos a nivel mundial alcanzó en 2010 la cantidad de 106 mil 879 trasplantes, siendo el riñón el principal órgano donado con 73 mil 139, seguidos por el hígado, y en último lugar el intestino delgado.

En el caso de México, la cultura de la donación de órganos se ha impulsado y crecido, aunque de forma pausada, gracias al trabajo principalmente de las instituciones médicas y la sociedad civil. Por ello, el Observatorio Mundial referido nos registró dentro de los 50 países con mayor actividad en donación de órganos, por lo que ocupamos el lugar 42.

Quienes ocupan los primeros lugares son países como Austria, Estados Unidos, Croacia y España. En el área de donantes vivos, el Observatorio Mundial indica que en el ámbito local México posee el cuarto lugar entre 84 países, incluyendo a Estados Unidos y China; en el área de donantes vivos el segundo lugar del Continente Americano y el primero en Latinoamérica.

Situación contraria en materia de donantes cadavéricos, en la que nos encontramos por debajo de países como Brasil, Colombia y Venezuela, ya que ostentamos una tasa del 3.9 de donantes por millón de habitantes, a diferencia de España que cuenta con una tasa de donación cadavérica de 34 donantes por millón de habitantes, por lo que ha sido el país líder en este rubro por más de 15 años.

Hoy en día, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Trasplantes, existen 16 mil 674 personas esperando un trasplante en México. Así tenemos que hay, por ejemplo, por mencionar algunos, 8 mil 844 personas esperando un riñón, 7 mil 384 personas esperando una cornea, 381 esperando un hígado, etcétera. Y en materia de trasplantes se reportan, durante el 2012, 2 mil 17 trasplantes de cornea, mil 593 trasplantes de riñón, 70 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón, etcétera.

Compañeras y compañeros Senadores, no hay mejor manera de celebrar esta fecha que promoviendo la cultura de la donación de órganos a través de un exhorto a las instituciones y autoridades públicas de salud en el nivel federal y estatal, para que emprendan campañas en todo el país que impulsen la donación y trasplantes de órganos. Por lo que apoyamos esta propuesta de nuestra compañera Senadora Mariana Gómez del Campo.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el tema de la donación es más complejo, en el que hay que atender las carencias o insuficiencias relativas a la falta de personal capacitado e infraestructura para alcanzar y consolidar la cultura de la donación.

No perdamos de vista que en días recientes la propia Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, ha reconocido que se pierden 20 por ciento de donaciones por falta de personal capacitado. Además de que sólo 406 hospitales, de los más de 3,000 que existen, tienen capacidad para realizar trasplantes, y sólo existe un centenar de especialistas, cuando se necesitan al menos 500.

Por lo anterior expuesto me permito proponer una adición a la proposición con punto de Acuerdo de la Senadora Mariana Gómez del Campo para quedar como sigue:

Primero. En sus términos.

Segundo. En sus términos.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que a través del Centro Nacional de Trasplantes envíe un diagnóstico integral sobre las condiciones en las que opera el Sistema Nacional de Trasplantes, con el objeto de que el Congreso de la Unión garantice la disponibilidad de recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, que cubra sus requerimientos a favor de la cultura de la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células.

Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal, pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que hizo la compañera Senadora Mariana Gómez del Campo antes de someter a votación dicho asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Dice, punto de Acuerdo con las siguientes resoluciones.

Primero. Se exhorta respetuosamente a los 128 Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en forma expresa su consentimiento para ser donadores de órganos mediante la correspondiente inscripción al padrón de donadores de la Comisión Nacional de Trasplantes.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un aumento del 15 por ciento de los recursos asignados a la Secretaría de Salud, a fin de que se asignen al Centro Nacional de Trasplantes, para la capacitación y especialización de médicos en el ramo de la donación y trasplante de órganos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Ahora pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Fernando Mayans Canabal, para que la Asamblea determine si es de tomarse en cuenta o no dicha propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que a través del Centro Nacional de Trasplantes, envíe un diagnóstico integral sobre las condiciones en las que opera el Sistema Nacional de Trasplantes, con el objeto de que el Congreso de la Unión garantice la disponibilidad de recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, que cubra sus requerimientos a favor de la cultura de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada del Senador Mayans Canabal. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está a discusión dicha propuesta. Al no haber quien haga uso de la palabra, someteríamos a votación la propuesta que ha hecho la Senadora Mariana Gómez del Campo, más la adición que está haciendo el Senador Fernando Mayans Canabal. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada. Comuníquese.

