Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Septiembre de 2012

SUMARIO                                              


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JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- Se aprueba el Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, por el que se integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. Intervienen al respecto los C. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Arturo Zamora Jiménez, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios Córdova, José María Martínez Martínez, Pablo Escudero Morales, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis Miguel Barbosa Huerta y Omar Fayad Meneses. El Presidente de la Mesa Directiva turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el Ejecutivo Federal el 1 de septiembre de 2012. Asimismo, les turna el informe de la Comisión Técnica creada para analizar dicha iniciativa, así como una fe de erratas al propio informe, entregada este día a la Mesa Directiva.









 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (13:01 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 26 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintinueve minutos del día martes veinticinco de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinte de septiembre de 2012.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Senador Alonso Lujambio Irazábal.

(Comunicaciones)

Se recibió del Poder Judicial de la Federación, oficio suscrito por el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informa que el 30 de noviembre del año en curso concluirá el encargo del Señor Jorge Efraín Moreno Collado, como Consejero de la Judicatura Federal.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Gobierno del DistritoFederal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 191 aniversario de la consumación de la Independencia Nacional, a realizarse el jueves 27 de septiembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

 

Se recibió de la Gobierno del DistritoFederal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 247 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a realizarse el domingo 30 de septiembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Pablo Escudero Morales.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 6 al artículo 300 y se reforma el numeral 3 del artículo 301, ambos del Reglamento del Senado de la República.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Adolfo Romero Lainas y Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibidoy en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Iris Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasComisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal, por medio de la empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos, rendir un informe detallado sobre la reciente firma de un contrato para la construcción de dos hoteles flotantes en la Región de Galicia, España, por 380 millones de dólares.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Energía.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito,a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PartidoAcción Nacional, presentó proposición conpunto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República, en el contexto del vi Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que informe en qué proyectos de inversión productiva han sido utilizados los créditos solicitados por la presente administración.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear la comisión especial que analizará el estado que guardan las finanzas públicas estatales y municipales.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a concluir el proceso de evaluación y control de confianza de sus respectivas policías.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a que proceda a solucionar el problema que enfrenta el Consejo Directivo de Pensiones Civiles de ese estado.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Salud y Seguridad Social.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guarda el caso de las tres mujeres otomíes encarceladas injustamente.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se recomienda y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal girar las instrucciones respectivas al titular de la Secretaría de Salud a fin de que se adopten las medidase instrumentos necesarios para la atenciónde la enfermedad denominada Alzheimer en lapoblación mexicana y se implementen los programas y políticas de calidad en la prevencióny el tratamiento de dicha enfermedad.- Se diopor recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva.Se turnará a la Comisión de Salud y Seguridad Social.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su rechazo a la decisión de elevar los costos de peaje de la carretera México-Acapulco.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato entrante y al congreso de ese estado a informar sobre las finanzas estatales y la deuda de dicho estado, así como para que se establezcan en forma prioritaria los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Don Agustín Sánchez Uriarte, padre del Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para llevar a cabo la ceremonia en memoria del Senador Alonso Lujambio Irazábal

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio Ambientedel Distrito Federal a rendir un informe de los resultados del programa de manejo del área natural protegida y patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad "Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco".- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de pemex a comparecer para dar un informe que detalle las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Energía.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, a nombre propio y del Senador José Ascención Orihuela Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar la causa de la baja en la producción de los distintos productos que elabora; las medidas que se han tomado para revertir la tendencia y qué plan ha desarrollado para recuperar los niveles óptimos; así como para que rinda un informe de la situación del Centro Receptor de Gas y Condensados en Reynosa, Tamaulipas después de la explosión del 18 de septiembre de 2012.- Sedio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Energía.

 

Se recibió Informe de la Comisión Técnica encargada de analizar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona laLey General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el titular del Poder EjecutivoFederal el 1 de septiembre pasado.- La Mesa Directiva dio por recibido el Informe e hizo del conocimiento del Pleno que, en su momento, se turnará a las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa. La Presidencia declaró extinta la comisión técnica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía, a remitir informes detallados sobre la situación actual del gas natural, así como una explicación pormenorizada sobre las alertas críticas por el desabasto de gas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Martha Elena GarcíaGómez, del grupo parlamentario del PartidoAcción Nacional, con punto de Acuerdo porel que el Senado de la República manifiestasu reconocimiento a la LXI Legislatura porlos avances en la armonización legislativa, en materia de derechos humanos de las mujeresy al Ejecutivo Federal por la construcciónde políticas públicas desde la perspectiva degénero durante el sexenio 2006-2012.- Se diopor recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva.Se turnará a la Comisión de Equidad yGénero.

 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación con el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdoen relación con el proceso de armonizaciónde la contabilidad gubernamental.- Se diopor recibido y en tanto se constituyen lascomisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y CréditoPúblico.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Guadalupe Garza Galván y Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron efeméride en torno al Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas y citó a la siguiente el miércoles veintiséis de septiembre a las doce horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio que recibimos en la Mesa Directiva, suscrito por el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional.





 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

SECRETARIO
80902
Lomas de Sotelo, D.F., a 25 de septiembre de 2012

C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135 “HEMICICLO”,
ESQUINA INSURGENTES CENTRO,
COL. TABACALERA,
DELEG. CUAUHTEMOC
D.F., C.P. 06030

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito que por conducto de la Mesa Directiva que usted dignamente preside, se patentice a los legisladores de esa Cámara, el agradecimiento de todos los que integramos este Instituto Armado, con motivo del punto de Acuerdo, por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por los servicios realizados a favor de todos los mexicanos.

El citado reconocimiento obliga al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a refrendar nuestro compromiso con el pueblo de México.

Hago propicia la ocasión para reiterarle el testimonio demi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario de la Defensa Nacional.

Gral. Guillermo Galván Galván”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, Arturo Zamora Jimenez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución puede definirse como “el ordenamiento jurídico fundamental, escrito o no, de un Estado soberano, que contiene las disposiciones fundamentales de éste, y que establece las bases para su gobierno y para la organización de sus instituciones, así como el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del pueblo.” 1

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica OMEBA, la Constitución es “todos los entes, comunidades o instituciones en general que forman parte del orden jurídico, se rigen por un complejo de normas, jurídicas y extrajurídicas, que son impuestas unas veces, a sus integrantes, en forma coactiva por órganos especializados, y otras, acatadas voluntariamente por los mismos. Cuando estas normas rigen la vida del Estado, organizando sus poderes, delimitando sus funciones y estableciendo los derechos y garantías de los habitantes y del Estado, reciben el nombre de Constitución. Aquí su concepto como punto de partida.

En el Manual de Derecho Constitucional de Efraín Polo Bernal se define como “un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total, exhaustiva y sistemática establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares”.

Y el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conceptualiza Constitución como “la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de un Estado”.

El sistema jurídico mexicano tradicionalmente encontró sustento en la construcción escalonada del ordenamiento jurídico sostenida por Hans Kelsen, quien señalaba que la constitución en su sentido material debería entenderse como “la norma o normas positivas que regulan la producción de normas jurídicas generales”,2 ya fuera que ésta norma superior tuviera forma escrita o se tratase de normas no escritas producidas consuetudinariamente. Esto es, la norma superior prescribe el procedimiento mediante el cual se produce otra norma, y en ocasiones también señala o limita el contenido de la nueva norma.

A partir de la norma fundamental donde se establecen principios rectores que regulan el desarrollo y las relaciones entre particulares y de éstos con el Estado, surgen normas secundarias que tienen como fin desarrollar principios fundamentales a través de disposiciones complementarias y reglamentarias que se les reconocen con una jerarquía distinta a otras establecidas en el andamiaje jurídico, con efectos de validez de acuerdo a dicha jerarquía.

Esto dio sustento al principio de supremacía constitucional, que se deduce de que es la Constitución la que crea los poderes públicos, delimita sus funciones, establece los procedimientos legislativos, regula la celebración y ratificación de tratados internacionales, reconoce los derechos fundamentales e incorpora los valores esenciales del pueblo, así entonces en nuestra Constitución el artículo 133 establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Este artículo se plasmó y atinadamente se interpretó en el sentido de que la Constitución de 1917 se encontraba en un plano superior, en tanto que las leyes federales y los tratados internacionales se encontraban en un sustrato inferior.

En función de interpretación jurisdiccional de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente abandonar el criterio rígido que se mantuvo por cierto tiempo en torno a la supremacía constitucional, iniciando así una época de interpretación sobre la jerarquía de las normas que devino en el reconocimiento de supremacía de los tratados internacionales con relación a las leyes federales, de tal suerte que en el año de 1999 se emitió, finalmente, la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.3

En función de lo anterior, se modificó el criterio para determinar la jerarquía normativa, sobreponiendo los tratados internacionales a las leyes federales, siempre que hubiesen sido suscritos y ratificados de conformidad con la norma constitucional. Esto es, en tanto que los tratados sean celebrados conforme a las normas que rigen la suscripción respectiva por el Ejecutivo Federal y su ratificación por el Senado de la República, se asume su constitucionalidad en tanto esta no sea cuestionada ante los tribunales competentes.

Tratados internacionales. Deben presumirse apegados al texto constitucional hasta en tanto se demuestre su inconstitucionalidad en la vía procedente.

El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todo servidor público de protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; obligación que recae, en el caso de los tratados internacionales, entre otros, en el Presidente y en los miembros del Senado de la República, por lo que los actos provenientes de dichos servidores se presumen constitucionales hasta en tanto se pruebe su inconstitucionalidad ante los Tribunales de la Federación o su ilegalidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. Así, basta que un tratado internacional lo firme el Ejecutivo, por sí o por conducto de plenipotenciario facultado, lo apruebe el Senado y se publique en el Diario Oficial de la Federación, para presumir que es acorde con la Constitución Federal, en el entendido de que esta presunción legal subsistirá hasta en tanto se declare la inconstitucionalidad o ilegalidad correspondiente por el órgano competente y en vía idónea.4

De esta manera, los tratados internacionales adquirieron en su interpretación una nueva dimensión como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por todas las autoridades nacionales.

En otro orden, la doctrina constitucional contemporánea ha abandonado la rigidez del positivismo jurídico, reconociendo la existencia de derechos inherentes a la persona, independientemente de que estos se encuentren consagrados de manera literal en el texto constitucional, es decir, atiende a los valores contenidos en la norma suprema para inferir e interpretar los derechos fundamentales, así como los principios que deben regir en la organización del estado en su conjunto.

Sólo de esta manera una constitución puede ejercer su función integradora de las distintas aspiraciones de los factores reales de poder que intervienen en su creación y modificación.

Cabe señalar que en 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de gran impacto en el sistema jurídico mexicano. La primera5 consistió en una reforma a la institución del juicio de amparo, incorporando la protección de derechos colectivos o difusos en función del interés legítimo, así como la posibilidad de otorgar efectos ergaomnes a las resoluciones que determinen la inconstitucionalidad de una norma y obliga al legislador a realizar la adecuación de aquella norma declarada inconstitucional.

Asimismo, esta reforma instituye la posibilidad de invocar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los juicios de garantías, de conformidad con el artículo 103 fracción I que a la letra dice:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

A este respecto, cabe destacar el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias, Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito:

Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.6

De esta manera, la reforma adquiere una nueva dimensión, ya que la violación de un derecho fundamental consagrado en un tratado internacional puede ser el origen de la declaración general de inconstitucionalidad y en su caso de una o varias reformas de ley.

La segunda reforma7 que se introdujo se refiere a la modificación de 11 artículos constitucionales entre otros la denominación del capítulo primero de la Constitución y adición al artículo primero para otorgar reconocimiento y protección no sólo a los derechos consagrados en las garantías, sino también a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales, en este sentido se establece el principio “pro-personae” que obliga a que en la interpretación de hechos frente a los derechos humanos siempre se atienda a la mayor protección al individuo, es decir, se hará prioritariamente una interpretación extensiva y no restrictiva de estos derechos.

Ambas reformas fortalecen a nivel del texto constitucional el criterio ya sustentado de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales toda vez que éstos obligan al estado en su totalidad, e incluso, tratándose específicamente de derechos humanos, en ocasiones se pondrán al mismo nivel de la Constitución en tanto que otorguen una mayor protección al individuo.

Es menester precisar que en fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio en el sentido de que en el análisis y discusión de aquellos asuntos en que se invoquen o se interpreten garantías y derechos humanos, debe hacerse una revisión de oficio de los tratados internacionales que incidan en la materia, por lo que se implementó a partir de dicho criterio su aplicabilidad como fuente de derecho interno en la esfera jurisdiccional.

En algunos textos constitucionales iberoamericanos, ya se contiene de manera textual esta disposición. Tal es el caso de la Constitución de la República de Colombia, que dispone en su artículo 93:

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

En función de las anteriores aseveraciones, es que considero necesario adecuar el texto del artículo 133 constitucional a la nueva realidad de nuestro sistema jurídico, que otorga un papel preponderante a los tratados internacionales. Como se ha argumentado, en tanto estos se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales; no obstante, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales a partir de la reforma vigente desde el 11 de junio de 2011 adquieren rango equivalente a la Constitución.

Luego de esta gran reforma, nuestro país ha saltado a los primeros planos en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas y no pocos Estados del orbe saludan con entusiasmo que México se haya atrevido a catalogar su nombre entre las naciones con aspiraciones realmente civilizadas.

El día 11 de junio del 2011 entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, surgiendo con esto una relación nueva entre el ámbito del Derecho y las facultades que poseen los poderes del Estado mexicano y las tres instancias de gobierno, que tienen la obligación de conocer, velar y cumplir dichas disposiciones legales.

En este sentido, la reforma que se propone pretende señalar de manera expresa en nuestra norma fundamental la jerarquía de normas que debe regir en nuestro sistema normativo, y que materialmente se infiere de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sobre todo en función de los precedentes y los criterios que de manera reiterada ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido.

La interpretación de las normas en el ámbito administrativo jurisdiccional, doctrinal y legislativo debe tener bases ciertas que determinen la validez de las mismas en función de su valor jerárquico por tanto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, los Tratados Internacionales celebrados conforme a la misma, y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán, en ese orden, la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Las disposiciones de los Tratados Internacionales que regulen derechos humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme al artículo 1º párrafo segundo de esta Constitución.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.





 

PROPUESTAS

En el apartado de proposiciones, se recibió del Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013 se incrementen las partidas del Programa Especial Concurrente. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2013 SE INCREMENTEN LAS PARTIDAS DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE EN TERMINOS REALES, EN LAS VERTIENTES FINANCIERA, COMPETITIVIDAD, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA

“Las Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013 se incrementen las partidas del Programa Especial Concurrente (PEC) en términos reales, en las vertientes Financiera, Competitividad, Medio Ambiente e Infraestructura, toda vez que dichos montos fueron significativamente castigados en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo para el 2012, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1). En el pasado informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón afirma que en su administración “se invirtió en el desarrollo Integral del sector rural más de un billón 624 mil millones de pesos, 60% más en términos reales que su antecesor”. Seguramente la cantidad es cierta pero no se reflejó en un mayor desarrollo del campo. Si se incrementaron los rubros del Programa Especial Concurrente (PEC), pero no en las actividades productivas que son las que generan inversiones, empleos, mayor competitividad y desarrollo. Por ejemplo, en el Proyecto del PEC para el 2012, en forma por demás sorpresiva se privilegiaron los programas asistenciales -por ser un año electoral- como 70 y más que creció en 24% con respecto el PEC aprobado para el 2011; en la vertiente Salud el Seguro Popular creció en 55.4%.

2). En los últimos años el campo ha estado en el olvido. Debemos verlo como un sector estratégico con posibilidades de crecimiento, combate a la desigualdad, de nuevas inversiones y generador de empleos. Actualmente el campo se encuentra en condiciones lamentables y muy deplorables para la población campesina.

3). Durante estos 6 años invariablemente el Proyecto de Presupuesto para el campo, a través del Programa Especial Concurrente (PEC), el Ejecutivo lo envió muy castigado. Solo menciono el proyecto del PEC para el 2011, las diputadas y diputados de la LXI Legislatura lo aprobaron con un incremento de más de 13%, privilegiando vertientes como Financiera, Competitividad, Medio Ambiente, Infraestructura.

4). La importancia de favorecer estas partidas, fue atender de manera prioritaria aquellos rubros como Programas de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural; Programas de apoyo a las inversiones en Equipamiento e infraestructura; programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo, entre otros.

5). El año 2011 y parte de este 2012, fueron particularmente agresivos para el campo, a consecuencia de las contingencias climáticas como heladas atípicas y sequías que no se veían en más de 7 décadas. Esperábamos que dados estos problemas climatológicos que afectaron y siguen afectando seriamente el sector agropecuario, el Presidente mandara un presupuesto generoso, en especial en aquellos programas que significan atención a la población afectada por contingencias y al mismo tiempo, permitir enfrentarlo flexibilizando medidas financieras y de aseguramiento de cosechas y de nuevas inversiones.

6). Sin embargo el Ejecutivo Federal envió un proyecto de Presupuesto del PEC por 260.3 miles de millones de pesos, esto es menor en mas de 34 mil millones de pesos al aprobado en el 2011 que fue de 294.5 miles de millones de pesos.

7). Las vertientes más castigadas fueron: Financiera con -56%; Competitividad con -22.3%, en esta vertiente el ajuste más fuerte fue para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en -47%, lo mismo que en Prevención y Manejo de Riesgos con -34%, y en el Programa Apoyo al Ingreso Objetivo y la Comercialización en -60%; en el Programa de Desarrollo de Capacidades e Innovación Tecnológica y Extensionismo el Proyecto enviado por el Ejecutivo fue menor en -42% al aprobado en el 2011; en la vertiente infraestructura -23.6%, siendo los Programas Hidroagricolas los más castigados en un porcentaje superior al -70%; y en la vertiente Medio Ambiente -10%.

8). Para cambiar esta aberración presupuestal para el Campo y más previendo un problema climático con efectos devastadores, los Diputados enmendaron nuevamente plana al Ejecutivo. No obstante que en la negociación los compromisos no se cumplieron por parte de los enviados del Ejecutivo para privilegiar estas vertientes, si se logró corregir el Presupuesto de Egresos de la Federación – Programa Especial Concurrente (PEF-PEC) para el 2012 en más de 46 mil millones de pesos, un incremento de casi 18% respecto al proyecto para el 2012 y de 3.9% en comparación con el PEC aprobado para el 2011.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

unico.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2013 se incrementen, en términos reales, las partidas del Programa Especial Concurrente (PEC), en las vertientes Financiera, Competitividad, Medio Ambiente e Infraestructura con respecto al PEC aprobado para el 2012, toda vez que dichos montos fueron significativamente castigados en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo para el 2012.

Nueva sede del Senado de la República, a 26 de septiembre de 2012.

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Braulio Fernández Aguirre.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Carlos Antonio Romero Deschamps”.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 etiqueten recursos suficientes para la rehabilitación y modernización de los distritos de riego del estado de Michoacán.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablarles de Michoacán, que es un estado precioso, con muchísima cultura, con muchísima riqueza, con gente muy trabajadora, con tierra muy fértil.

Sin embargo, somos un estado en muchísima pobreza.

Voy a hablarles un poco del campo, porque estoy presentando este punto de Acuerdo que tiene que ver con el Presupuesto de Egresos del próximo año.

En Michoacán, en los últimos tres años hemos sido los primeros productores, mejor que Sinaloa, mejor que Veracruz en aguacate; 9 de cada 10 aguacates que se producen en México, se producen en Michoacán. También somos líderes en zarzamora, también en plantas de fresa, también en limón, en guayaba, en muchos productos que tienen dos cualidades:

Primero, son de alto valor comercial.

Y segundo, ocupan de mucha gente para sembrar, para cuidar, para cosechar y para transportar.

De tal forma que estas dos características de los productos del campo michoacano son un grandísimo potencial.

Sólo que de los 113 municipios que tiene Michoacán, solamente diez de ellos concentran toda esta producción.

Michoacán es el octavo estado en territorio sembrado y el noveno en distritos de riego organizados.

Los distritos de riego sólo sirven al 20% de las 225 mil hectáreas que hay sembradas; falta tecnificación y falta que le demos vida a otros 100 municipios de Michoacán.

Estamos en pobreza y queremos decirle a la Cámara de los Diputados que nos eche una mano.

Cuando México, cuando el mundo entró en una crisis financiera, el Presidente Calderón en 2008 propuso una estrategia contracíclica de construir infraestructura carretera, hospitalaria, de escuelas, y así poder enfrentar la crisis financiera que venía de afuera, pero que afectaría a nuestro país.

Eso queremos hacer en Michoacán.

En 1966, en la cuenca del Río Balsas, por el sur, que divide a Michoacán de Guerrero, se construyó la presa del Infiernillo. Pero desde 1966, ningún michoacano ni ningún guerrerense, podía tomar una sola gota de agua de la cuenca del Río Balsas, ni para uso doméstico, ni mucho menos para riego de sus tierras.

