Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 24 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Septiembre de 2012

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:33 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 111 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 6 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintisiete minutos del día martes cuatro de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión Constitutiva del 29 de agosto de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibieron comunicaciones dela Secretaría General de Servicios Parlamentarios con relación a la constitución de los grupos parlamentarios.- La Mesa Directiva declaró constituidos los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

Se realizaron intervenciones de los grupos parlamentarios con relación al inicio de las actividades de la Sexagésima Segunda Legislatura.- Intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; Blanca Alcalá Ruiz del PRI; y Layda Sansores San Román.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se propone la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Fue aprobado por 117 votos en pro. La Senadora Martha Palafox Gutiérrez rindió su protesta como Secretaria de la Mesa Directiva.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República.- La Presidencia informó que los ejemplares de este documento se recibieron el sábado 1 de septiembre y se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de autorización del titular del Ejecutivo Federal, para que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales "Partnership of the Americas 2012", que se llevarán a cabo en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América.- Fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Fernando Yunes Márquez del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Raúl Gracia Guzmán del PAN; y Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. Fue aprobado por 113 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará alas Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionala Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el asunto corresponde a los que el artículo 71 constitucional identifica como iniciativa preferente y, por tanto, tiene un plazo establecido para su resolución, en consecuencia se notificó a la Junta de Coordinación Política la necesidad de un Acuerdo que proponga el trámite y el procedimiento para el análisis de este asunto.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía,con el Informe Estadístico sobreel Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-junio de 2012.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá ala Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al segundo trimestre de 2012.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá a la Comisión de Energía.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2012.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se remitirá a la Comisión de Energía.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se dieron por recibidos y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrán en la Mesa Directiva. Se turnarán a la Comisión de Gobernación.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

Se recibió de la Secretaría de Marina, oficio del titular de la dependencia, para informar de la determinación de otorgar 29 ascensos post-mortem a personal de la Armada.- Quedó de enterado. Se informó que el documento fue enviado bajo el fundamento del artículo 44-bis de la Ley de Ascensos de la Armada de México, sólo con propósitos informativos.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los montos de endeudamiento internoneto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2012; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participacionesa las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva.

Se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del XXVII aniversario de los sismos de septiembre de 1985, a realizarse el miércoles 19 de septiembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión a los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Mario Delgado Carrillo.

Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero, invitación para asistir a la sesión pública y solemne, que se celebrará el día13 de septiembre del año en curso, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para rendir honores al Generalísimo Don José María Morelos y Pavón y a los Diputados Constituyentes.- Se designó en comisión a los senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros.

Se recibió de la Comisión Permanente, oficio con el que remite el Inventario de asuntos pendientes del Segundo Receso del Tercer Año de la LXI Legislatura.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que informa su integración.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 71; 109, párrafos segundo y tercero; 139; 140, fracción III; 141, fracción VI; 142; 143, 144, 145 y 146 de la Ley Agraria.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, delgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para ratificarel Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional que establece el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo sobre los 10 mil cadáveres de víctimas sin identificar y las más de 5 mil desapariciones forzadas.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisionesde Seguridad Pública y de Derechos Humanos.

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados enel Presupuesto de la Federación 2012 a favor de los ex trabajadores mexicanos braceros.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Omar Fayad Meneses del PRI; Raúl Gracia Guzmán del PAN; y Armando Ríos Piter del PRD. Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue los hechos que presuntamente constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los Estados Unidos de América el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Derechos Humanos.

El Senador Zoé Robledo Aburto,del grupo parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear la comisión especial para la conmemoración del centenario de la gesta histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

El Senador Mario Delgado Carrillo,del grupo parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo con relación a los recientes hechos donde se ven involucrados agentes de la cia y del gobierno mexicano.- Se dio por recibido yen tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y citó a la siguiente el jueves seis de septiembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se proponen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaria dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las normas…

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera solicitarle, si bien hemos recibido el Sexto Informe de Gobierno, no hemos recibido los cuadernillos en donde está la información a detalle.

Y pedirle a usted, si fuera tan amable, si pudiera hablar con el gobierno federal para que nos hicieran llegar ya los cuadernillos a detalle, porque no los tenemos.

Hay algunas secretarías que ya lo están subiendo a su página de Internet.

Pero yo quisiera pedirle eso.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pablo Escudero. Según me informan, el informe completo con sus anexos se distribuyó desde el sábado. Y hoy empiezan a circularse los informes correspondientes a cada una de las dependencias.

Le voy a pedir a la Mesa Directiva que pongamos especial atención en que llegue lo más oportunamente posible el material completo a todos ustedes.

Gracias, Senador Pablo Escudero.

En consecuencia, se aprueba el Acuerdo por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno.

La Presidencia emitirá las invitaciones correspondientes a los servidores públicos que señala el Acuerdo y en virtud de que no se han conformado las comisiones a las que correspondería la conducción de las reuniones, a las que hace referencia el Acuerdo que aprobamos, esta Mesa Directiva, a través de los señores Vicepresidentes, estará atenta a llevar la coordinación de las actividades para desahogar las comparecencias que el Acuerdo contiene.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a favor de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Angel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/330/2012
México, D.F., 4 de septiembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese Órgano Legislativo, las propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, de las personas que a continuación se señalan:

1. Miguel Aguilar García

2. Juan Marcos Cedillo García

3. Sanjuana Flores Saavedra

4. Miguel Angel Luna Martínez

5. María Guadalupe Pillado Pizo

6. Javier Ramírez Jacintos

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por él Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves

Presidencia de la República”.

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Como muestra plena de que los actos de colaboración entre Poderes contribuyen de manera significativa a fortalecer las instituciones de un Estado democrático, el Ejecutivo Federal nombra con la aprobación de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del mencionado Tribunal.

Para que ese Tribunal contencioso administrativo realice de manera eficaz las tareas que le han sido encomendadas por mandato constitucional, es indispensable que los Magistrados que lo integran sean ciudadanos que cuenten en todo momento con el profesionalismo y la especialización que se requiere para impartir justicia.

En este contexto, en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular del Ejecutivo Federal la conclusión, el próximo 16 de octubre, de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese Tribunal, así como la propuesta de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, en el sentido de que seis Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo sean nombrados para un nuevo periodo.

Al respecto, considerando la propuesta del Tribunal, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de ese órgano legislativo el nombramiento como Magistrados de Sala Regional por un nuevo periodo de diez años, contado a partir del día siguiente a aquél en que concluyen sus encargos actuales, a favor de los magistrados que se enlistan a continuación en orden alfabético en razón de su apellido:

1. Miguel Aguilar García.

2. Juan Marcos Cedillo García.

3. Sanjuana Flores Saavedra.

4. Miguel Angel Luna Martínez.

5. María Guadalupe Pillado Pizo.

6. Javier Ramírez Jacintos.

De los expedientes que se acompañan al presente podrá corroborarse que las personas señaladas siguen cumpliendo con los requisitos legales que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para ocupar una magistratura de Sala Regional, al ser todos ellos mexicanos por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; se encuentran en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; cuentan con notoria buena conducta; son licenciados en Derecho con título debidamente registrado y expedido con diez años de anticipación a su nombramiento, y cuentan con la experiencia en materia fiscal y administrativa que exige la Ley, además de contar con evaluaciones favorables sobre su desempeño como Magistrados por parte de la Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que la aprobación de un nuevo nombramiento a favor de los Magistrados señalados redundará en beneficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de sus justiciables, al dar continuidad a la impartición de justicia por parte de servidores públicos con experiencia, conocimientos técnicos y probada capacidad en el ejercicio de dicha función.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 30 de agosto de 2012.
El Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se tiene por recibida la documentación descrita y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia.

Informo a la Asamblea, que en tanto se conforman las comisiones, los asuntos que se les turnen se conservarán en poder de esta Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió el informe de labores 2011 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se remite, en su momento, a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que se comunica la emisión del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la Declaración del Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos del ciudadano Enrique Peña Nieto.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: La Cámara de Diputados remitió un Acuerdo por el que se designa a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0028

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con lo que establece el Artículo 110, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designan a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a los siguienteslegisladores:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Propietario: Dip. Gilberto Antonio Hirata Chico

Suplentes:Dip. María Guadalupe Sánchez Santiago

Dip. Antonio de Jesús Díaz Athié

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propietario: Sen Javier Corral Jurado

Suplentes:Dip. Esther Quintana Salinas

Dip. Alfredo Botello Montes

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Propietario: Dip. Ricardo Astudillo Sánchez

Suplentes:Dip. Mónica García de la Fuente

Dip. Gabriela Medrano Galindo

Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Propietario: Dip. Ricardo Mejía Berdeja

Suplentes:Dip. Zuleyma Hiudoboro González

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez

Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Propietario: Dip. Luis Antonio González Roldán

Suplentes: Dip. Dora María Talamante Lemas

Dip. Sonia Rincón Chanona

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2012.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso a la información.

Esta iniciativa involucra diversas disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 6o., 16, 29, 73 y 76, entre otras disposiciones más.

Esta iniciativa tiene como objetivos en lo fundamental superar la heterogeneidad de las leyes en materia de transparencias que existen en el país, así como las vigentes respecto al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Se busca, con ésta, resolver la inequidad de las condiciones en que se desarrolla el ejercicio de estos derechos a lo largo del territorio nacional, donde hay una profunda diferenciación entre las distintas entidades de la República y el ordenamiento federal, así como eliminar la inequidad marcada por la diferencia en las capacidades institucionales en los órganos encargados de garantizar estos derechos para que puedan cumplir con sus responsabilidades.

En esta iniciativa proponemos otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto a nivel federal como en las distintas entidades federativas, dotándolos de personalidad jurídica, patrimonio propio e independencias en sus decisiones y funcionamiento.

La misma iniciativa plantea crear el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un órgano garante en el nivel federal, el cual será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales, para emitir recomendaciones y apercibimientos y para resolver los procedimientos que se interpongan en contra de actos, omisiones provenientes de cualquier autoridad pública, incluidas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal y violenten el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Con esta iniciativa planteamos expedir una Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, donde se establezcan las disposiciones mínimas para cumplir con los principios y bases instituidos en los artículos 6o. y 16 de la Constitución mexicana, que deberán ser observadas por la federación y las entidades federativas, las cuales deberán adecuar su legislación respectiva.

En esta iniciativa de manera especial buscamos definir con claridad a los sujetos obligados para proporcionar la información y cumplir con la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estableciendo que los sujetos obligados serán toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física y moral que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, tanto los sindicatos u organizaciones civiles y sociales, como los partidos políticos, se trata de transparentar los recursos que reciben los partidos públicos como privados, como los recursos públicos que reciben algunas organizaciones sindicales, organizaciones civiles y fideicomisos.

Con ésta iniciativa buscamos dotar de facultades al Consejo Federal para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados de la República y del Distrito Federal, a solicitud de los ciudadanos, sin afectar su derecho de amparo.

Las resoluciones de este Consejo deberán ser ejecutadas por el órgano garante de la entidad federativa, el cual aplicará las medidas correctivas que sean procedentes.

El Consejo contará con facultades para instituir que las resoluciones emitidas por éste sean definitivas e inatacables para los sujetos obligados, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su propia naturaleza jurídica, y sólo podrán ser impugnadas por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales ante el Poder Judicial de la Federación.

El Consejo Federal se integrará por un órgano colegiado de dirección de siete miembros, designados por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República, favoreciendo la equidad de género y previendo el relevo escalonado de sus integrantes. Los consejeros durarán en su encargo siete años sin posibilidad de reelección.

El Consejo, además, podrá interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano sobre la materia, estableciendo además la facultad de los órganos de las entidades federativas para hacer lo propio en el ámbito local.

En este sentido y de esta manera, las facultades del Consejo Federal deberán replicarse en todos los órganos garantes de las entidades federativas en el ámbito de su competencia. De modo tal, con esta iniciativa estamos convencidos de que se eliminará la discrecionalidad que favorece actualmente en distintos ámbitos de la autoridad y se garantizará a los ciudadanos el acceso a toda información pública.

Finalmente, señor Presidente, quisiera solicitar a usted incorporar una fe de erratas en el Artículo Segundo Transitorio, la cual he entregado ya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para sustituir la palabra “emitir” por la palabra “adecuar”, respecto a las actualizaciones que requieren las legislaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Alejandro Encinas. Pido a la Secretaría que tome nota de ésta modificación que presenta el Senador Alejandro Encinas. Túrnese, en su momento, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Avila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzueza y Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, hasta por cinco minutos.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Señoras Senadoras y señores Senadores; Presidente de la Mesa Directiva. Seré breve.

Vengo a solicitar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para instituir la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Lo anterior en razón a la coincidencia en el diagnóstico de la actividad por los compañeros que me acompañan en esta solicitud, y muchos más que coinciden en esta necesidad que me lo han manifestado en los últimos momentos.

Hemos traído a la pesca de la ceca a la meca desde la desaparición de la Secretaría de Pesca en 1994, y su enfoque se ha dispersado, representa casi el 1% del Producto Interno Bruto y necesitamos consolidar su sustentabilidad en todos los sentidos, habría que desprender esta nueva comisión de la existente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Con todo respeto, les invito a que suscriban este punto de Acuerdo.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA A INSTITUIR LA COMISION ORDINARIA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
EN LA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Los suscritos, ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, VICTOR HERMOSILLO CELADA, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS,FERNANDO YUNEZ MARQUEZ, DANIEL AVILA RUIZ, FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Y ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, Senadores de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 108; 109; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, tanto la pesca como la acuacultura han sido y continúan siendo, actividades productivas de suma importancia para diversas zonas del territorio nacional; por sus características específicas éstas se han consolidado tradicionalmente como una de las principales opciones de desarrollo económico y social de la población local y regional.Asimismo, para un gran número de comunidades en las entidades federativas, se han convertido en la única alternativa de subsistencia a favor de los sectores más desfavorecidos de la población costera, entre otros aspectos, por no existir y/o carecer de otras actividades productivas.

Como actividades primarias, en la actualidad éstas contribuyen de manera significativa en el quehacer socioeconómico regional y nacional, aportando alimentos nutritivos para la población, insumos para la industria, divisas por la venta externa de parte de su producción y la creación de empleos directos e indirectos en sus diversas cadenas productivas.

La posición geográfica, las características biológicas y ambientales, así como la extensión de sus litorales de aproximadamente 11 mil 600 kilómetros, la zona económica exclusiva de 200 millas que cubren 2.9 millones de kilómetros cuadrados, además de 2.9 millones de hectáreas de agua interiores, hacen que México cuente con una alta diversidad biológica acuática, rica en especies pesqueras y acuícolas comerciales; siendo éste uno de los factores primordiales que permiten que la nación cuente con un gran potencial pesquero y acuícola a nivel internacional.

De acuerdo con datos oficiales, México aporta el 1.1% de la producción pesquera y acuícola mundial. Esto le permite situarse dentro de los veinte países con mayor producción pesquera y el tercero en América Latina. En promedio, la producción pesquera en los últimos 10 años se ha estabilizado en alrededor de 1.4 millones de toneladas. Las principales especies que sostienen la producción pesquera en México son: sardina, atún y similares, camarón, calamar, mojarra, ostión, carpa, tiburón y cazón. De esta producción, el 66% de la captura se obtiene en elPacífico nororiental, el 20% en el Golfo de México, el 9% en el Pacífico tropical y el 3% en el Mar Caribe.

Por su parte la acuacultura ha adquirido mayor importancia en los últimos años y ha arrojado beneficios sociales y económicos significativos a nivel nacional, pero se considera que aún se encuentra en una etapa de desarrollo, principalmente porque no se han alcanzado los rendimientos proyectados o identificados como potenciales. En algunos contextos regionales, la acuacultura comercial constituye una importante fuente generadora de empleos directos e indirectos, además de promover el desarrollo socioeconómico local. Asimismo, se ha traducido en una fuente de alimentación de un elevado valor nutricional. Siendo la actividad acuícola uno de los segmentos pesqueros que tiene un mayor potencial de crecimiento.

Se estimaque a nivel de empleo este sector beneficia a la nación con la generación de 300 mil puestos de trabajo con perspectivas reales de incrementar dichas cifras. Asimismo este sector contribuye positivamente a la balanza comercial al generar un saldo considerable de divisas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en el 2009, el sector pesquero estuvo conformado por aproximadamente 17, 263 empresasdel cual el 85% se dedicó a la captura, el 9% a la acuaculturay el 2.2% a la industrialización de productos pesqueros, el 15% a la comercialización, y el 1.8% a otras actividades como procesos artesanales y envasado.

Con base en información del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en el periodo comprendido de 2000 al 2010, el promedio de la producción pesquera y acuícola fue de 1.57 millones de toneladas. En el 2008 y 2009 se alcanzaron cifras históricas por 1.75 y 1.77 millones de toneladas, respectivamente.

En el caso del estado actual de las pesquerías, de acuerdo con la información contenida en la Carta Nacional Pesquera, establece que laspesquerías a nivel nacional presentan diferentes nivelesde aprovechamiento, por ejemplo el 85% de las pesquerías se encuentra en su máximo nivel de aprovechamiento o deterioro y solo el 15% tienen potencial de desarrollo. Asimismo el propio INAPESCA estima que otros países como México han alcanzado la captura máxima posible en la mayor parte de los recursos pesqueros; tal como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), también lo ha determinado, expresando su preocupación con respecto al aprovechamiento excesivo de los recursos marinos a nivel mundial.

La pesca ribereña es subsidiaria del 65% de la producción destinada al consumo humano directo. El 85% de los pescadores del país se dedican a esta actividad y más del 90% de las embarcaciones registradas participan activamente en ella, además ésta genera el 80% del valor económico de la producción pesquera nacional.

Sin embargo este tipo de pesca continua siendo considerada en el país como de escasa importancia en la economía nacional. El diagnóstico actual es de relativo estancamiento y bajo nivel de desarrollo social y económico, no obstante es una fuente importante de empleo en zonas rurales ribereñas, marinas y continentales, en este sentido la actividad puede ser considerada un “amortiguador” social del desempleo rural, con inadecuado acceso a fuentes de capital y crédito, y carente de mecanismos sólidos para la previsión y seguridad social y la salud.

Por su parte la pesca industrial es considerada como una actividad importante por su operación a mayor escalaen la Zona Económica Exclusiva y también por la generación de empleo y alimento directo al abasto nacional, así como por la exportación y generación de divisas. En esta participan alrededor de 2,500 embarcaciones.

A nivel internacional México ha sido un gran precursor y promotor de la pesca responsable, prueba de ello es su valiosa activa participación y contribución en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la (FAO), para ello asignado tratados internacionales para el cuidado, protección y aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, además de establecer una serie de compromisos universales como miembro activo de los diversos organismos regionales pesqueros y acuícolas tales como: la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe (INFOPESCA), entre otros más, todo ello, con el principal propósito de establecer una cooperación internacional efectiva a fin de lograr la ordenación y la conservación de los recursos pesqueros de una manera racional y sustentable.

Los datos e indicadores antes mencionados respecto a la actividad pesquera y acuícola pueden ser o no alentadores, no obstante estas actividades continúan presentando y enfrentando grandes problemas y retos, tales como: sobreexplotación de los recursos; escasa y limitada inspección y vigilancia; pesca ilegal y no reglamentada; sobrecapitalización de la actividad y conflicto social; conflicto de pesca comercial y deportiva; flota caduca; falta de regulación especifica en ciertas pesquerías; deterioro ambiental; falta de infraestructura portuaria, falta de ordenamiento y limitada investigación científica, ineficiente y escasa capacitación en el sector.

La problemática pesquera y acuícola es compleja, por todos aspectos en la que se encuentra inmersa y relaciona, como lo es en su desarrollo, operatividad, competitividad, medio ambiente, manejo y administración, ésta se puede sintetizar en aspectos generales del orden jurídico, administrativo, económico, ambiental, científico, tecnológico, social y político.

Parte de esta problemática son los conflictos que aún persisten en los diferentes tipos de pesca que se realizan en el país, como el conflicto de la pesquería de camarón ribereña y de la flota camaronera de mediana altura, el establecimiento y apertura de vedas en diferentes pesquerías, así como el conflicto entre el sector de pesca deportiva y el sector de pesca comercial.

Existen obstáculos para la innovación en las empresas de ciertas pesquerías industriales, principalmente en la del camarón y atún, entre los factores que las limitan se encuentra lafalta de capital y escasezde liquidez que no han permitido un mayor crecimiento y/o desarrollo. En el caso de otras empresas dedicadas al aprovechamiento de diversas pesquerías, éstas presentan dificultades para la capacitación de personal, así como alto costo para su mantenimiento y el requerimiento de inversiones que son poco rentables.

En la pesca de mediana altura y altura se requiere de embarcaciones más modernas ymejor equipadas con equipos de tecnología de punta para la navegación y localización de los recursos susceptibles de captura, pero lamentablemente la situación financiera por la que en estos momentos atraviesa este tipo de pesca no permite realizar mayores adquisiciones.

Casos concretos se presentan en el mayor porcentaje de la flota camaronera y escamera que cuenta con más de 20 años de vida útil que tiene una embarcación lo que origina un mayor costo en el mantenimiento, combustible, refacciones e incluso insumos que incrementa los costos y que mejor sería remplazarlas con embarcaciones más propias a las características específicas de operación, tipo de captura y pesquería que se requieren actualmente.

En relación al ordenamiento pesquero se han presentado algunos avances recientemente pero aún persisten graves problemas como la falta de regulación más específica del esfuerzo pesquero y un registro más real y veraz de las embarcaciones y artes de pesca utilizados, asimismo se requiere de la regulación específica de ciertas especies en las pesquería de escama, así como de una mejor inspección y vigilancia para disminuir y contrarrestar la pesca ilegal y clandestina, que se hace más compleja y complicada por los extensos litorales con que cuenta la nación.

En el caso de infraestructura portuaria y comercial se requiere de una mayor inversión para su renovación y equipamiento moderno que cumpla con mejores expectativas para la competitividad internacional. En muchas de las zonas pesqueras se requiere de mejores muelles e instalaciones para elprocesamiento de los recursos pesqueros que permita elevar su valor agregado.

A todo esto hay que adicionar los problemas ambientales en los que cada vez más se presentan daños a los ecosistemas y recursos pesqueros, en el caso de la pesquería de arrastre su modo de operación continua causando daños severos al sustrato marino y por ende a una gran parte de la fauna marina, ademásla contaminación y el cambio climático están causando daños severos a ciertas poblaciones de las especies aunado a su desplazamiento a otras regiones marinas.

Para contrarrestar lo anterior se requieren de prácticas más responsables de captura y con medio ambiente, en este sentido se considera que se debe disminuir las actividades que degradan los ecosistemas y el medio ambiente, al mismo tiempo se requiere de un mejor control de los accesos al aprovechamiento de los recursos, recuperación de las poblaciones más deterioradas, la utilización de artes de pesca más selectivos y amigables con el medio ambiente.

Por otra parte la pesca es una de la actividades primarias que menos importancia se la ha dado en los últimos tres sexenios por el gobierno federal, ésta ha sido relegada, minimizada y olvidada por administraciones públicas recientes, sin considerar la importancia que a nivel regional y nacional representa e implica para las poblaciones de las entidades costeras y así como para aquellas que cuentan con un gran número cuerpos de agua continentales, en general ésta no ha sido motivo de agenda nacional ni tampoco se ha ubicado o encontrado dentro de los aspectos prioritarios y estratégicos de los últimos planes nacionales de desarrollo.

Ejemplo de nulo valor asignado a la actividadpesquera y de la ignorancia sobre la importancia que los recursos pesqueros y acuícolas tienen para el país, así como del sano contenido proteínico que aporta a la población, éste se remite al año de 1994, en el cual desaparece la Secretaría de Pesca al retornar la pesca a una subsecretaría dentro de la estructura orgánica de larecién creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), dándole con este cambio un sentido más conservacionista y de protección del medio ambiente y de los recursos marinos, aún más que del adecuado aprovechamiento comercial de los mismos. De igual forma en el 2000 la pesca dio un giro, sin que de nueva cuenta fuera tomada en consideración la magnitud que requiere para su adecuada gestión, a nivel de una jerarquía mayor, al transferirse a la recién creada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y administrarse desde el 2001 hasta la fecha en la actual por la CONAPESCA.

