Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Septiembre de 2012

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea, el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 104 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 4 de septiembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXII Legislatura ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión constitutiva se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES CORRESPONDIENTE
A LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA
EL MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE

(Intervención del Secretario General de Servicios Parlamentarios)

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintisiete minutos del día miércoles veintinueve de agosto de dos mil doce, el ciudadano Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, en cumplimiento a lo que dispone el numeral 5 del artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirigió a los senadores electos y nombró a quienes deberían integrar la Mesa de Decanos de conformidad con los requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo citado.

 

La Mesa de Decanos quedó integrada de la siguiente manera:

C. Enrique Burgos García, Presidente.

C. Layda Sansores San Román, Vicepresidenta.

C. Humberto Domingo Mayans Canabal, Vicepresidente.

C. Luisa María Calderón Hinojosa, Secretaria.

C. Héctor Larios Córdova, Secretario.

 

SENADOR ELECTO
ENRIQUE BURGOS GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DE DECANOS

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Sesión Constitutiva.

 

Se procedió a la toma de protesta del Presidente de la Mesa de Decanos, así como de los ciudadanos senadores electos.

(Elección de la Mesa Directiva)

De conformidad con el artículo 60 numeral 9 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió a la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos de la Cámara de Senadores durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

 

Realizada la votación, la Secretaría dio cuenta con el resultado y la Presidencia hizo la declaratoria de la siguiente Mesa Directiva:

Presidente: Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Vicepresidente: Sen. José Rosas Aispuro Torres

Vicepresidente: Sen. Enrique Burgos García

Vicepresidente: Sen. Luis Sánchez Jiménez

Secretaria: Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria: Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama

Secretaria: Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza

Secretaria: Sen. María Elena Barrera Tapia

 

El Presidente de la Mesa de Decanos, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del C. Roberto González Barrera.

 

El Presidente de la Mesa de Decanos solícito al Presidente de la Mesa Directiva ocupar su lugar en el Presidium.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva rindió la protesta de ley y posteriormente tomó la protesta de los otros integrantes de la Mesa Directiva. Acto seguido solicitó a los senadores pasaran a ocupar sus respectivos lugares como miembros de la Mesa Directiva.

 

El Presidente hizo la declaratoria de constitución de la Cámara de Senadores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las doce horas con veintinueve minutos y citó a sesión de Congreso General el sábado primero de septiembre a las diecisiete horas y a la primera sesión de la Cámara de Senadores el cuatro de septiembre a las once horas”.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión constitutiva. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a una comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Presidencia declara:

Se constituye el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República.

Es coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Senador Emilio Antonio Gamboa Patrón. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Presidencia declara:

Se constituye el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República.

Es coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Presidencia declara:

Se constituye el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República.

Es coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta Presidencia declara:

Se constituye el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República.

Es coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el Senador Jorge Emilio González Martínez. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso, esta Presidencia declara:

Se constituye el grupo parlamentario del Partido del Trabajo del Senado de la República.

Es coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Manuel Bartlett Díaz. Comuníquese.

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que los grupos parlamentarios solicitaron, y esta Mesa Directiva con fundamento en las atribuciones que le asigna el artículo 72, en su párrafo tercero del Reglamento del Senado, y por ser ésta la primera sesión de nuestra legislatura, acordó favorablemente que un representante de cada grupo parlamentario hiciera uso de la tribuna para exponer su posicionamiento respecto al inicio de los trabajos de la LXII Legislatura.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores de la República:

Mi interés en participar a nombre de mi grupo parlamentario es muy simple. Estamos iniciando hoy, en este momento, un nuevo periodo legislativo. Y quisiera yo simplemente hacer una petición a todos los integrantes de este Honorable Senado, desde luego a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política.

Este Senado, es un conjunto de legisladores de carácter plural. Considero que eso debe ser lo que rija la idea, que rija la actividad del Senado y su gobernación.

Tenemos cuerpos organizados con expresiones distintas, pero el conjunto es el que da el sentido de la representación nacional. Cada Senador, cada Senadora, cada grupo representa el sentimiento nacional.

Por eso quisiera yo recalcar ese tema, ese valor fundamental. Si somos un cuerpo plural, es absolutamente indispensable que haya equidad en el tratamiento de todos los grupos.

Equidad en los recursos, es fundamental.

Equidad en la distribución de las comisiones.

Equidad en la posibilidad de hacer uso de ese enorme valor que se tiene en el Senado de aparatos técnicos, de cuerpos especialistas, de esa enorme capacidad que está aquí reunida y que considero que todos los grupos y todos los Senadores, en lo colectivo y en lo individual, deben de tener derecho a participar.

El Senado requiere de apoyo técnico, requiere de asesoramiento, requiere de información. Cada Senador tiene todo el derecho a tener ese apoyo atrás, no concentrado en unos cuantos.

Si nos dotamos todos de esa posibilidad de acudir a ese enorme conjunto de valores que se tienen en este Senado, vamos a poder hacer un mejor trabajo.

Aligerar, en consecuencia, los recursos de las fracciones y apoyarnos necesariamente en ese enorme grupo que está y debe de estar al servicio de todos.

Por eso es importante que las designaciones, los nombramientos administrativos en estas áreas y técnicos, sea materia de esa concepción de pluralidad.

Lo haría también en los recursos, tenemos que tener una base igualitaria de la disposición de los recursos otra vez para poder cumplir con nuestra responsabilidad.

Si nosotros logramos ese principio, ese valor como directriz del Senado, vamos a tener mejores participaciones, mayor capacidad de información. Entonces cada uno de los Senadores y de las Senadoras tendrán la capacidad para abarcar muchos temas, solamente con el asesoramiento y el apoyo de todos esos recursos que se han venido acumulando en el Senado de la República.

Como sabemos todos, los medios de comunicación frecuentemente hacen una crítica dura de la utilización de los recursos económicos en el Senado, y en ocasiones podríamos decir que tienen razón. Pero si esos recursos son transparentes, si los recursos que tengan cada grupo los conocemos todos para que haya una igualdad en el manejo del dinero, de las comisiones, de los recursos administrativos y técnicos, podemos tener un gran trabajo y entonces justificar así los enormes recursos que la nación mexicana destina a este órgano legislativo.

Estoy seguro que así será, tengo la seguridad que el Presidente de la Mesa y quienes integraremos este cuerpo de gobierno colectivo, estaremos dispuestos a hacerlo, para evitar que haya concentración en unos cuantos y una disminución de otros, porque, repito, son las voces de todos, son las voces de todos y cada uno de los que aquí están, ilustradas con información, los que le van a dar a nuestro país una discusión, un debate digno, con análisis profundo con ese apoyo que va a ser en beneficio del país.

Y de esa manera podemos responder a la opinión pública con dignidad, transparentar siempre los recursos que aquí se usen, que lo sepan todos, pero que se usen para darle calidad a las intervenciones de cada uno de nosotros.

Nadie tiene un conocimiento absoluto de los temas nacionales, nos tocan legislar los grandes temas económicos, políticos, sociales, internacionales, que es muy importante la función del Senado en materia de política exterior. Y si tenemos todos los recursos a nuestro alcance, los debates serán de una mayor calidad.

Yo estoy seguro que todos estarán de acuerdo en esto y vamos a establecer con toda claridad un Senado plural. No un Senado dominado por la hegemonía del número, porque el número no representa el todo, el todo lo representamos todos.

Yo les agradezco mucho su atención, estoy seguro que lo vamos a lograr. Y estoy seguro que de esa manera, en un proceso democrático, en una distribución de los recursos de todo tipo, democráticamente, entenderemos una gran posibilidad de hacer de este Senado un instrumento en beneficio de la nación, sumando las opiniones que aquí se juntan, que son diversas, pero que todas tienen el derecho de tener el apoyo económico, institucional, técnico, para expresarse de la mejor manera.

Muchas gracias por su atención, muchas gracias señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente, distinguidas Senadoras y Senadores de la República:

Con el inicio de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de esta LXII Legislatura, inicia también un desafío de gran importancia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, considero que el día de hoy debemos asumir un compromiso de gran magnitud, no sólo con la Asamblea, sino con todos los mexicanos que nos hicieron el favor, con su voto, para llegar aquí.

Hoy nos ocupa hacer un balance de la situación nacional mediante un análisis del Sexto y último Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón. Ante ello, habremos de reflexionar sobre los retos y oportunidades por venir con el fin de discutir y aprobar las reformas prioritarias para nuestra nación.

2012 es un año de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, implica una esperanza y corrección de rumbo para más de cien millones de mexicanos, entre los cuales se encuentra en esa mayoría de votantes que depositaron su confianza en la Alianza Compromiso por México.

Hoy queremos decirles que por ningún motivo los vamos a defraudar, trabajaremos de forma responsable e incansable para generar acuerdos y consensos derivados de nuestra agenda legislativa y de los programas de acción que nos llevarán a un México más justo, con mayores niveles de bienestar, paz y seguridad para todos los mexicanos.

El 1° de diciembre de este año, el Congreso General le tomará protesta a Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, con lo cual se abrirá un periodo de reconducción del país en el que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México participaremos diligentemente.

Previo a la toma de protesta de nuestro Presidente electo, debemos analizar y evaluar el trabajo realizado por el Ejecutivo Federal en estos últimos seis años, es cierto que entrega la administración pública con avances en diversas ramas de la actividad económica y social de nuestro país; sin embargo, también es cierto que hay áreas que tienen impacto en la vida diaria de los mexicanos en las que aún hay muchas oportunidades para lograr mejoras, sobre todo para el bienestar y el impacto en el presupuesto de las familias de nuestro país.

En materia de crecimiento económico, entre los años 2000 a 2012, es un hecho que nuestro país creció muy por debajo del verdadero potencial de crecimiento que tenía o que tiene, y que aún hay mucho por hacer en materia de mejoras en el bienestar económico y social de nuestros compatriotas.

Así lo manifestaron en las urnas este 1° de julio de 2012, por lo que nosotros como Senadores debemos contribuir de manera comprometida en los trabajos, sobre todo en la discusión y aprobación de las reformas que están y que ya se presentaron, y evidentemente las que el Presidente electo Enrique Peña Nieto ha anunciado que presentará ante el Congreso de la Unión.

El Partido Verde apoyará el trabajo del Ejecutivo Federal desde el inicio de su administración para beneficio de México. Gracias a la confianza de los ciudadanos, la representación del Partido Verde en el Congreso aumentó significativamente, no sólo de forma numérica, sino también en lo que se refiere a su capacidad para generar proyectos y consolidar reformas de diversa índole, lo que nos ha consolidado ya como la cuarta fuerza política de este país.

La experiencia legislativa y de gobierno con la que hoy contamos, nos conduce a asumir con un alto sentido de responsabilidad nuestro encargo público y a realizar propuestas en los temas que más aquejan y duelen a los mexicanos.

Nuestro grupo parlamentario dará cabal cumplimiento a los compromisos asumidos por el Partido Verde, para ello seguiremos con el impulso de reformas que sabemos atienden aspectos prioritarios en la vida de un gran número de mexicanos, quienes vieron en nuestras propuestas una opción que mereció su voto y su confianza.

Por ello, una de nuestras prioridades será impulsar las iniciativas necesarias para que por mandato de ley se atienda el abasto insuficiente de medicamentos en el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, a través de la entrega a los derechohabientes y beneficiarios de un vale canjeable en farmacias registradas ante el sistema de salud.

Otro de los compromisos es garantizar el derecho constitucional de la educación pública y gratuita, por lo cual promoveremos reformas para que las cuotas voluntarias o donativos en las escuelas públicas no sean una contraprestación del servicio educativo, evitando la discriminación o la negación del servicio escolar a los estudiantes cuyas familias estén imposibilitadas económicamente.

El Partido Verde también asumió el compromiso de atender la urgente necesidad de endurecer las condenas para criminales violentos y peligrosos, en esta legislatura continuaremos con los esfuerzos a fin de conseguir la cadena perpetua para estos criminales.

El grave deterioro del medio ambiente nos motiva a presentar urgentes iniciativas de reformas por las que se establezca que los responsables de la contaminación reparen, compensen y restauren el daño que sus actividades ocasionan.

Para lograr este objetivo, en la presente legislatura buscaremos presentar el proceso legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. De la misma importancia resulta el compromiso que tenemos con la aprobación de mayores recursos en los presupuestos de egresos de la federación, de los ejercicios fiscales para crear una infraestructura eficiente que garantice el abasto de agua para consumo personal y doméstico.

Los temas ambientales son el eje rector para el Partido Verde, por tanto, nuestra acción legislativa buscará encauzar un desarrollo sustentable para que la sociedad pueda convivir en total armonía con la naturaleza.

Algunos de nuestros temas prioritarios en materia ambiental serán: dar certeza jurídica a la protección del ambiente, promover la aplicación y cumplimiento de la normatividad; en materia de cambio climático, promover las energías renovables para reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles e impulsar la protección de nuestros bosques, selvas, áreas prioritarias y especies de vida silvestre, entre otras.

Somos conscientes de que el tema ambiental no es el único tema prioritario para el desarrollo del país, por lo cual impulsaremos y apoyaremos las reformas que el país necesita en los ámbitos político, económico, social, de seguridad, justicia y estado de derecho, que permitan a la población alcanzar el crecimiento necesario.

En este sentido coadyuvaremos para cumplir los compromisos de nuestro Presidente electo, Enrique Peña Nieto, por ello los integrantes del Partido Verde presentaremos iniciativas de ley para lograr lo siguiente: La reducción de la tasa de homicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas, la profesionalización de la policía en todos los niveles de gobierno, la reducción de la pobreza alimentaria a través del incremento en la producción agropecuaria nacional; el otorgamiento de mayores oportunidades de apoyo a las personas con discapacidad en los ámbitos social, laboral y familiar; la generación de más y mejores empleos e implementar el Seguro de Desempleo Temporal, el incremento de la participación privada en PEMEX, manteniendo la propiedad pública de los hidrocarburos y el control del Estado y la disminución de las tarifas eléctricas en beneficio de la población.

Estas propuestas contribuirán al logro de las reformas energética, laboral, hacendaria, educativa y ambiental que permitirán que México recupere su estabilidad económica y social.

En materia de política exterior, tenemos una muy buena oportunidad para reflexionar sobrelas prioridades en todas las áreas, al tiempo que podremos evaluar los avances logrados y consolidarlos a fin de definir las estrategias que permitan a nuestro país recuperar la posición que guardaba en el ámbito internacional.

En la legislatura que inicia hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas que componen el Senado de la República a trabajar en conjunto para la reconciliación nacional. Queremos tener un México sustentable, justo, con menor desigualdad y pobreza, con mayor ocupación laboral, desarrollo económico y social.

Los legisladores del Partido Verde asumimos con honor este compromiso y nos declaramos dispuestos a emprender una ardua labor con el fin de colocar al Poder Legislativo a la altura de los retos que habrán de venir.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene la palabra el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Con el permiso de la Asamblea, el pasado 30 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como infundado el juicio de inconformidad promovido por Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista, un día después validó el triunfo del candidato Presidencial del PRI, desde la perspectiva del Tribunal, las elecciones presidenciales del pasado 1° de julio fueron ejemplares y estuvieron a la altura de las mejores democracias del mundo.

Los señores magistrados no registraron las tarjetas prepagadas de “Monex”, ni los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en cientos de colonias populares.

Tampoco vieron las grotescas campañas publicitarias, las tendenciosas líneas editoriales de algunos medios de comunicación, ni leyeron las encuestas amañadas con las cuales se intento generar desde meses antes de la elección, la percepción de que el triunfo del candidato presidencial del PRI era un hecho consumado. Con su resolución, los magistrados renunciaron a sus obligaciones de análisis e investigación, y centraron el grave precedente de que la víctima del atropello y la ilegalidad sea quien investigue.

Los tiempos del IFE y del Tribunal parece que se ajustaron a un guión de propaganda de televisión, cuyo final fue la entrega de la constancia del triunfo al candidato del PRI.

Más temprano que tarde, se conocerá cómo se construyó la decisión del TRIFE, y qué presiones o arreglos están detrás de la unanimidad que hoy ofende la inteligencia y voluntad de millones de mexicanos.

Actuaremos en consecuencia, iniciaremos un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral.

El grupo parlamentario del PRD considera que esta resolución cancela la posibilidad de elecciones limpias, vulnera la democracia y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones responsables de la organización, vigilancia y validación de los procesos electorales.

Millones de mexicanos estamos indignados por la forma como se impuso a un candidato por medio del control de la televisión, la manipulación de encuestas electorales y la descarada compra del voto.

Millones de mexicanos no queremos el regreso del autoritarismo. Millones de mexicanos defenderemos a la democracia y a la legalidad.

Para aquellos que intentan ubicarnos como incitadores de la inestabilidad o como promotores de un estallido social, quiero decirles que el PRD ha sido un incansable promotor de la paz.

En 1988, ante las claras evidencias de fraude, las fuerzas progresistas llamamos a la transformación del país por la vía pacífica y electoral.

En 1994, denunciamos con firmeza la inequidad de la contienda y aceptamos los resultados bajo protesta.

En el año 2000, saludamos la alternancia.

Y en el 2006 a pesar de la guerra sucia en nuestra contra, nos mantuvimos en la resistencia civil y pacífica.

En unidad, Andrés Manuel López Obrador, el PRD y las fuerzas progresistas decidiremos qué hacer ante esta delicada situación; lo haremos de manera responsable por la vía legal y pacífica. Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en esta materia. Pero es nuestro derecho y obligación manifestar nuestra opinión y seguir luchando al lado de la sociedad para que en nuestro país algún día se respeten las leyes, y los encargados de aplicarlas sean mujeres y hombres que no se subordinen al poder o al dinero.

Señoras y señores, el día de hoy inician los trabajos ordinarios de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. En este contexto de indignación que ha sumido al país en una severa crisis de credibilidad de las instituciones electorales, el grupo parlamentario del PRD reafirma su compromiso con los casi 16 millones de electores que votaron por nosotros en el pasado proceso electoral de defender y legislar a favor del pueblo mexicano.

A pesar de lo complicado del contexto, vislumbramos en el grupo parlamentario del PRD la posibilidad de establecer con los otros grupos parlamentarios, con ustedes Senadoras y Senadores de esta Asamblea, una relación de diálogo, respeto a las divergencias y construcción de acuerdos que le beneficien al país en un marco de pluralidad.

Las y los Senadores del PRD queremos que esta legislatura se caracterice por tomar decisiones que detengan la ola de violencia y corrupción en la que se encuentra, reforme o apruebe leyes para mejorar la calidad de vida de la mayoría de mexicanos, se construyan alternativas para las y los niños y jóvenes y no vuelvan a presentarse elecciones en donde se compre el triunfo.

Mediante nuestro trabajo y nuestras acciones queremos contribuir a la dignificación del Senado de la República y de nuestra función legislativa.

Lo decimos con claridad, el grupo parlamentario del PRD se opondrá a cualquier intento de regresión autoritaria, a la pérdida de la soberanía y a las reformas que pretendan restringir los derechos y libertades ganados por el pueblo en muchos años de lucha y esfuerzo.

Señoras y señores, por mandato constitucional el pasado 1° de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo entregó al Congreso su Sexto Informe de Gobierno.

Como corresponde, en los días siguientes analizaremos el documento y sus anexos, llamaremos a comparecer a los funcionarios de la Administración Pública Federal y realizaremos las preguntas parlamentarias que correspondan.

Pediremos explicaciones a los funcionarios públicos, realizaremos las preguntas que muchos mexicanos se hacen en materia de seguridad, economía, trabajo, educación y salud.

La ineficacia e ineptitud del actual gobierno han llevado al país a una severa crisis que se expresa cotidianamente en hechos de violencia, aumento de los precios de los productos básicos, corrupción de las autoridades, violación a los derechos humanos, falta de oportunidades para los jóvenes, discriminación hacia las mujeres y un creciente deterioro de las instituciones del Estado mexicano.

Hace casi seis años, Felipe Calderón entró por la puerta trasera de la Cámara de Diputados a rendir protesta como titular del Ejecutivo; se va con el rechazo popular a cuestas. La ineficacia del gobierno hundió al país en una situación que nos costará a todos los mexicanos muchos años revertir.

Durante su campaña, el titular del Poder Ejecutivo dijo que quería ser el Presidente del empleo, y al final, en su administración existen más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Prometió más y mejor educación, pero nunca pudo crear mejores condiciones para los maestros ni elevar la calidad educativa del país; por el contrario, los profesores mexicanos padecen el abandono gubernamental y el yugo de uno de los cacicazgos sindicales más férreos de nuestra historia.

Felipe Calderón habló de garantizar la seguridad, pero desató una guerra contra el crimen organizado, que al final ha costado más de 97 mil muertos, alrededor de 20 mil desaparecidos, y más de 250 mil desplazados por la violencia.

Dijo que mejoraría la infraestructura de nuestro país, y sólo logró, mal y tarde, la construcción de la “Estela de Luz” que contamina el paisaje de Paseo de la Reforma, y que constituye el monumento más ilustrativo a la corrupción y a la opacidad en materia de licitación de obra pública.

Dijo que combatiría la corrupción y transformaría a la policía, ahora son algunos policías los directamente involucrados en hechos delictivos, como los del Aeropuerto de la Ciudad de México de hace unos meses o lo ocurrido en la carretera México-Cuernavaca de hace unos días.

El grupo parlamentario del PRD propondrá a este Pleno citar al Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a que explique éste, éstos y otros lamentables hechos.

El titular del Ejecutivo habló de diversificar los medios de comunicación, pero sucumbió a la influencia de los poderes fácticos y al ajuste de cuentas con algunos medios para acallar las voces críticas, como es el caso de MVS.

Ante el desastre que deja el actual gobierno, es necesario una profunda reforma nacional, pero tengamos claro que ninguna reforma tendrá sentido mientras sigan muriendo niñas y niños por enfermedades curables, mientras existan 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación o a un trabajo digno, mientras siga el maltrato hacia niñas y mujeres, mientras 9 de cada 10 delitos queden impunes.

Las y los Senadores del PRD nos hemos fijado el reto de impulsar un viraje responsable que permita instaurar una nueva era de convivencia basada en la reconciliación nacional, la transformación con estabilidad y certidumbre, que recupere las potestades constitucionales del estado de derecho.