Sonido al escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Bueno, simplemente para agradecer el apoyo tanto de los Senadores del PRI como del PRD por adherirse a este punto de Acuerdo, un punto de Acuerdo noble en el marco del Día Nacional de Donación de Organos y Trasplantes, y yo sí les pediría que hiciéramos un esfuerzo para poder salir, en el momento en el que ustedes lo crean conveniente, del Recinto y poder llenar la credencial para que ya puedan tener en su cartera, en el bolso, la credencial que los acredita como donadores de órganos.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la asignación de recursos extraordinarios para atender las necesidades de recursos humanos de las escuelas del estado de Guerrero.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores, con su permiso:

Como ustedes tienen conocimiento, Guerrero es uno de los estados de mayores carencias de este país: marginación, pobreza, olvido, falta de infraestructura carretera, falta de infraestructura hospitalaria y, desde luego, el tema educativo que requerimos, un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para que podamos atender este sector tan importante que es la educación en todo el país, pero particularmente en los estados del sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La educación es pilar fundamental del desarrollo humano. La educación es la puerta del saber, y miren nada más las estadísticas que tenemos en Guerrero, mientras que a nivel nacional la media de escolaridad de la población es de primer año de preparatoria, en Guerrero es de primero de secundaria.

De cada 100 habitantes 15 no han ido a la escuela, no saben leer, no saben escribir.

De ellos, 55 no tienen primaria terminada; 16 de cada 100, no han terminado la preparatoria o el bachillerato; y 11, no terminan la carrera profesional.

Y esta es una cifra alarmante, ocupamos el segundo lugar, el vergonzoso segundo lugar en analfabetismo, tenemos que cambiar.

Los estados de mayor marginación y pobreza de este país no deben de tener mezquindades en el desarrollo humano de todos los mexicanos.

Necesitamos más recursos, necesitamos más plazas para maestros. Cada año egresan muchos maestros de las 9 escuelas normales de Guerrero, dentro de ellas la normal de Ayotzinapa.

Se han organizado en sus movimientos sociales, marchas, plantones, porque no tienen una plaza que les pueda permitir incorporarse al sector educativo. Y lo más importante, no nada más es la aspiración a tener una fuente de ingreso, sino que tenemos necesidad de muchos maestros, particularmente la región de la montaña y en la sierra.

A través del concurso nacional para el otorgamiento de plazas se han seleccionado a muchos maestros, pero no tienen, no se les ha dado su clave presupuestal; reconocemos el esfuerzo del gobierno del estado, del gobernador Angel Aguirre Rivero, de la Secretaría, y de los propios alumnos que han puesto voluntad institucional para tocar puertas en la Federación, pero no ha sido suficiente, es por ello que necesitamos la solidaridad de esta Soberanía para que podamos pedir al gobierno federal una mirada mucho más generosa a la educación del estado de Guerrero, y a las normales, a los egresados.

Hay que ayudar a Guerrero, como ustedes tienen conocimiento, es una entidad de movimientos y luchas sociales, desde aquellos años de la lucha del maestro Lucio Cabañas, o de los movimientos magisteriales del maestro Othon Sebastián Ramírez, es por eso, compañeros Senadores, que hoy les venimos a pedir, les solicitamos respetuosamente a nombre de mis compañeros guerrerenses, René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter, para que, ojalá todos podamos sumarnos a un exhorto respetuoso del Senado de la República al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realice la asignación de recursos económicos extraordinarios para que se atiendan las necesidades de plazas de maestros de todos aquellos que han sido egresados de las escuelas normales y que han resultado elegibles, de acuerdo a su aprovechamiento académico, pero que en estos momentos no tienen la clave ni la oportunidad de incorporarse a las aulas, y Guerrero necesita, dentro de las oportunidades de desarrollo humano, más educación.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LA ASIGNACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS DEL ESTADO DE GUERRERO

Los suscritos, Senadores de la República, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional; de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción II y 108, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, es el mecanismo empleado para la selección y contratación del personal mejor preparado para impartir la educación básica, entre ellos destacan los aspirantes de las 9 normales públicas del Estado de Guerrero, los cuales han resultado ser los sustentantes mejor calificados, en los tres últimos concursos; convirtiéndose esto en una de las principales demandas sociales de la entidad.

Una de las prioridades del gobierno de Guerrero es atender las necesidades de recursos humanos de lasescuelas y las localidades que no cuentan con el servicio de educación básica a través de la atención de la demanda de plazas de los 500 sustentantes de nuevo ingreso que resultaron elegibles en el pasado concurso y que no han sido beneficiados con una clave docente; por el limitado número de claves de nueva creación asignadas por la Federación a la entidad y por el escaso número de plazas vacantes; porque en el Estado, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no se ha logrado erradicar la práctica arraigada de herencia y venta de plazas en el magisterio guerrerense y la organización sindical.

Sin embargo, en la entidad existe una fuerte demanda de recursos humanos en los centros escolares de educación básica de la Sierra, Montaña y Costa Chica, derivada del incremento natural de grupo y la expansión del servicio educativo a las localidades de alto grado de marginación que no cuentan con escuelas de educación preescolar y primaria indígena, educación especial y telesecundaria.

Asimismo, existen necesidades de recursos humanos para atender las solicitudes de cambios de adscripción de centro de trabajo por parte de los docentes, derivado de la inseguridad que están enfrentando las regiones de Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente.

