Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 22 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Septiembre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 87 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 20 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cuatro minutos del día martes dieciocho de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves trece de septiembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio de la Secretaría de Turismo, con elInforme Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa F001 "Promoción de México como Destino Turístico".- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá a la Comisión de Turismo.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que para la reunión de análisis con motivo del Sexto Informe de Gobierno en el ramo de política social, en representación del titular de la Secretaría de Salud, asistirá el Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de investigación de violaciones graves a los derechos humanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se reforma el primer párrafo del artículo 69 y el último párrafo del artículo 146-a del Código Fiscal de la Federación.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII y 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya,a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a lasTurno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Lorena Cuéllar Cisneros y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a renegociar los términos del convenio para señalar nuevos plazos en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región de la Comarca Lagunera.- Considerado de urgente resolución, fue puestoa discusión. Intervinieron los Senadores: José Ascención Orihuela Bárcena del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Omar FayadMeneses del PRI, quien presentó propuesta de modificación; Francisco Domínguez Servién del PAN, quien presentó propuesta de modificación. La Sen. Juana Leticia Herrera dio lectura a una propuesta de consenso, que fue aprobada por la Asamblea.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Coahuila para que implemente un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el estado.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió proposición con punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de "Ley General de Atención y Protección a Víctimas", promover el desistimiento de la controversia constitucional planteada y ordenar la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnaráa la Comisión de Justicia.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo para que la Mesa Directiva del Senado de la República regulariceel procedimiento que debe seguir la iniciativacon proyecto de Decreto por el que se reformay adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el Ejecutivo Federal el 1 de septiembre de 2012.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnaráa la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

 

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a liberar los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 y licitar las obras para la modernización y ampliación de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

El Sen. Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Fernando Yunes Márquez y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de Acuerdo en relación a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Ricardo Barroso Agramont del PRI; Mario Delgado Carrillo del PRD, quien presentó una propuesta de consenso; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y Francisco Salvador López Brito del PAN. La propuesta del Senador Delgado fue aprobada.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a instrumentar las medidas presupuestarias, fiscales y financieras necesarias para que la Federación subrogue la deuda pública financiera y no financiera de los estados y municipios registrada al año 2012.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a crear la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados que dictamine y someta a votación a la brevedad posible la minuta enviada por el Senado que contiene proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como año del "Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los 'Sentimientos de la Nación', así como la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar y ratificar cuanto antes el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión ordinaria de Desarrollo Metropolitano.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Michoacán a informar sobre la situación de las finanzas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de diversos Senadores, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de José Francisco Chavira Martínez, en el juicio de amparo del Juzgado Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito del estado Tamaulipas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Justicia.

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita la creación de la Comisión ordinaria de la Agroindustria.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Consideradode urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Arturo Zamora Jiménez del PRI; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Pablo Escudero Morales del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de Bahía de Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga golfina.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar un informe sobre los mecanismos para medir el combate a la pobreza que utilizan en los programas sociales estatales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a discutir y votar la minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el jueves veinte de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, sise aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar lamano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el acta, señor Presidente.





 

MESA DIRECTIVA

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, informo a ustedes que en reunión celebrada esta mañana, la Mesa Directiva, en ejercicio de la atribución del artículo 181 del Reglamento del Senado, autorizó la rectificación de turno a los siguientes asuntos:

Al proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, presentado por el Senador Pablo Escudero Morales, el pasado 4 de septiembre. Se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Al punto de Acuerdo del Senador Manuel Bartlett Díaz, que solicita regularizar el procedimiento que debe seguir la iniciativa de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada el martes 18 de Septiembre. Se rectifica su turno para quedar en la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite, según lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, la siguiente documentación:

El informe sobre la invitación a México de los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífica para incorporarse a las negociaciones.

Y el informe de resultados de las diversas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En su oportunidad, se remitirán a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el apartado de iniciativas, se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)



Se concede el uso de la tribuna al Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Seguro de Desempleo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SEGURO DE DESEMPLEO

(Presentada por el C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Esta iniciativa la suscribe con un servidor, la Senadora Martha Elena García Gómez.

El bienestar de todos los mexicanos, debe ser una prioridad para la gestión y desarrollo de cualquier gobierno.

Las acciones dirigidas a la inversión de las capacidades de las personas son indispensables, a fin de aumentar su eficacia y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y también de sus familias.

El auge demográfico requiere de establecer políticas en el corto, mediano y largo plazo, para crear las fuentes formales de empleo que nuestro país necesita.

La OCDE reportó que en México laboran unas 13 millones de personas en condiciones precarias, sin seguridad social ni salarios fijos, y a esto hay que sumarle el 2.5 millones de desocupados y los cuatro millones de mexicanos subocupados.

Esta es una prioridad nacional, de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de nuestra Constitución. Dado que en este artículo establece que corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

Esta propuesta, tiene como finalidad establecer en México el Seguro de Desempleo como una política pública nacional.

Hay que advertir, que ya algunos estados tienen algunos programas que establecen un apoyo en materia de desempleo, como es el caso del Distrito Federal, y lo que hoy pretendemos, es que esto sea ya una política nacional.

El Seguro Nacional de Desempleo, la propuesta que hacemos, es un programa que debe establecerse a partir de invitar a los mexicanos desempleados a capacitarse para poder estar en condiciones de ser reincorporados a la vida laboral de este país.

Esta propuesta establece la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno. Esto es, que el Seguro Nacional de Desempleo será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y también los propios beneficiarios.

Esta ley establece de manera clara, que es un programa de protección social tendiente a establecer las bases de protección, promoción y fomento al empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social; así como instituir como política pública la programación del Seguro de Desempleo. Esto a través de estímulos fiscales a las empresas y también promover acciones que eleven su productividad, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar.

Es esta propuesta, que se pone a su consideración, señoras y señores Senadores, para que de manera conjunta, a lo que hoy se discute como una reforma laboral, podamos desde ya establecer este programa y ofertarle a los mexicanos la posibilidad de poder capacitarse, de no buscar oportunidades fuera de la ley, y que todo el Estado mexicano asuma como una prioridad, en este país, el que podamos reincorporar a la mayoría de los mexicanos a la vida productiva.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SEGURO DE DESEMPLEO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El bienestar de las y los ciudadanos, debe ser una prioridad para la gestión y desarrollo de cualquier gobierno. Es importante establecer políticas de empleo para concretar las aspiraciones de cada uno de los ciudadanos.

Se ha dicho, con certeza, que el derecho de trabajar nace con el derecho a vivir.[1] En ese tenor, su actividad necesaria debe contribuir a la satisfacción de los requerimientos mínimos, con dignidad y con decoro para la existencia cotidiana del trabajador y su familia.

De acuerdo con el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que:

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la economía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución..."

En términos del artículo 133 de la Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ésta y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán ley suprema de la nación.

En mérito de esa disposición constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A, del 10 diciembre de 1948, establece:

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.”

La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948; por su parte, establece en el capítulo del derecho a la seguridad social, en el artículo XVI,”...toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medio de subsistencia".

Así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución dos mil doscientos A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor el 3 de enero de 1966, de conformidad con el artículo 27; artículo 11.1. “Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

"Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), julio 2012; reportó que el 60.20% de la población de 14 años y más, se encontraba disponible para producir bienes o servicios; cifra que va en incremento respecto del mes anterior que fue de 59.30%.

El Seguro de Desempleo, es una de protección social para las y los ciudadanos del sector formal, con la finalidad de crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

En los países desarrollados es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón aplican esta medida de estímulo de la demanda, como lo es el Seguro del Desempleo.

En México, el Seguro de Desempleo, se ha convertido en política pública local. Este proyecto propone que el Seguro de Desempleo, sea una oportunidad para garantizar de forma la finalidad de capacitar y relacionar de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno; acciones que permitan el desarrollo e implementación de un esquema que permita la satisfacción adecuada de los requerimientos mínimos en materia social y económica.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SEGURO DE DESEMPLEO

Artículo Unico.- Se crea la Ley General del Seguro de Desempleo para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de carácter general en el territorio nacional, y tiene como objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento al empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social; así como, instituir como política pública, la programación del Seguro de Desempleo.

Artículo 2. La ejecución y aplicación de la presente Ley, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos de los estados y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito Federal, corresponderá a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario: Todo ciudadano de residencia mexicana, mayor de 18 años, que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, que cumpla con los requisitos previstos en esta Ley, para acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo;

II. Consejo: Consejo Nacional para la Protección y Fomento del Empleo;

III. Secretaría: A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

IV. Servicio: Servicio Nacional del Empleo.

Capítulo II

Distribución de Competencias

Artículo 4. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia del Seguro de Desempleo quedará distribuido de conformidad a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo;

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes;

III. Coordinar con la Secretaría de Economía la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo;

IV. Promover y realizar investigaciones acerca de características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo;

V. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas necesarias que más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;

VI. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas para capacitación de los beneficiarios;

VII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo, así como el servicio de colocación;

VIII. Transferir con puntualidad a los estados y al Distrito Federal las aportaciones que le correspondan para instrumentar el Seguro de Desempleo;

IX. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos en coordinación a lo que se refiere la presente Ley; y

X. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al Seguro de Desempleo.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, lo siguiente:

I. Organizar, operar y evaluar la implementación del Seguro de Desempleo;

II. Coadyuvar en la consolidación y promoción de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes;

III. Coordinar acciones entre las dependencias correspondientes para la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo;

IV. Promover y realizar investigaciones acerca de características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo;

V. Coordinarse con el Sistema Local de Empleo, para realizar las medidas que más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;

VI. Aplicar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por la Federación, las aportaciones propias, para la ejecución del Seguro de Desempleo;

VII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para desempleados;

VIII. Elaborar información estadística local y proporcionarla al Sistema Nacional del Empleo;

IX. Coordinar, promover y realizar ferias locales del empleo, así como el servicio de colocación;

X. Coordinar y gestionar la difusión de la convocatoria nacional para acceder al Seguro de Desempleo; y

XI. Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo III

De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5. Le corresponde a la Secretaría, a través del Sistema Nacional del Empleo:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo;

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes;

III. Coordinar con la Secretaría de Economía la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo;

IV. Promover y realizar investigaciones acerca de características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo;

V. Realizar las medidas que más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;

VI. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de capacitación para desempleados;

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local;

VIII. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento al empleo, y

IX. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo, así como el servicio de colocación.

TITULO SEGUNDO

Del Seguro de Desempleo

Capítulo I

Del Seguro de Desempleo

Artículo 6. El Seguro de Desempleo es un programa de protección social permanente para los beneficiarios de la presente Ley, tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de un empleo digno y socialmente útil.

Artículo 7. Los objetivos específicos del Seguro de Desempleo son:

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta Ley;

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro de Desempleo a un empleo en el sector formal de la economía; y

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo.

Capítulo II

De los Beneficiarios y Requisitos

Artículo 8. Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro de Desempleo durante un plazo no mayor a tres meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante el Servicio el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 9. El monto del Seguro de Desempleo, ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona correspondiente el cual será entregado mensualmente al beneficiario.

El derecho al beneficio del Seguro de Desempleo es de carácter personal e intransferible.

Artículo 10. Para acceder al Seguro de Desempleo el Beneficiario deberá acreditar ante el Servicio los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de 18 años;

II. Ser residente del territorio nacional;

III. Contar con Clave Única de Registro de Población;

IV. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal al menos durante un año;

V. No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa;

VI. No ser beneficiarios de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia.

VII. Ser demandantes activos de empleo, y

VIII. Cumplir con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley, la Convocatoria respectiva y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 11. El Servicio expedirá anualmente y de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la convocatoria para acceder al Seguro de Desempleo y sus bases de participación en su página oficial; así como el procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtenerlo.

Artículo 12. Los Beneficiarios del Seguro de Desempleo tendrán las siguientes obligaciones:

I. Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que marque la presente Ley;

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que determine el Servicio; y

III. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.

Artículo 13. El Servicio podrá suspender la percepción del Seguro de Desempleo cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;

II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del beneficiario;

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada;

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;

V. Ser beneficiario de algún otro programa similar con ayuda económica;

VI. Cambiarse de residencia al extranjero; y

VII. Renuncia voluntaria al derecho.

El Poder Ejecutivo deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos a través del Fondo de Aportaciones para la Protección y Fomento al Empleo, la asignación que garantice el derecho al Seguro de Desempleo.

TITULO TERCERO

Del Fomento al Empleo

Capítulo I

De los Estímulos Fiscales

Artículo 14. Los estados así como del Distrito Federal, a través de la dependencia que designen, elaborarán un padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes.

La Secretaría a través del Servicio establecerá un sistema de colocación laboral de acuerdo al padrón de personas que solicitan empleo y al listado de vacantes que se genere periódicamente.

Artículo 15. El Poder Ejecutivo a través de la Secretarias del Trabajo y de Economía estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar.

Artículo 16. Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas.

Artículo 17. Las empresas que contraten indefinidamente desempleados o personas con discapacidadpodrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo.

Artículo 18. Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo, los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 19. Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 20. Los estímulos fiscales a que se refiere la presente Ley, estarán establecidos en las Leyes de Ingresos de las entidades federativas, así como el Distrito Federal respectivas que se aprueben para el efecto en cada ejercicio fiscal.

Capítulo II

Del Consejo Nacional para la Protección y Fomento al Empleo

Artículo 21. El Consejo, es un órgano colegiado dependiente de la Secretaría, de consulta en materia de protección y fomento al empleo.

Artículo 22. Son facultades del Consejo:

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las actividades de la Secretaría en relación al empleo;

II. Formular propuestas de incentivos a la inversión;

III. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y protección al empleo; y

IV. Evaluar cada los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo adoptadas por la Secretaría.

Artículo 23. El Consejo se integra por:

I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. Un Vicepresidente, que será el titular del Servicio Estatal del Empleo;

III. Un representante de la Secretaría de Economía;

IV. Un representante de la Secretaría de Turismo;

V. Un representante de la Secretaría de Gobernación; y

Tres representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación por el Presidente del Consejo.

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 25. El Presidente del Consejo, convocará por lo menos dos veces al año, a los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección, promoción y fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran.

Artículo 26. Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección al empleo.

Capítulo II

De las Aportaciones para el Seguro de Desempleo

Artículo 27. El Seguro de Desempleo, será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los beneficiarios en los términos de este Capítulo.

El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Seguro de Desempleo, la cual será equivalente a lo establecido por las disposiciones reglamentarias de la presente Ley. La cantidad resultante se actualizara anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo 28. Para sustentar el Seguro de Desempleo, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaría conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación mínima de los estados y del Distrito Federal por persona será equivalente a la mitad de la cuota social que se determine con base en las disposiciones reglamentarias.

II. La aportación solidaria por parte del Gobierno Federal se realizará mediante la distribución del Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo de conformidad con la fórmula establecida en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, y

III. La fórmula a que hace referencia la fracción II de este artículo incorporará criterios compensatorios con base en el perfil de las necesidades de trabajo, la aportación económica estatal y el desempeño de los servicios de capacitación y fomento al trabajo.

Artículo 29. La Secretaría, definirá las variables que serán utilizadas para establecer cada uno de los criterios compensatorios y determinará el peso que tendrá cada uno de ellos en la asignación por fórmula. Asimismo, proporcionará la información de las variables utilizadas para el cálculo.

Los términos bajo los cuales se hará efectiva la concurrencia del Gobierno Federal y estatal para cubrir la aportación solidaria se establecerán en los acuerdos de coordinación.

Artículo 30. Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los gobiernos de los estados y el Distrito Federal para las acciones de protección del desempleo, tendrán que canalizarse directamente a través de las estructuras de los Servicios Estatales del Empleo.

Artículo 31. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de desempleados, que no gocen de seguros de invalidez o cesantía, así como otros validados por la Secretaría.

Artículo 32. Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Capitulo, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

Artículo 33. De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 27 y 28, la Secretaría canalizará anualmente dichos recursos al Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo.

Artículo 34. De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos, la Secretaría canalizará anualmente dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal anual, aplicando dos terceras partes para su implementación, y una tercera parte para atender las diferencias imprevistas en la demanda del Seguro de Desempleo durante cada ejercicio fiscal, así como la garantía del pago.

Artículo 35. Con cargo a esta previsión presupuestal, que será administrada por la Secretaria, se realizarán transferencias a los estados conforme a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias.

En caso de que existan remanentes de esta previsión presupuestal al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, la Secretaría de Trabajo canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección y Fomento al Empleo.

Artículo 36. Al término de cada ejercicio la Secretaría rendirá al Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre la utilización y aplicación de los recursos del fondo al que se refiere el anterior articulo.

Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones económicas establecidas en este Capítulo.

Capítulo III

Del Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo

Artículo 37. El Gobierno Federal establecerá un Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo, mediante el cual aportará recursos que serán ejercidos por los estados y el Distrito Federal para llevar a cabo las acciones relativas a las funciones de capacitación y fomento al empleo, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Apoyo y Fomento al Empleo, y de conformidad con los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban.

Artículo 38. La Secretaría, determinará el monto anual de este fondo así como la distribución del mismo con base en la fórmula establecida para tal efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha fórmula deberá tomar en cuenta la población total de cada estado y un factor de ajuste por necesidades de trabajo.

Artículo 39. La Secretaría, definirá las variables que serán utilizadas en la fórmula de distribución de los recursos del fondo y proporcionará la información utilizada para el cálculo, así como de la utilización de los mismos, al Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley General de Seguro de Desempleo, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. En un plazo similar al que se refiere la disposición transitoria anterior, el Consejo Nacional de Protección y Fomento al Empleo deberá emitir las resoluciones que le correspondan como consecuencia de este Decreto.

CUARTO. Para los efectos del artículo 27 de la Ley, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor será el primero de enero de 2013.

QUINTO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, cada año y de manera acumulativa, se podrán incorporar al Sistema Nacional del Empleo hasta el equivalente a 10% de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura en el año 2016.

En el ejercicio fiscal 2013 y subsecuentes, podrán adherirse los desempleados cuya incorporación pueda ser cubierta con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones de Fomento y Protección al Empleo a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con cargo a los recursos de los programas del Ramo Administrativo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación y, con cargo a los recursos para la función de Trabajo y Previsión Social que el Ejecutivo Federal presente para el Sistema Nacional del Empleo.

La cobertura de los servicios de protección al empleo iniciará dando preferencia a la población en las áreas de mayor desempleo, de conformidad con los padrones que para el efecto maneje el Gobierno Federal.

SEXTO. La aportación solidaria de los gobiernos de los estados y el Distrito Federal en términos del Artículo 28, deberá iniciarse en el ejercicio fiscal de su incorporación al Sistema Nacional del Empleo.

SEPTIMO. Con el objeto de que los programas en materia de trabajo se ejecuten de manera más eficiente y eficaz, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y en los años subsecuentes, los recursos aprobados para la función de Trabajo se identificarán con una estrategia integral del fomento y protección al trabajo.

OCTAVO. La Secretaría, deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el artículo 27 en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y publique este Decreto.

NOVENO. A partir del ejercicio fiscal en que se celebre el acuerdo de coordinación correspondiente, para la entidad federativa suscriptora, el monto total de recursos aprobados del Fondo de Aportaciones de Protección y Fomento al Empleo, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, será utilizado para financiar los recursos que el Gobierno Federal debe destinar al Sistema Nacional del Empleo.

Para los efectos del párrafo anterior, las aportaciones solidarias a que se refiere el artículo 27 de la Ley, se realizarán en la medida en que se incorporen personas desempleadas al Sistema en los términos del artículo transitorio quinto y de los acuerdos de coordinación correspondientes, sin afectar la continuidad de la atención de los beneficiarios no aseguradas.

DECIMO. La Secretaría dispondrá lo necesario para dar continuidad a las acciones derivadas del Programa de Apoyo y Fomento al Trabajo en los mismos términos en que se ha desarrollado a la fecha, hasta en tanto se encuentre en operación plena la ejecución del presente Decreto.

DECIMO PRIMERO. El Congreso de la Unión en uso de sus facultades legales, podrá a través de sus órganos dar seguimiento al cumplimiento de las normas aprobadas en el presente Decreto.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 20 de Septiembre de 2012.

Sen. José María Martínez Martínez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador José María Martínez. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código de Justicia Militar; la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina Militar para el Personal de la Armada de México.

[1] Carro Igelmo, Alberto José, Introducción al Sindicalismo, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1971, p.41.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR; DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y LA FUERZA AEREA MEXICANOS Y DE LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MEXICO

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Buen día señoras Senadoras y señores Senadores:

En México, el Sistema Educativo Militar se constituye en 36 instituciones educativas de las cuales seis son Unidades-Escuelas, y 12 Jefaturas en Cursos, en estos planteles realizan sus estudios un promedio anual de 5 mil estudiantes.

Este año ingresaron al Sistema Educativo Militar más de 1700 mujeres y hombres. De los cuales, un número importante son adolescentes, es decir, personas menores de 18 años de edad.

En el caso de los adolescentes que cursan sus estudios en estos planteles militares, preocupa que, a pesar de que en México desde 1990 aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, se sigan aplicando disposiciones, sanciones y castigos contenidos en los propios códigos castrenses, sin tomar en consideración la protección especial de los derechos humanos que deben gozar quienes son adolescentes; para que no sean sujetos de disposiciones que son propias de adultos.

Este es un debate que tiene muchos años, que se ha dado en el Congreso de la Unión, y que permanentemente la organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos, le han manifestado al Estado Parte que tome medidas para resolver estos inconvenientes que atentan contra los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad y que estudian en este tipo de instituciones.

Es un problema que tiene, por lo tanto, que corregirse de raíz para la adecuación de todas las disposiciones que caracterizan este tipo de educación castrense.

Por tanto, la presente iniciativa que pongo a su consideración, propone adecuar las disposiciones contenidas en estos ordenamientos de tratados internacionales, pero también de distintos preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. Menciono el artículo 4o. constitucional que establece, entre otros preceptos, el interés superior de la niñez, y además el artículo 18 constitucional, que crea el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores.

Creo que es importante mencionar que ahora que estén instaladas las comisiones tenemos que dirimir que las personas menores de edad no pueden sufrir exclusión o discriminación de ningún tipo y bajo ninguna índole, para que puedan ser protegidos en todos sus derechos humanos.

Menciono de manera muy breve, por ejemplo, algunos preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez:

El artículo 28 menciona: Los Estados Parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y la niña y de conformidad con la presente Convención.

Los Estados Partes convienen en que la educación de la niña o el niño deberá estar encaminada a inculcarles el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El artículo 37 menciona: Ningún niño o niña sea sometido a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación a personas menores de 18 años de edad.

El artículo 40 establece: Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto de la niña y el niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño o la niña y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

Termino mencionando que la iniciativa que estamos presentando impacta el Código de Justicia Militar, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina Militar para el Personal de la Armada de México.

Me parece, señoras y señores Senadores, que el Senado tiene que restituir la discusión que ya se ha dado en legislaturas pasadas y resolver en este sentido afirmativo lo que hemos planteado desde diferentes espacios, para que no haya exclusión del goce de todos sus derechos sin cortapisas, sin menoscabo o ante la posibilidad de que estos puedan ser anulados aún cuando estén estudiando en este tipo de instituciones castrenses.

Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR; DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y LA FUERZA AEREA MEXICANOS Y DE LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MEXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, el Sistema Educativo Militar se constituye en treinta y seis instituciones educativas de las cuales seis son Unidades-Escuelas, y doce Jefaturas de Curso, en estos planteles realizan sus estudios un promedio anual de cinco mil estudiantes distribuidos en sesenta cursos de nivel superior, ciento cuatro de formación de oficiales, treinta y seis para la formación de clase y doscientos seis cursos de especialización, capacitación, aplicación y adiestramiento. 1

Este año ingresaron al Sistema Educativo Militar más de mil setecientas mujeres y hombres y actualmente un número importante de adolescentes realizan sus estudios en dichos planteles.

En el caso de los adolescentes menores de 18 años de edad que cursan sus estudios en los planteles militares, llama la atención que se les apliquen las disposiciones, sanciones y castigos contenidos en los propios códigos castrenses, sin tomar en consideración que quienes son menores de edad, no pueden ser sujetos de disposiciones propias para adultos.

Ello sin duda es un problema que debe corregirse a raíz de diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México y en diversas disposiciones contenidas en la propia Constitución.

Por tanto, la presente iniciativa propone adecuar las disposiciones contenidas en estos ordenamientos a lo que mandatan los artículos 4 y 18 de la Constitución, así como y los tratados internacionales a efecto de que las y los adolescentes que estudien en estos planteles no sean sometidos a disposiciones que violan sus derechos fundamentales.

En ese sentido la Constitución establece en su artículo 4º la protección para todas las personas menores de 18 años, sin exclusión o discriminación de ningún tipo y bajo ninguna índole, se integra en una sola visión a todas las niñas y niños más allá de su origen o condición social o económica. Cabe señalar que de este artículose deriva la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establece como principio fundamental el “interés superior de la niñez”.Derechos todos que derivan a su vez de la propia Convención sobre los Derechos de la Niñez., la cual señala en diversas disposiciones lo siguiente:

Artículo 28

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

Artículo 37

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

Artículo 40.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

Por su parte el Protocolo Facultativo de esta Convención señala:

Artículo 1

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.

Artículo 2

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.

Artículo 3

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que:

a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;

b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de quienes tengan la custodia legal;

c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar;

d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.

Asimismo, el artículo 18 constitucional establece: “un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.

Como podemos observar resulta incongruente que a las y los adolescentes que cursan sus estudios en los planteles militares se les siga sometiendo a normas que no resultan acordes a nuestro texto fundamental.

Ninguna persona, menos una persona menor de 18 años en un país democrático puede ser excluida o marginada de las normas civiles. Este es un tema que los organismos internacionales permanentemente han señalado al Estado cuando integrantes del ejército se ven involucrados en delitos del orden común.

De tal forma que si en la eventualidad de que alguna persona menor de 18 años que cursa sus estudios en los planteles militares comete o se encuentra involucrado en alguna comisión de una conducta tipificada como delito en la ley penal, debe recibir el tratamiento que señala la Constitución y las leyes en la materia.

Finalmente habrá de destacar las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver diversos amparos relativos a abusos cometidos por militares en contra de civiles mandató que éstos sean investigados y sancionados por las autoridades civiles. Al igual que estos casos, ningún adolescente menor de 18 años que estudie en los planteles militares puede ser sometido a disposiciones propias de los adultos.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR; DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y LA FUERZA AEREA MEXICANOS Y DE LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MEXICO.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 153 y 603; se deroga el artículo 154 y se adiciona una fracción XI al Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 119.- Son excluyentes:

(…)

XI. Ser persona menor de dieciocho años.

Artículo 153.- Los menores de dieciocho años que estuvieren prestando sus servicios en el ejército, y que cometan conductas tipificadas como delitos competencia del fuero militar, serán puestos a disposición de las autoridades del sistema de justicia para adolescentes.

Artículo 154.-Se deroga

Artículo 603.- La confesión judicial hará prueba plena, cuando concurran las siguientes circunstancias:

II.- que se haga por persona mayor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

En ningún caso se podrá imponerse este correctivo disciplinario a las personas menores de dieciocho años.

TERCERO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 53 la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 53.

En ningún caso se podrá imponerse este correctivo disciplinario a las personas menores de dieciocho años.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. En su oportunidad, se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

1 Secretaria de la Defensa Nacional. Sexto Informe de Labores, p 31





 

MINUTO DE SILENCIO

Señoras y señores Senadores, ruego a todos los presentes ponerse de pie a efecto de guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en la tragedia ocurrida en Reynosa, Tamaulipas.

(Todos guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Tiene la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4°. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de las facultades que me da la Ley Orgánica del Congreso General, así como el Reglamento correspondiente de este Senado de la República, para presentar a ustedes un asunto que considero de la mayor importancia.

En este momento, la descomposición social que tenemos es grave, es sumamente lastimosa y creo que tiene bastantes aspectos que atender, pero uno de ellos, que lo hemos dejado de lado y poco atendido, poco comprendido, y sobre todo sin un marco jurídico adecuado, es el que tiene que ver con la familia mexicana o las familias mexicanas que siguen siendo una gran discusión.

Si es en singular o si es en plural cuando el tema más importante en este propósito es ver cómo están organizadas quienes las componen, hay una gran discusión todavía sobre el esquema de la familia tradicional. Y cuando revisamos las instituciones de familia o de las familias, encontramos varios aspectos que han sido abandonados por mucho tiempo, sin embargo, refiero específicamente al tema de la adopción, y no le voy a poner ni adopción plena, ni simple, ni internacional, solamente el término adopción, esta institución de familia no ha tenido el cuidado y la atención que se requieren.

El adoptado, la adoptada y el adoptante merecen tener un marco jurídico adecuado. Por eso, hoy vengo ante esta Soberanía a presentar una reforma al artículo 4o. constitucional, una reforma a un párrafo más que pueda visibilizar en toda la extensión de la palabra, en todo el alcance que ésto tiene, esta institución de familia, como es la adopción.

Yo solamente traigo hasta aquí un asunto que hace muy poco pudimos ver. Cuando Haití tuvo la gran catástrofe natural, México fue uno de los únicos países que no pudo recibir niños y niñas, no pudo adoptar, porque sus normas son muy rigurosas, pero porque además no contemplan otros aspectos de la realidad social que tenemos.