En el PRD queremos contribuir a consolidar nuestra gobernabilidad democrática colocando en el centro a las prioridades del país y contribuir a la construcción de una sociedad capaz de ejercer plenamente sus derechos y libertades. En ese sentido, el PRD impulsará reformas que tengan como ejes: la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, el impulso a una nueva economía, el desarrollo sustentable y la soberanía energética, la consolidación de libertades y la transversalización de los derechos humanos, la no discriminación de cualquier tipo y forma y la no criminalización de las mujeres por sus decisiones, la seguridad humana, la procuración e impartición de justicia, la consolidación de un nuevo régimen político, la creación de un estado social y democrático de derecho, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo y lograr una nueva relación de México con el mundo.

Compañeras y compañeros, desde esta tribuna, el grupo parlamentario del PRD hace un reconocimiento a todos los demócratas que votaron por el cambio verdadero, y particularmente al movimiento Yo Soy 132, que con su lucha sacudieron las conciencias y renovaron las esperanzas.

No tenemos tiempo que perder, el país atraviesa por un momento crítico, la ciudadanía demanda de nosotros acciones inmediatas que den respuesta a sus necesidades y preocupaciones. Estamos aquí para cumplir con el mandato popular expresado en nuestras urnas, para ocupar nuestros lugares con dignidad y honrarlo con trabajo y resultados. Democracia ya, patria para todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia:

Con el inicio de esta legislatura, el PAN cumple 66 años de presencia ininterrumpida en el Congreso desde 1946, donde tuvimos nuestros primeros cuatro Diputados.

En todos estos años, hemos sido un instrumento de transformación de México impulsando una agenda democratizadora, de justicia social y modernizadora. Muchas son las aportaciones que hemos hecho.

En los últimos 12 años lo hicimos como grupo parlamentario del partido en el gobierno, ahora, a partir de diciembre, sin ser partido en el gobierno, seguiremos siendo una fuerza de transformación y continuaremos impulsando una agenda que consolide la transición buscando acordar con todos los grupos parlamentarios.

El PAN está en proceso interno de definir su agenda legislativa, lo hacemos a la luz de las siguientes reflexiones y consideraciones: En primer lugar, está la obligación que nos impone la última reforma política que estableció el derecho al Ejecutivo de presentar iniciativas preferentes, tenemos la obligación constitucional de pronunciarnos en el primer mes en torno a la propuesta de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para mejorar la transparencia en el ejercicio del gasto de los tres órdenes de gobierno, y en el segundo mes, si la Cámara de Diputados lo aprueba, debemos pronunciarnos obligatoriamente sobre una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Nunca antes ninguna legislatura tuvo la oportunidad de tener acuerdos y resultados trascendentes en el mismo inicio de su gestión. Mucho se ha criticado al Congreso por su lentitud en generar acuerdos. Ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de lograrlo, no la desaprovechemos.

En el discurso de todos los partidos está el alcanzar una mayor transparencia. No hay razones para no alcanzar acuerdos en una reforma que impulsa la transparencia en el gasto público en todos los órdenes de gobierno, cuidando que los ciudadanos conozcan el origen y los destinos de la deuda, cualquier compromiso de pago futuro, los rubros en los cuales se gasta, que tenga la prohibición de ejercer el gasto en efectivo y la información sea pública, así como los gastos de publicidad.

Precisamente hoy, cuatro Senadores del PAN presentan una iniciativa de reforma al artículo 134 que va a meter el debate de un tema central que ya lo resolvieron la mayor parte de los países democráticos. Debe autorizarse el uso de recursos públicos para publicitar logros de gobierno, de lo que es su obligación realizar, ese es un tema que habremos de resolver.

Por cierto, la iniciativa preferente también obligará al Congreso a estar en estándares de transparencia. Aquí veremos si estamos a la altura de las circunstancias.

En el mes de octubre, probablemente, estaremos obligados a pronunciarnos sobre una reforma laboral, un cambio en la Ley Federal del Trabajo que tiene más de 42 años sin cambios substanciales, a pesar de que el mundo del trabajo es hoy radicalmente diferente. Se trata de construir un marco jurídico que propicie la generación de más puestos de trabajo sin afectar los derechos de los trabajadores; se trata también de fortalecer la vida de los sindicatos, reconociendo el derecho de los afiliados a conocer sobre el destino de sus cuotas sindicales y a participar en condiciones de libertad en la elección de sus liderazgos.

El Presidente electo ha anunciado que presentará próximamente tres iniciativas: una sobre transparencia aumentando las facultades del IFAI, otra en contra de la corrupción y una más sobre el seguimiento del gasto público en publicidad.

Los tres temas están en la agenda del PAN. Con los tres temas estamos comprometidos, sólo esperamos conocer las iniciativas para construir con todas las fuerzas políticas instrumentos que alcancen realmente los objetivos que se prometen.

La agenda del PAN en esta legislatura estará centrada fundamentalmente en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo haremos principalmente en tres grandes rubros: educación, crecimiento económico con justicia social y gobernabilidad democrática.

No hay mejor instrumento para la igualdad social que la educación. Sin educación ningún país o región puede tener crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida, la educación es el factor clave que distingue a los países exitosos de los que no progresan, pero no cualquier educación, no basta con aumentar la cobertura poblacional, no basta con aumentar los años de escolaridad o el número de horas de la jornada escolar, se precisa una educación de calidad.

En el PAN pondremos énfasis en construir los instrumentos jurídicos y las instituciones que contribuyan a elevar la calidad educativa; garantizar que los maestros accedan a su plaza por su preparación y no por razones de recomendaciones, herencias o cuotas sindicales.

Nos proponemos a hacer obligatoria y pública, como ya aprobó el Senado, la evaluación de los educandos de las escuelas y de los maestros, con consecuencias económicas para los mejor evaluados.

Impulsaremos todos los programas que tiendan a igualar el acceso de los estudiantes a la educación: becas, desayunos escolares, transporte escolar u otros, siempre y cuando sean focalizados y transparentes.

El mayor rubro de gasto público en México es la educación, aún así, esta es insuficiente, pero también puede ser mejorada la eficiencia del gasto, por ello debemos de revisar y reducir al mínimo el número de maestros comisionados o que se dedican a otras labores diferentes a la enseñanza.

La mejora en calidad y en cobertura de la educación en todos sus niveles, será permanentemente un tema central en nuestra agenda.

Crecimiento económico con justicia social una prioridad en nuestra agenda es coadyuvar con el Ejecutivo a tener un crecimiento real y sostenido. Para ello, en primer lugar, debemos vigilar que no se caiga en la tentación de romper la estabilidad económica.

Un crecimiento artificial, a partir de gastar más de lo que se tiene, genera después mayor pobreza y sufrimiento para la gente. Ya lo vivimos en el pasado y ahora lo sufren varios países en el mundo.

En el Senado estaremos atentos a la aprobación de la Ley de Ingresos para vigilar los niveles de endeudamiento.

Hoy el crecimiento económico nos llega a todos los mexicanos, por ello, vigilaremos que se sostengan e incrementen los programas sociales compensatorios y focalizados como: Oportunidades, Seguro Popular, los programas productivos como FONAES, los programas productivos del campo, los destinados entre las mujeres, entre otros, particularmente los dirigidos a la población en condiciones de vulnerabilidad como las personas con discapacidad o la población indígena.

Estaremos atentos a que los programas sociales se sigan manejando con transparencia y sin caer en las tentaciones de la manipulación política.

Mantener y mejorar la cobertura universal de salud, es una de nuestras prioridades.

Nuestro énfasis para el crecimiento económico, estará en el impulso de la pequeña y mediana empresa y al desarrollo regional y local.

El crecimiento económico sostenible y la generación de empleos, se basa en empresas pequeñas, fuertes y competitivas y en regiones y localidades que se desarrollan, más que en apostar en las grandes empresas.

El crecimiento económico sostenible no puede lograrse sin pleno respeto al medio ambiente. Buscaremos también mejorar los instrumentos que garantizan su conservación y rehabilitación.

Pasamos, hace años, de una economía cerrada, con fuerte intervención estatal, a una economía de mercado con deficientes regulaciones que nos llevaron a mercados imperfectos, que cobran precios y tarifas arriba de los competitivos y que merman el ingreso de las familias mexicanas.

El ingreso, el ahorro y el patrimonio de los mexicanos, se va perdiendo con algunos productos y servicios de mercados protegidos o de competencia imperfecta o francamente monopólicos.

Constantemente vemos denuncias de precios elevados encima de los internacionales, y no competitivos en sectores como el transporte aéreo, algunos servicios de telecomunicación, con el Internet, cemento, medicinas, mercado de publicidad en medios electrónicos, o las tarifas del transporte de carga por compromisos con grupos o sectores que encarecen, en consecuencia, todos los demás productos.

En el PAN nos proponemos perfeccionar nuestro marco jurídico para fortalecer las facultades regulatorias del Estado y combatir las prácticas desleales con eficacia.

No se trata de ir contra ninguna empresa, las necesitamos a todas, se trata de que no se apropien del patrimonio de los mexicanos, pensando que son las reglas del mercado.

Muchas empresas compiten hoy en mercados abiertos contra empresas de otros países, pero están sujetos a estructuras de costos altos por los mercados de sus proveedores que son imperfectos. El costo al final lo pagan los trabajadores con salarios bajos.

Para ser eficaces en la regulación del Estado, tenemos que entrar a una revisión de la Ley de Amparo que privilegie el interés general.

Hoy cualquier decisión de los entes reguladores o del propio Estado, o cualquier multa o penalización, tarda más de 5 años en concretarse porque se recurre de manera abusiva del derecho de amparo, afectando gravemente los derechos de la población mexicana.

En el PAN trabajaremos de la mano de las organizaciones sociales para mejorar la competitividad de nuestra economía en beneficio de los consumidores.

México necesita romper las amarras que impiden que tengamos un crecimiento conforme a nuestro potencial.

Las reformas estructurales, por las que hemos trabajado e impulsado en tantos años, que son indispensables para mejorar la vida de los mexicanos, seguirán siendo parte de nuestra agenda.

Corresponde ahora al nuevo Ejecutivo hacer las propuestas. En nosotros encontrará siempre la voluntad de construir sin mezquindades, ni cálculos políticos.

Queremos que a los mexicanos les vaya bien por encima de cualquier otra consideración.

Gobernabilidad democrática. Continuando con la tradición de los Senadores del PAN, seguiremos siendo agentes de democratización en México.

El momento actual nos reclama concluir la reforma de administración de justicia penal y dotar al Estado de los instrumentos jurídicos que necesita para combatir el delito, como la inconclusa Ley de Lavado de Dinero.

La transparencia, rendición de cuentas y combate eficaz a la corrupción, serán temas prioritarios y permanentes como elementos centrales para lograr la democratización.

Para nosotros, la transparencia es la mejor herramienta para lograr que la ciudadanía participe de manera informada en las decisiones públicas; que pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa.

Presentaremos iniciativas de leyes para hacer efectiva la iniciativa popular recién aprobada, el referéndum, el plebiscito y las candidaturas independientes.

El PAN impulsó recientemente los cambios constitucionales en materia de derechos humanos.

Seguiremos empujando porque se respeten plenamente en nuestro país, como condición indispensable de gobernabilidad democrática.

Mantendremos la insistencia en la reelección legislativa para dar al ciudadano el poder de sancionar a los legisladores; y de segunda vuelta electoral, entre varios temas más de nuestra agenda política.

Compañeras y compañeros, en los próximos días, el grupo parlamentario del PAN hará pública su agenda legislativa para esta legislatura.

Buscamos construir con todos, a partir de nuestras coincidencias, en todos los temas que sean de beneficio para los mexicanos.

En 66 años de presencia en el Congreso, hemos sido una fuerza transformadora. Con hechos daremos testimonio de que lo seguiremos siendo, haciendo propuestas, dialogando, participando en comisiones, no descalificando, y en el Pleno participando con interés para buscar construir las mayorías que impulsen la transformación de este país en beneficio de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Hoy iniciamos una nueva era en la vida parlamentaria de México, y a todos nos tocará en esta legislatura decidir cómo queremos responderles a los ciudadanos que creyeron y confiaron en nosotros, y lo más importante, decirle con hechos a la sociedad mexicana que somos capaces de hacer una política distinta, una política donde prevalezca las coincidencias por encima de las diferencias, los acuerdos por encima de los desacuerdos, el ciudadano por encima de los partidos y, en síntesis, la concordia por encima de la discordia.

La ciudadanía demanda de nosotros acciones comunes, trabajo y colaboración; pero, sobre todo, coincido con quienes me han antecedido en el uso de la voz: lo que demandan son resultados.

Con esta convicción llega el grupo parlamentario del PRI a esta nueva legislatura.

Ha concluido en forma pacífica y ordenada el proceso electoral. Que es referente de participación democrática a través de la cual la ciudadanía decidió y eligió.

En los últimos años, México ha estado en marcha. Sin embargo, los avances son claramente insuficientes y de grandes rezagos en torno a la calidad de vida de los mexicanos.

La desigualdad y la marginación social en la que viven más de 50 millones de mexicanos es insostenible. Cada vez es mayor y más acentuado el desequilibrio en la distribución del ingreso, los altos niveles de inseguridad; condiciones, todas ellas, que no podemos seguir tolerando.

Actuemos pues, para revertir esta realidad.

Es momento de asumir con madurez, con civilidad y responsabilidad nuestra tarea. De iniciar un análisis objetivo y compartido de las reformas necesarias para detonar el crecimiento, el desarrollo y el empleo, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida en un país que cuenta con todos los atributos naturales y humanos para que sus ciudadanos puedan vivir en una democracia participativa, con altos niveles de bienestar social y como una nación que tenga la capacidad de influir en las decisiones globales que marcarán el futuro de nuestro planeta.

Eso es lo que pretendemos alcanzar.

Por ello, compañeras y compañeros, al comenzar los trabajos del Senado de la República, nos corresponde ocuparnos para que los mexicanos tengan mejores empleos, productivos y mejor remunerados.

Para abatir la pobreza de los padres de familia, cuyo ingreso es insuficiente; para que niños y jóvenes, en quienes crece la desesperanza por falta de oportunidades, tengan, a través de una educación de calidad, la posibilidad de salir adelante.

Trabajemos para que la democracia sea hoy una democracia de adjetivos, una democracia de calidad, que se consolide como un sistema plenamente aceptado por todos.

Desde el Senado de la República, como Cámara garante del pacto federal, habremos de asumir un papel proactivo en el rediseño de un federalismo más justo y equitativo entre órdenes de gobierno. Y al mismo tiempo, dinámico y concurrente en temas sensibles y estratégicos, como la seguridad o la política social, la productividad y la competividad, y el cuidado, por supuesto, de nuestros recursos naturales.

Desde el Senado, compañeras y compañeros, habremos de contribuir, también, a redimensionar el papel histórico de México en la comunidad internacional, como un país basado en sólidos principios constitucionales, con vocación pacifista, liderazgo y vanguardia, que lo convierta en una potencia emergente.

En esta segunda alternancia democrática, en el PRI nos queda claro la nueva oportunidad que nos han dado los ciudadanos para conducir los destinos de México.

Pero desde la oposición, hemos aprendido también, que el diálogo y el debate enriquecen las acciones del Estado, y perfeccionan y conducen las políticas públicas para que se ejecuten con mayor eficacia y responsabilidad.

A construir, también, una democracia efectiva. Nos proponemos construir con todos ustedes una democracia de resultados.

Sabemos que el debate y el diálogo respetuoso, basado en la tolerancia y el razonamiento, debe tener como propósito responder a las exigencias ciudadanas de una sociedad plural, pero que en la discusión, como simple ejercicio de retórica parlamentaria, puede quedarse en un estéril contraste de posiciones políticas-ideológicas que no respondan a las expectativas que los mexicanos tienen respecto de quienes hoy tenemos el privilegio y la responsabilidad de ocupar un escaño.

Es por ello que nos aplicaremos en el ejercicio, nos aplicaremos en el ejercicio eficaz de la tarea legislativa, en la presentación de iniciativas verdaderamente relevantes, en el debate de fondo, con el uso de argumentos, de sustancia, en el impulso a la generación de dictámenes en tiempo y en forma, en la aprobación de leyes técnica y jurídicamente impecables.

Vamos a realizar nuestro trabajo, honrando al papel del Poder Legislativo. Tienen razón, necesitamos particularmente, desde el Senado, en un sistema republicano, mostrar que podemos producir leyes que sean resultado de un análisis cuidadoso, de la reflexión, de ánimos atemperados por la experiencia y la sabiduría de todos sus integrantes.

A partir de estos principios, es que el grupo parlamentario del PRI, impulsará durante esta legislatura las propuestas claves para el futuro de México.

No llegamos a improvisar, mucho menos a destruir. No llegamos a aprender, tenemos hoy una agenda para México y para los mexicanos.

Nos propondremos avanzar en una reforma hacendaria integral, que amplíe la base tributaria, que reduzca al máximo las exenciones y los privilegios fiscales, que simplifique los procedimientos, que redefina las potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno; una reforma hacendaria que reduzca la dependencia de los ingresos petroleros y que con visión de Estado y de largo plazo, permita a México contar con los recursos necesarios para generar las condiciones de bienestar que demandan los ciudadanos.

Impulsaremos, también, compañeras y compañeros, una reforma energética que permita con pleno ejercicio de nuestra soberanía, una mejor utilización de nuestros recursos naturales para impulsar el desarrollo económico.

Una reforma energética con una visión intergeneracional. Porque sabemos que nuestros recursos no son exclusivos de nuestra generación. Son también propiedad de los mexicanos del mañana.

Vamos, pues, a trabajar en una reforma laboral que sea incluyente, moderna y equilibrada. Una reforma laboral que considere siempre las conquistas de los trabajadores, que fomente la contratación de mujeres y jóvenes, que propicie la generación de empleos.

Nos comprometemos a revisar, con toda seriedad, compañeras y compañeros Senadores, la decisión de la Colegisladora, si resulta en una minuta la iniciativa enviada por el Presidente de la República, bajo la nueva modalidad de iniciativa preferente.

El PRI en el Senado buscará la aprobación de una reforma a la seguridad social que garantice el acceso universal a la salud, que fomente la economía formal, que haga frente al extraordinario riesgo que representa la viabilidad del sistema de pensiones.

El proyecto, que representa el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, es incluyente. Encabezará un gobierno sensible, responsable, transparente, abierto; que dé respuestas a todos: un gobierno eficaz.

Es por ello, que vemos con entusiasmo y con convicción su propuesta de transformar el ejercicio del poder público y consolidar una presidencia democrática.

Por ello, nuestro grupo parlamentario impulsará, entre otras, tres iniciativas.

La que permita una mayor transparencia en todos los órdenes de gobierno, con la ampliación de las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La que permita claridad en la contratación de espacios para la difusión de todos los niveles de gobierno con los medios de comunicación.

Y la que establezca la Comisión Nacional Anticorrupción, para el combate de este mal, que obstaculiza el desarrollo del país y agravia a los mexicanos.

El PRI llega al poder, compañeras y compañeros, habiendo aprendido las lecciones de los últimos años. Aquilatamos la experiencia de la alternancia y nuestro papel como oposición responsable.

Pero queremos ir más allá. Somos conscientes del momento histórico en que estamos.

Hay graves asignaturas pendientes. Necesitamos crecer y generar bienestar. Requerimos aumentar nuestras fortalezas en un mundo incierto.

El 2012 nos muestra que las cosas han cambiado, la sociedad es distinta, el país y el mundo viven una era intensa y compleja. Las necesidades son muchas y los ciudadanos ahora demandan, exigen nuevas políticas, nuevos actores, nuevas propuestas y también nuevos enfoques.

Estos son los tiempos de los ciudadanos. Son los tiempos de la gente, no son los tiempos de la élite.

Al recuperar el poder, en el PRI nos planteamos gobernar con altura de miras y con horizontes amplios. Las elecciones, ciertamente, son una expresión democrática mediante la cual el ciudadano elige a sus gobernantes; son el vehículo para cambiar la sociedad, pensando en las generaciones de hoy, pero también construyendo para las generaciones del mañana.

La acción del gobierno y la respuesta de la gente, son objetivos mucho más ambiciosos y alcanzarlos supone una concepción clara de la política que concebimos y de la política que queremos hacer.

Nuestro grupo parlamentario se conducirá como una mayoría moderna, renovada, profesional y comprometida; con un agenda nacional propia del siglo XXI.

Escucharemos a la gente que quiere que sus gobernantes y sus representados actúen, que den resultados, que rindan cuentas y conviertan las promesas de campaña en los hechos de gobierno.

Para eso hemos sido electos. Para hacer cosas concretas, para realizar aquellas obras y tareas que aporten bienestar a la comunidad a la cual sirven. Este es el fin de la política, servir con eficacia y con lealtad, servir con un liderazgo fuerte y servir a México y a los mexicanos.

Como bien dijo el gran parlamentario inglés Edmund Burke, hace más de 200 años: “El Parlamento, señoras y señores, no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros deben sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados, sino una Asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde deben guiar no los intereses y los prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo”. Creo que eso es parte del desafío.

Los Senadores y las Senadoras del PRI trabajaremos de manera responsable y comprometida con el país, buscando siempre la estrecha colaboración con todas las fuerzas políticas aquí representadas, con todas las fuerzas políticas que aquí han fijado su postura y, sobre todo, tengan la certeza en un diálogo permanente con el rico entramado social que se ha construido en el siglo XXI mexicano.

Buscaremos siempre encontrar coincidencias a partir de reglas y de procedimientos claros, tratando de persuadir a través de la razón, con una actitud abierta, con argumentos distintos y siempre con la voluntad de alcanzar acuerdos a favor de México.

Sin duda, amigas y amigos, señoras y señores Senadores, en la tarea de servir a México estamos involucrados todas y todos, tenemos un papel y tenemos que dar resultados absolutamente todas y todos. Son tiempos de conciliación, no lo olvidemos. Son tiempos de mostrar que México nos une, no lo dejemos en el discurso, hagámoslo en la realidad. Hagámoslo entonces, ese es el desafío. En el PRI tendrán a los mejores aliados.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: A petición de la Senadora Layda Sansores San Román, y con fundamento en el artículo 8 del Reglamento, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros:

Como legisladora del Movimiento Ciudadano formo parte del Frente Parlamentario Progresista. Presentaremos o ya presentamos parte de una agenda conjunta, considerando temas prioritarios para el país que hablaron de ello ampliamente mis compañeros del PT y del PRD, así que quiero hablar y concentrarme en un tema que es muy sensible y que es de actualidad.

Nos enfrentamos a una severa crisis institucional que pone en peligro el tejido social de la nación misma.