En el Senado de la Republica, actualmente los asuntos legislativos y de gestión en materia pesquera y acuícola son remitidos, atendidos y despachados en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.Esto se remite al año 2000, en el que por diferentes circunstancias se modificó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, trasladando e integrando los temas pesqueros y acuícolas para su atención a la citada comisión; aunado a que de manera coyuntural, en el poder ejecutivo, las facultades en materia pesquera se trasladaron a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca desde 1994.

Entre las Comisiones ordinarias que existen en el Senado de la República, se debe reconocer que la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha sido una de las más activas en cuanto a trabajo legislativo, por la naturaleza y dimensión de los temas que se atienden en relación al medio ambiente y recursos naturales, aunados a los de pesca y acuacultura; sin embargo, se considera que debido a las características determinadas, la complejidad y la gran cantidad de los temas, muchos de estos no son desahogados y resueltos de manera puntual y eficiente, como en ocasiones las necesidades nacionales lo demandan. Se asume que cada vez son más los asuntos heredados entre legislaturas para su seguimiento, atención y resolución.

En anteriores legislaturas, se han realizado diversas propuestas, mediante iniciativas, para que la Cámara de Senadores cuente con una Comisión ordinaria y específica de Pesca, ( COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE ) con el propósito principal de fortalecer las tareas legislativas que en materia de pesca y acuacultura se requieren, en consideración y consecuencia, de la trascendencia e importancia que dichas actividades significan para el país; sin embargo y no obstantesu relevancia, no se ha priorizado dicha gestión.

Parte de las tareas legislativas desempeñadas por el Senado de la República, tienen que ver con la política exterior que en materia de pesca y acuacultura desarrolla el poder ejecutivo, entre las que destacan la revisión de los tratados internacionales que son signados por el Presidente de la República. Por mandato constitucional, es facultad exclusiva del Senado de la República, analizar la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal. A este respecto, ya se ha se mencionado la gran cantidad de asuntos internacionales que nuestro país ha adquirido y la participación activa que tiene con organismos mundiales en materia pesquera; en este sentido, se considera necesario se cuente con la Comisión ordinaria precisa, que analice y revise de manera detallada dichos acuerdos internacionales, que influyen directamente en ciertas pesquerías como la del Atún y Camarón, así como las zonas accesibles y limitadas a las operaciones pesqueras.

Es importante mencionar, que con la entrada en vigor de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007), y con las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio un importante avance en materia de concurrencia entre la federación, entidades federativas y municipios, fortaleciendo los esquemas de participación entre los tres órdenes de gobierno, y estableciendo facultades a las entidades federativas que en materia de pesca y acuacultura no existían anteriormente.

Entre las mencionadas facultades se estableció que las entidades federativas podrán regular estas actividades productivas, debido a que se permite normar la actividad pesquera y acuícola de la Entidad. Esto propició que las entidades federativas puedan constituir dependencias e instituciones administrativas, que de manera específica atiendan los asuntos relacionados con su competencia. En consecuencia, también los congresos localesinstalaron comisiones de pesca para atender de manera directa los asuntos pesqueros y acuícolas locales y regionales. Esto ha propiciado una mayor concurrencia entre órdenes de gobierno, y en consecuencia, un mayor y mejor trabajo legislativo entre los distintos órdenes de gobierno del país.

Las consideraciones fácticas y jurídicas para su procedencia han sido expuestas anteriormente, por lo que sólo me resta manifestar su viabilidad legislativa. En este sentido, es importante señalar que la Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, organiza su trabajo en comisiones, ordinarias y especiales, en las que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de su competencia, aunque sólo las ordinarias tengan facultades para dictaminar, tal y como se puede entender, en sentido negativo, lo dispuesto por el artículo 119 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, al disponer que las Comisiones Especiales, en ningún caso tienen facultades para dictaminar; por lo que la integración de las Comisiones es una responsabilidad de alto nivel, en tanto que éstas son la forma de trabajo técnico, especializado y profesional de los asuntos que son presentados ante el Pleno del Senado de la República.

Como se puede observar, el propósito del presente Punto de Acuerdo, es con la finalidad de que la junta de Coordinación Política en base alas facultades que le confiere el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General apruebe la creación de la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable. En este sentido, se propone la creación de una Comisión Ordinaria específica, que se encargue de las tareas relacionadas en materia de pesca y acuacultura sustentables, con el fin de fortalecer la capacidad de información y acción de cada una de las Comisiones que integran esta Honorable Cámara de Senadores; yque nos permita una participación más activa y especializada, dotando de mejores herramientas legislativas a las autoridades competentes en la materia.

Considerando que las Comisiones ordinarias del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a) y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 117 del Reglamento del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, que “pueden ser creados por mandato de ley” o por acuerdo del Pleno, se hace indispensable contar con una Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, que permita atender de manera más expedita y especializada, los temas relacionados con la pesca y la acuacultura sustentables, siendo competente para conocer, en consecuencia, de todas las iniciativas de ley o decreto, así como de las proposiciones con punto de acuerdo que se relacionen con la materia, ejerciendo las facultades de información, control y evaluación, que coadyuvarían de manera fundamental con los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo en relación con la pesca y la acuacultura sustentables.

En esta misma lógica de trabajo legislativo, específico y especializado, se ha organizado el trabajo en la Cámara de Diputados. Con fecha 29 de septiembre del 2000, la Junta de Coordinación Política aprobó una Propuesta de Punto de Acuerdo para la subdivisión y creación de Comisiones Ordinarias en la Cámara de Diputados. El acuerdo provino de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionaban los artículos 39 numeral 2 y 43 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la citada iniciativa, estuvo suscrita por todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Como consecuencia de la aprobación del citado acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la colegisladora, por el que se reformó el artículo 39 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la entonces Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quedó dividida en dos: por un lado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y por otro lado, la Comisión de Pesca.

Del ejercicio para su mejor organización y funcionamiento, realizado por nuestra colegisladora, se desprende que debe existir un amplio consenso entre los integrantes de todos los Grupos Parlamentarios, para hacer más profesional y especializado el trabajo legislativo, que nos permita generar mejores leyes y acuerdos legislativos. Para alcanzar esta meta, afirmo de manera reiterada, que en materia de pesca y acuacultura, es indispensable contar con un órgano técnico especializado, es decir, una Comisión Ordinaria, que se encargue de la materia, y que a su vez, coadyuve en disminuir la carga de trabajo que actualmente tiene la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Senado de la República.

Es importante señalar que el artículo 95 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Cámara de Senadores, para que cuando lo considere conveniente o lo “exija el despacho de los negocios”, pueda aumentar o disminuir el número de Comisiones Ordinarias. Para el caso específico que nos ocupa, la viabilidad jurídico-legislativa que he mencionado, se encuentra ampliamente reforzada con este fundamento legal, toda vez que, de acuerdo con las consideraciones fácticas que he mencionado, el despacho de los asuntos relacionados con la pesca y la acuacultura hacen que sea apremiante la creación de una Comisión Ordinaria específica para esta materia.

Por ello, en el ámbito de mi competencia como Senador de la República, preocupado porque el trabajo legislativo en materia de pesca sea mejor organizado, de manera especializada y profesionalizada, me permito proponer la creación de una Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable en el Senado de la República. La propuesta pretende coadyuvar con el trabajo que se ha realizado, tanto en el gobierno federal, como en los otros órdenes de gobierno, para la construcción de mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura, cuyos objetivos concuerdan, según creemos,con la agenda legislativa y los principios de todos los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Senadores.

La actual composición de esta Soberanía, integrada por los compañeros legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios, permite que las entidades federativas que poseen litoral, se encuentren representadas por diversas expresiones y posiciones políticas. Esto representa una excelente área de oportunidad, para que en el ejercicio legislativo, se muestre que no existe duda alguna en la importancia que el sector pesquero y acuícola significa para la población y el desarrollo de sus diversas comunidades. Tenemos la certeza de que algunos de los compañeros legisladores participan y han participado de manera activa en el sector pesquero y muchos otros conocen ampliamente las necesidades que estas actividades tienen respecto de sus comunidades pesqueras.

Por esto, hoy en el Senado de la Republica se precisa y justifica plenamente la necesidad de tener una Comisión Ordinaria que de manera específica y expedita atienda de carácter profesional y especializado todos los asuntos técnicos legislativos, conjuntamente con los de actividad política y fiscalización del ejecutivo, que al país concierne en materia pesquera y acuícola; y que a su vez, funcione como interlocutor con el Poder Ejecutivo, la Comisión de Pesca de la colegisladora y con los Congresos de las entidades federativas y de igual forma con la Comisión de Pesca de la CONAGO, así como con todas las instancias y actores del sector de pesca, afín de participar continuamente y abiertamente a favor de su crecimiento y desarrollo sostenido.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nospermitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- De conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta muy respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, se instituya la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, con facultades para análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto y de las proposiciones que le sean turnadas, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Emilio Gamboa?

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle, si no tiene inconveniente el Senador Ernesto Ruffo, que la fracción parlamentaria del PRI se sume a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Senador Ernesto Ruffo Appel, ¿acepta usted la propuesta que ha hecho el Senador Emilio Gamboa Patrón?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aceptada. Pido a la Secretaría que tome nota de esta adhesión. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Adolfo Romero Lainas, Eviel Pérez Magaña y Roberto Gil Zuarth, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a tomar previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hablo también, al presentar este punto de Acuerdo, en nombre de la Senadora Martha Elena García Gómez, de Nayarit, con origen en el estado de Oaxaca y del compañero José Ascensión Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI.

Y esta primera propuesta legislativa que vengo a presentar en esta tribuna de esta LXII Legislatura, reviste, desde nuestro punto de vista, compañeras, compañeros Senadores, un interés de urgencia y nacional. Tiene que ver el hecho de que lo hayamos suscritos legisladores de Oaxaca, de varias fracciones parlamentarias, desde mi punto de vista, y lo quiero subrayar, es una prueba de la alta responsabilidad que nos ha sido conferida, esa responsabilidad está por encima, y lo estamos demostrando, de cualquier sesgo partidista, fobias o indiferencia. El desarrollo de Oaxaca, así lo estamos planteando, no merece obstáculo alguno.

En este sentido, el punto de Acuerdo representa una oportunidad de elevar ante esta Soberanía la voz de los oaxaqueños inconformes por los recientes acontecimientos en el Istmo de Tehuantepec, y a la par de la inconformidad exigir a los servidores públicos que forman la Administración Pública Federal la rendición de cuentas fundamental para consolidar incertidumbre jurídica y social.

Así pues, expreso la preocupación de los ciudadanos oaxaqueños por los hechos ocurridos en las playas del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca, cuando se hundió una monoboya de Petróleos Mexicanos provocando un derramamiento de petróleo, sinistro que ha extendido la mancha y contaminación del hidrocarburo a las playas de Salina del Marquéz, a las playas de Brasil, Brasilillo, Azul, Punta Conejo, La Escondida, Playa Cangrejo y Chipehua, ubicadas, todas, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

Para todos los que suscribimos este punto de Acuerdo, y de manera particular para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comprendemos que la actividad petrolera ha sido la fuente más importante de los recursos para nuestro país; no obstante, también señalamos, ha sido causa de las tragedias y desastres ecológicos más lamentables.

Los accidentes originados por la extracción del químico han dejado severas huellas en nuestro ambiente, toda vez que estos derrames de crudo contaminan la biodiversidad de suelos, mares y afluentes, además de causar daños económicos y sociales a las comunidades colindantes.

Cabe recordar que hasta el día de hoy, el Golfo de México conserva las huellas del desastre petrolero del año 2010, esto sin contar los daños ocasionados por incidentes reiterados en los estados de Veracruz, Tabasco, Querétaro, también en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, en Guaymas, Sonora, en Puebla y en muchos otros estados más.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, debemos aceptar que Petróleos Mexicanos ha venido demostrando impericia, incapacidad y particularmente nula eficacia ante las emergencias ambientales derivadas de derrames de petróleo, gasolina y diesel que se han generado en los últimos años, conductas que se repitieron el pasado 11 de agosto en el Istmo de Tehuantepec, cuando una monoboya regó 18 mil litros de petróleo crudo al mar contaminando por lo menos 17 playas; además del accidente, este hecho toma magnitudes graves cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha acusado a Pemex de negligencia y ocultamiento de información, pues la paraestatal dio aviso 11 días después del siniestro, y en el que desafortunadamente han muerto tortugas golfinas y, por supuesto, y de manera particular, ha afectado fuentes de empleo y alimentación, particularmente, del sector pesquero y camaronero.

Aunado a lo anterior, la PROFEPA ha emplazado a la empresa paraestatal para que, en un plazo de 10 días contados a partir de las inspecciones, se limpien y descontaminen las playas.

Es en este sentido, que esta Soberanía debe solicitarle al director de Pemex, apoyado en el marco jurídico que rige esta empresa, informe a esta máxima tribuna las causas del derrame químico, el tratamiento que se le ha dado a la emergencia y las acciones que se tomarán a fin de restituir el estado que guardaban las playas antes del derrame; los mecanismos, así como la política institucional para recuperar y restablecer el ecosistema dañado; las acciones que se aplicarán para reparar los daños patrimoniales y económicos causados a las playas oaxaqueñas.

En consecuencia, sometemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a fin de que tome previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo de petróleo crudo.

Segundo.- Se solicita a la empresa paraestatal aplicar un programa de restauración y compensación ambiental en las playas del Istmo de Tehuantepec afectadas por el derrame del químico; asimismo, instale mesas de trabajo con empresarios y vecinos de las áreas afectadas que han sufrido perjuicio por el lamentable incidente, con el objeto de encontrar un mecanismo que solvente las pérdidas económicas.

Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar una investigación exhaustiva que deslinde y finque responsabilidades ante la negligencia y retraso de la alarma por parte de los funcionarios de la Terminal Marítima de Pemex en Salina Cruz.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Se turna a la Comisión de Energía.

- El C. Senador Carlos Antonio Romero Deschamps: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con que objetivo, Senador Romero Deschamps?

- El C. Senador Carlos Antonio Romero Deschamps: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con la atenta súplica que se amplíe el turno de esta solicitud a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, si fuera tan amable.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se concede el turno también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Rosas.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para preguntarles a mis compañeros legisladores que han presentado este punto de Acuerdo, si me permiten sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Benjamín Robles, piden sumarse a la propuesta que acaba usted de presentar.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: De acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Listo, Senador Oscar Rosas, muchas gracias.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo sobre los derechos fundamentales de los presos en cárceles de México. El tiempo máximo en tribuna para presentar su proposición es de 5 minutos, según lo dispone el artículo 76 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Quiero compartir con ustedes la preocupación sobre lo que ha estado sucediendo y aconteciendo en las cárceles de este país, en estos centros penitenciarios que han ido perdiendo su objetivo: el de readaptar, reinsertar a aquellos seres humanos, a aquellas personas que cometieron algún delito y que hoy se está perdiendo este propósito y este objetivo; derivado del hacinamiento, de la incapacidad que está mostrando el gobierno para poder atender este problema que lejos de readaptarlos los está desadaptando, y que es en estos centros penitenciarios donde se están cometiendo abusos, donde se está cometiendo violación a los derechos humanos y donde salen lastimados aquellos que logran salir, o salen predispuestos aquellos que inclusive están en estos lugares, no purgando ya alguna sentencia, sino están siendo sujetos a lo mejor de un proceso.

Por eso, hoy quiero compartirles y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, párrafo séptimo, dice: “Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades".

Sin embargo, en todos los penales de la República Mexicana, el artículo antes mencionado no se cumple cabalmente, las autoridades encargadas de brindar seguridad a los reos, terminan por convertirse en los principales impulsores de estos abusos.

En teoría, el encarcelamiento de una persona debe de impedir únicamente el libre tránsito o movilidad; sin embargo, en la práctica, en la prisión misma se atenta contra numerosos derechos fundamentales como son: seguridad, salud y dignidad.

Las cárceles en este país son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana, pues en ellos se presentan innumerables y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales como son: tortura, tratos crueles, degradantes, además de homicidios.

En México existen 429 centros penitenciarios, de los cuales existe sobrepoblación en 212 de ellos, y en algunos casos, ésta es superior al 200 por ciento, y este es uno de los principales factores que propician este tipo de abusos.

Además, presenta agravantes que hacen de las cárceles mexicanas una auténtica bomba de tiempo para la estabilidad social y política de la nación. Dos terceras partes de la población está compuesta por jóvenes entre los 18 y 34 años, que en otro sistema social estarían en la escuela o en la fábrica, y no en una penitenciaría. Dos terceras partes son reos que aún no reciben sentencia. Conviven reos peligrosos del orden federal con reos del orden común, lo que frustra la rehabilitación de los segundos. Por si fuera poco, el fenómeno del autogobierno ha expropiado al Estado el control real de los penales.

Las Organizaciones No Gubernamentales especialistas en temas de derechos humanos manifiestan una gran preocupación por las condiciones indignas y denigrantes en que vive la mayoría de las personas en esta situación de detención.

Académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, indicaron que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantice los derechos de las personas privadas de su libertad.

El punto de Acuerdo que estoy sometiendo es:

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación, entregue a esta Soberanía, un informe pormenorizado de los mecanismos utilizados por los centros penitenciarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los internos en condiciones de detención, para atender las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales que implementen mecanismos en todo el Sistema Federal Penitenciario, que aseguren que los derechos humanos de los convictos, y de aquellos que siguen en proceso, se cumplan a cabalidad tal y como lo establece la Constitución y el Reglamento de los Centros Federales y de Readaptación Social.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales que en el ámbito de sus atribuciones en un plazo no mayor de 60 días envíe un informe pormenorizado con la capacidad total de presos por cada Centro de Readaptación Social, así como la población con la que en la actualidad cuentan.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para solicitarle al Senador David Monreal, si está de acuerdo en que yo me sume a esta petición que hace, nada más con un añadido, que esta información que se está solicitando sea también para las autoridades locales, que es donde más se presentan los casos de violaciones a derechos humanos en los penales, que es donde se dan las fugas mayoritariamente de los reos, porque a nivel federal no ha habido una sola fuga de reos federales; y por cierto, solamente para aclarar, que para cuando concluya el gobierno del Presidente Calderón, ya no habrá un solo reo federal.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Lozano Alarcón, yo le pediría que estos comentarios y añadidos se expresen en la comisión dictaminadora correspondiente.

Le agradezco.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para solicitarle al Senador David Monreal me permita adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador David Monreal tiene usted varias adiciones a su propuesta.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos.

El tiempo máximo en tribuna para presentar su proposición, Senador José Luis Preciado, es de 5 minutos, como lo marca el artículo 76 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

En el viejo anecdotario de la política mexicana, se dice que un gobernador llegó en su primer día de trabajo y abrió el cajón de su escritorio y se halló cien pesos, entonces le habla al ex gobernador que iba saliendo y le dice: Oye vale, ya ni la haces, hombre, “nomás” me dejaste cien pesos, y el otro le contestó: dónde, que no los vi.

Hoy muchos gobernadores si se encontraran esos cien pesos en el cajón creo que se sentirían felices porque lamentablemente hoy lo que encuentran en ese cajón es una gran cantidad de pasivos, de deudas que le están dejando sus antecesores.

Pongo un ejemplo y puedo poner muchos, pero voy a hablar de cuatro en particular: por ejemplo, en el año 2006 el estado de Nuevo León debía 16 mil millones de pesos; seis años después debe 22 mil millones de pesos más, debe 38 mil millones de pesos al año pasado y 40 mil millones de pesos al día de hoy; el estado de Quintana Roo debía en el año 2006 mil 880 millones, y hoy debe 13 mil 800 millones de pesos.

El estado de Veracruz debía 5 mil millones, hoy, seis años después, debe 27 mil 938 millones; y no hablemos de Coahuila, famoso Coahuila, por cierto, por el ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el año 2009 Coahuila tenía una deuda de mil 500 millones, al día de hoy Coahuila debe 36 mil 509 millones de pesos, pero esa es la información que se tiene en la Secretaría de Hacienda, hay mucha información sobre pasivos que tienen los estados que no han sido reportados, que ni siquiera los tienen como deuda, los tienen como compromisos contraídos con entidades financieras a pagar en determinado tiempo y, por lo tanto, no lo califican como deuda pública.

Es necesario que las entidades federativas informen a la Cámara de Senadores cuál es la situación real de la deuda que tienen actualmente para poder procesar una de las iniciativas preferentes que ha enviado el Presidente de la República, con el objeto de que se dictamine en 30 días; ya pasaron seis días, no se han creado la Comisión de Hacienda, no se han hecho los grupos de trabajo y creo que nos puede gana el tiempo.

Esta iniciativa, presentada por el Presidente Felipe Calderón, tiene como objeto transparentar el total de la información que tienen los estados en materia de obra pública, en materia de nóminas, en materia de ingresos, en materia de egresos, tiene el objetivo de que todos los ciudadanos, y así lo dice la iniciativa, que se publique en Internet dónde va a parar cada uno de los pesos que tienen los estados y los municipios, en qué lo aplicaron, cuando lo aplicaron y cuál fue el resultado de esa política pública.

Tiene como objetivo que uniformemos la información de todas las entidades federativas y municipios, y cuando se diga deuda se sepa que es un pasivo y no que es un compromiso a largo plazo.

Necesitamos también tener el respaldo documental en Internet de cada una de las acciones que hace el gobierno para que cualquier ciudadano lo pueda consultar, y sobre todo, y creo que esto es algo muy importante, por el ejemplo que acabamos de tener del gobierno de Veracruz, donde detuvieron a una persona con 20 millones de pesos en efectivo, la iniciativa persigue darle certeza a los pagos, que los pagos se hagan de forma electrónica, es importante que municipios y estados empiecen a utilizar el sistema financiero y dejemos de lado esos pagos que pueden llegar a resultar tan sospechosos como ese que sucedió en el vuelo donde detuvieron a un funcionario de Veracruz con 20 millones de pesos en efectivo.

Y algo muy importante que tiene esta ley, es que establece sanciones de cinco a ocho años a quien omita dolosamente no publicar esta información, por eso exhorto a la Mesa Directiva para que declare que este punto de Acuerdo sea debatido en esta sesión, que sea de urgente resolución, en virtud de que la iniciativa preferente se debe de concluir en 30 días naturales, así lo dice el artículo 71 de la Constitución, que lo someta a consideración de esta Asamblea para obtener la información tan necesaria de las entidades federativas que hoy están endeudas; no digo más, aunque pudiera.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A PRESENTAR INFORME SOBRE LA SITUACION FINANCIERA Y EL ENDEUDAMIENTO DE SUS GOBIERNOS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8°, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e instruir a sus órganos de fiscalización para realizar auditorías a las Haciendas Públicas, y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a tomar las medidas necesarias para que la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de treinta días naturales; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las perspectivas económicas internacionales se encuentran en una situación francamente delicada. Lo anterior debido a que varios países de la zona del euro se encuentran en medio de una severa crisis de endeudamiento que ya afecta la actividad económica mundial.

Así, debido a malos manejos financieros, países como Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España se encuentra en franco riesgo de insolvencia. Por ejemplo, al cierre de 2011 Grecia e Italia tenían un endeudamiento bruto del sector privado de 142 y 119% del sus respectivos productor internos brutos (PIB); es decir, su endeudamiento supera el valor de toda la producción anual de bienes y servicios de sus economías.

Para poder acceder a nuevos créditos y paquetes de ayuda económica, se ha visto en la necesidad de implementar un doloroso programa de reordenamiento económico consistente en aumentar impuestos y reducir abruptamente el gasto público, pese al elevado desempleo en algunos de esos países y al descontento social en todos ellos. Incluso, en el caso de Grecia, la situación amenaza con sacar al país de la zona del euro.