Por eso, hoy vengo a proponer esta reforma al artículo 4o. constitucional, y pidiendo en principio que se le dé las facilidades para esta institución de familia a quienes pretendan adoptar. No con esto le estamos abriendo una puerta a un fenómeno que a veces forma parte de un delito, como es la trata de personas.

Me gustaría que nos pudieran apoyar aprobando esta reforma constitucional, y luego buscar la Ley Reglamentaria al respecto, porque la adopción requiere una atención especial. Porque estamos hablando de seres humanos, niñas y niños, hombres y mujeres que requieren hacer uso de esta institución tan noble, tan necesaria para seguir constituyendo la o las familias mexicanas que requerimos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que sereforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La familia es la primera, permanente e intransferible escuela de los seres humanos. Es el principio y fin de la especie humana. Es la institución social más antigua.

Es una institución creada y configurada por la cultura, la religión, lamoral, las costumbres y el derecho, por lo que interviene en el desarrollode sus miembros y de la comunidad. Por su parte el derecho familiar es unescenario social en el que se enfrenta la tiranía del saber científico de losseres humanos con la sabiduría sencilla y maravillosa de lo natural. Los demás agentes externos rápidamente se receptan en ella, modificándola formal y estructuralmente.

La adopción es una imitación de la naturaleza. Es una creación técnica del Derecho. Se dice que imita a la naturaleza porque está dada para quienes no tienen hijos propios, ello era más explicable cuando en su origen se establecían 60 años como edad mínima para adoptar.

Hoy el hecho biológico de la procreación queda colocado en segundo lugar, para poner en primero, las ventajas jurídicas, sentimentales, de consideración y respeto que los adoptantes deben procurar darles a los adoptivos.

Hay dos supuestos en la filiación motivada por la adopción, el biológico y el psicológico. Luego entonces la solidaridad humana genera relaciones filiatorias con los mismos efectos que la procreación biológica. Es decir son orígenes distintos pero los efectos jurídicos hoy día son iguales. Nace de la voluntad y crea un lazo jurídico filiatorio entre dos personas fuera de todo vínculo de sangre.

Es la figura ética y humana por excelencia y medio por el cual se establece entre dos personas extrañas, relaciones familiares filiatorias, semejantes a las que surgen en la procreación biológica.

En la historia ha servido para el robustecimiento y continuidad de la familia, ya que era necesario siempre la supervivencia del culto a los antepasados, hasta Ilegar a la protección integral de los niños, niñas y adultos desvalidos.

Sus antecedentes más remotos los encontramos en la India, de ahí pasa a los hebreos, después a Egipto, luego a Grecia y posteriormente a Roma. Según ya lo apuntamos su origen es eminentemente religioso, puesto que servía para perpetuar el culto doméstico, o sea que en casa siempre hubiera alguien que rezara por los muertos, lo cual se extinguirá de no haber descendientes. También sirvió con carácter político porque permitía adquirir títulos nobiliarios y hoy día la adopción solo se da si existe beneficio de la infancia y del interés social. Hoy ya no es un niño para una familia, sino una familia para un niño.

En los Códigos Civiles de 1870 y 1884 no existió disposición sobre laadopción, por tanto solo existían dos clases de parentesco, el deconsanguinidad y el de afinidad. Fue hasta la ley sobre relacionesfamiliares de 1917 que se tuvo en una norma nacional, concretamente enel Artículo 220 a la adopción y la definía: "El acto legal por el cual unapersona mayor de edad acepta a un menor como hijo adquiriendorespecto de él todos los derechos que un padre tiene y contrayendo todas las responsabilidades que él mismo reporta, respecto de la persona de un hijo natural". La crítica es que se equiparaba a la filiación fuera de matrimonio en esos ayeres de discriminación. Hoy la doctrina general y la legislación actual, contradicen tal definición, puesto que se acepta que la adopción sobre todo la plena, genera una filiación legítima igual a la biológica.

La primera guerra mundial produjo millones de huérfanos, los que debían ser protegidos. Es decir cambió el concepto de que era para beneficio del culto familiar para variarse por el interés superior de la infancia y adultos incapacitados.

No hay en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como sucede en la gran mayoría de las cartas fundamentales europeas y americanas, una alusión precisa y literal de familia adoptiva o a la figura de la adopción. Ciertamente esta omisión resulta más visible ya que el Artículo 40 de nuestra Ley Suprema y que se refiere a la protección de la familia a la no discriminación de los hijos por razón de su filiación, no trae cita de esta institución.

Admitamos que crear una familia alienta el crecimiento individual dequien así lo ha decidido. Asimismo reconozcamos que este colectivo esesencial para el pleno y libre desarrollo de la persona humana, luego entonces no cabe duda que la adopción es el vehículo que lleva también a conseguir el progreso afectivo de la especie humana.

Es pertinente referir que una constitución efectivamente cumple, conregular bases dogmáticas, orgánicas y programáticas de organizaciónsocial y no tiene que ocuparse de todas y cada una de las institucionesjurídicas que se conozcan. No obstante lo anterior, no hay una justificaciónpara que no se contemplen otros derechos fundamentales en su articulado.

La economía legislativa hace que algunos derechos humanossustanciales como lo es la adopción, que dejó hace muchos años de ser unasunto privado para transformarse en uno de los instrumentos máseficaces y representativos del estado de derecho. Así las cosas, loconveniente resulta establecer que los derechos a adoptar y a seradoptado han elevado su categoría de meros derechos familiares a derechos humanos y por tanto deben tener protección privilegiada.

El problema a futuro será definir si el derecho a fundar una familia adoptiva, tanto como el derecho de la infancia desamparada a tenerla, son posiciones jurídicas que deben constar expresamente en la Constitución o es suficiente que aparezcan en normas secundarias.

La adopción se muestra como un medio más de un Estado social ydemocrático de derecho para fortalecer y extender las libertades ciudadanas para fundar su propia familia, derecho público exigible a aquél, mismo que estaría obligado a promover las condiciones y remover todos los obstáculos que impidan la formación de una familia.

Si la casi totalidad de los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana y organizadores del orden político, de la paz social y del estado democrático de derecho, están en la norma suprema, luego entonces si en la adopción convergen dos derechos humanos básicos como son el de adoptar, como una expresión refleja del derecho a crear una familia; y el de ser adoptado(a) generado a su vez por el derecho a pertenecer a un grupo familiar que no se tiene o si se cuenta con él, éste está definitivamente carenciado.

Si tenemos que para considerar fundamental a un derecho, tiene queparticipar de los derechos de la personalidad, al igual que ese derecho estéen la Constitución General, entonces el tema debe someterse a debate. Silos seres humanos son libres para decidir si quieren o no crear una familia,determinación que indudablemente forma parte del derecho de la intimidadprivada, por tanto al estado solo queda establecer los medios para que sepueda materializar la decisión tomada libremente, pudiendo ser el de la adopción, institución jurídica que permite en único acto la cohabitación de dos intereses. De los padres que quieren tener hijas (os) y el de éstos (as), que quieren tener padres.

Recordemos a Carbonnier sobre el tema: "La familia, a despecho de mezquindades, de sus egoísmos e inclusive de sus faltas de probidad, es para los hijos algo más seguro que toda la música del orden social".

Adoptar y ser adoptado, debe ser derecho fundamental. La adopciónes una institución que construye y fortifica lazos de afectividad recíprocosentre padres e hijos; procura el desarrollo armónico de unos y otros;respeta la dignidad de ambas generaciones y además alienta suslibertades.

Una referencia literal de la adopción en nuestra Ley de Leyes, sería sencillamente el reconocimiento privilegiado a una institución que propicia y consolida vínculos afectivos entre padres e hijos, además de un acabado desarrollo de Ia personalidad de unos y otros, sin desdoro de la dignidad de todos ellos.

En el Artículo 4º. Constitucional, si bien es cierto que se asegura laprotección social, económica y jurídica de la familia, no aclara el tipo de familia al que se refiere y si tenemos que por derechos de la personalidad se entiende la titularidad de derechos fundamentales, entonces la urgencia a discutir el punto se torna indispensable.

Los derechos fundamentales son derechos que encuentran sus bases en la dignidad humana y en el libre desarrollo de la personalidad. Así las cosas el derecho a constituir familia adoptiva y al igual que el derecho de Ia infancia carenciada a tenerla, son dos posturas jurídicas subjetivas que deben recibir protección Constitucional. Con ello, estaríamos en posibilidad de hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y Leyes burocráticas en general, a fin de que cumplido el requisito de antigüedad y afiliación y vigencia de sus derechos ante las instituciones de salud memoradas, las madres que adopten reciban exactamente las mismas prestaciones que obtienen Ias madres biológicas.

Efectivamente no estamos viendo que la función socializadora deniñas y niños, también la realizan las mujeres que adoptan y sin embargono tienen reconocidos en todas las leyes, los derechos de tiempos ybeneficios en especie, por el argumento de no haber estado gestando elembarazo y el posterior alumbramiento, cuando finalmente el procreado biológicamente o el adoptado recibirán por sus madres trabajadoras, los mismos cuidados y afectos para su desarrollo integral.

Ciertamente, los tiempos de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto y otras prerrogativas en especie que se otorgan por la maternidad, solo se dan a quienes gestaron y parieron el producto, sin reparar que tanto cuidados y nutrientes orgánicos, son requeridos por la infancia, sean biológicos o adoptivos.

En estos tiempos en que los infantes y adolescentes, estánsometidos a muchos riesgos por la violencia existente, es la solidez familiaren el hogar lo que le hará frente, lo cual se conseguirá con mayorestiempos de convivencia entre las trabajadoras que adoptan y sus hijas ehijos. Es más, este derecho debe extenderse a los varones que intervienenen la adopción con el rol de padres y a fin de que colaboren en lasactividades del cuidado personal y de la salud física y mental de los niños.

Son múltiples los instrumentos internacionales que estatuyen elderecho de niñas y niños a una familia. El Artículo 3° de la Declaración delas Naciones Unidas de 1986(1); los Artículos 10.1(2) y 23(3) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; numeral 4° de la Declaración de las Naciones Unidas de 1986(4) y los preceptos 20(5) y 21 de la Convenci6n Sobre los Derechos del Niño (6).

Efectivamente se dice que en el mundo cada cuatro segundos naceun niño, en México cada catorce segundos. Las cifras resultansorprendentes, por lo que no se encuentra justificaci6n a todas lasinjusticias que se somete a la infancia, como la desnutrición, falta decariño, enfermedades, abuso, explotación económica, sexual, psicológica y laboral, falta de educación, tráfico de órganos y de ellos mismos, desdeluego la exposición o abandono de sus inacabadas personas. Esredundante advertir, que la presencia de niñas y niños en una sociedaddemocrática, genera requerimientos en materia de salud, educación,alimentación, vivienda, seguridad social, cobertura para el desamparofamiliar, protección contra la explotación sexual, laboral y económica.

La adopción no es un medio para erradicar la pobreza. Debemos poner atención en lapobreza y la injusticia social que lastiman seriamente a los infantes, vamos, debemos exigir desarrollo con rostro humano y romper con la espiral construida por el abandono del hombre a la mujer; por el abandono de la mujer al hijo y finalmente por el abandono del Estado a la familia.

Prevengamos el abandono y exposición y de consecuente elmantenimiento de los niños y niñas con su familia de origen. Todo niñotiene derecho a vivir con su familia biológica constituida por susprogenitores. Es deseable que su socialización trascienda en vínculosconsolidados a partir de la procreación. La Convención sobre los Derechosdel Niño, así lo expone en su preámbulo y en los artículos 7.1 (7) y 9.1 (8); asimismo la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 23(9), 24(10) y 25(11), por lo que los Gobiernos quedan obligados a desarrollar todo tipo de políticas para evitar el abandono y la exposición y paralelamente fortalecer la adopción como instrumento de respuesta para la tranquilidad de niñas y niños en situación extraordinaria.

Se hace urgente que todos comprendamos y tengamos presente lo siguiente:

A) El niño o niña es una persona y coma tal tiene derechos. Cada niña o niño es un ser único.

B) Los infantes abandonados o expósitos son personas que han sufrido.

C) Que todo adoptado tiene que ser tratado con mucha sensibilidad, respeto y dignidad. Que es una persona y no unexpediente.

D) Que al ser persona el adoptado o la adoptada, no se debe desplazar de un entorno a otro sin precauciones o preparaciones integrales previas.

E) Que no es un objeto de comercialización.

F) Que la infancia es una etapa humana de privilegio, el primer paso del ser humano y formador futuro de familias y sociedades.

G) La fase administrativa de las adopciones en sus procedimientos deben ser rigurosos sin ser exageradamente meticulosos, ya que el abuso de las gestiones, a las que a veces se somete a los candidatos a la adopción, atentan contra el respeto que merecen como personas y su proyecto. Los pretendientes deben ser ayudados y no "juzgados". Sus trámites, exámenes e indagaciones deben ser las indispensables, realizadas con rapidez y respeto.

Debe ponerse en la sentencia de adopción la obligación para los adoptantes extranjeros para presentar a los adoptivos cada año para su revisión física y psicológica, durante los cinco años siguientes a la adopción.

Conviene establecerse en un resolutivo de toda sentencia de adopción, Ia obligación para los adoptantes de explicar a sus hijos sobre sus padres consanguíneos, a fin de respetarle a la infancia su derecho de identidad en términos del Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. (12)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 4º. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCION.

ARTICULO UNICO.-Se reforma el párrafo último del artículo 4°, para quedar como a continuación se indica:

Artículo 4°………………….......…………………………………………………………………

El varón y la mujer………………………………………….........…………………………….….

……………………………………………………………………........…………………………..

Toda persona tiene derecho a decidir de manera………………….............………………………

…………………………………………………………………........……………………………..

Toda persona tiene derecho a la protección de salud………….............…………………………..

…………………………………………………………........……………………………………..

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente……………………..............………………….

……………………………………………………………………........…………………………..

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda………………...........………………………...

……………………………………………………………........…………………………………..

Los niños y las niñas tienen derecho……………………..........…………………………………..

…………………………………………………………………........……………………………..

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber………………….............………………….

……………………………………………………………………..........…………………………

El Estado otorgará facilidades a los interesados en adoptar, satisfaciéndose siempre el interés superior de la infancia.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

1Artículo 3o.-"1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo. 2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.

2Artículo 10.1.-"1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

3Artículo 23.- "1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos."

4Artículo 4°.-1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo. 2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global."

5Artículo 20.- "1. Los niños temporal o permanentemente privados de su media familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes asegurarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en otra familia, la Kafala del derecho Islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religiosos, cultural y lingüístico."

6Artículo 21.- "Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidarán de que el interés superior del niño sea en consideración primordial y: a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las cuales determinarán con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situaciónjurídica del niño en relación con sus padres, parientes y tutores, y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; b) Reconocerán que la adopción por personas que residan en otro país puede ser considerada come otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; c) Velarán porque el niño objeto de adopción en otro país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción por persona que residan en el mismo país; d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción por personas que residan en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales, o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúa por medio de las autoridades u organismos competentes."

7Artículo 7.1.- "El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos."

8Artículo 9.1.- "Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en un caso particular, por ejemplo, en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

9Artículo 23.- "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá
considerarse motivo suficiente para separaros de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad. El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y adolescentes. Las leyes establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como exposición el estado de abandono, los casos de padres y madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean a su subsistencia. Se establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa de separación.

10Artículo 24.- "Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño.

11Artículo 25.- "Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar. Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este capítulo, mediante: A. La adopción, preferentemente la adopción plena. B. La participación de familias sustitutas y C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.

12Artículo 7.- I. "El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los Instrumentos Internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna para proponer a ustedes, Senadoras y Senadores, que el Senado cuente con una comisión especializada en migrantes.

México es un país de salida, llegada, retorno y tránsito de migrantes; suena a lugar común, pero no existe otro país en el mundo con una problemática migratoria tan compleja como la nuestra. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, en las últimas dos décadas México rompió todos los parámetros nacionales e internacionales en materia de flujos poblacionales.

Como consecuencia, México se adjudicó el vergonzoso récord de expulsión de personas a nivel mundial y se convirtió en un país de migrantes y de miles de familias desintegradas.

Lo anterior, sucedió al mismo tiempo en que nos consolidábamos como un país que depende en gran medida de los recursos generados y de las remesas enviadas por los migrantes.

De manera paralela, la creciente migración proveniente de distintas naciones latinoamericanas, puso en evidencia la crisis de seguridad y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan al territorio nacional en su camino hacia los Estados Unidos, aún también siendo mexicanos.

La matanza de San Fernando, las historias cotidianas de violencia, abuso y extorsión de las que sistemáticamente son víctimas hombres, mujeres y niños que ingresan por la frontera sur, y la cada vez más complicada realidad de los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos, son sólo algunos de los argumentos más sólidos que justifican la necesidad de que el Senado de la República cuente con una comisión especializada en el fenómeno migratorio.

México requiere, hoy más que nunca, una política de Estado en esta materia. Paradójicamente, y dada la magnitud del reto, resulta incomprensible que el Senado de la República no cuente con una comisión de asuntos migratorios, especializada y dedicada de tiempo completo al análisis y seguimiento del fenómeno migratorio, y particularmente de la realidad y la situación de nuestros compatriotas radicados en el extranjero.

Desde hace un par de legislaturas, al aprobarse un documento estratégico denominado "México frente al fenómeno migratorio", las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República reconocieron que la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y los Estados Unidos, propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en asunto prioritario de la agenda binacional.

Hoy, el tema migratorio debe ser un tema prioritario en nuestro país, tanto en lo interno como en lo bilateral, en lo que compete al Ejecutivo y también en lo que concierne a este Poder Legislativo. Nuestro país necesita de una estrategia diseñada y ejecutada colectivamente. Nuestros compatriotas esperan una actuación de Estado.

Y también de este Senado de la República, en ese contexto, necesitamos una comisión permanente y especializada, una comisión que se dedique a dar seguimiento constante y puntual a la realidad migratoria, un órgano que sea capaz de generar propuestas e impulsar políticas y alternativas de solución a los problemas. En síntesis, una instancia que logre dar al Senado ese perfil de interlocutor frente al Congreso de los Estados Unidos y que lo transforme en un actor protagónico que coadyuve a impulsar y a alcanzar una reforma migratoria integral.

Es cierto que ya contamos con la Comisión de Asuntos Fronterizos para las regiones norte y sur, así como una Comisión de Población.

El fenómeno migratorio no es un simple asunto fronterizo o un tema estrictamente poblacional.

Destacamos y reconocemos el trabajo realizado hasta ahora por esas comisiones, pero los asuntos fronterizos van, son muy amplios, van desde medio ambiente, transporte, la gestión de agua, los servicios básicos, los límites, la delincuencia organizada, los flujos de distintos bienes y de mercancías, etcétera, etcétera. Por su parte, la Comisión de Población tiene que ver más con aspectos demográficos, culturales, socioeconómicos, relacionados más bien con flujos internos de connacionales que a un fenómeno propiamente migratorio.

Por lo tanto, no existe razón para no delegar en las comisiones ya existentes todos aquellos asuntos de trascendencia, y radicar, exclusivamente, los asuntos migratorios a una nueva comisión.

La propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para dar cumplimiento a sus funciones.

Hoy más que nunca, el Senado de la República requiere de una comisión especializada que le permita al Poder Legislativo contribuir en el diseño de estrategias que permitan a nuestro país hacer frente a las amenazas representadas por todas aquellas legislaciones locales, antiinmigrantes y racistas, que pretenden restringir los derechos humanos de nuestros connacionales en diversas entidades de la Unión Americana.

Es el caso de la Ley SB1070, la cual finalmente ha entrado en vigor el día de ayer, y que permitirá a las autoridades locales del estado de Arizona, detener a cualquier persona por su apariencia o por su origen étnico.

Tampoco podemos seguir ignorando el endurecimiento de los controles fronterizos, las políticas de expulsión, el aumento de las deportaciones, el incremento de los riesgos inherentes a cruzar la frontera por lugares inhóspitos y el estancamiento de la economía de los Estados Unidos, como condicionantes determinantes de la realidad migratoria y de la situación cotidiana que día a día enfrentan miles de nuestros compatriotas.

Es por ello, que debemos avanzar en la capacitación de las autoridades migratorias y en el establecimiento de condiciones y parámetros que nos permitan garantizar el respeto a los derechos humanos elementales de los inmigrantes centroamericanos y mexicanos.

Así como otras cosas, si queremos que este Senado de la República se convierta en un actor y en un interlocutor capaz de impulsar los objetivos nacionales, fortaleciendo al mismo tiempo la actuación y el poder de negociación de nuestro país en un ámbito bilateral y regional, entonces no debemos dudar que debemos crear, a la brevedad, la comisión de asuntos migratorios del Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente proyecto de Decreto:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción IV a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos recorriéndose las subsiguientes, quedando en los siguientes términos:

Artículo 90.

1.- Las comisiones ordinarias serán las de

Fracción IV.- Asuntos migratorios.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país de salida, llegada, retorno y tránsito de migrantes. Suena a lugar común, pero no existe otro país en el mundo con una problemática migratoria tan compleja como la nuestra. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en las últimas dos décadas, México rompió todos los parámetros nacionales e internacionales en materia de flujos poblacionales1.

Anualmente, llegamos a perder a más de medio millón de personas2 a las cuales no fuimos capaces de ofrecer ninguna perspectiva de desarrollo. Como consecuencia, México se adjudicó el vergonzoso récord de expulsión de personas a nivel mundial y se convirtió en un país de migrantes y de miles de familias desintegradas.

Lo anterior, sucedió al mismo tiempo en que nos consolidábamos como un país que depende en gran medida de los recursos generados y de las remesas enviadas por esos mismos migrantes a los cuales el modelo económico fue incapaz de incorporar a la planta productiva nacional3.

De manera paralela, la creciente migración proveniente de distintas naciones latinoamericanas,puso en evidencia la crisis de seguridad y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan a territorio nacional en su camino hacia los Estado Unidos.

La matanza de San Fernando, las historias cotidianas de violencia, abuso y extorción de las que sistemáticamente son víctimas hombres, mujeres y niños que ingresan por la frontera sur, y la cada vez más complicada realidad de los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos, son sólo algunos de los argumentos más sólidos que justifican la necesidad de que el Senado de la República cuente con una comisión especializada en el fenómeno migratorio.

La dimensión y las características que dicho fenómeno ha adquirido, mismas que continuarán y se profundizarán en el corto y mediano plazo, al igual que sus implicaciones para la estrategia de seguridad y desarrollo de nuestro país, nos demandan una nueva visión y un cambio de fondo en las formas en las que la sociedad mexicana ha asumido sus responsabilidades hasta ahora.

México requiere, hoy más que nunca, una política de Estado en esta materia. Paradójicamente, y dada la magnitud del reto, resulta incomprensible que el Senado de la República no cuente con una comisión de asuntos migratorios, especializada y dedicada de tiempo completo al análisis y seguimiento del fenómeno migratorio, y particularmente de larealidad y la situación de nuestros compatriotas radicados en el extranjero.

Desde hace un par de legislaturas, al aprobar un documento estratégico denominado “México frente al fenómeno migratorio4”, las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República reconocimos que la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y Estados Unidos, propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto prioritario de la agenda bilateral.

Hoy, el tema migratorio debe ser un tema prioritario para nuestro país, tanto en lo interno como en lo bilateral. En lo que compete al Ejecutivo y también en lo que concierne a este poder legislativo. Nuestro país necesita de una estrategia diseñada y ejecutada colectivamente. Nuestros compatriotas esperan una actuación de Estado.

En este contexto, necesitamos una comisión permanente y especializada. Una comisión que se dedique a dar seguimiento constante y puntual a la realidad migratoria. Un órgano que sea capaz de generar propuestas e impulsar alternativas. En síntesis, una instancia que logre dar al Senado de la República ese perfil de interlocutor frente al Congreso de los Estados Unidos y que lo transforme en un actor protagónico que coadyuve a impulsar y alcanzar una reforma migratoria integral.

Es cierto que ya contamos con un par de comisiones encargadas de los asuntos fronterizos para las regiones norte y sur, así como con una comisión de población. Pero, ¿quién se atrevería a aseverar que el fenómeno migratorio es un simple asunto fronterizo o un tema estrictamente poblacional?.

Destacamos y reconocemos el trabajo realizado hasta ahora por estas comisiones, pero los asuntos fronterizos van desde el medio ambiente, el transporte y la gestión del agua, hasta los servicios básicos, la delincuencia organizada y los flujos de diversos tipos de bienes y mercancías, etc. Por su parte, la comisión de población tiene que ver más con aspectos demográficos, culturales y socioeconómicos, relacionados más a los flujos internos de connacionales que al fenómeno propiamente migratorio.

Por lo tanto, no existe razón para no delegar en las comisiones ya existentes todos aquellos asuntos de trascendencia, y radicar, exclusivamente, los asuntos migratorios en una nueva comisión. La propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Y hoy más que nunca antes, el Senado de la República requiere de una comisión especializada que le permita al poder legislativo contribuir en el diseño de estrategias que le permitan a nuestro país hacer frente a las amenazas representadas por todas aquellas legislaciones locales, antiinmigrantes y racistas, que pretenden restringir los derechos de nuestros connacionales en diversas entidades de la Unión Americana.

Es el caso de la Ley SB1070, la cual finalmente ha entrado en vigor el día de ayer, y que permitirá a las autoridades locales del Estado de Arizona detener a cualquier persona en función de su aparienciay origen étnico.

Tampoco podemos seguir ignorando el endurecimiento de los controles fronterizos, las políticas de expulsión, el aumento de las deportaciones, el incremento de los riesgos inherentes a cruzar la frontera por lugares inhóspitos y el estancamiento de la economía de los Estados Unidos, como condicionantes determinantes de la realidad migratoria y de la situación cotidiana que día a día enfrentan miles de nuestros compatriotas.

De hecho, son estas las razones, aunadas a la incorporación de miles de jóvenes y adultos a las filas de la delincuencia organizada, las que explican el cambio del patrón del flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Según el Pew Hispanic Center, por primera vez en 40 años5, el flujo de migrantes hacia EU se ha invertido, y ahora son más los que regresan que los que parten6.

Esta tendencia anunciada por un centro de estudios estadounidense, amerita por sí misma un estudio más profundo y detallado de nuestra parte, porque si bien es cierto que se ha documentado la disminución de aprehensiones de inmigrantes mexicanos en la frontera, también lo es que el número de deportaciones ha alcanzado niveles récord7.

Necesitamos contar con un diagnóstico preciso que nos ayude a entender la nueva dinámica de nuestros flujos migratorios como requisito indispensable para reorientar la política migratoria del Estado mexicano.

El actual proceso electoral en los Estados Unidos ha devenido en una tregua ante la necesidad de los candidatos de conquistar el voto hispano. Sin embargo, nada nos garantiza que después del mes de noviembre, sea cual sea el ganador de la contienda presidencial,no se reinstale el espíritu antiinmigrante y debamos hacer frente a una nueva oleada de persecución frente a la cual, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales de los estados fronterizos o los gobiernos centroamericanos,estamos preparados para lidiar.

Finalmente, creo que es muy importante recordar que, pese al gran avance que ha significado la expedición de una nueva ley de migración, aún persisten grandes retos en la materia.

El tema del reglamento de dicha ley y la necesaria reforma a nuestras instituciones, son asuntos que aún no tienen satisfecho a nadie. Debemos avanzar en la capacitación de las autoridades migratorias y en el establecimiento de condiciones y parámetros que nos permitan garantizar el respeto a los derechos humanos elementales de los inmigrantes centro y latinoamericanos.

Así las cosas, si queremos que el Senado de la República se convierta en un actor y en un interlocutor capaz de impulsar los objetivos nacionales, fortaleciendo al mismo tiempo la actuación y el poder de negociación de nuestro país en el ámbito bilateral y regional, entonces no debemos dudar y debemos crear, a la brevedad, la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración el siguiente:

PROYECTO DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción IV a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las subsiguientes, quedando en los siguientes términos:

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. a III.- …

IV.-Asuntos Migratorios.

V a XXXI.- …

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

1 http://www.oim.org.mx/mini_s/wmr2010/index.html

2 Según cifras del Pew Hispanic Center, a partir de 1995, medio millón de mexicanos abandonaban nuestro país cada año. http://www.pewhispanic.org/census-2010/

3México llegó a tener como una de sus principales fuentes de ingresos, alrededor de 25 mil mdd anuales recibidos por concepto de remesas. Alrededor del 30% de las familias mexicanas tienen como principal ingreso los envíos que reciben de sus familiares desde los Estados Unidos.

4 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7782

5 Desde 1970 a la fecha, 12 millones de migrantes mexicanos han ingresado a los Estados Unidos. Más de la mitas de esos 12 millones, lo han hecho ilegalmente. Tan sólo entre 1995 y 2000, más de 3 millones de compatriotas emigraron hacia Estados Unidos. Entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos entraron sin documentos a los Estados Unidos. Actualmente, los mexicanos comprenden el 58% de los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos y representan el 30 % de todos los inmigrantes que radican en el país vecino.