El Tribunal Electoral abdicó de su responsabilidad para ponerla al servicio del fraude. Quienes actuaron más que como magistrados como jueces de rancho, se escudaron en formalismos muy devotos de la ley; pero muy indiferentes con la justicia y la legitimidad, guiados por sus ambiciones personales y como voceros de sus dueños impusieron a Peña Nieto. Ni disimularon, no habían votado y ya lo llamaban Presidente electo.

Y luego el señor Luna sonriente, salamero, cuando le iba a entregar su constancia, bueno, sudaba felicidad. Le dio la mano, le tomó el brazo y le obsequió su mejor sonrisa de tendero.

No nos confundamos, la sentencia no es contra López Obrador y lo que representa su valor, su honestidad, su visión de un país nacionalista y ciudadano. Es en contra de más de 31 millones de ciudadanos que fueron a las urnas y que no votaron por Peña Nieto. Su sentencia es contra México.

Condena al país a vivir bajo la sombra de un poder ilegítimo. Es bala de muerte contra un sistema que aspira a ser democrático.

Ahora resulta que Peña Nieto, el exquisito, el que no supo ni cómo murió su mujer, el machito mexicano, el de la doble y triple vida, cuyo único mérito fue haber sido tapadera de Montiel, su tío que lo hizo gobernador, hoy debe ser el Presidente de México. Y todavía vienen con el cinismo de decirnos que dentro de sus tres ejes principales va a formar una comisión contra la corrupción. Ojalá que empiece a analizar su caso.

Peña Nieto quien se definió asimismo como conservador, como Calleja en La Independencia; Miramón y Mejía en la Epoca Juarista; Limantur en el Porfiriato, quien en la Universidad Iberoamericana exhibió como trofeo la represión en Atenco y nos hizo recordar al Presidente autoritario del '68, el que luego asustado se fue a esconder al baño, fue declarado por el Tribunal Electoral como hombre impoluto y su elección inmaculada.

Peña Nieto es el retrato descarnado de lo que es capaz la ambición del poder, no tuvo límites, lucró con el hambre, promovió entre la clase media empobrecida que se organizaran cadenas para comprar votos entre amigos y tomar fotos con los celulares que ellos mismos les entregaban. Usó todos los recursos humanos y materiales que los virreyes estatales, aliados y corruptos pusieron a su disposición.

Miles y miles de espectaculares, todo tipo de propaganda, el exquisito se trasladaba. No, no, había un comercial, de ninguna manera, en suites voladoras. El costo promedio de cada viajecito de ida y vuelta equivale al trabajo de 40 años de un trabajador de salario mínimo, es una vergüenza. Ese que representa los monopolios televisivos, que repartió tarjetas Soriana, Monex, que hizo turbias operaciones financieras para canalizar fondos de dudosa procedencia. A ese señor que sedujo y compró autoridades electorales, incluyendo a los consejos distritales de los que poco se hablan. Trabajan en la enhebra, pero son determinantes en el manoseo de las cifras en cada Estado, nos lo imponen como Presidente. Una cadena de “no veo, no oigo, no digo”. Argucias y conductas ruines concluyeron con la imposición de Peña. Esta es la única verdad contundente.

Basta recorrer nuestro país para saber que la indignación está presente.

“México lindo y herido” decía una pancarta de un joven del Movimiento Yo Soy 132. La lección de esta elección es que si no queremos que las elecciones se compren, que se subasten al mejor postor, como fue en esta ocasión, hay que mantener la lucha viva, pero la democracia de si alguien no, es para cobardes. La ilusión del Movimiento Yo Soy 132 es una clarinada. Cuando los jóvenes salen a las calles, señores Senadores, es que tiempos nuevos están por venir.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que daremos cuenta, para su consideración, de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política inscritos en el Orden del Día en un momento posterior de esta sesión.

Compañeros Senadores, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 43 del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, por el que se propone la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. Si no hubiera ninguna participación, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese.

Compañeros Senadores, les informo también que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para incorporar una Secretaría a la Mesa Directiva. Con este Acuerdo, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria. El documento está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.

“Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General y

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 62 establece que la Mesa Directiva del Senado se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios; y

Que la importancia de los trabajos de la Cámara de Senadores hace necesario una participación corresponsable y equilibrada entre los representantes de los diversos grupos parlamentarios en la integración de los órganos de la Cámara, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se designa Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2012.

Mesa Directiva: Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente.- Sen. Enrique Burgos García, Vicepresidente.- Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para recoger la votación del Acuerdo.

En virtud de que esta es nuestra primera votación nominal, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.

"VOTACION

SENADORES A FAVOR: 117

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ALCALÁ RUIZ BLANCA

ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ARAUJO LARA ANGÉLICA

ARRIOLA GORDILLO MÓNICA

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARBOSA HUERTA MIGUEL

BARRERA TAPIA MARÍA ELENA

BARROSO AGRAMONT RICARDO

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CASILLAS ROMERO JESÚS

CAVAZOS LERMA MANUEL

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERAS HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GASTÉLUM BAJO DIVA

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE E

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

GUEVARA ESPINOSA ANA GABRIELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ANZALDO ANA LILIA

HERRERA ÁVILA FERNANDO

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MONREAL ÁVILA DAVID

MORÓN OROZCO RAÚL

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER

ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA

PADIERNA LUNA DOLORES

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES CORZO TEÓFILO

TORRES GRACIANO FERNANDO

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO"

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 117 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva.

Solicito a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez se sirva pasar al frente de este presidium para que rinda su protesta de ley.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Solicito amablemente a la Asamblea ponerse de pie.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadana Senadora Martha Palafox Gutiérrez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, Senadora Martha Palafox!

(Aplausos)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores sean tan amables de tomar asiento.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el pasado 1° de septiembre se recibieron los ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República. Ese mismo día fueron distribuidos entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios para conocimiento de este importante documento.

Pasamos al siguiente asunto.
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de autorización del titular del Ejecutivo Federal, para que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales "Partnership of the Americas 2012", que se llevarán a cabo en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/2357/2012
México, D.F., a 20 de agosto de 2012

Secretarios de la Comision Permanente
del H. Congreso de la Union
Presentes.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el titular del Ejecutivo Federal, por el que solicita autorización para que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales “Partnership of the Americas 2012”, que se llevarán a cabo del 3 al 16 de septiembre de 2012 en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América, a efecto de que por su amable conducto, sea turnada a la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La Secretaría de Marina recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Coordinación de Defensa de la Embajada de ese país en México, para participar en los ejercicio navales “Partnership of the Americas 2012” (POA-12), que se llevarán a cabo del 3 al 16 de septiembre de 2012, en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América.

POA-12 son ejercicios multinacionales que incluyen operaciones de paz, actividades contra el narcotráfico, asistencia humanitaria y una práctica regional de coordinación, mando y control de una operación anfibia, para lo cual el gobierno de los Estados Unidos de América ha invitado a participar también a las armadas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Por sus dimensiones, los ejercicios POA-12 representan una valiosa oportunidad para que nuestra Armada participe en maniobras navales de esta naturaleza, las cuales fortalecen el desarrollo de nuestra fuerza naval al incrementar su capacidad operativa y de respuesta, además de favorecer la aplicación, actualización y evaluación de los conocimientos que los integrantes de nuestras fuerzas armadas adquieren durante su adiestramiento en nuestro país.

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participará en POA-12 con la siguiente fuerza naval: el buque de Guerra Anfibia ARM. “PAPALOAPAN” A-411, con 150 elementos de tripulación, un helicóptero embarcado tipo MI-17 con 6 elementos de tripulación de vuelo y una Sección de Infantería de Marina de 43 elementos.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo Federal a mi cargo permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en los ejercicio navales “Partnership of the Americas 2012”, con las unidades operativas señaladas.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 14 de agosto de 2012.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Hago del conocimiento de la Asamblea que esta solicitud se recibió en la Comisión Permanente el pasado 20 de agosto, y se remite al Senado por ser un asunto de su exclusiva facultad de resolución.

La salida de las tropas navales se proponen este mismo día y hasta el 16 de septiembre  próximo.

En razón de la cercanía de la salida es necesario que esta Asamblea se pronuncie de inmediato sobre la solicitud.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Hago del conocimiento que para lograr la consideración de urgente resolución es necesaria la aprobación de al menos dos tercios de los presentes.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el siguiente proyecto de Decreto.

UNICO. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que elementos de la Armada de México salgan de territorio nacional con el objeto de participar en los ejercicios navales "Partnership of the Americas 2012", que se llevará a cabo del 4 al 16 de septiembre de 2012, en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América.

Está a discusión el anterior proyecto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores y Senadoras de la República:

Bueno, queremos aprovechar este punto, porque la verdad es que quisiéramos que con esa claridad con la que hoy estamos autorizando que elementos de la Armada Mexicana vayan a Estados Unidos con una misión, que con esa misma claridad pudiéramos conocer cuántos agentes y de qué instituciones estadounidense están en nuestro país, haciendo qué y bajo qué acuerdo.

Van varios incidentes ya en esta administración, tan sólo en la anterior legislatura se promovieron 10 recursos, 10 propuestas de puntos de Acuerdo donde se registraban incidentes dentro de territorio nacional de actividades de agentes de los Estados Unidos.

Y vemos también que en Estados Unidos, en el Senado de ese país, también hay una preocupación similar; hay una investigación en curso del Congreso que tiene en la palestra, tiene bajo la amenaza de destitución al procurador de Obama, al señor Erick Holder.

Lo anterior viene al caso por el asunto en “Tres Marías”, el incidente, emboscada o confusión resulta grave, porque estuvieron a punto de perder la vida un elemento de la Armada Mexicana y dos agentes estadounidenses a manos de policías federales.

Es responsabilidad del Senado de la República analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales que proponga el Ejecutivo.

La Constitución señala al Ejecutivo que en la conducción de la política exterior debe observar los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, entre otros. Es deber del Estado garantizar que no existe algún elemento interno o externo que afecte la libre determinación del Estado mexicano.

Por lo tanto, es obligación del Ejecutivo Federal velar por la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, y la preservación de la soberanía e independencia nacional.

¿Qué nos dice la ley de Seguridad Nacional? Bueno, ahí dispone que son amenazas a la seguridad nacional todos aquellos actos de interferencia extranjera que puedan implicar una afectación al Estado mexicano.

De acuerdo con la información que se ha publicado y ante la omisión de las autoridades mexicanas, hay una razonable presunción que estos hechos son violatorios de los principios de soberanía nacional y no intervención de la política exterior mexicana; en específico la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos debe seguir, sin excepciones, los principios consagrados en la Carta Magna.
A la fecha no se tiene conocimiento de nada, de ningún instrumento que permita la actuación de agentes estadounidenses dentro de territorio nacional para labores de inteligencia; en consecuencia, podemos suponer que los agentes estadounidenses, las actividades que estaban haciendo esos agentes son ilegales, y que si hubiera algún instrumento, independientemente de su indebida reserva, habría que revisar su contenido para verificar que se cumplen con los principios constitucionales por la forma en que se han conducido los hechos; consideramos lamentable la actuación del gobierno mexicano que ha permitido o tolerado por acción u omisión que agentes de un gobierno extranjero, como el estadounidense, intervengan dentro de territorio nacional. Es inadmisible tolerar esta situación ilegal e ilegítima.

El Honorable Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México, ni que se vulnere la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos, por eso, compañeras y compañeros Senadores, enlistamos un punto de Acuerdo para que podamos debatir y profundicemos sobre estos temas más adelante de acuerdo al Orden del Día, donde pedimos básicamente cuatro puntos: primero, pues rechazar la intromisión ilegal en el territorio nacional; segundo, exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a los secretarios correspondientes a terminar con la investigación. Vamos a pedir exactamente lo mismo que ayer pedía el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, que pedía que se hiciera una investigación, que se conociera la verdad y que se castigue a los responsables.

Un tercer punto es, pues pedir que vengan al Senado de la República a que nos expliquen con toda claridad los secretarios responsables del asunto que estamos abordando. Esto es el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García; el Secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza y la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Embajadora Patricia Espinosa.

Y por último, también vamos a proponer la conformación de un grupo de Senadores mexicanos para establecer contacto con los Senadores de Estados Unidos para ver si hay algún vínculo entre la acción que estamos comentando y el operativo denominado, que está bajo investigación del Congreso Norteamericano, “Rápido y Furioso”.

Los invito a que más adelante, de acuerdo al Orden del Día, profundicemos en este debate y cuestionemos este asunto.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente:

Desde luego, apoyando lo que está planteando el Senador Delgado, pero yo quisiera preguntar otra cosa, los ejercicios empezaban ayer, ¿tenemos alguna información de que hayan salido sin permiso esos navíos, porque van a llegar tarde?

Este es un tema muy importante. En mi experiencia en el Senado, les quiero decir, se ha venido abusando de esas peticiones de salida de fuerzas mexicanas al exterior, y no nos informan para qué, cómo, y es muy delicado, su integración, sus ejercicios, a dónde van. Nosotros somos responsables de la política exterior de ese país.

Me parece que el Senador Delgado Carrillo ha planteado cosas muy importantes que hay que tomar en consideración, pero yo, señor Presidente, le diría que hay que tener mucho cuidado en sacar esas cosas así sin tener información adecuada. Y para empezar, ¿estarán en México todavía, señor Presidente?, no sea que vayamos a hacer el ridículo de aprobar lo que ya se dio.

Muchas gracias por su atención.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Unicamente le informo a la Asamblea que el conocimiento que tenemos es que no ha salido un solo marino mexicano rumbo a estos ejercicios, y la solicitud que se está haciendo es para abandonar el país del 4 al 16 de septiembre. Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia; buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

México ha enfrentado en los últimos años una situación de seguridad complicada que ha representado un gran reto para nuestro país. El Presidente Felipe Calderón tuvo la valiente decisión de enfrentar con toda la fuerza al crimen organizado, decisión que hemos respaldado.

No ha sido tarea fácil, ni es una tarea concluida, el próximo gobierno deberá continuar con esta labor de defensa de todos los mexicanos. No podemos dejar de reconocer y agradecer a la Policía Federal, a los buenos policías estatales y municipales y, sobre todo, a nuestras Fuerzas Armadas por su valentía y compromiso con la seguridad de todos los mexicanos.

De manera especial, la Marina-Armada de México ha sido un faro de luz y esperanza para muchos estados que eran azotados por la delincuencia organizada, y que la Marina ha logrado rescatar y regresar a la paz y tranquilidad. El patriotismo y profesionalismo de la Marina-Armada de México han sido reflejados en el respeto de esta institución a los derechos humanos de todos los mexicanos.

Tenemos el deber de seguir apoyando a nuestras Fuerzas Armadas en la medida que tengamos instituciones más profesionales y capacitadas en materia de seguridad, vamos a tener un país más seguro. Es por ello que hoy debemos autorizar a la Marina a acudir a los ejercicios navales de la POA-2012.

Este tipo de investigaciones refleja el importante papel que juega la Marina en el concierto internacional, en especial en la seguridad global de nuestro continente. La cooperación multilateral es vital para que nuestra seguridad nacional esté bien resguardada, el fenómeno delictivo es cada vez más global y no ve fronteras, es por ello de vital importancia que se participe en este tipo de ejercicios internacionales, en los cuales, desde el año 2009, ya la Marina-Armada de México ha participado y ha sido reconocida a nivel internacional. Nuestro país sigue enfrentado un gran reto en materia de seguridad, sólo con unidad y apoyo a nuestras fuerzas del orden vamos a lograr seguir por un buen camino.

A nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, agradezco a la Marina-Armada de México y a nuestras Fuerzas Armadas por su valor y amor a México. Que quede constancia de nuestro reconocimiento y apoyo total a las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Es cuanto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro.
- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es muy clara nuestra facultad exclusiva y constitucional como Senado de la República para autorizar, analizar y discutir todo lo que refiere efectivamente a la política exterior, y particularmente a todas las solicitudes del Ejecutivo Federal. Quiero decirles que es natural también que esto lo veamos con mucha seriedad, y también entendamos que la participación que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército Nacional, es de reconocimiento de toda la nación, y particularmente lo hacemos los Senadores, y lo hago con la venia de mi fracción parlamentaria del PRI, del trabajo, del esfuerzo y del patriotismo por el que las Fuerzas Armadas han participado en la lucha por la seguridad nacional y contra el crimen organizado en todos sus niveles.

En este caso en particular, como todos los que llegarán en esta legislatura, los vamos a analizar con detenimiento. Sí es cierto que en esta situación en especial estamos iniciando la legislatura, y hay una petición de carácter urgente del Ejecutivo Federal para que se apruebe, y en este caso también no se mande a comisiones y se dé la dispensa, y que se apruebe en esta misma sesión.

Hay que recordar que hay acuerdos internacionales, hay acuerdos de colaboración, y en este caso en particular, en donde habrá prácticas y acciones de paz, junto con varios países hermanos de América.

A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, queremos expresar nuestro apoyo y, desde luego, nuestro voto afirmativo para que elementos de las Fuerzas Armadas participen en esta serie de acciones, y después que se nos informe de todo lo relacionado a esto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

(Aplausos)

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con qué objeto?

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Puede pasar a la tribuna, Senador Sánchez Jiménez, si es tan amable, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El tema que hoy se trata, de permitir a la Marina Armada de México asistir a ejercicios en Estados Unidos, invitados por ese gobierno, y de esta manera clara discutirlo, y por supuesto no hay objeción en que esto sea permitido.

El problema es que existen acuerdos confidenciales firmados sin que esta instancia, sin que esta Cámara intervenga.

A raíz de los sucesos de Tres Marías, de este ataque que aún está muy confuso, aún cuando se ha dicho el día de ayer: “Que se reconoce que fue una confusión de la Policía Federal”, aún falta mucho que esclarecerse.
Y a partir de ese hecho es que se dio a conocer una filtración de una nota diplomática confidencial con número 08FPAPE98436, que revela la firma del acuerdo general de seguridad de información militar, por sus siglas en inglés “GSOMIA”, entre el Secretario de la Marina Armada de México almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza y el Subsecretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos Paul McHale, en el mes de septiembre de 2008. Esto, considero, es en detrimento de la soberanía nacional, de los derechos humanos, de la paz y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Me parece que esto, de ser cierta esta filtración, de ser cierto este convenio, este acuerdo, es violatorio de la Constitución.

Ustedes saben que ningún secretario puede firmar un convenio con un gobierno extranjero sin que esto pase por el Senado.

Por eso creo que es urgente que se nos dé información, al Senado, de éste y otros acuerdos secretos firmados y que violentan la Constitución.

Es oportuno, hoy que se habla de esta participación de la Marina Armada de México en Estados Unidos, que pongamos atención en este rubro y que exijamos respeto a la Constitución, respeto a esta Soberanía.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con qué objeto, Senador Demédicis Hidalgo?

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para razonar mi voto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Este tema de dar permiso a las Fuerzas Armadas para que asistan fuera del país, es un tema delicado.

El compañero Luis Sánchez planteaba una situación de muchas que existen en nuestro país en donde se viola nuestra soberanía de manera recurrente.

Hasta estos escenarios, como el que generaron “Rápido y Furioso”, en donde ellos no están solicitando permiso para incursionar en nuestro país.

Somos víctimas de actos irresponsables de Estados Unidos, como éste, en donde han muerto miles y miles de ciudadanos en nuestro país.

Coincido con el compañero Luis Sánchez, cuando plantea: “Que el Senado mexicano tiene que ser más escrupuloso, tiene que ser más estricto, tiene que ser más cuidadoso a la hora de otorgar permisos para que nuestras Fuerzas Armadas salgan del país”.

Requerimos conocer con más puntualidad cuáles son los objetivos concretos que se persiguen al otorgar este permiso.
Ahí tenemos un documento, que es muy escueto, que van a hacer algunas actividades con la Armada de Estados Unidos y con integrantes de armadas de otros Estados nacionales de América Latina, pero reitero, es muy escueto.

Sí requerimos, cuando menos yo como Senador, sí requiero que se nos entregue más información.

Hay situaciones que no se dicen, y que el Senado puede aprobar situaciones de las cuales tengamos que lamentarnos posteriormente.

Es difícil, difícil dar una posición favorable sin pensar en todos los acontecimientos en los que se ha envuelto la Marina Nacional y el Ejército Mexicano en el tema de violación de derechos humanos.

En mi estado tenemos acontecimientos verdaderamente dramáticos. Uno de los últimos que conmocionó al país, es el asesinato del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, en manos de integrantes del Ejército Mexicano, y que afortunadamente para la justicia de este país, hoy están ya siendo juzgados por juzgados civiles, que es un tema importantísimo que hemos logrado sacar adelante gracias a la presión de la sociedad morelense y gracias a la presión que hemos ejercido los legisladores de nuestro estado.

Sí reitero, solicito que este Senado sea más escrupuloso, más cuidadoso antes de otorgar permiso.

Nuestro voto va a ser a favor, pero con estas consideraciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿Con qué objeto, Senador Raúl Gracia?

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Solamente para contextualizar.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Para contextualizar un poquito, moción de orden para centrar el tema, porque creo que estamos distrayendo el tema.

Partnership of the Americas, que es un tema anual. El año pasado, en 2011, hubo el mismo ejercicio, fueron 9 países: Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, y lo que buscan es: discusión, planeación, ejecución de operaciones anfibias, misiones de paz y asistencia humanitaria.

Entonces, creo que es un tema demasiado benévolo como para desenfocar el tema en temas que no vienen al caso, y creo que son temas de otra oportunidad de debate.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias a usted, Senador Gracia Guzmán. Agotada la lista de oradores...
- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Nada más para precisar, con claridad, qué es lo que vamos a votar, toda vez que la solicitud de la Armada se presentó desde el pasado 20 de agosto. Es un tema que debió haber agotado la anterior legislatura.

Y la solicitud es para que los ejercicios se realicen del 3 al 16 de septiembre.

Yo si quisiera que precisáramos con claridad; que la aprobación será a partir del día 4 de septiembre; independientemente de que ya iniciaron los ejercicios. No se incorporarán seguramente hoy, pues el buque de guerra anfibio, el Papaloapan, ni el helicóptero, ni la sección de Infantería de Marina de 43 elementos. Pero que quede establecido con toda precisión, y que nos informe la Secretaría de Marina el momento en que se incorporaron a los ejercicios, como lo han hecho ya en años anteriores.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas.

Comparto su preocupación; el resolutivo así está. Es una autorización para estar del 4, a partir de que se los autoricemos, hasta el 16 de septiembre. Y de manera que procede su comentario y su puntualización, Senador Encinas.