De tal forma que todo el sureste y toda la Tierra Caliente han sido pobres porque no han podido utilizar agua en el riego de sus ricas tierras.

El Presidente Calderón en el año de 2009 modernizó las turbinas de la presa del Infiernillo, de tal forma que eficientó su servicio.

En 2010, liberó agua para uso doméstico de los municipios aledaños, y en el 2011, liberó con la CFE 480 millones de metros cúbicos anuales para el riego y para el uso doméstico.

Hoy requerimos infraestructura. Queremos modernizar los distritos de riego, queremos tecnificar la tierra de Michoacán y queremos que haya proyectos para construir represas y que toda la Tierra Caliente salga de la pobreza; que la gente de Michoacán pueda producir en su tierra y, sobre todo, que podamos sembrar esos cultivos de alto valor comercial, esos cultivos que ocupan muchísima mano de obra, y mano de obra fina.

De tal forma, que frente a estas consideraciones, presento este punto de Acuerdo para la Cámara de los Diputados.

Primero.- Se emite un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, para que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren el principio de subsidiaridad tomando en cuenta las potencialidades y requerimientos de los estados de la Federación.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2013, etiqueten recursos suficientes para la ampliación, rehabilitación y modernización de los distritos de riego y de la infraestructura existente en presas, pozos y canales del estado de Michoacán.

Atentamente

Luisa María Calderón Hinojosa.

Y anexo datos de proyectos que ya están etiquetados y de posibilidades de crecimiento en Michoacán.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 ETIQUETEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

“Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la H. CAmara de Senadores
Presente.

La suscrita, Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previstoen el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos suficientes para la rehabilitación y modernización de los distritos de riego del Estado de Michoacán de Ocampoal tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Michoacán, uno de los Estados con más influencia cultural en nuestro país, con una invaluable riqueza histórica y recursos naturales, tiene en su frontera sureste-suroeste con el Rio Balsas que a la vez sirve de frontera natural con el Estado de Guerrero.

Desde el 2 de febrero de 1966, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO que declara la veda por tiempo indefinido, para el otorgamiento de concesiones de agua del Río Balsas y de todos sus afluentes y sub-afluentes que constituyen su cuenca tributaria”, expedido por el entonces Secretario de Recursos Hidráulicos y Presidente de la Comisión del Río Balsas; se decretó apartado de agua para uso exclusivo de generación de energía eléctrica en la Presa Adolfo López Mateos mejor conocida Presa “Infiernillo”.

Desde entonces, y hasta marzo de 2010, ninguna población ni parcela de esa cuenca podía tomar una sola gota de agua para uso doméstico y tampoco para regar cultivos.

Esto podría explicar un poco la dificultad en las zonas rurales para crecer y hacer que la tierra permita a los michoacanos vivir dignamente del producto de su trabajo.

Visto este problema desde el gobierno federal actual, se buscó una solución y después de rehabilitar y modernizar las turbinas generadoras de energía eléctrica, el pasado marzo de 2010 el Presidente Calderón ordenó levantar la veda de agua para uso público urbano y en marzo de 2011 se logró acordar con Comisión Federal de Electricidadla liberación de 480 millones de metros cúbicos para riego en el campo.

Esta decisión sin duda fue un gran alivio para Michoacán, que es habitado por gente trabajadora y cuya tierra es muy productiva.

A continuación proporcionare un par de datos que servirán de fundamento para mi afirmación anterior:

Al2011 Michoacán ha sido líder en producción agrícola por tres años consecutivos, por arriba de Sinaloa y Veracruz. Dicha producción representó el 11% de la producción nacional.

9 de cada 10 aguacates nacionales que se consumen en México son Michoacanos.

También somos líderes en la producción de: guayaba, zarzamora, de plantas de fresa, camote, ciruela, en col(repollo) lenteja y de ave de paraíso, además segundo en producción de fresa, durazno y limón; y qué decir de la acuacultura en agua dulce.

Michoacán en producción agrícola es primer lugar de produccióna pesar de ser el octavo lugar en superficie sembrada y el noveno estado en unidadesde riego organizadas.

No obstante estos resultados, la mayor parte de la producción se concentra en solo 10 municipios, que se encuentran en el centro del Estado, lejos de la cuenca del Balsas, pero que han sido beneficiados con un poco de infraestructura.

La mayoría de los cultivos tienen 2 características: 1.- un alto valor comercial y 2.-que su plantación, siembra, labores de cultivo y cosecha son realizados en su mayoría de manera manual, lo que ofrece muchas posibilidades de empleo, pero necesitamos tecnificar nuestro campo.

Los mercados exigen cada vez mayor calidad e inocuidad alimentaria, por lo que se torna necesaria la creación de infraestructura hidráulica y prioritario el mantenimiento de la infraestructura existente; necesitamos hacer a Michoacán más competitivo.

Actualmente tenemos 2360 unidades de riego, que aproximadamente abastecen a 224,819 hectáreas, sin embargo solo se tiene tecnificado el 20% de esas casi 225 mil hectáreas.

Se requiere modernizar alrededor de 180,000 hectáreas. Si se calcula un presupuesto anual de 180 millones, en un plazo de 20 años, con inversión similar de los usuarios por año, permitiría modernizar las unidades de riego restantes.

Con la tecnificación se pueden ahorrar 1200 millones de m3 lo que equivale a dos presas como la Chilatán.

Se requiere un presupuesto de 297 millones de pesos para obras de protección a centros de población y áreas productivas, mismas que cuentan con clave de cartera, proyectos y estudios necesarios.

Otros 500 millones de pesos para la rehabilitacióny modernización de distritos de Riego, 80 millones para la rehabilitación operación y conservación de estructuras de cabeza, también con clave de cartera, proyectos y estudios.

Además se requieren 58 millones de pesos para un programa de estudios de pre inversión con la finalidad de aprovechar el agua del rio Balsas y que ésta pueda ser utilizada y distribuida en el campo ylas comunidades.

Senadores, ya tenemos el agua liberada, aprovechemos los recursos, tenemos el campo, la gente trabajadora; los cultivos de alto valor comercial por lo que hacen viable la aplicación de recursos y el financiamiento para lograr el incremento de la producción y productividad que amortiza la inversión en poco tiempo.

En las próximas semanas en la colegisladora se estará discutiendo y analizando el Presupuesto de Egresospara el ejercicio fiscal 2013, necesitamos que los Diputados volteen haciaMichoacán. No podemos crecer más porque no hay infraestructura hidráulica, ni siquiera recurso suficiente para mantener en buen estado la poca infraestructura que hay. Es desproporcional el recurso que se etiqueta y distribuye desde nuestra colegisladora en el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año a las distintas EntidadesFederativas, con criterios inconsistentes.

Para Michoacán requerimos infraestructura en tres etapas:

1) Rehabilitación de la infraestructura del Distrito de Riego.

2) Concretar construcción de infraestructura que ya cuenta con estudios, proyectos y con clave.

3) Diseño de programas para que el agua del Rio Balsas se puedan aprovecharlos 480 millones de m3 que han sido liberados para el consumo domestico y de riego, que pueden ser utilizados en la tecnificación de la tierra para la utilizaciónde cultivos de alto rendimiento.

Para ello, anexo un diagnostico que contiene las necesidades de infraestructura hidroagrícola del Estado, con proyecto, costos y clave de cartera, todo lo necesario para ser considerado por la colegisladora.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-Se emite un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputadospara que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,consideren el principio de subsidiariedad tomando en cuenta las potencialidades y requerimientos de los Estados de la Federación.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, etiqueten recursos suficientes para la ampliación, rehabilitación y modernización de los distritos de riego, y de la infraestructura existente Presas, Pozos y Canalesdel Estado de Michoacán de Ocampo.

Senado de la Republica, a 20 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Orihuela Bárcenas, ¿con que objeto?

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Solicitarle a la ponente, si pudiera adherirme al punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Con todo gusto, Senador Orihuela Bárcenas, si alguien más quisiera adherirse, favor de manifestarlo. Le pido a la Secretaria tome nota de las adhesiones a esta proposición. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno del Senado la constitución de una Comisión Especial para Conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes, compañeras y compañeros:

La Constitución de Apatzingán es de trascendencia fundamental para la consolidación de la vida constitucional de México y antecedente insoslayablemente de la premisa de los derechos y garantías esenciales de mexicanas y mexicanos.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, contiene la primera manifestación de fe constitucional. Para nuestra nación es fundamental que podamos, en esta época que vivimos, conmemorar el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán.

Apatzingán, la región de la Tierra Caliente de Michoacán, una región severamente afectada por la violencia, por el crimen organizado y por la violencia institucional, requiere de que en este momento hagamos un alto para evaluar y ver si efectivamente, a casi 200 años de que fuese promulgada la primera Carta Magna de la América Mexicana, hemos cumplido con estos compromisos.

Por primera vez, la Constitución de Apatzingán extiende la denominación de ciudadanos a todos los gobernados, rompiendo así con la sociedad colonial que se dividía en castas, que se regía según el origen o herencia de sangre y que ésta determinaba su condición social.

Desde el Congreso de Apatzingán, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, se expresa la voluntad política de nuestro pueblo a constituir la nación mexicana, a partir de la redacción de esta Carta Magna dimos el primer paso para nuestra libertad.

Rememorar el Bicentenario de nuestra Constitución de Apatzingán significa, por ello, conmemorar un ejercicio fundamental en la vida del país.

Sin embargo, a 200 años, el ideal de la Constitución de Apatzingán de dar felicidad al pueblo y a cada uno de los ciudadanos, consistente en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad, no se ha cumplido. Hoy tenemos un país partido social y políticamente. El Estado mexicano es reproductor de desigualdad, de inequidad, de pobreza y de corrupción; su ineficiencia le ha hecho perder legitimidad a esta Carta Magna.

A 200 años de esta promulgación, no puede seguir creciendo nuestra nación sólo para una minoría. La pobreza extrema en que viven más de 60 millones de mexicanas y mexicanos es el problema social más lacerante y culposo de nuestro tiempo.

La enorme desigualdad social es un lastre que irremediablemente será transferido a futuras generaciones si no replanteamos hoy ya, desde este momento, nuestro modelo de crecimiento y la vigencia plena de las instituciones, de los derechos y de las garantías que hoy reconocemos desde 1814, nuestra Constitución de Apatzingán, no se verán ejercidas plenamente.

La conmemoración de esta Constitución nuestra es para nuestra nación, no sólo para los michoacanos y los apatzinguenses, motivo de una gran celebración, pero también de un alto en el camino.

Es por eso que, de una iniciativa del grupo parlamentario del PRD, venimos en esta ocasión ante esta Soberanía para solicitarles, y en vista de esas consideraciones, pedir a esta Soberanía que considere que nuestra Junta de Coordinación Política pudiese aprobar un punto de Acuerdo para que se conforme una Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán.

No sólo para los michoacanos y apatzinguenses, como orgullosamente soy, es importante este tema, es importante para la nación. El paso que dio Morelos y los constituyentes de 1814 fue fundamental para el desarrollo de México, para lograr las libertades que hoy tenemos, pero también para hacer un alto en el camino y que a partir de aquí surgiera la legislación que hoy nos rige.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA SOMETA A LA APROBACION DEL PLENO DEL SENADO LA CONSTITUCION DE UNA COMISION ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución de Apatzingán es de trascendencia fundamental para la consolidación de la vida constitucional de México y antecedente insoslayable de los derechos y garantías esenciales de mexicanas y mexicanos.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, contiene la primera manifestación de fe constitucional de la Nación Mexicana y cumple en la historia de México precisamente el papel de fundar al Estado y es, por ello, nuestra Constitución Constituyente.

Los postulados de soberanía popular, de forma republicana de gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y el aliento programático que recorren todo su texto, serán en adelante los postulados en todo quehacer constitucional en México.

Porque indudablemente que existe una línea de continuidad histórica que parte de esta primera materialización del poder constituyente originario de la Nación que afirma su voluntad de darse un ser político y jurídico y constituirse, en consecuencia, en un Estado de Derecho; y de ahí pasa e inspira a nuestras Constituciones de 1824, 1857 y 1917.

Por primera vez en la historia desde la conquista española, la Constitución de Apatzingán extendió la denominación de ciudadano a todos los gobernados, rompiendo formalmente la sociedad colonial que se dividía en castas, que se regía según el origen o heren­cia de sangre y determinaba su condición social.

A partir de sus principios, el consenso de hombres y mujeres formal y abstractamente iguales es la fuente de validez de una sociedad y un gobierno que se instituyen ya no para proteger los privilegios de un individuo, de una familia o de un estamento, sino para la protección y seguridad general de ciudadanas y ciudadanos formalmente iguales ante la ley.

Por lo que desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sólo en la medida en que Estado y gobierno preservan el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad se legitima su razón de ser; en cuanto que conforme a sus postulados, la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de las instituciones y el único fin de las asociaciones políticas.

Intimamente ligada a estos axiomas, instituye la garantía suprema sobre la que descansa el Estado de Derecho: fijar en una norma superior los límites de a la potestad de los gobernantes, determinando en una norma infranqueable la esfera de acción de la autoridad.

En sus artículos 34, 35 y 38 la Constitución de Apatzingán consagra los derechos a la propiedad y a la libre empresa como dos garantías fundamentales. Mientras que el derecho de petición, las libertades de pensamiento, opinión y expresión y las garantías de seguridad jurídica, como la inviolabilidad del domicilio, la exacta aplicación de la ley penal, la de audiencia y observancia de las formalidades procesales, se contemplan ya en sus artículos 21, 22, 23, 31, 32, 37 y 40.

La conformación de las naciones modernas no se comprende sin ordenamientos legales fundamentales, que den sustento a su existencia ante otras naciones. Una comunidad se transforma en Nación cuando la conciencia de pertenecer al conjunto llega a transformarse en una conexión de voluntad política a través de una Carta Magna.

Es evidente que ni en la Nueva España hasta 1810, ni en el México hasta 1814, existía una conciencia generalizada de su ser nacional. Empero, es indudable que en la lucha independentista y en la convocatoria de un Congreso Constituyente se da la voluntad política de búsqueda de nacionalidad.

Desde el Congreso de Apatzingán se expresa la voluntad política de nuestro pueblo a constituir la Nación mexicana desde cero, a partir de la redacción de una Norma Fundamental para la creación racional de las instituciones.

Rememorar el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, significa, por ello, conmemorar el ejercicio primigenio del poder constituyente que da nacimiento y fundación misma al Estado mexicano.

El Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, constituye una oportunidad única para reflexionar a profundidad qué tipo de sociedad hemos construido en 200 años a partir de los derechos fundamentales reconocidos ya desde nuestra Constitución Constituyente.

La promulgación de nuestra primera Constitución fue posible por la lealtad y la firme creencia de José María Morelos y de los integrantes del Congreso, en lograr la separación completa y definitiva de España, en la aplicación de los ideales republicanos, en el rechazo a un sistema monárquico y en la intención de implantar un gobierno, leyes y administración propias, sin que ninguno de los Poderes, y mucho menos los individuos, llegasen a ostentar más atribuciones y funciones que aquéllos que la ley les otorgaba.

Y sin embargo, a 200 años, el ideal de la Constitución de Apatzingán de dar felicidad al pueblo y a cada uno de los ciudadanos, consistente en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, no se ha cumplido. Hoy tenemos un país partido social y políticamente. El Estado mexicano es reproductor de desigualdad e inequidad. La corrupción y su ineficiencia le han hecho perder legitimidad. Controlado por monopolios y poderes fácticos, su actuación no responde a los intereses de la Nación y de nuestro pueblo.

A 200 años de la promulgación de nuestra primera Constitución, México no puede seguir creciendo sólo para una minoría. La pobreza extrema en que viven más de 60 millones de mexicanos y mexicanas es el problema social más lacerante y culposo de nuestro tiempo. Una culpa histórica que hunde sus raíces en el pasado prehispánico y se prolonga y crece en los tres siglos de virreinato y en los últimos dos siglos de existencia republicana.

La enorme desigualdad social es un lastre que irremediablemente será transferido a las futuras generaciones si no replanteamos ya desde ahora nuestro modelo de crecimiento y la vigencia plena de las instituciones y de los derechos y garantías que reconocimos desde la Constitución de Apatzingán para conformarnos en una República.

La conmemoración del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, no debe quedar en una simple revisión histórica de nuestro pasado. A través de una amplia reflexión, aprovechemos la celebración para impulsar desde la Cámaras del Congreso de la Unión la concreción de mecanismos de salvaguardia que garanticen la eficacia verdadera de los postulados de nuestra Constitución, en aras de dar plena vigencia a los derechos sociales de mexicanas y mexicanos como condición básica para avanzar hacía el país democrático, próspero y equitativo que todos queremos.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la Constitución de una Comisión Especial para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Segundo: La Comisión Especial para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán tendrá por objeto impulsar un amplio proceso de difusión, reflexión y análisis respecto a la vigencia de derechos y garantías constitucionales de mexicanas y mexicanos a partir del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814.

Tercero.- La Comisión Especial podrá coordinarse con el Gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán y con el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Apatzingán, en los actos de conmemoración del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Cuarto.- Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con los apoyos administrativos y materiales necesarios, de conformidad con las disponibilidades presupuestales.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con qué propósito, Senador Vega Casillas?

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: (Desde su escaño) Nada más, señor Presidente, para que pregunte usted a la Senadora Vianey Mendozasi me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien. Tómese nota de las adhesiones de los Senadores Vega Casillas, Orihuela Bárcenas, Guevara Espinoza y de varios más. Por favor, Secretaria, la Mesa que tome nota.





 

Se le concede el uso de la voz a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión a hacer un análisis comparado y ponderar los alcances de la iniciativa preferente, presentada por el Presidente de la República.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Por economía parlamentaria me permitiré explicar a ustedes brevemente los aspectos más relevantes que conforman la presente propuesta. Por lo que solicito que el texto se incluya íntegramente en el Diario de los Debates.

México vive tiempos complejos, los cuales demandan acciones inaplazables en materia de ordenamiento y estructura para encararlos con éxito. Enfrentamos como país una crisis de seguridad, una crisis en materia económica que tiene orígenes no sólo nacionales, sino globales, esto junto con otros factores que acentúan un ambiente que propicia la falta de generación de empleos y salarios dignos.

Como respuesta a los retos de esta coyuntura nacional e internacional, el Ejecutivo Federal, en la recta final de su sexenio, turnó el pasado 1° de septiembre al Congreso una iniciativa de ley en materia laboral con carácter de preferente que nos obliga a dictaminarla a favor o en contra a final de este mes para cumplir con la ley.

Las preguntas obligadas que debemos hacernos son: ¿Cuál debe ser nuestra labor legislativa en el Senado de la República para impulsar la Reforma Laboral que México requiere?, ¿cuál es el papel de los legisladores de cara a la sociedad en una reforma estructural tan delicada en materia laboral?

Desde nuestro punto de vista, el Senado de la República, en uso de sus facultades constitucionales, antes de aprobar o rechazar la Reforma Laboral, debe llevar a cabo un ejercicio político de consulta, amplio, serio y de corresponsabilidad con la sociedad y todos los gremios y comunidades involucradas en esta indispensable reforma.

En la discusión y análisis de una Reforma Laboral tan controvertida y polémica por sus contenidos, no podemos dejar de escuchar a cada uno de los actores sociales y políticos involucrados directamente, generaría un gran costo social el que esta Soberanía omitiera la opinión de los trabajadores, los empleados domésticos, los mineros, los profesionistas, los académicos, los empresarios y los funcionarios de gobierno.

Nuestro exhorto es que todas las voces sean escuchadas, ¿es que acaso el Ejecutivo ya se sentó a dialogar con cada uno de ellos? Si fuera afirmativo nos gustaría enterarnos.

En anteriores reformas en materia laboral, la posibilidad del consenso no se dio, por lo que para lograr la reforma que hoy se nos presenta es fundamental la participación y el diálogo de fondo. La Reforma Laboral, como está planteada por el Ejecutivo, contiene aspectos positivos y negativos que es necesario discutir y revisar de cara a la sociedad, como son los siguientes: Prevé la regulación de la subrogación, el llamado outsourcing para hacer responsable solidario al patrón.

Nueva Alianza está a favor de formalizar este régimen que la Ley Federal de Trabajo vigente no pone en claro, siendo que México necesita adaptarse a la nueva y más dinámica realidad laboral, pero evitando a toda costa la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón.

En materia de los llamados grupos vulnerables, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo contempla la tipificación como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, con el propósito de fortalecer las medidas de protección y vigilancia a favor de los menores.

También se propone un nuevo esquema para detallar los tipos de actividades que no podrán realizar. No obstante, se deben señalar las bases mínimas para regular el trabajo del menor desarrollado en el ámbito familiar. Cabe resaltar que México es el único país de la región que falta por ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Dicho convenio es uno de los instrumentos internacionales encaminado a erradicar el trabajo infantil.

