Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 28 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Septiembre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:34 horas) Solicito a la Secretaria informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 18 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con quince minutos del día jueves trece de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes once de septiembre de 2012.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedóde enterado. Se remitió copia a la Cámara de Diputados.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2012, a efecto de llevar a cabo visitas de trabajo a Washington, D.C., y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Iniciativas)

La Senadora Arely Gómez González, anombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adicionalos artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República en el contexto del VI Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para la integración de una comisión plural y temporal para el seguimiento de la publicación del Reglamento de la Ley de Migración.- Se turnóa la Junta de Coordinación Política los resolutivos primero y tercero y, en su oportunidad a la Comisión de Justicia el segundo de éstos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo para convocar a trabajar en conferencia a las comisiones de Desarrollo Social de ambas Cámaras, a efecto de buscar reformas a laLey General de Desarrollo Social.- Se diopor recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la revisión, seguimiento y aplicación del Plan Hídrico Integral de Tabasco.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO

A efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2012, dio inicio el Análisis del VI Informe de Gobierno, en el rubro de política exterior. En la intervención inicial hizo uso de la palabrala Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, posteriormente en la ronda de intervenciones de los Grupos Parlamentarios, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Manuel Camacho Solís del PRD; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. Conforme al formato aprobado en el Acuerdo de referencia en la ronda de pregunta-respuesta-comentarios, intervinieron los senadores: Mónica Arriola Gordillo; Layda Sansores San Román; Patricio Martínez García del PRI; Rocío Pineda Gochi del PRI; David Monreal Ávila del PT; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Carlos Mendoza Davis del PAN; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Lucero Saldaña Pérez del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD; Fernando Torres Graciano del PAN; Gabriela Cueva Barrón del PAN; y Teófilo Torres Corzo del PRI.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y al punto Nueve del Acuerdo aprobado, el Presidente de la Mesa Directiva ordenó remitir la versión estenográfica de esta comparecencia al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Proposiciones)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que ejecute la suspensión inmediata y definitiva del aumento mensual a los precios de las gasolinas y el diesel.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar el programa para la prevención de alergias y asma como una medida costo-efectiva, para disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas en nuestro país.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Salud.

(Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa la designación de los Senadores que integrarán la Comisión Técnica encargada de analizar la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona laLey General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno, por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 1 de septiembre de 2012.- Quedó de enterado. Se turnó la iniciativa a la Comisión Técnica, a fin de que rinda el informe correspondiente.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar e incluir en sus constituciones locales el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los jefes del ejecutivo de los estados de la República, así como del Distrito Federal, para que realicen los trabajos correspondientes para modificar sus marcos legislativos en materia de deuda pública, transparencia y rendición de cuentas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a informar sobre las transferencias que se hicieron de una cuenta bancaria del gobierno estatal a una de un particular, para presuntamente financiar actividades electorales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Justicia.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas y citó a la siguiente el martes dieciocho de septiembre a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio de la Secretaría de Turismo, con el que remite el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico”

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En su momento se remitirá copia a la Comisión de Turismo.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio por el que informa que para la reunión de análisis del Sexto Informe de Gobierno en el ramo de política social, asistirá el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, en representación del titular de la Secretaría de Salud.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

A propósito de las reuniones de comparecencia de servidores públicos que realizaremos a partir de este día, les informo que por razones de organización logística, dichas reuniones cambian su ubicación del piso 14 en la Torre de Comisiones a la sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo.

En el apartado de iniciativas, se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 102, Apartado B, párrafo 11 constitucional, en materia de investigación de violaciones graves a los derechos humanos, mismo que se turnará, en su oportunidad, a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 102, APARTADO B, PARRAFO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INVESTIGACION DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“EL QUE SUSCRIBE, ARTURO ZAMORA JIMENEZ, SENADOR DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LAS UNION POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE LOS ARTICULOS 8, NUMERAL 1, FRACCION I, 164 Y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 102, APARTADO B, PARRAFO 11, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INVESTIGACION DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema jurídico mexicano reconoce a los individuos un amplio marco de garantías y derechos humanos, recientemente fortalecido con la publicación de la reforma constitucional de fecha 10 de junio del presente, que nos permite contar con una esfera protectora de los derechos de libertad y de justicia consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de que México es parte.

El texto del artículo primero constitucional a partir de la citada reforma dispone un mecanismo de autocontrol de la constitucionalidad, al señalar en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

No obstante, ante la posibilidad de que existan autoridades omisas en el cumplimiento de esta obligación, continúa señalando que “En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Una norma es imperfecta si no existen mecanismos para hacerla efectiva. De tal suerte, para la defensa de estos derechos, contamos con una serie de mecanismos de control de constitucionalidad, ya sea de carácter jurisdiccional como es el caso del juicio de amparo, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, o de carácter político como lo son las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, en ocasiones puede darse el caso de violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza excedan los límites de estas figuras jurídicas, ya sea por la gravedad de los hechos o por la inactividad de las autoridades responsables para conocer de ellos. De esta manera, el constituyente de 1917 otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de investigar estas violaciones.

No obstante, esta facultad fue utilizada en muy pocas ocasiones. Resultaba fácilmente cuestionable el hecho de que un órgano jurisdiccional, cuyas resoluciones tienen la característica de ser imperativas, actuara en estos casos como órgano de control político, y que la conclusión de esta investigación tuviera como fin únicamente poner en evidencia la violación a la constitución, e indirectamente obligar a la autoridad a investigar, perseguir y sancionar.

Por tal motivo, la reforma constitucional publicada el 10 de junio del presente modificó el apartado B del artículo 102 constitucional para señalar que la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos correspondería ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que resulta ser el idóneo para el ejercicio de esta atribución, por ser el órgano especializado en la investigación de las conductas violatorias de los derechos fundamentales, así como por estar dotado de autonomía constitucional que garantiza la objetividad en su actuación.

Es parte de la naturaleza de este órgano que sus resoluciones no sean vinculatorias, es decir, que las consecuencias de su actuación sean de carácter político y no jurídico, lo que dota de fuerza a sus resoluciones es la opinión pública que sanciona con su aprobación o desaprobación la actuación de los entes públicos sobre los que cae una recomendación.

De acuerdo al nuevo texto constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá, cuando lo juzgue conveniente, investigar hechos que constituyan violaciones graves a Derechos Humanos, facultad que antes de la reforma correspondía en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, en su momento y por carecer de un reglamento aprobado por el Congreso de la Unión que regulara esa facultad investigadora, se tuvo que dotar de la reglamentación necesaria a través de Acuerdo General número

16/2007, reuniéndose de facto con ello, y contrario al texto del artículo 49 constitucional, dos poderes en una sola corporación.

La reciente reforma constitucional que otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales brinda la oportunidad, a este cuerpo legislativo, de regular a nivel de ley reglamentaria el ejercicio de esta atribución, dotando de certeza a un procedimiento que hasta la fecha carece de ésta.

De tal suerte, esta iniciativa tiene por objeto expedir la Ley Reglamentaria del artículo 102 apartado B párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En principio resulta imperativo determinar la naturaleza y el objeto de la ley, así como realizar las definiciones que por técnica legislativa resulten convenientes.

Por otra parte, se determina la forma de iniciar una investigación de esta naturaleza, señalando quienes se encuentran facultados para realizar la solicitud correspondiente.

Se propone que sea el presidente de la comisión quien acuerde el inicio de la investigación designando a un visitador general para que desarrolle los trabajos conforme a un plan de trabajo que debe ser aprobado por aquél. Asimismo, deberán rendirse informes mensuales sobre los avances de la investigación.

A fin de garantizar la reserva de la información que sea recabada en el ejercicio de esta facultad, se hace patente la obligación de todos los funcionarios involucrados con la investigación de guardar estricta confidencialidad del expediente, remitiendo a las obligaciones que en la materia estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En función de que se trata de un procedimiento extraordinario, es necesario dotar a la CNDH de las facultades suficientes para cumplir su cometido, tales como solicitar todo tipo de documentos e informes, realizar audiencias con las personas y autoridades involucradas, y todo aquél que pueda aportar datos que coadyuven en la investigación, apersonarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, solicitar el apoyo de especialistas, etcétera.

Se señala que el visitador general encargado de la investigación y su personal de apoyo podrán establecerse en el lugar que el presidente de la comisión determine y que resulte más conveniente para el desarrollo de las investigaciones, y que en el ejercicio de esta atribución todos los días y horas serán hábiles, por lo que los plazos se computarán de momento a momento.

Se estipula la elaboración de un informe de hechos por parte de la autoridad presuntamente responsable, el cual deberá remitirse en un plazo que no exceda de 30 días naturales y deberá acompañarse de los documentos y elementos de prueba que se consideren necesarios.

A fin de dotar al procedimiento de celeridad, deberá estipularse que las notificaciones podrán realizarse por medio de cualquier medio cierto, y cuando impliquen una entrevista personal o un término para la práctica de alguna actuación deberán realizarse con 48 horas de anticipación.

Se otorga a los particulares en contra de quienes se hayan realizado las conductas posiblemente violatorias de derechos humanos la posibilidad de coadyuvar en la investigación, aportando los elementos de prueba que consideren procedentes.

Se estipulará el procedimiento que deberá revestir las entrevistas con los particulares o autoridades, señalando que deberá dejarse constancia por escrito y de ser posible, realizar la grabación de la entrevista.

Se señalará la obligación de las autoridades de colaborar con las investigaciones, existiendo la posibilidad de que el visitador rinda un informe especial ante el presidente en el que denuncie actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o que entorpezcan las investigaciones, a fin de que se tomen las determinaciones conducentes.

El visitador general deberá rendir un informe preliminar al presidente de la CNDH en que se hagan constar las actuaciones y sus conclusiones.

Debe destacarse que por tratarse de un procedimiento no jurisdiccional el informe no podrá hacer juicios sobre la legalidad o culpabilidad sobre actos u omisiones, limitándose a constatar la existencia de las posibles violaciones graves a los derechos humanos y sus participantes.

De este informe se remitirá copia al solicitante y a las autoridades presuntamente responsables a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga en un plazo que no exceda de 15 días.

Transcurrido ese plazo, el presidente deberá elaborar un dictamen que será sometido a la consideración del consejo consultivo. En caso de que se determine la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, el dictamen deberá hacerse de conocimiento público, e informar a las autoridades responsables, así como a aquellas que resulte procedente cuando se trate de conductas que puedan tener como consecuencia una sanción ya sea de carácter administrativo o penal.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico.- Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1o.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer las normas generales para el ejercicio de la facultad de investigación de las violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, en términos de lo dispuesto en el párrafo undécimo del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la interpretación y aplicación de esta ley se respetarán en todo momento, los principios constitucionales y derechos fundamentales de todos los sujetos involucrados.

Artículo 2o.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Comisión:la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Consejo:el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Presidente: al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Programa:el programa de trabajo que regirá las actividades encaminadas a determinar la posible existencia de violaciones graves a los derechos humanos; y

Visitador:al Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 3.- El presidente, los consejeros, visitadores y demás funcionarios involucrados en la aplicación de ésta Ley deberán actuar en todo momento con estricto apego al marco constitucional, con pleno respeto a las garantías individuales.

Las investigaciones deberán desarrollarse con total imparcialidad, objetividad e independencia y con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.

Título Segundo
Proceso de Investigación

Artículo 4.- Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consumados determinados por el Presidente en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de esta facultad.

La investigación podrá iniciarse de oficio por el Presidente, o a solicitud de:

a) El titular del Ejecutivo federal;

b) La Cámara de Diputados, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados presentes;

c) El Senado de la República, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los senadores presentes;

d) El gobernador de un estado;

e) El jefe de gobierno del Distrito Federal; o

f) Las legislaturas de las entidades federativas, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los legisladores presentes.

Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Presidente decidir si amplía dicho plazo, cuando así se requiera por la naturaleza de la misma.

Artículo 5.- El Presidente designará a un Visitador General como encargado de conducir la investigación, quien se auxiliará de un secretario y del personal de apoyo necesarios para el efecto.

El Visitador General, el secretario y el personal de apoyo deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre el expediente respectivo y serán responsables del manejo de la información que recaben con motivo de la investigación, para lo cual deberán atender lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6.- Dentro de los quince días siguientes a la designación del Visitador General responsable de la investigación, éste deberá elaborar el programa de investigación, y lo hará del conocimiento del Presidente, quién lo aprobará, pudiendo modificarlo en cualquier momento.

El Visitador podrá ampliar el programa si durante el desarrollo de la investigación advierte la conveniencia de realizar actividades no comprendidas en él, debiendo comunicarlo de inmediato al Presidente.

El Visitador deberá rendir un informe mensual al Presidente en el que destaque las actividades que hubiese desarrollado en ese periodo.

Artículo 7.- En el desarrollo de la investigación, el Visitador tendrá las siguientes facultades:

a) Entrevistarse con autoridades o con particulares relacionados con hechos materia de la investigación;

b) Solicitar de autoridades o servidores públicos, todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial;

c) Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulte necesaria para la investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos que les consten;

d) Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, ya sea personalmente o por conducto del personal bajo su mando, para revisar documentos que pudieran guardar vinculación con la investigación, previo acuerdo que motive la pertinencia de la medida;

e) Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la investigación; y

f) Efectuar todas las demás acciones, que sean necesarias para la investigación de los hechos, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 8.- El Visitador, el secretario y el personal de apoyo se instalarán, para efectos de la investigación, en el lugar en que el Presidente determine, y podrá actuar en los sitios que, con motivo de la investigación, sean necesarios.

Para efectos de su actuación, todos los días y horas son hábiles. De todo acuerdo y actuación deberá dejarse constancia.

Artículo 9.- Aprobado el programa por el Presidente, el Visitador pedirá un informe sobre los hechos presuntamente violatorios de garantías individuales a las autoridades que pudieran tener relación directa o indirecta con los mismos.

Dicho informe se rendirá por escrito, dentro del plazo de treinta días, y deberá referirse a los hechos, omisiones, datos y demás elementos relacionados que sean de su conocimiento, acompañando en su caso los documentos de soporte que estimen convenientes.

Artículo 10.- Las solicitudes para que una autoridad o un particular colaboren en la investigación, proporcionando la información y documentación con que cuenten, podrán realizarse por cualquier medio cierto, haciéndolo constar en el expediente relativo.

Cuando dichas solicitudes entrañen una entrevista personal o un término para la práctica de alguna actuación, se hará saber a la autoridad o al particular de que se trate, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que se realice la misma.

Artículo 11.- Los particulares en contra de quienes se hayan cometido los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos podrán colaborar con la investigación, aportando los elementos, pruebas y argumentos que consideren oportuno.

Los particulares que colaboren en la investigación podrán designar un domicilio, o bien, proporcionar un número telefónico o de fax y, en su caso, una dirección de correo electrónico, para efectos de comunicación.

Artículo 12.- Las autoridades serán responsables de proporcionar todas las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación y permitir el acceso a los documentos o archivos respectivos, por tanto, deberán remitir al Visitador la información solicitada, debidamente foliada y, en su caso, certificada.

Artículo 13.- En el desarrollo de las entrevistas con autoridades o particulares relacionados con hechos materia de la investigación, se estará a lo siguiente:

a) Las entrevistas se realizarán por el Visitador o el funcionario que designare para tal efecto, asistido por el secretario, quien dará fe de todo lo actuado, y asentará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo;

b) Se usará el idioma español y si fuera en otra lengua, se pedirá el auxilio de un intérprete. Cuando se trate de un indígena, deberá asegurarse la presencia de un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

c) Su contenido se hará constar dando preferencia a la videograbación y grabación de voz, a través de los medios tecnológicos que se tengan al alcance. En estos casos, en acto por separado, se levantará acta en la que se harán constar las manifestaciones que se hubieren realizado. Cuando no sea posible grabar o video grabar el contenido de la entrevista, ésta se hará constar por escrito, debiendo firmar quienes hayan intervenido; y

d) Al inicio de la entrevista, se hará saber al compareciente el motivo de la misma, la naturaleza de la investigación, que no se trata de un procedimiento jurisdiccional y por tanto no comparece como indiciado, inculpado o procesado, sino únicamente con el fin de que manifieste los hechos que le consten en relación con la investigación que se realiza.

Artículo 14.- Toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo debido a alguna enfermedad que se lo impida, o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse, con excepción de los altos funcionarios de la federación, quienes deberán informar por escrito.

La citación a los servidores públicos se realizará por conducto del superior jerárquico.

Artículo 15.- El particular o autoridad que comparezca ante el Visitador, podrá:

a) Acudir a la entrevista acompañado por un máximo de tres personas de su confianza, quienes no tendrán derecho a intervenir, pero sí podrán comunicarse en todo momento con el entrevistado;

b) Presentar su declaración por escrito, debiendo ratificar personalmente su contenido, en ese mismo acto; y

c) Solicitar se guarde en reserva su identidad, lo cual se acordará favorablemente cuando a juicio del Visitador sea lo más adecuado para la conducción de las investigaciones.

El Visitador podrá rendir informes especiales ante el Presidente, cuando existan o persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades, servidores públicos o particulares que deban colaborar en sus investigaciones.

El Presidente, con base en dichos informes especiales deberá tomar las determinaciones que considere procedentes a fin de garantizar el adecuado curso de la investigación.

Título Tercero
Informe preliminar y dictamen

Artículo 16.- Concluida la investigación, el Visitador formulará un informe preliminar en el que se relacionarán los hechos y las constancias que obren en el expediente, así como todos los demás elementos de convicción recabados, con el objeto de que el Presidente lo considere en su dictamen y el Consejo determine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte.

Las conclusiones del informe estarán fundamentadas exclusivamente en la interpretación de la documentación e instrumentos que obren en el propio expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no necesitarán ser acreditados, por lo que la Comisión investigadora podrá invocarlos al rendir su informe.

Artículo 17.- El informe preliminar del Visitador contendrá los siguientes elementos:

a) Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como de los que no tengan esa calidad;

b) Relación de los elementos de convicción que permitan determinar, en su caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, así como el cargo y nombre de las personas relacionadas con ellos;

c) Análisis de las constancias, valoración de las pruebas, fundamentación, motivación, así como otros elementos que soporten las conclusiones; y

d) Proposiciones.

Artículo 18.- En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efectúen otros órganos del estado y que versen sobre hechos consumados, materia de la investigación, sin perjuicio de que si durante el desarrollo de la investigación, el Visitador advierte que en alguno de estos asuntos, pudieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo asentará en sus conclusiones, a fin de que el Presidente determine lo conducente.

De igual forma, no podrán imputarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Artículo 19.- El informe será presentado ante el Presidente de la Comisión, quien deberá formular un dictamen a fin de ser presentado ante el Consejo.

Artículo 20.- El Presidente remitirá copia del informe preliminar al órgano que hubiere solicitado el ejercicio de la facultad de investigación, en su caso, y a las autoridades directamente vinculadas con los hechos investigados, para que en un plazo de quince días naturales, realicen las manifestaciones pertinentes y presenten la documentación o los elementos que les sirvan de sustento.

Durante ese plazo el solicitante de la investigación y las autoridades indicadas podrán consultar el expediente, sujetándose a los principios de confidencialidad y reserva que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 21.- El dictamen determinará si existieron violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte; señalará a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y precisará los órganos y autoridades competentes para actuar como consecuencia de dicha resolución

Artículo 22.- El dictamen se someterá a la consideración del Consejo y una vez aprobado, el Presidente lo hará del conocimiento público y lo remitirá a las autoridades que solicitaron la investigación y en su caso, a las autoridades que resulten competentes.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

Tiene la palabra el Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Avila Cruz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se reforma el primer párrafo del artículo 69 y el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69 Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 146-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. Senadores María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Desde el año de 1999 se ha establecido en la Ley de Ingresos la facultad para que la Secretaría de Hacienda pueda realizar la cancelación de créditos fiscales por insolvencia del contribuyente o incosteabilidad del cobro, con el único efecto de no incluirlo en la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Diputados.

En 2007, se efectuó una cancelación masiva de créditos fiscales por un monto de 73 mil 960 millones de pesos lo que originó un diferendo y la presentación de solicitudes de acceso a la información de varios actores, tanto privados como públicos.

De acuerdo a la información pública disponible, me refiero al Informe de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente del año 2007, los montos de cancelación son por mucho superiores a los límites originalmente previstos cuando se creó esta figura, por ejemplo, 15 créditos van de los 100 a los 500 millones de pesos, 166 de los 25 a los 100 millones de pesos, 1729 oscilan entre los 5 y 25 millones y 8 mil 843 van de un millón a 5 millones de pesos. Sin embargo, no es posible conocer si los contribuyentes se encuentran en más de un caso de créditos cancelados.

Distintos ciudadanos, en pleno ejercicio de su derecho a la información, han presentado solicitudes de acceso a la información para conocer los nombres de los beneficiados por el programa de cancelación de créditos, así como los montos del mismo; con la finalidad de evaluar el desempeño de las autoridades y si sus determinaciones se ajustan a las disposiciones legales.

Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria ha negado de forma sistemática la información, argumentando que por encima del principio de máxima publicidad está el derecho a la privacidad, lo cual ha motivado la presentación de recursos de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Los comisionados del IFAI han sostenido que la información solicitada debe ser de acceso libre, concediendo a los solicitantes la razón.

El SAT, a pesar de la resolución del IFAI, ha promovido el recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para impugnar la resolución e impedir la revelación de la información relacionada con los créditos fiscales, a pesar de que este Tribunal se ha declarado incompetente para conocer de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, casualmente en este tema, sí se entró al conocimiento del asunto.

Derivado de todo esto, se ha tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, y algunos particulares no identificados han presentado quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impedir que se den a conocer los datos de las personas beneficiadas por la cancelación masiva de créditos fiscales.

Cabe señalar que la Suprema Corte no se pronunció sobre la revelación de información, pero los ministros han señalado la diferencia entre la información que la autoridad recaudatoria obtiene de los contribuyentes, por sus declaraciones o acciones de cobranza, y la información que genera la propia autoridad, como resultado de su quehacer gubernamental.

Esta última, deberá ser pública, pues tiene que ver con la transparencia de su accionar.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que existe un vacío legal, y advierte que tanto el derecho a la privacidad, el acceso a la información y la reserva de información tienen límites, que no se trata de derechos absolutos, por lo cual, las leyes deben de establecer esos límites y los alcances de estos derechos fundamentales.

Es precisamente lo que venimos a proponer quienes suscribimos esta iniciativa para reformar tanto el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia, así como el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y el 146-A del Código Fiscal de la Federación.

En razón de la controversia, proponemos incorporar en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, un segundo párrafo, que de manera expresa señale que los sujetos obligados deben poner a disposición la información de las personas que reciban recursos públicos, equiparando como tal al beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal.

De esta forma, tanto la autoridad como los particulares saben que si reciben un beneficio su información será de acceso libre para evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la reforma propuesta; planteamos la incorporación de una excepción al secreto fiscal, contemplado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de esta forma el secreto fiscal no ampararía ni al Sistema de Administración Tributaria ni a los particulares para negar el acceso a la información, cuando sobre esta información recaiga una resolución favorable del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Y por último, se afirma que la cancelación de los créditos fiscales es con la finalidad de excluirlos de la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal debe presentar a la Cámara de Diputados cada año y que, por lo tanto, no exime al contribuyente de su pago para evitar que la prescripción sea utilizada como excepción en un juicio, proponemos que aquí se establezca en el artículo 146, inciso a) del Código Fiscal de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente, por su atención muchas gracias.

Iniciativa

“Javier Corral Jurado, Senador de la República en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se reforma el primer párrafo del artículo 69 y el Ultimo párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El crédito fiscal se entiende como el derecho que tiene el Estado o los organismos descentralizados de percibir ingresos por contribuciones, sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo lo que deriven de responsabilidades que el Estado tiene derecho a exigir a los funcionarios, empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les dé ese carácter y el Estado tenga a percibir por cuenta ajena.

Desde 1999 se estableció en la Ley de Ingreso para el ejercicio Fiscal la figura de la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad, cuando el importe sea inferior o igual a 2,500 unidades de inversión (UDIS), esto es un equivalente de 5,425 pesos. La cancelación implicaba la liberación del pago para el contribuyente.

Esta situación se ha mantenido hasta la fecha, con diversas variantes, de 1999 a 2004 la cancelación del crédito fiscal si liberaba al contribuyente del pago y de 2005 a 2010 la cancelación no libera del pago al contribuyente.

Por su parte el Código Fiscal de la Federación desde 1998 prevé en su artículo 146-A la cancelación de los créditos fiscales en las cuentas públicas en los siguientes supuestos:

a) Incosteabilidad en el cobro, y

b) Insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

En el primer supuesto es incosteable el cobro cuando el importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a las 200 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe.

Para el segundo supuesto, la insolvencia de los deudores o los responsables solidarios se verifica cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución.

La cancelación de un crédito fiscal consiste en un acto por el cual se deja sin efectos o se anula el adeudo fiscal para la autoridad hacendaria, proveniente de las contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo de las responsabilidades que el estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares.

Esto significa que la cancelación de los créditos fiscales se refiere a la anulación para efectos de la cuenta pública que el Ejecutivo Federal debe someter a revisión del Congreso de la Unión anualmente, de conformidad con las facultades de fiscalización previstas en la Constitución General de la República.

En el año 2007 el Sistema de Administración Tributaria procedió a la cancelación masiva de créditos fiscales por un monto de 73 mil 960 millones de pesos lo que originó un escándalo y la presentación de solicitudes de acceso a la información, negando las autoridades hacendarias la información, por lo cual se recurrió al Instituto Federal de Accesos a la Información y Protección de Datos, mediante el recuso de revisión, ordenando la inmediata entrega de la información consistente en hacer público una relación con los nombres de las personas físicas y morales que recibieron el beneficio, así como el número de crédito correspondiente, el monto del mismo y las razones o motivos de la cancelación.

De acuerdo a la información pública disponible, los montos de cancelación son por mucho superiores a los límites originalmente previstos cuando se creó esta figura, 15 créditos van de los 100 a los 500 millones de pesos, 166 de los 25 a los 100 millones, 1,729 oscilan entre los 5 y 25 millones y 8 mil 843 van de 1 a 5 millones de pesos. Sin embargo, no es posible conocer si los contribuyentes se encuentran en más de un caso de créditos cancelados.

Particulares, no identificados, presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de servidores públicos del Sistema de Administración Tributaria, con la finalidad de impedir la revelación de sus nombres como lo ordeno el Instituto Federal de Acceso a la Información. Se argumento en sus escritos que “se enteraron de que el Sistema de Administración Tributaria pretendía dar a conocer los nombres de las personas a las cuales les hubieren sido cancelados créditos fiscales, lo anterior, derivado de un programa que el gobierno federal realizó en el año 2007; agregaron que consideran estar ubicados en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese año, así como del acuerdo JG-SAT-IVO-6-2007 y, por tanto, son susceptibles de tener cancelado su crédito fiscal, razón por la cual la posibilidad de que se difundan sus datos violaría su derecho a la privacidad, ocasionando con ello daños graves de imposible reparación[1].

Por su parte la Comisión Nacional en su propuesta de conciliación realizó una ponderación entre dos derechos humanos en colisión; el derecho de acceso a la información, por un lado y la protección de los datos personales por el otro. De esta forma se plantea un problema entre el interés público el de hacer transparente y conocer la forma en que los servidores públicos del Sistema de Administración Tributaria ejercen sus facultades discrecionales con relación a la cancelación de créditos fiscales, respecto al interés de proteger los datos personales de los contribuyentes, en posesión de las autoridades hacendarias, quienes tienen además la obligación de procurar el secreto fiscal, previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Planteado así el problema nos encontramos entre la discusión de ponderar y armonizar el principio de máxima publicidad, previsto en la fracción I, del artículo 6° constitucional, con el principio de privacidad y protección de datos personales previsto en la fracción II, del citado artículo constitucional.

Esto dos principios, del de máxima publicidad y el de privacidad, no son absolutos, ya que la propia Constitución prevé que serán protegidos en los términos y con las excepciones que prevean las leyes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su propuesta de conciliación, con número de referencia CNDH/2/2010/1825/Q, página 8, señala lo siguiente: “en ese orden de ideas, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que el derecho previsto en el artículo 6o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo puede ser limitado con base en una norma de rango de ley, por lo que al no haberse efectuado el consecuente desarrollo legislativo, la revelación de los datos personales resulta contraria a derechos humanos”.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien no está en contra del acceso a la información, la protección de la vida privada y los datos personales es un derecho fundamental que encuentra un límite y excepción en las leyes.

La Constitución Política establece todo un dispositivo que garantiza la protección de la privacidad y de los datos personales, que encontramos en el artículo 6°, fracción II y en el artículo 16, segundo párrafo. De ellos se desprende los siguientes principios:

• Acceso: es el reconocimiento del derecho que cada individuo tiene para conocer si en una base de datos hay un tratamiento de su información, la finalidad con la cual se hace ese tratamiento, así como el origen y las comunicaciones realizadas.

• Rectificación: consiste en reconocer el derecho que los individuos tiene de solicitar la modificación o corrección en el tratamiento de sus datos personales.

• Cancelación: es el derecho consistente en pedir la neutralización o eliminación en el uso de sus datos personales para evitar afectaciones en su esfera jurídica o personal.

• Oposición: es la facultad del titular de los datos personales para pedir que se dejen de tratar cuando se hacen sin su consentimiento, cuando se realiza el tratamiento de los datos para fines comerciales o de publicidad o bien en forma distinta a la finalidad que dio origen a su tratamiento.

Por su parte, para el ejercicio al derecho de acceso a la información las autoridades deben observar el principio de máxima publicidad cuyo objetivo va encaminado a logra la máxima participación de la sociedad en los asuntos públicos, en base a la toma de decisiones informada y responsable.

La estructura constitucional de acceso a la información tiene los siguientes rasgos:

• Por regla general la información en posesión de un ente público en de acceso libre, no sólo la que es generada por ese ente, sino aquella que se encuentra bajo su resguardo.

• Esta información puede estar en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, ampliando también la posibilidad de que este derecho se extienda a toda gama de figuras públicas.

• De la misma forma que cualquier otro derecho, el de acceso a la información pública es relativo, esto es que su ejercicio comprende excepciones, por lo que la información solicitada, eventualmente puede ser reservada de forma temporal, en tanto desaparece la causa que motiva la reserva.

• Por último, el principio de máxima publicidad, como un mecanismo hermenéutico que le da dirección a este derecho fundamental.

Otro hecho público y notorio atrajo la atención de la opinión pública recientemente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió en días pasados la constitucionalidad del artículo 69 de Código Fiscal de la Federación (CFF), que consagra la noción de secreto fiscal. La votación de ocho votos a dos favoreció el criterio de que el artículo 69 del CFF sí es constitucional pero que para su aplicación, debe de ser interpretado conforme al artículo 6º de nuestra Carta Magna.

Si bien en este caso la SCJN no entró al estudio o discusión de esta cuestión que fuera planteada en la demanda de amparo, es decir, no determinó si la información solicitada sobre los créditos fiscales cancelados debía o no ser revelada por el SAT, lo cierto es que de la discusión se desprendió que 7 de los 10 ministros presentes en la sesión se pronunciaron en contra de las reservas absolutas de información que se encuentra en manos de la autoridad tributaria.

Los ministros confirmaron que para reservar temporalmente alguna información, no basta la simple declaración de reserva de parte de la autoridad, sino que ésta tiene la obligación de motivarla y fundarla mediante un balance del daño que pudiera generar su divulgación. También expresaron que existen razones de interés público para dar a conocer los nombres de las personas físicas y morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales en el año 2007, así como los montos y las razones que justificaron estas cancelaciones.

Asimismo, los ministros señalaron la diferencia entre la información que la autoridad recaudatoria obtiene de los contribuyentes por sus declaraciones o acciones de cobranza y la información que genera la propia autoridad como resultado de su quehacer gubernamental. Esta última, deberá ser pública, pues tiene que ver con la transparencia de su accionar.

Los siguientes son extractos de lo dicho en el Salón de Plenos:

“La expresión reserva absoluta contemplada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación debe interpretarse en el sentido de que sólo comprende los datos personales de los contribuyentes, y únicamente se vuelve absoluta cuando no ha sido superada por razones de interés público”  (Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)

“…no es posible generar una condición de reserva permanente y automática que exima al órgano aplicador de fundar y motivar en los casos concretos las causas y temporalidades de las reservas” (Min. José Ramón Cossío Díaz)

“…si todos tienen que cumplir con ella (la obligación de contribuir), luego entonces el monto que cada contribuyente pagó o dejó de hacerlo debe ser conocido por los demás, ello precisamente en respeto a este principio de solidaridad y de equidad tributaria” (Min. Olga Sánchez Cordero)

“Estoy de acuerdo con todos los méritos del proyecto en cuanto a la transparencia y la necesidad de que se den a conocer ciertas disposiciones o actuaciones de la autoridad” (Min. Luis María Aguilar Morales)

Respecto a la importancia de conocer la información sobre los créditos fiscales, ya en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación señalaba lo siguiente sobre los créditos fiscales en 2005 que fueron potencialmente objeto de cancelación en 2007: El saldo de los créditos fiscales era entonces de 495,807.9 millones de pesos, de los cuales se habían recuperado 8,522 millones de pesos, únicamente el 1.7% de la cartera total. De estos créditos, 15 contribuyentes tenían más de 100 créditos fiscales cada uno, 6 registraron más de 300 y uno acumuló 1,453.

La justicia fiscal requiere ajustar su actuar de conformidad con el principio de equidad tributaria: si queremos gastar mejor, necesitamos recaudar bien y dotar de seguridad al gobernado para que siga contribuyendo al sostenimiento de las cargas públicas. Todos somos contribuyentes y tenemos la obligación de pagar impuestos: en una sociedad madura tendríamos que saber quiénes no pagan impuestos, si ésta es una práctica reiterada y qué tanto se lesiona el erario público con su omisión de pago. Esto tendría que estar además en equilibrio con la protección de la información sensible que la autoridad tributaria tiene sobre nosotros.

Estos dos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, se encuentran en colisión. Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no los considera como absolutos, ya que su ejercicio tiene las limitaciones o excepciones previstas en las leyes.