6 http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/

7 Tan sólo en 2010, 300 mil mexicanos fueron deportados por las autoridades estadounidenses.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION IV ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,  al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

La obesidad en niños, adolescentes y adultos en México es uno de los principales problemas de salud pública en el país. De acuerdo a la última encuesta de nutrición y salud (ENSANUT) siete de cada 10 adultos en México, presentan sobrepeso ú obesidad. En el mismo caso se encuentran, uno de cada tres adolescentes y uno de cada cuatro niños.

Esta enfermedad es un factor de riesgo para diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, asma, inflamación crónica, hígado graso y piedras en la vesícula biliar, entre otras complicaciones. Además, estos pacientes pueden padecer baja autoestima, depresión y desordenes alimentarios.

El costo económico y socialde la obesidad es muy elevado para México. Se calcula que para el 2017 se requerirán más de 150 millones de pesos para cubrir los gastos relacionados a esta patología, ya sea por atención médica, pérdida de productividad, incapacidad, o por muerte prematura.

El aumento en la prevalencia de la obesidad en México se relaciona a diversos factores, como el aumento en el consumo de alimentos preparados fuera de casa. Esto ocasionado por la accesibilidad de alimentos densos en energía preparados fuera de casa, la inclusión de la mujer en la fuerza laboral, las distancias del trabajo o la escuela al hogar, entre otras.

Los mexicanos cada vez consumen más alimentos fuera de casa, se estima que en promedio un 25% del gasto por alimentación se destina a este rubro. Los alimentos preparados fuera de casa son, por lo general, más altos en calorías y grasas que los preparados en casa. Así mismo, contienen menos fibra, vitaminas y nutrimentos inorgánicos.

Estudios indican que las porciones en restaurantes son más grandes de lo que puede ser una cantidad adecuada para una persona, por lo que pueden llegar a consumirse el doble de las calorías al comer en restaurant, comparado a si se prepararan los alimentos en el hogar.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La etiología de la obesidad obedece a diversos factores, siendo el medio ambiente uno de los más importantes. La sociedad mexicana esta inmersa en un llamado “ambiente obesigénico” que promueve la alta ingesta calórica y el sedentarismo.

Esto se ve reflejado en la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los diferentes grupos de edad quepresenta el país. Las consecuencias de la obesidad para el estadoy para la población son devastadoras. El costo económico y social de esta patología son muy elevados condicionando la calidad y esperanza de vida de los mexicanos.

Uno de los factores que se ha encontrado contribuyen al aumento en la ingesta calórica, es el consumo de comidas fuera de casa.Se ha encontrado que estos alimentos contienenpor lo general, un alto contenido de calorías, grasas, colesteroly azúcares simples, mientras son bajos en fibra y fotoquímicos.

Estudios longitudinales han encontrado una asociación positiva entre la frecuencia de comidas realizadas fuera de casa y el aumento de peso, esto determinado por el índice de masa corporal (relación entre la talla y el peso de la persona).

Por ello, se deben tomar medidas para ofrecer a la población mexicana un ambiente saludable que le permita, con la información disponible, tomar decisiones asertivas. Una de las medidas que coadyuva a este entorno sano, es incluirinformación nutrimental de los platillos y bebidas en los menús de los restaurantes.

Esta comprobado que resulta muy difícil, aún para personas con preparación en la materia, determinar la cantidad de calorías, grasas y sodio promedio de un platillo.

Así mismo, hay evidencia que al conocer la cantidad de calorías y nutrimentos de los platillos, los comensales en numerosas ocasiones se deciden por opciones con menor contenido calórico.

También se ha detectado, que en lugares dónde ya se ha establecido como ley que se incluya el valor calórico y de nutrimentos de los platillos, los restaurantes ofrecen mejores opciones, bajas en calorías y grasas y altas en fibra, para sus clientes.

Los restaurantes de comida rápida, tienen por lo general estandarizadas sus recetas, lo que permite determinar el contenido nutrimental sus platillos de manera más sencilla. De hecho, las cadenas de comida rápida americanas ya poseen estos datos, considerando que es por ley en Estados Unidos, desde 2010, proporcionar la información nutrimental de platillos y bebidas a los comensales.

Hay otros países como Australia y Nueva Zelanda, dónde también se ha estipulado que se debe brindar información nutrimental en los menús de los restaurantes. En Canadá, Reino Unido y otros países principalmente europeos, también se está considerando aplicar esta medida

Es importante brindarle al consumidor herramientas que le permitan tener los elementos necesarios para emitir un juicio adecuado respecto al consumo de alimentos y bebidas. De esta manera se contribuye en la prevención y tratamiento de la obesidad, padecimiento que sufre la mayor parte de los mexicanos

Por lo anterior someto a la consideración de ésta H. Asambleael siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I a III. …

IV. Normar el valor nutritivo y las características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. Establecimientos que expendan comida rápida con más de 10 sucursales deberán proporcionar a sus clientes información nutrimental de sus platillos y bebidas que incluya calorías, gramos de grasa, grasas trans y sodio. Dicha información deberá colocarse en los menús junto a cada platillo o bebida de manera clara.

TRANSITORIOS

UNICO.- A partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, deberá ajustar el Reglamento y las Normas Oficiales mexicanas correspondientes a los lineamientos del presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 deseptiembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

En otro apartado de nuestra agenda del día de hoy, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a trabajar conjuntamente a las autoridades federales, estatales y municipales en la lucha contra la trata de personas.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Difícil imaginar un crimen tan horrendo e impactante como la trata de personas. Uno de los delitos más lucrativos y de mayor crecimiento, 32 mil millones de dólares anuales se estima que tiene de ingresos este negocio.

Es una violación de los derechos humanos que tiene su origen en la demanda de servicios sexuales y de las ganancias que éstas generan.

La mercantilización de los seres humanos como objetos sexuales, así como otros elementos relacionados con la pobreza, las desigualdades de género, la posición de subordinación de niñas y mujeres que representa un campo fértil para la trata de personas.

Se estima que cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata en nuestro país, de las cuales 79 por ciento son utilizadas para explotación sexual, 18 por ciento para explotación laboral y un 3 por ciento de extracción de órganos.

Es precisamente este día, a unos cuantos días de que se conmemore el Día Internacional contra la Trata de Personas, el 23 de septiembre, que fue en Estocolmo y que la primera norma a nivel mundial que refiere el tema de “trata” antes de “blancas”, ahora un concepto más incluyente de personas, tiene 99 años. Lo que estamos diciendo es que es la manera de esclavitud moderna o un secuestro prolongado.

El punto de Acuerdo que hoy someto a la consideración de esta Asamblea, tiene que ver con que ya tenemos una ley, una ley que se reformó, que se publicó este año, pero que se ha vencido el término para tener el reglamento.

Importante es que exhortemos que se dé cumplimiento al Artículo Transitorio Sexto que habla de elaborar el reglamento correspondiente de la Ley de Trata de Personas, y que podamos tener las medidas de prevención suficientes para no remediar ya cuando haya víctimas.

En México, esta problemática ha cobrado precisamente muchas de ellas. Los avances, podríamos subrayar, están en la Comisión de Derechos Humanos que ha capacitado, que ha generado comités distritales. Hay también una fiscalía especializada que refiere, que informa del 2007 al 2012 que se han denunciado sólo 12 casos. Pero de ellos sólo dos víctimas rescatadas.

Es importante señalar, entonces, que se ha implementado un programa, pero que el 14 de septiembre se venció el plazo para el reglamento. Una ley está coja si no tiene su reglamento.

Recientemente se emitió un Acuerdo de la Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas en la Procuraduría General de la República. Es bueno saber que hay acuerdos para la concurrencia de niveles y poderes.

Sin embargo, de las entidades federativas, solo una parte de ellos, han modificado sus ordenamientos, pero casi nadie tiene en sus códigos este delito, a excepción de Oaxaca que sí ha podido implementar estas medidas.

Por ello, es importante que se publique el reglamento, que se implemente una política de Estado en la materia, que se integren recursos suficientes para desarrollar el Programa Nacional y constituir el Fondo de Protección y Asistencia a Víctimas de los Estados y del Distrito Federal, y continuar la vinculación internacional dentro y fuera del país con asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, que han asumido un compromiso de trabajar sistemáticamente en la lucha por erradicar este mal.

Compañeras y compañeros legisladores, es indispensable que este Senado dé muestra de sensibilidad política para que haya prevención y no lleguemos a tantas víctimas más, porque las víctimas requieren asesoría, apoyo social, atención médica y, por ello, es impostergable que hoy estemos de acuerdo en que el Senado de la República, tal como está el punto de Acuerdo.

PRIMERO.- Exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a emitir a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley en la Materia de Trata de Personas, como lo estipula el Artículo Cuarto Transitorio de la materia.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Congreso de la Unión a analizar la ley vigente a fin de subsanar las lagunas jurídicas para su exacta aplicación y solicita a la Cámara de Diputados, considerar este tema en el presupuesto.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos, Estatales, así como sus Congresos a expedir y homologar sus ordenamientos en materia de trata de personas.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

“La que suscribe, Lucero Saldaña Pérez, Senadora integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, sustentada en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace ya casi 100 años, el 23 de septiembre de 1913 se promulgo la primera norma legal en el mundo contra la Trata y la explotación sexual. Y fue hasta 1999 que se declara el 23 de septiembre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas en Dhaka, Bangladesh1. Siendo el Protocolo de Palermo, en el año 2000, el primer instrumento internacional que define la Trata de Personas.

En México,la problemática es importante, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de Trata de Personas, con ganancias cercanas a los 28 millones de dólares en beneficio de 47 organizaciones criminales.2

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata en nuestro país, de las cuales 79% son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18% explotación laboral; de acuerdo al INEGI. Los grupos considerados más vulnerables ante la trata de personas en México son las mujeres, los niños3, los indígenas y los migrantes indocumentados.

Durante 2010, la mayoría de las victimas de trata identificadas en México eran de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

Más de la tercera parte de las entidades federativas no tienen legislación específica en la materia y en sus códigos penales no incluyen dicho delito.

A nivel estatal, Oaxaca está realizando acciones para la armonización de su legislación y coordinándose con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de dependencias del Gobierno Federal para prevenir y combatir la Trata de Personas.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, informó que del 2007 a 2012 ha habido al menos 200 casos denunciados.

Diversas organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma Integral para la Lucha contra la Trata de Personas, han rescatado en los últimos años a 121 víctimas.

En el Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América del 2011 coloca a México en el nivel 2 del Estudio como país cuyo gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas, pero hace esfuerzos considerables para cumplirlas.

Asimismo, la CEDAW4, en sus últimas recomendaciones insta a México a que se tipifique a nivel estatal el delito de Trata de Personas con base en los instrumentos internacionales, además de formular estrategias de prevención enjuiciamiento rehabilitación y reintegración. De igual forma, campañas de concientización a mujeres y niñas sobre los riesgos y consecuencias de la trata y capacitación de funcionarios.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el primer organismoque creó un Programa contra la Trata de Personas, que promueve diversas acciones para prevenir, combatir y otorgar protección y asistencia a las víctimas de este delito, a través de capacitaciones, campañas de sensibilización, convenios de colaboración, y creación de Comités Regionales. Además, el Titular de la CNDH en la Asamblea de la Federación Iberoamérica de Ombudsman (FIO) propuso la creación del Observatorio Iberoamericano en materia de Migrantes y Trata de personas.

El Gobierno Federal implementó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y en junio de este año promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos, así como diversas reformas a leyes y Códigos Penales que obliga a las entidades federativas a emitir su respectiva ley local y armonizar toda su legislación.

Cabe mencionar que el 14 de septiembre se cumplió el plazo para emitir el Reglamento de la misma, lo cual no permite su exacta aplicación.

Celebramos la aprobación de la Ley, pero no podemos dejar de ser críticos ante las fallas técnicas señalas por investigadores y académicos especializados, como el Doctor Miguel Ontiveros, entre las que destaca la ausencia de la definición utilizada en instrumentos internacionales de Trata de Personas. NO es lo mismo Trata de Personas que explotación sexual.

Se tienen que reconfigurar todas las dimensiones de Trata de Personas y de la explotación de la persona humana, de cara a que las hipótesis delictivas queden debidamente tipificadas.

La semana pasada, con base en el artículo 126 de dicha Ley, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se estableció la organización y funcionamiento de la Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas en la Procuraduría General de la República.

Este delito rebasa cualquier acción, y no basta que un gobierno haya promulgado leyes, sino que éstas se apliquen en forma amplia y eficaz, por ello la necesidad de:

1. Publicar el Reglamento de la Ley General.

2. Implementar una Política de Estado en esta materia.

3. Integrar los recursos suficientes para desarrollar el Programa Nacional y constituir el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y el Distrito Federal.

4. Continuar la vinculación internacional dentro y fuera del país, con asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil que han asumido el compromiso de trabajar sistematizadamente en la lucha para erradicar la Trata de Personas.

Compañeros legisladores:

Existe una corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno para brindar las garantías de seguridad a todas y cada una de las personas que transitan por nuestro territorio nacional.

Es indispensable fortalecer las acciones e instrumentar nuevas estrategias en materia de prevención de Trata de Personas, acciones que deben de tener una constante actualización, que nos permita como país tener una verdadera cultura de prevención.

Es para el próximo Gobierno Federal un gran reto, trabajar bajo este esquema de concurrencia teniendo como único objetivo reducir el alto porcentaje de casos que se presentan en nuestro país en materia de trata.

Es preciso que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 contemple de manera concreta y precisa, la normativa internacional que propone que la respuesta de los Estados ante la Trata de Personas debe incorporar políticas que abarquen las “3P” (prevención, persecución criminal y protección a víctimas) asignando un presupuesto especifico para su atención.

Como legisladores, nuestra responsabilidad es brindar la más amplia seguridad y certeza jurídica a los millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, que día con día se exponen a ser víctimas de la trata de personas, al transitar por nuestro país.

¿De qué trata la Trata? De violación de Derechos Humanos.

En este tenor, compañeros legisladores, nuestro trabajo no termina, al contrario; comienza, para seguir dando esta lucha contra la más deplorable de las formas de esclavitud y buscar en cada momento y en cada trabajo que realicemos el restablecer los derechos que por el simple hecho de ser humano le corresponden a todas y cada una de las personas que han sido víctimas de este cruel sometiendo denominado “Trata de Personas”.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a emitir a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley en materia de Trata de Personas, como lo estipula el artículo cuarto transitorio de este ordenamiento.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Congreso de la Unión a analizar la Ley vigente a fin de subsanar las lagunas jurídicas para su exacta aplicación y se solicita a la Cámara de Diputados, considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, los recursos necesarios a fin de implementar el Programa Nacional para abatir la Trata de Personas de conformidad con la Ley.

TERCERO- El Senado de la República exhorta a todos los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, así como a sus Congresos Locales a expedir y homologar sus ordenamientos en materia de Trata de Personas.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: ¿Sí, Senador Escudero Morales?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Para suscribir la propuesta.

- El C. Presidente Sanchez Jiménez: Tomamos nota de ello. Le solicito a esta Secretaría tome nota de quienes se adhieren a este punto de Acuerdo. En su momento, se turnará a la Comisión de Derechos Humanos.

(Aplausos)





 

Tiene la palabra el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de cada Cámara a integrar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco y con su permiso, señor Presidente:

Ante esta tribuna no han faltado los Senadores y las Senadoras que han externado una legítima preocupación por lo que ha ocurrido a lo largo y ancho del territorio nacional en tratándose de la seguridad nacional.

Aquí han concurrido Senadores que han planteado, incluso se han desgarrado las vestiduras en torno al asunto de Tres Marías.

También aquí han concurrido Senadores que compartimos el sentido caso que lamentamos de San Fernando, en Tamaulipas.

Aquí se han externado otros temas en materia de seguridad pública y todos tenemos muy claro lo que está ocurriendo en diversos estados de la República.

Los muertos en Jalisco, los más de 130 reos que escaparon en turibús de Piedras Negras, en Coahuila, y demás asuntos que en este momento están atentando contra la sana convivencia de los mexicanos y están poniendo en entredicho el papel de las instituciones.

Todo ello no puede entenderse si no es a partir de la creación de la Ley de Seguridad Nacional en enero de 2005. En esta fecha los Poderes de la Unión, ante los retos y las amenazas para este país, decidieron reorganizar la forma en que debían estar colaborando entre los tres poderes del Estado mexicano.

Y una parte fundamental se establece en esta ley con la creación de la Comisión Bicamaral entre Senadores y Diputados en materia de seguridad nacional. Pero nadie de los Senadores que han concurrido a esta tribuna han externado la preocupación de integrar esta comisión; esta comisión no sólo es prioritaria, es la que controla y evalúa las políticas y las acciones de la seguridad nacional, esta comisión es la que de manera directa se hace de la información estratégica y confidencial para poder enfrentar con eficacia a la delincuencia.

Por ello, hoy planteo ante ustedes, señores y señoras Senadoras, un exhorto a las Juntas de Coordinación Política, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para que de manera urgente puedan ya integrar esta Comisión Bicamaral y de inmediato el presidente, o quien deba ser el presidente de esta comisión, pueda pedir el informe al Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional del semestre inmediato anterior como es la obligación que consagra el artículo 56 y 58 de la propia Ley de Seguridad Nacional.

Es ya prioritario que podamos trabajar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de manera coordinada, en permanente colaboración con respeto a nuestras economías, pero ante todo, con el compromiso que tenemos para con todos los ciudadanos mexicanos.

Por tanto, solicito se exhorte a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la homóloga de la Cámara de Diputados para que a la brevedad integren esta Comisión Bicamaral.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE CADA CAMARA A INTEGRAR LA COMISION BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y la Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La cultura democrática, republicana y federalista de la seguridad nacional en México es bastante reciente. Se puede afirmar con certeza que la transición democrática sí trajo al debate político nacional el tema de los controles de las agencias de seguridad, la mayor colaboración con las otras ramas del gobierno -Legislativo y Judicial- así como una renovada coordinación con las entidades federativas.

Por más de 70 años no fueron necesarios controles democráticos a los aparatos de seguridad del Estado mexicano, porque estaban al servicio del régimen político en turno. Por un lado, el Congreso y la Suprema Corte pasaban a un segundo término ante el poder y omnipresencia del Ejecutivo Federal. Por otro, tampoco era necesaria una colaboración enmarcada en el respeto de la soberanía de los estados y municipios.

El Presidente de la República fungía además como el jefe máximo del partido en el gobierno. Por lo tanto, las decisiones de gobierno se tomaban de manera vertical, entre ellas las referentes con seguridad, inteligencia y defensa nacionales.

En 2001 entró en vigor la Ley de Transparencia que regula la clasificación de documentos por cuestión de “seguridad nacional”; en 2003, se reformó la Constitución para dar entrada a la legislación en la materia y hasta 2005 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional que da marco normativo a la principal agencia civil de inteligencia del Estado mexicano: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La Ley de 2005 creó, además, mecanismos de coordinación al interior del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, su Secretariado Técnico y el sistema de seguridad nacional; establece la forma en que participan de manera responsable el Poder Judicial y el Congreso de la Unión, y da entrada a la cooperación en la seguridad nacional entre el gobierno federal y las 32 entidades federativas por medio de la firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación.

Con la Ley de Seguridad Nacional quedan importantes desafíos por resolver. El primer reto es afinar la coordinación de las instancias de seguridad nacional al interior del gobierno federal. El segundo es mejorar el diálogo republicano entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El tercero, profundizar la cooperación entre el gobierno federal, las 32 entidades y los municipios. Finalmente, falta socializar la agenda de seguridad nacional con otros actores clave en el desarrollo del país, por ejemplo: los medios de comunicación, las organizaciones sociales, la academia y el empresariado.

La preservación de la seguridad nacional no depende exclusivamente del Ejecutivo federal, sino que recae en la cooperación, diálogo y coordinación de los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

En un contexto democrático, la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en materia de seguridad nacional, es bastante reciente en México. La ausencia de un marco normativo que rigiera las actividades en materia de seguridad nacional y la necesidad de definir las responsabilidades legítimas de la principal central de inteligencia civil de nuestro país fueron los principales motores para que el Congreso de la Unión aprobara la primera Ley de Seguridad Nacional.

Con la creación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en la LX Legislatura, desempeñó una participación mucho más activa. En los distintos informes, se testifican las reuniones de trabajo que sostuvieron los legisladores con la entonces Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Esta Comisión tiene seis atribuciones esenciales, entre ellas: solicitar informes concretos al CISEN, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades; conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto; estar advertido del informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior; conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo; conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del CISEN; estar informado de los Acuerdos de Cooperación que establezca el CISEN y las acciones que realicen en cumplimiento de esos acuerdos; requerir al CISEN y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución y enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada.

Es muy importante, establecer esta Comisión con la finalidad de que se revisen los recientes acontecimientos en materia de Seguridad Nacional.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del H. Senado de la República a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional y sé de cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley Seguridad Nacional.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional y sé de cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley Seguridad Nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Martínez. Considerando la oportunidad con la que debe tratarse este asunto, se turna a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.





 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre propio y del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a remitir un informe acerca de las acciones y avances en torno al conflicto derivado de la declaración de insolvencia de la empresa Mexicana de Aviación, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su permiso, señor Presidente.

Antes de iniciar con este punto de Acuerdo, quiero saludar la presencia de los compañeros de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación de Mexicana, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Mexicana, trabajadores de tierra y también trabajadores de confianza de la empresa mexicana de aviación, bienvenidos, gracias por acompañarnos.

Por economía procesal parlamentaria, presentaré los aspectos más relevantes que señala este punto de Acuerdo, haciendo la aclaración nada más de que tiene cambios, del que originalmente se presentó, precisamente en la búsqueda de acuerdo de consenso de esta Soberanía.

Y también, no obstante que no han iniciado los trabajos de las comisiones aquí al interior del Senado, nos parece muy importante abordar el tema precisamente de Mexicana de Aviación, y decimos que es un tema muy importante precisamente porque se trata de un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestro país; es un tema importante porque estamos hablando de ocho mil fuentes de empleo directas, y estamos hablando de casi cien mil empleos indirectos que venía generando Mexicana de Aviación.

La suspensión de actividades de esta empresa, ha hecho evidente la falta de una política de aeronáutica de largo plazo en nuestro país, es un reclamo que los trabajadores han venido haciendo, que la gente conocedora de este sector ha venido haciendo desde hace más de 20 años.

Y precisamente, por eso es que hemos dejado pasar oportunidades tan valiosas, tan importantes para la aviación mexicana como la que se nos presentó hace más de diez años, cuando se suscitaron los lamentables acontecimientos en la aviación estadounidense, el 11 de septiembre, que ustedes seguramente recordarán, en donde vino la oportunidad de crecer en materia aeronáutica, porque con este conflicto de inmediato se duplicó la demanda internacional para poder ingresar al mercado estadounidense a través de las aerolíneas mexicanas.

Nos parece muy lamentable haber dejado pasar esa oportunidad, y en lugar de ir por la disputa al mercado internacional, nos privilegiamos con una visión interna y entramos a la disputa del mercado nacional.

Hablamos de que este es un sector estratégico también para el desarrollo económico de nuestro país, porque este mercado, este sector nos permite recaudar 500 millones de dólares anuales, simplemente por este concepto.

Tendríamos que imaginar qué sucedería si este sector estuviera obedeciendo a un plan estratégico que formara parte de esa visión y de esa política aeronáutica que tanta falta nos hace.

Y además, tenemos que reflexionar que el problema no concluye aquí, el problema se puede agudizar, porque derivado precisamente de esta falta de crecimiento se está viendo cada vez más amenazado nuestro mercado nacional por aerolíneas extranjeras, están al acecho, están a la espera de poder ocupar el espacio aéreo mexicano que hoy no estamos siendo capaces de ocupar.

Bajo estas condiciones, precisamente, es que Mexicana de Aviación hace poco más de dos años tuvo que parar sus operaciones, sin que a la fecha se tenga una ruta clara para la reactivación de esta empresa.

Actualmente la información que se tiene sobre este caso es únicamente a partir de los medios de comunicación, de algunas declaraciones también de funcionarios involucrados con este tema.

Y finalmente, ¿cuál es el verdadero problema de Mexicana de Aviación? Algunos han insistido en que este es un problema de orden económico, insuficiencia económica, otros más han tratado de hacerlo ver como un problema laboral, pero podemos afirmar que este es más un problema de voluntad política, y explico por qué:

El problema más importante que presenta Mexicana es precisamente la deuda a sus acreedores, y en esta deuda está, por ejemplo, el pasivo laboral, está Bancomext, está Banorte, está el Aeropuerto Internacional y están, entre otros, la Secretaría de Hacienda, el SAT.

Nos es muy importante el comentar que ha habido ya señales muy claras de voluntad para resolver este problema, pues uno de sus problemas más importantes, el pasivo laboral, ha encontrado alternativas, los trabajadores han hecho manifiesta su voluntad y han señalado estar dispuestos a capitalizar a la empresa, es decir, a poder considerar la participación accionaria en lugar del reclamo inmediato del pago de pasivos.

Y también dos de los acreedores más importantes, Bancomext y Banorte, han señalado la voluntad para buscar alternativas que permitan capitalizar a la empresa. Sin embargo, a quien se ha nombrado administrador y al mismo tiempo conciliador para este tema, no ha generado alternativas sobre este problema de Mexicana de Aviación.

Por eso es que señalamos además ante la solicitud que han hechos los acreedores de buscar a otro conciliador, de buscar a otro administrador, es que pensamos que el problema es más político que de otra naturaleza.

Nos parece muy importante entonces todo este señalamiento, y por eso es que presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicitamos que en un plazo no mayor a 15 días, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, la del Trabajo y la de Hacienda, nos presenten información del estado que guarda la empresa Mexicana de Aviación, así como respecto de la empresa controladora Nuevo Grupo Aeronáutico S.A. de C.V.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la Comisiónde Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Senadores, la creación de un grupo detrabajo especial que dé, con la participación de los actores directos, seguimiento a todo el conflicto de Mexicana de Aviación, así como para que proponga alternativas de solución a este conflicto.

Es cuanto.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A REMITIR UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES Y AVANCES EN TORNO AL CONFLICTO DERIVADO DE LA DECLARACION DE INSOLVENCIA DE LA EMPRESA MEXICANA DE AVIACION

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente.

Los que suscriben, Senadora Maria Alejandra Barrales Magdaleno y Senador Miguel Barbosa Huerta, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado acerca de las acciones y avances en torno al conflicto derivado de la declaración de insolvencia de la empresa Mexicana de Aviación al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La suspensión de actividades de la empresa Mexicana de Aviación, ha generado serias afectaciones no sólo a los más de 8 mil 500 trabajadores que perdieron su empleo a raíz del cese de operaciones de la empresa el 28 de agosto del 2010, si no a la rama de la actividad aeronáutica comercial en su conjunto y a la economía nacional.

Basta citar que en México se pagan aproximadamente 500 millones de dólares cada año por concepto de recaudación generados por la industria aeronáutica y esos recursos no vuelven a ser reinvertidos en esta industria.

Los datos de los últimos años nos permiten confirmar que los sectores aéreo y aeronáutico, son prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país. En México, la industria aeronáutica genera empleos y remuneraciones salariales, que en promedio, equivalen a 1.5 veces las del resto de las manufacturas. Es por ello que la cadena de producción y servicios del sector aeronáutico comercial puede y debe ser generadora de empleos y de valor agregado, el cual equivale al 4.1% del PIB y a más de 240 mil empleos directos e indirectos.

Desde hace más de 2 años, la escasa atención de la Autoridad Aeronáutica sobre la situación que ha privado en la Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V. da clara muestra de la falta de una política que atienda en su justa dimensión al sector. Durante este tiempo, la situación jurídica y financiera de la empresa así como las condiciones de vida de los trabajadores inactivos se ha ido agravando, lo que ha derivado undetrimento hacia los consumidores en el valor costo-servicio del transporte aéreo.

Adicionalmente, se ha afectado la conectividad aérea hacia y desde el extranjero con los principales sitios turísticos y se ha limitado el potencial de desarrollo de los polos estratégicos de oferta de servicios para las empresas, negocios, así como del comercio exterior.

Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en su análisis “La Aviación Mexicana en cifras”, el mercado se ha visto afectado con un detrimento de más de un millón pasajeros, aunado al aumento de las tarifas de vuelo en 40%. Asimismo, la reducción de la participación de las aerolíneas nacionales ha venido decreciendo, en comparación con el crecimiento de las líneas aéreas extranjeras en el mercado internacional en un 10.2%.

En el periodo analizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, las alteraciones al volumen del tráfico aéreo, ha significado la pérdida del ingreso de divisas que representan los viajes que se han dejado de realizar.

Desde septiembre de 2010, fecha en que la empresa entró en concurso mercantil, no se han visto avances serios ni propuestas que hagan previsible un escenario viable para que Mexicana de Aviación pueda retomar sus operaciones. A la fecha, la compañía no cuenta con el Certificado de Operador Aéreo (OAC), que debe otorgar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que para contar con el mismo, debe demostrar que cumple con las capacidades (financiera, jurídica, operativa y técnica) que le exige la normatividad aplicable.

Existen diversas versiones en torno a más de una docena de supuestos inversionistas, fijándose aparentes fechas de despegue, mismas que sólo han quedado en acuerdos inconclusos, sin que a la fecha se haya exhibido el capital para la reestructuración que la compañía necesita.