La iniciativa pretende fortalecer los derechos de la mujer trabajadora prohibiendo la discriminación por cuestiones de género, la realización de actos de hostigamiento o abuso sexual y la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia y ascenso al empleo. A ello habría que añadir un punto en el cual hay consenso por parte de la mayoría de los institutos políticos involucrados en el asunto, el otorgamiento de licencias por paternidad.

También busca la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados domésticos al proponer regular con mayor precisión la duración de su jornada laboral. Incluir en el Título Sexto de la ley un nuevo capítulo para regular los trabajos que se realicen en las minas. Siendo que las condiciones laborales de las personas que allí trabajan son indignantes y acompañadas de salarios miserables, labores antihigiénicas y lugares insalubres.

Del mismo modo otorga mayor protección y seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar en el extranjero.

No obstante, la iniciativa preferente complica los procedimientos para la obtención del registro de las organizaciones laborales, atentando contra el derecho de huelga, aunado a que faculta a la Junta de Conciliación y Arbitraje a declarar o a resolver sobre la terminación de la misma, sin que se requiera solicitud previa de los trabajadores.

No se puede contravenir el principal valor democrático, es decir, el diálogo, el acuerdo y el reconocimiento del otro.

Nueva Alianza dice sí a la reforma, pero con diálogo de fondo.

Nueva Alianza dice sí a la democracia y a la rendición de cuentas, pero en el marco de la autonomía que defiende la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, el presente punto de Acuerdo propone dos resolutivos:

PRIMERO. Se exhorta a los legisladores del Honorable Congreso de la Unión a hacer un análisis comparado y ponderar los alcances de la Iniciativa Preferente, presentada por el Presidente de la República, que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDO. Asimismo, a retomar las mesas de trabajo, diálogo y consulta con los actores sociales y políticos que han estado involucrados desde tiempo atrás en el debate laboral, que permitan evaluar su viabilidad y dictaminación en los tiempos establecidos.

A su consideración, señoras y señores legisladores.

Muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Junta de Coordinación Política hizo llegar a esta Mesa Directiva dos Acuerdos por lo que se constituyen diversas comisiones ordinarias.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dos Acuerdos.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le quisiera preguntar a la Secretaria que está leyendo un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que me diga, ¿cuándo se reunió la Junta de Coordinación Política para firmar este Acuerdo, para aprobar ese Acuerdo? Porque lo que está pasando aquí en este Senado, es que las cosas se están haciendo ilegalmente.

Estas decisiones son de la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política no se ha reunido.

Está saliendo en la prensa la distribución de comisiones, que nadie conoce, en acuerdos que se están tomando por abajo del agua; no estamos de acuerdo. Esta designación, esta comisión es absolutamente ilegal, yo ruego, señor Presidente, que se excite a la Junta para que proceda a aprobar eso que no está aprobado, porque de otra manera vamos a seguir aquí actuando, violando la ley por debajo del agua en comisiones y entregas de secretos y atenciones a unos y haciendo lo que se les da la gana.

Le ruego, señor Presidente, que ponga orden en este Pleno y que se devuelva a la junta para que sesione y veamos si se vota y que lo sepamos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez, integrante de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitarle atenta y respetuosamente si es tan amable de que la Secretaría dé cuenta al Pleno si el documento que acaba de dar lectura contiene la firma ponderada de los integrantes de la comisión y si tiene fecha respecto de la celebración de la junta correspondiente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Bartlett Díaz, nos permitiría que la Secretaría responda a su pregunta, que también es la misma del Senador Zamora Jiménez, donde dará cuenta de cuándo se recibió y con qué firmas de la Junta de Coordinación Política nos llegó el oficio, gracias.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Espero y pido la palabra a continuación.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Este oficio se recibió hoy 26 de septiembre, con las siguientes firmas de los coordinadores: Senador Emilio Gamboa Patrón, Senador Ernesto Cordero Arroyo, Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Senador Jorge Emilio González Martínez, Senador Arturo Zamora Jiménez, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo y Senador Héctor Larios Córdova; únicamente no aparece la firma del Senador Manuel Bartlett Díaz.

Es cuanto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo le pediría que contestara directamente Emilio Gamboa, y no quien contestó en su nombre.

Esta sesión no se celebró, es una figuración que está en contra de las prácticas honestas de este salón de Plenos. Yo insisto, nuevamente, que se haga la sesión que no existió, la hayan firmado quienes la hayan firmado, porque no es cierto que haya existido.

Yo le pido al señor licenciado Gamboa Patrón, que es el Presidente de esa fantasmagórica Junta, que no sesiona, pero acuerda.

Muchas gracias, y escucho al señor Presidente de esta fantasmagórica Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz. Sonido en el escaño del Senador Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Primero quiero informar que la Junta de Coordinación Política tiene facultades para llegar a acuerdos con los coordinadores parlamentarios. Lo he hecho en todos los casos, respetando, sin duda alguna, el número de Senadores que representa cada grupo parlamentario.

Yo acudí a ver al coordinador del PT dos veces, informándole que ya había un acuerdo político con los coordinadores de Acción Nacional, con el coordinador del PRD, con el coordinador del Verde Ecologista, con el coordinador del PRI y faltaba solo el PT.

Me dijo que no estaba de acuerdo y que votaría en contra. Le dije que estaba en su derecho.

Lo que yo trato, como Presidente de la Junta de Coordinación Política, es que haya posibilidad de que esta Cámara camine con acuerdos políticos que el Senador Bartlett Díaz sabe perfectamente cómo se llevan a cabo.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Larios Córdova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Con el propósito de respaldar lo afirmado por el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

La Junta de Coordinación Política surge cuando existen diversas representaciones políticas en el Congreso y se acaba la gran comisión, y de ahí en adelante en función de la ponderación, del peso ponderado de cada grupo parlamentario, en la Junta de Coordinación Política se constituyen para propiciar la formación de acuerdos políticos.

Hoy hay un acuerdo político que tiene el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de uno. Me parece que el grupo parlamentario que no respalda tiene todo el derecho a manifestar su respaldo, pero no de cuestionar la legalidad del acuerdo político que se hizo por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Es un acuerdo que no solamente está ahí, sino que está respaldado por la firma de la gran mayoría de los integrantes. Tiene todo el derecho de oponerse uno de los integrantes, pero no de cuestionar la validez del mismo.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Me conmueve el entusiasmo con el que aplauden los señores Senadores del PRI y del PAN, que tampoco están enterados de esos acuerdos, ¿eh? Y pues se los podemos preguntar.

Gracias Senador Larios Córdova por conferirme el derecho a disentir, gracias, muy agradecido. Pero le quiero decir que es mentira, no ha habido ninguna sesión de esa comisión. Y lo dice el Senador Emilio Gamboa cuando dice: “tengo la facultad de reunirme con los grupos y de llegar a acuerdos”.

Sí señor, toda la facultad.

No es cierto que me haya venido a ver dos veces para eso. Me habló por teléfono para hablarme de la comisión ésta que se iba a constituir. Yo pensé y llegué muy temprano para ver si se reunía la Junta de Coordinación Política.

No se reunió. No se reunió.

Y podrá, Senador Larios Córdova, apoyar todo lo que quiera. Me imagino que la repartición de comisiones es bastante jugosa para que aplauda usted con ese entusiasmo, me parece muy bien la alegría.

Pero, con todo respeto, aquí se dice la verdad. No hubo esta sesión.

Respaldará usted lo que quiera. Pero la ley establece que la Junta tiene que tomar decisiones en sesión; no cada quien por su lado, en reuniones aquí y allá, en la que ni siquiera están enterados los propios miembros de éstos que aplauden, tampoco están enterados, ¿eh?, y yo lo sé.

Así es que no hubo sesión. No es legal ese Acuerdo.

¡Claro que no es legal!

El que se pongan de acuerdo aquí afuera en la trastienda o allá en el baño, donde sea, no justifica que no sesione la Junta para que legalmente se hagan los nombramientos.

Ese nombramiento es ilegal porque no sesionó la Junta.

Y por favor, vamos a ser serios. No digan mentiras.

Señor Presidente, insisto, que se mande este Acuerdo para que haya una sesión y ahí se apruebe.

La van a aprobar. Pues se pueden hacer con los aplausos que tienen, la alegría que los embarga en la repartición de comisiones, que ya también se hizo ilegalmente.

Muchas gracias, señor Presidente. Espero que se tome esa resolución.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Bartlett Díaz, muchas gracias.

Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente y miembros de la Mesa Directiva, integrantes de este Senado.

Quiero compartir con ustedes que de acuerdo a la interpretación de las normas que rigen precisamente los trabajos de la Junta de Coordinación Política, no se establece que necesariamente tiene que citarse previamente para la celebración de sesiones de trabajo para construir acuerdos. No lo establece la norma.

De tal suerte que es válido, completamente legítimo el Acuerdo que se está sometiendo a la votación de esta Soberanía.

Por otro lado, quisiera compartir con ustedes, para que no se nos olvide, todos debemos tener memoria. La firma es la extensión de la persona y cuando se firma un documento, en ello se plasma la voluntad de los grupos políticos que participan, por supuesto, en el Senado.

De tal suerte, señor Presidente, que no compartimos la opinión, que es muy respetable, que se ha mencionado, este documento al que se acaba de dar lectura tiene todos los vistos de legalidad, porque no contradice ningún tipo de normatividad.

Así, entonces, le solicitamos muy atentamente se someta a votación este Acuerdo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, me parece que se está dando ya la discusión sobre el Acuerdo que se nos está presentando, y voy a desahogar, si me permiten, tengo una lista de oradores con respecto a este asunto.

Senador Bartlett Díaz, si me permite lo anoto para que se pueda dar el debate.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) El Senador Zamora Jiménez se refirió a mí...

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Me parece, Senador BartlettDíaz, que nunca fue aludido personalmente. Y con todo gusto lo anotamos en la lista de oradores, si me permite, para desahogar también las inquietudes de otros compañeros que sobre este mismo asunto se quieren pronunciar.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En verdad me parece una sorpresa que un ex Secretario de Gobernación, que es Senador, se haya sorprendido.

La Junta de Coordinación Política como ya se ha dicho y en consonancia en esta misma discusión, es un órgano cuya naturaleza es la de adoptar acuerdos para que el Pleno de esta Cámara esté en condiciones de poder discutir y eventualmente sancionar ya sea de forma aprobatoria o rechazando algún acuerdo.

Fundamentalmente, el que un órgano colegiado alcance los acuerdos necesarios para que funcione el Senado, me parece de gran relevancia.

Y en efecto, así lo establece el propio Reglamento en el artículo 33, donde nos dice que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara. Por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsa en entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Como ya se ha dicho por la Secretaria, está en el Acuerdo plasmado, un Acuerdo mayoritario, valga la redundancia, que firman la mayor parte de los grupos parlamentarios, lo que hace ya una mayoría y válido el Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador José María Martínez.

¿Con qué objeto, Senador Bartlett Díaz?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para alusiones personales, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Es correcto, Senador Bartlett Díaz. Tiene usted el uso de la palabra, para alusiones personales.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Le quiero decir que si va a usted a tocar mi currículum, también fui Secretario de Educación, Gobernador del Estado de Puebla y Senador también, ¿eh?

Será muy fácil para usted, señor Presidente, que nos representa a todos. Y la ley dice: "...el Presidente de la Mesa representa a todos, no a un partido”. Yo sé que usted es un hombre imparcial.

Miren, de lo que han dicho los que han intervenido, se deduce con toda claridad y si quiere después analizamos los textos, de que no hubo reunión de la Junta de Coordinación Política, no hubo, ¿qué es lo que estoy yo diciendo?, no lo hubo, aquí el Senador Zamora Jiménez dice que...

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Bartlett Díaz, podría esperar usted su turno en el uso de la palabra para participar en este debate y me permite ordenarlo para que todos puedan expresar su opinión.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¿No quedamos en que tengo derecho para alusiones personales?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Me parece que ya había concluido su participación en términos de alusiones personales, y tomamos nota de su currículum, Senador Bartlett Díaz, y permítanos continuar.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Haría bien para el recordatorio del señor que me mencionó, ¿pero me va a volver a dar la palabra en este debate?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Por supuesto que sí, SenadorBartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene la palabra el Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Muchas gracias, muy amable.

El Partido Verde, señor Presidente, ha sido convocado a muchas reuniones que se han dado durante el transcurso de estos días, de manera bilateral, con casi todos los coordinadores; hemos estado en muchas reuniones de la Junta de Coordinación Política, donde hemos discutido, donde hemos podido expresar lo que pensamos respecto a las comisiones, hemos suscrito este Acuerdo, que es plenamente legal, los nueve Senadores del Partido Verde conocen el Acuerdo, están conscientes, están conformes y en ese sentido será nuestra votación, y ojalá que lo podamos someter al Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Escudero Morales. Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Insisto, señor Presidente, el Senador Pablo Escudero lo que acaba de decir es lo mismo que digo yo, no hubo sesión y están mintiendo quienes dicen que hubo sesión, y dice que se han reunido dos o uno solo, o tres, esa no es una sesión de la Junta de Coordinación Política.

Y lo que dice el Senador Zamora Jiménez me parece lo más ridículo, que la pluma es, que como dijo en un giro poético, la “extensión” de la personalidad. Le quiero decir que quemes firman documentos en falso también cometen una falla, no es que al firmar se tenga ya toda la voluntad y el derecho para hacerlo.

No hubo sesión, lo que han dicho el Senador Larios Córdova, el Senador Zamora Jiménez, ahora aquí el apoyo que reciben del Verde, señalan claramente, señor Presidente, que no hubo sesión.

Si quieren poner ahí intervenciones unilaterales aquí en el café, o en donde sea, se llegó al acuerdo de esas comisiones, y de las otras más que todavía vamos a ver, pónganlo, pero no digan mentiras. Señor Presidente, ordene usted que este Senado funcione bien, que se reúna la Junta de Coordinación Política, aunque saquen todos sus votos sin “alegría”, que aquí hemos visto en la repartición de las comisiones, que ese es el asunto, pero que se sesione, señor Presidente.

No permita usted, que es el representante de todos, y mío también, se simulen cosas que no existen, porque si así empezamos a los veintitantos días, cómo vamos a terminar. Por favor, insisto, señor Presidente, en uso de sus facultades de representar al Senado y la legalidad del mismo, regrese usted ese Acuerdo para que haya la sesión, aunque sea el mismo resultado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett. Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para disentir de lo señalado por el Senador Zamora Jiménez, porque aquí se puede sentar un precedente sumamente delicado. La Junta de Coordinación Política es un órgano de gobierno de esta Cámara de Senadores, y si bien sus decisiones se toman por voto ponderado, es un órgano que tiene que tomar decisiones de carácter colegiado, independientemente de su votación.

Por eso el propio Reglamento establece que sus reuniones serán de carácter privado, pero en todo caso para la validez de sus resoluciones tiene que haber consenso o votación, y eso tiene que acreditarse en los acuerdos que se nos presentan al Pleno.

Hay dos formas de subsanar este litigio, o se regresa a la Junta de Coordinación Política y se sesiona para la validez de este acuerdo, o se toma esto como la propuesta de los coordinadores para que el Pleno, que es la máxima autoridad del Senado, resuelva sobre esa composición.

Pero no es aceptable de ninguna manera la delegación del acuerdo por firma, lo cual sentaría un precedente sumamente negativo para el funcionamiento de esta Cámara de Senadores.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Senador Barbosa Huerta, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Hacer uso de la palabra, para hacer una moción, si me permite.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Adelante, Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) A ver, ajustémonos a lo que la norma establece. El artículo 45 del Reglamento dice: las reuniones de la Junta de Coordinación Política se realizarán en privado; esa es la expresión de la norma. La pregunta es, ¿todos los acuerdos de la Junta de Coordinación tienen que derivarse de una reunión? No lo dice la norma, puede ser parte de un documento en donde se exprese el voto ponderado de los coordinadores.

Yo quiero recoger la intención que plantea don Manuel, y la hago mía, sin aplausos, por cierto, y quiero decir que debiéramos establecer como práctica, no porque la norma lo prevea, que los acuerdos de la Junta deben de tomarse en reunión, y con eso también asumo el planteamiento de mi compañero Alejandro Encinas, aunque la norma establece claramente que las reuniones serán en privado, pero no establece que los acuerdos de la misma tengan que derivar necesariamente de reuniones.

Cuando pasa por el Pleno, que es lo que está haciéndose, se convalida el procedimiento legislativo, es lo que está haciéndose, pero que podamos establecer que todos los acuerdos de la Junta de Coordinación deriven de reuniones aunque la norma del Congreso no lo prevea de esta manera.

Gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Sonido en escaño del Senador Larios Córdova, por favor.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A ver, tres puntos. Primero. El acuerdo que ha sido presentado por la Junta de Coordinación Política para que sea sometido a este Pleno, lo único que consigna es el acuerdo, el acuerdo de constituir tres comisiones, quiénes las presiden y quiénes las integran y a qué grupos parlamentarios pertenece.

Segundo. Este es un órgano de Estado, tiene que regirse por la ley, es fácil venir aquí a debatir y aludir que es un acuerdo ilegal, lo importante es definir en qué fundamento legal se asume que es ilegal, me parece que si nosotros consideramos, como lo ha hecho el Senador Barbosa, que debe de modificarse la ley, presentamos una iniciativa para modificar la ley, esto es muy importante por que entonces estaríamos en otro defecto, en abrir sesiones permanentes de los órganos.

Al Senador Barbosa Huerta y a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, nos consta que el tema de la integración de comisiones se ha discutido en la Junta, o sea, sí se ha discutido este tema en la Junta, que los acuerdos se hayan construido en los diálogos entre los diversos grupos parlamentarios, así será siempre, eso es elemental.

Yo no conozco un fundamento legal que pueda alguien afirmar por el cual este Acuerdo pueda calificarse de ilegal, no existe tal, la Junta de Coordinación Política, según lo establece el artículo 33, tiene el propósito de fomentar la creación de acuerdos, aquí se han hecho acuerdos, están plasmados en ese documento, pero los consigna puntualmente y no consigna ningún otro si hubo reunión o en qué hora fue la reunión, desde luego que sí ha habido reuniones en las que ha estado el Senador Bartlett Díaz donde se ha discutido el tema de las comisiones.

Creo que no podemos sentar precedentes, porque entonces estaremos cayendo en otros vicios, que serían, me parece, mucho peor de declarar sesiones permanentes y así todo lo que suceda fue dentro de esa sesión permanente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Bartlett Díaz, ¿me permite seguir conduciendo esta discusión y este debate? Hay un orden de oradores que han pedido el uso de la palabra, me parece que no lo aludieron personalmente.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Me permite anotarlo en la lista de oradores, Senador Bartlett Díaz, y al Senador Barbosa Huerta. Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz, por favor.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, es usted un hombre imparcial.

Lo que está proponiendo es una total aberración, la Junta sesiona en grupo, es colectiva, es un órgano colectivo.

Eso de decir: “Que se pueden reunir, y luego afirmar que no se reunieron, pero sí se reunieron”, es una aberración, que nada más están tratando de sacar adelante este Acuerdo irregular.

Dice el señor Larios Córdova, lo menciono personalmente, para que podamos seguir platicando, Senador Larios, el Senador Larios dice:

“Que no hay ninguna mención en la ley de que declara ilegal si la Junta no se reúne”.

Señor Larios, ¡por favor!

Si dice: “Que la Junta se tiene que reunir”, no necesita decirse en ningún lado que es ilegal si no se reúne. ¡Por favor, hombre!

Miren, yo les recomendaría una cosa. Honestamente, para bien de este Senado del que queremos formar parte con dignidad todos, regresen ese acuerdo, nos reunimos ahorita, de todas maneras ya tienen los votos, ya vimos el quórum de aplaudidores, ya los tienen, pero cumplan con la ley.

Están reconociendo todos que no hubo reunión. ¡Por favor, señor Presidente!

Si quieren después analizamos las grabaciones de lo que han dicho aquí. Todos han reconocido que no hubo esa reunión, y dicen que sí hubo reunión.

Mande usted a que haya una reunión, nos salimos ahorita, mientras los aplaudidores nos esperan, pues están muy contentos con la distribución de las comisiones, todos, y hasta algunos por aquí cerca, entonces, nos vamos allá, regresamos y decimos: “Ya hubo reunión, ya se hizo esto” y, para las otras comisiones, que también tienen listas ya, que por favor haya reunión, de otra manera estamos en la total simulación en el Senado de la República, ni más ni menos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente; compañeros:

Para ordenar el debate, para no caer, además, en un falso debate, yo sugeriría un mecanismo muy sencillo.

No puedo coincidir con lo aquí dicho, porque en pleno siglo XXI, los acuerdos uno los puede construir a través de medios electrónicos, de videoconferencias, por e-mail, a través de muchas formas. Lo importante es que el contenido de los acuerdos sea suscrito por la voluntad de los coordinadores parlamentarios, que los toman, si lo hacen por e-mail, pero firman el acuerdo, y yo tengo en mis manos el Acuerdo.