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

"VOTACION

SENADORES A FAVOR: 113
AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO
ALCALÁ RUIZ BLANCA
ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA
AMADOR GAXIOLA DANIEL
ARAUJO LARA ANGÉLICA
ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL
BARBOSA HUERTA MIGUEL
BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA
BARRERA TAPIA MARÍA ELENA
BARROSO AGRAMONT RICARDO
BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA
BURGOS GARCÍA ENRIQUE
BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA
CAMACHO SOLÍS MANUEL
CASILLAS ROMERO JESÚS
CAVAZOS LERMA MANUEL
CERVANTES ANDRADE RAÚL
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL
CORDERO ARROYO ERNESTO
CORRAL JURADO JAVIER
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO
CUÉLLAR CISNEROS LORENA
CUEVAS BARRÓN GABRIELA
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA
DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA
DELGADO CARRILLO MARIO
DEMEDICIS HIDALGO FIDEL
DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA
DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA
DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO
ESCUDERO MORALES PABLO
FAYAD MENESES OMAR
FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.
FLORES ESCALERAS HILDA ESTHELA
FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO
FLORES SÁNCHEZ MARGARITA
GAMBOA PATRÓN EMILIO
GÁNDARA CAMOU ERNESTO
GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO
GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE
GASTÉLUM BAJO DIVA
GIL ZUARTH ROBERTO
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA
GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY
GONZÁLEZ CANTO FÉLIX
GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS
GRACIA GUZMÁN RAÚL
GUERRA CASTILLO MARCELA
HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR
HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL
HERNÁNDEZ LECONA LISBETH
HERRERA ALE JUANA LETICIA
HERRERA ANZALDO ANA LILIA
HERRERA ÁVILA FERNANDO
IRIZAR LÓPEZ AARÓN
JUÁREZ CISNEROS RENÉ
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR
LAVALLE MAURY JORGE LUIS
LÓPEZ BRITO FRANCISCO S
LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO
LOZANO ALARCÓN JAVIER
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA
MAYANS CANABAL FERNANDO E.
MAYANS CANABAL HUMBERTO
MENDOZA DAVIS CARLOS
MENDOZA DÍAZ SONIA
MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY
MERODIO REZA LIDIA GUADALUPE
MORÓN OROZCO RAÚL
NEYRA CHÁVEZ ARMANDO
OROZCO SANDOVAL MARTÍN
ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER
ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA
PADIERNA LUNA DOLORES
PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO
PENCHYNA GRUB DAVID
PÉREZ MAGAÑA EVIEL
PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO
POZOS LANZ RAÚL AARÓN
PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO
RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ
RÍOS PITER ARMANDO
ROBLEDO ABURTO ZOÉ
ROBLES MONTOYA BENJAMÍN
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA
ROMERO CELIS MELY
ROMERO DESCHAMPS CARLOS
ROMERO HICKS JUAN CARLOS
ROMERO LAINAS ADOLFO
ROMO MEDINA MIGUEL
ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN
RUFFO APPEL ERNESTO
SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH
SALDAÑA PÉREZ LUCERO
SALINAS SADA NINFA
SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS
TELLO CRISTERNA ALEJANDRO
TORRES CORZO TEÓFILO
TORRES GRACIANO FERNANDO
VEGA CASILLAS SALVADOR
YUNES LANDA HÉCTOR
YUNES MÁRQUEZ FERNANDO
YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO
ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

SENADORES EN CONTRA: 2
ARRIOLA GORDILLO MÓNICA
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 4
BARTLETT DÍAZ MANUEL
GUEVARA ESPINOSA ANA GABRIELA
MONREAL ÁVILA DAVID
PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA"

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 113 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de participar en los ejercicios navales “Partnership of the Americas 2012” que se llevarán a cabo del 4 al 16 de septiembre de 2012 en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

 



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se tiene por recibida la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Informo a la Asamblea, que en tanto se constituyen las comisiones, los proyectos y asuntos que se les turnen, quedarán en poder de la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.
- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, informo a ustedes que este asunto corresponde a los que el nuevo texto del artículo 71 constitucional identifica como iniciativa preferente y, por tanto, tiene un plazo establecido para su resolución.

En esa virtud, esta Presidencia notificará a la Junta de Coordinación Política, que es necesaria la presentación de un Acuerdo que proponga el trámite y el procedimiento que podría aplicarse para el análisis de este asunto, tal y como lo establece el artículo 122, tercer párrafo, del Reglamento del Senado. Y en su momento, someterlo a la discusión y votación de la Asamblea.

En tanto, el asunto queda en poder de la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-junio de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se tiene por recibido el informe, en su momento se turnará a la comisión correspondiente. Remítase copia a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite el informe trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al segundo trimestre de 2012; y

El informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: De la misma manera, se tienen por recibidos los informes. En su oportunidad se turnarán a la comisión correspondiente. Remítase copia a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Secretaría de Gobernación remite cuatro oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/2373/2012
México, D.F., a 21 de agosto de 2012

Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10552, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Marina Stavenhagen Vargas, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de Oficial, le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2452/2012
México, D.F., a 3 de septiembre de 2012

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10666, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Omar León Arroyo, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2450/2012
México, D.F., a 3 de septiembre de 2012

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10839, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Ernesto Rivera Rojas, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla “Mérito Santos-Dumont”, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/2318/2012
México, D.F., a 15 de agosto de 2012

Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1119/12, la Lie. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Carolina Rojas Cardiel

Administradora Financiera

Embajada de Nueva Zelanda en México.

Mariela Escalona Luna

Operadora Telefónica

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Jorge Antonio Camacho Ugalde

Auxiliar del Área Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Rocío Yáñez Ojeda

Asistente Administrativo en el Departamento de Servicios a Ciudadanos Americanos

Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Francisco Javier Meléndez González

Chofer/Almacenista

Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Marco Abraham Meza Salas

Chofer/Almacenista

Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Jesús Manuel García Monreal

Cajero

Consulado General de los Estados unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Martha Lorena Parra Arteaga

Asistente de Investigaciones de Fraude

Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Carlos Alberto Cristerna Sánchez

Examinador de Cuentas en la Oficina de Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México, D.F.

Jessica Mónica Menchaca Fernández

Asistente de Investigación

Embajada de los Estados Unidos de América en México, D.F.

Plácido Ceciliano González

Inspector de Mantenimiento

Embajada de los Estados Unidos de América en México, D.F.

Mireya Delgadillo Hinojosa

Secretaria en la Oficina del Departamento de Agricultura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Embajada de los Estados Unidos de América en México, D.F.

Cecilio Miguel Montero Marín

Empleado de Mantenimiento en la Oficina de Servicios Generales

Embajada de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

María Verónica Franco Vidaurri

Investigador en Area de Seguridad

Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Mónica Maciel López

Auxiliar de Visas

Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sergio Hernández Caletre

Ayudante Administrativo y Chofer de Sección INC

Embajada de los Estados Unidos de América en México D.F.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se dan por recibidos y se turnarán, en su momento, a la Comisión de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE MARINA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se tiene por recibido un oficio del titular de la Secretaría de Marina, para informar de la determinación de otorgar 29 ascensos post mortem a personal de la Armada.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se informa al Pleno que este documento se envía bajo el fundamento del artículo 44 Bis de la Ley de Ascensos de la Armada de México, con propósitos informativos, por lo que esta Asamblea queda debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de julio de 2012; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evaluación de la recaudación del mes de julio de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se tiene por recibida dicha información, en su momento se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y remítase copia a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del XXVII aniversario de los sismos de septiembre de 1985, a realizarse el próximo miércoles 19 del mes en curso, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

“2012- Año por la Cultura de Legalidad”
Oficio Núm. SPC/ S/ 1038/2012

México, D.F. a 20 de Agosto de 2012

Asunto: Invitación a la Ceremonia
Cívica Solemne Conmemorativa a
los Sismos de 1985.

SEN. JORGE GONZALEZ MORFIN.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
AV. PASEO DE LA REFORMA # 135
ESQ. REFORMA COL. TABACALERA
PRESENTE.

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, conforme al Decreto Presidencial del 19 de Septiembre del 2001, me permito convocarle a usted a participar en la Ceremonia Solemne que será encabezada por el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en conmemoración del XXVII Aniversario de la tragedia originada por los Sismos de 1985.

En este evento quienes integran el Gobierno del Distrito Federal rinden un respetuoso tributo a la memoria de víctimas y damnificados, así como otorgar un pleno reconocimiento a la fortaleza y solidaridad de la población en las labores de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México; es por ello que esperamos contar con su distinguida presencia como muestra de solidaridad y unidad.

La referida ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de Septiembre del año en curso, dando inicio a las 06:45 horas en la Plaza de la Solidaridad, ubicada en Av. Juárez s/n, esquina Dr. Mora, Colonia Centro.

Sin otro particular, reciba un fraternal saludo.

Atentamente

El Secretario de Protección Civil
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esta ceremonia, se designa en comisión a los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Mario Delgado Carrillo.

Pasamos al siguiente asunto.






CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una invitación del Congreso del Estado de Guerrero para asistir a la sesión pública y solemne en la cual se rendirán honores al Generalísimo Don José María Morelos y Pavón y a los Diputados Constituyentes, la cual se celebrará el jueves 13 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

“PODER LEGISLATIVO
GUERRERO

Asunto: Invitación
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto 8 de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
MEXICO, D. F
PRESENTES.

"Que corno la buena ley es superior a todo hombre,
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales,
que obliguen a constancia y patriotismo..."
(Art. 12 Sentimientos cíe la Nación)

Con motivo del 199 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se honra en invitarle a la Sesión Solemne que tendrá verificativo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro., el día jueves 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas, y que por esta única ocasión se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Poder Legislativo del Estado, debido a que la catedral la Asunción de María, actualmente se encuentra en remodelación.

En ese trascendente evento el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón condensó en Los Sentimientos de la Nación, la aspiración de una Nación que postulaba un mejor gobierno y una vida justa para los mexicanos, y que días después inspiraron la Declaración de la Independencia de la América Septentrional del 6 de noviembre de 1813.

Los principios invaluables legados por esa generación de hombres insignes trascendieron hasta nuestros días y orientan nuestra vida constitucional y democrática

Por ese motivo, el Congreso Estatal decretó que el 13 de septiembre de cada año se realice sesión pública y solemne en Chilpancingo, elevado en ese tiempo a Capital de las Américas, para conmemorar este suceso, uno de los más importantes de nuestra historia patria.

Los guerrerenses apreciaríamos su presencia en este aniversario, para dar realce a una distinción de la que nos sentimos gratamente honrados y comprometidos.

Finalmente le informo que una Comisión de Diputados, ha sido designada por el Pleno de esta Legislatura para hacerles la invitación personalmente, por lo que hemos de agradecer se pudiera abrir un espacio en su agenda, para ese efecto, y pongo a su disposición el número telefónico 01 747 4718419 de la Oficialía Mayor, para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Dip. Florentino Cruz Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para asistir a dicha ceremonia, se designa en comisión a los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION PERMANENTE

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Permanente el inventario de asuntos pendientes del segundo receso del tercer año de la LXI Legislatura.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Los asuntos de este inventario, se turnarán en su momento a las comisiones correspondientes.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo en relación con su conformación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de la constitución de la Junta de Coordinación Política, y de que el Senador Emilio Gamboa Patrón es Presidente de la misma.

Instruyo a la Secretaría para que se sirva comunicar por escrito a la Cámara de Diputados, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados de la conformación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la designación del Senador Emilio Gamboa Patrón como Presidente.

En otro apartado del Orden del Día, se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 57 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

Sin duda, el tema del fuero militar ha sido, es y será un tema polémico, así lo vivimos en la Cámara de Diputados la legislatura pasada, las diferentes iniciativas que presentamos, recuerdo alguna de ellas interesante de nuestro compañero Senador hoy en día Alejandro Encinas.

Pero más allá de las anécdotas de la legislatura pasada, es obligado recordar la historia, porque esta discusión lamentablemente no es nueva.

Desde el Congreso Constituyente de Querétaro, la consagración de dicho fuero generó divergencia, así lo recoge el Diario de los Debates de 1917 del 8 y 10 de enero, donde justamente se debatía acaloradamente el fuero militar, la votación, 122 Diputados a favor de conservar el fuero de guerra y 61 votos en contra, sería importante revisar el voto particular que hace Francisco Múgica, muy interesante.

A este respecto, y haciendo una comparación entre las constituciones de 1857 y de 1917, ha existido una marcada tendencia a restringir y casi desaparecer el fuero de guerra, que actualmente subsiste, se debe a que se cree necesario para mantener la disciplina militar en el Ejército, aunque tal opinión no es unánime y muchos no la compartimos.

En el derecho comparado, encontramos circunstancias similares a lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, está ahí la Constitución de España de 1978, que dispone en su artículo 117 que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

Por otra parte, en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que al día de hoy han sido soslayados, al no acatar las sentencias emanadas de los tribunales y organismos internacionales de derecho internacional.

Sin duda, los casos más recientes, más importantes son el de Rosendo Radilla, y como comentábamos hace un rato, que se ha estado discutiendo en la Suprema Corte de Justicia, el caso de Jethro Ramsés Sánchez.

En la primera sentencia señalada, se ponderan elementos que son de gran relevancia: La Comisión Interamericana señaló que la actuación de la Justicia Penal Militar constituye una violación a los artículos 8 y 25 de la propia Convención Americana, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que involucran violaciones a derechos humanos, principalmente por lo que se refiere al principio de tribunal competente, por no ser los tribunales competentes para conocer de un caso grave a violaciones de derechos humanos y contravenir los principios de independencia e imparcialidad.

La Comisión Interamericana ha señalado reiteradamente que la jurisdicción penal militar en los estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer. En un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe de juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

La Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.

Como podemos ver, la historia nos llama. Esta discusión que se tenía en el 17 tenemos que darla.

La otra opción sería esperar, como lo hicimos la legislatura anterior, a que la Corte nos haga la tarea. Esperar a que exista jurisprudencia o esperar a ver estas discusiones que están teniendo los Magistrados en la Suprema Corte de Justicia. Es momento que este Senado tenga este debate, que resolvamos este tema conforme a derecho.

Muchas gracias por su atención.

Señor Presidente, tengo dos proposiciones de urgente resolución agendadas. Quisiera pedirle la primera, en razón que el Senador Mario Delgado la ha presentado, casi en el mismo sentido respecto a los acontecimientos al vehículo blindado de Estados Unidos, que sea turnada a las comisiones respectivas.

Y la segunda, que es respecto a exhortar al Ejecutivo para que promulgue el Reglamento de la Ley de Migración que aprobamos en el 2011, le pido que esa sea retirada. Voy a buscar los consensos para que en la próxima sesión pueda hacer un punto de Acuerdo de urgente resolución por la importancia que tiene.

Muchas gracias.

Iniciativa

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de limitar el fuero militar ante la comisión de delitos por actos y omisiones, realizados por miembros de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones, para que tengan conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal, con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme a nuestro sistema Constitucional, las Fuerzas Armadas (ejército, marina y fuerza aérea), son instituciones que en tiempos de guerra le son conferidas amplias facultades para lograr la defensa del Estado, lo cual incluso alcanza a su comandante en jefe, el Presidente de la República.

Aun y ello, es necesario que sean limitadas tan amplias facultades y atribuciones para que en tiempos de paz no abusen o se extralimiten en sus facultades, pues al tener en su poder el monopolio de la fuerza pública, pueden convertirse en una herramienta para subyugar la voluntad popular o el ejercicio de los legítimos derechos reconocidos, incluso violando los derechos humanos más elementales con el pretexto de la defensa nacional.

El artículo 13 constitucional, establece el fuero militar (o de guerra) y determina los alcances de la jurisdicción castrense en los siguientes términos:

"...Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda".

Es así que inicialmente el artículo 13 referido, contiene el denominado “fuero de guerra”, y es precisamente este contenido en que se sustentan quienes afirman que los miembros de las Fuerzas Armadas solamente pueden ser encarados en juicio mediante los Tribunales Castrenses, independientemente del delito que cometan.

Ya desde el congreso constituyente de Querétaro, la consagración de dicho fuero generó divergencias, pues algunos legisladores sugirieron que solamente debería ser efectivo cuando el país estuviera en estado de guerra; finalmente fue aprobado por 122 diputados a favor y 61 votos en contra.

En este respecto, y haciendo una comparación entre los presupuestos de las Constituciones de 1857 y 1917, con una marcada tendencia a restringir, hasta casi desaparecer al fuero de guerra, y sí actualmente es tolerado, se debe a que se cree necesario para mantener la disciplina en el ejército, aunque tal opinión no es unánime.

En el derecho comparado, encontramos circunstancias similares a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Mexicana; verbigracia la Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 117 apartado 5, que "El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

El Tribunal Constitucional español ha sostenido criterios interpretativos sobre este artículo, tales como que: "Resulta claro el carácter eminentemente restrictivo con que se admite la jurisdicción militar, reducida al ámbito castrense…"; "De la lectura del artículo 117.5 de la Constitución resulta que la jurisdicción militar es de carácter especial y que normalmente hay que presumir la competencia de la jurisdicción ordinaria. No basta para la atribución de una causa a la jurisdicción militar la simple invocación de que haya motivos que lo justifiquen, sino que es necesario que se razone y se justifique que tales motivos existen"; "Dado que la jurisdicción militar sólo puede operar en el ‘ámbito estrictamente castrense’(dejando aparte el supuesto de estado de sitio) es evidente que las relaciones familiares y sus repercusiones económicas son totalmente ajenas a aquél ámbito y corresponde sólo a la jurisdicción ordinaria resolver entre ellas".

El denominado fuero militar o de guerra, ha resistido los embates del liberalismo mexicano que fue desde un principio, antagónico a los fueros de todo tipo, ya que la igualdad ante la ley implica para esa ideología política la homogeneidad de tribunales y leyes, y repudiaba la existencia de tribunales especiales.

Inicialmente, se puede argüir que el precepto constitucional, por un lado establece el principio de igualdad ante la ley, prohibiendo la expedición de normas privativas y marcando el carácter de generalidad y abstracción de las mismas, consecuente con ello, se prohíben los tribunales especiales o juicios por comisión, que son los tribunales ad hoc encargados de aplicar sanciones a un grupo social determinado que se rige por sus propias reglas; siendo así, que la aplicación del fuero militar fuera para casos distintos a la falta de la disciplina militar, daña el principio de igualdad, donde las leyes, y los tribunales derivados de ellas, deben ser los mismos para todos los miembros de la sociedad.

La interpretación constitucional de esta disposición no había sido abundante, sino hasta estas fechas, quizá porque no se consideraba que representase ningún peligro grave a la condición de los derechos humanos de los habitantes, ya que el militarismo en el país no ha sido una amenaza real. Así, la Suprema Corte de Justicia de México ha interpretado que para que proceda el fuero de guerra deben darse como condiciones las siguientes:

a) El fuero personal, es decir, que sean militares los sujetos de responsabilidad; y,

b) Que su conducta esté ligada al deterioro de la disciplina militar o el decoro de la institución armada, por lo que si el delito imputado es civil, aunque sea un militar el que lo cometió, debe ser juzgado por los tribunales ordinarios.

De esta manera, el fuero militar se autoriza constitucionalmente con la satisfacción de ciertos requisitos, siendo el primero que los civiles nunca estarán sometidos a dicho fuero, esta situación sería inadmisible conforme a la Constitución Mexicana.

Complemento de lo anterior es que la Constitución restringe el fuero militar para conocer de las faltas contra la disciplina militar, así como para imponer las penas relacionadas con delitos estrictamente del orden militar, verbigracia: la deserción, la traición en guerra extranjera,etc.

Es así, que la Constitución mexicana exige los dos requisitos señalados para que los tribunales militares puedan conocer de los delitos que sean sólo pertinentes a las Fuerzas Armadas y sus funciones; por ello, no es dable sostener que cualquier delito que pueda definir la legislación común se convierta en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas, porque ello representaría convertir al fuero de guerra, en un privilegio y en un sistema punitivo parcial, en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional.

Por tales circunstancias, es posible afirmar que los delitos militares de esta jurisdicción, sólo son aquéllos que, necesariamente para cometerlos, puedan ser perpetrados por militares en ejercicio de funciones estrictamente militares, o que sólo los militares los puedan cometer, por su calidad personal o profesional.

Es pues que como freno y contrapeso al exceso en el uso de este fuero, los delitos comunes, definidos por los códigos penales correspondientes, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y los jueces comunes sólo deben atender las peculiaridades de la conducta delictiva cometida por un militar como sujeto activo, como agravante, por razón de ser autoridad armada y capacitada, que lo pone en una condición de evidente superioridad, siendo así que daría al delito común un motivo para agravar la pena, y no para sustraerlo de la jurisdicción ordinaria y común; todo ello, bajo los principios de igualdad ante la ley y del debido proceso legal.

Es así, que existen otros delitos o faltas que son definidos por las leyes punitivas y que no requieren ser cometidos por militares para que la ley ordinaria los sancione y, en consecuencia, los tribunales ordinarios deben actuar, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.

Sin embargo no se puede soslayar que, una ley penal ordinaria, e incluso el Código de Justicia Militar, contemplen o puedan contemplar directivas al juez ordinario de cómo tratar al militar que incurre en alguno de los delitos; pero ello no significa que sea sólo la justicia castrense quien puede apreciar todos los delitos cometidos por militares; más aun que el militar como servidor público, no es diferente de cualquier otro, puesto que el patrimonio de las Fuerzas Armadas es de la nación; y ante ello, no debe haber tribunales especializados para los militares en tanto que no los hay para servidores con fuero constitucional.

En consecuencia la disciplina militar no debe considerarse como un privilegio sobre el resto de la población pues la carrera militar no es un ámbito que requiera de un trato diferente o diferenciado, respecto al resto de la sociedad, cuando se cometen delitos comunes y separados de lo que es la disciplina militar.

Es pues, que se debe hacer una distinción clara entre las faltas y delitos del orden militar y aquellos del orden común, que son cometidos en su carácter de servidores públicos y de ciudadanos; y, en todo caso, este carácter sólo podría justificarse en tiempos de guerra, pero no en tiempos de paz, en la que debe existir una declaratoria expresa del Congreso de la Unión en el primer caso, y no puede ser arbitrariamente definida por el presidente de la República o por los comandantes militares.

Es pues, que las responsabilidades civiles y administrativas, deben ser conocimiento de las autoridades civiles, que sean conocimiento y competencia de los Tribunales ordinarios.

Lo anterior, incluso fue apoyado en el Constituyente, pues a pesar de que aprobó el fuero de guerra por las dos terceras partes (122 votos contra 61), algunos de los constituyentes más célebres como Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, (dos militares y un abogado), lo cuestionaron claramente y propusieron, bien restringirlo a sólo en tiempo de guerra.