La deuda de Mexicana es aproximadamente de 17 mil millones de pesos, con 26 mil acreedores. Los dos grupos de accionistas que cuentan con el aval del gobierno federal para concretar la compra de la aerolínea, no han entregado el capital necesario (300 millones de dólares) para iniciar las operaciones.

Las acciones emprendidas por el gobierno federal a fin de hacer coincidir los intereses de las partes por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han sido insuficientes para poder asegurar la inversión de capitales y por ende la conformidad de todos los actores. En este sentido, se ha mencionado que para que Mexicana de Aviación reanude sus actividades es necesario que el Conciliador formalice un convenio con los acreedores y los futuros inversionistas, a fin de que se puedan reestructurar las deudas y los pagos, así como las modalidades para su realización.

Los requisitos mencionados anteriormente son necesarios para que la empresa pueda salir del estado concursal en el que hoy se encuentra, así como la necesidad del otorgamiento por parte de las autoridades competentes de las autorizaciones correspondientes para generar certidumbre jurídica a los posibles inversionistas para el reinicio de las operaciones de Mexicana de Aviación.

La información disponible sobre el concurso mercantil en que se encuentra inmersa Mexicana de Aviación es escasa y se ha obtenido a partir de los medios de comunicación o a partir de declaraciones de distintos funcionarios, sin que exista certeza sobre la información oficial.

Las decisiones tomadas, así como los pasos emprendidos no han sido del todo eficaces, lo que ha resultado en una incertidumbre total. Tal es así que recientemente se optó por sustituir al juez rector del concurso mercantil sin justificaciones ni explicaciones claras.

Estas situaciones han generado un efecto de zozobra para todos los involucrados. La sociedad mexicana exige transparencia en el curso de este conflicto, el cual no solo afecta a la empresa como tal, a los trabajadores y sus familias que han visto perdido su sustento en ya poco mas de 2 años del cese de operaciones, sino también a proveedores y usuarios del servicio de transporte aéreo.

Por ello, consideramos que esta Soberanía requiere contar con la información puntual sobre la situación que guarda el caso, y una vez dado lo anterior, se cuente con una instancia legislativa que favorezca un seguimiento efectivo del caso y coadyuve a la solución del asunto.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado acerca de las acciones y avances en torno al conflicto actual de la empresa Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V., así como el estado que guarda respecto de su empresa controladora Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V.

SEGUNDO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República someta a la aprobación del Pleno la creación de una Comisión Especial, que con la participación de los actores interesados de seguimiento al conflicto de la empresa Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. así como para que proponga iniciativas que coadyuven a dar solución inmediata a este conflicto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera este punto de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para razonar su voto.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Creo que hay que establecer claramente que más que un tema político, es un tema judicial.

Estamos ya ante un concurso mercantil. Y de acuerdo con el artículo 7o. de la Ley de Concursos Mercantiles, es el juez el rector del procedimiento y se auxilia de un conciliador que es el responsable de las negociaciones para que la empresa pueda ser reestructurada, recapitalizada y salga de su estado de insolvencia.

Y coincidimos con la proponente en que el conciliador no ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades. Y así lo considera también el Ejecutivo, quien le solicitó al juez o a la juez que lleva el asunto, que removiera este conciliador en términos de la misma Ley de Concursos Mercantiles, que es su coadyuvante. Pero la juez determinó no hacer caso o no atender esta propuesta, y decidió mantener a este conciliador.

En el respeto a la división de poderes, que creo que debe marcar cualquier determinación y que ya existe en este país, es que el Ejecutivo y este Legislativo tenemos que respetar esta división de poderes, en ese caso, de la competencia del Poder Judicial.

Pero no opta esto para decir e insistir que el conciliador no ha cumplido con su obligación de remitir a la Dirección de Aeronáutica Civil los estados financieros auditados de 2010 y 2011.

También insistir que, al inicio del proceso de concurso mercantil, se reportaron 473 millones de pesos en fideicomisos y cuentas sin que a la fecha se haya informado sobre los balances de estos fideicomisos.

El conciliador se ha conducido con falta de transparencia, pues los informes que se han presentado carecen de contenido sobre el estado que guarda la empresa, es decir, esta información la tiene el Ejecutivo, como lo pidió la proponente, lo tiene el conciliador, sus estados financieros, su situación operativa y los avances respecto de las obligaciones y deudas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que no tiene conocimiento del avance que guarda la elaboración del convenio de acreedores, puesto que el conciliador será Gerardo Badín Cherit, ha hecho caso omiso a los requerimientos de la SCT al efecto.

No se ha reportado con puntualidad el estado que guarda la empresa en concurso mercantil y el juez, como lo mencionamos, en su momento negó a distintos acreedores su derecho a nombrar un interventor que supervise las labores del conciliador.

Este punto también es importante, exhortar que no investigar, que no sustituir a la autoridad jurisdiccional.

Estamos de acuerdo en que el asunto en cuestión, requiere de mucho mayor información, pero no sería, en caso de aprobarse este punto de Acuerdo como ya lo mencionamos, el Senado como parte del Poder Legislativo quien exclusivamente así lo considera, sino como ha quedado asentado que el Ejecutivo piense en los mismos términos.

Por lo anterior, resulta obvio que es de apoyarse que respecto al estado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, así como del estado que guarda la empresa en sí misma, se solicita el tener la mayor información que legalmente se pueda tener respecto a un asunto que aún se encuentra en proceso jurisdiccional, pero pidiendo a la Mesa Directiva pueda poner a la consideración de este Pleno se solicite este informe, primariamente, a la juez que conoce el asunto y al conciliador que la coadyuva respetando el carácter de aquel como rector del concurso mercantil y secundariamente a otras instancias involucradas.

Igualmente, debemos de expresar que no es de aprobarse una comisión especial que dé seguimiento a un conflicto que ya se está dirimiendo en el Poder Judicial, pues si el Ejecutivo, que históricamente no respetaba la división de poderes, ya en esta democracia que tenemos en México, sí lo hace, con mayor razón lo debe hacer este Poder Legislativo.

Muchas gracias, y este es el sentido del voto del Partido Acción Nacional, con las reservas del caso.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gracia Guzmán. En su momento, vamos a consultar eso también.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La información que nos ha dado la Senadora Alejandra Barrales, nos deja a nosotros con mucha claridad de la necesidad de que esto pueda tener agilidad y pueda resolverse este problema lo más pronto posible.

El problema que hoy enfrenta Mexicana de Aviación, no sólo es un problema de recursos, endeudamientos, suspensión de pagos y riesgo de quiebra, es también un problema de afectación de derechos laborales de más de 8 mil 500 trabajadores que perdieron su empleo a raíz de operaciones que se dieron en agosto de 2010.

La deuda que hoy enfrenta Mexicana de Aviación, que constituye el principal motivo de la suspensión de operaciones, si bien impacta el desarrollo económico del sector, también es un conflicto que encuentra graves repercusiones en la cadena de servicios terciarios, especialmente turísticos y de comercialización de bienes y servicios de las empresas que usan este tipo de transportación, o bien, que requieren del servicio para impulsar el desarrollo regional. Eso profundiza aún más la problemática económica directa e indirecta de este sector empresarial.

El problema, sin embargo, como lo señalamos en un principio, no sólo el problema de la solvencia económica de la empresa aeronáutica, esta es sólo la consecuencia de un problema estructural de fondo que tiene que ver con una política de privatización de las empresas públicas a partir del impulso de un modelo económico que no responde a las expectativas del país, que terminó por trasladar a la iniciativa privada más de mil empresas paraestatales en los últimos 30 años.

En este proceso de privatización, del cual no quedó excluida Mexicana, el gobierno federal no cuidó la viabilidad financiera de los inversionistas, ni la factibilidad de la continuación y calidad del servicio, ni tampoco la estabilidad laboral de la inmensa cantidad de trabajadores que dependen directa o indirectamente de esta fuente de trabajo.

La modernización de la aviación mexicana, bajo este contexto de privatización de la empresa pública, ha sido, a mi juicio, un desastre.

Tan sólo en los últimos 12 años se han registrado más de 10 aerolíneas quebrantadas o con suspensión de operaciones por diversos motivos, entre éstas se encuentran, además de Mexicana, Alma de México, Aviacsa, A Volar, Aerocalifornia, Nova y la Aerolínea Azteca, sólo por mencionar algunas, con la consecuente afectación laboral, social y económica que ello ha representado para miles de trabajadores de las familias.

Las empresas al privatizarse, entraron en un esquema de libre mercado, el resultado fue una fuerte competencia de las líneas aéreas internacionales frente a las nacionales que terminaron por imponer condiciones de mercado poco favorables para los nuestros, obligándolos a endeudarse para invertir, mejorar los precios y densificar la oferta de servicios, generando con ello mayores pasivos y compromisos incumplidos con un número importante de acreedores que terminaron por producir la situación deficitaria que concluyó finalmente con la quiebra y la suspensión de operaciones.

En el caso de Mexicana, además de lo anterior, hubo errores de gestión importantes: la no intervención de lo necesario, decisiones de dirección imputables a la administración, despreocupación ante pasivos de corto y largo plazo sin negociación alguna con los acreedores; desmantelamiento al priorizar las líneas de bajo costo, nuevas rutas y más frecuentes de viajes poco rentables.

Por eso estamos de acuerdo, que entre la omisión que hasta esta fecha se ha manifestado a través de la autoridad aeronáutica para coadyuvar la solución de este asunto, debe existir una posición más firme de esta Cámara de Senadores como bien lo proponen los compañeros que suscriben este punto de Acuerdo, para exigir al gobierno federal a través de las Secretarías de Trabajo, de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, rindan un informe pormenorizado del estado que guarda, actualmente, el conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, su proceso de negociación y las medidas que han tomado para proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Sobre este particular, resulta fundamental que el Estado, durante este proceso de negociación, cuide de forma fundamental que en la conciliación de deudores, acreedores y nuevos inversionistas, no se presente una disminución real de los derechos de los trabajadores, vía la extinción de los actuales contratos colectivos, lo que provocaría una situación verdaderamente trágica para los trabajadores de la aviación que terminarían perdiendo derechos históricamente conquistados.

Si son mermados los derechos de los trabajadores de Mexicana, el saldo revelará indirectamente al Estado mexicano, como incumplidor de su obligación internacional de hacer respetar el derecho al trabajador, de los trabajadores y de las trabajadoras mexicanas, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organizaciones Unidas en 1966, en vigor desde 1976, y ratificado por México en 1981.

Nos pronunciamos a favor de que en lo inmediato se pueda resolver el conflicto de Mexicana de Aviación, con una intervención más eficiente del gobierno federal, a través de las autoridades aeronáuticas en beneficio del desarrollo social y económico nacional.

Pero al mismo tiempo, nos pronunciamos a favor de la constitución de una comisión especial, como han planteado los compañeros proponentes.

Los derechos de los trabajadores son un patrimonio moral de la sociedad, que deben ser tutelados y respetados por el Estado, por la iniciativa privada y por la sociedad en general.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Morón Orozco.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, saludamos este punto de Acuerdo propuesto por la Senadora María Alejandra Barrales y Miguel Barbosa Huerta, no sólo por el contenido de lo que se propone, sino por el alcance de un tema que debe de ser de interés nacional.

Solicitar información y crear un grupo especial en las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y en la Comisión del Trabajo, es fundamental.

Incluso hay que apuntar aquí, que no descartemos el solicitar información de otros y de otras comisiones para poder tener una visión clara de un problema que nos debe de ocupar a todos.

Desde diciembre de 2005, cuando se tomó la decisión de la creación de dos empresas a través de la extinta SINTRA, se asumieron pasivos laborales que el Grupo Posadas, en su momento, debió haber absorbido.

Hoy como bien se ha dicho aquí, hay deudas laborales, financieras y fiscales. Pero sobre todo hay una deuda con el país, de no tener la oferta adecuada en un México que necesita mayor conectividad.

Que necesita diversificar las opciones para favorecer al consumidor, y que hoy, aparte de perder más de 8500 empleos, se cercena la capacidad de crecimiento del país.

Yo no comparto la visión de que en la división de poderes, el Ejecutivo Federal no pueda o no deba conocer del asunto del concurso mercantil.

Me parece que ser gobierno implica la responsabilidad de entender el espíritu de nuestra Constitución, de que la división de poderes es para colaborar a los fines y a los objetivos del Estado mexicano.

Hoy no sólo como fracción parlamentaria apoyamos este punto de Acuerdo, sino hacemos el compromiso de trabajar para encontrar una solución a un problema que aqueja a todo México y que, sobre todo, se convierta en los próximos meses y no años, en tratar de adaptar la realidad a una premisa que ha establecido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pomposamente se llama Modelo de Negocios, y que en la realidad no ha podido abordar a ese modelo de negocios.

Creemos firmemente que debemos de tener la visión de la apertura, de que nadie es poseedor de la verdad, que respetando el mandato de lo que derive del concurso mercantil, tengamos la visión de generarle una mejor oferta a nuestro país en materia aeronáutica.

Si el modelo de negocios no da, no seamos mediocres y tengamos la visión de generar el espacio para que México tenga más ofertas; para que México, que le ha apostado a la globalidad, que tiene más de 20 tratados de libres comercios, que tiene un potencial turístico enorme, tenga la oferta adecuada para su conectividad para ampliar la inversión y para que pongamos en alto el nombre de nuestro país.

Saludamos el punto de Acuerdo, Senadores y Senadora del PRD, y saludamos y nos comprometemos a formar parte de ese grupo de trabajo, para solicitar información y para que el Legislativo, en la división de poderes, en el espíritu de colaborar con el Ejecutivo y con el Poder Judicial, encuentre una pronta solución que les favorezca a todos.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Se me informa que la propuesta que hace el Senador Raúl Gracia, ha sido consensada con la Senadora Alejandra Barrales, y que se ha aceptado una modificación a la propuesta de la Senadora Barrales para que esté en concordancia con la del Senador Gracia.

Pediría a la Senadora, si es tan amable de pasar a leer, en todo caso, la nueva redacción del punto de Acuerdo.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su permiso, señor Presidente.

Primero, por supuesto agradecer el interés, reconocer la sensibilidad que han manifestado los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra y quienes nos han ayudado a generar este consenso.

Hace un momento omití compartir con ustedes un dato que los que estamos aquí presentes, seguramente podemos confirmar y que se deriva, efectivamente, a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, y que es nada más y nada menos el 40 por ciento de incremento en las tarifas áreas del resto de las aerolíneas que están cubriendo el mercado, que ha dejado sin cubrir Mexicana de Aviación.

Cuarenta por ciento, a partir del paro de operaciones de Mexicana de Aviación. Una razón adicional para buscarle pronta solución a este problema.

Y estando de acuerdo con la propuesta que aquí se hace. El punto de Acuerdo quedaría como sigue:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Barrales Magdaleno. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión esta modificación presentada.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión esta modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

(Aplausos)





 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Senadores a la realización de un foro para construir y diseñar un diagnóstico nacional para la activación física y el deporte en México, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

México vive una de las pandemias más lesivas y de amplio espectro que detonará secuelas de trastornos múltiples en millones de mexicanos. La obesidad masiva. Y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas: “Es un hecho que México es ahora el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, aún por arriba de Estados Unidos. Tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus tipo dos, enfermedades isquémicas del corazón, cerebro-vasculares e hipertensivas”. Estamos en términos de salud pública en una etapa de catástrofe. La clasificación es contundente: el país con la infancia más obesa en la historia y en el mundo, el país más sedentario, el país que consume más refresco y las consecuencias ya son de alto impacto.

Hay que declararlo y aclararlo, al ser una pandemia, hay procesos sociales y gubernamentales que la provocaron, muchos de ellos por negligencia, apatía e intereses. Los vectores que se conjugaron en el fenómeno de la obesidad infantil como pandemia son educativos, nutricionales, de formación física, institucionales, familiares, comunicacionales y comerciales. Hay una concurrencia letal para que la pandemia de la obesidad se desarrollara a dimensiones de problema de salud pública.

En lo que corresponde a este exhorto, que pretende influir positivamente en algunos de esos vectores responsables, la propuesta es la activación física y el deporte desde las instituciones, obviamente acompañado de una orientación nutricional también institucional. Y lo primero es asumir que la conceptualización del deporte institucional tiene que adquirir complejidad, es decir un sistema, articulación, estructuras interconectadas, presupuestos con capacidad. En primer lugar, considerar que la activación física administrada con criterios médicos, profesionales e institucionales en el estrato de origen que propiciará que las generaciones tempranas transiten con facilidad a la práctica de una disciplina deportiva, una vez que se le haya detectado su vocación y talento. La activación física institucional y masiva será interpretada como el primer paso para que los infantes puedan practicar un deporte sin impedir que los talentos puedan ser detectados incluso en este periodo.

Para arribar a una reflexión pertinente y metódicamente pensada para que el nuevo concepto procesal de activación física deportiva sirva para el diseño de un programa o una serie de programas educativos, se requiere un diagnóstico profundo, amplio y profesional en donde concurran observaciones especializadas, estadísticas locales, estatales, regionales y nacionales. Tal diagnóstico puede ser fomentado desde un foro legislativo senatorial que convoque a especialistas, instituciones, academias, gobierno federal, estatales y locales desde la comisión pertinente de esta Cámara.

Tal foro se realizará con recursos institucionales de esta Cámara de Senadores, y tiene el objetivo final de obtener información actual, pertinente y pormenorizada de los estados de la República para, de ahí, construir una propuesta legislativa para que la activación física regulada se dé en todas las escuelas, en los centros de salud, en espacios públicos, municipios, delegaciones del país, sistemáticamente administrada, médicamente prescrita y con la cotidianeidad necesaria para combatir la obesidad, la vida sedentaria y el estrés, y que sirva de plataforma para de detección tanto de sintomatologías de los educandos como de reclutamiento de talentos deportivos. El foro propuesto llevaría el nombre y concepto de: "Foro para un Diagnóstico Nacional para la Activación Física y el Deporte en México”.

Es necesario ampliar el concepto de deporte en nuestro país para abrir su significado y que su significado no defina sólo a la actividad específica de una disciplina deportiva, sino que incluya la activación física que sirva de tránsito a la práctica de un deporte en particular. La salud pública y el deporte específico se beneficiarán de ello.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Pleno del Senado de la República exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta Honorable Cámara de Senadores a la realización de un foro para construir y diseñar un Diagnóstico Nacional para la Activación Física y el Deporte en México, con los objetivos señalados en los considerandos.

Es todo, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE DE ESTA CAMARA DE SENADORES A LA REALIZACION DE UN FORO PARA CONSTRUIR Y DISEÑAR UN DIAGNOSTICO NACIONAL PARA LA ACTIVACION FISICA Y EL DEPORTE EN MEXICO

“De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES A LA REALIZACION DE UN FORO PARA CONSTRUIR Y DISEÑAR UN DIAGNOSTICO NACIONAL PARA LA ACTIVACION FISICA Y EL DEPORTE EN MEXICO”, CON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LOS CONSIDERANDOS de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- México vive una de las pandemias más lesivas y de amplio espectro que detonará secuelas de trastornos múltiples en millones de mexicanos. La obesidad masiva. Y como señala las Organización de las Naciones Unidas: “Es un hecho, México es ahora el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, aún por arriba de Estados Unidos. Tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes mellitus tipo dos, enfermedades isquémicas del corazón, cerebro-vasculares e hipertensivas. Estamos en términos de salud pública en una etapa de catástrofe. La clasificación es contundente: el país con la infancia más obesa en la historia y en el mundo, el país más sedentario, el país que consume más refresco. Las consecuencias ya son de alto impacto.

Y hay que aclararlo, al ser una pandemia, hay procesos sociales y gubernamentales que la provocaron, muchos de ellos por negligencia, apatía e intereses. Los vectores que se conjugaron en el fenómeno de la obesidad infantil como pandemia son educativos, nutricionales, de formación física, institucionales, familiares, comunicacionales y comerciales. Hay una concurrencia letal para que la pandemia de la obesidad se desarrollara a dimensiones de problema de salud pública.

2.- En lo que corresponde a este exhorto, que pretende influir positivamente en algunos de esos vectores responsables, la propuesta es la activación física y el deporte desde las instituciones, obviamente acompañado de una orientación nutricional también institucional. Y lo primero es asumir que la conceptualización del deporte institucional tiene que adquirir complejidad, es decir sistema, articulación, estructuras interconectadas, presupuestos con capacidad. En primer lugar considerar que la activación física administrada con criterios médicos, profesionales e institucionales en el estrato de origen que propiciará que las generaciones tempranas transiten con facilidad a la práctica de una disciplina deportiva específica, una vez que se le haya detectado su vocación, talento y probidad física. La activación física institucional y masiva será interpretada como el primer paso para que los infantes puedan practicar un deporte sin impedir que los talentos puedan ser detectados incluso en este periodo.

3.- Para arribar a una reflexión sucinta, pertinente y metódicamente pensada para que el nuevo concepto procesal de activación física deportiva sirva para el diseño de un programa o una serie de programas educativos, se requiere un diagnóstico profundo, amplio y profesional en donde concurran observaciones especializadas, estadísticas locales, análisis locales, estatales, regionales y nacionales. Tal diagnóstico puede ser fomentado desde una Foro legislativo senatorial que convoque a especialistas, instituciones, academias, gobierno federal, estatales y locales desde la Comisión pertinente de esta Cámara.

4.- Tal Foro, que se realizaría con recursos institucionales de esta H Cámara de Senadores tiene el objetivo final de obtener información actual, pertinente y pormenorizada de los estados de la República para, de ahí, construir una propuesta legislativa para que la activación física regulada se dé en todas las escuelas, centros de salud, municipios y delegaciones del país, sistemáticamente administrada, médicamente prescrita y con la cotidianeidad necesaria para combatir obesidad, vida sedentaria y el stress, y que sirva de plataforma de detección tanto de sintomatologías de los educandos como de reclutamiento de talentos deportivos. El Foro propuesto llevaría el nombre y concepto de FORO: “PARA UN DIAGNOSTICO NACIONAL PARA LA ACTIVACION FISICA Y EL DEPORTE EN MEXICO”.

5.- Es necesario ampliar el concepto de deporte en nuestro país para abrir su significado y no que defina sólo a la actividad específica de una disciplina deportiva, sino que incluya la activación física que sirva de tránsito a la práctica de un deporte en particular. La salud pública y el deporte específico se beneficiarán de ello.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES A LA REALIZACION DE UN FORO PARA CONSTRUIR Y DISEÑAR UN DIAGNOSTICO NACIONAL PARA LA ACTIVACION FISICA Y EL DEPORTE EN MEXICO”, CON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LOS CONSIDERANDOS

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal, mismo que se turna, en su momento, a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

“La suscrita, Cristina Diaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, informe a esta soberanía sobre la implementación y capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de junio del 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales referentes al nuevo sistema de justicia penal, el cual tenía como objetivo, entre otros, el revertir las críticas y los llamados a su modernización, tanto por la sociedad en general como por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

De igual forma, se dio paso a la creación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y a la Secretaría Técnica del Consejo. Esta última es el órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que brinda apoyo a las entidades federativas respecto a las políticas necesarias para la coordinación nacional, en los tres órdenes de gobierno del Sistema de Justicia Penal.

Era imprescindible que la sociedad recuperara la confianza en sus instituciones; que sintiera la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que este fuera, se impusiera una sanción proporcional a la conducta y que la víctima tuviera a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado.

Sin embargo en nuestro país, los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años. Es claro que esta situación dificulta el desarrollo de México, ya que aleja las inversiones, da lugar a una percepción de temor generalizado en la sociedad, provoca desconfianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo personal de los individuos y de toda nuestra comunidad.

Es un hecho conocido que los altos niveles de violencia que agobian a la vida social en México, han puesto en entredicho la eficacia de las instituciones de seguridad y el nuevo sistema de justicia penal en el país. Un ejemplo de ello, el ataque a los miembros de la Embajada de los Estados Unidos en recientes fechas.

Dicho lo anterior, es de vital importancia que esta soberanía conozca de la implementación que la Secretaría Técnica en comento, ha tenido en su gestión respecto de los planes estratégicos con que cuenta; los proyectos de reformas legales y normativas; la reingeniería organizacional; la construcción y operación de infraestructura; la difusión del nuevo sistema de justicia penal y la capacitación de los miembros del sistema (Jueces, Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados).

No debemos dejar en soslayo la evaluación de protocolos, metodologías y las bases con las cuales se está conduciendo dicha Secretaría Técnica.

El informe nos permitirá conocer cuáles son los puntos que habrán de reforzarse y las actuaciones que cada quien, desde su trinchera tendrá que realizar, para lograr que la sociedad vea materializado de forma imperante en nuestro país, la seguridad y justicia que tanto hace falta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, se informe a esta soberanía sobre la implementación y capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a cumplir la integración de sus comisiones de dictamen legislativo, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Como ya ha sido tradición desde 1997 a nivel federal, pero que no lo ha sido en muchas de las entidades federativas, en Nuevo León, después de la elección del 1° de julio, tenemos un Congreso dividido donde ningún partido político tiene mayoría, y donde la ciudadanía le dio la primer fuerza política a un partido distinto al del gobernador, al Partido Acción Nacional.

En esos términos, tenemos que se integra el Congreso de Nuevo León por 20 Diputados locales del PAN, 15 del PRI, 3 del PANAL, 2 del Partido del Trabajo y 2 del Partido de la Revolución Democrática.

Lamentablemente han existido circunstancias que no han permitido la integración en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para que en la fecha del 10 de septiembre, que fija este ordenamiento como la fecha límite para la integración de estas comisiones de dictamen legislativo exista la posibilidad de un acuerdo por parte de los integrantes. Y contrario a lo que se hubiera podido esperar de una búsqueda de consensos, se ha ido a la polarización y a la inacción a través de una simulación.

El Partido Revolucionario Institucional ha logrado la incondicionalidad de los tres Diputados locales del PANAL, de los dos Diputados del Partido del Trabajo, e increíblemente, aún y cuando en el convenio de coalición que hizo con el Partido Verde para competir de forma conjunta en las elecciones de Nuevo León, ningún Diputado de los postulados por el Partido Verde Ecologista de México logró alcanzar una curul en el Congreso del Estado de Nuevo León. Logró generar que uno de los dos Diputados del Partido de la Revolución Democrática, que llegan por porcentaje mínimo, por representación proporcional, busque ilegalmente conformar una fracción de un partido que no tiene representación, que es el Partido Verde en el Congreso de Nuevo León, y con esto empatar 21 a 21 la circunstancia del Congreso de Nuevo León.

Es por eso que una vez que ya han transcurrido en demasía más de 10 días desde que la ley establece para fijar un acuerdo de comisiones legislativas, es que solicito se establezca el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que cumplimente en breve término la integración de sus comisiones de dictamen legislativo como lo indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON A CUMPLIMENTAR EN BREVE TERMINOS LA INTEGRACION DE SUS COMISIONES DE DICTAMEN LEGISLATIVO

“El que suscribe, Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con un punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 1° de julio del presente año se celebraron elecciones para la renovación el Congreso del Estado de Nuevo León, dando como resultado la siguiente integración del Congreso:

El Congreso del Estado de Nuevo León se integra por 42 -cuarenta y dos- diputados, de cinco fracciones legislativas, en donde ninguno cuenta con una mayoría absoluta, en los siguientes términos:

• PAN 20 Diputados Locales.

• PRI 15 Diputados Locales.

• PANAL 3 Diputados Locales.

• PT 2 Diputados Locales.

• PRD 2 Diputados Locales.

Es decir, el PAN cuenta con el 47.61 por ciento de los diputados; el PRI, con el 35.71 por ciento; el PANAL, con el 7.14 por ciento; y el PT y PRD con el 4.76 por ciento cada uno de ellos.

Las comisiones de dictamen legislativo y comités, de acuerdo a la LeyOrgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, debieron quedar plenamente integradas en la quinta sesión del Primer Período Ordinario de sesiones, es decir el pasado lunes 10 de septiembre, lo cual a la fecha no ha sucedido.

El artículo 67 de la citada ley señala:

ARTICULO 67.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integrarán pluralmente por once Diputados: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y ocho Vocales, electos o ratificados por el Pleno del Congreso en la quinta sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de cada Año de Ejercicio Constitucional.

En el caso de la Comisión de Equidad y Género, el cargo de Presidente, invariablemente, será anual y se asignará de manera rotativa entre los Grupos Legislativos constituidos en el Congreso.

Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integrarán en proporción al número de diputados de cada Grupo Legislativo.

Existen 20 comisiones de Dictamen Legislativo, con 11 integrantes cada una de ellas, lo que significa que en total hay 220 posiciones por repartir, de acuerdo a la representación de cada fracción, en éstas comisiones.

De esta manera, al PAN le corresponden 105 lugares; al PRI, 78; al PANAL, 16;y al PT y PRD, 10 a cada una de las fracciones.

Cabe mencionar que el lunes 10 de Septiembre el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León se declaró en receso, para que la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, trabajara para buscar consensos en la integración de las comisiones.

El receso se levantó el miércoles 12 de Septiembre, y se regresó al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León hasta el martes 18 de Septiembre, cuando se llevó a cabo la sexta sesión aúnsin acuerdos para la conformación de las comisiones a pesar que la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, ha sesionado en privado en un intento de lograr destrabar el problema.