De esta ausencia legal, las autoridades del Sistema de Administración Tributaria se han valido para negar el acceso a la información en cuanto a los nombres de quienes han sido cancelados sus créditos fiscales, desconociendo y aun combatiendo las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Han argumentado que la privacidad es el principio que guía su negativa de conceder el acceso a la información, sin embargo, cabria preguntar si su ánimo es proteger el sagrado derecho a la privacidad de las personas. ¿Por qué han proporcionado los nombre de los presuntos responsables de fraude fiscal en sus comunicados de prensa? ¿Por qué los nombres de personas morales que se presume han realizado prácticas fiscales indebidas? ¿Ellos no gozan del sagrado derecho que protegen con tanto celo, o son las autoridades fiscales las que deciden cuando opera este derecho de privacidad y cuando no? ¿Por qué si las autoridades se encuentran impedidas a relevar datos personales, conocemos el nombre, y dirección de los beneficiados por programas de asistencia social?

La respuesta es elemental, el nombre es el dato más público que tiene una persona, a través de él lo identificamos y los diferenciamos. Si no conocemos la información de los nombres y las razones o motivos por los cuales las autoridades del Sistema de Administración Tributaria han ejercido sus facultades discrecionales al cancelar créditos fiscales, como los ciudadanos podrán evaluar el desempeño de las autoridades.

Ante esta problemática propongo un conjunto de reformas a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Código Fiscal de la Federación.

Propongo adicionar un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de transparencia, para establecer la obligación a los sujetos obligados a proporcionar toda la información pública derivada del otorgamiento de recursos públicos que por cualquier motivo destinen a cualquier persona el cual puede comprender cualquier beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal.

Con la finalidad de evitar posibles interpretaciones por parte de las autoridades fiscales en el sentido de que se encuentran impedidos para revelar información hacendaria o fiscal derivado del secreto fiscal que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, propongo incluir una excepción al mismo, el cual ya contiene las siguientes:

1. Los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal.

2. Aquella información que soliciten los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias.

3. Los supuestos previstos en el artículo 63 del Código Fiscal.

4. La información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

5. La información que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código Fiscal de la Federación.

6. Ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento

Como se pude observar el Código Fiscal establece supuesto de excepción al secreto fiscal, la intención sería incluir uno más para que tampoco operara en el caso de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Por último propongo una reforma al artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que la cancelación de los créditos no libera de su pago al contribuyente. Al respecto debemos recordar que las formas de extinción de un crédito son el pago, la dación en pago, la compensación, la condonación y la prescripción.

Nuestra legislación no reconoce otro medio de extinción de la obligación fiscal, en ese sentido la cancelación no es una forma de liberar de la obligación, pero sí la prescripción que con el simple transcurso de cinco años liberar al contribuyente de su obligación impositiva. En ese sentido, propongo establecer que la cancelación interrumpa el plazo de prescripción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se reforma el primer párrafo del artículo 69 y el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente forma:

ArtIculo Primero.-Se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 12

Los sujetos obligados que por cualquier motivo destinen a cualquier persona recursos públicos, quedan obligadas a informar sobre el uso y destino de los mismos. La recepción de recursos comprenderá cualquier beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal.

Transitorio

Artículo único.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al cumplimiento del presente decreto, el cual entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ArtIculo Segundo.- Se reforma el primer párrafo del artículo 69 y el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código, ni la información que, derivada de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión, ordene dar a conocer el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.

...

Artículo 146-A...

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago, por lo que se suspende la prescripción prevista en el artículo anterior.

Transitorio

Artículo único.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al cumplimiento del presente Decreto, el cual entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México Distrito Federal, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Javier Corral Jurado”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

[1] Comisión Nacional de Derechos Humanos. Propuesta de conciliación CNDH/2/2010/1825/Q. México D. F., a 6 de agosto de 2010.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por el C. Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de esta Mesa Directiva.

El conjunto de abusos cometidos contra migrantes es una constante en nuestro país, sin embargo, se llegó a un límite cuando se cometían por parte de las autoridades mexicanas contra mexicanos que regresaban del extranjero esporádicamente para visitar a sus familias o para establecerse nuevamente en territorio nacional.

Extorsiones, robos, agresiones, abusos, maltratos y prepotencia son algunas de las tantas vejaciones que se cometen hacia nuestros connacionales. Sin duda, una realidad vergonzosa que se presenta en la actualidad. De la indignación que generan estas conductas, nace la intención de proteger a nuestros connacionales cuando regresan al país y se presentan como potenciales víctimas de las autoridades y del crimen organizado.

Es así que sumando esfuerzos, en la década de los 80’s y 90’s, ante la inexistencia de una política migratoria, diversas organizaciones de migrantes en el exterior, así como un pequeño grupo de académicos y de estudiosos de la materia, impulsaron la creación de un programa de protección a migrantes.

Lo anterior implicó la implementación del Programa Paisano que remonta sus antecedentes al Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989.

El Programa Paisano en la actualidad opera bajo un esquema de trabajo multidisciplinario, es decir, cuenta con una Comisión Intersecretarial encargada de coordinar los esfuerzos de varias dependencias de la Administración Pública Federal y de otras autoridades, dirigidos a brindar información y atención.

Entres sus principales objetivos se encuentra el asegurar un trato digno y apegado a la ley, a través de información y difusión para el cumplimiento de obligaciones y derechos, la protección de su integridad física y patrimonial, capacitación a servidores públicos y sociedad civil, así como la atención y seguimiento a quejas y denuncias.

No obstante las buenas intenciones que plantean sus objetivos, es oportuno señalar que entre las deficiencias más marcadas del Programa Paisano se encuentran las siguientes:

- Falta de permanencia, ordenada por la ley.

- Aplicación de acciones y participación de autoridades de manera discrecional o potestativa.

- Falta de difusión y promoción.

- Falta de evaluación de resultados.

- Excesiva burocracia en los trámites que tienen que realizar los connacionales y altos precios de impuestos y pago de derechos.

- Se beneficia sólo a los mexicanos que cuentan con una situación migratoria regular.

Lo anterior, no implica necesariamente que el programa no funcione, por lo que es importante reconocer que en los últimos años se han realizado valiosas aportaciones de mejora. Sin embargo, resulta impostergable eliminar aquellas deficiencias en su operatividad.

Reconozco que existen muchos, muchos pendientes en materia migratoria y que para garantizar un efectivo cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Paisano se depende de numerosas acciones realizadas por autoridades federales y de los estados.

Sin embargo, considero que, en primer término, deben ser emprendidas desde la legislación.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esa Asamblea una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 18 y crea un Capítulo II, denominado Del Programa Paisano, al Titulo Quinto, De la Protección de los Migrantes que Transitan por Territorio Nacional, de la Ley de Migración.

La propuesta tiene como finalidad incluir con claridad en el texto de la Ley de Migración el reconocimiento de los lineamientos y acciones del Programa Paisano, garantizando que su operatividad sea permanente y que se elimine la discrecionalidad por parte de las autoridades involucradas en su funcionamiento, así como garantizar una asignación de recursos económicos desde la ley.

También se crea la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano que será presidida por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración.

Es cierto que en la actualidad ya existe dicha Comisión Intersecretarial, sin embargo, la presente propuesta brinda asistencia legal.

En materia de participación ciudadana, se brinda asistencia legal a los Observadores Paisano, y se incluye en la Comisión Intersecretarial la participación honorífica de personas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y académicos con la finalidad de que expongan sus conocimientos y experiencias.

Asimismo, será invitado permanente de la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Estoy seguro que la operatividad del Programa Paisano es de gran importancia, ya que contribuye a la unificación de las familias y a seguir estrechando los lazos culturales con nuestros connacionales. Asimismo, es preciso señalar que la visita de mexicanos radicando en el exterior genera una significativa derrama económica en el país y para sus familias, mejorando así su calidad de vida y oportunidades de desarrollo.

Finalmente, señor Presidente, toda vez que el Decreto se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, solicito a usted que se inserte íntegro el texto de la iniciativa, así como la intervención del suscrito, en el Diario de los Debates.

Por su atención, gracias.

Iniciativa

“El Suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXII Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, al tenor de la siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país el tratamiento del fenómeno migratorio desde una perspectiva de respeto y protección de los derechos humanos, es una visión relativamente reciente. En las décadas de los ochenta y noventa, ante la inexistencia de una política migratoria, diversas organizaciones de migrantes en el exterior, así como de un pequeño grupo de académicos y estudiosos en la materia, impulsaron la creación de programas de protección a migrantes.

No obstante la carencia de competencia que tenían varias autoridades mexicanas sobre los asuntos migratorios, el conjunto de abusos cometidos contra migrantes, rebasaron el límite cuando se cometían de parte de las autoridades mexicanas contra mexicanos que regresaban del extranjero esporádicamente para visitar principalmente a sus familias o para establecerse nuevamente en territorio nacional.

Extorsiones, robo, agresiones, abuso, maltrato y prepotencia son algunas de las tantas vejaciones que se cometen hacia los Paisanos; sin duda una realidad vergonzosa que se presenta en la actualidad. Precisamente de esa indignación, nace la intención de proteger a nuestros connacionales cuando regresan al país y se presentan como potenciales víctimas de las autoridades y del crimen organizado.

Los antecedentes del Programa Paisano se remontan al Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989.

El Acuerdo tenía por objetivos la generación de mayores divisas a través del turismo, el fomento a las exportaciones y la adecuada transportación de personas y mercancía, así como otorgar mayor seguridad al público usuario, un manejo honesto y eficiente de los bienes y recursos de la nación, la simplificación administrativa, la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios y el fomento de sistemas de quejas y denuncias, entre otras.

Curiosamente, aunque las bases del Acuerdo antes mencionado no hacían referencia expresa de atender la problemática de abusos cometidos contra connacionales, en su marcha se convirtió en el primer instrumento legal encaminado a la protección, asistencia y asesoría a los mexicanos que radican en el exterior. Dicho instrumento jurídico, en la actualidad es reconocido como el “Programa Paisano”.

No obstantelas acciones que actualmente se desarrollan en base al Programa Paisano, poco o nada tienen que ver que las bases jurídicas del Acuerdo.

Lo anterior no minimiza la obligación del Estado mexicano para con los miles de connacionales que a falta de oportunidades reales de desarrollo, buscan mejorar su calidad de vida y de sus familias en el extranjero, y que a pesar de la dificultades que enfrentan en su travesía son víctimas de las autoridades de su propio país.

Si bien, es importante reconocer que en los últimos años se han realizado valiosas aportaciones de mejora al Programa Paisano, la necesidad de crear mecanismos que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de nuestros connacionales, deben ser el impulso necesario para dotar de seguridad jurídica al Programa Paisano y mejorar las actuales condiciones en que opera.

El Programa Paisano en la actualidad opera bajo un esquema de trabajo multidisciplinario, es decir, cuenta con una Comisión Intersecretarial encargada de coordinar los esfuerzos de varias dependencias del Administración Pública Federal, y de otras autoridades, dirigidos a brindar la información y atención.

Entre sus principales objetivos se encuentra el asegurar un trato digno y apegado a la ley, a través de información y difusiónpara el cumplimiento de obligaciones y derechos, la protección de su integridad física y patrimonial, capacitación a servidores públicos y sociedad civil, así como la atención y seguimiento a quejas y denuncias.

Con base en los resultados más recientes, nos informa el Instituto Nacional de Migración que el “Operativo de Verano 2012” del Programa Paisano concluyó el pasado 31 de agosto, con la atención a más de 810 mil connacionales por 975 observadores voluntarios de la sociedad civil en 200 módulos y 145 puntos de observación.

En la reciente temporada se dio seguimiento a 88 quejas y 409 peticiones de ayuda. Además, se atendieron 5 mil 797 llamadas recibidas a través de los teléfonos gratuitos, 69 correos electrónicos, mil 835 casos de atención presencial y 11 casos de extorsión telefónica.

De igual forma, en la aplicación del Operativo de Verano fueron distribuidos 600 mil ejemplares de la Guía Paisano 2012 a través de la red consular de México en los Estados Unidos y Canadá, además de las representaciones del programa en las ciudades norteamericanas de Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Houston, Texas, así como en territorio nacional, a través de las Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración y de las instituciones estatales y municipales que colaboran con el programa.

Sin embargo, persisten las prácticas de abuso ycorrupción contra nuestros connacionales. La falta de información es una de las causas por las que se continúa a la baja de denuncias, situación que no permite identificar y evaluar con objetividad los resultados de los programas gubernamentales en cuanto a efectividad, eficiencia y transparencia.  

Entre las deficiencias más marcadas del Programa Paisano se encuentran las siguientes:

• Falta de permanencia por Ley;

• Aplicación de acciones y participación de autoridades de manera discrecional o potestativa;

• Falta de difusión y promoción;

• Falta de evaluación de resultados;

• Excesiva burocracia en los trámites que tiene que realizar los connacionales y altos precios de impuestos y pago de derechos;

• Se beneficia sólo a los mexicanos que cuentan con una situación migratoria regular.

Considerando lo anterior y ciertos del imperante clima de inseguridad que se vive en el país, el Estado mexicano está obligado a trabajar arduamente por la protección y seguridad de todos los mexicanos, quizá con mayor procuración por aquellos grupos vulnerables como los migrantes.

Así, se deben redoblar los esfuerzos humanos y materiales sea través de los programas gubernamentales de apoyo al migrante, coadyuvando con las autoridades migratorias, o bien apoyando lo suficiente a las organizaciones de la sociedad civil en esta importante labor.

La operatividad del Programa Paisano es de gran importancia, ya que contribuye a la unificación de las familias y a seguir estrechando los lazos sociales y culturales. Asimismo, es preciso señalar que la visitade mexicanos radicando en el exterior genera una significativa derrama económica para el país y para sus familias, mejorando así su calidad de vida y oportunidades de desarrollo.

Resultando impostergable la atención a lo anteriormente señalado, la presente iniciativa tiene como propósito incluir con claridaden el texto de la Ley de Migración, el reconocimiento de los lineamientos y acciones del Programa Paisano, adicionando una fracción al artículo 18, y creando un Capítulo II, denominado Del Programa Paisano, al Título Quinto de la mencionada Ley.

Entre los beneficios de la propuesta destaca la permanencia en la aplicación del Programa y el combate a la discrecionalidad por parte de las autoridades involucradas en su funcionamiento, así como en garantizar una asignación de recursos económicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona una fracción al artículo 18 y se crea un Capítulo II, denominado Del Programa Paisano, al Título Quinto, De la Protección a los Migrantes que Transitan por Territorio Nacional, de la Ley de Migración:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 18 y se crea un Capítulo II, denominado Del Programa Paisano, al Título Quinto, De la Protección a los Migrantes que Transitan por Territorio Nacional, de la Ley de Migración, para quedar como siguen:

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. …

II. Coordinar e Instrumentar el Programa Paisano a través del Instituto Nacional de Migración;

III. a IX. …

TITULO QUINTO

DE LA PROTECCION A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN

POR EL TERRITORIO NACIONAL

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO SEGUNDO

DEL PROGRAMA PAISANO

Artículo 77. El Programa Paisano es el conjunto de acciones permanentes encaminadas a garantizar la protección de personas mexicanas residentes en el extranjero, que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación.

El Programaoperará durante todo el año y se intensificarán las acciones señaladas en el artículo 78 durante los operativos especiales de verano, fin de año y en periodos vacacionales.

Artículo 78. El Programa tendrá entre sus principales acciones:

I. Proporcionar información sobre los derechos y obligaciones de las personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

II. Proteger la vida, libertades, integridad física y patrimonial de las personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

III. Respetar los derechos humanos de las personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

IV. Sensibilizar y capacitar a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de derechos humanos y de migración;

V. Erradicar, prevenir y sancionar las prácticas de maltrato, abuso, extorsión, robo, corrupción y prepotencia contra personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

VI. Atender a las personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación, víctimas del delito;

VII. Brindar orientación, asistencia y asesoría jurídica a las personas mexicanas que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

VIII. Establecer las bases de coordinacióno la celebración de convenios con las Entidades Federativas y el Distrito Federal;

IX. Difundiry promover el Programa Paisano;

X. Incluir a la sociedad civil en la aplicación del Programa;

XI. Promocionar el regreso de personas mexicanas que residen en el extranjero;

XII. Facilitar los trámites y gestiones necesarios para permitir un ingreso, transito y salida del territorio nacional sin dificultades.

XIII. Gestionar con las autoridades correspondientes, la reducción en la cuantía de los impuestos y derechos dirigidos a las personas mexicanas que residen en el extranjero que ingresan, transitan y salen del territorio nacional por cualquier tipo de motivación;

XIV. Presentar un informe anual sobre los resultados del Programa;

XV. Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Para la realización de las siguientes acciones, se crea la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano.

La Comisión Intersecretarial del Programa Paisano estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Instituto Nacional de Migración, cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Gobernación; c) Secretaría de Relaciones Exteriores; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de la Función Pública; f) Secretaría de Seguridad Pública; g) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; h) Secretaría de Salud; i) Secretaría de Turismo; j) Secretaría de Economía; k) Secretaría de Educación Pública; l) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; m) Procuraduría General de la República, y las dependencias y entidades públicas que se consideren necesarias, de acuerdo con la materia.

Artículo 79. La Comisión Intersecretarial del Programa Paisano invitará a las personas, instituciones, representantes de la sociedad civil y académicos, que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de las acciones del Programa. Dicha participación será con carácter honorífico.

Asimismo, será invitado permanente de la Comisión el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Artículo 80. La Comisión Intersecretarialimplementará un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa.

Los resultados obtenidos serán considerados en el informe anual del Programa.

El informe anual se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Instituto Nacional de Migración, para su consulta.

Artículo 81. La Cámara de Diputados establecerá las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del Programa.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.- La Comisión Intersecretarial a la que se refiere el artículo 79 se instalará en el término de diez días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, con la participación de personas, instituciones, representantes de la sociedad civil, académicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 76, 78 y 89 constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 76, FRACCION II; 78, FRACCION VII Y 89, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Buenos días, compañeras y compañeros Senadores de la República; con la venia de la Mesa Directiva:

Hoy vengo a esta tribuna para proponer a ustedes una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII y 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr algo en lo que creo la mayoría de ustedes van a coincidir con su servidor, en que el nombramiento de el o la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Canciller, como popularmente se le conoce a ese cargo, sea propuesta del Ejecutivo Federal, pero deba ser ratificado por este Cuerpo Colegiado.

Esa es la propuesta que en síntesis vengo a formular a esta Cámara.

Y quisiera hacerles unas reflexiones al respecto para poder profundizar en el tema en esta presentación.

No vengo a retomar el viejo debate de si los Secretarios de Estado o si aquellos funcionarios que son facultad exclusiva del Presidente de la República deban ser todos sometidos a la aprobación o autorización de la Cámara de Senadores, de la de Diputados o del Congreso en general; no quisiera rescatar ese viejo debate porque creo que en el caso de Relaciones Exteriores hay fundamento y argumentos en concreto que nos pueden ayudar a salvar este debate.

Pero sí quisiera recordar lo que ha ocurrido en la historia. En 1814, la Constitución de Apatzingán otorgaba al Congreso la facultad para que al inicio del periodo de gobierno nombrara a todos los secretarios del supremo gobierno; con la Constitución del ´57, se otorgó al presidente la facultad y obligación de nombrar, previa aprobación del Congreso, a los ministros, entre otros funcionarios, actualmente nuestra Carta Magna contempla la figura ya de ratificación de algunos de los funcionarios por parte del Senado, pero no considera a los Secretarios de Estado, y aquí quiero hacer un paréntesis.

Si bien académicamente pudiéramos llegar a pensar que la ratificación de un nombramiento por parte de otro poder distinto que la Constitución le da la facultad exclusiva y específica de nombramientos de funcionarios pudiera ser una injerencia en los asuntos de este poder, o sea, una invasión de un poder en otro poder, si bien eso se pudiera llegar a pensar creo que ha habido ciertas circunstancias, y así lo ha considerado el legislador federal en las que debe de haber una participación y una colaboración estrecha entre los Poderes de la Unión.

Para los que son abogados, y recuerden sus viejas clases de Derecho Administrativo, recordarán aquellos famosos actos administrativos, o actos públicos denominados actos de temperamento, temperamento que administrativamente y en política significa la coadyuvancia, la colaboración o la participación de más de un poder en este acto.

Es así como hoy con razones muy específicas, que explico ampliamente en el texto de la iniciativa, y que seguramente la tienen en la Gaceta Parlamentaria y quedará registrado en esta Asamblea, hoy vengo a pedirles su anuencia para que apoyen esta iniciativa en virtud de que la política exterior no fue considerada por el legislador federal como exclusiva para el Presidente de la República, si bien tiene a su cargo la directriz, la dirección de la política internacional de este país, el propio legislador le ha considerado al Senado facultades, y por eso somos nosotros quienes aprueban las decisiones del Ejecutivo en tratándose de los acuerdos y tratados internacionales.

Por ello, creo que aquí debemos de dar un avance, y con esto dejo a la consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado la idea de que el Canciller, su nombramiento sea aprobado por el Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Senador Omar Fayad Meneses, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 76 fracción II, 78 fracción VII y 89 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el nombramiento del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea aprobado por el Senado de la República a propuesta del Presidente de la República al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

El tema del nombramiento de los secretarios de estado, ha sido una constante en la historia del México Independiente, confrontando los argumentos de si debe ser una facultad exclusiva del Presidente de la República para evitar la injerencia de alguno de los otros poderes en respeto de la división de funciones que entre estos existe, o bien que para garantizar la idoneidad de quien es nombrado para el cargo, debe sujetarse a la revisión de alguno de los otros poderes, máxime del Poder Legislativo como representante de la Nación y del pueblo.

Desde la Constitución de Apatzingán de 1814 en la que se otorgaba al Congreso al inicio del período de gobierno la facultad para nombrar a los secretarios del Supremo Gobierno, se vislumbraba una postura tendente a mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión,

Es en la Constitución de 1857 cuando se otorgó al presidente como facultad y obligación previa aprobación del Congreso el nombrar a sus ministros entre otros funcionarios, para que con las reformas de 1874 y el regreso del sistema bicamaral, se dotara al Senado con la Facultad exclusiva para ratificar los cargos mencionados, como se señala en el estudio del CEDIA de la Cámara de Diputados.1

En la constitución vigente, se mantiene la postura de la ratificación por parte del Senado de algunos cargos como los de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, excluyendo los Secretarios de Estado, cuyo nombramiento y remoción, sigue siendo por decisión unilateral por parte del Presidente de la República.

Si bien han existido diversos proyectos de iniciativa para romper con este esquema y que se contemple la ratificación de los secretarios de estado por parte del Senado de la República o por la Cámara de Diputados, éstas por regla general contemplan que dicha ratificación contemple a la totalidad de las dependencias, situación que dificultaría enormemente que el Ejecutivo desempeñara sus funciones.

La diferencia en este caso en concreto, se particulariza en la Secretaría de Relaciones Exteriores,en razón, que a diferencia de la mayoría de las otras secretarías, las facultades que tiene en materia de política exterior sevinculan estrechamente con las que tiene el Senado en el mismo campo.

No hay duda que la política exterior, debe ser dirigida por el Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federales muy clara al respecto, al señalar en el artículo 28 como parte de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

a) El realizar las distintas actividades encaminadas a conducir la política exterior, para lo que podrá intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte y

b) Las relacionadas con el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos, velando por el buen nombre de México, los que tengan relación con la protección de los mexicanos y aplicar las medidas tributarias y manejo de las propiedades en el extranjero.

Pero que ante lo delicado de estos temas,se consideró en la parte teleológica de la Constitución, la necesidad de que las facultades del Presidente y del encargado del despacho del ramo, gozaran de un contrapeso, por ello en la propia Constitución se plasmó en la fracción I del artículo 76, como facultades exclusivas del Senado:

a) Primero el análisis de la política exterior, partiendo de los informes que al respecto deben rendir al Congreso cada año, tanto el presidente como el titular de la secretaría y

b) La aprobación de los tratados internacionales y convenciones que el Ejecutivo Federal suscriba, e incluso para dotar de mayor alcance la intervención del Senado en el tema, también debe aprobar las decisiones presidenciales para terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular las declaraciones que emanen de su interpretación.

Ante todo esto, la relación entre el Congreso representado por el Senado y el Ejecutivo representado por el titular del despacho, deben mantener una relación de cooperación que si bien no tiene porque ser empática ni pretender quela toma de decisiones se dé más por razones emotivas que pragmáticas; si deben estar sustentadas en una relación armónica que permita el sano debate para lograr los objetivos que se persigan en nuestras relaciones con el exterior.

De nada sirve a los intereses de la nación que quien representa a la Secretaría de Relaciones Exteriores y los senadores, estén en continua confrontación en vez de buscar el cumplimiento de los objetivos de la política exterior, como tampoco sirve un secretario de estado alejado de la relación que debe privilegiar con el Senado de la República y que sólo aparezca en las glosas del informe para evadir respuestas de temas trascendentales, para cumplir con el trámite o para disimular la incompetencia y pocos conocimientos del área de su especialidad.

Para subsanar estos vicios, es indudable que está relación armónica y de sana cooperación debe surgir desde el inicio del encargo, es por ello que en éste, deben interactuar las dos fuerzas que regularán el rumbo de tan importante secretaría; primero, el Ejecutivo seleccionando a quien considere debe ostentar tal papel y segundo, el Senado revisando el nombramiento y aprobándolo una vez que haya verificado que éste realmente recaiga en la persona ideal que cuente con conocimientos, experiencia y las cualidades que se requieren para el alto honor que conlleva el representarnos ante los demás países.

En conclusión, si la revisión de la política exterior, la regulación de las leyes domésticas y la aprobación de los instrumentos que van a regir las relaciones con otros Estados, es una facultad exclusiva del Senado, con mayor razón lo debe ser el aprobar el nombramiento de la persona que va a aplicar las reglas y dirigir el cumplimiento de sus objetivos.

Todo esto motivala presente iniciativa que propone reformar los artículos 76 fracción II, 78 fracción VII y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el nombramiento del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea aprobado por el Senado de la República a propuesta del Titular del Ejecutivo.

Por lo anterior expuesto, someto a ésta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 fracción II, 78 fracción VII y 89 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 76 fracción II, 78 fracción VII y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. (…)

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, del Secretario de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. (…)

II. (…)

III. (…)

IV. (…)

V. (…)

VI. (…)

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga del Secretario de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. (…)

II. (…)

III. Nombrar, con aprobación del Senado, al Secretario de Relaciones Exteriores, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

TRANSITORIOS

Artículo Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Omar Fayad Meneses”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Fayad Meneses. En su oportunidad, se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 95 y 99 constitucionales.

1 GAMBOA MONTEJANO, Claudia, VALDÉS ROBLEDO, Sandra, Ratificación de Gabinete.Estudio Teórico Conceptual de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la materia, Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, LXI Legislatura, México, 2010, pp. 5-6.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 95, FRACCION VI Y 99, PARRAFO DOCE DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los CC. Senadores Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con el permiso del señor Presidente, los integrantes de la Mesa Directiva; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Como cada proceso electoral, con las características del que recientemente ha concluido, una primera conclusión que sobresale por obvia, es que hay mucho que perfeccionar en materia de normativa electoral, en otras palabras, además de ocuparnos en temas tan importantes, como discutir una auténtica reforma laboral, o una fiscal, o hasta una económica, es trascendental avanzar en lo que en su momento deberá constituirse como la quinta generación de reformas electorales.

Parte de estas reformas que les propongo, es la iniciativa que hoy presento y que también suscriben los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD.

Compañeras y compañeros Senadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha experimentado en los últimos 20 años, un acelerado crecimiento en sus atribuciones. Atrás ha quedado aquel tribunal que surgió como un órgano administrativo en 1987, para convertirse ahora en el máximo órgano jurisdiccional en la materia. Las experiencias de los distintos procesos electorales han permitido realizar diversas reformas con el objeto de consolidar este órgano judicial.

En un principio, la historia de las instituciones electorales ha estado marcada por su particular cercanía con el poder. Durante muchos años el órgano electoral administrativo estuvo cooptado por el Ejecutivo, de igual forma los órganos jurisdiccionales se encontraban sujetos a un fuerte vínculo con el poder público.

La reforma de 1997, trató de remediar esta situación al otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral e incorporando al entonces Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación.

No obstante, el poder público y fáctico ha encontrado en la ambición, una de las mejores formas de presionar y minar la autonomía e independencia de estos órganos.

Por ello, la iniciativa que hoy presentamos tiene como objeto primordial fortalecer la imparcialidad e independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la actualidad, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral resuelve, a través de sus salas, de forma definitiva e inatacable lo siguiente: impugnaciones en las elecciones federales de Diputados y Senadores, sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puede declarar también la nulidad de una elección, conoce de las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, también de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, resuelve también las controversias que surjan durante los mismos, resuelve las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales, puede resolver sobre la no aplicación de leyes que estimen contrarias a la Constitución y es una de sus facultades más relevantes; los Magistrados de la Sala Superior realizan el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y realizan la declaración de validez de la elección de Presidente Electo.

Esta exposición de atribuciones, compañeras y compañeros Senadores, pone de manifiestola relevancia jurídica y política que este órgano jurisdiccional ha adquirido. Por ello, y una vez concluido el reciente proceso electoral, es momento de avanzar en las reformas que garanticen su plena autonomía e independencia, que le permitan asumir su papel como tribunal constitucional. El papel de los tribunales constitucionales no es menor, como bien lo señala el juez Aharon Barak, la principal preocupación de un tribual constitucional en una democracia no es corregir los errores individuales cometidos en las sentencias de los tribunales inferiores. Ese es el trabajo de los tribunales de apelación.

La principal preocupación del tribunal constitucional debe ser la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Esta acción correctiva se debería enfocar en dos problemas principales: cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger la democracia.

En este sentido, dada la relevancia de las funciones del Tribunal Electoral se debe elegir con amplio sentido de la responsabilidad y el cuidado a sus integrantes, protegiendo la independencia e imparcialidad de este órgano y estableciendo una sana división de poderes dentro de un estado constitucional y democrático.

Actualmente, la mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral ven a este órgano como una escala momentánea que los puede llevar a otros estadios del poder público, como es bien sabido, algunos medios de comunicación dan cuenta de esto, algunos Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han realizado los cabildeos para lograr un lugar en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme al artículo 96 constitucional, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son elegidos con base en la terna que presenta el Presidente de la República y que somete a la consideración del Senado.

Esta situación, sin duda, afecta el principio de autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos integrantes de la Sala Superior o de cualquier órgano jurisdiccional. Me pregunto yo y nos preguntamos los ponentes, ¿cómo puede un juez resolver, con independencia, la validez de la elección Presidencial, si esa misma persona es la que tiene la facultad de proponer la designación de los Ministros de la Corte?

Por ello, y con la finalidad de evitar que los poderes usen y abusen de las aspiraciones, sin duda legitimas en algunos casos, de quienes aspiran a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario promover una reforma que homologue a los Magistrados de la Sala Superior con los Ministros de la Corte, y que la designación como Magistrado de la Sala Superior, constituya el punto límite de la carrera judicial, como en el caso de quienes integran la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto, compañeras y compañeros, se garantiza la independencia y autonomía en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se reconoce la especialización y la carrera judicial de los magistrados que ocupan el más alto cargo jurisdiccional en la materia.

Con esto se evitará, sin duda, la presión que implica contar con el apoyo de quienes son, por un lado, parte en un proceso electoral, y por el otro, quienes en un futuro tomarán la decisión de designar en un nuevo cargo al servidor público que ahora los juzga.

Por lo antes expuesto, es que sometemos a consideración de esta Soberanía la reforma a los artículos 95 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quienes suscriben Angel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artIculo 95 fracciOn VI y 99 pArrafo doce de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha experimentado en los últimos veinte años, un acelerado incremento en sus atribuciones. Atrás ha quedado aquel tribunal que surgió en 1987 como un órgano administrativo, para convertirse ahora en el máximo órgano jurisdiccional en la materia. Las experiencias de los distintos procesos electorales y la memoria histórica, han permitido realizar diversas reformas con el objeto de consolidar este órgano judicial.

La historia de la evolución de las instituciones electorales, ha estado marcada por su particular cercanía al poder. Durante muchos años el órgano electoral administrativo estuvo cooptado por el Ejecutivo y el Partido Revolucionario Institucional, como partido hegemónico, de igual forma los órganos jurisdiccionales mantenían una firme correa de transmisión de los designios del poder público.

La reforma de 1997, trató de remediar esta situación al otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral e incorporar al Poder Judicial Federal al entonces Tribunal Federal Electoral.

No obstante, el poder (político y fáctico) ha encontrado en la ambición, uno de las mejores formas de presionar y minar la autonomía e independencia de estos órganos.

En la actualidad de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Conforme a la ley, el Tribunal Electoral resuelve de forma definitiva e inatacable a través de sus Salas: impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puede declarar la nulidad de una elección, conoce de las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, resuelve las controversias que surjan durante los mismos, resuelve las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político electorales, puede resolver sobre la no aplicación de leyes que estimen contrarias a la constitución y una de sus funciones más relevantes; los Magistrados de la Sala Superior realizan el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y realizan la declaración de validez de la elección de Presidente Electo.

La exposición general de atribuciones que hicimos en el párrafo precedente, pone de manifiesto la relevancia jurídica y política que este órgano jurisdiccional ha adquirido. Por ello y una vez concluido el reciente proceso electoral, es momento de avanzar en las reformas que garanticen su plena autonomía e independencia, que le permitan asumir su papel como Tribunal Constitucional.Como lo señala el Juez Haron Barak: La principal preocupación de un tribunal constitucional en una democracia no es corregir los errores individuales cometidos en las sentencias de los tribunales inferiores. Ese es el trabajo de los tribunales de apelación.

La principal preocupación del tribunal constitucional es la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Esta acción correctiva se debería enfocar en dos problemas principales: cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger la democracia.1

En este sentido, dada la relevancia de las funciones del Tribunal Electoral se debe elegir con amplio sentido de la responsabilidad y cuidado a sus integrantes, en aras de proteger la independencia de este órgano y establecer una sana división de poderes en un Estado Constitucional y Democrático.

La mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral ven a este órgano como una escala momentánea que los puede llevar a otros estadios del poder público como es bien sabido, algunos medios de comunicación dan cuenta que algunos Magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF han realizado los cabildeos para lograr un escaño en el Máximo Tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme al artículo 96 constitucional, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son elegidos con base en la terna que presenta el Presidente de la República y que somete a consideración del Senado.

Esta situación, sin duda afecta el principio de autonomía, independencia e imparcialidad de los integrantes de la Sala Superior o de cualquier órgano jurisdiccional ¿Cómo puede un juez resolverse con independencia la validez de la elección Presidencial, si esa misma persona es la que tiene la facultad de proponer la designación de los Ministros de la Corte?