Durante los últimos 12 años, el Gobierno Federal mexicano ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se promovieron diversas reformas a la Constitución y se emitieron nuevos ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Gracias a este nuevo andamiaje legal, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, lo que permite que haya mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la Fedreación.

Sin embargo, estos avances han estado primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y municipios. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave. Ya en el documento Índice de Competitividad Estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad -refiriéndose a la situación imperante en las entidades federativas- señalaba que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal ni cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.

Que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan propicia ineficiencia y dispendió, con el resultante incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a varias autoridades a contraten mayores montos de deuda y a exceder la capacidad de pago de sus Haciendas Públicas.

De diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99.1%, al pasar de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7% en diciembre de 2008 a 80.1% en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7%.

Por supuesto, no es la misma situación en todas las entidades federativas. Pues mientras en algunas hay indicios de disciplina en las finanzas públicas, en otras la situación es sumamente preocupante. Así, estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Nuevo León han incrementado sustancialmente sus pasivos de corto y largo plazo en los últimos años, puesto que al amparo de la falta de transparencia han contratado deuda pública para financiar gasto corriente. Por ejemplo, a junio de 2012 Chihuahua tiene una deuda de 18 mil 860.2 millones de pesos, que equivale al 129.3% de las participaciones recibidas; Coahuila una deuda de 36 mil 499.6 millones de pesos, que ascienden al 299.1% de sus participaciones; Michoacán un endeudamiento de 16 mil 472.3 millones de pesos que son el 103.8% de sus participaciones; y Nuevo León con obligaciones financieras de 40 mil 008.5 millones de pesos, que equivalen al 177.5% de sus participaciones.

Como se puede observar en los casos de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, estos casos de dispendio y opacidad son más notorios en el caso de los estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Debe también notarse, haciendo un ejercicio de memoria histórica, que en los peores momentos económicos del país, los gobiernos del PRI ha sumido al país es severas crisis causadas por su irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

El endeudamiento irresponsable de los gobiernos es terriblemente injusto. Si bien, gracias al manejo responsable del Gobierno Federal no hay todavía un riesgo a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de las deudas de las entidades federativas respecto a sus ingresos implica que para poder solventar sus obligaciones se afectará el bienestar de las generaciones futuras. Tarde o temprano, la deuda se tendrá que pagar y serán los ciudadanos los que se apretarán el cinturón, como pasa en la actualidad en varios países de la zona del euro: para que sus gobiernos puedan enfrentar sus obligaciones financieras han tenido que aumentar los impuestos y reducir su gasto público lo que, en un contexto de elevado desempleo, disminuye el bienestar de su población.

En este sentido, el pasado primero de septiembre el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Cabe señalar que esta Iniciativa es la primera con trámite preferente que se presenta en esta Cámara.

El objetivo de la Iniciativa es asegurar que los recursos públicos no sean distraídos para otros fines, es la de establecer los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría.

Por ello, en el tema del endeudamiento de las entidades federativas y municipios, se señalan que los entes públicos deben informar sobre las obligaciones de deuda pública, incluyendo todos los pasivos de cualquier naturaleza, independientemente si son considerados deuda en términos de la legislación local. De esta manera, la iniciativa del Presidente de la República ataca el problema del endeudamiento excesivo e injusto que algunos gobiernos estatales han efectuado recientemente.

Sin embargo, debe notarse que más allá de las deudas estatales y municipales, la referida iniciativa aborda de manera integral todo el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Así, la iniciativa establece los rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tales como: sus fuentes de ingresos, sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, los pagos efectuados a los servidores públicos por concepto de remuneraciones; los pagos por pensiones, gastos de inversión, así como sus proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, el listado de programas que serán sometidos a evaluación del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

El resultado será que tendremos reglas para la presentación homogénea y armónica de la información financiera durante todo el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno. Así, tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como a la sociedad en general, tendrán acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los recursos públicos.

Al tenor de lo anterior, la finalidad de este punto de acuerdo es exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal a presentar estudios sobre la sostenibilidad de las deudas contratadas y sus efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población. También, se exhorta a Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a establecer mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado ha establecer las comisiones pertinentes para cumplir con el mandato constitucional de discutir y votar la referida iniciativa en un plazo máximo de 30 días.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a los gobernados de los 31 estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las Haciendas Públicas a su cargo, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados y los efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Congresos de los 31 estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como instruir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las Haciendas Públicas de los estados y el Distrito Federal.

TERCERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para tomar las medidas necesarias para que a la brevedad se establezcan la Comisiones de trabajo a fin de que la Iniciativa con Trámite Preferente con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de treinta días naturales. Lo anterior para cumplir con el mandato del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 6 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Para hacer un comentario y poderle realizar una pregunta al orador, si es que acepta contestar mi pregunta.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Toma usted la pregunta, Senador Preciado Rodríguez? Adelante Senador Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Señor Senador, cita usted muchos ejemplos en las entidades federativas, y lo celebro, trae bastante información respecto de lo mismo, pero me parece que es muy parcial su apreciación porque en sus datos y en su información no refleja algo tan importante como lo que es el crecimiento de la deuda del país por el gobierno federal actual, que tan sólo en los primeros cuatro años de esta administración ya representaba 54 por ciento más de la deuda, lo que los gobiernos panistas han endeudado a este país supera en mucho la deuda de todas las entidades federativas del país, y eso no lo refleja.

En segundo lugar, nos parece que el tema de la transparencia de la rendición de cuentas es un gran tema que mi partido, el Revolucionario Institucional, por supuesto que apoya; sin embargo, también quiero decirle, no sé si usted lo conozca, señor Senador, que existe un pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe un congreso local por cada entidad federativa, y curiosamente en las entidades que usted cita, había un Congreso donde había Diputados que representaban a su partido, y si ellos desconocen la información que es pública, porque se rinde cuentas ante los congresos locales, me parece que es una falta de interés sobre los asuntos.

Creo que cada entidad federativa...

- El C. Presidente Cordero Arroyo: SenadorOmar Fayad, me atrevo a suplicarle que formule su pregunta, si es tan amable.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Cada entidad federativa le reporta al Congreso, y quiero que le diga usted si conoce cuál era la deuda de México hasta el año 2000, cuál fue la deuda al año 2006 y cómo lo deja Felipe Calderón Hinojosa, ¿sabe usted ese dato?, dígaselo por favor a los señores Senadores de esta legislatura.

Muchas gracias.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, SenadorOmar Fayad.

Mire, hay muchas falacias en los estados, el tema de que se esté buscando una reforma en una ley general, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es precisamente porque en los estados hay mucha simulación; para nadie es un secreto que las entidades federativas a quien le informa es al congreso local, y el congreso local controla las auditorías superiores de los estados u órganos estatales de fiscalización, o contadurías mayores de Hacienda, sin embargo, esas al ser controladas por una mayoría del mismo partido que los gobiernos estatales, obviamente fingen unas auditorías y solo las aplican en aquellos municipios en los que obviamente gobierna un partido distinto al de ellos.

En segundo lugar, efectivamente los congresos estatales aprueban las deudas de los estados, como lo aprueba del Congreso Federal, también, en el caso del gobierno federal, pero hay un caso en el que ni siquiera lo aprobó el Congreso, hay un caso de un gobernador del Partido Revolucionario Institucional que falsificó los documentos para engañar a la Secretaría de Hacienda y ese gobernador lamentablemente fue presidente de su partido, y por esa documentación falsa, por lo cual se le persigue en este momento por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y además algunos de sus funcionarios de segundo nivel están prófugos, además de algunos de los funcionarios de segundo nivel del estado de Coahuila, donde el señor Moreira falsifica documentos para adquirir una deuda de 1,500 millones a 36 mil millones de pesos, siendo el estado más endeudado del país, siendo el estado que hoy por hoy está rebasando en un 300 por ciento sus participaciones federales, considero, SenadorOmar Fayad, que hay una gran ventaja entre la transparencia del gobierno federal y la que no existe en los estados, usted puede consultar en la página de Hacienda del gobierno federal cuánto debe, cuánto debía y cuánto está solicitando de deuda si es que lo solicita, cosa que en este momento no podemos hacer con ninguna de las entidades federativas, no conocemos sus adeudos, no conocemos sus pasivos y por supuesto sólo y en algunas ocasiones como es el caso especial de Moreira, ex gobernador de Coahuila de su partido, nos llegamos a dar cuenta de hasta delitos que se llegan a cometer en la administración pública, con tal de seguir saqueando a esa entidad.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Fayad Meneses, me parece que la respuesta a una pregunta no da lugar a réplica, y me permitiría, como ha sido solicitado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar en contra de la proposición se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hablar de la deuda de los estados como una irresponsabilidad de los gobernadores, ¿de cuáles gobernadores? De los gobernadores actuales, de los gobernadores que dejan el cargo, de algunos de los aquí presentes que han sido gobernadores, creo que es temerario, es poco objetivo y es parcial esa posición, tendríamos que ir a los orígenes reales del por qué los estados están endeudados y nos encontraríamos muchos temas, nos encontraríamos temas como la educación, cuando hoy los estados no pueden hacer frente al tema educativo por el fondo de aportaciones a la educación básica del Ramo 33 que les es asignado, porque no pueden hacer frente a la gran cantidad de maestros federales y estatales y a los compromisos que tienen con ellos, tendríamos que ir a los orígenes del gasto de salud, ¿por qué el FASSA, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, es insuficiente?, el por qué los estados no pueden completar la aportación solidaria estatal para seguro popular, eso es ir a los orígenes, tendríamos que ver por qué los estados no pueden dar sus paripasos para hacer la contraprestación a los recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación le son asignados, entonces, yo insisto que es temerario, es imparcial o es parcial, perdón, hablar de una irresponsabilidad, la deuda de los estados es una problemática estructural, "Roma no se hizo en un día", la deuda no se hizo en un día, la deuda de los estados ha ido caminando paulatinamente y no solamente son los estados priístas quienes tienen deuda, hay muchos otros estados que no la tienen reflejada como tal, que en base a su legislación estatal tienen a sucesiones público-privadas, tienen otro tipo de compromisos que no aparecen como deuda pública, hablar de deuda pública no es hablar de malos manejos, hablar de deuda publica también es hablar de que los estados vivieron una política de sumisión, una política en donde cada fin de año teníamos que recurrir a la Secretaría de Hacienda, ¿para qué?, para salvar al estado, para hacer frente a todos los compromisos que el estado en muchos de los casos no generó.

Habría que pensar en una nueva figura de federalismo hacendario, donde los estados realmente puedan hacer frente a muchos de los compromisos que tiene, y esas son precisamente las propuestas que Enrique Peña Nieto, Presidente Electo, llevó a cabo, revisar la deuda federal, porque no solamente los estados priístas están endeudados, la gran mayoría de los estados tiene deuda, la gran mayoría de los municipios del país no pueden hacer frente a sus compromisos, no pueden hacer frente a los pagos de seguro social, no pueden hacer frente a los pagos de la Comisión Federal de Electricidad, no pueden hacer frente a las descargas de agua ante la Comisión Nacional del Agua, entonces tenemos que pensar realmente en una figura que incluya todo.

El Partido Revolucionario Institucional está a favor de la transparencia. Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional están a favor de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción, seremos los principales impulsores y garantes de ello.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para hablar en pro de la proposición, se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que tenemos que decir que en principio concordamos con la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas estatales, hoy en día, es particularmente grave; a las cifras dadas por el Senador Preciado, podríamos mencionar algunas, las ha comentado, el crecimiento de la deuda se ha desbordado evidentemente en los últimos años de 2008 al 2009, ésta creció en casi 50 mil millones de pesos, de 2009 al 2010, aumentó en más de 60 mil millones de pesos y para el ejercicio 2010-2011, se disparo el endeudamiento con más de 76 mil millones de pesos.

Los estados que muestran niveles de deuda como ya se explicó aquí, mayores niveles de deuda, son: Nuevo León, 40 mil millones de pesos; el Estado de México, 38 mil 300 millones; Coahuila, 36 mil 500 millones; Veracruz, 31 mil millones y Jalisco con 26 mil 700 millones.

En este sentido, resulta altamente significativo que el 58 por ciento del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial representando una cantidad de más de 234 mil 418 millones de pesos.

El 22 por ciento corresponde a la banca de desarrollo con un monto superior a los 89 mil 590 millones de pesos; el 15 por ciento a emisiones bursátiles, con algo más de 59 mil millones pesos; el 3 por ciento a fideicomisos, con una cifra superior a los 13 mil 748 millones de pesos y el 2 por ciento restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7 mil 554 millones de pesos.

A nosotros nos parece, sí, como de alguna forma lo planteaba el Senador proponente que la iniciativa preferente del Ejecutivo, la que se nos ha enviado, pone a consideración de esta Soberanía, que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y que será estudiada con mucho detenimiento por nuestro grupo parlamentario en los plazos que nos marca la ley.

Pero, sin embargo, yo quiero señalar, porque se ha hecho referencia a ella, que éste, aunque es un esfuerzo loable, sobre todo en materia de transparencia y monitoreo de la deuda, no representa un control sobre la capacidad discrecional de los estados, que estos estados tienen para contratar deudas, punto que sin duda también se tendrá que considerar.

En este sentido, vamos a presentar en las próximas sesiones una iniciativa, nuestro grupo parlamentario la presentará, que considere una serie de candados implementados en la Ley de Coordinación Fiscal destinados no sólo a lograr que las entidades federativas hagan públicos bajo criterios homologados de medición los montos totales de deuda, sino que además estipula una serie de reglas claras que rijan el mecanismo y la naturaleza del proceso de la contratación misma.

Por eso estamos a favor del punto de Acuerdo que propone el Senador proponente, y diría, ¿por qué él hizo referencia a ello? Y con esto concluyo, señor Presidente, que respecto a la iniciativa preferente, sí estamos de acuerdo en que marca un cambio importante en materia de transparencia, ya que las reformas propuestas forzarían a que los recursos que se erradican en las entidades federativas tengan que pasar por una serie de medidas, que definitivamente actuarían como candados para las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes, y de esta forma se anularía mucho la discrecionalidad y opacidad con que hoy en día se manejan los recursos y las medidas más significativas.

Pero también lo advierto desde ahora, hemos revisado que la propuesta presenta deficiencias y quiero hacer simples anotaciones para ir preparándonos para el debate correspondiente.

En ningún punto se hace referencia, por ejemplo, a que se deba transparentar específicamente la información correspondiente a las obligaciones de orden fiscal por parte de los distintos órdenes de gobierno, tales como, no sabemos cuánto se reporta por retenciones del Impuesto Sobre la Renta al SAT, o cuánto se reporta por la cuota correspondiente al IMSS o al ISSSTE y, sin embargo, se podría argumentar que esto está contemplado en los artículos 67, 68 y 70, fracciones I, III y IV de la iniciativa.

Pero el punto es que la iniciativa de esta información quedaría bajo los términos que fije el Consejo Nacional de Armonización Contable y quien lo controle. Por eso nosotros planteábamos que es un asunto que tiene que revisarse.

Y, concluyo mi intervención, adicionando que sería muy sano que las mismas medidas que se están proponiendo para transparentar los servicios personales, tanto del sector educación como del sector salud, se apliquen también a los servicios personales de todos los órdenes de gobierno, más si tomamos en cuenta que la nómina de las entidades federativas y de los municipios se pagan prácticamente con lo que se recibe vía participaciones.

Estamos a favor de la transparencia bajo estas consideraciones, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos).

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para hacer una aclaración en la versión estenográfica.

El Senador Alejandro Tello, cuando sube a la tribuna, sube a nombre del grupo parlamentario del PRI para hablar a favor de esta proposición.

El grupo parlamentario del PRI está a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, y esa es nuestra posición.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Mesa Directiva toma nota de la aclaración.

- La C. Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz.

- La C. Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Sólo para aclarar que en el tema de Salud y el FASSA, nunca más que antes en los gobiernos panistas hemos tenido una inversión sin precedentes, sólo hay que recordar que en el año 2000, la Secretaría de Salud tenía un presupuesto de 36 mil millones y hoy lo tiene de 175 mil millones.

Por eso, hoy más que nunca, se hace importante el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo, que tenemos que enfrentar el reto de las enfermedades crónico-degenerativas.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Maki Ortíz.

Para hablar en pro de la proposición, se concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Con su permiso, señor Presidente.

Bueno, tanto el grupo parlamentario del PAN, como del PRI, están a favor de esta propuesta.

Y seguramente, si nos metemos a analizar cada uno de los gobernadores, también al mío en Aguascalientes, pero no es el objetivo.

Yo solamente quiero hacer una reflexión, que más allá de facilitar, sí, en primer término, la fiscalización de los órganos, de que una contabilidad más clara, más sencilla, más accesible va a facilitar la auditoría de los órganos de fiscalización, el punto central es el beneficio a la sociedad.

Que de hecho, que un ciudadano se entere, previo a la autorización de un presupuesto en un congreso del estado, o de una ley de ingresos en el congreso de un estado, antes de ésto el ciudadano ya conozca los rubros de dónde viene ese importe y a dónde va destinado, esa es la ventaja.

El objetivo del señor Presidente es eso: la transparencia hacia la sociedad, no sólo hacia facilitar el trabajo a los órganos fiscalizadores.

Entonces, bajo este sentido, yo exhorto justamente que se vote, que pronto salga en base a la instalación de la Comisión de Hacienda, y que seguramente aquí saldrá beneficiada la sociedad de los estados, la sociedad de cada una de las entidades federativas y de los municipios.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: En uso de la palabra, para hablar a favor, el Senador David Penchyna Grub.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente; amigas y amigos Senadores:

El problema de las deudas de los estados de la República y de la deuda del gobierno federal, es un problema que no puede ser analizado sólo sobre la perspectiva partidaria.

Con todo respeto, y apoyando esta propuesta del Senador Jorge Luis Preciado, me parece que si aquí hiciéramos una revisión de las deudas estatales, en todas vamos a encontrar diferentes crecimientos, seguramente diferentes argumentos.

Usted, Senador Preciado, es del estado de Colima, está muy cerca Jalisco, podría darse una vuelta por ahí para enterase de cómo está la deuda; podríamos ir a Guanajuato, a Chiapas, a Tabasco, a diferentes estados de la República.

Este es un tema que si queremos incendiarlo lo podemos incendiar políticamente, pero difícilmente va a ayudar a encontrar el fondo de la solución y con la dignidad y la responsabilidad de ser un representante de las entidades federativas, me parece que debemos de abordarlo con todo profesionalismo, es un tema estructural.

La deuda interna del país federal, por ejemplo, habrá pasado de 1.9 a 5.17 billones de 2000 al 2011.

Podríamos hablar de muchos programas que hoy se presumen, como el Seguro Popular, que incrementó de manera sustancial el gasto en materia de salud a cargo de los gobiernos estatales y en muchos casos con costo a los gobiernos municipales, es un problema estructural.

Nosotros queremos apoyar, no sólo este punto de Acuerdo. Yo quiero recordar aquí que nuestro candidato, hoy Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, su primer compromiso legislativo que ha hecho es enviar en breve iniciativas en materia de transparencia, corrupción y de la contratación de espacios de los medios masivos de comunicación, de los tres órdenes de gobierno.

Yo sí le ruego, Senador José Luis Preciado, al menos que usted tenga una información diferente, que no prejuzgue, qué vamos a hacer con la iniciativa que el señor Presidente de la República, Felipe Calderón, envió, iniciativa preferente, de contabilidad gubernamental.

Desde aquí le digo, nosotros vamos por la transparencia y vamos a construir las condiciones, para que esa iniciativa salga adelante, como entendiéndolo claramente es un prerrequisito a este gran problema estructural.

Creo, y estoy convencido que lo podemos hacer, que es parte de una reforma hacendaria integral, en la que tenemos que comprometernos para que este país pueda crecer más y fortalecer su mercado interno.

Aquellos actos de corrupción, de contratación de deuda indebida, que sean perseguidos conforme al estado de derecho y que se haga justicia, sin distinción partidaria alguna.

Y que quede claro que nosotros vamos por la transparencia, vamos por la contabilidad gubernamental y vamos a trabajar por el bien de este país.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Penchyna Grub.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Dávila.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Sólo comentar al señor Senador que acaba de tomar la palabra.

Que en lo personal, me da mucho gusto que hoy decidan estar en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Sólo esperemos que en el momento de la discusión en las comisiones, también honren la palabra, se pronuncien a favor, como lo han venido diciendo, y sean justamente los primeros en impulsar este asunto, que ya está sobre la mesa por el Ejecutivo Federal.

También quiero decirle, que no suceda lo que en algunos casos, como en la reforma laboral, en legislaturas pasadas, en donde se obstruyeron parte de estos asuntos y de estos trabajos por parte del PRI.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Adriana Dávila.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Penchyna Grub.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Con pleno respeto a la intervención de la señora Senadora, yo le pediría a la Presidencia a su cargo, Senador Burgos García, que le regalen una copia de mi intervención para que le quede constancia de mis palabras y que las usemos en las comisiones.

Y que cualquier juicio en lo general adolece de mentiras. Nosotros hemos aprobado diferentes nombramientos, se los puedo enumerar uno por uno: De Auditoría Superior, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que hoy el Presidente Calderón envía para ser reformada, nosotros la reformamos en el 2008, y es parte del texto constitucional.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Se transferirá, muchas gracias.

En uso de la palabra, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para rectificación de hechos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Las Senadoras y Senadores del Partido de la Revolución Democrática, sin duda, que podemos presumir que somos los impulsores de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Por lo tanto, no podemos oponernos, venga de donde venga, a un asunto que plantea que se aclaren cómo se están utilizando los recursos públicos.

Todos sabemos que el endeudamiento público tiene una función concreta: fortalecer e impulsar el desarrollo de la entidad que lo solicita, ya sea el municipio, ya sean las entidades federativas o ya sea el gobierno federal.

La gran duda que se plantea es, sí estos recursos son efectivamente utilizados para los fines para los que fueron contratados.

En mi entidad federativa tenemos casos verdaderamente dramáticos, en donde la deuda pública de los municipios, por ejemplo, se utiliza para pagar laudos que tienen los municipios; situación que no está contemplada en la Ley de Deuda Pública.

El gobierno del estado, de manera descarada y de manera irresponsable, igual ha desviado recursos de la deuda pública que le autorizó el congreso para cuestiones de desarrollo en materia educativa y en materia de seguridad pública, y eso ya no puede seguir siendo, ni solapado ni tolerado por el Senado de la República.

Por eso coincidimos con el punto de Acuerdo que está impulsando el ciudadano Senador del Partido Acción Nacional.

Solamente, aparte de eso, una duda al ponente. El punto primero, dice: "Se exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las Haciendas Públicas a su cargo, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados y los efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población".

Me queda duda, Senador Preciado, ¿ante quién tienen que rendir estos informes? Si nos lo pudiera aclarar, creo que el punto uno quedaría completo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Para alusiones personales, tiene la palabra el Senador José Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Felicito a los Senadores que se han adherido a la propuesta.

Efectivamente, no creo que sea un tema partidista. Es un tema que tiene que resolver una problemática que se está presentando en el país.

Miren, les voy a dar un dato. En el año 2009, la deuda de todos los estados juntos, era de 200 mil millones de pesos. Tres años después, vamos en 404 mil millones de pesos.

Entonces, realmente necesitamos hacer algo para detener este problema que se está presentando en las entidades federativas. Independientemente del tema, si realmente esos endeudamientos se hacen para cumplir con los proyectos y planteamientos que, obviamente, están haciendo en sus estados.

Y no solamente me refiero a los estados. También hay municipios con situaciones muy graves.

Un municipio, aquí en Morelos, tenía una deuda de 30 millones de pesos, pidió 600 millones para llevar a cabo algunos proyectos de inversión. Cuando le autorizaron los 600 millones, todavía no tenía los proyectos, se tardó seis meses en hacer los proyectos, cuando terminó los proyectos, el costo financiero y el costo del proyecto ya costaba 1,200 millones de pesos.

O sea, actualmente tiene una deuda, en menos de tres años, que de 30 millones pasó a 1,500 millones de pesos.

Tenemos que hacer algo como parte fundamental del Estado mexicano y creo que la información se puede enviar a dos partes.