Es de destacar que todos los grupos legislativos, con excepción del PRI, ya entregaron sus propuestas de diputados para integrar las comisiones de Dictamen Legislativo.

A pesar de ello, a través de su coordinador y del diputado Carlos Barona, ambos integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, requirieron que se les entregue el listado propuesto por el resto de las fracciones legislativas, sin ellos mostrar en que comisiones participarán sus compañeros de fracción.

El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Juan Carlos Ruiz García, justificó no entregar el listado solicitado, ya que faltaban las propuestas de un grupo legislativo y sería inequitativo si se dieran a conocer porque no se encuentran todas las propuestas.

Todo parece indicar que existe acuerdo en 19 de las 20 Comisiones de Dictamen Legislativo, con excepción de la Comisión de Hacienda del Estado, que es la que se encarga de preparar el dictamen de la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Nuevo León, además de calificar, en primera instancia, las cuentas públicas del gobierno central y paraestatales.

Desde el pasado 10 de Septiembre y este martes, el Diputado Erick Godar Ureña Fraustro, quien fue postulado por el PRD, renunció a este partido político y pretende conformar la fracción legislativa del Partido Verde Ecologista de México, a pesar que esta organización política no cuenta con representación en el Congreso del Estado de Nuevo León, ya que en las pasadas elecciones ningún candidato a Diputado Local del Partido Verde Ecologista de México resultó electo al Congreso del Estado de Nuevo León, aún y cuando participo en dichos comicios en coalición con el PRI.

Cabe destacar que la votación del Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra empatado, ya que 21 votos los tiene el PRI, junto con el PANAL, PT y el Diputado Erick Godar Ureña Fraustro; mientras que 21 votos los tienen los diputados del PAN y 1 del PRD.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que cumplimente en breve término la integración de sus comisiones de Dictamen Legislativo como lo indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gracia Guzmán, en su momento, se turnará a la Comisión de Gobernación.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo a fin de crear la Comisión Ordinaria de Juventud y la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte.

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia.

México es un país de jóvenes, cuántas veces no habremos escuchado ese gastado lugar común, esa frase hecha que a base de su repetición ha perdido cualquier tipo de sentido.

Es cierto que en términos poblacionales la mitad de la población de nuestro país tiene 26 años o menos; es cierto que prácticamente 30 millones de mexicanos está en la etapa de los 15 a los 29 años.

Pero también es cierto que a todos ellos, nosotros como políticos, como clase política, les hemos dado la espalda desde hace muchos años.

Las y los jóvenes mexicanos ni se sienten integrados ni se sienten representados ni se sienten atendidos y muchos menos interesados de las cosas públicas.

Les damos la espalda en una etapa de su vida de grandes definiciones, cuando un joven está concluyendo su formación educativa, cuando esto ocurre, cuando se incorporan a la vida productiva, cuando están empezando a tener una vida de pareja o empezando a formar una familia, en ese momento les damos la espalda; cuando tienen más preguntas, el Estado no tiene respuestas.

Es por ello, que las políticas públicas para atender las expectativas, las demandas, las exigencias de los jóvenes en nuestro país, representan, sin duda, un enorme desafío para el Estado mexicano.

Se trata de la construcción de un piso básico que canalice su potencial, se trata de sentar las bases para que accedan a mejores y más oportunidades; se trata de orientar sus capacidades hacia una vida creativa y productiva.

Atenderlos, significa consolidar una sociedad incluyente, una sociedad sin ninis, una sociedad donde valga más la pena ser becario que ser sicario. Y, quisiera, compañeros Senadores, que hiciéramos un poco de memoria.

En nuestro país las instituciones dirigidas a atender a los jóvenes cumplen prácticamente 80 años desde la creación, allá en los años 30 del siglo pasado, de la oficina de Acción Juvenil que formaba parte de la Secretaría de Educación Pública.

Este enfoque del Estado mexicano hacia los jóvenes, ha pasado desde la organización corporativa y su inclusión a la fuerza de trabajo en la etapa de industrialización nacional hasta un concepto muy simplista, un concepto totalmente erróneo de que lo único que se requiere para alcanzar su potencial personal en materia de jóvenes es: hacer deporte.

Políticas que han demostrado su fracaso y que han demostrado su ineficacia, simplemente hay que revisar algunos datos que aporta la OCDE que establece que de los 30 millones de jóvenes que hay en el país, más de 7 millones no estudian ni trabajan, por lo que ocupamos el tercer lugar entre los 34 países que integran esta organización.

Otro dato, sólo uno de cada cuatro jóvenes entre 20 y 29 años puede acceder a educación superior; 7 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años, manifiesta haber vivido violencia psicológica, y algo aún más grave, y es que aunque no hay cifras oficiales respecto a cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado, la red por la protección de los derechos de los niños estima que en México hay más de 30 mil niños trabajando para grupos de la delincuencia organizada.

Esta misma red también estima que de los 50 mil muertos de la guerra contra el narco, una gran parte oscilan entre los 20 y los 25 años de edad.

Reconozcamos que no hemos dado como sociedad ni como Estado una respuesta adecuada a las y los jóvenes.

A nivel legislativo en el Senado como parte de nuestra organización interna tenemos una Comisión de Juventud y Deporte, lo que refleja justamente la falta de actualización, por decir, lo menos, o un concepto totalmente erróneo de lo que hoy requieren los jóvenes y de la trascendencia también de la cultura física y del deporte en la vida nacional.

Juventud y deporte son temas de la mayor relevancia, sin duda, y que se han mantenido juntos fruto de una conceptualización ya rebasada de que la atención social a los jóvenes es el deporte, y de que el deporte es una actividad accesoria que corresponde solamente a una etapa de la vida.

Hoy, pues hablar de deporte no necesariamente implica hablar de juventud, y hablar de los retos que enfrenta la nueva generación de jóvenes mexicanos no nos remite como prioridad al tema de la recreación o del deporte. Sin duda, el deporte y la cultura física tienen que verse como un tema prioritario, ya no vinculado a la edad de las personas, sino a la salud, como aquí lo mencionó la Senadora Ana Gabriela Guevara.

Los nuevos jóvenes lo que requieren es acceso a la educación, principalmente media y superior, acceso a la tecnología, hoy viven una realidad tecnológica sin precedentes en donde el 70 por ciento de los jóvenes manifiesta saber usar Internet.

Compañeros y compañeras Senadoras: Los jóvenes lo que demandan es ciudadanía, participación, espacios públicos; ya el movimiento Yosoy132 ha dado muestras recientes de la intensidad, energía e influencia de los jóvenes en la realidad social mexicana actual. Han dado muestra de su capacidad transformadora. Es por eso que hoy como representante de una de las entidades con mayor proporción de población joven en el país, como representante de Chiapas, me permito proponer a esta Honorable Asamblea una proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que en uso de sus facultades modifique la Comisión Ordinaria de Juventud y Deporte, para crear la Comisión Ordinaria de Juventud y la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte.

Creo que dar lugar e importancia a cada tema será un símbolo para adecuar y adecuarnos a la realidad del momento histórico que vivimos, organizarnos de manera puntual y eficiente en el trabajo interno del Senado, y además será una contribución para acercarnos más a nuestro propósito de servir a todas y todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISION ORDINARIA DE JUVENTUD Y LA COMISION ORDINARIA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

“C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXII LEGISLATURA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Quien suscribe, ZOE ROBLEDO ABURTO, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 115 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se organiza en Comisiones Ordinarias, las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación;

Que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General permite a la Cámara de Senadores aumentar el número de comisiones, según lo crea conveniente, o lo exija el despacho de los negocios;

Que en mérito de la anterior prerrogativa, la creación de comisiones adicionales a las previstas en el artículo 90 de la propia Ley Orgánica no exige una reforma a dicho ordenamiento;

Atendiendo a que la integración de las Comisiones constituye una responsabilidad del más alto nivel, en tanto que son éstas las formas de trabajo que dan respaldo especializado, técnico y profesional a los asuntos que son presentados ante el Pleno del Senado de la República;

Que como ha quedado apuntado, las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones, mismas que corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, , tal es el caso del Instituto Mexicano de la Juventud, así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

En razón de lo anterior, es indispensable manifestar que México es un país de jóvenes. Expresarlo puede parecer un lugar común, una frase hecha, pero en nuestro país la mitad de la población tiene 26 años o menos. No es un por tanto un dato más, ni mucho menos una cifra menor ya que, prácticamente 30 millones de mexicanos están en la etapa de su vida que comprende de los 15 a los 29 años de edad, etapa en la cual la mayor parte de ellos concluyen su formación académica, se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y la formación de una nueva familia.

En términos de política pública los jóvenes representan un enorme desafío al Estado para que éste garantice la satisfacción de sus necesidades en materia de acceso a la educación, empleo, salud, vivienda, entre otros aspectos que permitan mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades.

Las políticas del Estado dirigidas a la atención de este sector de la población se remontan a la década de los años treinta en el siglo XX, con la creación de la oficina de Acción Juvenil adscrita a la Secretaría de Educación Pública, respondiendo a la demanda de interlocución que planteaban las organizaciones corporativas formadas en el periodo del Presidente Cárdenas, la Confederación de Jóvenes Mexicanos en 1938 y la Central única de la Juventud en 1939.

El 1 de julio de 1951 comenzó a funcionar el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, el enfoque de las políticas gubernamentales fue incorporar a los jóvenes al mercado laboral, dado que México vivía el período de su expansión industrial.

En 1970, como consecuencia de la nueva realidad política surgida a partir del movimiento estudiantil de 1968 se reorientó el enfoque de atención a la juventud hacia la capacitación técnica, y posteriormente con actividades a manera de extensión universitaria. Durante esa misma década, en el año de 1977, bajo el argumento de impulsar el desarrollo integral de los jóvenes se creó el Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud (CREA).

En diciembre de 1988, se crea la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física, absorbiendo funciones que realizaba el CREA.

Asimismo, en enero de 1999, a un año del nuevo milenio, se creó el Instituto Mexicano de la Juventud con el objetivo de diseñar e instrumentar políticas a favor de los jóvenes para otorgarles herramientas en materia de educación, salud, empleo y participación social.

Hago este recuento sucinto, solo para ilustrar que los conceptos en torno a la juventud y las políticas para su atención han sido dinámicas a lo largo de los últimos 80 años. Es en esta misma dinámica que, a nivel legislativo esta Soberanía cuenta con una Comisión Ordinaria tocante a los temas de Juventud y Deporte. Ambos constituyen temas de la mayor relevancia y en alguna medida, se encuentran vinculados.

Pero hoy por hoy, hablar de deporte no necesariamente implica hablar de juventud y hablar de los retos que enfrenta la nueva generación de jóvenes mexicanos no nos remite como prioridad al tema de recreación o deporte.

El deporte y la cultura física tienen que verse como un tema prioritario, ya no vinculado a la edad de las personas, sino a la salud, fundamentalmente a combatir los graves problemas de sobrepeso y obesidad. México es de acuerdo a datos de la OCDE la segunda nación con mayor índice de obesidad, superado únicamente por los Estados Unidos. Es de resaltar que en nuestra nación se ubica al 30% de las personas con obesidad en el mundo.

Por otra parte si bien el deporte es una actividad socialmente útil y necesaria para los jóvenes, sería reduccionista pensar que las soluciones o demandas fundamentales de éste sector de la población, en la segunda década del siglo XXI, se concentran únicamente en la actividad física.

Los jóvenesde nuestro tiempo requieren acceso a educación, principalmente superior y media superior; acceso a la tecnología, nuestros jóvenes viven una realidad tecnológica inédita para las generaciones precedentes. Demandan políticas deliberadas para incorporarlos al mercado de trabajo; facilidades para la formación de nuevos hogares con acceso a la vivienda; demandan atención a los sistemas de salud y a la medicina especializada.

Las demandas de los jóvenes del siglo XXI rebasan con mucho su necesidad de recreación y práctica deportiva.

Es en virtud de las anteriores consideraciones, y en atención a la noble representación que esta soberana institución tiene en su encargo que someto a la deferencia de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, modifique la Comisión Ordinaria de Juventud y Deporte, para crear la Comisión Ordinaria de Juventud y la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte.

SEGUNDO.- La Comisión Ordinaria de Juventud, así como la Comisión Ordinaria de Cultura Física y Deporte, contarán con facultades para análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto y de las proposiciones que les sean turnadas, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Zoé Alejandro Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, quien presentará un punto de Acuerdo para incrementar la matrícula estudiantil en las universidades públicas del país.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

Sin duda, los jóvenes en este nuevo contexto de país vienen a revolucionar y, yo espero, a conducir de mejor manera nuestra República. Hoy particularmente he escuchado la exposición de mis compañeros Senadores, cosa que celebro en la búsqueda de estos espacios para los jóvenes.

Las universidades son el medio por donde los países se desarrollan plenamente en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y científicos. Sin embargo, en nuestro país los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, no han desarrollado ninguna política pública para fortalecer nuestras universidades públicas.

Nuestro país no cuenta con una educación de calidad y lo que es todavía peor, ésta ni siquiera llega a todos los niños y jóvenes. Tal pareciera que a mayor presupuesto que se le destina a la educación pública, peor es el nivel educativo que reciben los estudiantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, calificó a ocho países con bajo desempeño, entre los cuales figura nuestro país. Dato que no resulta sorprendente cuando sabemos que nuestro país, el 11 por ciento de su población de entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir, 11 de cada 100 niños son analfabetas.

Dentro de las entidades federativas del país que presentan un mayor grado de analfabetismo, encontramos algunos estados de nuestra República con un 18.4 por ciento, algunos otros con el 17 por ciento.

Aunado a lo anterior, el informe de Panorama Educativo 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el nivel bachillerato, con 47 por ciento así como en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en el nivel superior, sólo con un 20 por ciento.

Con respecto a la educación superior, el panorama no pinta mejor, tan sólo en febrero de 2012 la Universidad Nacional Autónoma de México admitió sólo 11 mil 116 jóvenes de un total de 121 mil 970 que presentaron el examen, excluyendo con esto de la educación superior a más de 110 mil 854 estudiantes.

En el Instituto Politécnico Nacional, el paisaje es similar, de los 92 mil 772 aspirantes que se registraron, sólo 23 mil fueron aceptados para estudiar algunas de las 54 carreras que ofrece esta casa de estudios, lo anterior refleja que 69 mil 772 jóvenes no fueron aceptados.

¿Por qué son rechazados más de la mitad de los estudiantes que aspiran a ingresar a una universidad pública? La respuesta de siempre y como se ha hecho costumbre, los que argumentan de que no tuvieron la capacidad o el conocimiento para ser aceptados, me parece ya irracional. Me parece que si esto sucediera, no obedece si no a la misma deficiencia que existe en la educación básica.

En otro orden de ideas, tenemos que muchas familias mexicanas, por no decir que la mayoría, no cuentan con los recursos económicos suficientes para apoyar a sus hijos que estudien una licenciatura en una universidad particular, ya que con un salario como el que existe, es imposible pagar una colegiatura que oscila entre 3 mil y 10 mil pesos mensuales. Al respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, reveló que más de la mitad, un 62.3 por ciento de las escuelas de educación superior que hay en México son privadas, suman un total de 1,200 instituciones a las que asisten aproximadamente 830 mil jóvenes. Sin embargo, sólo 14 de estas universidades tienen certificaciones de buena calidad.

Lo anterior, es una radiografía del calvario que pasan los jóvenes para ser admitidos en las universidades públicas. Si bien es cierto, se han construido universidades tecnológica e institutos tecnológicos por la actual administración federal, resultan insuficientes para atender la demanda estudiantil tan grande para ingresar a una universidad pública.

El punto de Acuerdo que hoy sometemos a consideración es el siguiente:

Primero.- Que esta Soberanía exhorte a la H. Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, erogue un presupuesto adicional igual o superior a la inflación estimada para el 2013 a las universidades públicas del país, etiquetando a la construcción o ampliación de la infraestructura académica, a fin de ampliar la matrícula de estudiantes.

Segundo.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, envíe a esta Asamblea un informe pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderán para incrementar la oferta en la educación superior.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA INCREMENTAR LA MATRICULA ESTUDIANTIL EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las universidades son el medio por donde los países se desarrollan plenamente en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y científicos. Sin embargo, en nuestro país los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), no han desarrollado ninguna política pública para fortalecer nuestras universidades públicas.

Nuestro país no cuenta con una educación de calidad y lo que es todavía peor, ésta ni siquiera llega a todos los niños y jóvenes; tal pareciera que a mayor presupuesto que se le destina a la educación pública, peor es el nivel educativo que reciben los estudiantes.

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), calificó a ocho países con “bajo desempeño” entre los cuales figura México,1 dato que no resulta sorprendente cuando sabemos que en nuestro país, el 11 por ciento de la población de entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir, esto significa que 11 de cada 100 niños son analfabetas.2

Dentro de las entidades federativas del país que presentan un mayor grado de analfabetismo encontramos en primer lugar el estado de Chiapas con 18.4%, seguido por Guerrero con 17.5% y Oaxaca con 16.9%. Esto refleja que 4 de cada 10 personas mayores de 15 años, no concluyeron sus estudios de educación básica.

Aunado a lo anterior, el informe Panorama Educativo 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el nivel bachillerato, con 47% así como en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20%.3

Con respecto a la educación superior, el panorama no pinta mejor, tan sólo en febrero de 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió solamente a 11,116 jóvenes de un total de 121,970 que presentaron el examen, excluyendo con esto de la educación superior a 110,854 estudiantes.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el paisaje es similar, de los 92,772 aspirantes que se registraron, sólo 23,000 fueron aceptados para estudiar alguna de las 54 carreras que ofrece esta casa de estudios, lo anterior refleja que 69,772 jóvenes no fueron aceptados.

¿Por qué son rechazados más de la mitad de los estudiantes que aspiran a ingresar a una universidad pública? La respuesta siempre es la misma, no son aceptados porque no pasan el examen de admisión, no obstante resulta totalmente irracional que más de 50 por ciento de los aspirantes no tengan los conocimientos suficientes para poder continuar sus estudios.

Y en el caso hipotético de que existiera una falta de conocimientos y de preparación académica de los estudiantes que desean ingresar a la educación superior, este obedecería a las deficiencias que existen en la educación básica.

En otro orden de ideas, tenemos que muchas familias mexicanas, por no decir que la mayoría, no cuentan con los recursos económicos suficientes para apoyar a sus hijos que estudien una licenciatura en una universidad particular, ya que con un salario mínimo de $62.33, es imposible pagar una colegiatura que oscila entre tres mil y diez mil pesos mensuales. Al respecto la OCDE, reveló que más de la mitad (62.3%) de las escuelas de educación superior que hay en México son privadas, suman un total de 1,200 instituciones a las que asisten aproximadamente a 830,000 jóvenes; sin embargo, sólo 14 de estas universidades tienen certificaciones de buena calidad.

Lo anterior, es una radiografía del calvario que pasan los jóvenes para ser admitidos en las universidades públicas; si bien es cierto, se han construido Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos por la actual administración federal, resultan insuficientes para atender la demanda estudiantil tan grande para ingresar a una universidad pública.

El que no construye, destruye; el hecho de que los jóvenes no sean admitidos en las universidades públicas, aunado a la problemática del desempleo, provoca en ellos una gran frustración e impotencia,pudiendo generar (en el mejor de los casos) que se vuelvan ninis, y digo en el mejor de los casos, porque ahora el ingresar a las filas del crimen organizado representa una opción viable en casos de necesidad.

La OCDE señala que el número de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudia, ni trabaja, va en aumento, tan solo del 2008 al 2010 incrementó en 0.5%, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).4 Actualmente se estima en siete millones los jóvenes que se encuentran en esta situación.

La educación en México ha sufrido un año un gran deterioro, esto se debe a que las políticas públicas no han sido las correctas, lo que deja claro que nuestro país no cumple con la fracción V del artículo 3ro Constitucional, que a la letra dice:

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior-necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El Estado mexicano no cumple su función de generar empleos y mucho menos el de promover la educación superior.

Colegas legisladores, tenemos la responsabilidad de atender las demandas del pueblo mexicano, una de ellas es la educación superior, un medio de hacerlo es impulsar mejores presupuestos a las universidades públicas, para que nuestros jóvenes puedan estudiar una licenciatura o ingeniería y así puedan ser el motor de nuestro país, esta Asamblea que orgullosamente representamos, no puede condenar a la juventud mexicana, que es el futuro del país, a la economía informal, a la emigración ilegal o a formar parte del ejército delincuencial de reserva.

Por tal razón, el objetivo primordial del presente punto de acuerdo es solicitarle a la H. Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se erogue un presupuesto adicional a las universidades públicas, con el único y exclusivo fin de que mejoren su infraestructura y así puedan recibir a más estudiantes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente, a la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, erogue un presupuesto adicional igual o superior a la inflación estimada para el 2013 a las universidades públicas del país, etiquetado a la construcción o ampliación de infraestructura académica, a fin de ampliar la matrícula de estudiantes.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Educación Pública, envíe a esta H. Asamblea un informe pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderán para incrementar la oferta educativa de nivel superior.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Senador Rosas González, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador que hizo uso de la palabra, si me permite adherirme a su proposición de punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aceptado, Senador Rosas González.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Morelos a implementar las estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las que tiene derecho los trabajadores jubilados del estado.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Ese es el problema que están viviendo hoy nuestros maestros jubilados del estado de Morelos.

Es por ello que hoy los Senadores de la República del estado de Morelos, su servidora Lisbeth Hernández Lecona, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Senador Rabindranath Salazar Solorio, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al doctor Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador constitucional del Estado de Morelos, a implementar las estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados del estado de Morelos, lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

La nación mexicana descansa su devenir histórico en un pueblo de lucha y de apertura para consolidarse como una nación democrática y de desarrollo constante.

Sin duda, la particularidad de cada uno de los acontecimientos que han forjado su historia hace que hoy en día frente al progreso logrado, sigan subsistiendo situaciones que laceran a nuestra sociedad.

El estado de Morelos, el cual representamos, no es la excepción, y hoy en día enfrentamos el gran reto de atender los reclamos justos de sus habitantes. En estos últimos momentos, se ha hecho eco en nuestra entidad de reiteradas manifestaciones y señalamientos, a petición de nuestros maestros jubilados.

Las condiciones económicas que prevalecen en nuestro estado, en los diferentes sectores sociales, nos llevan a la reflexión para enfocar nuestra atención en los sectores más desprotegidos, puesto que aún contando con una salario remunerado, sabemos que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias morelenses. Y en esta situación podemos enfocar a miles de maestros jubilados que hoy en día luchan por un reconocimiento de todos sus derechos, por las cuales trabajaron arduamente durante muchos años de su vida al servicio del estado.

Por citar un antecedente, es preciso mencionar que en la entidad morelense existen alrededor de ocho mil maestros jubilados, que hace más de un año de manera manifiesta han tocado las puertas del Poder Legislativo y Ejecutivo local.

En aras de satisfacer este reclamo que tanto nos lamenta, se puede decir que la problemática de los maestros jubilados inicia antes del año de 1992, que en aquel tiempo era parte de una plantilla activa, considerados trabajadores de la educación al servicio del Estado, con adscripción a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, posteriormente a esta fecha, sufrieron los efectos de la sustitución patronal, formándose una relación laboral con el gobierno del estado de Morelos, teniendo como lugar la adscripción a un organismo público descentralizado denominado “Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos”. Derivado de ello, y a lo largo de su separación como educandos en activo, se dio una disputa jurídica en la que el derecho laboral en el estado ha tenido que hacer frente a más de tres mil demandas laborales para determinar si les asiste la razón jurídica y con ello recibir el concepto referente a una prima de antigüedad.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 46, señala procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados, como es el caso de los maestros del estado de Morelos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que a diferencia de las gratificaciones, la prima de antigüedad es un derecho mínimo irrenunciable, que no debe de quedar en ningún caso al arbitrio del patrón, dicha tesis se encuentra en la veracidad del hecho de la relación que existe entre los trabajadores de la educación en Morelos y el gobierno del estado, representado en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el cual debe pagar esa prestación.

Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Morelos emitió en apoyo a esta lucha legítima de los maestros jubilados por el pago de la prima de antigüedad, el Decreto 992, asignando 24 millones de pesos a la partida de proyectos ejecutivos y se transfirieron al Fondo de Aportaciones Solidarias, a través de la inclusión de un nuevo concepto denominado “Complemento Extraordinario a la Prima de Antigüedad a Maestros Jubilados”, el cual fue observado por el Ejecutivo y llevó a éste a presentar la controversia constitucional 80/2011, que ahora ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Congreso del Estado de Morelos.

Es de mencionar que conocemos los esfuerzos que ha realizado el Poder Legislativo estatal desde el año pasado para dar cumplimiento a las prestaciones de los maestros jubilados. Sin embargo, en virtud del problema, es notable la situación en la que hoy se encuentran de tener que estar tomando las calles del estado, de tomar las calles del centro y no permitir que pueda circular libremente la ciudadanía, cuando son maestros que han tenido muchos años de su vida al servicio de los morelenses, y no es posible que ya muchos de ellos a esta fechas hayan fallecido y no hayan podido habérseles cumplido la prestación a la que ellos tienen derecho.

Por lo antes expuesto, se exhorta al gobernador constitucional del estado de Morelos a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENEN DERECHO LOS MAESTROS JUBILADOS DE ESE ESTADO

“DE LA SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8 NUMERAL 1, FRACCION II, 76, FRACCION IX, 108, 276 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES A LAS CUALES TIENEN DERECHO LOS MAESTROS JUBILADOS DEL ESTADO DE MORELOS, LO ANTERIOR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La nación mexicana descansa su devenir histórico en un pueblo de lucha y de apertura para consolidarse como una nación democrática y de desarrollo constante.

Sin duda la particularidad de cada uno de los acontecimientos que han forjado su historia hace que hoy en día, frente al progreso logrado, sigan subsistiendo situaciones que laceran a su sociedad.

El Estado de Morelos, el cual represento, no es la excepción, y hoy en día enfrentamos el gran reto de atender los reclamos justos de sus habitantes. En estos últimos momentos, se ha hecho eco en la entidad, de una reiterada y añeja petición de los maestros jubilados.

Las condiciones económicas que prevalecen en el Estado de Morelos, en los diferentes sectores sociales, nos llevan a la reflexión para enfocar nuestra atención a los sectores más desprotegidos, puesto que aun contando con un salario remunerado sabemos que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias morelenses. En esta situación podemos enfocar a miles de maestros jubilados que hoy en día luchan por el reconocimiento de todos sus derechos, por los cuales trabajaron arduamente al servicio del Estado.

Por citar un antecedente, es preciso mencionar que en la entidad morelense existen alrededor de ocho mil maestros jubilados, que hace más de un año, de manera manifiesta han tocado las puertas del Poder Legislativo y Ejecutivo Local, respectivamente, en aras de satisfacer su reclamo laboral.

Se puede decir que la problemática de los maestros jubilados, inicia antes del mes de junio 1992, en aquél tiempo eran parte de la plantilla activa, considerados trabajadores al servicio del Estado con adscripción a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, posterior a esa fecha, sufrieron los efectos de la sustitución patronal, formándose una relación laboral con el Gobierno del Estado de Morelos teniendo como lugar de adscripción un organismo público descentralizado denominado Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Derivado de ello, y a lo largo de su separación como educandos en activo, se dio una disputa jurídica en la que el derecho laboral en el Estado ha tenido que hacer frente a más de 3 mil demandas laborales para determinar si les asiste la razón jurídica y con ello recibir el concepto referente a una prima de antigüedad.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 46, señala procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados, como es el caso de los maestros jubilados del Estado de Morelos. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que a diferencia de las gratificaciones, la prima de antigüedad es un derecho mínimo irrenunciable, que no debe de quedar, en ningún caso, al arbitrio del patrón. Dicha tesis se sustenta en la veracidad del hecho de la relación que existe entre los trabajadores de la educación en Morelos y el Gobierno del Estado representado en el Instituto de la Educación Básica del Estado, la cual debe pagar esa prestación.

Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Morelos emitió en apoyo a esta lucha legítima de los maestros jubilados por el pago de la prima de antigüedad el decreto 992, asignando veinticuatro millones de pesos, de la partida de “Proyectos Ejecutivos” y se transfirieron al “Fondo de Aportaciones Solidarias”, a través de la inclusión de un nuevo concepto denominado Complemento extraordinario a Prima de Antigüedad a Maestros Jubilados, el cual fue observado por el ejecutivo y llevó a este a presentar la Controversia Constitucional 80/2011, que ahora ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Congreso del Estado de Morelos.

Es de mencionar que conocemos los esfuerzos que ha realizado el poder legislativo estatal desde el año pasado para dar cumplimiento a las prestaciones de los maestros jubilados. Sin embargo, en virtud de que el problema de los maestros jubilados es un detonante social en la entidad, cuya resolución debe ser una prioridad y atendiendo al hecho del que el poder público estatal está conformado por los tres poderes, se debe en este momento ponderar la legalidad pero con un sentido social que atienda las peticiones de los ciudadanos morelenses. En este sentido se debe aprobar el tratamiento jurídico a este conflicto, pero además con voluntad política para responder a las demandas de los maestros jubilados. Por lo que la finalidad de este documento es exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a fin de establecer mecanismos de solución a favor de los maestros jubilados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

UNICO.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Hernández Lecona. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa; compañeras y compañeros Senadores:

Tal y como se ha expresado aquí por parte de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, es un tema que en Morelos se trató a nivel de Congreso del estado, y que fue apoyado por la totalidad de las fuerzas políticas al interior, es decir, fue un punto de Acuerdo en el cual esos primeros 24 millones de pesos se transfirieron y por eso tuvo que haberse ganado una controversia constitucional, después de esta circunstancia, y al no haber el recurso suficiente fue que se aprobó una nueva transferencia de recursos hasta por 100 millones de pesos, donde, incluso, medió ya un acuerdo político para que los maestros pudieran haber tenido el pago correspondiente.

