Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 19 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 4


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Septiembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 98 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 11 de septiembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y tres minutos del día jueves seis de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento once ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes cuatro de septiembre de 2012.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las normas para el análisis del VI Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación económica. La Presidencia informó que se emitirían las invitaciones a los servidores públicos señalados en el Acuerdo y en virtud de que no se han conformado las comisiones, la Mesa Directiva, a través de los vicepresidentes, estaría atenta a llevar la coordinación de las actividades.

(Correspondencia)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años, a favor de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos. Se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de labores 2011 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.- Se remitirá a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que comunica la emisión del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos del Ciudadano Enrique Peña Nieto.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se designa a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela y Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Juntade Coordinación Política a instituir la comisión ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Adolfo Romero Lainas, Eviel Pérez Magaña y Roberto Gil Zuarth, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a tomar previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo crudo.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de Acuerdo sobre los derechos fundamentales de los presos en cárceles de México.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Derechos Humanos.

 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos.- Hizo uso de la palabra el Sen. Omar Fayad Meneses. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Alejandro Tello Cristerna del PRI; Benjamín Robles Montoya del PRD; Arturo Zamora Jiménez del PRI; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; Martín Orozco Sandoval del PAN; David Penchyna Grub del PRI; Adriana Dávila Fernández del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la revisión integral de la obra "Marina Turística, Puerto Majahua".- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal a impulsar y fortalecer las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Salud.

 

El Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad un informe pormenorizado sobre el resultado de la aplicación del llamado convenio de colaboración "Acuerdo por Tabasco".- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Energía.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobiernodel Distrito Federal a realizar una investigación exhaustiva de los contratos gubernamentales otorgados a las empresas sad desarrollo y Transparencia, afk Comunicación Creativa y aar Consultores de Negocios.- Intervinieron los senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD; Omar Fayad Meneses del PRI; y Gabriela Cuevas Barrón del PAN. Se dio por recibido yen tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya,del grupo parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se encuentra en sustanciación en ese órgano jurisdiccional.- Intervino el Senador Héctor Larios Córdova, PAN. Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federalv legislatura, a que convoque inmediatamente a sesión extraordinaria con el objeto de que tomen protesta los suplentes de quienes solicitaron licencia al cargo de diputados locales.- Hizo uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD. Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión del Distrito Federal.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los senadores Fidel Demédicis Hidalgo y a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los estados de Morelos y Guerrero, para que junto con autoridades municipales y, especialmente con presencia de ciudadanas y ciudadanos, a que se desarrollen reuniones de trabajo que permitan evaluar resultadosy desarrollo de acciones inmediatas e integrales que atiendan la problemáticade seguridad que en últimas fechas sehan presentado en dichas entidades.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: René Juárez Cisneros del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; y Jorge Luis Preciado Rodríguezdel PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce el buen desempeño del Gobierno de la República por la mejor calificación obtenida de México en el Índice de Competitividad Global y se exhorta al Congreso de la Unión a instalar las comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas pendientes en materia económica.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno de esta Cámara de Senadores la constitución de una comisión especial que organice y dirija trabajos de estudio y análisis en el procedimiento especial de dictamen que se inicie con motivo de la firma por parte del titular del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Anti-falsificaciones.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposicióncon punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y detrato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Efeméride)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo uso de la palabra para referirse al 143 aniversario del natalicio de José María Pino Suárez.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas y citó a la siguiente el martes once de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Señoras y señores Senadores:

Como es de su conocimiento, el día de ayer se suscitó el lamentable fallecimiento del escritor y filólogo Ernesto de la Peña, pilar de la cultura de nuestro país, miembro del Consejo de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes y miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación.

Erudito de las letras, ensayista, traductor, lingüista, narrador y poeta, siempre fue reconocido como un mexicano de inagotable sabiduría y generosidad.

Su ausencia llena de luto al mundo mexicano de la cultura. Gran humanista, poseedor de grandes conocimientos y un amplio dominio de más de 30 lenguas clásicas y modernas de toda índole. Fue galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos, el Premio Xavier Villaurrutia, en el año de 1988; el Premio Internacional Alfonso Reyes, en el año 2008; asimismo, recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el año 2007 y el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo, en el año 2010.

De forma reciente, fue galardonado con el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo, por su preocupación constante por la transmisión del saber y el acceso a la cultura de las nuevas generaciones.

Se trata, sin duda, de un mexicano insustituible.






MINUTO DE SILENCIO

Esta Mesa Directiva desea honrar su memoria; y para ello le pide a la Asamblea ponerse de pie para guardar en su honor un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, sírvanse tomar asiento, por favor.

(Aplausos)

Señoras y señores Senadores, también y ante los retos que afronta nuestro país en materia educativa, es aleccionador y motivante para todo los mexicanos, enterarnos del reconocimiento al que se han hecho merecedores nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México y también el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ubicándose por segundo año consecutivo entre los diez primeros lugares del Estudio Anual del Ordenamiento de Universidades para América Latina, que elabora el Reino Unido.

Este reconocimiento da testimonio de la destacada reputación de las universidades líderes de México en América Latina, y son el reflejo de los rigurosos estándares académicos de sus altamente cualificados graduados.

Es un gran orgullo saber que la Universidad Nacional Autónoma de México logró avanzar en un año 53 puestos en este ordenamiento internacional, que agrupa a las mejores instituciones de educación superior a nivel global.

Felicitamos desde esta tribuna a ambas instituciones académicas y deseamos que sigan avanzando en la calidad de la educación para seguir constituyéndose en un referente al cual deben aspirar todos los centros de educación superior del país.

Muchísimas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite una fe de erratas sobre el Artículo Séptimo Transitorio del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, presentado por él en la sesión del 6 de septiembre pasado.

“México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2012

Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente.

Me dirijo a usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores la siguiente fe de erratas sobre el Transitorio Séptimo de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez en la sesión del pasado 6 de septiembre, para efecto de que sea informada a las comisiones de turno correspondientes:

Dice:

SEPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

SEPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.

SEPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.

Debe decir:

SEPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

Atentamente

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se establece el calendario para el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de dicho Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, la Cámara de Diputados remite oficio por el que informa la designación de los Consejeros por parte del grupo parlamentario del PT ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D.G.P.L 62-II-8-0038
Exp: 28

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con lo que establece el Artículo 110, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por el que se designan a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a los siguientes legisladores del:

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Propietario:Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo

SuplenteDip. José Arturo López Cándido

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 6 de septiembre de 2012.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Comunico a la Asamblea, que dichos informes han sido distribuidos entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la Secretaría de Gobernación se recibieron dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2628/2012
México, D.F., 10 de septiembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 11523, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Lydia María Cacho Ribeiro, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2596/2012
México, D.F., 6 de septiembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 11276, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Mirielle Susana Chabre y Audemar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turnarán, en su momento, a la Comisión de Gobernación.

Informo a la Asamblea, que en tanto se conforman las comisiones, los asuntos que se les turnen se mantendrán en poder de la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua un proyecto de Decreto para adicionar el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

“CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Oficio N° 1325-1/12 II D.P
Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2012

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES
COLONIA TABACALERA,
DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, D.F. C.P. 06030

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 527/2012 II D.P., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua presenta Iniciativa con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, por el que se propone adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo No Reelección
El Presidente de la Diputación Permanente
del H. Congreso del Estado

Dip. David Valderrama Quintana”.

“ACUERDO No.
527/2012 II D.P.

LA DIPUTACION PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, tiene a bien presentar iniciativa con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante la cual se propone adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 18.-En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

5 de junio

Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócerde la Revolución Mexicana.

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

b)………..

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado, a que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su artículo 19, y en tanto se realiza la modificación propuesta por esta Legislatura a la norma señalada, acuerde el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta, el día 5 de junio de cada año, en el aniversario del nacimiento del General Francisco Villa. Así mismo, para que, a través de las autoridades competentes, se efectúen los actos cívicos correspondientes para la realización de los honores, por la sociedad civil.

Dado en la sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chin., a 21 de agosto de 2012.

Presidente

Dip. David Valderrama Quintana

Secretario

Dip. Héctor Rafael Ortiz Orpinel”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Aarón Irizar López: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Con la atribución que me confiere la fracción II del artículo 71 constitucional, hago uso de esta alta tribuna para presentar a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito de esta reforma es clarificar las disposiciones constitucionales relativas a la iniciativa preferente.

En el Decreto en que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política y publicada el 9 de agosto del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se abordaron 11 temas, entre ellos el de la iniciativa preferente, instrumento regulado por el párrafo tercero del artículo 71 constitucional.

Al establecer el trámite preferente, se facultó al Ejecutivo Federal para que presente iniciativas que sean atendidas en breve término en el Congreso.

Se trata de fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con la atención legislativa preferente de las iniciativas que a juicio del Presidente de la República revistan prioridad nacional.

El trato preferente no limita la facultad del Congreso para aprobar, modificar o descartar los proyectos legislativos presentados por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el Decreto no señala la fecha a partir de la cual deba iniciar el cómputo de plazo máximo de 30 días naturales para que el Pleno de la Cámara de Origen discuta y vote la iniciativa que se trate.

En virtud de que es necesario el dictamen de comisiones para discutir y votar un proyecto en el Pleno, y que en la apertura del primer periodo de sesiones de cada legislatura en la Cámara de Diputados y de cada dos legislaturas en el Senado de la República, ambas Cámaras del Congreso todavía no cuentan con las comisiones de dictámenes instaladas, las iniciativas que han sido presentadas en estos periodos deben de tratarse de diferente manera que en los demás periodos ordinarios de sesiones.

Con la elaboración de los dictámenes correspondientes, el Pleno camaral tendrá las condiciones necesarias para discutir y votar un proyecto, conociendo los segmentos de juicio considerados frente a los expuestos por el Ejecutivo Federal en su iniciativa preferente.

Por lo anterior, presento a la consideración la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los 30 días naturales de plazo máximo para que el Pleno discuta y vote el proyecto de Decreto contenido en una iniciativa preferente, serán contados a partir de la fecha de su presentación, excepto cuando se trate de iniciativa presentada en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Origen, que ésta deba de integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso el plazo correrá a partir de las fechas de la instalación de éstas.

Señor Presidente, solicito muy atentamente se publique el texto íntegro de la iniciativa que presento en el Diario de los Debates.

Es todo, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Aarón Irízar López, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artIculo 71 de la Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto de 2012, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política.

Dicho Decreto resultó del análisis de un gran número de propuestas emanadas de foros de consulta realizados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y contenidas en diversos proyectos legislativos sobre grandes temas de interés nacional, entre los que destacamos la iniciativa de trámite preferente, cuya regulación se estableció en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma al párrafo segundo y la adición de los párrafos tercero y cuarto del mismo numeral.

Las disposiciones sobre el referido trámite preferente, entraron en vigor el 10 de agosto de 2012, según lo previsto en el Artículo Primero Transitorio del propio Decreto.

Al reformar el párrafo segundo del artículo 71, constitucional, se sustituyó la disposición de que “Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Republica, por las legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos”, con el enunciado siguiente: “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas”. Así, será la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que defina el trámite correspondiente a las iniciativas que, no siendo de trámite preferente, sean presentadas por el Presidente de la República; a las presentadas por los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; a las presentadas por las Legislaturas de los Estados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las presentadas por los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Por su parte, es el párrafo tercero adicionado al artículo 71, constitucional, el que establece el derecho de iniciativa de trámite preferente a favor del Presidente de la República, en los siguientes términos:

“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”.

Es evidente que la iniciativa de trámite preferente que establece el nuevo párrafo tercero del artículo 71, constitucional, puede ser la figura jurídica que posibilite una mayor agilidad en el tratamiento de los proyectos legislativos presentados por el Presidente de la República y que representan una prioridad en la agenda nacional desde la perspectiva del propio Ejecutivo Federal; sin embargo, las disposiciones plasmadas en el señalado párrafo tercero del artículo 71, no tienen la precisión necesaria para su debida observancia.

En efecto, el párrafo que nos ocupa, al establecer que cada iniciativa de trámite preferente deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales, además de que es omisa en señalar a partir de qué fecha empieza a correr dicho plazo, de manera tácita elimina la intervención de las comisiones ordinarias en el estudio, análisis y dictamen de los asuntos que debieran serles turnados por la Presidencia de la Mesa Directiva, ya que la disposición constitucional queexpresamente señalaba que: “Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. …” se eliminó de nuestro Texto Fundamental, mediante la reforma al párrafo segundo del artículo 71, constitucional, contenida en el propio Decreto publicado el 9 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de que el Presidente de la República, solo podrá presentar dos iniciativas para trámite preferente, es de considerarse que los demás proyectos legislativos que presente el Ejecutivo Federal ante el Congreso, pasarán desde luego a comisión para efectos del análisis y dictamen correspondiente. No obstante, para subsanar esta deficiencia normativa, conviene precisar la necesidad de que el Congreso de la Unión observe y cumplimente lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, que ordena:

“ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo”.

Adicionalmente, es preciso observar que el multicitado Decreto, es omiso también en señalar el caso de excepción a la observancia de lo dispuesto en el párrafo tercero adicionado al artículo 71, constitucional,que se presentará cada tres años en la Cámara de Diputados, y cada seis años en el Senado de la República.

En efecto, al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de cada legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados debe integrar e instalar, a la brevedad posible, las comisiones ordinariasque se encargarán de dictaminar las iniciativas de trámite preferente y enviar los dictámenes con proyecto de Decreto a la Mesa Directiva para que los presente ante el Pleno Cameral para su discusión y, en su caso aprobación. Lo anterior, dentro del plazo de treinta días naturales establecido en el párrafo tercero del artículo 71, constitucional.

Lo expuesto en el párrafo anterior, sucede también en la Cámara de Senadores, cada dos legislaturas del Congreso General.

La pluralidad que se expresa en ambas cámaras del Congreso, entre otros factores, dificulta el procesamiento de los acuerdos para la rápidaintegración e instalación de las comisiones; propicia el retraso en la elaboración de los dictámenes correspondientes a las iniciativas de trámite preferente, e imposibilita que la cámara de su origen pueda cumplir dentro del plazo legal que el artículo71 de la Constitución Federal exige.

Por los motivos expuestos, se hace necesario reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la fecha a partir de la cual debe contar el plazo máximo de treinta días naturales establecido para que una iniciativa de trámite preferente sea discutida y aprobada por el Pleno de la Cámara de su origen; así como para decretar que se exceptúan del tratamiento de trámite preferente, aquellas iniciativas presentadas en la apertura del período ordinario de sesiones en que la cámara de origen deba integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso, el plazo correrá a partir de la fecha de instalación de éstas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.-Se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículos 1 a 70. (…)

Artículo 71. (...)

I. a IV. (…)

(…)

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su presentación, excepto cuando se trate de iniciativas presentadas en la apertura del periodo ordinario de sesiones en que la cámara de origen deba integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso, el plazo correrá a partir de la fecha de la instalación de éstas.Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de Ley o Decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

(…)

Artículos 72 a 136. (…)

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Aarón Irizar López”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, SenadorAarón Irizar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal para ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EJERCER LA REPLICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SE DEROGA EL ARTICULO 27 DE LA LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. Senadores María Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Comunico a la Mesa Directiva que se han adicionado a la suscripción de esta iniciativa los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco Sandoval, Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Lavalle Maury, todos ellos del grupo parlamentario del PAN.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El derecho de réplica en nuestro país está regulado para las publicaciones impresas desde 1917, en una ley de carácter penal que se conoce como la Ley de Imprenta, presumiblemente reglamentaria de los artículos 5o. y 6o. de la Constitución de 1917, pero que se publicó antes de que se promulgara la Constitución, por lo que la ley ha sido catalogada como preconstitucional.

Esta condición de ley preconstitucional la mantuvo durante mucho tiempo cuestionada en la validez de varios de los elementos formales que le dieron origen, entre otros, las facultades reglamentarias que Venustiano Carranza transformó en legislativas para proveer al cumplimiento de la nueva Carta Magna.

Sin embargo, esa ley trazada bajo una óptica de resguardo político e inspirada bajo la moral de aquella época, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró: ”Tiene fuerza legal y debe ser cumplida en tanto no pugne con la Constitución vigente, o sea, expresamente derogada”.

Y a pesar de que la misma ley, denominada oficialmente sobre delitos de opinión, dice: expedir entretanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, esa empresa legislativa no se ha verificado después de más de 90 años. Es el entretanto más largo de nuestra historia legislativa.

A lo que se suma la decisión que el propio Congreso tomó en el Transitorio Décimo de la reforma electoral del 2007, que adicionó el derecho de réplica, será garantizado en los términos que las leyes establezcan. En ese transitorio, la reforma electoral del 1917 dijo que a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

Se trata, compañeras y compañeros, de una aberrante omisión legislativa que ha provocado el renacimiento positivo de la vetusta ley de imprenta, en la que descansan cientos de demandas o en ella se complementan las que se enderezan por la vía civil.

En materia de radio y difusión, también presumiblemente está regulado el derecho de réplica. En el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión del 10 de octubre de 2010.

Sin embargo, esa reglamentación es tan inútil e ineficaz que si hay algunos casos que hayan prosperado en el ejercicio de ese derecho, son contados y se debe especialmente a la quiescencia de los concesionarios de la radio y televisión en quienes se dejó la potestad de conceder o no el derecho de réplica, un ridículo monumental.

Sobre esta legislación pendiente del Congreso mexicano existen diversas iniciativas, tanto en esta Cámara como en la Cámara de los Diputados. La mayoría de ellas convergen en un punto fundamental: crear un procedimiento moderno, expedito y que combine un mecanismo de auto composición, es decir, que las partes, el aludido y el medio de comunicación puedan llegar a un acuerdo para permitir el acceso gratuito al medio de comunicación, pero también se establece un procedimiento heterocompositivo. Esto es, que si las partes no llegan a un acuerdo, sea un tercero el que resuelva, esto es la autoridad.

Y es precisamente en el tema de quién debe aplicar el derecho de réplica o quién debe garantizar ese derecho, en donde ha habido diferendos, distintos enfoques, diría yo, diversas propuestas legislativas. Algunos han propuesto que sea el IFE quien resuelva la controversia, pues se pensaba que al estar inscrita dentro de la reforma electoral de 2007, esta alusión constitucional o esta expresión constitucional aludía al derecho de candidatos y partidos para responder a imputaciones inexactas o agraviantes. Hay también quienes han pensado que debiera ser una instancia administrativa, hay iniciativas en este Senado y en la Cámara de Diputados que dicen que debiera ser la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Normatividad de México, que tiene una actuación de los medios de comunicación de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta posible alternativa tiene un inconveniente para los ciudadanos, sobre todo para el eficaz acatamiento de un ley en la materia, pues sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y las resoluciones de este tribunal, cometidas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual se traduce en más de tres instancias para las partes.

¿Qué es lo que nosotros proponemos? Quienes suscribimos esta iniciativa en realidad en un debate ya muy decantado, precisamente que se enriquece de la diversidad de puntos de vista. Nosotros proponemos un procedimiento judicial sumario ante un juez de distrito en un plazo que no exceda de 22 días, para que se determine el ejercicio del derecho de réplica ante el medio de comunicación que no lo haya querido otorgar por la vía de la conciliación de las partes, que es la primera etapa que plantea la iniciativa.

Está muy discutido en el orden internacional, que el derecho de réplica es un mecanismo de libertad de expresión de quienes no tenemos para nosotros la potestad o la posesión de medios de comunicación.

Se trata de una iniciativa que, de aprobarse en esta Cámara de Senadores, saldaría no sólo el entretanto de más de 90 años que formuló la Ley de Imprenta, también saldaría el transitorio de la reforma constitucional que elevó a rango constitucional el ejercicio de este derecho fundamental que resguarda la imagen de las personas, la vida privada de las personas frente a imputaciones imprecisas, calumniosas y agraviantes del derecho a la propia imagen.

En la Gaceta parlamentaria se contiene el texto completo de esta iniciativa, por supuesto, debo decir, está un procedimiento expedito y están determinados con toda claridad qué debe entenderse por medios de comunicación: toda aquella instancia capaz de difundir y de propagar información y, por lo tanto, de generar un impacto social en lo que tramite.

Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de los Senadores, dejo a la consideración de esta Soberanía la iniciativa por la cual el Congreso de la Unión pudiera saldar este compromiso, este adeudo con la democracia mexicana, con las libertades de expresión, de información y del derecho a la información de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Javier Corral Jurado,Marcela Torres Peimbert, Francisco GarcIa Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, VIctor Hermosillo y Celada y ErnestoRuffo Appel, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que expide la Ley Federal para ejercer la rEplica en los medios de comunicaciOny se deroga el artIculo 27 de la Ley sobre delitos de imprenta. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de motivos

El derecho de réplica consiste en la posibilidad de que la persona aludida en la información dada a conocer por un medio de comunicación pueda, de forma gratuita, aclararla, no solo con el objetivo de satisfacer la consideración que de esa persona tiene los demás, sino de un interés mayor, el social. La réplica se constituye así como una vertiente del derecho a la información, el cual consiste en la posibilidad de conocer, difundir y acceder a la información; así en el caso de la réplica estaríamos hablando de la primera dimensión, la de conocer, porque la sociedad tiene el derecho a la certidumbre de que la información que obtiene de los medios de comunicación es veraz.

El derecho de réplica ha sido asumido por sistemas democráticos como un mecanismo que impone a los medios de comunicación, tiene una naturaleza de interés social, el ejercicio del mismo con responsabilidad y con respeto a los derechos. La posibilidad de ejercer la réplica se constituye así tanto en una garantía frente a información falsa o calumniosa como en un contexto de exigencia de responsabilidad para que la información que se difunde sea objetiva.

El derecho que tiene una persona a la réplica en México se incorporó en la preconstitucional Ley sobre Delitos de Imprenta, que fue publicada el 12 de abril de 1917, que en su artículo 27 dice:

“Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, re portazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley.

“Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente”.

“La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere”.

“La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas”.

“Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente”.

“La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal”.

Como se puede desprender de la simple lectura de la vigente Ley sobre Delitos de Imprenta contempla una regulación para ejercer la réplica limitándolo a las publicaciones impresas y es hasta el año 2002 es cuando se regula la figura en los medios electrónicos, fundamentalmente la radio y televisión. En su artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, que a la letra dice:

“Toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos”.

“Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración”.

“En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”.

“De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en los términos de la resolución”.

“El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus parientes en línea ascendente o descendente en primer grado”.

“En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo”.

Efectivamente la radio y la televisión no contemplaban el derecho de acceso a la réplica, ni en la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940, que en el Libro V, capítulo VI, regulaba las instalaciones de radiodifusoras comerciales, culturales, de experimentación científica y de aficionados, pero tampoco fue contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Este derecho era inexistente en la legislación secundaria para la radio y la televisión.

Primero se consagró en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, que en su artículo 14 dispone que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley; posteriormente, en el año 2007, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempló dicho derecho en su artículo 6°, que prescribe que el derecho de réplica se ejercerá en los términos previstos en la Ley.

La evolución de la legislación es claramente notoria, primero se concibe a la réplica como una sanción, incluso, de carácter penal, en tanto que los textos internacionales, como la propia Constitución General de la República, la conciben como un Derecho Humano.

Efectivamente la sanción que prevé la Ley sobre Delitos de Imprenta establece una pena para el infractor de un mes a once meses por el incumplimiento; en tanto que como derecho humano su tratamiento consiste en la protección de la dignidad de la persona, esto es, se parte del supuesto axiológico de que el ser humano es valioso por sí mismo, en ese sentido la regulación de la réplica debe tener una efectividad para garantizar el respeto pleno de la imagen de una persona.

No obstante, la imagen de las personas jurídicas, también deben gozar de la protección de una ley como la que se pretende expedir, ya que ellas también tienen los atributos de la personalidad que una persona física tiene, y así lo demuestra la jurisprudencia que la Primera Sala de la Suprema Corte, quien emitió, al referirse al daño moral, la siguiente jurisprudencia:

Registro No. 178767

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXI, Abril de 2005

Página: 155

Tesis: 1a./J. 6/2005

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTAN LEGITIMADAS PARA DEMANDAR SU REPARACION EN CASO QUE SE AFECTE LA CONSIDERACION QUE TIENEN LOS DEMAS RESPECTO DE ELLAS (ARTICULO 1916 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Conforme al citado precepto, es jurídicamente posible que las personascolectivas demanden la reparación del dañomoral que llegare a ocasionárseles, ya que al definirlo como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás, lo hace consistir en una lesión a los conceptos enumerados y obliga al responsable a repararlo mediante una indemnización pecuniaria. Aunado a lo anterior, y si se tiene en cuenta que jurídicamente es posible que además de las personas físicas, las morales también sean sujetos de derechos y obligaciones, según los artículos 25 a 27 del mencionado código, las cuales adquieren personalidad para realizar ciertos fines distintos a los de cada uno de los miembros que las componen, como lo establece el artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, y si el derecho les atribuye la calidad de personas morales a esas colectividades que adquieren unidad y cohesión a través de la personalidad, y por medio de esta construcción técnica les permite adquirir individualidad de manera similar al ser humano, y toda vez que el dañomoral está íntimamente relacionado con los derechos de la personalidad, es indudable que por equiparación y analogía los conceptos relativos a la reputación y a la consideración que de sí misma tienen los demás, también se aplican a las personas morales.

Contradicción de tesis 100/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Tesis de jurisprudencia 6/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de enero de dos mil cinco.

Debe quedar claro que la réplica nada tiene que ver con la protección a la que se refiere el Código Civil Federal en su artículo 1916, relativa al daño moral, son acciones distintas y por ende autónomas entre sí. Mientras que el daño moral pretende una indemnización económica por la afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás, la réplica tiene una finalidad de aclarar a la sociedad una información imprecisa vertida en los medios de comunicación, bien sea por descuido o por generar un daño.

Esa es la dimensión social del derecho de réplica, la de contar con la posibilidad de aclarar o precisar la información que los medios de comunicación transmiten o publican en aras de que los destinatarios de la misma tengan la certeza de contar con una información objetiva.

Así, con la presente iniciativa se intenta dotar al orden jurídico nacional de un legislación que la Constitución General de la República consagra en beneficio de la colectividad, para garantizar su derecho a conocer y de la persona misma que ha sido aludida, que por ello debe tener la posibilidad de acceder al medio para aclarar la información como lo establece también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La presente iniciativa se suma de esta forma a un conjunto de propuesta presentadas por los Legisladores de Acción Nacional, que desde la LX Legislatura han aportado propuestas legislativas que han servido de sustento a las presentadas por otros Legisladores.

El instrumento que pongo a la consideración de la H. Asamblea consta de 40 artículos que se organizan en cuatro Capítulos.

La réplica debe proceder contra una información que resulte ser falsa o inexacta, pero también contra opiniones que se sustente en esa información, ya que el juicio de un analista se encuentra viciado y por ello al aclarar o precisar la información tendremos la posibilidad de un juicio más certero.

No debe escapar de nuestra regulación el hecho de que la diversificación de los medios de comunicación, así como su especialización, han incorporado al circuito de la generación de información no solo a los medios de comunicación, hoy contamos con agencias de noticias, cuyo objetivo fundamental es venderles información a los medios comunicación los cuales reproducen o difunden, en ese sentido lo procedente sería que ellos aclararan con la persona aludida y con el medio de comunicación la información.

Junto con las agencias de noticias también subsisten los productores independientes que transmiten en los medios de comunicación sus contenidos, lo cuales también pueden ser susceptibles de réplica.

Se propone una definición de medio de comunicación que permita incluir a toda persona física o moral con capacidad de difundir información.

Estas tres definiciones son importantes ya que la propuesta prevé un procedimiento de autorregulación, es decir, ante el medio de comunicación, la agencia de noticias o el productor independiente se debe tramitar la solicitud de réplica, con la finalidad de evitar el uso de procedimientos desgastantes para las partes.

El procedimiento ante el responsable de la publicación o difusión de la información consiste en que el aludido, su representante legal o, en caso de fallecimiento, sus herederos podrán presentar su solicitud en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir de haber dado a conocer la información falsa o inexacta, el responsable tendrá un plazo de tres días hábiles para dar procedencia a la réplica, o bien su negativa, la que debe fundar y motivar en alguna de las causales previstas en la propuesta de Ley.

También se prevé que cuando se trate de un programa cuya trasmisión sea en vivo y se pueda realizar la réplica sea concedida para satisfacer este derecho.

En el Congreso se ha generado una discusión intensa, en las diversas iniciativas presentadas, consistente en que procedimiento heterocompositivo ha de emplearse para dirimir las posibles controversias. Originalmente se pensó que debería ser el Instituto Federal Electoral, por creer que la réplica estaba destinada a los candidatos y partidos políticos, ya que la reforma al artículo 6° constitucional se realizó en el conjunto de reformas en materia electoral del año 2007, sin embargo este derecho va más allá de campañas y candidatos, es un derecho universal que se concede para que la sociedad conozca, en un elemental derecho a la información de la sociedad democrática y quien es aludido tenga la posibilidad de aclarar la información.

Posteriormente se propuso una autoridad de índole administrativa, como sería la Secretaría de Gobernación, para que fuera por medio de un recuso administrativo como se dirimiera la contienda entre el sujeto obligado a conceder la réplica y el aludido. Este procedimiento no resulta ágil, aun cuando se instrumente un procedimiento sumario, pues quien resulte inconforme con la decisión del la dependencia concurriría ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, a combatir mediante el recurso de nulidad la resolución de la dependencia y posteriormente al Poder Judicial de la Federación, vía amparo.

De esta forma se acudió a diseñar un procedimiento judicial sumario ante el Poder Judicial de la Federación, a través de los Juzgados de Distrito, con la intención de que se pueda, mediante la fijación de una litis, dirimir la controversia. De esta forma propongo, también, un proceso judicial sumario con etapas procesales claramente definidas para agotar el procedimiento en un término de 22 días hábiles.

La demanda podrá presentarse dentro de los quince días hábiles a que venzan los plazos para contestar, por parte del sujeto obligado, quien una vez notificada tendrá el plazo de cinco días hábiles para contestar lo que a su derecho corresponda, con la contestación de la demanda o sin ella procede el Juez a citar a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los tres días hábiles siguientes, si no hay acuerdo se procede al desahogo de las pruebas en un plazo de siete días hábiles, que al concluir se concede un plazo a las partes por dos días hábiles para la presentación de alegatos y, en continuación de la secuela procesal, se da un plazo de cinco días hábiles para que el Juez dicte su sentencia.

Una innovación que presentó es la de diseñar un proceso de apelación expedito, para que mediante un Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito correspondiente, resuelva en segunda instancia el fondo de la litis dirimida en el Juzgado de Distrito, el cual se substanciará sin audiencias en un plazo de 13 días hábiles.

De esta forma, se presenta la apelación ante el Juez de Distrito que conoció el asunto, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, el apelado tendrá dos días hábiles para contestar lo que a su derecho corresponda, con la contestación o si ella, el Juez de Distrito únicamente se cerciorará que se trate de una resolución apelable y que se haya presentado en tiempo, hecho lo anterior, se remitirá la apelación al Tribunal Unitario quien emitirá su sentencia en un plazo de siete días hábiles.

De esta forma los ciudadanos contarán con un procedimiento judicial ágil y certero para la procedencia o no de la réplica en los medios de comunicación, quedando a salvo cualquier otro derecho lesionado, para hacerlo valer por la vía correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto por el que se expide la Ley Federal para Ejercer el Derecho de Réplica, y se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar como sigue:

decreto por el que se expide la LEY Federal para ejercer LA REPLICA en los medios de comunicación y se deroga el artIculo 27 de la ley sobre delitos de imprenta.

Articulo primero. Se expide la Ley Federal para Ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación, en los siguientes términos:

LEY Federal para ejercer La REPLICA

en los medios de comunicaciOn

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley, reglamentaria del primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto establecer los procedimientos y autoridades competentes para garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación.

Lo dispuesto en esta Ley, se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, celebrados y ratificados por nuestro país.

Con independencia de lo previsto en la presente Ley, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes, a efecto de que se le reparen los daños de cualquier naturaleza que se le hayan generado.

Artículo 2.- Los medios de comunicación tienen la obligación de respetar el derecho de réplica de las personas, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Agencia de Noticias: Entidad pública o empresa privada encargada de difundir información en materia noticiosa a medios de comunicación;

II. Medios de Comunicación: Las personas físicas o morales que difunden, por cualquier medio de transmisión o soporte, mensajes  sonoros, escritos, visuales, audiovisuales o digitales;

III. Productor Independiente: Persona física o moral que genere y produzcan contenidos que sean publicados en medios de comunicación, y

IV. Réplica: El deber que tienen los medios de comunicación con toda persona a que sean publicadas o difundidas sus aclaraciones respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos y que le causen un perjuicio.

Artículo 4.- Podrá ejercer la réplica la persona aludida o en su caso su representante, y si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.

Artículo 5.- La crítica periodística será sujeta a réplica únicamente en los términos previstos en esta ley, y que esté sustentada en información falsa o inexacta, cuya divulgación cause un perjuicio.

Artículo 6.- Las aclaraciones formuladas en la réplica deberán difundirse, publicarse o transmitirse por los medios de comunicación de manera gratuita para las personas que lo ejercen.

Artículo 7.- Los medios de comunicación tienen la obligación de designar un responsable y señalar un domicilio para atender las solicitudes de réplica.

Artículo 8.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO II

Del procedimiento ante los medios de comunicación para ejercer la réplica

Artículo 9.- La réplica deberá ejercerse directamente ante el medio de comunicación, agencia de noticias, o productor independiente responsable del contenido original.

Artículo 10.- La réplica, se ejercerá y sustanciará a través del siguiente procedimiento:

I. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de las estaciones de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, en caso de que el formato del programa lo permita, y a juicio del medio de comunicación, la persona legitimada para ejercer la réplica hará las aclaraciones pertinentes durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley;

II. Cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción anterior, o se traté de medios impresos, el escrito para hacer valer la réplica se presentará al medio de comunicación, en un plazo no mayor a veinte días hábiles al de la publicación o transmisión de la información que se desea aclarar, en el que se señalará el nombre de la persona aludida, y en su caso de la persona legitimada, domicilio para recibir contestación a su solicitud, hechos que desea aclarar, el día, la hora, la emisión o publicación de la información y los perjuicios que le hubieren ocasionado. En este caso, se observará lo siguiente:

a) Los medios de comunicación tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para determinar sobre la procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta es procedente, deberá transmitirse o publicarse al siguiente día hábil cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria, y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos, y

b) Tratándose de medios impresos, de ser procedente la solicitud de réplica en términos del inciso a) inmediato anterior, el escrito de aclaración deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con características similares a la información que la haya provocado, y con la misma relevancia. Cuando se trate de información transmitida a través de una estación de radiodifusión o que preste servicios de televisión y audio restringidos, la aclaración tendrá que difundirse en el mismo horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado. La persona que considere que la información lesiona sus derechos, deberá presentar las aclaraciones respectivas en formato escrito, para que el medio de comunicación dé lectura;

III. El contenido de la réplica deberá limitarse a los hechos de la información que desea aclarar, y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas, y

IV. Los medios de comunicación deberá publicar o transmitir el contenido de la Réplica en los términos previstos en esta Ley, a través de cualquier aplicación tecnológica o plataforma que hubiese utilizado, para poner a disposición del público, la información motivo de la aclaración respectiva.

Artículo 11.- Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en perjuicio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios de comunicación utilizados, las aclaraciones que realice la persona legitimada para ello, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que efectúe la réplica, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria, y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos.

Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica, adquirida o proveniente de las agencias de noticias o productores independientes, estarán obligados a difundir las aclaraciones que éstas les envíen.

Artículo 12.- Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado información de otro medio de comunicación, sobre la que resulte procedente la réplica, estarán obligados a difundir las aclaraciones que se hubieren realizado.

Artículo 13.- Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado información proveniente de dependencias oficiales o de servidores públicos, estarán obligados a difundir las aclaraciones que estos, en su caso, realicen.

Artículo 14.- El contenido de la réplica no podrá exceder de dos tantos del tiempo o extensión del espacio que los medios de comunicación dedicaron para difundir la información considerada falsa o inexacta y que genera un perjuicio.

Artículo 15.- Los medios de comunicación podrán negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se hubiese concedido la réplica en los términos del artículo 10, fracción I de la presente Ley;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona;

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta Ley;

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;

VII. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia, con excepción a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley;

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de otro medio de comunicación y se haya citado a este último, con excepción a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley;

IX. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de dependencias oficiales o de servidores públicos y se haya citado dicha fuente, con excepción a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley, y

X. Cuando sea solicitada sobre críticas periodísticas, con excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

En todos los casos anteriores, los medios de comunicación deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante, en un plazo máximo de tres días hábiles, por el mismo medio por el que se requirió la publicación o difusión de la aclaración respectiva, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

En caso de que el Medio de Comunicación no realice la notificación correspondiente, procederá la negativa ficta, lo que dará derecho al interesado a solicitar la réplica en términos del Capítulo II, del presente ordenamiento.

CAPITULO III

Del juicio para ejercer la réplica

Artículo 16.- La persona legitimada para ejercer la réplica podrá presentar la demanda ante el Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación que conozca asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio del demandante, en un plazo máximo de quince días hábiles contado a partir de que surta cualquiera de los siguientes supuestos:

I. En caso de que no hubiere recibido la notificación señalada en el artículo 15 de la presente Ley;

II. Cuando habiendo recibido la notificación a que se refiere la fracción anterior,no estuviere de acuerdo con su contenido, o

III. En el supuesto de que el Medio de Comunicación no hubiere publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta Ley.

Artículo 17.-Los procedimientos judiciales de réplica, se sustanciarán y resolverán por el Juez, con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo, siendo aplicable, en lo que no se oponga el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 18.- El procedimiento contemplado en este Capítulo, se iniciará a petición de quien tenga interés jurídico, en los términos señalados en este ordenamiento legal.

Artículo 19.-La demanda deberá contener los siguientes requisitos:

I.El tribunal ante el que se promueve;

II. Nombre del demandante y, en su caso, de su representante legal;

III.Domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV.Nombre del demandado o en su caso del programa o publicación que se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 16 de esta Ley;

V. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VI. Las pruebas que acrediten la alusión a su persona, la falsedad o inexactitud de lainformación y el perjuicio causado;

VII. La solicitud para hacer valer la réplica ante el medio de comunicación por la que no obtuvo contestación, ésta fue negada o la réplica no fue publicada o transmitida con el contenido y extensión requerida, o en su caso, la justificación prevista en el artículo 15 de esta Ley, y

VIII. Fecha y firma.

Con la demanda se exhibir sendas copias para el o los demandados.

Una vez recibida la demanda el juez dictará un auto dentro de los dos días hábiles siguientes, en el que determine si previene al actor para que aclare o corrija, deseche o admita a trámite la misma.

Artículo 20.-Si de la lectura de la demanda no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo anterior el Juez le requerirá por una sola vez, que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo.

Una vez cumplida la prevención a que hace referencia este artículo el juez admitirá la demanda a trámite y procederá en los términos del artículo 24 de esta Ley. De no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la demanda.

Artículo 21.- En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su demanda, podrá pedir al Juez que realice las gestiones necesarias, ante instancias públicas o privadas, para obtener la copia correspondiente.

En este caso, los gastos generados por llevar a cabo el copiado del programa o publicación, correrán por cuenta del actor.

Artículo 22.-Serán admitidas toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.

Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Artículo 23.-Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho que protege esta Ley, el Juez podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Artículo 24.-Admitida la demanda, el Juez con copia simple le notificará al demandado el inicio del procedimiento, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes. La notificación se hará en el domicilio señalado en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 25.-En la secuela procesal no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 26.-La contestación de la demanda deberá contener:

I.Nombre del medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente y, en su caso, de su representante;

II.Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Excepciones y defensas;

IV.Las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación;

V. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la demanda;

VI.Fundamentos de derecho, y

VI. Fecha y Firma.

Artículo 27.-Cuando el demandado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por causas debidamente justificadas a juicio del Juez, se le podrá otorgar un plazo adicional de tres días hábiles para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Artículo 28.- Dentro de los tres días hábiles inmediatamente posteriores a que haya sido presentada la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el Juez citará de oficio a una audiencia conciliatoria.

Artículo 29.- Si las partes llegaran a una composición o acuerdo durante la audiencia, celebrarán convenio por escrito el cual, una vez sancionado por el Juez, tendrá autoridad de cosa juzgada.

Artículo 30.- Si no se lograra el acuerdo o composición, el Juez cerrará la audiencia y en ese mismo acto, declarará abierto el periodo de desahogo de pruebas.

Artículo 31.- El periodo para desahogar pruebas se realizará dentro de los siete días hábiles siguientes. En caso de que algunas de las partes sostenga la falsedad de un documento, el Juez abrirá un incidente en el que otorgará a las partes un término de tres días hábiles para que rindan elementos de prueba sobre la autenticidad del documento.

Este incidente se tramitará sin suspender el procedimiento principal y sólo tendrá el objeto de recibir las pruebas conducentes para que el Juez, en sentencia definitiva, decida sobre el valor probatorio que se deba otorgar al documento, sin perjuicio de que, en cualquier tiempo, pueda dar vista a las autoridades penales correspondientes en los términos que dispongan las leyes.

Artículo 32.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el Juez, en su caso, se concederá a las partes un plazo de dos días hábiles para que presenten alegatos por escrito.

Artículo 33.- Una vez transcurrido el plazo para presentar alegatos, se hayan o no expresado, procederá el juzgador a citar a las partes a una audiencia con el propósito de pronunciar sentencia dentro del término de cinco días hábiles.

Artículo 34.-La sentencia se limitará a conceder o negar la publicación o difusión de la réplica, en los términos previstos en esta Ley, condenando desde la notificación al pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido desestimados.

En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley procede el recurso de apelación, en los términos del capítulo IV.

Las resoluciones que emita el Juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la ley de la materia.

CAPITULO IV

De la apelación

Artículo 35.- Será competente el Tribunal Unitario de Circuito para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva, el auto que desecha la demanda o que no admita pruebas dictada por el Juzgado de Distrito en el juicio previsto en el Capítulo III, de la presente Ley.

Las apelaciones interpuestas contra los autos serán admitidas en efecto devolutivo; contra las sentencias definitivas en ambos efectos.

Artículo 36.- La apelación deberá interponerse ante el Juzgado de Distrito que dictó la resolución impugnada, mediante escrito en que manifieste los agravios que le cause, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Artículo 37.- El Juez de Distrito verificará que el recurso se haya presentado en tiempo y que se trate de una resolución apelable y, de ser el caso, correrátraslado al apelado, del escrito en que manifieste los agravios el apelante, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 38.- Se concederá al apelado el plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente día de su notificación, para que presente su escrito en el que manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 39.- Concluidos los plazos previstos en los artículos 36, 37 y 38, con contestación del apelado o si ella el juzgado, sin substanciación alguna, remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes, el expediente al Tribunal Unitario de Circuito.

Artículo 40.- Recibido el expediente el Tribunal resolverá en un plazo de siete días hábiles.

La sentencia podrá revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

ArtIculo Segundo. Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 27.- Derogado.

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: (Desde su escaño) Si me permite sumarme a su iniciativa, Senador Corral Jurado.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tome nota la Secretaría. Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para preguntarle al orador si me permite formularle una pregunta, respecto a tan interesante iniciativa.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Omar Fayad, suplicaría que estamos en una etapa de turnar a comisiones estas iniciativas. Yo le pediría, no es tema de debate ni vamos a discutir el fondo de la iniciativa. Yo le pediría que si tiene alguna pregunta, la pudiera platicar con el Senador Javier Corral fuera de este procedimiento. Gracias.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente, conforme al Reglamento.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente, yo creo que sí se puede hacer...

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)No prendió el micrófono.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett. Senador Omar Fayad, el Reglamento establece que yo le puedo autorizar a usted hacer una pregunta, no se la estoy autorizando. Senador Manuel Bartlett, por favor.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quisiera hacerle una pregunta al Senador Corral Jurado, desde luego felicitándolo por su valentía de plantear esta iniciativa...

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Manuel Bartlett, en esta parte del proceso, en la presentación de iniciativas no deliberativas, únicamente se turnan a comisiones, les pediría que fuéramos respetuosos del procedimiento que estamos llevando acabo, y se abstuvieran de hacer preguntas y de generar un debate, en una parte del procedimiento donde no existe y lo establece con toda claridad y con toda puntualidad el Reglamento.

Yo les pediría su colaboración para poder desahogar y llevar a cabo esta reunión en los mejores términos posibles.

Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Senador Corral Jurado, suscribo su ponencia y la celebro.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tome nota la Secretaría.

Sonido del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, de manera muy respetuosa para la Asamblea y, por supuesto, en acatamiento a lo que dispone nuestro Reglamento y la Ley Orgánica, me parece que es muy importante que respete el derecho de expresión que tienen los Senadores.

El Senador que ha solicitado el uso de la palabra, de nuestro grupo parlamentario, tiene el interés de adherirse, de sumarse a esta iniciativa, no de polemizar. Entonces es importante que sentemos precedentes en donde se respeten las intervenciones de todos y cada uno de ellos.

También es cierto que el señor Presidente tiene la facultad de no concederle el uso de la palabra, pero por esa razón consideramos que estamos en una Asamblea en donde es importante conocer todos los puntos de vista, porque es lo que enriquece precisamente la solución a los temas que vamos a debatir a lo largo de estos seis años, razón por la cual yo le solicito muy atenta y respetuosamente le pueda conceder el uso de la palabra, si es tan amable a nuestro compañero.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Zamora Jiménez, le agradezco mucho su atenta solicitud, y me permito leer el artículo 77 del Reglamento:

1. Los Senadores pueden solicitar al Presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata. Si el Presidente admite la solicitud...".

Situación que no estoy concediendo, y les pido su comprensión, Senador Zamora Jiménez. Le agradezco mucho.

Muy bien, procedemos a dar el turno a la iniciativa presentada por el Senador Javier Corral Jurado y otros señores legisladores, y tomamos nota de todos los que se han adherido. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Sólo para solicitar la ampliación del turno que acaba de dar, a la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de esta Soberanía.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gerardo Flores. Se concede el turno.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2°. Y 9°. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del segundo trimestre de 2012 el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 404 mil 409.5 millones de pesos. El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio en términos relativos es del 153 por ciento, y comparado con el que tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox es de 346 por ciento.

En otras palabras, el crecimiento de la deuda se ha desbordado a lo largo de los años.

Permítanme señalar, compañeras, compañeros, algunos datos que ilustran a la perfección lo anteriormente expresado:

Del 2008 a 2009 esta creció en casi 50 mil millones de pesos, de 2009 a 2010 aumentó en más de 60 mil millones de pesos y para el ejercicio 2010-2011 se disparó el endeudamiento con más de 76 mil millones de pesos.

Por otra parte, resulta altamente significativo que el 58 por ciento del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234,418 millones de pesos; mientras que sólo el 22 por ciento lo absorbió la banca de desarrollo, con un monto superior a los 89,500 millones de pesos; el 15 por ciento a emisiones bursátiles, con algo más de 59 mil millones de pesos; el 3 por ciento a fideicomisos con una cifra superior a los 13,748 millones de pesos y el 2 por ciento restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7,554 millones de pesos.

En términos de las garantías de los endeudamientos, encontramos que la mayor presión está sobre las participaciones estatales. El 82 por ciento de todo el endeudamiento, es decir, más de los 332,500 millones de pesos, está garantizado con ellas.

Otro 17 por ciento de lo que se adeuda, es decir, más de 67,847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios.

Estos datos, compañeras y compañeros Senadores, significan serias desventajas para los contribuyentes, ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de endeudamiento tendrán que crear, forzosamente, nuevas cargas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes, para poder cumplir con su responsabilidad. Un caso concreto sería la tenencia vehicular.

Del total del endeudamiento, el 79 por ciento corresponde a los gobiernos estatales, el 7.6 por ciento a organismos estatales, lo que en su conjunto nos da el 87.5 por ciento; mientras que a los municipios les corresponde el 11 por ciento y a los organismos municipales el 1.5 por ciento.

El promedio de la tasa de interés nominal anual de endeudamiento al 30 de julio de 2012 era del 6.3 por ciento, lo que significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año, solamente por servicio de la deuda, un estimado cercano a los 25,478 millones de pesos.

Es precisamente en los estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados y, por lo tanto, donde encontramos las tasas de interés más altas.

Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al promedio de vencimiento de las obligaciones. En el año 2001, este era de 9.6 años, para el año 2006 había disminuido a 9.1 años, y para el último día de junio del presente 2012 correspondía a 14.9 años. De lo anterior se puede colegir el riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un endeudamiento cada vez mayor, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos.

En el tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa llega al 80.1 por ciento, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudio y que de no ponérsele la atención inmediata podría amenazar la viabilidad de las finanzas de varios estados, toda vez que las participaciones son la principal fuente de recursos para respaldar al gasto corriente.

A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra participaciones federales es inferior al 40 por ciento; en 13 estados la relación es superior al 70 por ciento, 5 de ellos superan el 100 por ciento, un estado supera el 200 por ciento y otro está prácticamente está en el 300 por ciento.

No omitimos, compañeras y compañeros, mencionar que en el periodo 2005 a 2010, la relación de obligaciones financieras contra participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales, tendencia que, de no tomar las medidas necesarias, podría seguir incrementándose.

Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda de los estados, radica en el hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se han estado radicando a las entidades, más allá de los correspondientes a participaciones y aportaciones. Por ejemplo, de 2005 a 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915,633 millones de pesos a los estados entre lo que fue provisiones salariales y económicas, convenios de descentralización y convenios de reasignación. En el 2005, los recursos adicionales representaban el 10.8 por ciento del total, para el año 2011 representaron el 15.8 del total canalizado a los estados, es decir, más de 182,570 millones de pesos. Sin embargo, en el periodo de tiempo de 2005 a 2011, la deuda experimentó un crecimiento de más de 165 por ciento, es decir, en términos absolutos creció en más de 243,30 millones de pesos.

Si ampliamos la visión al periodo 2000-2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados crecieron en términos relativos al 200.5 por ciento, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7 por ciento.

Esto nos señala que aún considerando la inflación acumulada tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener los salarios acorde a la inflación y lo que realmente se pagó por servicios personales.

Ante la gravedad de esta situación, compañeras y compañeros, establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de endeudamiento que comprenda los siguientes aspectos:

Incrementar el Fondo General de Participaciones del 20 al 22 por ciento, o quizás hasta el 25 por ciento, de la Recaudación Federal Participable, de esta manera se inyectarían de mayores recursos a los estados y deberá bajar la necesidad de endeudamientos.

Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos del Fondo General de Participaciones, no deberá ser superior al 50 por ciento de lo que se haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal anterior. De esta manera disminuiríamos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de los estados.

También proponemos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos propios y no deberá ser superior al 75 por ciento de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior, de esta forma, disminuiríamos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y al igual que el punto anterior, disminuiríamos el riesgo de comprometer su viabilidad.

También proponemos establecer el candado de que sólo se permita que una entidad federativa contrate empréstitos con la Banca Comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda, cuando la Banca de Desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma se garantizaría que todos los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital fijo, al mismo tiempo que impulsaríamos el relanzamiento de la Banca de Desarrollo.

Finalmente, proponemos establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que contraten las entidades federativas no sean superiores a los 6 años; así se garantizaría que no se comprometa el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser materia de escrutinio en los procesos electorales inmediatos su gestión.

Compañeras y compañeros, por lo anteriormente expuesto, y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, proponemos a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El suscrito, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se adicionan las Fracciones IV, V, VI Y VII al artículo 4 del Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), al cierre del segundo trimestre de 2012 el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 404 mil 409.5 millones de pesos. El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio en términos relativos es del 153%, y comparado con el que se tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox es de 346%.

El crecimiento de la deuda se ha desbordado en los últimos años. De 2008 a 2009 esta creció en casi 50 mil millones de pesos, de 2009 a 2010 aumentó a más de 60 mil millones de pesos y para el ejercicio 2010 a 2011 se disparó el endeudamiento con más 76 mil millones de pesos.

Los Estados que muestran mayores niveles de deuda son Nuevo León con 40 mil millones de pesos; Estado de México con 38 mil 300 millones; Coahuila con 36 mil 500 millones; Veracruz con 31 mil millones y Jalisco con 26 mil 700 millones de pesos.

En este sentido, resulta altamente significativo que el 58% del total del monto adeudado correspondaa compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234 mil 418 millones de pesos; el 22% a la banca de desarrollo, con un monto superior a los 89 mil 590 millones; el 15% a emisiones bursátiles, con algo más de 59 mil millones de pesos; el 3% a fideicomisos, con una cifra superior a los 13 mil 748 millones de pesos; y el 2% restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7 mil 554 millones de pesos.

En términos de las garantías de los endeudamientos, encontramos que la mayor presión está sobre las participaciones estatales; el 82% de todo el endeudamiento, más de 332 mil 550 millones de pesos, está garantizado con ellas.

Otro 17% de lo que se adeuda, más de 67 mil 847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios, representando serias desventajas para los contribuyentes ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de endeudamiento tendrán que crear, forzosamente, nuevas cargas impositivas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes, para poder cumplir con sus responsabilidades. Un caso concreto sería la tenencia vehicular.

Finalmente, solo un 1% del endeudamiento está garantizado con recursos del Ramo 33 (más de 4 mil millones), siendo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFEF), los instrumentos de estas garantías.

Del total del endeudamiento, el 79.9% corresponde a los Gobiernos de los Estados, el 7.6% a organismos estatales, lo que en su conjunto nos da 87.5%. Mientras que a los municipios les corresponde el 11% y a los organismos municipales el 1.5%.

El promedio de la tasa de interés nominal anual del endeudamiento al 30 de junio de 2012 era de 6.3%, lo que significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año solamente por servicio de la deuda un estimado cercano a los 25 mil 478 millones de pesos.

Es precisamente en los Estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados, y por lo tanto, encontramos las tasas de interés más altas.

Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al plazo promedio de vencimiento de las obligaciones; en el año 2001 este era de 9.6 años, para el año 2006 había disminuido a 9.1 años, y para el último día de junio del presente 2012 correspondía a 14.9 años. De lo anterior se puede colegir e riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un mayor endeudamiento, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos.

En el tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por Entidad Federativa llega al 80.1%, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudio y que de no ponérsele la atención necesaria podría amenazar la viabilidad de las finanzas de varios Estados, toda vez que las participaciones son la principal fuente de recursos para respaldar el gasto corriente.

A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra participaciones federales es inferior al 40%; en 13 Estados la relación es superior al 70%, 5 de ellos superan el 100%, uno supera el 200% y otro más prácticamente esta en el 300%

No omitimos mencionar que en el periodo 2005 a 2010, la relación de obligaciones financieras contra participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales, tendencia que, de no tomar lasmedidas necesarias, podría seguir incrementando.

Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda en los Estados, radica en el hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se han estado radicando a los Estados, más allá de los correspondientes a participaciones y aportaciones. De 2005 a 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915 mil 633 millones de pesos a los Estados entre Provisiones Salariales y Económicas (38%), Convenios de Descentralización (59%) y Convenios de Reasignación (3%). En 2005 los recursos adicionales representaban el 10.8% del total, para el año 2011 representaron el 15.8% del total canalizado a los Estados, más de 182 mil 570 millones de pesos. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, 2005-2011, la deuda experimentó un crecimiento de más de 165%, es decir, en términos absolutos creció en más de 243 mil 360 millones de pesos

Si ampliamos la visión al periodo 2000-2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados crecieron en términos relativos al 200.5%, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7%.

Finalmente, para el período 2003-2010, el crecimiento que se tuvo en el gasto de servicios personales en los Estados correspondió al 71.73%, en este cálculo no se consideran los recursos destinados para el personal que labora en funciones de educación y salud, sin embargo, la plantilla en labores de gobierno creció apenas un 5.97% y la inflación acumulada para el mismo periodo 2003-2010 fue de 39.99%. Esto nos señala que aún considerando la inflación acumulada tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener los salarios acorde a la inflación y lo que realmente se pago por servicios personales

A partir de un análisis al marco jurídico vigente, encontramos que no existe un instrumento legal que ponga límites a los montos de endeudamiento que pueden adquirir las entidades federativas.

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en su artículo 117, faculta a los Estados a adquirir deuda, limitándolos al hecho de que ésta no se haga con extranjeros, en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, y a que sólo puedan contratar empréstitos que se destinen a inversiones públicas productivas. No existe referencia alguna a límites de endeudamiento.

II. La Ley General de Deuda Pública no menciona los empréstitos contraídos por las entidades federativas, se ocupa únicamente de la contratación de deuda por parte de los distintos elementos que integran al Poder Federal.

III. En la ley de Coordinación Fiscal en su artículo 9 establece, en relación al 117 constitucional, cuales son las condicionantes que deben cumplir los Estados para la adquisición de deuda cuando de por medio vayan como garantía las participaciones que correspondan a Estados y municipios, por lo tanto, no existe referencia alguna a límites de endeudamiento.

El primer problema para acotar el endeudamiento de Estados y municipios lo encontramos en el tercer párrafo del artículo 9 donde textualmente señala:

Artículo 9 …

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.”

El contenido de este párrafo impide que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda de alguna forma retener los recursos de las participaciones con las cuales se encuentre comprometido un endeudamiento, es decir, por más endeudado que esté un Estado, los recursos deberán seguirse suministrando siendo la Entidad la que proceda en su momento con el pago.

En el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (reformado por última vez en el año 2001) se señala que: “el objetivo es definir los requisitos que deben cubrir las entidades federativas y municipios para inscribir sus endeudamientos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios cuando sean las participaciones el mecanismo de garantía”; de esta forma se deduce que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le ha suprimido la posibilidad de poner candados que frenaran los endeudamientos, o lo que es peor, la inscripción al Registro de Obligaciones es únicamente para efectos declarativos tal y como lo señala el primer párrafo del artículo 3 del Reglamento. Es decir, que la Entidad no registre el endeudamiento no es impedimento para adquirir el empréstito en cuestión; así las cosas, las únicas limitantes que tienen los Estados para contratar deuda es el cumplimiento de los requisitos que su legislación local establezca.

Artículo 3. En el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, para efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en apego a las disposiciones aplicables por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido en sus leyes locales de deuda.

La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante.

Ante la gravedad de esta situación, establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de endeudamiento quecomprenda los siguientes aspectos:

I. Incrementar el Fondo General de Participaciones del 20% al 22% de la Recaudación Federal Participable, de esta manera se inyectarán de mayores recursos a los Estados y deberá bajar la necesidad de endeudamientos.

II. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos del Fondo General de Participaciones, no deberá ser superior al 50% de lo que haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta manera disminuimos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera del Estado.

III. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos propios no deberá ser superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, disminuimos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y al igual que el punto anterior, disminuimos el riesgo de comprometer la viabilidad.

IV. Establecer el candado de que sólo se permitirá que una entidad federativa contrate empréstitos con la Banca Comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda, cuando la Banca de Desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma garantizamos que los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital fijo, al mismo tiempo que impulsamos el relanzamiento de la Banca de Desarrollo.

V. Establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que contraten las entidades federativas no deberán ser superiores a 6 años. Asi garantizaríamos que no se comprometa el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser motivo de escrutinio en los procesos electorales inmediatos a su gestión.

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los Estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 Y EL ARTICULO 9DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 22% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas de forma obligatoria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpliendo los requisitos marcados en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Entre los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, deberán considerarse, cuando menos:

I. Que la entidad solicitante acredite que la suma general de todos los empréstitos que tiene garantizados con recursos del Fondo General de Participaciones, no es superior al 50% de lo que haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior;

II. Que la entidad solicitante acredite que la suma general de todos los empréstitos que tiene garantizados con recursos propios no es superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior;

III. Que la entidad solicitante acredite que la Banca de Desarrollo no está en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado, en caso de que dicha entidad este contratando el empréstito con una institución que no pertenezca al ámbito de la Banca de Desarrollo, y

IV. Que la entidad solicitante acredite que el plazo de vencimiento del empréstito solicitado no es superior a 6 años.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El titular del Ejecutivo Federal deberá expedir, durante los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, las modificaciones al reglamento correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy presento una iniciativa en donde se busca una reforma a 11 ordenamientos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y esto tiene que ver con el momento que vivimos las mujeres mexicanas. Hay una serie de recomendaciones, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de igual manera, que hablan sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y creo que es muy oportuno hablar del tema, toda vez que estamos justo en un momento en que se toman decisiones en el Congreso General, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para la distribución de los órganos de gobierno de decisión y de dirección.

Hemos luchado bastante para poder llegar a esta Cámara, y se ha celebrado tanto que hoy más del 30 por ciento de las curules y escaños son ocupadas por mujeres, pero eso no será nada productivo y nada provechoso para este país y menos para las mujeres que no tienen voz y voto, si la representación en las comisiones ordinarias, especiales, comités, en la Comisión Política Permanente, en la Mesa Directiva de ambas Cámaras, no se establece este principio por el que hemos luchado.

Precisamente, por eso hoy presento esta iniciativa y sé que podrán transitar por la voluntad política que ha quedado demostrada tanto en los partidos políticos, sus organizaciones femeniles en la sociedad civil, pero sobre todo por quienes hoy coincidimos en esta honrosa responsabilidad como Diputadas y Diputados federales, Senadores y Senadoras de la República.

No le regateemos más la presencia de las mujeres en los cargos importantes en esta Cámara, no servirá de nada haber llegado más del 30 por ciento de mujeres, si en la toma de decisión y de dirección de estas Cámaras, en los resolutivos, en las reformas, la presencia de la mujer no es real y sustantiva para estas decisiones.

Sé que contamos con el apoyo de los hombres y de las mujeres de ambas Cámaras, por eso creo que lo que está por venir se podrá reflejar en una participación en igualdad sustantiva de hombres y mujeres legisladores de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre propio y de los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 237 Y 345 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EL ARTICULO 403 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre propio y de los CC. Senadores Raúl Gracia Guzmán, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Maki Esther Ortiz Domínguez y Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias, le rogaría que también inscribiera como proponentes de esta iniciativa a los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, Maki Esther Ortiz Domínguez y Javier Corral Jurado.

En ejercicio de la facultad de iniciativa que asiste a los Senadores de la República, someto a consideración de esta Asamblea, una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo relativo a encuestas y sondeos de opinión para fines político-electorales.

A diferencia de la iniciativa anunciada por la fracción perredista en la Cámara de Diputados, esta iniciativa no pretende, bajo ninguna circunstancia o concepto, prohibir la realización o difusión de encuestas ni criminalizar este tipo de ejercicios o a sus autores.

Frente a esa visión que entiende que las normas únicamente inducen comportamientos a través de las penas, esta iniciativa apela a la transparencia como mecanismo para incentivar el uso responsable y orientado al interés público de las encuestas.

No existe en esta propuesta un sólo dispositivo que limite las libertades de contratación, de información o de expresión.

No propone establecer controles de calidad sobre el trabajo de los encuestadores, sino permitir que los ciudadanos y los actores electorales tengan la posibilidad material de conocer, evaluar, juzgar y criticar, en el marco del debate público, las estimaciones sobre preferencias electorales que se difundan durante un proceso electoral, en el entendido de que en democracia todos los hechos políticos y sociales deben estar sujetos a la crítica social y que los poderes públicos tienen el deber de generar las condiciones para hacer posible esa crítica.

Por el contrario, esta iniciativa reconoce que las encuestas son realidades consustanciales a la democracia, al libre flujo de información e ideas que decida el pluralismo y al debate abierto sobre todo en contextos electorales.

El propósito fundamental de esta iniciativa, más allá de las experiencias recientes, es evitar que nuestra democracia ceda a una tentación, la tentación de borrar la frontera entre las encuestas electorales como instrumentos de opinión y las encuestas electorales como formas veladas de propaganda electoral.

Porque no podemos reconocer que las encuestas, sobre todo aquellas que tienen una intensa difusión en medios de comunicación, inciden en las preferencias electorales, cientos de estudios empíricos en México y en el mundo han bordado sobre la influencia de las encuestas electorales en la formación de la voluntad electiva de los ciudadanos.

Y tampoco podemos desconocer que en nuestro país la presencia de las encuestas ha crecido sustancialmente en los últimos años, desde sus primeras apariciones en 1994 hasta una realidad claramente visible en los pasados procesos electorales.

Según estimaciones, durante el pasado proceso electoral se difundieron 52 encuestas nacionales, el Instituto Federal Electoral ha reportado que las solicitudes para realizar encuestas y sondeos de opinión se incrementó en un 135 por ciento con respecto al proceso electoral de 2006 y en un 436 por ciento con respecto al proceso electoral de 2009.

Estos datos reflejan no sólo el crecimiento de un mercado, sino también el creciente interés de medios de comunicación por difundir estudios de preferencia electoral y también de los ciudadanos por conocer su contenido a lo largo de la campaña electoral.

Pero también pone en evidencia que en ausencia de controles razonables y proporcionales que atiendan al interés público, pueden convertirse en nuevas formas de propaganda electoral que evadan las restricciones de financiamiento y fiscalización que están establecidas en la Ley Electoral.

En ese sentido, la iniciativa eleva a rango de ley obligaciones que hoy se encuentran consignadas en acuerdos del Consejo General del IFE y que han sido resultado del diálogo institucional entre la autoridad electoral y los profesionales de la investigación de opinión pública que se han desenvuelto desde 1994.

La iniciativa precisa estas obligaciones, las amplía y establece con mayor claridad la forma de ejecución a cargo de los sujetos obligados.

Esta iniciativa también propone que quienes difundan encuestas electorales informen a la sociedad sobre la fuente de financiamiento, esto es sobre la persona física o moral que hubiere pagado o donado, total o parcialmente, su realización o difusión. Acorde con la tendencia internacional, y en particular razonando la experiencia canadiense, norteamericana y también francesa, la iniciativa propone la creación de un comité técnico en el IFE encargado de velar que toda la información sobre las encuestas esté disponible y accesible para los ciudadanos.

Tal y como se ha establecido en códigos de ética asumidos por asociaciones internacionales que reúnen expertos profesionales y académicos en la investigación de opinión pública, esta iniciativa propone incorporar en la Ley Electoral el deber de informar si existe vínculo jurídico o económico entre encuestadores, partidos políticos y candidatos. Esto es de revelar si el encuestador realiza actividades de asesoría, estrategia, mercadotecnia o de militancia con un partido o una candidatura.

Se trata de una obligación de revelar un conflicto de interés, tal y como hoy sucede para encuestas que se realizan para el sector privado. Siguiendo también la tendencia internacional, la iniciativa propone reducir el plazo de prohibición de difusión de encuestas de tres días previos a la jornada a un día previo a la jornada electoral, con el propósito no solamente de ensanchar las libertades de comunicadores y encuestadores, sino también para que dichos estudios puedan recoger las variaciones en las preferencias electorales que se realizan en los últimos días de la campaña.

De 2002 a la fecha, más de quince países han eliminado restricciones a la difusión, o bien, disminuido el lapso de prohibición para su publicación o difusión.

Señoras y señores Senadores, nuestra democracia debe cuidar que no se borre la frontera entre las encuestas como instrumentos de opinión, como fotografías de hechos políticos en un tiempo determinado y las encuestas como formas veladas de propaganda electoral. Ampliar la transparencia sobre el uso y difusión de encuestas no sólo mejorará el flujo de información que se da en el debate público en contextos electorales, sino que también dará mejores razones a los ciudadanos para confiar en la valía de estos ejercicios y también dará mejores razones para tener disposición a revelar sus preferencias electorales.

Las obligaciones de transparencia y no la criminalización, son la ruta para inducir al uso responsable de las encuestas sin poner en entredicho las libertades de informadores, encuestadores y actores electorales. Esta es la tendencia del mundo, y a esa tendencia debe sumarse nuestro país para mejorar la calidad de sus procesos políticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPOBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Roberto Gil Zuarth, Senador por la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal Federal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Las encuestas electorales tienen su antecedente en la vida política de México a partir de 1994. En ese año, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para darle atribuciones al Instituto Federal Electoral (IFE) para ordenar ejercicios demoscópicos el día de la jornada y se establecieron disposiciones relativas a las campañas electorales.

Con la reforma electoral de 2008 se dotó al COFIPE de mayores disposiciones sobre los estudios de opinión y a las encuestas electorales. Un ejemplo de la evolución histórica de la regulación de encuestas de opinión y su utilización en procesos comiciales son los cambios a las prohibiciones a que han estado sujetas. En 1994 no podían difundirse ocho días antes de la jornada y hasta el cierre de las casillas, mientras que en 2008 la prohibición se redujo a tres días. Asimismo, en ese mismo año se reconoció la necesidad de que el Consejo General del IFE consultara con los profesionales del ramo, los criterios científicos para la elaboración de encuestas o sondeos de opinión.

No obstante lo anterior, y a pesar del esfuerzo que ha hecho el legislador y el trabajo que ha efectuado desde 1996 el Instituto Federal Electoral para regular encuestas electorales, éstas siguen presentando algunos dilemas que se han problematizado a lo largo de los últimos procesos electorales. De hecho, en las últimas dos elecciones presidenciales éstas se convirtieron en elementos esenciales y especialmente relevantes del debate público en torno a las campañas electorales.

En el proceso electoral 2011-2012 fue posible apreciar una mayor participación de los medios de comunicación y espacios noticiosos en la difusión de encuestas electorales. Muchas de ellas fueron usadas sistemáticamente como insumo para editorializar notas periodísticas. En ese sentido, durante esta campaña parece haberse difuminado la frontera entre la finalidad informativa y la utilización propagandística de las encuestas electorales. El desenlace de la elección en contraste con la sensible disparidad que estos ejercicios mostraron a lo largo de la campaña, aunado al hecho de su intensa presencia en algunos medios de comunicación electrónicos y escritos, ha abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles jurídicos sobre este tipo de instrumentos, a fin de evitar que se conviertan en modalidades encubiertas de propaganda electoral en beneficio de partidos y de candidatos.

El papel protagónico que las encuestas han ido asumiendo en los procesos electorales, así como los aprendizajes que ha dejado la elección de 2012, enfatizan la conveniencia de incluir en el ordenamiento jurídico ciertas garantías, especialmente de trasparencia y de revelación de conflictos de interés, al flujo constante de encuestas y estudios de opinión en contextos electorales. Sin lugar a dudas, la elaboración de encuestas y su difusión son expresiones concretas de las libertades ideológicas e informativas que definen al pluralismo. Sin embargo, dada la potencialidad que este tipo de instrumentos tienen para inducir comportamientos de actores electorales y ciudadanos con efectos, incluso, determinantes en la formación de la voluntad electiva de la sociedad, es admisible regularlas para hacer valer el interés público de la equidad sin cercenar libertad alguna.

II. CONSIDERACIONES

La regulación de encuestas o sondeos de opinión a ser difundidas en la opinión pública es pertinente si con ella se pueden generar incentivos para incrementar la calidad y transparencia de la información.

Que las encuestas de opinión en materia electoral en algunos casos se utilicen, no para medir la opinión pública y proveer de información objetiva sobre preferencias en un tiempo dado, sino con propósitos de inducción de dicha opinión en un sentido electoral determinado, es una problemática que preocupa internacionalmente. Al respecto, en Estados Unidos y Canadá se ha visibilizado que el mercado sin regulación o controles públicos de encuestas políticas y en contextos electorales mina progresivamente la calidad de la democracia, e incide en el descrédito de la política y de los políticos, al tiempo que debilita la credibilidad de este tipo de ejercicios.

Por otro lado, estudios realizados han hecho posible apreciar la relación que guardan los medios noticiosos y la publicación de encuestas y sondeos de opinión. Se ha encontrado que el incremento de la audiencia, o del electorado, en espera de la publicación de resultados de opinión pública, ha creado un ambiente que incentiva la alta proliferación de encuestas, muchas de ellas sin rigor técnico y metodológico. En ausencia de controles efectivos, los ciudadanos carecen de elementos para distinguir cuáles de esas investigaciones demoscópicas han sido elaboradas sobre criterios científicos, de modo que aumenta la probabilidad de que las encuestas respondan a propósitos de propaganda electoral, es decir, a la finalidad de inducir la voluntad de los electores a favor o en contra de partidos o candidatos, y no al fin de proveer información sobre la fisonomía de la opinión pública en un espacio y tiempo concretos y al impacto que ciertos hechos pueden tener en dicha opinión pública.

En la reciente competencia electoral por la Presidencia de la República, el uso de las encuestas en medios de comunicación con propósitos editoriales provocó que la crítica política y social se enfocara en el empleo que se hizo de ellas y no propiamente en la calidad de los métodos empleados para su elaboración o en el grado de precisión de sus resultados.

En ese sentido, es imperativo que la elaboración y difusión de resultados de opinión en materia electoral sean regulados para dotar de mayor calidad a la información que recibe el electorado, y de integridad en los fines de los datos que está recibiendo. Es por ello que entre las consideraciones de mayor importancia para mejorar los medios regulatorios para la publicación de encuestas se encuentran tres problemas que inciden directamente en el ambiente democrático del país, y que es deseable evitar: (i) que los encuestados se vuelvan escépticos a las encuestas y se rehúsen a participar en sondeos de opinión futuros, provocando un mayor porcentaje de rechazo que desembocaría en resultados que no representan una toma confiable sobre la realidad; (ii) que se difundan encuestas electorales sesgadas que crean en el electorado una impresión falsa de la realidad; (iii) que se difundan encuestas con propósitos de propaganda electoral, ya sea por su fuente de financiamiento o por una relación de hecho o de derecho que motive su levantamiento o difusión.

Dada la relevancia que han adquirido las encuestas y sondeos de opinión en el debate público, es necesario un mecanismo que dote de transparencia a la difusión de encuestas y que permita que los ciudadanos puedan constatar las proyecciones y estimaciones demoscópicas con los resultados electorales oficiales en perspectiva histórica. Por ello, se propone que la autoridad electoral publique los nombres de las personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas o sondeos de opinión y su récord histórico comparado con los resultados oficiales de las elecciones, a fin de, por una parte, incentivar a un mayor rigor técnico en el levantamiento y, en su caso, en las proyecciones que se realicen, y por otra, a que los ciudadanos decidan qué grado de confiabilidad otorgan a los datos que inevitablemente fluyen en el debate público.

En otros países también ha sido un imperativo la transparencia de las encuestas y su forma de aplicación. Por ejemplo, en Francia ante las dudas sobre los errores que se pueden presentar en la implementación de la metodología para elaborar encuestas, en 1977, se aprobó la “Ley relativa a la publicación y a la difusión de ciertos sondeos de opinión”.

Como sabemos, la confiabilidad de las encuestas depende en la seriedad y rigor de su metodología, al ser “fotografías en el tiempo” de la opinión de una muestra de la sociedad. Por ello, en Francia, como en otros países, se ha pensado en la necesidad de dar a conocer diversos aspectos más allá de los técnicos. En este sentido los franceses optaron por establecer en su ley requisitos para la elaboración y publicación de encuestas electorales. Establecieron las indicaciones que se debían seguir para publicar una encuesta o sondeo de opinión, bajo la responsabilidad del organismo que la haya realizado y las cuales serían establecidas por un organismo denominado Comisión de Sondeos, encargada de estudiar y proponer reglas tendientes a asegurar, en el dominio de la previsión electoral, la objetividad y la calidad de los sondeos publicados o difundidos, así como poner a disposición del electorado la información completa remitida por la persona que haya realizado la encuesta o sondeo de opinión.

Siguiendo, en parte, el modelo francés en esta iniciativa, se propone que el Consejo General del Instituto Federal Electoral instituya un Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, el cual estaría integrado por cinco especialistas en la materia, quienes no deben haber ejercido actividad profesional realizando encuestas o sondeos de opinión en asuntos electorales en los tres años precedentes. Este Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

- Emitir los lineamientos y criterios de carácter científico que deberán seguir las personas que realicen o publiquen encuestas o sondeos de opinión electorales.

- Resguardar y publicar las bases de datos entregadas por aquellas personas que realicen encuestas o sondeos de opinión.

- Presentar informes al Consejo General, en sesión ordinaria, en los que den cuenta del cumplimiento por parte de las personas que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión del apego a los criterios que ellos mismos aprobarán.

- Solicitar a las personas físicas o morales que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales, que hagan públicas las observaciones dictaminadas en sus informes al Consejo General.

- Publicar en la página de internet del Instituto los nombres de las personas físicas o morales que realicen encuestas o sondeos de opinión, su récord histórico comparado con los resultados electorales federales, los estudios completos y toda la información solicitada en los lineamientos y criterios de carácter científico, así como los informes que presente al Consejo General.

Por otra parte, la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública (WAPOR por sus siglas en inglés) ha optado por establecer que el encuestador debe hacer del conocimiento del encuestado así como del público en general, al publicar la encuesta, lo siguiente:

a) Indicar para quién y por quién se llevó a cabo el estudio;

b) El propósito del estudio;

c) El universo o población a la que los resultados del estudio se proyectan;

d) El método por el cual se seleccionó la muestra, incluyendo el tipo de muestra, los procedimientos específicos por los cuales ha sido seleccionado y el tamaño real de la muestra;

e) El grado de éxito previsto y el diseño de la muestra, incluyendo la tasa de no respuesta;

f) Especificar si se utilizaron procedimientos de estimación o procedimientos de ponderación para ajustar los datos y cuáles se utilizaron;

g) Una descripción completa de la metodología utilizada para el estudio;

h) La fecha o periodo en que se realizó el estudio, y el lapso de tiempo que abarca la recolección de datos;

i) Una descripción de la precisión de los resultados, incluyendo, en su caso, las estimaciones de error de muestreo; y

j) Qué resultados son obtenidos de una parte de la muestra y cuáles de toda la muestra.

En congruencia con lo anterior, Canadá y Francia, entre otros, han optado por reglamentar la elaboración y publicación de encuestas de opinión referentes a temas electorales.

En mayo del año 2000, en Canadá, se aprobaron nuevas regulaciones respecto de la metodología para la elaboración de encuestas y sondeos de opinión en materia electoral. Al efecto se aprobó la “Canada Elections Act” para garantizar que los ciudadanos recibiesen información básica acerca de la realización de encuestas de opinión reportadas por los medios de comunicación durante la campaña electoral, en el entendido de que dichos mecanismos mejoran la calidad de la información difundida por empresas encuestadoras y los medios de comunicación.

En efecto, la sección 326 de la “Canada Elections Act” obliga a los medios de comunicación a incluir cierta información metodológica en las notas en que se comuniquen los resultados de las nuevas encuestas o sondeos de opinión. Lo anterior se hizo así para asegurar que cada elector pueda ejercer su derecho a votar sobre la base de información precisa y estar en condiciones de valorar la fiabilidad de las encuestas de opinión.

En este mismo sentido, bajo la premisa de que los ciudadanos deben tener la posibilidad de evaluar la solidez de una encuesta realizada y difundida durante una campaña electoral, así como de criticar los resultados de un sondeo por razones metodológicas o por razón de la forma en que se informa en los medios de comunicación, la “Canada Elections Act” obliga a las personas que realicen encuestas o sondeos de opinión, así como a los medios de comunicación por las cuales se difundan, a que junto con los resultados de la encuesta hagan públicos los siguientes extremos:

a) El nombre del patrocinador de la encuesta;

b) El nombre de la persona u organización que realizó el estudio;

c) La fecha en la cual, o el período durante el que la encuesta se llevó a cabo;

d) La población a partir de la cual la muestra de los encuestados se ha obtenido;

e) El número de personas que fueron contactadas para participar en la encuesta, y en su caso, el margen de error con respecto a de los datos obtenidos.

Asimismo, la ley electoral canadiense solicita que si una encuesta se va a publicar por cualquier medio distinto a la radiodifusión debe también informar lo siguiente:

(a) La redacción de las preguntas de la encuesta a partir de las cuales se obtienen los datos, y

(b) Los medios por los cuales un informe completo puede ser consultado.

La información solicitada se remite a un organismo denominada “Chief Electoral Officer” (CEO por sus siglas en inglés). Este organismo es el encargado de velar por la correcta aplicación de las normas que reglamentan el proceso electoral canadiense entre las cuales se encuentran las de elaboración y publicación de encuestas y sondeos de opinión, descritas en párrafos anteriores.

En el mismo sentido que la experiencia internacional, en México, el actual artículo 237, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación a quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se vaya a difundir por cualquier medio, entregar copia de un estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, la ley no establece un plazo o una fecha cierta para la entrega de dicha información. A partir de los ejemplos internacionales se propone precisar la obligación de entregar el referido estudio completo con anticipación a la publicación de la encuesta o sondeo de opinión y, adicionalmente, se prescribe la entrega de las bases de datos correspondientes al Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, a través del secretario ejecutivo. Lo anterior, con el fin de abrir “vitrinas metodológicas” para que cualquier ciudadano pueda conocer, entre otros elementos, márgenes de error, intervalos de confianza, tipo de entrevista, marco muestral, tipo y orden de preguntas en el cuestionario aplicado, momento y circunstancias en el que se aplica el cuestionario, etcétera.

En atención a las prácticas internacionales, se introduce la obligación general para toda persona que difunda encuestas o sondeos, sean o no medios de comunicación, de dar a conocer, al mismo tiempo que informan los resultados de opinión, lo siguiente:

a) El nombre de quien la haya pagado o donado, total o parcialmente;

b) El nombre de quien la haya realizado;

c) El nombre de quien haya ordenado, contratado o convenido su  difusión;

d) La fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información;

e) Tamaño de la muestra, y características socio demográficas de la población de estudio;

f) El fraseo exacto que se utilizó para la obtención de los resultados publicados, la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo a la entrevista;

g) El margen de error de los resultados obtenidos; y

h) Si contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier parámetro que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta.

En el supuesto de que algún partido, precandidato, candidato, servidor público o dirigente partidario hubiere solicitado, ordenado, pagado o donado la elaboración de encuesta o sondeo de opinión, los medios que difundan sus resultados, de forma parcial o total, deberán señalar tal circunstancia, en el formato que determine el Comité Técnico del IFE y que garantice la máxima transparencia.

La anterior determinación está dirigida a dotar al electorado de información completa respecto de quiénes participan en la realización y difusión de encuestas de opinión pública en materia electoral, de las fuentes de financiamiento y de sus características metodológicas esenciales. En atención a la experiencia americana, francesa y canadiense estos elementos dotan de garantía de trasparencia al electorado, promueven el uso responsable y veráz de las encuestas, y permiten mantener vigente su valor social y político.

En este ánimo de dotar de mayor información al electorado, se propone modificar los artículos 237, párrafo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 403, fracción XIII del Código Penal Federal, para disminuir el periodo de prohibición para la publicación de encuestas y sondeos de opinión de tres días a un día, para que autorizar la publicación de encuestas o sondeos de opinión una vez que han concluido las campañas electorales.

Para dotar de más garantías a la ciudadanía respecto de la integridad de la información y sobre la existencia de un conflicto de interés entre los encuestadores y algún actor electoral, se establece que las personas que pretendan difundir o elaborar encuestas o sondeos de opinión no podrán ser parte del Comité Técnico del Instituto durante el proceso electoral en el que participarán como generadores de opinión pública. Además, los profesionales deberán informar al secretario ejecutivo del Instituto si militan o forman parte de órganos de dirección de algún partido político, o si prestan servicios profesionales de cualquier índole, por sí mismos o por interpósita persona, a algún partido político, precandidato, candidato, servidor público, dirigente partidario o agrupación política nacional; adoptar los lineamientos y criterios de carácter científico que emita el Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión y cumplir con la certificación de estándares internacionales de calidad en investigación de mercados y de opinión que acuerde el Consejo General del IFE.

Ha sido una práctica generalmente aceptada en México que las personas que realicen y publiquen encuestas y sondeos de opinión se apeguen a estándares internacionales. Un estándar  internacional permite a los clientes y proveedores de servicios de investigación favorecer la transparencia, contribuir a incrementar el profesionalismo de la industria de la investigación, así como la mejora en la calidad de la elaboración de encuestas y sondeos de opinión. Es en razón de lo anterior que se propone que las empresas que realizan este trabajo sean certificadas con estándares internacionales para así garantizar al electorado la calidad, veracidad y fiabilidad de la información que reciban. Este proceso de certificación lo decidirá la autoridad electoral para que sea gradual y no se convierta en una barrera infranqueable de entrada al mercado de opinión.

Para cerrar el círculo normativo, se adiciona al artículo 345 del Código comicial federal un inciso que con claridad reconoce como transgresión a la ley ladifusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales con datos falsos o incumpliendo, parcial o totalmente, con las obligaciones establecidas en el mismo ordenamiento para tales efectos.

El contenido de esta iniciativa sin duda considera lo que a raíz del desempeño de las empresas encuestadoras proponen algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI): que se auditen sus procesos y su rigor metodológico para brindarle información certera a los ciudadanos.

La democracia no se agota en las reglas y procesos electorales. Es, ante todo, una dinámica dialógica para ordenar la convivencia en un marco de libertades, de igualdad y de equidad. La calidad de la democracia mexicana depende del flujo de información que se escenifique en el espacio público. Las encuestas y sondeos de opinión en contextos electorales son elementos informativos que al cumplir una función de interés público, deben inscribirse en un marco de responsabilidad garantizado a través de controles jurídicos formales. Las obligaciones positivas de transparencia constituyen esos controles jurídicos que inducen a la responsabilidad sin poner en entredicho las libertades de informadores, encuestadores o actores electorales. Esa es la tendencia del mundo en esta materia. A esa tendencia debe sumarse nuestro país para mejorar sustancialmente sus procesos políticos.

Por lo anteriormente expuesto y descrito, someto a consideración de la H. Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DEDECRETO

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 237.-

5. Quien solicite, ordene, convenga o contrate la difusiónpor cualquier medio, de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar con anticipación a la difusión de los resultados, copia del estudio completo y la base de datos al Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, a través del secretario ejecutivo del Instituto. Con la difusión de los resultados de la encuesta o sondeo de opinión se deberá informar, en los términos y condiciones que establezca el Comité Técnico a través de reglas de carácter general, lo siguiente:

a) El nombre de quien la haya pagado o donado, total o parcialmente;

b) El nombre de quien la haya realizado;

c) El nombre de quien haya ordenado, contratado o convenido sudifusión;

d) La fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información;

e) Tamaño de la muestra y características sociodemográficasde la población de estudio;

f) El fraseo exacto que se utilizó para la obtención de los resultados publicados, la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo a la entrevista;

g) El margen de error de los resultados obtenidos; y

h) Si contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier parámetro que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta.

En el supuesto de que algún partido, precandidato, candidato, servidor público o dirigente partidario hubiere solicitado, ordenado, pagado o donado la elaboración de encuesta o sondeo de opinión, los medios que difundan sus resultados, de forma parcial o total, deberán señalar tal circunstancia, en el formato que determine el Comité Técnico y que garantice la máxima transparencia.

6. Durante el día previo a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión para difundir las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones durante el proceso electoral federal, no podrán ser parte de algún Comité Técnico del Instituto para ese periodo y deberán:

a) Informar al secretario ejecutivo del Instituto si militan o forman parte de órganos de dirección de algún partido político, o si prestan servicios profesionales de cualquier índole, por sí mismos o por interpósita persona, a algún partido político, precandidato, candidato, servidor público, dirigente partidario o agrupación política nacional;

b) Adoptar los lineamientos y criterios de carácter científico que emita el Comité Técnico, previa consulta formal con los integrantes de las organizaciones en que se agrupen los profesionales del ramo, y que serán aprobados por el Consejo General. En los lineamientos se determinará el contenido del estudio completo a que se refiere el párrafo quinto, así como los mecanismos de auditoría que adoptará el Comité Técnico; y

c) Cumplir con la certificación de estándares internacionales de calidad en investigación de mercados y de opinión que acuerde el Consejo General en los lineamientos y criterios de carácter científico.

8. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión estará integrado por cinco especialistas en la materia, académicos o profesionales con amplia experiencia en la materia, quienes no deben haber ejercido actividad profesional realizando encuestas o sondeos de opinión en asuntos electorales en los tres años precedentes.

9. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión presentará informes al Consejo General, en sesión ordinaria, en los que den cuenta del cumplimiento a las disposiciones de este artículo.

10. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión solicitará, a través del Secretario Ejecutivo, a las personas físicas o morales que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales, que difundan las observaciones dictaminadas en sus informes al Consejo General.

11. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión publicará, a través del Secretario Ejecutivo, en la página de internet del Instituto los nombres de las personas físicas o morales que realizarán encuestas o sondeos de opinión, su récord histórico comparado con los resultados electorales federales, los estudios completos y las bases de datos entregadas previamente a la difusión de los resultados, la información solicitada en los lineamientos y criterios de carácter científico, así como sus informes al Consejo General.

Artículo 345.-

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

d) La difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales con datos falsos o incumpliendo, parcial o totalmente, con las obligaciones establecidas en el artículo 237 para tales efectos; y

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 403.-Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

XIII. Durante el día previo a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentre en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Roberto Gil Zuarth”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Sólo para adherirme a esta iniciativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tómese nota, por favor.