En ningún momento se ha mentido, eso es falso.

El Acuerdo es muy claro. Señala un acuerdo de voluntades políticas, pero no expresa que son producto de una reunión en lo particular, expresa la voluntad política de los coordinadores parlamentarios, y está plasmado ahí.

Para ordenar el debate, mejor preguntaría, en lo específico, aludiendo particularmente al Senador Bartlett Díaz, el artículo de la ley que se supone, comenta se está violando; para que si existe una violación al respecto o si existe una falta de procedimiento, tampoco creo que sea objeto de un debate, porque hay un acuerdo político que puede ser convalidado por esta Asamblea.

No caigamos en un debate que no va a tener ningún sentido, primero, porque jurídicamente no se está violando ningún precepto.

La Junta de Coordinación Política, conforme al Reglamento en sus artículos 82, numeral 1, 85, 89 y 90, tiene todas las facultades de presentar los acuerdos políticos a la Mesa Directiva para que sean valorados por este Pleno.

Ahí está el Reglamento. Si hubiera una violación, saber cuál es ese artículo y ese inciso aludido, que el Pleno decida si lo hay, pero si no lo hay, pedirle a la Mesa Directiva que pasemos directamente a la convalidación de este Acuerdo por este Pleno, que también tiene facultades para valorar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fayad Meneses.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett. ¿Con qué objeto?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Es para continuar diciéndole, señor Presidente, que no necesita usted más pruebas de que no hubo reunión.

Y los acuerdos, lo dijo el Senador Encinas Rodríguez, con toda su sabiduría y seriedad, aquí tienen que sesionar. Ahora nos salen que por teléfono, como la Ley de Trabajo que quieren aprobar, ahora se cesan a los trabajadores por e-mail, pero vamos a ponerlo en la ley, compañero, porque vamos a suponer que la Junta de Coordinación va a poder sesionar por e-mail, y por teléfono y todo eso, eso es, están torturándose, por favor, es evidente que se violaron las condiciones de los acuerdos que debe establecer la Junta, por favor.

Señor Presidente, demuestre usted que está por encima de estos alegatos insensatos, que lo único que quieren sacar adelante, a como dé lugar, es un Acuerdo absolutamente ilegal, porque no sesionó la Junta de Coordinación Política del Senado, ni en esta ocasión, ni en la repartición, que toda la prensa ya señala, de las comisiones.

Por eso yo, cuando leo la prensa y veo los aplausos, pues quiere decir que les fue bien en la repartición, que no se ha hecho formal, porque no ha sesionado la Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gamboa Patrón, por favor.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Después de escuchar a todos los oradores, con enorme respeto, yo quisiera precisar que tengo atribuciones, como Presidente de la Junta de Coordinación Política, para agilizar los trabajos legislativos en la Cámara de los Senadores.

Fue puntual, le comenté a cada coordinador, repito: al coordinador del PAN, al coordinador del PRD, al coordinador del Verde Ecologista, al coordinador del PT, que habíamos llegado a un acuerdo para sacar adelante estas 3 comisiones del Senado de la República.

¡Que no les informen a sus grupos, no es mi responsabilidad!

El grupo parlamentario del PRI, el día de ayer en mi plenaria, fue informado de este Acuerdo político de la Junta de Coordinación Política para sacar estas 3 comisiones, que veíamos importantes en la vida institucional del Senado.

Yo le pediría, con mucho respeto, después de oír que hubo mentiras y que no nos juntamos. El documento no dice que nos juntamos, dice que hay un acuerdo político de los coordinadores, le pido someta a votación del Pleno si está lo suficientemente discutido o no.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Me parece que se han escuchado, con todo respeto, Senador Bartlett Díaz, los puntos de vista, con mucha objetividad e imparcialidad y con mucha transparencia, y me parece que ha sido suficientemente discutido este asunto.

Yo quiero expresar, que es opinión de esta Mesa Directiva, que los documentos que recibimos de la Junta de Coordinación Política reúnen el requisito del artículo 81, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a que las decisiones de la Junta las adopte por el voto ponderado de los coordinadores conforme al número de Senadores con que cuenta cada uno en esta Cámara, y me parece que el Acuerdo que se está sometiendo a consideración del todos, está estrictamente apegado a lo que el Reglamento establece.

Y me permito preguntar, si el contenido de este Acuerdo se considera suficientemente discutido y, de ser así, proceder a la votación del mismo.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto ha sido suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Por mayoría se aprueba, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que constituyen las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. Comuníquense.

En cumplimiento al punto quinto del Acuerdo del 11 de septiembre, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera, relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, el 1° de septiembre del año en curso, para su análisis y dictamen correspondiente.

Asimismo, se remite a dichas comisiones el informe que la Comisión Técnica encargada de analizar la iniciativa de referencia, que entregó a esta Mesa Directiva, el día de ayer.

Informo a la Asamblea que la Comisión Técnica entregó una fe de erratas a dicho informe, mismo que se anexa al turno que se acaba de dictar.

Se instruye a las Secretarías Generales del Senado, a que proporcionen el apoyo necesario para que las dos comisiones realicen sus actividades de instalación.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la conformación de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores anotados en la discusión de este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo por unanimidad, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se constituye la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Comuníquese.

Se instruye a las Secretarías Generales del Senado, a que proporcionen el apoyo necesario para que la comisión realice sus actividades de instalación.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados, a los gobernadores y a los partidos políticos, a impulsar las medidas que permitan un manejo responsable y transparente de la deuda pública.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El tema de la deuda contratada por los gobiernos estatales y municipales, no es un tema nuevo.

La deuda de los estados en 2006, era de 160 mil millones de pesos, y a junio de este año, ya ascendía a 404 mil millones de pesos.

Tanto calificadoras, como centros de pensamiento, organizaciones ciudadanas, universidades y, desde luego, legisladores federales en este congreso, hemos venido advirtiendo sobre la necesidad urgente de mejorar la legislación en materia de deuda pública, no sólo para prevenir un posible sobreendeudamiento, que por supuesto es muy importante, sino para también asegurar que los recursos obtenidos vía crédito de los gobiernos, sean realmente generadores de bienes públicos a la población y no vayan o a pago de burocracia indiscriminada o incluso al financiamiento de campañas políticas.

Hoy día los estados y municipios no están obligados por ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el año pasado, de los montos reales de ésta.

En la mayoría de los estados, sólo la deuda que es contratada por la administración pública centralizada requiere autorización previa del congreso local, y los pasivos a proveedores tampoco son considerados como deuda y por ende no son registrados.

Peor aún es la tremenda opacidad con la que los recursos obtenidos por este medio son utilizados. Simplemente no sabemos cómo se utilizan.

Emblemático es el ya mencionado, muchas veces, caso de Coahuila, que como ya sabemos, su deuda creció en forma desmedida y de manera ilegal. Pero no es el único caso, Nuevo León, Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, también han visto sus deudas públicas crecer de manera importante.

Pero el problema más allá del incremento de la deuda, es que no sabemos cómo está siendo utilizada. Por supuesto no se trata de satanizar este instrumento, sino de promover su uso responsable, transparente y con rendición de cuentas, para evitar un posible problema a futuro, incluso a las finanzas públicas nacionales.

La preocupación ha llegado al Congreso de la Unión, en donde se han presentado varias iniciativas de ley para facultar a este propio Congreso en materia de deuda pública local y poner límites y mejores reglas.

Estamos ahora por discutir la iniciativa preferente que envió el Presidente Calderón en materia de contabilidad gubernamental, que de aprobarse, ayudará significativamente a transparentar el uso de la deuda.

Pero la corrección y la prevención plena de este tema, está en manos de los congresos locales, es su competencia y es su responsabilidad dar una respuesta a esta problemática.

Los Diputados locales del PAN en los congresos de los estados, incluso de otras fuerzas, han presentado diversas reformas para la mejora de su normatividad en materia de deuda pública.

Esas iniciativas han sido presentadas en Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas; y en otros como Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Zacatecas están a punto de ser presentadas.

En total, 19 entidades, en las que como decimos en el argot parlamentario, éstas están simplemente congeladas. Lo que falta ahora es voluntad de las fuerzas políticas, especialmente de las que ostentan la mayoría en cada congreso local, para que sean aprobadas.

Por lo anteriormente expuesto, el Senador Luis Fernando Salazar y la de la voz, del grupo parlamentario del PAN, sometemos a esta Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a legislar en materia de deuda pública, considerando como tal, cualquier pasivo, sea financiero o no y sea contratado por cualquier entidad pública; mejorando las reglas para su contratación, estipulando específicamente en qué casos se puede emplear y definiendo los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas en su manejo.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores de los estados, a implementar de forma urgente, medidas de transparencia sobre la deuda pública de sus entidades, a manejar con mayor responsabilidad, incrementando sus niveles de recaudación propia, para disminuir la dependencia que tienen de la Federación y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración, para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y de la economía de México.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los partidos políticos con registro nacional y local, a impulsar con sus grupos parlamentarios locales la presentación o en su caso dictaminación de las reformas legislativas ya presentadas, que buscan regular adecuadamente la deuda pública en las entidades federativas.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, A LOS GOBERNADORES Y A LOS PARTIDOS POLITICOS A IMPULSAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN UN MANEJO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LA DEUDA PUBLICA LOCAL

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1 Fracción II, 103 numeral 2 Fracción III, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, en relación a exhortar a las legislaturas de los estados, a los gobernadores de las entidades federativas y a los partidos políticos a impulsar medidas legislativas y administrativas que regulen un manejo responsable y transparente de la deuda pública local, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La deuda pública es un instrumento financiero de naturaleza pasiva para el ente público emisor que busca en los diferentes mercados captar fondos bajo la promesa de futuro pago y renta fijada por una tasa en tiempos determinados.

En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública “Es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto a otro gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones internacionales (públicas o privadas)”.[1]

Al ser la deuda pública una de las herramientas financieras de uso más frecuente por los gobiernos estatales y municipales para obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y los recursos aportados por la federación, ésta tiene un alto valor y utilidad, siempre que sea bien empleada. No obstante se ha generado una rápida evolución en los mercados financieros ocasionando que dentro del financiamiento público subnacional, se esté propiciando una fuerte desregulación, dejándolo sujeto sólo a mecanismos de mercado tales como el uso de agencias calificadoras de riesgo privadas, causando amenazas latentes a las finanzas locales y nacionales.

Debemos señalar que antes de 1980, el acceso al crédito de estados y municipios fue relativamente restringido. Posteriormente, mediante la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, las operaciones de endeudamiento de entidades federativas y municipios pasaban por mecanismos que posibilitaban un cierto control por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pese a ello, en la crisis de 1995 se dieron casos críticos de sobreendeudamiento que obligaron al rescate financiero de entidades federativas por parte del gobierno federal, lo que encrudeció de cierta forma la crisis nacional que se vivía.

Las participaciones en ingresos federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal han resultado ser una garantía o fuente de repago segura y líquida para los acreedores, y en esa medida ha acrecentado la oferta de crédito. Pero el hecho de que la garantía con participaciones federales reduzca a un mínimo el riesgo para el acreedor, nada dice de los efectos ruinosos que puede tener para el estado el verse privado de una parte sustancial de sus ingresos y no tener recursos con qué pagar su gasto corriente.

A lo anterior se aúna, que cada entidad federativa tiene facultades para establecer el marco normativo del Ramo 33, así como métodos de fiscalización propios. Esto implica un problema de discrecionalidad que debe resolverse.

Basta con verificar los datos sobre deuda subnacional reportada por las Instituciones Financieras en 2011, que señalan que la deuda de las entidades federativas como porcentaje de las participaciones es del 74%, y la deuda total de las Entidades Federativas como porcentaje de los ingresos propios es de 269%.[2]

Sin embargo, el federalismo fiscal responde a la premisa fundamental de que son precisamente los gobiernos locales quienes mejor están equipados para responder a las necesidades locales. Por lo anterior, durante las últimas décadas, en países con sistemas federales, se ha observado una notoria tendencia hacia la descentralización fiscal, ello implicando mayores responsabilidades recaudatorias, de gasto y de endeudamiento para las entidades federativas, los cuales por desgracia no se han dado de manera armónica en muchos de los estados de nuestra federación, donde se ha incurrido en indisciplina, irresponsabilidad e incluso ilegalidad, ante estas nuevas atribuciones. Es decir, el problema no es el federalismo fiscal o las atribuciones de los estados en la materia, sino una mala regulación legal y la irresponsabilidad, corrupción o ineptitud de las administraciones públicas locales.

En la presente década se han asignado más recursos por Participaciones Federales a estados y municipios. Se registró un crecimiento real cercano al 90% respecto a la década pasada. Tan solo en 10 años se han destinado 44.5% más recursos que en los últimos 40, dado el firme compromiso de los gobiernos panistas con el federalismo en México.

En el documento “Tragedias griegas y riesgos mexicanos” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se hace el siguiente ejercicio “Suponga el extremo de que las 32 entidades federativas se separan y dejan de constituirse en los Estados Unidos Mexicanos. En otras palabras, se formarían 32 países distintos con sus propias legislaciones y sistemas judiciales. Alternativamente puede pensarse en el rompimiento del Sistema de Coordinación Fiscal, mediante el cual los estados recuperan la facultad administrativa de recaudar todos los impuestos (ISR, IVA, etc). Bajo cualquiera de estos dos escenarios, algunos de ellos mejorarían su nivel de ingreso vis a vis al que ahora tienen; en contraste, otros se verían fuertemente perjudicados con este nuevo esquema ya que no serían viables financieramente al ver reducidos sus flujos de entrada”.[3]

Tan solo por ejemplificar, en 2009 la recaudación del predial en México fue del 0.2% del PIB, de las más bajas del mundo, donde países como Reino Unido recauda por el mismo concepto el 4.6%. Esto se deriva, de que varios estados como Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala o Zacatecas tienen el 3% de ingresos propios sobre el total de sus ingresos, es decir recaudan muy poco. En contraste Chihuahua tiene el más alto porcentaje al respecto, con 17%. El Distrito Federal tiene el 40% sin embargo tiene cualidades particulares que no permiten se compare con el resto de las entidades federativas.[4]

Por otro lado, el Informe Sobre Desarrollo Humano 2011, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el mayor déficit de información presupuestal se observa entre las autoridades locales. Mientras en el ámbito federal se creó en 2007 el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del gasto público a fin de consolidar un sistema de información para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, en los estados persisten retrasos notorios. En 2007 a 2009, sólo 10 entidades federativas cumplieron las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal sobre reconocimiento y calendario del FAIS y FAFM.

Standard & Poor’s en un informe de agosto de 2011, señaló que el nivel de deuda de algunas entidades han comenzado a limitar sus calificaciones. La calidad crediticia de los estados y municipios en México se ha deteriorado del 2008 a 2011, en parte por el uso de financiamiento excesivo de corto plazo sumado a débiles desempeños presupuestales pueden continuar impactando la calidad crediticia de algunas entidades en 2012, por ejemplo cita la Calificadora, Coahuila y Tlaxcala bajaron de calificación en tanto que la perspectiva más negativa en 2011 fue para Coahuila. En su informe concluyen que la transparencia todavía es un problema en la mayoría de los Gobiernos Locales y Regionales de México, y señalan que ser transparente no significa necesariamente que los estados y municipios sean solventes o financieramente sólidos, pero es importante evaluar las políticas financieras y la cultura de crédito para poder avanzar en el tema.

En el mismo tenor, el Centro de Investigación y Docencia económica (CIDE), al igual que el IMCO, aseguran que el mayor problema de la deuda estatal es la falta de transparencia, pues de ello devienen muchas de las otras problemáticas que se enfrentan en la materia.

Pero además, de acuerdo con el estudio “El Municipio: ¿la institución de la opacidad?” del propio IMCO, si la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los municipios resulta mucho más grave. De los 373 municipios más grandes del país generan el 80% del PIB nacional, 97 publicaron su presupuesto de egresos para 2009 en internet. (De estos, 11 indican el número de plazas de la administración y 13 se presenta un tabulador de sueldos)

Además de la transparencia, algunos aspectos que deben preocupar dada la creciente adquisición de deuda en los estados y municipios, son:

1. El vinculo real entre deuda e inversión productiva en los estados;

2. El costo económico de la deuda para las generaciones futuras;

3. La calidad en el ejercicio que se hace de los recursos públicos que se obtienen mediante deuda en los estados y municipios;

4. La capacidad de cumplimento del pago de la deuda (riesgo crediticio);

5. Que la federación tenga que rescatar a las entidades sobre endeudadas.

En México, la problemática de la deuda local, llegó a la opinión pública, derivado de las ilegalidades cometidas en el estado de Coahuila, donde mediante documentación apócrifa, sin autorización de la legislatura estatal y ocultando información, incrementaron su deuda que en 2004 era de 405 millones de pesos, a que en 2010, alcanzara la cifra de 8 mil 339 millones o lo que es lo mismo tuvo un crecimiento del mil 959 por ciento en un periodo de cinco años.

No obstante, el crecimiento desmedido de la deuda, no sólo se dio en esa entidad, estados como Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz también reportan fuertes crecimientos de sus pasivos públicos.

Actualmente el monto de la deuda subnacional representa el 14.7% de la deuda externa total del país que, de acuerdo con el último reporte de Banxico sobre las finanzas nacionales, es de 2.7 billones de pesos. Respecto del presupuesto de egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos, la deuda de las entidades federativas equivale a 11 por ciento. El crecimiento de la deuda local, ha sido de un 199 por ciento en los últimos 4 años.

Por ello, si bien es cierto que el Congreso de la Unión mediante Puntos de Acuerdo e iniciativas de ley, manifestó su preocupación por esta situación, la realidad es que si queremos que el federalismo funcione, las entidades federativas no pueden esperar solo beneficios, si no se comprometen y se obligan por ley, a mantener un correcto manejo de sus finanzas y de la administración pública en las que son competentes.

Discurrimos que la solución, no está en la minusvalía del federalismo, donde el gobierno federal absorba la deuda de los estados, (que en consecuencia también debería facultara la federación para regular y fiscalizar las finanzas locales).

Nosotros consideramos que la solución debe ser desde lo local, las entidades federativas deberán obligarse en medida de sus competencias, a legislar para controlar mediante candados la deuda pública que se contrae, las modalidades en que se utilizarán dichos recursos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas absolutas.

Al mismo tiempo, las administraciones públicas locales, deben comprometerse con la legalidad y responsabilidad en el manejo de sus finanzas y a generar urgentemente medidas de transparencia que permitan conocer el estado real de su deuda, para así estar en posibilidad de determinar las estrategias a implementase.

No se trata desde luego, de dejar a las entidades federativas solas, entendemos que un problema de esta magnitud debe enfrentarse por todos y cada quien desde su competencia. Se trata de que los paliativos ante una probable crisis derivada de la deuda subnacional, no queden en medidas momentáneas, que no coadyuven a la resolución del problema de fondo. La solución federalista debe salir desde los congresos locales, desde las gubernaturas y no de mecanismos centralistas con matices paternalistas. Resultan absurdas las contrarreformas constitucionales que nos llevan de un sistema federalista a un sistema centralistas y viceversa.

Creemos que aun pueden los estados legislar y resolver sus problemas de deuda, sin necesidad de que el Congreso de la Unión reforma la Constitución federal para quitarles o compartir facultades, en detrimento del federalismo, o bien intervenga el Gobierno Federal en un “rescate” que no implica una solución de fondo y solo contribuye a solapar la irresponsabilidad de algunos funcionarios.

Derivado de esta posición, el Partido Acción Nacional, mediante sus Grupos Parlamentarios locales ha impulsado medidas legislativas desde las legislaturas estatales que promueven: Delimitar el alcance del concepto de “inversiones públicas productivas”; reestructura y refinanciamiento, evitando se emplee en gasto corriente y la necesidad de establecer que toda operación de deuda pública requiere la aprobación de la mayoría calificada de las legislaturas estatales; Se plantea establecer el contenido mínimo de lo que se entenderá por deuda pública (cualquier operación constitutiva de un pasivo directo, indirecto, o contingente, que se derive de un crédito, financiamiento, empréstito o préstamo, independientemente de su denominación, que sea asumida por estados y municipios, inclusive sus respectivas entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal); Con objeto de transparentar el uso de recursos públicos, se considera necesario que los estados tengan la obligación de constituir un registro público con criterios homologados y comunes con base en estándares internacionales vigentes, y en el cual se registren todas las operaciones de deuda pública a cargo de estados, así como precisar que el gobierno del estado, no podrá contraer e inscribir deuda durante el último año de su gestión, salvo casos de emergencia; Y finalmente se proponen informes trimestrales al Congreso sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de la deuda pública, difusión por internet y medios de comunicación local.