En el periódico oficial, Tierra y Libertad, número 4993, de fecha 2 de julio de 2012, fue publicado el Decreto número 1877 por el cual se reformó el artículo primero de la Ley de Ingresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2012, así como los artículos undécimo, vigésimo segundo, vigésimo sexto y vigésimo octavo del Decreto número 1642, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012.

Dichas reformas tuvieron por objeto asignar recursos presupuestales por un monto de 100 millones de pesos al pago de la prima de antigüedad a los maestros jubilados. Como ya se ha mencionado, cabe destacar que dicha transferencia fue apoyada por la totalidad de las fuerzas políticas al interior del Congreso.

En julio 26 de 2012, el licenciado Manuel Carvajal, consejero jurídico, en nombre y representación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional a efecto de solicitar la invalidez de las resoluciones emitidas por el Congreso del estado, que modificaron tanto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

El ministro ponente acordó otorgar la suspensión provisional para efecto únicamente de que se provisionaran los recursos económicos, materia de la reforma. Derivado de esto, y con fecha 14 de agosto de 2012, la Comisión Negociadora de los Maestros Jubilados suscribió un acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, a través del cual se pactó la realización de los pagos conforme a lo siguiente:

Un primer pago a realizarse el día 15 de septiembre por un monto de 25 millones de pesos, un segundo pago a realizarse el 15 de octubre por un monto también de 25 millones de pesos, y finalmente, un tercer pago a realizarse en el mes de enero o febrero del año 2012, por un monto de 50 millones de pesos.

Actualmente, y ya habiendo pasado la primera fecha, el gobierno del estado no realizó el pago al cual estaba comprometido, incluso hubo manifestaciones en los medios de comunicación donde se anuncia que no hay recursos económicos para poder prever este importante pago para los profesores.

Como ya se ha comentado, los profesores han tomado las calles de la capital morelense, en justo reclamo de esta prestación. Compañeras y compañeros Senadores, yo creo que en estos momentos que justamente tenemos la alta responsabilidad de tomar decisiones en el tema de la reforma laboral, no podemos permitir que los más de ocho mil maestros jubilados de Morelos sufran abusos sobre prestaciones y derechos adquiridos legalmente.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

Yo pienso que quienes estamos aquí en el Senado sería difícil oponernos a un tema tan delicado como es el tema del pago a los jubilados y pensionados del estado de Morelos, que son alrededor de ocho mil, y por lo tanto no podríamos votar en contra, votaríamos a favor.

Pero sí hay que hacer ciertas precisiones de orden jurídico, que en lo personal a mí me incomodan mucho, en alguna de las cosas que incomodan es que a veces los congresos locales, cuando tienen cierta presión de un grupo social, se reúnen y casi por deporte modifican el Decreto de los Presupuestos de Egresos del año pasado.

Y lo que nunca dicen, y esto también, a veces lo hace la Cámara de Diputados a nivel federal es: ¿De dónde se van a tomar esos recursos?

Entonces dicen: ¡No!, es que hay una problemática y hay que resolverla, le pedimos al Ejecutivo que haga los ajustes necesarios y que junte tantos millones de pesos y pague y, bueno, el artículo 126 de la Constitución establece: que no se pueden emitir esos pagos si uno no dice de dónde se van tomar, porque el presupuesto supone que va orientado a gastarse en un 100 por ciento, y si alguien le hace una modificación, tiene que decir de qué partida lo va a sacar.

Entonces, creo que debemos de legislar un poco para ir acotando a los congresos locales y también a la Cámara de Diputados para que no hagan este tipo de situaciones.

En segundo lugar, yo creo que los pagos se tienen que hacer conforme a la ley, y estoy convencido de que el gobierno del estado de Morelos va a buscar la forma y los mecanismos para que estos pagos se lleven a cabo.

Pero como es conforme a la ley, la controversia que cita la proponente es la 80/2011, pero se omite decir: que hay una nueva controversia porque, esta controversia 80/2011 sólo resuelve la facultad del congreso de poder modificar el Decreto del Presupuesto de Egresos del estado de Morelos, y le dieron la razón que sí lo puede modificar, pero no entra la Suprema Corte al fondo del asunto.

Para que entre al fondo del asunto, el gobierno del estado promovió una segunda controversia, que es la controversia 70/2012, y lamentablemente la Suprema Corte de Justicia, en esa controversia, emite un incidente de suspensión, que aquí tengo, y en ese incidente de suspensión le ordena al gobierno del estado, no a que realice el pago, le ordena a que guarde esos recursos hasta en tanto no se resuelve la suerte principal del asunto.

Entonces, el gobierno del estado está impedido legalmente por esa suspensión de la Suprema Corte a ejercer esos recursos. Este acuerdo le fue notificado apenas en el mes de agosto al gobierno del estado.

Entonces, lo que estamos planteando es, y para sumarnos al punto de Acuerdo, que en el exhorto que se le envía al Ejecutivo Estatal le podamos hacer una pequeña adición para exhortar a la Suprema Corte de Justicia que acelere el asunto y resuelva el fondo del mismo para que este recurso que está suspendido desde el mes de agosto y que el gobierno del estado no lo puede ejercer a favor de los trabajadores y jubilados, como debería de ser, pues que la Corte resuelva, y conforme a lo que resuelva, entonces el gobierno del estado lo acate.

Nuestra posición es que sí se les apoye a los jubilados y pensionados al derecho que tienen, de que se les pague la prima de antigüedad, pero que se haga conforme a la ley.

Y si la proponente nos lo permite, y le hacemos esa pequeña adición para que la Suprema Corte de Justicia resuelva la nueva controversia, la 70/2012, y lo agregamos en el exhorto, entonces sería más completo, porque realmente le estamos ordenando a la Suprema Corte de Justicia que resuelva el fondo del asunto y le ordene al gobierno del estado de Morelos que cubra el pago a las 3 mil 200 personas que están en este momento exigiendo este derecho, vía algunas demandas laborales.

Entonces, vamos a favor, y no sé si la proponente está de acuerdo en que le hagamos una pequeña adición para incluir en el punto de Acuerdo a la Suprema Corte de Justicia en virtud de que fue la que dictó el acto de suspensión por el cual el gobierno de Morelos no puede ejercer legalmente ese pago a los trabajadores, porque incurriría en responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Rabindranath Salazar, ¿con qué motivo?

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, solamente, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene usted la palabra para rectificación de hechos, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Simplemente, compañero Senador, para aclarar 2 puntos que son importantes:

1.- Efectivamente, cuando se señala la necesidad de poder generar una transferencia presupuestal, se tiene que analizar evidentemente de dónde se va a tomar.

Para efectos de no afectar algunos de los proyectos, programas, o algunas de las secretarías que ya contaban con el presupuesto del año, lo que se hizo fue un análisis de 10 años hacia atrás de los recursos adicionales que recibe el gobierno del estado, situación que sería, incluso con la propia Secretaría de Finanzas, recursos, que yo diría, por los excesos del petróleo, por ejemplo, o por una cantidad mayor de recaudación en el caso de las tenencias, etcétera, y que han venido variando en los últimos 10 años, de 700 a 800, el último año hasta 3 mil millones de pesos adicionales.

Entonces se les dijo en el punto de Acuerdo, que el recurso se estaba planteando se tomara de los recursos excedentes que año con año, y de manera siempre ya sin falta alguna, por 10 años consecutivos han recibido esos recursos adicionales. Entonces, sí se dijo.

2.- Lo que sí consideramos un abuso, es de que efectivamente, hay una segunda controversia, pero a pesar de que en esa controversia el ministro lo que señala es de que mientras se resuelve de fondo el tema, se reserven esos recursos para aplicarse al pago de esta prestación, con fecha 14 de agosto del mismo año 2012, se signa un convenio en el cual la Comisión de Maestros Jubilados, junto con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, pactan estas fechas.

¿Qué quiere decir esto?, que a sabiendas de que no estaba todavía el tema resuelto de fondo, sí accedió el gobierno del estado a poder fijar cantidades y fechas ya señaladas.

Por otra parte, y yo creo que no habría inconveniente, creo que sí sería importante la adición que señala el Senador, en el sentido de urgir también a la Suprema Corte de Justicia de que a la brevedad pudiera tener la resolución del asunto de fondo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Solorio.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Demédicis Hidalgo, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para fijar mi posición sobre el punto, conocemos bien del tema, somos Senadores del estado de Morelos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Para rectificación de hechos, tiene usted la palabra, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros Senadores:

Este tema de la prima de antigüedad fue tratado en muchas ocasiones en el Congreso del Estado de Morelos.

Planteamos siempre que era un tema de justicia social. Solamente que hemos visto como cuando se trata de favorecer a los más desvalidos, como el caso de los campesinos en el asunto del fondo para desastres, Calderón propone una controversia constitucional.

No era la discusión la cuestión legal, el asunto es que los campesinos están sufriendo y requieren esos 15 mil millones, los siguen requiriendo para salir del problema que generó la sequía.

Estamos frente a una situación similar en el estado de Morelos, en este tema de la prima de antigüedad.

Es una cuestión en donde a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1992, se le quita este derecho que tenían los trabajadores de la educación del estado de Morelos.

Hubo el planteamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como bien lo refiere en el punto de Acuerdo la compañera Senadora, la Suprema Corte de Justicia refiere que la prima de antigüedad efectivamente es un derecho irrenúnciale, que no debe quedar al arbitrio del patrón.

Todavía más, la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, en el artículo 48 plantea: “Es procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados”.

El asunto está rebasado. El gobernador del estado interpone la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que los Diputados del estado no tenemos o no teníamos las facultades en ese momento para hacer reasignaciones presupuestales.

La Suprema Corte de Justicia la Nación ordena al Ejecutivo que se paguen esos, en aquel entonces, 24 millones de pesos.

El compañero también refiere al asunto del recurso extraordinario. Morelos solamente en los últimos tres años recibió un promedio de 10 mil millones de pesos, por eso se nos hace inhumano, de parte del señor Adame, el hecho de que no entienda la situación gravísima que están viviendo los trabajadores jubilados de la educación en Morelos, cuando hay maestros jubilados que reciben de pensión, entre 1500 y 2000 mil pesos.

¿Quién puede vivir en este momento con esa cantidad de dinero?

Cada una de las cuestiones que pelean los maestros jubilados sirve como paliativo, no para resolver de fondo el problema que tiene.

Nosotros decimos, 10 mil millones de pesos en los últimos tres años por cuestiones extraordinarias, entonces, ¿qué significan, en este caso, 100 millones de pesos? Que es lo que falta a los maestros jubilados para completar lo que es el pago de su prima de antigüedad.

Por eso invitamos a los compañeros Senadores, a que no metamos en una situación, el punto de Acuerdo, en donde el tema, reitero, es de justicia social. No es un tema leguleyo.

Si los trabajadores de la educación jubilados reciben este incentivo, el Senado de la República empezará a dar muestras de que tiene intención de coadyuvar a resolver el problema de los más desvalidos.

Ayer, y concluyo con esto, tuvimos la comparecencia del gabinete económico. Yo les decía a los ciudadanos secretarios, la eficacia de un gobierno se mide a partir del estado de bienestar que tiene la población. Y seamos sinceros, cuál es el estado de bienestar que tiene este país, incluido los maestros jubilados.

Seamos sinceros para revisar esta situación, y vamos a encontrar que es gravísimo, más de 57.7 millones de mexicanos están en la pobreza patrimonial.

Entonces, cuando se plantea que el estado calderonista es un estado fallido; el estado adamista es un estado fallido, y lo menos que puede hacer el Senado, es empezar a reivindicar estos derechos humanos que están en juego cuando se plantean este tipo de asuntos.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

Sólo para insistir en el texto original del punto de Acuerdo, exhortando en esos mismos términos, toda vez que haciendo esta conciencia social, más de 8 mil maestros jubilados, que varios de ellos en la lucha ya han fallecido, y que este dinero ya está asignado, son 24 millones de pesos que ya existen, y que se tienen ahí, tal vez, dilatando para poderse distribuir.

Hubo por ahí una promesa, de que el día 14 y el día 15 se les iba a realizar el pago a los maestros. No fue así. Por eso es que el día de hoy estamos tomando este exhorto, para pedirle al señor gobernador de nuestro estado, pueda cubrir este derecho que es irrenunciable.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Para hechos, tiene la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Muchos de los Senadores hoy estamos aquí, en mucho estamos porque fuimos educados desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad por algún maestro. Y creo que no podríamos estar en contra de que se lleven a cabo estas acciones para liquidarle lo conducente a cada uno de ellos.

Entiendo el contexto. Y quiero poner en contexto lo que está pasando en Morelos; hay dos factores que han detonado un poco las movilizaciones, además de la falta de pago.

Uno. Es el cambio de secretario general en el SNTE, que de alguna manera, están tratando de mostrar músculo en alguno de los estados.

Y un segundo factor es el cambio de gobierno, el 1° de octubre, donde los maestros han amenazado con impedir la toma de protesta y crear algunas manifestaciones.

Y, bueno, hay que buscar la forma de solucionar los problemas y estamos de acuerdo en eso. Ese es el contexto de lo que está pasando allá.

Creo que lo más adecuado, es efectivamente que se les haga el pago a los maestros, pero el gobierno del estado aduce falta de recursos. Yo no quiero decir que sea cierto o que no sea cierto. Lo que sí es cierto, es que en este año el Congreso del Estado de Morelos, acertadamente retiró el impuesto de la tenencia.

Entonces, cuando comentaba un Senador aquí, que recibió recursos adicionales por la tenencia, pues este año no se obtuvieron, en virtud de que se quitó ese impuesto, que además era un impuesto muy poco favorable para la población.

Entonces, creo que en virtud de que no tienen los recursos adecuados, creo que sí son importantes las dos cosas.

La primera, que el gobierno del estado, como lo está haciendo, se siente con el equipo de transición del nuevo gobernador y vean la forma de resolverlo. En eso estamos totalmente de acuerdo y creo que ya lo están haciendo.

Y en segundo lugar, creo que si el exhorto que se está haciendo al gobierno del estado, lo elevamos también a la Suprema Corte de Justicia, porque la Corte es la que emite un incidente de suspensión, y lo quiero leer textualmente. Se determina como requisito para que sea efectiva la medida cautelar, la reserva del ejercicio presupuestal o gasto de la partida respectiva, por el monto que es motivo de la modificación presupuestal, vía ampliación presupuestal a la que se refiere el artículo 6° fracción I del Decreto 1867 impugnado.

Por lo cual, solicitan al gobierno del estado congele literalmente esos recursos, que no los mueva, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto.

Entonces, por eso creo, ciudadana Senadora, que es importante que elevemos el exhorto a la Suprema Corte de Justicia, y yo propongo la redacción, en un segundo resolutivo, que señale: Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la brevedad resuelva la controversia constitucional 70/2012, y haga posible el pago al que tienen derecho los maestros jubilados y pensionados del estado de Morelos.

Si usted me acepta esa adición, creo que tendríamos un exhorto más completo, a las dos entidades jurídicas, donde está atorado el pago, a la Suprema Corte de Justicia y al gobierno del estado de Morelos, que el próximo día 1° va a cambiar, y seguramente le va a tocar implementarlo al nuevo gobierno.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación entregada a esta Mesa Directiva e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Jorge Luis Preciado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

La propuesta consiste en agregar un segundo resolutivo, que diría así:

Segundo.- Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que en breve término, resuelva la controversia 70/2012, y se logre implementar el pago al que tienen derecho los maestros jubilados.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta originalmente presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3o. constitucional, referente al respeto a los derechos humanos.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 al artículo 3o., estableció que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los ejes centrales de la política educativa, con esta reforma, México apuesta a que nuevas generaciones tengan como actitud de vida el respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, generando con ello, que los ciudadanos, por un lado, exijan sus derechos frente a los órganos de poder y, por otro, respeten los derechos del resto de los individuos.

En su momento para muchos legisladores, esta reforma fue una simple adición poética a la norma positiva, pero para otros nos resulta fundamental que la educación que brinda el Estado, además de buscar que el ser humano desarrolle armónicamente sus facultades, fomente el amor a la Patria, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, tenga la obligación de incluir de manera transversal en todas las materias y, como actitud que proyecta el docente, el respeto a los derechos humanos.

Por primera vez en la historia de las constituciones de México, se establece como principio rector de la educación el respeto a estos derechos, esta reforma, para todos aquellos que sabemos que la educación es el verdadero motor para alcanzar un cambio social profundo y a largo plazo, constituye una oportunidad para formar individuos que sepan que reconocer y respetar los derechos humanos es dar carta abierta a la pluralidad, la cual es inherente a nuestro país, en México potenciar el reconocimiento y respeto de la pluralidad es generar paz social.

Como experiencia exitosa en el ámbito internacional, en este tema encontramos el caso de Colombia con el programa EDUDERECHOS, este programa trabaja en forma local en regiones específicas donde se detectan problemas de violencia contra civiles, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia contra la niñez. Lo fundamental de este programa es que a partir de dicho análisis considera las necesidades locales en cada lugar. EDUDERECHOS actualmente involucra a mil 253 profesores y tiene como objetivo alcanzar 13 mil instituciones educativas hacia 2014. Lo que se espera cristalice en algunos años en una sociedad más justa, pacífica y armónica.

Los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, realizada aquí en México por el IFE, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 2011, pretende analizar las actitudes y percepciones de la población mexicana sobre los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y sociales.

Este interesantísimo estudio nos pone en alerta, sobre todo, por la percepción de aproximadamente un tercio de nuestros jóvenes encuestados entre 15 y 29 años, quienes están de acuerdo en que los derechos humanos no pueden ser respetados en la lucha contra el narcotráfico, o que para conseguir información está bien que se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes, o bien que las fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada en lugar de juzgarlo. Aún cuando no son la mayoría, esto nos señala la necesidad de profundizar y eficientar la educación en materia de derechos humanos.

Trascender de una educación republicana que pone especial énfasis en las virtudes cívicas de los ciudadanos, a otra que parta del conocimiento y respeto de los derechos humanos en una sociedad tan desigual como la mexicana, es comenzar a sembrar un cambio con visión humanista en la mente de los jóvenes, el cual el día de mañana fortalecerá, sin duda, la calidad de la convivencia y de la democracia en nuestro país. La parte dogmática de la Constitución tiene ahora un reflejo en el sistema educativo mexicano, para todas las niñas y niños los derechos humanos deben ser parte esencial de sus programas de estudio, de forma transversal a toda la curricula, y no sólo como ahora, que es un tema en la materia de ética o de civismo.

En la elaboración de los programas de educación en materia de derechos humanos, resulta indispensable incluir a las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema, ya que aportan un punto de vista profesional, académico y, sobre todo, ciudadano que puede eficientar en gran medida la asimilación del tema involucrando a padres de familia, docentes y alumnos.

Por tal motivo, propongo a esta Soberanía a exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que implemente ya, cuanto antes, los cambios planteados en la reforma al artículo 3o. constitucional, desde 2011.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA INCLUIR EN LA EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA EL NUEVO CONTENIDO DEL ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL, REFERENTE AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Marcela Torres Peimbert, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a través del cual el Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al respeto de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 al artículo 3º, estableció que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los ejes centrales de la política educativa, con esta reforma, México apuesta a que nuevas generaciones tengan como prioridad el respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, generando con ello, que los ciudadanos, por un lado, exijan sus derechos frente a los órganos de poder y, por otro, respeten los derechos del resto de los individuos.

En su momento para muchos legisladores, en su mayoría abogados, esta reforma fue una simple adición poética a la norma positiva, pero para muchos otros ahora el Estado, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 3° de nuestra Constitución, además de buscar que el ser humano desarrolle armónicamente todas sus facultades, fomente el amor a la Patria, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, tendrá la obligación de incluir en los contenidos de la educación el respeto de los Derechos Humanos.

Por primera vez en la historia de las Constituciones de México, se establece como principio rector de la educación, el respeto a los Derechos Humanos, esta reforma, para todos aquellos que sabemos que la educación es el verdadero motor para alcanzar un cambio social profundo y a largo plazo, constituye una oportunidad para formar individuos que sepan que reconocer y respetar los derechos humanos es dar carta abierta a la pluralidad, la cual es inherente a nuestro País, en México potenciar el reconocimiento y respeto de la pluralidad es generar paz social.

En el ámbito internacional, el interés por la promoción y educación en materia de derechos humanos es innegable, la Declaración Universal de los DerechosHumanos de 1948, establece en su artículo 26 que:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos ya las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

Por otro lado en 1993 se redactó la Declaración y Programa de Acción de Viena, firmado y ratificado por nuestro país, la cual en diversos numerales de su apartado D, señala la importancia de la educación en derechos humanos.

En el numeral 78, de este documento señala:

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

En su numeral 81, se recomienda a los Estados elaborar programas y estrategias específicos para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos de la mujer

Asimismo en el numeral 82 señala que

“Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, deben fomentar una mayor comprensión de los derechos humanos y la tolerancia mutua. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca la importancia de intensificar la Campaña Mundial de Información Pública realizada por las Naciones Unidas. Los gobiernos deben emprender y apoyar actividades de educación en materia de derechos humanos y difundir efectivamente información pública sobre esta cuestión. Los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica del sistema de los Estados relacionados con las Naciones Unidas deben poder atender inmediatamente a las solicitudes de actividades educacionales y de formación en la esfera de los derechos humanos y con la educación especial en lo que respecta a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el derecho humanitario así como a su aplicación, destinada a grupos especiales, como fuerzas militares, fuerzas del orden, policía y personal de salud. Debe considerarse la posibilidad de proclamar un decenio de las Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos a fin de promover, alentar y orientar estas actividades educacionales”.

De lo anterior se desprende que en la elaboración de los programas de educación en materia de derechos humanos se debe incluir a las organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales con el único fin de fomentar la mayor comprensión de los derechos humanos y la tolerancia mutua, por lo tanto, el Estado mexicano no debe omitir la valiosa participación de las organizaciones no gubernamentales en la formación de los programas educativos en materia de derechos humanos.

Existen innumerables experiencias internacionales en materia de educación en y para los derechos humanos, en Mónaco la educación en materia de derechos humanos es parte obligatoria de los planes escolares nacionales, mientras que en Kirguistán la educación de derechos humanos actualmente es asegurada en todos los niveles de educación.

El caso de Colombia con el programa EDUDERECHOS, es una de las pocas experiencias exitosas de Latinoamérica, este programa tiene como propósitos: “contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para el ejercicio de los derechos humanos, con un enfoque de derechos y de competencias. Estos proyectos pedagógicos se dirigen a promover prácticas pedagógicas y culturas escolares que vivencien y respeten cotidianamente los derechos humanos en la escuela, aportando al mejoramiento de la calidad educativa”. Este programa nació de un plan piloto que estudió las necesidades de cada región de Colombia, ubicando así zonas problemáticas, donde se focalizara violencia, violencia intrafamiliar y violencia contra la niñez, esta lectura del contexto les ayudó a elaborar un proyecto que considerara las particularidades de cada zona. EDUDERECHOS actualmente involucra 1,253 profesores y tiene como objetivo alcanzar 13,000 instituciones educativas hacia 2014.

En la pluralidad de realidades México y Colombia encuentran un punto de convergencia, focalización de la violencia, violencia contra las mujeres o niños son problemas de zonas muy específicas de un mismo país, que deben ser analizadas para abordar una perspectiva educativa diferente en cada zona del País.

Aunado a los aspectos normativos, encontramos que en México existe un cambio en la configuración social, la familia ya no constituye el primer lugar de formación y educación del individuo. Según cifras del INEGI, la duración promedio del matrimonio es de 10 años, esta situación ocasiona que sólo siete de cada cien niños de entre 6 y 16 años vivan con ambos padres en un ambiente familiar, por ello la escuela se pondera como uno de los lugares de mayor importancia en el cual niños y adolescentes se forman en materia de respeto de los derechos humanos.

La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones, y rediseño del Estado. IFE-IIJ, UNAM, 2011, entre otros fines pretende: conocer las percepciones sobre los derechos ciudadanos, buscaanalizar las actitudes y percepciones sobre los derechos del ciudadano, especialmente en lo referente a los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y sociales.

Los datos más alarmantes los encontramos justamente en la actitud de la juventud frente al respeto a los derechos humanos, por ejemplo: tres de diez de los encuestados dijeron que los derechos humanos no pueden ser respetados en la lucha contra el narcotráfico. Entre quienes dijeron que no se puede combatir la delincuencia sin violar los derechos de la gente están los varones, jóvenes de 15 a29 años y los adultos jóvenes de 30 a 34 años.

Este olvido de la juventud por el pasado inmediato, es alarmante, los derechos humanos son una conquista de la ciudadanía ante gobiernos opresores y autoritarios, en México sufrimos sistemáticamente durante más de 75 años constantes abusos contra la sociedad civil, doce años después de la liberalización de este país, de la pluralización del Congreso, del fin del sistema de partido hegemónico, no podemos darnos el lujo de olvidar nuestra historia, mucho menos de pensar que los derechos humanos son un favor del gobierno en turno.

Tres de cada diez entrevistados estuvieron de acuerdo (o de acuerdo en parte) con que para conseguir información, se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes, a favor de esto se manifestaron los varones, los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 45 a 49 años de edad.

Tres de cada diez de los encuestados estuvieron de acuerdo con que fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada en vez de juzgarlo. Estuvieron de acuerdo con esta frase los jóvenes de 15 a 19 años (36.6%), quienes tienen entre 45 y 49 años; los que obtienen menos de un salario mínimo (36.8%) y en la región norte del país (32.2%)

Cuatro de cada diez personas están de acuerdo o de acuerdo, en parte, con la pena de muerte. Destaca la aprobación de esta medida por los jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Dos de diez personas estuvo de acuerdo con la frase: “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”: principalmente estuvieron de acuerdo los jóvenes de 25 a29 años, las personas con preparatoria incompleta y quienes habitan en el sur del país.

Trascender de una educación republicana que pone especial énfasis en las virtudes cívicas de los ciudadanos, a otra que parta del conocimiento y respeto de los derechos humanos en una sociedad tan desigual como la mexicana, es comenzar a sembrar un cambio en las mentes de los jóvenes que en la escuela construyen y fortalecen a nuestro país. La parte dogmatica de la Constitución tiene ahora un reflejo en el sistema educativo mexicano, para todas las niñas y los niños mexicanos, los derechos humanos deben ser ahora parte esencial de sus programas de estudio y no sólo un tema a abordar en la materia de civismo y ética.

Todos estos contenidos son base de la formación del buen ciudadano, del demócrata del siglo XXI, del ser humano de visión global con conciencia de lo local. El Estado que dentro de los contenidos educativos incluye el respeto de los derechos humanos, busca formar individuos que se desarrollen en armonía con la diferencia, una ciudadanía que respeta al disidente es capaz de construir una democracia solida.

Un verdadero ejercicio de la ciudadanía supone, entre otras condiciones, el conocimiento de los derechos fundamentales. Una sociedad donde la población no conoce plenamente sus derechos, no puede ser terreno fértil para el desarrollo de una democracia robusta. Por otro lado un ciudadano que ignora sus derechos es susceptible de abusos y coacciones por parte de las autoridades, de aceptar la corrupción y la impunidad, de ver con naturaleza las afecciones de un sistema político degenerado.

Más allá de las creencias o modos de vida que los integrantes de una sociedad hayan decidido adoptar, debe existir en todo hombre un ser humano capaz de respetar a los demás en sus disidencias. La decisión de incluir como eje de la política educativa a los derechos fundamentales afianza la laicidad de la educación, y obliga al Estado a construir un proyecto educativo que apueste por la difusión en una materia muy publicitada por moda y poco conocida en realidad. De una formación republicana basada en formar ciudadanos con fuertes virtudes cívicas y amor a la patria pasaremos a un proyecto educativo más ambicioso, pues requiere virtudes más difíciles de sembrar en los individuos.

Debemos de partir de la premisa de que ningún cambio social llega con la reforma de la letra Constitucional, por ello es menester que la Secretaría de Educación Pública, implemente cuanto antes los cambios que el Constituyente Permanente realizó, a fin de que el próximo plan de estudios contenga una materia específica que cubra de manera exhaustiva los contenidos referentes a los derechos humanos, a todos los niveles, en cada uno de los grados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al respeto de los Derechos Humanos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, México Distrito Federal, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sí, Senador.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle a la proponente si me permite sumarme en su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Señora Senadora, ¿acepta la petición del Senador?

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: La acepta. Sí. Muy bien.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo en relación con el Plan Hídrico Integral de Tabasco, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los problemas más grandes que enfrentamos los tabasqueños, es la recurrencia anual de las inundaciones.