Es de resaltar que en términos de la conformación de los Tribunales Castrenses, son dependientes de uno de los poderes federales, distinto al del Poder Judicial Federal, por lo que aunado a contravenir el principio de división de poderes, este hecho por si mismo deja de garantizar la independencia del tribunal; y aún y cuando todas las resoluciones de los tribunales militares pueden ser revisables ante los tribunales ordinarios, los procesos se pueden considerar viciados de origen, al contravenir los Derechos más elementales reconocidos en la Constitución General de la República, ello bajo el cobijo del argumento de la disciplina militar. Por lo que, se estima que el fuero militar debe reducirse a los delitos efectivamente militares para el tiempo de paz y que la competencia y jurisdicción de los delitos que no son estrictamente militares, descansen en la justicia ordinaria.

Lo indebido y parcial de estos procedimientos, son tan claros que han llamado la atención de la comunidad internacional, no sólo por deficiencias en la administración de justicia militar, sino además, por la indebida participación que las autoridades civiles han propiciado para que las Fuerzas Armadas intervengan en la aplicación de las leyes ordinarias.

Es así, que se debe delimitar el conocimiento de los tribunales militares a garantizar la disciplina y la función militar, cuidando el respeto a las libertades que los militares, como todo ciudadano tiene.

Se dice que la solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial Federal y la reducción a consejos de guerra, sólo para el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia, y que los delitos deben ser encausados por los tribunales ordinarios como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos, con el objeto de respetar el ideal de la igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano. Empero en tanto ello acontece, se estima suficiente que aquellos delitos cometidos por miembros del ejército mexicano, marina y fuerza aérea, que no estén vinculados con la disciplina militar y que sean cometidos por estos servidores públicos, sean competencia y jurisdicción de los Tribunales Comunes, en tiempos de paz.

Adicionalmente, se deben observar los siguientes elementos de juicio:

A) Que existen en el Código de Justicia Militar sanciones que no guardan concordancia con lo establecido en algunos pactos internacionales de derechos humanos;

B) Las Fuerzas Armadas aparecen entre las instituciones que más quejas por violación de derechos humanos tienen ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundamentalmente ejecutadas sobre civiles.

Por otra parte, en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Estado Mexicano se ha sometido a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que al día de hoy han sido soslayados, al desoír las sentencias emanadas de los Tribunales y Organismos internacionales de Derecho Internacional.

En efecto, los casos más recientes por lo emblemático que resultan, son el Caso Radilla Pacheco, vs. Estados Unidos Mexicanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009; así como y el Caso de Jehtro Ramsés Sánchez, tocado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la primera sentencia señalada, se ponderan elementos que son de gran relevancia, como lo son que:

1.- La Comisión Interamericana señaló que la actuación de la justicia penal militar constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que involucran violaciones a derechos humanos, principalmente por lo que se refiere al principio de tribunal competente.

2.- Por su parte, los representantes alegaron que el proceso penal seguido ante la justicia militar … es violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del artículo IX de la CIDFP, “por no ser los tribunales competentes para conocer de un caso de graves violaciones de derechos humanos y contravenir los principios de independencia e imparcialidad”. Aunado a que en relación con el artículo 2 de la misma, (por) “no haber generado o modificado la legislación interna para impedir que el fuero militar conozca de casos que implican violaciones de derechos humanos”.

3.- El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, ... En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

4.- La Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanossino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial.

5.- En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de ese Tribunal, debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

6.- La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.

7.- El Tribunal nota que, durante la audiencia pública, el perito Miguel Sarre Iguíniz advirtió sobre la extensión de la jurisdicción militar en México y señaló que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar “[se sale del] ámbito estricto [y] cerrado […] de la disciplina militar […]”, además de que “[n]o solamente es más amplio respecto del sujeto activo, sino que es más amplio porque no considera al sujeto pasivo […]”. Asimismo, el perito Federico Andreu-Guzmán, en la declaración rendida ante el Tribunal, señaló que entre los elementos característicos de la jurisdicción penal militar mexicana se encontraba “[u]n extenso ámbito de competencia material, que supera el marco de los delitos estrictamente militares”, y que “[m]ediante la figura del delito de función o con ocasión del servicio consagrado por el artículo 57 del Código de Justicia Militar, la jurisdicción penal mexicana tiene las características de un fuero personal ligado a la condición de militar del justiciable y no a la naturaleza del delito”..

8.- Al respecto, la Corte estima conveniente subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales.

9.- La sola posibilidad de que las decisiones emanadas de tribunales militares puedan ser “revisadas” por las autoridades federales no satisface el principio del juez natural, ya que desde la primera instancia el juez debe ser competente.

10.- Por otra parte, al analizar los diversos argumentos vertidos por el Estado al explicar el ejercicio de la jurisdicción militar, llamó la atención del Tribunal la aplicación del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar en la decisión del Primer Tribunal Colegiado. Ya que dicha disposición se refiere a la extensión de la jurisdicción militar sobre delitos del fuero ordinario cuando sean “cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Al respecto, el Tribunal resalta que si bien en diversas legislaciones se prevé la competencia de la jurisdicción militar sobre delitos que tengan origen en el fuero ordinario cuando son cometidos por militares en activo, es necesario que se establezca claramente la relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden militar.

11.- La Corte estima que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. La posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense.Con base en lo señalado precedentemente, es posible considerar que la disposición en estudio opera como una regla y no como una excepción, característica indispensable de la jurisdicción militar para ser conforme a los estándares establecidos por esta Corte.

12.- En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que “[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”. En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile).En consecuencia, el Tribunal estima que el Estado incumplió la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 8 y 25 de la misma, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

13.- Uno de los derechos protegidos en la CIDFP, encaminado a lograr la efectiva sanción de los autores del delito de desaparición forzada, es el del juez natural, indisolublemente ligado al derecho al debido proceso y al de acceso a la justicia, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, derechos, por demás, inderogables. Así, el artículo IX de la CIDFP, más allá de una regla de competencia, reconoce el derecho al juez natural. Efectivamente, a través de esta disposición, los Estados Partes en la CIDFP se comprometen a respetar el derecho a un juez competente para conocer de la causa penal en torno al delito de desaparición forzada, que es el juez común, ya que, como se dijo, el bien jurídico protegido trasciende los intereses militares.

14.- El Tribunal estimó que al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural y tampoco se dispuso de un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento.

15.- Por lo anterior, el Tribunal concluye que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, y I incisos a) y b), y IX de la CIDFP, así como con los artículos I d) y XIX de la CIDFP.

Y concluyó:

“…

C2. Reformas a disposiciones legales

i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar

Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.

En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicciOn militar en MExico, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso.

Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificaciOn del contenido normativo que regula el artIculo 13 de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, la Corte declarO en el CapItulo IX de este Fallo, que el artIculo 57 del COdigo de Justicia Militares incompatible con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposiciOn con los estándares internacionales de la materia y de la ConvenciOn…de esta Sentencia.

…”

Y, DISPUSO, por unanimidad, que,

“…

El Estado deberA adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artIculo 57 del COdigo de Justicia Militar con los estAndares internacionales en la materia y de la ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos, en los tErminos de los pArrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.

…”

Adicionalmente, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta materia han señalado:

“…

Cinco ministros ya expresaron que el caso debe salir del fuero de guerra -lo que confirmaría el criterio del juez militar que declinó llevarlo desde el año pasado-, pero también prevalecen múltiples diferencias sobre la forma de abordar el asunto y los criterios de fondo.

Mientras (los Ministros) Ortiz y Cossío afirmaron que es posible llevar juicios por separado en ambos fueros por los mismos hechos, (el Ministro) Luis María Aguilar consideró que sólo es posible el juicio en el fuero civil, pero que no hay impedimento para que los jueces ordinarios apliquen de ser necesario el Código de Justicia Militar.

Para mí el hecho de que un juez del orden común conozca y resuelva respecto de la tipificación del un delito contenido en el Código de Justicia Militar no impide que se alcancen los fines que busca el Código de Justicia Militar, explicó, lo que exige la Constitución es que no sea juzgado por un juez del fuero militar, sino que sea juzgado por un juez del fuero ordinario.

EL FUERO MILITAR.

Asimismo, mientras un bloque de ministros parece dar por hecho que los delitos que involucren a civiles nunca deberán ser procesados por tribunales militares, como afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y la propia Suprema Corte el año pasado…

La jurisdicción militar sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza, su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; esto es, que atenten contra los ejes rectores de la disciplina militar, como puede ser el deber de servicio, la disciplina y la obediencia, replicó (la Ministra) Olga Sánchez.

Y mientras la Corte discute un proyecto de sentencia que sugiere enviar el caso a un juez local penal de Morelos porque el Coronel estaba franco y no usaba uniforme el día de los hechos, Fernando Franco y varios ministros más sostuvieron que el militar sí estaba en activo, y por tanto, al ser un servidor público federal en funciones, debe procesarlo un juez federal.

La circunstancia de que (Arias) no tuviera asignada ninguna función ese día concreto, que hubieran establecido ese día como franco para los elementos del Ejército, no quiere decir que esta persona no guardara el estatus y las facultades que le concede su propio rango dentro de la Fuerzas Armadas, expuso (el Ministro) Jorge Pardo.

De hecho, la calidad del Coronel Arias como militar en activo el día del homicidio de Sánchez fue uno de los pocos puntos en que casi todos los Ministros estuvieron de acuerdo, dado que pese a estar en un día de asueto, Arias habría dado órdenes a los autores del crimen para ocultar el cadáver.

…”.

Por otra parte, la suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante comunicado de prensa número 153/2012, de fecha 14 de agosto del 2012, señaló:

“RESUELVE SCJN CONFLICTOS COMPETENCIALES RESPECTO DE CAUSAS PENALES INSTRUIDAS A MILITARES

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el conflicto competencial 60/2012 es competente el juzgado séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ya que la actualización de los hechos que motivan este conflicto no atentan contra la disciplina castrense, sino contra la administración de justicia del orden federal, porque los hechos delictivos se cometieron en el orden común.

Al resolver el conflicto competencial 38/2012 de la semana pasada, los Ministros consideraron que en todos aquellos casos en los que un militar haya cometido un delito en contra de una víctima civil, la jurisdicción que resulta competente para conocer del mismo, es la civil y no la militar.

En ese sentido, cuando esta situación se presente y a las víctimas se les lesionen sus derechos humanos, el delito deberá ser atendido por la justicia civil.

Así, el Pleno del Alto Tribunal resolvió dos conflictos competenciales en los que determinó a que órgano jurisdiccional le asiste competencia por razón de fuero respecto de una causa penal instruida a un militar.

En las próximas sesiones, los Ministros analizarán 28 amparos en revisión promovidos por diversos militares, respecto al alcance del fuero militar.

Finalmente, el día 21 de agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el párrafo segundo del inciso a) del artículo 57 del Código de Justicia Militar, por ocho votos contra dos, lo que convierte en Tesis Aislada, el criterio de que: todos los militares que cometan delitos en contra de civiles, deben ser juzgados por los Tribunales ordinarios, así como, toda violación a derechos humanos.

Es así, que quedó claro también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los jueces federales civiles tienen competencia para enjuiciar a militares que incurran en el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas con ocho votos a favor y dos en contra; el pleno del tribunal resolvió que corresponde a la justicia ordinaria, y no al fuero castrense juzgar a aquellos militares que falseen declaraciones para involucrar a civiles en actos delincuenciales.

Ante las consideraciones antes expresadas y en búsqueda de la consolidación democrática, es indispensable llevar a las instituciones a la mayor apertura y transparencia posible, sobre todo tratándose del respeto a los Derechos Humanos y las Garantías Individuales reconocidas por la Constitución; por ello, las instituciones cerradas deben dejarse en el pasado, y sin desvirtuar el papel y misión, de las Fuerzas Armadas nacionales, se les debe sujetar a las condiciones de igualdad, equidad y justicia pronta y expedita.

Por ello, tengo a bien, acudir a esta soberanía proponiendo que se suprime el inciso a) del artículo 57 del Código de Justicia Militar, y se recorran los subsecuentes, en su orden ascendente, para quedar los incisos del a) al d); se supriman los párrafos segundo y tercero, y en su lugar se agregue un antepenúltimo y penúltimo párrafo; y, se modifique el último párrafo.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA el artIculo 57 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, A EFECTO DE LIMITAR EL FUERO MILITAR ANTE LA COMISION DE DELITOS POR ACTOS Y OMISIONES, REALIZADOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA LOS TRIBUNALES COMUNES DEL FUERO FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de limitar el fuero militar ante la comisión de delitos por actos y omisiones, realizados por miembros de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones, para que tengan conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal, eliminando el actual inciso a) y recorriendo los subsecuentes; incluyéndole dos párrafos y modificando el último párrafo, para quedar como sigue:

ARTICULO 57.- ….

I.- …

II.-los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a).- Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar;

b).- Que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra;

c).- Que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera;

d).- Que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.

En los delitos del fuero común o federal, que sean cometidos por militares en que se encuentren involucrados civiles, serán competentes de conocer los tribunales ordinarios federales, y sólo si lo considera necesario el juez de la causa, se podrá solicitar el apoyo de la justicia castrense para resolver o atender circunstancias relacionadas con las normas militares, en su calidad de peritos.

Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito, se desprenda la probable comisión de un delito materia de conocimiento de ambas competencias, tanto ordinaria federal como castrense, motivo de faltas a la disciplina militar, inmediatamente, el ministerio público que tenga conocimiento, sea el civil o el militar, deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente, precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla a la autoridad que es de su competencia al conocimiento y atención de su par. las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado este código y con posterioridad el código federal de procedimientos penales, o viceversa.

Los delitos del orden común que exijan querella necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (b) y (d) de la fracción II.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República Mexicana, a 4 de septiembre de 2012.

Suscribe”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales. Esta iniciativa se turnará en su momento a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Agraria.

Los agregados – Ministro, Ministra, Ministros- y las negritas son propias.

El conflicto competencial 60/2012 suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, y el Juzgado Militar, adscrito a la Quinta Región Militar; también tocó elaborarlo a la ministra Sánchez Cordero, quien en la sesión del lunes 13 de agosto introdujo que este conflicto competencial está relacionado con una causa penal instruida en contra de tres militares por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas.

“De los antecedentes que se desprenden de los autos de la causa penal instruida en contra de tres miembros activos del ejército mexicano, se pone de manifiesto que con fecha veintinueve de marzo del año dos mil once, dichos indiciados presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación en turno, con sede en Morelia, Michoacán, una denuncia por medio de la cual pusieron a su disposición un determinado vehículo, aseverando que en su interior se localizó un costal de yute color blanco, conteniendo el estupefaciente conocido como marihuana, relacionando con el hallazgo del enervante a un civil del sexo masculino”.

Sin embargo, añadió, los hechos asentados en la denuncia resultaron no ser ciertos, pues el vehículo fue localizado en el interior del domicilio de una persona de sexo femenino, en tanto que otra persona también de sexo femenino resultó ser la propietaria del automotor, las cuales para demostrar su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio, que al ser analizado resultó no estar editado y en el que se observó personal militar, así como una camioneta blanca.

Con información obtenida de http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp, Agustín Ambriz / Luces del Siglo, martes 21 de agosto de 2012

El conflicto competencial 38/2012 suscitado entre el Juzgado Quinto del Estado de Morelos y el Juzgado Quinto Militar, adscrito a la primera región militar; estuvo a cargo de la ministra Olga María Sánchez Cordero y deriva de una causa penal instruida en contra de un alto mando militar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas, causando homicidio calificado, en su calidad de encubridor de primera clase.

Los antecedentes de este asunto ponen de manifiesto que el día primero de mayo del año dos mil once, cuando se encontraba el civil, hoy extinto, en las instalaciones del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos, presumiblemente fue torturado por dos tenientes de infantería, perdiendo la vida como consecuencia de esto.

De los hechos fue plenamente informado el subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, quien aunque en ese momento estaba fuera de servicio dio la orden de tirar el cuerpo del occiso.

“Con motivo de dicha orden, expuso la ministra ponente, subieron al occiso a una camioneta para sacarlo de las instalaciones de este batallón de infantería, y se trasladaron a la carretera que va hacia el poblado de Cuautla y Yecapixtla, donde al llegar a un tramo boscoso y despoblado, escarbaron una fosa, y tres oficiales bajaron el cuerpo del citado civil, depositándolo para echarle tierra encima”.

De estos hechos tocó conocer en primera instancia al Juzgado Quinto Militar, el cual al deslindar responsabilidades consideró que la participación del subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, se dio cuando este estaba fuera de servicio y por lo tanto competía a la justicia ordinaria proceder en contra del militar.

Fue así que el asunto llegó a Juzgado Quinto del Estado de Morelos, el cual también se declaró incompetente para conocer del caso.

Se activó así el conflicto de competencias que por orden de turno toco conocer a la ministra Sánchez Cordero, cuyo proyecto propuso que el asunto fuera remitido al juez penal del Estado de Morelos en turno.

Con información obtenida de http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp, Agustín Ambriz/Luces del Siglo, martes 21 de agosto de 2012

Ver al respecto, Ovalle Favela, José, "Artículo 13", Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 15ª edición, IIJ-UNAM, Porrúa, México, 2000, tomo I, p. 159;  [ Links ] para los antecedentes históricos, Schoeder Cordero, Francisco A., "Fuero militar", Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, IIJUNAM, Porrúa, México, 2000, pp. 1758-1761.

Bidart Campos, Germán J. y Palomino Manchego, José F. (coordinadores), Jurisdicción militar y constitución en Iberoamérica (Libro-homenaje a Domingo García Belaúnde), Grijley, Lima, 1997.

Sentencias 7/1982 y 4/1990 (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.)

Sentencia 75/1982. (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.)

22 Sentencia 54/1983. (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.)

Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XI, p. 1392 y t. VI, p. 90; t. XII, p. 535 y t. LVIII, p. 1875. Suprema Corte de Justicia.

Ver Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, México, Congreso de la Unión, LV Legislatura, Enciclopedia Parlamentaria, 1994, vol. I, t. 3, p. 28.

El artículo 27 del Código de Justicia Militar establece que los jueces sondesignados por la Secretaría de Guerra y Marina, haciendo a los jueces ordinarios, funcionarios “auxiliares” de la administración de justicia militar, según el artículo 31 de dicho Código y el Ministerio Público Militar puede mandar la comparecencia de civiles en la investigación de cualquier delito militar, según el artículo 38. El procedimiento altamente punitivo respecto de delitos que debieran ser comunes trastoca garantías elementales de la justicia penal, como la carga de la prueba al inculpado para probar su inocencia, tal como lo establece el artículo 102 del Código de Justicia Militar donde la intención delictuosa se “presume”, afectando el principio de in dubio pro reo.

Son patentes los casos de los tribunales militares en el caso Gallardo sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual rindió su Informe en 1996 (43/96), acumulado con otros dos casos: El caso de Reyes Penagos, Julieta y Enrique Flores, resuelto por la CIDH en marzo de 1999, donde se denunciaron violaciones cometidas por el ejército y la Policía Judicial del estado de Chiapas, así como el caso de las Hermanas González Pérez, que generó el informe 53/ 01 por violaciones cometidas por personal del ejército.

Lo que no es otra cosa que el respeto de la división de poderes, base y sustento del Estado Mexicano; sin embargo, es una tarea que se ve muy difícil, por las características e intereses que se encuentran involucrados.

Consultables en www.cndh.org.mx/Recomendaciones_informes

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 128; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 112; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 51; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 165; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, supra nota 54, párr. 142; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 129, párr. 202; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrs. 124 y 132; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 133, párr. 189; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 131; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 105, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 118.

Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 105.

Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, supra nota 274, párr. 118; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142; y, Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200.

Cfr.Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 128; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 274, párr. 143, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 118.

Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 112; Caso 19 Comerciantes, supra nota 274, párr. 167, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 101.

Cfr. Declaración rendida por el señor Federico Andreu-Guzmán ante fedatario público (affidávit) el 22 de junio de 2009 (expediente de fondo, tomo IV, folio 1319).

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 161.

Cfr.Caso Las Palmeras Vs. Colombia, supra nota 274, párr. 51; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, párr. 200.

Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 51, párr. 55, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, párr. 179.

Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra nota 283, párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 51, párr. 55, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 24, párr. 179.

Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 61.

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 118.

Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173.

Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124; Caso La Cantuta Vs. Perú, supranota 51, párr. 173, y Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 78. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. Cfr.Amparo Directo Administrativo 1060/2008,Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, sentencia de 2 de julio de 2009. En taldecisión se estableció que: “lostribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”.

http:/sipse.com/noticias/169346-plantea-scjn-juicios-paralelos-militares.html; Víctor Fuentes/AgenciaReforma, 8 de agosto de 2012

Vid. www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/noticias.aspx comunicado 156






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 71; 109, PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO; 139; 140, FRACCION III; 141, FRACCION VI; 142; 143, 144, 145 Y 146 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Deseo, señor Presidente, que la iniciativa que he presentado, como tiene considerandos importantes, una Exposición de Motivos que pinta la reforma que hoy presento a nombre de mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario del PRI, pueda ser íntegramente incluida en el Diario de los Debates.

Y me referiré a estas reformas en una síntesis que he preparado, esta reforma a una ley que poco se toca, poco se escucha, poco se atiende, como es la Ley Agraria.

Y si nos basamos en la necesidad de ver el tema de una Ley Agraria en la materia, con paridad de género, vamos a encontrar que tiene grandes deficiencias y lagunas que tenemos que atender.

Entonces, revisaremos cómo en las autoridades ejidales, la presencia de las mujeres no existe como tal. La historia no marca la presencia de una mujer en la Administración Pública Federal en la materia y adolece de una serie de vacíos en cuanto a poder visibilizar también la presencia de los hombres y las mujeres campesinas.

Por eso, hoy presento una reforma al artículo 32, referente a lo que tiene que ver con los comisariados ejidales, a los consejos de vigilancia, a las obligaciones que se tienen que observar en las asambleas generales, también en la Procuraduría Agraria, en la presencia de las mujeres para ser nombradas, porque esto permitirá reforzar la legislación vigente en materia de equidad de género para la participación de las mujeres campesinas.

Ellas demandan una participación más activa en las decisiones y en la dirección de las autoridades ejidales. Eso va a permitir que tengan voz y voto, no solamente el trabajo permanente que realizan las mujeres del campo.