Esta iniciativa ha sido presentada por Diputados Locales del PAN en Baja California, Campeche, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Otros estados ya trabajan en iniciativas diversas del mismo tema como Chihuahua, Guanajuato, Yucatán y Zacatecas; en total 17 entidades federativas hasta hoy en donde como se ha dicho, han planteado reformas para solucionar el mal manejo de la deuda que se ha visto en algunos estados.

Lo que falta ahora es voluntad política de las fuerzas políticas, especialmente de las que ostentan la mayoría en cada Congreso local para que sean aprobadas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados a legislar en materia de deuda pública, considerando como tal, cualquier pasivo, sea financiero o no y sea contratado por cualquier entidad pública; mejorando las reglas para su contratación, estipulando específicamente en qué casos se puede emplear y definiendo los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas en su manejo.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobernadores de los estados, a implementar de forma urgente, medidas de transparencia sobre la deuda pública de sus entidades; a manejar con mayor responsabilidad, incrementando sus niveles de recaudación propia, para disminuir la dependencia que tienen de la Federación y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración, para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y de la economía de México.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Partidos Políticos con registro nacional y local, a impulsar con su Grupos Parlamentarios locales la presentación o en su caso dictaminación de las reformas legislativas ya presentadas, que buscan regular adecuadamente la deuda pública en las entidades federativas.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Gracias, Senadora Rojas Hernández. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la tribuna al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con el permiso del señor Presidente de la Mesa, dejando saludo y respeto a las Senadoras y a los Senadores.

Aprovecho la oportunidad de este tema tan sensible, tan importante, para de nueva cuenta fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional en el tema de la deuda pública en los distintos niveles de gobierno.

Nuestra posición ha sido clara, de profunda responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Nuestra posición con la transparencia y con el destino de los recursos administrados por los gobiernos estatales, municipales, pero también el federal, tiene que fincarse en respeto a los principios de transparencia.

Así asumimos y recibimos la iniciativa preferente del Presidente de la República en materia de contabilidad gubernamental. Así ha participado el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de esta tribuna en iniciativas vinculadas con el acceso a la información, y así se ha dejado en claro a lo largo de nuestro recurrir en temas vinculados también con el combate fundamental y preciso contra la corrupción.

Sabemos que la opacidad en los recursos públicos deben de desterrarse, y sabemos también que el instrumento de política económica relacionado con las deudas y empréstitos tiene que ver también en gran medida a las grandes presiones que se padecen en las entidades y en los municipios.

La pobreza se padece localmente, los graves problemas vinculados con las contingencias ambientales y climáticas se padecen allá en las provincias, la grave demanda por infraestructura productiva y social tiene que ver, de igual forma, con la posibilidad de obtener, allá en provincia, esos recursos.

Por eso para el Partido Revolucionario Institucional este tema es de gran importancia. Sí a esos instrumentos, pero también que puedan estar sujetos a criterios de transparencia, que puedan estar sujetos a actividades y a decisiones de responsabilidad que equilibren las finanzas públicas, y también reconocer que no es un tema que se pueda vincular a un solo orden de gobierno o a un solo partido político.

Hemos notado aquí que ha habido iniciativas, por lo que escuchamos, de Diputados en los Congresos estatales de un partido para tratar de generar estos arreglos institucionales. También es cierto que esos mismos Diputados en muchos congresos de los estados han acompañado con su voto favorable la contratación de empréstitos y la utilización de financiamientos financieros, como el de la bursatilización.

Sí ha habido aumento en algunas entidades en materia de deuda, pero también, compañeros Senadores, ha habido aumento en la deuda pública del orden federal. Y sería particularmente irresponsable venir a cargar con connotaciones negativas a unos y tratar de favorecer a otros.

Ciertamente nos sumamos a esta proposición de punto de Acuerdo, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, con la responsabilidad en el uso de las finanzas públicas, pero de la misma manera, y con especial interés, queremos aprovechar esta tribuna para replantear, para repensar la dimensión económica de nuestro sistema federal.

Por su atención, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente. Gracias. Integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, el tema que vino a exponer ante el Pleno nuestra compañera Senadora Laura Angélica Rojas, es un tema muy importante. Hay un caos, porque pareciera que autoridades municipales, estatales, federales, creen que se les dio un cheque en blanco y que pueden hacer y deshacer a su gusto asumiendo su función.

Sí, sí estamos de acuerdo en el sentido que propone aquí la Senadora Rojas Hernández, respecto a que si queremos que el federalismo funcione, las entidades federativas no pueden esperar sólo beneficios sin comprometerse y obligarse por ley a mantener un manejo correcto de las finanzas, así como de la administración pública en que son competentes.

Por supuesto que antes de pensar en la solución a esta problemática, de pensar que esta problemática debe encontrar solución o una viabilidad primaria en una acción de gobierno federal absorbiendo la deuda de los estados, habría que pensar mucho antes en otros aspectos, como el mismo deslinde de responsabilidades.

Y es que la discusión si bien exige una franca y clara postura por parte de los gobiernos locales, donde el compromiso a manejarse con responsabilidad en la conducción de su deuda sea patentizado a través de medidas diseñadas para ese efecto, legislando para contraer la capacidad de deuda desde sus congresos, la verdadera solución a la ruta del endeudamiento estatal y municipal no puede ser entendida sin la urgente necesidad de que también a nivel federal se instauren candados y mecanismos de transparencia.

Es decir, compañeras y compañeros Senadores, no nos engañemos. De ninguna manera significa un agravio al federalismo, y mucho menos un ataque a la autonomía de los estados, el que se revise cómo podemos poner candados a estos endeudamientos. Es más, esto que es ya un problema nacional, y así debe ser atacado, obliga a este Pleno a asumir también parte de la responsabilidad en la toma de decisiones.

Porque de no optar por una solución que incluya no solamente al ámbito local, sino también federal, corremos el riesgo de que por manejos irresponsables de las deudas locales tengamos que sacrificar el desarrollo regional con acciones urgentes de rescate.

No coincidimos, lo debo decir con respeto, con que la solución debe venir únicamente desde el ámbito de los estados, porque ellos han ocasionado el problema. Claro que las entidades federativas tienen que obligarse, en la medida de sus competencias, a legislar para controlar mediante candados la deuda pública que se contrae más, lo subrayo, hay que reconocer que la existencia de contrapesos federales resulta indispensable, y repito, esta solución de ninguna manera significa un retroceso en materia de federalismo, al contrario, lo fortalece.

Estamos de acuerdo entonces con la aprobación de este punto de Acuerdo, por supuesto, sin embargo, sentimos que estos exhortos deben venir forzosamente aparejados de acciones concretas, de iniciativas que busquen modificar los actuales esquemas de endeudamiento.

Un ejemplo de lo anterior, sería la iniciativa que un servidor en nombre del grupo parlamentario del PRD, puso a consideración de esta Soberanía el pasado 11 de septiembre, la iniciativa que en este momento presentamos propone reformar el artículo 2 y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer candados a los endeudamientos.

Con dichas adecuaciones se estaría logrando, por ejemplo, incrementar el fondo general de participaciones del 20 al 22 por ciento de la recaudación federal participable, y de esta manera se estarían inyectando mayores recursos a los estados y debería bajarse la necesidad de los endeudamientos.

También propusimos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa pueda generar, se garanticen con recursos y que se deban garantizar con recursos del fondo general de participaciones, y que nunca sea superior al 50 por ciento de lo que haya recibido por el fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De esta manera también se disminuye el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de un estado.

Y también propusimos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos propios no deba ser superior al 75 por ciento de lo recaudable en dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De esta forma, la propuesta que hemos presentado busca disminuir el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y al igual que el punto anterior busca disminuir el riesgo de comprometer la viabilidad de las entidades.

Pero también propusimos establecer el candado de que sólo se permita que una entidad federativa contrate empréstitos con la banca comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda cuando la banca de desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito.

Estos y otros puntos más seguramente se estarán discutiendo muy pronto en las comisiones, pero sí lo señalamos, la solución de fondo pasa precisamente por el establecimiento de una serie de reformas desde el ámbito federal, que regulen de forma adecuada lo que hoy está suelto, y de no actuar a la brevedad, existe la posibilidad de vernos inmersos en serios predicamentos de viabilidad financiera en las entidades.

Deslindes de responsabilidad, poner los candados para que no vuelvan a endeudarse nuestras entidades, y sí pensar que hay muchos municipios y entidades que seguramente requerirían de un apoyo adicional de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y promover ante diversos gobiernos y los países productores de maíz que garanticen que la producción de este grano priorice el abasto alimentario humano.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores:

El que suscribe, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, y del grupo parlamentario del PRD, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, para exhortar al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y en uso de sus facultades constitucionales a promover ante los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y de los países productores de maíz, que garanticen que la producción de este grano priorice el abasto alimentario humano, de conformidad con los siguientes considerandos:

Los datos revelados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha puesto de relieve la problemática latente en países productores de maíz como Estados Unidos de Norteamérica, el cual podría reducir drásticamente sus exportaciones, lo que constituiría un efecto severo para un país como el nuestro que no cuenta con una autosuficiencia productiva, ni con una reserva estratégica de granos, especialmente de maíz, trigo y soya.

Este sexenio que está por concluir, habrá de ser recordado por las recurrentes crisis que generaron aumentos irracionales en el precio del maíz, el huevo y los energéticos, así como la pauperización del campo, y esperamos que no terminen los días que le quedan dándole más sufrimientos a los más pobres de México, otro tortillazo no lo soportaría el pueblo.

Esta crisis amplió significativamente la brecha de pobreza y ha generado que millones de mexicanos estén en extrema pobreza, marginación económica y alimentaria, 52 millones de habitantes entraron en este estatus, por eso el sexenio calderonista es considerado como un Estado fallido.

Es sabido por todos que los resultados más relevantes, y que nos muestran el deterioro de la economía familiar, en los años del ciudadano Felipe Calderón son:

1.- Se presenta durante el sexenio un estancamiento del Producto Interno Bruto agropecuario, el cual crece un poco arriba del 2 por ciento en promedio, dato muy por debajo del crecimiento de sus antecesores.

2.- El empleo en el medio rural prácticamente ha desaparecido y se crearon pocas opciones para las familias rurales en cuanto a este indicador se refiere. La pobreza en todas sus expresiones ha ido en aumento.

3.- El déficit comercial sigue siendo una de las causas del estancamiento del crecimiento del medio rural, en tanto que las importaciones siguen siendo muy superiores a las exportaciones.

4.- La dependencia alimentaria ha crecido en el sexenio en tanto que se requiere cada vez más comprar en el exterior los alimentos necesarios. El presupuesto rural productivo no ha superado los valores desde el nacimiento del modelo neoliberal.

5.- En cuanto a la distribución del presupuesto rural, éste aparece concentrado por regiones y por tipo de productores, son las áreas del norte y noroeste del país las que concentran el recurso del presupuesto rural, dejando prácticamente casi fuera a las áreas del sur y sureste del país.

La política expansiva de generación de biocombustibles norteamericana, brasileña y china, aunado a los pronósticos de disminución en la producción de maíz por los problemas de sequía, y la alta cuota de producción de etanol a partir de este grano, pone en grave riesgo la subsistencia de millones de seres humanos, a quienes los Estados-nación deben garantizarles el derecho a subsistir, la humanidad implica que las sociedades son y deben ser solidarias entre sí, no podemos tolerar como homo sapiens, que una vida valga menos que un galón de mezcla de combustible.

José Graciano da Silva, Director General de la FAO, en un artículo de opinión publicado en el periódico británico Financial Times, refirió que Estados Unidos de Norteamérica debe dar una suspensión temporal inmediata del mandato de producción de etanol, daría un respiro al mercado y permitiría que una mayor parte de la cosecha se destinara a usos alimentarios, de otra forma, la escasez y los precios altos afectarían de manera directa a las personas más pobres del mundo.

Es por ello que el Senado de la República debe exhortar al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en el ámbito de sus responsabilidades de conducción de la política exterior, como se lo mandata el artículo 89 fracción X de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a cooperar con la FAO y promover en la cooperación internacional para el desarrollo, las acciones, acuerdos, exhortos o los medios que estén a su alcance, para que países como Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y productores de maíz, garanticen que esa producción debe ser prioritariamente satisfactor de alimentación humana.

Por todo lo anterior, en calidad de Senador del grupo parlamentario del PRD, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para que se garantice que la producción de maíz sea prioritariamente para el suministro alimentario a partir de su abasto suficiente y su disponibilidad a precios accesibles para el pueblo mexicano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en términos de sus atribuciones constitucionales en la dirección de la política exterior a generar, en la cooperación internacional para el desarrollo de las acciones, los acuerdos, exhortos o por los medios que estén a su alcance, para que países como Estados Unidos, Brasil, China y los productores de maíz, garanticen que la producción de este grano debe ser prioritariamente para satisfacer las necesidades alimentarias humanas.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CIUDADANO FELIPE CALDERON HINOJOSA A COOPERAR CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA Y PROMOVER ANTE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, BRASIL, CHINA Y LOS PAISES PRODUCTORES DE MAIZ QUE GARANTICEN QUE LA PRODUCCION DE ESTE GRANO PRIORICE EL ABASTO ALIMENTARIO HUMANO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR AL CIUDADANO FELIPE CALDERON HINOJOSA A COOPERAR CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA (FAO), Y EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES A PROMOVER ANTE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, BRASIL, CHINA Y DE LOS PAISES PRODUCTORES DE MAIZ, QUE GARANTICEN QUE LA PRODUCCION DE ESTE GRANO PRIORICE EL ABASTO ALIMENTARIO HUMANO, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los datos revelados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, (FAO por sus siglas en inglés), ha puesto de relieve la problemática latente en países productores de maíz como Estados Unidos de Norteamérica, el cual podría reducir drásticamente sus exportaciones, lo que constituiría un efecto severo para un país como el nuestro que no cuenta con una autosuficiencia productiva, ni con una reserva estratégica de granos, especialmente de maíz, trigo y soya.

Este sexenio que está por concluir, habrá de ser recordado por las recurrentes crisis que generaron aumentos irracionales en el precio del maíz, el huevo y los energéticos, así como la pauperización del campo, y esperamos que no termine en los días que le quedan, dándole más sufrimientos a los más pobres de México; otro tortillazo no lo soportaría el pueblo.

Esta crisis amplio significativamente la brecha de pobreza y ha generado que millones de mexicanos estén en extrema pobreza, marginación económica y alimentaria, 52 millones de habitantes entraron en este status por eso el sexenio calderonista es considerado como un Estado fallido.

Es sabido por todos que los resultados más relevantes, y que nos muestran el deterioro de la economía familiar, en los años del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa son:

1. Se presenta durante el sexenio un estancamiento del Producto Interno Bruto agropecuario, el cual crece un poco arriba del 2% en promedio, dato muy por debajo del crecimiento de sus antecesores.

2. El empleo en el medio rural prácticamente ha desaparecido y se crearon pocas opciones para las familias rurales en cuanto a este indicador se refiere. La pobreza en todas sus expresiones ha ido en aumento.

3. El déficit comercial sigue siendo una de las causas del estancamiento del crecimiento del medio rural, en tanto que las importaciones siguen siendo muy superiores a las exportaciones.

4. La dependencia alimentaria ha crecido en el sexenio en tanto que se requiere cada vez más comprar en el exterior los alimentos necesarios. El presupuesto rural productivo no ha superado los valores desde el nacimiento del modelo neoliberal.

5. En cuanto a la distribución del presupuesto rural este aparece concentrado por regiones y por tipo de productores, son las áreas del norte, noroeste del país las que concentran los recursos del presupuesto rural, dejando prácticamente casi fuera a las áreas del sur, y sureste del país.

6. Son los productores que están en la exportación que no representan más del 0.08 % del totalde las unidades de producción los que concentran la mayor parte de los recursos.

7. El país y el medio rural han tenido algunas oportunidades con el incremento de los precios de algunos granos en los mercados internacionales pero que los gobiernos neoliberales no lo han sabido capitalizar.

La política expansiva de generación de biocombustibles norteamericana, brasileña y china, aunada a los pronósticos de disminución en la producción de maíz por problemas de sequía, y la alta cuota de producción de etanol a partir de este grano, pone en grave riesgo la subsistencia de millones de seres humanos, a quienes los Estados-nación deben garantizarles el derecho a subsistir; la humanidad implica que las sociedades son y deben ser solidarias entre sí, no podemos tolerar como homo sapiens, que una vida valga menos que un galón de mezcla de combustible.

Históricamente el maíz representa para nuestra tierra más que un ingrediente en la dieta, ya que convirtió a los grupos nómadas en sedentarios y pasó a ser el alimento indispensable para nuestro pueblo hasta nuestros días, habiendo surgido en las tierras mesoamericanas, hoy en día, somos una nación altamente dependiente de las importaciones de maíz, por esa causa, es indispensable reactivar las diversas políticas públicas, para su producción y generar la autosuficiencia que tanto necesitamos.

José Graziano da Silva, Director General de la FAO, en un artículo de opinión publicado en el periódico británico Financial Times, refirió que Estados Unidos de Norteamérica debe dar “… una suspensión temporal inmediata del mandato (de producción de Etanol) daría un respiro al mercado y permitiría que una mayor parte de la cosecha se destinara a usos alimentarios” de otra forma la escasez, y los precios altos afectarán de manera directa a las personas más pobres del todo el mundo.

Es por ello que el Senado de la República, debe exhortar al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en el ámbito de sus responsabilidades de conducción de la política exterior, como se lo mandata el artículo 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cooperar con la FAO, y promover en la cooperación internacional para el desarrollo, las acciones, acuerdos, exhortos o los medios que estén a su alcance para que países como Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y productores de maíz, garanticen que esa producción debe ser prioritariamente satisfactor de alimentación humana.

No hay que esperar que el problema sea irremediable, el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa debe tomar todas las prevenciones para que México esté preparado para cualquier eventualidad ante la sequía, o cualquier otro tipo de desastre natural, sin que constituya un obstáculo para que actué con prontitud, eficacia y analice el tema desde una perspectiva más amplia, involucrando a otros factores como son la política alimentaria en su conjunto y las amenazas reales contra el principal alimento de los mexicanos.

Por todo lo anterior, en calidad de Senador del grupo parlamentario del PRD, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERA.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), para que se garantice que la producción de maíz sea prioritariamente para el suministro alimentario, a partir de su abasto suficiente y su disponibilidad a precios accesibles para el pueblo mexicano.

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en términos de sus atribuciones constitucionales en la dirección de la política exterior a generar en la cooperación internacional para el desarrollo de las acciones, acuerdos, exhortos o los medios que estén a su alcance para que países como Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y los productores de maíz, garanticen que la producción de este grano debe ser prioritariamente para satisfacer las necesidades alimentarias humanas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador DemédicisHidalgo. Como fue solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar en contra del mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Me parece que esa palabra que acaba de comentar nuestro compañero Senador del PRD, "aumentos irracionales en el precio del maíz", compañero Senador, el aumento del maíz no lo fija el gobierno mexicano, se fija en la oferta y en la demanda del maíz en todo el mundo. Dice, “aumento irracional del huevo”

Si conocida la problemática real del huevo, sabrá que tenemos un problema de influenza en el estado de Jalisco. Es un problema de inocuidad que será solventado bajo el sacrificio y las vacunas de estas aves. Y para noviembre estará estabilizado el precio del huevo.

No bajará a los13 pesos que estaba, se mantendrá entre 17 y 20, porque el maíz, efectivamente por la lluvia escasa en Estados Unidos, hay baja producción.

Acaba de decir usted en tortillas. Quiero decirle que en el 2007 este gobierno del Presidente Felipe Calderón tuvo la capacidad para estabilizar el precio de la tortilla, y que no se ha movido en estos últimos seis años al grado que sigue manteniendo su precio de 11 pesos.

También quiero recordarle que el Presidente Calderón y su gobierno es quien más presupuesto le ha apostado en toda su historia para el campo mexicano.

Pero también quiero decirle que su partido, el Partido de la Revolución Democrática, en presupuesto especial concurrente, que es el dedicado al sector agropecuario del campo, lo ha votado a favor en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011 y en el 2012; y ha pasado de 173 mil millones de pesos a arriba de los 220 mil millones de pesos.

Y también quiero decirle que en Brasil y en Estados Unidos el etanol se hace del maíz amarillo.

Quiero recordarle que el alimento, como usted bien lo decía, histórico y parte de la nutrición de los mexicanos, es la tortilla. Y la tortilla, compañero Senador, no se hace de maíz amarillo, se hace de maíz blanco, y el maíz blanco es autosuficiente en nuestro país, está garantizado.

Quiero decirle que estoy de acuerdo con usted que somos altos importadores de maíz. Y aquí tendremos seis años para ayudar a generar políticas públicas para que seamos capaces que en el maíz amarillo, en el trigo y en la soja, empecemos a generar autosuficiencia, cosa que le respaldo y estoy totalmente de acuerdo con usted.

Así que también quiero decirle que las recomendaciones de la FAO, el Presidente Calderón siempre las ha apoyado. Y tanto, que ahí está el presupuesto que ha mandado cada año desde que entró el gobierno hasta este último recurso del 2012.