Por ello, y con la finalidad de evitar que los poderes usen y abusen de las aspiraciones (legitimas en algunos casos) de quienes aspiran a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario promover una reforma que homologue a los Magistrados de la Sala Superior (a partir de la nueva integración) con los Ministros de la Corte, y que la designación como Magistrado de la Sala Superior, constituya el punto límite de la carrera judicial, como en el caso de quienes integran la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto se evitará sin duda, la presión que implica contar con el apoyo de quienes son por un lado parte en un proceso y por otro, quienes tomarán la decisión de designar en un nuevo cargo al mismo servidor público que ahora los juzga.

Por lo antes expuesto, es que sometemos a consideración de esta Soberanía la reforma a los artículos 95 fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Texto actual

Propuesta de reforma

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:

VI. No haber sido Secretario de Estado Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 99…(párrafo 12)

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Artículo 99…(párrafo 12)

Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo quince años improrrogables y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber de retiro. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Ninguna persona que haya sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 95 fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución

UNICO.- Se reforma el artículo 95 fracción VI, 99 párrafo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita:

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

...

Artículo 99.-

(párrafo doce)

Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo quince años improrrogables y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber de retiro. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Ninguna persona que haya sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Suscriben

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de nuestra Constitución.

1 BARAK Aharon, Un Juez Reflexiona sobre su labor: El papel de un tribunal constitucional en una democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2009.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4°. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Uno de los debates más importantes en la conquista de los derechos humanos durante el siglo XX ha sido sin duda la lucha por la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Los antecedentes doctrinales de este debate se remontan al año de 1787 con ideas del Marqués de Condorcet, quien en sus teorías evidenciaba que la violación al principio de igualdad se daba al otorgar a la mitad del género humano un trato discriminatorio, reclamando con ello el reconocimiento del papel social de las mujeres.

Durante los siglos XIX y XX la lucha de las mujeres fue por conseguir la igualdad jurídica. Igualdad basada en el acceso a instituciones y derechos que durante siglos les han sido limitados, o nos han sido limitados, como lo fue el derecho al sufragio por tan sólo mencionar un caso.

La lucha por la igualdad, por lo tanto, lleva siglos, y como bien señala el Jurista Luigi Ferrajoli, son derechos que han sido establecidos en distintas constituciones como resultado de luchas que han roto el velo de la normalidad y la neutralidad que ocultaba una precedente opresión o discriminación a los derechos.

Ese velo de normalidad caracterizado por la dominación masculina que va desde las estructuras sistémicas patriarcales, las mujeres hemos sido esclavas, servidumbre, desfiguradas, cosificadas, invisibilizadas, criminalizadas o desaparecidas de la historia de la humanidad y solo presentes excepcionalmente, y no en pocas ocasiones su reconocimiento público "asidas" de la mano de los hombres, en franca devaluación de su dignidad y de sus propios méritos y capacidades. En las discusiones para establecer los derechos fundamentales, sólo enumero algunos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, a no tener malos tratos o tortura, contra la esclavitud, contra el racismo, los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, los derechos laborales, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, entre otros, se confirma la tesis de la ley del más débil como lo describe Luigi Ferrajoli, es decir, los derechos fundamentales como la alternativa a la ley del más fuerte. Los derechos son siempre leyes del más débil, frente a quien es más fuerte económicamente, de quien es más fuerte militarmente, frente a quien detente el poder, etcétera. Es así que entre los diversos grupos sociales: los campesinos, los indígenas, los obreros, las personas interraciales, en condiciones de esclavitud o servidumbre, entre otros, y que en las actuales políticas asistencialistas se les define como los grupos vulnerables, se incluyen a las mujeres y posteriormente a las personas víctimas de otras condiciones de discriminación, como son: por edad, por religión, por raza, por discapacidad, preferencia u orientación sexual. Las mujeres, quienes como parte de la humanidad somos un poco más de la mitad de la población del planeta.

Por tanto, uno de los grandes desafíos para la democracia de nuestro tiempo es que siendo reconocidos los derechos civiles y políticos de las mujeres de manera formal, los espacios de poder y de decisión sigan estando ocupados en su inmensa mayoría por hombres.

Es precisamente en el aspecto de los ordenamientos jurídicos en donde las mujeres hemos recibido un trato jurídico discriminatorio, lo que hizo que en muchas constituciones modernas se estableciera expresamente un principio de igualdad de derechos, del cual cada constitución no fue ajena. En México, por supuesto, los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron argumento en las reformas de los artículos 34 y 35 en la Constitución de 1953.

En 1974 se establece en nuestro texto constitucional el principio de que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Sin embargo, nuestra legislación ha tardado muchos años en hacer realidad este mandato constitucional, de hecho mucha de nuestra legislación, sobre todo en el ámbito local, contiene una gran cantidad de preceptos discriminatorios contra las mujeres.

El principio de igualdad tiene además su fundamento en un importante número de instrumentos internacionales signados, aprobados por este Senado de la República. Puedo mencionar entre ellos la Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres, La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, el Pacto Sobre Derechos Civiles y Políticos, o también podemos mencionar los acuerdos que se han instrumentado, por ejemplo, en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, en la CEPAL, conocido como el consenso de Quito. O bien, la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, realizada en 2010, en Brasilia, conocido como el consenso de Brasilia de la CEPAL.

Hoy estamos frente a la posibilidad de que iniciemos en esta legislatura y lograr lo que muchos países han logrado en la región y en el mundo. Es decir, seguir logrando las reformas estructurales que lleven a las mujeres y a los hombres a tener una igualdad sustantiva y efectiva.

Por eso, hoy presentamos la iniciativa al artículo 4o. constitucional, en donde se incluye este principio fundamental. Y solamente quiero referir ante este Senado, los méritos que tienen en esta iniciativa los transitorios, que en cada uno de ellos estamos planteando distintos procesos graduales y progresivos para garantizar que este principio efectivamente pueda trascender estructuralmente a todo el país.

Es cuanto.

Agradezco a todos ustedes su atención.

Iniciativa

“La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA ESTABLECER LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EFECTIVA), al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los debates más importantes en la conquista de los derechos humanos durante el siglo XX ha sido sin duda la lucha por la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Los antecedentes doctrinales de este debate se remontan al año de 1787 con las ideas del Marqués de Condorcet quien en sus teorías manifestaba que la más obvia y evidente violación al principio de igualdad se daba al otorgar a la mitad del género humano un trato discriminatorio, reclamando con ello el reconocimiento del papel social de la mujer.

Durante los siglos XIX y XX la lucha de las mujeres fue por conseguir la igualdad jurídica. Igualdad basada en el acceso a instituciones y derechos que durante siglos les habían sido limitadas, como lo fue el derecho al sufragio por tan solo mencionar un caso.

Como podemos observar, la lucha por la igualdad lleva varios siglos, y como bien señala el Jurista Luigi Ferrajoli son derechos que han sido establecidos en distintas constituciones como resultado de luchas que han roto el velo de la normalidad y la neutralidad que ocultaba una precedente opresión o discriminación a los derechos.1

Al respecto ha señalado que:

“…en la historia, toda conquista de derechos, todo progreso de la igualdad y de lasgarantías de la persona, ha sido determinada por el desvelamiento de una discriminación o de una opresión de sujetos débiles o distintos, que se tornó en cierto punto intolerable: la persecución de los herejes y la lucha por la libertad de conciencia al inicio de la edad moderna, más tarde la de los disidentes políticos y las batallas por la libertad de prensa y de opinión; más tarde la explotación del trabajo obrero y las luchas sociales por los derechos del trabajador; más tarde, aún, la opresión y la discriminación contra las mujeres y las batallas por su emancipación y liberación. Siempre, en un determinado momento, el velo de “normalidad” que ocultaba las opresiones de los sujetos débiles ha sido desgarrado por sus luchas y reivindicaciones”2

En ese velo de normalidad caracterizado por la dominación masculina que va desde las estructuras sistémicas patriarcales, las mujeres hemos sido esclavas, servidumbre, desfiguradas, cosificadas, invisibilizadas, criminalizadas o desaparecidas de la historia de la humanidad y solo presentes excepcionalmente, y no en pocas ocasiones su reconocimiento público “asidas” de la mano de los hombres, en franca devaluación de su dignidad y sus propios méritos y capacidades. En las discusiones para establecer los derechos fundamentales (derecho a la vida, derechos a la libertad, a no tener malos tratos o tortura, contra la esclavitud, contra el racismo, los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, los derechos laborales y el derecho a decidir sobre su cuerpo, entre otros), se confirma la tesis de la ley del más débil como la describe el propio Ferrajoli, es decir, los derechos fundamentales como la alternativa a la ley del más fuerte. Los derechos son siempre leyes del más débil, frente a quién es más fuerte económicamente, de quién es el militarmente más fuerte, etcétera. Es así que entre los diversos grupos sociales –los campesinos, los indígenas, los obreros, las personas inter raciales, en condiciones de esclavitud o servidumbre, entre otros, y que en las actuales políticas asistencialistas se les define como los grupos vulnerables, se incluyen a las mujeres y posteriormente a las personas víctimas de otras condiciones de discriminación –por edad, religión, raza, discapacidad, preferencia u orientación sexual. Las mujeres, quienes como parte de la humanidad somos un poco más de la mitad de la población del planeta.

En ese sentido Marcela Lagarde3 ha señalado que:

“Nuestro mundo es dominado por los hombres, en él, las mujeres, en distintos grados, son expropiadas y sometidas a opresión de manera predeterminada. En este orden se apuntala a los hombres como dueños y dirigentes del mundo en todas las formaciones sociales... Desde luego el principio básico de acumulación de poder de dominio es el derecho de los hombres a expropiar a las mujeres sus creaciones, sus bienes materiales y simbólicos y en definitiva sus personas. El mundo resultante es de asimetría vital entre mujeres y hombres, desigual, injusto y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y homófobo.”

Por tanto, uno de los grandes desafíos para la democracia de nuestro tiempo es que siendo reconocidos los derechos civiles y políticos de las mujeres de manera formal, los espacios de poder y de decisión sigan estando ocupados en su inmensa mayoría por hombres.

Es precisamente en el aspecto de los ordenamientos jurídicos en donde las mujeres hemos recibido un trato jurídico discriminatorio lo que hizo que muchas constituciones modernas se estableciera expresamente un principio de igualdad de derechos, del cual nuestra Constitución no fue ajena. En México los preceptos de la Declaración Universal fueron argumento en las reformas a los artículos 34 y 35 de la Constitución federal emprendidas en 1953 para el reconocimiento de que mujeres y hombres -entonces mayores de 21 años- son ciudadanos y por tanto la Constitución les reconoce entre otras prerrogativas, el votar y ser objeto de votación. Entre los argumentos esgrimidos por el Congreso Constituyente para aprobar estas reformas, se menciona que el país avanza hacia una democracia plena.

Es en 1974 que se establece en nuestro texto constitucional el principio de que “el varón y la Mujer son iguales ante la Ley”. Sin embargo nuestra legislación ha tardado muchos años en hacer realidad ese mandato constitucional, de hecho mucha de nuestra legislación contiene un buen número de textos discriminatorios hacia la mujer.

El principio de igualdad tiene además su fundamento un número importante en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos entre los podemos mencionar la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, (CEDAW por sus siglas en inglés).

La CEDAW al igual que el Pacto Sobre Derechos Civiles y Políticos han sido aprobados por México como Estado Parte, por lo que existe una obligación por parte del Estado Mexicano frente a los que no debería haber excusa para su cumplimiento irrestricto.

A pesar de que el Estado Mexicano ha ratificado un número importante de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y los importantes avances de nuestra legislación, aún no se resuelven los obstáculos que han impedido que “esa igualdad” se ejerza, sin cortapisas, de manera real e irrestrictamente, por parte de las mujeres, entre otras cuestiones, porque no hay en su análisis lo que Marcela Lagarde identifica como el obstaculizador de orden patriarcal, su sentido de ser, su perpetuación desde todas las instituciones (gubernamentales, no gubernamentales, sociales, culturales, familiares, ideológicas, religiosas, medios de comunicación, etcétera) y que se expresan por la preeminencia, dominio y control por parte de un sexo sobre el otro por la condición del género; esto acontece tanto desde los espacios formales como simbólicos, y prevalece en las instituciones del Estado -léase congresos, partidos políticos, instituciones gubernamentales, organismos autónomos, sindicatos o cualquier órgano de toma de decisiones- una simulación en el cumplimiento de la ley fundamental y lo que ha denominado Alda Facio como la discriminación indirecta, que dificulta la participación de las mujeres de manera igualitaria en tratos y oportunidades que los hombres.

Así lo han señalado los acuerdos y las recomendaciones internacionales, entre la que destaca la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador de la CEPAL en 2007, o consenso de Quito que refiere en uno de sus considerandos que:

17. Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres,

Entre sus acuerdos se destacan los siguientes:

ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas ;

iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en la región, garantizando y estimulando su participación y valorando su función en el ámbito social y económico y en la definición de las políticas públicas y adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación.

viii) Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado;

ix) Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones;

Otro de los acuerdos internacionales de mayor importancia son los resultados de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL realizada del 13 al 17 de julio de 2010 en Brasilia, Brasil (consenso de Brasilia), en el cual se reafirma que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Asimismo que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales.

Entre los acuerdos del Consenso de Brasilia se pueden destacar los siguientes:

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder.

a) incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público,

b) adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe con una perspectiva étnico racial;

c) contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales y regionales,

d) promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garantice el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido;

e) estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y fortalecer entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral;

f) impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres a nivel nacional y subnacional, dotándolos de los recursos necesarios y de la más alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacionales;

g) promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el Parlamento del MERCOSUR, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano;

h) impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres;

i) crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas propias;

h) Impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres.

Como podemos observar, las referencias existentes en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres son enriquecedoras.

Por tanto la iniciativa que a nombre de mi Grupo Parlamentario presento a esta Soberanía, propone establecer en el artículo 4º de la Constitución los principios de la igualdad sustantiva y efectiva, a efecto de que estos principios se conviertan en el eje rector que garanticen de manera igualitaria el acceso de mujeres y hombres no sólo a los cargos de representación popular, sino también en todos aquellos órganos colegiados de toma de decisiones de los Poderes de la Unión, en los órganos de la administración pública de los tres niveles de gobierno, en los órganos de la administración centralizada o paraestatal y en los organismos dotados de autonomía constitucional o cualquier otro del ámbito privado.

Por igualdad sustantiva debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres.

Autoras como Alda Facio han señalado al respecto:

“…la igualdad de la que nos habla la CEDAW podría considerarse un rompimiento paradigmático en la ciencia y filosofía jurídica. En este paradigma emergente la igualdad no sólo es la conjugación de los tres principios de no discriminación, igualdad de resultados y obligación estatal, sino que estos mismos principios la sitúan en el campo del deber ser y esto tiene consecuencias enormes para el Derecho: ya no se parte de una declaración de igualdad como un dato fáctico ya consumado lo que quiere decir que la igualdad ante la ley que garantizan todas nuestras constituciones debe ser interpretada como una obligación jurídica de adoptar cuantas medidas sean necesarias para que haya igualdad. Tampoco es ya indicado dicotomizar entre la igualdad de facto y la jure porque si la igualdad es una meta, ambas son necesarias para lograr la igualdad como resultado de varias acciones estatales. Tampoco se puede ya erigir aun tipo de ser humano como al que hay que ser igual a, ni importa si las diferencias entre mujeres y hombres son construidas o innatas porque la igualdad como valor implica que en lo que somos iguales es en nuestra humanidad y no en los datos biológicos, materiales o de cualquier otra índoles y por ende, la obligación estatal es tomar todas y cada una de las medidas que sean necesarias para que ninguna ley, ninguna política, ningún plan, ni ninguna acción resulte en discriminación contra una mujer”.

Con relación al principio de igualdad efectiva, podemos decir que la igualdad efectiva es la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública. La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin distinción, y requiere que esa protección sea igualmente accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación individuales de esta ley. La igualdad formal parte de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares e, igualmente, que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes.

Adicionalmente y en el propio artículo 4º proponemos adecuar el concepto de “familia” por el de “familias”, en virtud de la evolución que los procesos y estructuras familiares han venido desarrollando de acuerdo a las realidades sociológicas de nuestro tiempo. Actualmente es una realidad inocultable que existen familias de parejas estables sin matrimonio, familias monoparentales, familias integradas por parejas del mismo sexo, familias que conviven en varios hogares e incluso en varias ciudades, entre otras múltiple y muy variadas formas de convivencia familiar.

Finalmente por tratarse de una reforma constitucional que tiene impacto en los ordenamientos federales, así como de las entidades federativas y los partidos políticos, establecemos un régimen gradual de transitoriedad a efecto de que estas puedan realizar las adecuaciones correspondientes a sus ordenamientos.

Por lo antes expuesto, y con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. Los poderes de la Unión; los órganos de la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno; la administración centralizada y paraestatal; los organismos dotados de autonomía constitucional; los partidos políticos nacionales, sus equivalentes en las entidades federativas y en el Distrito Federal, los partidos políticos locales, garantizarán el principio de igualdad sustantiva y efectiva para el acceso de mujeres y hombres a los cargos de representación y de toma de decisiones en cada uno de ellos. La Ley establecerá los mecanismos para garantizar ésta representación en los ámbitos público, empresarial o sindical y protegerá la organización y el desarrollo de los principio de convivencia democrática enlas familias

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los Artículos segundo, tercero, cuarto y quinto siguientes.

Segundo: Los partidos políticos tomarán las medidas pertinentes para adecuar sus estatutos, documentos básicos y ordenamientos reglamentarios que establece el Artículo 41 de esta Constitución a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión, deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. Los Congresos de las entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar las reformas en esta materia a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, salvo lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Quinto. Los Congresos de las entidades federativas en donde habrán de celebrarse procesos electorales en el año en que entre en vigor el presente decreto deberán realizar las reformas a las leyes que correspondan a mas tardar el año siguiente del proceso electoral.

Sexto. Las propuestas que someta el titular del Ejecutivo Federal a la consideración de las Cámaras del Congreso de la Unión y los nombramientos que haga en los términos del artículo 89 de ésta Constitución a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán de manera preferente en personas del género femenino hasta garantizar el número igualitario entre hombres y mujeres en cada uno de éstos.

Séptimo. La Cámara de Senadores o en su caso la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al elegir a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizarán dichos nombramientos de manera preferente en personas del género femenino hasta garantizar el número igualitario entre hombres y mujeres en cada uno de éstos.

Octavo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al renovar de manera escalonada a los Consejeros Electorales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizará las sustituciones de manera preferente en personas del género femenino hasta garantizar el número igualitario entre hombres y mujeres en dicho organismo.

Noveno. Los Congresos de las entidades federativas, deberán realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan, en función a lo que establecen los artículos 115 y 116 de esta Constitución en un año a la entrada en vigor del presente decreto.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Se turnará, en su momento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, a nombre del propio y de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Lorena Cuéllar Cisneros y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Mayores.

1 Ferrajoli, Luigi.Democracia y Garantismo, Editorial Trotta, México 2008 p 51.

2Idem.

3 Lagarde Marcela, Género y feminismo. Horas y horas, 1996, Madrid.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Lorena Cuéllar Cisneros y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores.

El día de hoy, el grupo parlamentario del PRD, presenta el proyecto de iniciativa por la que se crea la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Este tema, es un tema en el cual el PRD, de manera particular, y la izquierda en general, hemos venido trabajando desde hace ya prácticamente 12 años.

El año 2000, cuando entró la administración del PRD a la ciudad de México, nos encontramos con una grave falta de políticas públicas en atención a los adultos mayores y en aquel momento la decisión fue empezar un programa de apoyo a los adultos mayores, a aquellas personas que por no contar con participación en el sector formal, más o menos el 50 por ciento del total de la población mayor a los 68 años, no tenía ningún tipo de instrumento de apoyo por las graves carencias que tiene nuestro sistema de seguridad social.

Fue en aquel entonces cuando empezaron sendas críticas de este programa. Se le veía como un programa asistencialista y no fueron pocos los que levantaron la voz para criticar que este tipo de políticas eran inadecuadas.

Sin embargo, la realidad empezó a dar muestra de la grave carencia que tenemos como país en políticas públicas de seguridad social para estos sectores que desafortunadamente son de los más vulnerables en el país.

No fueron pocos los estados, incluso los municipios que empezaron a replicar esta política. Incluso a nivel nacional el gobierno federal, en la actual administración, implementó el Programa 70 y Más.

¿Qué queremos con esta iniciativa, compañeros y compañeras?

Profundizar en una discusión que es indispensable para el país.

¿Cómo vamos a hacer nosotros, con una población que va creciendo en cuanto a su envejecimiento, para generar un entramado institucional que pueda darle una verdadera atención a aquellas personas que hoy, si bien, puedan estar en el sector formal o informal, desempeñando actividades económicas?

¿Cómo vamos a hacer para que en los próximos 40 años, en el 2050, cuando la población mayor a 65 años será de alrededor del 25 por ciento del total de la población, cómo vamos arrancar ese entramado institucional y cómo vamos a generar acciones que nos permitan tener previsión de futuro?

Hoy la propuesta que les presentamos es parte de un entramado que queremos pensar de manera compartida con las fuerzas políticas que están aquí representadas.

Cómo podremos armar una pensión universal que sea una aportación básica para garantizar que aquella persona que ha trabajado y termina de prestar sus servicios económicos al país, pues pueda contar con un ingreso mínimo.

Por eso hoy lo que les presentamos es la pensión que sea de carácter universal en apoyo a ciudadanos mayores de 65 años, con sólo acreditar su nacionalidad mexicana y la residencia en territorio nacional.

Se propone que la administración de este programa sea por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que el mecanismo de pago de la pensión universal sea preferentemente a través de un medio de pago electrónico, como se logra hacer en este momento con el cien por ciento de los adultos mayores en la ciudad de México, y que este apoyo no restrinja de otras prestaciones que puedan ser recibidas o subsidios que puedan ser entregados por instituciones de seguridad social o de asistencia social.

Y aquí es una parte importante de la discusión que habremos de dar en comisiones.

Hace una semana me tocó escuchar la iniciativa que presentaron los compañeros del PRI, y que lo que busca precisamente es generar una pensión única por vejez.

Yo creo que si hemos empezado a debatir y a discutir de fondo el tema de las pensiones, pues seguramente entre las principales diferencias que tendremos que resolver es si queremos atender a los adultos mayores bajo una lógica de focalización o si queremos empezar una mera discusión de universalización.

¿Cuánto nos puede llegar a costar el programa?

Entre 80 mil y 85 mil millones de pesos.

Seguramente se levantarán voces que dirán: “Son muchos recursos, hacen falta más acciones”. Y tal vez vendrán algunas salas de la parte focalizada que nos digan: “Pues, mira, si hay gente que está recibiendo una pensión por parte del sistema formal, pues entonces separemos a esos que no reciban este beneficio y este beneficio hagámoslo exclusivamente para los que han estado en el trabajo informal”.

Si pensamos, compañeros y compañeras, bajo esa lógica, difícilmente podemos llegar a un sistema universal de seguridad social como el que requiere el país. Un sistema que logre ser compatible al Instituto Mexicano del Seguro Social con el ISSSTE y con las propias actividades que hoy desempeña el Seguro Popular. Hacia allá tenemos que poner la mira. Que no haya un solo mexicano, mexicana, que no tenga este paraguas de parte del Estado benefactor que en este momento es indispensable empezar a construir.

De tal manera, compañeros y compañeras, que a nombre de mi grupo parlamentario, presentamos esta iniciativa con la intención de construir, con la intención de empezar a pensar de fondo cómo vamos a atender a ese 50 por ciento de la población económicamente activa que hoy vive en el desamparo, que hoy está totalmente en la parte más vulnerable del sector institucional, y que a partir de esta discusión, con el tema de las pensiones, arranquemos de manera formal el gran objetivo que tiene esta legislatura, que es pensar en un verdadero servicio integral de seguridad social que ayude a todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quien suscribe, Senador Armando Ríos Peter, Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna,Lorena Cuéllar Cisneros y Raúl Morón Orozco, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, párrafo 1, fracción I, y 164 párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PENSION UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La agenda parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión ha tenido como prioridad la presentación de iniciativas de proyecto legislativos con una fuerte visión social, que atienda las consecuencias de un modelo económico altamente regresivo para la población mexicana. En el tema de pensiones universales, el 6 de septiembre de 2006 se presento en Cámara de Diputados la iniciativa por la que creaba la Ley de Pensión Universal para Personas de Setentas Años de Edad o más, por el Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Partido de la Revolución Democrática. En el Senado de la República se presentó iniciativa por el reforma el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción I, del artículo 3º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y que crea La Ley de Pensión no Contributiva, el 29 de marzo de 2007, ambas iniciativas dentro de los trabajos de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

La aspiración de un Estado democrático con visión social es garantizar a la población un ingreso mínimo que contribuya a la compra de bienes y servicios que permita mejorar sus condiciones de vida. Aunque actualmente solamente el Distrito Federal cuenta con una propuesta de pensión para los sectores más desprotegidos, en el resto de América Latina el tema ha sido abordado desde las políticas públicas de atención social, desde principios del siglo pasado.

Tal es el caso de Argentina donde la implementación de pensiones existe desde 1948, incluye un ingreso mensual y servicios médicos. En el caso de Brasil existen las pensiones contributivas existen desde 1971 y equivalen a un salario mínimo mensual, aplicándose a personas de 60 años y más, incluso con una visión de género, las mujeres pueden acceder desde los 55 años. El caso de Chile, se otorga desde 1975 una pensión mensual, que incluye atención médica gratuita, asignaciones familiares para los descendientes del beneficiario y una asignación única por muerte para cubrir los riesgos de vejez, invalidez y deficiencia mental. En Costa Rica se creó una pensión universal desde 1974, que incluye una mensualidad, seguro social y acceso a prestaciones sociales. El caso de Uruguay es el caso más emblemático en la materia, las pensiones existen desde 1919, con la particularidad de contar con un programa de rehabilitación de los pensionados por invalidez.

Además, en el caso de la pensión universal, sus múltiples virtudes son incluso reconocidas en el ámbito internacional, tal y como lo han informado diversas entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con los organismos del Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento conformado por la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Programa sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas a través de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Santiago de Chile, 2003). Este reconocimiento es explícito al establecer como objetivo a realizar en la región: “Ampliar y mejorar la cobertura de pensiones tanto contributivas como no contributivas”. Las pensiones universales son también comunes en los países industrializados (Holanda, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Australia).

A pesar de que los instrumentos anteriores plantean sustentos que nos resultan vinculatorios para atender el problema de la vejez y la universalización de la pensión, hasta ahora no ha sido posible eliminar la pobreza en la tercera edad en las condiciones actuales del país. Los sistemas vigentes de seguridad social en México han fracasado como instrumentos de protección social de la tercera edad, su cobertura no alcanza a la población de menores recursos y los ingresos por pensiones focalizadas no contribuyen a reducir la desigualdad.

La focalización de los programas de combate a la pobreza tiene escaso sentido cuando solo se pretende que con menos recursos se logre un mayor impacto más virtual que las condiciones que la realidad impone. Sin embargo, en el caso específico de la pensión para adultos de la tercera edad, tiene ventajas la universalización porque se ahorran los gastos de la focalización, no desincentiva el ahorro ni el empleo. Lo anterior se encuentra sustentado en lo que afirma la CEPAL respecto a que este programa debe ser universal y contar con mecanismos para hacer exigibles las prestaciones y servicios.

Los adultos mayores en México se encuentran en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad, como señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“…el proceso de envejecimiento en el país se distingue por un claro sesgo de género y la prevalencia de la inequidad social. Como lo muestran los altos niveles de analfabetismo, factores como la escasa educación formal que recibieron tanto hombres como mujeres de 60 años o más; la precariedad en las condiciones de su vivienda, y las características de su inserción laboral (donde los ingresos percibidos por trabajo son claramente inferiores respecto a lo que reciben otros grupos de edad), entre otros, se hacen aún más notorios cuando el adulto mayor muestra alguna discapacidad, o bien cuando es hablante de lengua indígena”.1

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010) que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que: la mayoría de los adultos mayores cree que no se respetan sus derechos y la mitad no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Según la misma fuente, seis de cada diez adultos mayores en México es dependiente económico, el Conapred menciona además que; “La obligación de la sociedad y del Estado en relación con las personas adultas mayores debe ser la misma que se tiene con la niñez y la juventud: crear las condiciones para que alcancen su desarrollo integral”.2

La situación debe preocuparnos y ocuparnos pues las tendencias poblacionales señalan que durante los próximos años aumentará el número de personas en esta situación en el país. El INEGI señala que en 1970 el porcentaje de adultos mayores en México era del 4% de la población. Para el 2025 se espera que crezca a más de 10% de la población, más de 12.5 millones, y para el 2050 al 25% (uno de cada cuatro mexicanos) con una población total estimada en el país de 132 millones.3

Frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los adultos mayores se han presentado diversas políticas públicas que buscan protegerlos de las principales carencias que los aquejan como son: pobreza, salud, empleo, dependencia económica, acceso a la infraestructura pública y esparcimiento, etc. Uno de los casos de mayor éxito es el caso de la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores en la Ciudad de México. Este programa que tiene ya una vigencia superior de más de 11 años ha sido replicado a nivel nacional y en otras entidades. Esta política pública parte de la visión de que todos los ciudadanos deben recibir una pensión pues, con pocas excepciones, toda la población, ha realizado aportaciones a la sociedad aun si muchos de ellos no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo por medio de un empleo formal.

Desde el inicio de su operación el programa tuvo una fuerte demanda, en 2001 contaba con 250 mil beneficiarios con un monto de la pensión de 600 pesos. Actualmente, el monto económico alcanza casi 900 pesos (897.3) y llega a 450 mil beneficiaros.4En otras palabras, la Ciudad alcanzó ya una cobertura universal pues llega a más del 98% de la población objetivo que es la población mayor de 68 años.

Una de las características del programa que garantiza que el recurso sea utilizado correctamente es que se entrega por medio de una tarjeta electrónica. Esta puede ser utilizada en establecimientos autorizados para la adquisición de diversos productos de primera necesidad, principalmente de alimentos. La tarjeta tampoco puede ser utilizada en cajeros electrónicos ni cambiada por efectivo.

Para contar con mayores parámetros sobre los resultados del programa, la “Encuesta de Percepción de Beneficios y Evaluación de la Operación de la Pensión Alimentaria”,que se realiza apoyándose en instituciones académicas, nos brida información valiosa. Cabe señalar que esta se realiza entre los beneficiaros del programa por lo que el margen de confianza es del 99%.5Algunos de los resultados obtenidos según el levantamiento del 2010 son: Con relación a la percepción del programa el 99% de los usuarios se siente bien por tener la tarjeta. Adicionalmente, el 90% de los usuarios manifiesta que ha mejorado su alimentación desde que cuenta con la tarjeta. Otro de los datos que llama mucho la atención es que los usuarios señalan tener en una amplia mayoría, el 88%, una mejoría en su salud. No obstante los adultos mayores que participan del programa señalan también otros beneficios, entre ellos destacan: sentir mayor independencia y seguridad, sentirse con mayor seguridad y menos como una carga, participan más del gasto familiar y compran alimentos que le gusten. En resumen, la encuesta de percepción señala que el programa es bien recibido y considerado por los beneficiarios.

Con base en lo hasta aquí mencionado y con la finalidad de garantizar los Derechos Humanos a los adultos mayores en todo el país, así como cumplir con lo señalado en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con relación a la alimentación y asistencia social, por lo que proponemos:

a) Una política social de apoyo económico a los adultos mayores, por medio de una pensión universal por un monto de medio salario mínimo, que incluya no solo los aspectos de alimentación, sino de medicamentos y otras necesidades del beneficiario.

b) La pensión es de carácter universal en apoyo a ciudadanos mayores de 65 años, con solo acreditar su nacional mexicana y residencia en el territorio nacional.

c) Se propone que la administración del Programa Pensión sea administrado por la Secretaría de Desarrollo Social.

d) El mecanismo de pago de la pensión universal es preferentemente a través de un medio de pagoelectrónico emitido a través de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los convenios de colaboración con las distintas asociaciones del sector bancario, comercial y farmacéuticos a fin de promover el uso de este instrumento, la certificación de centros yvelar por la protección de los derechos de los adultos mayores.

e) Se propone una pensión universal que complemente los beneficios de otras prestaciones, subsidios o ayudas otorgadas por instituciones de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales.

El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República convoca a la LVII Legislatura a establecer como una prioridad el fortalecimiento de la política social del Estado mexicano, que reconstruya el tejido y el pacto social con los ciudadanos, con las clases populares excluidas de todo beneficio del desarrollo, y que hoy, dicha responsabilidad exige fortalecer sin restricciones los apoyos del Estado a las clases más necesitadas. Requerimos proyectar los modelos de atención de social que ha implementado la izquierda en el Distrito Federal en la discusión de la universalizaciónde los esquemas de seguridad social en México.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se adiciona la fracción XII al artículo 3°,el inciso d) a la fracción VI del artículo 5°, se adiciona el CAPÍTULO SEGUNDO, DE LA PENSIÓN UNIVERSAL PARA LOS ADULTOS MAYORES, en el artículo 9 bis, la fracción IV al artículo 16,todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. al XI.…

XII. Pensión Universal para los Adultos Mayores: Apoyo económico mensual universal para adultos mayores de 65 años que no podrá ser menor a la mitad del salario mínimo general fijando por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de acuerdo al área geográfica donde resida el beneficiario.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a V.…

VI. De la asistencia social:

a) a c)…

d) A ser beneficiaros del Programa de Pensión Universal para los Adultos Mayores.

VII. a IX. …

TITULO TERCERO

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículos 6° al 9°…

CAPITULO II

DE LA PENSION UNIVERSAL PARA LOS ADULTOS MAYORES

Artículo 9bis. La Pensión Universal es un instrumento de seguridad social del Estado mexicano, y tiene por objeto garantizar un medio de subsistencia en beneficio de los adultos mayores.

I. La organización, administración y entrega de la Pensión Universal, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, están a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa Pensión Universal para Adultos Mayores, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

II. La Pensión Universal se otorgará de manera mensual a través de pagos directos en efectivo o transferencias monetarias por medios electrónicos, de acuerdo a las condiciones de accesibilidad del beneficiario. La forma como se hará valer la pensión universalserá a través de una medio de pago electrónico o en su caso, pagos en efectivo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social establecerán convenios de colaboración con las distintas asociaciones financieras, bancarias, comerciales y farmacéuticas a fin de facilitar el uso de este instrumento,establecer criterios de certificación por la autoridad correspondiente y velar por la protección de los derechos de las personas de la tercera edad.

III. El otorgamiento de la pensión universal es compatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas otorgadas por instituciones de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales.