Sonido en el escaño del Senador García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) De igual manera, si me permite el orador adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tomamos nota.

¿Sí, Senador Lozano Alarcón?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Para adherirme también, si está de acuerdo el orador.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa, por favor.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Sólo para adherirme a esta iniciativa, si me lo permite el Senador Gil Zuarth.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Les pediría si todos aquellos Senadores que quieren adherirse, levanten su mano y podemos tomar nota de una manera más económica. En consecuencia, túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Le pediría a los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, al Senador Carlos Mendoza Davis, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez y a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, si pueden acudir fuera de este Pleno para atender a un grupo de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les agradezco mucho.

(La comisión cumple)

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a nombre propio y del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4o. constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA UN QUINTO Y SEXTO PARRAFOS AL ARTICULO 4°. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a nombre propio y del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Los suscritos, Senador Fidel Demédicis Hidalgo y Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrantes del grupo parlamentario del PRD de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; 169; 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un quinto y sexto párrafos al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguientes consideraciones:

Las recientes reformas constitucionales a los artículos 1o., 4o. y 27, fracción XX a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos para generar políticas públicas para una adecuada alimentación nutritiva, resultan incompleta si no consideramos al mismo nivel el derecho humano al agua y a su saneamiento.

Este derecho resulta cada vez más necesario ante la insuficiencia creciente del preciado líquido y la mala calidad en su tratamiento. El agua y su consumo humano, representa hoy en día un tema fundamental para el desarrollo del individuo, crucial para la reducción de la pobreza, indispensable para un desarrollo sostenible y para consolidar un mejor planeta.

El agua dulce debe entenderse como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida, su descuido representa un futuro decadente y produciría la falta de subsistencia de la vida. Por ello debemos tomar las debidas providencias para explotar y usar racionalmente nuestros recursos hídricos.

La rectoría del agua limpia, impulsar el éxito en otras necesidades básicas y del desarrollo social y de la producción, los servicios de agua potable merecen una especial atención por parte del Poder Legislativo, sobre todo en cuanto a las limitaciones y omisiones que se han presentado en otras ocasiones y que rebasan una realidad cada vez más desorganizada.

Actualmente, este preciado recurso está agotándose y contaminándose rápidamente. La Organización Mundial de la Salud ya ha señalado en distintas ocasiones que el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo, son causadas por la falta de agua potable.

Muchas enfermedades tienen su origen en aguas contaminadas en México y en el mundo, ya que cada cinco segundos un niño muere en algún país por problemas de la calidad del agua. Cabe mencionar también que cerca del 95 por ciento de los cuerpos de agua potable en México están siendo contaminados.

El agua contaminada puede ser mortal, alrededor de 1.8 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera y millones más se enferman gravemente por una diversidad de enfermedades vinculadas con la mala calidad del agua, muchas de las cuales son previsibles.

Ya el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución A/RES/64/292, con 122 votos a favor y cero en contra, declaró el acceso seguro al agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.

En este sentido, es menester recordar que el derecho al agua nos obliga a cuidarla y nos impone acciones para su uso racional. Gobierno y sociedad estamos obligados a participar activamente en la conservación del medio ambiente y en manejo responsable de nuestras reservas de agua.

Por el bien de todos, el Senado de la República debe impulsar la Constitución, en la Constitución, del derecho humano y su garantía al agua potable como un paso fundamental para procurar su acceso a todas las personas, generando programas de infraestructura, abastecimiento y tratamiento; educar y crear la necesaria cultura del agua.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Unico.- Se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, para quedar como sigue:

Artículo 4o...

...

...

...

El Estado garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud.

Todas las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales, del ciclo vital y de privacidad. Deberán situarse donde pueda salvaguardarse la seguridad física de las personas.

TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que reglamente este derecho humano, y adecuar el marco jurídico vigente, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero.El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre de 2012.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIONPRESENTE.

Los suscritos, Senador Fidel Demédicis Hidalgo y Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un quinto y sexto pArrafo al artículo 4 de la Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguientes consideraciones:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las recientes reformas constitucionales a los artículos 1, 4 y 27 fracción XX a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos para generar políticas públicas para una adecuada alimentación nutritiva, resulta incompleta si no consideramos al mismo nivel el derecho a tener agua potable.

El derecho al consumo de agua potable resulta cada vez más necesario ante la insuficiencia creciente del preciado líquido, y la mala calidad en su tratamiento. El agua y su consumo humano, representa hoy en día un tema fundamental para el desarrollo del individuo, crucial para la reducción de la pobreza, indispensable para un desarrollo sostenible y para consolidar un mejor planeta.

El agua dulce debe entenderse como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida, su descuido representa un futuro decadente y produciría la falta de subsistencia de la vida. Por ello debemos tomar las debidas providencias para explotar y usar racionalmente nuestros recursos hídricos.

A lo largo de nuestra historia, en México hemos tenido una política pública deficiente en materia de agua potable, que ha ido en contra de un verdadero beneficio de los usuarios. Dicha política se ha concentrado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y de los diversos instrumentos legales, en un enfoque de planeación de infraestructura hidráulica y no de análisis y propuestas para impulsar una etapa definitoria del sector agua potable.

Si bien es cierto que en el Informe Presidencial se destaca la creación de “Bancos del Agua” con el propósito de brindar servicios de asesoría hidráulica integral y especializada, así como en materia de transmisión de derechos, preservación y mejoramiento del agua y en esquemas de administración y regulación de la misma. La meta del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 es la de promover una política ambiental integral e incluyente que implica el desarrollo humano sustentable y la preservación de nuestros ecosistemas y sus biodiversidades como patrimonio de las generaciones venideras, al tratarde hacer compatible la conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo económico en el sector rural. Para tal fin fue creado el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Dentro del contexto del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el uso racional del agua es imprescindible para garantizar la disponibilidad de éste líquido vital para todos los mexicanos. Con este propósito se impulsó la construcción de proyectos de Abastecimiento de Agua Potable a Grandes Zonas Urbanas, como el Acueducto II en Querétaro; la presa El Realito en San Luis Potosí y la presa El Zapotillo que atenderá la demanda de agua en León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco.

Al cierre de éste año y comprendiendo el periodo 2007-2012 estarán en operación 661 plantas potabilizadoras (consideradas las 8 plantas en proceso de construcción y rehabilitación) que en conjunto tendrán la capacidad de potabilizar un caudal de noventa y cinco 792 litros por segundo. Además, el gobierno federal informa que el total del inventario de plantas de Saneamiento de Aguas Residuales estará conformado por dos mil 2 332 plantas con capacidad de saneamiento para un caudal de ciento quince mil 625 litros por segundo, que si resultan ser avances, tienen la circunstancia de ser mejoras aisladas.

Por la importancia que tiene para nuestro desarrollo y de la rectoría del agua limpia para impulsar el éxito en otras necesidades básicas, los servicios de agua potable merecen una especial atención por parte del Poder Legislativo, sobre todo en cuanto a las limitaciones y omisiones que se han presentado en otras ocasiones y que rebasan una realidad cada vez más desorganizada.

A pesar de informes oficiales que nos hacen llegar, importantes segmentos de la población carecen de un servicio adecuado en cuantía y sobre todo en la calidad; actualmente, las autoridades encargadas de su administración se encuentran rebasadas para corregir esta situación. La sequía en grandes extensiones del territorio nacional, la contaminación del agua y su mal tratamiento, es una realidad creciente que sobrepasa cualquier resultado aislado.

Actualmente, este preciado recurso está agotándose y contaminándose rápidamente. La OMS ya ha señalado en distintas ocasiones que el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo, son causadas por la falta de agua potable.

Alrededor de más de 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable y dos mil 600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población mundial.

De hecho, varios de los detonantes de las crisis actuales para observadores e investigadores cuidadosos, sus raíces están, por una parte, en el abuso y en la negligencia de los responsables de controlar y regular a ese sector en particular.

Más personas sedientas se traducen en una demanda aún mayor para los recursos ya escasos y, paradójicamente, un mayor riesgo de que las fuentes de agua existentes se contaminen.

Muchas enfermedades tienen su origen en aguas contaminadas en México y en el mundo, ya que cada cinco segundos un niño muere en algún país por problemas de la calidad del agua. Cabe mencionar también que cerca del 95 por ciento de los cuerpos de agua potable en México están siendo contaminados.

El agua contaminada puede ser mortal, alrededor de 1.8 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera y millones más se enferman gravemente por una diversidad de enfermedades vinculadas con el agua, muchas de las cuales son previsibles.

La contaminación del agua también implica que la población de peces en los cuerpos de agua tiende a desaparecer, la materia orgánica reduce la cantidad de oxígeno en el líquido y si sobreviven algunas especies resistentes, ya no son comestibles.

Debo decir además, que varias investigaciones, presentadas durante IV Foro Mundial del Agua, celebrado en el 2006 en la Ciudad de México, señalaron que en aproximadamente en 25 años más de la mitad de la población mundial resentirá la escasez de agua potable, es decir, al menos de 470 millones de personas no tendrán agua para beber.

En México nuestro problema será mayor teniendo en cuenta que contamos con una distribución del agua en el territorio nacional demasiado irregular, debido a la gran diversidad fisiográfica y climática. La distribución orográfica y climática origina, en gran medida, que la mayor parte del territorio sea de zonas semiáridas.

Existe un promedio anual de 780 mm de precipitación pluvial, que corresponde a un volumen de mil 532 millones de metros cúbicos (m3). En la zona norte y en el altiplano (a los cuales les corresponde el 52 % del territorio) la media anual es inferior a los 500 mm. Además, se considera que el 50 % del escurrimiento anual total se concentra en los ríos más caudalosos ubicados en el sureste del país, cuya región hidrológica comprende sólo el 20 % de la superficie total del territorio.

Para aprovechar este recurso, en México solamente cuenta con un sistema de obras hidráulicas para almacenamiento de un aproximado de ciento veinticinco mil millones de m3, y los lagos y lagunas tienen una capacidad de almacenamiento de catorce mil millones de m3 que en total corresponde al 34 % del escurrimiento anual y cabe mencionar que hay estados como Morelos que no cuentan con obras hidráulicas de gran envergadura.

Así mismo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, en México se tienen distribuidos en todo su territorio 654 acuíferos, de los cuales 97 están en condiciones de sobreexplotación y en algunas cuencas fluviales han asignado más agua que la que hay realmente disponible.

Paradójicamente se resalta otra cuestión que me parece de igual gravedad, siendo que el agua es una precondición indispensable para alcanzar todos los demás derechos humanos, ha sido materia de una de las industrias con mayores ganancias y mayor crecimiento en todo el mundo: la del agua embotellada.

Cabe mencionar que los programas educativos se afectan cuando los niños enfermos faltan a la escuela. Usualmente se pierden oportunidades económicas debido a los impactos de enfermedades rampantes y a los engorrosos procesos de obtener el agua en sitios donde ésta no está fácilmente disponible.

A pesar de que el agua es el recurso natural más importante que tenemos, en los últimos años hemos visto que se permite su privatización con pocos controles. Tan solo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, tiene una labor de inspección, pero es muy limitada y la base para medir la calidad del agua es una Norma Oficial Mexicana (NOM-179-SSA1-1998) que no incluye procesos de certificación y en todo caso no implica sanciones para las compañías infractoras.

En México hemos calculado que existen veintidós mil millones de litros de agua embotellada y se consume a un equivalente de 170 litros por persona, estas cifras nos convierten en el segundo mayor consumidor de este producto en todo el mundo.

Este es otro tema crítico y deberemos en su momento ocuparnos a fondo, me parece que dentro de la oportunidad comercial, se está realizando una violación a un derecho fundamental, al garantizar un bien indispensable a unas pocas manos, el agua debe ser prioridad alejada de estatus económicos.

El crecimiento de este negocio ha sido inversamente proporcional al derecho humano al agua, pues mientras más crece el consumo de agua embotellada en el mundo, los hombres y mujeres pierden la posibilidad de acceder al líquido de manera gratuita.

Lo anterior, aunado a una cobertura de agua potable sumamente escasa, amplia el problema, tan solo en las grandes ciudades, oscila alrededor del 90%, en las ciudades de tamaño medio y apenas de 65% en las áreas rurales.

Frente a lo anterior, estoy convencido de que el Estado debe asegurar a la población un bien tan necesario, con una legislación que tenga una base marco con alcance físico verdadero para para todos los sectores de la población.

Nuestro México actual exige contar con políticas públicas claras en este tema, que contribuyan al desarrollo integral del país. La sociedad civil reclaman una revisión de las políticas públicas que se han implementado en los diferentes servicios.

Las Naciones Unidas incluso ya han considerado el acceso al agua limpia como un derecho básico de la humanidad, y como un paso esencial hacia la mejoría de los estándares de vida en todo el mundo.

Necesitamos una nueva visión del servicio público de agua potable, que cuente con drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, temas que hasta ahora se ha venido prestando de diferente manera y en algunos de ellos con serias deficiencias. Hagamos un amplio análisis de la política pública, incluyendo los programas e instrumentos jurídicos y financieros, a fin de reorientar nuestros esfuerzos y con ello lograr obtener un nuevo impulso a la prestación del agua para los ciudadanos.

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que deberán llevarse a cabo, tomando en cuenta el marco jurídico constitucional, será para cada persona de manera continua y suficiente, para el uso personal y doméstico. Lo anterior a razón de que en promedio una persona necesita unos 20 litros de agua potable diariamente para satisfacer sus necesidades higiénicas y metabólicas.

Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Los costos de los servicios de agua y saneamiento no deberían superar los ingresos del hogar, asumiendo así que estos servicios afectan a la capacidad de las personas para adquirir otros productos y servicios esenciales, incluidos alimentos, vivienda, servicios de salud y educación.

Para contar con abastecimiento de agua para nuestras casas, más que contar con una ley apresurada, lo que se necesita es un marco básico que garantice que los recursos necesarios se usen con eficiencia y eficacia.

Ya el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante su Resolución A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.

En este sentido, es menester recordarle a la sociedad que el derecho al agua nos obliga a cuidarla y nos impone acciones para su uso racional. Gobierno y sociedad estamos obligados a participar activamente en la conservación del medio ambiente y en manejo responsable de nuestras reservas de agua.

Cuidarla a nivel constitucional es un paso fundamental para asegurar el derecho a la vida para todos. Este, sin duda, no será el último paso que deberemos tomar, necesitamos una regulación profunda para procurar su accesibilidad económica, programas de infraestructura, abastecimiento y tratamiento de agua, educar y crear cultura del agua.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, piedra angular de nuestra organización jurídico-política, necesita contar con las disposiciones necesarias que proporcionen lineamientos claros para crear condiciones que permitan a los mexicanos el acceso al bienestar social y a un adecuado aprovechamiento de sus recursos nacionales.

Sabemos de manera clara que el artículo 27 constitucional es la columna vertebral en materia de agua y específicamente los párrafos quinto y sexto, que establecen los regímenes de propiedad, la elaboración de un proyecto en materia de agua obligatoriamente necesita tomarlo en cuenta. No obstante, creo firmemente que el derecho al bienestar del uso del agua potable es distinto en naturaleza al servicio de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.

Hablar del asunto del agua potable, es un tema que puede verse desde distintos ángulos, pero considero fundamental analizarlo desde el tema desde la perspectiva de los factores de derechos humanos. Me refiero entonces a la cobertura de dotación y no tanto al sistema de descargas de aguas residuales.

Entiendo que todo programa de acción en este sector tendrá que tratar el tema de la perspectiva de la obra hidráulica, pero no tengo ninguna duda de que uno de los mayores retos primero es ampliar las coberturas para llegar a cumplir el compromiso social y humano de que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios en calidad y cantidad suficiente.

De concretar este proyecto, proporcionando a la población fuentes de abastecimiento de agua potable mejorada, lograríamos reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable en tres años y para el año 2020, se mejorará la vida de por lo menos miles de habitantes.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y donde se recorren los demás párrafos que le siguen, conforme a la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.- Se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

El Estado garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud.

Todas las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales, del ciclo vital y de privacidad. Deberán situarse donde pueda salvaguardarse la seguridad física de las personas.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que reglamente este derecho humano, y adecuar el marco jurídico vigente, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Angel Benjamin Robles Montoya”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, SenadorFidel Demédicis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Le agradezco, y con su permiso, señor Presidente.

En el año de 1981, en el Estado de México, Francisco Rodríguez fue encontrado responsable de una conducta de carácter penal que lo llevó a estar poco menos 6 años en la cárcel.

A Francisco esto le representó quedarse con el escaso patrimonio que había logrado en su vida, quedarse con menos amigos y también con una afectación familiar importante.

A Francisco también le representó el no poder estar en igualdad de circunstancias que el resto de los mexicanos para poder sacar adelante a su familia.

A Francisco le representó ser a la postre un exconvicto, esto debido a una mala práctica judicial del Estado que declaró culpable, y que ante un juicio realizado fue declarado inocente.

Y lo único que recibió Francisco fue: “Francisco, discúlpanos, nos equivocamos”. Este tipo de prácticas del Estado mexicano ya no son extrañas, ni tampoco aisladas.

Ha habido ya algunos casos, no sólo similares, sino que también han involucrado a inocentes en el Estado mexicano.

Así fue el caso que, seguramente todos recordaremos, de José Antonio Zúñiga, de la película “Presunto Culpable”.

El pasó 804 días en que no tuvo la oportunidad de poder resarcirle el Estado a José Antonio esta mala práctica, que hoy denominaremos: “Error Judicial”.

Pero hay muchos, muchos José Antonios, anónimos, que no han tenido la oportunidad ni la fortuna de salir en una película, y a quienes no sólo se les ha acusado injustamente, sino que se les ha ocasionado un daño verdaderamente irreparable, sin que hasta el día de hoy el Estado se haga responsable de ello.

Por eso, señoras y señores Senadores, es que considero vital el que el Senado de la República pueda ya desde hoy incluir en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, al Poder Judicial.

Una práctica normal, un error judicial puede provocar daños irreparables como el caso de Francisco Rodríguez, como el caso de José Antonio Zúñiga, que hoy merecen nuestra atención y también, por supuesto, el que ellos merezcan cuando menos una parte que les repare el daño que el Estado mexicano ha causado.

Por eso es que hoy pongo a su honorable consideración el que se reforme el artículo 17 Constitucional para que no sólo se reconozca que una mala práctica debe ser indemnizada por parte del Estado mexicano, sino también que se regule.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

José María Martinéz Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado de derecho debe garantizar a ciudadanas y ciudadanos, frente a la propia acción estatal, la inviolabilidad de sus garantías, otorgándoles, en caso de menoscabo o lesión, las herramientas, mecanismos y recursos necesarios para restablecer el derecho violado y obtener la indemnización por el perjuicio sufrido.

El Estado de derecho debe caracterizarse así, fundamentalmente, por el sometimiento del propio Estado a la legalidad, lo que trae aparejada su responsabilidad por los daños que produzca.

Resulta paradójico, que sea justamente en el ámbito de la administración de justicia donde se sustraiga al Estado del sometimiento al derecho respecto a los daños que origina, consagrándose prácticamente la irresponsabilidad o una responsabilidad estatal muy limitada por su actividad judicial.

Pero más incomprensible resulta que, en estos supuestos, se niegue la posibilidad de obtener resarcimiento por los daños causados con el argumento de que deben ser soportados en nombre precisamente de la justicia.

El Estado en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe garantizar la integridad de la justicia que él mismo administra, y ello sólo se logra mediante el cumplimiento estricto de los principios que consagran el debido proceso legal, entre otros. Por esto puede afirmarse que el Estado causa daño cuando ha infringido las normas que consagran dichos principios, debiendo en consecuencia responder por su actuar.

Se justifica por ello que el tema de la responsabilidad del Estado al administrar justicia sea desarrollado de manera particular y específica en la legislación. De lo que trata es de que la víctima del error judicial no deba soportar un daño irreparable proveniente del ejercicio de una de las funciones del Estado, sin obtener la indemnización correspondiente, a lo que debe agregarse que es difícil comprender cómo se puede bregar por el respeto a la justicia sobre la base de postular el mantenimiento de errores con fuerza de verdad legal.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha abordado con puntualidad el tema:

El artículo 5º. de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales prescribe: “Toda persona víctima de un arresto o de una detención, en condiciones contrarias a las disposiciones del presente artículo, tiene derecho a una reparación”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, reafirma similar principio, en los siguientes términos: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación” (artículo 9º.5). Complementa esta formulación el artículo 14, Nº 6, que señala: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, prescribe en su artículo 10º: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

Este tema ha sido constante en la agenda legislativa de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. No obstante se requiere de voluntad política para que el ciudadano pueda restablecer el derecho violado y obtener la indemnización por el perjuicio sufrido.

En este sentido, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se proyecta a distinguir y contemplar dos tipos de daños causados por los órganos judiciales: Por error judicial, y por el funcionamiento anormal de la administración de justicia.

La definición de la garantía parte de la distinción entre la genérica figura del funcionamiento anormal, y la más específica del error judicial propiamente dicho, para subdistinguir dentro de éste último los casos concretos de perjuicios derivados de una privación de libertad indebidamente ejecutada.

Conforme al proyecto, los daños causados por error judicial son los ocasionados como consecuencia de la adopción de resoluciones injustas. Para que exista error judicial es necesario que se haya dictado una resolución judicial manifiestamente equivocada, cuyas consecuencias causen directamente, por sí mismas, daño en los bienes o derechos de una persona.

Como consecuencia, no cualquier error puede generar el derecho a indemnización, sino que éste ha de ser evidente e injustificable. La acción quedará reservada solamente para los supuestos de decisiones injustificables desde el punto de vista del derecho, para equivocaciones patentes, manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos, o en la interpretación o aplicación de la ley, causantes de una resolución absurda, que rompa la armonía del orden jurídico, de forma que el órgano jurisdiccional haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales.

Al respecto, la legislación comparada relaciona una serie de supuestos que determinan la existencia de un error judicial: cuando el error se presenta como una ruptura clara y patente con el concierto y necesaria armonía judicial por consecuencia de decisiones absurdas e ilógicas; cuando se parte de pruebas sin constancia en los autos; si se tienen en cuenta aportaciones extraprocesales; en el caso de que se omitan pruebas transcendentales que determinarían el fallo; si se incurre en equivocación manifiesta y palmaria contraria a derecho; en el caso de que se resuelva aplicando normativa inexistente o derogada.

La doctrina ha precisado también, con reiteración, que el error judicial no puede confundirse con cualquier equivocación o discrepancia en el establecimiento de los hechos y de la interpretación del derecho. Las meras interpretaciones erróneas son susceptibles de corregirse exclusivamente mediante los recursos ordinarios y extraordinarios, en cambio el error judicial se sitúa en un plano distinto pues tiene un significado preciso y necesariamente restringido en el sentido de que no toda posible equivocación en el establecimiento de los hechos o en la aplicación del derecho es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especialmente cualificados.

En suma, de acuerdo a la iniciativa, el error judicial capaz de acarrear la responsabilidad del Estado se produciría, cuando del contexto de la sentencia, de la realidad de los hechos y sus circunstancias y de la apreciación de la prueba y, por la otra, de la confrontación entre la solución dada y la que jurídicamente convenía al caso, resulte manifiesta la materialidad de la equivocación.

Por otra parte, la anormalidad del funcionamiento de la administración no implica referencia alguna necesaria al elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones judiciales, al tratarse de un tipo de responsabilidad objetiva.

Es decir, a diferencia del error judicial, un caso de funcionamiento anormal de la administración de justicia, se da cuando no existe una resolución judicial que directamente prive de bienes o derechos a una parte o le imponga indebidamente obligaciones o gravámenes, pero que por las actuaciones procesales le hayan generado daños y perjuicios injustificados.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CONSAGRAR COMO GARANTIA INDIVIDUAL EL DERECHO A LA REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ERROR JUDICIAL, ASI COMO LOS QUE SEAN CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

Artículo Unico. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

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TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador José María Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: ¡Buenos días! Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es industria que produce una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.

No obstante, actualmente no existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y sin embargo las películas tienen un alto valor.

Lo más lamentable es que en México contamos con los elementos para lograr una cinematografía pujante, además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con una sólida asistencia de nuestra ciudadanía a las salas de cine.

Con 3 mil 700 pantallas, nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en asistencia de público a sus salas y el 11 en recaudación de ingresos en taquilla. Pero de los 165 millones de boletos que se venden cada año en el territorio nacional, sólo el 5 por ciento de ellos toca a la exhibición de películas hechas por cineastas mexicanos.

Indudablemente que una nueva legislación eficaz y la instrumentación de políticas públicas adecuadas de fomento al cine detonarían enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta el 7 por ciento del Producto Interno Bruto, ese porcentaje aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y vigorosa.

A pesar de esto, el cine mexicano ha quedado virtualmente al margen de la competencia por las condiciones de mercado que se le imponen, condiciones en las que no puede desarrollarse plenamente.

El cine mexicano, no obstante de haber aumentado la calidad y la cantidad sus producciones cinematográficas en los últimos años, ve enormemente limitada su posibilidad de exhibición local debido a la agresividad comercial de las empresas trasnacionales.

Esto, como consecuencia de que son las grandes corporaciones norteamericanas las que han definido los criterios respecto a lo que se distribuye y se exhibe en nuestro país.

Frente a ello, resulta apremiante equilibrar desde la legislación esta situación de desventaja y desprotección del cine nacional ante una industria transnacional hegemónica que impone formas de distribución, exhibición y, obviamente, consumo, garantizando una cuota de pantalla y un tiempo de permanencia suficientes en favor de las películas nacionales.

En este objeto, mediante la presente iniciativa, compañeras y compañeros, se proyecta reformar en el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán, no el 10 por ciento como estable actualmente, sino el 20 por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas en nuestro país.

La cuota de pantalla es, por definición, el establecimiento por parte del Estado de una cantidad obligatoria de películas por sala en un periodo determinado. Constituye un instrumento de regulación de capital importancia a la hora de hacer efectiva una verdadera oferta cinematográfica que nos garantice y asegure la diversidad cultural y que proteja la producción nacional.

La finalidad de esta cuota de pantalla es, obviamente, facilitar el estreno de todos los títulos de películas mexicanas.

No obstante, si la reforma sólo quedara en aumentar esta cuota de pantalla, indudablemente dejaría abierta la posibilidad de sacar a las películas mexicanas de las pantallas, como viene ocurriendo actualmente, en muy corto tiempo de exhibición. Y esto tiene que ver con la presión que ejerce el mercado global y, obviamente, los títulos de las grandes distribuidoras de Hollywood que están haciendo presión de manera permanente para que sus películas sean vistas en nuestras salas.

Para compensar esta debilidad, resulta también pertinente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para establecer como una medida de continuidad, que toda película nacional, se estrenará en salas por un periodo no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente.

El que garanticemos por lo menos tres semanas de exhibición de las películas producidas en nuestro país, nos da garantía de que la audiencia tenga la posibilidad de que en este lapso de tiempo se difunda y podamos saber si una película, efectivamente, es buena o no.

Toda vez que, conforme al vigente segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, se concede sólo una semana de garantía a las películas nacionales. Desde mi perspectiva, dando concesiones a la industria cinematográfica norteamericana para que puedan ellos tener prioridad a la hora de exhibir sus películas.

Por último, dejando ahí esta iniciativa, pretendemos establecer así una legislación que cuente con dos herramientas que se complementan para la protección del cine mexicano a los efectos de asegurar una mínima cantidad de pantallas para la producción cinematográfica nacional:

La obligatoriedad de exhibición en la cuota de pantalla e imposibilidad de levantar el filme por un periodo de tres semanas, y no una semana como actualmente establece nuestra legislación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para establecer una cuota de pantalla del veinte por ciento del tiempo total de exhibición y un tiempo de permanencia no inferior a tres semanas en favor de películas nacionales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es industria que produce una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.

Se trata, como consecuencia, de una actividad que involucra un doble sentido de extensión: el de una expresión cultural generadora de memoria comprensiva del pasado, propiciadora de identidad cultural que crea sentidos sociales y colectivos; pero también, el de una forma de producción industrial a través de una cadena productiva (producción, distribución, exhibición) que transforma mediante procesos creativos y tecnológicos insumos de diversa índole en bienes finales de naturaleza material e intangible para consumo del público.

El proceso de producción industrial y las relaciones de intercambio mercantil en la industria cinematográfica en todos los casos, evidencian características estructurales que tornan el proceso en una actividad altamente costosa y de enorme nivel de riesgo, de modo que inclusive en los países de la Comunidad Europea que cuentan con una historia trascendente en la cultura audiovisual, se reconoce una alta dificultad y riesgo en las condiciones de la realización que haría imposible mantener un nivel aceptable de producción local si no se contara con una decidida intervención del Estado con base en un sistema de estímulos.

Incluso, tratándose del escenario de Hollywood, esa industria en apariencia auto-sostenible, recibe del Estado norteamericano fuertes apoyos financieros y una importante interlocución política que busca garantizar en las negociaciones internacionales que en modo alguno pueda afectarse la propiedad intelectual, ni la libre comerciabilidad de estos productos que copan, en general, cerca del 90% de las pantallas en los países occidentales.

En el caso de nuestro cine nacional, el eslabón inicial de la industria cinematográfica (el de la producción) afronta debilidades estructurales, entre otras, la baja capacidad desde el punto de vista de la oferta, los necesarios altos capitales de riesgo y limitada expectativa de obtención de márgenes de utilidad, el intrincado acceso al crédito preferencial y al sistema de garantías, la sujeción a altos costos financieros, la dificultad de constitución empresarial para esta actividad encargada de congregar y organizar un conjunto de creaciones, recursos y necesidades logísticas.

En los eslabones siguientes de la cadena, se dan también graves elementos perturbadores: las distribuidoras y exhibidoras de películas no tienen interés en promover las producciones mexicanas, enfocadas como están en sacar jugosas ganancias de las cintas estadunidenses. Es por ello que piden pocas copias de filmes nacionales, les dan escasa publicidad y los exhiben en salas lejanas, lo que inhibe al espectador.

Es decir, no existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y sin embargo las películas tienen un alto valor.

Lo más lamentable es que México cuenta con todos los elementos para lograr una cinematografía pujante: además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con sólida asistencia a las salas.

Con tres mil 700 pantallas, México ocupa el quinto lugar mundial en asistencia de público a sus salas y el 11 en recaudación de ingresos en taquilla. No obstante, de los 165 millones de boletos que se venden cada año en el territorio nacional, sólo el cinco por ciento de ellos toca a la exhibición de películas hechas por cineastas mexicanos.

Se estima también que el mercado cinematográfico, tan sólo en su sector primario (ingresos en salas cinematográficas, dulcería, comisión por estacionamiento, etcétera) puede valer 10 mil millones de pesos; es decir, sin contabilizar el volumen que representa su distribución y promoción en otras ventanas como el DVD y la televisión abierta y de paga.

Indudablemente que una nueva legislación eficaz y la instrumentación de políticas públicas adecuadas de fomento al cine detonarían enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta 7 por ciento del PIB, porcentaje que aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y vigorosa.

Además de que la experiencia demuestra que la inversión cinematográfica es generadora de gran número de empleos directos e indirectos. Atendiendo a información estadística del IMCINE, los proyectos cinematográficos apoyados por EFICINE del 2006 al 2008 han generado al menos 17 mil 500 empleos directos, sólo en el proceso de producción de la película, aparte de los empleos y beneficios económicos indirectos que conlleva la realización de un film. Cifras que no consideran la distribución y exhibición cinematográfica, que representa la mayor proporción del ingreso de la industria.

Asimismo, con datos duros del FIDECINE, se demuestra que todo lo que el Estado ha invertido en apoyo a la producción cinematográfica, ha sido recuperado vía de impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, el cine mexicano ha quedado virtualmente al margen de la competencia por las condicionantes de mercado que se le imponen, conduciendo ello a que prevalezcan en nuestras pantallas las películas de producción o coproducción hollywoodense en una proporción casi de nueve de éstas por una nacional.

Esto, como consecuencia de que son las grandes corporaciones norteamericanas conocidas en el medio fílmico como majors (agrupadas a su vez en la Motion Pictures Association), las que han definido los criterios respecto a lo que se distribuye y se exhibe.

La industria cinematográfica hegemónica de los Estados Unidos monopoliza el mercado internacional del cine, extendiendo su dominio a la distribución y exhibición de películas. En México, tal como acontece en otros países de América Latina, el cine estadounidense a través de acciones mancomunadas con las distribuidoras y propietarios de salas controla la actividad cinematográfica condicionando la exhibición y permanencia en cartel de películas nacionales como también impidiendo la entrada de filmes extranjeros de origen europeo o latinoamericano.

Por esto, el cine mexicano, a pesar de haber aumentado la calidad y cantidad de sus productos cinematográficos en los últimos años, ve enormemente limitada las posibilidades de exhibición local debido a la agresividad comercial de las empresas transnacionales.

Frente a ello, resulta apremiante equilibrar desde la legislación esta situación de desventaja y desprotección del cine nacional ante a una industria trasnacional hegemónica que impone formas de distribución, exhibición y consumo, garantizando una cuota de pantalla y un tiempo de permanencia suficientes en favor de las películas nacionales.

En este objetivo, mediante la presente iniciativa se proyecta reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.

Asimismo, se plantea reformar el segundo párrafo del mismo artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para estatuir que toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.

La cuota de pantalla es, por definición, el establecimiento por parte del Estado de una cantidad obligatoria de películas por sala en un período determinado. Constituye un instrumento de regulación de capital importancia a la hora de hacer efectiva una verdadera oferta cinematográfica que garantice y asegure la diversidad cultural y proteja la producción nacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial y a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio) se realizaron esfuerzos tendientes a desarrollar al máximo los intercambios de bienes y servicios entre todos los países del planeta. Al mismo tiempo, en el marco del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio), se produjo un intenso debate acerca del tratamiento específico que debería darse a los bienes culturales, su intercambio internacional y su posible protección por parte de algunos estados nacionales.

La polémica provocó la ruptura del monolítico frente de los países más desarrollados. Francia y Canadá, enfrentaron con válidos argumentos de protección la política aperturista de EE.UU., que considera a la cinematografía y sus productos como bienes de intercambio no específicos, sujetos a las reglas generales del comercio internacional regulado por la OMC y sus acuerdos.

A la luz de este debate, en 1993, nace el concepto de “excepción cultural”, que ha sumado el respaldo de muchos países, preocupados por la supervivencia de sus industrias culturales, en particular la cinematográfica y la audiovisual.

El concepto define la propuesta de exceptuar la cultura y sus actividades productivas de las reglas del mero comercio, permitiendo formas específicas de protección y fomento que, de no existir, implicarían el debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades culturales nacionales.

La excepción cultural como propuesta, se funde con el más amplio concepto de “diversidad cultural”, que expresa la más firme resistencia a la globalización salvaje impulsada por el mercado del ocio y el reducido grupo de multinacionales que lo hegemonizan. Lo que está en juego es mucho más que el éxito o fracaso de una industria y sus empresas. Naciones enteras se juegan en este debate su “lugar en el mundo” o la definitiva exclusión.

Una de las mayores amenazas de la globalización es la uniformidad cultural, la pérdida de las señas de identidad culturales que permiten la supervivencia de pueblos diversos, la desaparición de la creatividad en aras del mercado. Pero esta uniformización de los valores, los símbolos, la estética se produce por una aproximación a un modelo cultural dominante: el de la cultura mayoritaria en los Estados Unidos la venta universal del llamado american way of life, a través del cine norteamericano.

Como industria cultural, el cine mexicano requiere, pues, de políticas públicas de estímulo y protección, propias de su doble especificidad: cultura e industria.

Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente.

Como industria cultural, detrás de la producción cinematográfica no sólo se encuentra involucrado el interés individual y patrimonial de sus titulares sino también el de la sociedad en su conjunto, pues por su intermedio se canalizan productos o servicios que contribuyen decididamente a constituir el acervo cultural y la identidad de nuestra Nación.

Por tanto, atentos a la trascendencia social de los valores involucrados, resulta indudableque el Estado debe tener un especial interés en la actividad de la industria cinematográfica y, por lo tanto, deben reconocérsele amplias facultades en materia de regulación para garantizar su tutela.

Esencialmente, si se considera que la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad económica, conducen a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de un constante “bombardeo” de sus productos sobre las naciones menos desarrolladas, favorecen la unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales.

Ante este fenómeno, que no es meramente potencial, sino real y concreto, el Estado no puede aparecer como un mero garante de las reglas de juego para los actores privados sino que, necesariamente deberá asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y efectivamente de los bienes y servicios culturales.

En estas condiciones, es evidente que no basta con el estímulo fiscal establecido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, si no se legislan también medidas que den presencia y permanencia a las películas mexicanas en las pantallas nacionales, de nada sirve que una política pública ayude a filmar si se mantiene la hegemonía desmedida de la producción norteamericana.

De nada sirve fomentar la producción cinematográfica si luego no se le protege en la exhibición. El sistema de comercialización que distribuye las películas norteamericanas tiene una política excesivamente agresiva, con metas explícitas para copar las pantallas. Estrenan con una cantidad masiva de copias, tapan las salidas (muy pocos títulos, muchas copias) y sobre la base de una alianza explícita con las empresas de las multipantallas.

Lo reitero, actualmente el cine nacional se desarrolla en condiciones de absoluta inequidad, condiciones reales que impiden una verdadera competencia; esto es así, básicamente, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las denominadas majors que controlan y dominan los mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, ahogan el libre mercado a favor de las producciones norteamericanas a través de verdaderas prácticas monopólicas.

En este contexto, resulta absolutamente justificado reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.

La finalidad de la cuota de pantalla es facilitar el estreno de todos los títulos de películas mexicanas.

No obstante, si la reforma sólo quedara en establecer la cuota de pantalla, indudablemente que se dejaría abierta la posibilidad de sacar a las películas mexicanas de las pantallas en un corto tiempo de exhibición, por la presión de los títulos de las grandes distribuidoras de Hollywood.

Para compensar esta debilidad, resulta pertinente igualmente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía para establecer, como medida de continuidad, que toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.

Toda vez que conforme al vigente segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, se concede sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como estreno, plazo que sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se quiera, es aceptada por el público; habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que están acostumbradas las producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, como se le hace a nuestro cine.

Se establecerían así en la legislación dos herramientas que se complementan para la protección del cine mexicano a los efectos de asegurar una mínima cantidad de pantallas para la producción cinematográfica nacional: obligatoriedad de exhibición en la cuota de pantalla e imposibilidad de levantar el filme por un periodo de tres semanas, como medida de continuidad.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para establecer una cuota de pantalla del veinte por ciento del tiempo total de exhibición y un tiempo de permanencia no inferior a tres semanas en favor de películas nacionales.

Artículo Unico.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículos 19 de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Artículo 19.- Los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana" del Senado de la República y por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACION MEXICANA" DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, LAS PALABRAS "CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813”

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa, compañeros y compañeras Senadoras, tiene la finalidad de iniciar una conmemoración, que desde mi estado, el estado de Guerrero, desde las tierras del sur del país, parece importante iniciar con miras a los 200 años de la celebración de los Sentimientos de la Nación.

Me permito hacerlo frente a ustedes el día de hoy, pues estamos a tan sólo dos días de que se celebren, el próximo 13 de septiembre, los 199 años de que José María Morelos, allí, en Chilpancingo, planteara una visión de una nación emergente, de un país naciente, diferente a todo lo que había sido en su historia, una nación que fuera libre y que fuera soberana.

Y nos parece importante presentar esta conformación de una medalla que logre celebrar, por parte del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, entre el Senado de la República y la Cámara de los Diputados; y que permita poner en el centro de la discusión, no solamente aquellas personas, hombres o mujeres que han aportado a la vida constitucional del país a través de una medalla que se llame "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana" y que se ponga en letras de oro en el muro de honor, allí en San Lázaro, precisamente la conmemoración de este Congreso, sino que arranquemos una profunda discusión sobre lo que es nuestra Constitución.

Que arranquemos una revisión puntual sobre lo que en estos años han significado esos Sentimientos de la Nación, que hoy siguen vivos, pero que hoy siguen pendientes y que están latentes para una nación que no logra consolidarse todavía.

Esperamos que esta medalla logre poner una discusión de fondo, que estoy convencido, estamos convocados las legisladoras y los legisladores de la LXII Legislatura.

Qué es lo que ha ocurrido con lo que planteó José María Morelos hace ya casi 200 años, cuando en el artículo 4o., señalaba que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarlo en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad.

Me parece que es una reflexión importante que hay que hacernos en este inicio de legislatura. En un inicio de legislatura que tiene pendiente pensar cómo un país como México, con 115 millones de hombres y mujeres que viven en él, se conforta con tener casi 52 millones de personas, hombres y mujeres, que viven la pobreza.

Cómo los que estamos aquí en el Senado representando el Pacto Federal, nos conformamos con que año con año sigamos apareciendo entre los primeros países que más aportan a la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. Y que algunos incluso se lleguen a vanagloriar de que tenemos al personaje que mayor riqueza tiene en todo el globo terráqueo.

Pensarlo, es remontarnos hace precisamente 200 años. Hace 200 años, aquellos primeros hombres que pensaron a la nación independiente, aquellos de los cuales, este Senado de esta LXII Legislatura, planteaban, y bien lo decía Morelos: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto...”.

52 millones de pobres. El 80 por ciento de la riqueza nacional del Producto Interno Bruto concentrada tan sólo en el 20 por ciento de la población, mientras que el otro 80 por ciento tan sólo puede gozar del 20 por ciento de los ingresos.

Son 200 años, que como nación libre e independiente no hemos logrado hacer realidad esto.

Y me parece importante decirlo desde el sur. Porque no tan sólo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas hoy los que representan esa pobreza lacerante. Hoy el sur no solamente tiene una geografía y no solamente tiene una ubicación en una parte del territorio específica del país. Hoy la pobreza, y hoy es indigencia, se vive en la zona huichol, la zacatecana. Hoy se vive en las partes más intrincadas de Ciudad Juárez y hoy se vive también en la parte de la Sierra Potosina.

Esa pobreza y esa indigencia de la cual hablaba Morelos, hoy sigue siendo el reto nacional.

Y hoy sigue siendo una necesidad de que este Congreso, que estas Senadoras y estos Senadores que estamos aquí, pensemos en la patria nuevamente, que aprovechemos ese legado histórico para celebrar y para conmemorar. Por eso se plantea esta medalla como la máxima presea que pueda dar la República desde su Poder Legislativo.

Pero es la oportunidad para repensar lo que tenemos qué hacer en las grandes transformaciones cuando se plantea por parte de José María Morelos que hay que abatir la ignorancia.

Nos ha tocado escuchar de reformas estructurales que van y vienen, que patinan desde hace 25 años y que no logran trascender y que tan sólo nos siguen llevando a un país que no crece más del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto. “Abatir la ignorancia”, dijo hace 200 años Morelos.

Y tenemos un sistema educativo en el cual de cada cien personas que entran a la educación primaria, solamente 10 terminan la Licenciatura. Pero eso sí, tenemos casi a 22 mil personas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que son comisionados. Y que en el primer trimestre para este año reportaron casi 855 millones de pesos que fueron ingresados.

Hay que recordar a Morelos y hay que recordar a los Sentimientos de la Nación, compañeras y compañeros. Pero me parece que ésta es la oportunidad de pensar los grandes retos que tenemos frente a nosotros.

Las grandes reformas estructurales verdaderas que le den resultados a ese planteamiento de hace 200 años. Abatir la ignorancia.

Vamos por una profunda reforma educativa, pero vamos entrándole a fondo. Más allá del discurso político, más allá de las posiciones de los partidos y de las fuerzas parlamentarias, hagamos que este país crezca para que verdaderamente pueda ser un país igualitario como se soñó en los Sentimientos de la Nación.

Vayamos a una reforma en materia de monopolios. Hagamos que nuestra economía sea verdaderamente una economía de mercado y no solamente seguir beneficiando unos cuantos grupos que lo que siguen haciendo es tomando la sangre y la sabia vital de nuestra querida economía y nuestro querido país.

Y cumplamos con el planteamiento, con la propuesta de Morelos, que la soberanía recaiga en el Congreso, que la soberanía recaiga en el pueblo.

En este Senado, compañeros y compañeras, hagamos que no sean unos cuantos esos que hoy son los dueños del poder, esos que hoy son los dueños del país, que no tomen las decisiones por quienes hoy representamos a ese pueblo y representamos esa soberanía.

Yo los invito, compañeros y compañeras, a que una vez que se instalen esas comisiones, se revise esta iniciativa. Que pueda ser la máxima presea que entregue el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que pongamos en letras de oro ese primer Congreso de Anáhuac para darnos la identidad y el lugar histórico que nos corresponde.