Y para finalizar, el Estado fallido, quiero decirle que para que sea Estado fallido deben de cooperar los congresos de los cuales su bancada ha estado los últimos seis años presentes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Domínguez Servién.

¿Con qué objeto?, Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para alusiones.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la palabra, Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Si. Quisiera sensibilizar al Senado del espíritu del punto de Acuerdo.

Pudiera, quien me acaba de anteceder en la palabra, no estar de acuerdo con los planteamientos que se hace de la revisión de la política económica de Calderón.

Sin embargo, le digo sencillamente que un Estado mide su eficiencia a partir de los satisfactores que puede generar para el pueblo. Y hay una realidad concreta, no sé en qué país viva usted, pero cuando menos el país que yo conozco, la mayoría, más de 52.7 millones de mexicanos están en el fondo del sufrimiento humano, en pobreza alimentaria, en pobreza extrema, en pobreza patrimonial. Es una realidad que nadie puede refutar.

Pero el asunto aquí, el espíritu, y sí quiero que pongamos atención en eso, compañeros Senadores, Estados Unidos acaba de tener una sequía gravísima que va a hacer que el maíz haga falta en los mercados. Y la solicitud concreta es que le pidamos al señor Calderón que utilice las facultades que le da la Constitución de la República para pedirle a países como Estados Unidos, como China o como Brasil, que nos ayude a producir menos etanol y a cuidar las reservas alimentarias del mundo en donde ellos tienen mucho qué ver.

Ese es el espíritu del punto de Acuerdo. Y no sé si alguien esté en contra de que el Senado de la República impulse que los mexicanos tengamos alimentos.

Y concluyo con esto.

Que las tortillas se hacen de maíz blanco. Habría que revisar también ese detalle, cuando menos en muchos estados que yo conozco, las tortillas se hacen de maíz amarillo y es uno de los asuntos que el Senado tiene que cuidar por las repercusiones que tiene este tipo de alimento de maíz amarillo.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Senador Domínguez Servién, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Por alusiones, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la tribuna, Senador Domínguez Servién.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Por supuesto que sé en qué país vivo, compañero Senador, vivo en el mismo país que usted, en México. Y le pido que se dirija como señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, no como el señor Calderón.

Y ahí está su primera inconsistencia y falta de conocimiento de la ley y de la Constitución. Por el sólo hecho de ser Presidente de todos los mexicanos, no tiene qué adherirse al artículo 58 que usted menciona.

El señor Presidente democráticamente electo por los mexicanos desde el 2006, aunque a ustedes no les gustó, en automático él lanza sus políticas con las que este país, en estos seis años, por supuesto que tengo datos, sé y conozco la problemática del campo mexicano, pero también hay que reconocer que en este esfuerzo, con este presupuesto, en seis años, 6.2 por ciento ha crecido la producción de alimentos del sector agropecuario en México, me estoy refiriendo no nada más a los granos, también a los cárnicos, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, y no le quiero dar datos porque ya lo hizo mi compañera, por darnos unos ejemplos, de la tierra que ustedes gobernaron en algún momento, Michoacán, qué es de las hortalizas y qué es de las frutas y verduras, que somos altamente exportadores.

Entonces, yo sé en qué país vivo, Senador, espero que usted viva en el mismo que yo.

Muchas gracias, es cuanto.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Domínguez Servién.

Senador Cota Jiménez, tiene el uso de la tribuna para hablar en pro.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Primeramente, creo que hay una idea en forma equivocada en el enfoque del punto, es un tema de política pública, no de política electoral, es un tema de defensa a los que representamos, no a los que mandan en este país, por eso permítanme sumarme al punto de Acuerdo que el Senador Fidel Demédicis ha expuesto el día de hoy.

Coincido plenamente con ello, a 30 días del ejercicio de nuestra función sí quiero colocar como un “SOS” el tema de la seguridad alimentaria, es un tema real en todo el mundo, y México no está exento de ello. El punto que el Senador Fidel Demédicis ha expuesto, es para que el señor Presidente de la República asuma el liderazgo en nuestro país ante la FAO; y su intervención entre tres países con un tema elemental de seguridad nacional, el tema alimentario.

La seguridad alimentaria se logra cuando los pueblos producen al menos el 75 por ciento de sus necesidades, y la soberanía alimentaria se logra cuando produce el 70 por ciento de estas, sin embargo, las cifras son claras, México ocupa ya el primer lugar como importador de maíz en el mundo, y ha incrementado la dependencia alimentaria de los Estados Unidos, al pasar de casi 400 mil toneladas importadas en 1992, a cerca de 10 millones de toneladas en el ciclo 2011-2012, esta es una realidad, tenemos que verlo así como un debate de ideas pero con la realidad que están pasando verdaderamente muchos pobladores de nuestro país.

Más de 20 millones de mexicanos se encuentran en pobreza alimentaria, 40 millones tienen algún grado de desnutrición, y en edades más tempranas ya es también un grave problema, esta es una realidad.

Las importaciones de alimentos superan el 54 por ciento de las necesidades nacionales, con un costo mayor a los 19 mil millones de dólares, cifra muy similar a lo que destinamos cada año a apoyar el campo.

Sólo en maíz estamos comprando poco más de 9 millones de toneladas, el 33 por ciento de nuestro consumo anual. La pobreza alimentaria y la pobreza en general son los más grandes problemas nacionales que se desencadenan en inseguridad pública, un tema indudablemente donde todos tenemos que intervenir, esta es una consecuencia de la pobreza.

Equivocadamente sólo se entiende el efecto y muy poco se hace por las causas en su origen. Tenemos un campo, lamentablemente, donde el trabajador, el jornalero se desarraiga por la falta de los apoyos, se traslada al país del norte, esta es una realidad.

Los presupuestos que se han aprobado han venido a la baja de parte de la propuesta del Poder Ejecutivo, ha sido el Poder Legislativo donde los tres últimos años, en las cuales un servidor participó, reencauzamos las políticas públicas del campo e incrementamos el presupuesto para el campo, los tres años fue una acción recurrente.

La importación de alimentos, como ya lo expresé, supera el 54 por ciento, esta importación es en el 65 por ciento más en el trigo, en el 75 por ciento más en el arroz, en la soya, e indudablemente en el tema del maíz.

Ya lo expresé con mucha precisión y la propuesta que hace el Senador Fidel Demédicis es muy clara, apoyado en la FAO ante los gobiernos de Estados Unidos, de Brasil, y de China, intervenir con liderazgo, porque Estados Unidos está destinando más del 40 por ciento de su producción de maíz al biocombustible, al etanol, y cada día incrementa más aun estas cifras.

Por eso es un tema básico el exhorto que el día de hoy se está exponiendo aquí por parte del Senador Fidel Demédicis. Hay algunas otras cifras e indudablemente que el tema del campo será un tema que dé para mucho trabajar a todos nosotros, ahí descansa esencialmente mucho de la planta productiva de nuestro país, pero el día de hoy vengo a sumarme a este punto de Acuerdo para un exhorto al señor Presidente de la República. Mi voto será a favor, y en ese sentido solicitamos el voto de todas y de todos ustedes.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Cota Jiménez. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se consideren y destinen mayores recursos para el gasto social.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y su servidor, comparecemos ante esta Honorable Asamblea, para presentar una proposición con punto de Acuerdo dirigido a diversas dependencias del Ejecutivo Federal y a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se consideren y destinen mayores recursos para el gasto social que beneficie a los grupos vulnerables, bajo las siguientes consideraciones:

En la última década, la población en condiciones de pobreza en nuestro país, y por tanto la más vulnerable, ha sido una de las más beneficiadas con el mayor gasto social que se tiene registrado en la historia de nuestro país, con un incremento superior al 200 por ciento.

El gobierno federal ha implementado acciones y apoyos para mejorar la calidad de los mexicanos más desfavorecidos, a efecto de disminuir su desventaja con el resto de la población. Esto ha sido posible gracias a la implementación de programas sociales que tienen por objeto mejorar las condiciones de pobreza tanto alimentaria, como de capacidades y patrimonial, que refieren a la insuficiencia del ingreso para obtener una canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, en educación, en vestido, en vivienda y en transporte.

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 5, se consideran grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a los núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.

De esta manera, en términos del artículo 9 de la legislación en referencia, los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, están obligados a formular y aplicar políticas públicas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables

En cumplimiento de su mandato, el Ejecutivo Federal opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual cuenta con reconocimiento internacional y fue calificado como modelo y ejemplo para otros países por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Oportunidades tiene por objeto contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias. En la década de 2000 a 2010 aumentó en un 135 por ciento, al pasar de 2 millones 476 mil familias a 5 millones 827 mil familias en 2010, y cerrará con más de 6 millones de familias beneficiadas en este año; es decir, en el 2000 se erogaron 9 mil 586.9 millones de pesos, y para el 2011 se incrementó el gasto a 59 mil 119.2 millones de pesos.

Otra de las acciones de política pública de alto impacto en nuestro país ha sido la implementación delSeguro Popular, que brinda protección a la salud a los mexicanos que no se encuentran dentro de un sistema de cobertura de salud, lo cual ha permitido reducir en un 75 por ciento el gasto empobrecedor que tenían que hacer las familias por atender alguna enfermedad, así como en un 50 por ciento correspondiente del gasto catastrófico.

Cabe mencionar, que las erogaciones de recursos públicos destinadas a cubrir el Seguro Popular aumentaron en un 27 mil 694 por ciento en términos nominales, en estos 6 años de ejercicio.

Los programas Seguro Médicopara una Nueva Generación, Estrategia Embarazo Saludable y Atención a la Emergencia Obstétrica interinstitucional, han permitido reducir en un 64 por ciento la mortalidad infantil y en 40 por ciento la mortalidad materna.

En el ámbito educativo, se incrementó la continuidad de varios programas y se alcanzó la cobertura universal en educación primaria.

Se incrementó el programa de becas, que posibilita que más niñas, niños, adolescentes y adultos puedan seguir estudiando, acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica; programas de educación inicial y básica para la población indígena; programas de educación básica para niños y familias de jornaleros agrícolas; programas de atención a la demanda de educación para adultos, educación para personas con discapacidad y atención a grupos de situación vulnerable, y otros importantes programas que han beneficiado a este sector más vulnerable de nuestra población.

Por tanto, considerando los altos índices de personas en situación de pobreza, a pesar de los esfuerzos institucionales al incluir de manera positiva para reducir la brecha de la marginación y desigualdad, resulta necesario que se destinen mayores recursos para financiar políticas públicas efectivas enfocadas a dar prioridad a la atención de los grupos vulnerables.

De esta manera, presento a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de las estructuras del gasto social, que presenten ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incrementen substancialmente los recursos para atender a los grupos vulnerables.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, mayores recursos destinados a gasto social que beneficien a los grupos vulnerables.

TERCERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, de Salud y Educación de la Honorable Cámara de Diputados, para que coadyuven en la incorporación de mayores recursos destinados a gasto social que beneficien a los grupos vulnerables.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA EL GASTO SOCIAL

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA EL GASTO SOCIALQUE BENEFICIEN A LOS GRUPOS VULNERABLES .

CONSIDERACIONES

En la última década, la población en condiciones de pobreza de nuestro país, y por tanto la más vulnerable de quedar marginada de lograr su desarrollo, ha sido la más beneficiada del mayor gasto social que se tiene registrado en la historia, con un incremento superior al 200 por ciento.

El Gobierno Federal ha implementado acciones y apoyos para mejorar la calidad de los mexicanos más desfavorecidos, a efecto de disminuir su desventaja con el resto de la población. Esto ha sido posible, gracias a la intervención del Estado para cambiar la realidad implementando programas sociales que tienen por objeto mejorar las condiciones de pobreza tanto alimentaria, como de capacidades y patrimonial, que refieren a la insuficiencia del ingreso para obtener una canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte.

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 5, se consideran grupos sociales en situación de vulnerabilidad, alos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

De esta manera, en términos del artículo 9 de la legislación en referencia, los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, están obligados a formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables

En cumplimiento de su mandato, el Ejecutivo Federal opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cualcuenta con reconocimiento internacional y fue calificado como modelo y ejemplo para otros países por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Oportunidades,tiene por objeto contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias. En la década de 2000 a 2010 aumentó en un 135 por ciento, al pasar de de 2 millones 476 mil familias a 5 millones 827 mil familias en 2010; su gasto anual creció en 517 por ciento en términos nominales, es decir en el 2000 se erogaron 9 mil 586.9 millones de pesosyen el 2011, se ejercieron 59 mil 119.2 millones de pesos.

Sin embargo, aún cuando se duplicaron los apoyos de 4 mil 269 pesos promedio anual por familia, en el periodo del expresidente Ernesto Zedillo, a 8 mil 746 al año 2010 con el Presidente Felipe Calderón, los recursos quela Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha aprobado, no son suficientes para atender a las familias que aún no están dentro del programa.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oportunidades es la acción gubernamental que llega con mayor énfasis a las familias más pobres debido a su focalización y ha logrado un impacto positivo en el nivel educativo, en especial en la población indígena.

Otra de las acciones de política pública de alto impacto en nuestro país ha sido la implementación del Seguro Popular, que brinda protección a la salud a los mexicanos que no se encuentran dentro de un sistema de cobertura de salud, lo cual ha permitido reducir en un 75 por ciento el gasto empobrecedor que tenían que hacer las familias por atender alguna enfermedad, así como en un 50 por ciento correspondiente del gasto catastrófico.

Cabe mencionar, que las erogaciones de recursos públicos destinadas a cubrir el Seguro Popular aumentaron en un 27 mil 694 por ciento en términos nominales, al pasar de 162.5 millones de pesos en el año 2002 cuando se creó a 45 mil 165.8 millones de pesos en 2011.Asimismo, el número de beneficiarios pasó de un millón 41 mil personas en 2002 a 52 millones personas en 2012, es decir, un incremento del 4 mil 879 por ciento.

Los programas Seguro Médico para unaNueva Generación, Estrategia Embarazo Saludable yAtención a la Emergencia Obstétrica interinstitucional, han permitido reducir en un 64 por ciento la mortalidad infantil y en 40 por ciento la mortalidad materna.

En el ámbito educativo, gracias a la continuidad de varios programas se han alcanzado metas relevantes, tales como el haber logrado cobertura universal en educación primaria, una población de 25 millones de estudiantes en educación básica, una cobertura en preparatoria de 66.3 por ciento, en el 2000 era de 47.5%.

En el 2000, sólo el 19.4 por ciento de los jóvenes podían ingresar a la educación superior porque no había espacios. Hoy, con la construcción de 75universidades y la ampliación de los campus existentes, la cobertura es de 30.1 por ciento. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que no se frene el desarrollo en infraestructura.

Respecto al programa de becas, que posibilita que más niñas, niños, adolescentes y adultos puedan seguir estudiando, su número se triplicó al pasar de2.4 millones en el año 2000,a7.8 millones en el 2010.

Destaca el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), el cual contribuye a r a la reducción del rezago educativo de las niñas y las jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad, así comoelPrograma Nacional de Becas y Financiamiento, el cual contribuye alograr la equidad educativa y permanencia de estudiantes en las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.

Entre otras acciones importantes que han logrado disminuir la brecha de capacidades entre el medio rural y la ciudad, se encuentran las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, así como el Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural Indígena, ambos operados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), mediante el cual niños y jóvenes de sectores vulnerables que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características, donde permanecen y concluyen la educación inicial y básica.

ElGobierno cumple su obligación de hacer accesible a la educación hasta en campos agrícolas, a través del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), el cual contribuye a mejorar la calidad de vida infantes migrantes asentados, a través de la atención educativa intercultural en nivel primaria y preescolar y mejorando sus condiciones de alimentación y de salud. Según datos de Coneval, tan sólo en el 2010, fueron atendidas 60 mil 477 niñas y 29 mil 653 en las 25 entidades del país.

Por otra parte, Educación para Personas con Discapacidad y Atención a Grupos en Situación Vulnerable, contribuyen a ampliar las oportunidades educativase inclusión de este sector de la población, proporcionando servicios educativos del nivel superior en la modalidad abierta y a distancia a las personas con discapacidad auditiva, motrizo visual.

Ni qué decir para exaltar al programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, que permite que los mayores de 15 años concluyan su educación básica y con ello superar la condición de rezago educativo.

En otra vertiente, destacan otros programas exitosos que en las administraciones federales panistas han creado como la instalación de estancias infantiles, que permiten conciliar el trabajo y familia de madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como y de padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y 3 años 11 meses de edad.

En el 2010se apoyó la operación de 9 mil 625 Estancias Infantiles, donde se atendieron en forma segura a 262 mil 889 niños y niñas, en beneficio de 239 mil 973 madres y 6 mil 505 padres solos que trabajan, estudian o están buscando empleo. De acuerdo a una encuesta realizada por Coneval si se dejara de apoyar a los padres beneficiados, el 34 por ciento de ellos dejarían sus empleos de inmediato para cuidar a sus hijos.

Con los apoyos al Programa 70 y Más, que beneficia a mayores de 69 años de edad, no sólo es el estímulo económico sino también se les atiende en el sistema de seguro popular paraaminorar el deterioro de la salud física y mental. Además, puede tener incidencia en el bienestar de la familia en su conjunto, al permitir que el adulto mayor aporte tanto al ingreso como al desarrollo y cuidado de los menores del hogar.

Los Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable, operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);Abasto Rural de leche a cargo de Diconsa; Empleo Temporal, para generar fuentes alternativas de ingresos temporales y beneficiar económicamente a la población vulnerable en localidades de alta marginación;

3 x 1 para Migrantes, que gracias a la credibilidad del programa se registró en el 2010 una inversión de los migrantes en sus comunidades de origen de 446.3 millones de pesos, que beneficiaron con las acciones desarrolladas a 664 municipios.

Otros indicadores de desarrollo social, de acuerdo al Censo de Población 2000 y 2010 de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es el hecho que entre 2000 y 2010, se incrementaron en un 30.8 por ciento las Viviendas particulares habitadas. Mientras que las viviendas con piso de cemento, firme, madera, mosaico u otro recubrimiento se incrementaron 41.4 por ciento; mientras que las que tienen piso de tierra disminuyeron 39.1 por ciento.

En el mismo lapso, las viviendas con sistema de drenaje se incrementaron 51.2 por ciento; 34.6 por ciento con energía eléctrica; 56.7 por ciento con refrigerador;77.8 por ciento con automóvil o camioneta; 41 por ciento las viviendas con televisor y en un311.6 por ciento las viviendas con computadora.

Decisivo para esas mejorías, sin duda fue el impulso realizado al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que sustituyó pisos de tierra por piso firme, proporcionóservicio sanitario e instaló estufas ecológicas.En el rubro de Infraestructura Social se dotó de agua entubada y servicio de energía eléctrica a miles de familias, entre otros.

Por tanto, considerando los altos índices de personas en situación de pobreza, a pesar de los esfuerzos institucionales al incidir de manera positiva para reducir la brecha de la marginación y desigualdad, es necesario se incrementen las acciones y se destinen mayores recursos para mejorar las condiciones de pobreza tanto alimentaria, como de capacidades y patrimonial, por lo cual la intervención estatal debe ser ética, jurídica y políticamente necesaria y fundamental para la gobernabilidad de nuestro país.

No está en duda el compromiso de los Tres Poderes de la Federación, y sus órdenes de gobierno hacia los grupos de personas en situación de vulnerabilidad,para que logren fortalecer sus capacidades y tengan igualdad de oportunidades para acceder a derechostales como a la alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente, justicia, entre otras prerrogativas que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar.

Reconozco la efectividadde los programas sociales vigentes en nuestro país, al igual quecientos de miles de mexicanos que gozan de los beneficios de ir saliendo poco a poco de situaciones extremas de pobreza y marginación, por lo que confío en la responsabilidad del Gobierno que encabezará el próximo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y queéstos puedan tener un permanecer y ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo respectivo.

Por lo anteriormente planteado,es necesario que se destinen mayores recursos para financiar una política pública efectiva enfocada a dar prioridad a la atención de los grupos vulnerables.

De esta manera, presento a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de las estructuras del gasto social, que presenten ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incrementen substancialmente los recursos para atender a los grupos vulnerables.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 mayores recursos destinados a Gasto Social quebeneficien a los grupos vulnerables.

TERCERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, de Salud y Educación, de la H. Cámara de Diputados, para que coadyuven en la incorporación de mayores recursos destinados a Gasto Social quebeneficien a los grupos vulnerables.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador López Brito. Se turna a la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar las medidas necesarias para reestablecer condiciones de gobernabilidad en la comunidad de la Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El problema de la comunidad conocida como “Ermita Nueva Jerusalén” del municipio de Turicato, Michoacán, es un problema social cuyo origen data de hace más de 39 años.