IV.Podrán ser beneficiarios de la Pensión Universal todos los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Contar con 65 años cumplidos;

b) Acreditar su nacionalidad mexicana y residencia en el territorio nacional;

V. El Programa Pensión Universal es intransferible e inalienable,los sujetos que busquen ser beneficiaros podrán solicitarla ante la Secretaría de Desarrollo Social, salvo los casos de incapacidad física o mental que establezca el reglamento del Programa de Pensión Universal.

VI. El Poder Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la asignación que garantice el derecho a la pensión a todos los adultos mayores de sesenta y cinco años.

Artículo 16.Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. a III. …

IV. Emitir las Reglas de Operación del Programa Pensión Universal para los Adultos Mayores que deberá funcionar bajos los principios de transparencia y rendición de cuentas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Social continuará operando el programa 70 y más hasta la conclusión de ejercicio fiscal en que entre en vigor la presente ley.

Tercer. La Secretaría de Desarrollo Social, será responsable del diseño e implementación del Programa Pensión Universal para los Adultos Mayores, para el Ejercicio Fiscal que corresponda, con esta finalidad emitirá las Reglas de Operación relativas.

Cuarto. La Cámara de Diputados garantizará los recursos presupuestales necesarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el funcionamiento del Programa Pensión Universal

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Suscriben”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Ríos Piter. Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas, por favor.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Al Senador Ríos Piter.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con qué objeto, Senador Blasquez Salinas?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Me suscribo con emoción a su postura, la pensión alimentaria para adultos mayores debe ser universal.

Gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tome nota la Secretaría de la adhesión del Senador Blásquez Salinas. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

En otro apartado del Orden del Día, tiene el uso de la tribuna la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo en torno al suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región de la Comarca Lagunera.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos Senadoras y Senadores de la República.

La Comarca Lagunera es comúnmente conocida por ser una región agrícola que por sus características climatológicas es una zona propicia para la producción de cultivos de ciertos productos como lo son: el melón, la uva, el algodón, la alfalfa, el maíz, el sorgo, la avena, la nuez, entre otras.

Es una zona que cuenta con recursos hídricos limitados, debido a su clima seco-templado. La sequía inclemente es actualmente motivo de un gran perjuicio en la producción agrícola de la región lagunera, donde la prolongada ausencia de lluvias y la temperatura ambiental extremadamente elevada han propiciado el fracaso de grandes extensiones de cultivo, donde se ha visto considerablemente afectada la siembra, como ustedes saben, en Durango, la sequía de los últimos tiempos dejó severas afectaciones, entre ellas una pérdida económica de casi 2 mil millones de pesos por lo que se estima que la recuperación podría tardarse alrededor de 5 años aproximadamente.

Por otro lado, la luz hoy en día es impagable, los altos costos del servicio de energía eléctrica son un reclamo constante de las familias duranguenses, situación que no sólo lesiona la economía familiar, sino que también afecta a los campesinos y a la industria.

Se requiere la implementación de tarifas especiales, para que con ello la Comarca Lagunera se mantenga como líder en la producción de leche y de otros productos agrícolas de la región.

Las tarifas excesivas que día a día se han ido incrementando han hecho que los productores agrícolas se vean imposibilitados a cubrir sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad.

Alrededor de unos 600 productores agrícolas de la Comarca Lagunera, que abarcan los territorios de Coahuila y de Durango, han acumulado durante 10 años una deuda por pagar de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos.

Desde hace algunos días la Comisión Federal de Electricidad inició medidas extremas de coacción para el cobro de los adeudos; la suspensión del suministro de energía eléctrica es una de ellas, así como también los cortes del servicio a pozos agrícolas, denuncias ante autoridades federales por supuestos daños a bienes del gobierno federal y lesiones al personal.

Pero lo más delicado, es el retiro de medidores por lo cual los agricultores se cuelgan de la luz cometiendo con esto un delito federal.

El ofrecimiento que ha hecho al CFE para resolver este conflicto es la suscripción de un convenio por el cual propone que se pague en un plazo de 5 años sin interés es la deuda adquirida.

Ante esta postura, los productores agrícolas han mostrado disposición para cubrir el adeudo, sin embargo, debido a la cantidad del mismo, este convenio prácticamente es imposible de cubrir en el tiempo estipulado.

Compañeras y compañeros Senadores, a pesar de que se han presentado y aprobado un sinnúmero de exhortos en las últimas legislaturas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el tema de la tarifas eléctricas no ha sido atendido. Se requiere que se privilegien criterios de equidad y transparencia en la regulación de tarifas y costos, de modo de que se atiendan las condiciones socioeconómicas de la población. Deben tomarse en cuenta como puntos primordiales para esta revisión de tarifas, que el estado de Durango se encuentran según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la zona C, es decir, la más baja de todo el país.

El problema que atraviesan lo agricultores de la Comarca Lagunera no es menor, el conflicto con la Comisión Federal de Electricidad y sus medidas de suspender el servicio de energía eléctrica afecta considerablemente a la economía de la región, los agricultores requieren de energía eléctrica que utilizan en las norias para la extracción de agua, sin este vital líquido, la producción agropecuaria se verá gravemente impactada.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad renegociar los términos del convenio, para señalar nuevos plazos que sean accesibles y operables en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región. De igual forma, se solicita también que se desistan de las denuncias que injustamente se han interpuesto ante diversas autoridades en contra de los productores agrícolas.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la SAGARPA, para que en el ámbito de sus competencias, revise las tarifas eléctricas aplicadas en los estados de Coahuila y Durango, solicitando la reclasificación de las mismas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A RENEGOCIAR LOS TERMINOS DEL CONVENIO PARA SEÑALAR NUEVOS PLAZOS EN LA APLICACION DEL COBRO DE LOS ADEUDOS, SIN QUE SE INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS AGRICOLAS DE LA REGION DE LA COMARCA LAGUNERA

“JUANA LETICIA HERRERA ALE, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comarca Lagunera es comúnmente conocida por ser una región agrícola que por sus características climatológicas es una zona propicia para la producción de ciertos productos como lo son: la leche, el melón, la uva, el algodón, la alfalfa, el maíz, el sorgo, la avena, la nuez, entre otras.

La superficie agrícola bajo la modalidad de riego representa el 3.62 por ciento de la extensión total de la Comarca, mientras que la superficie bajo la modalidad de temporal sólo alcanza el 1.10 por ciento. Cabe señalar que en la modalidad de riego se incluye tanto la que se realiza por bombeo como el de gravedad.

La Comarca Lagunera es una zona que cuenta con recursos hídricos limitados, debido a su clima seco templado. La sequía inclemente es actualmente motivo de un gran perjuicio en la producción agrícola de la región Lagunera, donde la prolongada ausencia de lluvias y la temperatura ambiental extremadamente elevada han propiciado el fracaso de grandes extensiones de cultivo, donde se ha visto considerablemente afectada la siembra.

La Comarca Lagunera debe su auge económico a su posición geográfica, así como a la convergencia de las vías del tren que van del norte al sur y la perpendicular que corre paralela al eje transversal carretero, convirtiéndola así en un punto idóneo para el comercio de la región. Otro factor preponderante fue el tremendo auge algodonero que ha tenido la Laguna en donde lamentablemente los precios internacionales orillaron a que este cultivo se volviera incosteable.

Ahora bien, tratándose del rubro de la energía eléctrica, dicho servicio hoy en día es impagable, los altos costos son un reclamo constante de las familias que habitan la Comarca Lagunera, situación que no sólo lesiona la economía familiar, sino que también afecta a la producción agrícola y a la industria. En este tenor de ideas, las tarifas excesivas que día a día se han ido incrementando han hecho que los productores agrícolas se vean imposibilitados a cubrir sus adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad. Alrededor de unos 600 productores agrícolas de la Comarca Lagunera, que abarcan los territorios de Coahuila y Durango, han acumulado durante 10 años una deuda por pagar de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos.

Desde hace algunos días la Comisión Federal de Electricidad inició medidas extremas de coacción para el cobro de los adeudos; la suspensión del suministro de energía eléctrica es una de ellas, así como también los cortes del servicio a pozos agrícolas, denuncias ante autoridades federales por supuestos daños a bienes del gobierno federal y lesiones al personal.

El ofrecimiento que ha hecho la CFE para resolver este conflicto es la suscripción de un convenio por el cual propone que se pague en un plazo de 5 años sin intereses la deuda adquirida.

Ante esta postura, los productores agrícolas, han mostrado disposición para cubrir el adeudo, sin embargo debido a la cantidaddel mismo, este convenio es prácticamente imposible de cubrir en el tiempo estipulado, aunado a ello, es importante recalcar que las tarifas que actualmente están operando son extremadamente altas, por lo que se requiere la implementación de tarifas especiales, para que con ello la Comarca Lagunera se mantenga como líder en la producción de leche y de otros productos agrícolas de la región ya citados.

El impulso del sector agropecuario debe ser estratégico y prioritario para el desarrollo del país, ya que éste ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveen de materias primas a la industria manufacturera y de transformación. La producción en la Laguna es del 4.4 por ciento del PIB y los productores fomentan 80 mil empleos directos y 120 mil indirectos.

Por otro lado, cabe señalar que la sequía dejó severas afectaciones, entre ellas, una pérdida económica de casi dos mil millones de pesos, por lo que se estima que la recuperación podría tardarse alrededor de cinco años aproximadamente. Los daños son cuantiosos, y su repercusión nacional es real, al grado de poner en riesgo la alimentación de los mexicanos si no se atiende con urgencia dicha contingencia.

Para ello, es indispensable que se tomen otros criterios en consideración para definir las tarifas eléctricas en la región, tales como las altas temperaturas, los requerimientos de sistemas de ventilación y refrigeración, la zona salarial y la situación inflacionaria, entre otros.

A pesar de que se han presentado y aprobado un sin números de exhortos en las últimas legislaturas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el conflicto no ha sido atendido. Se requiere que se privilegien criterios de equidad y transparencia en la regulación de tarifas y costos, de modo que se atiendan las condiciones socioeconómicas de la población. En este sentido, deben tomarse en cuenta como puntos primordiales para esta revisión de tarifas que el Estado de Durango se encuentra según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la zona “C”, es decir la más baja de todo el país; y que el cambio climático ha impactado de manera importante en el consumo de energía eléctrica en los últimos años en este Estado.

Cabe mencionar que tradicionalmente en la Comarca Lagunera la CFE ha mantenido en aplicación la tarifa eléctrica doméstica identificada como 1-C que corresponde a las localidades con temperaturas mínimas en verano de 30 grados centígrados, situación que actualmente no concuerda con la realidad, puesto que la temperatura ambiente en la región ha superado los 40 grados centígrados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad renegociar los términos del convenio, para señalar nuevos plazos que sean accesibles y operables en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región. De igual forma, se solicita también que se desistan de las denuncias que injustamente se han interpuesto ante diversas autoridades en contra de los productores agrícolas.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus competencias, revisen las tarifas eléctricas aplicadas en los estados de Coahuila y Durango, solicitando la reclasificación de las mismas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Juana Leticia Herrera Ale”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador José Rosas Aispuro. ¿Con qué objeto, Senador Rosas Aispuro?

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: (Desde su escaño) Sólo para pedirle, señor Presidente, que si le consulta a la oradora, a la Senadora Leticia Herrera Ale, que si acepta que me adhiera al punto de Acuerdo que ha presentado.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Senadora Herrera Ale, acepta?

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: (Desde su escaño) Sí.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, le pediría a la Secretaría que tome nota de todos los compañeros Senadores que se quieren adherir a la propuesta de la Senadora Herrera Ale.

¿Con qué objeto, SenadorFayad Meneses?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente. Sólo con el objeto de si puede usted consultarle a la ponente, con el hecho de que no fuera un tema específico de la Laguna, que sabemos que es su región y que ella lucha por su región, pero al quitar en el texto las palabras Coahuila y Durango, yo creo que todos los Senadores de la República, que hagamos de éste un asunto nacional, porque a todos nos importa. Si fuera tan amable, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Fayad Meneses, la ponente ha solicitado que sea de urgente resolución, si le parece procedemos a la votación y si se le concede el trámite, podemos pasar a hacer su consulta y su propuesta.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Con su autorización, señor Presidente. Muchas gracias.

Bien, puse la manifestación que ha hecho hoy esta Asamblea, en cuanto a la propuesta de nuestra compañera Leticia Herrera, creo que deja clara la posición de los Senadores en torno a este problema que existe en la Laguna, y me parece muy afortunada la propuesta del Senador Omar Fayad, en cuanto a que este tema debe ser de orden nacional.

Quienes tenemos alguna vinculación con el campo, sabemos que la modernización del campo empieza por el uso eficiente del agua.

En territorios como La Laguna, en donde la posibilidad de hacer agricultura está en función de la producción de agua en pozos profundos como sucede en gran parte del Bajío de Guanajuato, como sucede en Zacatecas, como sucede en gran parte del Bajío michoacano, y en una gran parte del territorio nacional, hoy la agricultura, que además pasa por una etapa enorme de sequía en gran parte del territorio nacional, que se ha descapitalizado, exige, no sólo que pongamos atención en este problema que plantea hoy La Laguna, y que tiene que ver con un número muy importante de productores.

Este tema, que es parte fundamental de la vida nacional, México es un gran país en materia de producción agropecuaria, debe revisarse de fondo. Yo diría que debiéramos ir hasta la posibilidad de que se establezca un programa para regularizar sistemas de riego para dotarlos de mayor tecnología y de mayor infraestructura.

Por supuesto, Senadora Leticia Herrera, que estamos de acuerdo y apoyamos el planteamiento hecho a la Comisión Federal de Electricidad y a las autoridades hacendarias, y a las responsables del ramo.

Señor Presidente, es un tema que la nación exige y que hoy los legisladores del PRI, como todos aquí se han también pronunciado, respaldamos y apoyamos esta acción.

México requiere la reactivación del campo nacional, no sólo de La Laguna, para entrar en una etapa de mayor producción y de mayor satisfactores para los productores del campo.

Gracias por su atención. Y solicito el apoyo, como ya se manifestó, para este punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Orihuela Bárcenas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Si alguna institución es insensible ante los problemas que padece la gente del campo y que padece el pueblo de México, sin duda es la Comisión Federal de Electricidad.

¿A cuántos de nuestros compañeros que se nos acercan hemos escuchado decir: que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad son tarifas que están empobreciendo al pueblo de México?

¿A cuántos no los hemos escuchado en su desesperación por el hecho de que tienen que tomar una decisión? “O pagan a la Comisión Federal de Electricidad o tienen que recortarle al gasto para la comida”.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, manifestaciones como ésta: “A pesar de las manifestaciones de los usuarios de pozos agrícolas de la región, por los cortes de energía eléctrica, la situación habrá de continuar”.

Sentencia, el ciudadano Sergio del Río, Superintendente de la Comisión Federal de Chihuahua.

Que ponga sensibilidad ante los problemas, ante esta insensibilidad, sin duda, que el Senado de la República tiene que sacar la cara por sus representados, y en ese sentido queremos proponer una adición al punto de Acuerdo de la ciudadana Senadora Leticia Herrera.

El texto dice: “Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad renegociar los términos del convenio, para señalar nuevos plazos que sean accesibles y operables en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región de Coahuila y Durango”.

Coincidimos con el señor ciudadano Senador del PRI que hace la propuesta, y en el texto proponemos que quede:

“Y de los que tengan problemas homólogos en el resto del país”, en el primer punto.

En el segundo, se propone adicionar la instalación de una mesa de trabajo con la participación del Senado de la República y ampliar también en el segundo punto de Acuerdo: “así como de las regiones productivas agrícolas del país que tengan adeudos, solicitando la reclasificación de las mismas.

Es decir, el problema, efectivamente, no es un tema de una región del país, es un tema nacional, y si queremos que este país entre en la ruta de la autosuficiencia alimentaria, entonces tenemos que tomar los problemas a nivel nacional, y creo que esto dará más resultados.

Yo solicito a la compañera Senadora, le pregunto, ¿si acepta la adición que estamos haciendo a su punto de Acuerdo?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Señor Senador, le sugeriría que si quiere hacer alguna adición, la ponencia de la Senadora Herrera Ale, haga favor de plantearla con toda claridad a la Mesa para que la sometamos a la consideración del Pleno, si procede o no la adición, y discutamos de acuerdo al proceso parlamentario.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, correcto, la reiteramos.

Adicionar, que no sólo sea en la región de La Laguna, sino que sea en los que tengamos problemas homólogos en todo el país.

Y en el segundo, adicionar la instalación de una mesa de trabajo con la participación del Senado de la República, y asimismo ampliarlo a todo el país.

Esa es la propuesta de adición.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, señor Senador.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Fayad Meneses ¿va usted a proponer alguna adición?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Pido la palabra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador FayadMeneses, por favor.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Si me permite, desde aquí, desde mi escaño, señor Presidente.

La propuesta, creo que el compañero que me ha antecedido en el uso de la palabra ha dejado claro que, si se quitara de la propuesta, si no sólo se constriñera a Coahuila y a Durango, es decir, que pudiera quedar la propuesta como fue leída en tribuna, y que en el párrafo se agregara:

“De los estados que tengan problemas en el resto del país, problemas, dejarlo abiertamente”, me parece que quedaría adecuado el texto para podernos adherir a él, señor Presidente.

Y además, dejar muy puntual un hecho al hacer esta propuesta. No es que estemos por el no pago de los servicios a los que se tiene que cubrir un monto; no estamos de acuerdo con la morosidad, no estamos de acuerdo con aquellos que ven una oportunidad en tratar de no pagar.

El espíritu de esta nueva propuesta que le formulamos a la ponente, es con el afán de ayudar a quien sí está dispuesto a pagar, pero no en las condiciones convenidas en este momento; sí está dispuesto a cubrir los costos del servicio, pero quiere simplemente apegarse a los beneficios en los que hoy día ya, conforme a un convenio, se puede apegar para poder subsanar ese insumo, el costo de ese insumo tan importante.

Yo creo que además, si se hace un análisis casuístico, es decir, si previo análisis casuístico se viera cada uno de los asuntos que se le plantean a la Comisión Federal de Electricidad, dejaríamos el problema a resolverse conforme a cada una de las entidades federativas.

Por lo tanto, señor Presidente, si usted me lo permite, recapitular la propuesta, sería que no se constriñera a la Comarca Lagunera de la propuesta de la compañera, y que además se agregara que previo análisis casuístico de las entidades del país que presenten problemas similares.

¿No sé si esté de acuerdo con someter a la consideración esta propuesta?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Y si me permite, Senador FayadMeneses, y nos lo pudiera dar por escrito para que la Secretaría dé lectura, precisa y puntual, de su adición y la podamos someter a consideración del Pleno.

En tanto solicitaría, tenemos 2 modificaciones propuestas: una del Senador Demédicis Hidalgo, y otra del Senador FayadMeneses, arrancaríamos con la primera del Senador Demédicis Hidalgo. Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación entregada en la Mesa Directiva, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Domínguez Servién.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más, si nos permite la ponente adicionar. No nada más a los pozos agrícolas, sino también los pozos pecuarios o ganaderos.

Es cuanto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicitaría que la pusiera por escrito y la entregara a esta Mesa, para seguir con el proceso tal y como lo estamos manejando.

En virtud de que hay tres propuestas que podrían ser coincidentes, le pediría a la Asamblea, que los Senadores que están solicitando modificaciones y adiciones, vean la posibilidad de tener una sola propuesta de modificación y que la sometamos al Pleno.

Y mientras continuar con lo que tenemos planeado en el Orden del Día.

Si están de acuerdo, procederíamos de esa manera.





 

Tiene la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a implementar un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el estado.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Solicito se incorpore a la suscripción de este punto de Acuerdo a la Senadora Silvia Garza Galván.

Compañeras y compañeros Senadores: “De la seguridad me encargo yo”; una de las frases favoritas de Rubén Moreira en campaña. Junto con la de “Eliminaré el pago del impuesto de tenencia vehicular”.

Palabras que se ha llevado el viento. El viento y la realidad del gobierno encabezado por Moreira.

Al momento de elaborar esta proposición, el día lunes 17 de septiembre del presente, los medios locales y nacionales han dado cuenta de una mega fuga ocurrida en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila; penal de jurisdicción estatal. Se dice que más de 132 reos escaparon del lugar, al parecer por un túnel que daba al taller de carpintería del Centro Penitenciario. El hermetismo y las versiones encontradas permean la situación, tal y como siempre sucede en estos temas relacionados con la seguridad en Coahuila.

Desde los últimos siete años, Coahuila ha tenido problemas serios de fugas, homicidios y actos de corrupción relacionados con sus penales. El gobierno de Humberto Moreira fracasó en todos sus intentos por meter orden en estos centros, incluso llegó a migrar el control de los penales de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, y luego a la hoy desaparecida Fiscalía General de Justicia del Estado. Promesas fueron y promesas vinieron, y nada sucedió con los Centros de Readaptación Social. Se carece de planes, de programas y de medidas efectivas para combatir la corrupción y prevenir la situación que estamos denunciando en este momento.

Sabemos lo que vendrá: explicaciones encontradas y poco satisfactorias y, la promesa de que ahora sí, todo va a cambiar.

La inseguridad en Coahuila no sólo se aprecia en sus centros de readaptación, sino también en fenómenos que ocurren en el municipio de Torreón, Coahuila, donde la violencia ha crecido en forma exponencial en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses y semanas. Los homicidios y secuestros están a la orden del día, las autoridades locales llevan años asegurando a los torreonenses que va a mejorar, que se implementarán planes y programas, etcétera; pero nada sucede y por el contrario, las cosas van de mal en peor.

Hoy, los abundantes secuestros ocurridos en la región ya mencionada reflejan una nueva característica, se han incrementado los secuestros a mujeres. Esto resulta alarmante y en extremo preocupante.

No debemos olvidar que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de México, la seguridad es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, Rubén Moreira y el alcalde Eduardo Olmos, de Torreón, no pueden esperar a que el gobierno federal les haga la tarea que a ellos les corresponde.

Y no podemos permitir, tampoco, que Torreón se convierta en tierra de nadie, en un lugar sin ley donde el crimen y la inseguridad impongan su voluntad y terror sin límite alguno.

Para esos penosos temas que padece nuestro estado, el gobierno de Coahuila no se anda con pequeñeces, somos lamentablemente el estado más endeudado de la República, per cápita, y ahora tenemos la deshonrosa segunda fuga histórica más grande de México moderno, 132 reos escaparon el día de ayer a plena luz del día.

Aquí está el compromiso No. 84 de Rubén Moreira cuando era candidato a gobernador, donde dice: modernización del sistema penitenciario.

Aquí parece que lo único que modernizaron fue la manera en que los reos se fugan de los penales en Coahuila.

Han de haber metido hasta retroexcavadora para que hayan escapado 132 reos a las dos de la tarde en Coahuila.

Y lamentablemente esto sucede, porque las dos patas en las que estaba sostenido el gobierno de Humberto Moreira, que era la Fiscalía y la Secretaría de Administración Tributaria, estas dos patas figuras transexenales que fueron creadas con reformas a la Constitución local, hoy, uno de ellos, Javier Villarreal es prófugo de la justicia, quien era el encargado de las finanzas de Coahuila. El otro, el ex fiscal Jesús Torres Charles, su hermano es prófugo de la justicia, por tener vínculos probados con el crimen organizado.

Hoy por más esfuerzos que haga Rubén Moreira por combatir la inseguridad en Coahuila, se desmoronan ante la fragilidad de las instituciones que heredó de su hermano Humberto.

Igualmente esperamos que así como lamentables fueron los desfalcos de la mega deuda y la mega fuga en Coahuila, esperamos que la inseguridad sea atacada por la administración de Rubén Moreira y por todos los alcaldes de todos los municipios de la entidad en Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Esta Cámara de Senadores, exhorta al gobernador del estado de Coahuila para que, en coordinación con los presidentes municipales, y en especial con el presidente municipal de Torreón, implementen un plan emergente, efectivo y de resultados medibles para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el municipio y en la Región Laguna del estado de Coahuila.

Segundo.- Se exhorta al Jefe del Ejecutivo de la entidad antes mencionada, para que en breve tiempo implementen todas las acciones necesarias para realizar la recaptura de los reos que se fugaron del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, el día lunes 17 de septiembre del presente mes y año; y que sean implementados los programas necesarios para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios de competencia local, a fin de evitar en lo sucesivo problemas como el señalado.

Atentamente, el de la voz.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA PARA QUE IMPLEMENTE UN PLAN EMERGENTE PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD Y LA CRECIENTE OLA DE HOMICIDIOS Y SECUESTROS EN EL ESTADO

“El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

“De la seguridad me encargo yo”; una de las frases de campaña favoritas del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; eslogan que competía con el de “eliminaré la tenencia....”. Palabras que he el viento se ha llevado, el viento y la realidad del gobierno encabezado por Moreira.

Al momento de elaborar esta proposición, el día lunes 17 de septiembre del presente, los medios locales y nacionales han dado cuenta de una mega fuga ocurrida en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila; penal de jurisdicción estatal. Se dice que más de 30 reos escaparon del lugar, al parecer, por un túnel que daba al taller de carpintería del centro penitenciario.El hermetismo y las versiones encontradas permean la situación, tal y como siempre sucede en temas relacionados con la seguridad en esta entidad federativa.

Desde los últimos sieteaños, Coahuila ha tenido serios problemas de fugas, homicidios y actos de corrupción relacionados con sus penales. El gobierno de Humberto Moreira fracasó en todos sus intentos por meter orden en estos centros, incluso llegó a migrar el control de los penales de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Pública, y luego a la hoy desaparecida Fiscalía General de Justicia del Estado.Promesas fueron y vinieron, y nada sucedió con los centros de readaptación locales. Se carece de planes, de programas y de medidas efectivas para combatir la corrupción y prevenir situaciones como la señalada.

Sabemos lo que vendrá: explicaciones encontradas y poco satisfactorias y, la promesa de que a “ahora sí, todo va a cambiar....”

La inseguridad en Coahuila no solo se aprecia en sus centros de readaptación, sino en fenómenos como el que vive Torreón, Coahuila, donde la violencia ha crecido en forma exponencial en los últimos años, pero sobre todos en los últimos meses y semanas. Los homicidios y los secuestros están a la orden del día, las autoridades locales llevan años asegurando a los torreonenses que todo va a mejorar, que se implementarán planes y programas, etc. Pero nada sucede, y por el contrario, las cosas van de mal en peor.

Hoy, los abundantes secuestros ocurridos en la región ya mencionada reflejan una nueva característica: se han incrementado los secuestros de mujeres. Esto resulta alarmante y en extremo preocupante.

No debemos olvidar que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, Rubén Moreira y el alcalde Eduardo Olmos no pueden esperar que el gobierno federal les haga la tarea que a ellos les corresponde.

No podemos permitir que Torreón se convierta en una tierra de nadie, en un lugar sin ley donde el crimen y la inseguridad impongan su voluntad y terror sin límite alguno.

En Coahuila no se anda con pequeñeces el gobierno del estado; 36 mil millones de deuda son “nada”, según la opinión de los hermanos Moreira.

Igualmente esperamos que la inseguridad sea atacada a lo grande por la administración de Rubén Moreira, y por los alcaldes de todos los municipios de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Primero: Esta Cámara de Senadores, exhortaal gobernador del estado de Coahuila para que, en coordinación con el presidente municipal de Torreón, implemente un plan emergente, efectivo y de resultados medibles, para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el municipio y en la Región Laguna.

Segundo: Se exhorta al jefe del ejecutivo de la entidad antes mencionada, para que en breve tiempo se implementen todas las acciones necesarias para lograr la recaptura de los reos que se fugaron del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, el día lunes 17 de septiembre del presente; y que sean implementados los programas necesarios para garantizar la seguridad en los centrospenitenciarios de competencia local, a fin de evitar en lo sucesivo problemas como el señalado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, México, D. F., a 18 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Salazar Fernández. En su momento, se turnará a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se recibió de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a desistirse y retirar el procedimiento legislativo la iniciativa de Ley General de Atención y Protección a Víctimas. Se turnará a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DESISTIRSE Y RETIRAR DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE “LEY GENERAL DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS”, PROMOVER EL DESISTIMIENTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PLANTEADA Y ORDENE LA PUBLICACION INMEDIATA DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNION

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al término del sexenio, el Poder Ejecutivo permanece obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño generado a la sociedad mexicana por su estrategia fallida de combate al crimen.

La indiferencia, el capricho y la frivolidad marcan la pauta de la respuesta que el titular del Ejecutivo Federal y su gabinete están dando al cerrar su Administración ante un país que ve crecer las cifras de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzosos y arbitrariedades de todo tipo, en un clima sofocante de violencia.

Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad y a la memoria.

La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión surge del compromiso del Poder Legislativo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Diálogo del Castillo de Chapultepec realizado el 28 de julio de 2011, y contiene la esencia de la justicia restaurativa que ha sido demandada a lo largo de varias décadas por las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas. Su confección concentró las propuestas del Inacipe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de especialistas y expertos nacionales e internacionales de atención a víctimas y de las y los legisladores de la LXI Legislatura.

Es una ley de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que incorpora los principios y las mejores prácticas nacionales e internacionales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición que se señalan como componentes de una ley de reparación en el tercer párrafo del artículo 1, en el artículo 17 y en el apartado B del artículo 20, todos ellos de la Constitución; así como las medidas de atención en materia de salud, desarrollo social, educación, derecho al debido proceso, entre otras.

Crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con una distribución de responsabilidades de acuerdo a sus respectivas competencias para todos los órdenes de gobierno e incorpora responsabilidades al poder judicial en impartición de justicia, la Comisión Ejecutiva para la operación del sistema y el Registro Nacional de Víctimas; así mismo, en cada entidad federativa se creará la Asesoría Jurídica especializada en víctimas y un Fondo con carácter subsidiario.

La iniciativa de Ley de víctimas de Calderón, que busca oponerse a la Ley General de Víctimas hecha e impulsada por las víctimas, es un engaño más del Ejecutivo en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo para víctimas.

Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) impulsaron una agenda de justicia, reparación y memoria en la que la exigencia se centra en la responsabilidad del Estado mexicano frente a lo sucedido en los últimos años en México.

La sociedad civil encabezada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se dio a la tarea de promover la aprobación de la Ley General de Víctimas desde un enfoque integral, la presentaron ante el Poder Legislativo y fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de abril, sin que el Titular del Ejecutivo Federal se involucrara jamás en una discusión que le correspondía, no solamente por su responsabilidad en los hechos, sino también por sus obligaciones constitucionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño derivado por violaciones de derechos humanos, así como por la actividad de la delincuencia.

De igual modo, Felipe Calderón empeñó su palabra de impulsar esta legislación en el diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Frente al consenso a favor de los derechos de las víctimas, sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado hacer valer unveto de facto mediante la figura del envío de “observaciones” sobre el texto aprobado. Toda vez que, en términos del artículo 72 B de la Constitución, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio.

Por razones obvias, el Congreso rechazó las “observaciones” por extemporáneas. No obstante, esto sirvió de pretexto al Ejecutivo para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Congreso, por encima de toda consideración.

Es falso que la presentación de las “observaciones” y de la controversia constitucional tengan por objeto preservar el Estado de derecho, la verdadera intención de Felipe Calderón es muy clara, entrampar jurídicamente la aplicación de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión, y no reconocer el rotundo fracaso de su política en materia de seguridad pública.

Lejos de reconocer que la guerra contra las drogas se ha convertido en un catalizador de la violencia en el país, por una falta de diagnóstico, por una falta de un ejercicio prudente en el uso de la fuerza pública, como todos sabemos, Felipe Calderón ha manifestado por una nueva propuesta de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”, sin definir su postura sobre la controversia constitucional promovida a la Ley General de Victimas ya aprobada, la cual se negó a publicar, entre otras cosas, bajo el endeble argumento de que el Congreso no está facultado para emitir leyes generales en materia de víctimas.

La actuación del Ejecutivo en este asunto es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, irrespetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, violatoria de las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos de las víctimas.La nueva iniciativa del Ejecutivo no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.

La Ley que pretende Calderón es un retroceso tras la incorporación a la Constitución de los derechos humanos de las víctimas a recibir reparación integral por el daño sufrido, como reconoce el artículo 1º párrafo tercero desde el 10 de junio de 2011; en vez de proponer una legislación que se ocupe de manera integral del problema de la victimización que surge tanto de la violencia del crimen como de la violencia causada por el abuso de agentes del Estado, el Presidente persiste en su afán de desconocer a este último grupo de víctimas, cada día mayor, convirtiéndolas en víctimas de orden menor que no tienen los mismos derechos que las víctimas de la delincuencia. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, dónde queda la exigencia de las víctimas cuando hay violaciones graves derechos humanos y delitos contra la humanidad?

El Ejecutivo Federal sigue respondiendo a la emergencia nacional con paliativos normativos y placebos institucionales como PROVÍCTIMA, que hacen de las víctimas un objeto pasivo de atención asistencialista, en vez de reconocerlos como titulares de los derechos que la Constitución les reconoce. La pobreza de la política de atención a víctimas propuesta en la Ley de Calderón se ve reflejada, entre otras cosas, justamente en pretender que el andamiaje institucional que estará a cargo de garantizar y proteger los derechos de las víctimas sea PROVÍCTIMA y una conferencia nacional de “províctimas” locales. Con ello, el Ejecutivo busca evitar la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas para su atención, así como reducir la política de Estado en la materia a medidas de alcance individual y colectivo limitado.

Con esta iniciativa el Ejecutivo emite un mensaje preocupante de desdén a la separación de Poderes y al respeto al trabajo parlamentario y judicial, pues parece dispuesto a querer imponer su veto de facto desafiando la aprobación unánime de la Ley General de Víctimas en ambas Cámaras (aprobada incluso por su partido), desestimando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra ahora atendiendo a una controversia que él mismo promovió y abusando, en suma, de sus atribuciones constitucionales, como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera legislar a su antojo y usar a la Judicatura como pieza en una estratagema de postergación y distracción.

Las miles de víctimas del crimen organizado y de la violación a sus derechos humanos han levantado su clamor por justicia y por un Estado de Derecho y con ello han aportado al reconocimiento de la necesidad de una Ley General de Víctimas, amplia y que reconozca la deuda que México tiene con las personas que han sido dañadas y lastimadas por otros, sean estos delincuentes o servidores público.

Permitir que mediante un veto de facto, la promoción de una controversia constitucional y la presentación de una nueva iniciativa, se siga postergando la publicación de la Ley General de Víctimas legalmente promulgada y aprobada, sienta un peligroso precedente que atenta contra el equilibrio de poderes y rompe el Estado de Derecho.