Hoy, a casi 200 años de esos Sentimientos de la Nación, desde Guerrero, desde el sur del país, desde ese sur cuya geografía está en cada uno de los rincones del territorio nacional, los invito a que estemos a la altura de la historia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quien suscribe, Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACION MEXICANA” DEL SENADO DE LA REPUBLICA YPOR LA QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, LAS PALABRAS “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la instalación del Congreso de Anáhuac, así como del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. En estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento constitucional del nuevo Estado Mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América Septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el principio de la Soberanía popular estipulando que ésta dimana del Pueblo y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Congreso de Anáhuac sienta las bases ideológicas del constitucionalismo y los cimientos del político del Estado mexicano.

El aporte de los pueblos del Sur a esta memorable gesta todavía no ha sido suficientemente reconocido y valorado, la Nación tiene una deuda histórica con la entidad suriana sumida en extrema pobreza comparable con la que se vive en ciertos lugares de África, lo cual es lamentable ya que si bien es cierto que la Patria nació en Dolores, también lo es que creció y se desarrolló en el Sur. Si atendemos a lo dicho por Ignacio Manuel Altamirano, simple y sencillamente: el Sur es México. Sin embargo, si hacemosuna justa valoración, nos damos cuenta de que las necesidades del México de ayer, siguen siendo las necesidades del México de hoy, aún cuando estamos en los albores del siglo XXI las condiciones de desigualdad social, las distribución inequitativa de la riqueza, la centralización de los recursos, el desempleo, la falta de acceso a la educación a los jóvenes y la violación a los derechos humanos, son problemáticas que, lejos de resolverse se agudizan.

En este escenario, el sentir de la nación cobra mayor fuerza y vigor y obliga a replantear el destino de una nueva agenda política nacional dotada sobre todo, de una elevada sensibilidad social que retome lo mejor de los postulados independentista, para proyectar una futuro progresista para la Nación. Valores como: Que los empleos sólo los americanos los obtengan; si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha; Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto; Que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y oída a pluralidad de votos; Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud; Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando pena a los infractores; Que en la nueva legislación no se admita la tortura; Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian; son sólo algunos que se deben retomar, no sólo para dotar de un ideal humanista el proyecto de Nación moderna, sino para replantearnos nuestra posición en el contexto de las relaciones internacionales.

La presente iniciativa retoma la manifestación de diversas organizaciones de historiadores, académicos, sociedad civil y de la misma clase política del Estado de Guerrero que solicitan con tiempo a las autoridades locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional. Dentro de las voces que exigen nuestro apoyo esta la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la fundación Guerrero Cultural Siglo XXI,el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. S. C., la Sociedad Guerrerense de Baja California, la asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano y Atoyac de Álvarez el Club Rotario de Chilpancingo y las asociaciones Comprometidos con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. Existen sin duda propuestas en el Congreso de la Unión emanadas de legisladores y del Congreso de local de Guerrero, este proyecto se suma para contribuir desde el Senado de la República a los festejos de los 200 años del Congreso de Anáhuac.

Actualmente el congreso local del estado de Guerrero otorga anualmente el 13 de septiembre de cada año, en el marco de los festejos del Congreso de Anáhuac, una presea de plata a nacionales o extranjeros que se hayan distinguido por su cercanía a los principios del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, como son: la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos, y en general con los más altos valores de la humanidad. Este acto cívico se instituyó por decreto número 71, de fecha 26 de junio de 1997, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de julio del citado año. La legislatura local ha envestido con la presea a personalidades como Adolfo Suárez González, Ex presidente del Gobierno Español, Hortensia Bussi Viuda de Allende, y para este año, se aprobó la entrega de dicha presea al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su contribución a la vida democrática de nuestro país.

El Senado de la República tiene la oportunidad histórica de reivindicar los ideales de los precursores de los ideales que establecieron el gran pacto social plasmado en los Sentimientos de la Nación proclamados por el General José María Morelos y Pavón. Hoy más que nunca donde el tejido social se desvanece bajo el yugo de males endémicos como el hambre, la pobreza y la inseguridad, la nación necesita reinventarse y saldar deudas históricas con estados donde prevale las injusticias sociales que buscaban superarse, tal es el caso del estado de Guerrero, donde fue la génesis de la independencia de nuestra nación, y del parlamento mexicano, reclama de la nación una cita con la historia nacional para reclamar lo que a derecho legítimo fue su aportación al Estado, pero también demandar la atención de su integración al desarrollo nacional, que ofrezca las mismas condiciones de infraestructura social, empleo y salud que el resto de la república, hoy el pueblo de Guerrero tomando los ideales discutidos el 14 de septiembre de 1813 demanda el reconocimiento y el reconocimiento de una deuda histórica de la nación con el desarrollo estatal.

Estas ideas serán motivo de reflexión en el trascurso de los próximos meses, donde el Congreso, especialmente el Senado de la República, garante del pacto federal, deberá tener como prioridad de las políticas públicas un tratamiento diferenciado que atienda la pobreza y marginación que se vive en el estado de Guerrero.

En tal sentido, proponemos que la instauración de la Medalla CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813” del Senado de la República en honor a todo hombre o mujer que se hayan distinguido por sus contribuciones al constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac de 1813 y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, una medalla de oro, circundada de laureles y pendientes de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Cámara de Senadores-. En el anverso de la misma será grabada la efigie del General José María Morelos y Pavón, en medio de la inscripción: “Congreso de Anáhuac de 1813, Sentimientos de la Nación,”.

Es tiempo de reencontrar al Congreso de la Unión con los orígenes delconstitucionalismo mexicano que está depositada la esencia misma de los ideales de los legisladores del Congreso de Anáhuac de 1813, estamos ante la oportunidad de rendir un reconocimiento a dos siglos de historia nacional. Y dentro de las distintas actividades por realizar, propongo un segundo decreto que propone que dentro de los actos cívicos de los 200 años del primer constituyente de la nación mexicana, el Congreso de la Unión está obligado a inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras "Congreso de Anáhuac de 1813”, en honor a los padres del constituyente mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO PARA QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR “SENTIMIENTOS DE LA NACION” DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO.- Se expide el Decreto por el cual se crea la Medalla de Honor “Sentimientos de la Nación” del Senado de la República para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813” del Senado de la República, en reconocimiento a los hombres y mujeres mexicanos que por su labor hayan contribuido al fortalecimiento de constitucionalismo mexicano.

Artículo 2. La Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813” constará del diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello y en la que luzca el tricolor nacional; y la efigie del General José María Morelos y Pavón y la fecha de entrega grabada en el anverso.

Artículo 3. La Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813” del Senado de la República se otorgará, en cada caso, por acuerdo tomado en sesión pública por esta Cámara, previo el dictamen de la Comisión Medalla Sentimientos de la Nación y la discusión de los méritos de los candidatos o candidatas que pueden ser propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, integrantes del Poder Legislativo Federal, las Legislaturas de los Estados, universidades y centros de investigación del país, organizaciones sociales o entidades e instituciones vinculadas con el fortalecimiento del constitucionalismo mexicano.

Artículo 4. La Medalla será otorgada en la sesión solemne que celebre la Cámara de Senadores para tal efecto.

ARTICULO SEGUNDO.- Se expide el Reglamento de la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813” quedando como sigue:

Artículo 1. La Medalla de Honor Congreso de Anáhuac de 1813” del Senado de la República comprende un solo grado.

Artículo 2.La Medalla de Honor Congreso de Anáhuac de 1813” del Senado de la República se otorgará a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por sus contribuciones al constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Sentimientos de la Nación del General José María Morelos y Pavón de 1813.

Artículo 3. La insignia tendrá las siguientes características: Medalla de oro, circundada de laureles y pendientes de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Cámara de Senadores-. En el anverso de la misma será grabada la efigie del General José María Morelos y Pavón, en medio de la inscripción: “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Artículo 4. La Medalla de Honor Congreso de Anáhuac de 1813” del Senado de la República, así como el Diploma respectivo, serán impuestos y entregados en la Sesión Solemne que celebre la Cámara de Senadores para tal efecto.

Artículo 5. La elaboración de la Orden del día de la Sesión Solemne correrá a cargo de la Mesa Directiva del Senado de la República en acuerdo con los integrantes de la Comisión Sentimientos de la Nación.

Artículo 6. El despacho de los asuntos relativos a la Medalla de Honor Congreso de Anáhuac de 1813” estará a cargo de la Comisión respectiva del Senado de la República. La Comisión estará encargada de llevar en los libros correspondientes el registro, las actas y el archivo de las personas condecoradas.

Artículo 7. El Senado de la República convocará con oportunidad a la Presidencia de la República, la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobiernos y Legislaturas Locales, Periódicos y Revistas, Organizaciones Sociales, Sociedades Científicas y demás instituciones y entidades vinculadas con el constitucionalismo mexicano a presentar a sus candidatos para recibir la Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813".

Artículo 8. El registro de postulaciones podrá efectuarse hasta 30 días naturales previos al otorgamiento de la Medalla.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción XXXI al artículo 90 y un artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. al XXX. …

XXXI. Medalla Congreso de Anáhuac de 1813.

Artículo 100 bis.

1. De acuerdo con el decreto que crea la medalla de honor “Congreso de Anáhuac de 1813”del Senado de la República y su Reglamento, la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne, cuando corresponda, para otorgarla al ciudadano o ciudadana que haya sido seleccionado mediante un dictamen de la Comisión Sentimientos de la Nación.

2. A la sesión solemne se invitará al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Gobernador y Presidente del Congreso Local del Estado de Guerrero, los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO CUARTO.- Se reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 56, el numeral 1 del artículo 118 y la fracción III del numeral 1 del artículo 231, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 56

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para:

I.

II.

III.

IV. Imponer las Medallas de Honor Belisario Domínguez y Congreso de Anáhuac de 1813.

Artículo 118

1. Las comisiones Jurisdiccional, de la Medalla Belisario Domínguez, Congreso de Anáhuac de 1813 y la de Límites de las Entidades Federativas, se rigen por la ley, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables para cada una de ellas.

Artículo 231

1. Son también procedimientos especiales en el Senado los que se refieren a las siguientes funciones:

I. ..

II.

III. Otorgar e imponer las Medallas Belisario Domínguez y Congreso de Anáhuac de 1813, conforme al artículo 100 de la Ley;

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

ARTICULO QUINTO.- Por la que se inscribe con Letras de Oro en el muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813,Primer Constituyente de la Nación Mexicana”,para quedar como sigue:

Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Primero. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Segundo. Celébrese una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la Sesión Solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el Artículo Primero de este Decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Armando Ríos Piter

Senador por el estado de Guerrero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Ríos Piter. Los artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO del proyecto, se turnarán a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos del Senado, y el QUINTO de estos artículos se turnará a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para solicitarle al compañero Senador, que pueda incorporarme a su propuesta, toda vez que el estado de Michoacán es cuna del generalísimo Morelos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se toma nota, Senadora Pineda Gochi.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 42 Y UN NUMERAL 3 AL ARTICULO 48 DEL ESTATUTO PARA LOS SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

México ha dado grandes pasos en el camino hacia la institucionalización de la perspectiva de género, dan cuenta de ello la creación de las Comisiones Legislativas de Equidad y Género en ambas Cámaras, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y su réplica en los estados de la República, la aprobación de diversas leyes en el tema, entre las que se encuentran la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entre otros muchos esfuerzos de carácter legislativo. Sin embargo, es importante decir que todos estos esfuerzos aún son insuficientes para atender las obligaciones que tiene México en esta materia.

La incorporación de la perspectiva de género es una obligación para el Estado mexicano atendiendo a lo mandatado por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y representa a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, una obligación en aras de cumplimiento de la protección de los derechos humanos de las mujeres.

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido un camino largo y con muchas dificultades, que lentamente han sido derribadas, pero también es un camino que no se ha terminado de recorrer.

Según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, para el año 2010, 5.6 de cada cien hombres no sabían leer ni escribir, en comparación con 8.1 de cada cien mujeres.

Según este mismo Instituto, para lograr la equidad salarial habría que incrementar en promedio 8.2 por ciento el salario de las mujeres en México para que fuera igual al de hombre. Ese índice no es generalizado, hay sectores como por ejemplo entre los funcionarios públicos y gerentes del sector privado, donde la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es de 25.6 por ciento.

La igualdad entre hombres y mujeres es un tema que atañe a la sociedad en su conjunto, incluyendo en ésta a todos los órganos de gobierno e instituciones del Estado, la equidad de género es un tópico de derechos fundamentales y, por lo tanto, su estudio debe de ser prioritario para la Cámara de Senadores. La potenciación de la igualdad de género como derecho fundamental constituye uno de los requisitos mínimos que un Estado debe cumplir para trascender de una simple democracia formal a una democracia de calidad.

La creación de institutos o centros de investigación especializados, fortalece a las instituciones al proveerlas de una estructura permanente y profesional que genere información, de manera constante y confiable, bajo lineamientos y métodos científicos. Para un órgano de representación popular como ésta Cámara, es crucial contar con información objetiva, imparcial y oportuna sobre los temas prioritarios, como lo es la equidad de género.

La Cámara de Senadores no cuenta aún con un órgano técnico especializado en el apoyo y asesoramiento a las Senadoras y Senadores, para que sus trabajos legislativos sean enriquecidos por estudios serios sobre el tema, y así se incluya una perspectiva integral de género en todas las actividades senatoriales.

El Instituto Belisario Domínguez cuenta con una Dirección General de Estudios Legislativos de Investigaciones Sociales, en la cual se incluye de manera muy genérica, entre otras muchas líneas de investigación, el tema de equidad de género, no obstante este Instituto no realiza investigación exhaustiva en el tema de perspectiva de género, ni cuenta con la capacidad estructural para llevar a cabo un análisis completo de esta realidad en nuestro país.

La Cámara de Senadores no puede quedar rezagada en materia de investigación de equidad y género, por ello con fundamento en el artículo 302, numeral 1 del Reglamento de esta Cámara, solicito a la Mesa Directiva del Senado de la República, proponga al Pleno de esta Soberanía la reforma al Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, a efecto de adicionar un inciso e) a la fracción II del artículo 42 y un numeral 3 al artículo 48, con el fin de crear dentro del mismo Instituto una Dirección General de Estudios Legislativos para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

La idea de crear esta dirección atiende a la imperiosa necesidad de contar en el Senado con un órgano suficientemente fuerte para incidir en todo el Proceso Legislativo, aportando desde los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género investigaciones que abonen la transformación de las normas que impactan directamente la vida de las y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Con fundamento en lo dispuesto en artículo 302 del Reglamento del Senado, el documento queda para su análisis en poder de la Mesa Directiva.

Por acuerdo de los grupos parlamentarios, y en virtud de que la proposición la respaldan representantes de los cinco grupos parlamentarios, se concede la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su condena al asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza, perpetrado por la patrulla fronteriza.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Senadores:

En un caso más de brutalidad policiaca y uso desproporcionado de la fuerza, el 3 de septiembre pasado agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, desde territorio estadounidense, perteneciente a Laredo, dispararon contra Guillermo Arévalo Pedraza, que se encontraba en la división pluvial entre México y Estados Unidos, concretamente en el área circundante a Nuevo Laredo.

El gobierno de México expresó su enérgico rechazo al uso desproporcionado de la fuerza en el ejercicio de sus funciones de control migratorio, y afirmó, en voz del Presidente de la República, que se emprendería una investigación para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

El Senado de la República debe de elevar una enérgica protesta ante lo que ya resulta un patrón de violencia reiterada por parte de la patrulla fronteriza en contra de nuestros connacionales. Si bien los agentes estadounidenses han venido argumentando la legítima defensa para justificar el abrir fuego contra algunos mexicanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer una investigación seria, imparcial y efectiva para determinar la razón de este incremento exponencial de violencia.

A pesar de los mecanismos de diálogo y cooperación fronteriza entre ambos países, concretamente el Comité Ejecutivo Bilateral sobre Administración de la Frontera, estamos en presencia de una nueva y grave violación por parte de la patrulla fronteriza de los acuerdos a los que ambos gobiernos han llegado para prevenir actos de esta naturaleza.

En los últimos casos sobre el particular, hemos sido testigos de la impunidad y de la manera en que las autoridades estadounidenses deciden no presentar cargos contra quienes resultan culpables, como ejemplo están los casos de Sergio Adrián Hernández Güereca y Anastasio Hernández Rojas, asesinados en 2010, y los de Ramsés Barrón, Carlos Lamadrid y José Alfredo Yáñez Reyes, asesinados en 2011.

Acontecimientos como estos merman considerablemente la solidaridad de nuestros lazos bilaterales y la confianza mutua sobre la que se edifica buena parte de diálogo y cooperación fronteriza con los Estados Unidos.

¿Realmente un trabajador que festeja con su familia el cumpleaños de una hija, puede ser considerado una amenaza a la seguridad nacional de ese país? ¿Acaso no es violatorio de un principio básico de humanidad y de uso racional de la fuerza responder a una piedra, además inexistente como se ha podido ver en el video, con una bala?

¿Es así como se construye una relación de cooperación y respeto entre países vecinos y socios estratégicos? Es menester, por tanto, que el Senado de la República se una a la exigencia de una investigación puntual sobre estos hechos por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Y también se emprendan una serie de acciones para cambiar el estado de cosas que han hecho posible estos inmisericordes asesinatos, como otorgar la mayor prioridad a este tema en la agenda de diálogo de la próxima Reunión Interparlamentaria México–Estados Unidos.

Por todo lo aquí expuesto, se presenta a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se condena el artero asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir brindando apoyo jurídico a los familiares de Guillermo Arévalo Pedraza con el fin de llevar los procesos penales hasta sus últimas consecuencias.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente, o de los agentes, que resulten responsables del asesinato.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, explorando vías adicionales en los ámbitos bilateral y multilateral, así como todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

Quinto. Se exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar, a través de los canales propios de la diplomacia parlamentaria, al Senado de los Estados Unidos América, revisar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza en concordancia al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, para evitar que estos lamentables acontecimientos vuelvan a ocurrir.

Sexto. Se pide que se resuelva enviar el texto íntegro de esta proposición a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y se pronuncia al respecto de otorgar la mayor prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2012

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Rojas Hernández. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Hablar de los abusos de la patrulla fronteriza es como hablar de un hecho muy recurrente, cuántos casos más para pedir justicia, quizás discursos, comentarios de la Canciller del gobierno mexicano en el extranjero, y después, nada. Yo creo que ya es el momento que hagamos valer los acuerdos, las convenciones que con este propósito se han hecho.

Es increíble cómo el responsable, el vocero de la patrulla fronteriza tardó para admitir lo que había pasado, que perseguían a alguien que regresaba a territorio mexicano, y admitió el señor Bill Brooks que sí dispararon, pero no saben a quién le pegaron.

Qué increíble, qué falta de sensibilidad, pero lo más aberrante es el estado de cosas del gobierno mexicano, del Estado mexicano.

Hay toda una filmación, que siendo una fiesta familiar, terminó en el peor de los desenlaces y atropello del que hemos sido víctimas todo el tiempo por parte de Estados Unidos.

Yo estoy aquí, pidiéndole, así como Estados Unidos hace unos días exigió al gobierno mexicano le entregara a una persona de origen extranjero, que solamente presupone cosas, inmediatamente el gobierno mexicano lo entregó; nosotros haciendo uso de lo que dice el 4o. constitucional, nosotros también pedimos que quien fue el que cometió el abuso en contra de este hombre, del señor Guillermo Arévalo, venga y sea juzgado por las autoridades mexicanas.

Me parece que ya está, me parece ya de rutina un formato donde solamente se repudia el asesinato.

México no le ha regateado a Estados Unidos la entrega de presuntos narcotraficantes, de hombres o mujeres que han cometido ilícitos en territorio norteamericano.

Igualmente, nosotros requerimos que el caso de Guillermo Arévalo no quede igual como cientos de casos de víctimas que han sufrido, que han dejado su vida, que han sido asesinados por la patrulla fronteriza.

Yo espero que este Senado se pronuncie, y de veras veamos la efectividad de la voz del rechazo, del repudio, y no de manera tibia como hasta hoy la Canciller se ha expresado, solamente un mensaje en donde solamente se le corrige el nombre y se repite una y otra vez el repudio, y hasta ahí las cosas.

Es momento de hacer valer los derechos de las y los mexicanos consagrados en nuestra Constitución.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales. ¿Con qué objeto, Senador?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente, era para hacerle una pregunta a la oradora, si la aceptaba, ya se nos fue, pero bueno, mi duda es la siguiente:

No me quedó claro si nuestra compañera Senadora está proponiendo una modificación al Acuerdo con algo adicional o se quedaría en los términos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: No ha lugar a su pregunta, Senador Pablo Escudero; la oradora ya no está.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Bueno, señor Presidente, le pediría que estén más atentos en Servicios Parlamentarios, llevo levantando la mano cinco minutos, le pediría que estén más atentos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Como no, estaremos atentos. Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum Bajo

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Deseo mencionar que nosotros en nuestro grupo parlamentario del PRI, nos sumamos a la propuesta hecha por la Diputada Angélica Rojas, de hecho nosotros traíamos una iniciativa, solamente la sumamos en este repudio, en esta explicación de cosas, sí nos sumamos, por supuesto que sí; lo único que estamos pidiendo es que igualmente como Estados Unidos exige respeto en territorio mexicano, nosotros también exigimos que sean respetados nuestros connacionales.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, SenadoraGastélum Bajo.

Tiene el uso de la voz el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

De igual forma, un servidor en nombre del grupo parlamentario del PRD, registramos en el Orden del Día de esta sesión este tema muy delicado, y coincidimos con las dos Senadoras de sumar los puntos de Acuerdo para presentar en un solo momento y de urgente y obvia resolución, y por supuesto que estamos a favor, a la luz de los siguientes términos, el posicionamiento del PRD es el siguiente:

El pasado lunes 3 de septiembre de 2012, mientras celebraba con su familia el cumpleaños de su hija, Guillermo Arévalo Pedraza, de 36 años, fue asesinado por los oficiales de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, de hecho hay pruebas, declaraciones de testigos presentes, así como un video que actualmente circula ya en varios medios de comunicación.

Este artero crimen ocurrido en la rivera del Río Bravo fue presenciado por muchos ciudadanos que al igual que el hoy occiso disfrutaban de una tarde con sus familias y amigos.

El abuso de los oficiales estadounidenses es claro y evidente. Después de patrullar el río a bordo de una lancha, deciden abrir fuego de manera indiscriminada contra civiles mexicanos desarmados que se encontraban en territorio nacional.

Días después, a través de un breve comunicado, la patrulla fronteriza admite que 3 de sus agentes dispararon, según ellos, tras ser atacados. Afirman agentes suyos asignados a la unidad de marina haber descargado un arma al ser sometidos a rocas lanzadas contra ellos desde el lado mexicano.

En el texto de un solo párrafo, la corporación americana no hace ninguna mención a que los disparos hubieran podido alcanzar a una persona y darle muerte de lado mexicano.

En el video se aprecia que en ningún momento los agentes de la patrulla fronteriza son objeto de agresión alguna, y más bien, son ellos los que en una actitud provocadora interrumpen la tranquilidad de los ciudadanos que en territorio mexicano celebraban con sus familias.

El argumento de las autoridades estadounidenses de que fueron agredidos con piedras parece ser ya parte de un discurso oficial que se maneja siempre que hay abusos por parte de sus oficiales.

Recordemos que apenas el pasado 7 de julio, en la frontera de Brownsville, Texas, un incidente similar ocurrió en relación al cual el pasado 17 de julio, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Juan Pablo Santillán a manos de la patrulla fronteriza en las inmediaciones del Puente Internacional “Los Tomates-Veterans”.

El hecho de que la patrulla fronteriza sea agredida con piedras, situación que en el asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza claramente no sucedió como lo avala el video, que es ya del conocimiento de la opinión pública, no justifica de ninguna manera el uso desproporcionado de fuerza letal contra mexicanos que se encuentran en territorio nacional.

Es claro que existe un alevoso patrón de conducta por parte de esta gente estadounidense, una prepotencia e impunidad que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en la frontera, que lesionan la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países.

Sin embargo, al gobierno de Estados Unidos parece no preocuparle esto.

Compañeras y compañeros Senadores, esta situación no puede continuar así. La xenofobia manifestada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, así como el absoluto desdén hacia los derechos humanos de nuestros migrantes, está adoptando una nueva modalidad, una mucho más ominosa y de por más agraviante. Ahora los agentes de ese país están asesinando a compatriotas nuestros en territorio mexicano sin ninguna justificación.

Guillermo Arévalo Pedraza fue asesinado de un balazo en el pecho mientras convivía con su familia celebrando una fiesta familiar. Ante esto no cabe ningún argumento legal que justifique el uso razonable de la fuerza o un acto de autodefensa. De igual manera carece de sustento cualquier mención a los protocolos o políticas de la corporación estadounidense.

Queda claro que la patrulla fronteriza viola los derechos esenciales de los mexicanos actuando fuera del marco legal que contemplan diversos acuerdos y protocolos bilaterales en materia de violencia fronteriza.

Se trata, pues, de un hecho inaceptable más que de una ya muy larga lista.

Ante esto resulta imperativo exigirle al gobierno de Estados Unidos el pronto esclarecimiento de los hechos y la plena implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos sobre la prevención de violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención de violencia fronteriza.

Por eso, por lo que exponemos aquí, nos sumamos al punto de Acuerdo y exigimos que este asesinato artero llegue hasta las últimas consecuencias en los puntos que ha dado lectura hace un rato nuestra compañera Senadora del grupo parlamentario de Acción Nacional. Es la postura del grupo parlamentario del PRD.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Se concede el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, gracias a mi coordinador y saludo a la Asamblea.

Es muy importante que tomemos en cuenta que si bien se ha perdido una vida, que si bien un compañero más ha muerto como víctima de esas balas asesinas de la Border Patrol, también hagamos un ejercicio de autocrítica. Estos seres humanos que cruzan kilómetros y kilómetros de territorio, exponiéndose a todos los riesgos, a todos los peligros y que inclusive llegan a ser víctimas de sobajamientos y agresiones peores que los de la Border Patrol, tiene como consecuencia las malas políticas de desarrollo social de este país.

Es frívolo, es ocioso culpar única y exclusivamente a un corporativo policiaco que sigue códigos, que es asesino, que es altamente mortal, pero que representa a un país y que sobre todo da seguimiento a un reglamento interno.

Es el interés de mis compañeros de la bancada del PT sumarnos a este punto de Acuerdo, exigir al gobierno de los Estados Unidos que respete a los mexicanos en el exterior, sea cual sea su estatus migratorio.

Pero eso sería lo de siempre si no observamos las causas por las cuales estos seres humanos se desplazan hacia los Estados Unidos corriendo todos los riesgos. Esto también sería inoperante si no observamos que en la política migratoria mexicana llegamos a ser mucho más crueles con los compañeros centroamericanos que ingresan a nuestro territorio.

Hay que recordar, por ejemplo, aquellas escenas de las tumbas de San Fernando donde los contamos por decenas, cadáveres por descenso.

Es muy importante que en esto prive la autocrítica, es muy importante que en esto observemos que se trata de personas que no encontraron en sus comunidades los mínimos de bienestar, que no encontraron salud, que no encontraron educación, que no encontraron una forma de trabajo honesto.

Es también muy sencillo, desde el centro del país, apremiar a un gobierno para que respete los derechos de los nuestros cuando desde este punto del país tenemos total y absolutamente olvidados a los estados de la frontera norte, fronterizo como soy de nacimiento, fronterizo como es que vivo en una gran frontera, me he encontrado con decisiones aberrantes, que afectan la economía y los intereses de los estados fronterizos que muchas veces tienen que albergar a estos mexicanos que en su búsqueda por ingresar al territorio de los Estados Unidos han de permanecer en los territorios de los estados fronterizos del norte.

Es muy importante establecer que la bancada a la cual represento en este momento, se suma totalmente porque se trata de un ser humano, se trata de uno de muchos mexicanos que han sido víctimas de estas prácticas letales de la Border Patrol o la patrulla fronteriza, como se le quiera llamar, pero es importante que demos aquí el testimonio y la presencia de un ejercicio de autocrítica, para retirarme, yo quiero que comparemos el trato que la Border Patrol le da a los mexicanos, a nuestros compañeros en su territorio y el trato inhumano, yo diría prácticamente sujeto al trato que se le podría dar a un animal que nosotros le conferimos a los compañeros centroamericanos que llegan a nuestro territorio.

Esto es, total adhesión al punto de Acuerdo, pero que quede aquí el ejercicio de autocrítica por lo mucho que nosotros ofendemos a los compañeros que vienen del sur.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Blásquez Salinas. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar en el Senado de la República.

- El C. Senador Héctor Yunes Landa: Gracias, señor Presidente.

Un servidor, Senador por el estado de Veracruz, integrante del grupo parlamentario del PRI, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El campo mexicano sufre abandono y mucha pobreza, cuando paradójicamente es generador de enorme riqueza.

Según el CONEVAL, dos de cada tres mexicanos del medio rural viven en pobreza, y uno de cada tres, tienen un ingreso por debajo de la línea del bienestar mínimo.

Esto explica porque el campo que debe alimentar a México, ofrece a sus familias rurales hambre, 34 por ciento de los mexicanos en situación de pobreza alimentaria residen precisamente en el campo.

Es tal la importancia de nuestra agroindustria azucarera, que de ella depende, en buena parte, la economía de quince entidades federativas: casi la mitad de la República. Emplea de manera directa e indirecta 2 millones 660 mil personas e incide en el bienestar de casi 10 millones de mexicanos. Contribuye además con medio punto del Producto Interno Bruto Nacional, 11.6 por ciento del PIB del sector primario y con el 2.5 por ciento del PIB manufacturero.

De los 57 ingenios azucareros en México, 22 se encuentran en mi entidad, en el estado de Veracruz, tres de los cuales, por cierto, no se encuentran actualmente en operación, a pesar de ello, en la entidad veracruzana se genera el 50 por ciento del total de los empleos de ese sector y al menos el 40 por ciento de la producción nacional del endulzante; de ahí el particular interés de los legisladores federales veracruzanos que hemos demostrado por dar continuidad a los esfuerzos realizados en las Comisiones Especiales de la Industria Azucarera creadas en anteriores legislaturas de las dos Cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

Diversos temas azucareros demandarán la atención del Senado de la República, entre ellos: la agravante importación de azúcar; la incidencia de políticas públicas en la cadena de valor como el precio de combustibles y fertilizantes; los cuestionamientos sobre el manejo y proceso de enajenación de los 9 ingenios azucareros aún bajo la administración del gobierno federal, de los cuales 5 precisamente están en el estado de Veracruz; también la vinculación entre la agroindustria azucarera y el impostergable cuidado del medio ambiente; mayor acceso a la investigación y transferencia de tecnología; más financiamiento para inversión productiva e infraestructura; así como el seguimiento al comportamiento de los mercados interno y externo de edulcorantes en función de la liberación arancelaria consagrada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 2008.

Por otra parte, es pertinente respaldar la agroindustria de la caña de azúcar para encender nuevos motores económicos, particularmente en la industria bioenergética, química, alcoholera y alimentaria.

Pero resolver de fondo la problemática azucarera, indispensablemente requiere la consolidación del trabajo coordinado entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, junto con los productores, con los obreros y con los industriales azucareros, para definir, establecer y operar los mecanismos que permitan generar y potenciar esta industria.

Saludo la presencia en esta sesión de las dirigencias nacionales de los productores de caña de azúcar de la CNC, de la CNPR, así como del líder nacional de los Trabajadores de la Industria Azucarera. Saludo también la presencia del Presidente y del Director General de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

Señoras Senadoras, señores Senadores, México debe entender la lección: sólo es genuinamente soberana aquella nación que produce lo que come.

Hay que producir más alimentos, hay que producir mejores alimentos, hay que producir de mejor manera los alimentos. Tales son los retos del país; tales son las oportunidades de la globalidad; tales son las demandas de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se solicita la creación de la Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar en el Senado de la República, y que se asignen para su debido funcionamiento los recursos humanos, financieros y materiales conducentes.

Segundo.- Se solicita que el periodo de duración de funciones de dicha Comisión Especial comprenda las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores.

Dado en el Senado de la República, a los 11 días del mes de septiembre de 2012.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y ATENCION PARA LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZUCAR EN EL SENADO DE LA REPUBLICA

“HEctor Yunes Landa, Senador de la República de la LXII y LXIII Legislaturas del honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo con base a la siguientes:

CONSIDERACIONES

El nuevo rumbo de México necesariamente implica dar un nuevo rumbo al campo mexicano. Resolver su problemática no es sólo una prioridad: es una deuda histórica.

En los próximos seis años enfrentaremos el desafío de compaginar, desde esta soberanía, las necesidades del México social y del desarrollo sustentable con las exigencias que demandan los mercados en la globalidad.

No habrá desarrollo competitivo e incluyente, sin el campo mexicano. De ahí que el desafío de lo global, comienza por lo local.

Sabemos que el sector primario nacional contribuye al Producto Interno Bruto con el 3.9%. Es una importante fuente de empleo al ocupar al 13.1% de la Población Económicamente Activa.

El campo mexicano sufre abandono y pobreza, cuando potencialmente es generador de enorme riqueza.

Según el CONEVAL, dos de cada tres mexicanos del medio rural viven en pobreza, y uno de cada tres, tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que es el suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica.

Esto explica porque el campo que debe alimentar a México, ofrece a sus familias rurales hambre: 34% de los mexicanos en situación de pobreza alimentaria residen en el campo.

Si México requiere del campo para crecer, el campo requiere para su bienestar resolver con atención oportuna y programas pertinentes los complejos problemas de la industria azucarera por ser uno de sus motores y la energía que mueve al país.

Es tal la importancia de nuestra agroindustria azucarera, que de ella depende, en buena parte, la economía de 15 entidades federativas: casi la mitad del país. Emplea de manera directa e indirecta a 2 millones 660 mil personas e incide en el bienestar de casi 10 millones de mexicanos. Contribuye además con medio punto del Producto Interno Bruto Nacional, 11.6% del PIB del sector primario y con 2.5% del PIB manufacturero.

De los 57 ingenios azucareros en México, 22 se encuentran en el Estado de Veracruz, 3 de los cuales, por cierto, no están operando por la inadecuada atención al sector; a pesar de ello, en la entidad veracruzana se genera el 50% del total de los empleos de este sector y al menos el 40% de la producción nacional del endulzante; de ahí el interés que los legisladores federales veracruzanos hemos demostrado por dar continuidad a los esfuerzos realizados en las Comisiones Especiales de la Industria Azucarera creadas en anteriores Legislaturas.

Diversos temas azucareros demandarán la atención del Senado de la República, tales como: la agravante importación de azúcar; la incidencia de políticas públicas en la cadena de valor como el precio de los combustibles y fertilizantes; los cuestionamientos sobre el manejo y proceso de enajenación de los 9 ingenios azucareros aún bajo la administración del gobierno federal, de los cuales 5 están en Veracruz; la tensa relación en algunos ingenios azucareros; la vinculación entre la agroindustria azucarera y el impostergable cuidado del medio ambiente; mayor acceso a la investigación y transferencia de tecnología; más financiamiento para inversión productiva e infraestructura; así como el seguimiento al comportamiento de los mercados interno y externo de edulcorantes en función de la liberación arancelaria consagrada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 2008; sin pasar por alto la polémica suscitada en la aprobación y promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Por otra parte, es pertinente respaldar la agroindustria de la caña de azúcar para encender nuevos motores económicos, particularmente en la industria bioenérgetica, química, alcoholera y alimentaria.

Pero resolver de fondo la problemática azucarera, indispensablemente requiere la consolidación del trabajo coordinado entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, junto con los productores, obreros e industriales azucareros, para definir, establecer y operar los mecanismos que permitan generar y potenciar esta industria.

México debe entender la lección: sólo es genuinamente soberana aquella nación que produce lo que come.

Hay que producir más alimentos, hay que producir mejores alimentos y hay que producir de mejor manera los alimentos. Tales son los retos del país. Tales son las oportunidades de la globalidad. Tales son las demandas de la sociedad.

Llegó el momento de atender con una nueva mirada a la fuente de sustento de millones de mexicanos. México tiene una deuda con el campo. Generemos un nuevo modelo para industrializarlo, para invertir en conocimiento y ofertar valores agregados.

Mandemos un mensaje a la nación que esta soberanía dará a la industria azucarera la atención e importancia que merece.

Como Senador de la República por Veracruz, mi compromiso es aún mayor con el sector cañero, pero es un compromiso que los integrantes de este cuerpo colegiado debemos compartir.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita la creación de la Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar en el Senado de la República, y que se asignen para su debido funcionamiento los recursos humanos, financieros y materiales conducentes.

Segundo.- Se solicita que el periodo de duración de funciones de dicha Comisión Especial comprenda las LXII y LXIII legislaturas de la Cámara de Senadores.

Dado en el Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Héctor Yunes Landa”.

- El C. Presidente Sanchez Jiménez: ¿Sí, Senador Orihuela Bárcenas?

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Para adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: ¿Acepta que se adhiera a su propuesta?

- El C. Senador Héctor Yunes Landa: Sí, acepto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Bien, para economía de tiempo, quienes deseen adherirse a la propuesta del Senador, por favor, levanten su mano y la Secretaría toma nota de quienes se han adherido. Muchas gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a considerar en la formulación del Presupuesto para el ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Un país como el nuestro, con 11 mil 600 kilómetros de litorales y una zona económica exclusiva de pesca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados, amén de aguas interiores, merece y debe contar con un excelente instituto de investigación pesquera y en acuacultura.

Es por eso que, a nombre propio y de mi compañero el Senador Ernesto Ruffo Appel, nos permitimos presentar el siguiente punto de Acuerdo en virtud de considerar preocupante que nuestro país se encuentre dentro de los que menos realice inversión en ciencia y tecnología en todas sus ramas y disciplinas científicas, aún más las relacionadas con la ciencia pesquera y marina. Del 1 por ciento que la Ley de Ciencia y Tecnología recomienda en esta materia, en este tema, es menor del .42 por ciento del que se dedica a la investigación en pesca y acuacultura.

México cuenta desde 1962 con el Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA. Su creación obedeció a la necesidad de contar con una institución sólida y eficiente para la realización de estudios de investigación pesquera y acuícola, demandados en esa época por los sectores en la materia.

A 50 años de su existencia, los trabajos de investigación del INAPESCA han sido fundamentales para el conocimiento y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país, sus aportaciones han sido indispensables y estratégicas para establecer, con bases sólidas, la toma de decisiones para su ordenamiento y administración; asimismo, ha contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteico, provenientes de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo, todo esto en beneficio de una población cada vez más demandante de alimentación económica, nutritiva y de calidad.

En la actualidad, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas, y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática, los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades a favor de miles de pescadores localizados en todo el territorio nacional, y por ende de la población del país.

El INAPESCA ha contribuido en favor de la pesca y acuacultura, no obstante, el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, se enfrenta una problemática biologica, ambiental y socioeconómica que afecta a los actores de la pesca y la acuacultura, dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan se encuentran: la sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y clandestina, la falta de inspección y vigilancia, conflictos entre sectores comerciales y deportivos, el incremento del esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre otros más.

En ese sentido, la investigación pesquera adquiere una gran importancia, porque con los trabajos de investigación se administra y proporciona la información científica con los elementos y evidencias que requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento.

A pesar de los avances registrados en investigación pesquera, aún se requiere de mayores esfuerzos para el conocimiento de nuestros mares y de las aguas interiores, así como de sus recursos, además se precisa la necesidad de información actualizada del estado de salud de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en estas actividades.

En esta Soberanía, nos encontramos legisladores que representamos los 17 estados con litoral, y de los restantes donde se encuentran cuerpos de aguas importantes interiores, y en los que se desarrollan actividades pesqueras y acuícolas.

Todos sabemos de la importancia que estas actividades significan para nuestras entidades por la generación de empleos y suministro de alimentos de calidad para su población.

Es por tal motivo, compañeras y compañeros Senadores, que debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de nuestro país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, los invito a que se sumen a este punto de Acuerdo a favor del INAPESCA, por lo que pongo a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se hace un respetuoso exhorto:

a.- Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013, contemple un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.

b.- A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, considere y apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, para que cumpla cabalmente con las atribuciones que tiene por mandato.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013, UN MAYOR PRESUPUESTO AL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO Senadores de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 95, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca, así como a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados, a considerar y a probar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto deEgresos de la Federación para el ejercicio del mismo año, un mayor presupuesto a dicha institución y a la ciencia y tecnología pesquera nacional. Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con los antecedentes del propio Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), desde 1962, nuestro país cuenta con esta importante institución, sus orígenes corresponden a la creación en ese mismo año, del Instituto Nacional de investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), con base a la necesidad de tener una institución pública de investigación pesquera que aportara los conocimientos básicos bilógicos, así como de la distribución y abundancia de los recursos marinos y acuícolas de la nación. De igual forma para brindar respuesta a los requerimientos de apoyo técnico y científico en esta materia para el sector pesquero y acuícola de esos momentos, aunado a la voluntad del Estado en promover el desarrollo pesquero y aprovechamiento racional con fundamentos técnicos y científicos ineludibles.

Las grandes necesidades que imperaban en el sector pesquero y acuícola en esos momentos, aunado a la identificación de los problemas que atravesaban los mismos, así como la determinación del potencial pesquero y acuícola con el que se contaba, fueron factores determinantes para considerar la existencia de una institución pública para la realización de investigación pesquera y acuícola con metas y objetivos muy precisos, afín de brindar al Estado evidencias científicas para su adecuada planeación y manejo. Estos factores y necesidades fueron ratificados y formaron parte sustancial de las demandas de los actores de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de un mejor aprovechamiento de los recursos acuáticos.

En el transcurso de su existencia el INAPESCA se ha fortalecido para brindar atencióna las necesidades existentes de las actividades pesqueras y acuícolas del territorio nacional, para tal cometido ha incorporado áreas de investigación estratégicas y multidisciplinarias enfocadas al diagnóstico, evaluación y manejo de los recursos pesqueros, además se ha vinculado de manera más directa con el sector productivo para su desarrollo, asimismo con la finalidad de cumplir el objetivo principal para el que fue creado, como asesor del ejecutivo federal para la adecuada planeación y administración de los recursos pesqueros y acuícolas.

Los trabajos de investigación realizados por el INAPESCA han sido fundamentales para el conocimiento y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país, sus aportaciones científicas han sido indispensables y estratégicas para establecer con bases solidas la toma de decisiones para su ordenamiento y administración, asimismo a contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteínico provenientes de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo, todo esto en beneficio de una población cada vez más demandante.

Sus principales aportaciones ha permitido evaluar y conocer el estado de las principales pesquerías del país, determinar los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal y el inventario de estos mismos recursos, así como los métodos, equipos y artes de pesca empleados para su extracción o captura, además del esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o pesquería; entre muchos otros aspectos. De esta manera proporciona información directa, veraz y actualizada a los principales actores participantes del sector, mediante documentos e instrumentos que propicien el aprovechamiento sostenido de los recursos marinos y para fortalecer la comercialización de sus productos.

Hoy en día, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas, y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática, los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades.

El Instituto cuanta con una infraestructura regional distribuida estratégicamente en los litorales y centro del país. Dicha cobertura le permite cumplir sus funciones con prontitud y eficiencia en atención al sector pesquero-acuícola regional y nacional, como ninguna otra institución de investigación en la materia tiene.

De acuerdo con el decreto por el que se reformaron los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F.–07/06/12), el INAPESCA se transformó de un organismo desconcentrado a un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De esta manera se fortaleció la organización administrativa pública, para logra una eficaz y eficiente despacho de los asuntos en esta materia.

Con base a la modificación de la ley en comento, en su artículo 29, se establece que el INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológicaque requiera el sector pesquero y acuícola. En este sentido se doto a esta institución de una mayor autonomía técnica, operativa y de gestión presupuestaría propia, con el principal propósito de cumplir con la importante responsabilidad de desempeñar los trabajos de investigación pesquera y acuícola que permitan la sustentabilidad de los recursos en beneficio de este importante sector y por ende del país.

Dentro de las principales atribuciones actuales del INAPESCA, se encuentran:

1.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura.

2.- Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica en Pesca y Acuacultura.

3.- Coordinar la integración y funcionamiento de la Red de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros e infraestructura.

4.- Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta Nacional Acuícola (CNA).

5.- Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las aéreas de competencia del Instituto.

6.- Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos.