Con el mes de septiembre inicia para los tabasqueños la época de lluvias que trae como consecuencia el desbordamiento de los ríos más caudalosos del país, el Grijalva y el Usumacinta, que con su enorme caudal de agua terminan por dañar a la actividad productiva del estado. Mantienen en la zozobra a miles de tabasqueños que ven perdida nuevamente, año con año, sus viviendas, su patrimonio, y genera una estabilidad social que no ha podido ser remediada, a pesar de que el gobierno federal y el gobierno del estado alegan que han invertido en los últimos años más de 10 mil millones de pesos.

Hoy continúa para los tabasqueños siendo un gran reto mantener los efectos positivos, si pudiera haberlos, de los fenómenos hidrometeorológicos y al mismo tiempo prevenir los diversos daños que estos eventos naturales provocan a la población, a la infraestructura, a los servicios y a los sistemas de producción, situación que se ve agravada no sólo, como se afirma en el gobierno federal, por el arrastre de los suelos ocasionado por la deforestación, así como por la ubicación de los asentamientos humanos en zonas susceptibles de inundación, sino también por la falta de infraestructura de protección y, en general, por la falta de una visión integral sustentable en el ejercicio del poder público.

Así encontramos que, a raíz de la inundación del 2007, se presentó un plan denominado "Plan Hídrico Integral de Tabasco", que ha sido un concierto de improvisaciones, que ha permitido la corrupción mediante la adjudicación de obras que en algunos casos han sido inexistentes, y que han sido pagadas en su totalidad, como lo ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación, y nosotros creemos que no es posible que el gobierno federal siga irresponsablemente, a través del director de la CONAGUA, evadiendo su responsabilidad y echándole la culpa, como decimos, a los gobiernos estatales y municipales. Lo cierto es que en el deficiente manejo del agua en Tabasco hay responsabilidades compartidas, las hay evidentemente de los gobiernos federales, estatales y municipales como la puede haber también de quienes fueron a asentarse en los vasos reguladores o en las zonas federales de los ríos, y que son paradójicamente quienes pierden año con año todo lo poco que tienen, y ante tal fin, considerando que estando a punto de concluir la presente administración, resulta oportuno solicitar una serie de información para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y estrategias que durante este sexenio fueron establecidos para prevenir riesgos derivados de los fenómenos hidrometeorológicos con el único propósito de que esta representación cuente con mayores elementos para desarrollar de la mejor forma la función legislativa encomendada.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre lo siguiente:

1.- El avance físico-financiero de cada una de las obras y estudios que forman parte del Plan Hídrico Integral de Tabasco, dando cuenta de las causas o razones que impidan la conclusión de obras y acciones previamente proyectadas en los tiempos originalmente estimados.

2.- El avance en la ejecución del proyecto de delimitación de zonas federales.

3.- El grado de avance en la elaboración del llamado compendio de organismo de cuenca para identificar los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en cauces federales delimitados.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2012, se incluyan auditorías de inversiones físicas y de desempeño al Plan Hídrico Integral de Tabasco y al Programa Integral para la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica de Protección de Areas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva en el estado de Tabasco.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON EL PLAN HIDRICO INTEGRAL DE TABASCO

“El suscrito, Adán Augusto López Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los problemas que más preocupa a los tabasqueños son las inundaciones que año con año padecen ante el arribo de la temporada de lluvias y por el desbordamiento de los ríos, cuyos efectos adversos en la población se ven potenciados por la ausencia de un verdadero sistema de protección contra inundaciones que involucre a los tres órdenes de gobierno, a través de esfuerzos coordinados que permitan el ejercicio permanente de las diversas responsabilidades en función del respectivo ámbito de competencia.

La búsqueda de soluciones al riesgo latente de perder el patrimonio, e incluso la vida por las constantes anegaciones, pasa necesariamente por una revisión integral de las responsabilidades y atribuciones de los diferentes órganos y entidades públicas involucradas para a partir de ahí construir una política de Estado a largo plazo que prevea la evaluación permanente de sus acciones, así como los mecanismos de transparencia y rendición cuentas que permita a cualquier ciudadano ser vigilante de la gestión pública.

Hoy continúa siendo un gran reto mantener los efectos positivos de los fenómenos hidrometeorológicos y al mismo tiempo prevenir los diversos daños que estos eventos naturales pueden provocar a la población, a la infraestructura, a los servicios y a los sistemas de producción, situación que se ve agravada no sólo, como se afirma desde la perspectiva federal, por el arrastre de suelos ocasionado por la deforestación, así como por la ubicación de asentamientos humanos en zonas susceptibles de inundación, sino también por la falta de infraestructura de protección y, en general, de una visión sustentable en el ejercicio del poder público.

Si revisamos los planes y programas en materia hídrica, así como los discursos de las diferentes autoridades administrativas involucradas en la búsqueda de soluciones al gran problema de las constantes inundaciones, generalmente nos topamos con diagnósticos sesgados o justificaciones que sólo buscan eximir de responsabilidades y repartir culpas ante contingencias futuras, lo cual es el ejemplo más claro de la ausencia de una verdadera política nacional en materia hídrica.

Lo que tenemos, en el mejor de los casos, son esfuerzos aislados que surgen a partir de planes y programas hábilmente redactados pero incorporando metas y compromisosque no se cumplen en la realidad o que aún cumplidos no tienen los efectos esperados. Se reconoce, por ejemplo, que un “aspecto fundamental consiste en lograr un mayor compromiso y más trabajo de integración entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los Organismos No Gubernamentales y la ciudadanía en general1”, pero encontramos muy pocos ejemplos de la forma en que se manifiesta la consecución de ese objetivo.

En las últimas dos grandes inundaciones que ha padecido Tabasco, la de 1999 y, por supuesto, la del año 2007, desde el ámbito federal se nos ha sugerido que hay que culpar al cambio climático, a las “lluvias atípicas”, a los asentamientos humanos irregulares o a la falta de un ordenamiento territorial sustentable; indudablemente, cada uno de estos aspectos influye en los graves daños que han ocasionado los distintos eventos hidrometeorológicos sobre la planicie tabasqueña, pero utilizarlos como argumentos para no reconocer las omisiones en que ha incurrido la autoridad federal nos parece, por decir lo menos, una actitud inapropiada que en nada abona al gran reto de brindar esa seguridad que tanto anhelan no sólo los tabasqueños, sino también los habitantes de entidades como Veracruz, Chiapas o Nuevo León, por mencionar algunos.

Me he ocupado de dar seguimiento a los diferentes eventos en que ha comparecido el titular de la CONAGUA, y la constante sobre su diagnóstico respecto a la situación que vive Tabasco ha sido señalar únicamente la responsabilidad de la autoridad estatal y municipal. En septiembre de 2010, por ejemplo, este funcionario afirmó ante Senadores que integraban la Comisión de Recursos Hidráulicos, que “la falta de planeación, la anarquía en el crecimiento y en el desarrollo urbano, sobre todo en los últimos años”, eran los únicos responsables de los daños que estaba sufriendo Tabasco.

Bajo esta lógica, ante una contingencia pues cualquier señalamiento de incumplimiento o de responsabilidad tendríamos que dirigirlo al ámbito local. No tendría caso, por ejemplo, reclamar la conclusión de las obras y acciones proyectadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco, o exigir que se investigue y se deslinden responsabilidades en el caso de los actos de corrupción que durante la ejecución de este Plan han sido señalados por la Auditoria Superior de la Federación; estaría demás manifestar nuestra extrañeza porque aun no se tengan delimitadas las zonas federales aun cuando se haya advertido que resulta urgente liberar las áreas federales inundables invadidas con asentamientos humanos irregulares.

En fin, podríamos seguir señalando diversas obligaciones no sólo de CONAGUA sino de otras autoridades federales, cuyo incumplimiento, desde su propia perspectiva, nada tendrían que ver en caso de que se presentara un fenómeno hidrometeorológico que pusiera en riesgo a los habitantes y zonas productivas de la entidad.

Por el contrario, considero que estando a punto de concluir la presente administración pública federal, resulta oportuno solicitar una serie de información para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y estrategias que durante este sexenio fueron establecidos para prevenir riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, con el único propósito de que esta representación cuente con mayores elementos para desarrollar de la mejor forma la función legislativa encomendada.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al Titular de la Comisión Nacional del Agua, remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre lo siguiente:

1) El avance físico-financiero de cada una de las obras y estudios que forman parte del Plan Hídrico Integral de Tabasco, dando cuenta de las causas o razones que impidan la conclusión de obras y acciones previamente proyectadas en los tiempos originalmente estimados;

2) El avance en la ejecución del proyecto de delimitación de zonas federales; y

3) El grado de avance en la elaboración del llamado compendio de organismo de cuenca para identificar los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en cauces federales delimitados;

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, a que instruya a la Auditoria Superior de la Federación, para que el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2012, incluyan auditorias de inversiones físicas y de desempeño al Plan Hídrico Integral de Tabasco y al Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Adán Augusto López Hernández”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Hernández. En su momento se turnará a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En su momento se dará curso también a la Comisión de Recursos Hidráulicos.





 

Tiene la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo un programa permanente de inspección de embarcaciones menores que provocan la muerte de la tortuga marina por el arrastre de redes.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Suscriben este punto de Acuerdo también los Senadores Martha Elena García, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Preciado Rodríguez.

México es un país megadiverso, y la riqueza y la variedad de los ecosistemas nos han permitido ocupar los primeros lugares en biodiversidad tanto en reptiles, en mamíferos, como en anfibios.

Por supuesto que nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad, cuidar los recursos naturales que ya tenemos, hay que conservarlos. Mamíferos y quelonios marinos vienen año con año a nuestras costas y playas mexicanas, como es el caso de las tortugas marinas que anidan en playas mexicanas o bien llegan por un tiempo determinado para madurar.

En días pasados, los medios de comunicación han referido la muerte atípica de más de 150 ejemplares de la tortuga marina golfina en la Bahía de Acapulco hasta la bocana del río Papagayo en el estado de Guerrero, 30 kilómetros de un punto a otro.

En el 2010 ya se había presentado un caso parecido, pero previos estudios se descartó que fueran las artes de pesca, porque se encontró que era una bacteria que había dañado el tracto digestivo y los riñones de las tortugas.

Cada año, en el mes de julio y hasta enero del siguiente año, la tortuga golfina se encuentra en las playas del Pacífico mexicano, santuario de anidación, por lo que los esfuerzos de las autoridades ambientales tanto federales como estatales y de la Secretaría de Marina Armada de México se incrementan en cuanto a la vigilancia porque aumenta la comercialización ilegal de los productos y subproductos de estos quelonios.

México se encuentra a la vanguardia en el programa de certificación de embarcaciones camaroneras a través de la colocación de dispositivos excluidores de tortugas marinas, regulados por la Norma Oficial Mexicana 061 PESCI 2006, situación que genera un plus en la venta nacional e internacional de camarón como un producto de calidad y bajo un esquema de pesca responsable y sustentable.

Sin embargo, en las costas del estado de Guerrero se han detectado en los últimos 50 días, que una de las principales amenazas de la tortuga golfina, en su transición del mar hacia la playa, es la presencia de redes de embarcaciones menores con fines comerciales, cuyo arte de pesca es el arrastre del chinchorro o red, lo cual provoca la muerte de los quelonios.

Por otra parte, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, 4 científicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Grupo Tortuguero de las Californias A.C., han monitoreado desde el 2003 la mortandad de la tortuga amarilla por un manejo inadecuado de las artes de pesca que la flota ribereña lleva a cabo.

Es el caso que en el mes de julio pasado se incrementó un 600 por ciento la muerte de los quelonios, encontrándose 483 ejemplares muertos por captura incidental. Por este hecho, los investigadores han dado a conocer a la opinión pública que esta mortandad es un síntoma de un manejo inadecuado de los recursos pesqueros en la zona, y la situación actual representa un desastre ecológico que pone en riesgo el patrimonio natural y requiere la implementación de la vigilancia efectiva para controlar la pesca furtiva e incidental de la tortuga.

Resulta urgente que la CONAPESCA, como autoridad en la materia, actúe en forma preventiva y no permita que las redes de pesca en su arrastre atenten contra la vida de un número mayor de ejemplares en peligro de extinción, ya que la tortuga golfina, la amarilla y todas las especies de quelonios marinos están protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Traigo aquí este punto de Acuerdo, compañeras Senadoras y Senadores, porque México ha firmado diferentes convenios de producción a estos quelonios marinos, entre ellos el CITES y el Convenio Interamericano de Protección a las Tortugas Marinas.

Es deber del gobierno mexicano fomentar las actividades de pesca dentro de un ciclo sustentable que beneficie a las comunidades y que no dañe a las especies en peligro de extinción.

En pocas palabras, ¡Pesca Si!, pero con responsabilidad, y proteger a las tortugas que llegan a anidar o a crecer como es el caso de la tortuga amarilla.

Por lo antes expuesto, someto a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. Que el Senado de la República exhorte respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores en la Bahía de Acapulco hasta la bocana del río Papagayo en el estado de Guerrero, y en el Golfo de Ulloa, en el estado de Baja California Sur, a fin de prevenir la muerte por arrastres de redes de la tortuga golfina y amarilla.

Segundo. Que el Senado de la República exhorte respetuosamente al titular de la SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), a que se lleven a cabo las revocaciones o cancelaciones de los permisos de pesca para embarcaciones menores que se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad dañen al medio ambiente y en su caso, regularice la actividad de pesca comercial de embarcaciones menores.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES MENORES QUE PROVOCAN LA MUERTE DE LA TORTUGA MARINA POR EL ARRASTRE DE REDES

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto con el carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a la consideración de esta Soberanía, la PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, A TRAVES DE LA CONAPESCA, PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES MENORES QUE PROVOCAN LA MUERTE DE LA TORTUGA MARINA POR EL ARRASTRE DE REDES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

México, es un País megadiverso, ocupa el 4º lugar a nivel mundial; la riqueza y variedad de nuestros ecosistemas, hace que tengamos el 1er. lugar en especies de reptiles, 2º en mamíferos y 4º en anfibios.

Lo anterior, es motivo de orgullo pero también de responsabilidad por conservar los recursos naturales con los que contamos, para poder contribuir en gran medida, a mitigar los impactos negativos que propician el cambio climático.

Mamíferos y quelonios marinos visitan año con año nuestras costas y playas, a fin de reproducirse o permanecer hasta su edad adulta.

Es el caso de la tortuga marina, especie que habita la tierra desde hace 180 millones de años y actualmente 7 de 8 especies anidan en playas del Pacífico, del Golfo y del Caribe mexicano, pero también permanecen hasta 30 años en aguas nacionales (tortuga amarilla), para después continuar su camino.

En días pasados, los medios de comunicación se han referido a la muerte atípica de más de 150 tortugas marinas de la especie Golfina, en la Bahía de Acapulco Estado de Guerrero, hasta la Bocana del Río Papagayo, mejor conocido como Barra Vieja, aproximadamente 30 kilómetros de un punto a otro.

En el año 2010 se presentó la mortandad de 80 ejemplares, que previos estudios, fueron descartadas las artes de pesca como las causantes de los decesos, identificándose una bacteria desarrollada por el calentamiento del agua y que causó daño a los tractos digestivos y riñones de las tortugas.

Cada año, en el mes de julio y hasta enero del siguiente año, la tortuga Golfina encuentra en las playas del pacífico mexicano su santuario de anidación, por lo que los esfuerzos de las autoridades ambientales y la Secretaría de Marina Armada de México se incrementan en cuanto a la vigilancia de las playas, los campamentos tortugueros y la comercialización de productos y subproductos ilegales causados por el saqueo clandestino.

Las acciones han rendido frutos y México ocupa el primer lugar mundial en anidación y eclosión de la tortuga Golfina.

De igual forma, México se encuentra a la vanguardia en el programa de certificación de embarcaciones camaroneras a través de la colocación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, regulados por la Norma Oficial Mexicana 061-PESC-2006, situación que genera un plus en la venta nacional e internacional de camarón como un producto de calidad y bajo un esquema de pesca responsable y sustentable.

Sin embargo, en las costas del Estado de Guerrero se ha detectado en los últimos 50 días, que una de las principales amenazas de la tortuga Golfina en su transición del mar hacia la playa, es la presencia de redes de embarcaciones menores con fines comerciales, cuyo arte de pesca es el arrastre del chinchorro o red, lo cual provoca la muerte de los quelonios.

Por otra parte, en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, cuatro científicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Grupo Tortuguero de las Californias A.C., han monitoreado desde el año 2003, la mortandad de la tortuga amarilla por un manejo inadecuado de las artes de pesca que la flota ribereña local lleva a cabo.

Es el caso que en el mes de Julio del presente año, se incrementó en un 600% la muerte de los quelonios, encontrándose 483 ejemplares muertos por la captura incidental. Por este hecho, los investigadores han hecho del conocimiento a la opinión pública que esta mortandad es síntoma de un manejo inadecuado de los recursos pesqueros en la zona y la situación actual representa un desastre ecológico que pone en riesgo el patrimonio natural mexicano y requiere la implementación de vigilancia efectiva para controlar la pesca furtiva e incidental de la tortuga.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en el ejercicio de sus atribuciones otorgan permisos de pesca comercial para embarcaciones menores en las cuales establece especificaciones técnicas de los equipos a utilizar e invoca entre otros, el artículo 55 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que a la letra dice:

ARTICULO 55.- La Secretaría, procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando sus titulares:

I. Afecten al ecosistema o lo pongan en riesgo inminente, con base en un dictamen emitido por la autoridad correspondiente;…

De igual forma, en los permisos expedidos para la pesca se establece expresamente que queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros. La problemática en ocasiones va más allá, ya que algunas flotas no cuentan siquiera con estas autorizaciones o permisos.

CONSIDERANDOS

Una vez expresada la problemática que se alude en relación a la muerte atípica de más de 150 ejemplares de tortuga Golfina en las costas del Estado de Guerrero, y de 483 tortugas amarillas en el Estado de Baja California Sur, hechos corroborados por autoridades Federales y Estatales e investigadores, resulta urgente que la CONAPESCA, como autoridad en la materia actúe en forma preventiva y no permita que las redes de pesca en su arrastre atenten contra la vida de un número mayor de ejemplares en peligro de extinción, ya que la tortuga Golfina, la amarilla y todas las especies de quelonio marino, se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Mundialmente se han firmado (incluido México) numerosos convenios relacionados con la protección de las tortugas marinas, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual prohíbe el comercio internacional de todos los productos derivados de ellas.

Asimismo, desde el 29 de diciembre de 1998, México asumió un compromiso internacional al firmar como parte en la Convención Inter - Americana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas reconociendo las amenazas a la supervivencia de las tortugas como una problemática de naturaleza regional de los países del Hemisferio Occidental.

La época de protección a la tortuga marina, se implementa en razón de su ciclo biológico, motivo por el cual es en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, meses de mayor actividad en su reproducción, deberá establecerse un mecanismo de vigilancia permanente para que lo largo y profundo de las redes de pesca, no dañen o afecten el paso natural de los quelonios a las costas del Estado de Guerrero, Baja California y de cualquier otra entidad.

Es deber del gobierno de México fomentar las actividades de pesca dentro de un ciclo sustentable que beneficie a las comunidades y que no dañe las especies en peligro de extinción.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de Bahía de Acapulco, hasta la Bocana del Río Papagayo en el Estado de Guerrero y en el Golfo de Ulloa, en el Estado de Baja California Sur, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga Golfina y Amarilla.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), a que se lleven a cabo las revocaciones o cancelaciones de permisos de pesca para embarcaciones menores que se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad dañe al medio ambiente y en su caso, regularice las actividades de pesca comercial de embarcaciones menores.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galván. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La tortuga golfina es una de las siete especies existentes de tortugas marinas en el mundo. En este sentido, yo podría señalar que este es un ejemplo del trato privilegiado que la naturaleza ha dado a nuestro territorio nacional. Y digo trato privilegiado porque nuestro país es afortunado, ya que seis de las siete especies de tortugas anidan en las playas mexicanas. Todas las especies de tortugas marinas se encuentran bajo algún grado de amenaza para su conservación.

En el caso de la tortuga golfina, diversas organizaciones civiles y programas gubernamentales, han permitido la recuperación de las poblaciones de modo que la playa Escobilla, en el estado de Oaxaca, es actualmente la mayor zona de anidación de esta especie en el mundo.

A pesar de estos esfuerzos, persisten importantes problemas ambientales que ponen en riesgo a los ejemplares de tortugas, así como a otras especies de fauna marina, particularmente en las regiones de las costas de Guerrero y Oaxaca.

En septiembre de 2011, el presidente municipal de Acapulco anunció que se habían rescatado 18 mil huevos de tortuga golfina que iban a ser vendidos ilegalmente y consumidos por gentes sin escrúpulos.

Posteriormente en agosto de este año, diversos medios de comunicación publicaron que durante ese mes se habían encontrado hasta 150 tortugas golfinas muertas en las playas de Acapulco, ya sea flotando entre la basura, atrapadas en redes o muertas por causas desconocidas. Estos problemas se registraron a lo largo de las costas del Pacífico mexicano.

En estas mismas zonas, como señala el punto de Acuerdo en discusión, se ha registrado la muerte de varios ejemplares de tortura golfina debido al arrastre en redes de embarcaciones menores, las cuales provocan que las tortugas marinas se enreden y mueran ahogadas por no poder subir a la superficie a respirar.

Otros factores que afectan a poblaciones de tortugas marinas en nuestras costas son la contaminación, principalmente por basura que llega al mar, las construcciones sobre las playas en zonas de anidación, el saqueo y pesca dirigida, entre otros.

En este sentido, debemos ser sensibles a estas problemáticas ambientales que ponen en riesgo los importantes logros de conservación de tortugas marinas en nuestro país.

Por ello, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde, brindamos nuestro apoyo al punto de Acuerdo que presenta la Senadora Silvia Guadalupe Garza, para exhortar al titular de la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, para llevar a cabo un programa permanente de inspección y vigilancia de embarcaciones menores que provocan la muerte de la tortuga marina por el arrastre de redes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me presento ante esta tribuna para apoyar el punto de Acuerdo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza, con fundamento en los siguientes considerandos:

La naturaleza ha sido generosa y ha bendecido a México como uno de los países y áreas del mundo más ricos en biodiversidad.

Esto representa y debe ser compromiso de cultura para autoridades y ciudadanía de respetar, cuidar y ser responsables de nuestro ecosistema, que no sólo es patrimonio de los mexicanos, sino es patrimonio de la humanidad.

Los litorales de México constituyen un primer lugar en hogar para la anidación de varias especies de quelonios marinos, en especial, la tortuga golfina y la amarilla.

Por eso es preocupante que en los meses en los que precisamente el periodo reproductivo está en toda su plenitud, de julio a octubre, se estén dando situaciones lamentables, como las ya expresadas por la Senadora.

Es motivo de preocupación también el reciente hallazgo de 150 tortugas golfinas muertas en las costas de Guerrero y en julio de este año, 483 subadultos de tortuga amarilla en los litorales de Baja California Sur. Ambos problemas han sido seguidos y analizados por grupos de científicos que ocupan como uno de los principales factores en este grave incidente el uso inadecuado e irregular de artes de pesca, como las redes de fondo y arrastre que se extienden hasta por 2 mil metros de longitud, y redes de fondo de luz de malla grande, utilizadas por embarcaciones menores, amén de otras artes prohibidas utilizados por pescadores ribereños en las zonas de riesgo, principalmente en litorales de Guerrero y Baja California, pero que se repite en otras zonas del litoral del Pacífico del Caribe y del Golfo de México.

Reconocemos, por otra parte, el que la flota mayor y embarcaciones camaroneras de altamar se han apegado a las normas nacionales e internacionales con el uso de dispositivos de descubridores de tortugas marinas.

Por todo lo anterior, apoyamos el punto de Acuerdo que liderea la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, precisando la urgencia de que la autoridad correspondiente se responsabilice de, primero, llevar a cabo operativos eficientes de inspección y vigilancia; segundo, políticas que disminuyan las tasas de captura incidental en las zonas de riesgo; tercero, la administración eficiente del esfuerzo pesquero nacional; cuarto, la regulación estricta de las artes de pesca, sobre todo en las zonas de riesgo y la aplicación y el respeto a la ley y a los tratados internacionales.

Finalmente, comparto con ustedes una preocupación como médicos, y es un mensaje que envío a aquellas personas adictas al consumo de huevos de tortuga y que son parte de la cadena de extinción y exterminio de los quelonios, supuestamente con fines alimentarios o como afrodisíacos y elevadores del vigor sexual; como médico les digo que en el primer caso están equivocados, puesto que el huevo de tortuga tiene un alto contenido en lípidos y se van a enfermar al subir sus cifras de colesterol. Y en el segundo caso, les digo que si tienen problemas de disfunción sexual, despierten de su fantasía y mejor utilicen píldoras de citrato de sildenafil, y dejen en paz a las tortugas marinas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Angel Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador López Brito, por su información.

Senador Eviel Pérez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Solamente para sumarme al punto de Acuerdo de mi compañera Silvia Garza Galván. También en Oaxaca tenemos el privilegio de ser una de las entidades que tenemos el mayor número de desove de tortuga marina.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Eviel Pérez.

Senador Sofío Ramírez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño)Sí, muchas gracias. De igual manera, para que nos permitan adherirnos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) En el mismo sentido, señor Presidente, refrenando que apoyamos este planteamiento, como guerrerense, el principal problema de la muerte de la tortuga golfina es por el arrastre que hacen las embarcaciones mayores, me parece que omitiendo, digamos, el adjetivo de que sean embarcaciones menores, y dejándolo en términos generales, permitiría que el exhorto tuviera mucha mayor fortaleza, es una propuesta que comparto junto con el Senador Sofío Ramírez.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Pregunto a la Senadora Silvia Garza Galván si acepta esta modificación que proponen los Senadores Ríos Piter y Sofío Ramírez.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: Sí, por supuesto que acepto que sea adhieran, solamente comentarles que hay una Norma, la 061 de la CONAPESCA, donde especifica a las grandes embarcaciones que tienen que contar con los descubridores de tortuga marina, o sea, ya está regulado, donde no está regulado es en las embarcaciones menores, entonces proponer, por supuesto, la vigilancia a todas las embarcaciones mayores y menores, pero sí, ya está regulado en embarcaciones mayores.

Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Juárez Cisneros. ¿con qué objeto?

- El C. Senador René Juárez Cisneros: (Desde su escaño) Gracias, para solicitarle a la Senadora Garza Galván si me permite adherirme al punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Bien, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada en sus términos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común, así como de la construcción de los ocho nuevos penales federales.

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros Senadores:

La delicada situación en las prisiones mexicanas, muy publicitada y conocida por todos, responde principalmente a tres condiciones fundamentales: sobrepoblación, mezcla de reos federales con reos del fuero común y corrupción de autoridades.

A su vez, la concerniente a la corrupción que impera en la administración de los penales encuentra solución en una estricta aplicación de la ley, que inhiba el contubernio entre autoridades y criminales.

Actualmente en las prisiones del país se encuentran presos unas 230 mil personas, siendo que la capacidad del actual sistema penitenciario es de tan solo para alrededor de 200 mil. De esos 230 mil internos, 20 por ciento pertenecen a la competencia federal y 75 por ciento al fuero común.

El problema de la sobrepoblación no se reduce a la falta de espacios, es también un reto de distribución de la población penitenciaria. En seis estados y 28 cárceles, de las 420 disponibles en el país, se concentra el 50 por ciento de los reclusos, según el reporte del sistema penitenciario que realizó la Secretaría de Seguridad Pública.

El hecho de que reos del fuero común se encuentran recluidos con reos del fuero federal, atenta contra el objetivo ulterior del Estado.

Compañeras y compañeros, no podemos aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven cotidianamente con delincuentes consumados; con miembros de la delincuencia organizada. Esta condición consiente que las cárceles se conviertan en escuelas del crimen; que sea precisamente en las prisiones donde se articulen nuevas células delictivas y se recluten a nuevos prospectos criminales.

En lo que va del sexenio se han sumado 8 mil nuevos presos federales provenientes del crimen organizado. La gran mayoría de estos individuos han sido ingresados a penales estatales, mismos que no cuentan con la capacidad suficiente para lidiar con elementos de alta peligrosidad. De ahí, de lo que va del sexenio, se han fugado 900 prisioneros en aproximadamente 115 incidentes, registrados todos ellos en prisiones estatales. Tan sólo el lunes de esta semana, en un vergonzoso incidente más, 132 reos más se fugaron del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, 86 eran reos del fuero federal y 46 del fuero común.

Hace pocos meses también, después de la tragedia de Apodaca, el 21 de febrero de este año, donde 30 integrantes de los Zetas se fugaron, asesinando además a 44 miembros de un cártel rival, el gobierno federal se comprometió públicamente a remediar esta situación.

En voz del Secretario de Gobernación, el gobierno federal se comprometió a completar la separación de los reos federales de los reos del fuero común, antes de que acabase este año. Para este efecto se garantizó que para finales del año ocho nuevos panales federales estarían en funcionamiento.

Queda claro que es responsabilidad de la Federación cumplir con la movilidad de internos que cometieron ilícitos relacionados a la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcotráfico y crimen organizado.