Por ello, reconocemos el esfuerzo por parte del Gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, por atender las demandas de educación que requiere la entidad y pugnar por la transparencia en la asignación de plazas para maestros.

Aunado a ello, es necesario pronunciarnos con un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que asigne recursos extraordinarios al Estado de Guerrero, para que atienda la demanda de recursos humanos de las escuelas y localidades de la entidad, a través de la asignación de plazas a los egresados normalistas elegibles del último concurso, que no han sido beneficiados con una clave docente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se realice la asignación de recursos presupuestales extraordinarios al Estado de Guerrero, para que atienda las necesidades de recursos humanos de las escuelas y localidades a través del otorgamiento de plazas a los sustentantes guerrerenses que resultaron elegibles y que no han recibido una clave docente.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2012.

Suscriben

Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: Gracias, Senador Sofío Ramírez Hernández. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución la propuesta que ha presentado el Senador Sofío Ramírez Hernández.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. El Senador René Juárez Cisneros hace uso de la palabra para este asunto.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su autorización, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República:

Primero quiero expresar mi reconocimiento a las maestras y maestros de México, por el esfuerzo y generosidad con que contribuyen a la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sobre todo aquellos que están arraigados en las zonas de mayor rezago y marginación, en aquellas regiones donde la inseguridad complica la labor educativa.

El problema de insuficiencia presupuestal del sector educativo es recurrente en todas las entidades federativas, es un asunto que en su momento habrá de analizarse profundamente por el Senado de la República.

Quiero expresar que una política social comprometida con el combate a la marginación y a la pobreza, responsable, seria, tiene que entender que este esfuerzo pasa necesariamente por un sistema educativo de calidad.

En el caso de Guerrero, más allá de los números y de las cifras que expresan el rezago y la marginación a la que no nos resignamos los guerrerenses, es importante que por razones de justicia social y de seguridad nacional, por las características de nuestra entidad federativa, se le dé a Guerrero y a otros estados del sur y sureste un trato desigual porque somos desiguales, es el caso de Oaxaca, de Chiapas, de mi entidad federativa, de Michoacán que tiene también problemas de carácter presupuestal en el sector educativo.

Quiero reconocer que el gobierno de la República y los gobiernos estatales han hecho un esfuerzo importante por respaldar los proyectos educativos, sin embargo, son insuficientes, y en ese esfuerzo adicional que se requiere se enmarca esta expresión que respetuosamente tengo ante las Senadoras y Senadores, para pedirles su comprensión y respaldo a efecto de que este punto de Acuerdo que requiere de un apoyo extraordinario del gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, para que estos jóvenes que egresan precisamente de las normales públicas, nueve, en nuestra entidad federativa, puedan contar con los recursos presupuestales que les permitan ser asignados a aquellas escuelas donde aún se carece de un maestro, y que me parece que en estos tiempos es algo injusto e inaceptable.

También reconocer que en estas condiciones se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país muchas escuelas del Sistema Educativo Nacional. Ojalá en su momento podamos analizar a profundidad este tema para que pueda atenderse con justicia y con equidad.

Les agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores su comprensión y su apoyo a este punto de Acuerdo que ha expresado mi amigo, paisano, Senador Sofío Ramírez Hernández, y que ha firmado también mi amigo Armando Ríos Piter, y que es algo que a los guerrerenses nos duele y nos lastima, por eso le expreso también a mis compañeros Senadores de Guerrero, como siempre, mi respeto y mi reconocimiento.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador René Juárez Cisneros.

Sonido en el escaño del Senador Ascención Orihuela Bárcenas. ¿Para qué asunto?

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solo para consultarle al orador, en su intervención habló de más estados, habló de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, consultarle si serían incluidos en el punto de Acuerdo para que también a ellos se les considere con mayores recursos, es una consulta a los oradores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Sofío Hernández. Pregunto si acepta usted la incorporación que está haciendo el Senador Ascensión Orihuela.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Sí, desde luego, es para todos los estados de nuestro país. Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.

Honorable Asamblea, les informo que estamos en espera de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la conformación e integración de las comisiones con sus respectivas juntas directivas.

En espera de la llegada de dicho Acuerdo, esta Mesa Directiva declara un receso para reanudar nuestra sesión a las 17:00 horas del día de hoy.

(Receso a las 15:50 horas)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (17:45 horas) Honorable Asamblea, les informo que seguimos en espera del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la conformación de las comisiones.

En espera de la llegada de dicho Acuerdo, se informa que continúa el receso hasta las 20:00 horas.

(Continúa el Receso)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: (22:18 hrs) Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política sobre modificaciones en su integración.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política hizo llegar a esta Mesa Directiva acuerdos en relación con la constitución e integración de Comisiones. Dichos acuerdos están disponibles en el monitor de sus escaños para su conocimiento.






CITA

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 2 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 23:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx






CITA

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 2 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 23:05 horas)

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