Asimismo el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA), establece que dentro de las principales atribuciones del INAPESCA, se encuentran:

a) Coordinar la Investigación Científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional.

b) Elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculado a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera.

c) Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto, de forma accesible a los productores acuícolas y pesqueros.

d.- Asesorar a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas.

e) Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en el sector de pesca ya acuacultura.

f) Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura nacional.

De las atribuciones expuestas, se pueden mencionar tres que son fundamentales para el aprovechamiento sustentable de los recursos y para el desarrollo y/o crecimiento del sector pesquero y acuícola, dichas atribuciones se refieren a la coordinación de la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica en Pesca y Acuacultura y la integración y funcionamiento de la Red de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, además de la elaboración, propuesta, expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta Nacional Acuícola (CNA).

El caso específico de la elaboración y propuesta de la Carta Nacional Pesquera, es importante resaltar la importancia fundamental de este instrumento, en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas del territorio nacional, para concretar normas de manejo de la de las actividades pesqueras y acuícolas y los ecosistemas pesqueros.

Dicho instrumento proporciona información al sector para propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, tales como el inventario de los recursos pesqueros y acuícolas, determinación del esfuerzo pesquero permisible, así como los lineamientos, estrategias y demás previsiones para preservar, proteger, restaurar y aprovechar los recursos acuáticos.

Las funciones de este instrumento son esenciales en apoyo a la pesca y acuacultura, ya que con éste se determinan y apoyan las acciones de ordenamiento de la actividad pesquera, se simplifican los trámites administrativos establecidos actualmente, asimismo se orienta a los usuarios sobre el estado de los recursos, brindando una mayor certeza jurídica de los mismos al realizar alguna solicitud.

En general las facultades este institutito son esenciales para cumplir con la misión encomendada de coordinar y realizar investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; así como al desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiere el sector pesquero y acuícola del país.

Como ya se ha expuso, los trabajos realizados por el INAPESCA han contribuido en favor de la pesca y acuacultura nacional, no obstante,el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, todavía se enfrenta una problemática biológica, ambiental y socioeconómica que afecta a los actores de la pesca y la acuacultura, dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan, se encuentra: la sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y clandestina, la falta de inspección y vigilancia, el incremento de esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre otros más.

Parte de esta problemática continua siendo causada por un uso social y productivo inadecuado que ha generado la pérdida del potencial biológico, de la biodiversidad, el agotamiento de especies, destrucción del hábitat y ecosistemas y que a su vez generaproblemas socioeconómicos como aumento en el nivel de pobreza de las comunidades pesqueras, fuertes conflictos políticos y sociales entre comunidades por la posesión y aprovechamiento de los recursos, así como conflictos de antaño entre los diferentes tipos de pesca como la comercial de altura y ribereña, por el establecimiento de periodos de veda y permisos de captura y de zonas de pesca.

A todo ello hay que adicionar los problemas causados por el cambio climático, cada vez son más los estudios que indican las grandes repercusiones que este fenómeno esta causando a los recursos pesqueros de mares y aguas continentales, esto ha originado cambios notables en la producción y distribución de especies, mayor variabilidad de las capturas y cambios en la estacionalidad de la producción. Además ha provocado el desplazamiento y migraciones de pescadores de las zonas costeras a otras zonas, dejando de practicar estas actividades causando un grave desempleo regional y la alteración de conflictos territoriales y de población.

Es por tal motivo que la investigación pesquera adquiere importancia, porque con los trabajos de investigación se administra y proporciona la información científica con los elementos y evidencias que requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento.

A pesar de los avaneces registrados en investigación pesquera, aun se requiere de mayores esfuerzos para el conocimiento de nuestros mares, aguas interiores y de sus recursos, además se precisa la necesidad de información actualizada del estado de salud de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en la estas actividades.

La situación actual de los recursos pesqueros y acuícolas, las necesidades de este importante sector; precisan que México debe contar con instituciones fortalecidas y sólidas para la investigación, que permitan aportar tecnologías limpias, mejorar la productividad, rentabilidad y producción de los recursos, así como lograr una oportuna protección y conservación de la flora y fauna acuáticas.

México no es un país que se caracterice por invertir significativamente en ciencia y tecnología, que permita hacer frente a las necesidades que en esta materia se requiere, de acuerdo con información oficial, el país tiene una inversión conjunta de la iniciativa privada y el gobierno federal del 0.42% del Producto Interno Bruto (PIB); cuando se requiere por lo menos del 1% del PIB, como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Para el caso específico de la investigación en ciencia pesquera, los rubros de inversión para tal caso son mínimos, es decir que desde hace tiempo, no ha sido prioridad del Estado invertir en estos aspectos;no obstante a la importancia que esto significa para país. Solo con dicha inversión se podrá elevar la competitividad, buscar la creación de empleos y aspirar un mejor desarrollo de este sector.

Organismos internacionales como la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) instan a los Estados a realizar mayores esfuerzos por invertir en ciencia y tecnología pesquera, y en el fortalecimiento de las Instituciones que se dedican a ejercer dichas investigaciones, por la importancia que revierte el conocimiento de los recursos que son fuente de alimento para las poblaciones de los países, solo con la investigación científica se tendrán los elementos esenciales para su mejor aprovechamiento.

Compañeros legisladores, debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, es necesario que se incremente el presupuesto público que se otorga a las instituciones responsables de la investigación pesquera y acuícola afín de que cuente con los recursos presupuestales necesarios para desarrollar con eficiencia las funciones que por ley le fueron encomendadas y para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas, como es el caso especifico del INAPESCA.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se hace un respetuoso exhorto:

a. Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013, contemple un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.

b. A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren y apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, para que cumpla cabalmente con las atribuciones que tiene por mandato.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco Salvador López Brito”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Salvador López Brito. Túrnese, en su momento, a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el resolutivo a) y a la Cámara de Diputados el resolutivo b.






Se le concede el uso de la tribuna al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del Estado de México un informe sobre los diversos hechos ocurridos en los municipios del oriente de esta ciudad.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Dice Eduardo Galeano, cito: “Hay una guerra extraña, una que es hipócrita y que empezó en el siglo XIX cuando la Reina Victoria de Inglaterra impuso el consumo de opio en China mediante una guerra de 30 años y que hoy se ensaña en México: la del narcotráfico. En esta guerra, unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, unos declaran la guerra y otros reciben los tiros”.

Miles de compatriotas inocentes, niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, trabajadores y trabajadoras, profesionistas, amas de casa, universitarios, periodistas, líderes y luchadores sociales, campesinos, migrantes, maestros, comerciantes, empresarios, transportistas, médicos y soldados y marinos de la República, síndicos, regidores presidentes municipales, Diputados federales y candidatos a puestos de elección popular de todos los niveles, son víctimas permanentes de la incertidumbre social y de la pérdida de autoridad del Estado mexicano.

Un ejemplo actual: el control, por parte de la delincuencia, de los municipios metropolitanos del Estado de México. En los últimos tres años, la vida de quienes habitan estos municipios se ha visto alterada gravemente por el avance y control territorial del crimen organizado, sin que nada le contenga. Ellos, los delincuentes organizados y especializados en diversas facetas del crimen, avanzan en la modernización de sus formas de actuar mientras que las instituciones del Estado se rezagan.

Es un hecho, comprobable de la simple lectura de las noticias diarias, que los cárteles de la droga y las bandas de delincuentes de diverso calibre, están utilizando tácticas de terror para intimidar a la población civil.

La pérdida del monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por el Estado, deriva invariablemente en violencia y en rompimiento de la estabilidad social. Es necesaria la reafirmación de una cultura de legalidad, una barrera ética y política entre la sociedad y los delincuentes. El espacio que haga posible que la comunidad social tome conciencia de la crisis, a fin de que la comunidad político institucional, el gobierno, ponga las cartas racionales y correctas sobre la solución inmediata del asunto.

El fenómeno del narcoterrorismo ya está instalado en el territorio nacional. Su rastro se observa cotidianamente: coches-bomba; cuerpos decapitados, descuartizados o colgados en la vía pública; granadas lanzadas contra instalaciones de seguridad pública o militares; mensajes amenazantes contra autoridades de todo nivel, y ahora el uso tanto de Internet como de la voz pública para sembrar el rumor y atemorizar a la población. Frente a esto, el gobierno no puede ni debe agazaparse, achicarse o asumirse rebasado e incapaz de conducir el orden y la cohesión social.

Las mafias delincuenciales en México, han venido construyendo toda una estrategia de terror material y mediático que impacta sustancialmente en la sociedad. Los criminales buscan amedrentar a la ciudadanía, en razón de que una comunidad envuelta en pánico es más fácil de controlar, someter y agredir. Se trata no sólo de desestabilizar al gobierno, sino de sumir a la comunidad en un miedo permanente; hecho relevantemente peligroso cuando se conjuntan las metas del negocio criminal con las del interés político.

Hoy más que nunca requerimos de acciones de gobierno, que pongan énfasis en el desarrollo social y el bienestar económico de todos y en la formación de auténticos organismos de inteligencia de altísimo nivel, que permitan obtener diagnósticos de cómo están actuando las mafias del crimen organizado y cómo su desempeño pone en riesgo la seguridad nacional y la viabilidad de la República. Una estrategia correcta que no ponga en riesgo a la población civil, y que no soslaye los vínculos, existentes en México, entre criminalidad y complicidad política.

La noche del miércoles pasado, Nezahualcóyotl durmió en la zozobra. El jueves, como en un preludio al estado de crisis, consecuencia del rumor, el comercio canceló sus actividades. Negocios de todo tipo habían cerrado sus puertas y cancelado toda actividad económica.

El transporte público paró dejando varados a miles de usuarios. Un cálculo de los transportistas mismos nos dice que 15 mil unidades pararon y tuvieron una pérdida de más de 20 millones de pesos.

La fábula de hordas de porros dispuestos a todo tipo de vejaciones, contribuyó a que el 30 por ciento de las escuelas suspendieran clases y en aquellas que abrieron el ausentismo fuese de hasta el 70 por ciento. La meta política de estos grupos había sido cumplida, la psicosis colectiva estaba dada.

Por la mañana del jueves, en los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco, miles de alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias no asistieron a clases por miedo a que fueran involucrados en alguna agresión de estos grupos políticos.

Realidad y rumor se juntan. El hecho delictivo multiplica su dimensión, se expande y vulnera la paz social. Un enfrentamiento, la disputa por la prebenda, el negocio producto del clientelismo político, una base de mototaxis. El juego de las mafias que controlan el desordenado, irregular e ilegal transporte público en el Estado de México. Una entidad donde el servicio público y las concesiones administrativas, se transforman en privilegio, abuso y corrupción.

Antorcha Popular, en su peculiar forma de control político y manipulación de la pobreza, ha sido apoyada por los gobernadores en turno del Estado de México. El beneplácito de la autoridad y la cesión a la presión ejercida por esta organización, ha dado por resultado el control territorial de varios municipios del Estado de México. Invasión y despojo de predios, venta irregular de terrenos en el vergonzoso abuso de la necesidad de vivienda y la manipulación política de los más pobres, son formas del ejercicio cotidiano de antorcha.

La suma de actos delictivos en la zona oriente del Estado de México pone en riesgo la vida económica, social y comunitaria de sus habitantes. Es necesario que los gobiernos, federal, del Estado de México y de sus municipios actúen con firmeza en el combate a los grupos criminales que azoran esa zona.

Por lo anterior me permito someter a la consideración del Pleno de está Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República, solicita al gobernador constitucional del Estado de México, informe a esta Soberanía las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el municipio de Chicoloapan, a raíz de los hechos ocurridos el día 4 de septiembre del año en curso en dicho municipio.

Segundo: El Senado de la República, solicita al gobernador del Estado de México, informe a esta Soberanía sobre las indagaciones oficiales que el gobierno a su cargo tenga, sobre el enfrentamiento de integrantes de la organización Antorcha Popular y una organización de mototaxistas en el municipio de Chicoloapan, con resultado de dos personas muertas.

Informe sobre el daño ocasionado a la economía regional y a la vida social por la ola de rumores dispersados los días 4, 5 y 6 de septiembre del presente año, en los municipios antes citados, así como las medidas gubernativas, estatales y municipales, aplicadas para el resguardo y protección de la población civil de estos municipios.

Tercero. El Senado de la República, solicita al gobernador del Estado de México, informe a esta Soberanía si existen personas debidamente consignadas ante el Poder Judicial del Estado de México, como probables responsables de delitos consecuencia de los hechos a que se refiere este punto de Acuerdo.

Cuarto. El Senado de la República, solicita la intervención del Ejecutivo Federal, a fin de que de manera conjunta y con base en los acuerdos de coordinación y cooperación en seguridad pública con el gobierno del Estado de México, inicie un operativo de seguridad en los municipios de la zona metropolitana.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO UN INFORME SOBRE DIVERSOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE DE ESA ENTIDAD, ASI COMO SOLICITAR LA INTERVENCION DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA PREVENCION Y COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN ESA MISMA REGION

“El suscrito, Senador LUIS SANCHEZ JIMENEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO UN INFORME SOBRE DIVERSOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE DE ESA ENTIDAD, ASI COMO SOLICITAR LA INTERVENCION DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA PREVENCION Y COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN ESA MISMA REGION DEL ESTADO DE MEXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dice Eduardo Galeano, “Hay una guerra extraña, una que es hipócrita y que empezó en el siglo 19 cuando la Reina Victoria de Inglaterra impuso el consumo de opio en China mediante una guerra de 30 años y que hoy se ensaña en México: la del narcotráfico. En esta guerra, unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, unos declaran la guerra y otros reciben los tiros”.

Miles de compatriotas inocentes, niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, trabajadores y trabajadoras, profesionistas, amas de casa, universitarios, periodistas, líderes y luchadores sociales, campesinos, migrantes, maestros, comerciantes, empresarios, transportistas, médicos, y soldados y marinos de la República, que en diversas partes del País viven a merced de la violencia generalizada por las bandas criminales, son victimas permanentes de la incertidumbre social y de la pérdida de autoridad del Estado mexicano.

Un ejemplo actual: el control, por parte de la delincuencia, de los municipios metropolitanos del estado de México. En los últimos tres años, la vida de quienes habitan estos municipios se ha visto alterada gravemente por el avance y control territorial del crimen organizado, sin que nada le contenga. Ellos, los delincuentes organizados y especializados en diversas facetas del crimen, avanzan en la modernización de sus formas de actuar mientras que las instituciones del Estado se rezagan.

Es un hecho, comprobable de la simple lectura de las noticias diarias, que los cárteles de la droga y las bandas de delincuentes de diverso calibre, están utilizando tácticas de terror para intimidar a la población civil.

La pérdida del monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por el Estado, deriva invariablemente en violencia y en rompimiento de la estabilidad social. Es necesaria la reafirmación de una cultura de legalidad, una barrera ética y política entre la sociedad y los delincuentes. El espacio que haga posible que la comunidad social tome conciencia de la crisis, a fin de que la comunidad político institucional, el Gobierno, ponga las cartas racionales y correctas sobre la solución inmediata del asunto.

El fenómeno del narcoterrorismo ya está instalado en el territorio Nacional. Su rastro se observa cotidianamente: coches-bomba; cuerpos decapitados, descuartizados o colgados en la vía pública; granadas lanzadas contra patrullas y cuarteles, mensajes amenazantes contra autoridades de todo nivel, y ahora el uso tanto de Internet como de la voz pública para sembrar el rumor y atemorizar a la población. Frente a esto, el gobierno no puede ni debe agazaparse, achicarse o asumirse rebasado e incapaz de conducir el orden y la cohesión social.

Las mafias delincuenciales en México, han venido construyendo toda una estrategia de terror material y mediático que impacta sustancialmente en la sociedad. Los criminales buscan amedrentar a la ciudadanía, en razón de que una comunidad envuelta en pánico es más fácil de controlar, someter y agredir. Se trata no sólo de desestabilizar al gobierno, sino de sumir a la comunidad en un miedo permanente. Hecho relevantemente peligroso cuando se conjuntan las metas del negocio criminal con las del interés político.

Hoy más que nunca requerimos de acciones de Gobierno, que pongan énfasis en el desarrollo social y el bienestar económico de todos y en la formación de auténticos organismos de inteligencia de altísimo nivel, que permitan obtener diagnósticos de cómo están actuando las mafias del crimen organizado y cómo su desempeño pone en riesgo la seguridad nacional y la viabilidad de la República. Una estrategia correcta que no ponga en riesgo a la población civil, y que no soslaye los vínculos, existentes en México, entre criminalidad y complicidad política.

En síntesis, es imponderable una estrategia de Estado, que comprometa a las instituciones públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, y a la sociedad civil organizada. Que entienda que en este país hay ciudadanos pensantes y críticos, no súbditos, que tienen claridad y visión del qué y el cómo enfrentar la crisis de seguridad que vive México.

Existe amplia literatura sobre el uso de los medios de comunicación masiva como instrumentos de control y dominación. Su poder, frente a la desinformación cotidiana de la gente, rebasa la capacidad institucional del Estado y la credibilidad agotada de las instituciones. Una mentira repetida mil veces, y más aún hoy en las redes sociales, se convierte en verdad en la conciencia colectiva que busca por todos los medios protegerse sin importar las formas.

Los pasados 4, 5 y 6 de septiembre, los habitantes de los municipios de Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacan, La paz, Valle de Chalco, Chalco, Ecatepec, Tlalmanalco y Texcoco en el Estado de México, y las Delegaciones de Ixtapalapa, Iztacalco y Tlahuac en el Distrito Federal, vivimos el ejercicio pleno de la violencia física y mediática, de grupos delincuenciales y con actuación política, que, en la mayor de las impunidades, desafiaron a la Ley, a las instituciones y al bienestar comunitario.

La noche del miércoles pasado, Nezahualcóyotl durmió en la zozobra. El jueves, como en un preludio al estado de crisis, consecuencia del rumor, el comercio canceló sus actividades. Negocios de todo tipo habían cerrado sus puertas y cancelado toda actividad económica: misceláneas, tiendas de abarrotes, panaderías, tortillerías, farmacias, peluquerías, gasolineras y otros comercios, mostraban las cortinas metálicas corridas o semiabiertas ante el miedo provocado por los rumores. La fábula de hordas de porros dispuestos a todo tipo de vejaciones, contribuyo a que el 30% de las escuelas suspendieran clases y en aquellas que abrieron el ausentismo fuese de hasta el 70%. La meta política de estos grupos había sido cumplida, la psicosiscolectiva estaba dada.

Por la mañana del jueves, en los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chicoloapan, la Paz, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco, miles de alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias no asistieron a clases por miedo a que fueran involucrados en alguna agresión de un grupo político delincuencial que tiene nombre y apellido: Antorcha Popular, cuyo lema deja en evidencia la violencia de su actuación: “Morir por antorcha no es morir, morir por antorcha es vivir”.

Realidad y rumor se juntan. El hecho delictivo multiplica su dimensión, se expande y vulnera la paz social. Un enfrentamiento, la disputa por la prebenda, el negocio producto del clientelismo político, una base de mototaxis. El juego de las mafias que controlan el desordenado, irregular e ilegal transporte público del Estado de México. Una entidad donde el servicio público y las concesiones administrativas, se transforman en privilegio, abuso y corrupción.

Antorcha Popular, en su peculiar forma de control político y manipulación de la pobreza, ha sido apoyada por los gobernadores en turno del Estado de México. El beneplácito de la autoridad y la cesión a la presión ejercida por esta organización, ha dado por resultado el control territorial de varios municipios del Estado de México. Invasión y despojo de predios, venta irregular de terrenos en el vergonzoso abuso de la necesidad de vivienda y la manipulación política de los mas pobres, son formas del ejercicio cotidiano de antorcha, el modus operandi de este grupo de presión y de comportamiento delincuencial.

La realidad de la violencia viva, “este es mi territorio y aquí no hay mas autoridad que yo”. Un enfrentamiento en el que participaron más de 500 personas, en las que salieron a relucir palos, tubos, machetes y armas de fuego. El resultado, la pérdida de vidas y el miedo generalizado de la población.

¿Pero qué fue lo que ocurrió los pasados días 4, 5 y 6 en el Oriente del estado de México?

Las crónicas periodísticas del hecho nos muestran la tragedia en su real magnitud (Columna de un blog de Publimetro, escrita por Alberto González): “La Policía Municipal de Chicoloapan está pidiendo a la gente que cierre sus negocios, que acaba de haber un enfrentamiento con muertos, y que uno de los grupos fue por más gente, y que podrían saquear negocios”,

“Horas después, de boca en boca, de líder en líder, y potencializado por las redes sociales ese rumor, metió a miles de personas de tres municipios, en su casa. El miedo se apoderó de esa zona del Estado de México, en donde todo mundo hablaba de enfrentamientos y ataques, pero nadie los había visto”.

En Twitter comenzaba a aparecer información sobre posibles asaltos, cierres de avenidas y disparos. Pero todo era de oídas: “dicen que asaltaron…” “dicen que están bloquenado…”

“Los municipios de Chicoloapan, Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl están a 10 minutos de distancia, entre ellos, y en algunos casos sólo hay que cruzar una calle para llegar de un territorio a otro.

Cientos de personas que viven en Chimalhuacán y Chicoloapan, trabajan en La Paz y Nezahualcóyotl. La comunicación entre ambas partes, prácticamente es inmediata. Y en ese contexto se expandió el rumor. De pronto, a las 18:00 horas, había gente corriendo en la avenida Tepozanes. Era la hora de la salida de la escuela y los padres fueron a prisa por sus hijos. A esa hora, ya no eran “antorchistas”, el rumor se había transformado. Eran integrantes de “La Familia” quienes protagonizaban estas historias de las que todos hablaban, pero nadie veía”.

La ola del rumor se extendió tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Sin embargo, es de resaltar la diferencia en la actuación de ambas entidades. En tanto el Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, el Secretario de Seguridad Público y el Procurador respondieron de inmediato, tanto en la contención del rumor como en las investigaciones, detenciones y posibles responsabilidades penales de los involucrados. Extraña que en el Estado de México, en donde se extendió el rumor con mayor fuerza, al día de hoy no tengamos información oficial y precisa sobre los hechos.

En la realidad social del Estado de México, dos grupos delincuenciales afectan la vida de los habitantes del territorio de la zona metropolitana: el narcotráfico y la delincuencia político-clientelar.

Más aún, ante el incremento de la actividad delictiva ligada al narcotráfico y al crimen organizado en los municipios del Estado de México de la zona metropolitana con el Distrito Federal, desde Hiuxquilucan hasta Amecameca (pasando por Naucalpan, Tlalnepantla, Cuatitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl) genera la pérdida de cohesión social y el crecimiento exponencial de la violencia, por lo que es imperativa la intervención del Gobierno Federal.

La suma de actos delictivos en la zona Oriente de estado de México pone en riesgo la vida económica, social y comunitaria de sus habitantes. Es necesario que los gobiernos, federal, del Estado de México y de sus municipios actúen con firmeza en el combate a los grupos criminales que azoran esa zona.

Por lo anterior me permito someter a la consideración del Pleno de está Honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primera: El Senado de la República, solicita al Gobernador Constitucional del Estado de México, informe a esta soberanía las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el Municipio de Chicoloapan, a raíz de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso en dicho municipio.

Segunda: El Senado de la República, solicita al Gobernador del Estado de México, informe a esta Soberanía sobre las indagaciones oficiales que el gobierno a su cargo tenga, sobre el enfrentamiento entre integrantes de la organización Antorcha Popular y una organización de mototaxistas en el municipio de Chicoloapan, con resultado de dos personas muertas.

Informe sobre el daño ocasionado a la economía regional y a la vida social por la ola de rumores dispersados los días 4, 5 y 6 de septiembre del presente año, en los municipios de Chicoloapan, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacan, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec, así como las medidas gubernativas, estatales y municipales, aplicadas para el resguardo y protección de la población civil de estos municipios.

Tercera: El Senado de la República, solicita al Gobernador del Estado de México, informe a esta soberanía si existen personas debidamente consignadas ante el poder Judicial del Estado de México, como probables responsables de delitos consecuencia de los hechos a que se refiere este punto de acuerdo.

Cuarto: El Senado de la República, solicita la intervención del Ejecutivo Federal, a fin de que de manera conjunta y con base en los acuerdos de coordinación y cooperación en seguridad pública con el Gobierno del Estado de México, inicie un operativo de seguridad en los municipios de la Zona Metropolitana del Estado de México.

Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Seguridad Pública.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a publicar el Reglamento de la Ley de Migración y a realizar las acciones necesarias para la identificación de los migrantes que fueron asesinados en los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

Uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y de derechos humanos que debemos tratar a la brevedad, es la terrible realidad que viven los miles de migrantes indocumentados que cruzan diariamente nuestro país para llegar a los Estados Unidos, especialmente nuestros connacionales y los procedentes de los países de Centroamérica.

El pasado 24 de agosto del presente año, se cumplieron ya dos años del trágico descubrimiento de una fosa clandestina en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. ¡Setenta y dos cuerpos. Setenta y dos cuerpos de indocumentados! Hecho lamentable y doloroso en sí mismo, pero que a la vez refleja el grado de vulnerabilidad e indefensión que padecen los migrantes en México, y no sólo ello, sino que a la fecha, desconocemos los nombres y nacionalidades de cada una de esas víctimas. Aún hoy existen familias que esperan por el regreso de sus integrantes, sin saber si estos han terminado en una fosa clandestina.

A pesar de los avances legislativos en la materia, la migración en México sigue siendo una de nuestras más lacerantes asignaturas pendientes, ejemplo de ello, es la omisión que ha hecho el gobierno federal para expedir el Reglamento de la Ley de Migración, un Reglamento ansiado por la sociedad; un Reglamento que servirá para prevenir y evitar incidentes graves como el ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Nosotros como Poder Legislativo le dimos respuesta a esos lamentables hechos promoviendo una nueva Ley de Migración, que primero se aprobó por unanimidad en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados, en el que todos los grupos parlamentarios votaron juntos y esta fue publicada el 25 de mayo de 2011. Al día de hoy, no tenemos Reglamento.

Es necesario precisar que los migrantes indocumentados transitan por nuestro territorio en la más absoluta indefensión, ya que lamentablemente son objetos de reiterados abusos, muchas de las veces, por los mismos agentes migratorios y por otras autoridades policiales de los tres niveles de gobierno, incluso, coludidos con la delincuencia organizada. Esta última, por su parte, ha aumentado la crueldad, como lo han reiterado algunos de los expertos en derechos humanos.

"Ahora el secuestro de migrantes es una industria y su asesinato una inexplicable expresión de saña en contra del vulnerable", delitos que además se caracterizan por su total impunidad.

Los mismos especialistas han calificado tal estado de cosas como "crisis humanitaria".

A pesar de que las autoridades han informado de la detención de 70 personas relacionadas con el caso, siguen libres los que, según la propia autoridad, tienen mayor responsabilidad en estos homicidios. Hoy esta Soberanía debe de exigir y necesita conocer el estado que guardan dichas investigaciones, ¿qué ha pasado con las personas detenidas?, ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Migración en contra de los elementos que participaron en dichos hechos?, y conocer de las posibles violaciones a derechos humanos cometidos por estos.

Es por eso, señores Senadores, que es urgente hacer este exhorto nuevamente al Poder Ejecutivo para que se publique de manera inmediata el Reglamento de la Ley de Migración A, y estamos solicitándolo de urgente y obvia resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS MIGRANTES QUE FUERON ASESINADOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, EL 24 DE AGOSTO DE 2010; ASI COMO INFORME POR ESCRITO EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Y ORDENE LA REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral 1, fracción II, del artículo 8; numeral 5, del articulo 87; numeral 1, del artículo 97, 109 y artículo 276, todos ellos del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MAESTRO FELIPE CALDERON HINOJOSA, A EFECTO DE QUE PUBLIQUE A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS MIGRANTES QUE FUERON ASESINADOS EN LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, EL 24 DE AGOSTO DE 2010; ASI COMO INFORME POR ESCRITO EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Y ORDENE LA REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina-Armada de México informó que fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el interior de un rancho al noreste del poblado de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, un total de setenta y dos cadáveres de los cuales cincuenta y ocho eran hombres y catorce mujeres.

2. Los cuerpos fueron descubiertos tras un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, tras la solicitud de auxilio de un hombre lesionado a elementos de la marina quienes se encontraba en un retén carretero cercano a la población de San Fernando, persona que les relató que había sido agredido en el interior del rancho por diversas individuos, por lo que los marinos se avocaron a la búsqueda de los agresores.

3. Una vez que los marinos llegaron al rancho, el grupo delictivo abrió fuego contra ellos. Durante el enfrentamiento fallecieron un marino y tres delincuentes, y se logró la detención de uno de los atacantes. En dichas acciones, la Secretaría de Marina, informó el decomiso de veintiún armas largas, ciento un cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, seis mil seiscientos cuarenta y nueve cartuchos de diferentes calibres, así como cuatro camionetas, entre las que había una clonada de la Secretaría de la Defensa Nacional.

4. El 12 de abril de 2011, se informó de más fosas clandestinas localizadas en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas, alcanzando la cifra de ciento veinte cadáveres localizados.

5. A la fecha no se han concluido con las investigaciones y se desconocen los nombres y nacionalidades de las víctimas.

6. El 25 de mayo de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Migración, la cual establece en su artículo TERCERO TRANSITORIO “Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población”, por lo que dicho reglamento debió ser publicado a más tardar en el mes de noviembre de 2011.

7. Con fecha 18 de mayo de 2012 se reunió una comisión plural de legisladores de la Comisión Permanente con el titular de la Secretaría de Gobernación, quien les entregó el proyecto de Reglamento de la Ley de Migración, reiterándoles la disposición del Gobierno Federal para intercambiar puntos de vista sobre el proyecto de Reglamento de la Ley de Migración con los otros Poderes de la Unión y los diversos actores interesados en discutir su contenido.

8. A la fecha en que se presenta este punto de acuerdo, los legisladores y el titular de Gobernación han hecho una importante revisión de la agenda legislativa pendiente a fin de avanzar en los proyectos que se han representado en ambas cámaras legislativas en el tema migratorio, pero sigue aun sin ser publicado el necesario Reglamento de la Ley.

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Como Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considero que uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y Derechos Humanos que debemos tratar a la brevedad, es la terrible realidad que viven los miles de migrantes indocumentados que cruzan diariamente nuestro país para llegar a los Estados Unidos, especialmente nuestros connacionales y los procedentes de los países de Centroamérica.

El pasado veinticuatro de agosto del presente año, se cumplieron ya dos años del trágico descubrimiento de una fosa clandestina en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Hecho lamentable y doloroso en sí mismo, pero que a la vez refleja el grado de vulnerabilidad e indefensión que padecen los migrantes en México, y no solo ello, sino que a la fecha, desconocemos los nombres y nacionalidades de cada una de las víctimas. Aun hoy existen familias que esperan por el regreso de sus integrantes, sin saber si estos terminaron sus días en una fosa clandestina.

A pesar de los avances legislativos en la materia, la migración en México sigue siendo una de nuestras más lacerantes asignaturas pendientes, ejemplo de ello, es la omisión que ha hecho el Gobierno Federal para expedir el Reglamento de la Ley de Migración, un producto ansiado por la sociedad mexicana para prevenir y evitar incidentes graves como el ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Nosotros como Poder Legislativo le dimos respuesta a estos lamentables hechos promoviendo una nueva Ley de Migración, que fue aprobada primero en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados con la participación unánime de todos los partidos políticos y la cual se publicó el veinticinco de mayo de dos mil once.

Es necesario precisar que los migrantes indocumentados transitan por nuestro territorio en la más absoluta indefensión, ya que lamentablemente son objeto de reiterados abusos, muchas de las veces, por los mismos agentes migratorios y otras autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, incluso coludidos con la misma delincuencia organizada. Esta última, por su parte, ha aumentado la crueldad de los delitos en contra de migrantes, como lo ha reiterado el especialista en migración y derechos humanos, Mauricio Farah Gebara, “Ahora el secuestro de migrantes es una industria y su asesinato una inexplicable expresión de saña en contra del vulnerable”, delitos que además se caracterizan por su total impunidad.

El mismo especialista, Mauricio Farah, ha calificado tal estado de cosas como: “Crisis Humanitaria” y ha expuesto de forma suficiente las razones de esta aseveración. Por su parte, el Antropólogo social Jorge Durand, subraya en un reciente artículo, que a dos años de los hechos de San Fernando, no hay claridad respecto de la actuación de la justicia.

A pesar de que las autoridades han informado de la detención de setenta personas relacionadas con el caso, siguen libres, los que según la propia autoridad, tienen mayor responsabilidad. Hoy esta Soberanía debe exigir y necesita conocer el estado que guardan las investigaciones, ¿qué ha pasado con las personas detenidas?, así como ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Migración en contra de los elementos que participaron en dichos hechos?, y conocer de las posibles violaciones a Derechos Humanos cometidos por estos.

Es por lo anterior, que se observa sumamente necesaria la reestructuración del Instituto Nacional de Migración, con un enfoque fundamental de atención a los Derechos Humanos de los migrantes, contando con personal capacitado y con los medios de control de los mismos, para lograr tener los mejores elementos y recursos humanos.

Considero seriamente, que tenemos mucho por hacer para el bienestar de los mexicanos y por la vigencia de la justicia y de los Derechos Humanos, y de ninguna manera de estos esfuerzos podemos excluir, a quienes viéndose obligados por la necesidad y el hambre, optan por abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, gire sus instrucciones para que sea publicado cuanto antes el Reglamento de la Ley de Migración, el cual, de acuerdo con la propia Ley en su artículo tercero transitorio, debió emitirse en el mes de noviembre de 2011.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal, que ordene la realización de las acciones necesarias para lograr la cabal identificación de todas las víctimas encontradas en la fosa clandestina descubierta el día 24 de agosto de 2010, en un rancho ubicado en el municipio San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a fin de dar certeza a sus familiares y para que de esta manera puedan darles debida sepultura de acuerdo con sus creencias y tradiciones.

TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, que informe con claridad y por escrito a esta Soberanía, en un plazo de setenta y dos horas contados a partir de la recepción del presente, respecto de los hechos sucedidos el día 24 de agosto de 2010; de la responsabilidad de los detenidos y de los prófugos; así como del avance en las sentencias obtenidas. Asimismo, que dé cuenta por escrito de los resultados de las investigaciones respecto de todas las fosas clandestinas encontradas en ese municipio durante el año de 2011.

CUARTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, solicite al Instituto Nacional de Migración rinda un informe por escrito a esta Soberanía, en un término de setenta y dos horas contados a partir de la recepción del presente, acerca de los servidores públicos que han sido separados de sus cargos por presuntos hechos delictivos en contra de los migrantes y de las posibles violaciones a Derechos Humanos; y que informe con detalle el número de agentes separados, detenidos, consignados y sentenciados, así como de aquellos a los que no se les encontró responsabilidad administrativa y penal alguna.

QUINTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, insta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que emprenda una reestructuración del Instituto Nacional de Migración, con enfoque fundamental de atención a los Derechos Humanos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero. Como lo ha solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse este asunto de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión la propuesta del Senador Pablo Escudero.

Para hablar sobre este asunto, se ha inscrito y se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario de Acción Nacional, condenamos los lamentables acontecimientos ocurridos en el 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y nos sumamos al reclamo de justicia, al tiempo que exigimos que cada una de las autoridades que participan en la investigación de tales hechos, asuman de manera plena su corresponsabilidad y refrenden su compromiso con el propósito de otorgar justicia a las víctimas y a sus familias.

Quisiera referirme al contenido de los resolutivos del punto de Acuerdo presentado por el Senador Escudero Morales, y que solamente señalan exhortos a nivel federal. Al tiempo que me gustaría invitarlos a una reflexión seria, que nos conduzca a hacer un llamado genérico a cada uno de los órdenes de gobierno y que estos hagan lo que les corresponde: hacer la tarea de garantizar seguridad a la población de nuestro país.

A nivel federal, el Instituto Nacional de Migración ha refrendado su compromiso institucional a favor de los migrantes. Por un lado, una de las directrices fundamentales de su labor, lo constituye el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes y su protección a través de la aplicación estricta de la ley. Cuyo reglamento, dicho sea de paso, ha sido producto de una amplia consulta, en las que han intervenido los distintos actores sociales involucrados y que una vez que se han agotado las distintas fases previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, está por publicarse en próxima fecha.

En tal sentido, en Acción Nacional, compartimos y promovemos el pronunciamiento a su expedición, ya que dicho reglamento contiene múltiples aportaciones, inclusive a los propios integrantes de la Comisión Permanente que acaba de concluir.

En tal sentido, hoy México ratifica su compromiso con la actualización y la armonización de los compromisos internacionales adquiridos en respeto a los derechos de los migrantes, en donde se busca privilegiar la protección humanitaria como eje transversal de esta política.

De esta forma, se garantiza un sistema efectivo de protección de los derechos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria. Así como establecer obligaciones de coordinación a todas las autoridades vinculadas para la prevención y presunción de delitos de los que son víctimas los migrantes.

Por lo que corresponde a la PGR, cabe destacar que en el caso de San Fernando, se han librado 85 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplido 83. De estas 83 personas, se han dictado diversas causas penales, 15 autos de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, y el resto de los casos se encuentran en la etapa procesal de emisión de sentencia.

Aunque las pérdidas de vida son irreparables, buscamos respetar el sentimiento de los deudos; el personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, ha atendido a más de 672 familiares que han aportado muestras genéticas y otros elementos que han permitido la identificación de 274 personas desaparecidas en Tamaulipas, inconsistentes en fotografías, expedientes, documentos en donde aparecen las huellas digitales.

Sin embargo, en el combate a la delincuencia, es indispensable que cada una de las autoridades a nivel estatal y municipal, asuma el pleno compromiso y sus obligaciones tanto en la parte de prevención del delito como en el caso del combate en el ámbito de su competencia de cada una de ellas en los fenómenos delictivos.

Es momento de hacer un enérgico llamado a los gobernadores de todas las entidades federativas, en donde este tipo de lamentables acontecimientos se han suscitado, como es el caso de Chihuahua, Nuevo León, el propio Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Durango, entre otras. Particularmente para que en el ejercicio de un auténtico federalismo y con sustento en las facultades constitucionales de las que disponen, participen de dicha responsabilidad, asumiendo su tarea y reconozcan que ha habido incapacidad para combatir a nivel estatal el fenómeno delictivo.

En este sentido, el Ejecutivo Federal ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales a través de las instancias competentes que además continúan trabajando en las investigaciones. Pero es indispensable que esta Soberanía, en el Pleno de la Cámara de Senadores, no solamente haga un exhorto al Ejecutivo Federal, sino también que nos pronunciemos para que los gobernadores de los estados asuman su compromiso de procuración e impartición de justicia.

Por lo anterior, en Acción Nacional suscribimos y nos sumamos a este punto presentado. Es tiempo de valorar y reconocer las fortalezas del Estado mexicano y de sus órdenes de gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Francisco García.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias, señor Presidente.

Los hechos funestos, lamentables, que merecen repudio generalizado en el caso de San Fernando, Tamaulipas dieron origen a la nueva Ley de Migración.

Estamos aquí para apoyar la proposición porque es el enésimo exhorto que se hace al gobierno federal, y vamos a apoyar esta proposición por cuatro argumentos fundamentales.

Primer argumento. Urge la expedición del Reglamento de la Ley de Migración por tres razones fundamentales:

Primero, porque ya se cumplió el plazo.

Segundo, porque de los 162 artículos de la ley, 48 dependen de la emisión del Reglamento. Es decir, una tercera parte de los artículos invocan, citan o remiten al Reglamento y, por lo tanto, esta ley no se puede hacer efectiva y no puede ser de cabal y plena aplicación por esta omisión lamentable que hoy exhortamos a que se subsane.

Segunda razón. No solamente se afecta a la Ley de Migración.

La Ley de Migración establece la figura de las autoridades auxiliares y las leyes que rigen. Estas autoridades auxiliares también han sido reformadas, de manera que siete leyes están dependiendo de la emisión de este Reglamento, como son los casos de la Ley General de Turismo, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

De manera que la eficacia y la congruencia del sistema jurídico que trata de reglamentar la migración, está detenido, obstaculizado y por eso urge que se emita este Reglamento.

Segundo argumento. Urge la identificación de los 72 cadáveres encontrados en la fosa de San Fernando para dar certeza a sus familiares y para permitir, por razones humanitarias, una debida sepultura.

Tercer argumento. Urge el informe de avance de las investigaciones del cual aquí nos han dado algunos datos, pero necesitamos conocer con precisión no solamente los hechos, también cuántos detenidos, cuántos culpables, cuántos prófugos y cuántas sentencias obtenidas.

Tamaulipas está haciendo su parte, sólo en apoyo a las fuerzas federales el gobierno de Tamaulipas gastó el año pasado 3 mil millones de pesos que tuvieron que ser sustraídos de programas sociales.

Cuarto argumento. Urge este punto de Acuerdo porque urge la limpieza y la reestructuración del Instituto Nacional de Migración con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos, como lo ordena el Capítulo de la Ley de Migración.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, como lo comenta el Senador que me antecedió en la palabra, el punto que trajo aquí el Senador Pablo Escudero es sumamente importante, derivado de los hechos de San Fernando se elaboró por el Congreso de la Unión la Ley de Migración y está pendiente la publicación del Reglamento para que pueda consolidarse este documento jurídico tan importante. Distintas organizaciones de la sociedad civil han pedido, incluso, perfeccionar la Ley de Migración y publicar cuanto antes este Reglamento, porque así se podría reforzar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

También se ha pedido de manera insistente un rediseño del Instituto Nacional de Migración. La Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública de 2010, afirma que del 3 de abril de 2012, el Instituto Nacional de Migración es la dependencia del gobierno federal con más quejas de violaciones a los derechos humanos con 2052 de las 54 mil denuncias registradas entre el 2000 y el 2010.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos colocó al Instituto Nacional de Migración en tercer lugar de las dependencias con el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos durante 2011, con un total de mil 301 denuncias.

Se plantea así un desafío urgente en un rediseño institucional para el establecimiento más allá de la necesaria reingeniería del propio Instituto Nacional de Migración, un mecanismo robusto, bueno de coordinación de la política migratoria entre el Poder Ejecutivo y los Poderes Legislativo y Judicial, con los diferentes niveles de gobierno y también sin olvidar las opiniones y la participación ciudadana.

El 21 de noviembre de 2011 venció el plazo para que el Poder Ejecutivo elaborara y publicara el Reglamento de la Ley de Migración, la COFEMER hizo público un anteproyecto que nos preocupa muchísimo porque no retoma las bondades de la Ley de Migración, al contrario, permite una amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley; contiene graves contradicciones a los principios que dieron origen a esta multimencionada Ley de Migración; y también hace falta garantizar, por ejemplo, que la autorización para trabajar no la otorguen los empleadores, tampoco el otorgamiento de visas esté ligado al sistema de puntos tal y como sigue ocurriendo.

Esa ley la aprobó el Congreso de la Unión en un contexto donde la sociedad se estremeció al conocer los hechos de la muerte violenta de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas; han pasado dos años de esa masacre, el 26 de agosto de 2010 fue cuando vimos con estupor en los medios de comunicación en este México sembrado de violencia, que en Tamaulipas fueron encontrado esos 72 cuerpos de migrantes, de los cuales no han encontrado todavía cuál es su identificación.

Habían sido ejecutados por grupos del crimen organizado, este horroroso hallazgo puso al descubierto una práctica cotidiana que sufren las y los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos. Se persigue a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional, se les persigue cual si fueran criminales, se les da trato, a veces, como vil mercancía, hay una deshumanización de este fenómeno que tiene origen en el modelo económico.

Las personas migrantes sólo buscan mejores expectativas de vida de las que les brinda su país y, sin embargo, la migración se da en un contexto de violación masiva de derechos humanos.

Esta legislatura que inicia tiene que hacer valer el respeto a la dignidad de las personas que cruzan o llegan a nuestro territorio. No contamos con una información precisa acerca de estos crímenes.

Ha sido inexistente una respuesta contundente de la autoridad, es por ello que no cesan todavía las extorsiones, los secuestros, los homicidios en contra de personas que buscan un mejor horizonte.

Los familiares de estos masacrados sólo han encontrado indiferencia, omisión de parte de las autoridades y un total de 13 cuerpos que no han sido identificados, y los llevaron a una fosa común, hacen falta mecanismos de acceso a la justicia, son migrantes centroamericanos, pero también los mexicanos que han sido asesinados en varios puntos del país.

Baste recordar que en junio pasado fueron hallados otros 20 inmigrantes en la frontera de México y Estados Unidos, cuyas muertes probablemente fueron ocasionadas al calor que se registra en esta zona.