La primera es a la Auditoría Superior y la segunda, la ley establece que para poder llevar a cabo alguna reforma legal o para mejor proveer los trabajos de los Senadores de la República, podemos solicitar la información requerida a cualquier instancia, de cualquier nivel de gobierno.

Entonces, una vez que se constituya la Comisión de Hacienda, para lo cual estamos exhortando en el mismo punto de Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación, la información tendrá que llegar a la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Y, por otro lado, con esto no quiero polemizar. Pero la deuda pública de la Federación, si usáramos las reservas internacionales que generó, que generaron las administraciones del Presidente Fox y del Presidente Calderón, nada más con las puras reservas, tendríamos para pagar casi tres veces la deuda que tiene este país.

- El C. Presidente Burgos García: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la revisión integral de la obra "Marina Turística, Puerto Majahua".

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quiero aprovechar en este primer espacio que tengo de estar en tribuna en la Cámara Alta de nuestro país, para refrendar mi compromiso, mi compromiso por México y en la defensa de la lucha de los más pobres.

Como dicen en mi pueblo: “para los que venimos de abajo” esta es una gran oportunidad de seguir trabajando y luchando por nuestros ideales.

Quiero aprovechar también para ponerme a sus órdenes, como lo dijo el maestro Ignacio Manuel Altamirano, yo vengo de allá de las montañas del sur, de la montaña de Guerrero, donde se encuentran los municipios más pobres de este país, Metlatónoc, Cochoapa.

Vengo de manera conjunta con mis compañeros Senadores guerrerenses, René Juárez Cisneros, Armando Ríos Pitter, así como la Senadora Ninfa Salinas Sada, a compartirles la problemática del entorno ecológico que se está viviendo en estos momentos en la bahía más bonita de Acapulco, de México y el mundo, que es Puerto Marqués.

México es uno de los países con gran infraestructura turística a nivel nacional, con playas consideradas, no nada más en México, sino en el mundo, de las más hermosas. Ahí tenemos las playas de Puerto Marqués.

¿Quién de ustedes no conoce Puerto Marqués?

Muchos de ustedes quizá hasta ahí aprendieron a nadar o fueron a un encuentro con sus familias. Hoy hay una realidad que lastima, ya no tenemos parte de esas playas bonitas.

Por eso es que mis compañeros, antes mencionados, nos referimos a la construcción del muelle de la marina de la Playa Majahua, de la bahía de Puerto Marqués, que está a cargo de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, y que en estos momentos ha causado grave daños al entorno ecológico y deterioro a la infraestructura física de muchos restaurantes de las zonas, entre otras afectaciones.

Hoy en día, hay un desequilibrio generalizado del medio ambiente, donde antes teníamos playa, ahora tenemos mar. Donde antes teníamos mar, ahora tenemos toneladas de roca, cerca de 4 hectáreas de relleno en el mar que ha desviado las corrientes marinas y ha traído como consecuencia que se esté perdiendo parte importante de esa playa, que es el recurso natural, el patrimonio no nada más de los acapulqueños, sino de México, por ser una zona federal.

No se realizaron obras preventivas para evitar el azolvamiento de algunas zonas, lo que también ha provocado la modificación de la playa en su perfil costero, afectando el patrimonio de los mexicanos, entre otros males.

Reconocemos la sensibilidad del gobernador Angel Aguirre Rivero, quien con una gran vocación social en días recientes se reunió con los afectados y con las delegaciones federales de PROFEPA y SEMARNAT, y que en días próximos se instalará un comité ciudadano de defensa al entorno ecológico. Son tantas las irregularidades que ya la PROFEPA suspendió de manera temporal los trabajos.

Compañeras y compañeros Senadores, con la voluntad popular que se erige en esta Soberanía, debemos de pronunciarnos con un enérgico llamado a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, para que se repare el daño causado. Urge frenar este atropello que está causando daños irreversibles al ecosistema del lugar y a la economía de Acapulco. Por lo tanto presentamos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la SEMARNAT y de la SCT, realicen una revisión integral de cumplimiento de normatividad ambiental y de ejecución de la obra.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la SEMARNAT y de la SCT sean resarcidos los daños ecológicos y socioeconómicos causados por el desvío de corrientes marinas e indemnizar a las familias. Así también se sancione a los responsables de dicha obra.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la SEMARNAT y de la SCT para que se establezca una comisión técnica conformada por los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, y desarrollen una evaluación integral y que se pueda hacer la reparación de los daños.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, necesitamos recuperar la playa de Puerto Marqués, y aprovecho para invitarlos al bonito Puerto de Acapulco.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LA REVISION INTEGRAL DE LA OBRA “MARINA TURISTICA, PUERTO MAJAHUA”

“Los suscritos, Senadores de la República, Sofío Ramírez Herníndez, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente; de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea el presente punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

México es uno de los países con mayor infraestructura turística a nivel internacional, con zonas de playa consideradas entre las más bellas del mundo, entre ellas, destaca sin duda, la “Bahía de Puerto Marqués” en Acapulco Guerrero; rica y exuberante vegetación da un marco a ésta bahía, lo que la hace incomparable.

Como Guerrerenses, siempre hemos privilegiado el desarrollo turístico de la región, sin embargo, en el horizonte se ciernen grandes amenazas a su viabilidad, no sólo por el efecto del cambio climático, sino por las actividades de las empresas desarrolladoras de vivienda que conciben sus proyectos turísticos sin un enfoque sustentable y bien planeado, en el que se respete el entorno ecológico y las diversas actividades turísticas.

Tal es el caso de la obra que se está llevando a cabo en la “Marina de la Playa Majahua” a cargo de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) donde la construcción de la obra ha afectando el entorno y las corrientes marinas, lo que va en detrimento de los negocios de los pobladores, debido a que se han perdido varios metros de playa y por consiguiente, el turismo ha dejado de asistir.

A meses de arrancar los trabajos de la obra, se han presentado un sin número de desperfectos. La marea en la zona de Puerto Marqués ha afectado alrededor de veinticinco restaurantes que operan en la playa. Sus muros colapsaron a causa de las obras de la Marina que han rellenado cuatro hectáreas de mar, lo que provocó la modificación de la corriente marítima.

Los daños a la economía de los habitantes de la zona y de las familias marquesanas han sido cuantiosos y desmoralizantes. Tantas han sido las irregularidades en la obra de referencia, que ya la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) suspendió la construcción del muelle, debido a que incumplió con diversas condicionantes de la manifestación de impacto ambiental; no se realizaron obras preventivas para evitar el azolvamiento en algunas zonas, lo que provocó la modificación en la línea de costa, afectando el patrimonio de los comerciantes de la zona.

Compañeras Senadores, compañeros Senadores, desde la voluntad popular que se erige en esta soberanía, debemos pronunciarnos con un enérgico llamado a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, para que se repare el daño causado; urge frenar el atropello que se está dando a esta comunidad, ya que la realización de la obra en lugar de traer beneficios a la población marquesana, estamos perdiendo nuestra riqueza natural que son las playas, se está perjudicando su patrimonio cultural y económico, que también afecta a toda la sociedad del Estado de Guerrero.

Para que el Estado de Guerrero transite por la vía de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los diferentes sectores de la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales, pero sobre todo se requiere la participación responsable de los desarrolladores turísticos y de las dependencias de gobierno que tienen injerencia sobre ese tema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se realice la REVISION INTEGRAL de cumplimiento de normatividad ambiental y ejecución de la obra, incluyendo lo relativo a las disposiciones aplicables a las concesiones de zona federal marítima y marítima terrestre de la obra “Marina Turística, Puerto Majahua” que se está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués, en el Puerto de Acapulco, Guerrero.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sean resarcidos los daños ecológicos y socioeconómicos causados por el desvío de corrientes marinas, así como, aplicar las indemnizaciones a las familias afectadas y las sanciones correspondientes a los responsables de dicha obra.

TERCERO.- El Senado de la República solicita a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Comunicaciones y Transportes (SCT); se establezca una Comisión Técnica conformada por instituciones y dependencias de los tres ámbitos de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, para la evaluación, resarcimiento y reparación de daños causados en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Bahía de Puerto Marqués, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012.

Suscriben

Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para pedirle al Senador Ramírez adherirme a su punto de Acuerdo y también que sea enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca.

- El C. Presidente Burgos García: Señor Senador, ¿admite que se adhiera a su propuesta la Senadora Garza Galván?

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Sí, desde luego.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Sofío Hernández. Y en los turnos, Senadora, efectivamente están en el orden que usted lo solicita. Muchas gracias.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal a impulsar y fortalecer las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.

- La C. Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez: Con la venia de la Presidencia.

Sin duda, uno de los temas más sensibles y apremiantes de cualquier sociedad es el tema de la salud. A pesar de los grandes esfuerzos, la inmensa mayoría de los gobiernos extranjeros no han podido superar el primer reto en la materia que es la cobertura. En tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar.

Bajo este contexto, es motivo de un gran orgullo que en la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se consiguiera la cobertura universal en salud a través del Seguro Popular, mismo que a la fecha cubre 53 millones de personas. Sin lugar a dudas, un hecho histórico y trascendental para la vida nacional, un logro que pocos países han alcanzado y que logramos trabajando juntos.

Además, con el Seguro Popular se ha incrementado el financiamiento para la atención de la salud de la población que antes carecía de seguridad social, pasando de 81 mil millones de pesos corrientes en 2006 a 175 mil millones de pesos en 2012. Es decir, más del doble. Estos recursos se han canalizado en su mayoría a las entidades federativas, un 84 por ciento.

En términos nominales, los recursos transferidos a las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud, pasó de 65 mil millones de pesos en 2006 a 148 mil millones en 2012, es decir, casi dos veces y media. Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas, ha hecho patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tarea a la que debemos comprometernos todos.

El mayor financiamiento para la salud ha permitido a la administración del Presidente Calderón, la conclusión de más de 3 mil 700 obras, considerando a todas las instituciones públicas del sector salud con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Destaca que más de mil obras son nuevos hospitales o clínicas.

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de 70 mil plazas precarias, y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente se incrementará 16 por ciento y el de las enfermeras 20 por ciento.

La mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura, abren la oportunidad de lograr mejoras sustanciales permanentes en la calidad de los servicios de salud, y abatir las brechas que presentan muchas entidades federativas en los principales indicadores de la salud, como por ejemplo, en el caso de mortalidad materna en donde la media nacional es de 50 defunciones por cada 100 mil nacimientos, y todavía tenemos estados que tienen 70 y 100 defunciones.

También hoy en México hay diferencia en el surtimiento de recetas y aunque hemos superado el 80 por ciento debemos de llegar al 100 por ciento. Hoy en México los tiempos de espera en diferentes estados de la República, y los tiempos para adquirir una cirugía también son diferentes. Hoy en pacientes de cáncer tiene diferentes probabilidades de supervivencia si nace en un estado o en otro, y hoy en México algunos estados rinden cuentas y otros debemos pedirles cuentas, por eso, urge acabar de integrar el sector salud y ser más transparentes.

A nivel federal, la Secretaría de Salud ha venido realizando una serie de proyectos y acciones para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas.

Hemos avanzado, pero hoy tenemos el reto más difícil, que es la mejora de la calidad, sólo lo lograremos eficientando el uso de la infraestructura de los recursos humanos y de la tecnología y, por supuesto, con el uso eficiente de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Termino diciéndoles que la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, señala que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica y la protección social en salud. De igual forma, como una actividad permanente, en la fracción I del artículo 6 de la Ley General de Salud, se establece como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal, para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin, bajo la conducción de la Secretaría de Salud del gobierno federal, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS CORRESPONDIENTES INSTANCIAS DE SALUD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A IMPULSAR Y FORTALECER LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Quien suscribe, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS CORRESPONDIENTES INSTANCIAS DE SALUD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD; ASI COMO A HACER UN USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTE FIN, BAJO LA CONDUCCION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda, uno de los temas más sensibles y apremiantes de cualquier sociedad es el de la salud. A pesar de los grandes esfuerzos, la inmensa mayoría de los gobiernos no han podido superar el primer reto en la materia que es el de la cobertura; en tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar.

Bajo ese contexto, es motivo de un gran orgullo que en la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se consiguiera la cobertura universal en salud, a través del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como “Seguro Popular”, mismo que a la fecha cubre alrededor de 53 millones de personas. Sin lugar a dudas, un hecho histórico y trascendental para la vida nacional, un logro que pocos países han alcanzado.

Además, con el Seguro Popular se ha incrementado el financiamiento para la atención de la salud de la población que antes carecía de seguridad social, pasando de 81 mil millones de pesos corrientes en 2006 a más de 175 mil millones de pesos en 2012; es decir, más del doble. Estos recursos, se han canalizado en su mayoría a las entidades federativas.

Mientras que en 2006 las transferencias a los estados y el Distrito Federal representaban el 80.6% de estos recursos, en el 2012 la proporción es de 84.2%. En términos nominales, los recursos transferidos a las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud, pasó de 65 mil millones de pesos en 2006 a 148 mil millones de pesos que se proyectan para 2012, es decir casi 2 y media veces lo transferido en el año base. Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas, ha hecho patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas.

El mayor financiamiento para la salud ha permitido a la administración del Presidente Calderón, la conclusión de 2,747 acciones de infraestructura por parte de la Secretaría de Salud y más de 3,700 obras considerando a todas las instituciones públicas de salud, con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Destaca que más de mil de estas acciones corresponden a clínicas y hospitales nuevos, magnitud que no tiene precedente en la historia de los gobiernos de México.

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de alrededor de 70 mil plazas precarias, y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente del sector salud creciera en 16% y la de enfermeras en 20%, siendo las unidades que atienden a los afiliados al Seguro Popular las que registraron un mayor crecimiento neto de 17 mil y 28 mil plazas adicionales, respectivamente.

La mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura, abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de los servicios de salud, y abatir las brechas que presentan muchas entidades federativas en los principales indicadores de salud.

Abatir la mortalidad materna sigue siendo un pendiente a pesar de los grandes avances logrados en los últimos años que la sitúan por debajo de 50 defunciones por cada cien mil nacimientos estimados, en algunas entidades el indicador es mayor a 70 y en los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano está por encima de 100. La Esperanza de Vida al Nacimiento a nivel nacional supera los 75 años, sin embargo algunas entidades presentan niveles inferiores a este promedio.

Por su parte, pese a que se ha mejorado el surtimiento de recetas de medicamentos en todo el sector salud y particularmente en las unidades médicas que atienden a población afiliada al Seguro Popular situándose por encima del 80% a nivel nacional, es necesario fortalecer las acciones para garantizar un abasto al 100%, además de redoblar esfuerzos en las entidades federativas donde el porcentaje de recetas surtidas en primer nivel de atención se sitúa por debajo del promedio nacional.

Adicionalmente, es necesario que las entidades federativas, generen acciones y se apoyen de la federación, para reducir los tiempos de espera tanto para recibir atención médica de primer nivel, como acceder a las consultas de especialidad, cirugías y atención de urgencias. Ello se puede lograr en buena medida, siendo más eficientes en el uso de los recursos disponibles, por citar un ejemplo, aumentando la productividad de aquellos quirófanos donde se realizan 1 o 2 cirugías diarias en promedio a diferencia de las 4 que se realizan en instituciones como el IMSS, o el mejor aprovechamiento de equipos de diagnóstico y radioterapia donde sólo se trabaja un turno. Igualmente, hay mucho que hacer en la mejora de los procedimientos de referencia y contrarreferencia, ya que permite darle solución al paciente en el nivel que le corresponda de acuerdo a su padecimiento y reducir la saturación de muchos de nuestros hospitales.

A nivel federal, la Secretaría de Salud ha venido realizando una serie de proyectos y acciones para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas.

La fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud señala que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, “organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica y la protección Social en Salud. De igual forma, como una actividad permanente, en la fracción I del artículo 6 de la Ley General de Salud se establece como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, “proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos…”.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico: El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal, para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin, bajo la conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012.

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez. Se turna a la Comisión de Salud.





 

En uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre el resultado de la aplicación del llamado convenio de colaboración “Acuerdo por Tabasco”.

- El C. Senador Adán Agusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En los quince últimos años, diversos sectores de la sociedad tabasqueña han gestionado ante las autoridades federales un tratamiento más justo respecto a las tarifas que se cobran en la entidad por el suministro de energía eléctrica, así como una solución definitiva al problema de los adeudos que miles de usuarios tienen con la paraestatal por la prestación de este servicio público, los cuales en septiembre de 2007 ascendían, a decir de la Comisión Federal de Electricidad, a la cantidad de 3 mil 100 millones de pesos.

A pesar de los múltiples esfuerzos que los integrantes de sectores público, social y privado del Estado han realizado para lograr una solución satisfactoria a la problemática descrita, no se ha evitado que continúe prevaleciendo como único criterio para definir las tarifas eléctricas, los costos de prestación del servicio, sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y climáticas que prevalecen en la entidad.

No han sido pocos los exhortos que en las últimas cinco legislaturas se han aprobado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que las autoridades, a través de medidas no confiscatorias ni desventajosas para la entidad, enfrenten el problema de las elevadas tarifas y la imposibilidad del pago de los adeudos.

Uno de estos intentos por solucionar la situación en comento, tuvo su origen con la firma del llamado Convenio de Colaboración “Acuerdo por Tabasco” celebrado el 8 de octubre de 2007, entre el Ejecutivo del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad, con tres objetivos:

1.- Otorgar un apoyo a los usuarios domésticos para que pudieran cubrir los adeudos que tenían con la Comisión Federal de Electricidad.

2.- Definir las facilidades de pago de los usuarios de energía eléctrica deudores clasificados en tarifa 2, de uso general hasta 25KWh.

3.- Apoyar a todos los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 KWh mensuales en el periodo de verano o 450 KWh mensuales en el periodo fuera de verano.

Respecto del primer objetivo del Convenio, el apoyo a los usuarios deudores con tarifa doméstica consistió en obligarlos a pagar el 50% de su adeudo en un plazo de 5 años.

El 50% de la deuda restante se estableció que sería pagada por el Ejecutivo Estatal, para lo cual debería entregar a la Comisión Federal de Electricidad mensualmente durante cinco años, la cantidad de 25 millones 833 mil pesos para sumar un total de mil 550 millones de pesos.

En cuanto al apoyo a los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 KWh mensuales en el periodo de verano o 450 KWh en el periodo fuera de verano, nuevamente el gobierno del estado se comprometió a entregar a la Comisión Federal de Electricidad 93 millones de pesos para cubrir el diferencial del monto que supuestamente dejarían de pagar dichos usuarios al otorgársele una tarifa que se denominó 1E.

Posteriormente, ante las graves inundaciones que padeció el estado de Tabasco en 2007, el Ejecutivo Estatal solicitó a la Comisión Federal de Electricidad replantear los términos del Convenio suscrito en octubre de ese mismo año, a fin de que pudiera cumplir con los compromisos previamente establecidos.

El Convenio Modificatorio fue suscrito el 4 marzo de 2008 estableciendo un nuevo esquema de apoyo en los términos siguientes:

1.- Los usuarios domésticos con adeudos de hasta 50 mil pesos a septiembre de 2007, por cada peso que pagaran de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, se les descontaría un peso del adeudo acumulado.

2.- Los usuarios domésticos con adeudos mayores de 50 mil pesos a septiembre de 2007, sólo pagarían el 50% de los adeudos.

3.-Los usuarios en tarifa 02, con consumos hasta 750 KWh promedio mensual para el periodo de su adeudo, por cada peso que pagaran de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, les sería descontado un peso de su adeudo acumulado.

En cuanto a las aportaciones del Ejecutivo Estatal, se determinó modificar las cantidades de pago que debía de cubrir el gobierno del estado.

Posteriormente, en septiembre de 2008, se formalizó el Segundo Convenio Modificatorio, en el que se estableció un apoyo económico a los usuarios domésticos con tarifa 1C.

A la fecha, hay inconsistencia en la información que se ha proporcionado respecto a los resultados de ambos Convenios, empeorando si traemos a colación los datos que otras entidades u órganos han ofrecido al respecto, y que nos señalan que a partir del 2009 ningún tabasqueño se ha sumado al Convenio o a los Convenios Modificatorios.

Es por ello que urge tener la información precisa de la Comisión Federal de Electricidad del avance en el cumplimiento de los Convenios.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, maestro Jaime González Aguadé, a que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto de la ejecución del llamado Acuerdo Compensatorio del Servicio Eléctrico, así como de los Convenios Modificatorios, suscritos entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco, en octubre de 2007, marzo y septiembre de 2008, respectivamente, debiendo incluir en dicho informe un conjunto de información que se enlista en la versión del punto de Acuerdo que he entregado a la Mesa Directiva, y que para obviar tiempo no daré lectura.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador López Hernández. Túrnese a la Comisión de Energía.





 

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar una investigación exhaustiva de los contratos gubernamentales otorgados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros Senadores:

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación difundieron información relacionada con la contratación que hizo el gobierno del Distrito Federal de empresas vinculadas al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Según consta en investigación hecha por el periódico El Universal, las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios, fueron constituidas por personas que además de haber colaborado con López Obrador durante su gestión en la Jefatura de Gobierno, forman parte de las asociaciones "Austeridad Repúblicana" y "Honestidad Valiente", fuentes de financiamiento del PRD.

En los últimos 5 años, dichas empresas han recibido contratos cuyos importes ascienden a más de 110 millones de pesos, viéndose beneficiadas no sólo por dependencias de la administración capitalina, sino por órganos político-administrativos y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Esta posible triangulación, que se dio principalmente mediante contratos asignados por adjudicación directa e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, salió a la luz pública debido a que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Finanzas cuestionó la decisión de asignar vía adjudicación directa un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría, emitiendo en consecuencia una alerta sobre la regularidad de los contratos que el gobierno capitalino había adjudicado a la sociedad AK Comunicación.

Hechos narrados como los arriba, son una muestra clara de que la política de contratación en el Distrito Federal no está orientada a obtener las mejores condiciones de contratación a favor del gobierno y que tampoco está sustentada en los principios constitucionales que deben observarse en la administración de los recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Ante las sospechas que ha despertado este caso, las autoridades responsables deben investigar y aplicar las sanciones correspondientes. Asimismo, deben explicar de manera clara y contundente si los servidores públicos involucrados incumplieron las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, y si incurrieron en algún acto de soborno, colusión, simulación o tráfico de influencias con el propósito de triangular recursos de la administración local hacia la campaña de López Obrador.

Las autoridades deben aclarar por qué razones los contratos otorgados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios no se sujetaron a la regla general de licitación pública y, en cambio, convirtieron la excepcionalidad de la adjudicación directa en una regla. También deben explicar por qué en los procedimientos de invitación restringida sólo participaron, de manera muy casual, estas tres empresas.

El gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos y no quedarse en el argumento de que se cumplieron solo los formalismos normativos. Con base en argumentos técnicos y económicos, las autoridades deben justificar cómo es que a través de los contratos concedidos a las referidas empresas se cumplieron los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez a fin de asegurar para la administración pública local las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Al que originalmente había nada más, tenía un punto como único, pero a solicitud del Senador Pablo Escudero, daré lectura a dos resolutivos.

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a que gire las instrucciones correspondientes para que se investigue a fondo si en el otorgamiento de los contratos a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios se dio cumplimiento a la normatividad aplicable y a los principios contenidos en el artículo 134 constitucional, para que, en su caso, se apliquen las sanciones civiles, administrativas y penales que correspondan.

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que inicie las investigaciones correspondientes en relación con los hechos descritos.

Solicito que el texto de este punto de Acuerdo, incluyendo la propuesta del Senador Pablo Escudero, se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y del Distrito Federal.

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Senadora, le pido no se retire, están solicitando hacer una pregunta, ¿la acepta?

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Para preguntarle a la Senadora Gabriela Cuevas si tiene conocimiento de las revisiones del punto que está planteando, que ha hecho la Contraloría General de 2007 al primer trimestre de este año, y de las revisiones que ha hecho la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano fiscalizador de la Asamblea Legislativa dentro de su programa de auditorías, producto de las cuentas públicas correspondientes; de tal manera que lo que usted está solicitando, efectivamente, ya se realizó.