El dolor y las justas demandas de miles de víctimas, así como la preservación de las instituciones de la República, exigen una reacción enérgica de las Cámaras del Congreso de la Unión desechando de plano por notoriamente frívola e improcedente la iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas” presentada por Felipe Calderón.

Y al mismo tiempo, conminar al titular del Ejecutivo Federal a que de inmediato se desista de la Controversia Constitucional plateada y ordene la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

unico.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal:

Primero.- A que se desista y retire del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”.

Segundo.- Promueva el desistimiento de la Controversia Constitucional que promovió contra la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

Tercero.- Ordene la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.





 

En el turno que corresponde al grupo parlamentario del PT, se concede el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo en relación con el procedimiento de la iniciativa de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- El C. Senador Víctor Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente; ciudadanas Senadoras y Senadores de la República:

Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, artículo 16 constitucional. Este Honorable Congreso de la Unión y las Cámaras que lo componen, cumplen con el mandamiento constitucional, cuando al ejercer las facultades y atribuciones que tienen conferidas, ajustan sus actos a lo que disponen su Ley Orgánica, el Reglamento Interior y los Reglamentos particulares de cada Cámara.

El Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de fecha 9 de agosto pasado, que instituyó las llamadas iniciativas preferentes, supeditó el ejercicio de las facultades que se confieren al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la ciudadanía, a que se expida la legislación correspondiente. El precepto a la letra dispone:

"El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo".

Este precepto, por ser parte de la Constitución Política, es de naturaleza suprema. Es de jerarquía superior. Debe ser acatado en sus términos, tanto por autoridades como por particulares. En el caso de las Senadoras y Senadores con mayor razón, por virtud de la protesta que, en los términos del artículo 128 constitucional, hemos rendido al asumir nuestros encargos.

Como servidores públicos en general, y legisladores en particular, faltaríamos a nuestro deber y daríamos muy mal ejemplo a la ciudadanía, si a pesar de la protesta que hemos rendido, incumpliéramos el mandato fundamental y, por nuestra propia autoridad, pretendiéramos actuar sin que exista una ley que regule nuestra actuación.

Una iniciativa preferente no puede estar fundada ni motivada si este Honorable Senado de la República la estudia, discute y aprueba sin haber hecho las adecuaciones necesaria a las leyes que regulen su actuación.

Por tratarse de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y a su Reglamento Interior, las adecuaciones correspondientes deben ser obra del Congreso de la Unión, después de agotar el proceso legislativo ordinario a que hacen referencia tanto el artículo 72 constitucional, la propia Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior.

Esta normatividad funda y motiva nuestro actuar. De su observancia depende la validez de nuestra actuación y la obligatoriedad de las leyes y decretos que como parte de un poder emitimos.

Debemos evitar procedimientos viciados de los que sólo pueden derivar apariencias de leyes, de reformas o de Decretos. Si no existe normatividad, en nuestra actuación derivarán actos anulables. Preciso y recuerdo, de no existir esa normatividad que regule nuestra actuación derivarán actos anulables.

En nada contribuye a la consolidación del estado de derecho y a la seguridad jurídica, el actuar de manera precipitada e irreflexiva.

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos respectivos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la alta consideración de los ciudadanos Senadores y Senadoras el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

Primero. En cumplimiento del Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 9 de agosto pasado, mientras tanto no se emitan las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes, suspéndase el trámite preferente a toda iniciativa.

Segundo. Con el acuerdo anterior dese vista a la H. Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, en su carácter de Colegisladora, para los efectos legales a que haya lugar.

Suscrito por los integrantes de la fracción del PT en el Senado de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA REGULARICE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2012

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLCA
PRESENTE.

Senador MANUEL BARTLETT DIAZ, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8.1, fracción II; 108; 109; 164.5; 170.1; 276; y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esa H. MESA DIRECTIVA DEL SENADO, proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado (artículo 16 constitucional). Este H. Congreso de la Unión y las Cámaras que lo componen, cumplen con el mandamiento constitucional, cuando al ejercer las facultades y atribuciones que tienen conferidas, ajustan sus actos a lo que disponen su Ley Orgánica, el Reglamento Interior y los Reglamentos particulares de cada Cámara.

El artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de fecha 9 de agosto pasado, supeditó el ejercicio de las facultades que se confieren al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la ciudadanía, a que se expida la legislación correspondiente. El precepto a la letra dispone:

El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Ese precepto, por ser parte de la Constitución Política, es de naturaleza suprema. Es de jerarquía superior. Debe ser acatado en sus términos, tanto por autoridades como por particulares. En el caso de los Senadores, con mayor razón, por virtud de la protesta que, en los términos del artículo 128 constitucional, hemos rendido al asumir nuestros encargos.

Como servidores públicos en general, y legisladores en particular, faltaríamos a nuestro deber y daríamos muy mal ejemplo a laciudadanía, si a pesar de la protesta que hemos rendido, incumpliéramos el mandato fundamental y, por nuestra propia autoridad, pretendiéramos actuar sin que exista una ley que regule nuestra actuación.

Una iniciativa preferente no puede estar fundada ni motivada si este H. Senado de la República la estudia, discute y aprueba sin haber hecho las adecuaciones necesarias a las leyes queregulen su actuación.

Por tratarse de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y a su Reglamento Interior, las adecuaciones correspondientes deben ser obra del Congreso de la Unión, después de agotar el proceso legislativo ordinario a que hacen referencia tanto el artículo 72 constitucional, la propia Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior.

Esa normatividad funda y motiva nuestro actuar. De su observancia depende la validez de nuestra actuación y laobligatoriedad de las leyes y decretos que como parte de un Poder emitimos.

Debemos evitar procedimientos viciados de los que sólo pueden derivar apariencias de leyes, de reformas o de decretos. Si no existe normatividad, de nuestra actuación derivarán actos anulables.

En nada contribuye a la consolidación del estado de derecho y a la seguridad jurídica, el actuar de manera precipitada e irreflexiva.

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8.1, fracción II; 108; 164.5; 170.1; 276; y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la Alta Consideración de los CC. Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

Primero. En cumplimiento del artículo segundo transitorio del decreto de fecha 9 de agosto pasado, mientras tanto no se emitan las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes, suspéndase el trámite preferente a toda iniciativa.

Segundo. Con el acuerdo anterior dese vista a la H.Cámara Diputados de este H. Congreso de la Unión, en su carácter de colegisladora, para los efectos legales a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, México, D. F., a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Manuel Bartlett Díaz”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, SenadorBartlett Díaz. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese, en su momento, a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 y licitar las obras para la modernización y ampliación de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con la autorización de la Presidencia, compañeras Senadoras y Senadores:

Presento ante este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, el estado de Campeche juega un papel de suma importancia para el desarrollo nacional, ya que en sus costas se extrae más del 60 por ciento del petróleo crudo y cerca del 20 por ciento del gas que se produce en todo el país, además de ser una zona estratégica que conecta el sureste del país con la región centroamericana.

Sin embargo, a pesar de contar con dichas potencialidades, Campeche continúa los esfuerzos para consolidarse como un gran polo de desarrollo. El sector que apremia mayor inversión para lograr este objetivo, es el portuario, pues al contar con 8 puertos, las necesidades de infraestructura en la ampliación y modernización se vuelven cada día vitales.

En consecuencia, la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) ha desarrollado un proyecto con metas de largo alcance en dos de los principales puertos que, por su importancia para el desarrollo económico y social de la entidad, es necesario consolidar: Isla del Carmen y el puerto de Seybaplaya.

El puerto de Isla del Carmen es el más importante, no sólo por su ubicación, sino por su amplia gama de servicios que pone a disposición de las industrias pesqueras y petroleras. De acuerdo al movimiento nacional de carga, registrado por la SCT, Puerto Isla del Carmen mueve 87 mil toneladas de productos; sin embargo, las demandas y exigencias de los usuarios apuntan a nuevas obras de infraestructura que permitan desarrollar todo el potencial y una mayor competitividad en la región.

Por su parte, el Puerto de Seybaplaya cuenta con una infraestructura base para hacer una terminal con ventajas comparativas para las plataformas petroleras y el transporte de hidrocarburos en la región del Golfo de México, además de un gran potencial para desarrollar el sector turístico de la entidad.

En síntesis, podemos afirmar que la capacidad instalada de los dos puertos, Isla del Carmen y Seybaplaya, está siendo subutilizada debido a la falta de recursos para realizar las ampliaciones necesarias.

En ese sentido, la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar en el ejercicio fiscal 2012, un monto de 302 millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos del Carmen y de Seybaplaya, dichos recursos serían aplicados por el gobierno federal, pero a nueve meses de ser aprobado dicho presupuesto, no se ha realizado este tipo de obra.

El retraso en el cumplimiento de la liberación de dichos recursos y su aplicación por parte del Ejecutivo, impacta directamente en el desarrollo económico de la entidad, ya que se truncan las metas en infraestructura y la generación de empleos seguirá en espera.

Sumado a ello, Campeche, como estado petrolero, pasa por un proceso de disminución en su producción. En los últimos seis años dejó de ser el estado con una producción cercana al 80 por ciento de los hidrocarburos que se generaban en el país, para ubicarse en el presente año, con una producción apenas del 60 por ciento.

Como ejemplo, basta mencionar, el emblemático Yacimiento de Cantarell que, en el 2006 llegó a producir 1.7 millones de barriles diarios y en el 2012 produce sólo 400 mil barriles por día.

Este proceso de disminución en la producción, representa un fuerte impacto en las participaciones y transferencias de la federación hacia la entidad, afectando significativamente sus finanzas públicas.

Lo anterior, conforma que en un futuro cercano la actividad petrolera dejará de ser la actividad que genere ingresos para el estado de Campeche y sus habitantes, volviéndose inaplazable buscar economías alternas que sustituyan a la petrolera y detonen el desarrollo económico que esperan las próximas generaciones de campechanos.

El desarrollo de la infraestructura portuaria de la entidad, es uno de los sectores que deben de impulsarse decididamente para generar nuevas cadenas productivas con la consecuente derrama de empleos que tanto hacen falta en todo el país y, por supuesto, en el estado de Campeche.

Por ello, es de vital importancia que se acelere la liberación de los 302 millones de pesos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya.

Por lo anterior expuesto, someto al a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata los recursos para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche, etiquetados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licitar a la brevedad posible, las obras de ampliación y modernización de los puertos Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2012 Y LICITAR LAS OBRAS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LOS PUERTOS DE ISLA DEL CARMEN Y SEYBAPLAYA, CAMPECHE

El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, el Estado de Campeche juega un papel de suma importancia para el desarrollo nacional, ya que en sus costas se extrae más del 60 por ciento del petróleo crudo y, cerca del 20 por ciento de gas que se producen en territorio nacional, además de ser una zona estratégica que conecta el sureste del país con la región centroamericana.

Sin embargo, a pesar de contar con dichas potencialidades, Campeche continúa los esfuerzos para consolidarse como un gran polo de desarrollo. El sector que apremia mayor inversión para lograr éste objetivo, es el portuario, pues al contar con ocho puertos, las necesidades de infraestructura en ampliación y modernización se vuelven vitales.

En consecuencia, la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) ha desarrollado un proyecto con metas de largo alcance en dos de los principales puertos que, por su importancia para el desarrollo económico y social de la entidad, es necesario consolidar: Puerto de Isla del Carmen y el puerto de Seybaplaya.

Puerto Isla del Carmen es el más importante, no sólo por su ubicación, sino por la amplia gama de servicios que pone a disposición de diversas industrias, entre ellas la petrolera y pesquera. De acuerdo al movimiento nacional de carga registrado por la SCT, puerto Isla del Carmen, mueve 87 mil toneladas de productos. Sin embargo, las demandas y exigencias de los usuarios apuntan a nuevas obras de infraestructura que permitan desarrollar todo el potencial del puerto para estar en posibilidades de prestar mejores servicios y generar mayor competitividad en la región.

Por su parte, el puerto de Seybaplaya cuenta con infraestructura base para ser una terminal con ventajas comparativas para las plataformas petroleras y el transporte de hidrocarburos en la región del Golfo de México, pero debido a la falta de infraestructura y ampliación de la misma, sólo registra un movimiento de 17 mil 674 toneladas.

En síntesis, podemos afirmar que la capacidad instalada en los dos puertos, Isla del Carmen y Seybaplaya, está siendo subutilizada debido a la falta de recursos para realizar las ampliaciones necesarias y cubrir las demandas de los usuarios, entre ellos Petróleos Mexicanos.

En este sentido, la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar para el ejercicio fiscal 2012, un monto de 302 millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos del Carmen y Seybaplaya, dichos recursos serían aplicados por el gobierno federal, pero a nueve meses de ser aprobado dicho presupuesto, no se ha realizado ningún tipo de obra.

El retraso en el cumplimiento de la liberación de dichos recursos y su aplicación por parte del ejecutivo, impacta directamente en el desarrollo económico de la entidad, porque se truncan las metas proyectadas y los objetivos no se cumplen cabalmente. Por lo tanto, el desarrollo de los puertos y la infraestructura que detone crecimiento económico y generación de empleos seguirá en espera.

Sumado a ello, Campeche, como estado petrolero, pasa por un proceso de disminución en su producción; en los últimos seis años dejó de ser el estado con una producción cercana al 80% de los hidrocarburos que se generaban en el país, para ubicarse en el presente año, con una producción superior al 60%.

Como ejemplo, baste mencionar, el emblemático yacimiento Cantarell que, en 2006 llegó a producir 1.7 millones de barriles diarios y en 2012 produce sólo 400 mil barriles por día.

Este proceso de disminución en la producción, representa un fuerte impacto en las participaciones y transferencias de la federación hacia la entidad, afectando significativamente sus finanzas públicas.

Lo anterior, confirma que en un futuro cercano la actividad petrolera dejará de ser la actividad que genere ingresos para el Estado de Campeche y sus habitantes, volviéndose inaplazable buscar economías alternas que sustituyan a la petrolera y detonen el desarrollo económico que esperan las próximas generaciones.

El desarrollo de la infraestructura portuaria en la entidad, es uno de los sectores que deben impulsarse decididamente para equilibrar y subsanar la caída de la actividad petrolera en la entidad, generando el arribo de nuevas cadenas productivas con la consecuente derrama de empleos.

Por ello, es de vital importancia que se acelere la liberación de los 302 millones de pesos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Sebaplaya, ya que el crecimiento y desarrollo económico

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata los recursos para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche, etiquetados para tal efecto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licitar a la brevedad posible, las obras de ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche.

Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese, en su oportunidad, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitar una rectificación de turno al punto de Acuerdo que presentó el Senador Manuel Bartlett, toda vez que se remitió a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, el punto de Acuerdo del Senador Manuel Bartlett no es materia de esa discusión, en todo caso debería remitirse a la Junta de Coordinación Política, que fue quien emitió el punto de Acuerdo para la conformación de la Comisión Técnica que va a emitir un predictamen de la iniciativa preferente que se envió.

Nosotros solicitaríamos esta rectificación de turno.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sí, Senador Encinas Rodríguez, lo vamos a llevar a la Mesa Directiva, y ahí lo vamos a discutir para su turno y su solicitud.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo, Daniel Avila Ruiz, Fernando Yunes Márquez y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo en relación a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente.

En estas últimas semanas, una representación de atletas mexicanos compitió en Londres, en los eventos de los Juegos Paralímpicos, fueron 81 atletas, los cuales compitieron con emoción, con pasión, con preparación, con capacidad y en forma exitosa, representando a todos los mexicanos, pero en especial a casi seis millones de compatriotas que son portadores de alguna capacidad diferente, y que pusieron muy en alto el nombre de este segmento de la población, casi el 5.1 por ciento de mexicanos que día a día luchan en los diferentes aspectos y factores, y ubicaciones de la vida nacional para ser buenos mexicanos, y en el caso de estos 81 atletas representar dignamente a nuestro país.

Es por eso que los Senadores Mariana Gómez del Campo, Fernando Yunes Márquez, Daniel Avila Ruiz, Ernesto Ruffo Appel, y su servidor Francisco Salvador López Brito, compañeras y compañeros Senadores, presentamos, de acuerdo a la normatividad que nos rige, esta proposición con punto de Acuerdo, con moción de urgente resolución, en relación a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El primer evento deportivo para atletas con capacidades diferentes tuvo lugar en el año de 1948 en Inglaterra, contando básicamente con personas en sillas de ruedas, siendo hasta 1960 cuando se realizaron por primera vez los denominados Juegos Paralímpicos en Italia, participando 400 atletas de 23 países.

A partir de ese año, los Juegos Paralímpicos se realizan cada cuatro años al término de los Juegos Olímpicos, siendo hasta 1988, en Seúl, Corea, cuando los citados juegos se realizaron en la misma sede.

Así, debido a la gran aceptación y reconocimiento mundial a los derechos de las personas con capacidades diferentes, en el año de 1989 se formó el Comité Paralímpico Internacional, teniendo como logotipo un emblema con tres colores, verde, rojo y azul, simbolizando la mente, el cuerpo y el espíritu.

Nuestro país comenzó a participar desde 1972, ganando hasta la fecha 294 medallas, superando en los citados Juegos con sede en Londres la actuación de los pasados Juegos Paralímpicos Beijing 2008, China, en donde se obtuvieron 20 preseas, consiguiendo, en ésta última, un total de 21 medallas en los recientes Juegos de este 2012, con 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce, ubicándose en el lugar 23 del medallero.

La delegación mexicana se conformó por 81 atletas obteniendo más del 25 por ciento de efectividad en relación al total de medallas obtenidas, situación que sin duda es digna de reconocer y de celebrar.

Las medallas fueron de esta manera:

En natación: Arnulfo Castorena, Bronce; Gustavo Sánchez, dos de Oros una de Plata y una de Bronce; Juan Ignacio Reyes, una de Oro; Patricia Valle, dos de Bronce y Pedro Rangel, Bronce.

En Atletismo: Salvador Hernández, Plata y Bronce; Jorge González, Bronce; Mauro Máximo, Plata y Bronce; Angeles Ortíz, Oro; Luis Zepeda, Oro; Leonardo Pérez, Bronce y Diana Velasco, Bronce.

En levantamiento de peso: Amalia Pérez, Oro y Perla Bárcenas, Bronce.

En Judo:Eduardo Avila, Bronce.

Todo ello es, una vez más, muestra clara de la capacidad que tienen los deportistas paralímpicos mexicanos y su alto nivel competitivo, que también nos deja en claro que el apoyo recibido ha sido bien canalizado, pero también que si estos esfuerzos se redoblan, los resultados serán aún mejores.

Es por lo anterior, que se presenta este punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, como un pequeño reconocimiento al gran esfuerzo de las personas con capacidades diferentes que día a día, predicando con su ejemplo, nos demuestran que depende de nosotros hacer de México un país ganador.

Son ejemplo, a la misma vez, de los miles y miles de personas que por diferentes situaciones y, entre ellos, accidentes que el día a día aumentan e incorporan más la población de personas con capacidades diferentes, para que no caigan en depresiones y tomen con mucho ahínco y esfuerzo los ejercicios para que superen sus problemas a raíz de estas consecuencias.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, con moción de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer al deporte paralímpico en México.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte, para que diseñe y refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales.

Tercero.- Se instruye a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Juventud y Deporte de esta Soberanía, una vez constituidas, se pongan a realizar las acciones correspondientes para que este Senado de la República haga un digno reconocimiento a los deportistas mexicanos medallistas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

A los compañeros que se están sumando a este punto de Acuerdo, toda mi felicitación, y desde luego el que nos sumemos y hagamos un punto de Acuerdo complementado, para rendir homenaje a estos buenos mexicanos.

Por su atención, gracias. Es cuanto.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION MEXICANA EN LOS JUEGOS PARALIMPICOS DE LONDRES 2012

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II, 108 y 276, numeral 1,del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION, EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION MEXICANA EN LOS JUEGOS PARALIMPICOS DE LONDRES 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Comité Paralímpico Internacional, se les llama Juegos Paralímpicos, ya que su nombre se forma con el prefijo griego PARA, que significa proximidad o similitud, es decir, son cercanos, inmediatos a los Juegos Olímpicos; aunque existen otras versiones que explican que el nombre se debe a la participación de atletas con alguna discapacidad.

El primer evento deportivo para atletas con discapacidad tuvo lugar en el año de 1948 en Inglaterra, contando básicamentecon personas en silla de ruedas, siendo hasta 1960 cuando se realizaron por primera vez los denominados Juegos Paralímpicos en Italia, participando 400 atletas de 23 países.

A partir de ese año, los Juegos Paralímpicos se realizan cada cuatro años al terminar los Juegos Olímpicos, siendo hasta 1988, en Seúl (Corea), cuando los citados juegos se realizaron en la misma sede.

Así, debido a la gran aceptación y reconocimiento mundial a los derechos de las personas con discapacidad, en el año de 1989 se formó el mencionado Comité Paralímpico Internacional, teniendo como logotipo un emblema con tres colores (verde, rojo y azul) que simbolizan la mente, el cuerpo y el espíritu.

Nuestro país comenzó a participar desde 1972, ganando hasta la fecha 294 medallas, superando en los citados Juegos con sede en Londresla actuación de los pasados Juegos Paralímpicos Beijing 2008, China, en donde se obtuvieron 20 preseas, consiguiendo un total de 21 medallas en los recientes Juegos Paralímpicos 2012, con seis de oro, cuatrode plata y 11 de bronce, ubicándose en el lugar 23 del medallero.

La delegación mexicana se conformó por 81 atletas obteniendo más del 25 por ciento en la efectividad en relación al total de medallas obtenidas, situación que sin duda es digna de reconocer y celebrar.

Las medallas fueron de esta manera:

Natación

• Arnulfo Castorena (Bronce).-50 metros pecho categoría SB2,

• Gustavo Sánchez (Dos Oros-Plata-Bronce).- Dos preseas áureas en los 100 y 200 metros libres S4, así como la Plata de los 150 metros combinados categoría SM4 y el Bronce de los 50 metros dorso S4, donde se logró el 1-3.

• Juan Ignacio Reyes (Oro).-50 metros dorso S4.

• Patricia Valle (Dos Bronces).-50 y 100 metros libres S3.

• Pedro Rangel (Bronce).-100 metros pecho en la categoría SB5.

Atletismo

• Salvador Hernández (Plata-Bronce).- 100 y 200 metros T52 respectivamente.

• Jorge González (Bronce).- 400 metros de la categoría T12.

• Mauro Máximo (Plata-Bronce).- Segundo lugar en el Lanzamiento de Bala F52/53 y tercero en lanzamiento de Jabalina.

• Angeles Ortíz (Oro).- Lanzamiento de Bala categoría F57/58.

• Luis Zepeda (Oro).- Lanzamiento de Jabalina F54/55/56.

• Leonardo Pérez (Bronce).- 800 metros T52.

• Diana Velasco (Bronce).- 400 metros T12,

Levantamiento de Peso

• Amalia Pérez (Oro).- 60 kg.

• Perla Bárcenas (Bronce).- 82.50 kg.

Judo

• Eduardo Ávila (Bronce).- 73 kg.

Todo ello es, una vez más, muestra clara de la capacidad que tienen los deportistas paralímpicos mexicanos y su alto nivel competitivo, que también nos deja en claro que el apoyo recibido ha sido bien canalizado, pero también que si estos esfuerzos se redoblan, los resultados serán aún mejores.

Es por lo anterior, que se presenta este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, como un pequeño reconocimiento al gran esfuerzo de las personas con discapacidad que día a día, predicando con el ejemplo, nos demuestran que depende de nosotros hacer de México un país ganador.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, con moción de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer al deporte paralímpico en México.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para que diseñe y refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales.

TERCERO.- Se instruye a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Juventud y Deporte de esta Soberanía, una vez constituidas, a realizar las acciones correspondientes para que este Senado de la República haga un reconocimiento a los deportistas mexicanos medallistas en los Juegos Paralímpicos Londres 2012.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 18 de agosto de 2012.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su venia, señor Presidente.

En nombre de mis compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a favor de la propuesta de mis compañeros Senadores, dado a la importancia de reconocer el gran esfuerzo que hicieron nuestros atletas paralímpicos y pusieran en alto el nombre de nuestro país en la justa mundial más importante en cualquier área de los deportes.

Es por eso que desde esta tribuna, la fracción parlamentaria del PRI se suma a este reconocimiento para que, en lo sucesivo y subsecuente, este tipo de eventos sea repetitivo y el reconocimiento genere una mayor expectación, pero también una valoración del gran esfuerzo que hicieron nuestros atletas mexicanos en esta pasada justa olímpica.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, SenadorBarroso Agramont.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Me da mucho gusto que compañeras y compañeros Senadores hayamos coincidido en este punto, porque no se trata nada más de felicitar a las y los atletas que representaron tan dignamente a México y ganaron medallas. Me parece que tiene que haber un reconocimiento mayor a que este país está en deuda con las personas con discapacidad, personas que todos los días nos dan ejemplo de superación, y no es menor la población en nuestro país.

Más de 5 millones, según el INEGI, que representan el 5.1 por ciento de la población, tienen alguna discapacidad, y para alcanzar un verdadero ejercicio de sus derechos humanos hay que derribar muchas limitantes, es una tarea de todos y de los legisladores en especial.

Los obstáculos e impedimentos existentes son varios, y en especial aquellos relativos al trabajo digno y bien remunerado, a la educación, a la salud, a la accesibilidad universal y a la seguridad en el uso de instalaciones, a la inclusión y a la integración de las personas con discapacidad, entre otros tantos derechos humanos para cuyo ejercicio es indispensable la garantía de éstos.

Hay que recordar, en materia laboral, los datos son muy preocupantes. Según un informe elaborado por el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aproximadamente el 70 por ciento de las personas con discapacidad están sin empleo o excluidas de la fuerza laboral en la región, en América Latina, y en algunos países como México, esta proporción alcanza hasta el 75 por ciento.

El 54 por ciento de las personas con discapacidad en México no reciben ningún ingreso, y el 18 por ciento percibe menos de un salario mínimo. El informe también precisa que sólo el 30 por ciento de los jóvenes con discapacidad están escolarizados en México. También la Encuesta Mundial de Salud indicó que la tasa de empleo es menor entre los varones y mujeres con discapacidad. A pesar de las limitaciones que resisten y de la realidad que arrojan los datos demográficos, las personas con discapacidad demuestran diariamente en los espacios familiares, comunitarios y en eventos de escala internacional, como es el que nos ocupa, que su valor y esfuerzo es mucho más grande que las limitaciones físicas y estructurales a las que enfrentan.

Por eso me parece que es un merecido reconocimiento que este Senado de la República llame a todos los medallistas. Y quiero darle hoy la bienvenida a Amalia Pérez Vázquez, medallista paralímpica de oro en Londres 2012, que hoy nos visita.

(Aplausos)

Muchas gracias por acompañarnos Amalia, ¡muchas felicidades!

También le damos una calurosa bienvenida a Eric Silva Ruiz, atleta panamericano, medalla de oro en fútbol, con discapacidad auditiva.

(Aplausos)

Muchas felicidades.

Nos acompaña también Alfredo Ruiz Hernández, Presidente del Club Deportivo para Sordos “Las Cobras” del D.F.

(Aplausos)

Bienvenidos Ana María Sánchez Espejel, representante de personas con discapacidad intelectual, coordinadora del grupo de deporte y recreación del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo para las Personas con Discapacidad.

(Aplausos)

Viviana Gutiérrez Lujo, Asociación Vanguardista por la Educación.

Claudia Castañeda Nicolás, Centro Educativo “Expresión y Libertad”.

Ricardo Robinson Fuentes, entrenador del Club Aguilas de Iztacalco.

Y a la Asociación CELIAP.

Muchas gracias por acompañarnos.

(Aplausos)

Y pedirle, señor Presidente, que el punto de Acuerdo que en el Orden del Día viene hasta el final, que suscribimos los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Alejandro Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, Ana Gabriela Guevara y Layda Sansores San Román, lo unamos en un solo punto de Acuerdo, para el cual me propondría sugerirles esta redacción que nos dimos a la tarea de juntar los contenidos de los tres puntos de Acuerdo, y habría que pedir también la opinión, por supuesto, de la Senadora Ana Guevara.

Resolutivos

Primero.- El Senado de la República felicita a los deportistas mexicanos que compitieron en los Decimocuartos Juegos Paralímpicos celebrados en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que diseñe y refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales.

Tercero.- El Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, autoriza que en Sesión Solemne se reciba y reconozca públicamente a los atletas mexicanos que obtuvieron medallas en los XIV Juegos Paralímpicos 2012, para que se difunda y reconozca su valiosa aportación al espíritu y a la cultura deportiva de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Vamos a escuchar la intervención de la Senadora Ana Gabriela Guevara, y preguntaremos al Senador Francisco Salvador Brito, si es que coincide con esta propuesta que nos acaba de presentar el Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su permiso, señor Presidente.

Las competencias deportivas en nuestro país forman parte de una cultura que influye en la vida diaria de las personas en lo psicológico, en lo físico, en lo social, y afectan de manera positiva en el desarrollo y los procesos vivenciales de millones de mujeres y de hombres en este país, tanto en experiencia propia como la experiencia de observación, y con suma competencia deportiva estimula emociones y sensaciones complejas que conforman una parte de su efectividad y recrean acciones que se vierten en ámbitos personales y en ámbitos sociales. Estos repercuten en el desarrollo y los procesos internos de las personas, en hábitos comerciales y espirituales.

Una competencia deportiva significa una autosuperación constante, enfrenta obstáculos propios y externos que conforman una resistencia que el competidor debe confrontar continuamente. Es por ello que los triunfos deportivos obtienen reconocimiento social que forjan los competidores victoriosos como íconos con múltiples significados de ejemplo, imitación, admiración y respeto, un gran estímulo de voluntad.

Tan es así que la industria comercial, el poder político, el conocimiento social, tienen intereses variados sobre estos temas, con las personas que triunfan en diversas disciplinas, porque saben del influjo positivo y capacidad de convocatoria para adoptar diversas conductas.

Este año se celebraron competencias internacionales de gran interés, la gran competencia del mundo que son los Juegos Olímpicos, en Inglaterra, donde nació esta competencia, y esta justa deportiva extraordinaria y difundida en esta última división, siendo la más vista y la más seguida por todo el mundo, marcando los ratings más altos, donde México ganó 7 medallas, una de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Cada uno de estos metales representa y significa el esfuerzo de mujeres y de hombres que no sólo superaron las resistencias físicas, sino también los entornos adversos, como son la ausencia de una política eficiente de estado ante El deporte masivo.

No nos vayamos en balde, solamente en pensar que los Juegos Olímpicos son la única opción, sino que tenemos que pensar también en la población y en el deporte masificado.

Ello significa también presupuestos raquíticos, pocas instalaciones y deficientes, nutrición de baja calidad para el desarrollo de esfuerzos superiores y una pobre atención en medicina deportiva, así como una nula institucionalidad para reclutamiento y capacitación de talentos deportivos.

El deporte institucional en México hay que asumirlo, sufre un colapso crónico, te impide desarrollar los aspectos de beneficio social que repercutirán en generar salud pública.

Este año también se efectuaron los Juegos Paralímpicos en el mismo país. Y en esas competencias, los atletas mexicanos paralímpicos obtuvieron 21 preseas. Esto dio un resultado extraordinario altamente sintomático. En los Juegos Olímpicos de este año se obtuvo el 40avo lugar en el cuadro de medallas y en los Paralímpicos se obtuvo el 23avo lugar.

Los competidores paralímpicos, por lo anteriormente considerado, se enfrentan a obstáculos superiores que los atletas olímpicos convencionales, precisamente porque no son apreciados con el mismo interés que podrían repercutir en promociones y apoyos sustantivos en bien de sus altos desempeños.

Cada historia personal de los atletas paralímpicos es una historia de tenacidad superlativa y no son generados por la atención institucional, sino por la calidad de su voluntad. Y es ese donde debe de estar mayormente enfocado nuestro reconocimiento, en su gran voluntad como mexicanos.

Por ello, estos resultados que a decir de ellos mismos no tienen el reconocimiento debido, pudieran alentar y educar a personas que pretenden dedicarse al deporte, que tengan o no una discapacidad. Por ello mismo se convoca a esta alta representación, a tomar una decisión que servirá no sólo para reconocerles su gran esfuerzo, que es inmensurable, sino una valiosa y positiva influencia hacia miles de deportistas que padecen o no discapacidad, o a millones de mexicanos y mexicanas que verán en estas historias de triunfo un modelo a admirar y seguir e imitar.

Por todo lo anterior, nosotros estamos de acuerdo y me sumo a la propuesta que ha hecho el Senador Mario Delgado, de que sea en sesión solemne este reconocimiento, y enhorabuena para ellos, un aplauso y saludo con cariño a nuestros amigos que nos acompañan aquí.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Para abordar el mismo tema, desde su escaño, se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para expresar que estamos completamente de acuerdo por lo señalado por el Senador Mario Delgado, así como lo expresado por la Senadora Ana Gabriela Guevara.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México suscribe la propuesta hecha en tribuna por el Senador Mario Delgado y reconoce que evidentemente el Congreso de la Unión está en deuda con este sector de la población, que tantas historias de éxito le da a nuestro país de manera cotidiana.

Por ello, lo mínimo que podemos hacer es este reconocimiento y, desde luego, comprometernos con hacer un trabajo más profundo para generar mejores condiciones para que estas historias de éxito que nos dan las personas con discapacidad se multipliquen y sean un ejemplo para el resto de la población.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño)Celebro la coincidencia que tenemos todos los grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República en reconocer, celebrar y felicitar efusivamente a los atletas, a los deportistas paralímpicos que han puesto en alto el nombre de México y que se esfuerzan día a día por superarse y que son ejemplo para este segmento de la población con capacidades diferentes, para que así como ellos han alcanzado estos triunfos, se vea que el triunfo lo pueden alcanzar en el día a día, superando sus problemas de discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

Y, por lo tanto, coincido y me sumo en los términos en los que se está redactando este punto de Acuerdo e igual agregar que sea en sesión solemne el reconocimiento a estos atletas.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador López Brito.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Una vez que hemos recibido la propuesta de consenso en relación con los adeudos en el pago de la energía eléctrica, tiene la palabra la Senadora Leticia Herrera Ale, para dar lectura a dicha propuesta modificada.

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Con el permiso de la Presidencia.

A continuación daré lectura al resolutivo acordado con los partidos políticos que contienen las propuestas de los Senadores Omar Fayad Meneses, Fidel Demédicis Hidalgo y Francisco Domínguez Servién, manifestando de antemano mi conformidad con la modificación a mi punto de Acuerdo.