Hace falta seguimiento a la situación de miles y miles de migrantes, víctimas de la insensibilidad de funcionarios o de los grupos criminales, sin que nadie haga caso a sus reclamos de justicia. Este Senado de la República no puede, no debe ser omiso a esta situación de hacer posible que hayan mecanismos de justicia y ponerle un alto a esta tragedia.

Termino presentándole a la Mesa Directiva una propuesta de que el Reglamento se emita a la brevedad y que se respete a plenitud el carácter garantista de la Ley de Migración para la preservación de los derechos humanos, toda vez que conforme a su Artículo Tercero Transitorio, debió emitirse el mes de noviembre de 2011.

Es cuanto, Mesa Directiva, señoras y señores Senadores. Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Al final de las intervenciones someteremos a consideración de esta Asamblea si se acepta esta modificación.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para el mismo tema, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Presidente:

A México le duele Tamaulipas, pero más nos duele a los tamaulipecos, ahí viven nuestras familias, ahí trabajamos, ahí es nuestro hogar, sabemos perfectamente la situación de violencia que vivimos, hemos recorrido todo nuestro estado, y creo que todos los legisladores estamos comprometidos con el tema de la seguridad y, sobre todo, estamos dispuestos a apoyar con todo a los gobiernos municipales, estatales y federal.

Déjenme decirles que, aunque por supuesto ha habido errores en todos los niveles de gobierno y somos críticos de ellos, también debemos decir que ha habido un trabajo entre estado y Federación, sobre todo en el caso específico de la identificación de los cuerpos de las fosas de San Fernando, este asunto de las fosas nos laceró el alma pero de ninguna forma nos arrodilló frente al crimen organizado.

Debo decirles que en el tema de la violencia, en Tamaulipas no hay dos, ni tres voces, hay solamente un grito desesperado, escuchado primordialmente por el Ejército, la Marina, la PGR y, sobre todo, por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Debo decirles también que específicamente en este caso participó tanto la Procuraduría de Justicia del Estado, por cierto en el tema de la identificación de los cuerpos, con seis médicos legistas y cinco criminalistas, y tiene a disposición el material genético de dichos cuerpos para realizar las prácticas de ADN que se requieran.

Y por supuesto, a partir del 13 de abril de 2011, la PGR atrajo también la investigación para facilitar la indagatoria y la identificación de los cuerpos. La realidad es que hoy, en este caso específico, tenemos 193 cuerpos, de los cuales 42 han sido identificados, uno está por entregarse y el resto está en la fosa común.

¿Y por qué es esto? Pues por la razón de que la mayoría de los migrantes viajan sin papeles para no ser identificados, y aunque el gobierno tiene el ADN de todos para la identificación, se necesita un familiar y estos cuerpos lamentablemente no han sido reclamados. No es falta de voluntad, es lamentablemente un procedimiento complicado que no se ha podido completar.

Entendemos también que el proceso de un reglamento es tortuoso, que se necesita un estudio de impacto regulatorio preciso y que hay que contestar las preguntas de la ciudadanía, pero pedimos de manera muy respetuosa a la COFEMER y a la SEGOB para que se agilice este proceso.

Nos sumamos a este exhorto, no solamente al gobierno federal, sino también a todos los niveles de gobierno porque estamos convencidos que solamente en unidad y solamente asumiendo cada uno de nuestros niveles de gobierno la responsabilidad, es que vamos a poder resolver los problema en estados como Tamaulipas y muchos estados de la República que sufren esta violencia y que necesitan la decisión y, sobre todo, el trabajo en equipo de todos los legisladores.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para referirse al mismo asunto, el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Sin duda, el tema que estamos abordando no es un asunto menor, es un tema que demanda de un elevado grado de sensibilidad. En política migratoria, nuestro país tiene una asignatura pendiente, un fenómeno que nos acompaña desde la historia misma de nuestra nación y que en épocas recientes se ha visto agravada por la violencia y por el crimen organizado; los migrantes son objeto de racismo, de discriminación, de xenofobia, de intolerancia, de violación a los derechos humanos, del robo, de la extorsión, de la trata de personas, al secuestro y, lamentablemente, al homicidio, como el ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en donde fueron masacradas 72 personas sin que a la fecha se sepa su identidad y nacionalidad.

Se dice que la mayoría eran de origen centroamericano, pero que también había ahí connacionales.

Para dimensionar el tamaño del problema, basta recordar que México es considerado como uno de los países con mayor exportación de connacionales al trabajo en el extranjero; se dice que son aproximadamente 29 millones de personas, de los cuales 22 residen en los Estados Unidos.

Las entidades de la República con mayor índice de migración son: Jalisco, con el 11 por ciento; Guanajuato y Michoacán, con el 10 por ciento; el Estado de México, con el 8 por ciento; Veracruz y Guerrero, con el 5 por ciento; el Distrito Federal, Puebla y Zacatecas, con el 4 por ciento; y el resto de las demás entidades de la República.

Por otro lado, debemos de considerar la triple identidad en materia de emigración de nuestro país, de expulsión, una de las más importantes en el mundo, la de país de tránsito y también el país de acogida, sobre todo de ciudadanos centroamericanos.

De ahí que el Estado mexicano deba garantizar la seguridad a cada persona involucrada en el fenómeno de la migración internacional y proteger a los mexicanos en el exterior; así como a los transmigrantes que cruzan nuestro territorio nacional.

Por eso, es digno de reconocer el trabajo de los Diputados y los Senadores de la pasada legislatura al diseñar, discutir y aprobar la Ley de Migración el pasado 25 de mayo de 2011, estableciendo un plazo de 60 días para la publicación del reglamento respectivo.

La negativa a la promulgación de este Reglamento a la Ley de Migración, deja sin vida jurídica aspectos fundamentales como la atribución a la Secretaría de Relaciones Exteriores para aplicar la ley.

La calidad de inmigrante-visitante por razones humanitarias, los procedimientos para garantizar el interés superior de la niñez, tratándose de menores inmigrantes no acompañados, incluso de connotaciones a preservar la unidad familiar.

Este no es el único esfuerzo que estamos tratando el día de hoy para lograr el objetivo de que se publique este Reglamento.

En este año, el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT y los Diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y José Luis Jaime Correa del PRD, el pasado 6 de junio presentaron un exhorto similar, el cual fue aprobado.

También se conformó una comisión plural con Diputados y Senadores de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, a efecto que de manera urgente se entrevistasen con el Secretario de Gobernación para que precisare y aclarara en el informe las razones por las cuales no se ha publicado ese Reglamento a 5 meses, que por cierto, ya van 10. Y lo cual, ha impedido que el gobierno pueda atender con eficacia el problema migratorio que vive el país.

Si bien es cierto, éste, que es un asunto de legalidad, que es un asunto de justicia; sin duda lo más importante es, que es un asunto de humanidad.

Por eso es que los Senadores del grupo parlamentario del PRI respaldamos en todos sus términos esta iniciativa presentada por el Senador Pablo Escudero e invitamos al resto de los grupos parlamentarios a que hagan lo propio.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero.

Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos para referirse al mismo tema, el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Como bien lo refiere el Senador Pablo Escudero, el hecho de que el Ejecutivo Federal no haya publicado el Reglamento de la Ley de Migración, no obstante haber transcurrido varios meses de fenecido el plazo por dicho efecto, sin duda es un tema muy, muy delicado.

Esta negligencia es preocupante, sin embargo, también preocupa el hecho de que el reglamento que se circuló desde mayo del año en curso, no sea el reglamento que se necesita, requerimos un reglamento que garantice la reforma sustancial.

Señalo lo anterior, pues estudios realizados por diversas organizaciones sociales, sostienen que el 98 por ciento de los cambios realizados al reglamento son de estilo y no se han tomado en cuenta las propuestas de cambio formuladas por las organizaciones civiles.

Por ello, hoy además de sumarnos al exhorto del Senador Pablo Escudero, suscribimos la exigencia del grupo de trabajo sobre política migratoria que agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan al gobierno federal corregir los defectos del Reglamento de la Ley de Migración, ya que de publicarse así, afectarían a la población como es el caso del procedimiento administrativo migratorio y las acciones de verificación.

Es importante que en el reglamento se incluyan procedimientos con plazos y tiempos concretos. Se dice que las disposiciones de verificación y control afectan a las personas que requieren de protección internacional como los refugiados solicitantes de asilo y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos incluyendo el secuestro, la tortura, la trata de personas.

Se debe regular el otorgamiento de dichos humanitarios a las víctimas de delito, ofendidos o testigos, mediante un procedimiento claro y que evite la discrecionalidad con la que hoy se están otorgando por parte del Instituto Nacional de Migración, entre muchos otros temas pendientes.

Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido el hecho que desde el inicio del mandato de Felipe Calderón, el Instituto Nacional Migración haya sido fuertemente cuestionado por diversas organizaciones civiles por el trato que da a los migrantes que ingresan a territorio mexicano.

Es decir, se ha señalado en reiteradas ocasiones que los funcionarios del instituto están involucrados en el secuestro de migrantes.

Si bien es cierto que el propio instituto, en el 2011, inició un proceso de depuración de su personal, la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, condenó en ese mismo año la acción de las autoridades mexicanas en la protección de migrantes, con lo que queda claro que dichas acciones no han sido ni serán suficientes.

Sin duda, la falta de una Ley de Migración y de un reglamento acorde a nuestra realidad han sido la causa de que el gobierno federal no haya podido, a dos años de distancia, esclarecer los hechos y, por ello, determinar los nombres y nacionalidades de cada una de las víctimas de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.

Este acontecimiento que convulsionó a toda la nación, fue un suceso que dejó una huella profunda en la historia de nuestro México, nos conmovió e indignó a todos. Por ello, es indignante la lentitud con que avanzan las investigaciones y es irritante el manejo que se le da a la información.

Fueron 72 los cuerpos encontrados en esta fosa, y sin embargo, estamos convencidos de que las víctimas pueden ser más, tan sólo los albergues del sur de México han reportado hasta 6 mil migrantes, sin embargo, el número de personas que llegan al norte de México corresponde a 1,000 ó 2,000 migrantes sin que nadie sepa qué pasó con el resto.

Por todo ello, concordamos con el Senador Escudero Morales, cuando señala que este es uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y derechos humanos, y que debemos tratarlo a la brevedad, y nos sumamos a este proyecto en todos sus términos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para referirse al mismo tema, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente, con el permiso de mi coordinador en la Asamblea.

Hace unos minutos me presenté ante esta tribuna precisamente dando un adelanto de lo que sería posteriormente el exhorto de nuestro compañero del Partido Verde.

Los que vivimos en frontera, los que conocemos los desiertos, el Río Bravo, el desierto de Sonora, el desierto de Imperial, los que estamos acostumbrados a ver a los compañeros migrantes de todas las nacionalidades llegar a nuestras comunidades, no necesitamos más que la memoria para poder expresar lo que estas personas viven. Esto es, no tendremos que llegar aquí a este foro con un discurso preestablecido, cuando los progresistas hablamos de un cambio de régimen con el coraje de los grupos supremacistas de este país, precisamente nos referimos a esto.

Cómo es posible que estemos esperando una Ley de Migración para que esto cambie si los corporativos policiacos están infestados de corrupción, si a lo largo del territorio existe una cadena de ciudadanos cuyo modus vivendi es explotar y maltratar al migrante. Cómo es posible que quienes empañan el espejo luego sientan que no esté claro.

Aquí se requiere un conjunto nacional donde nos reeduquemos en una cultura de respeto a los seres humanos, un reglamento de inmigración puede ayudar, desde el punto de vista burocrático, pero si no hay un cambio de visión en el régimen, si nosotros seguimos golpeando a los estados que expulsa y que, en su caso, reciben a los compañeros migrantes, este flujo va a ser incontenible.

En algunos foros posiciones tan opuestas como el progresismo que en campaña encabezó honrosamente Andrés Manuel López Obrador y esa política humanista, el PAN comulgamos en Baja California precisamente muchos de estos temas, no pondré a atestiguar muertos, sino vivos, y pongo por testigo a mi compañero Víctor Hermosillo y a mi compañero Ernesto Ruffo, en cuanto a la necesidad de que desde el centro se respeten a los estados que expulsan, pero también a los que contienen ese flujo de seres humanos.

Es increíble, repito, que vengamos aquí solamente con el exhorto de un reglamento creyendo que con esto van a desaparecer estas malas prácticas que nos han ensombrecido a nivel mundial.

Y lo digo, porque este compañero que fue abatido por la Border Patrol, muchos de los compañeros que murieron en San Fernando o que mueren en los desiertos o que mueren ahogados en el Río Bravo, quisieran el confort de las balas, de la patrulla fronteriza, en vez de morir de la manera como mueren.

Por ello es que yo quisiera elevar la voz en este foro para que no solamente observemos lo que tiene que ver el cumplimiento de una ley o de un reglamento, sino que nos reeduquemos, ya que los progresistas no pudimos llevar a la potestad pública esa posición de cambio de régimen que tanto hemos sostenido y que seguimos sosteniendo, por lo menos desde el punto de vista de la organización como país, podamos dar una atención especial a Oaxaca, a Chiapas, a Tlaxcala, a esos estados que carecen de oportunidades y que por eso estas personas tienen que realizar estas aventuras, pero también muy importante, estos migrantes en su fallido intento por cruzar, buscan un espacio social en Coahuila, lo buscan en Baja California, lo buscan en Tamaulipas, lo buscan en Chihuahua, y la triste realidad es que desde el centro, esta burocracia se encarga de destruir las posibilidades de progreso, hablo por los estados fronterizos, del norte de donde vengo, con políticas abyectas y a veces groseras; por supuesto, nuestro compromiso es el acuerdo de los compañeros del PT, sumarnos a este exhorto, es un exhorto muy interesante, pero una vez más, quiero dejar aquí el relieve que no hay ningún reglamento, no hay ninguna ley que sin acompañarse de una reeducación y acompañarse de una nueva misión hacia los seres humanos y las necesidades de los estados que las expulsan y que los contienen, nada se podrá lograr.

Muchas gracias, es cuanto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación entregada a esta Mesa Directiva por la Senadora Dolores Padierna e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Con fundamento en los artículos 200 y 201 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente propuesta de modificación al punto resolutivo primero de la proposición con punto de Acuerdo.

"PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, maestro Felipe Calderón Hinojosa, gire sus instrucciones para que sea publicado cuanto antes el Reglamento de la Ley de Migración, respetando a plenitud el carácter garantista de la ley para la preservación de los derechos humanos, toda vez que, conforme a su Artículo Tercero Transitorio, debió emitirse en el mes de noviembre de 2011".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se admite a discusión la modificación presentada.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión.

Senador Pablo Escudero, ¿con que objeto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Para hablar a favor, desde mi lugar, si me lo permite.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Pablo Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Seré muy breve, señor Presidente.

Sin duda, la adición que nos propone la Senadora es importantísima, me parece que tanto el Senado a la hora de legislar como el Poder Ejecutivo a la hora de hacer el reglamento, tienen que tomar en todo momento lo suscrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, con eso les vamos ahorrar mucho trabajo a los jueces a la hora de revisar, a la hora de hacer sus controles de convencionalidad difuso, con eso les vamos a ayudar mucho a los jueces, por supuesto que estoy de acuerdo con la adición de la Senadora Dolores Padierna.

Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: No habiendo más solicitudes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de modificación presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se aprueba.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aprobada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República ampliar la auditoría a todas las áreas administrativas federales y estatales a su cargo, la cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMPLIAR LA AUDITORIA A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES Y ESTATALES A SU CARGO, ASI COMO A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA MISMA

DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En su obra “El Lenguaje”, Octavio Paz señala que:

“No sabemos en donde empieza el mal, si en la palabra o en las cosas, pero cuando las palabras se “corrompen” y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa1

En sus orígenes para que se diera el fenómeno de la corrupción, ineludiblemente se necesitaba la participación de dos personas, el servidor público y el ciudadano.

Actualmente, en el caso del peculado2, es más que suficiente un solo agente para cometer un acto de corrupción.

La convención de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, firmada en Mérida y ya ratificada por el Senado de la República, representa un parteaguas en la definición de la corrupción al tipificarla como una actividad ilegal también del sector privado. Anteriormente la corrupción era un ámbito exclusivo del Estado y los funcionarios públicos, ahora la Convención integra a los empresarios.

En México, la corrupción está tan arraigada, que forma parte, desde ya hace muchos años, como engranaje vital en la maquinaria de la administración pública.

Los servidores y funcionarios públicos, en todos los niveles, aprovechan su condición como parte de la administración pública, para beneficiarse del erario público.

Según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) el costo de la corrupción en México, es cercano a 1.5 billones de pesos, además de padecerse un 98% de impunidad, lo cual exige mayor compromiso de ciudadanos, candidatos y legisladores3.

Hemos visto con tristeza como, a través del tiempo, en distintos Estados de la República, principalmente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, aunque no es privativa de un solo partido, se han implementado diversas modalidades de corrupción, dañando severamente las instituciones y generando una gran desconfianza en la sociedad.

Algunos ejemplos de ello son los casos de Coahuila, donde la deuda ascendió en un 300%; el caso de Veracruz, donde hubo un desvío al erario público por cerca de 4 mil 177 millones de pesos en el último año del gobierno anterior; de la alcaldía del Puerto de Acapulco, donde la deuda municipal pasó de 78 a casi mil millones de pesos; y del reciente caso de Cuernavaca donde el Alcalde dispuso ilegalmente de $53 millones de pesos4.

Sin embargo, algunas instituciones del gobierno federaltambién padecen esta misma anomalía, en donde la Procuraduría General de la República (PGR), aparece como una de las instituciones gubernamentales susceptibles a este problema, dado la naturaleza estratégica de su función.

Recientemente se informó por los medios de comunicación que la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, está siendo investigada debido a irregularidades en el manejo de la flota aérea, donde también pudieran estar involucrados funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en colusión con empresas privadas.

En México existe normatividad y organismos que vigilan y sancionan este tipo de prácticas. Sin embargo la corrupción no es un problema que pueda erradicarse con facilidad.

La corrupción puede ser tan intensa o rutinaria en el sector privado como en el público, pero no hay duda que los valores lesionados son diferentes. En la empresa, el empleado desleal transgrede los principios funcionales de la organización y traiciona la confianza de sus superiores; en la burocracia es la violación a los objetivos institucionales y de todo un sistema jurídico. El burócrata corrupto atenta contra la legitimidad del gobierno5.

La dimensión monstruosa y compleja del fenómeno de la corrupción no es propicia a las recetas unidimensionales y simplistas; no hay un vademécum contra la corrupción. Realidad que preocupa a los empresarios, desespera a los académicos, frustra a los políticos y desalienta a la sociedad. Pero no hay de otra, volvemos a lo mismo, una corrupción omnipresente en la vida pública exige acciones y políticas que abarquen todo y nos incluyan a todos.

Actualmente el presidente impuesto Enrique Peña Nieto, ha presentado una iniciativa sobre el tema de transparencia. Sin embargo debemos estar muy atentos con las intenciones de esta iniciativa, pues mientras no se aclare el origen o procedencia de los recursos millonarios que fueron utilizados en la reciente campaña presidencial del PRI, a través de esquemas tipificados como lavado de dinero y evasión fiscal, cualquier iniciativa a favor de la transparencia y del combate a la corrupción por parte del PRI, sonará a burla cruel o, en el mejor de los casos, será una estrategia política para tratar de ocultar, desviar o manipular la atención sobre la campaña presidencial más costosa y opaca en la historia de México.

Tampoco debemos olvidar que fue el anterior gobierno del Estado de México el principal encubridor del exgobernador Arturo Montiel por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en un plazo no mayor a 60 días nos envíe un informe pormenorizado de los resultados de la auditoría en la Dirección General de Servicios Aéreos, así como de las sanciones impuestas a los funcionarios y empresarios relacionados en actos de corrupción.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que amplíe la auditoria a todas las Áreas Administrativas a su cargo en los distintos estados de la República, que abarque hasta el año 2004, para deslindar posibles actos de corrupción por parte de funcionarios y empresarios que brinden algún tipo de servicio a ésta, además de hacerla pública en su portal de internet.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012”.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la controversia constitucional que presentó el Presidente de la República en relación con la falta de publicación del Decreto que reforma el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente.

Después de la aprobación el 30 de abril del presente año en la Cámara de Diputados del dictamen por el que se crea un Fondo Especial de Recursos Extraordinarios por 15 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía en 26 estados de la República, los legisladores que integramos la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, iniciamos una serie de acciones institucionales para que el Ejecutivo Federal atendiera la resolución de publicar en el Diario Oficial de la Federación lo aprobado por este Poder de la Unión. En una democracia, ningún poder está por encima de otro.

El siguiente es un recuento sucinto de estas acciones:

1). Con fecha 16 de mayo del año en curso, la Comisión Permanente aprobó un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que apremie la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho Decreto.

2). El 1° de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio firmado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En dicho oficio, el funcionario hace ciertas observaciones al Decreto en cuestión y lo devuelve a la Cámara.

3). El 4 de junio de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su opinión sobre dicho oficio.

4). El 7 de junio de 2012, la Comisión Permanente aprueba un punto de Acuerdo donde se reprueba la devolución del Decreto y dado que no se observa el artículo 72 constitucional, inciso b), le solicita se promulgue dicho Decreto en términos de ley.

5). El 8 de junio de 2012, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, envía una opinión a la Mesa Directiva. Estas fueron sus conclusiones:

Primera: La facultad de realizar observaciones respecto a las leyes o Decretos aprobados por las Cámaras del Congreso de la Unión es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución General de la República.

Segunda: La comunicación realizada por el Subsecretario de Enlace Legislativo debe entenderse como tal y no como observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Cuarta: En caso de que el Ejecutivo Federal no publique el Decreto a más tardar el 11 de julio de 2011, se considera que el Presidente de la Mesa Directiva estaría en posibilidad de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6). El 12 de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió un oficio al Secretario de Gobernación donde señala que, derivado de un análisis jurídico efectuado por esta Mesa Directiva, el proyecto de Decreto de mérito, fue emitido exclusivamente por la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 74 constitucional y cumple con los requisitos constitucionales para su remisión al Ejecutivo Federal para así continuar con su trámite legislativo.

7). El 12 de julio de 2012, nuevamente el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en virtud de que se ha vencido el plazo constitucional otorgado al Ejecutivo Federal para promulgar y publicar el Decreto, la Presidencia de la Mesa Directiva ordena su publicación de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.

9). Con fecha 21 de agosto de 2012, la Comisión Permanente aprueba un punto de Acuerdo por el que se le hace un extrañamiento al Secretario de Gobernación, y nuevamente se le exhorta a que instruya la publicación a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación del Decreto en cuestión.

10). El 31 de agosto de 2012, el Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Cámara de Diputados por la orden que ésta le giró para publicar la reforma a dicho Decreto.

Por eso, compañeras y compañeros, después del análisis que se ha hecho, de que son 3.2 millones cuando menos de hectáreas afectadas; 4 millones de despoblamiento del hato ganadero; 8 mil localidades que se afectan por la sequía; y más de 12.5 millones de personas afectadas, es que hemos estado insistiendo en estricto apego a un proceso legislativo que se publique en el Diario Oficial de la Federación este Decreto.

Por ello, sometemos a la consideración de este Pleno del Senado de la República, a nombre del grupo parlamentario del PRI, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución:

Unico.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de las facultades que les confiere nuestra Carta Magna, resuelvan conforme a derecho la controversia constitucional que presentó el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la instrucción de ésta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto legislativo de reforma el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, por el que se autoriza la creación de un Fondo de Recursos Extraordinarios por 15 mil millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en más de 26 estados de la República; también, si así lo consideran, que dicho estudio se encuentre dentro de las prioridades de resolución y, si es el caso, estar en posibilidad de que se publique dicho Decreto en el Diario Oficial de la Federación, lo antes posible.

No omito remarcarles que la falta de publicación e instrumentación del referido Decreto por el Ejecutivo Federal, implica un grave problema a la población afectada, no sólo por la falta de sus medios de vida, sino de su propia vida.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, les solicitamos muy atentamente a todas y a todos ustedes su aprobación, para que este punto de Acuerdo tenga viabilidad y, por supuesto, para que sea tomado en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL QUE PRESENTO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA FALTA DE PUBLICACION DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO TRIGESIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

“Los suscritos, Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jimenez, Braulio Fernández Aguirre, Mely Romero Celis, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, José Francisco Yunes Zorrilla, Arturo Zamora Jimenez, Hilda Estela Flores Escalera, Isaías González Cuevas Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 276, 108 numeral I y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que el Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de las facultades que les confiere nuestra Carta Magna, resuelvan conforme a derecho la Controversia Constitucional que presentó el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la instrucción de ésta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Legislativo que reforma el Art. Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, por el que se autoriza la creación de un Fondo de recursos extraordinarios por 15 mil millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en 26 estados de la República; también, si así lo consideran, que dicho estudio se encuentre dentro de sus prioridades de resolución y, si es el caso, estar en posibilidades de que se publique dicho Decreto en el DOF, lo más pronto posible, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de la aprobación el 30 de abril del presente año en la Cámara de Diputados del Dictamen por el que se crea un Fondo Especial de Recursos Extraordinarios por 15 MMP para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas (heladas, sequías, inundaciones), en 26 estados de la República, los legisladores que integramos la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, iniciamos una seria de acciones institucionales para que el Ejecutivo Federal atendiera la resolución de Publicar en el DOF lo aprobado por este Poder de la Unión. Porque en una democracia, ningún poder está por encima de otro.

El siguiente es un recuento sucinto esta acciones.

1). Con fecha 16 de mayo del año en curso, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que apremie la publicación en el DOF del decreto por el que se crea un Fondo especial de recursos extraordinarios por 15 mil millones de pesos (MMP) para atender las contingencias climáticas y los daños que han afectado a 26 estados del País.

2). Con fecha 1° de junio del 2012, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio firmado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En dicho oficio, el funcionario hace ciertas observaciones al Decreto en cuestión y lo devuelve a la Cámara. Cabe mencionar que de acuerdo al Art. 72 fracción B de la Constitución, corresponde solo al titular del Ejecutivo la responsabilidad de emitir observaciones, es decir el veto corresponde al Presidente de la República no a un funcionario menor.

3). El 4 de junio del 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su opinión sobre el oficio remitido por la Subsecretaría de Enlace Legislativo.

4). El 7 de junio del presente la Comisión Permanente aprueba un punto de Acuerdo donde se reprueba la devolución del Decreto y dado que no se observa el Art. 72 Constitucional, le solicita se promulgue dicho decreto en términos de ley.

5). El 8 de junio del 2012, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, envía su opinión a la Mesa Directiva. Sus resolutivos son contundentes:

Primera: La facultad de realizar observaciones respecto a leyes o decretos aprobados por las Cámara del Congreso de la Unión es exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto por el Art. 72 de la Constitución.

Segunda: La comunicación realizada por el Subsecretario de Enlace Legislativo debe entenderse como tal y no como observaciones del titular del Ejecutivo Federal.

Tercera: Debido a que el Art. 72 Constitucional no prevé procedimiento alguno, respecto a las comunicaciones de los poderes, dentro del proceso legislativo, pudiera darse contestación al oficio en el sentido de que al no realizarse observaciones, se continuará con el trámite legislativo correspondiente y adjuntarse el decreto original para su publicación.

Cuarta: En caso de que el Ejecutivo Federal no publique el Decreto a más tardar el 11 de julio del 2011, se considera que el Presidente de la Mesa Directiva estaría en posibilidad de ordenar su publicación en el DOF.

6). El 12 de junio del presente, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió un oficio al Secretario de Gobernación donde señala que “derivado de un análisis jurídico efectuado por esta Mesa Directiva, el proyecto de Decreto de mérito, fue emitido exclusivamente por la Cámara de Diputados con fundamento en el Art. 74 Constitucional y cumple con los requisitos constitucionales para su remisión al Ejecutivo Federal para así continuar con su trámite legislativo, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 72 Fracción B de la Constitución, le envío el proyecto de Decreto a fin de que se someta a consideración del titular del Ejecutivo Federal”.

7). Con fecha 12 de julio, nuevamente el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en virtud de que “ya vencido el plazo constitucional otorgado al Ejecutivo Federal para promulgar y publicar el Decreto, aprobado el 30 de abril del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con fundamento en lo que establece la Fracción B del Art. 72 de la Constitución, ordena su publicación de inmediato en el Diario Oficial de la Federación”.

8). El 18 de julio del 2012, el Pleno de la Comisión Permanente, aprobó por unanimidad el punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, para que se publique a la brevedad en el DOF el Decreto por el que se crea el Fondo Especial de recursos extraordinarios por 15 MMP para atender los daños ocasionados por la sequía en 26 estados de la República.

9). Con fecha 21 de agosto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprueba un punto de Acuerdo por el que se le hace un extrañamiento al Secretario de Gobernación, y nuevamente se le exhorta a que instruya la publicación a brevedad en el DOF del Decreto en cuestión.

10). El 31 de agosto del 2012 el Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de1 la Cámara de Diputados por la orden que ésta le giró para publicar una reforma que adicionó 15 MMP al Decreto del Presupuesto de 2012.

11). La SCJN dio cuenta de dicha Controversia, turnándola para su estudio a la Segunda Sala el 3 de septiembre del Presente año.2

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), presentó el reporte “Avances y retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012” donde señala que los indicadores de bienestar económico (ingreso laboral, canasta alimentaría básica y la tasa de desocupación), registraron un retroceso al cierre del 2011. Cabe mencionar que, de acuerdo a indicadores de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), los daños ocasionado por la sequía al cierre del mes de junio son: 3.2 millones de has. afectadas; 4 millones despoblamiento del hato ganadero; 8 mil localidades sin agua; 12.5 millones de personas afectadas.

Pese a declaraciones triunfalistas del Presidente de la República, respecto al combate que su administración hizo para enfrentar esta contingencia, los indicadores y la realidad que se vive en las comunidades lo desmienten. Por ello es que sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo de urgente resolución

Unico.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de las facultades que les confiere nuestra Carta Magna, resuelvan conforme a derecho la Controversia Constitucional que presentó el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la instrucción de ésta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Legislativo que reforma el Art. Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, por el que se autoriza la creación de un Fondo de recursos extraordinarios por 15 mil millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en 26 estados de la República; también, si así lo consideran, que dicho estudio se encuentre dentro de sus prioridades de resolución y, si es el caso, estar en posibilidades de que se publique dicho Decreto en el DOF, lo más pronto posible.

No omito remarcarles que la falta de publicación e instrumentación del referido Decreto por el ejecutivo Federal, implica un grave problema a la población afectada, no solo por la falta de sus medios de vida, sino de su propia vida.

Nueva sede del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Sen.- Gerardo Sánchez García.- Sen.- Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen.- Braulio FernándezAguirre.- Sen.- Mely Romero Celis.- Sen.- Oscar Román Rosas González.- Sen.- Patricio MartínezGarcía.- Sen.- José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen.- Arturo Zamora Jiménez.- Sen.- Hilda Estela Flores Escalera.- Sen.- Isaías González Cuevas”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Sánchez García. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre el tema, se concede el uso de la tribuna al Senador José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

El tema que hoy ha presentado nuestro compañero Senador Gerardo Sánchez, indudablemente que es de preocupación de todos, y particularmente le diría que quienes somos originarios de la parte centro-norte de este país, hemos sido testigos de los estragos que ha hecho la sequía en los últimos 2 años, particularmente en éste.

Por ello, nosotros saludamos esa preocupación que ustedes han manifestado por buscar mayores recursos para atender los efectos de la sequía.

Indudablemente que como originario del estado de Durango, uno de los que más se ha afectado en esta materia, no puedo aquí más que decirles: que coincidimos con esa necesidad.

Pero también es importante puntualizar que este órgano, la Cámara de Senadores, como parte de uno de los Poderes de la Unión, tiene que actuar siempre bajo los principios de legalidad, y no podemos pedirle a otro poder, al Ejecutivo, que transgreda los principios consagrados en nuestra Ley Fundamental, y particularmente en el caso del procedimiento legislativo.

Aquí es claro que nosotros no estamos en desacuerdo con el fondo del problema.

Lo que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo en este recurso, se resalta que no se está impugnando el contenido material de la supuesta reforma al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, sino la orden de publicación de la misma por vicios propios al no seguirse el procedimiento en la Ley Fundamental para emitir una ley formal y materialmente legislativa.

Y en ese sentido, no obstante que el Ejecutivo no podía publicar dicho Decreto, que fue producto de un acuerdo de una de las Cámaras en la que se emite un dictamen sin decir: De dónde se iban a obtener esos 15 mil millones de pesos. Y todos sabemos, tal y como lo señala el artículo 126 de nuestra Constitución, que todo gasto público tiene que estar sustentado con un ingreso.

El presupuesto, todo mundo sabemos que tiene que estar compensado entre los ingresos y los egresos. Si bien es cierto que la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, para llegar a esa parte se requiere la participación de las dos Cámaras, en la parte relativa a los ingresos, y esa es la parte en la que el titular del Poder Ejecutivo, el Presidente Felipe Calderón, no aceptó transgredir los principios que señalan nuestra propia Constitución y las leyes en la materia.

Por esa razón, no obstante, a sabiendas de que no se tenía la posibilidad legal de mandar publicar ese documento, el gobierno del Presidente Felipe Calderón tomó un acuerdo, el Acuerdo Presidencial del 25 de enero, para mitigar los efectos de la sequía.

Y en este acuerdo, en el cual se acordaron 33 mil 800 millones de pesos, de los cuales hasta el momento se han ejercido más de 22 mil millones de pesos en los diferentes programas que van hacia el campo, y en esta parte yo les diría, compañeras y compañeros Senadores, qué bueno que hay esa preocupación por buscar más recursos, y reitero, nosotros la suscribimos, y estoy seguro que ni siquiera con 15 mil millones de pesos adicionales podríamos resolver el problema que se tiene en el campo.

Pero lo importante es que los actos del Poder Legislativo de esta Cámara, estén siempre sujetos a los principios de legalidad. Acuérdense que un principio del derecho establece que los órganos del poder público sólo pueden hacer aquello que expresamente le señala la ley y, en cambio, los ciudadanos aquello que no les prohíbe la ley. Y en este sentido, amigas y amigos, decirles que el compromiso del gobierno del Presidente Felipe Calderón sigue firme, que inclusive en el mes de abril, en la CONAGO se tomó un acuerdo para que los señores gobernadores informaran: de qué manera se iban a utilizar los recursos que se estaban pidiendo de manera extraordinaria, y hasta el momento no ha habido nada al respecto.

Por eso, yo le pediría a esta Soberanía que, decirles, primero, que el PAN va a votar a favor de este exhorto, concientes de que no estamos muy de acuerdo en que un poder le tenga que pedir a otro que haga la parte que le corresponde, y estamos seguros que la Suprema Corte de Justicia, como órgano máximo en materia constitucional, habrá de resolver conforme a derecho y le dará la razón al titular del Poder Ejecutivo Federal en este asunto, en el que yo los invito a que veamos qué han hecho los señores gobernadores en estos compromisos.

A dónde se han ido los recursos que el gobierno federal ha destinado a través de diversos programas, y que hasta la fecha, habrá que decirlo, muchos estados no han hecho la parte que les corresponde, y aquí lo que nos debe de preocupar es ver cómo, de manera conjunta, los tres órdenes de gobierno debemos de dar solución a un problema que es real: la sequía que afecta a miles y a miles de gentes que viven en el campo, y no sólo en el campo, sino también las consecuencias son para las zonas urbanas.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas Aispuro.

Para habla sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos.

Esta Presidencia les ruega a las y los oradores podamos ajustarnos a este tiempo establecido.

Muchas gracias.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Solicité el uso de la palabra, no me fue concedido oportunamente, qué bueno que estaba en el orden, justamente era para preguntar a mi amigo, al Senador José Rosas, el sentido de su postura. La ha expresado que es a favor.

¿Es correcto?

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: (Desde su escaño)Sí, es correcto, es a favor.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias.

He suscrito el presente exhorto porque he sido partícipe del mismo, compañeras y compañeros.

Como integrante de la LXI Legislatura, como integrante de la Comisión de Agricultura y la propia comisión de lo que aquí se ha expuesto, he participado en ello.

He participado como Diputado de mayoría en el calvario en el que se ve lamentablemente a los campesinos de México.

He participado en los últimos acontecimientos del cambio climático y la suma, que lamentablemente el clima ha hecho sobre el campo de México.

Y lamentablemente también he participado en las políticas públicas, que no siempre han sido acertadas en la aplicación en el campo de México.

El tema central de la sequía, que lamentablemente abatió a 26 entidades del país, que antes de ello las heladas, posterior a ello las inundaciones y las políticas públicas del gobierno federal habían quedado estáticas.

Se sostuvieron un sinnúmero de reuniones, de encuentros. En los diferentes grupos parlamentarios se integró el grupo correspondiente de análisis de las afectaciones.

Nos trasladamos, la Comisión de Agricultura, al estado de Sinaloa, donde más de 500 mil hectáreas de maíz fueron afectadas, y estos esfuerzos, el encuentro con los gobernadores, con los Secretarios de Estado y muchos más, no hicieron posible que un mandato del Poder Legislativo se acatara.

Yo sólo expreso, con respeto, que una atribución fundamental de la Cámara de Diputados federal, es justamente la aprobación del presupuesto.

Y los 15 mil millones de pesos que se habían aprobado van direccionados en esa atribución fundamental. Pero igualmente sumamos con una reforma en el 2011 de la Constitución de la República, evitar el derecho de veto de bolsillo, que habitualmente los presidentes realizaban.

Dicho veto se ejecutó de nueva cuenta. El 3 septiembre nos da la sorpresa el Presidente, no sólo vetando, controvirtiendo un Decreto que indudablemente es muy necesario en las entidades.

Entidades como la que me corresponde representar, mi estado Nayarit. Entidades como quien me antecedió en el uso de la palabra, Durango; que lo hemos tratado puntualmente.

Los estados se han descapitalizado, han usado dinero que va direccionado a otros programas estatales, para poderlos direccionar a este tema de la sequía. Son muchas hectáreas, muchos millones de hectáreas. Que en el fríjol, que en el maíz, que en el trigo, son muchos hatos de ganado que se han perdido.

Y ésta es la respuesta del Presidente, una controversia constitucional.

Por eso me da gusto escuchar, a quien me ha antecedido, estar a favor del exhorto que se hace respetuosamente a uno de los poderes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y eso es lo que invitamos a todas y a todos ustedes, hacer valer el derecho que los ciudadanos han emitido con su voto a uno de los poderes de los tres del Estado.

Por ello, respetuosamente solicitar este apoyo a este exhorto. Son muchos los daños ocasionados a las entidades en las cuales todos y cada uno de nosotros representamos, son Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato.

Ello, indudablemente, por esas importantes sequías; pero igual por las heladas, en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo, en Veracruz.

Y así, lamentablemente las políticas públicas han venido siendo cubiertas por otro tipo de contingencias.

Estaba la helada, llegó la inundación, o estaba la helada y llegó el incendio, y nunca llegaron los recursos oportunos del gobierno federal.

Por eso nuestra solicitud, este exhorto que hace esta Cámara de Senadores, mismo que lo hicimos en la Comisión Permanente, que anteriormente ha concluido.

Gracias por su confianza, su apoyo y su voto.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador CotaJiménez.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Aarón Irizar López: Con su venia, señor Presidente.

Soy de un estado que vive particularmente de la fuerza de los hombres del campo.

Soy de Sinaloa, y he visto de cerca el enorme efecto de la sequía en el campo de Sinaloa. Pero seguramente, este estrago es el mismo en muchos estados, y lo más grave es que este fenómeno tiene tendencias de potencial recurrencia.

Y en ese sentido, yo votaré a favor por este exhorto, y creo que todas las compañeras y compañeros legisladores debemos dar un voto solidario para que esta decisión de la Corte camine con la más alta precisión y con enorme aprecio al derecho, por el enorme reclamo de los hombres y las mujeres del campo del país que han sido afectados por este fenómeno de la sequía.

Meterse en el ánimo de los hombres y mujeres del campo, es meterse en la enorme desesperación que han sentido por este efecto.

Ahí en el estado nuestro, como el de los otros que han sido afectados por este fenómeno, hemos visto la desesperación del enorme impacto que tiene en sus economías.

Y eso es suficiente, para que en la voluntad del Ejecutivo, pudiera ser que en la decisión de la Corte se actuara de inmediato para ir al encuentro de esa decisión, que requiere una enorme voluntad política y una enorme disposición para apoyar a los hombres y las mujeres del campo, que han sido afectados por este fenómeno de la sequía.

Es todo, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Irizar López.

Tiene el uso de la tribuna, para referirse a este tema, el Senador Sofío Ramírez Hernández.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Compañeras y compañeros Senadores; con el permiso de la Mesa Directiva.

Hemos escuchado con atención, el exhorto y los considerandos que presentó el Senador Gerardo Sánchez, lo mismo de nuestro compañero de Acción Nacional.

Yo pediría a todos los integrantes de esta legislatura, que pudiésemos, de manera virtual o literalmente hablando, transportarnos todos a donde está la problemática de miles de campesinos que no tienen qué comer.

Aquí están participando los tres poderes públicos. La Cámara de Diputados, en la facultad que le corresponde, la discusión, la aprobación del Presupuesto de Egresos, como Poder Legislativo.

El Poder Ejecutivo, Presidente de la República, en lo que corresponde a su obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Y en el último paso, que es el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la controversia del Poder Ejecutivo, respecto a lo que ha dictaminado el Poder Legislativo, Cámara de Diputados.

Para nosotros o para quienes conocen de los procedimientos legislativos, de los conceptos de marco jurídico, pueden encontrarse muchas explicaciones o justificaciones; pero para los campesinos, esto es una grosería, que los poderes públicos estén entreteniendo entre sus mezquindades de servir al pueblo de México, y no demos respuesta a lo que hoy necesitamos.

Son millones, miles de familias que no encuentran qué comer.

26 estados de la República que fueron afectados por las sequías e inundaciones, esto no puede esperar más. En donde un estado de derecho, nos confundamos que entre lo que corresponde las facultades del Poder Legislativo; lo que corresponde al Poder Ejecutivo; y hoy esperamos que ojalá pronto, con pleno respeto a sus facultades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda emitir.

Son muchas fechas, desde el 24 de abril, 30 de abril, 16 de mayo, 1° de junio, 4 de junio, 7 de junio, 11 de junio, que es cuando debió de haberse publicado, 12 de julio, cuando se venció el plazo, 21 de agosto, donde la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, y por último, el 31 de agosto donde el Ejecutivo Federal presenta la controversia.

Preguntan, que no tienen soporte presupuestal. Para eso se hicieron reformas al artículo 72, inciso b) de la Constitución. Y tengo entendido, también, que al Artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Creo que no cabe en este Recinto, la pregunta, ¿de dónde van a obtener los recursos? Los mexicanos que queremos servirle a nuestra tierra y a nuestros ciudadanos, debemos de buscar respuestas inmediatas.

¿De dónde van a salir los recursos para estos 15 mil millones de pesos para los que no tienen hoy qué comer?

Pues hablamos de un gobierno federal que tiene deficiencias económicas y que hay subejercicios. Y si no, pues establezcamos las mesas de trabajo dentro del estado de derecho, pero démosle respuesta a los campesinos de este país que están pasando por momentos más críticos.

Yo de igual manera lo compartía en otra ocasión, vengo de un estado rural, vengo del estado de Guerrero, la región de la montaña, donde nuestro ingreso, nuestra economía, nuestra alimentación proviene del campo. Yo espero que esta Soberanía apruebe el exhorto y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tiempo que corresponda y respetuosamente lo más pronto posible, resuelva sobre este asunto.

Muchas gracias, buenas tardes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, para referirse al mismo asunto, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor Presidente.

Tal y como lo anticipaba el Senador Rosas Aispuro, estamos a favor de esta proposición con punto de Acuerdo.

Y estamos a favor no solamente porque hemos acompañado los exhortos y los llamados del Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal para atender las contingencias climáticas con mayores recursos y apoyos, sino que también hemos apoyado las medidas que el Presidente de la República ha tomado desde enero de 2012.

Desde ese momento, se han establecido no solamente medidas de atención a la contingencia climática, sino sobre todo se han liberado recursos para atender justamente a estas regiones que han padecido esta circunstancia climatológica.

La discusión de la proposición con punto de Acuerdo es un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver un diferendo jurídico, en el cual no podemos, bajo ninguna circunstancia, menospreciar la importancia de ese diferendo jurídico.

Aquí la pregunta es si durante el ejercicio la Cámara de Diputados puede modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación para asignar fondos a un destino no previsto en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el año precedente.