Y, como usted debe conocer, porque usted fue delegada, ya fueron sancionados y no hay ninguna observación; y en caso de haber observaciones, pues entonces se seguiría el procedimiento correspondiente como el que usted todavía está siguiendo por esa obra de 40 millones de pesos por el cual el organo interno de la ciudad de México tiene una investigación sobre su administración.

Los hechos que está aduciendo relativos a una información de prensa son evidentemente falsos, y es preocupante que usted lo lleve a la tribuna del Senado de la República, y no tenga la previsión de revisar lo que han hecho los órganos de revisión de la Asamblea Legislativa y los órganos internos, porque en parte de ellos participa también su partido.

- El C. Presidente Burgos García: Conteste, Senadora.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Le agradezco muchísimo la pregunta al compañero Senador Mario Delgado.

Primero, para hacer algunas precisiones. El Senador que hizo uso de la palabra era nada más y nada menos el responsable de las finanzas públicas del Distrito Federal cuando se trataba precisamente de hacer estos pagos; entiendo por eso su preocupación, compañero Senador.

Otro tema que también me resulta muy pertinente aclarar, a propósito de ésta, no pregunta, sino más bien comentario, es cómo funciona el gobierno del Distrito Federal.

Aquí se habla de fiscalización desde la contraloría, y se habla de fiscalización desde la Asamblea Legislativa, pero quien nombra al contralor en el Distrito Federal, no es otro que el jefe de gobierno, aquél que seguramente estuvo atrás de estos contratos, que seguramente instruyó que se obviaran los procedimientos de ley.

También resulta pertinente aclarar que aquella auditoría que hiciera la Asamblea Legislativa pues resulta cuestionable, también la Asamblea Legislativa le dio contratos a estas empresas.

¿Podemos creerle a esas auditorías?

En mi opinión, no. Y es por eso que coincido con el Senador Pablo Escudero en pedir que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga las investigaciones pertinentes.

Y aprovecho también para aclarar con mucho gusto estos cuestionamientos que hace en mi persona.

Habla aquí el Senador de unas obras públicas, unas obras públicas que los dos firmamos los mismos convenios, y de eso sí recuerdo y tengo toda la documentación, si le hace falta, compañero.

Pero justamente en esas obras que el gobierno del Distrito Federal obstaculizó, déjenme decirles que en cuanto concluyó mi administración, curiosamente entonces sí desaparecieron las protestas y el gobierno del Distrito Federal se puso de acuerdo para llevarlas a cabo.

Al día hoy, yo sí puedo decir con toda transparencia que a mí, quien revisó mis cuentas es Marcelo Ebrard, y de otro partido; a mí no me revisan los de casa, a mí no me revisaron mis amigos; ustedes se revisan entre amigos, se revisan con colusión, se revisan solamente entre quienes están triangulando recursos de los capitalinos para las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Eso, Senador Mario Delgado, no es transparencia; eso se llama favoritismo y eso debe estar observado por instancias que sean confiables para los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y del Distrito Federal.

Adelante Senador.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Es para alusiones personales

- El C. Presidente Burgos García: Senador, perdóneme pero la discusión no está abierta, se turnó a comisión apenas. ¿Es para pregunta, Senador? ¿Es para alusiones personales? Es que no hay debate para una pregunta, pero está cerrado el trámite, Senador, está cerrado el trámite. Perdón, Senador, por favor.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) El Compañero Senador fue aludido, entonces le pido en el respeto a lo que dice nuestra normativa, que le conceda el uso de la palabra para alusiones personales al Senador que haya sido aludido, nada más es para aclarar el procedimiento.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Permítanme por favor, la Senadora ya se retiró; está turnado el asunto, Senador.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a la fracción VII del artículo 76 del Reglamento, por favor.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)

Artículo 76.

1. Los Senadores hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del Presidente, de acuerdo con el Orden del Día, para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica:

VII. Referencia a alusiones personales, hasta por cinco minutos.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Para solicitarle, señor Presidente, si le pide a la Secretaría que el artículo que acaba de leer es genérico para el uso de la palabra, pero en los artículos subsecuentes van regulando en qué momento se establece cada una de las hipótesis que ahí se establece, por lo cual yo le pediría que le diera lectura al artículo 78 en sus numerales 1 y 2, que es la que regula el uso de la tribuna para “usos” personales.

- El C. Presidente Burgos García: Está en lo correcto, dé lectura por favor.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)

Artículo 78.

1. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un Senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos el solicitante interviene inmediatamente después del orador.

- El C. Presidente Burgos García: Perdón, pero es que fue durante el desarrollo del debate.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) El artículo 76 al que hacen alusión, efectivamente en su numeral 1, estable las referencias a alusiones personales hasta por cinco minutos, pero en la fracción VIII establece rectificación de hechos por el mismo tiempo. En caso de que usted le concediese el uso de la palabra en un tema que no está a debate, por alusiones personales, tendríamos que presentar el precedente de que en todos y en cada uno de los asuntos también se tendría que dar la palabra para rectificación de hechos, y queda claro que no es la naturaleza de la norma.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Perdón Senador, es que el asunto se turnó y no está a debate. Pido a la Secretaría dar lectura al artículo 87 en su numeral 5.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)

Artículo 87.

5. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo del Pleno se les dispense de dicho trámite por considerarse de urgente resolución.

- El C. Presidente Burgos García: Perdóneme Senador, pero se turnó a comisiones, no es debate. Muy bien, permítame. Vamos a consultar a la Asamblea si autoriza que se le dé la palabra, porque está fuera de trámite.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Este debate inútil, que está usted sosteniendo, tiene que ver con que respete el procedimiento para las discusiones en esta sala, lo único que está pidiendo el Senador es hacer uso de la palabra en términos de que fue aludido personalmente, no quiere abordar el punto de acuerdo que se ha discutido y que se turnó a comisiones, porque ya entendimos que es un asunto que se va a discutir más adelante, aquí lo que usted debe de entender es que hay un derecho que él tiene que hacer uso de la palabra, y usted se lo quiere negar, y esta parte no la podemos permitir.

- El C. Presidente Burgos García:Muy bien, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se otorga el uso de la palabra. Haga la consulta.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza el uso de la palabra por alusiones.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador, permítanme por favor. Le ruego un momento por favor.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) En caso de ceder la voz, en un punto no sujeto a debate, en función de alusiones personales, es decir, en términos del Artículo 76 fracción VII del Reglamento del Senado, se sentaría un precedente que obligaría a cederla en puntos no sujetos a debate en función de la fracción VIII del mismo numeral; es decir para rectificación de hechos. Lo cual por ser un contra sentido, pues pone a debate un tema que expresamente no es sujeto a discusión en dicho momento.

Para evitar este precedente que se tendría que atender en subsecuentes sesiones, es que en la especie no es otorgable la voz en esta ocasión para alusiones personales.

– El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la palabra el Senador Cervantes. Bueno…

Tiene el uso de la palabra el Senador Fayad. Está en turno. Sonido al Senador Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores, yo creo que estamos cayendo en un debate estéril, es poco sano para el desarrollo de la Asamblea y de este Pleno el que tenga que someterse a consideración del mismo un derecho que está establecido y que acaba de ser leído en el Reglamento, todo compañero que es aludido tiene legítimo derecho de poder pedir el uso de la palabra, y nuestro Reglamento establece que se le debe conceder hasta por cinco minutos.

No coincido con el compañero del PAN que señala que entonces va a pedir rectificación de hechos e iniciar un debate, ahí sí ya no porque el asunto no está a discusión, aquí no está pidiendo la palabra el compañero por rectificación de hechos ni tratando de hacer un debate, sino haciendo uso del legítimo derecho que tiene al ser aludido, al hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, y ahí termina el asunto, señor Presidente, no sé si usted nos obsequie a la Asamblea, el que en cumplimento del artículo al Reglamento que acaba de ser leído por la Secretaría, se le conceda por alusiones personales el uso de la palabra y ahí concluye el procedimiento porque ya fue turnado a la comisión respectiva.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Correcto.

Con esa precisión, no estamos en debate, justamente para hacer alusiones, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué bueno que no se siente un mal precedente que en alusiones personales se tenga que votar, muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, haber Senadora Cuevas, pues acaba de decir usted en tribuna que no cuenta con fiscalización...

- El C. Presidente Burgos García: Senador, le recuerdo que no hay diálogos, son simplemente alusiones personales.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Lo que acabamos de escuchar aquí es que no cuentan los órganos de fiscalización que se establecen en el gobierno de la ciudad de México, que no tiene ningún valor la participación de la Asamblea Legislativa, incluyendo los Diputados de Acción Nacional y otros partidos en su trabajo, que son los responsables de verificar las auditorías que hace la Contaduría Mayor.

Parece que no vale nada y a usted no le revisó las cuentas Marcelo Ebrard, se las revisaron los órganos de fiscalización de la ciudad de México, de la Asamblea Legislativa y son los que todavía la están señalando con irregularidades de más de 40 millones de pesos en el ejercicio de su administración.

Entonces, si desconocemos todo, pues no sé qué es lo que está planteando, al diablo las instituciones o qué, yo creo que hay que tener calma, y lo que hay que tener calma es que la ciudad de México no rehuye a la rendición de cuentas y tan no lo rehuye que es absolutamente falso lo que usted señala a partir de información publicada en los periódicos, y la invito a que platique con los ex Diputados de la Asamblea Legislativa, para que comente los resultados de las auditorías, las revisiones de la Contaduría Mayor de Hacienda, en específico, sobre esos contratos, además de las revisiones hechas por la contraloría general.

De tal manera que no se rehuye a la rendición de cuentas, y como lo ha dicho el propio gobierno de la ciudad de México, está dispuesto que se investigue a estas empresas para verificar que no haya habido ninguna triangulación hacia la campaña del Movimiento Progresista.

Yo entiendo que en esta época donde algunos ya empiezan a extrañar al poder, pues quieran llamar la atención de los que llegan y sirvan como cortina de humo para ir al verdadero tema que tiene en jaque a nuestra democracia, y que lo dijo ayer muy bien el Senador Corral, en el IFE, que se investigue el caso del financiamiento a la campaña del PRI.

Entonces, entiendo que la cabra tiende al monte, pero que no tratemos de llamar la atención y sirvamos de cortina de humo al tema que verdaderamente importa en esta elección.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Cuevas Barrón, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: (Desde su escaño)Pido la palabra por alusiones personales, que claramente fueron expresadas.

- El C. Presidente Burgos García: Con el mismo criterio, tiene el uso de la palabra, Senadora.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, no dejan de extrañarme las palabras que se expresaron anteriormente en esta tribuna, y no me extrañan, porque sin duda venir aquí a escuchar a quien hizo los pagos a estas asociaciones, pues la verdad qué podríamos escuchar, quién firmaba esos cheques, quién hizo esos depósitos, qué otra explicación podría venirnos a dar más que a él si le creen, al contralor, que él sí le cree a la Asamblea Legislativa, cuando habrá que recordar que en la Asamblea Legislativa desde hace muchísimos años prevalece una mayoría en muchas ocasiones no dispuesta a pactar, del PRD y sus aliados, entonces, cómo vamos a pensar que pudiera haber, señor Senador, se quiere expresar...

- El C. Presidente Burgos García: Senadora, permítame.

Senadora Alejandra Barrales, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Para solicitar la posibilidad de que le pregunte a la oradora si acepta una pregunta.

- El C. Presidente Burgos García: Acepta una pregunta de la Senadora.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Me daría muchísimo gusto, pero luego se dan por aludidas y generan aquí mucho desorden.

- El C. Presidente Burgos García: No la acepta, continúe por favor.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: La realidad y lo que a mí como capitalina me hubiera gustado escuchar de quien le hizo esos pagos a esas sospechosas asociaciones, es una verdadera explicación; me hubiera gustado escuchar que no hubo irregularidades; me hubiera gustado escuchar a funcionarios que tuvieran la conciencia tranquila; me hubiera gustado escuchar a funcionarios que no tengan que venir con tanta preocupación a justificar órganos de fiscalización, por mí, que mis cuentas las revise quien quiera, no entiendo por qué les preocupe tanto que se meta la Auditoría Superior de la Federación a revisar esas cuentas, claramente lo dice la gente: “Quien nada debe, nada teme”.

Me llama mucho la atención encontrar ex funcionarios tan preocupados porque se revisen sus cuentas, las mías están a la vista de todos, yo no tengo nada que esconder, así lo expresé a la contraloría, a quien le pedí en un oficio, que incluso circuló en los diarios de circulación nacional, que por favor me citara e incluso lo hiciera, si era necesario, públicamente, porque yo no tengo nada que esconder, a mí no me vienen ese tipo de dramas sobre las instituciones, quien manda al diablo a las instituciones no es otro que quien fue el candidato de las izquierdas, quien ha mandado una vez más al diablo a las instituciones no es otro que López Obrador, que días antes de la elección estaba en el IFE diciendo que esta vez no las iba a mandar y ahora una vez más lo vemos tomando plazas públicas.

Aquí el tema de fondo es muy sencillo, existe una presunción de recursos públicos que acabaron en la campaña de López Obrador, lo que quisiéramos saber, lo que a mí como capitalina me hubiera gustado escuchar es al menos tener una posible certeza, alguna esperanza de que nuestros impuestos no acabaron en una campaña política.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se encuentra en sustanciación en ese órgano jurisdiccional, hasta cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Con respeto me sumo al reclamo que hemos visto en el Pleno de que se esté respetando siempre el derecho de las y los Senadores, y sobre todo el marco jurídico y a eso también se refiere el punto de Acuerdo que vengo a someter a la consideración de todos ustedes.

Como es por todos sabido, desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido impulsando una agenda de justicia, reparación y memoria. Abanderando como exigencia principal que el Estado mexicano asuma su responsabilidad frente a lo sucedido en materia de seguridad estos últimos años.

Este arduo esfuerzo, motivado por el profundo dolor humano que la actual situación de inseguridad ha ocasionado, se vio concretado en una Ley General de Víctimas, una ley impulsada y creada por las mismas víctimas, y que los legisladores de todos los partidos, a través de un ejercicio de sensibilidad política y congruencia, aprobaron por unanimidad.

Primero por esta Soberanía el 25 de abril, y después por la Colegisladora el día 30 del mismo mes.

El 29 de junio, el Senado de la República en voz del entonces Presidente de la Mesa Directiva, el Senador José González Morfín, y en estricto cumplimiento del apartado B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó al Secretario de Gobernación que ordenara la inmediata publicación de esta ley, enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales desde el 10 de mayo.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado enviar observaciones sobre el texto aprobado. Para entonces, a juicio del legislativo, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la ley se encontraba promulgada en automático desde el día 19 de junio.

Ante esto, el 11 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió por unanimidad apoyar la solicitud emitida por el Presidente del Senado el 29 de junio, y rechazar las observaciones enviadas por el Ejecutivo el 1° de julio por considerarlo extemporáneo.

El 19 de julio el Consejero Jurídico de la Presidencia presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Hoy, la Ley General de Víctimas está congelada, y así estará hasta que el pleno de la Suprema Corte se pronuncie al respecto.

La actual actitud del Ejecutivo constituye, desde el punto de vista de un servidor, un atentado a la división de poderes; representa un ataque frontal a la autonomía del Poder Legislativo, vulnerando el orden constitucional y violentando el principio de representatividad política.

Ahora, el titular del Ejecutivo presenta una nueva iniciativa, desestimando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra atendiendo una controversia que él mismo promovió, actúa como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera decretar a su antojo, utilizando además al Poder Judicial en su estrategia de dilación y manipulación.

Esta Soberanía, en un acto de elemental dignidad, estaría obligada a rechazar la nueva ley que ahora se pretende presentar para su estudio, defendiendo la Ley General de Víctimas que ya fue promulgada y esperando a que la Suprema Corte se pronuncie al respecto.

Debemos entender que ceder a la propuesta del Ejecutivo, no sólo nos estaríamos sometiendo a nosotros mismos, sino que, y mucho más importante, estaríamos abdicando a nuestro mandato constitucional y traicionando la ley.

El Senado está obligado a defender institucionalmente la división de poderes, guardando estricta vigilancia del orden constitucional y defendiendo la voluntad popular aquí representada.

La relevancia del punto de Acuerdo que ahora pongo a su consideración, compañeras y compañeros Senadores, radica en que por primera vez esta Soberanía ejerza la facultad consagrada por la reciente reforma al artículo 94 constitucional, misma que nos permite solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con carácter prioritario…

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador Robles Montoya.

¿Con qué objeto, Senador Larios Córdova?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Con el propósito de pedir, bajo su conducto, se autorice al orador una pregunta.

- El C. Presidente Burgos García: ¿La autoriza el orador?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Concluida mi intervención, con mucho gusto, Senador Larios Córdova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Continúe el orador.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: …misma que nos permite solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva temas con carácter prioritario atendiendo el interés social o al orden público.

Por supuesto que este es un tema de interés público y social, toda vez que los estragos de la actual situación de seguridad siguen latentes en la vida de los mexicanos.

No podemos permitir que las víctimas no cuenten con una normatividad vigente que los auxilie en el doloroso proceso que significa sufrir en carne propia esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se sustancia en ese órgano jurisdiccional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION RESUELVA DE MANERA PRIORITARIA LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SUSTANCIACION EN ESE ORGANO JURISDICCIONAL

“El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 94 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Como es por todos sabido, desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), ha venido impulsando una agenda de justicia, reparación y memoria. Abanderando como exigencia principalque elEstado mexicano asuma su responsabilidad frente a lo sucedido en materia de seguridad estos últimos años.

Este arduo esfuerzo, motivado por el profundo dolor humano que la actual situación de inseguridad ha ocasionado, se vio concretado en una Ley General de Víctimas. Una ley impulsada y creada por las mismas víctimas, y que los legisladores de todos los partidos, a través de un ejercicio de sensibilidad política y congruencia, aprobaron por unanimidad. Primero por esta Soberanía el 25 de abril, y después por la colegisladora el día 30 del mismo mes.

El 29 de junio, el Senado de la República, en vozdel entonces Presidente de la Mesa Directiva, el Senador José González Morfín, y en estricto cumplimiento del apartado B del artículo 72, solicitó al secretario de Gobernación que ordenara la inmediata publicación de esta Ley, enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales desde el 10 de mayo.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado enviar observaciones sobre el texto aprobado. Para entonces, a juicio del legislativo, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio.

Ante esto, el 11 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió por unanimidad:

1) apoyar la solicitud emitida por el presidente del Senado el 29 de junio y;

2) rechazar las observaciones enviadas por el Ejecutivo enviado el 1de julio por considerarlo extompóraneo

El 19 de julio el Consejero Jurídico de la Presidencia, presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Hoy Ley General de Víctimasestácongelada, y así estará hasta que el pleno de la Suprema Cortese pronuncie al respecto.

CONSIDERACIONES

La actual actitud del Ejecutivo constituye un atentado a la división de poderes; representa un ataque frontal a la autonomía del Poder Legislativo, vulnerando el orden Constitucional y violentando el principio de representatividad política.

Ahora, el titular del Ejecutivo presenta una nueva iniciativa, desestimando que la SCJN se encuentra atendiendo una controversia que él mismo promovió, actúa como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera decretar a su antojo, utilizando además al Poder Judicialen su estrategia de dilación y manipulación.

Esta Soberanía, en un acto de elemental dignidad, estaría obligada a rechazar la nueva Ley que ahora se pretende presentar para su estudio, defendiendo la Ley General de Víctimas que ya fue promulgada y esperando a que la Suprema Corte se pronuncie al respecto.

Debemos entender que ceder a la propuesta del Ejecutivo, no sólo nos estaríamos sometiendo a nosotros mismos, sino que, y mucho más importante, estaríamos abdicando a nuestro mandato constitucional y traicionando la ley.

El Senado está obligado a defender institucionalmente la división de poderes, guardando estricta vigilancia del ordenconstitucional y defendiendo la voluntad popular aquí representada.

La relevancia del punto de acuerdo que ahora pongo a su consideración, radica en que por primera vez esta soberanía, ejerce la facultad consagrada por la reciente reforma al artículo 94 constitucional, que nos permite solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva temas con carácter prioritario atendiendo al interés social o al orden público.

Por supuesto, que este es un tema de interés público y social, toda vez que los estragos de la actual situación de seguridad siguen ntes en la vida de los mexicanos.

No podemos permitir que las víctimas no cuenten con una normatividad vigente que los auxilie en el doloroso proceso que significa sufrir en carne propia esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva, que en términos del párrafo noveno del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se substancia en ese órgano jurisdiccional.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la palabra el Senador Larios Córdova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Señor orador, el Senado tiene 2 alternativas: hay un diferendo entre la propia Cámara de Diputados y el Senado sobre la fecha de remisión de la iniciativa al Ejecutivo, que es la fecha que permite contar el plazo que tiene para publicación, ese diferendo lo tiene que resolver la Corte. En cualquier país democrático la Corte resuelve los diferendos.

Tenemos 2 alternativas: la alternativa de esperar a que la Corte, de acuerdo con los turnos y con el respeto absoluto de su autonomía resuelva esta controversia a ver quién tiene la razón sobre la fecha.

O la otra es: reformar la Ley de Víctimas y volverlo mandar a publicar.

Si el interés es proteger los derechos de las víctimas, me parece que este sería el camino.

Para usted: ¿Es más importante el camino de esperar a que la Corte resuelva la controversia o modificar efectivamente la Ley de Víctimas?

- El C. Presidente Burgos García: Conteste, Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Senador Larios Córdova, cuando yo hago uso de la tribuna, le debe quedar muy claro que no lo hago en un acto de protagonismo, sino porque hemos hablado con muchos impulsores de esta ley.

Ellos no entienden el planteamiento que está usted haciendo, y por eso he invocado a la congruencia de esta Soberanía, y he detallado con fechas precisas cómo se ha dado todo este proceso, y por eso, en el marco constitucional que nos rige planteo: “Que debemos ejercer lo que plantea el párrafo noveno del artículo 94 constitucional para solicitar, con respeto, pero exhortar a la Suprema Corte que sepa que este es un asunto prioritario, porque esta es la reforma que se buscó al modificar este artículo 94, que es un asunto prioritario para esta Soberanía y para, por supuesto, las personas que se han visto victimadas por la falta de seguridad en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a la Comisión de Justicia.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, a convocar a sesión extraordinaria con el objeto de que tomen protesta los suplentes de quienes solicitaron licencia al cargo de Diputados locales.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Por economía parlamentaria, solicito se inserte íntegro el cuerpo del presente punto de Acuerdo al Diario de los Debates.

Presentamos esta proposición con punto de Acuerdo, porque lo ocurrido el día de ayer durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislatura, es una violación a la ley.

La Diputación Permanente aprobó el 29 de agosto del año en curso la licencia definitiva solicitada por 20 de los Diputados que integraron la V Legislatura. Esas licencias fueron acordadas previamente por la Comisión de Gobierno de la Asamblea el día 20 de agosto, fecha en que se revolvió concederlas.

Los artículos 23 y 58, en su fracción XIV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, disponen el procedimiento para que los Diputados suplentes sean llamados a rendir la protesta.

Estos artículos literalmente señalan que:

Artículo 23. El Diputado que solicita licencia deberá hacerlo por escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, quien lo pondrá inmediatamente a consideración del Pleno para que éste resuelva lo conducente.

Durante los periodos de receso de la Asamblea, la Comisión de Gobierno resolverá lo conducente sobre las licencias que se soliciten.

Inmediatamente que la solicitud de licencia sea aprobada, se deberá proceder a llamar al suplente para que rinda la protesta constitucional y tome posesión del encargo.

Artículo 58. Son atribuciones de la Diputación Permanente: Ser órgano deliberativo de la Asamblea Legislativa durante los recesos; conocer cuando los Diputados sean separados de su encargo; así como conocer de las licencias, cuando sean aprobadas por la Comisión de Gobierno, y citar al suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente.