"Primero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, previo análisis de cada caso, a renegociar los términos del convenio, para señalar nuevos plazos que sean accesibles y operables en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos pecuarios, agrícolas y para abrevadero. De igual forma, se solicita también que se desistan de las denuncias que se han interpuesto ante diversas autoridades en contra de los productores agrícolas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de sus competencias, revisen las tarifas eléctricas aplicadas en el país, solicitando la reclasificación de las mismas.

Tercero.- El Senado de la República solicita instalar una mesa de trabajo con los Senadores y las dependencias señaladas en el punto anterior para el análisis caso por caso".

Muchas gracias por su atención.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Herrera Ale. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta el titular del Ejecutivo Federal a instrumentar las medidas presupuestarias fiscales y financieras necesarias para que la Federación subrogue la deuda pública financiera y no financiera de los estados y municipios registrada al año 2012.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores:

La creciente deuda pública que actualmente enfrentan los estados y municipios en todo el país, que consecuentemente inhibe el desarrollo económico y social de las distintas regiones con diversas repercusiones en todas las actividades de la vida pública, privada y comunitaria es, sin duda, producto de una inequitativa distribución de la riqueza nacional, de un modelo de coordinación fiscal centralizado que no responde a los propósitos de un federalismo más auténtico y equilibrado entre los distintos órdenes de gobierno, de criterios de asignación presupuestal, de carácter político y no social, de la ineficiencia e incapacidad de los responsables, del ejercicio y optimización del gasto público, del aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública y de las presiones de liquidez a consecuencia de los presupuestos deficitarios originados sobre todo a partir de los acuerdos de centralización en materia educativa y de salud, pero también, indudablemente, del dispendio, opacidad, corrupción y malos manejos de los recursos por parte de algunos servidores públicos.

Este problema representa una de las principales causas de lentitud en el desarrollo social y económico que se aprecia en las distintas regiones, y que a su vez ha traído como consecuencia un bajo nivel de inversión en obra pública y programas sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo agropecuario, capacidad productiva de las comunidades y un agudo problema de inseguridad pública derivado de la falta de oportunidades del desarrollo regional.

La solución no está en el incremento de obligaciones tributarias o en la creación de nuevos impuestos.

No es el pueblo de México quien deba asumir la carga del endeudamiento con nuevas cargas impositivas, debe ser, en todo caso, el beneficiario de una política federalista corresponsable y más equitativa por parte de la Federación, que lo obligue a subrogar las obligaciones financieras contraídas por los estados y municipios que hoy merman de forma progresiva su capacidad financiera.

Compañeras y compañeros Senadores:

Abordo esta tribuna parlamentaria para proponer, que desde el Senado de la República y de la mano con el gobierno federal, iniciemos el rescate de nuestros estados y municipios.

Rescatar a los mexicanos de esta pesada carga que es la deuda pública, representa rescatar al futuro hipotecado incierto que le estamos heredando a nuestros hijos; un rescate que dé respiro a la vida institucional de nuestro país, generando condiciones de alivio para que las autoridades estatales y municipales hagan frente a sus obligaciones constitucionales bajo un marco de equidad y corresponsabilidad federalista que devuelva vigencia al desarrollo social y promueva el saneamiento financiero desde esas instancias gubernamentales tan cercanas a la ciudadanía.

Propongo que con este rescate financiero, imparcial y genuino, dejemos atrás prácticas tan negativas como el uso discrecional de los apoyos y distribución de los recursos federales.

Que sea en sincero interés de aliviar las finanzas públicas y no el cálculo político lo que oriente el propósito de este rescate, con criterio de equidad para lograr condiciones de desarrollo, lo mismo en Guerrero que en Guanajuato; lo mismo en Michoacán que en el Estado de México, a todos los estados y municipios por igual, sin distingos partidistas y preferencias de otra índole.

Que no quepa duda, propongo rescatar al pueblo de México, no darle impunidad a quienes han malversado el dinero de los mexicanos, ni tampoco para reparar sus abusos y debilidades. Para ellos exijo, desde aquí, el castigo que les toca conforme a nuestras leyes.

Quienes se aprovechan del cargo para enriquecerse, deben enfrentar el juicio público y el peso de la justicia.

Recordemos que en 1990 y 1998, el gobierno federal rescató a través del FOBAPROA e IPAB a instituciones bancarias.

Y en 1997, con el rescate carretero, rescató 23 de las 52 carreteras concesionadas a empresas constructoras privadas.

Como en estos casos, es necesario que conjuntemos esfuerzos para que ante la dificultad financiera por la que actualmente atraviesan las entidades federativas y los municipios, se establezca un nuevo fondo de protección, rescate y saneamiento a la deuda pública constituido con recursos federales.

Por ello, y saber que el Senado es corresponsable en el diseño y construcción de una política económica con sentido social y humanista, siempre en beneficio de los mexicanos, planteo a ustedes la aprobación de la presente proposición con punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se subrogue la deuda pública financiera y no financiera registrada hasta la fecha por estados y municipios de la República Mexicana, con la finalidad de proceder en lo inmediato a su protección, rescate y saneamiento financiero.

SEGUNDO. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que conjuntamente con las entidades federativas y municipios, en el marco de respeto a su autonomía constitucional, se busquen nuevos mecanismos y alternativas financieras que sustituyan de forma progresiva en el corto y mediano plazo la contratación de deuda con la banca comercial y de desarrollo, por esquemas de bursatilización que permitan a las entidades federativas y municipios mayor emisión de certificados de deuda, bajo condiciones financieras menos onerosas.

TERCERO. Se exhorta a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de las Auditorías Superiores de los Estados y de las Procuradurías de Justicia, para que se realicen las investigaciones administrativas y penales correspondientes y, en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten responsables, por el mal manejo de recursos públicos que han contribuido a generar e incrementar el monto del endeudamiento público de estados y municipios.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA QUE LA FEDERACION SUBROGUE LA DEUDA PUBLICA FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS REGISTRADA AL AÑO 2012

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE INSTRUMENTEN LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA QUE LA FEDERACION SUBROGUE LA DEUDA PUBLICA FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS REGISTRADA AL AÑO 2012, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. La creciente deuda pública que actualmente enfrentan los estados y municipios en todo el país, que consecuentemente inhibe el desarrollo económico y social de las distintas regiones del País, con diversas repercusiones en todas las actividades de la vida pública, privada y comunitaria, es sin duda, producto de una inequitativa distribución de la riqueza nacional, de un modelo de coordinación fiscal centralizado que no responde a los propósitos de un federalismo más auténtico y equilibrado entre los distintos órdenes de gobierno, de criterios de asignación presupuestal de carácter político y no social, del crecimiento del gasto operacional superior al registrado en los ingresos corrientes, de la ineficiencia e incapacidad de los responsables del ejercicio y optimización del gasto público, del aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública, de mayores niveles de pasivo circulante y delas presiones de liquidez a consecuencia de los presupuestos deficitarios originados sobre todo a partir de los acuerdos de descentralización en materia educativa y de salud, pero también, indudablemente, del dispendio, opacidad, corrupción y malos manejos de los recursos, por parte de algunos servidores públicos.

Esta aguda crisis financiera que ahoga la capacidad de respuesta social de los gobiernos locales y que desafortunadamente se ha profundizado a partir de las condiciones tan lesivas en las que se viene contratando el servicio de deuda pública con instituciones de crédito de la banca comercial y de desarrollo, con plazos reducidos, altas tasas de interés hasta del 14% anual en muchos casos, garantías de pago que hipotecan el futuro de los próximos 20 o 25 años de las aportaciones y participaciones federales y reestructuración de adeudos que lo único que logran es prolongar la agonía financiera de las entidades públicas, sin resolver el fondo del problema, genera sus efectos en la deficiente calidad de vida que durante los últimos doce años venimos padeciendo las familias mexicanas, frente a una realidad social quereduce las posibilidades de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, que produce escaso nivel de empleo, bajo nivel de ingresos per cápita y altos índices de marginación y pobreza en la mayoría de nuestros estados, municipios y comunidades.

La problemática planteada representa una de las principales causas de la lentitud en el desarrollo social y económico que se aprecia en las distintas regiones y que a su vez ha traído como consecuencia un bajo nivel de inversión en obra pública y programas sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo agropecuario, capacidad productiva de las comunidades y un agudo problema de inseguridad pública, derivado de la falta de oportunidades de desarrollo regional.

Segunda. Que la Deuda Pública Financiera Total de entidades federativas y municipios al cierre del segundo trimestre del año 2012 fue de 404 mil 409.5 millones de pesos, misma que representa un crecimiento del 346%, en los últimos doce años, en relación con la situación de deuda pública registrada por las entidades federativas en el año 2000, por la suma de 90 mil 731.3 millones de pesos.

Del total de la deuda señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los Gobiernos Estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.(1)

Asimismo, de los 404 mil 409.5 millones de pesos que constituye la deuda pública de los Estados y municipios en el país, la mayor parte se adeuda a la banca comercial por el orden de los 234 mil 418.7 millones de pesos y otro tanto a la banca de desarrollo por la suma de 89 mil 590.4 millones de pesos, mientras que las obligaciones de deuda generadas a partir de emisiones bursátiles sumaron la cantidad de 59 mil 096.7 millones de pesos, y por fideicomisos y otros conceptos se adeuda la cantidad de 21 mil 303.7 millones de pesos.

Entre las entidades federativas con mayor deuda pública registrada en el mismo periodo se ubican los estados de Distrito Federal con 54mil 866.5 millones de pesos, Nuevo León con 40 mil 008.5 millones de pesos, Estado de México con 38 mil 307.1 millones de pesos,Coahuila con 36 mil 499.6 millones de pesos, y Veracruz con 31 mil 815.8 millones de pesos, mientras que en el caso de las entidades federativas con menor deuda pública se encuentran Tlaxcala con 62,5 millones de pesos, Campeche con mil 030.8 millones de pesos, Baja california sur con mil 677.3 millones de pesos, Querétaro conmil 883.2 millones de pesos y Colima con 2 mil 185.7 , mientras que en el caso particular del Estado de Michoacán este se ubica por debajo de la media nacional con 16 mil 472.3 millones de pesos. (2)

Tercera. Que la deuda total financiera de las entidades federativas por el orden de los 404 mil 409.5 millones de pesos registrada al segundo trimestre del 2012, representa el 80.1% del total de sus ingresos garantizables mediante participaciones y aportaciones federales (3),y el 2.7% del PIB Estatal. (4).

Es evidente que el crecimiento acelerado de la deuda pública registrada en los últimos doce años, responde entre otras razones de carácter político, administrativo y económico, también a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que han oscilado en distintos ejercicios fiscales y entidades federativas entre los 5.3% y 14.7% anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3% anual (5); y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años,lo que debe obligar al gobierno de la República y a las propias entidades federativas y municipios a buscar mecanismos económicos y financieros más accesibles a sus posibilidades fiscales y presupuestales.

Cuarta. Que así como en los años 1990 y 1998 se instituyeron por parte del gobierno federal medidas de protección, rescate y saneamiento del ahorro para instituciones bancarias a través del FOBAPROA e IPAB, cuyo costo en ese momento se calculó en 552 mil millones de pesos y de la misma forma como en 1997 la federación destinó 165 mil millones de pesos para el rescate carretero que benefició a 23 de las 52 autopistas concesionadas a empresas constructoras privadas como ICA, Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo, con recursos de los contribuyentes, es imprescindible que ante la dificultad financiera por la que actualmente atraviesan las entidades federativas y los municipios, se establezca un nuevo Fondo de Protección, Rescate y Saneamiento de la Deuda Pública contratada por las entidades federativas y municipios, constituido por recursos federales, como parte de un federalismo fiscal, equilibrado, corresponsable y coordinado, que establezca las bases de un desarrollo regional sostenido, y que contribuya a superar al mismo tiempo las dificultades económicas por las que actualmente atraviesan los sectores público, privado y social del país.

Con independencia de las partidas presupuestales de las que pudiera constituirse dicho fondo, sería conveniente contemplar entre otros, los recursos provenientesde subejercicios y recursos no ejercidos legalmente por estados y municipios respecto a las participaciones y aportaciones federales, considerando que de acuerdo con los resultados del Informe de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2001 al 2010 presentado al 30 de junio del 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (6), se devolvieron a la federación la suma de 8 mil 505 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2011, mientras que por recuperación de recursos federales transferidos a estados, municipios y delegaciones se han devuelto 32 mil 607millones de pesos en el periodo 2001-2010; asimismo en el caso de los excedentes petroleros estos superaron los 68 mil 300 millones de pesos tan sólo en el 2011, mientras que en lo que va del actual sexenio 2006 al 2012, los excedentes petroleros ya superan los 300 millones de dólares, cantidad muy superior a los 214 mil y 105 mil millones de dólares obtenidos en los sexenios de Vicente Fox y Ernesto Zedillo respectivamente (7). De igual forma, deben ser considerados para el establecimiento del referido fondo, un porcentaje importante los ingresos tributarios derivados de impuestos directos e indirectos por la producción y consumo de bienes y servicios provenientes en su mayor parte de entidades federativas y municipios, dado que tan sólo en el año 2011, estos superaron los 1.5 billones de pesos equivalente aproximadamente al 45% de la Ley de Ingresos y ejercicio presupuestal de la Federación en ese año fiscal (8), recursostodos estos que en su totalidad o en un porcentaje importante podrían contribuir a la protección, rescate y saneamiento de la deuda pública de entidades federativas y municipios, como parte de un federalismo más solidario, corresponsable y coordinado que establezca las bases de un desarrollo regional sostenido y que contribuya a superar al mismo tiempo las dificultades económicas por las que actualmente atraviesan los sectores público, privado y social del país.

Quinta. De igual forma, resulta indispensable que se busquen por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, alternativas progresivas a corto y mediano plazo de sustitución de la contratación de deuda proveniente de la banca comercial y de desarrollo por un mecanismo de bursatilización de la deuda pública que autorice la emisión bursátil de certificados de deuda pública por parte de todas las entidades federativas, garantizados con participaciones federales, excedentes petroleros e ingresos propios como obligaciones adquiridas por entidades federativas y municipios con particulares, iniciativa privada, entidades públicas y organizaciones sociales, pero bajo condiciones financieras menos onerosas.

Mientras no entendamos que requerimos impulsar desde el Senado una reforma integral de las bases de coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas, que promuevan una distribución más equitativa de los recursos públicos recaudados por contribuciones directas e indirectas bajo una nueva fórmula de federalismo fiscal, seguiremos observando de forma pasiva, cómo los gobiernos estatales y municipales continúan enfrentando entornos muy adversos en materia de ingresos federales y locales para el mediano plazo, así como presiones de gasto en educación y salud a partir de su proceso de descentralización, provisión de servicios, crecientes exigencias en materia de seguridad pública y la atención de desastres naturales. La solución no está sin embargo, en el incremento de obligaciones tributarias o en la creación de nuevos impuestos, no es el pueblo de México quien deba asumir la carga del endeudamiento con nuevas cargas impositivas, debe ser en todo caso, el beneficiario de una política federalista corresponsable y más equitativa por parte de la federación que lo obligue a subrogar las obligaciones financieras contraídas por los estados y municipios que hoy merman de forma progresiva su capacidad financiera.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se subrogue la deuda pública financiera y no financieraregistrada hasta la fecha por Estados y Municipios de la República Mexicana, con la finalidad de proceder en lo inmediato a su Protección, Rescate y Saneamiento Financiero.

SEGUNDO. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que conjuntamente con las entidades federativas y municipios, en el marco de respeto a su autonomía constitucional, se busquen nuevos mecanismo y alternativas financieras que sustituyan de forma progresiva en el corto y mediano plazo la contratación de deuda con la banca comercial y de desarrollo, por esquemas de bursatilización que permitan a las entidades federativas y municipios mayor emisión de certificados de deuda, bajo condiciones financieras menos onerosas.

TERCERO. Se exhorta a los titularesde la Auditoria Superior de la Federación, de las Auditorías Superiores de los Estados y de las Procuradurías de Justicia, para que se realicen las investigaciones administrativas y penales correspondientes, y en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten responsables, por el mal manejo de recursos públicos que han contribuido a generar e incrementar el monto del endeudamiento público de estados y municipios

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

1 Información proporcionada por las Entidades Federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras Obligaciones reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y paramunicipales. Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx

Valores en millones de pesos. Deuda aprobada al 24 de mayo del 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx. Consultada el 30 de Julio de 2012.

http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx

Se proyectaron los datos de población 2012 en base a una tasa de crecimiento geométrico, con base en los años 2005 y 2010, con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Fuente: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484. Consultada el 31 de Julio de 2012.

1. Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx y http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx y http//www.apartados.hacienda.gob.mx

2. Se reporta a partir de las modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal para 2007. Incluye las participaciones en ingresos federales (Ramo 28), los incentivos fiscales, el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y los ingresos propios de las Entidades Federativas. No incluye los ingresos propios de los municipios.

3. Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP con información proporcionada por las Entidades Federativas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresy estimaciones propias.

4. http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx y http//www.apartados.hacienda.gob.mx/eo_m129.xls

5. www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recuperaciones y www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recupera.htp

6. www.energía.org.mx/méxico-excedentes-petroleros-en-2011

7.http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/001_finanzas_publicas/02_ingresos/03_no_petroleros

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora Iris Mendoza.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño)Nada más para pedirle al Senador, si permite que me adhiera a su punto de Acuerdo.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño)¡Claro!

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: El Senador lo ha aceptado. Se toma nota. Gracias.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a crear la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, la trata de personas es uno de los delitos que en mayor medida atentan contra los derechos humanos. La trata de seres humanos vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

En últimas fechas, el crimen organizado ha aumentado su participación y la frecuencia en que ocurren los crímenes relacionados con la trata de personas. Mencionan en el estudio, que debido a la posición geográfica de México y su flujo migratorio, es considerado un país de tránsitode víctimas de trata de personas, al mismo tiempo, México es un país de origen, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son trasladadas a otros territorios para ser sujetos de la trata con fines de explotación sexual y laboral; y es también un país en el que se comete de manera reiterada el delito de la trata de personas, además de ser considerado un país de destinode víctimas que son traídas al territorio nacional con fines de explotación sexual o laboral.

La Diputada de la LXI Legislatura, Rosi Orozco, lideró el combate a la trata de personas con la presentación de la primera iniciativa que expedía una ley general que permitiera lograr la coordinación y concurrencia de todos los niveles de gobierno, y así crear un andamiaje capaz de afrontar las estructuras del crimen organizado que lucran con la vida de las personas. A esta iniciativa, se le sumó el refrendo de los Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y más legisladores representantes del PAN, del PRI, del PRD, del PVEM, del PT, de Nueva Alianza y de Convergencia, de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Dentro del proceso legislativo, se dictaminaron algunas iniciativas adicionales que se habían presentado a lo largo de la legislatura relacionadas con el mismo tema.

Después de un arduo trabajo de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y del acuerdo de los legisladores, finalmente, el proyecto fue aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 2012 y turnado al Ejecutivo Federal para su publicación, misma que tuvo ocasión el 14 de junio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que una vez consumado este logro, es fundamental darle continuidad al trabajo legislativo en esta materia. Por la complejidad y, a su vez, lo delicado en el sentido de las violaciones graves a los derechos humanos del tema de trata de personas, el Senado de la República debe asumir el reto y darle prioridad a este tema.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Senadores para que acuerde la creación de manera prioritaria de la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES A CREAR LA COMISION PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR A LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
EN LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa, Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que disponen los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, la siguiente Proposición conpunto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Senadores para que cree que manera prioritaria la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, conforme a la siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México: “La trata de personas es uno de los delitos que en mayor medida atentan contra los derechos humanos. La trata de seres humanos vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen”.

En últimas fechas, el crimen organizado ha aumentado su participación y la frecuencia en que ocurren los crímenes relacionados con la trata de personas. Mencionan en el estudio, que debido a la posición geográfica del país México y su flujo migratorio es considerado un país de “tránsito de víctimas de trata de personas; al mismo tiempo, México es un país de origen -fundamentalmente de niñas, niños y mujeres-, que son trasladadas a otros territorios para ser sujetos de la trata con fines de explotación sexual y laboral; y es también un país en el que se comete de manera reiterada el delito de la trata de personas, además de ser considerado un país de destino de víctimas que son traídas al territorio nacional con fines de explotación sexual o laboral”.

La diputada de la Legislatura LXI Rosi Orozco lideró el combate a la trata de personas con la presentación de la primera iniciativa que expedía una ley general para legislar la coordinación y concurrencia de todos los niveles de gobierno para crear el andamiaje capaz de afrontar las estructuras del crimen organizado que lucran con la vida de las personas. A esta iniciativa, se le sumó el refrendo de los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y más legisladores representantes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido Nueva Alianza y del Partido Convergencia, de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Dentro del proceso legislativo, se dictaminaron algunas iniciativas adicionales que se habían presentado a lo largo de la legislatura sobre relacionadas con el mismo tema.

Después de un arduo trabajo de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y del acuerdo de los legisladores, finalmente, el proyecto fue aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 2012 y turnado al Ejecutivo Federal para su Publicación, misma que tuvo ocasión el 14 de junio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que una vez consumado este logro, es necesario dotarle continuidad al trabajo legislativo en esta materia. Por la complejidad y, a su vez, lo delicado en el sentido de las violaciones graves a los derechos humanos del tema de trata de personas, se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que conforme la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Senadores para que acuerde la creación de manera prioritaria la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Dávila Fernández. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sí, Senador Escudero. Adelante.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Preguntarle a la Senadora si me permite suscribir el punto.

Sin duda alguna, no bastó con que votáramos la Ley de Trata de Personas. Hay obligaciones dentro de la ley a las que se les tienen que dar seguimiento, como la instalación de albergues, la homologación de leyes y algunas otras. Es importantísima esa comisión.

Si me permite sumarme a su punto de Acuerdo, se lo agradeceré mucho.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: ¿Acepta la Senadora?

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño)Sí, acepto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, con el mismo propósito, de preguntarle a la Senadora si me permite suscribir junto con ella, este importante punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Bien, veo que hay diversas manos levantadas, supongo que es el mismo objetivo. Tome nota la Secretaría de quienes han manifestado adherirse a este punto de Acuerdo.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados dictamine y someta a votación a la brevedad, la minuta enviada por el Senado que contiene proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como año del "Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación".

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, señor Presidente; integrantes de la Mesa Directiva.

A nombre de mis compañeros René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter, guerrerenses de corazón, venimos a presentar ante ustedes una propuesta con punto de Acuerdo, referente a lo que será dentro de un año el Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac.

Fue allá en 1813, cuando José María Morelos y Pavón, dándole seguimiento a esa lucha de Independencia de Miguel Hidalgo y Costilla y muchos insurgentes, el 18 de mayo desde Acapulco convoca a un gran encuentro de los insurgentes en la ciudad de Chilpancingo.

Fue el 8 de mayo cuando se concentran en el pueblo de Chilpancingo, que José María Morelos y Pavón lo eleva a rango de ciudad. Y es precisamente el 13 de septiembre en la Iglesia de Santa María de la Asunción, donde se concentran los representantes de las diferentes provincias para instalar el Primer Congreso de Anáhuac.

Allí estuvieron los primeros legisladores, Ignacio López Rayón, de la provincia de Nueva Galicia; José Sixto Verduzco, de Michoacán; José María Liceaga, de Guanajuato; Andrés Quintana Roo, de Puebla; Carlos María Bustamante, de México; José María de Cos, de Zacatecas; Cornelio Ortiz de Zárate, de Tlaxcala; José María Murguía, de Oaxaca; José Manuel de Herrera, de Tecpan, hoy estado de Guerrero.

Fue allá en Chilpancingo, compañeros Senadores, donde durante la instalación el General José María Morelos y Pavón señaló: estamos metidos en la lucha más terrible que ha visto las edades de este continente; pende de nuestro valor y de la sabiduría la suerte de millones de americanos, comprometidos en nuestra honradez y valentía.

Primer Congreso de Anáhuac, donde se dan a conocer los Sentimientos de la Nación; donde se reflejan los ideales de la Independencia total de México.

Es por eso, compañeras y compañeros Senadores, que hoy, a casi 200 años de celebrar el Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, venimos, con mis compañeros guerrerenses, Senador René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter, a proponer un punto de Acuerdo:

Unico. Que el año 2013 se declare año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, que se pueda crear una Comisión Especial para que organice estos 200 años de los Sentimientos de la Nación y, al mismo tiempo, se pueda crear, instituir, una moneda conmemorativa a dicho evento.

Quiero compartirles, amigas y amigos, que el pasado 13 de septiembre el Congreso del Estado de Guerrero entregó la presea Sentimientos de la Nación al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su lucha y a su aportación que ha dado a este país.

Lo dijo y está registrado en los Sentimientos de la Nación: Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que declare nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a la constancia y patriotismo.

Sólo distinguirán a un americano del otro el vicio y la virtud, quedando todos iguales aboliendo la esclavitud, entre otros temas.

Son 200 años, y en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cinturón de pobreza de este país, seguimos en la marginación, en la pobreza.

No hay necesidad de que vayamos a los libros de historia y busquemos en las páginas de la Revolución Mexicana la fotografía de una mujer descalza o de un niño desnudo. Vayamos a Metlatónoc, vayamos a Cochoapa, en la región de la montaña del estado de Guerrero, allá hay una realidad que lastima.

Por eso, amigas y amigos, los convocamos a que retomemos el espíritu libertario del Primer Congreso de Anáhuac y que hagamos realidad esa renovación de la esperanza de 52 millones de mexicanos en pobreza extrema.

Al igual que muchos guerrerenses, soy uno de los hijos de esas tierras libertarias guerreras del sur.

Como lo dice una canción bonita de José Alfredo Jiménez: ese es nuestro orgullo, haber nacido entre los pueblos más humildes del estado de Guerrero, y que aspiramos a la justicia social para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE DICTAMINE Y SOMETA A VOTACION A LA BREVEDAD POSIBLE LA MINUTA ENVIADA POR EL SENADO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL AÑO 2013 COMO AÑO DEL “BICENTENARIO DEL CONGRESO DE ANAHUAC Y LA PROCLAMACION DE LOS ‘SENTIMIENTOS DE LA NACION’, ASI COMO LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE ANAHUAC Y DE LA PROCLAMACION DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION

Los suscritos, Senadores SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, ARMANDO RIOS PITER Y RENE JUAREZ CISNEROS, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II, 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 26 de abril del año en curso, los Senadores Francisco Arroyo Vieyra y Renán Cleominio Zoreda Novelo presentaron ante esta Soberanía un proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como año del “Bicentenario del Congreso de Anahuac y la proclamación de los ‘Sentimientos de la Nación’, así como la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, que será la responsable del desarrollo de un programa de actividades cívicas que contenga la realización de eventos, acciones, expresiones, homenajes, conmemoraciones en Guerrero y el resto de las entidades federativas, para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día del año 2013”.

Aprobada la minuta, fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual el día 30 de abril de 2012 la turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen desde ese día.

Siendo que este próximo jueves 13 de septiembre celebraremos el centésimo nonagésimo noveno aniversario, urge la publicación del decreto así como la conformación de antedicha Comisión para que comiencen los trabajos y pueda celebrarse con éxito, el bicentenario del hecho formal que dio vida a nuestra nación. Por lo que presento la siguiente.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Unico.-Se solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados que dictamine y someta a votación a la brevedad posible la minuta enviada por esta Cámara con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como año del “Bicentenario del Congreso de Anahuac y la proclamación de los ‘Sentimientos de la Nación’, así como la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Sofio Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter, René Juárez Cisneros”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Sofío Ramírez Hernández. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar y ratificar, cuanto antes, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente.

La mayoría de los ciudadanos difundimos los derechos humanos, pero pocos somos los que realmente los defendemos. Para muestra, tenemos que en el presente año se han interpuesto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1164 quejas en contra de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Marina, por presuntas violaciones a las garantías individuales.

Otra institución pública que no se salva de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a dicho organismo público le son atribuidos alrededor de 286 hechos violatorios por negación de atención médica; 198 por obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho; y aproximadamente 133 más por negligencia.

Lo anterior es una radiografía de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos; por tal razón, quienes afirmamos ser democráticos, debemos fomentar, garantizar y defender las garantías individuales establecidas plenamente en nuestra Constitución, puesto que la forma de gobierno democrática apela siempre a la plena defensa e igualdad de las garantías individuales; la soberanía pertenece al pueblo, y siendo ésta la fuente de los poderes supremos, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, de aquí la importancia de apelar en todo momento por la salvaguarda de los derechos humanos.

Asimismo, considero que la defensa de los derechos humanos no es una tarea única de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; nosotros como representantes legales del pueblo mexicano, debemos colaborar con dicha institución en todo momento, por ende, lo menos que podemos hacer por la ciudadanía que con su voto nos favoreció para llegar a esta tribuna del Senado de la República, es garantizar sus derechos humanos.

En nuestro país los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente al nivel de nuestra Constitución, de aquí la importancia de ratificar todos los tratados y mecanismos internacionales que coadyuven en la lucha en pro de estos derechos humanos.

Por ello, es fundamental que México ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece un mecanismo internacional para garantizar la rendición de cuentas ante las violaciones de estos derechos.

Es importante mencionar que los derechos económicos, sociales y culturales, se ubican dentro de los derechos considerados de segunda generación de la clasificación progresiva de los derechos humanos. Estas garantías individuales son prerrogativas que poseen las personas por el simple hecho de haber nacido dentro de un Estado.

En la clasificación de los derechos económicos se encuentra el derecho a la propiedad, garantizado en el artículo 27 constitucional; por su parte, dentro de la clasificación de los derechos sociales se encuentra el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, resguardados en sus artículos 3o. 4o. y 123 de nuestra Carta Magna; por su parte, los derechos culturales son protegidos en el décimo primer párrafo del artículo 4o. de nuestra máxima norma jurídica.

Un medio por el que podemos defender los derechos humanos de segunda generación desde esta Soberanía, es exhortando al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es importante mencionar que dicho pacto fue aprobado el 10 de diciembre de 2008, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y abierto a votación el 24 de septiembre de 2009; es inconcebible que a casi 4 años de su aprobación del PFPIDESC por la Organización de Naciones Unidas, México aún no lo haya firmado ni ratificado.

Por eso, someto a consideración el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se firme y ratifique, cuanto antes, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que con su ratificación se reiterará el compromiso de la política exterior mexicana con la protección y defensa de los derechos humanos y el combate a la pobreza.

Solicito se inserte este punto de Acuerdo en el Diario de los Debates, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR Y RATIFICAR CUANTO ANTES EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La mayoría de los ciudadanos difundimos los Derechos Humanos, pero pocos somos los que realmente los defendemos; para muestra, tenemos que en el presente año se han interpuesto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 1,164 quejas en contra de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, por presuntas violaciones a las garantías individuales.1

Otra institución pública que no se salva de quejas ante la CNDH es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a dicho organismo público le son atribuidos alrededor de 286 hechos violatorios por negación de atención médica, 198 por obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho y aproximadamente 133 más por negligencia.2

Lo anterior es una radiografía de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos; por tal razón quienes afirmamos ser democráticos, debemos fomentar, garantizar y defender las garantías individuales establecidas plenamente en nuestra Constitución; puesto que la forma de gobierno democrática apela siempre a la plena defensa e igualdad de las garantías individuales; la soberanía pertenece al pueblo, siendo ésta la fuente de los poderes supremos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de aquí la importancia de apelar en todo momento por la salvaguardiade los derechos humanos.

Así mismo, considero que la defensa de los derechos humanos no es una tarea única de la CNDH; nosotros como representantes legales del pueblo mexicano, debemos colaborar con dicha institución en todo momento, por ende, lo menos que podemos hacer por la ciudadanía3, que con su voto nos favoreció para llegar ante esta H. Asamblea de la LXII Legislatura del Senado de la República, es garantizar sus derechos humanos.

En nuestro país los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente al nivel de nuestra Constitución, de aquí la importancia de ratificar todos los tratados y mecanismos internacionales que coadyuven en la lucha en pro de los derechos humanos.

Por ello es fundamental que México ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC)4, el cual establece un mecanismo internacional para garantizar la rendición de cuentas ante las violaciones de estos derechos.

Es importante mencionar que los derechos económicos, sociales y económicos, se ubican dentro de los derechos considerados de segunda generación de la clasificación progresiva de los derechos humanos, estas garantías individuales son prerrogativas que poseen las personas por el simple hecho de haber nacido dentro de un Estado.

En la clasificación de los derechos económicos se encuentra el derecho a la propiedad, garantizado en el artículo 27 Constitucional; por su parte, dentro de la clasificación de los derechos sociales se encuentra el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, y al trabajo, resguardados en los artículos 3ro, 4to y 123 de nuestra Carta Magna; por su parte los derechos culturales son protegidos en el decimo primer párrafo del artículo 4to de nuestra máxima norma jurídica.

Un medio por el que podemos defender los derechos humanos de segunda generación desde esta Soberanía, es exhortando al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es importante mencionar que dicho pacto fue aprobado el 10 de diciembre de 2008, por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y abierto a votación el 24 de septiembre de 2009; es inconcebible que a casi 4 años de la aprobación del PFPIDESC por la Organización de la Naciones Unidas, México aún no lo haya firmado ni ratificado5.

Nuestro país siempre ha pugnado por una política exterior responsable y sobre por el compromiso que tiene en la lucha de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero por lo visto, en la política actual esto ha quedado en el olvido.

Lo anterior pone de manifiesto la falta de compromiso con la lucha de los derechos humanos de nuestro país, sobre todo regionalmente, ya que de los 40 países que han firmado el protocolo, 10 son países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Argentina), lo que revela una clara muestra de la pérdida de liderazgo mexicano en la materia.

Y más aún, si consideramos que este Protocolo Facultativo, establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, la educación, la vivienda adecuada, el trabajo, la seguridad social y el saneamiento, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos de personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento.

Artículo 2° del PFPIDESC.

Con dicho Protocolo se busca que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,6 ponga a disposición de ambas partes una solución amigable sobre la cuestión; lo anterior bajo la base del respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto (Artículo 7 del PFPIDESC).

Sin embargo, antes de que los ciudadanos interpongan una queja ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben haber agotado todos los recursos jurisdiccionales nacionales, así mismo no son permitidas las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratifique el Protocolo (Artículo 3 del PFPIDESC).

Con la firma y ratificación del Protocolo Facultativo, México establecería un mecanismo de denuncias individuales o grupales ante organismos internacionales; así mismo nuestro país se comprometería a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o grupos que afirmen que sus derechos en virtud del Pacto hubiesen sido violados.