Es así como hace bastantes años, en 1929, aparece la UAIM que es la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, unidad importante donde las mujeres se agrupan para desarrollar actividades con este propósito. Sin embargo, las UAIM adolecen de poca capacidad, de análisis y viabilidad en los proyectos y en la gestión de los mismos.

Además de esto, las cargas de trabajo, el producto de esta administración de esta UAIM no se visibilizan, tienen grandes problemas, tienen falta de integración en los órganos de gobierno.

Por eso, yo solicito que podamos aplicarnos y que podamos ir poco a poco integrándonos también en una materia tan importante como es la agraria.

Esta reforma tiene el objetivo principal de reforzar los órganos de mando y dirección, también con la presencia de las mujeres campesinas, que ponen su esfuerzo, su desarrollo, su mejor empeño y entonces debemos de traducirlo en un marco jurídico más adecuado a las necesidades que ellas demandan.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo Senadora de la Republica de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este pleno, laIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artIculos 71, 109 pArrafosegundo y tercero, 139, 140 Frac. III, 141 Frac. VI, 142, 143, 144, 145 y 146 de la Ley Agraria,en materia de paridad de género al tenor dela siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día la participación de las mujeres en el campo representa una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país por lo que es menester que se les permita una mayor intervenciónpara lograr dicho objetivo.

Ante la crisis recurrente en el campo, las familias han necesitado adoptar diversas estrategias para tratar de asegurar su sobrevivencia: los hombres han tenido que emigrar en busca de un trabajo que tenga mejores remuneraciones, mientras que las mujeres están asumiendo una mayor participación en la producción agropecuaria. Se habla incluso de una “feminización de la agricultura” bajo condiciones de mayor desventaja que los varones debido a que tradicionalmente la mujer ha estado marginada de ciertos aspectos fundamentales del proceso productivo tal como es la posesión de la tierra, el crédito, los recursos y la asistencia técnica en materia agrícola.

El hombre ejidatario ha dejado de ser el único proveedor del hogar. Así, del total de ejidatarias al día de hoy corresponde a un 25.3% de un 73.3% de ocupación campesina que existe, siguen en importancia otros parientes, 18.3%, donde predominan los hijos e hijas; en el 17.5% la ejidataria y su esposo sostienen el hogar, seguida por la ejidataria y otros parientes. En suma, poco más del 60% de las ejidatarias contribuye con los ingresos del hogar.

Nuestro marco jurídico vigente denominado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al tema de igualdad entre hombres y mujeres, establece en su artículo cuarto, el principio de igualdad como derecho constitucional que enuncia de manera expresa al varón y la mujer en un ambiente equivalente en sus derechos.

A pesar de que el artículo 12 de la Ley Agraria enuncia que los hombres y mujeres son titulares de derechos ejidales, resulta importante que a la mujer campesina se le dé un mayor reconocimiento, respecto del manejo y administración de las mismas. Además de permitir que la mujer profesionista incursione en aquellos cargos de la Administración Publica Federal, que tienen mucho que ver en la toma de decisiones en el Sector Agropecuario.

Por lo que el Estado Mexicano se ve obligado a instrumentar acciones que garanticen una mayor participación de las mujeres en el Sector Campesino y en la Administración Pública Federal, logrando que se respete el principio de paridad de género.

En materia agraria conforme a las disposiciones que surgen en el artículo 27 Constitucional, encontramos en 1929 el Decreto que reforma la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas que en su artículo 15 establecía “Tienen derecho a recibir parcela individual o un ejido, los varones solteros mayores de 16 años, los casados aun cuando sean menores de edad, mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual sostengan, comienza el reconocimiento del género femenino y otorgamiento de derechos de propiedad.

En el Código de 1942 se reiteran dichaslas limitantes para la mujerera, en caso de que esta cambiare su estado civil de soltera a casada, perdiendo los derechos de adquirir y conservar una la parcela.

Tuvieron que pasar casi treinta años para que se diera la creación y establecimiento de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.

La cual a pesar de existir es importante señalar que solo son reguladas por un solo artículo de la actual Ley Agraria, aunado a ello se les considera solo como posibilidad y no como una necesidad para el desarrollo y crecimiento de la mujer campesina.

Si bien la Ley reconoce a la mujer los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el capital y la tecnología agraria, en la práctica estos se vuelven inoperantes por valores culturales que predominan en el ambiente rural de nuestro país.

Por lo que el cambio en materia de paridad de género entre hombres y mujeres debe ser notable, permitiendo que la mujer campesina, indígena y profesionista se desarrolle en todos y cada uno de los ámbitos de nuestro país.

La mujer siempre ha estado y estará en el acontecer social, sus anhelos, reclamos deben ser escuchados por la sociedad entera que debe preocuparse por darle la presencia que en todos los tiempos la mujer requiere y merece por su lucha constante día a día.

Nuestras mujeres exigen un reconocimiento para caminar hacia la igualdad de género, para creer en la diversidad, dentro de lo masculino y femenino.

Comolegisladores tenemos el compromiso de hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones y de oportunidades, respetando el principio de paridad y genero.

Por tanto, el objetivo de la presente reforma es reforzar la legislación vigente en materia deparidad de género, respetando la participación de las mujeres en el sector campesino, así como en la Administración Pública Federal.

La que suscribe propone reformar los artículos 32, 35, 71, 109 párrafotercero y cuarto, artículo 139, 140Frac. III, 141 Frac. VI, 142, 143, 144,145 y 146 de de la Ley Agraria con el propósito de establecer principios de igualdad entre hombres y mujeres para la elección de sus dirigentes en el ámbito ejidal y la representación en cargos políticos de la Administración Publica, que manejen y regulen todo lo relativo al Sector Agropecuario, respetando el principio de paridad y genero en nuestro país.

Pretendiendoconfluir y armonizar este ordenamiento en el contexto de una de las reformas estructurales más relevantes, como la política donde la LXII Legislatura busque dar pasos importantes hacia la consolidación de una igualdad de género de nuestras mujeres que piden un trato y reconocimiento a su empeño y compromiso con el desarrollo productivo y económico de México.

Por lo expuesto, la suscrita somete a su consideración la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA

UNICO.- Se reforman los artículos 32, 35, 71, 109 párrafosegundo y tercero, artículo 139, 140 Frac.III, 141 Frac. VI, 142, 143, 144,145 y 146 todos de la Ley Agraria, en materia de paridad de género.

Articulo 32

El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente o Presidenta, Un Secretario o Secretaria y un Tesorero o Tesorera, propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo estos ser del mismo género.Asimismo, contara en su caso con las comisiones y los secretarios o secretarias auxiliares que señale el reglamento interno, todo ello respectando el principio de paridad y género. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Articulo 35

El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente o Presidenta y dos Secretarios o Secretarias, propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo ser del mismo género y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Articulo 71

La asamblea deberá reservaruna superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, misma que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se deberán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina para su bienestar y desarrollo, buscando que se respete el principio de paridad y género de las mujeres campesinas.

Articulo

109...

La dirección de la unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado por la asamblea general. El cual estará conformado por un Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria, Tesorero o Tesorera y los vocales previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, y tendrán la representación de la unión ante terceros.

La vigilancia de la unión estará a cargo de un Consejo de Vigilancia nombrado por la asamblea General integrada por unPresidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y un Vocal, propietarios con sus respectivos suplentes, debiendo ser estos del mismo género.

Articulo 139

La Procuraduría Agraria estará presidida porun Procurador o Procuradora. Se integrará, además, por los Subprocuradores o Subprocudoras, sustitutos del Procurador o Procuradora en el orden que lo señale el Reglamento Interior, por un Secretario o Secretaria General y por unCuerpo de Servicios Periciales, mismo que podrá conformarse por cualquiera de los dos géneros masculino o femenino, así como por las demás unidades técnicas, administrativas y dependencias internas que se estimen necesarias al adecuado funcionamiento de la misma, respetando el principio de paridad y genero en la designación de dichos cargos.

Articulo 140…

I-II…

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional que amerite pena corporal.

Articulo 141…

I-III…

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional que amerite pena corporal.

El Secretario o Secretaria General deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.

Artículo 143

Los Subprocuradores o Subprocuradoras y el Secretario o Secretaria General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria.

Artículo 144

El Procurador o Procuradora Agrariatendrá las siguientes atribuciones:

I-VIII…

Artículo 145

Al Secretario o Secretaria General corresponderá realizar las tareas administrativas de laProcuraduría, coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del Procurador o Procuradora.

Artículo 146

A los Subprocuradores o Subprocuradoras corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, ejidatarias, comuneros, comuneras, sucesores de ejidatarios o ejidatarias y comuneros o comuneras, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros o jornaleras, la asistencia en la regularización de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las leyes agrarias.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 4 de septiembre 2012.

Sen.Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Gastélum. Pido a la Secretaría que se contemple íntegramente la iniciativa en el Diario de Debates, que ha presentado la Senadora. En su oportunidad se turnará a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL

(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. Senadores María Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El 13 de noviembre de 2007 salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia electoral, que modificó diversos artículos de la Constitución General de la República; y en el Artículo Tercero Transitorio, de esa reforma, se le impuso al Congreso de la Unión el mandato reglamentario para concretar en distintas disposiciones secundarias las modificaciones constitucionales.

El plazo que la Constitución dio en su transitorio era de 30 días naturales siguientes a la publicación del Decreto de reforma. Y entonces debo decirle al Senado de la República, que ese plazo está vencido desde hace exactamente casi 5 años, se venció en el mismo 2007. Desde entonces, varias de las disposiciones de la reforma constitucional no se han concretado, está pendiente reglamentar el derecho de réplica, está pendiente modificar la Ley de Desarrollo Social para algunas de las disposiciones que se incorporaron en el artículo 134 y está pendiente reglamentar el artículo 134 de la Constitución que impuso obligaciones de transparencia en el gasto de comunicación social, en lo que se denominó propaganda en cualquier forma de comunicación social.

Y yo vengo ahora a presentar, junto con los compañeros Torres Peimbert, Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo, una iniciativa que le recuerda al Congreso este pendiente fundamental de la transparencia y de la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Le recuerdo al Senado que el artículo 134 constitucional incorporó tres párrafos: los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar, con imparcialidad, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyen el régimen de sanciones a que haya lugar.

Hasta la fecha, sólo contamos con las reformas del COFIPE, en su ámbito de competencia ha materializado algunas de las normas secundarias relativas al perfeccionamiento de la reforma constitucional y, en particular, de una parte del artículo 134. Es necesario establecer normas puntuales que regulen la publicidad gubernamental, además de las reformas que he señalado, estas reformas aligerarán la carga excesiva que se dejó al Instituto Federal Electoral que no puede ni debe substituir las responsabilidades de otras áreas del gobierno.

Esta insuficiencia reglamentaria, esta ausencia de marco legal promueve la discrecionalidad y atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que nosotros ahora presentamos una iniciativa que considera principios generales con base en las mejores prácticas internacionales de regulación en la materia, porque además este vacío, hay que decirlo ahora, a partir del debate postelectoral, y sobre todo tras la calificación que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sigue siendo una de las fuentes de la atención social al constituirse éste en uno de los elementos fundamentales de la inequidad que tanto molesta y que deja una sensación de impunidad cuando no se castiga, cuando no se transparenta, cuando no se persigue.

La iniciativa busca regular la publicidad gubernamental, la comunicación gubernamental, propone ese concepto, ¿a partir de qué se puede regular en una ley la publicidad gubernamental? A partir de sus fines, de la expresión de sus contenidos y, por supuesto, los costos y los recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, de transmisión y de evaluación.

Se ubica así el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al estado anunciante, al estado propagandístico que ha venido transformando negativamente su relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad, mediante spots u otras formas de comunicación similares, un gran esfuerzo y una enorme cantidad de recursos, un presupuesto exorbitante, México gasta miles de millones de pesos cada año en materia de publicidad gubernamental.

Es fundamental transformar la finalidad de la publicidad gubernamental para tener derecho a la información de los ciudadanos, y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, transformarla en relación con audiencias mediatizadas, a través de slogans o mensajes telegráficos que no solo no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio Estado.

¿Por qué el Estado, incluso por qué los poderes de la unión, tienen que pagar y que contratar publicidad para anunciar logros del gobierno cuando está en el estricto sentido del cumplimiento de su deber constitucional?

¿Por qué tal inversión multimillonaria en el pago y contratación de múltiples medios de comunicación? Es evidente, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, que la comunicación gubernamental, entendida como publicidad o propaganda, no es la solución para la comunicación gobierno–ciudadanos, y esto se hace cada vez más patente y se pervierte por varios motivos.

En primer lugar, en la búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios públicos sin importar la finalidad de la comunicación, un gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente, establecimiento de mecanismos de "ayuda" a los medios de comunicación como forma de inversión directa para establecer buenas relaciones o castigos a través de la compra de espacios, porque a través de la publicidad gubernamental se ha constituido un mecanismo de castigo o premio, en la vieja tesis de estado autoritario, la tesis de la regla no escrita de la zanahoria y el garrote, te portas bien te doy publicidad, te portas mal te la quito.

Un objetivo fundamental de la ley debe ser precisamente eliminar estas formas discrecionales que condicionan el otorgamiento de publicidad a la línea editorial o la opinión del medio y, por supuesto, el cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del Estado. Sé que la Mesa Directiva ha sido generosa conmigo en el tiempo, acogiéndome al artículo 76 del Reglamento, que tratándose de iniciativas otorga al orador 10 minutos, no me voy a ir más allá, simplemente les hago una síntesis porque me parece que el tema es de gran importancia en el momento político que vive México, ojalá que la puedan, por supuesto, estudiar, analizar, que la vean con buenos ojos, es una iniciativa que busca centrar una política pública que le beneficie a los ciudadanos y comprometa a todos los actores, y que realmente concrete en los hechos la voluntad que se manifiesta cuando se habla de la anticorrupción, cuando se habla a favor de la transparencia, cuando se habla a favor de transparentar y democratizar los procesos comunicacionales.

¿De qué se trata, qué contiene la iniciativa? Primero. Es una ley reglamentaria, así está planteada, es una ley reglamentaria al artículo 134 constitucional. ¿Qué busca la iniciativa? Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de comunicación a todo tipo de medios de comunicación, prensa, radio, televisión y portales de internet.

¿Qué criterios establece, hasta dónde va a decir qué sí y qué no? Bueno, establece criterios generales para el ejercicio de esos recursos que el gobierno destina al rubro de comunicación social; democratiza los tiempos del Estado, los llamados tiempos oficiales en radio y televisión, con una distribución entre poderes y entre niveles de gobierno, pero además prohíbe que se contrate mientras no se agoten los tiempos del Estado en radio y televisión para generarle un ahorro considerable al Estado mexicano, y por supuesto, evita que la comunicación gubernamental se convierta en ese instrumento de premio o castigo, no crea más burocracia, no crea un gran órgano, no está hablando de un funcionariado nuevo, porque la iniciativa es absolutamente congruente con el principio constitucional que el artículo 134 reconoce en materia de fiscalización de ejercicio de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación, ah, eso sí, amplía la participación ciudadana en la vigilancia de una política tan importante como esta porque crea el Consejo Consultivo para la evolución y el seguimiento de la comunicación gubernamental.

Es una iniciativa que de aprobarse puede empezar una nueva época en la rendición de cuentas, en la transparencia de una materia que necesita.

Gracias, señor Presidente, a todos ustedes también por su comprensión, ojalá que en cuanto se formen las comisiones podamos empezar a discutir esta iniciativa.

Gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Cordova y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de comunicación gubernamental al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Consideraciones generales.

Los objetivos que se buscan en toda norma que establezca formas de transparencia en el ejercicio de la función pública son necesarios y deben promoverse. Es el caso de la comunicación gubernamental entendida ésta como publicidad institucional en forma de campañas y spots destinadas a la información sobre los servicios y acciones de gobierno. Establecer la garantía de su transparencia y austeridad es prioridad para una verdadera comunicación entre gobernantes y gobernados.

Informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia públicaimplica la difusión de las políticas, servicios e iniciativas gubernamentales, las leyes y decretos que afectan la vida de los ciudadanos, así como promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los deberes. Se diferencia de la propaganda gubernamental porque ésta “vende” o convence a los “consumidores (que no ciudadanos) respecto a las propiedades de un producto exaltando sus virtudes y soslayando sus defectos.

La comunicación gubernamental debe ser evaluada y en consecuencia normada a partir de al menos dos de sus repercusiones directas ante la ciudadanía:

a) Los fines y su expresión en el contenido.

b) Los costos y recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, transmisión y evaluación.

Se ubica así, el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al Estado anunciante o propagandístico que corre el riesgo de transformar negativamente su relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad mediante spots u otras formas de comunicación similares su mayor esfuerzo y presupuesto, transformando la finalidad fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, en relaciones con “audiencias” mediatizadas a través de slogans o mensajes telegráficos que no sólo no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio Estado.

Es evidente que la comunicación gubernamental entendida como publicidad o propaganda no es la mejor solución para la comunicación gobierno-ciudadanos y esto se hace cada vez más patente y se pervierte por varios motivos:

a) Búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios públicos, sin importar la finalidad de la comunicación.

b) Gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente.

c) Establecimiento de mecanismos de “ayuda” a los medios de comunicación como forma de inversión directa para establecer “buenas relaciones” o “castigos” a través de la compra de espacios.

d) Cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del Estado.

Resulta complejo y hasta contradictorio que la transparencia en las acciones de gobierno o la oferta electoral, que deben hacerse para garantizar el derecho a la información, cuando se integran a la dinámica publicitaria, representan una de las fuentes de financiamiento más importantes de los medios de comunicación, y peor aún, un conducto simulado para allegar de amplias cantidades de dinero del financiamiento público, a los propietarios de los medios de comunicación.

Respecto a este tema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 13 inciso 3 prohíbe la restricción de la libertad de expresión “por vías o medios indirectos”. Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.1

Resulta indispensable una reforma jurídica que revise de maneraresponsable la asignación de los recursos públicos para la comunicación gubernamental. En este caso, la sociedad ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que en estos rubros se aplican frente a las necesidades económicas de miles de mexicanos, sino por la superficialidad y saturación que poco abona a los objetivos que originalmente se pensaron para esta importante forma de información a los ciudadanos.

En México se hanpodido constatar abusos generalizados por parte de funcionarios públicos en esta materia a lo largo de décadas (recuérdese, entre muchos casos, el boicot publicitario a la revista Proceso o las “ayudas” del gobierno a periodistas y medios de comunicación descritas en el libro El Poder. Historias de Familia, de Julio Scherer García), lo cual no ha podido ser acotado a través de marcos jurídicos adecuados, ya que no se cuenta con reglas claras en cuanto a la planeación, producción y contratación de la publicidad oficial.

Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones para poder conocer las acciones de gobierno que les involucra, tener información acerca de sus derechos y obligaciones, trámites o servicios, entre otros aspectos, para poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente complejo.

Por lo anterior, el gobierno que promovió la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no puede oponerse a una reforma como la que proponemos, sino por el contrario, promover activamente no sólo la transparencia en el gasto de la comunicación gubernamental, sino aprovechar todos los mecanismos disponibles y generar nuevos, para que ese gasto sea realizado de manera eficiente. Con la eficiencia se quiere decir que la inversión sea verdaderamente correspondiente con los beneficios sociales.

El uso de recursos públicos para este rubro debe ser ubicado en el contexto no sólo de su cuantía sino a partir de la subutilización que se hace de espacios gratuitos que en los medios electrónicos están reglamentados por la Ley Federal de Radio y Televisión y por el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica.

Una de las reformas fundamentales incorporadas a nuestra Constitución en 2007 y generadora de consenso en la opinión pública, fue la adición al artículo 134, en la que los legisladores expresaron, en su exposición de motivos, que el objetivo es el “elevar a rango constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales”, “diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación que impidan el uso del poder público para promover ambiciones personales de índole política”

La pasada reforma constitucional en materia electoral de 2007, nos ha marcado pautas que sin embargo aun no han sido atendidas y hoy como nunca estamos llamados a atender lo inacabado de esta reforma y buscar su reflejo y apoyo en otras leyes en las que la constitución se perfeccione. Este es el caso de la adición de tres párrafos al artículo 134 constitucional:

“Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajocualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto cumplimientode lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

Hasta la fecha solo contamos con la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su ámbito de competencia ha materializado las normas secundarias relativas al perfeccionamiento de la reforma constitucional y en particular al artículo 134. Es necesario establecer normas puntuales que regulen la publicidad gubernamental, además de reformas, entre otras del Código Penal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Desarrollo Social yla Ley Federal de Radio y Televisión. Estas reformas aligerarán la carga excesiva que se dejó al IFE, que no puede ni debe sustituir las responsabilidades de otras áreas del gobierno.

Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad y atenta contra la transparencia y rendición de cuentas, por lo que en la presente iniciativa se consideran los siguientes principios generales, con base en las mejores prácticas internacionales para la regulación de la materia: 2

I. Regulación a nivel nacional y local clara y concreta que promueva la transparencia y acote la discrecionalidad en la producción difusión y contratación de la publicidad del sector público. Considerando las características de la constitución y la autonomía de los estados que conforman a la República Mexicana, esta ley establecerá el seguimiento preciso de los recursos públicos de la federación y las líneas y criterios para que sean adoptados por normas internas en los estados de la República.

II. La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. Laproducción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos.

La publicidad del sector público se refiere a toda publicidad colocada en los medios y en la vía pública por todas las ramas del gobierno en todos los niveles (nacional, estatal, municipal, local) y sus organismos dependientes. Comprende toda la publicidad de las empresas controladas por el Estado y organismos públicos autónomos. El gasto incluye los cargos por diseño, producción y colocación de las publicidades.

III. Distribución no discrecional.La asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes. Ningún criterio puede estar ligado a la opinión o línea editorial de los medios de comunicación. Estos criterios deberían incluir y evaluar distintos factores, tales como: el perfil del medio y el público al que va destinada la campaña (perfil socioeconómico, etario y de género, cobertura geográfica, etc.); los precios (que no pueden ser superiores a los que pagan los anunciantes privados); la circulación para los medios gráficos o audiencia en el caso de televisión, radio e Internet (usando datos de circulación confiables e independientes).

La selección de los medios no debe estar basada exclusivamente en la medición de circulación o audiencia: hay información que por su naturaleza debe llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero hay otra que está destinada a sectores específicos de la población y que debe ser orientada a los medios que tengan cercanía y cobertura con esos sectores que en nuestro país podemos identificar como los medios comunitariose indígenas y otros medios permisionados.