El día de ayer, a pesar de que la Ley Orgánica es clara y señala que los Diputados suplentes debían ser llamados inmediatamente para asumir sus cargos de representación popular, esto no se llevó a cabo.

Estamos frente a un caso grave de violación a la ley, un atropello a los derechos constitucionales de los Diputados suplentes, que fueron electos democráticamente, a quienes está privando de cumplir con su función.

Además, estos hechos representan, también, un atentado contra la vida institucional de la Asamblea Legislativa y contra la vida democrática de la ciudad de México. Las instituciones tienen que funcionar hasta el último día de su mandato.

Es por eso que presentamos esta proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, a que convoque inmediatamente a sesión extraordinaria, con el objeto de que tomen protesta los suplentes, de quienes solicitaron licencia al cargo de Diputados locales.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRISTO FEDERAL V LEGISLATURA, A QUE CONVOQUE INMEDIATAMENTE A SESION EXTRAORDINARIA CON EL OBJETO DE QUE TOMEN PROTESTA LOS SUPLENTES DE QUIENES SOLICITARON LICENCIA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES.

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108y276 del Reglamento del Senado de la República, someto CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRISTO FEDERAL V LEGISLATURA, A QUE CONVOQUE INMEDIATAMENTE A SESION EXTRAORDINARIA CON EL OBJETO DE QUE TOMEN PROTESTA LOS SUPLENTES DE QUIENES SOLICITARON LICENCIA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES , al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.-La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el miércoles 29 de agosto de la anualidad en curso la licencia definitiva de diversos diputados que a su vezla solicitaron a la comisión de gobierno de ese órgano legislativo y que fueron acordadas previamente en tal comisión en fecha 20 de agosto , en donde se resolvióconceder las licencias de diversos diputados, con fundamento en los artículos 10, fracción XVI, 23 y 44, fracción XIV, de la Ley Orgánica de de esa soberanía.

II.-Las licencias definitivas aprobadas fueron las de los Diputados Víctor Hugo Romo Guerra, Adolfo Orive Bellinger, Aleida Alavez Ruiz, Alejandro Carbajal González, Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Augusto Morales López, Claudia Elena Aguila Torres, Fernando Cuéllar Reyes, Fernando Rodríguez Doval, Guillermo Sánchez Torres, José Alberto Benavides Castañeda, José Arturo López Cándido, José Luis Muñoz Soria, Julio César Moreno Rivera, Karen Quiroga Anguiano, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María de Lourdes Amaya Reyes, María Alejandra Barrales Magdaleno, Mariana Gómez del Campo Gurza y Valentín Maldonado Salgado.

III.- Es el caso de que a pesar de que fueron convocados a la sesión de la diputación permanente del órgano legislativo local en comento de fecha 5 de los corrientes , los suplentes de los veinte diputados que pidieron licencia, para que tomaran protesta constitucional de su cargo, les fue impedido este derecho constitucional, por falta de acuerdo político del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo quesin mediar justificación coherente o legal alguna los suplentes de los veinte diputados en comento, no han tomado protesta como diputados locales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura.

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Que los artículos 23 y fracción XIV del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispone “ad literam":

ARTICULO 23.- El Diputado que solicite licencia deberá hacerlo por escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, quien lo pondrá inmediatamente a consideración del Pleno para que éste resuelva lo conducente.

Durante los períodos de receso de la Asamblea, la Comisión de Gobierno resolverá lo conducente sobre las licencias que se soliciten.

Inmediatamente que la solicitud de licencia sea aprobada, se deberá proceder a llamar al suplente para que rinda la protesta constitucional y tome posesión del encargo. Si no se presentase el suplente en el lapso de un mes, procederá lo conducente que señala el artículo 22 de este ordenamiento.

ARTICULO 58.- Son atribuciones de la diputación permanente:

XIV. Durante los recesos, conocer cuando los Diputados sean separados de su encargo, así como conocer de las licencias cuando sean aprobadas por la Comisión de Gobierno y citar al suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente;

(Énfasis Propio)

TERCERO.- En franca y abierta contravención a los dispositivos legales antes precitados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido omisa de convocar “inmediatamente” a los suplentes para que ocupen legítimamente el cargo para el que fueron electos mediante un proceso electoral democrático, en términos de la legislación en comento, violando con ello los principios de certeza y legalidad consagrado en los artículos 14° y 16° de la Carta Magna, asá como enfranca y abierta violacióny contravención a lo dispuesto en los artículos 35° y 36° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se esta impidiendo a mexicanos que ejerzan el cargo para el que fueron electos, lo que en un estado de derecho es inaceptable y desdeñable, ya que sin mediar un fundamento que en derecho o justa causa que se apoye se esta decisión, se esta privando a la ciudadanía de tener diputados que ellos eligieron, de ahí que devenga el interés público en este asunto.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, CON EL CARACTER DE URGENTE Y OVIA RESOLUCION el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.Se exhorta respetuosamente a la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que convoque de inmediato a sesión extraordinariao que dentro de los trabajos de la diputación permanente rindan ante ese órgano legislativo, la correspondiente protesta de ley los suplentes de los diputados que solicitaron definitivamente licencia al cargo de Diputado Local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federalen su V Legislatura.

SEGUNDO. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que de inmediato realice las gestiones necesarias a fin de sea garantizado el legitimo derecho de los suplentes a ocupar el cargo de Diputados Locales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que les fue conferido mediante elecciones democráticas en el Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Alejandra Barrales, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con el objeto de solicitar le pregunte por favor a la oradora si me acepta una pregunta.

- El C. Presidente Burgos García: Acepta una pregunta de la Senadora Alejandra Barrales.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Sí. Con mucho gusto.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senadora. Evidentemente hay una deuda importante con el Distrito Federal de parte del Senado, la legislatura anterior no nos permitió llevar adelante una reforma que le da derechos plenos al Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa, en particular; pero de cualquier manera, el marco jurídico de nuestra Asamblea Legislativa en la ciudad, le reconoce como un órgano legislativo autónomo.

Y me parece muy importante que prevalezca la congruencia para que no perdamos de vista el respeto que le debemos a ese órgano legislativo.

En concreto, y respecto al evento que se hace alusión, quiero preguntar, si la oradora conoce que en la Asamblea Legislativa en este momento hay un receso, está sesionándose en la Permanente, donde hay quórum suficiente, donde hay suplentes, si se conoce que estamos a escasos ocho días de concluir la actual legislatura; pero lo más importante, si se conoce que quien hoy encabeza la Mesa Directiva, que es la facultada para convocar a los suplentes, es el Diputado Pizano, de Acción Nacional.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Por supuesto que si se conoce, Senadora, y simplemente estoy trayendo este exhorto al Senado de la República, porque me parece muy pertinente que se pueda exhortar a la Asamblea Legislativa a que haga lo conducente, sobre todo si estamos hablando de derechos constitucionales.

El día de ayer desafortunadamente no pudieron tomar protesta. Yo no lo había querido decir aquí, en esta tribuna, porque no había acuerdo del PRD en la Asamblea con los suplentes, porque no estaban de acuerdo de que algunos de ellos acudieran a tomar protesta.

Por eso me atrevo a traer a este órgano legislativo la posibilidad de exhortar a la Asamblea Legislativa, para que independientemente de si quedan, un día, dos días, tres días, puedan tener los Diputados suplentes la posibilidad de esta toma de protesta.

De ser Diputados, no importa, Senadora, si es por cinco, por seis días; pero lo que queremos es que se cumpla con la ley.

Básicamente es eso. Hacer que se cumpla la ley.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Mariana Gómez. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a celebrar reuniones de trabajo en los estados donde se llevan a cabo los operativos coordinados en materia de seguridad, con el fin de evaluar avances y resultados en las entidades.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El presente punto de Acuerdo que presentamos el Senador por Morelos, Fidel Demédicis y un servidor, Senador por el estado de Guerrero, tiene la finalidad de exhortar a esta Asamblea, a que podamos aprobar una acción conjunta inmediata en favor de nuestras entidades.

Nuestras entidades no solamente están hermanadas por su historia, por su geografía, por la belleza escénica, sino que desafortunadamente ahora se encuentran hermanadas por la dura situación que se vive en materia de seguridad.

En Morelos, en lo que va del año, alrededor de 170 personas han perdido la vida; y en Guerrero, aproximadamente 667.

Y solamente analizamos los datos del último mes de agosto, estamos hablando de casi 100 personas, 98 para ser exactos.

Nuestros territorios, nuestros estados viven del turismo. Tienen sus ingresos dependientes de que la gente tenga confianza, se acerque a pasar un fin de semana, a descansar en un lugar en el que esperan desestresarse, en el que esperan obviamente tener condiciones distintas a las que viven día con día aquí en las zonas urbanas.

Y por eso nos parece importante subrayar la importancia y la urgencia de este punto de Acuerdo.

En las últimas cuatro semanas se ha incrementado de manera drástica la presencia de cuerpos mutilados, de hombres y mujeres que aparecen en las zonas más recónditas de nuestras ciudades, y que demuestran no solamente lo que hemos venido reiterando, las insuficiencias de esta estrategia de seguridad pública; pero que estamos convencidos, que si nos quedamos en una discusión simple y sencilla de ver quién es quien tiene la culpa, de ver si es el Ejecutivo Federal o son las autoridades estatales o municipales.

Independientemente del color que tengan, quién es quien tiene la responsabilidad, pues entonces, compañeras y compañeros Senadores, pues estaremos cayendo en lo que tanto nos criticaron en campaña las y los ciudadanos.

A mí me tocó recientemente en Acapulco escuchar y seguramente a muchas de ustedes, en Nuevo León, en Michoacán, en cada uno de los territorios que recorrieron, decirnos a los políticos: que teníamos la obligación de volver a acercarnos a los ciudadanos.

Y especialmente en el tema de seguridad pública, que teníamos la responsabilidad de atender la problemática, sin estar pensando en qué partido, qué orden de gobierno es el que se podía echar la culpa, y es el debate que hemos visto. En materia de auditorías, sobre las policías, pareciera ser que el debate que importa, si son los presidentes municipales o los gobernadores, o es el titular del Ejecutivo Federal.

Yo les digo, recordándoles, compañeras y compañeros, eso no le importa a los ciudadanos, lo que les importa es que no se caigan los ingresos por la inseguridad, lo que le interesa a la gente hoy de Acapulco o de Cuernavaca, es que la gente siga yendo, para que no se caiga el dinero en sus bolsillos, los ingresos con los que llevan alimentos a su casa.

Por lo cual, compañeras y compañeros, yo los exhorto, precisamente, a que este tema lo empecemos a ver con una dimensión mayor, lo empecemos a ver en la altura de miras que reclama la certidumbre y la certeza que nos exigen las personas que representamos.

Aquí estamos representando el Pacto Federal, estamos representando las 32 entidades de la República, y el sufrimiento o la felicidad de las familias que ahí habitan.

Por eso yo les pido que este tema, que es especialmente urgente en territorios que viven del turismo, y que no se pueden esperar a que conformemos una comisión, a que hagamos un análisis con una gran claridad, sobre si la política pública está funcionando o no, y ver a quién le repartimos culpas.

Que podamos aprobarlo de manera urgente, para que podamos pedirle a los titulares de los tres órdenes de gobierno, en participación con los ciudadanos y ciudadanas, que se evalúe qué es lo que se tiene qué hacer, qué resultados están llevándose a la práctica, qué es lo que está fallando y, especialmente, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar en lo inmediato.

Por eso, compañeras y compañeros, yo les pido que aprobemos este punto de Acuerdo, que el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como de las entidades de Morelos y Guerrero, que representamos el Senador Fidel Demédicis y yo, para que junto con las autoridades municipales y especialmente, y lo subrayo, con la participación de ciudadanas y ciudadanos, se puedan llevar a cabo reuniones de trabajo que permitan en la toma de decisiones una evaluación compartida y sentar las bases para el tipo de acuerdo que reclama esta gran problemática, que es el tema de seguridad pública en el país.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CIUDADANO FELIPE CALDERON HINOJOSA A CELEBRAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS ESTADOS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS OPERATIVOS COORDINADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PRIORITARIAMENTE EN GUERRERO Y MORELOS, CON EL FIN DE EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS EN LAS ENTIDADES

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los que suscriben, SENADORES ARMANDO RIOS PITER y FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR AL CIUDADANO FELIPE CALDERON HINOJOSA, A CELEBRAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS ESTADOS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS OPERATIVOS COORDINADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PRIORITARIAMENTE EN GUERRERO Y MORELOS, CON EL FIN DE EVALUAR, CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, AVANCES Y RESULTADOS EN LAS ENTIDADES; ASI COMO INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A FUNCIONARIOS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACION DE LOS GOBERNADORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública -Policía Federal-, en conjunto con la SEDENA, SEMAR y PGR, llevan a cabo operativos coordinados en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Este programa, como lo señala el titular del Ejecutivo Federal, tiene el objetivo de contención y debilitamiento del crimen, el fortalecimiento institucional, principalmente en el ámbito local, así como la reconstrucción del tejido social.

En su momento, Felipe Calderón destacó que “se llevaría a cabo un incremento sustancial de la presencia del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal para colaborar con las autoridades estatales en detener la acción de los criminales, reducir y mitigar su efecto nocivo sobre los ciudadanos y las familias”.

Sin embargo, para nadie es extraño, escuchar que en la mayoría de las entidades, la población externe con preocupación, que el clima de violencia va en aumento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2007 a 2011 se han registrado en el país, un total de 95 mil 632 homicidios en México, más del 57 por ciento de éstos corresponden a la guerra contra el narcotráfico. De forma detallada tenemos que en 2007 el registro fue de 8 mil 867, en 2008 de 14 mil 006, en 2009 de 19 mil 803, en 2010 de 25 mil 757 y en 2011 de 27 mil 199. El crecimiento de 2011 respecto de 2007 es del 207 por ciento, lo cual nos refleja a todas luces, que la violencia e inseguridad se ha generalizado.

A pesar de que los operativos conjuntos iniciaron prácticamente a la par del inicio del sexenio, hoy, a punto de concluir el mandato de Felipe Calderón, el crimen organizado no ha dejado de poseer el control de regiones enteras del territorio nacional y, por el contrario, la violencia continúa recrudeciéndose. Prueba de ello es que hace apenas unos días, a finales del mes de agosto, el propio INEGI dio a conocer que 2011 fue el año más violento del sexenio.

En el tema específico de los muertos a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República la cantidad hasta marzo de 2012 ascendía a 54 mil 750 personas, en 2007 el número de fallecidos fue de 2 mil 826, en 2008 de 6 mil 837, en 2009 de 9 mil 614, en 2010 de 15 mil 273, en 2011 de 16 mil 400, y en el período enero-marzo 2012 de 3 mil 800, el crecimiento de 2011 respecto de 2007 llega a 480 por ciento, supera con más del doble al crecimiento generalizado de los homicidios en el país.

Los Estados de Guerrero y Morelos, en particular han sufrido una alarmante descomposición social acelerada, se les ha robado la tranquilidad, y el territorio se encuentra secuestrado para la sociedad, las ejecuciones de mujeres, hombres, niños, homicidios con lujo de violencia y escenarios dantescos, alerta contra un terror creciente, el cual no se merecen sus comunidades; Morelos con más de 170 muertos, y Guerrero que supera los 667, en lo que va del año, son una señal de alerta, que debe de atenderse en lo inmediato.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en el número de homicidios, debajo de Chihuahua, y el tercer lugar en el país por asesinatos con 2 mil 425 en 2011, superado por el mismo estado del norte y el Estado de México.

La sociedad exige ver resultados que le devuelvan la confianza en sus instituciones, no debe ser una opción que las familias prefieran abandonar sus patrimonios, cerrar fuentes de empleo, perder amigos y entorno, es decir su vida, por concecuencia de la delincuencia, y éstos en el caso de quienes pueden hacerlo, porque quienes cuentan con menos recursos, que son la mayoría, sólo pueden lamentarse, y agazaparse para tratar de pasar inadvertidos de una delincuencia que afecta sin distinciones.

Según un estudio, aprobado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 140 mil personas han sido desplazadas desde 2007 debido a la violencia provocada por los enfrentamientos en las comunidades. Los estados con mayor número de desplazados debido a la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz.

Reiteramos, las cifras deben guiar a tomar acciones inmediatas, ya que reflejan que el país está atravesando por una etapa de violencia que día a día va en aumento, y que lo aleja del ideal de bienestar y pleno desarrollo. El estado de Derecho se ha reducido a un estado de hecho deplorable. Se ha vuelto cotidiano ver en los medios de comunicación, noticias que atañen al tema de la violencia, cabe mencionar que agosto de 2012, ha sido el segundo mes más violento en el sexenio de Felipe Calderón, con más de mil 324 ejecuciones.

Es imperativo abrir un canal de comunicación permanente entre el titular del Poder Ejecutivo y los ciudadanos del país, que dé transparencia a los alcances y limitaciones del programa de los operativos coordinados de seguridad y que permita a los mexicanos, conocer la situación real y su proyección, en una dinámica de intercambio de ideas, acciones y propuestas, con una alta injerencia social; en estas localidades los Senadores y Senadoras de la República estamos obligados a provocar una participación efectiva.

Si bien es cierto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la atribución del Consejo Nacional para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública, así como la potestad de invitar a sus reuniones a representantes de la sociedad civil, también lo es que estos canales de comunicación resultan ciertamente insuficientes y muy poco representativos de los diversos sectores sociales y de la mayoría de los ciudadanos, que a fin de cuentas son quienes resienten directamente los efectos devastadores de la criminalidad, y la eficacia o no de los programas.

Por tal razón, se propone al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que estas evaluaciones se celebren en un formato abierto a la participación de diversos sectores de la sociedad en las entidades, tal y como se hizo en el caso de Cd Juárez, Chihuahua, con el programa “Todos somos Juárez”, en febrero de 2010. Si bien los resultados en dicha localidad, son aún incipientes, demuestran que el intercambio directo con la ciudadanía, permite fortalecer las estrategias, especialmente, si los trabajos se realizan en un contexto de políticas públicas integrales, y no sólo bajo la lógica estricta de la fuerza pública.

En el mismo tenor, es importante conocer los avances del modelo nacional de evaluación y control de confianza, que se aplica a funcionarios y cuerpos de seguridad, de los tres órdenes de gobierno.

En fechas recientes, se ha dado a conocer que pese al compromiso adquirido por parte de las autoridades estatales, de que para 2013, el 100 por ciento de los elementos de corporaciones de seguridad estarían certificados, de un total de 429 mil 672 policías federales, estatales y municipales que existen en el país, únicamente 39.15 por ciento se ha sujetado a las evaluaciones de control de confianza y un promedio de más de 20 por ciento no aprueba

El reto que aún se tiene por la seguridad pública del país es completar este proceso, y que los gobernadores y presidentes municipales cumplan con la ley, se tiene que convertir en un programa exhaustivo y eficiente de depuración.

Por todo lo anterior, en calidad de Senadores del grupo parlamentario del PRD, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERA.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, a visitar las entidades donde se desarrollan los Operativos Coordinados en materia de seguridad, prioritariamente en Guerrero y Morelos, con el fin de evaluar los resultados de manera abierta, con la participación de diversos sectores de la sociedad.

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta a los gobernadores y presidentes municipales de las entidades donde se desarrollan los Operativos Coordinados, a participar en las reuniones mencionadas, con el fin de conocer los avances sobre el proceso de evaluación y control de confianza a elementos de corporaciones de seguridad, y el alcance que han tenido las propias autoridades locales para cumplir en esta materia.

Dado en el salón de sesiones de Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Burgos García: Como ha sido solicitado, solicito a la Secretaría que con fundamento en los artículos 109….

¿Con qué objeto?, Senadora Hernández Lecona.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Solicitarle al Senador Armando Ríos Pitter el poderme adherir a su punto de Acuerdo, por estar representando en el Senado al estado de Morelos.

Gracias, Senador.

- El C. Presidente Burgos García: Aceptado. Como se ha solicitado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene el uso de la palabra el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente; amigas y amigos Senadores:

El asunto que hoy nos ocupa es sin duda el tema que más lastima y lacera a las y los mexicanos. No hay mucho que argumentar a lo que aquí se ha dicho, todo aquello que trastoque el tejido social, que lastime a la gente, que genere zozobra e intranquilidad, angustia en las y los mexicanos, es tema que nos ocupa y al cual tenemos que abocarnos todos sin exclusión alguna.

Quisiera expresar que a lo largo y ancho de la nación hemos venido escuchando estas voces que reclaman resultados eficaces y oportunos a un asunto que ha venido a lastimar y a trastocar el tejido social.

Tenemos que reconocer que ha habido esfuerzos institucionales, que hay hoy en día una coordinación estrecha entre las instituciones del gobierno federal encargadas de la materia, los estados y los municipios, sin embargo, los resultados son insuficientes.

De tal manera que en esta etapa en la que concluye una administración federal se hace aún mucho más importante el hacer un esfuerzo adicional de coordinación que convoque a los tres ámbitos de gobierno y a la sociedad para que podamos darle un último jalón a las acciones en materia de combate a la inseguridad y a la violencia.

Como aquí se expresó por parte del Senador Armando Ríos Pitter, en entidades como las nuestras, Guerrero y Morelos, y por supuesto en la entidad hermana de Michoacán, estamos enfrentando en los últimos meses violencia que altera no solamente la actividad económica o las actividades económicas fundamentales de nuestros estados, sino inquieta a la gente y esto que lastima a los ciudadanos es algo que nos tiene que preocupar a todos.

Por ello, me parece que es indispensable que se apruebe este punto de Acuerdo que apoyamos la fracción parlamentaria del PRI, porque no queremos que se relaje en estos últimos meses por razones de la conclusión de una administración federal, una prioridad para las y los mexicanos.

Creemos que es importante llevar a cabo las reuniones necesarias para evaluar, para darle seguimiento a las acciones coordinadas en donde los ciudadanos expresen, manifiesten sus inquietudes y podamos tomar decisiones conjuntas que nos sirvan a todas y todos los mexicanos en estos momentos que enfrentamos todos un problema que debe de ser de preocupación colectiva.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto que respaldamos este punto de Acuerdo, que sea para bien de la gente, que sea para bien de México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Tiene la palabra, para hablar en pro, el Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Cuando pensamos en este punto de Acuerdo el Senador Armando Ríos y su servidor, por supuesto que reflexionamos mucho en lo que está pasando en este país.

Morelos ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia, con la complacencia de los gobiernos estatales de Acción Nacional.

Primero, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, que fue enjuiciado políticamente por la cámara local, por sus vínculos con el narcotráfico. Después por el actual Gobernador Marco Antonio Adame Castillo, que en su haber tiene el haber liberado a la Barbie; Cabeza de Vaca, el Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Estrada Cajigal, fue ratificado por Marco Antonio Adame Castillo.

Refiere en su declaración la Barbie, ahora preso, que fue aprehendido por Cabeza de Vaca, y que por instrucciones superiores fue dejado libre y que a cambio de esa libertad le otorgó un donativo de 50 mil dólares a quien lo había libertado, es decir, a Cabeza de Vaca.

Calderón deja a nuestro país en guerra. Y nos preocupa el hecho de que Enrique Peña Nieto ha declarado que no va a cambiar la estrategia para combatir a la delincuencia organizada.

El Senado de la República por supuesto que tiene estar pendiente de las acciones que contra la delincuencia organizada emprenda el Presidente Electo de este país.

México no se merece lo que le está pasando.

México no merece vivir una etapa más de terror, el pueblo tiene una psicosis colectiva, y la obligación del gobierno de Peña Nieto es coadyuvar con una estrategia diferente para que México salga de esta pesadilla.

Recuerdo que hubo una campaña sucia contra nuestro candidato en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de que era un peligro para México, y veamos quién resultó el peligro para nuestro país.