La importancia de que México ratifique el Protocolo Facultativo, radica en que en nuestro país existe mucha desigualdad e injustica social; lo anterior lo sostengo pues el salario mínimo es de $62.33 para el área geográfica A; en contraste, el kilogramo de huevo se cotiza hasta en 40 pesos, lo que refleja que no se cumple cabalmente con el artículo 4to Constitucional en materia de derecho a la alimentación.

Otro ejemplo de la desigualdad que existe en nuestro país, lo tenemos en las etnias mexicanas; el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social7 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en México, señala que de la población indígena 8 de cada 10 personas están en pobreza,y que es la etnia que menos tiene acceso a la alimentación, pues más del 40% de la población indígena se enfrenta a esa carencia, lo que deviene en una persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y exclusión.

Por si esto fuera poco, el 40% de la población mexicana, considera que no se respetan los derechos de las personas indígenas, así lo señala la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, donde además, señala que las personas indígenas consideran que su principal problema es la discriminación, con un 19%, en segundo lugar está la pobreza, con 9.4%.8 Esto es un grave malestar pues México es un país multicultural conformado por 15.7 millones de indígenas.

Lo anterior refleja que en nuestro país no se respetan cabalmente los Derecho Humanos, a pesar que son reconocidos en nuestra Constitución, por ende México necesita ser observado a nivel internacional, con el único objetivo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realice recomendaciones amigables en materia de Derechos Humanos y así seguir defendiendo las garantías individuales de todos y cada uno de los ciudadanos que se encuentren en nuestro país, con lo que se coadyuvará a tener sociedades más democráticas y tolerantes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se firme y ratifique cuanto antes, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que con su ratificación se reiterará el compromiso de la política exterior mexicana con la protección y defensa de los derechos humanos y el combate a la pobreza.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador David Monreal Avila. Túrnese, en su oportunidad, a la Comisión de Relaciones Exteriores.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

La gestión de las zonas metropolitanas implica concurrencia de dos o más gobiernos municipales, y en ocasiones estatales con sus respectivas autoridades.

Sin embargo, la falta de acuerdos, las diferencias en la normatividad urbana, las disposiciones administrativas contrapuestas, y la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación intersectorial e intergubernamental, representan serios obstáculos para el adecuado funcionamiento y desarrollo de las metrópolis, particularmente en lo que se refiere a la planeación y a la regulación de su crecimiento físico, la provisión de servicios públicos y el cuidado de su entorno ambiental.

Esta situación plantea nuevos retos en materia de exhibición, de competencias y de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno.

El tema no es menor y requiere de la atención de este Senado de la República, las áreas o zonas metropolitanas en nuestro país han sido tradicionalmente consideradas como un grupo de municipios que interactúan entre sí, usualmente alrededor de una ciudad principal.

Más sin embargo, el concepto va más allá, pues además de estas zonas podemos encontrar conurbaciones interestatales en las que la zona trasciende los límites de uno o mas estados, como es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tampico, Orizaba, Monterrey y La Laguna, entre otras; incluso transnacionales o binacionales como aquellas que forman con algunas ciudades de nuestro país con otras de los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo de éstas: Tijuana/San diego, Ciudad Juárez/El Paso y Nuevo Laredo/Laredo.

En la República mexicana existen cuando menos así reconocidas, 56 zonas metropolitanas en cuya aglutinación poblacional habitan poco más de la mitad de los mexicanos en territorio nacional, conforme al último censo, aproximadamente 58 millones de personas.

Es por eso que resulta indispensable que los gobiernos con injerencia en una zona metropolitana, sin perder su autonomía, mantengan directrices similares en cuanto al crecimiento, infraestructura y equipamiento urbano, desarrollo económico y otros aspectos primordiales para impulsar el progreso.

Luego, como ya se dijo, ante las premisas consistentes en la existencia de zonas metropolitanas trasnacionales y que a la Cámara de Senadores corresponde la revisión de la política exterior, cabe concluir válidamente la mayor relevancia y necesidad de que esta Honorable Cámara de Senadores cuente con una Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

Para mayor abundamiento en el ámbito legislativo, de la necesidad de contar con una Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, es de mencionar el auge e impulso legislativo que se ha venido dando sobre la materia, en la que por ejemplo, el 11 de marzo de 2010 la Cámara de Senadores aprobó un punto de Acuerdo por el cual se convocó a ambas Cámaras de la pasada legislatura a instalar una mesa interparlamentaria de análisis normativo del desarrollo metropolitano, con la participación de legisladores federales, locales, opiniones de expertos y actores sociales relevantes con la finalidad de cristalizar una Ley de Desarrollo Metropolitano, cuyos trabajos requieren continuidad por parte de esta legislatura.

Asimismo, en el ámbito local, varios estados se han dado a la tarea de diseñar normas que, respetando la autonomía de los órdenes de gobierno, sí generen instrumentos de coordinación y asociación que posibiliten la implementación de nuevas estructuras institucionales para la planeación, administración, participación, información y dotación de servicios en las metrópolis, como las comisiones, los institutos, los fondos metropolitanos, los observatorios, corporaciones de desarrollo económico, empresas mixtas, fideicomisos para desarrollos urbanos integrales y sustentables, etcétera, a través de normas jurídicas innovadoras y modernas que ayuden a la mejora de la calidad de vida de las metrópolis reforzando principalmente la autoridad de sus gobiernos municipales.

En ese tenor, el propósito de la presente proposición es la de solicitar a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, proponga a consideración de este Pleno la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, con facultades de análisis y dictamen de las iniciativas de ley o Decreto y de las proposiciones que le sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.

Esperando la comprensión de mis compañeros, y sobre todo de la Junta de Coordinación Política, darle trámite a este tema que sin duda es relevante en atención de lo que representa, y de quienes representamos en este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA LA CREACION DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conforme la ley orgánica que rige este Poder, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cumplan sus atribuciones constitucionales y legales.

La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

Dispositivo legal, de cuyo inciso a), se puede inferir que solamente aquellas comisiones ordinarias son las que cuentan con facultades de análisis y dictaminación de las iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas.

Luego, el artículo 90 de la referida Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala cuales serán aquellas comisiones ordinarias, por lo que respecta a la Cámara de Senadores, mientras que el diverso numeral 39, lo hace por las que a la Cámara de Diputados compete.

Así, de una lectura a ambos dispositivos legales, podemos evidenciar, en lo que al caso que en este documento me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, que a diferencia de la Cámara de Diputados, la de Senadores no cuenta con una Comisión de Desarrollo Metropolitano.

En ese orden de ideas, considero que la importancia de contar con una comisión exprofeso para la materia del Desarrollo Metropolitano, es tanto como la metropolización misma lo dicta.

Las áreas o zonas metropolitanas en nuestro país, han sido tradicionalmente consideradas como un grupo de municipios que interactúan entre sí, usualmente alrededor de una ciudad principal. Mas sin embargo, el concepto va más allá, pues además de estas zonas podemos encontrar conurbaciones interestatales, en las que la zona trasciende los límites de uno o más estados, como es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (D.F., México e Hidalgo); incluso trasnacionales o binacionales, como aquellas que se forman con algunas ciudades de nuestro país con otras de los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo de estas últimas, Tijuana/San Diego, Ciudad Juárez/El Paso y Nuevo Laredo/Laredo.

En la República Mexicana, existen cuando menos así reconocidas, 56 zonas metropolitanas, en cuya aglutinación poblacional habitan poco más de la mitad de los mexicanos en territorio nacional, conforme el último censo. Aproximadamente cerca de 58 millones de personas.

La afinidad al grado de conurbación de una zona, a su vez, se encuentra relacionado al concepto de región, en el que algunos tratadistas coinciden en sintetizarlo como un espacio territorial, que se encuentra delimitado por factores geográficos, culturales, económico e, incluso, administrativos; aunque desde esta perspectiva, de región, se prestará mayor relevancia a los aspectos sociales que la determinan. No obstante, para los efectos del tema de desarrollo, ambos elementos son igualmente importantes.

Esto, porque resulta indispensable que los gobiernos con injerencia en una zona metropolitana, sin perder su autonomía, mantengan directrices similares en cuanto al crecimiento, infraestructura y equipamiento urbano, desarrollo económico, y otros aspectos primordiales para impulsar el progreso.

Luego, como ya se dijo, ante las premisas consistentes en la existencia de zonas metropolitanas transnacionales y que a la Cámara de Senadores corresponde la revisión de la política exterior, cabe concluir válidamente la mayor relevancia y necesidad de que esta honorable Cámara de Senadores cuente con una comisión ordinaria de Desarrollo Metropolitano.

Para mayor abundamiento en el ámbito legislativo, de la necesidad de contar con una comisión como lo es la ordinaria de Desarrollo Humano, es de mencionar el auge e impulso legislativo que se ha venido dando sobre la materia, en la que por ejemplo, el 11 de febrero de 2010, esta Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo por el que se convocó a ambas Cámaras de la pasada Legislatura a instalar una Mesa Interparlamentaria de análisis normativo del desarrollo metropolitano, con la participación de legisladores federales, locales, opiniones de expertos y actores sociales relevantes, con la finalidad de cristalizar una Ley de Desarrollo Metropolitano; cuyos trabajos requieren continuidad de parte de esta Legislatura.

Asimismo, en el ámbito local, varios estados se han dado a la tarea de diseñar normas que, respetando la autonomía de los órdenes de gobierno, sí generen instrumentos de coordinacióny asociación que posibilite la implementación de nuevas estructuras institucionales para la planeación, administración, participación, información y dotación de servicios en las metrópolis (comisiones, institutos, fondos metropolitanos, observatorios, corporaciones de desarrollo económico, empresas mixtas, fideicomisos para desarrollos urbanos integrales y sustentables etc.) a través de normasjurídicas innovadoras y modernas que ayudan en la mejora de la calidad de vida en las metrópolis reforzando principalmente la autoridad de sus gobiernos municipales.

Dichas innovaciones locales, en el marco del Apartado G del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta al Distrito Federal y artículo 115 para los Estados y Municipios.

No obstante, es de invocar el contenido de la fracción VI del invocado artículo 115, que a la letra dice:

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

De donde se evidencia que no obstante los trabajos que realizan las legislaturas locales y los ayuntamientos, en esta legislatura se hace necesario, por mandato constitucional, continuar los trabajos para concretar la ley federal en materia de desarrollo metropolitano.

Considerando que las Comisiones ordinarias del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, que “pueden ser creadospor mandato de ley” o por acuerdo del Pleno, se hace indispensable contar con una Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, que permita atender de manera másexpedita y especializada, los temas relacionados con la conurbación, la declaratoria de zonas metropolitanas intermunicipales, interestatales, la coordinación y asociación en la prestación de los servicios públicos, en su crecimiento, infraestructura, desarrollo económico, ya entre municipios, como entre éstos y el Estado o bien, entre dos o más Estados de la República; así como, la revisión de la política exterior, cuando se involucre con una zona metropolitana transnacional.

Esta propuesta pretende coadyuvar y retomar el trabajo que se ha realizado, tanto en el gobierno federal, como en los otros órdenes de gobierno, para la construcción de mecanismos que permitan garantizar el desarrollo sustentable de las regiones del país, bajo la perspectiva de las zonas metropolitanas.

En ese tenor, el propósito de la presente proposición es solicitar a la Junta de Coordinación Política, proponga a la consideración del Pleno, la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano; tenor bajo el cual se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, proponga a la consideración del Pleno la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Metropolitano, con facultades para análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto y de las proposiciones que le sean turnadas, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Michoacán a informar sobre la situación de las finanzas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Voy a plantear este punto de Acuerdo que tiene que ver con la deuda pública de Michoacán, bajo las siguientes consideraciones:

Es innegable que durante los últimos 12 años, el gobierno federal mexicano ha promovido importantes cambios legales e institucionales a favor de la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se promovieron diversas reformas a la Constitución y se expidieron nuevos ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, además de la creación del IFAI.

Sin embargo, también es cierto que estos avances se han concentrado primordialmente en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y en los municipios.

En términos generales, la situación en las entidades federativas y municipios es de una marcada opacidad, por lo que los ciudadanos y las autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sea que estos fueron obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.

En particular, que los gobernantes locales no estén obligados a reportar cómo gastan, ha propiciado ineficiencia y dispendio como el resultante incremento irresponsable del gasto público, lo que a su vez ha llevado a varias autoridades a contratar mayores montos de deuda y a exceder la capacidad de pago de sus haciendas públicas.

Así, de diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99 por ciento, al pasar de 203 mil 70 millones de pesos, a 404 mil 409 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó en 50 por ciento en diciembre de 2008 a 80 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje de PIB del país asciende a 2.7 por ciento.

Ante esta situación es necesario hacer dos precisiones: En primer lugar, gracias al manejo macroeconómico prudente y responsable del actual gobierno federal, el crecimiento de la deuda subnacional no representa un riesgo sistémico para la economía mexicana. De esta manera, estamos ante un problema de efectos locales y de transparencia y rendición de cuentas. En segundo lugar, hablar de valores agregados y promedios esconde un poco el hecho de que no es la misma situación en todas las entidades federativas. Mientras en algunos estados hay indicio de disciplina en las finanzas públicas, en otros la situación es sumamente preocupante. Estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Nuevo León representan casos especialmente graves, pues se han incrementado sustancialmente los pasivos de corto y largo plazo en los últimos años mediante la contratación de deuda pública para financiar gasto corriente.

Por ejemplo, a junio de 2012 Michoacán tiene un endeudamiento fiscal de 16 mil 472 millones de pesos que corresponden a deuda financiera y equivalen a 103.8 por ciento de sus participaciones.

Si tomamos en cuenta todos los pasivos de corto plazo de acreedores diversos, el monto de la deuda se multiplica, hasta se triplica, me parece. Más allá de lo preocupante del incremento de la deuda en Michoacán, es la opacidad e irregular forma como se gestionó, al menos en la pasada administración estatal, que se ha ido revelando en fechas recientes, gracias a investigación realizada por el Congreso del Estado de Michoacán.

Como parte de la investigación referida, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, hizo solicitudes a los bancos acreedores para que confirmaran el saldo de los pasivos financieros de la entidad al 31 de marzo de 2012.

Entre las irregularidades más importantes que se han podido descubrir, es que algunos de los pasivos confirmados por los acreedores no fueron clasificados o administrados de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, lo que podría derivar en responsabilidades legales. A continuación se enlistan algunos hallazgos:

Pasivos con el sistema financiero.

Se encontró que un crédito contratado en enero de 2012 fue registrado indebidamente en la Cuenta Pública 2011.

Se encontró que créditos contratados con dos entidades financieras se están amortizando a plazos muy cortos y a tasas muy altas, por lo que su servicio de deuda es muy elevado y genera presiones sobre las finanzas públicas estatales.

Pasivos con terceros institucionales:

>Con la Administración Pública Federal, se encontró un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria de mil 763 millones de pesos, superior al que se tenía registrado previamente en la contabilidad.

Este saldo no registrado corresponde a la cancelación de una condonación del Impuesto Sobre la Renta, debido a que el gobierno estatal incumplió convenios firmados al no enterar pagos de Impuesto Sobre la Renta de 2011.

Además, quedan de pendientes de confirmar adeudos con el ISSSTE y el FOVISSSTE.

Pasivos con diversos acreedores:

Se encontraron pasivos autorizados presupuestales por 790 millones de pesos, que no fueron registrados en la Secretaría de Finanzas y Administración, y que no fueron reportados en la Cuenta Pública de 2011 ni en el primer trimestre de 2012.

Pasivos derivados de recursos federales por aplicar sin reportar:

3 mil 713 millones de pesos de recursos de programas federales, cuyo saldo no ejercido no se encuentra en las cuentas bancarias correspondientes.

464 millones de pesos de adeudos correspondientes a recursos estatales que debieron transferirse a la Secretaría de Salud, como contrapartida de aportaciones federales para salud.

Mil 27 millones de pesos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, correspondientes al ejercicio anterior que no fueron aplicados conforme a reglas de operación.

En total, se incorporaron hasta ahora 5 mil 204 millones de pesos al monto de pasivos de programas federales por aplicar.

Esta y muchas otras preguntas, deudas y temas de la opacidad de administración del gobierno estatal pasado me hacen pedir, señor Presidente, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a presentar un estudio detallado sobre el manejo reciente de las finanzas públicas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública contratada, así como los efectos de mediano y largo plazos que un excesivo endeudamiento tendría en el bienestar de la población del estado.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a establecer en forma prioritaria los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios para el control y el manejo de las finanzas públicas estatales.

Tercero. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría sobre la situación financiera de la hacienda pública estatal.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a emprender las acciones legales pertinentes en los términos de la legislación aplicable en contra de aquellos funcionarios y ex funcionarios públicos locales, que a través de sus actos u omisiones causaron un daño patrimonial a la hacienda pública estatal.

Le agradezco, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DE MICHOACAN A INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE LAS FINANZAS ESTATALES Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8°, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al Gobernador de Michoacán a informar sobre la situación de las finanzas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública; al H. Congreso del Estado de Michoacán a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y si fuese el caso a emprender acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es innegable que durante los últimos 12 años, el Gobierno Federal mexicano ha promovido importantes cambios legales e institucionales en favor de la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se impulsaron diversas reformas a la Constitución y se expidieron nuevos ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Entre otros logros relevantes, gracias a estas reformas legales se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), lo cual ha permitido que mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la Federación.

Sin embargo, también es cierto que estos avances se han concentrado primordialmente en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y en los municipios. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave y ha merecido la atención de organizaciones de la sociedad civil. El Instituto Mexicano de la Competitividad a través del documento Índice de Competitividad Estatal 2010. La caja negra del gasto público -señaló que dada la situación imperante en las entidades federativas en la actualidad, “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal ni cuáles son sus salarios”.

En términos generales, la situación que caracteriza al gasto público de las entidades federativas y municipios es de una marcada opacidad, de tal manera que los ciudadanos y las autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sea que estos fueron obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.

En particular, que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan los recursos de los ciudadanos, ha propiciado ineficiencia, dispendio y un incremento irresponsable del gasto público, lo que -a su vez- ha llevado a varias autoridades locales a contratar mayores montos de deuda con altos intereses y a exceder la capacidad de pago de sus Haciendas Públicas.

Así, de diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99.1%, al pasar de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7% en diciembre de 2008 a 80.1% en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7%.

Por su puesto, a lo anterior hay que hacer dos matices. En primer lugar, gracias al manejo macroeconómico prudente y responsable del actual Gobierno Federal, el crecimiento de la deuda subnacional no representa un riesgo sistémico para la economía mexicana. De esta manera, estamos ante un problema de efectos locales y de transparencia y rendición de cuentas. En segundo lugar, hablar de valores agregados y promedios esconde un poco el hecho de que no es la misma situación en todas las entidades federativas. Mientras en algunas entidades hay indicios de disciplina en las finanzas públicas, en otras la situación es sumamente preocupante. Así, estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Nuevo León son casos especialmente graves en lo que se ha incrementado sustancialmente los pasivos de corto y largo plazo en los últimos años mediante la contratación de deuda pública para financiar gasto corriente.

Por ejemplo, a junio de 2012 Michoacán tiene un endeudamiento de 16 mil 472.3 millones de pesos que equivalen al 103.8% de sus participaciones. Más allá de lo preocupante del incremento en la deuda de Michoacán, es que la administración del Gobernador Leonel Godoy gestionó está deuda en total opacidad y de forma irregular, lo cual se ha ido revelado en fechas recientes gracias a una investigación realizada por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Como parte de esta investigación, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno estatal hizo solicitudes a los bancos acreedores para que confirmaran el saldo de los pasivos financieros de la Entidad al 31 de marzo de 2012.

Entre las irregularidades más importantes que se han podido descubrir, es que algunos de los pasivos confirmados por los acreedores no fueron clasificados o registrados de acuerdo a la establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, lo que podría derivar en responsabilidades legales. A continuación se enlistan algunos hallazgos:

• Pasivos con el sistema financiero:

° Se encontró que un crédito contratado en enero de 2012 fue registrado indebidamente en la Cuenta Pública 2011.

° Se encontró que créditos contratados con dos entidades financieras se están amortizando a plazos muy cortos y a tasas muy altas, por lo que su servicio de la deuda es muy elevado y genera presiones sobre las finanzas públicas estatales.

• Pasivos con terceros institucionales:

° Con la Administración Pública Federal, se encontró un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria de mil 763 millones de pesos superior al que se tenía registrado previamente en la contabilidad.

° Este saldo no registrado corresponde a la cancelación de una condonación del impuesto sobre la renta (ISR), debido a que el Gobierno estatal incumplió convenios firmados al no enterar pagos de ISR durante 2011.

° Además, quedan pendientes de confirmar adeudos con el ISSSTE y el FOVISSSTE.

• Pasivos con diversos acreedores:

° Se encontraron pasivos autorizados presupuestales por 790 millones de pesos, pero que no fueron registrados en la Secretaría de Finanzas y Administración y, por tanto, no fueron reportados en la Cuenta Pública de 2011 ni en el Primer Informe Trimestral de 2012.

• Pasivos derivados de recursos federales por aplicar sin reportar:

° 3 mil 713 millones de pesos de recursos de programas federales cuyo saldo no ejercido no se encuentra en las cuentas bancarias correspondientes.

° 464 millones de pesos de adeudos correspondientes a recursos estatales que debieron transferirse a la Secretaría de Salud como contrapartida de aportaciones federales para salud.

° Mil 27 millones de pesos de recursos del Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB) correspondientes al ejercicio de 2012, que no fueron aplicados conforme a las reglas de operación del fondo.

° En total, se incorporaron 5 mil 204 millones de pesos al monto de pasivos de programas federales por aplicar.

De esta manera, el Gobierno del Estado no reportó pasivos con terceros institucionales, municipios y diversos acreedores por más de 6 mil millones de pesos. De lo anterior se pude concluir que los datos reportados por el anterior Ejecutivo estatal en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011, no reflejaban razonablemente la situación de las finanzas públicas locales al 31 de diciembre de 2011.

Al referido catálogo de incorrectas prácticas administrativas, se debe aunar malas prácticas legislativas y legales. Por ejemplo, se ha documentado que reformas a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo promovidas por el anterior Ejecutivo local permitieron que el Gobierno del Estado pudiera refinanciar y reestructurar 4 mil 800 millones de pesos de deuda directa de cierto plazo contraída sin previa autorización del Congreso. En particular, se tratan de las reformas aprobadas el 14 de enero y el 8 de diciembre de 2011.

Se tienen indicios que la nueva deuda pública que se contrató y se refinanció, al amparado de las referidas reformas, fue para resolver problemas de liquidez y no para financiar proyectos públicos productivos, como lo establece el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, y para evitar que lo que ha pasado en Michoacán se repita, el pasado primero de septiembre el Presidente de la República presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Cabe señalar que esta Iniciativa es la primera con trámite preferente que se presenta en esta Cámara.

El objetivo principal de la Iniciativa es asegurar que los recursos públicos no sean desviados para otros fines y se establezcan mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría. Para el caso del endeudamiento de las entidades federativas y municipios, se propone que los entes públicos informen sobre las obligaciones de deuda pública, incluyendo todos los pasivos de cualquier naturaleza, incluso si no son considerados como deuda en las legislaciones locales. De esta manera, la iniciativa del Ejecutivo Federal ataca el problema del endeudamiento excesivo e injusto que algunos gobiernos locales han efectuado recientemente.

Como bien nos demuestra el caso de Michoacán, atender efectivamente el problema de endeudamiento irresponsable implica tratar de manera integral todo el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Y esto es lo que permite la iniciativa presentada por el Presidente de la República. Es decir, se permite establecer los rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tales como: fuentes de ingresos, obligaciones de deuda pública, principales programas y proyectos, pagos efectuados a servidores públicos por concepto de remuneraciones; pagos por pensiones; gastos de inversión; proyectos de asociaciones público privadas; proyectos de prestación de servicios; el listado de programas que serán sometidos a evaluación del desempeño, así como indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

En resumen, de ser aprobada la iniciativa en cuestión, tendremos mejores reglas para la presentación homogénea y armónica de la información financiera durante todo el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno.

Al tenor de lo anterior, la finalidad de este punto de acuerdo es exhortar al Gobernador Constitucional de Estado de Michoacán de Ocampo a presentar un estudio sobre el manejo reciente de las finanzas públicas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública contratada. También, se exhorta al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a establecer mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas y, si fuese el caso, a emprender acciones legales en contra de aquellos individuos que por sus actos u omisiones causaron un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Repúblicaexhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a presentar un estudio detallado sobre el manejo reciente de las finanzas públicas estatales y la sostenibilidad de la deuda pública contratada, así como los efectos de mediano y largo plazos que un excesivo endeudamiento tendría en el bienestar de la población del Estado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a establecer en forma prioritaria los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios para el control y el manejo de las finanzas públicas estatales.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a emprender las acciones legales pertinentes en los términos de la legislación aplicable, en contra de aquellos funcionarios y ex funcionarios públicos locales que a través de sus actos u omisiones causaron un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal.

CUARTO.- El Senado de la Republica solicita a la Auditoria Superior de la Federación un informe pormenorizado sobre el ejercicio del gasto federalizado del Estado de Michoacán de Ocampo del 2008-2011, así como una copia del informe solicitado por el Gobernador a dicha Entidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de Amparo decretada a favor de José Francisco Chavira Martínez.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes, gracias, señor Presidente.

En representación del grupo parlamentario del PRD, y del Senador David Monreal, del PT, presento el siguiente punto:

Antes, informarles brevemente que al término de una rueda de prensa efectuada por aspirantes del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República por el estado de Tamaulipas, el 5 de enero de 2012, elementos de la Policía Ministerial de aquella entidad detuvieron en forma arbitraria a uno de los precandidatos, José Francisco Chavira Martínez, empresario de reconocida solvencia, fundador de diversas instituciones educativas, José Francisco Chavira Martínez debe reputarse preso de conciencia en el estado de Tamaulipas, sin existir elemento probatorio alguno que acreditara la existencia de los delitos que se le imputan, la averiguación previa 159/2008 se mandó al archivo de la respectiva agencia investigadora, desde el mismo año de 2008.

Sin embargo, ante su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática y la posibilidad de que fuera él electo Senador de la República por su enorme arraigo social, en forma inmediata, y por motivaciones absolutamente políticas, por instrucciones del ejecutivo del estado de Tamaulipas, se reactivó en forma inmediata la averiguación previa.

Además de que en forma displicente, el Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de la causa penal número 216/2011, obsequió la correspondiente orden de aprehensión y, posteriormente, decretó auto de formal prisión.

El mismo propietario del vehículo presuntamente objeto del robo y los mismos supuestos testigos de cargo negaron expresamente la participación de Chavira en la comisión de dichos delitos.

En estas circunstancias, el auto de formal prisión decretado contra José Francisco Chavira Martínez fue declarado inconstitucional por el Juez Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito del estado de Tamaulipas.

La concesión del amparo debió tener por efecto legal inmediato dictar un auto de libertad por falta de pruebas para procesar y obviamente la excarcelación inmediata del indiciado. No obstante, Senadoras y Senadores, José Francisco Chavira Martínez permanece preso, porque mostrando una desmedida obstinación a la arbitrariedad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, con el único objeto de mantenerlo recluido.

La situación que se agrava en el injustificado, que en este momento les relato, es motivo de que hoy presentemos este punto de Acuerdo.

El hecho de que la infundada detención del precisamente mencionado actor político, hace evidente que se trata de un ardid político, en la intención del gobierno del estado de Tamaulipas de entrometerse en la vida interna de los partidos políticos e influir en el proceso electoral.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto encarcelamiento de un líder político defensor de causas sociales legítimas, pero que además en un estado con severas complicaciones culturales, donde vemos que efectivamente urge la necesidad de crear instancias educativas que contrarresten la terrible endoculturación, y obviamente la narcocultura, se ha dedicado a crear varias instituciones de nivel superior y de nivel medio superior, mismas que hoy prestan servicios a la población de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en Reynosa y en Altamira.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Con estricto respeto al principio de división de poderes, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el ámbito de sus facultades, vigile la pronta y expedita resolución del Recurso de Revisión que se tramita bajo el expediente número 127/2012 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el estado de Tamaulipas.

Segundo.- Con estricto respeto al principio de división de poderes, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que, en el ámbito de sus facultades, vigile el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de José Francisco Chavira Martínez en el Juicio de Amparo Indirecto 53/2012 del Juzgados Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito del estado Tamaulipas.

Exigimos la libertad del preso de conciencia, Francisco Chavira.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A VIGILAR EL DEBIDO Y EXPEDITO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO DECRETADA EN FAVOR DE JOSE FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ, EN EL JUICIO DE AMPARO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE DISTRITO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO DEL ESTADO TAMAULIPAS

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al término de una rueda de prensa efectuada por aspirantes del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República por el estado de Tamaulipas, el 5 de enero de 2012, elementos de la policía ministerial de aquella entidad detuvieron en forma arbitraria a uno de los precandidatos, José Francisco Chavira Martínez.

Empresario de reconocida solvencia, fundador de diversas instituciones de educación privada en las ciudades de Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira, José Francisco Chavira Martínez debe reputarse preso de conciencia en el estado de Tamaulipas.

En 1997, conforma el Movimiento de Resistencia Civil, “FRENTE UNIDO CIUDADANO”, para encausar legítimos reclamos ciudadanos en contra altos cobros de servicios básicos, inseguridad y corrupción de gobernadores y funcionarios del estado de Tamaulipas.

Como activista social, es miembro de la Caravana Internacional IFCO/ Pastores por la Paz y del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que promueven lazos de solidaridad entre México, Estados Unidos y Cuba, en el objetivo de brindar ayuda humanitaria y proseguir la lucha para romper el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington en contra de la Isla.

Asimismo, forma parte de las organizaciones sociales Red Paisano México-USA, Carrera Antorcha Guadalupana México-Nueva York y del Congreso de Líderes Migrantes, en defensa de los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos.

La detención ilegal de José Francisco Chavira Martínez pretende fundarse en una falsa denuncia formulada por el señor Jorge Osvaldo Valdés Vargas desde el 20 de marzo de 2008, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia y lesiones.

En realidad, su detención se maquinó para frustrar su aspiración política de ser electo senador de la República.

Sin existir elemento probatorio a alguno que acreditara la existencia de los delitos que se imputan a José Francisco Chavira Martínez, la averiguación previa 159/2008 se mandó al archivo de la respectiva agencia investigadora, desde el mismo año de 2008.

Sin embargo, ante su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática y la posibilidad de que fuera elegido senador de la República por su enorme arraigo social, desplazando en las preferencias electorales a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, en forma inmediata, por motivaciones absolutamente políticas, por instrucciones del Ejecutivo del estado de Tamaulipas, se reactivo en forma inmediata la averiguación previa. Y sin que se hubiesen aportado nuevas pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos que se le imputan, se ejercitó acción penal en su contra.

Además de que en forma displicente, el Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de la causa penal número 216/2011, obsequió la correspondiente orden de aprehensión y, posteriormente, decretó auto de formal prisión.

Es patente que ni de las declaraciones de losdenunciantes ni de los demás elementos que sirven de base al sumario penal, se desprende siquiera imputación alguna en contra de José Francisco Chavira Martínez.

José Francisco Chavira Martínez es inocente y su detención y enjuiciamiento tienen sólo una motivación política. La Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas tuvo más de tres años para integrar la averiguación y consignarla al juez penal, lo cual no hizo porque de la averiguación previa no se derivan elementos de convicción que hagan presumir siquiera su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

El mismo propietario del vehículo presuntamente objeto del robo y los mismos supuestos testigos de cargo negaron expresamente la participación de José Francisco Chavira Martínez en la comisión de los hechos.

En estas circunstancias, el auto de formal prisión decretado en contra de José Francisco Chavira Martínez fue declarado inconstitucional por el Juez Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito del Estado Tamaulipas, al resolver el juicio de amparo indirecto 53/2012, confirmando que en el proceso de origen no existen datos probatorios suficientes que hagan probable la responsabilidad del quejoso.

La concesión del amparo debió tener por efecto legal inmediato dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar y la excarcelación inmediata del indiciado. No obstante, José Francisco Chavira Martínez permanece preso, porque mostrando una desmedida obstinación a la arbitrariedad, la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas interpuso recurso revisión en contra de la sentencia de amparo, con el único objetivo de mantenerlo recluido, a pesar de no tener y ni haber presentado nuevas pruebas.

Situación que se agrava por el injustificado retardo en la resolución del recurso de revisión que se tramita bajo el expediente número 127/2012 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas.

Indudablemente que la detención y sujeción a proceso de Francisco Chavira Martínez fue una maniobra política del Gobierno local para sacarlo de la contienda electoral.

Para los intereses del Ejecutivo del estado de Tamaulipas, la candidatura de Francisco Chavira Martínez, de amplia base social, representaba un riesgo electoral, en cuanto que los candidatos del partido en el poder en aquella entidad sufrían un fuerte cuestionamiento social.

El hecho que la infundada detención se dé precisamente en la coyuntura electoral, hace evidente se trata de un ardid político, en la intención del Gobierno del estado de Tamaulipas de entrometerse en la vida interna de los partidos políticos.

Del mismo modo, subyace el indebido propósito del Gobierno del estado de Tamaulipas de escarmiento, de advertencia para que Francisco Chavira modifique su actitud crítica hacia el sistema y los vicios que de él derivan. Y es que Francisco Chavira se ha caracterizado por ser un líder probo, de crítica clara y contundente cuando se trata de opinar sobre los graves problemas de corrupción y de inseguridad que se dan actualmente es esa entidad federativa.

La acusación en su contra busca inhibir sus actividades como líder social y actor político importante de un partido de oposición. También influir en la vida interna de un partido político de oposición.

Indudablemente que el señor José Francisco Chavira Martínez debe considerarse preso de conciencia, porque además no existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, su detención tiene como única motivación su actividad como líder social y actor de un partido político de oposición en el estado de Tamaulipas.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto encarcelamiento de un líder político defensor de causas sociales legítimas.

Por el contrario, como representantes populares, nos corresponde exigir la libertad incondicional inmediata de quien con su lucha ha contribuido a que exista mayor justicia social en México.

Como representantes populares, tampoco debemos permitir la intromisión del Gobierno de una entidad federativa en los procesos electorales y en la vida interna de los partidos políticos.

Cualquier intrusión del poder constituido en la vida de los partidos políticos o en los procesos electorales se traduce en una merma en el mecanismo de la representación política y pone en peligro el correcto funcionamiento de nuestro Estado democrático de derecho.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Con estricto respeto al principio de división de poderes, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el ámbito de sus facultades, vigile la pronta y expedita resolución del Recurso de Revisión que se tramita bajo el expediente número 127/2012 de los del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas.