IV. Transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en comunicación gubernamental, que se financian con fondos públicos. La ley debe establecer mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso a esta información por parte del público en general. Esta información debería incluir:

a) Los presupuestos aprobados que deberían publicarse en Internet.

b) Informes detallados y periódicos de los gastos efectuados en comunicación gubernamental.

c) Información puntual sobre los procesos de contratación de la comunicación durante todas las etapas, publicada en las versiones impresas y online de los respectivos boletines oficiales de cada entidad gubernamental y en sitios web de libre acceso al público.

V. Control externo. Los organismos de auditoríaque dependen del Poder Legislativo, y las auditorias estatales deberían realizar y publicar una auditoría anual de gastos y prácticas en la comunicación gubernamental. Es recomendable establecer algún tipo de control externo que evalúe los objetivos, la necesidad y la oportunidad de las campañas de comunicación gubernamental y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Este tipo de seguimiento podría ser efectuado por un grupo multidisciplinario, plural e independiente integrado por distintos sectores (cámaras profesionales, ONGs, universidades, etc.).

Contexto jurídico vigente

Como ya se ha mencionado, el artículo 134 de la Constitución y en particular los párrafos agregados en la reforma de 2007, es el sustento principal de la iniciativa que se presenta por lo que es indispensable su consideración puntual:

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

“Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

“Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

“El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

“Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Por otra parte, es importante destacar que en nuestro orden jurídico existen otras normas que de alguna manera establecen responsabilidades ante el tema de los gastos que con recursos públicos se apliquen a la comunicación gubernamental y de manera colateral a los gastos de campañas políticas que son ejecutados con recursos públicos, aunque éstos tengan su correlativa regulación en el ámbito del COFIPE y como instancia reguladora en el IFE.

Sin embargo se deben considerar en esta propuesta toda vez que como ley especial deberán ser supervisados y aplicados en la integralidad de esta propuesta.

En el ámbito constitucional, el artículo 41 en su apartado C establece que:

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”

En el mismo artículo 41 en su apartado D menciona:

Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral medianteprocedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”.

Por otra parte, la Constitución establece en su artículo 108 de las responsabilidades de los servidores públicos, lo siguiente:

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

“Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

“En este sentido quedan establecidos los niveles de responsabilidad que deberán ser considerados para la aplicación de los preceptos que contempla la presente iniciativa, así como la necesidad de que los gobiernos de los estados incorporen en sus normas internas lo relacionado a los principios que se establecen en materia de comunicación gubernamental.

“Además de los preceptos constitucionales se encuentran normas leyes que hacen referencia a obligaciones respecto a la comunicación gubernamental y que deberán ser consideradas en la lectura y aplicación de la presente iniciativa. En este caso se encuentra el Articulo 38 de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendariaque refiere que“La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno”.

De manera más especifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público incorpora en su ámbito de atribuciones lo relativo al artículo 134 de la Constitución, al establecer en su artículo primero el objetivo de “reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza”, estableciendo como sujetos obligados a “las unidades administrativas de la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Procuraduría General de la República; los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria y losfideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”.

“Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control”.

“… Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento”.

Para mayor precisión, también la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 59 ubica a los llamados tiempos gratuitos que deben ser regulados por la presente iniciativa toda ve que se usan para comunicación gubernamental y si bien no representan erogación de presupuesto público para su transmisión, si deben atender lo relativo a los contenidos y rendir cuentas por los gastos que se generen en su producción.

“Artículo 59.-Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión”.

Por otra parte, en este mismo ordenamiento, en su artículo 59 Bis se detallan las condiciones del uso de esos tiempos para campañas políticas en tiempos electorales:

“Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo anterior y a otras leyes corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Tratándose de los procesos electorales locales que tengan lugar en periodos distintos o cuyas jornadas comiciales no coincidan con la federal, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición, de igual manera, cuarenta y ocho minutos diarios en todas las estaciones y canales de cobertura local en la entidad de que se trate. Con motivo de los procesos electorales las autoridades electorales distintas al Instituto Federal Electoral, tanto federales como locales, deberán solicitar a este último el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto Federal Electoral resolverá lo conducente. Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Ese tiempo será utilizado conforme a lo establecido por el inciso g) de la Base III del Artículo 41 de la Constitución y lo que determine el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

A este respecto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 2, párrafo segundo, señala que:

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Asi mismo en el artículo 228, párrafo 5 establece los principios para la comunicación de los informes de los funcionarios públicos y que debe tener su correlativa norma en la iniciativa de Ley que se propone:

“Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

Por su parte, es de especial importancia atender a lo establecido en materia de comunicación gubernamental por la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su artículo 19 nuevamente reitera los sujetos obligados a la rendición de cuentas señalando a:

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la Nación y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada.

“En las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Se exceptúan de lo anterior las erogaciones en materia de servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación.

“Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

“El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo segundo de esta ley las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

“La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo.

“Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las reasignaciones que, en su caso, realice.

“Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación.

“Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

“Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos se requerirá, de manera previa, que las modificaciones correspondientes sean autorizadas por la Secretaría de Gobernación para ser incluidas en los programas de comunicación social y la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de Diputados un informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los programas de comunicación correspondientes.

“Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases:

“I. Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las disposiciones aplicables;

“II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación recíproca de servicios de publicidad;

“III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de transmisión, en las que se especifique la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en medios electrónicos. Para medios impresos se acreditará con órdenes de inserción, en las cuales se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión;

“IV. Las dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para laproducción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades, y

“V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de los programas sujetos a reglas de operación deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda.

“La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones a las que se refiere el presente artículo. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: monto total erogado por dependencia y entidad, empresas prestadoras de los servicios y tiempos contratados, fiscales y de Estado utilizados por cada dependencia y entidad.

“El gasto en comunicación social aprobado en este presupuesto deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables. En el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos”.

En materia de normas administrativas, se consideran los lineamientos que en materia de comunicación gubernamental que desde 1992, la Administración Pública ha emitido como Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las actividades de comunicación social, pero fue hasta el año 2000 que se han emitido anualmente, mediante Acuerdo en el Diario Oficial, los Lineamientos Generales para la orientación, plantación, autorización, coordinación, supervisión Y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que en el caso que nos ocupa, losemitidos el 28 de diciembre de 2009 para su vigencia en el 2010.

En estos lineamientos se señala el marco general en el que se sustenta la necesidad de establecer ordenamientos para la supervisión y regulación de la publicidad gubernamental. Sin embargo, la mayor parte de los cuales se orienta a la regulación de la Administración Pública Federal dejando de lado consideraciones indispensables respecto a la comunicación gubernamental de los estados de la Republica.

Por otra parte, se asumen algunos procedimientos que establecidos en los lineamientos deben tener un sustento en esta ley para que su validación tenga mayor jerarquía jurídica.

Además del marco normativo que refiere a la publicidad gubernamental, es importante ubicar el compromiso que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece para la instrumentación de una política dirigida a dar transparencia al gasto en comunicación social del Gobierno Federal, señalada en la Estrategia 5.9: “Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre los programas y proyectos de gobierno”.

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa consta de ocho capítulos y 64 artículos. El primer capítulo, sobre los principios generales, establece con claridad el objetivo de la ley que se propone, reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental en los diferentes medios de comunicación. Se establece que esta ley es de observancia general e interés público y serán sujetos obligados la federación, los estados, los municipios y el distrito federal, y en general todas aquellas instituciones o personas queejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental.

También define que los principios que la regirán son el interés y utilidad públicos, la transparencia en el proceso de contratación de espacios para la comunicación gubernamental, la equidad en la distribución y pluralidad de medios, la razonabilidad en la inversión, la claridad del mensaje, así como la eficacia y eficiencia de la comunicación. De esta manera es cómo se lograrán los objetivos de la norma incluidos en el artículo 5: transparencia y criterios en el manejo de los recursos destinados a la comunicación gubernamental; la administración equitativa, objetiva, imparcial y transparente de los tiempos de Estado y fiscales, así como las características del contenido de la comunicación gubernamental para que cumpla adecuadamente su cometido y se garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Es fundamental, como se propone, evitar así que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales.

El capítulo segundo, relativo a la transparencia, establece las obligaciones de los sujetos regulados en cuanto al uso de los recursos utilizados para la comunicación gubernamental, con el fin de que la ciudadanía esté informada de los montos presupuestales destinados, los programas de comunicación, la distribución del gasto, los contratos celebrados y los pagos realizados. Para ello, los sujetos obligados deben publicar lo anterior en su respectivo portal de internet y de forma actualizada.

A más tardar el 31 de enero de cada año, los sujetos obligados deben rendir ante la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el programa anual, desglosando campañas, mensajes y uso de los recursos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación está obligada a publicar los informes anteriores, así como las asignaciones de los tiempos de Estado y fiscales y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

El capítulo tercero regula los contenidos de la comunicación gubernamental y establece que ésta deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. Los mensajes de las campañas, también se precisa, deben ser claros,veraces, objetivos, accesibles, neutrales, sin sesgos ni juicios de valor, útiles y relevantes para la sociedad. Se reitera lo que ya establece nuestra Constitución en el sentido de que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno”.

La norma busca que la comunicación gubernamental cumpla con los objetivos de transmitir la información que deba conocer la sociedad, que le sea útil y le afecte directamente, esto es, sus derechos y obligaciones, el acceso a los servicios públicos, la prevención en casos de desastres naturales, salud pública o social, la historia y patrimonio cultural y social de México, así como los valores y principios constitucionales. También se encuentra entre los objetivos la difusión de la información sobre las funciones, políticas, programas y servicios de los sujetos obligados, al igual que las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales, en conjunto con las leyes, reglamentos y decretos que nos afectan como ciudadanos.

Un elemento destacado de la propuesta es que se establece la obligación de que la comunicación gubernamental respete la pluralidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de nuestra nación y la prohibición expresa de que los mensajes se aparten de la objetividad e imparcialidad, se promuevan directa o indirectamente a los funcionarios públicos, se injurie o calumnie a la cualquier sector de la sociedad mexicana, se discrimine, se publique alguna pieza periodística sin precisar que se trata de comunicación gubernamental pagada, se haga propaganda a precandidatos, candidatos o partidos políticos, y sea discriminatorio o contrario a los derechos humanos. También queda claramente establecido que están prohibidos los mensajes de comunicación gubernamental “que se presenten en el desarrollo” de algún programa de radio y televisión “a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes” en dicho programa.

El artículo 14 recupera una de las demandas históricas para transparentar la relación entre gobierno y medios de comunicación. Establece que queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para “presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. También quedan expresamente prohibidos los “subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación” y las “donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación”.

Otra prohibición que atiende otra de las demandas históricos y que es congruente con la reforma a la legislación electoral de 2007 es que “ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república”. De esta manera, se evita la promoción de personas o instituciones a través de terceras personas.

Para atender a las personas con alguna discapacidad, se obliga a que la comunicación gubernamental incluya “versiones y formatos accesibles para personas con capacidades auditivas o visuales diferentes”. Para el caso de las zonas en las que haya una población indígena numerosa, los sujetos obligados deben incluir versiones en la lengua o lenguas indígenas de que se trate.

En cuanto a los informes anuales de labores o gestión de servidores públicos, cuya difusión está permitida constitucionalmente pero acotada a periodos específicos, esta iniciativa establece que este tipo de comunicación se llevará a cabo sólo una vez al año y su cobertura será estrictamente correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

El capítulo cuarto establece, también por vez primera, criterios claros para el uso de los denominados tiempos de Estados y fiscales. Privilegia la explotación de estos tiempos para la comunicación gubernamental y, una vez agotados, los sujetos podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de sus campañas. De cualquier manera, “quedan exceptuados de esta disposición los sujetos obligados que por la naturaleza de sus programas, requieran de tiempos y audiencias específicos”, con el fin de que la comunicación gubernamental cumple sus propósitos hacia la población objetivo o meta.

El uso de los tiempos se hará de forma proporcional y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos. De esta manera, la fórmula propuesta es democrática. Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento, pero en emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y a los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento.

Los tiempos se propone sean administrados, como hasta ahora, por la Secretaría de Gobernación y ésta determinará el formato y los requisitos de calidad que deberán cumplir los materiales remitidos por los sujetos obligados, atendiendo los requerimientos de tiempo y audiencia necesarios para la consecución de los objetivos de su Programa. Cada año, esta dependencia informará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y al Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, sobre el que más adelante se explican los detalles de su integración, los criterios que empleó para lautilización de los tiempos, su respectiva distribución y seguimiento. Al igual que en otros casos descritos, estos informes deberán estar disponibles en el portal de la misma Secretaría.

Para tener una mayor claridad sobre la disponibilidad de los tiempos para la elaboración de los programas de comunicación gubernamental, en los primeros cinco días de noviembre, informará a los sujetos obligados los tiempos con los que contarán a partir de losprimeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año.

El capítulo quinto precisa las atribuciones de las autoridades en la aplicación de la norma propuesta. La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación gubernamental se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo que respecta a la autoridad, esta iniciativa pretende ser congruente con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en dos vertientes: en lo correspondiente a la instancia responsable de evaluar el trabajo de los servidores públicos, así como imponer las sanciones correspondientes o en su caso remitirlas a la unidad con atribuciones para ello.

Para que surta efectos lo dispuesto en la presente iniciativa, se estima que la Auditoría Superior de la Federación debe ser la instancia pertinente para conocer del cumplimiento a lo establecido en las hipótesis reguladas, dado que en términos de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, su tarea es fiscalizar anualmente, en forma programada la Cuenta Pública, a través de auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, de tal suerte que acorde con su mandato legal y constitucional tendrá que verificar el cumplimiento por parte de los entes auditados al marco jurídico que los regula en todos los aspectos de su actividad administrativa, lo cual también acontece en cuanto al correcto manejo tanto del gasto público.

De esta manera, en esta iniciativa se establecen hipótesis que, además de novedosas, dan fortaleza a la actuación de la ASF en varios sentidos, a saber:

• Podrá atraer asuntos en los cuales estén involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, sin importar el origen de los recursos.

• Conocerá de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización estatales, para que en su caso emita una recomendación a fin de realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización sobre la contratación y difusión de comunicación gubernamental correspondiente.

• Sin perjuicio del principio de posterioridad, verificará la contratación y difusión de comunicación gubernamental, mediante visitas y verificaciones a las dependencias y entidades que contraten comunicación gubernamental, así como solicitudes de información a los servidores públicos y a los contratistas involucrados.

• Podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre conceptos específicos o situaciones denunciadas en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación o en la propia ASF.

Si bien este ejercicio está sujeto, por ley, a los principios de anualidad y posterioridad, ello no es óbice para que bajo una excepción recabe información, para lo cual podrá emplear técnicas de auditoría según las circunstancias lo ameriten, siempre y cuando cumplan con las normas y procedimientos internos.

No es óbice comentar que para transparentar la actividad de la ASF y una rendición adecuada oportuna, se conforma un órgano plural de representación social en asuntos relacionados con la comunicación gubernamental, que tendrá por objeto entre otras tareas, la evaluación y seguimiento de las actividades de comunicación gubernamental, para lo cual supervisará el cumplimiento de la ley, además de, entre otras funciones, recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación gubernamental.

Cabe destacar que la materia de fiscalización en materia de comunicación social no es nueva para la ASF. El antecedente más reciente que muestra el trabajo de la ASF se puede observar en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, Tomo I del informe ejecutivo, I.4 resultados relevantes, I.4.1 funciones de gobierno, I.4.1.5.7. Procesos Electorales, en la cual se hace mención a la revisión realizada al contrato plurianual para la implementación de Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral (SIATE), y se describen los hallazgos detectados.

Para asegurar la eficacia de lo preceptuado en esta iniciativa, se propone en uno de los artículos transitorios que los recursos humanos, financieros y materiales de la ASF se incrementen en la medida suficiente para garantizar que en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto pueda iniciar con los trabajos de planeación, programación y ejecución de la fiscalización en la materia de esta Ley.

La Auditoría, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, debe emitir los criterios relativos a la revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, a efecto de evaluar la legalidad y la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar la discrecionalidad y la parcialidad en la contratación y difusión de comunicación.

La fiscalización abarca a la Federación, las Entidades Federativas y Municipios. De tal manera que a petición de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la Auditoría podrá conocer de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización estatales por lo que corresponde a la contratación y difusión de comunicación gubernamental, con el objeto de que emita, en caso de proceder, una recomendación para realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización correspondiente.

Es así como la Auditoría, en el ejercicio de sus facultades y sin perjuicio del principio de posterioridad, podrá verificar, en cualquier tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. También podrá llevar a cabo visitas y verificaciones, auditorías o revisiones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 34 constitucional, siguiendo los procedimientos definidos en el marco jurídico aplicable.

También cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación o la Auditoría, se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias sobre la aplicación irregular de recursos en materia de comunicación gubernamental, la Auditoría podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados.

Para ampliar las posibilidades para la denuncia de situaciones irregulares en el uso de los recursos de comunicación gubernamental, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados atenderá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales, atendiendo la naturaleza de las mismas, y en colaboración con el Consejo las valorarán para ser enviadas a la Secretaría de Gobernación o a la Auditoría, a fin de que intervengan conforme a sus atribuciones.

Una de las aportaciones de esta iniciativa y con la que se busca ampliar la participación de la sociedad, es la creación e integración de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación, quienes durarán en su cargos dos años, con posibilidad de reelección.

Los consejeros serán seleccionados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social.

El Consejo tendrá entre sus funciones la evaluación y seguimiento de las campañas de comunicación gubernamental de los sujetos obligados y emitir observaciones y propuestas. Además de recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación gubernamental o iniciar por iniciativa propia el proceso de evaluación o denuncia, será un órgano de consulta para la Secretaría en asuntos relacionados con la comunicación gubernamental. También hará propuestas de aplicación de sanciones o suspensión de campañas y de mecanismos para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la comunicación gubernamental.

El capítulo sexto está dedicado a la planeación y procedimientos. Se establece que se privilegiarán los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada. En caso contrario, se deberán justificar las razones de la contratación. También se deberán utilizar preferentemente los medios permisionados respecto de la contratación de medios de comunicación privados.

Todos los sujetos obligados deberán presentar su Programa Anual de Comunicación que incluirá sus campañas, objetivos, población, cobertura y en general toda aquella informaciónque permita su correcta evaluación y cumpla con los fines de la ley propuesta. Se precisa que en caso de que el Programa contemple la compra de tiempos comerciales en radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de la resolución que al efecto emita la Secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos oficiales. Se exceptuarán de los anteriores requisitos, las campañas emergentes que se difundan cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nación.

En su artículo 45, esta iniciativa propone un esquema de distribución de la comunicación gubernamental que debe basarse en criterios de idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo; equidad en la asignación de la pauta oficial entre los medios de comunicación que reúnan características análogas, es decir, una distribución que respete la igualdad entre iguales; transparencia de la información relativa a la asignación de la pauta publicitaria, y efectividad, es decir, relación entre el costo global por campaña y unitario por mensaje, en relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo.

Se detalla al respecto que para garantizar la equidad ningún medio de comunicación podrá recibir más del veinte por ciento de la inversión anual en comunicación gubernamental y ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor al cuarenta por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña. De igual manera, ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del treinta por ciento del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación (radio, televisión, internet, etc.).

Otra propuesta es que ningún medio de comunicación social pueda obtener más del 60 por ciento de sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años consecutivos. También quedaría prohibida la asignación de la comunicación gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales o municipales.

En los años correspondientes a la celebración de elecciones nacionales, estatales o municipales, el Presupuesto Anual de Comunicación social y publicidad no podrá incrementarse respecto del presupuesto de comunicación social y publicidad del año previo, excepto en lo que corresponda al aumento del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todo caso, el Poder Ejecutivo reserva el diez por ciento del presupuesto asignado a comunicación gubernamental para situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no hubiesen sido previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El capítulo séptimo establece la creación y administración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya publicación y actualización será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación en su portal en internet. Este Padrón se integrará con datos de los medios de comunicación, en cuanto a su cobertura, circulación o audiencia, periodicidad, tarifas, razón social, entre otros, proporcionados por los mismos medios de comunicación y actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen, con el fin de que los sujetos obligados compartan la misma información para la elaboración de su programa de comunicación y se abstengan, como también se precisa en la iniciativa, de pagar tarifas distintas a las tarifas comerciales registradas en el Padrón.

Por último, el capítulo octavo, establece las sanciones a las que se harán acreedores a quien incumpla la ley, y que van desde la amonestación pública hasta los cuatro mil días de salario mínimo vigente, según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia, la sanción corresponderá a la del rango siguiente al aplicado.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación podrá decretar la suspensión de los mensajes de comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en materia de contenidos. A su vez, los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón, podrían ser acreedores a la imposición de una multa de 2000 días de salario mínimo y, en caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.

Se prevé, además, que cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas solicitadas los mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta Ley, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable.

Para el caso de los medios de comunicación que violen la ley, corresponderá a la Secretaria fijar y determinar el procedimiento de sanción conforme a sus atribuciones, mientras que en el caso de los servidores públicos corresponderá a la Auditoria Superior de la Federación o a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados dar cuenta a ante la Secretaria de la Función Pública para el inicio del procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se expide la Ley Federal de ComunicaciOn Gubernamental.

Artículo único.- Se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.

Ley Federal de Comunicación Gubernamental

Capítulo I

Principios generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que a través de cualquier medio de comunicación tales como prensa escrita, televisión, radio, Internet, cinema y en la vía pública realicen la federación, los estados, los municipios y el distrito federal. Esta ley es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contienen son de orden e interés público.

Artículo 2. La comunicación gubernamental se regirá por los siguientes principios:

I. Interés y utilidad públicos. La comunicación gubernamental debe ofrecer información de interés y utilidad públicos para los ciudadanos, y no debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad.

II. Transparencia en el proceso de contratación: A fin de evitar la discrecionalidad y facilitar el control debe garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda información relacionada con la utilización de los recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental.

III. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: La comunicación gubernamental debe distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos. Su asignación no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas o partidarias.

IV. Razonabilidad en la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido.

V. Claridad del Mensaje: La comunicación gubernamental debe utilizar un lenguaje de fácil comprensión.

VI. Eficacia y Eficiencia: La comunicación gubernamental debe alcanzar los objetivos propuestos al menor costo posible.

Artículo 3.Serán sujetos obligados de los preceptos de la ley, las dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus niveles federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, así como los organismos federales o locales autónomos. Y en general todas aquellas instituciones o personas que ejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental.