Está a discusión si unicameralmente la Cámara de Diputados puede establecer fondos especiales con recursos sin determinar el origen del financiamiento, porque tiene enormes implicaciones. Destaco tres.

Si no está prevista la fuente de financiamiento en términos estrictos, cualquier ampliación al presupuesto sería déficit no aprobado por la Cámara de Diputados, es decir, deuda pública.

En segundo lugar, cuando no existe base normativa para el ejercicio de una partida presupuestal, el servidor público que aplica ese recurso incurriría en responsabilidad administrativa y eventualmente responsabilidad penal.

Y en tercer lugar, el más preocupante, es el precedente constitucional que estamos dejando, que es franca y claramente violatorio del artículo 126 de la Constitución.

Y lo que va a resolver la Suprema Corte es si el mecanismo jurídico que utilizó la Cámara de Diputados es el mecanismo constitucionalmente idóneo para asignar recursos fuera del ejercicio presupuestal. Una vez, insisto, que no está previsto en el presupuesto aprobado de esa partida.

Y dice claramente el artículo 126 de la Constitución, me permito citarlo: "No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación o determinado por ley posterior”.

Cuando el artículo 126 de la Constitución hace referencia a la ley posterior, lo que está señalando es una reserva de ley para que la materia, es decir, un pago no previsto en el presupuesto, sólo pueda ser asignado a través de una ley formal y materialmente hablando, es decir, una ley aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en este caso, eso no ha sucedido.

Y por supuesto que estamos a favor de esos llamados para que se asignen recursos presupuestales a quienes hoy padecen de una circunstancia adversa, no solamente productiva, sino también social.

Pero también estamos de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva este diferendo jurídico, porque en buena medida estamos fijando…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Sánchez.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Muchas gracias. Solicitarle al orador, por su conducto, señor Presidente, si no tiene ningún inconveniente en que le formule una pregunta.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Roberto Gil, ¿tiene algún inconveniente?

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: No, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Por supuesto que tenemos plena coincidencia en cumplir en estricto apego a derecho lo que implica un proceso legislativo. Y coincido plenamente contigo, Senador, desde luego que en el Decreto que aprobamos con toda oportunidad viene la forma en la cual habrá de financiarse. Y el hecho de que un Decreto o una ley tenga que publicarse en el sistema bicameral por una Cámara y después por la otra, no es el caso específico del Decreto de Presupuesto del Egresos, en donde es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Y, en consecuencia, hay una modificación al Artículo Trigésimo Quinto Transitorio justamente para, tomando en consideración la situación tan aguda de la crisis que se vive en el país, hacer una adición a este Decreto, tomando en consideración las observaciones que hizo el Presidente de la República al Decreto de los 10 mil millones de pesos.

Pregunto.

Todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido en la ley, ¿está permitido?. Y en ese sentido por supuesto nosotros lo que pedimos es un exhorto a la Corte para que se cumpla en estricto apego a derecho.

¿Coincide con nosotros en el sentido no sólo de la necesidad, sino que tenemos que salvaguardar el estado de derecho para también salvaguardar las instituciones de nuestro país?

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Conteste, Senador.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. Le agradezco la pregunta, Senador.

Por supuesto que coincidimos en la necesidad de que una circunstancia no prevista pueda ser atendida. Para eso están las facultades de la Administración Pública Federal y para eso están también los programas públicos.

Donde diferimos, Senador, es en algunas de las interpretaciones que prevalecen en el punto de Acuerdo, desde la perspectiva únicamente jurídica.

Tratándose de autoridades, el principio es a la inversa. Las autoridades constituidas sólo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por una norma, a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer aquello que no esté prohibido por una norma.

Somos autoridades constituidas y como tal estamos vinculados a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y precisamente por eso tenemos que respetar el procedimiento legislativo.

En relación con el argumento que usted vertía sobre que tratándose del Decreto de Presupuesto de la Federación en razón de que su forma de nacimiento es unicameral, decía usted que es válido que la propia Cámara de Diputados modifique ese Decreto.

Afortunadamente para este Congreso, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo ha resuelto en dos ocasiones.

El primer precedente que fijó fue en el año de 2005 y estableció en su interpretación dos principios.

Dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación está sometido a dos principios: el principio de anualidad y el principio de la imposibilidad de la Cámara de Diputados de modificar durante el ejercicio el Presupuesto de Egresos. Es la tesis número 109-2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero después resolviendo, o a propósito de la resolución de una controversia constitucional, fijó una tesis que por cierto también obliga a hacer interpretación de la Constitución a un poder público, como es el Congreso de la Unión.

Y dijo, voy a citar textual:

“Así de la interpretación a dicha norma se refiere el artículo 126, que es citado, se advierte que salvaguarda el régimen de gasto público y los principios relacionados con éste, conforme a los cuales los pagos a cargo del Estado, únicamente deben realizarse si están previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y como excepción establecidos en una ley posterior, expedida por el Congreso de la Unión.

Creo que la propia Corte ha contestado ya su pregunta.

¿Puedo concluir, señor Presidente?

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Tenemos la convicción de que como autoridades constitutivas estamos sometidos al imperio de la Constitución. Y precisamente por eso no podemos cometer el error de que una buena intención no pueda materializarse por una franca y evidente violación de la Constitución.

Nosotros, el Congreso, tenemos esa responsabilidad…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador Gil.

Senadora Martha Palafox, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Solicitarle al orador si puedo hacerle una pregunta.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto, Senadora. ¿Puede detener el tiempo?

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora, la ha aceptado.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) El Senador está, creo, que desgastando su tiempo en explicaciones y en querer quedar bien ante la gente más desprotegida, que es la del campo mexicano.

Por un lado habla de que está de acuerdo con la propuesta que el Senador Gerardo Sánchez hizo, y por el otro lado, entra en contradicción diciendo que hay ilegalidad, solamente preguntarle si pudiera definir si está con la ilegalidad o está en el apoyo al campo mexicano.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Conteste, Senador.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Tengo entendido que estamos discutiendo un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver un diferendo constitucional, y es precisamente lo que hemos venido a hacer a esta tribuna, a dar los argumentos que han sostenido ya no solamente las observaciones del titular del Ejecutivo Federal, sino también nuestra posición en el diferendo constitucional que está planteado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no venimos más que a ejercer con honor una responsabilidad que nos ha asignado la República.

Como hemos dicho, el grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición con punto de Acuerdo, no solamente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, resuelva este diferendo, sino también para que desde la pedagogía social que genere este tipo de discusiones podamos evitar un precedente francamente violatorio a la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Roberto Gil. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática, dando a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros Senadores:

El punto de Acuerdo que someto a su consideración el día de hoy tiene dos temas fundamentales, uno muy importante tiene que ver con la creación de nuevos partidos políticos.

La otra parte tiene que ver con la urgencia de que legislemos de la mano con la Cámara de Diputados, también sobre las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas.

En el primero de estos temas, sobre la creación de los nuevos partidos políticos, es de sorprender lo cara que es nuestra democracia. Los ciudadanos están cansados de los dispendios de los partidos políticos, están cansados de más y más gastos.

Se ha planteado en el debate en los últimos días la creación de un nuevo partido político. Cada partido político nuevo que se creara equivaldría alrededor de 133 millones de pesos al año, 133 millones de pesos que vendrían justamente de los impuestos de las y los mexicanos.

Ya no digamos en tiempos electorales, donde este presupuesto, sumando el ordinario más el de campaña, podría ser arriba de los 330 millones de pesos por cada partido político nuevo que se creara. Es por ello que los dos primeros resolutivos que plantea este punto de Acuerdo tienen que ver, primero, con solicitarle al Instituto Federal Electoral, de manera respetuosa, que dé a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará en el ejercicio de sus atribuciones y facultades el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos, a fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país.

Y en segundo lugar, también se exhorta de manera respetuosa al Instituto Federal Electoral para que haga una plataforma electrónica en la que los ciudadanos puedan dar seguimiento puntual a todas las actividades de las organizaciones que deseen obtener su registro legal como partidos políticos, y en la que puedan corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley comicial, lo que permitiría preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en nuestro país.

Como había comentado, está el tema de las candidaturas ciudadanas, si bien avanzamos, no tanto como algunos hubiéramos querido, pero se avanzó en la reforma política en materia de candidaturas ciudadanas, es urgente exhortar a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal que de manera urgente se legisle sobre esta materia, y que cuanto antes los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar de estos nuevos derechos.

También se exhorta a la Cámara de Senadores y de Diputados a crear un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar, a la brevedad posible, las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

Como les comento, considero que este tema es de la mayor trascendencia, no sólo por tratarse de la ampliación de derechos y de darles todavía vigencia para las candidaturas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que no quieren estar sujetos a los partidos políticos, sino además de la importancia de hacer vigentes estos derechos para las mexicanas y los mexicanos, resulta también fundamental, que tengamos una profunda reflexión de manera muy respetuosa, invitamos también al Instituto Federal Electoral para que en la creación de nuevos partidos políticos obedezca, en todo momento, a nuestros principios legales y democráticos, pero también, sin duda, a que realmente observemos principios de austeridad y no estemos gastando en la constitución de nuevos partidos políticos, cuando justamente acabamos de tener un largo debate sobre la necesidad de enviar recursos públicos a muchos otros temas que realmente sí le hacen falta a los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DANDO A CONOCER LAS NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES CERTIFICARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL PARA LA CONSTITUCION Y EL REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS

“La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los partidos políticos son realidades sociales, son formaciones que se caracterizan por tener un vínculo sociológico y un fin político; son comunidades de ideas o intereses comunes que comparten todos sus miembros.1 Por esta razón, Constant los definía como “reuniones de hombres que profesan la misma doctrina política”. Bajo la misma perspectiva, Burke los consideraba una reunión de hombres que suman sus esfuerzos para ponerlos al servicio del interés nacional.

Desde este punto de vista, toda iniciativa o esfuerzo que se emprenda desde la sociedad para crear nuevos partidos, y de esta manera incidir en la agenda pública, es de saludarse y reconocerse.

Sin embargo, es sabido que algunos partidos políticos no se conforman por hombres que buscan participar en la gestión de los asuntos públicos, sino por personas con intereses muy limitados que sólo buscan el beneficio de un grupo o sector. Esto fue lo que sucedió en nuestro país durante las últimas décadas:

“La experiencia indicó que el sistema de registro de partidos tenía varios problemas; el mayor de ellos era que cada tres años, desde 1979 y hasta 2006, con la única salvedad de la elección de 1994, se había otorgado registro legal a nuevas organizaciones. El incremento de requisitos que anteriores reformas habían establecido produjeron como regla general -salvo honrosas excepciones- la falsificación o simulación del cumplimiento de las normas legales. La evidencia indicaba una condición común: que los nuevos partidos, en su enorme mayoría, salvo el caso de coaliciones, no pudieron refrendar su registro en la primera elección federal en la que participaron. Crear y obtener registro de nuevos partidos se convirtió en una actividad rentable -política o económicamente- para algunos vividores que terminaron por hacer que unos pocos justos pagaran por muchos pecadores.2

Por lo anterior, en la reforma electoral del año 2007 se establecieron condiciones más rigurosas para la constitución de nuevos partidos políticos. Por vez primera en nuestro país se introdujo en la Constitución la prohibición expresa de que las organizaciones gremiales “o con objeto social diferente en la creación de partidos” intervinieran en su creación (artículo 41). Además, se consideró la intención fundamentaldel constituyente permanente en la reforma de 1996 deprohibir la afiliación corporativa y consagrar el derecho de los ciudadanos de afiliarse a los partidos políticos de manera individualy libre.3

Como consecuencia de esa reforma, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en vigor desde el 14 de enero de 2008), contempla que el próximo periodo para solicitar el registro de un nuevo partido político nacional correrá del 1º al 31 de enero de 2013, fecha a partir de la cual las organizaciones interesadas en constituirlo deberán cumplir una serie de requisitos como los siguientes:

a) Informar mensualmente al IFE del origen y destino de los recursos que obtenga para desarrollar las actividades tendentes a la obtención del registro legal;

b) Celebrar por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará que el número de afiliados que concurrieron y participaron asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y queen la realización de esas asambleas no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político; y

c) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el IFE;

En suma, con las nuevas disposiciones en materia electoral se pretende evitar la formación de partidos donde la práctica habitual sea el acarreo masivo de gente para cumplir con las formalidades normativas. Por ello, es necesario que el IFE de a conocer la normatividad conforme a la cual certificará que en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos no estén involucradas organizaciones gremiales, que no haya coacción o acarreo de gente para cubrir la cuota del número total de personas que deben asistir a las asambleas estatales o distritales (que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente) y que todas esas personas tendrán conocimiento de los documentos básicos al momento de que se sometan a su consideración.

Este es un asunto de gran relevancia porque Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un llamado para constituir un nuevo partido político y saltan las preguntas siguientes: ¿Cómo verificará el IFE que detrás de este nuevo partido político no estarán organizaciones gremiales como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)? ¿Cómo tendremos la certeza de que los miembros del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) asistirán de manera individual, y sobre todo de manera libre, a las asambleas que se convoquen para estos efectos? ¿Cómo se evitarán las afiliaciones colectivas?

A todo ello debemos agregar que, para la conformación de un nuevo partido, la ley electoral establece que se debe contar con lo siguiente (artículo 25):

a) Una declaración de principios que, entre otras cosas, contendrá la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, así como la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b) Un programa de acción que determinará las medidas para formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario; y

c) Unos estatutos que establecerán las normas para la postulación democrática de sus candidatos;

En el caso del partido que pretende formar López Obrador surgen varios cuestionamientos relacionados con los referidos requisitos legales: ¿Cómo incluirán en su declaración de principios que se obligan a observar la Constitución y a respetar las instituciones que de ella emanan si nunca ha reconocido a las instituciones, especialmente a las electorales? ¿En verdad el Movimiento Regeneración Nacional infundirá respeto a sus adversarios políticos cuando en los últimos meses ha infundido en sus miembros sentimientos completamente opuestos? ¿Cómo será la postulación democrática de sus candidatos si desde ahora López Obrador dice que seguirá “organizando y protegiendo al pueblo” dando signos que unilateralmente se postulará nuevamente por un cargo público?

Esperemos que por el bien de la democracia, y en cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Federal Electoral cumpla con los fines que le mandata el artículo 105 del COFIPE, especialmente los de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país y a preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, vigilando el cumplimiento puntilloso de la ley durante el procedimiento de registro de nuevos partidos políticos y expidiendo los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones (artículo 118).

El espíritu del nuevo COFIPE es que los ciudadanos cuenten con partidos políticos de principios, no con partidos de patronato. Los partidos deben ser agrupaciones que mediante su labor conjunta promuevan el interés nacional, y no conglomerados que salgan a defender las pretensiones de actores políticos en particular.

Además, es tiempo que los actores sociales se den cuenta que ya existen nuevas instituciones legales, como las candidaturas independientes, para dar cauce a las demandas de la población. Por fin se ha enriquecido nuestro sistema representativo abriendo nuevos espacios a los ciudadanos que quieren encauzar sus inquietudes sin estar sujetos o condicionados a pertenecer a algún partido político.

Para ello, los legisladores debemos ponernos a trabajar en el diseño de la legislación secundaria y así dar cumplimiento al transitorio segundo del Decreto que en materia política se publicó el 9 de agosto de 2012, el cual nos da un plazo de un año para cumplir con esta tarea.

En el tema de las candidaturas ciudadanas, en dicha reglamentación se deberán incluir temas como el de un respaldo mínimo de ciudadanos; la redacción de plataformas electorales y de gobierno; requisitos relativos a una adecuada distribución territorial del respaldo ciudadano; los mecanismos de financiamiento; el acceso a los medios y a la justicia electoral; entre muchos otros.

Ciertamente, se trata de una tarea legislativa de enorme complejidad para la que será necesario escuchar las opiniones e inquietudes de la propia ciudadanía, pero también será importante retomar las experiencias internacionales. Pero, sobre todo, será una tarea en la que deberán participar de manera conjunta diputados y senadores para evitar desacuerdos durante el proceso legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a que dé a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos a fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a crear una plataforma electrónica en la que los ciudadanos puedan dar seguimiento puntual a todas las actividades de las organizaciones que deseen obtener su registro legal como partidos políticos y en la que puedan corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley comicial, lo que permitirá preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en nuestro país.

TERCERO. Se exhorta a la Cámara de Senadores y de Diputados a crear un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar, a la brevedad posible, las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad posible, trabajen en las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria a fin de dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Túrnese a la Comisión de Gobernación.






Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a reanudar las mesas de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores:

En primer lugar, informar a la Presidencia de esta Cámara, que atendiendo la instrucción, como se nos comisionó, para atender a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos dado cabal cumplimiento.

En esta comisión participaron las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo y Martha Palafox Gutiérrez, y los Senadores Raúl Morón Orozco, Carlos Mendoza Davis y el de la voz. Hemos dado cumplimiento a la instrucción que se nos giró y hemos planteado que el día de hoy presentemos este punto de Acuerdo de urgente resolución, para exhortar al gobierno federal y demás autoridades competentes, para reanudar la mesa de negociaciones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en beneficio del pueblo y de la economía nacional, a partir de las siguientes consideraciones:

El 13 de septiembre del 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver la reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que no han sido liquidados mediante la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad, y el resto en empresas contratistas.

En esa mesa de negociación, hubo compromisos puntuales para la liberación de los 12 trabajadores electricistas detenidos, de los cuales solamente uno ha obtenido su liberación al retirarle los cargos en su contra, permaneciendo detenidos 11 trabajadores, acusados de los mismos delitos en los que el gobierno ha recurrido a procedimientos dilatorios.

En esta mesa de negociación se discutió sobre la necesidad de resolver diversos asuntos que afectan a los derechos contractuales de 21 mil trabajadores electricistas jubilados, donde el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento en su cuota sindical a fin de dejar en indefensión económica al sindicato frente a obligaciones que tiene como el pago de las cuotas obrero-patronales, salarios de los trabajadores al servicio del sindicato, entre otros compromisos.

Con la firma de esta minuta, el año pasado, el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo de la ciudad de México que había mantenido a lo largo de 6 meses. En esta firma participaron como coadyuvantes el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y el entonces Diputado, ahora Senador, Armando Ríos Piter.

Un año después de suscrita esta minuta, los avances alcanzados son mínimos, y desde hace meses las pláticas se encuentran estancadas.

Al mismo tiempo, dentro de esta misma problemática, el próximo día 11 de octubre vence el plazo de 3 años de la figura de comodato con la cual el gobierno sustituyó la figura de patrón sustituto, asunto que debe discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el artículo 27 de la Constitución.

Asimismo, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y otras instancias de la administración pública tienen pendientes esas auditorías que den cuenta de la administración del patrimonio en la industria eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes, para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011.

Segundo. El Senado de la República a través de su Mesa Directiva, convocará a la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente en lo relacionado en las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas en su cobro, las constantes fallas en el suministro y otras irregularidades graves en el servicio.

Dicha comisión plural, también deberá revisar de manera detallada el asunto de la figura de comodato, con que viene operando el servicio público eléctrico en la zona central del país.

Estoy convencido que de aprobarse este punto de Acuerdo e incorporar los buenos oficios del Senado de la República para resolver el conflicto que ya data de más de 3 años, coadyuvaremos no solamente a que las fiestas patrias se realicen sin mayor incidente en los próximos días, sino particularmente para resolver el problema de fondo respecto de la regulación y el desempeño de la industria eléctrica en el país.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REANUDAR LA MESA DE NEGOCIACION ENTRE EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION

“Alejandro Encinas Rodríguez, Senador de la República a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, para exhortar al gobierno federal y demás autoridades competentes, para de inmediato, reanudar la Mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una Comisión Plural,que abordela problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en beneficio del pueblo y la economía nacional.

CONSIDERACIONES

El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales, se comprometieron a resolver:

1. La reinserción laboral de16,599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que no se han liquidado; así como la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad y el resto en una empresa contratista.

2. La liberación de los 12 trabajadores detenidos, de los cuales el Gobierno sólo ha concedido la liberación de Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado de 72 años, al retirarle los cargos en su contra, permaneciendo detenidos los 11 restantes, acusados de los mismos delitos, en los que el gobierno ha recurrido a procedimientos dilatorios con el fin de retrasar su liberación.

3. La resolución de diversos asuntos que afectan los derechos contractuales de 21 mil trabajadores jubilados del SME, donde el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento de su cuota sindical, a fin de dejar en la indefensión económica al Sindicato, frente a múltiples obligaciones, como el pago de las cuotas obrero patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del SME, entre otros.

Con la firma de esa minuta el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que había mantenido durante más de 6 meses. En el presenta acuerdo participaron como Coadyuvantes el Jefe de Gobierno del DF., Marcelo Ebrard Casaubón y el ahora Senador Armando Ríos Piter.

Un año después, los avances alcanzados son mínimos y, desde hace meses las pláticas están estancadas, ante la actitud del gobierno federal de continuar “administrando” el conflicto, manteniendo como rehenes a los trabajadores detenidos del SME, sin resolver los problemas de fondo, la privatización de la industria eléctrica y de la fibra óptica, así como el mal servicio y las elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras del planeta.

El próximo 11 de octubre vence el plazo de tres años de la inconstitucional figura de Comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura de Patrón Sustituto, tema que debe discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el art 27 de la Constitución. Asimismo el SAEB y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorías que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de Luz y Fuerza del Centro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERA.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y demás autoridades competentes, para reanudar de inmediato la Mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 septiembre de 2011.

SEGUNDA.- EL Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, convoca a la integración de una Comisión Plural, que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente en lo relacionado en las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas en su cobro, las constantes fallas en el suministro y otras irregularidades graves en el servicio

Dicha comisión plural, también deberá revisar de manera detallada, el asunto de la figura de Comodato, con que viene operando el servicio público eléctrico en la zona central del país,que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la Ley la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Alejandro Encinas. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, en contra de la proposición.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Miren, nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta, porque sí queremos que se reinstale esa mesa de negociación de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Sin embargo, pareciera que la segunda parte de esta propuesta no es del todo acertada, y por eso quiero hacer algunas precisiones.

En primer término, en cuanto a esta denuncia que se hace, de que no se está respetando la sustitución patronal, pues hay que decir, que ésta no es una posición del gobierno federal, simplemente es una aplicación estricta de la ley, de la jurisprudencia y que precisamente el 30 de agosto de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya se refirió al tema, ya dijo que no había sustitución patronal, porque no se actualizaban los supuestos de la ley.

Contra esa resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se fueron al amparo, está en un colegiado, está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente sobre este tema de la sustitución patronal, pero digamos, no es que hubiera habido una negativa unilateral del gobierno federal al respecto.

Segundo, en cuanto a los dos compromisos que se asumieron, me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado, hay dos compromisos: uno de reinserción laboral, y otro de revisar y, en su caso, agilizar el tema de la liberación de los compañeros que están presos.

Primero, en cuanto a reinserción laboral, la verdad es que hicimos una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo, de hecho se les ofreció que 12 dependencias, entidades de la Administración Pública Federal que acumulen el 95 por ciento del gasto público, digamos, estarían comprometiendo contratos por alrededor de 23 mil millones de pesos a favor de Mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, con la obligación de contratar a personal de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; no fue aceptado por el personal de la dirigencia del SME, no es que no hubiera habido propuestas, no fueron aceptadas por el propio Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y, en cuanto a la liberación o no de las personas que están sujetas a un proceso penal por los hechos acaecidos el 11 de abril del año pasado, es que están acusados, y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones cometidas en pandillas.

Entonces, en ese sentido no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas que están siendo sujetas a proceso.

Y bueno, quiero destacar, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados, de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno federal, y particularmente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

A qué me refiero.

Hasta antes del Decreto de extinción, que por cierto, fue avalado por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de ese Decreto de extinción, se dice en el Decreto que los derechos de todo el personal jubilado quedan perfectamente a salvo, y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones y hay unas que están siendo actualizadas conforme a la inflación.

Es más, ahora los jubilados cobran su pensión vía electrónica, no se les cobra comisión bancaria, no les cobra el pagador, que antes lo hacía en efectivo, por hacerles el favor de pagarles; y hoy sí tienen garantizados sus derechos, no como antes.

Más aún, no se puede decir que se está violando el derecho contractual de alguno de los jubilados porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no retiene las cuotas sindicales del personal jubilado.

Con qué fundamento legal se exige retener cuotas para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Es decir, no podemos hablar de un derecho adquirido porque no es una relación laboral entre el SAE y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y bueno, yo entiendo finalmente la preocupación, porque es el tercer año consecutivo que nos pasa. El primer año fue una huelga de hambre; el segundo año también fue un plantón que se levantó, gracias a estos acuerdos del 13 de septiembre; y ahí encontraron el caminito los del SME, ya saben que si se plantan en el Zócalo, con la venia y con la anuencia del gobierno del Distrito Federal, de alguna manera van a llegar los favores que están pidiendo, que están exigiendo con un auténtico chantaje, y entonces, habrá que liberar la plaza del Zócalo para que todo mundo esté contento; eso les pasa por andar haciendo ese tipo de alianzas con este tipo de organizaciones; eso le pasa el gobierno del Distrito Federal por andarse aliando con estos grupos; eso les pasa por andar coqueteando con ellos y luego no saben qué hacer con ellos, así que yo sí defiendo la legalidad, la constitucionalidad del Decreto de extinción y las acciones del gobierno federal porque fui parte en ello, pero por otro lado también estoy a favor, aunque sea parcialmente, pero que se reinstale cuanto antes esa mesa de negociación y de diálogo en la Secretaría de Gobernación, y si nosotros como Senado de la República podemos contribuir a que haya una salida a que consigan trabajo, a que haya buenos aportes para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, estaremos encantados de la vida.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Javier Lozano.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, en pro de la proposición, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Difícilmente podemos oír declaraciones más cínicas en este Senado de la República, el tema que se está tratando es la secuencia de un Golpe de Estado que dio Felipe Calderón en contra de un sindicato, por ser un sindicato nacionalista opuesto abiertamente a la privatización del sector eléctrico en contra de la Constitución de la República.

Un Golpe de Estado, digo yo, porque al serle el SME molesto al Presidente Calderón, usó al Ejército, a la policía para asaltar una institución pública, sacar a los trabajadores a punta de bayoneta y dejar sin empleo a 44 mil familias de mexicanos; 44 mil familias fueron sacadas porque no les convenía la postura nacionalista del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país.

Hay presos políticos, y aquí se les acusa de haberse asociado para defender sus derechos, los miembros del Sindicato de Electricistas han salido a la calle a defender sus derechos y fueron perseguidos por la policía, fueron golpeados y los han metido a la cárcel desde hace ya muchos meses y el Poder Judicial no avanza y ahora se quitan el problema y dicen, es que es el Poder Judicial, no somos nosotros, ahí están los presos políticos.

Aquí es cómico escuchar que se les ofreció trabajo, que se les iba a resolver su problema a los 44 mil desplazados, utilizando, creo que hablaban aquí de 23 mil millones de pesos, pues qué no se puede usar del presupuesto para cambiarlo de destino, no lo acaban de decir hace un momento, para no salvar a los campesinos hambrientos de nuestro país, sacaron 23 mil millones de pesos, ¿saben para qué? Para chantajear y abusar del hambre de los trabajadores que tenían que mantener a sus familias para darles una pitanza para que fueran aceptando su retiro del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Es decir, no solamente lanzan a la calle a 44 mil familias para servir a intereses extranjeros, porque han estado entregando la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras con un costo absurdo, sino que además tratan de comprar a los trabajadores que tienen preocupaciones familiares con dinero que no estaba presupuestado, aquí se hablaba de que no se puede tocar lo no presupuestado, todo ese dinero es dinero ilegal, que usaron para comprar a los trabajadores llevados a la miseria con todo y sus familias.

Lo que se ha tratado de hacer es, por la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas que ha luchado en todos los frentes y ha tenido defensas legales y en la calle también como tienen derecho los mexicanos a defender sus derechos, han subsistido; han subsistido a la violencia del Estado, a la violencia del Ejecutivo, al uso del Ejército para perseguir a trabajadores y de las policías y se mantiene vivo el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Lo sometieron a un conflicto por manipulaciones del gobierno de la República impulsando a un miembro del sindicato para que disputara la titularidad de contrato, una villanía más y luego se pusieron a la defensa de esa posición manipulando a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para no darle toma de nota, otra villanía más que ya la Suprema Corte negó y obligó en el caso del sindicato minero para que eso de la toma de nota es una actitud inconstitucional del gobierno de la República que utiliza las juntas para no reconocer sindicatos que no se les da la gana.

Así lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

¿Qué es lo que ha habido? Ha habido un sindicato nacionalista, un sindicato que defiende la electricidad que es del pueblo de México y no que las empresas extranjeras o de funcionarios del PAN que se quedaron con los despojos de la posibilidad de obtener negocios con la fibra de óptica que ya se “buchacaron” y ahora después de una serie de mentiras que los han llevado a negociaciones una y otra vez, ahí está firmado el compromiso del gobierno de la República de buscar una solución, pero no de conseguirles unas chamabas para que vendan hot dogs o subsistan de milagro o de gracia del gobierno, sino para que se reinstale una compañía que regule la electricidad de la zona más importante del país y no se la entreguen más a intereses extranjeros.

Está firmado en la Secretaría de Gobernación y una y otra vez se hacen guajes, ya se van, y por eso quieren que el tiempo pase, nada más que no va a pasar nunca, la defensa de la electricidad y el petróleo de México, por sindicatos valientes, eso sí, porque hay otros que no lo son, sindicatos patriotas van a seguir cuando se vayan una y otra vez cada año en defensa de la soberanía nacional.

¡Qué cinismo hemos oído esta tarde!

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

A mí me apena mucho, compañeras y compañeros Senadores, el tono del planteamiento del compañero Senador del PAN.

Primero que nada porque el punto de Acuerdo que aquí se ha comentado durante todo el día de hoy, es un punto que exhibe de lo que se trata ser Senador, ser representante en un cuerpo colegiado como éste.

Jamás negarse al diálogo, construir los puentes de trabajo que garanticen precisamente que una visión colectiva pueda tender puentes, lograr entendimientos y garantizar que los problemas que se enfrentan puedan tener soluciones, y lo digo con toda puntualidad, Senador Javier Lozano, porque su participación deja clara la actitud que imperó durante este sexenio que termina, y especialmente en la relación laboral en la cual usted cuando fue titular dejó claro y evidente que son solamente sus puntos de vista, son solamente sus argumentos, son solamente las visiones de la realidad que usted tiene y que tal vez muchas veces ni siquiera comparten sus compañeros de bancada, las únicas que pueden ser escuchadas.

Y lo digo porque yo soy parte firmante de este acuerdo político que se celebró en la Secretaría de Gobernación con el hoy difunto Blake Mora, ex Secretario de Gobernación, quien debo recordar que tenía interés precisamente en tener puentes de diálogo, y recuerdo que en el cuarto de al lado, usted difícilmente, Senador, secretario entonces, se pudo acercar porque carecía de cualquier tipo de puente con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Valiente representación, que hoy vuelve a recordar solamente una visión de la realidad cuando casi 21 mil personas siguen sin que tengan respuesta, y el planteamiento que estamos haciendo el día de hoy es hacer política, es garantizar que algo que no se ha resuelto y que significa que 21 mil familias hoy se mantengan sin empleo, sin ingresos, no puedan encontrar en este cuerpo colegiado una respuesta de la política, sino lo que encuentren nuevamente sea el mismo caminito, la misma forma de entender la solución de los temas nacionales.

Y le recuerdo, Senador, en este documento, en donde está la firma de un servidor, en donde está la firma al calce de Secretario de Estado, el compromiso era que se iba a atender el problema. Me tocó escucharlo a usted, que había 23 mil millones de pesos para resolver la problemática del empleo, de los compañeros del SME. Enhorabuena que los hubiera habido, me tocó, porque el documento dice que será en noviembre de 2011 cuando se tenga que resolver este tema, este problema.

¿Por qué lo planteamos así? Porque se entendía que, las fuerzas políticas que firmamos este documento, íbamos a garantizar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no hubiera 23 mil millones de pesos, hubiera 2 mil 500 millones de pesos para darle empleo a esas 22 mil familias que hoy siguen con ese problema.

Yo les quiero decir, compañeras y compañeros, especialmente a los compañeros Senadores y Senadoras del PAN, este es un punto que nos debe de permitir reencontrar acciones para hacer política. No caer en las mismas visiones unilaterales que nos han impedido darle respuesta a la gente, darle respuesta a familias que hoy tienen una situación en la que no tienen trabajo.

La propuesta es clara y es puntual, y me permito repetirla para no caer en una discusión leguleya, que poco permita llegar a un punto crucial, que es poder acordar este tema:

"Primero.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes, para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011.

Segundo.- El Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, convoca a la integración de una comisión plural, que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente en lo relacionado con las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas de su cobro y las constantes fallas de suministro"; que no solamente está aquí, me lo comentan día con día, porque la Comisión Federal de Electricidad no está cumpliendo con lo que se planteó cuando se hizo lo que se hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter.

¿Con qué objeto?, Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones personales, obviamente, y para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien.

A ver, Senador Manuel Bartlett. Esto no fue un Golpe de Estado, fue un Decreto de extinción de un organismo público descentralizado con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, avalado y acreditado como tal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno por unanimidad.

¿Cuáles fueron las razones? El interés general, la economía nacional, como lo dice la propia ley, costaba 42 mil millones de pesos al año Luz y Fuerza del Centro, 42 mil millones de pesos, para que mejor me entiendan, es dos veces el presupuesto total anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, para prestar un servicio deficiente, para seguir creciendo su nómina, porque la lógica del contrato colectivo era que conforme había aumento en la demanda aumentaban las plazas, y no podía haber vacantes.

¿Y adivinen quién se encargaba de distribuir esas vacantes y cómo? La energía que suministraba Luz y Fuerza del Centro era energía que le compraba, casi en su totalidad, a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué creen? Perdía la tercera parte por corrupción y por ineficiencias, por diablitos y por diablotes. Esa era Luz y Fuerza del Centro.

No fueron presos políticos, no son presos políticos, y la policía, por cierto, que los aprehendió aquel 11 de abril, fue la policía del gobierno del Distrito Federal, y los está procesando el Poder Judicial, no el gobierno federal.

La verdad es que desde 1985 se había advertido la necesidad de extinguir Luz y Fuerza del Centro, ¿qué fue lo que pasó? Ya estaba listo el gobierno en turno, había un Secretario de Gobernación, por aquí presente, que sabía que estaban prestos a hacerlo, ¿y saben cuándo? El día de la Guadalupana, para hablar de madruguetes.

Y no lo hicieron porque se atravesó el sismo del 19 de septiembre de 1985, pero, bueno, la liquidación de los trabajadores, primer lugar, tuvo como base y como fundamento el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Artículo Cuarto Transitorio, para efectos incluso del pago de los bonos adicionales. Tenía perfecto fundamento legal y una perfecta partida al respecto.

Pero, segundo, debo decirles que es la liquidación más generosa, la más generosa en la historia del país para una extinción o liquidación de una paraestatal. Es más, el comodato que se ha cuestionado aquí, el comodato es una figura natural, porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tiene que encargarse por ley de la liquidación de los activos y del proceso como tal, siempre y cuando no estén afectos al servicio público, como lo están.

Se le encarga como administradora a la Comisión Federal de Electricidad y se le dan, como dato, por este periodo en el que estamos hablando precisamente, para que continúe como continuó la prestación del servicio público de energía eléctrica después del 11 de octubre de 2009.

Lo que en el fondo, cuando nos dicen que, por qué el SAE no le descuenta las cuotas a los jubilados para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas, es porque si los jubilados le quieren entregar sus cuotas al Sindicato Mexicano de Electricistas que lo hagan voluntariamente y por su propio pie, y que no lo retenga una autoridad que no está facultada para ello. Lo que el SME quiere es más dinero; lo que el SME quiere es seguir sangrando ahora a los jubilados, y hoy nos vienen a exigir que se obligue al SAE a hacer ese descuento que no tiene fundamento legal.

Cuando hablaba yo de los 23 mil millones de pesos, es el gasto total en micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrían como condición esas acciones y diversas construcciones, instalación, prestación de servicios, contratar a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. El SME no quiso, ¿por qué?, porque lo único que quieren es, o que sean todos recontratados y llevar al sindicato a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces contaminar ese organismo público descentralizado o con la esperanza, como los engañaron diciéndoles, primero, desde la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, y luego un candidato a la presidencia que les iba a renacer Luz y Fuerza del Centro y que todos iban a ser recontratados.

Eso sí es engañar a la gente, para que vean. Bueno, y finalmente quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del 16 de febrero de 2011, avaló completamente la actuación de todas y cada una de las dependencias involucradas en el proceso de extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Yo termino como inicié hace un momento. Estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación, ese diálogo, no nos estamos oponiendo al diálogo, aquí estamos para hacer política; pero también estamos para decir verdades y para sostener la legalidad. Y un Presidente de la República, como Felipe Calderón, que es el primero en años que se atrevió a extinguir un organismo deficiente, ineficiente y corrupto, y todos se fueron a su casa, no solamente los trabajadores, todos los directivos, empezando por el director general.

De tal manera que, insisto y termino, nosotros estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación, pero no podemos estar a favor del otro punto de Acuerdo que se está solicitando.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Javier Lozano.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Por aquí se mencionó a un Secretario de Gobernación, que andaba por aquí, supongo que fui yo; pero también se puede mencionar a un ex Secretario del Trabajo, que anda por aquí.

(Aplausos)

Y si mencionamos a ese Secretario del Trabajo, que anda por aquí, que hace uso de una serie de artificios leguleyos, vamos a analizar su historia.

Ese, se lo decía yo hace tiempo, el peor Secretario del Trabajo que ha tenido este país, porque se convirtió en el brazo armado de Calderón para perseguir a los sindicatos de este país.

(Aplausos)

Tenemos la historia, ¡eh!, tenemos la historia. El sindicato de mineros lo tiene demandado penalmente; el SME lo tiene demandado penalmente; su historia en Mexicana de Aviación es una vergüenza del país, manipulando a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y colaborando en el que fue un Golpe de Estado de Felipe Calderón, y que se lo vamos a decir siempre.

Se cree que el Golpe de Estado es nada más cuando las fuerzas militares toman el poder.

¡No!, hay un Golpe de Estado, y esa es la literatura, hay un Golpe de Estado cuando un hombre público o un presidente utiliza los instrumentos del Estado para violar la Constitución y las leyes de su país, ese es un Golpe de Estado, como lo hicieron con las bayonetas y con soldados vestidos de policías para correr y sacar a trabajadores que no hacían más que darle electricidad a las zonas más complicadas de este país, son trabajadores especializados.

¿Y saben lo que han hecho para sustituirlos? Contratos privados por esos 23 mil millones, tan escrupulosos que son en respetar el presupuesto y las asignaciones, que es otro tema que discutiremos, ¿verdad?, que sacaron dinero para comprarlos, insisto, como lo hicieron para comprar a los pobres, para que esas gentes que tenían que alimentar a sus familias, aceptaran dejar el Sindicato Mexicano de Electricistas, es una canallada imperdonable.

Y claro que son presos políticos los que están ya hace años metidos en la cárcel, jóvenes trabajadores con familias abandonadas que los tienen ahí porque dijeron, oyeron la retahíla de cosas en ese lenguaje derechista que acostumbra el señor secretario que anda por ahí; el lenguaje que no les permitirían contaminar al sistema eléctrico mexicano, está ya dominado por españoles y por empresas francesas, y en todos los países, a un costo brutal de la energía eléctrica, y que además le está permitido hacer otro negocio, eso ha sido el presupuesto, el derecho a él.

Lo que los trabajadores del SME realizaban con eficiencia, lo hacen hoy contratistas compinches de algunos de por allá, que ni siquiera saben cómo funciona el sistema, y a cada rato lo están explotando.

¿De dónde salió ese dinero? Un negocio más, contratos a empresas privadas. Es una canallada tras otra.

Finalmente, otra canallada más. Van a la Secretaría de Gobernación y les prometen lo más elemental, ¿saben qué es?, devolverles su trabajo para que funcione la electricidad en este país, que es crear una empresa, una empresa nacional, que tal vez eso no les guste a aquellos derechistas que andan por ahí, una empresa nacional eficiente. Eso es lo que tiene que ser, que les devuelvan el trabajo, no que les den, repito, como los tienen en la sierra norte de Puebla, a donde algún Secretario del Trabajo no podía en estos últimos días, ¿verdad?, porque a lo mejor no lo recibían tampoco por ahí.

Entonces, señores…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Permítame, Senador.

Senador Gracia Guzmán, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño)Para formularle una pregunta al orador.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: ¡Sí, cómo no!

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, por favor, Senador Raúl Gracia.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño)Me puede decir el Senador, ¿cuál es su definición de eficiencia? Por favor.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Mira, es que me vas a repetir que éramos mal sindicato, pero es otra mentira. Ustedes lo que necesitan es informarse.

Bien, dicen que era la electricidad más cara.

¿Saben quién fija el precio de la electricidad? La Secretaría de Hacienda, no la fija la institución.

Obviamente, como aquí se decía, le compra una parte importante de electricidad a la CFE, ¿por qué?, porque no la dejan, como es un sindicato nacionalista, no la deja generar electricidad.

¿Quién fija los precios de la compra de la electricidad a la CFE? La Secretaría de Hacienda, por ahí anda algún secretario también que podría ser mencionado, pero no se ve en este momento, la mentira de la eficiencia es el pretexto, y lo siguen también usando, ¿sabes para qué?, para privatizar PEMEX, porque ese es el objetivo, vamos al fondo. El objetivo es entregar la energía a los intereses extranjeros, eso es todo, y Felipe Calderón y sus instrumentos, el golpeteo, lo que han hecho es ayudarlo.

El 40 y tantos por ciento de la electricidad en este país se genera ya por empresas extranjeras. El tema es la soberanía nacional, señores, y la vamos a seguir defendiendo siempre.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

¿Con qué objeto? Senador Cordero Arroyo.

- El C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo (Desde su escaño)Para rectificación de hechos, señor Vicepresidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Con todo gusto.

Tiene antes la palabra el Senador Arturo Zamora, para presentar una propuesta de modificación al punto presentado.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; con la venia de la Asamblea:

Para compartir con ustedes, que en efecto el grupo parlamentario del PRI está de acuerdo, de entrada, en el diálogo, en las mesas de negociación, en los acuerdos, y quiero compartir con ustedes que hemos acordado los diversos grupos parlamentarios hacerle modificaciones al punto de Acuerdo que originalmente presentó el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, que por supuesto se cuenta con la anuencia de él, se cuenta también con la suscripción en este documento de los señores Coordinadores: Miguel Barbosa Huerta del PRD; el Senador Emilio Gamboa Patrón del PRI; de la Vicecoordinadora, también del PRD, Dolores Padierna Luna.

Tiene la suscripción también de los compañeros integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

Con el fin de dar cause precisamente a que se restablezca la mesa de diálogo que se había iniciado a partir de la minuta elaborada el 13 de septiembre del año 2011, y toda vez que han estado interrumpidos los procesos de negociación y de acuerdo, nos parece importante plantear, para que haya coincidencia de todos los que están en esta Asamblea, la siguiente modificación al punto de Acuerdo presentado originalmente por el Senador Alejandro de Jesús Encinas.

El punto de Acuerdo sería:

“Unico.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011”.

No debo de omitir que, también a esto, ya lo dijo el Senador Javier Lozano, también el PAN está de acuerdo en la reanudación de la mesa de diálogo, y en el documento se cuenta, también, con la firma del Senador Vicecoordinador, Héctor Larios Córdova.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Tenemos solicitudes diversas, sólo recuerdo a esta Asamblea, que el propósito es promover el debate de los temas de interés nacional.

Hemos rebasado ya las cuatro horas de sesión que nos marca el Reglamento, por lo tanto, vamos a seguir dando la palabra, sólo les pido consideración en esto.

Ha solicitado la palabra, para rectificación de hechos, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, desde su escaño.

- El C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Vicepresidente.

A efecto de no alargar más esto, y que ya estamos llegando a un acuerdo, declino mi participación. Me parece que explicar conceptos básicos de economía, pues nos va a sobrar tiempo en estos seis años.

Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Cordero Arroyo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Preciado, del grupo parlamentario del PAN, para rectificación de hechos, desde su escaño.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo no quiero alargar la sesión.

Pero sí es importante aclarar ciertos términos que se han imputado y que se han señalado allá en tribuna.

Por ejemplo, se habla de Golpe de Estado. Fue un Golpe de Estado el que se haya intervenido en la empresa Luz y Fuerza del Centro, que era por demás ineficiente.