Ante la importancia, compañeras y compañeros, de que se cumpla con lo prometido, y que la sociedad esté enterada de las acciones que actualmente se realizan para lograrlo, resulta indispensable que esta Soberanía requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre el avance que se ha logrado y sobre lo que falta por hacer.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común, con la finalidad de saber si se podrá cumplir con el objetivo de terminar dicho proceso para finales de este año.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el proceso de construcción de los ocho nuevos penales federales, mismos que deberían de estar terminados para finales de este año. De igual manera, se requiere una explicación sobre el costo de dichos penales, las especificaciones técnicas que tendrán y a cuántos reos podrán albergar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE SEPARACION DE REOS FEDERALES DE LOS REOS DEL FUERO COMUN, ASI COMO DE LA CONSTRUCCION DE LOS OCHO NUEVOS PENALES FEDERALES

“Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

La delicada situación en las prisiones mexicanas, muy publicitada y conocida por todos, responde principalmente a tres condiciones fundamentales: sobrepoblación, mezcla de reos federales con reos del fuero común y corrupción de autoridades. Mientras la tercera, concerniente a la corrupción que impera en la administración de los penales, encuentra solución en una estricta aplicación de la ley, que inhiba el contubernio entre autoridades y criminales, poniendo fin a la impunidad, las otras dos responden a un mal diseño institucional que debe ser corregido lo antes posible.

La población penitenciaria en México es la octava más grande del mundo en términos absolutos. En porcentaje de reclusos nuestro país también se encuentra entre los más altos, con una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes. El promedio internacional es de 145 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Actualmente en las prisiones del país se encuentran presos unas 230 mil personas, siendo que la capacidad del actual sistema penitenciario es tan sólo para alrededor de 200 mil. Algunas estimaciones valoran el total de sobrepoblación en 40,042 individuos. De los 230,000 internos que hay en el país el 5% son mujeres, el 20% pertenece a la competencia federal y el 75% al fuero común.

El número de mexicanos en las cárceles casi se ha triplicado desde 1990. En el 2007 la población de internos en cárceles federales alcanzaba los 3,000 internos, cuatro años después había 12,450. Tan sólo en centros controlados por la federación se ha presentado un incremento del 345%. En promedio, caen al día 4.3 delincuentes que cometen una falta del fuero federal, según cifras de la SSP.

Sobre la naturalezade los centros penitenciarios que operanen el país, sabemos que existen ocho centros federales con una capacidad de 13,214 internos; diez dependientes del Distrito Federal con capacidad de 22,577; 320 estatales, para 143,522 internos y 92 municipales para 3,603 reclusos. El total de centros es de 429 y su capacidad total es de 182,905 internos. En 195 de estos centros existe sobrepoblación, de ellos 48 albergan población penitenciaria del fuero común y los restantes 148 tienen tanto población federal como del fuero común.

El problema de la sobrepoblación no se reduce a la falta de espacios, es también un reto de distribución de la población penitenciaria. En seis estados y 28 cárceles, de las 420 disponibles en el país, se concentra 50% de los reclusos, según el reporte del sistema penitenciario que realizó la SSP.

CONSIDERACIONES

El hecho de que reos del fuero común se encuentren recluidos con reos del fuero federal atenta contra el objetivo ulterior del Estado. No podemos aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven, cotidianamente con delincuentes consumados; con miembros de la delincuencia organizada. Esta condición consiente que las cárceles se convierten en escuelas del crimen; que sea precisamente en las prisiones donde se articulan las nuevas células delictivas y se recluten a nuevos prospectos.

En lo que va del sexenio se han sumado 8,000 nuevos presos federales provenientes del crimen organizado. La gran mayoría de estos individuoshan sido ingresados a penales estatales, mismos que no cuentan con la capacidad suficiente para lidiar con elementos de tan alta peligrosidad. De ahí que en lo que va del sexenio haya habido alrededor de 780 prisioneros fugados, en aproximadamente 115 incidentes. Todos estos incidentes registrados en las prisiones estatales, producto de fuertes operativos implementados por el crimen organizado.

Después de la tragedia de Apodaca, el 21 de febrero de este año, donde 30 integrantes de los zetas se fugaron, no sin antes asesinar a 44 miembros del Cartel del Golfo, el Gobierno Federal se comprometió públicamente a remediar esta situación.

En voz del Secretario de Gobierno, Alejandro Poiré, el Gobierno Federal se comprometió a completar la separación de los reos federales de los reos del fuero común antes de que acabe el año. Para este efecto también se garantizó que para finales del año 8 nuevos penales federales estarían en funcionamiento.

Queda claro que es responsabilidad de la Federación cumplir con la movilidad de internos que cometieron ilícitos relacionados a la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcotráfico y crimen organizado. Aislándolos en penales federales construidos para ese efecto, con la capacidad técnica necesaria y que cumplan con los protocolos de seguridad necesarios para evitar futuros incidentes.

Ante la importancia de que se cumpla con lo prometido, y que la sociedad esté enterada de las acciones que actualmente se realizan para lograrlo, resulta indispensable que esta Soberanía requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre el avance que se ha logrado, y lo que falta por hacer.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común, con la finalidad de saber si se podrá cumplir con el objetivo de terminar dicho proceso para finales de este año.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el proceso de construcción de los 8 nuevos penales federales, mismos que deberían estar terminados para finales de este año. De igual manera se requiere una explicación sobre el costo de dichos penales, las especificaciones técnicas que tendrán y a cuantos reos podrán albergar.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. En su momento se turnará a la Comisión de Seguridad Pública.

El Senador Pablo Escudero desea suscribir su punto de Acuerdo. Se ha aceptado, Senador. Agradezco su puntualidad.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección en Salud y a las autoridades correspondientes de los estados y del Distrito Federal, a analizar la viabilidad de que a las personas afiliadas al Seguro Popular se les brinden dos consultas preventivas al año.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero incorporar también la solicitud de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, sea adherida también a este punto de Acuerdo, al igual que los Senadores Oscar Rosas González y Raúl Pozos Lanz del estado de Campeche.

Muy buenas tardes, aprovecho la ocasión para mandarles un cordial saludo a todos mis compañeros Senadores, y bueno, sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes de una sociedad es el cuidado de la salud, por ello, una de las acciones centrales del gobierno, debe ser procurar la salud de sus ciudadanos, desde fomentar la cultura de la prevención hasta brindar la atención especializada de enfermedades y trastornos que día a día aquejan a la población sin distinción de niveles económicos, ni zonas goeográficas.

Si bien como país aún nos falta mayor calidad y atención en materia de salud para los ciudadanos, el gobierno del Presidente Felipe Calderón emprendió acciones sin precedentes que han dado como resultado la cobertura universal en salud, misma que está garantizada a nivel constitucional. Por tanto, el derecho a la salud del que hoy en día gozamos todos los mexicanos no es momentáneo, no depende ya de una administración presidencial, es un derecho de los mexicanos que se ha consolidado durante la actual administración, y les podría decir que esta es una de las principales herencias que estamos teniendo de este sexenio.

Tales acciones fueron necesarias, porque desafortunadamente nuestro país experimenta un incremento de enfermedades crónico-degenerativas, fenómeno que está relacionado con el envejecimiento, y también con los estilos y hábitos de vida de la población, que son poco saludables, por cierto.

De acuerdo a cálculos hechos por la Secretaría de Salud, el costo actual que tenemos como país de la atención médica de las enfermedades crónico-degenerativas, es aproximadamente de 60 mil millones de pesos al año.

Si continuamos con este incremento, este podría llegar a más de 130 mil millones de pesos antes del año 2017.

Ante este panorama, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció como uno de los objetivos nacionales, mejorar las condiciones de salud de la población, así como fortalecer las acciones de prevención de enfermedades.

Con la finalidad de cumplir esos objetivos, se diseñaron e implementaron exitosamente en el sistema de protección en salud, Seguro Popular, diversos mecanismos para dar cobertura de salud a la población mexicana, tales como el catálogo universal de salud; el fondo de protección contra gastos catastróficos; el programa del seguro médico para una nueva generación; el componente de salud del programa de desarrollo humano “Oportunidades”; la estrategia de embarazo saludable; el programa nacional de cirugía extramuros, entre varios otros.

No obstante, ahora que la atención médica y el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades que nos aquejan como sociedad están garantizados por ley, el Seguro Popular tiene un enorme potencial adicional, y por eso debe consolidar una cultura que impulse la corresponsabilidad, gobierno-ciudadanía, para generar una vida saludable en los ciudadanos a fin de procurar la aparición de enfermedades en el futuro.

Afortunadamente, durante la administración del Presidente Felipe Calderón, se han venido impulsando paulatinamente estrategias en este sentido como las Cartillas Nacionales de Salud; el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria PREVENIMSS y PREVENISSSTE, enfocadas en promover estilos de vida saludable, prevenir la aparición de enfermedades y detectar oportunamente desordenes en la salud.

En este sentido, se puede señalar que el fomento a este tipo de atención médica durante el sexenio que está por concluir, pues, de acuerdo a cifras del IMSS en 2006, se atendieron 8.8 millones de derechohabientes en PREVENIMSS, y para 2011 las atenciones se aumentaron a 23.2 millones, lo que representa un incremento de más el 160 por ciento.

En el caso del Seguro Popular, se creó la Consulta Segura que es una estrategia de carácter preventivo para promover, prevenir y detectar oportunamente enfermedades a partir de la obtención del perfil inicial de riesgo de salud en los afiliados, tanto en ese programa, como también en el Programa Oportunidades.

Sin embargo, poco ayuda brindar un seguimiento periódico, ya que actualmente sólo se está requiriendo para efectos de afiliación o reafilación, en el caso del Seguro Popular, que de acuerdo a los tiempos establecidos para el reglamento correspondiente pueden transcurrir hasta 3 años para que esta consulta se repita.

Caso contrario ocurre con el Programa Oportunidades, donde además le es posible a la autoridad dar seguimiento personalizado de las acciones en salud y corresponsabilidades de los beneficiarios del programa, ya que establece en sus reglas de operación, que la frecuencia de las revisiones y acciones de salud se realizarán al menos una vez cada seis meses, es decir, dos veces al año para poder mantenerse en el programa.

Una sociedad preventiva, compañeras y compañeros, se traducirá en una sociedad más saludable, por ello adoptar una medida similar dentro de las reglas de operación del Seguro Popular, favorecerá al proyecto de la Secretaría de Salud de virar de lo curativo a lo preventivo y permitiría a los beneficiarios del programa, acceder a los servicios preventivos que ayuden a evitar enfermedades o al menos detectarlas a tiempo para un mejor y más rápido pronóstico de cura.

Con esta medida, no sólo se fomentará la cultura de la prevención de la salud en los mexicanos, mejorando la calidad y esperanza de vida, sino que también se traducirá en una disminución en el costo de atención de enfermedades para el Estado al ser atendidas oportunamente.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la incorporación a las reglas de operación del Seguro Popular la cláusula correspondiente, donde sea requisito para permanecer afiliado el acudir a dos consultas preventivas al año, tal como ocurre en el Programa Oportunidades.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a las correspondientes autoridades de salud de los estados y del Distrito Federal a analizar la viabilidad y, en su caso, establecer los mecanismos para que a las personas afiliadas al Seguro Popular se les brinde al menos dos consultas de medicina preventiva al año, en sus unidades médicas de adscripción.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION EN SALUD Y A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR LA VIABILIDAD DE QUE A LAS PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR SE LES BRINDEN DOS CONSULTAS PREVENTIVAS AL AÑO

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadores MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION EN SALUD Y A LAS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES DE SALUD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA QUE A LAS PERSONAS AFILIADAS AL “SEGURO POPULAR” SE LES BRINDEN AL MENOS DOS CONSULTAS PREVENTIVAS AL AÑO, EN SUS UNIDADES MEDICAS DE ADSCRIPCION, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

Sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes de la vida y en consecuencia de una sociedad es el cuidado de la salud. Por ello es que una de las acciones centrales del gobierno, debe ser procurar la salud de sus ciudadanos, desde fomentar la cultura de la prevención, hasta brindar la atención especializada de las enfermedades y trastornos que día a día aquejan a la población sin distinción de niveles económicos ni zonas geográficas.

Si bien como país aún nos falta mayor cobertura, calidad y atención en materia de salud para los ciudadanos, el gobierno del Presidente Felipe Calderón, emprendió valiosas acciones sin precedentes que han dado como resultado la cobertura universal en salud, misma que está garantizada a nivel constitucional. Por tanto, el derecho a la salud del que hoy en día gozamos todos los mexicanos no es momentáneo, no depende ya de una administración presidencial, es un derecho de los mexicanos que se ha consolidado durante la actual Administración.

Tales acciones, fueron necesarias porque desafortunadamente nuestro país experimenta un incremento de enfermedades crónico-degenerativas, fenómeno que está relacionado con el envejecimiento de la población y con estilos de vida poco saludables. Ante éste panorama en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció como uno de los objetivos nacionales “mejorar las condiciones de salud de la población” así como fortalecer las acciones de prevención de enfermedades.

Con la finalidad de cumplir esos objetivos, se diseñaron e implementaron exitosamente en el Sistema de Protección Social en Salud “Seguro Popular” diversos mecanismos para dar cobertura en salud a la población mexicana, como son:

1) El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que cubre la totalidad de las intervenciones del primer nivel de atención médica y la mayoría de los padecimientos reportados como principales egresos hospitalarios, éste catalogo actualmente comprende 284 intervenciones que se traducen en la atención de 1,534 enfermedades en los centros de atención de medicina familiar, especialidades y centros hospitalarios.

2) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que está diseñado para financiar la atención de enfermedades que por su complejidad y alto costo son consideradas catastróficas, con el cual se cubren 58 intervenciones agrupadas en 17 conglomerados: cáncer cérvico-uterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y adolescentes, trasplante de médula ósea en menores de18 años, trasplante de médula ósea en mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, Linfoma No Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, trasplante de córnea, enfermedades Lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, cáncer de próstata y, trasplante de riñón.

3) El Programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), que protege a todos los niños nacidos a partir del 1° de diciembre de 2006 con un seguro médico de cobertura amplia contra todas las enfermedades de este grupo de edad, adicionales a las cubiertas por el CAUSES y por el FPGC.

4) El Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, dirigido a los beneficiarios de éste programa, que otorga un paquete básico garantizado de salud, acciones en materia de capacitación para la salud y la provisión de suplementos alimenticios a niños de 6 a 59 meses de edad y a mujeres embarazadas y en lactancia;

5) La estrategia Embarazo Saludable, creada para dar prioridad de afiliación y atención a mujeres embarazadas que no cuentan con seguridad social en salud; y,

6) El Programa Nacional de Cirugía Extramuros (PNCE), que pone al alcance de las familias con mayores rezagos servicios de cirugía general, oftalmología, ortopedia, cirugía reconstructiva, entre otros cerca de su lugar de residencia con la finalidad de evitar el desplazamiento de los usuarios para evitarles costos y a la vez otorgarles una atención más cercana al entorno en que viven.

No obstante, ahora que la atención médica y el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades que nos aquejan como sociedad están garantizados por ley, el “Seguro Popular” debe consolidar una cultura que impulse la corresponsabilidad, gobierno-ciudadanía, para generar una vida saludable en los ciudadanos a fin de evitar la aparición en estos de cualquier tipo de enfermedad.

Afortunadamente durante la administración del Presidente Felipe Calderón, se han venido impulsando paulatinamente estrategias como las Cartillas Nacionales de Salud “cinco pasos por tu salud”, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria PREVENIMSS y PREVENISSSTE, enfocadas en promover estilos de vida saludable, prevenir la aparición de enfermedades y detectar oportunamente desordenes en la salud.

En este sentido, se puede señalar el fomento a este tipo de atención médica durante el sexenio que está por concluir pues de acuerdo a cifras del IMSS en 2006 se atendieron 8.8 millones de derechohabientes en PREVENIMSS y en 2011 las atenciones se incrementaron a 23.2 millones, esto representa un incremento de más del 160%.

Muchas de estas acciones están siendo acompañadas por un reposicionamiento de la atención primaria a la salud, donde participan las unidades de consulta externa con citas de revisión periódica, sin que necesariamente se brinde dicha atención en el momento que a los afiliados les aqueje algún padecimiento.

En el caso del Sistema de Protección Social en Salud “Seguro Popular”, se creó la Consulta Segura/Sistema Nominal en Salud (SINOS), estrategia de carácter preventivo, para promover, prevenir y detectar oportunamente enfermedades a partir de la obtención del perfil inicial de riesgo de salud en los afiliados al “Seguro Popular” y beneficiarios del programa Desarrollo Humano Oportunidades, en función de su edad, sexo y evento de vida.

La consulta segura consiste en la aplicación del tamizaje médico, basado en las Cartillas Nacionales de Salud, explorando pruebas indicativas de riesgo mediante la utilización de variables como: peso, talla, glucosa en la sangre, tensión arterial, perímetro abdominal, entre otros, con el fin de identificar conla debida anticipación algunos factores de riesgo en la salud de la persona y así canalizarlas para en su caso, llevar a cabo su debido tratamiento.

Sin duda, esa estrategia brinda información nominal que sirve como base para la toma de decisiones, la focalización en los casos de atención por estado, jurisdicción, municipio y unidad de salud, así como el reforzamiento de los esquemas de prevención. Sin embargo, poco ayuda brindar un seguimiento periódico ya que en esta etapa sólo se está requiriendo para efectos de afiliación o re afiliación al “Seguro Popular”, que de acuerdo a los tiempos establecidos por el reglamento correspondiente pueden transcurrir hasta tres años para que esta consulta se repita.

Caso contario ocurre con el Programa Oportunidades, donde además le es posible a la autoridad dar seguimiento personalizado de las acciones en salud y corresponsabilidades de los beneficiarios del Programa, ya que establece en sus Reglas de Operación, que la frecuencia de las revisiones y acciones de salud se realizarán al menos una vez cada seis meses, es decir dos veces al año para poder mantenerse en el programa.

Una sociedad preventiva, se traducirá en una sociedad más saludable, por ello adoptar una medida similar dentro de las Reglas de Operación del “Seguro Popular”, favorecería el proyecto de la Secretaría de Salud de virar de lo curativo a lo preventivo y permitiría a los beneficiarios del Programa, acceder a los servicios preventivos que ayuden a evitar enfermedades o detectarlas a tiempo para un mejor y más rápido pronóstico de cura.

Con esta medida, no sólo se fomentará la cultura de la prevención de la salud en los mexicanos, mejorando la calidad y esperanza de vida, sino que también se traducirá en una disminución en el costo de atención de enfermedades para el Estado al ser atendidas oportunamente.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar a las medidas de operación del “Seguro Popular” la clausula correspondiente, donde sea requisito para permanecer afiliado, el acudir a dos consultas preventivas al año, tal como ocurre en el Programa Oportunidades.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a las correspondientes autoridades de salud de los estados y del Distrito Federal a analizar la viabilidad y, en su caso, establecer los mecanismos para que a las personas afiliadas al “Seguro Popular” se les brinde al menos dos consultas de medicina preventiva al año, en sus unidades médicas de adscripción.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2012.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a la Comisión de Salud y Seguridad Social.

Tome nota la Secretaría de las Senadoras y Senadores que están levantando la mano para adherirse al punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

Finalmente, tiene la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para referirse al Día Internacional de la Paz.





 

EFEMERIDE

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Con motivo de que este 21 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Paz, a nombre de mi bancada del Partido Verde Ecologista de México, queremos realizar el siguiente posicionamiento.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Pazcon el objetivo de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. "Paz sustentable para un futuro sustentable" es el tema que este año ha elegido la Organización de las Naciones Unidas.

Es evidente que no sólo nuestro país atraviesa por situaciones de riesgo. Diversas naciones del orbe viven presas de la amenaza de ser devastadas por conflictos, miles y millones de familias en el mundo sobreviven con el miedo a perder la vida, a quedar con problemas físicos y secuelas psicológicas a consecuencia de la guerra, el terrorismo u otra forma de violencia.

Así, para conmemorar esta fecha tan importante a nivel mundial, quiero resaltar que la paz es la esencia íntima del derecho.

Es evidente que hoy nuestro país enfrenta una grave problemática de violencia. Por esta razón, desde este espacio de elaboración de leyes, que lo es el Senado de la República, tenemos la oportunidad de diseñar el marco jurídico que le devuelva a nuestro país la oportunidad a todas y todos los mexicanos de encontrar ese camino hacia la paz.

En el mundo hay experiencias exitosas de que una sociedad en paz, con seguridad, justicia y sustentabilidad, sí es posible.

Las y los mexicanos queremos un porvenir en el que los niños y niñas y nuestros jóvenes asistan a las escuelas para ser educados, donde se rescaten los espacios públicos para que todas y todos nuestros jóvenes practiquen el deporte o realicen actividades recreativas.

Un México libre, no queremos un futuro en el que las y los niños y nuestros jóvenes sean reclutados en las filas del crimen organizado. Lo que sí queremos es un futuro donde los recursos naturales sean protegidos y valorados por todos nuestros habitantes.

Un porvenir en el que los recursos públicos sean invertidos para temperar la desigualdad social, la pobreza y no simplemente en la compra de más armamento.

Por estas razones, les propongo y los invito, respetuosamente, compañeras y compañeros legisladores, a que a partir de nuestro trabajo, nuestras iniciativas de ley, podamos construir un México de paz, un México centrado en la protección de los derechos humanos, un México con desarrollo económico sustentable, promoviendo una justa distribución de la riqueza y el cuidado de nuestros recursos naturales y el medio ambiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención, compañeros.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene la palabra la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores:

Conmemorar y fortalecer los ideales de la paz en cada nación, en cada pueblo y entre ellos, ha sido la finalidad con que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 la celebración del “Día Internacional de la Paz”

Este 2012, el próximo 21 de septiembre, habremos de celebrarlo. Y sin embargo, en México el flagelo de la violencia no nos es ajeno, por el contrario, la violencia cotidiana en la que nos encontramos inmersos es realmente reprobable.

Hoy en día, está presente en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es realmente censurable el grado de violencia que vemos y escuchamos día con día, con tristeza en los noticieros, en los periódicos y en la radio de nuestro país.

Los mexicanos estamos cansados y cansadas, y a la vez aterrados. Y por esto, hoy alzamos la voz demandando la reivindicación de la paz social en nuestro país.

Es importante resaltar que este día tan importante, también fue instaurado como un llamado mundial a la no violencia y al cese del fuego.

Por lo cual, la Organización de las Naciones Unidas, durante los últimos años, ha exhortado a los gobiernos y a los ciudadanos a centrar su atención en el desarme nuclear y la no proliferación de la violencia.

Tomando en cuenta la importancia que tiene este problema en cualquier nación del mundo y el riesgo que representa la proliferación de la misma a la seguridad de cualquier individuo o nación, es que desde esta alta tribuna del Senado de la República hacemos un llamado a todos los gobiernos del mundo, a realizar el mayor esfuerzo por dar cabal cumplimiento a los principios y objetivos por los cuales fue instituida la presente conmemoración.

En lo que respecta a la situación de violencia que vive hoy en día nuestro país, a raíz de la guerra contra el crimen organizado iniciada por la presente administración, y a pesar de que no dudamos que ésta haya sido iniciada con las mejores intenciones, es claro que los resultados de la misma no han sido los esperados.

Por el contrario, sólo han generado un exacerbado crecimiento de la violencia a lo largo del país. Tal y como lo señaló el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas, Antonio Mazzitelli, el cual advirtió que la violencia en México es un problema de control del territorio.

En lo que respecta al Poder Legislativo y en particular a nosotros los Senadores, es de suma importancia contribuir a la erradicación de la violencia, a través de los acuerdos mínimos necesarios que permitan fortalecer la convivencia entre partidos, así como la unidad con nuestros pares.

Debido a la importancia que tiene erradicar la violencia generada en nuestro país en los últimos años, es que se vuelve necesario que durante la siguiente administración se replanteen los objetivos de la lucha contra el crimen organizado a través de reformas legales, así como una profunda reestructuración de las instituciones policiacas a nivel nacional, y la implementación de mejores sistemas de control de confianza, ya que los altos niveles de violencia que vemos día con día en el país, nos revelan que esta lucha simplemente ha fracasado.

Por otra parte, es importante resaltar también, que ante la nueva realidad que enfrenta la población mundial, y en particular la mexicana, tenemos como reto la búsqueda de mecanismos que nos permitan frenar el avance de este cáncer que carcome nuestro tejido social.

Por lo que los priístas reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad, frente a lo que se percibió durante estos últimos seis años en la administración del actual gobierno: Confusión en el rumbo; improvisación en la toma de decisiones; ineficiencia en la operación de los programas.

Bajo este orden de ideas, debemos de ser conscientes de que la erradicación de la violencia es fundamental en la construcción de una vida plena. Lo que implica gozar de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. Por lo que las medidas preventivas resultan una herramienta esencial para el diseño de políticas públicas en el combate de este gran problema que aqueja al mundo, y en particular, a las y los mexicanos.

Tenemos que reconocer que las circunstancias alrededor de esta problemática no han cambiado mucho. Por lo que no obstante la globalización y la apertura de las sociedades modernas, ni una mayor educación. El cada vez más amplio respeto a los derechos humanos, han logrado que la situación mejore.

En este sentido, el grupo parlamentario del PRI estamos ciertos de que para que la situación mejores es necesario actuar de inmediato en la implementación de políticas públicas y programas que sean necesarios para detener la epidemia que representa la violencia hoy en día en nuestro país.

Para concluir, y en el marco de este espacio solemne y en víspera del “Día Internacional de la Paz”, no podemos olvidar la frase célebre: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Exclamada por nuestro prócer mexicano y también conocido como Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Romero Celis.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de este día, se turnarán a comisiones. Quienes deseen mantener inscrita su proposición, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

PROPUESTA

De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo para que se declare al año 2013 como el “Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos en su honor. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DECLARE AL AÑO 2013 COMO EL “AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO” Y SE REALICEN DIVERSOS FESTEJOS EN SU HONOR

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I.Madero” y se realicen diversos festejos en su honor. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La historia de México no se puede comprender sin el reconocimiento de la lucha de grandes hombres que dieron su vida para lograr un país democrático y más justo para todos sus habitantes.

Francisco I. Madero González originario de Coahuila, nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda “El Rosario” en Parras de la Fuente y fue apresado en Palacio Nacional por el general Aureliano Blanquet y asesinado en las cercanías de la entonces prisión de Lecumberri, el 22 de febrero 1913.

Un poco más de un siglo ha trascurrido, del momento en que diera a conocer su obra trascendental: La sucesión presidencial en l910.

Su obra cobra relevancia, al confirmar el anhelo de democracia que subyace desde los tiempos de la lucha por la independencia en nuestro pueblo mexicano. Madero fiel a su momento histórico, supo interpretar ese ideal y encausarlo de tal forma que su destacada tarea en pro de la democracia nacional, está plenamente vigente.

La frase SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION, que Madero revivió en su momento, puede considerarse como una de las ideas más representativas de estabilidad y progreso del pasado siglo y que de manera significativa marca el devenir político hasta nuestros días.

El ideal de democracia que encarnó Francisco I. Madero lo transformó en un símbolo perenne y en un referente histórico obligado cuando se habla de defender los valores democráticos. Es necesario reconocer que señaló al dictador causante del anquilosamiento de la patria y con la entereza que caracteriza a las personas valerosas, enfrentó al régimen autoritario y, eventualmente, ello le costó la vida.

Como todo personaje histórico tuvo luces y sombras, pero el paso del tiempo ha consolidado su figura como sinónimo de reto al desorden que niega al pueblo el desarrollo al que tiene derechoy, por supuesto, que le coarta sus anhelos democráticos y libertarios.

Madero representa un llamado ejemplar a comportarnos como ciudadanos en un país de instituciones. De la revolución encabezada por el APOSTOL DE LA DEMOCRACIA, proviene nuestro México moderno. Su obra no puede ser menospreciada y su figura se redimensiona gracias a estos hechos.

México en sus aspiraciones democráticas siguió a MADERO, quién con sus defectos y virtudes, luces y sombras, representa la voz de la necesidad de perfeccionarlas.

Francisco I. Madero no vivió para ver a la patria en paz. Más allá de su obra, todavía indignan las crónicas de su artero asesinato y la mezquindad de sus captores y asesinos.

La Decena Trágica concluyó el 18 de febrero de 1913, con la traición de Victoriano Huerta y la consiguiente aprehensión de Madero y del Vicepresidente Pino Suárez. El general Felipe Ángeles, José Vasconcelos y muchos otros patriotas se encargaron de continuar la obra iniciada por el presidente mártir.

Por ello, en mi carácter de Senadora de la República por el Estado de Coahuila, someto a la consideración de esta Soberanía, la propuesta para que en el contexto del Centésimo Aniversario luctuoso del ilustre coahuilense y apóstol de la democracia, Francisco I. Madero,se le rinda un merecido homenaje.

No se debe olvidar que gracias a la entereza y convicciones de Madero, tenemos importantes avances en materia democrática, por lo que es justo que se le de reconocimiento a su entrega por el bien común de todos los mexicanos.

Al tenor de lo anteriormente fundado y motivado, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, se declare al año 2013, como el “Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero”.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que acuerde la creación de un Grupo de Trabajo que tenga la función de organizar las ceremonias cívicas y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República, relativos el Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 25 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:32 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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