Por eso, los Senadores y Senadoras del PRD no reconocimos jamás a Felipe Calderón Hinojosa, su estrategia ha dejado más de 100 mil muertos. Las cifras en Morelos, una vez que se instala El Morelos Seguro, mayo 48 ejecutados, 44 hombres, 3 mujeres y 1 menor; junio 51 ejecutados, 44 hombres, 7 mujeres; julio 79 ejecutados, 69 hombres, 4 mujeres, 6 menores; agosto 57 ejecutados, 40 hombres, 14 mujeres y 3 menores; es decir, de mayo a agosto en mi estado van 235 ejecutados.

Cómo no se va a ahuyentar el turismo, cómo no se van a ahuyentar las inversiones de Morelos, cómo no se van a ahuyentar las inversiones del país si México vive una era de terror, incluso países como Estados Unidos e Inglaterra han señalado que no vengan a Morelos y a Guerrero por la situación tan grave que se vive en materia de seguridad.

Por eso, compañeros Senadores, al margen de colores, al margen de ideologías, yo sí los convoco a que votemos por unanimidad este punto de Acuerdo y que se pueda hacer una evaluación precisa y contundente de lo que está pasando con Morelos Seguro, con Guerrero Seguro y con México Seguro.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

La legislación vigente en materia de seguridad nacional, así como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, fueron elaborados para coordinar esfuerzos, recursos tanto humanos como económicos entre los tres órdenes de gobierno para disminuir a corto plazo la violencia y a largo plazo terminar con la delincuencia organizada y reestablecer la paz social y la seguridad de los mexicanos.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está de acuerdo con que se lleven a cabo todas las reuniones de trabajo necesarias para evaluar los avances y resultados en materia de seguridad, pero de manera especial ponemos énfasis en los referentes a la certificación y acreditación policial. Para muestra, unos datos de la asociación civil Causa en Común, que dirige la doctora María Elena Morera, y que se dedica a observar y dar seguimiento a la certificación y acreditación de policías estatales y municipales, datos que son por demás preocupantes.

Del universo de policías estatales se tiene un avance del 51% de evaluaciones, y 49% de éstos aún no han sido evaluados. De los elementos evaluados el 67.7% han sido aprobados, el 13.7% reprobado, y el 18.5% están pendientes de resultados, esto significa que de todos los policías estatales sólo tenemos certeza que el 34% de éstos están fuera de alguna banda del crimen organizado o limpios.

Del universo municipal el avance es aún menor, se tiene un avance de apenas el 47.4% en evaluaciones realizadas; 52 .5% no han sido evaluados aún. De los elementos evaluados el 53% ha aprobado y 24.3% ha reprobado, 22.5% están aún pendientes de resultados, esto significa que de todos los policías municipales, que son la gran mayoría, tenemos solamente la certeza de la limpieza de éstos del 25%.

Por eso, aún más preocupante un dato, de los 37 mil 604 elementos que no aprobaron el examen de control de confianza, sólo se ha dado de baja al 8.8%, es decir, 34 mil 278 elementos que no aprobaron el examen de control de confianza siguen trabajando en diversas corporaciones estatales y municipales. Este es el gran pendiente de todas las administraciones municipales y estatales, la depuración total de las policías.

A nivel federal, y de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al 30 de junio de este año, el 100% de los policías federales han sido evaluados, y sólo falta el 8% de resultados por entregar. El gobierno federal ha destinado en los últimos tres años más de 2 mil 100 millones de pesos para la creación de los centros de control de confianza en todas las entidades federativas. La falta de recursos no puede ser excusa alguna para evitar la responsabilidad que tienen gobiernos estatales y municipales en este caso.

De los 17 estados en donde se llevan a cabo operativos coordinados, gobiernan tanto PAN, PRI y PRD. El primer operativo de esta naturaleza se llevó a cabo en Michoacán a petición del ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

No podemos dejar de lado la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en este tema, esta es la clave para terminar con este mal, que todos, sin importar colores y partidos, tomen parte de su responsabilidad para combatir la inseguridad. El Presidente Calderón ha atendido a la ciudadanía en general como nunca antes lo había hecho un Presidente, en especial en el tema de seguridad ha sido sensible al respecto.

Como lo hizo en Juárez lo ha hecho en toda la República, ha escuchado y llevado las inquietudes y preocupaciones de los mexicanos. Los Senadores de Acción Nacional estamos a favor de este punto de Acuerdo, pero de igual forma pensamos que se debe exhortar a las entidades federativas a terminar con la creación de los centros de evaluación y control de confianza, así como la inmediata acreditación y certificación del 100% de sus policías estatales y municipales, para que de esta forma los ciudadanos se vuelvan a sentir tranquilos con tener policías locales y federales confiables.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Tiene el uso de la voz el Senador Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para hechos.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que el tema de seguridad es uno de los temas más delicados en el país, y por supuesto que no podemos estar en contra de que se lleven a cabo acciones que vengan a mejorar; pero sí hay que ser muy precisos en el tema cuando se viene aquí a tribuna, y lo he visto desde el martes, a acusar a la estrategia del gobierno federal como la responsable de las muertes que ha habido en este país.

Hay que entender el fenómeno del narcotráfico, y hay que entenderlo como ha estado sucediendo en otros países. El fenómeno del narcotráfico pasó de ser el trasiego, de pelear las rutas para llegar y llevar las drogas a Estados Unidos, a convertirse en un negocio de narcomenudeo.

Cuando se lleva una tonelada de cocaína a Estados Unidos se requiere poca gente. Quién maneje, quién dé vista delante de que no vaya a haber retenes, hay sobornos a algunos policías municipales, algunos federales, pero finalmente depositan esa droga en Estados Unidos.

Pero no es lo mismo entregar una tonelada de cocaína en Estados Unidos a distribuir un millón de dosis en el país, y para eso requieren de un ejército de gente en cada esquina, en cada cuadra para que lleven a cabo esa situación. Y eso es lo que ha pasado en México, a los cárteles les interesó el mercado local, casi 30 mil millones de dólares que se ganan por año, y obviamente empezaron por el control del territorio; y control del territorio es pelear cada manzana, cada municipio y cada estado, y por supuesto un cártel corre al otro; un cártel amenaza al otro, y ¿cómo lo hacen?, a través de ir eliminando a sus propios elementos que llevan a cabo este tipo de violencia.

Hay que explicar la violencia desde sus orígenes, y no culpar a la estrategia del gobierno federal que obviamente tenía que entrar a hacer algo, porque en muchos estados ya éramos rehenes de los narcotraficantes, ya había compra de pisos, ya había secuestros, ya había narcomenudeo en cada una de las esquinas, se tenía que hacer algo, y por supuesto creo que la estrategia del Presidente Calderón tenía que definirse entre tres cosas: Dejar hacer, dejar pasar y hacer como que nada sucede, como lo hizo Mario Villanueva en Quintana Roo -por cierto hoy preso en Estados Unidos-, ¿pactar con el narcotráfico como lo hizo Yarrington en Tamaulipas?; ¿esperar las reformas pendientes del Congreso para que podamos entrar a un combate frontal contra el narcotráfico?, o ¿hacer lo que se está haciendo?, pedirle a la Marina, pedirle al Ejército que salga a defender la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Aquí se viene a criticar mucho y se viene a señalar las estrategias del gobierno federal, pero nadie hace una propuesta alterna; yo no he escuchado a alguien que señale que debe de retirarse el Ejército de las calles al día de hoy. No he escuchado a alguien que venga y diga que no debemos de combatir a los narcotraficantes.

Creo que en este periodo del gobierno del Presidente Calderón hay logros que también hay que reconocerle, y les voy a dar cinco cifras rápidas: 114 toneladas de cocaína decomisadas; 11 mil toneladas de marihuana; 75 toneladas de metanfetaminas; se han asegurado 100 mil vehículos terrestres; 515 marítimos; 578 aéreos; y más de 1,000 millones de dólares en efectivo.

La pérdida en esta estrategia para los narcotraficantes ha sido de 14,500 millones de pesos.

Entre diciembre de 2006 y julio de 2012, se aseguraron 154 mil armas, más del 70% que en años anteriores; 16 millones de municiones; pero además, y algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, 18 mil granadas y explosivos; y se han capturado 22 de los 37 criminales más buscados por la Procuraduría General de la República.

Vamos a votar a favor del punto de Acuerdo, pero creo que debemos de tener una visión más objetiva respecto del por qué nace la lucha contra el narcotráfico; y en segundo lugar, cuáles son los verdaderos alcances de este trabajo por parte del gobierno federal.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.

Para hechos, tiene el uso de la palabra el Senador Ríos Piter, desde su escaño.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Escuché con detenimiento el planteamiento del compañero Jorge Luis Preciado, sin duda alguna Colima también tiene problemas, como los presenta Morelos, como los presenta Guerrero, como los presentan muchas entidades de nuestro país, y me parece que este tema, que espero que sea un tema que nos acerque, en lugar de que nos distancie, es un tema en el que tendremos que ser sumamente firmes en la crítica, qué es lo que está ocurriendo mal, sin duda alguna ahí, cada partido político, cada grupo parlamentario tendrá una visión de lo que considere, bajo su óptica, qué está bien o qué está mal.

Sin embargo, el propósito de este punto de Acuerdo es pedir precisamente que con urgencia quienes estamos encargados de representar a esos ciudadanos y ciudadanas que sufren el problema de inseguridad, podamos tener reflejos rápidos. Que no nos quedemos horas, días, meses e incluso un sexenio discutiendo si la política es buena o si es mala; de tal manera que yo lo invito, compañero Senador, y los invito a todos, que nos acompañen en este punto de Acuerdo, pero sobre todo que empecemos a construir una plataforma que nos saque de las trampas mentales en las que hemos estado en este tema que es el que más le preocupa a la gente que representamos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Ríos Piter. Quiero informar a la Asamblea, con objeto de precisar, el texto entregado por el Senador Ríos Piter tiene algunas precisiones con respecto a la versión que se publica en la Gaceta, en consecuencia, le solicito a la Secretaría dé lectura a la versión entregada a esta Mesa Directiva por el Senador Ríos Piter.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: El Acuerdo queda de la siguiente manera:

UNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal así como a los estados de Morelos y Guerrero, para que junto con autoridades municipales, y especialmente con presencia de ciudadanas y ciudadanos, a que se desarrollen reuniones de trabajo que permitan evaluar resultados y desarrollo de acciones inmediatas e integrales que atiendan la problemática de seguridad que en últimas fechas se han presentado en dichas entidades.

Servido, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la anterior propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce el buen desempeño del gobierno de la República, por la mejor calificación obtenida de México en el Indice de Competitividad Global, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con el permiso de la Presidencia; compañeros Senadores:

México es mejor ahora, la economía ha sido manejada con total responsabilidad en los dos últimos sexenios, particularmente en la gestión del Presidente Felipe Calderón.

La fortaleza de nuestra economía ha sido reconocida incluso a nivel internacional. Durante el primer semestre de 2012, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento real anual de 4.3%, que es mayor al promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha recibido numerosos reconocimientos en esta materia. En 2010, durante la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la política económica de México recibió comentarios positivos por parte de la comunidad internacional.

Igualmente, en 2011, la revista Latin Finance otorgó al gobierno mexicano el reconocimiento como el mejor emisor soberano, así como el premio a la mejor Emisión de Deudas Soberanas en el marco de los premios Deals of the Year Awards.

Esta buena sesión económica se refleja en los resultados de México en el Indice de Competitividad Global 2012-2013, que publica el Foro Económico Mundial, donde se analiza anualmente la capacidad de un país para determinar su productividad y crecimiento en mediano plazo, con base en una serie de factores trascendentes para reconocer las fortalezas y debilidades de cada acción.

En su publicación más reciente, el Indice de Competitividad Global colocó a México en su mejor calificación en la historia, al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7. El año pasado registró una calificación de 4.29, y así alcanzamos el lugar 53 de 144 economías, avanzando 5 lugares en la medición.

De los 12 pilares del índice, México mejoró en 7: desarrollo del mercado financiero, eficiencia del mercado laboral, instituciones, sofisticación de negocios, innovación, eficiencia del mercado de bienes y salud, así como en educación primaria.

Pero además del reconocimiento internacional, los indicadores internos muestran el correcto manejo económico; desde el 2001, la inflación se ha reducido de forma drástica, del promedio de 19.5% que se tuvo durante la década de los 90´s, los gobiernos del PAN lograron reducirlo a un 5.4% en promedio anual.

La inflación de la Canasta Básica se redujo de un 20.3% en la década de los 90´s a un 5.1% de la inflación actual en promedio.

Existe un permanente crecimiento de inversión en el país, ayer se anunció que Audi invertirá mil 300 millones de dólares en la primera fase de la construcción de su nueva planta en Puebla, la primera de la marca en el Continente Americano, comenzará a construirse a mediados de 2013 y se espera que hasta 2016 produzca unas 150 mil unidades anuales, y no se trata de un caso aislado en esta industria, México sigue consolidándose como una potencia productora y exportadora de la industria automotriz y de autopartes.

La producción durante 2011 fue 50% mayor que la alcanzada durante el periodo de 1990 a 2000, conscientes de que México tiene muchos retos, cuya resolución depende en gran medida de nosotros mismos, así como de los otros poderes, especialmente en el orden local, no podemos negar que en esta materia México ahora es mejor.

Por lo anteriormente argumentado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República reconoce el buen desempeño económico del gobierno de la República, reflejado en la publicación más reciente del Indice de Competitividad Global, que coloca a México con su mejor calificación en la historia al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7, y avanzando 5 lugares.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a instalar las comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas pendientes en materia económica, para seguir fortaleciendo nuestra economía y alcanzar el crecimiento necesario en beneficio de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Rojas Hernández. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política constituya una Comisión Especial para el Estudio Comercial Anti-Falsificaciones, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 11 de julio el Ejecutivo Federal firmó el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, ACTA, por sus siglas en inglés, a través del Embajador de México en Japón, país depositario de dicho instrumento.

En términos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 237 y 238 del Reglamento del Senado de la República, corresponderá ahora a esta Cámara iniciar el procedimiento especial de estudio, análisis y dictamen respecto a esta convención internacional.

Como sabemos, el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, es una propuesta para un pacto comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global, sin embargo, más allá de sus aparentes propósitos, son evidentes graves vicios de validez en el contenido y en el proceso de negociación del denominado Acuerdo Comercial.

En principio, respecto a nuestro país, la firma del instrumento internacional está afectada de un vicio de origen, dado que desde las instancias del Ejecutivo Federal se condujeron las negociaciones con sigilo y opacidad.

La Cámara de Senadores no fue notificada formalmente respecto al inicio de estas negociaciones, tampoco informado puntualmente respecto al avance y al estado de las negociaciones, menos aun en relación a los alcances y compromisos que implica dicha negociación y las normas legales y administrativas que tendrán que modificarse de acuerdo con dicho tratado.

Indudablemente que la ratificación del ACTA significa para México la obligación de modificar y ajustar, conforme a sus términos, la legislación nacional. Como consecuencia, este Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones implicaría para el Estado mexicano establecer en nuestra legislación severas medidas restrictivas a la libertad y el uso del Internet.

En este sentido, el ACTA significa en México profundizar esta brecha digital, perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo a través del Internet sin orden previa de autoridad judicial, producirá una violación flagrante al artículo 6o. de nuestra Constitución, que consagra el derecho a la información y, obviamente, la obligación del Estado mexicano a garantizarla.

Facultar a los proveedores a determinar cuando sea vulnerado un derecho de propiedad intelectual, y en base a ello, decidir realizar monitoreos en las actividades de los usuarios de Internet, implica también una violación flagrante a las garantías de audiencia y legalidad.

También el denomindado software libre estaría en serio riesgo si este tratado se firma, entre otras cosas porque daría lugar al cierre de diversos tipos de páginas web encargadas de la distribución de este tipo de programas.

Del mismo modo, es patente el peligro de que los acuerdos del ACTA se utilicen como pretexto a la censura de contenidos en Internet, por ejemplo, al cierre directo de blogs, apoyándose en el no respeto del copyright de alguna imagen de texto.

En este contexto, los graves riesgos que conlleva esta convención internacional para derechos fundamentales de los mexicanos, exige de una mayor publicidad y transparencia.

En el caso específico, no basta, desde nuestra perspectiva, con turnar el estudio a comisiones de dictamen; el procedimiento de dictamen debe efectuarse de una manera pública y de cara a la sociedad.

La trascendencia de las cuestiones en juego, exige la conformación de una comisión especial, que como instancia plural de manera específica y en forma paralela a los trabajos de las respectivas comisiones de dictamen, organice y dirija trabajos de estudios y análisis del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo, apelando también a que es nuestra responsabilidad el que todas las mexicanas y los mexicanos tengamos acceso al gran acervo cultural educativo que hay en la red.

Primero. La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de esta Cámara de Senadores la constitución de una comisión especial que organice y dirija trabajos de estudio y análisis en el procedimiento especial de dictamen que se inicie con motivo de la firma por parte del titular del Ejecutivo Federal, del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones.

Segundo. La comisión especial tendrá por objeto organizar y dirigir en forma paralela los trabajos de las comisiones de dictamen respectivas, trabajos de estudio y análisis del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, desahogando una amplia consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

De esta manera lograríamos incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes consultándoles.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA SOMETA A LA APROBACION DEL PLENO DE ESTA CAMARA DE SENADORES LA CONSTITUCION DE UNA COMISION ESPECIAL QUE ORGANICE Y DIRIJA TRABAJOS DE ESTUDIO Y ANALISIS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DICTAMEN QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA FIRMA POR PARTE DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL ACUERDO COMERCIAL ANTI-FALSIFICACIONES

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 11 de julio, el Ejecutivo Federal firmó el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés -Anti Counterfeiting Trade Agreement) a través del Embajador de México en Japón, país depositario de dicho instrumento.

En términos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 237 y 238 del Reglamento del Senado de la República, corresponderá ahora a esta Cámara iniciar el procedimiento especial de estudio, análisis y dictamen respecto a esta convención internacional.

Como sabemos, el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, es una propuesta para un pacto comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”.

El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la “distribución en Internet y las tecnologías de la información”.

El instrumento internacional comenzó a negociarse en 2007 por representantes de la mayoría de la OCDE y otros países invitados de Oriente Medio. Su objetivo, desde entonces se dijo, consiste en “poner un punto de referencia nuevo y más elevado sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual al que los países se puedan unir voluntariamente”.

Sin embargo, más allá de sus aparentes propósitos, son evidentes graves vicios de validez en el contenido y en el proceso de negociación del denominado Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.

En principio, respecto a nuestro país, la firma del instrumento internacional está afectada de un vicio de origen, dado que desde las instancias del Ejecutivo federal se condujeron las negociaciones con sigilo y opacidad.

La Cámara de Senadores no fue notificada formalmente respecto al inicio de las negociaciones, tampoco informada puntualmente respecto al avance y estado de las negociaciones; menos aún, en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación y las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

Indudablemente que la ratificación del ACTA significaría para México la obligación de modificar y ajustar conforme a los términos de la convención, la legislación nacional.

Así por ejemplo, contempla otorgar a las autoridades judiciales la facultad de “ordenar medidas provisionales puntuales y eficaces”. Sin embargo, no establece alguna garantía procedimental para el supuesto infractor, de dónde derivarían violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, relativas a la seguridad jurídica y debido proceso, así como la garantía de audiencia.

Asimismo, aunque ACTA prevé la adopción por las partes de medidas expeditas para prevenir y disuadir violaciones al derecho de propiedad intelectual, no establece con precisión cuáles podrán ser estos medios expeditos, ni cómo deberán instrumentarse.

El artículo 27.2 del Acuerdo contiene también imprecisiones de redacción al establecer una protección en “redes digitales” que, al igual que el término “ámbito digital”, no se define y, en consecuencia, el concepto que denota puede ser objeto de una interpretación amplia, en perjuicio de la certidumbre jurídica.

Asimismo, el artículo 27.2 contiene un pie de página identificado con el número 13, cuya interpretación sugiere que los proveedores de servicios de internet, (ISPs) podrían tener como responsabilidad y facultad conocer lo que se comunica por internet.

Esta interpretación convertiría al proveedor de servicios en una autoridad de facto que decidiría qué contenido o transmisión es contraria a la legislación y, por tanto, afectaría los derechos de los usuarios al debido proceso, violentando las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, entre otros.

Por otra parte, el artículo 27.4 prevé la creación de un procedimiento por el cual una autoridad competente podrá solicitar a un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) que proporcione a un titular de derechos, información suficiente a fin de identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume ha sido utilizada para realizar una infracción.

La entrega directa de datos personales a otra persona diferente a la autoridad competente, no es acorde con la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares.

En lo relativo al tema de impacto en costos de servicios de internet, del cumplimiento de las disposiciones de ACTA resultaría un incremento de costos para los proveedores de servicios de internet, derivando en un encarecimiento del servicio en detrimento de la necesaria universalización de estos servicios.

Como consecuencia, el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones implicaría para el Estado mexicanoestablecer en nuestra legislación severas medidasrestrictivas a la libertad y uso de Internet

Limitar el acceso a Internet derivaría en ampliar la brecha digital, y retrasar gravemente el acceso de México a la sociedad de la información y el conocimiento. Más aún cuando nuestro país tiene niveles de penetración a las nuevas tecnologías mucho más bajos que la mayoría de los demás países que han suscrito el tratado.

En este sentido, ACTA significa profundizar la brecha digital y cognitiva en México. Porque la suscripción de ACTA inhibiría el acceso a los bienes culturales que abundan en la red.

Por primera vez en la historia de la humanidad, las tecnologías de la información y comunicación están haciendo posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Pero para que esa igualdad sea real es preciso que se garantice también la universalidad de la banda ancha para que cualquier persona pueda disponer de una conexión de banda ancha.

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de los usuarios de la red y su defensa es esencial de cara a evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos. Deviene muy grave, por ello, que en el texto del ACTA se contengan disposicionesque restringen el libre flujo de contenidos y la libre concurrencia de usuarios en el ámbito digital. Así mismo, que se pretenda que los países que son parte de la negociación, establezcan en sus legislaciones la obligación de proveedores de acceso a Internet a proporcionar información sobre posibles infractores de derechos de autor y/o derechos conexos sin una orden judicial.

No debe recaer sobre los proveedores de servicios de Internet la responsabilidad por los datos que transmiten o recogen a través de sus servicios hasta tal punto que ello implique un control previo o el filtrado de tales datos.

Perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo a través de Internet, sin orden previa de autoridad judicial, produciría una violación flagrante al artículo 6 de nuestra Constitución Política que consagra el derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo.

Facultar a los proveedores a determinar cuándo se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y en base a ello decidir realizar monitoreo en las actividades de los usuarios de Internet, implicaría una violación flagrante a las garantías de audiencia y legalidad.

También el denominado software libre estaría en serio riesgo si el tratado se firma. Entre otras cosas, porque daría lugar al cierre de diversos tipos de páginas web encargadas de la distribución de este tipo de programas.

El desarrollo del software libre resulta especialmente importante para países como México, que no cuentan con un sector industrial demasiado desarrollado en ese campo. Por tanto, favorece la libre competencia y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas independientes de los gigantes del sector de la programación cibernética.

Del mismo modo, es patente el peligro de que los acuerdos del ACTA se utilicen como pretexto la censura de contenidos en Internet, por ejemplo del cierre directo de blogs, apoyándose en el no respeto del copyright de alguna imagen o texto.

En este contexto, los graves riesgos que conlleva esta convención internacional para derechos fundamentales de mexicanas y mexicanos, exigen la mayor publicidad y transparencia en el procedimiento especial de dictamen que se inicie en esta Cámara de Senadores para desahogar el examen y análisis del Acuerdo Comercial Anti Falsificación.

En el caso específico, no basta con turnar su estudio a las correspondientes comisiones de dictamen. El procedimiento de dictamen debe efectuarse de manera pública y de cara a la sociedad.