Desde esa fecha hasta el día de hoy, se han venido registrando al interior de dicha comunidad religiosa diversos hechos violentos, delictivos y de violación de derechos humanos fundamentales en contra de su población, entre los cuales se registra la toma indefinida de las escuelas de la comunidad el 29 de agosto de 2011, para exigir el cierre definitivo del servicio educativo, y el incendio y destrucción de todo el mobiliario e infraestructura escolar, el 6 de julio del presente año.

Frente a la cancelación del derecho constitucional a la educación obligatoria, laica y democrática a la que todo mexicano tiene derecho, los representantes de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal; la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, autoridades del municipio de Turicato y representantes del grupo laico de la Nueva Jerusalén, así como representantes del magisterio michoacano, llegaron al consenso de que a partir del día 24 de septiembre los niños afectados del servicio educativo asistirán a recibir clases en la escuela de la Injertada, para arrancar formalmente el inicio de clases, pero sólo por un periodo de 8 días naturales, al término del cual se reunirían de nueva cuenta los interesados para continuar evaluando el avance de los puntos acordados en relación con la atención de sus demandas de seguridad, libre tránsito dentro y fuera de la comunidad, libertad de credo, ubicación y construcción definitiva de las aulas y solución del conflicto que hoy mantiene en condiciones de ingobernabilidad y ausencia de la aplicación del estado de derecho a la comunidad de la Nueva Jerusalén.

Cabe hacer la aclaración que entre los acuerdos establecidos por los representantes de los tres órdenes de gobierno y los interesados, se precisó también que sería a más tardar el 30 de noviembre de 2012, cuando se tomaría la decisión sobre la ubicación de las aulas definitivas, y que en los 15 días siguientes se daría inicio a los trabajos de construcción de los espacios educativos, siempre y cuando existiera disponibilidad presupuestal, bajo el compromiso de que la duración máxima de la temporalidad de las aulas provisionales en la Injertada sería el actual ciclo escolar.

Es evidente que el establecimiento de los acuerdos celebrados por los tres órdenes de gobierno y los representantes del grupo laico de la comunidad, no sólo no resuelven de fondo del conflicto, en realidad revelan signos importantes de falta de gobernabilidad.

Las decisiones que hoy de manera muy laxa han adoptado tanto el gobierno federal como el estado, en el caso de la Nueva Jerusalén, resultan de igual forma contrarios al espíritu constitucional del artículo 3o.

Una educación improvisada, temporal e insegura, como la que hoy pretende proporcionarse a este sector de la población, en un lugar distinto a su asentamiento habitacional, no constituye, bajo ninguna forma, una educación de calidad ni tampoco democrática, porque cuando se coarta su derecho a elegir libremente el lugar donde desean acceder a este servicio, obligatorio para el estado, pero además porque el estado no les asegura la garantía de no vivir oprimidos y amenazados en su integridad y dignidad personal.

La destrucción de las escuelas y la omisión del estado para evitarlo, representa una irresponsabilidad tanto del gobierno federal como del estado, en la conservación del derecho a la educación laica y liberadora de cualquier dogma religioso o moral, que resulta contrario a la misión científica transformadora y humanista de la educación, lo que no sólo se aprecia grave para quienes lo padecen, porque mantiene coartado su derecho a la elección del libre credo, sino que también se encuentran sometidos a la perversidad, mesianismo, mezquindad y dominación de quienes se aprovechan del fanatismo e ignorancia. En esto, el Estado debe actuar de forma más enérgica, con toda su fuerza y legitimidad que le otorga nuestro marco jurídico y constitucional vigente, para asegurar que nadie, independientemente de su condición política, social, religiosa o fundamentalista, se mantenga en un estado de excepción o de privilegios, la ley, en ese sentido, debe ser la misma para todos.

El derecho constitucional a la educación no puede, bajo ninguna circunstancia, limitarse a un criterio de carácter meramente económico o político, no es un asunto de negociación, ni de omisión frente a situaciones de excepción, se trata de un bien público tutelado por el Estado, del derecho de nuestras futuras generaciones a vivir en un contexto de mayor dignidad y libertad.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación de este Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación Federal, al Secretario de Educación Pública, al gobernador del estado de Michoacán y al presidente municipal de Turicato, Michoacán, a que instrumenten las medidas necesarias para que desde la acción coordinada y eficiente de los tres órdenes de gobierno, se reestablezca de inmediato un servicio educativo de calidad y no improvisado para los pobladores de la Nueva Jerusalén, laicos y religiosos; se garantice la recuperación de la educación laica, obligatoria y democrática por parte del estado en todo el municipio de Turicato, con garantías plenas de seguridad y libre tránsito, dentro y fuera de la comunidad del conflicto; se proceda a la recuperación de la gobernabilidad, del estado de derecho y del respeto de los derechos humanos, que hasta hoy han sido violentados para muchas víctimas del conflicto social y particularmente se dé una solución inmediata, permanente y definitiva al no ejercicio del derecho constitucional a la educación en la Nueva Jerusalén.

Segundo.- Sin que esto se siga aplazando, como ha sido propuesto por las autoridades de los tres órdenes de gobierno al 30 de noviembre del año en curso, asimismo, se les exhorta a la liberación urgente e inmediata y efectiva de los recursos financieros necesarios para la implementación de dichas acciones.

Tercero.- Se exhorta a los titulares de la Procuraduría de Justicia, tanto de la Federación como del estado de Michoacán, para que se realicen las investigaciones penales correspondientes y, en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten responsables por los delitos cometidos en contra de la población de la Nueva Jerusalén, del patrimonio estatal.

Muchas gracias, por su atención.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO GOBERNACION, AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACAN Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TURICATO, MICHOACAN, A INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACAN

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO GOBERNACION, AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACAN Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TURICATO, MICHOACAN, A QUE INSTRUMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REESTABLECER CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACAN Y GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE EDUCACION LAICA, OBLIGATORIA Y DEMOCRATICA, ASI COMO DE LIBRE TRANSITO, SEGURIDAD Y LIBERTAD DE CREDO A SU POBLACION, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.Que el problema de la comunidad conocida como “Ermita Nueva Jerusalén” del municipio de Turicato, Michoacán, es un problema social cuyo origen data de hace más de 39 años, es decir desde su fundación en el año de 1973, por el ciudadano Nabor Cárdenas Mejorada, cura excomulgado de la Iglesia Católica por presentar síntomas de esquizofrenia que lo hacían proclive a inventar apariciones, quien acompañado de un grupo de pobladores invadieron tierras de los ejidatarios de Puruarán, para su asentamiento irregular en calidad de paracaidistas, en el periodo del entonces Gobernador de Michoacán Servando Chávez Hernández, quien no hizo nada por evitarlo.

Desde esa fecha hasta el día de hoy, se han venido registrando al interior de dicha comunidad religiosa diversos hechos violentos, delictivos y de violación de derechos humanos fundamentales en contra de su población, como los registrados en 1987 entre dos grupos antagónicos, cuyo resultado fue de 150 heridos de gravedad y por los menos dos muertos; la acusación de violación en contra de unos de sus principales líderes religiosos el “Vidente” Agapito Gómez, que en 1997 fue detenido por dicho delito y exonerado apenas dos semanas después, por una supuesta mal integración de su expediente, frente al sentimiento de impotencia, coraje y frustración de las víctimas y familiares afectados; la toma indefinida de las escuelas de la comunidad el 29 de agosto del 2011 por un grupo de fundamentalistas encabezado por Antonio Lara Barajas, alias “San Martín de Tours para exigir el cierre definitivo del servicio educativo y el incendio y destrucción de todo el mobiliario e infraestructura escolar el 6 de julio del presente año, en respuesta a una acción transitoria y efímera de recuperación de las instalaciones a favor de maestros y padres de familia, con apoyo del Ministerio Público de Tacámbaro que había hecho entrega del inmueble después de un lento y largo proceso de reuniones, investigaciones y acuerdos, generalmente incumplidos por los responsables de dichas acciones irracionales e injustificadas.

2. Que frente a la cancelación del derecho constitucional a la educación obligatoria, laica y democrática a la que todo mexicano tienen derecho, el gobierno del Estado de Michoacán en coordinación con representantes del Gobierno Federal se comprometieron a la reconstrucción y equipamiento de las aulas para el 20 de agosto del año en curso, para dar inicio al ciclo escolar sin ningún inconveniente, así como a la construcción de una caseta de vigilancia policiaca en la entrada de la comunidad para garantizar la seguridad y el libre tránsito de alumnos y maestros, y a la dotación de libros y uniformes para los demandantes, compromisos que no fueron cumplidos bajo el argumento del alto costo que dichas acciones representaban, proponiendo primero,en lugar de ello, que se habilitaran las mismas casas donde el ciclo anterior se había prestado el servicio educativo y después que se restableciera provisionalmente el servicio mandando a los estudiantes a las comunidades de Puruarán, Caramicuas y la Injertada, con el consecuente rechazo de la población de las dos primeras comunidades, mientras que se continuaba la búsqueda de soluciones por la vía del diálogo entre las partes.

3. Que entre los últimos acuerdos alcanzados entre los representantes de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, autoridades del municipio de Turicato y representantes del grupo laico de la Nueva Jerusalén, así como representantes del magisterio michoacano, se llegó al consenso de que a partir del día lunes 24 de septiembre los niños afectados del servicio educativo, asistirán a recibir clases en la escuela de la Injertada para arrancar formalmente el inicio de clases, pero sólo por un periodo de 8 días naturales, al término del cual se reunirán de nueva cuenta los interesados para continuar evaluando el avance de los puntos acordados en relación con la atención de sus demandas de seguridad, libre tránsito dentro y fuera de la comunidad, libertad de credo, ubicación y construcción definitiva de las aulasy solución del conflicto que hoy mantiene en condiciones de ingobernabilidad y ausencia de la aplicación del Estado de Derecho a la comunidad de la Nueva Jerusalén.

Asimismo cabe hacer la aclaración que entre los acuerdos establecidos por los representantes de los tres órdenes de gobierno y los interesados, se precisó también que sería a más tardar el 30 de noviembre del 2012, cuando se tomaría la decisión sobra la ubicación de las aulas definitivas y que en los 15 días siguientes se daría inicio a los trabajos de construcción de los espacios educativos, siempre y cuando existiera disponibilidad presupuestal, bajo el compromiso de que la duración máxima de la temporalidad de las aulas provisionales en la Injertada sería el actual ciclo escolar.

4. Es evidente que el establecimiento de los acuerdos celebrados por los tres órdenes de gobierno y los representantes del grupo laico de la comunidad de la Nueva Jerusalén, no sólo no resuelve el fondo del conflicto, en realidad revela signos importantes de falta de Gobernabilidad, entendiendo por ésta la capacidad de gobernar, es decir, de hacer valer decisiones socialmente obligatorias, orientándose hacia un objetivo, para mantener de esta manera la capacidad de acción del sistema político en el ejercicio de un derecho educativo, hacia adentro y hacia afuera, en especial frente a la sociedad, y con ello también su Legitimidad, pues en estricto sentido, la gobernabilidad significa regulación política, el ejercicio del poder soberano estatal y las funciones de gobierno en la solución de los problemas de la sociedad, que al no ser resueltos por el gobierno ante su falta de capacidad de acción, crea lo que hoy vivimos en Michoacán, un Estado de Ingobernabilidad.

Las decisiones que hoy de manera muy laxa han adoptado tanto el Gobierno Federal como el del Estado, en el caso “Nueva Jerusalén” resultan de igual forma, contrarios al espíritu constitucional del artículo 3º, que ha establecido como premisa y derecho fundamental que todo mexicano reciba por parte del Estado una Educación, al menos hasta el nivel medio superior, de carácter público, obligatorio, laico, democrático y de calidad.

Una educación improvisada, temporal e insegura como la que hoy pretende proporcionarse a este sector de la población en un lugar distinto al de su asentamiento habitacional, no constituye bajo ninguna forma una educación de calidad, ni tampoco democrática, por cuanto se cuarta su derecho a elegir libremente el lugar donde desean acceder a este servicio obligatorio para el Estado, pero además porque el Estado no les asegura la garantía de no vivir oprimidos y amenazados en su integridad y dignidad personal.

La destrucción de las escuelas y la omisión del Estado para evitarlo, representa una irresponsabilidad tanto del Gobierno Federal como del Estado, en la conservación del derecho a la Educación Laica y Liberadora de cualquier dogma religioso o moral que resulta contrario a la misión científica, transformadora y humanista de la educación, lo que no sólo se aprecia grave para quienes lo padecen, porque mantienen coartado su derecho a la elección del libre credo, sino que también seencuentran sometidos a la perversidad, mesianismo, mezquindad y dominación de quienes se aprovechan de su fanatismo e ignorancia. En esto el Estado debe actuar de forma más enérgica, con toda su fuerza y legitimidad que le otorgan nuestro marco jurídico y constitucional vigente para asegurar que nadie, independientemente de su condición política, social, religiosa o fundamentalista, se mantenga en un estado de excepción o de privilegios, la ley en ese sentido debe ser la misma para todos, porque solucionar que unos cuantos reciban Educación Laica fuera de la Nueva Jerusalem, en la comunidad de la Injertada, no es resolver el fondo del problema, pues ¿dónde queda el derecho a la educación de quienes aún permanecen presos del miedo, de la ceguera, de la represión y de la manipulación de falsos líderes religiosos que aún los mantienen bajo su dominación espiritual y en cierta medida hasta moral y física?

Por eso creemos que el Estado en sus tres órdenes de gobierno, pero fundamentalmente desde la acción coordinada entre el Gobierno Federal y del Estado de Michoacán, deben obligarse al restablecimiento inmediato de un servicio educativo de calidad y no improvisado para los pobladores de la Nueva Jerusalén, laicos y religiosos, a la recuperación de la educación Laica, obligatoria y democrática por parte del Estado, con garantías plenas de seguridad y libre tránsito dentro y fuera de la comunidad, a la recuperación de la gobernabilidad, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos, que hasta hoy han sido violentados para muchas víctimas de este conflicto social y particularmente a la solución inmediata, permanente y definitiva del no ejercicio del derecho constitucional a la educación, pues una decisión de esta naturaleza no puede seguirse aplazando más, los legisladores, depositarios de la obligación constitucional de velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano y de la supremacía de nuestra Carta Magna, no podemos permitir que los responsables de dar solución a esta problemática tanto del Gobierno Federal como del Estado de Michoacán, sigan aplazando la toma de decisiones hasta el 30 de noviembre o más allá, ni tampoco que el ejercicio de un derecho humano de tal trascendencia se encuentre sujeto a la disponibilidad presupuestal del Ejecutivo.

El derecho Constitucional a la Educación no puede bajo ninguna circunstancia limitarse a un criterio de carácter meramente económico o político, no es un asunto de negociación, ni de omisión frente a situaciones de excepción, se trata de un bien público tutelado por el Estado, del derecho de nuestras futuras generaciones a vivir en un contexto de mayor dignidad y libertad.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación Federal, al Secretario de Educación Pública, al Gobernador del estado de Michoacán y al Presidente Municipal de Turicato, Michoacán, a que instrumenten las medidas necesarias para que desde la acción coordinada y eficiente de los tres órdenes de gobierno, se restablezca de inmediato un servicio educativo de calidad y no improvisado para los pobladores de la Nueva Jerusalén, laicos y religiosos; se garantice la recuperación de la educación Laica, obligatoria y democrática por parte del Estado en todo el municipio de Turicato, con garantías plenas de seguridad y libre tránsito dentro y fuera de la comunidad del conflicto; se proceda a la recuperación de la gobernabilidad, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos, que hasta hoy han sido violentados para muchas víctimas de este conflicto social y particularmente se dé una solución inmediata, permanente y definitiva al no ejercicio del derecho constitucional a la educación en la Nueva Jerusalén.

SEGUNDO. Se exhorta a los servidores públicos responsables de dar solución a esta problemática tanto del Gobierno Federal como del Estado de Michoacán, mencionados en el punto anterior, a que no sigan aplazando la toma de decisiones relativas a la solución definitiva de la problemática de mérito hasta el 30 de noviembre del año en curso, sino para que en todo caso resuelvan en lo inmediato lo correspondiente a la ubicación y construcción definitiva de las aulas escolares donde el servicio educativo debe ser proporcionado a los habitantes de la Nueva Jerusalem, así como a la liberación urgente, inmediata y efectiva de los recursos financieros necesarios para la implementación de dichas acciones y el restablecimiento de un servicio educativo de calidad.

TERCERO. Se exhorta a los titulares de las Procuradurías de Justicia, tanto de la Federación, como del Estado de Michoacán, para que se realicen las investigaciones penales correspondientes, y en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten responsables, por los delitos cometidos en contra de la población de la Nueva Jerusalén, por cuanto corresponde a la violación de sus derechos humanos fundamentales, consagrados en la constitución, especialmente en los artículos 3º, 11 y 24 de la Carta Magna, así como los cometidos en contra del Estado por atentar contra los bienes y derechos que constituye el patrimonio escolar irracionalmente destruido.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Morón Orozco.

Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto anterior se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Se turnará, en su momento, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.





 

Continúa en uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados a la aplicación del procedimiento ordinario en el trámite de la iniciativa preferente en materia laboral presentada por el Ejecutivo.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Vicepresidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos políticos, entre los que se establece el procedimiento para las iniciativas que son de carácter preferente que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Dicha reforma constitucional dejó establecido en su Artículo Segundo Transitorio, que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Al día de hoy, el Congreso de la Unión no ha expedido la legislación que regula el trámite de las iniciativas preferentes, lo que hace imposible el ejercicio pleno de dicho derecho en los términos señalados en el artículo 71 constitucional, que de dictaminarse en ausencia de un marco jurídico aplicable, el proceso legislativo correspondiente adolecería de ilegalidad.

Por ello, la iniciativa preferente en materia laboral que remite el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, debe ser dictaminada bajo el proceso legislativo ordinario, más aún porque se trata de una acción premeditada, alevosa e inconstitucional del Ejecutivo Federal, que evidentemente representa un auténtico albazo político y un claro atentado contra los derechos humanos y laborales constitucionales, que trastoca directamente el espíritu del artículo 123 constitucional y distintos convenios internacionales ratificados por esta Soberanía.

Lo anterior debe obligar, con carácter de urgente, a los integrantes del Congreso de la Unión, para que en sus respectivas Cámaras se constituya una comisión especial que se aboque al estudio de constitucionalidad de la iniciativa preferente de mérito.

Somos ya muchos en todo el país, los que coincidimos que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, contribuirá al subempleo, a la inestabilidad laboral, a la reducción de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a la precarización del trabajo, al incremento de la subcontratación a través del outsourcing, a la limitación de oportunidades para los jóvenes, obligándolos a emigrar o irse a la economía informal o al crimen organizado.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo propone, entre otras cosas, el establecimiento de los contratos a prueba y de capacitación inicial, que no son otra cosa sino la autorización legal para la contratación eventual y para el despido, sin responsabilidad jurídica y económica alguna, si los resultados del trabajo no satisfacen las expectativas del patrón.

Propone también un tope máximo de doce meses para el pago de los salarios caídos, autoriza la contratación por horas, establece limitaciones del derecho de lactancia de las madres trabajadoras, plantea limitación a los derechos de sindicalización e incremento de condiciones para la celebración de los contratos colectivos de trabajo.

Y sobre todo, introduce un elemento de parcialidad al derecho de huelga de los sindicatos, al permitir que sea la junta, y no las partes, quien concluya una resolución o laudo, un movimiento huelguístico, si éste se prolonga por más de 60 días, sin existir una solución conciliatoria.

La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo, entre otras cosas, rompe con el principio de bilateralidad y estabilidad en el empleo, y afecta los derechos de autonomía y organización sindical, que a todas luces constituye no sólo una violación al principio constitucional de justicia laboral, sino un retroceso de más de 100 años de conquistas laborales y derechos adquiridos con lucha, movilización, protesta, unidad y organización de la clase trabajadora.

Por eso, hoy más que nunca, los legisladores del Frente Parlamentario Progresista, defendemos los principios y postulados que dieron origen al artículo 123 constitucional, en donde quedaron establecidos muchos de los derechos que hoy pretenden ser derogados.

En todo el país los trabajadores, sus organizaciones y los legisladores de izquierda, nos pronunciamos por una reforma laboral que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador, como un derecho y deber social.

Los trabajadores merecemos un trato digno, sin merma de nuestros derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es y debe seguir siendo un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, para generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos, como hasta hoy.

Compañeras y compañeros legisladores: Apoyemos a los trabajadores mexicanos desaprobando esta regresiva reforma laboral, como una forma de cohesionar la unidad nacional, y hagamos un frente de defensa para proteger los legítimos intereses de la clase trabajadora mexicana.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el trámite de la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo, se aplique el proceso legislativo ordinario. Asimismo, para que previo a la presentación del dictamen ante el Pleno se constituya una comisión especial que se avoque al estudio de constitucionalidad de la iniciativa de mérito.