Pero hay que ver lo qué es Golpe de Estado, y con todo el respeto al orador que lo mencionó. Golpe de Estado es cuando se utiliza al Ejército o la fuerza pública para imponer a un nuevo Presidente, aún cuando no haya ganado las elecciones legítimamente.

Golpe de Estado, como el que se da en 1988, cuando el Ejército interviene en la Cámara de Diputados, para imponer al entonces candidato presidencial, Carlos Salinas de Gortari.

Golpe de Estado, se da cuando quien debe llevar a cabo un proceso de equidad y legítimo, en ese entonces Secretario de Gobernación, que efectivamente aquí está presente, legitimó que le robaran la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, y qué lamentable, que con esa acción, hoy vea compañeros de esa lucha histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, aplaudiendo las mentiras que se dicen aquí al frente.

Privatización de la Comisión Federal de Electricidad, no, amigos, privatización de Teléfonos de México; privatización de Ferrocarriles Nacionales; privatización de las carreteras de este país, que cada día tiene uno que pagar más.

¿Y quién estaba al frente de ese gobierno? Pues aquel presidente, que gracias al lavado de las boletas electorales en el Campo Militar No. 1, y avalados por el Secretario, en ese entonces, de Gobernación, aquí presente, Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de los bancos, la privatización de Teléfonos de México, la privatización de las carreteras, la privatización de Ferrocarriles Nacionales, ésa sí es privatización.

Y ésas, muchas se entregaron a extranjeros. Que lamentable, y dijera mi compañero: que cinismo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Por alusiones personales, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Arturo Zamora, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para compartir con usted, la Mesa Directiva y la Asamblea, muy respetuosamente, que he hecho una propuesta, cuando hice uso de la palabra.

Yo quisiera solicitarles, muy amablemente, se vote la propuesta que se hizo, y después, si hay temas de debate con posterioridad, que se pase a ello, porque estamos alterando el curso del proceso legislativo en este punto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sí, Senador. Vamos a dar la oportunidad, estas últimas dos peticiones que nos hicieron, y pasamos a votación.

Adelante, Senador.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente.

Miren, nuevamente, nada más. Una de fondo y una de forma.

La de fondo. Lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro fue una extinción, vía Decreto Presidencial, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

No se le puede llamar Golpe de Estado, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló legal y constitucionalmente, como una extinción de una entidad paraestatal, particularmente un organismo público descentralizado.

La de forma, viniendo de usted, el juicio de que yo soy el peor Secretario del Trabajo de la historia, déjeme decirle, que para mí, es todo un halago.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Javier Lozano.

Tiene usted el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Perdonen ustedes, los legisladores, pero esto se está poniendo muy bueno.

Por aquí alguien me dijo, que el Golpe de Estado es cuando el Ejército toma el poder. No es cierto, le voy a mandar libros para que se actualice.

(Aplausos)

El Golpe de Estado es cuando el Jefe de Estado o funcionarios de Estado utilizan los instrumentos del Estado para violar la Constitución. Ese es un Golpe de Estado.

Simplemente ciencia política, mi querido amigo.

Dice usted, que privatización son, todas las de Salinas. Claro, claro, pero eso no quita que éstas también.

La Constitución de la República establece claramente, que la generación, distribución de energía eléctrica para el servicio público, está reservada al Estado. Ya se la entregaron a todos los extranjeros, violando la Constitución, el 40 y tantos por ciento de la energía eléctrica la están generando extranjeros, violando la Constitución, autorizados por gobiernos enemigos del nacionalismo mexicano.

Cuando dijo usted, que Golpe de Estado era haber impuesto a alguien en la Presidencia de la República, creí que se iba a referir a Peña Nieto, no que se iba ir usted hasta las calendas griegas, verdad…

(Aplausos)

Porque ése el último evento en el que ustedes participaron, denunciando Monex y todo eso y luego se echaron para atrás, eh… y luego se echó para atrás el PAN.

Miren, a mí siempre me recuerdan algunas cosas, afortunadamente una o dos, jamás me ha acusado nadie de corrupto, eh…

Jamás nadie me ha acusado de violar mis responsabilidades. He sido buen Secretario de Gobernación, Secretario de Educación, luego platicaremos ese tema; gobernador del estado de Puebla y Senador de la República.

Le digo una cosa, yo veo que hay muchos jóvenes aquí que no conocen la historia, Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República por un fallo de la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, tal vez no llegan a esa historia pasada ya.

Quien calificó la elección de Salinas de Gortari, fue el colegio electoral.

¿Y saben quién lo apoyó? El PAN.

El PAN se puso de acuerdo con Salinas, le pidió que le diera unos cuantos estados, que le ayudara en concertacesiones y que llevara reformas, viejas, viejas peticiones del PAN. La cuestión de la Iglesia, toda una serie de peticiones, y Salinas aceptó.

Y entonces la iniciativa privada, y se los cuento porque tiene que ver con lo de hoy, eh, con lo que está pasando, la iniciativa privada llamó al PAN y les dijo, oigan, no se pueden sumar ustedes a Cuauhtémoc Cárdenas, -mencionado aquí- nuevos defensores de Cuauhtémoc Cárdenas en la derecha mexicana. Se van a enojar ¡eh!

Le dijeron ahí todos esos barbudos y personajes el dinero que, por eso creí yo que se iban a referir al dinero en sexenios pasados, no, le dijeron al PAN: “Oiganme, ¿ustedes están locos? Si echan abajo la elección de Salinas va a quedar Cuauhtémoc Cárdenas y nosotros estamos más contentos con Salinas que con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces cállense, por favor”. Y se callaron y no votaron en contra de la calificación de la elección de Salinas de Gortari en el Congreso, en la Cámara de Diputados.

Quienes fueron los participantes en ese fallo electoral fue el PAN, asociado desde entonces con Salinas, gobernó con Salinas y luego una del PRI, ese PRI que yo rechazo definitivamente, ha gobernado con los dos presidentes panistas. Fíjense, que bueno que me dio oportunidad de recordar el origen del contubernio entre el PAN y el PRI. Ahora les digo una cosa honestamente: No lo repitan, ya vieron lo que pasó. Asociados así ya se fueron al tercer lugar, ¡eh! No lo vuelvan a hacer.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Senador Alejandro Encinas, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Se ha construido una base de acuerdo para reducir la propuesta, fundamentalmente al primer numeral, para la convocatoria, el exhorto a que se reinstale la mesa de negociación. Solamente precisar que este debate no concluye. Si hubiéramos pedido una comisión especial plural, pues lo cierto es que tendrá que trasladarse a la Comisión de Energía y a otras áreas ahora que se instalen las comisiones ordinarias, donde discutiremos desde el problema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, como los 42 mil millones de pesos no eran para el sindicato, sino para subsidiar las tarifas de los usuarios que hoy ven incrementadas sus cuotas de manera muy significativa, para revisar la figura de comodato que se extinguirá en el mes de octubre que suplanta la figura de patrón sustituto y para revisar el avance de estas negociaciones. Yo por eso considero que debemos de proceder a la votación, y estaremos atentos a la negociación de la Secretaría de Gobernación.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Alejandro Encinas. En efecto, y para economía, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Arturo Zamora, si es de aceptarse.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

"Unico.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada. Comuníquese.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberar de manera urgente las participaciones fiscales federales a gobiernos municipales y para que instrumente un plan de contingencia de apoyo de energía eléctrica a favor de gobiernos municipales.

- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República, del grupo parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que respetuosamente se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere de manera urgente las participaciones fiscales federales a gobiernos municipales y para que a través de la Comisión Federal de Electricidad se instrumente un plan de contingencia de energía eléctrica a favor de gobiernos municipales para que se instruya el cese de cortes de energía eléctrica a los mismo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Los recursos que transfiere la Federación a los municipios son de vital importancia, no sólo para la conformación de las haciendas municipales: representan hoy en día la principal fuente de desarrollo de recursos con la que cuentan para financiar su desarrollo.

En el país existen 2 mil 440 municipios, y más de 2 mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas. En conjunto, los municipios adeudan 31 mil 788 millones de pesos: 15 mil 382 millones a la banca comercial, 15 mil 955 millones a la de desarrollo y 210 millones en emisiones bursátiles, de acuerdo con un informe de esta Cámara de Senadores.

Los gobiernos estatales están entrando al auxilio de municipios con problemas financieros, derivados de adeudos en los pagos de Derecho de Alumbrado Público, DAP. Lo que aún es peor, están entrando para garantizar que no se pongan en riesgo los servicios públicos básicos para la ciudadanía. Como en Guanajuato, donde el gobierno estatal le ofreció 700 mil pesos al gobierno municipal de Yuriria, razón por la cual no se han cerrado las oficinas municipales. No tienen recursos para cubrir la nómina y ya han despedido a 100 empleados para afrontar la crisis.

Aún cuando es menester que esta Soberanía analice a fondo en el contexto de la reforma hacendaria las potestades tributarias de los tres niveles de gobierno, es necesario velar por la salud de las finanzas de los municipios en una responsabilidad del Ejecutivo Federal que no debe pasarse por alto en estos momentos en que los alcaldes requieren del aliento federal en una situación en la que están en juego los servicios públicos e incluso la salud de la población.

Las crisis financieras en los ayuntamientos del país están empujando a los gobiernos locales a cerrar oficinas de manera temporal o a otorgar vacaciones obligatorias a burócratas, así como a dejar de pagar servicios como agua o luz o vender incluso edificios. Se presentan casos como el de Mulegé, Baja California Sur, donde el ayuntamiento ha puesto en venta edificios y espera obtener recursos para pagar salarios a los 1,500 empleados que tiene. Sumado a esto, debemos considerar que al quedarse los municipios sin energía eléctrica, indudablemente se acrecenta un ambiente propicio para aumentar la inseguridad y la violencia.

Por todo el país es común constatar municipios que se encuentran en situaciones similares. En Erongarícuaro, Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio de este año por falta de recursos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes policiales. En el municipio de La Colorada, Sonora, están a punto de quedarse sin energía eléctrica. La deuda asciende a 183 mil pesos y no tienen cómo pagarla. Eso sin hablar de lo injusto y arbitrario que son los recibos que llegan a los domicilios de millones y millones de mexicanos que tienen que decidir entre pagar la luz o comer. Este es un tema que habremos de comentar y profundizar en el futuro.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata las participaciones fiscales a los gobiernos para que puedan hacer frente a sus diferentes compromisos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Federal de Electricidad, presente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica a favor de los gobiernos municipales que así lo soliciten y para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Energía, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, ordene el cese a los cortes de la energía.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LIBERE DE MANERA URGENTE LAS PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES Y PARA QUE INSTRUMENTE UN PLAN DE CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

“CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MARIA ELENA BARRERA TAPIA, DAVID PENCHYNA GRUB, TEOFILO TORRES CORZO, PATRICIO MARTINEZ GARCIA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, Senadoras y Senadores de la República y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LIBERE DE MANERA URGENTE LAS PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES, Y PARA QUE, A TRAVES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE INSTRUMENTE UN PLAN DE CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN FAVOR DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y PARA QUE SE INSTRUYA EL CESE DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los recursos que transfiere la federación a los municipios son de vital importancia no sólo para la conformación de las haciendas municipales: representan hoy en día la principal fuente de recursos con las que cuentan para financiar su desarrollo. Los recursos considerados para gasto para su ejercicio libre del Ramo 28 así como el gasto para actividades específicas de los Ramos 25 y 33 y el gasto por convenios de programas específicos del Ramo 26 se liberan con poca oportunidad y son recibidos tardíamente por los gobiernos municipales, que no logran del todo consolidarse generando un impacto negativo en las actividades para el desarrollo municipal que es, muchas veces, regional.

En el país existen dos mil 440 municipios, y más de dos mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas. En conjunto, los municipios adeudan 31 mil 788 millones de pesos: 15 mil 382 millones a la banca comercial, 15 mil 955 millones a la de desarrollo y 210 millones en emisiones bursátiles, de acuerdo con un informe de esta Cámara de Senadores.

Los gobiernos estatales están entrando al auxilio de municipios con problemas financieros derivados de adeudos en los pagos de Derecho de Alumbrado Público (DAP). Lo que es aún peor, están entrando para garantizar que no se pongan en riesgo los servicios públicos básicos para la ciudadanía. Como en Guanajuato donde el Gobierno Estatal le ofreció 700 mil pesos al gobierno municipal de Yuriria, razón por la que no se han cerrado las oficinas municipales. No tienen recursos para cubrir la nómina y ya han despedido a 100 empleados para afrontar la crisis.

Aún cuando es menester que esta Soberanía analice a fondo en el contexto de la reforma hacendaria las potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno, es necesario velar por la salud de las finanzas de los municipios en una responsabilidad del ejecutivo Federal que no debe pasarse por alto en estos momentos en que los alcaldes requieren del aliento federal en una situación en la que están en juego los servicios públicos e incluso la salud de la población.

Hay gobiernos municipales que se han visto imposibilitados a pagar aguinaldos o meses de salario a empleados administrativos. Hay ayuntamientos cuyos trabajadores están suspendiendo labores y se amotinan en las alcaldías para exigir sueldos y salarios.

Hay gobiernos municipales que tienen hasta diez años de deudas y que le deben a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad. Son miles de millones de pesos en deudas que impiden crecer y tener finanzas sanas a las administraciones municipales.

Las crisis financieras en los ayuntamientos del país están empujando a los gobiernos locales a cerrar oficinas de manera temporal o a otorgar vacaciones obligatorias a burócratas así como a dejar de pagar servicios como agua o luz o vender edificios. Se presentan casos como el de Mulegé, Baja California Sur, donde el ayuntamiento ha puesto en venta edificios y espera obtener recursos para pagar salarios a los mil 500 empleados que tiene. Sumado a esto, debemos considerar que al quedarse los ayuntamientos sin energía eléctrica indudablemente se crea un ambiente propicio para aumentar la inseguridad y la violencia.

Por todo el país es común constatar municipios que se encuentran en situaciones similares. En Erongarícuaro, Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio de este año por falta de recursos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes policiales. En el municipio de La Colorada, en Sonora están a punto de quedarse sin energía eléctrica. La deuda asciende a 183 mil pesos y no tienen cómo pagarla. Eso sin hablar del injusto y arbitrario cobro de tarifas eléctricas que ya será un tema distinto y que habremos de discutir en el futuro.

Otro de los aspectos que lesiona severamente las finanzas municipales son deudas con el ISSSTE y el FOVISSSTE, entre otras instancias federales, ya que algunos municipios están recibiendo hasta un 15 por ciento del total de las participaciones mensuales que les corresponden. Por ejemplo, el gobierno de Tapachula debe enfrentar deudas por 84 millones de pesos en créditos bancarios y debe 7 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, a la que el gobierno de Tuxtla Gutiérrez también le adeuda 19 millones de pesos.

Los municipios han cedido a sus facultades recaudatorias y hoy dependen en más de un 80%, de las participaciones federales, lo que ha generado que aumente la dependencia que los obliga a endeudarse, generando una tendencia que sigue creciendo y que amenaza con convertirse en insostenible. Es por ello necesario que esta Soberanía debe pronunciarse por la restructuración de deudas de los gobiernos municipales y llame a que se empiece desde hoy a sanear y avanzar hacia la transparencia en la aplicación de recursos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata las participaciones fiscales a los gobiernos municipales para que puedan hacer frente a sus diferentes compromisos,

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Federal de Electricidad presente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica a favor de los gobiernos municipales que así lo soliciten y para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Energía, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, ordene el cese a los cortes en la energía eléctrica.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Maria Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Patricio Martinez García.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Aráujo Lara.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Pavlovich Arellano.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, con el objeto de preguntarle a la ponente si me permite suscribir junto con ella y los demás compañeros este importante tema.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Omar Fayad. Preguntaría de manera económica si las manos levantadas son para suscribir el punto de Acuerdo. Le pido a la Secretaría que tome nota de la suscripción del punto de Acuerdo.

Gracias, Senadora.

- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Gracias, compañeras y compañeros del PRD; compañeros del PVEM, muchísimas gracias, compañeros del PAN, gracias y, por supuesto, de mi grupo.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de cinco presos de origen cubano, detenidos en los Estados Unidos de América.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente; legisladoras y legisladores:

Someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de cinco presos de origen cubano detenidos en los Estados Unidos de América, al tenor de los siguientes considerandos:

Que la libertad es un derecho inalienable, así está estipulado en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, señala expresamente que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todas y todos tenemos derecho a la vida y a la libertad.

Que durante más de 13 años, cinco valientes cubanos han sufrido una injusta prisión en las cárceles de los Estados Unidos de América por defender a su país del terrorismo patrocinado por los grupos extremistas y anticubanos que radican esencialmente en Miami y que gozan de total impunidad y protección por parte de las sucesivas administraciones estadounidenses.

Que dicha situación ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación a través de cientos de comités de solidaridad existentes en todo el mundo. Entre estos, significativo ha sido el apoyo expreso de 10 Premios Nobel, el Senado de México en pasadas legislaturas; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-1997) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros.

Que a dicha demanda se han sumado cientos de legisladores de todo el mundo, destacando 75 miembros del Parlamento Europeo, incluyendo dos ex presidentes y tres vicepresidentes de ese órgano legislativo, así como numerosas asociaciones de abogados y de derechos humanos de distintos países de Europa, en Asia y América Latina, personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de los Estados Unidos.

Que en ese sentido, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara este caso. El Senado de México en pleno y la Asamblea Nacional de Panamá estuvieron entre quienes suscribieron dichos documentos.

Que a nivel parlamentario se han realizado un sinnúmero de acciones, figurando el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea,la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, Eurolat, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de Escocia, el Parlamento de Irlanda, la Duma de Estado de la Federación de Rusia, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Argentina, así como Diputados y legisladores de Mali, Suecia, Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua.

El 13 de febrero de 2008, fue aprobado un punto de Acuerdo por la Cámara de Diputados a favor de los cinco cubanos de referencia; aún más, el 28 de septiembre de 2006, este H. Senado de la República aprobó un punto de Acuerdo pronunciándose porque se haga valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aún más, el 10 de julio de 2003, 300 legisladores y legisladoras mexicanas firmaron un documento expresando su preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y vicios de que fueron objeto los cinco ciudadanos cubanos detenidos en Miami, Florida.

Que los cinco cubanos de referencia han sufrido una extensa condena, en condiciones hostiles a su integridad psíquica y física, impensable para cualquier otra persona acusada de los mismos cargos.

Que en la celebración de la XII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país, en mayo de 2011, emitió la respectiva Declaración en la cual se asienta que “…ambas delegaciones, la de México y Cuba, reiteraron su compromiso con la paz e hicieron un llamado a la solución pacífica de las controversias y el rechazo al tráfico de armas, así como a la violación del derecho internacional por la detención arbitraria de los cinco ciudadanos cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos.

Pongo a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión No.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a las normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

Segundo.- El Senado también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René González, ya sentenciado, inocente, pueda viajar en breve a Cuba para reunirse con su familia atendiendo a una cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las solicitudes presentadas por los abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo y los cinco cubanos en general.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESARIA DEMANDA DE LIBERACION DE CINCO PRESOS DE ORIGEN CUBANO DETENIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

“C. Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
LXII Legislatura.

La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna con fundamento en los Artículos 8, fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de cinco presos de origen cubano detenidos en los Estados Unidos de América, al tenor de los siguientes considerandos:

1. Que la libertad es un derecho inalienable, así está estipulado en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en susArtículos 1ero, 2do y 3ero en donde se señala expresamente que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todas y todos tenemos derecho a la vida y a la libertad.

2. Que durante más de 13 años, cinco valientes cubanos han sufrido una injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos de América por defender a su país del terrorismo patrocinado por los grupos extremistas y anticubanos que radican esencialmente en Miami y que gozan de total impunidad y protección por parte de las sucesivas administraciones estadounidenses.

3. Que dicha situación ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación a través de cientos de comités de solidaridad existentes alrededor del mundo. Entre estos, significativo ha sido el apoyo expreso de 10 Premios Nobel, entre los que figuran, el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el Senado de México en pasadas legislaturas; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros.

4. Que a dicha demanda se han sumado cientos de legisladores de todo el mundo, destacando 75 miembros del Parlamento Europeo, incluyendo dos ex Presidentes y tres vicepresidentes de ese órgano legislativo, así como numerosas asociaciones de abogados y de derechos humanos de diferentes países de Europa, Asia y América Latina, personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de los Estados Unidos; 85 miembros de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos; 87 miembros de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido; 9 Senadores y 33 Diputados de la Cámara de Representantes del Parlamento de Irlanda; 11 Miembros del Parlamento de Escocia; 17 Senadores y 138 Diputados del Congreso Nacional de Brasil; 4 Senadores y 8 Diputados del Congreso nacional de Chile; 4 Representantes, un Senador y un ex Senador del Parlamento Federal Belga; 7 Miembros del Parlamento alemán (Bundestag); 2 Miembros y 2 ex Miembros de la Cámara de Consejales y 5 miembros y un ex miembro de la Cámara de Representantes de la Dieta Nacional de Japón.

5. Que en ese sentido, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los 5 cubanos para que la Corte reexaminara el caso. El Senado de México en pleno y la Asamblea Nacional de Panamá estuvieron entre quienes suscribieron dichos documentos.

6. Que a nivel parlamentario se han realizado un sin número de acciones, figurando el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria ACP-UE, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, Eurolat, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de Escocia, el Parlamento de Irlanda,la Duma de Estado de la Federación de Rusia, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Argentina, así como Diputados y legisladores de Mali, Suecia, Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua.

7. Que el 13 de febrero del 2008, fue aprobado un punto de Acuerdo en la H. Cámara de Diputados a favor de los Cinco cubanos de referencia; aún más, el 28 de Septiembre de 2006, el H. Senado de La República aprobó un punto de Acuerdo pronunciándose porque se haga valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aún más atrás, el 10 de julio 2003, 300 legisladores mexicanos firmaron un documento expresando su preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y vicios de que fueron objeto los cinco ciudadanos cubanos detenidos en Miami, Florida.

8. Que los cinco cubanos de referencia han sufrido una extensa condena, en condiciones hostiles a su integridad psíquica y física, impensable para cualquier otro reo acusado de los mismos cargos, pero sin estar impregnado de las razones políticas que los tribunales y el gobierno de los Estados Unidos han conferido a este caso y, durante estos angustiosos años de injusto encarcelamiento, la dilación en el otorgamiento de las visas a los familiares de estos cinco cubanos, ha originado que en la mayoría de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aún cuando -de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas- podrían haberlos visitado mensualmente.

9. Que entre los muchos posicionamientos de decenas de organismos internacionales, en Octubre de 2010 Amnistía Internacional dio a conocer un Informe sobre el caso en el que concluye que:

“La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”

Resolución que no ha sido atendida por los Estados Unidos de América.

1. Que en la celebración de la XII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país, en mayo de 2011, se emitió la respectiva Declaración conjuntaen la cual se asienta que “…ambas delegaciones reiteraron su compromiso con la paz e hicieron un llamado a la solución pacífica de las controversias y de los conflictos entre las naciones o al interior de ellos. Además, manifestaron su rechazo al tráfico de armas, así como a la violación delderecho internacional por la detención arbitraria de los cinco ciudadanos cubanospresos en cárceles de Estados Unidos. Se pronunciaron en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la Isla, “el cual es visto como una accióncontraria a la Carta de Naciones Unidas, al derecho internacional y al principio de buena vecindad, que está causando daños materiales y económicos al pueblocubano”.

2. Que consta en las respectivas Gacetas Parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la voluntad expresa de quienes han sido representantes populares por llamar a los Estados Unidos de América a que procedan ya a la liberación de los cinco cubanos detenidos injustamente

Por los considerandos señalados se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

SEGUNDO. El Senado también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René González pueda viajar en breve a Cuba para reunirse definitivamente con su familia atendiendo a una cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las solicitudes presentadas por los abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo y los Cinco cubanos en general.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna
Grupo Parlamentario del PRD”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.






Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a resolver el recurso de revisión constitucional y electoral que el PAN promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 1° de julio de 2012, en el estado de Querétaro se llevaron a cabo elecciones concurrentes para elegir Presidente de la República; Senadores; Diputados Federales; Diputados locales y ayuntamientos.

En el municipio de San Juan del Río, la contienda electoral se centró entre los candidatos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional que conformó la coalición “Compromisos por Querétaro”. Debe señalarse que ambos partidos, desde hace más de 20 años, contienden con una alta intensidad política; los candidatos de ambos partidos expresaron sus propuestas y se generaron una contrarréplica, por lo tanto, el nivel de la politización de los ciudadanos es alta y de amplia satisfacción y férrea competencia.

Durante la jornada electoral, se presentaron prácticas antidemocráticas en San Juan del Río, como la coacción, la coptación, la intimidación, la compra de votos, violencia física contra electores y representantes del PAN acreditados en las casillas, provocando indignación e inconformidad importante de un sector de la población de ese municipio de Querétaro.

El PRI obtuvo un triunfo de apenas 691 votos al cierre del PREP emitido por el Distrito Electoral de Querétaro, que representó aproximadamente el .04% de ventaja.

El candidato del PAN, Roberto Carlos Cabrera, una vez terminada la jornada electoral y ante las diversas irregularidades que se observaron, decidió impugnar los resultados de la elección de ayuntamiento, debido a que hubo sustitución de funcionarios de casillas por servidores públicos, menores de edad fungieron como funcionarios de casillas, autoridades municipales fueron escrutadores de casillas; no se realizó el cómputo administrativo adecuadamente, no se permitió el conteo de los votos de las boletas inutilizadas, se encontraron aproximadamente 7,000 boletas de más en las calculadas para el día de la elección; de acuerdo con lo visto de los testigos, se dice que la existencia de las boletas apócrifas dentro de las boletas inutilizadas. Pero, por si esto fuera poco, no se tiene la certeza si todas estas irregularidades quedan asentadas en las actas del cómputo distrital.

Ante tales hechos, el PAN en Querétaro presentó recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, derivado de las irregularidades electorales suscritas el 1° de julio de 2012.

El 30 de agosto de 2012, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, resolvió desechar el recurso interpuesto por el PAN por improcedente, y ratificó el triunfo del PRI en la elección municipal.

Ante este lamentable hecho, nuestro partido presentó ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el juicio de revisión constitucional electoral, derivado de la sentencia de la Sala Electoral Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.

Compañeras y compañeros Senadores:

Los invito a que voten a favor del presente punto de Acuerdo porque debo devolver la confianza a la ciudadanía de las instituciones públicas. Los Senadores de la República representamos a las entidades federativas del país, por lo que tenemos el compromiso y el deber de atender los reclamos de los ciudadanos de nuestros estados. La gente de San Juan del Río y de cualquier ciudad o comunidad de México, confía en que el Senado atenderá su reclamo y contribuirá al marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes, para esclarecer los hechos que les quedará la incertidumbre. Por ello, nuevamente les invito a que aprueben mi propuesta y exhortemos respetuosamente al Poder Judicial a que resuelva conforme a derecho, el litigio que se les ha planteado. No pretendemos que se resuelva a favor de algún candidato, únicamente queremos que la gente de San Juan del Río tenga la certeza de que sus autoridades municipales fueron electas con estricto apego a la ley.

Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que resuelva conforme a derecho el juicio de revisión constitucional electoral presentado por el PAN, motivado por las irregularidades en la elección del ayuntamiento en San Juan del Río, Querétaro.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SALA REGIONAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEON, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION PARA QUE RESUELVA CONFORME A DERECHO EL RECURSO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL QUE EL PARTIDO ACCION NACIONAL PROMOVIO ANTE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ELECCION DE AYUNAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Francisco Domínguez Servién, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que resuelva conforme a derecho, el recurso de Revisión Constitucional Electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección de Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1° de julio de 2012, en el estado de Querétaro se llevaron a cabo elecciones concurrentes para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Diputados locales y Ayuntamientos.

La contienda electoral se centro entre los candidatos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, que conformó la “Coalición Compromiso por Querétaro”. Debe señalarse, que ambos partidos, desde hace más de 20 años, contienden con una alta intensidad política; los candidatos de ambos partidos, expresan sus propuestas y se genera una contra replica; por lo tanto, el nivel de politización de los ciudadanos es alta y de amplia participación, por ello, de férrea competencia.

Durante la Jornada electoral, se presentaron prácticas antidemocráticas en San Juan Del Río, como la coacción, la cooptación, la intimidación,la compra de votos, violencia física en contra de electores y de representantes del PAN acreditados en las casillas; provocando indignación e inconformidad en un importante sector de la población de ese municipio queretano. El PRI obtuvo un pírrico triunfo de apenas 691 votos al cierre del PREP emitido por el Instituto Electoral de Querétaro, que representó aproximadamente el .04 % de ventaja.

El candidato del PAN, Roberto Carlos Cabrera Valencia, una vez terminada la Jornada Electoral y ante las diversas irregularidades que se observaron, decidió impugnar los resultados de la elección del Ayuntamiento, debido a que hubo sustitución de funcionarios de casilla por servidores públicos; menores de edad fungieron como funcionarios de casilla; autoridades municipales fueron escrutadores de casillas; no se realizó el cómputo administrativo adecuadamente; no se permitió el conteo de las boletas inutilizadas; se encontraron aproximadamente 7,500 boletas de más, a las calculadas para el día de la Elección; de acuerdo con el dicho de testigos, se dice de la existencia de boletas apócrifas dentro de las boletas inutilizadas; por si esto fuera poco, no se tiene la certeza si todas estas irregularidades quedaron asentadas en las actas de Computo Distrital.

Ante tales hechos, el Partido Acción Nacional en Querétaro, presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, derivado de las irregularidades electorales que se suscitaron el 1º de julio de 2012.

El 30 de agosto de 2012, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, resolvió desechar el recurso interpuesto por el PAN por improcedente y ratificó el triunfo del PRI en la elección municipal.

Ante ese lamentable hecho, nuestro Partido presentó ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, derivado de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Compañeras y compañeros Senadores:

Los invito a que voten a favor del presente punto de acuerdo, porque debemos devolver la confianza a la ciudadanía en las instituciones públicas. Los Senadores de la República representamos a las Entidades Federativas del país, por lo que tenemos el compromiso y el deber de atender los reclamos de los ciudadanos de nuestros estados. La gente de San Juan del Río y de cualquier ciudad o comunidad de México, confía en que el Senado atenderá sus reclamos y que contribuirá, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes, a esclarecer los hechos que les generen incertidumbre. Por ello, nuevamente les invito a que aprueben mi propuesta y exhortemos respetuosamente al Poder Judicial a que resuelva conforme a derecho, el litigio que se les ha planteado. No pretendemos que se resuelva a favor de algún candidato, únicamente queremos que la gente de San Juan del Río, tenga la certeza de que sus autoridades municipales fueron electas con estricto apego a la ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, para que resuelva conforme a derecho, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral presentado por el Partido Acción Nacional, motivado por las irregularidades en la elección de Ayuntamiento en San Juan del Río, Querétaro.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Domínguez Servién. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) ¿Si me puedo adherir al punto de Acuerdo que acaban de presentar?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, Senadora, pido que se tome nota.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se aprueba.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pero cuándo va a entregar esta comisión a las comisiones, porque se entrega, y luego tiene que estar el 25, digo, ¿no hay un tiempo anterior que se entregue a esta comisión?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Según entiendo, Senador, se trabajará lo más rápido posible y se entregará a las comisiones evidentemente con fecha previa al 25 de septiembre.

Gracias, Senador.

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






PROPUESTAS

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las organizaciones sindicales a que se sumen a los trabajos de estudio y dictamen de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia laboral. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES A QUE SE SUMEN A LOS TRABAJO DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE LA INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA LABORAL

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las organizaciones sindicales de nuestro País, a sus líderes y representantes, a que se sumen de forma activa y propositiva a los trabajos de estudio y dictamen de la Iniciativa que con carácter de preferente fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo, el C. Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión, y que hagan suyo el compromiso con la trasparencia y rendición de cuentas para con sus agremiados que contempla dicha propuesta, aportando sus propuestas y soluciones a efectos de lograr una pronta dictaminación de la iniciativa citada, viendo en todo momento por el bienestar y superación de los trabajadores, lo que se realiza al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La iniciativa para la Reforma Laboral, fue presentada apenas el día 1° de septiembre del presente año. Esta iniciativa es una de las que con carácter de Iniciativa Preferente, puede presentar el titular del Poder Ejecutivo a la consideración del H. Congreso de la Unión, por lo que atendiendo a ésta característica, deberá ser estudiada y dictaminada en un plazo de 30 días.

Consideramos que el tiempo establecido para su dictaminación es suficiente, pues todos los integrantes de esta cámara, somos plenamente consientes de la situación laboral en nuestro país y en cada una de las entidades que lo conforman. No podemos negar bajo ningún argumento el hecho de que es necesaria una gran reforma laboral y que la misma se ha exigido por los trabajadores, los sindicatos, los patrones y los diferentes órdenes de gobierno.

De la exposición de motivos que presentó el ejecutivo dentro de esta iniciativa, se resume claramente el por qué debemos atender su inmediata dictaminación, en concreto me permito transcribir la identificación que del problema realiza esta exposición de motivos:

“- El marco jurídico laboral ha quedado rebasado ente las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales.

- La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividadde las empresas y la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de la generación de empleos.

- Subsisten condiciones que dificultan que en las relaciones de trabajo prevalezcan los principios de equidad, igualdad y no discriminación.

- El anacronismo de las disposiciones procesales constituye un factor que propicia rezagos e impide la modernización de la justicia laboral.

- A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones.

- La normatividad laboral no prevé sanciones significativas a quienes incurren en prácticas desleales e informales contrarias a la ley.

Por las anteriores razones, se considera necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin que ello implique abandonar los derechos reconocidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

La Iniciativa de reforma laboral, pretende solucionar esta problemática planteada por el ejecutivo y que no puede ser negada por ninguna persona, pues el problema es real. La solución la tenemos nosotros y el momento es este.

Sin embargo, nos hemos encontrado que a solo unos días de la presentación de lainiciativa se han realizado ya una serie de manifestaciones y señalamientos en contra de lareforma. Señalamientos que considero han sido precipitados por la importancia del tema y su trascendencia.

En primer lugar debe quedar claro que todos y cada uno de los mexicanos tenemos no solo el derecho a manifestarnos a favor o en contra, sino la obligación de hacerlo, pero creo que es urgente ya dejar el inmovilismo que a veces pareciera aporta un problema para cada solución. Es urgente que todos los sectores sociales pasemos ya del discurso a los hechos y que en algo solventemos el terrible rezago legislativo que tenemos con la sociedad.

Le reforma laboral urge no hace años, sino décadas, y los principales interesados en que se den son los trabajadores de todo el país que sin duda alguna requieren de más oportunidades de empleo, sobretodo nuestros jóvenes que se suman año con año al mercado laboral solo para ver que en muchos casos no hay suficientes oportunidades para satisfacer la demanda de empleo existente en nuestro país.

Creo que nuestra legislación laboral que en su momento fue de avanzada, es ahora una de las mas desfasadas de el momento histórico que vivimos en el mundo, esta legislación fue creada a inicios del siglo XX cuando en México apenas se iniciaba con el proceso de industrialización, y los sindicatos tenían poco tiempo de haber salido de la clandestinidad.

Hoy nuestra realidad es totalmente distinta y eso no puede ser negado por nadie, en plena globalización y ante realidades como el outsourcing y el hecho de que las fuentes de empleo compiten de forma global y no regional, urge una reforma que adapte nuestra legislación laboral a los nuevos tiempos.

Uno de los puntos más importante de esta reforma y uno de los que urge verdaderamente atender es el relacionado con la transparencia y rendición de cuentas que deben las organizaciones laborales a sus miembros respecto de las cuotas que estos con tanto esfuerzo les aportan, es claro que en pleno siglo XI resulta imperativo que el estado garantice a los trabajadores sindicalizados el derecho a saber cómo y en que se gastan sus aportaciones, así como lo hace respecto de todas las demás organizaciones civiles y mercantiles reguladas por la Ley.

Las organizaciones sindicales sin duda alguna son instituciones de suma importancia para nuestro país, y justo por eso es que resulta vital que aporten su experiencia y compromiso en resolver el terrible rezago legal que tenemos en materia laboral, y sobre todo que se comprometan en este gran reto que todas las instituciones de nuestra patria han asumido en estos tiempos que vivimos y que es sin duda la transparencia y la rendición de cuentas.

Es precisamente la intención de este punto de Acuerdo, el pedirles de manera respetuosa a los sindicatos, a sus líderes y a sus representantes, tal y como muchos de ellos lo han reclamado al gobierno hoy se comprometan con la cultura de transparencia y rendición de cuentas y aporten su innegable experiencia y fortaleza para juntos construir la reforma laboral que le urge a México y a los trabajadores Mexicanos.

De esta reforma se ha dicho, que atenta contra las organizaciones sindicales, que violenta los dispuesto por el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que es regresiva y empobrecedora de los trabajadores, sin embargo todos estos señalamientos han sido vertidos de manera vaga y sin precisar cuál es el punto concreto que perjudica, y sin señalar el perjuicio a generarse, la verdad sea dicha es que esta iniciativa nos permite aumentar la competitividad de nuestra fuerza laboral y la trasparencia de sus organizaciones, lo que es sin duda benéfico para todos nuestros trabajadores y para su futuro.

Claro es que este reforma requiere del apoyo de los sindicatos para resultar viable, es por ello que respetuosamente se pide su participación y compromiso con la trasparecía sindical allí propuesta así como su participación de forma institucional en el proceso de Dialogo y Reforma de esta ley, a México le urgen soluciones y le sobran falsos debates que no buscan otra cosa que mantener privilegios que ya no van con nuestra realidad nacional.

En nuestra convicción que la propuestadel ejecutivo debe ser analizada cuidadosamente para identificar si es que existen puntos controvertidos y de ser necesario corregirlos,pero insisto con el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el bien de los trabajadores, mediante un trabajo legislativo serio que implique forzosamente Dialogo y consenso, no únicamente negativas que busquen perpetuar privilegios.

Estamos convencidos de que nunca una reforma laboral debe ni puede ir en contra de un gremio, cuando la intención claramente es la de beneficiar a las personas, a los trabajadores; y cuando los trabajadores sean beneficiados por esta reforma, lo serán los sindicatos pues la finalidad de estos es velar por el desarrollo digno y la protección de sus agremiados.

México ha cambiado en los últimos años, tenemos estabilidad económica, tenemos pleno uso y disfrute de nuestras libertades y derechos, pero hay asignaturas pendientes, en las que debemos conseguir que esos beneficios y avances que hemos obtenido, se reflejen y se sientan en la base de la sociedad.

Por lo hasta aquí expresado, me permito hacer un respetuoso llamado a los representantes y líderes de los sindicatos, gremios y todo tipo de asociaciones, cuyo único fin y razón de sus existencia, es velar por los derechos de los trabajadores, a que por sobre todas las cosas pongan el interés de los trabajadores, y comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas se sumen a este gran esfuerzo, cuya única intención es el proveer a nuestro País de una legislación laboral moderna, adecuada y completa, que tenga como único resultado el garantizar una vida digna a los trabajadores y que esta sea el punto de partida para el bienestar y desarrollo de los mexicanos.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las organizaciones sindicales de nuestro País, a sus líderes y representantes, aponiendo como prioridad el dotar a los trabajadores de un marco legal adecuado y moderno se sumen de manera activa y propositiva en los trabajos de estudio y dictamen de la Iniciativa que con carácter de preferente, fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo, el C. Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión, lo que permita su pronta dictaminación, viendo en todo momento por la dignidad, el bienestar y superación de los trabajadores, así como la obligación que tienen hacia sus agremiados en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Salón de sesiones del H. Senado de la Republica, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. José María Martínez Martínez”.






De la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal girar las instrucciones correspondientes para la adopción de políticas públicas en materia de prevención del suicidio. Se turna a la Comisión de Salud.








De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario PAN, que contiene punto de Acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos en su honor. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE DECLARE COMO EL AÑO DE “FRANCISCO I. MADERO” Y SE REALICEN DIVERSOS FESTEJOS EN SU HONOR

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículo 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos en su honor. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La historia de México no se puede comprender, sin el reconocimiento de la lucha de grandes hombres que dieron su vida para lograr un país democrático y más justo para todos sus habitantes.

Francisco I. Madero González originario de Coahuila, nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda “El Rosario” en Parras de la Fuente.

Con estudios en Agricultura y Administración. Madero participó en su primer acto político en 1905, manifestando su oposición a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas; formando así el Partido Democrático Independiente. Motivado por desaparecer la dictadura que existía en México, el 22 de mayo de 1909 fundó el Centro Antireeleccionista de México cuyos principios fueron “Sufragio efectivo y no reelección”.

En 1910 plasmó varias ideas políticas en su libro “La Sucesión Presidencial”, en el cual plantea la urgente necesidad de la participación del pueblo en las elecciones para dar una salida democrática a los 30 años de dictadura.

Cuando la popularidad de Francisco Madero creció, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar y se hizo reelegir por séptima vez. Pero Madero logró escapar de prisión y lanzó el 5 de octubre de 1910 el “Plan de San Luis” donde hizo un llamado a la rebelión nacional, que fue seguido por muchos líderes populares como Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Pascual Orozco se levantó en armas en Chihuahua, por órdenes de Madero, el domingo 20 de noviembre de 1910. Lo que dio pauta a que el año siguiente en mayo se tomará Chihuahua, ahí nombró a su gabinete; y fue el 21 de ese mes, cuando se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, donde se pedía la renuncia del Presidente Porfirio Díaz y de su vicepresidente, logrando que Porfirio Díaz renunciara el 25 de mayo.

En las elecciones del 15 de octubre salió triunfante el Partido Constitucional-Progresista, del cual Madero era el candidato a la Presidencia de la República; el 6 de noviembre de 1911 Madero tomó posesión de la Presidencia de la República y el 27 del mismo mes el Congreso elevó la no reelección a precepto constitucional.

El 28 de noviembre de 1911 los zapatistas expidieron el Plan de Ayala donde desconocen a Madero como Presidente.

Dos años más tarde, los miembros del Bloque Liberal Renovador se alzaron en contra de Madero el 9 de febrero, dando así el inicio de lo que se conoció como la “Decena Trágica”.

Durante esos 10 días, se pidió la renuncia de Madero a la Presidencia, situación que rechazó, lo que ocasionó que los alzados tomarán Palacio Nacional, logrando así que se aprendiera a Madero, al vicepresidente Pino Suárez y a sus colaboradores, cuando quisieron salir de Palacio Nacional. El General Huerta desconoció a Madero como Presidente y se propuso a Félix Díaz como candidato a la Presidencia.

El 19 de febrero Madero y Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias, las que fueron aceptadas por el Congreso; y el 22 del mismo mes fueron sacados de Palacio Nacional y llevados a un costado de la Penitenciaría de Lecumberri, donde fueron asesinados.

De la biografía de Don Francisco, resalta claramente la importancia que éste tuvo al inicio de la Revolución Mexicana, porque fue el primer Presidente electo después de 34 años de la dictadura de Porfirio Díaz.

Adicionalmente, Francisco I. Madero, luchó por la igualdad declases, y por garantizar la educación y la devolución de las tierras que fueron expropiadas a sus legítimos propietarios, en su mayoría indígenas, por medio de la aplicación abusiva de la“Ley de Terrenos Baldíos”

Francisco I. Madero dejó un legado trascendental para México. Acuño el lema “Sufragio efectivo, no reelección”, frase de profundo contenido intelectual, teórico y político, que representaba el descontento generalizado, ante una nueva reelección de Porfirio Díaz.

Gracias a la lucha y sacrificio de Madero, el sistema político mexicano incorporó en la Constitución la prohibición expresa de cualquier posibilidad de reelección presidencial.

Por ello, en mi carácter de Senadora de la República por el estado de Coahuila, someto a la consideración de esta Soberanía, la propuesta para que en el contexto del Centésimo Aniversario luctuoso del ilustre coahuilense y apóstol de la democracia, Francisco I. Madero; se le rinda homenaje.

No se debe olvidar que gracias a la entereza y convicciones de Madero, tenemos importantes avances en materia democrática, por lo que es justo que se le de reconocimiento a su entrega por el bien común de todos los mexicanos.

Al tenor de lo anteriormente fundado y motivado, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, se declare al año 2013, como el “Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero”.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que acuerde la creación de un Grupo de Trabajo que tenga la función de organizar las ceremonias cívicas y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República, relativos el Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 13 de septiembre a las 11:00 horas.

Se les recuerda que ese día recibiremos la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir de las 12:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:56 horas)

Directorio

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