Segundo.- Con estricto respeto al principio de división de poderes, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el ámbito de sus facultades, vigile el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de José Francisco Chavira Martínez en el Juicio de Amparo Indirecto 53/2012 de los del Juzgado Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito del estado Tamaulipas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 13 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese a la Comisión de Justicia.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que solicita la creación de la Comisión Ordinaria de Agroindustria.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Con su autorización, señor Presidente.

La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en desarrollo y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus poblaciones rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un desarrollo integral sostenible.

Según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en el sector agropecuario no ha habido crecimiento económico, el crecimiento promedio anual del sector en los últimos cinco años ha sido del orden del 1 por ciento. De igual forma, señala que existe un crecimiento del comercio agroalimentario en el mundo, pero que éste no ha tenido un reflejo en el crecimiento del sector agropecuario en nuestro país.

La entrada en vigor del TLCAN ha hecho que parte del mercado alimentario sufra privatizaciones excluyentes e inequitativas, privilegiando la concentración y la transnacionalización, afectando como consecuencia la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país.

Actualmente los consumidores han modificado sus preferencias, exigen cada vez más productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene y tienden al consumo de productos bajos en grasa, sin conservadores artificiales, así como alimentos de todo tipo: congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación, bebidas bajas en calorías y pulpas naturales.

La agroindustria es la rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. Este sector nacional incluye la integración de los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos primarios, agropecuarios y pesqueros, ayuda a conservar los productos alimentarios, añade valor, reduce las pérdidas postcosecha y permite transportar a los alimentos a mayor distancia, incluyendo a las ciudades en rápido crecimiento, también es una posibilidad de generación de empleos.

El Banco Mundial afirma que las actividades agrícolas, es decir, el proceso directo de siembra y cosecha, conforman el 12 por ciento del PIB en América Latina, pero cuando se incluye a las agroindustrias la transformación industrial de los productos agrícolas el promedio se eleva al 21 por ciento, de esta manera se puede observar una primera impresión de la importancia que tiene la agroindustria.

Resulta de vital importancia para nuestro país fortalecer las políticas públicas del campo que garanticen la soberanía alimentaria de todos los mexicanos, y la manera más acelerada de lograr este objetivo es robustecer a los productores mediante capacitación, infraestructura, tecnología, comercialización y organización de los productores en nuestro país.

En otras palabras, es el momento para que la agroindustria crezca de manera sostenida y que el campo mexicano tenga los medios necesarios para competir internacionalmente y, sobre todo, al interior del país.

El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical desde el campo hasta el consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos u otros artículos de consumo basados en la agricultura; la integración vertical significa que el proceso de sus fases y su planificación depende de una autoridad orientada hacia el mercado con criterio industrial y que practique una política adecuada a la demanda del mercado.

La agroindustria genera demanda para los productos agrícolas y tiene un enorme potencial para el empleo rural no agrícola, también añade un importante valor a la producción agrícola tanto para el mercado nacional como de exportación.

Por eso, compañeros Senadores, me permito proponerles un punto de Acuerdo:

Unico.- Con fundamento en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita atentamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, crear la Comisión Ordinaria de Agroindustria en la Cámara de Senadores.

Muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José Ascención Orihuela Bárcenas. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Senador Román Rosas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Orihuela si me permite sumarme a su propuesta de punto de Acuerdo.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por supuesto que sí.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Barbosa Huerta, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) En el mismo sentido, sumarme a la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota y que se incorporen todas las adhesiones.





 

Finalmente, se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimados Senadores y Senadoras. Trataré de ser breve y claro.

Las Fuerzas Armadas Nacionales, integradas por el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, son instituciones de gran prestigio y aprecio entre el pueblo de México, son las instituciones mejor evaluadas por la opinión pública, inspiran respeto y generan confianza entre la población.

Esto quedó demostrado en el desfile militar del pasado 16 de septiembre, en donde la gente de manera espontánea se volcó en reconocimientos a los militares y marinos en todo el país.

En dicho desfile, las Fuerzas Armadas mostraron la cantidad de acciones que hacen en momentos de angustia y necesidad para la población: en terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, llevando seguridad, atención médica, alimentación y orden.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado representa otro importante servicio que prestan las Fuerzas Armadas a favor del pueblo de México.

Solamente ellos con su capacidad, equipo, adiestramiento, disciplina, valor y espíritu de servicio, son capaces de enfrentar con éxito y abatir las bandas de criminales que atentan contra la tranquilidad de las familias mexicanas.

El gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa ha redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés y las Fuerzas Armadas han apoyado responsablemente las políticas gubernamentales en la materia, garantizando la permanencia del Estado mexicano.

En esta administración, se ha dado un sobresaliente impulso a la modernización y renovación de la estructura y el equipamiento militar, como también a los servicios de inteligencia, preparación académica, mejores sueldos y prestaciones y aumento de contingentes.

Podemos afirmar que contamos con unas Fuerzas Armadas a la altura de lo que el país necesita y listas a servir en las misiones que el próximo gobierno juzgue necesarias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas por los servicios realizados a favor de todos los mexicanos en los últimos seis años.

Solicito que este punto de Acuerdo sea de urgente y obvia resolución.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL TRABAJO, LEALTAD Y PATRIOTISMO DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Víctor Hermosillo y Celada, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Fuerzas Armadas nacionales, integradas por el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, son instituciones de gran prestigio y aprecio entre el pueblo de México. En conjunto o de manera separada, han inscrito páginas de oro en la historia de México, siempre velando por la libertad, la justicia y la democracia.

La ciudadanía recuerda la labor social de militares y marinos, ayudando a la población en los momentos más difíciles, como ha sucedido en diversos desastres naturales como huracanes o inundaciones. A la memoria de todos vienen imágenes de los miembros de las Fuerzas Armadas rescatando vidas de los sobrevivientes del terremoto que devastó a la Ciudad de México en 1985.

Adicionalmente, de acuerdo con diversas encuestas, la Armada de México y el Ejército Mexicano son las instituciones públicas mejor evaluadas por la opinión pública. Ambas instituciones inspiran respeto y generan confianza entre la población; y en términos generales, tienen una imagen pública positiva.

El respaldo y reconocimiento popular hacia las fuerzas armadas, quedó de manifiesto en el desfile militar del pasado 16 de septiembre, en donde la gente de manera espontánea, como cada año, se volcó en reconocimientos a los marinos y militares.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, representa otro importante servicio que prestan las Fuerzas Armadas a favor del pueblo de México. Solamente ellos, con su capacidad, adiestramiento, disciplina, valor, entereza y espíritu de servicio, son capaces de enfrentar con éxito y abatir a las bandas criminales que atentan contra la tranquilidad de las familias mexicanas.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés. Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas han apoyado ilimitadamente las políticas gubernamentales en la materia, garantizando la permanencia del Estado Mexicano.

Por medio de una preparación permanente de sus miembros y un mayor equipamiento han mejorado sus capacidades de actuación en la defensa de la soberanía, la integridad del territorio y la vigilancia de las instalaciones estratégicas del país. De igual manera, han intensificado las acciones de seguridad de las zonas fronterizas para impedir el tráfico de personas, de drogas, de armas y de mercancías, así como para acudir en auxilio de la población ante la presencia de desastres naturales.

Debe destacarse que si bien es cierto que el gasto destinado a las Fuerzas Armadas se ha incrementado, también lo es, que dicho gasto refleja el impulso decidido que se ha dado a la modernización y sustitución de equipamiento militar. También se demuestra que en lo que va de la presente Administración, el Gobierno Federal ha dado un sobresaliente impulso a la modernización y renovación de la infraestructura y el equipamiento militar. Todo lo anterior es razonable, si se toma en cuenta que el objetivo final de esos gastos, es proteger a la ciudadanía del crimen organizado y del narcotráfico.

A continuación se presentan algunas cifras relevantes de los logros obtenidos en la Administración del Presidente Calderón, que muestran el nuevo rostro de las Fuerzas Armadas, así como de la gran labor que han desarrollado:

• Se mejoraron los ingresos y las condiciones de vida del personal militar y naval. En la presente Administración, en promedio se incrementaron los ingresos de los Institutos Armados en 119.8%.

• Se incrementó el total de efectivos de las Fuerzas Armadas a 263,930 elementos.

• Se incrementó la profesionalización de los elementos de las Fuerzas Armadas, mediante la formación, especialización y capacitación en planteles militares y navales.

• Se impulsó la participación y desarrollo profesional de las mujeres en las Fuerzas Armadas. La SEDENA y la SEMAR promovieron la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, implantando diversas acciones con perspectiva de género.

• La SEDENA y la SEMAR efectuaron importantes operaciones de vigilancia para el resguardo efectivo del territorio, espacio aéreo y mares nacionales. Estas actividades consisten en realizar patrullajes, establecer puestos militares de seguridad; participar en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y cateo en apoyo de las autoridades ministeriales; auxiliar a la población civil en situación de flagrancia o en caso de denuncia; obtener información para el planeo conjunto; coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

• La SEMAR y la SEDENA brindaron importantes labores de seguridad de las instalaciones estratégicas del país. Específicamente, la Armada de México proporcionó seguridad contra actividades de sabotaje o terrorismo a 36 instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y a 15 de la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de la Defensa Nacional brindó seguridad a 218 instalaciones estratégicas del país, 72 de PEMEX, 51 del Servicio de Administración Tributaria, 64 de la CFE, siete de la Comisión Nacional del Agua, 20 de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, una de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una de Telecomunicaciones de México, una del Instituto Nacional de Investigación Nuclear y una de la Comisión México-Americana para la Erradicación del gusano barrenador del ganado. También realizó patrullajes de ductos, poliductos, gasoductos, líneas de transmisión de energía eléctrica y sistemas hidráulicos.

• Se realizaron acciones de modernización de la infraestructura física y equipamiento militar y naval. La SEDENA dio mantenimiento a diversas unidades, dependencias e instalaciones militares y se reconstruyó una planta de tratamiento de aguas residuales. En materia de equipamiento militar, se efectuaron diversas adquisiciones para modernizar la infraestructura física militar destacando las que se mencionan a continuación: Cuatro aviones C-27J “SPARTAN” nuevos; seis aviones Beechcraft T-6C “TEXAN 11”; equipo médico y odontológico; equipo de impresión para la elaboración de mosaicos monumentales; armamento y municiones de diferentes características; 3,300 chalecos antibalas; 91 ambulancias. Asimismo, se destinaron recursos para el tercer pago anual por la adquisición del primer lote de seis Helicópteros EC-725 “COUGAR”; tercer pago anual por la compra de cinco aviones EADS CASA-295, cuyo costo total será cubierto en un plazo de 20 años, mediante arrendamiento financiero; primer pago anual por el segundo lote de seis Helicópteros EC-725 “COUGAR”, a un plazo de 20 años, a partir del arrendamiento financiero; primera anualidad por la obtención del Sistema de Vigilancia Aérea en el Sureste del país y para la fabricación del Vehículo Táctico Blindado (V.T.B.) DN-XI (infraestructura y lote piloto de 12 vehículos).

• La SEMAR concluyó la construcción de un edificio para la Unidad de Inteligencia Naval en el Distrito Federal; tres Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Salvamento en Guaymas, Sonora; La Paz, Baja California Sur, y Altamira, Tamaulipas. Se adquirieron dos embarcaciones tipo Defender para la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Salvamento Puerto Chiapas en beneficio de las operaciones navales de salvaguardar la vida humana en el mar. Se continuó el equipamiento de 32 Batallones de Infantería de Marina con avance acumulado de 78% en armamento y pertrechos y del 60% en la adquisición de vehículos. Se concluyó la construcción de dos Buques Patrulla de Vigilancia Oceánica, ARM “Bicentenario de la Independencia” PO-163 y ARM “Centenario de la Revolución” PO-164, en los Astilleros de Marina No. 1 en Tampico y No. 20 en Salina Cruz, respectivamente.

• Se incrementó la compensación técnica al servicio; se ha mejorado sustancialmente los ingresos del personal de los institutos armados; se promovieron al grado inmediato superior a 9,121 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, tomando en cuenta mérito, aptitudy competencia profesionales del personal de la Armada de México.

• Se mejoraron las condiciones de vida del personal militar, al establecer mecanismos en los que se otorgaron mejores beneficios en los créditos hipotecarios, como el incremento de los montos, la disminución en las tasas de interés y mejores paquetes financieros que permiten competir en el mercado. Se otorgaron 6,440 créditos para la adquisición de vivienda beneficiando al personal militar con un patrimonio propio. Adicionalmente, las reformas a la Ley del ISSFAM permiten al personal militar en activo con seis años de aportaciones al fondo de vivienda militar tener acceso a un crédito hipotecario, así como a quienes se encuentran en situación de retiro, quien padezca alguna incapacidad en primera categoría y a pensionistas.

• Se benefició a los hijos de militares y marinos. Entre las actividades realizadas destacan las siguientes: se otorgaron 12,094 becas a nivel medio superior y superior para los hijos del personal militar y naval;

• Se proporcionaron medicamentos a militares y derechohabientes que acudieron a consulta médica por padecer alguna enfermedad o como parte de su tratamiento habitual.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas mexicanas, por los servicios realizados a favor de todos los mexicanos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo. Como ha sido solicitado, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el punto de Acuerdo que ha presentado el Senador Víctor Hermosillo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por al negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se ha inscrito oportunamente y se le concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Distinguidas Senadoras y Senadores:

El motivo de hacer uso de la palabra en este asunto que nos parece relevante, muy importante, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es hacer un reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando de manera intensa, sobre todo durante los últimos seis años, por las Fuerzas Armadas en nuestro país. Es un reconocimiento que se hizo en su momento desde el punto de vista del trabajo legislativo, donde la anterior legislatura, tanto en Cámara de Senadores, como en Cámara de Diputados, votamos un tema muy importante que es la paridad de género en las Fuerzas Armadas, un tema que tiene que ver precisamente con la creación de una unidad al interior de las Fuerzas Armadas para atender todas las quejas que tienen que ver con el tema del respeto a los derechos humanos en las actividades tan delicadas que cotidianamente realizan.

También se realizaron una serie de modificaciones a un conjunto de leyes: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Código de Justicia Militar, y para incluir incluso la figura de traición al Ejército durante el desempeño de estas actividades, en el combate que ha venido realizando de manera permanente al fenómeno de la violencia que creció en el país, al fenómeno de la delincuencia organizada y también en algunos casos algo muy prioritario que el Ejército sigue realizando en el territorio nacional, que es el apoyo muy importante a la población civil en los casos de desastre.

Por esa razón, estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Senador Víctor Hermosillo, en el sentido de que se haga un reconocimiento, que es justo, a los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, un reconocimiento que también se extiende de manera post mortem a los familiares, a sus sucesores, a sus descendientes, y establecer que nosotros tenemos claro que en el ámbito de las Fuerzas Armadas ha habido avances muy importantes.

Creo que una de las instituciones del Estado mexicano que maneja con más claridad, precisión y transparencia los recursos públicos, es precisamente las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo hemos visto en días recientes, lo vemos nosotros en el orden que ellos tienen y sobre todo en el resultado que han venido realizando en apoyo precisamente a las distintas entidades federativas, logrando recuperar espacios que se habían perdido para que el Estado tenga la fuerza que debe tener para que impere el orden.

Y en este sentido, el reconocimiento va también en función del resultado de casi 50 mil personas que han sido detenidas por el Ejército, por la Fuerza Aérea y por la Marina, el hecho de que se han encautado más de 12 millones de cartuchos, esto nos sorprende, por supuesto, y sabemos que la puerta ha estado muy abierta para este tipo de cuestiones que han sido detonantes para la violencia en nuestro país y por supuesto ellos han incautado casi 550 aeronaves, 48 mil vehículos terrestres, es el resultado de las acciones conjuntas que han venido realizando precisamente en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Hay una serie de informes muy importantes que se reflejan en este Sexto Informe de Gobierno sobre los resultados que las Fuerzas Armadas han venido realizando a favor de la población civil, encautando y de alguna manera requisando en todo el territorio nacional todo tipo de drogas, desde drogas blandas como drogas duras, y esto, por supuesto, no ha cesado, finalmente sabemos que debemos de reconocer a las autoridades que se han hecho responsables en el ámbito de la defensa de los derechos de los mexicanos, de la tutela en momentos difíciles de los mexicanos y, sobre todo, de la protección de sus libertades a través de las Fuerzas Armadas.

Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional comparte plenamente este reconocimiento a iniciativa del Senador Víctor Hermosillo y que sea para bien no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de México en general.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Arturo Zamora Jiménez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Indudablemente que las Fuerzas Armadas de nuestro país han sido un soporte institucional para defender nuestra soberanía y nuestra grandeza como patria.

A lo largo de los años, las Fuerzas Armadas Mexicanas han consolidado una arraigada vocación de servicio y fortalecido la confianza que tiene la población con nuestro Ejército, sin embargo, la historia de nuestro país consolidó la existencia de un Ejército con nobles principios que siempre busca respetar la libertad, la autonomía y la justicia social.

Las Fuerzas Armadas están conformadas por mexicanos comprometidos con su patria, la disciplina, constancia, lealtad y apego a los valores democráticos, son elementos que caracterizan la educación militar que forma elementos capaces de defender a su país ante cualquier contingencia.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Armada de México, las Fuerzas Armadas son una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Otro rasgo que vemos ahí es la educación militar, es toda una institución en el país, la calidad de las tácticas y la disciplina la convierte en una destacada opción de los jóvenes mexicanos para forjar su futuro.

Destacados egresados de instituciones educativas militares ejercen con entereza el compromiso de su misión y profesión.

Nuestra Constitución establece con claridad las facultades y obligaciones que debe desplegar y desarrollar en defensa de la nación nuestro Ejército. Por ello, resulta inquietante que en los últimos años se le había otorgado a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de realizar tareas que no le son expresamente convertidas en la Constitución y que se les haya expuesto a situaciones de riesgo que pueden impactar en forma negativa su presencia en el territorio nacional.

Uno de los temas a lo que las mismas corporaciones militares de nuestro país se han ido acercando, es a la formación y capacitación de los integrantes de la milicia mexicana en el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos como eje transversal de la actuación que realizan.

Sin embargo, sigue siendo una preocupación de organismos nacionales e internacionales a través de recomendaciones y sentencias, la necesidad de profundizar en los mecanismos de control parlamentario y democrático sobre las Fuerzas Armadas en el cumplimiento cabal de lo que establece nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos, a los que además de generar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia como impulso virtuoso a nuestras instituciones armadas, también permitirá su propia protección ante los riesgos que enfrenta.

El grupo parlamentario del PRD apoya este punto de Acuerdo para saludar a las Fuerzas Armadas.

También queremos destacar que muchos miembros del Ejército han caído en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, siempre serán recordados por su valentía y compromiso con México.

Por ello el merecido reconocimiento a su labor, de conformidad con lo anteriormente expuesto, mi partido se une y se suma a este reconocimiento al Ejército Mexicano.

Gracias. Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, desde su escaño.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Sumarnos a este punto de Acuerdo, sin duda, señor Presidente.

La SEDENA es una de las Secretarías del gobierno federal que registra menos observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, así lo registran las cuentas públicas que desde la Cámara de Diputados revisamos.

Los recursos materiales, financieros y humanos se manejan con eficiencia, con eficacia, con transparencia y con rendición de cuentas, son un ejemplo de cómo se manejan los recursos en el gobierno federal, desde aquí nos sumamos y reconocemos la labor del Director General de Administración de la Sedena Augusto Moisés García Ochoa, que mucho empeño ha puesto en poder tener al día las cuentas en un esquema de rendición y transparencia.

Es cuanto, y esa es la posición del Partido Verde.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales. No habiendo más oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones respectivas, los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de Bahía de Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga golfina. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EMBARCACIONES MENORES DE BAHIA DE ACAPULCO A BARRA VIEJA, A FIN DE PREVENIR LA MUERTE POR ARRASTRE DE REDES DE LA TORTUGA GOLFINA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto con el carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a la consideración de esta soberanía la PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EMBARCACIONES MENORES DE BAHIA DE ACAPULCO A BARRA VIEJA, A FIN DE PREVENIR LA MUERTE POR ARRASTRE DE REDES DE LA TORTUGA GOLFINA al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En días pasados, los medios de comunicación se han referido a la muerte atípica de más de 150 tortugas marinas de la especie Golfina, en la Bahía de Acapulco y hasta la Bocana del río papagayo o mejor conocido como Barra Vieja, aproximadamente 30 kilómetros de un punto a otro.

En el año 2010 se presentó la mortandad de 80 ejemplares que, previos estudios, fueron descartadas las artes de pesca como las causantes de los decesos, identificándose una bacteria desarrollada por el calentamiento del agua y que causó daño a los tractos digestivos y riñones de las tortugas.

Cada año, en el mes de julio y hasta enero del siguiente año, la tortuga Golfina encuentra en las playas del pacífico mexicano su santuario de anidación, por lo que los esfuerzos de las autoridades ambientales y la Secretaría de Marina Armada de México se incrementan en cuanto a la vigilancia de las playas, los campamentos tortugueros y la comercialización de productos y subproductos ilegales causados por el saqueo clandestino.

Las acciones han rendido frutos y México ocupa el primer lugar mundial en anidación y eclosión de la tortuga Golfina.

De igual forma, México se encuentra a la vanguardia en el programa de certificación de embarcaciones camaroneras a través de la colocación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, regulados por la Norma Oficial Mexicana 061-PESC-2006, situación que genera un plus en la venta nacional e internacional de camarón como un producto de calidad y bajo un esquema de pesca responsable y sustentable.

Sin embargo, en las costas del Estado de Guerrero se ha detectado en los últimos 50 días que, una de las principales amenazas para la tortuga Golfina es la presencia de redes de embarcaciones menores que obstaculizan y generan peligros para esta especie en su tránsito del mar hacia la playa. El instrumento de estas embarcaciones para la pesca comercial es el chinchorro o red que, en su arrastre provoca la muerte de los quelonios.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en el ejercicio de sus atribuciones otorgan permisos de pesca comercial para embarcaciones menores paralas cuales establece especificaciones técnicas de los equipos a utilizar e invoca entre otros, el artículo 55 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que a la letra dice:

ARTICULO 55.- La Secretaría, procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando sus titulares:

I. Afecten al ecosistema o lo pongan en riesgo inminente, con base en un dictamen emitido por la autoridad correspondiente;…

De igual forma, en los permisos expedidos para la pesca se establece expresamente que queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros.

CONSIDERANDOS

Una vez expuesta la problemática en relación con la muerte atípica de más de 150 ejemplares de tortuga Golfina en las costas del Estado de Guerrero, hecho verificado por autoridades federales y estatales, resulta urgente que la CONAPESCA intervenga como autoridad en la materia para actuar en forma preventiva, e impida que las redes de arrastre en su accionar atenten contra la vida de un mayor número de ejemplares de esta especie en peligro de extinción. La tortuga Golfina, junto con otras seis especies de tortugas marinas, se encuentran catalogadas en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Asimismo, desde el 29 de diciembre de 1998, México asumió un compromiso internacional al firmar como parte en la Convención Inter - Americana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas reconociendo las amenazas a la supervivencia de las tortugas como una problemática de naturaleza regional de los países del Hemisferio Occidental.

La época de protección a la tortuga marina se pone en marcha en razón de su ciclo biológico por lo que se establece entre los meses de agosto y octubre que son los de mayor actividad en su reproducción y por ello deberá establecerse una vigilancia permanente para que las redes no afecten el paso natural de los quelonios tanto a las costas de Guerrero como de cualquiera otra entidad.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y particularmente a laComisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de laBahía de Acapulco hastala Bocana del Río Papagayo, mejor conocido como Barra Vieja, Guerrero, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga Golfina.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), a que se lleven a cabo las revocaciones o cancelaciones de permisos de pesca para embarcaciones menores que se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad dañe al medio ambiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 18 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De las CC. Senadoras Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar un informe sobre los mecanismos para medir el combate a la pobreza que utilizan en los programas sociales estatales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LOS MECANISMOS PARA MEDIR EL COMBATE A LA POBREZA QUE UTILIZAN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
EN LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De Adriana Dávila Fernández, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que les solicita a los ejecutivos de las entidades federativas que presenten un informe sobre los mecanismos para medir el combate a la pobreza, que utilizan en los programas sociales estatales; se pronuncien sobre sus compromisos para contribuir en la transparencia de los programas sociales estatales; y transparenten los padrones de beneficiarios de sus programas; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin lugar a dudas, durante los gobiernos federales del Partido Acción Nacional, mucho se avanzó en el mejoramiento de la política social. Basta señalar que no únicamente se aumentó la cobertura en el número de beneficiarios y el tipo de atención de los programas sociales, sino que se mejoró sustancialmente en su efectividad, funcionamiento y transparencia.

Ahora, la totalidad de las políticas públicas de combate a la pobreza del Gobierno federal están sujetas a evaluaciones del desempeño y de impacto, por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y otras entidades independientes tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realiza evaluaciones anuales de los programas sociales, lo que permite monitorear permanentemente los procesos y la forma de operación de los mismos, con el fin de detectar problemas y poderlos solucionar de manera eficaz. Además, dichas evaluaciones permiten determinar si los programas están cumpliendo los objetivos sociales que los motivaron. También, todos los programas de la SEDESOL tienen reglas de operaciones y procedimientos muy bien definidos, así como padrones que identifican con certeza a los beneficiarios.

En este sentido, el uso de internet es crucial para obtener mayor transparencia, por ejemplo, en cuanto a la operación del programa, la SEDESOL, en su página de internet, proporciona ligas electrónicas en las que hay información sobre cómo operan estos programas, cómo acceder a ellos; y otros vínculos que permiten al público interesado hacer solicitudes de información, quejas y denuncias, peticiones ciudadanas, así como el directorio de la delegaciones y oficinas centrales de la Secretaría. Por otra parte, la SEDESOL, con el fin de contribuir en la difusión de los programas sociales y hacer del conocimiento del ciudadano la información completa, emite la herramienta de consulta “Beneficiarios por Localidad”, que permite conocer los programas existentes, el número de beneficiarios, su identidad, etcétera.

Que los programas de combate a la pobreza cuenten con padrones de beneficiarios confiables permite que la aplicación de los recursos sea transparente y focalizada a quienes verdaderamente lo requieren, al tiempo que se minimiza o eliminan el uso clientelar de los recursos públicos involucrados.

En este sentido, estos avances recientes a nivel federal están contribuyendo de manera muy importante en la construcción de una Política Social de Estado. Sin embargo, cualquier mejora en este sentido resulta insuficiente si no se acompaña de avances similares en los ámbitos locales. Así, lo que falta para alcanzar una auténtica Política Social de Estado es mayor corresponsabilidad de los gobiernos estatales.

Un caso claro y preocupante sobre esta falta de corresponsabilidad se da en la aplicación de los recursos del Ramo 33 o del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El Ramo 33 fue creado con la finalidad de descentralizar algunas funciones de la Federación, brindándoles recursos a los Estados, Municipios o Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a fin de que se atendieran ciertas necesidades o problemas que se daban en lo local.

En un informe del CONEVAL sobre la evolución del Ramo 33 y sus fondos, se documentan las principales deficiencias sobre cómo los gobiernos estatales aplican los recursos federales que les son asignados. En particular, se argumenta que “la ausencia de una normativa precisa, así como la heterogeneidad y las limitaciones de la información disponible acerca del destino de los recursos, han derivado en una escasa documentación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los fondos respecto de su eficacia para atender las necesidades de la población”1. Es decir, no sé sabe si los recursos se aplican para lo que son destinados y, si fuese el caso, se desconoce su efectividad.

En resumen, el uso de los recursos queda en manos de los ejecutivos locales y sus leyes. Lo anterior se agrava en un contexto en el que no hay división efectiva del poder y, por ende, pocos incentivos para la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido, para mejorar el marco legal con el que ahora se dispone, el pasado primero de septiembre el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Cabe señalar que esta Iniciativa es la primera con trámite preferente que se presenta en esta Cámara.

El objetivo de la Iniciativa es asegurar que los recursos públicos no sean destinados para otros fines, mediante el establecimiento de los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría.

Para ello, la referida iniciativa propone establecer los rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, pero también el listado de programas que serán sometidos a evaluación de desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. También destaca la propuesta de reglas más estrictas sobre transparencia de los fondos del Ramo 33, así como obligaciones para informar sobre recursos federales no aplicados y que, en su caso, deberán ser reintegrados a la Federación.

De ser aprobada esta iniciativa, el resultado será que tendremos reglas para la presentación homogénea y armónica de la información financiera durante todo el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno. Así, tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como la sociedad en general, tendrán acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los recursos públicos.

Sin lugar a dudas, lo anterior ayudará decisivamente a transparentar y a homologar para alcanzar una plena Política Social de Estado, será contar con padrones de beneficiarios confiables de los programas sociales de los gobiernos estatales, tal y como ahora ocurre en el orden federal.

Sin embrago, mientras se cumple con el proceso legislativo de éste H. Congreso de la Unión, es conveniente instar a los ejecutivos locales a emprender acciones de corresponsabilidad.

Al tenor de lo anterior, la finalidad de este punto de acuerdo es solicitar a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal que presenten un informe en el que especifiquen los mecanismos para medir el combate a la pobreza, que actualmente utilizan en los programas sociales estatales; se pronuncien sobre su compromiso para contribuir en la aplicación de políticas públicas que transparenten los recursos que se utilizan en los programas sociales estatales; y transparenten los padrones de beneficiarios en el ejercicio y el uso de recursos públicos del estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, que presenten un informe pormenorizado en el que especifiquen los mecanismos y metodologías que utilizan para medir el combate a la pobreza, en los programas sociales estatales.

SEGUNDO: El Senado de la República solicita a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que se pronuncien en relación a cuál es su compromiso para contribuir en la aplicación de políticas públicas que transparenten los recursos que se utilizan en los programas sociales de su competencia.

TERCERO: El Senado de la República exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a transparentar los padrones de las personas beneficiadas en el ejercicio y el uso de recursos públicos estatales, así como establecer mecanismos para evaluar sus programas sociales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Adriana Dávila Fernández”.





 

De las CC. Senadoras Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a discutir y votar la minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DISCUTIR Y VOTAR LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION XXIX Q AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
EN LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De Adriana Dávila Fernández, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados para que discuta y vote la minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX Q, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tanto nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que nos es vinculante, han reconocido que la protección de todos los derechos fundamentales, constituyen un imperativo para todos los órdenes de gobierno.

Los derechos de las víctimas, no son una excepción y por ello la importancia de concretar una legislación acorde con el momento histórico en el que se encuentra nuestro país. Es cierto que una forma de lograr la protección de la víctima, es que cada una de las entidades legisle sobre este tema, como ya sucede en algunas entidades del país; sin embargo, no cabe duda que la pluralidad de instrumentos normativos que tengan como fin la protección los derechos de las víctimas, requerirían la homologación de los criterios que deben prevalecer para garantizarlos de forma efectiva, así como de la articulación y la coordinación entre los diversos órganos de gobierno, por lo cual se hace indispensable una ley general en la materia.

El 25 y 30 de abril del presente año se aprobó en el Pleno de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, respectivamente, la Ley General de Víctimas.

Esta Soberanía aceptó que la Ley General de Víctimas carece de fundamento constitucional para expedir una ley general en la materia, y por ello, paralelamente ésta, el Senador González Morfín presentó una iniciativa para adicionar al artículo 73 constitucional a efecto de dotar de las facultades necesarias al Congreso de la Unión, misma que fue aprobada por el Senado el mismo día que el proyecto de la Ley General de Víctimas, pero su proceso legislativo se quedó pendiente en la Cámara de Diputados desde el 26 de abril, pues a la fecha no se ha discutido ni votado.

Es decir, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis P. VII/2007, 9ª Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV abril de 2007, p. 5) que explica que para expedir una ley general el Congreso de la Unión debe contar con atribución expresa en la Constitución, el Senado de la República aprobó en la misma sesión la Ley General de Víctimas y la reforma constitucional.

Actualmente, se encuentra sub judice ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional sobre el procedimiento legislativo que siguió la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la resolución de este litigio no se pronunciará sobre su constitucionalidad y en caso en que se ordene la publicación de esta ley, quedará susceptible de ser anulada por un nuevo juicio de acción de inconstitucionalidad si no se ha aprobado la reforma a la Constitución.

Por lo anterior, tenemos dos obligaciones como legisladores: la primera, exhortar a nuestros compañeros de la Cámara de Diputados a que aprueben a la brevedad la reforma constitucional para que los integrantes del Congreso de la Unión tengamos la facultad de expedir la indispensable ley general en materia de víctimas. La segunda, estudiar la iniciativa que expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas presentada por el Ejecutivo Federal, y atender al momento en que se nos faculte para ello para así dictaminarla. Ambos deberes conllevarán al cumplimiento de nuestro deber constitucional de protección de derechos humanos, a que México cuente con un ordenamiento eficaz y válido lo antes posible.

Contar con un marco jurídico efectivo de protección a las víctimas, constituye un tema en la agenda legislativa inaplazable, se trata de un reclamo de la sociedad que no puede esperar mas, de ahí que resulta necesario y urgente que la Cámara de Diputados discuta y vote la adición al artículo 73 constitucional propuesta, y con ello, estar en posibilidades de atender desde el Congreso de la Unión a las legitimas demandas de las víctimas.

Cabe agregar una nota en las presentes consideraciones. A la fecha, nuestra Constitución ya fue adicionada con la fracción XXI- Q, por lo que debe considerarse que la adición que pretende facultar al Congreso de la Unión para emitir legislación de forma concurrente en materia de víctimas será la fracción XXIX-R.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que conozca, discuta y vote lo antes posible la minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX Q, al artículo 73de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -para facultar al Congreso de la Uniónpara expedir una ley general, en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas del delito- que recibió con fecha 26 de abril de dos mil doce.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2012.

Sen. Adriana Dávila Fernández”.

Les reitero la información del cambio de ubicación de las reuniones de comparecencias para el análisis del Sexto Informe de Gobierno, el cual se realizará a partir de hoy a las 17:00 horas en la sala 7, ubicada en la planta baja del hemiciclo.

E informo también que las intervenciones del Partido Acción Nacional se dividirán los 10 minutos en tres, ese es el acuerdo de los grupos parlamentarios, por lo cual por el día de hoy así se acuerda, y quedan debidamente informados todos los señores y las señoras Senadoras. /coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Ramo_33_PDF_02032011.pdf.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la próxima que tendrá lugar el próximo jueves 20 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:54 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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