Segundo.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que previo a su votación, se promueva una consulta popular nacional con la participación de patrones, trabajadores y sus organizaciones de todo el país, a fin de recoger sus observaciones y propuestas, las que deberán ser incorporadas en los trabajos de dictamen de la misma, cuidando en todo momento no trastocar los derechos laborales y garantías sociales que actualmente protegen a los trabajadores mexicanos.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL TRAMITE DE LA INICIATIVA PREFERENTE EN MATERIA LABORAL PRESENTADA POR EL EJECUTIVO, ASI COMO A CUIDAR LA NO VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION A LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL TRAMITE DE LA INICIATIVA PREFERENTE EN MATERIA LABORAL PRESENTADA POR EL EJECUTIVO, ASI COMO A CUIDAR LA NO VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 9 de agosto del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos políticos, entre los que se establece el procedimiento para las iniciativas que con carácter de preferente presente el Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión. Dicha reforma constitucional dejó establecida en su Artículo Segundo Transitorio que: “El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en presente Decreto, a más tardar un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo”.

Es el caso que a la fecha el Congreso de la Unión no ha expedido la legislación que regulará el trámite de las iniciativas preferentes presentadas por el Ejecutivo Federal, lo que hace imposible el ejercicio pleno de dicho derecho en los términos señalados por el Artículo 71 Constitucional, que de dictaminarse en ausencia de un marco jurídico aplicable, el proceso legislativo correspondiente adolecería de ilegalidad.

Bajo estas circunstancias ante la falta de normas legislativas que regulen el trámite de iniciativas preferentes, la Iniciativa que en Materia Laboral remite el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, debe ser dictaminada bajo el proceso legislativo ordinario, establecido en la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los Reglamentos de sus Cámaras, más aún cuando habiendo iniciado funciones el Congreso General a partir del 1º de septiembre del año en curso y ante la falta de comisiones legislativas para su dictamen, la acción premeditada y alevosa del Ejecutivo representa un auténtico albazo político.

Por otra parte, la iniciativa preferente en materia laboral presentada por el Ejecutivo, representa un claro atentado contra los derechos humanos y laborales, en virtud de que violenta directamente el artículo 123 Constitucional, así como distintos convenios internacionales ratificados por esta Soberanía, de manera significativa, todas las modificaciones de flexibilidad en la contratación, permanencia y terminación laboral, contravienen el principio de estabilidad en el empleo definido por la Observación 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, resultan de observancia obligatoria por todas las autoridades del Estado Mexicano, lo que desde luego nos incluye como Congreso General.

La reforma laboral propuesta, representa un nuevo atentado a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores mexicanos, mediante una regresiva iniciativa preferente, que al igual que las reformas a la Ley del IMSS y del ISSSTE, desconoce conquistas históricas y fundamentales de la clase trabajadora.

Al gobierno de Felipe Calderón, no le ha bastado el haber limitado los derechos de pensión y jubilación de los trabajadores, ampliando el tiempo de trabajo necesario para tener derecho a ellas, no le ha bastado tampoco desaparecer por decreto fuentes de trabajo como lo hizo con la extinta compañía “Luz y Fuerza del Centro” dejando sin trabajo a más de 44 mil trabajadores sindicalizados, debilitando y desconociendo la organización y liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino que ahora pretende cerrar toda posibilidad de libertad sindical, contratación colectiva y derecho de huelga del resto de los sindicatos del País, regulados por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución General de la República.

Somos ya muchos en todo el país, los que coincidimos que la reforma laboralimpulsada por el Ejecutivo Federal, contribuirá al subempleo, a la inestabilidad laboral, a la reducción de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a la precarización del trabajo, al incremento de la subcontratación a través de los outsourcing y a la limitación de oportunidades para los jóvenes, obligándolos a emigrar, a irse a la economía informal o al crimen organizado.

Esta lesiva reforma a la Ley Federal del Trabajo, propone entre otras cosas, el establecimiento de los contratos a prueba y de capacitación inicial, que no son otra cosa, sino la autorización legal para la contratación eventual y para el despido sin responsabilidad jurídica y económica alguna si los resultados del trabajo no satisfacen las expectativas del patrón, propone también un tope máximo de 12 meses para el pago de los salarios caídos, autoriza la contratación por horas (otra forma de fomentar la precarización del empleo), limitaciones del derecho de lactancia de las madres trabajadoras, limitación a los derechos de sindicalización, incremento de condiciones para la celebración de los contratoscolectivos de trabajo y sobre todo introduce un elemento de parcialidad al derecho de huelga de los sindicatos, al permitir que sea la Junta y no las partes, quien concluya por resolución o laudo un movimiento huelguístico, si éste se prolonga por más de 60 días sin existir una solución conciliada.

En materia de huelga, no cabe duda que la iniciativa de Calderón, atenta gravemente contra este derecho laboral. Se niega, además, una huelga, si existe en trámite otra solicitud de paro o si no se señalan con precisión las violaciones que el patrón hizo al contrato colectivo y la forma de repararlas.

En el tema que toca a la vida sindical, se obliga a que los sindicatos con mayor número de agremiados sean fiscalizados por auditores externos. Lo anterior supone una descarada intromisión en la vida, autonomía y libertades sindicales, estamos de acuerdo en que exista transparencia y rendición de cuentas, estamos también de acuerdo en que exista democracia interna, pero lo que rechazamos tajantemente es que el gobierno se meta a regular sus normas y dinámicas internas. Los trabajadores son capaces de organizarse, tienen criterio y decisión propia, pero sobre todo tienen y deben tener libertad para ejercerla. Con este pretexto lo que realmente esconde la Iniciativa del Ejecutivo es la intención de debilitar la organización sindical, manipularla y someterla ante el poder y caprichos, ya de por si excesivos, de la clase patronal.

La reforma laboral propuesta por el autodenominado “Presidente del Empleo”, entre otras cosas, rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, suprimiendo el texto que refiere que la existencia del contrato de una persona se dará mientras subsista la materia de trabajo, es decir, lo que ahora se pretende es que laexistencia de un contrato de trabajo dependa exclusivamente de la voluntad del patón y no de la subsistencia de la materia de trabajo, que es lo que actualmente justifica la estabilidad del trabajador en el empleo, desaparece la obligación del patrón de entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión del empleo, incrementa las causales del despido, se legitiman las renuncias anticipadas y las renuncias en blanco del empleo, sin importar las circunstancias en que estas se hayan obtenido, se derogan los derechos de seguridad social establecidos en la Ley Federal del Trabajo para trasladar su regulación a la Ley del Seguro Social, como es el caso de las incapacidades por riesgos de trabajo, entre otras, que a todas luces constituyen no sólo una violación al principio constitucional de justicia laboral, sino un retroceso de más de 100 años de conquistas laborales y derechos adquiridos con lucha, movilización, protesta, unidad y organización de la clase trabajadora.

Al representante del Poder Ejecutivo Federal, a los legisladores del Partido Acción Nacional, que representan sus intereses en el Congreso de la Unión y a sus aliados, se les ha olvidado los orígenes del derecho laboral, como la Constitución de Weimar y pretenden imponeren nuestro país un nuevo “edicto de Turgot o una nueva Ley Chapellier”, que en el siglo XVIII prohibieron los gremios, los derechos de asociación y de huelga de los trabajadores, estableciendo inclusive penas severas para quienes se atrevieran a exigir salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

Se les ha olvidado la aportación de importantes pensadores de la talla de Luis Blanc, Carlos Fourier, Saint-Simón, Sismondi, Roberto Owen, Carlos Marx, Federico Engels y en México de hombres de la talla de los hermanos Flores Magón, José Vicente Villada, Manuel Diéguez, Manuel Berlanga, Cándido Aguilar, Agustín Millán, Rafael Zubarán y Gustavo Espinoza, entre muchos otros, que fueron fundamentales impulsores del “sistema liberal individualista”, del reconocimiento de los derechos sociales y laborales, tanto legales, como constitucionales y del establecimiento de bases mínimas para la protección de los trabajadores, que durante décadas han establecido como un derecho y un deber del Estado intervenir en las relaciones de trabajo “para proteger y no para perjudicar al trabajador”, con leyes del trabajo que garanticen a los trabajadores y sus familias un mínimo de bienestar económico, social, cultural y humano.

Por eso hoy más que nunca, los legisladores del Frente Parlamentario Progresista defendemos los principios y postulados que dieron origen al artículo 123 Constitucional en sus apartados A y B, a la Ley Federal del Trabajo de 1931 y a las reformas laborales de 1955, 1970 y 1980, ésta última por cierto, aprobada un 1º. de mayo, en donde quedaron establecidos muchos de los derechos que hoy pretender ser derogados, como los efectos del aviso del despido, la carga de la prueba al patrón, la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores y la imparcialidad del estado en el procedimiento de huelga.

En días pasados, en todo el país, los trabajadores, sus organizaciones y los legisladores de izquierda, nos hemos pronunciado por una “contrareforma laboral”, que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador como un derecho y un deber social, que rescate el principio de la estabilidad en el empleo, anulando cualquier posibilidad de “eventualidad”, bajo la figura de los contratos a prueba o de capacitación, por el contrario, demandamos que se promueva la definitividad o inamovilidad en el empleo cuando subsista la materia del trabajo, que mantenga el principio de la igualdad entre las partes desde la contratación, impidiendo que se institucionalice el “intermediarismo” bajo la figura de los outsourcing, que no son sino una forma de evadir obligaciones patronales, y sobre todo, que se rescate el derecho a la no discriminación ahora por razones de “edad, sexo, capacitación o preparación técnica”, los trabajadores merecemos un trato digno, sin merma de nuestros derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es y debe seguir siendo un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, por la simple y sencilla razón de su naturaleza social y su función de generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos.

No es justificación que frente a las condiciones de crisis económica por la que atraviesa gran parte del país y de su población, se pretenda pasar la cuenta a los trabajadores, no es ésta la salida a la política económica del país, no a costa del bienestar de la inmensa clase trabajadora que siempre ha tenido que pagar los errores del sistema y de un gobierno con escasa previsión social, no se equivoquen compañeros legisladores federales del PRIAN, la solución está en otros terrenos, no mermando nuestra fuerza productiva.

No es generando más impuestos, pagando menos prestaciones a los trabajadores, debilitando el sindicalismo y matando delincuentes, como habrán de cambiar las condiciones sociales de este país, requerimos un cambio estructural de fondo, un cambio de políticas económicas y sociales que tengan su prioridad en el país y no en los intereses de los organismos internacionales, pero sobre todo, necesitamos de una reforma laboral que incentive la producción y el trabajo, que estimule un gran movimiento laboral dentro de las fábricas, del campo, de los centros urbanos y de comercio, que nos permita producir lo necesario para volvernos autosuficientes, manteniendo primero, nuestra soberanía alimentaria y generando condiciones laborales y productivas después, para incrementar nuestro nivel de exportaciones, como una buena medida de fortalecer nuestra balanza comercial con un superávit que dé al país los recursos necesarios para alcanzar la estabilidad económica que tanto necesitamos.

Si todo esto no es un grave atentado contra el sindicalismo mexicano, ¿entonces qué es?, ¿qué pretenden Calderón y su partido reprimiendo más a la clase trabajadora a dos años de haber celebrado el centenario de la Revolución Mexicana?, ¿qué pretende el Gobierno Federal, desconociendo conquistas históricas del movimiento obrero, cuya defensa y reclamo, fue una de las principales banderas de las luchas del siglo XX?

Compañeras y compañeros legisladores:

Frente a todo este escenario, es fundamental que se promueva desde el Estado Mexicano, una amplia y profunda consulta a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores, patrones y sus organizaciones, para escuchar sus opiniones, observaciones y propuestas a lo que hoy debe ser una verdadera reforma laboral, no podemos incurrir en el error de imponer y desconocer por Decreto Legislativo lo que ha llevado años conquistar en la lucha laboral y sindicalista de este País, ante todo, transparentemos el proceso legislativo y legitimemos nuestra decisión con un auténtico acto de democracia participativa.

Apoyemos al sindicalismo mexicano desaprobando ésta regresiva reforma laboral, como una forma de cohesionar la unidad nacional, y hagamos un frente de defensa para proteger los legítimos intereses de la clase trabajadora mexicana.

¡Digamos no a los obscuros intereses de la derecha!

Felipe Calderón, su partido y sus aliados, no tienen memoria histórica.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el trámite de la iniciativa preferente de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se aplique el proceso legislativo ordinario para su dictamen y en su caso votación, en virtud de que aún no se emiten las disposiciones reglamentarias a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio de la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión, específicamente en lo relativo al procedimiento establecido por el artículo 71 Constitucional en materia de iniciativas preferentes.

SEGUNDO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que previo a su votación, se promueva una consulta popular nacional con la participación de las partes de la relación laboral (patrones, trabajadores y sus organizaciones de todo el País), a fin de recoger sus opiniones, observaciones y propuestas en relación con la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal en materia laboral, para su consideración en los trabajos de dictamen de la misma.

TERCERO. Se exhorta a los Integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el dictamen que en su caso se someta a discusión y votación por el Pleno, no permita la violación de los derechos laborales y garantías sociales que actualmente protegen a los trabajadores mexicanos, en un esfuerzo por ajustar nuestra legislación a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de los trabajadores

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, SenadorMorón Orozco. Se turna a la Cámara de Diputados.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué objeto?, Senador Blásquez Salinas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Le solicito verificar el quórum, señor Presidente, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: A juicio de la Presidencia, hay quórum.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo en relación con el paro técnico registrado en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente…

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Que verifique la Secretaría el quórum.

- El C. Presidente Burgos García: Señor, en la perspectiva de esta Mesa, existe el quórum y continuamos con la sesión.

Adelante, Senador.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El pasado fin de semana un diario de circulación nacional, para ser más específicos, el Diario Excelsior, en una columna política destacaba una nota en el sentido de que se tenían informes de que la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde había dejado de funcionar por fallas en el sistema de enfriamiento.

Al día siguiente, en el mismo diario salió ya una nota ampliada donde decía: "que la Comisión Federal de Electricidad les había confirmado dicha suspensión de actividades, pero que ésta no obedecía a fallas en el sistema de enfriamiento, sino a la recarga de uranio del reactor que, según el vocero de la Comisión Federal de Electricidad, es un procedimiento normal que se realiza desde que la planta fue construida y así ha sido desde la construcción cada 18 meses".

En primer lugar, nos preocupa que ante una suspensión de actividades tan prolongada de una central nucleoeléctrica, que ha sido cuestionada desde su construcción, apenas nos vengamos a enterar ahora. Por otro lado, hay una cuestión que genera mayor preocupación y que debe de plantearse sin ningún afán alarmista. Resulta que la única explicación sobre el paro técnico es la ofrecida por el vocero de la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que se trata de un procedimiento ordinario que aplica cada 18 meses. Ante esa explicación, nos dimos a la tarea de revisar los paros técnicos que se han registrado en cada una de sus unidades o reactores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y efectivamente se trata de una actividad que se viene realizando de manera regular cada 18 meses.

El asunto que nos ocupa es que se haya programado una recarga de uranio cuando dicha actividad debió programarse, de acuerdo con el ciclo de 18 meses, en septiembre de 2011, en el caso del reactor 1, y en marzo de 2012 para el caso del reactor 2, correspondientes a las cargas 15 y 12 respectivamente, toda vez que la recarga 14 de uranio de la unidad 1 y la recarga 11 de la unidad 2 iniciaron el 15 de marzo y el 28 de septiembre de 2010 respectivamente, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad.

En este orden, resulta innegable que cuando menos el asunto requiere de una comunicación oficial de parte de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente de la gerencia de centrales nucleoeléctricas sobre los motivos del paro técnico, quedando, por cierto la información hoy estaría cumpliendo 33 días, aunque hay otra información donde se asegura que la planta, específicamente la unidad 2, dejó de operar desde el 31 de julio pasado, todo ello para evitar especulaciones que generen zozobra en la población.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a que, a la brevedad posible, remita a esta representación un informe detallado en el que explique los motivos por los cuales la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde se mantiene sin operaciones desde hace 33 días.

Asimismo, el Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Electricidad que en dicho informe se incluyan los pormenores de los protocolos y lineamientos de seguridad que se pusieron en operación a raíz de dicha suspensión de actividades, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y habitantes de la región aledaña a la central nucleoeléctrica.

Señor Presidente, como podrán escuchar, este es un asunto que reviste una importancia fundamental, yo lo había planteado como de urgente resolución, tengo entendido que hay un acuerdo parlamentario que nos impide hacerlo de esta manera, pero quiero dejar constancia ante esta Asamblea porque es un asunto que genera suspicacia, pero que si no se atiende, si no se le informa a la población, puede tener consecuencias mayores.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON EL PARO TECNICO REGISTRADO EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE

“El suscrito, Adán Augusto López Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 24 de septiembre, el periodista Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en el diario Excélsior, informó que a través del teléfono móvil había recibido una alerta de que “la Central Nuclear de Laguna Verde había dejado de funcionar por fallas en el sistema de enfriamiento.”1

A decir del columnista, una fuente confiable le aseguró que “los motores que enfrían los reactores se quemaron hace como cinco días, y apagaron toda la planta. Lo mantienen en reserva para evitar alarmas”2.

Ante esta noticia tan delicada, el periodista refiere que se buscó a Estefano Conde, gerente de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien en un primer momento les confirmó que la central nucleoeléctrica efectivamente no estaba funcionando debido a tareas de mantenimiento, pero que dichas instalaciones estaban en óptimas condiciones.

Señala el columnista, que en una segunda llamada telefónica, el funcionario de CFE, después de ponerse en contacto con los responsables de la central eléctrica ubicada en Veracruz, les precisó que hacía veinte días que la planta no operaba y que permanecería sin funcionar otros diez días más, debido a que se llevaba a cabo una recarga del reactor, actividad que a decir del funcionario, “se hace cada 18 meses”3.

Al día siguiente, domingo 23 de septiembre, el diario Excélsior publicó una nota titulada Lleva Laguna Verde 27 días sin funcionar4, firmada por el periodista Andrés Becerril, donde se retoma el paro técnico que existe en Laguna Verde y que fue advertido por el columnista Francisco Garfias.

En dicha nota, se lee que apenas el sábado, la CFE había corroborado “que la planta se mantiene detenida desde el pasado 26 de agosto debido a que estaba en proceso de recarga” y que a través del Departamento de Comunicación, la paraestatal había reiterado “que dicho paro de operaciones se realiza cada 18 meses, con la finalidad de rellenar los contenedores de uranio, combustible que utiliza para su funcionamiento” y que dicho proceso tendrían una duración de 40 días. El periódico cita las declaraciones de Estéfano Conde, vocero de la CFE, en los términos siguientes: “Es un procedimiento normal que se realiza desde que la planta fue construida y así ha sido cada 18 meses”.

La nota del Excélsior también da cuenta de las declaraciones de Claudia Gutiérrez de Vivanco, a quien identifica como representante del Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas. Según el diario, esta activista “sostuvo que el recambio de las barras de uranio con los que trabajan los reactores de la Central Nuclear de Laguna solamente dura una semana y no 40 días, como afirmó la CFE”.

Como ustedes saben, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde ubicada en Punta Limón en el municipio de Alta Lucero del Estado de Veracruz, cuenta con dos unidades generadoras de 800.5 Mega Watts cada una. La primera unidad inició su operación comercial el 14 de agosto de 1990 y la segunda unidad el 12 de abril de 1995.

En este orden, resulta innegable que, cuando menos, el asunto requiere de una comunicación oficial de parte de la CFE, particularmente de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, sobre los motivos del paro técnico que, dando por cierta la información, hoy estaría cumpliendo 31 días.

No creo que a alguien le parezca un asunto menor que laplanta nucleoeléctrica que aporta poco más del 3 por ciento del total de la capacidad de generación de la CFE, deje de funcionar por 40 días, sin saber a ciencia cierta las causas, y sobre todo cuando desde su inicio de operación comercial generó protestas por parte de varios grupos civiles nacionales (principalmente por el Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas) y del ámbito internacional (Greenpeace), quienes han señalado que dicha planta presenta un impacto negativo en el medio ambiente y que opera con medidas inadecuadas de seguridad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime González Aguadé, a que a la brevedad posible, remita a esta representación un informe detallado en el que explique los motivos por los cuales la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde se mantiene sin operaciones desde hace 31 días.

Asimismo, el Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Electricidad que en dicho informe se incluyan los pormenores de los protocolos y lineamientos de seguridad que se pusieron en operación a raíz de dicha suspensión de actividades, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y habitantes de la región aledaña a la central nucleoeléctrica.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Adán Augusto López Hernández”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador López Hernández. Se inscribe la adhesión, en este mismo sentido, del Senador Pablo Escudero, muchas gracias. Túrnese oportunamente a la Comisión de Energía.

Compañeros Senadores, me permito informarles que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

xcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=860500&seccion=seccion-nacional&cat=1





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente este mismo día 26 de septiembre a las 16:30 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:18 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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