La trascendencia de las cuestiones en juego, exige la conformación de una Comisión Especial, que como instancia plural, de manera específica y en forma paralela a los trabajos de las respectivas comisiones de dictamen, organice y dirija trabajos de estudio y análisis del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, desahogando una amplia consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

Indudablemente que el Congreso de la Unión tiene el deber y la obligación de velar por la legítima protección de derechos de las empresas, de los autores, de los creadores. Y en eso, ambas Cámaras debemos asumir el mayor compromiso. Pero el Congreso tiene también la responsabilidad social primigenia de velar por la defensa de los derechos fundamentales, y por cerrar la enorme diferencia que existe entre quienes mucho tienen y quienes poco tienen, y que son la mayoría de nuestro país.

En ACTA no existe un bondadoso interés de combatir piratería. En el contenido del instrumento internacional anima el espíritu de proteger los intereses comerciales de empresas culturales monopólicas.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de esta Cámara de Senadores la Constitución de una Comisión Especial que organice y dirija trabajos de estudio y análisis en el procedimiento especial de dictamen que se inicie con motivo de la firma por parte del Titular del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés “Anti-Counterfeiting Trade Agreement”).

Segundo: La Comisión Especial tendrá por objeto organizar y dirigir, en forma paralela a los trabajos de las comisiones de dictamen respectivas, los trabajos de estudio y análisis del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, desahogando una amplia consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

¿Con qué objeto?, Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para preguntarle a la Senadora Mendoza Mendoza si me permite sumarme a la solicitud de este punto de Acuerdo, me parece muy bueno, muy pertinente, y quisiera también suscribir esta solicitud de punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Lo acepta la Senadora?

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Claro.





 

- El C. Presidente Burgos García: Aceptado. Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará cinco puntos de Acuerdo sobre diversos instrumentos internacionales y debido a que su intervención corresponde a cinco propuestas diferentes, daremos flexibilidad, si no tiene inconveniente, para que todos vayan en paquete, Senadora de la Peña, si le parece.

Muchas gracias.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Por razones de tiempo, voy a intentar hacer un resumen de los cinco tratados internacionales que hoy presento a esta Soberanía.

El primero de ellos es un tratado que tiene mucho tiempo, ya en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos que integra diferentes Convenios desde la Organización Internacional del Trabajo y que establece que en este solo Convenio, que es el 138, que los países tienen que ir poco a poco tomando medidas de manera progresiva y de manera gradual para definir una edad mínima de admisión al trabajo, es precisamente el Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al trabajo.

En este sentido, quiero mencionar de manera muy rápida que en la región, es decir, en América Latina, solamente faltan tres países por aprobar este Convenio, me parece que también, rectifico, solamente faltan tres países en los que está incluido México para constituir una Comisión Interinstitucional, y es el único país que falta por aprobarlo.

¿Qué es lo que conlleva la aprobación de este tratado? Efectivamente eleva la edad a un año más de como lo establece nuestro marco jurídico fundamental, creo que es necesario visibilizar en este aspecto que quienes se beneficiarían, quienes estamos obligados a proteger, desde este Recinto, desde este Senado, con la aprobación de este tratado internacional cuando el Ejecutivo nos lo mande, y de eso trata el exhorto, estamos intentando visibilizar de manera muy puntual las diversas formas de trabajo infantil, pero sobre todo visibilizar las peores formas de trabajo infantil que conllevan distintas formas de trata.

Los niños y las niñas tienen que ser protegidos en todos sus derechos como ya lo establece la Constitución y porque además formamos parte de la Convención Internacional de Derechos de la Niñez que protege a todas las personas menores de 18 años de edad.

De tal forma, que exhortar al Ejecutivo para que mande a esta Soberanía para su respectiva aprobación de este tratado internacional, no es sino más que congruencia y consecuencia de un compromiso en el derecho internacional que México ha adquirido.

Los otros tres Convenios que también son de la Organización Internacional del Trabajo, es el número 156 sobre la igualdad de oportunidades entre trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, el 183 que refiere a la protección de la maternidad y el 189 que refiere al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, o como las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia en México nos han referido, trabajadoras y trabajadores del hogar.

Estos tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tendrían que ser tomados en consideración de manera transversal en las reformas que se van a discutir en el marco de la Ley Federal del Trabajo, es ni más ni menos que aplicar la perspectiva de género, la transversalidad en la perspectiva de género para la protección de las mujeres y de los hombres que tienen que ver con esas materias y que además está debidamente sustentado por el Consejo Económico Social de Naciones Unidas desde 1997, para garantizar esta transversalidad en las políticas públicas de los países que estamos integrados, en este caso, a la Organización Internacional del Trabajo.

Yo, por obviedad de tiempo, me parece que es importante insistir que en términos del artículo 76 constitucional, este Senado pueda solicitarle de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal que envíe estos cuatro tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, para que, como repito, sean considerados en las reformas de la ley en la materia.

Paso al quinto punto que está agendado en el Orden del Día.

Señoras y señores, por qué es importante que igualmente tomemos consideración de la relevancia que tiene la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como sabemos, desde 1981, México se ha adherido al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Protocolo Facultativo está inscrito precisamente en el Sexagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, fue aprobado en Naciones Unidas precisamente a 60 años de esta declaración emblemática para la familia humana, el 10 de diciembre de 2008.

Hoy, por diversas ocasiones, el Protocolo Facultativo está en curso de ser considerado por los Estados Parte de este pacto que he hecho referencia.

Necesitamos, en este aspecto, tomar en consideración de dos cuestiones que yo informo, la primera es que México no está ausente del diseño de este Protocolo Facultativo, como Estado Parte en las discusiones de Naciones Unidas, México participó de manera relevante en el diseño de este Protocolo Facultativo que llevó diez años.

Como todos sabemos, México participa de manera relevante en estas discusiones en Naciones Unidas y sobre todo cuando trata de materia de derechos humanos.

La segunda cuestión que yo quiero poner a consideración de ustedes, es que ya firmamos el pacto, de tal forma que este Protocolo Facultativo solamente se encargaría de que apoyemos la conformación de un comité específico que se encargue de recibir comunicaciones de personas o de grupos para que puedan ser tomados en consideración en su exigibilidad de los derechos que están escritos en el pacto que, por cierto, también toma en consideración los derechos medioambientales.

Es decir, estamos ante un hecho realmente de gran trascendencia el que podamos considerar la discusión de este Protocolo Facultativo en su momento, de tal forma que estamos solicitando se pueda aprobar la excitativa para que el titular del Poder Ejecutivo la envíe a este Senado para que pueda ser discutido en tiempo y forma.

Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias por su atención.

Propuestas

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA EDAD MINIMA DE ADMISION AL EMPLEO

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA EDAD MINIMADE ADMISION AL EMPLEO, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo es uno de los instrumentos internacionales encaminados a erradicar el trabajo infantil. Este instrumento internacional exige a los Estados que así lo ratifiquen, a establecer de manera gradual y progresiva las políticas públicas relativas a la edad mínima de admisión al trabajo que garanticen el pleno desarrollo físico y mental de los menores de 15 años.

El objetivo fundamental de este Convenio es garantizar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niñas y niños y seeleve progresivamente la edad mínima de admisión a actividades laborales. Tiene como objeto garantizar que las niñas y los niños gocen de sus derechos y que los protejan asumir responsabilidades que afectan su salud física, psicológica y el desarrollo de su personalidad. Requerimos reafirmar sus derechos fundamentales a la educación, la recreación, el juego, la cultura las artes y el deporte sin discriminación por ninguna condición.

Por tanto este Convenio constituye un marco de protección a nivel internacional para erradicar el trabajo infantil, en la convicción de que la niñez es un periodo de vida en el cual no debería dedicarse a realizar responsabilidades que afectan el libre desarrollo de la personalidad y su proyecto de vida.

Para nuestro país la ratificación de éste instrumento internacional es de suma importancia, toda vez que, dada la situación actual son precisamente las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años quienes se encuentran en el mayor riesgo de abandonar la escuela e incorporarse al mercado ilegal de trabajo. Cabe señalar que en América Latina, México es el único país de la región que falta por ratificar este Convenio, y es uno de los tres países que no cuentan con un organismo intersecretarial para atender este problema.

Los argumentos que se han dado para no ratificar este instrumento internacional van desde las cifras que da el gobierno federal, argumentando que debido a la política social, existe una disminución del empleo infantil; las que señalan que se debe reformar nuestro marco constitucional, y que posteriormente se emprenda reforma laboral integral.

Sin embargo a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar todo derecho humano reconocido por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, generando obligaciones para las autoridades mexicanas, independientemente del nivel de gobierno que se trate.En este aspecto, es necesario tomar en consideración la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos señalan que las entidades federativas del país con mayor incidencia de niñas y niños que trabajan son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, en donde la tasa de trabajo infantil oscila entre el 29 y 22.4% de la población entre 6 y 14 años. En contraste, en Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal, Baja California y Coahuila las tasas son de entre 8.3 y 6.7%. No se menciona el trabajo que realizan niñas y niñosque acompañan a sus padres en la pizca en granjas agrícolas.

De acuerdo a estas cifras, existen más de tres millones de niñas y niños, que apoyan paupérrimamente a su familia mediante un trabajo, de los cuales cerca de 2 millones, abandonaron sus estudios para trabajar de ayudante, cargador, franelero o lavacoches, incluso muchos de ellos han caído en las redes del lenocinio infantil. De estas cifras cerca de 900 mil menores tienen entre 5 y 13 años, es decir, edades que están por debajo de la mínima legal para trabajar recomendada internacionalmente y que lamentablemente se trata de las niñas y los niños más pobres del país.

Para la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos doce años nuestro país registró un aumento del 12% en la población de menores que trabajan. Tan sólo en el primer trimestre del 2012 se reportaron tres millones 270 mil casos de menores entre 5 y doce años, de los cuales dos millones 125 menores son niños y un millón 144 mil son niñas que trabajan en su mayoría en el trabajo doméstico infantil que es una forma de trata por servidumbre humana.

En merito de lo expuesto y atendiendo la urgente necesidad de prohibir el trabajo de personas menores de 18 años en sus peores formas y de vigilar la correcta observación de las condiciones laborales de personas mayores de 14 años y menores de 18 que por su naturaleza puedan desarrollar, propongo a la consideración de este Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, para su debida aprobación por este Senado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 183 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GÒMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 183 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

La protección de la maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres para que se respeten plenamente sus derechos humanos. De acuerdo a nuestro texto constitucional, todas las personas, tienen “derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, lo que implica que el Estado debe garantizar la protección de la maternidad a las mujeres que deciden tener hijos en circunstancias de libertad, responsabilidad y con la información suficiente.

Asimismo la Constitución establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como descansos para la lactancia y evitar trabajos peligrosos para su salud durante la gestación. Esta protección constitucional a la maternidad implica que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que las mujeres desarrollen sus embarazos en condiciones adecuadas y libres de discriminación.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es ajeno a la protección de la maternidad. El Estado mexicano ha ratificado importantes instrumentos internacionales que le obliga a conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto y durante la lactancia y el puerperio.

Uno de estos instrumentos internacionales pendientes para su aprobación por parte del Senado de la República lo es el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo relativo sobre la protección de la maternidad. Este instrumento internacional constituye un marco de protección a nivel internacional para todas las mujeres empleadas, incluyendo a aquellas que desempeñen formas atípicas al trabajo dependiente, ya que en él se consignan importantes derechos fundamentales como son la protección a la salud, licencia antes y después de la maternidad, prestaciones sociales, protección al empleo y a la no discriminación y el tiempo para el trabajo y la lactancia.

La aprobación de este instrumento resulta de suma importancia porque en nuestro país y de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sólo cuatro de cada diez mujeres entre los 15 y 49 años de edad tienen alguna ocupación o empleo, sin embargo, la mitad de ellas carecen de acceso a los servicios de salud, y más grave aún no obtienen licencia médica cuando lo requieran por parto o lactancia al cumplir con las políticas que deriven de este compromiso, México contribuye a lograr la meta 5 de los Objetivo del Desarrollo del Milenio para evitar y prevenir la mortalidad materna.

Igualmente la violación de sus derechos, se agrava cuando se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia, ya que al encontrarse en esta situación son despedidas, su contrato no se les renueva o se les disminuye el sueldo. Muchos patrones o empresas privadas solicitan pruebas de ingravidez como requisito para su contratación.

Estas violaciones graves al derecho al trabajo, a la no discriminación, a la igualdad y a decidir libremente sobre el número y esparcimiento de las y los hijos, se pueden constatar en la juntas de conciliación y arbitraje por despidos injustificados de mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que de enero de 2011 a mayo de 2012 ha atendido 949 quejas relacionadas por violaciones a la seguridad jurídica, igualdad y por despidos debido a embarazos en dependencias gubernamentales.

No obstante de las disposiciones constitucionales que señalan que las mujeres no deben poner en riesgo su salud, la de su hijo y gozar de días de descanso antes y después del parto sin la afectación de su salario, en los hechos no existen medidas efectivas encaminadas a garantizar estos derechos. En muchas ocasiones el discurso de protección a la maternidad y los derechos de la mujer quedan en el vacío cuando se documentan este tipo de violaciones a los derechos laborales y reproductivos de las mujeres.

Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de las y los Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad, para su debida ratificación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La noción de responsabilidades familiares, es un tema que ha surgido como una preocupación al avance y participación de las mujeres en el mercado del trabajo. De ahí la necesidad de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades domésticas y familiares.

Es precisamente en este espacio donde los hombres deciden no hacer compatible su tiempo con las tareas domésticas y el cuidado de las y los hijos, dando por sentado que ese rol les corresponde únicamente a las mujeres.

De ahí la necesidad de crear políticas públicas que generen una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el ámbito domestico, familiar y del trabajo, dada la mayor participación de la mujer en el mercado laboral; situación que no es menor ya que ello ha traído modificaciones sustanciales en la organización de las familias.

Estamos ante un escenario en donde el rol tradicional de las mujeres y los hombres se transforma. Actualmente las mujeres comparten al igual que los hombres la generación de ingresos en los hogares trabajando fuera o aportando con su propio trabajo a la organización de su hogar, además debemos enunciar que en muchos casos las mujeres están solas y son jefas de familia, Constatamosque en estos cambios sociales y familiares los hombres no han compartido la responsabilidad de las tareas domésticas, de ahí que las mujeres asuman una doble jornada o tripla jornada.

De ahí la importancia de que el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, sea aprobado por el Senado de la República, ya que el mismo busca promover la igualdad de oportunidades y de tratos e incidir en el fomento de la igualdad sustantiva, en el ámbito laboral entre mujeres y hombres.

Se trata de un instrumento internacional aprobado en ginebra en 1981. Esta Convención es aplicable tanto a mujeres y hombrescon responsabilidades familiares, en relación con sus hijos e hijas a cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar o progresar en ella y es aplicable a todos los sectores de actividades económicas y a todas las categorías de trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, de aprobarse este instrumento internacional el Estado mexicano deberá, desarrollar y promover servicios comunitarios, públicos o privados, y medios de asistencia a la infancia y la familia, mitigando la discriminación existente vinculada a la mujer y la maternidad en el ámbito laboral.

Se trata de establecer los mecanismos que le permitan a las personas con responsabilidades familiares al desempeñar un empleo hacerlo sin ser objeto de discriminación.

Como un argumento adicional, es necesario esgrimir que México aprobó el Consenso de Quito, desde la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe CEPAL), sobre la contribución de la mujeres en la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.

En merito de lo expuesto, propongo a la consideración de las y los Senadores el siguiente:

PUNTO ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, para su debida aprobación.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE:

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL TRABAJO DECENTEPARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo referente al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, celebrado en Ginebra por el Consejo de Administración de fecha 1º de junio de 2011, adopta diversas disposiciones relativas a sus derechos. En junio de 2011 el Estado mexicano votó a favor de la aprobación de este Convenio en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, por tanto resulta indispensable que el Ejecutivo envía para su aprobación este instrumento internacional al Senado para su aprobación en términos del artículo 76 constitucional, para garantizar que más de 2 millones de personas que realizan este trabajo, tengan los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores y se pueda superar la brecha de desigualdad que han vivido sistemáticamente, así como la resolución de la enorme discriminación de género, y la estigmatización social por estereotipos sexistas y peyorativos que sufren las mujeres y adolescentes objeto de este Convenio, así como la prevención contra tratos crueles, inhumanos y degradantes inscritos en la servidumbre humana.

Datos contenidos en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación referente a Trabajadoras del Hogar, ha puesto en claro que además de la desigualdad legal en el acceso a derechos, existen una gran cantidad de prejuicios y prácticas discriminatorias hacia este sector de trabajadoras que afectan la dignidad y la posibilidad de igualdad de oportunidades, especialmente cuando se trata de mujeres trabajadoras.

Esta encuesta revela que tres de cada diez personas considera que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan, además el 38% de ellas consideran que su principal problema es tener mucho trabajo y poco sueldo y en segundo lugar, el abuso, la humillación y la discriminación a la quese ven expuestas.

En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que el señalado que 14% del total de mujeres que están empleadas se desempeñan como trabajadoras del hogar, una quinta parte de las mujeres que ejercen esta actividad tiene menos de 20 años de edad y alrededor de 30% de ellas que trabajan en este sector sólo cuenta con estudios de primaria.

Cabe señalar que el 95% no cuenta con servicios de salud, 80% carece de prestaciones laborales, 61% no goza de periodos vacacionales, 46.5% no recibe aguinaldo, y sus salarios son de los más bajos en la escala de sueldos (algunas reciben menos de un salario mínimo al mes) La gran mayoría de las trabajadoras del hogar en México carece de un contrato escrito y los acuerdos con los empleadores son de palabra

Por tanto, en las condiciones actuales, se trata de un sector vulnerable proclive a sufrir permanentemente abusos y violaciones a sus derechos humanos, con la permisividad de la sociedad por que no cuentan con la debida protección ni con los medios para hacerlos valer.

Por tanto el Convenio 189 es una herramienta indispensable y necesaria en la eliminación de la desigualdad que viven las personas que realizan el trabajo del hogar o doméstico, para respetar, promover y ejercer los derechos fundamentales de un trabajo digno, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, con miras a dignificar el trabajo doméstico o del hogar.

Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de las y los Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, para su debida aprobación.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DRE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVIE A ESTA SOBERANIA EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Considerando que cada uno de los Estados Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(en adelante denominado el Pacto) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plenaefectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.

Que todo Estado Parte en el Pacto, que se haga Parte en el Protocolo Facultativo en mención; reconocerá la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en elProtocolo en comento.

Entendiendo que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, mismos que han sido inscritos en dos sendos tratados: el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y por tanto, los Estados Partes en elPacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que, en ejercicio de los derechos establecidos conforme al Pacto y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de la sociedad democrática.

Para México debe ser de suma importancia atender el Protocolo Facultativo del Pacto en comento, toda vez que, éste señala las disposiciones y mecanismos que han de atenderse paragarantizar la aplicación de medidas urgentes para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de todas las mexicanas y los mexicanos sin importar su edad, sexo, raza, etnia, religión, condición de discapacidad, cultural, social, económica, opinión política, orientación sexual o cualquier otra que condición que conlleve alguna forma de discriminación. Además prevé el cause que han de seguir los trámites y comunicaciones en el caso de presuntas violaciones a los mismos derechos.

En merito de lo expuesto y atendiendo a la urgente necesidad de iniciar los procesos de comunicación con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, para darle cause al ejercicio pleno y protección de los derechos que se comentan, pongo en consideración de este Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para su debida aprobaciónporeste Senado, en términos del Artículo 76 constitucional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña. Se turnan las cuatro proposiciones relativas a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; y el relativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En otro apartado de nuestro Orden del Día, tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al 143 aniversario de don José María Pino Suárez, hasta por cinco minutos.





 

EFEMERIDE

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En los inicios de los trabajos legislativos de esta Sexagésima SegundaLegislatura del Congreso de la Unión, y de este mes de la patria; es oportuno traer a la memoria de este Senado de la República, las acciones y obra de uno de los personajes más simbólicos de la historia nacional, quien ha sido llamado el Caballero de la Lealtad y Mártir de la Democracia: José María Pino Suárez.

Este hombre tabasqueño de principios y valores comprometido con su época, nació un 8 de septiembre de 1869. Conmemorar el aniversario de su natalicio, no es un deber sino un honor con sentido patriótico.

Abogado, periodista, poeta y político, Pino Suárez es el ejemplo nítido de rectitud y lealtad a principios y valores, de amor a las letras, de compromiso a la profesión, y de lucha por México.

Como parte de su labor personal, destaca el haber fundado en 1904 el periódico "El Peninsular", medio de comunicación que le sirviera para impulsar el mejoramiento de la situación de los trabajadores del campo.

Como bien lo señala la historia, fue leal a Francisco I. Madero (El Apóstol de la Democracia), por lo que afiliado al Partido Antirreeleccionista, participó en su campaña política organizando los grupos de oposición de Tabasco y de Yucatán, además de participar en las negociaciones de los Tratados de Ciudad Juárez.1

Al triunfo de la revolución en 1910, se le nombró, desde Nueva Orleáns, Estados Unidos, gobernador provisional de Yucatán, cargo que ocupó del 5 de junio al 8 de agosto de 1911.

Candidato después a gobernador constitucional, ejerció el poder del 7 de octubre al 13 de noviembre del mismo año.

Posteriormente, ya en las elecciones convocadas por el Presidente interino, Francisco León de la Barra, Pino Suárez resultó electo junto con Madero como Vicepresidente y presidente, respectivamente.

Además de la vicepresidencia, Pino Suárez ocupó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, espacio público en el que comenzaría a organizar por órdenes de Madero:

• La educación para indígenas,

• Los comedores y casas para estudiantes.

• La escuela dominical para obreros.

• La reforma de los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, y

• La Convocatoria a un Congreso de enseñanza primaria

Apenas instalado el nuevo gobierno, los enemigos de éste comenzaron a atacarlo dirigiendo su afrenta principalmente a Madero y a Pino Suárez, por lo que tuvieron que renunciar a sus respectivos cargos el día 19 de febrero de 1913, durante la revuelta que dio origen a la Decena Trágica,2 que terminó con la traición de Victoriano Huerta contra Madero y Pino Suárez.

Eternamente leal a Madero, Pino Suárez murió también junto a él y por la misma causa. El día 22 de febrero de 1913, fueron asesinados a mansalva cerca de la Penitenciaría del Distrito Federal, conocida como Lecumberri.

Por el valor y espíritu de transformación de Pino Suárez, en el año de 1969, este Senado de la República entregó post-mortem a su viuda María Cámara Vales, la Medalla Belisario Domínguez, como un reconocimiento a su apuesta y sacrificio por la democracia y la libertad en el país.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Que este breve semblanza que ilustra la vida de un mexicano comprometido con la defensa de los intereses genuinos de la Nación y de gran convicción democrática, nos convoque y nos motive ante las circunstancias de enorme complejidad por las que atraviesa la patria en lo económico y social; a sumar esfuerzos para dirigir la función legislativa de este Senado, a constituir una legislatura de auténtica lealtad en su actuar con la sociedad.

Que con el ejemplo de hombres como José María Pino Suárez, hagamos una sola agenda legislativa posible para alcanzar el verdadero fin social de la democracia, que es el de mejorar y transformar las condiciones de vida económica y social de millones de compatriotas que así lo reclaman; así como impedir cualquier acción que entrañe un peligro de regresión para su desarrollo y consolidación.

Diría alguna vez Pino Suárez: “Sólo he deseado hacer el bien, respetar la vida y el sentir de los ciudadanos, cumplir con las leyes y exaltar la democracia”. En el Senado hagamos lo propio legislando por el bien y la prosperidad de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Mayans Canabal.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Me permito informar a la Asamblea, para su conocimiento, que se recibieron los informes de labores de las siguientes dependencias:

Secretaría de Economía, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Turismo, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Salud, de Relaciones Exteriores, de Reforma Agraria, de Marina, de la Función Pública y de Defensa Nacional, así como de la Consejería Jurídica y de la Procuraduría General de la República.

La Presidencia ordenó que se iniciara la distribución inmediata a todas las ciudadanas y ciudadanos Senadores.

Continúe la Secretaría.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente.





 

CITA

- El C. Presidente Burgos García: Agotados los asuntos del Orden del Día, se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 11 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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