Artículo 4.Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier servicio de comunicación contratado con recursos públicos federales, tanto por las instituciones públicas o privadas, como por cualquier otra persona que destine dichos recursos al pago de publicidad en medios de comunicación y la comunicación gubernamental transmitida en los tiempos de estado y fiscales.

Artículo 5.Son objetivos de la presente ley:

I. Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y cualquier otro medio de difusión.

II. Establecer los criterios generales para el ejercicio de los recursos que el gobierno destina al rubro presupuestal de comunicación social y/o sus equivalentes en materia de comunicación gubernamental.

III. Establecer criterios para la administración de los tiempos de estado y fiscales en radio y televisión, entre las instituciones a que se refiere la presente ley, bajo criterios de equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia;

IV. Determinar las características del contenido de la comunicación gubernamental con el fin de que comunique a las instituciones con la población y cumpla el derecho a la información.

V. Establecer los principios y procedimientos de producción, asignación, distribución, contratación, contenidos y rendición de cuentas de la comunicación gubernamental;

VI. Evitar que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales.

Artículo 6.Para efectos de esta ley se entiende por:

I.Auditoría.Auditoría Superior de Federación.

II.Comunicación gubernamental.La producción, asignación, distribución, contratación y los mensajes que a través de través de un espacio publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en cualquier soporte, realicen los sujetos obligados de esta ley.

III.Comisión.Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

IV.Consejo.Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental

V. Programa. Programa Anual de Comunicación mediante el cual, se justifican y especifican las actividades y recursos.

VI.Padrón.Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que se integra por los datos que cada medio de comunicación entrega a la secretaría para recibir publicidad gubernamental.

VII.Secretaría.Secretaría de Gobernación

VIII.Tiempos de Estado.Transmisión diaria y gratuita establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión a que están obligados los concesionarios y permisionarios de radio y televisión;

IX.Tiempos fiscales.Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

Capítulo II

De la transparencia

Artículo 7. Cada uno de los sujetos obligados debe generar y publicar en forma completa, y actualizada en su portal de Internet la siguiente información relativa a la asignación de la comunicación gubernamental:

a). Monto presupuestal total destinado en cada ejercicio a la comunicación en todas sus formas.

b). Programa anual de comunicación que se haya aprobado.

c). Distribución del gasto en comunicación gubernamental.

d). Los contratos celebrados hasta el momento; y

e). Pagos realizados y número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de comunicación.

Artículo 8.Los sujetos obligados deberán rendir, a más tardar el 31 de enero a la Auditoría y a la Secretaría, un Informe sobre el Programa Anual de Comunicación correspondiente al año inmediato anterior, que contendrá:

I. Las campañas y, en su caso, mensajes difundidos, y

II. Relación de contratos celebrados para dicho propósito, en la que se incluirá:

a) Nombre o razón social del contratista y, en su caso, del representante legal;

b) Domicilio del contratista;

c) Objeto, especificando la campaña o mensaje;

d) Monto del contrato, y

e) Vigencia del contrato.

Artículo 9.La Secretaría deberá mantener en un portal de Internet los informes señalados en el artículo anterior, el programa de asignaciones de tiempos del estado y fiscales, así como el Padrón Nacional de Medios de Comunicación para el conocimiento del público en general.

Capítulo III

De los contenidos

Artículo 10.La comunicación gubernamental, como canal de comunicación entre el estado y los ciudadanos deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. El mensaje deberá ser claro, veraz, objetivo, accesible neutral, sin sesgos, necesario, útil y relevante para la sociedad, sin contener juicios de valor, omisiones, exageraciones o ambigüedades sobre la actividad de los sujetos obligados. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno.

Artículo 11.La comunicación gubernamental deberá cumplir los siguientes objetivos:

I. Transmitir información que afecte directamente a la ciudadanía, relacionada con:

a) Sus derechos y obligaciones;

b) El acceso a servicios públicos;

c) La prevención o medidas extraordinarias ante fenómenos naturales, salud pública o social que pongan en riesgo la integridad, la salud o la seguridad de las personas;

d) La historia, el patrimonio cultural y social de México, y

e) Los valores y principios constitucionales.

II. Informar de las funciones, políticas, programas y servicios de los sujetos obligados,

III. Difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales, así como las leyes, reglamentos y decretos que afectan la vida de los ciudadanos.

Artículo 12.La comunicación gubernamental deberá respetar la pluralidad de la nación mexicana, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa y lingüística, así como su riqueza geográfica, debiendo fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y en general una convivencia armónica entre los mexicanos.

Artículo 13.En la comunicación gubernamental queda prohibido el contenido:

I. Que se aparte de la objetividad e imparcialidad en la comunicación;

II. Orientado a promover logros de los funcionarios e instituciones públicas o que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público;

III. Destinado a injuriar o calumniar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el ámbito político, social, económico o cultural;

IV. Discriminar por cualquier razón.

V. Que no contenga la identidad (el logotipo y nombre de la institución) de quien emite el mensaje;

VI. Cualquier texto en forma de gacetilla, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente que se trata de comunicación gubernamental pagada;

VII. Cualquier propaganda que haga referencia a los precandidatos, candidatos o partidos políticos;

VIII. Incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que identifique a funcionarios públicos o a partidos políticos, y

IX. Discriminatorio o contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o contrarios a los derechos humanos.

X. Con mensajes de comunicación gubernamental que se presenten en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa.

Artículo 14.También queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para:

I. Presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas informativas;

II. Subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación, y

III. Donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación.

Artículo 15.Los sujetos obligados sólo pueden contratar en el extranjero comunicación gubernamental, atendiendo las disposiciones establecidas en esta ley.

Artículo 16.Ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república.

Artículo 17.Los mensajes y campañas de comunicación gubernamental deberán incluir versiones y formatos accesibles para personas con capacidades auditivas o visuales diferentes.

Artículo 18.Los mensajes y campañas que se difundan en zonas con concentración relevante de población indígena, deberán incluir versiones en la lengua o lenguas indígenas de que se trate.

Artículo 19.Los mensajes para dar a conocer el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos de elección popular que se difundan en los medios de comunicación, se limitarán a una vez al año en medios con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, de promoción personal del funcionario, ni realizarse dentro del periodo de una campaña electoral.

Artículo 20.Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda comunicación gubernamental con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Capítulo IV

De los tiempos de estado y fiscales

Artículo 21.Los sujetos obligados podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas a través de radio y televisión, una vez que se hayan agotado los tiempos fiscales y los tiempos de estado. Quedan exceptuados de esta disposición los sujetos obligados que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos.

Artículo 22.Los tiempos de estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:

I. Al Poder Ejecutivo federal le corresponderá 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales;

II. Al Poder Legislativo le corresponderá 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III. Al Poder Judicial federal, 10 por ciento, y

IV.A los órganos constitucionales autónomos 20 por ciento.

Artículo 23.Los sujetos regulados que requieran difundir materiales a través de tiempos fiscales o tiempos de estado, tramitarán su solicitud a través de las áreas correspondientes de comunicación gubernamental, con base en los objetivos del programa.

Artículo 24.Los tiempos oficiales serán administrados por la Secretaría y ésta determinará el formato y los requisitos de calidad que deberán cumplir los materiales remitidos por los sujetos obligados, atendiendo los requerimientos de tiempo y audiencia necesarios para la consecución de los objetivos de su programa.

Artículo 25.La Secretaría deberá informar cada año al Consejo y a la Comisión los criterios que empleó para la utilización de los tiempos fiscales y los tiempos de estado, su respectiva distribución y seguimiento. Estos informes deberán estar disponibles en el portal de la Secretaría.

Artículo 26.La Secretaría informará en los primeros cinco días de noviembre a los sujetos obligados, los tiempos fiscales y los tiempos de estado con los que contarán a partir de los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año, a fin de que conozcan la disponibilidad de los mismos y elaboren su Programa.

Artículo 27.En procesos electorales, el uso de los tiempos fiscales y los tiempos de estado se sujetará a las disposiciones establecidas en la legislación electoral.

Capítulo V

De las autoridades

Artículo 28.La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación gubernamental se realizará a través de la Auditoría, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La revisión y fiscalización deberá comprobar que la comunicación gubernamental, en forma exclusiva, tenga el carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social y cumpla con las disposiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 29.La Auditoría, con el apoyo de la Secretaría, deberá emitir los criterios relativos a la revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, a efecto de evaluar la legalidad y la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar la discrecionalidad y la parcialidad en la contratación y difusión de comunicación.

Artículo 30.Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la federación, como de las entidades federativas o municipios, la competencia se surtirá en favor de la Auditoría.

Artículo 31.A petición de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la Auditoría podrá conocer de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización estatales por lo que corresponde a la contratación y difusión de comunicación gubernamental, con el objeto de que emita, en caso de proceder, una recomendación para realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización correspondiente.

Artículo 32. La Auditoría, en el ejercicio de sus facultades y sin perjuicio del principio de posterioridad, podrá verificar, en cualquier tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables.

La Auditoría podrá realizar las visitas y verificaciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que contraten comunicación gubernamental, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Artículo 33.A partir de la información que conozca la Auditoría, derivada del ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá realizar auditorías o revisiones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 34 constitucional.

El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la Auditoría señalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.

Artículo 34.Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría o la Auditoría, se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias en materia de comunicación gubernamental, mediante las cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, la Auditoría podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados.

La Auditoría deberá acompañar al requerimiento los documentos o evidencias presentados por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las entidades fiscalizadas.

Artículo 35.La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados atenderá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales, atendiendo la naturaleza de las mismas, y en colaboración con el Consejo las valorarán para ser enviadas a la Secretaría o a la Auditoría, a fin de que intervengan conforme a sus atribuciones.

Artículo 36.Se conformará un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental que trabajará en coordinación con la Secretaria como un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación.

Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico y no genera relación laboral alguna; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Artículo 37. Los consejeros serán seleccionados por la Secretaría en consulta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social.

La Secretaría proporcionará el apoyo administrativo y logístico necesario para que el Consejo pueda desarrollar sus funciones.

Artículo 38. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados en materia de comunicación gubernamental y emitir observaciones y propuestas a la Secretaría

II. Emitir un informe público sobre el cumplimiento de la presente ley y los trabajos desarrollados durante el año;

III. Recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación gubernamental o iniciar por iniciativa propia el proceso de evaluación o denuncia.

IV. Ser órgano de consulta para la Secretaría en asuntos relacionados con la comunicación gubernamental.

V. Supervisar el cumplimiento de la ley en la comunicación gubernamental;

VI. Conocer de los procedimientos y de la aplicación de sanciones en los casos que determina esta ley;

VII. Proponer la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la ley,

VIII. Proponer mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la comunicación gubernamental.

IX. Proponer a la Secretaría la sanción o suspensión de una campaña de comunicación gubernamental por violaciones a la presente ley.

Capítulo VI

De la planeación o procedimientos

Artículo 39.Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada; en dicho supuesto deberán justificar las razones de la contratación. Las dependencias y entidades que difundan la versión de una campaña por tiempos oficiales no podrán difundir la misma versión en tiempos comerciales de radio y televisión, en la misma vigencia.

Artículo 40.Los sujetos obligados deberán utilizar preferentemente los medios permisionados respecto de la contratación de medios de comunicación privados, cuando se encuentren en posibilidad de prestar servicios de información y difusión en condiciones similares de calidad y a tarifas competitivas.

Artículo 41.Los sujetos obligados deberán presentar su programa anual de comunicación social, el cual deberá contener los siguientes elementos:

a) Relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, objetivos y metas;

b) Objetivos que persiguen vinculados con la planeación sectorial;

c) Objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar;

d) Población-objetivo;

e) Cobertura geográfica;

f) Calendarización;

g) Tipo de medios de difusión a utilizar;

h) Propuesta y justificación de la selección de medios;

i) Uso, en su caso, de tiempos fiscales y de estado;

j) Estudio o investigación que se realizará durante el año para medir la pertinencia y efectividad de las campañas; y

k) Planeación de erogaciones, distribución de los recursos presupuestarios de acuerdo con los medios de difusión y servicios programados.

En caso de que el Programa Anual de Comunicación Social contemple la compra de tiempos comerciales en radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de la resolución que al efecto emita la Secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos oficiales.

Artículo 42.Se exceptuarán de los trámites a que se refiere la presente ley, las campañas emergentes que se difundan cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la nación.

Artículo 43.Los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social son de observancia obligatoria para las dependencias, entidades y unidades referidas en los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República.

Artículo 44.La compra de espacios en radio y televisión deberá sustentarse en criterios de calidad que aseguren congruencia con el contenido del mensaje, la población objetivo y la oferta programática, así como apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social y demás disposiciones que resulten aplicables.

Los criterios de asignación y distribución de comunicación gubernamental optimizan el derecho de la audiencia a recibir información oportuna y veraz, hacen más efectivo el impacto del mensaje dependiendo del tipo de audiencia, generan equidad en las posibilidades de acceso de los medios de comunicación a la pauta oficial y, garantizan la transparencia, la racionalidad y la efectividad en el uso de los fondos públicos.

Artículo 45.El esquema de distribución de la comunicación gubernamental debe basarse en los siguientes criterios:

I. Idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo.

II. Equidad en la asignación de la pauta oficial entre los medios de comunicación que reúnan características análogas, es decir, una distribución que respete la igualdad entre iguales.

III. Transparencia de la información relativa a la asignación de la pauta publicitaria. Dicha información se publica de manera útil, accesible, exhaustiva y oportuna.

IV. Efectividad: relación entre el costo global por campaña y unitario por mensaje, en relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo.

Artículo 46.La idoneidad implica un tratamiento preferencial a grupos en situación de vulnerabilidad por lo que las dependencias y autoridades deberán asegurarse de que las campañas publicitarias que se dirigen a la promoción y ejercicio de los derechos humanos de dichos grupos se difunden en medios que llegan a las personas adecuadas.

Artículo 47.Para garantizar la equidad todo medio de comunicación que sea excluido de una contratación sin existir justificación fundada y pese a reunir análogas características a las de otros medios que accedan a la pauta oficial, podrá hacerlo del conocimiento del Consejo Ciudadano y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Artículo 48.Ningún medio de comunicación podrá recibir más del veinte por ciento de la inversión anual en comunicación gubernamental. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor al cuarenta por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del treinta por ciento del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación.

Artículo 49.Ningún medio de comunicación social podrá obtener más de 60 por ciento de sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años consecutivos.

Artículo 50.Se prohíbe la asignación de la comunicación gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales o municipales.

Artículo 51.El presupuesto anual de comunicación social y publicidad en los años correspondientes a la celebración de elecciones nacionales, estatales o municipales no podrá incrementarse respecto del presupuesto de comunicación social y publicidad del año previo, excepto en lo que corresponda al aumento del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 52.El Poder Ejecutivo reserva diez por ciento del presupuesto asignado a comunicación gubernamental para situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no hubiesen sido previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los medios públicos de comunicación deberán realizar transmisiones sin cargo ante una grave emergencia local

Capítulo VII

Del padrón nacional de medios de comunicación

Artículo 53.Los sujetos obligados únicamente podrán contratar espacios en medios de comunicación que estén registrados en el padrón y las tarifas contratadas no podrán ser distintas a las registradas en él.

Artículo 54.La Secretaría de Gobernación deberá publicar y mantener actualizado el Padrón Nacional de Medios de Comunicación en su portal de Internet para el conocimiento del público en general.

Artículo 55.El Padrón Nacional de Medios de Comunicación se integrará con los siguientes datos de los medios de comunicación:

I. Razón social;

II. Denominación comercial;

III. Director o directora; (representante legal)

IV. Características del medio impreso (tamaño, material, número de páginas promedio) o del programa televisivo o radiofónico (horario, tema, duración);

V. Cobertura (municipios, estados o nacional); En el caso de radio y televisión, el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo y la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad;

VI. Circulación o audiencia;

VII. Periodicidad, y

VIII. Tarifas comerciales de publicidad vigentes.

Dichos datos serán proporcionados por los medios de comunicación y deberán ser actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen.

Artículo 56. La Secretaría será la responsable de recibir la información, sin mayor trámite, organizarla y actualizarla conforme le sean notificados cambios en cualquiera de los datos proporcionados. La Secretaría podrá solicitar la realización de mediciones de audiencia o apoyarse en las existentes para verificar la autenticidad de los datos de circulación o audiencia que declaran las empresas de comunicación.

Artículo 57.Los sujetos obligados deberán abstenerse de pagar tarifas distintas a las tarifas comerciales registradas en el padrón.

Capítulo VIII

Sanciones

Artículo 58.De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es responsabilidad de los funcionarios que tengan a su cargo la contratación de medios en las dependencias y entidades cumplir con la presente ley y cualquier otra disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionadas con la contratación de servicios o convenios de cualquier especie, que impliquen o no erogación de recursos.

Artículo 59.Los sujetos obligados de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, serán sancionados de conformidad con los siguientes supuestos:

I. Amonestación pública;

II. Con multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de incumplimiento de los artículos 17, 18, 26, 32, 39, 40, 53,54,y 57;

III. Con multa de 501 a 2000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de incumplimiento de los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 41 y 52;

IV. Con multa de 2001 a 4000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de incumplimiento de los artículos 13, 14, 16, 19, 20, 22, 48, 49 y 50.

En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, la sanción corresponderá a la del rango siguiente al aplicado.

Artículo 60.La Secretaría, tratándose de contenidos, podrá decretar la suspensión de los mensajes de comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 61.A los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón se les impondrá la multa de 2000 días de salario mínimo. En caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.

Artículo 62.Cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas solicitadas los mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta ley, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable.

Artículo 63.Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente ley, serán independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Artículo 64.Tratándose de sanciones a los medios de comunicación corresponderá a la Secretaría fijar y determinar el procedimiento conforme a sus atribuciones. En el caso de los servidores públicos corresponderá a la Auditoria o a la Comisión dar cuenta a ante la Secretaría de la Función Pública para el inicio del procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la revisión y fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Los asuntos en trámite a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta ley, deberán ser remitidos a la unidad especializada que deberá iniciar operaciones en un plazo máximo de 60 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento, para lo cual la Auditoría Superior de la Federación internamente transferirá los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para dar cumplimiento a este Decreto.

La unidad especializada, a través del titular de la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar en 15 días naturales posteriores a su inicio de operaciones, informará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación deberá publicar actualizado en su portal de Internet, el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, en un plazo no mayor de 60 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Quinto. La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental se hará mediante nombramientos por plazos de 4 de ellos por un año, 4 por 2 años y 3 por tres años.

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental deberá realizar la primera sesión de trabajo durante los primeros 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

México Distrito Federal, a 4 de Septiembre de 2012.

Atentamente

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado. En su momento se turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Senador Avila Ruiz, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, para preguntarle y solicitarle al Senador Javier Corral Jurado, el permitirme suscribir este proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, por considerarla de interés para mi estado de Yucatán, y para la República.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Avila Ruíz. Solicito a la Secretaría tome nota de la propuesta del compañero Senador.

Senador Pablo Escudero, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Una moción de conducción, señor Presidente, y se lo digo con respeto. Quisiera conocer cuál es el criterio para dar el tiempo. Cuando yo subí a la tribuna, a sabiendas de los artículos 76 y 172 del Reglamento, que nos da a los Senadores hasta 10 minutos para presentar una iniciativa, le pregunté que cuánto tenía, y usted me dijo que 5 minutos; ahora mi compañero Corral, usted le ha dado hasta 10 minutos. Entonces, quisiera saber cuál es el criterio para la conducción de aquí en adelante de las sesiones para que todos tengamos un trato igual.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tiene usted toda la razón, Senador Pablo Escudero, el artículo 76 da hasta 10 minutos en el caso de iniciativas, pero hoy por la mañana en la reunión de la Mesa Directiva se tomó el acuerdo que se comentaría con los grupos parlamentarios que en el caso de las iniciativas se diera hasta 5 minutos, pero indudablemente que el Senador o Senadora que quiera acogerse a lo que le señala las normas internas, indudablemente está en todo su derecho, y le pido una disculpa si no se le dio el tiempo mayor, pero fue en función de ese acuerdo, pero indudablemente quien quiera respetar el acuerdo estará abierto para ello, y quien quiera acogerse a lo que señalan las normas que definen la vida interna del Senado, indudablemente que respetaremos íntegramente el derecho que tiene cada Senadora y cada Senador en el uso de la palabra.

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Informo que en el caso de los puntos de Acuerdo, tal y como lo señala el Reglamento, son hasta 5 minutos; y en las iniciativas, hasta 10 minutos.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con el propósito de no violentar el acuerdo que hemos votado, yo quisiera pedirle, señor Presidente, y a mis compañeros, yo traigo otra intervención en el Orden del Día, pero considero que es importante que de una vez se pudieran desahogar los dos asuntos, que es la solicitud para ratificar el Convenio 156, que es el uso de la palabra que me ha dado; pero también el Convenio 189, que tiene que ver con los y las trabajadoras domésticas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante Senadora, tiene usted el uso de la palabra.

1 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, principio 13. La Declaración fue adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2000. Se trata de un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2 Retomado y ajustado dePrincipios básicos para la regulación de la Publicidad Oficial, Asociación Pro los Derechos Civiles Argentina, Argentina, 2010.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Bueno, quiero llamar la atención en un asunto en los que ha habido foros, demasiada intervención, pero poco hemos hecho, y más aún, el gobierno mexicano no ha suscrito el Convenio 189, que tiene que ver con un asunto de la mayor importancia.

La sociedad en este momento pasa por un momento muy difícil, pero un tema que poco también se trata, es el tema de las familias, y lo que tiene que ver con el trabajo y la armonización de la familia con el trabajo, de gran manera violenta los derechos de las mujeres; poco se trata, poco hemos hablado de él, y más aún, no entendemos por qué el gobierno mexicano no ha atendido este Convenio que la OIT establece y que pinta de cara a la necesidad de poder atender a los hombres y mujeres que cumpliendo con una responsabilidad laboral también tienen que cumplir con la armonización en el tema de la familia.

Y este Convenio nosotros le pedimos al gobierno federal se pueda suscribir lo más rápido posible por el momento tan difícil en el que vivimos, se dice que la liberación femenina o el abandono de la casa, porque así se ha manejado, ha propiciado una descomposición al interior de la familia, nada más alejado.

Creo que el reparto de obligaciones al interior de la casa no solamente tiene la carga para las mujeres, también es de hombres y mujeres.

Este Convenio pinta el reparto que tiene que haber dentro del ente social más importante que tenemos hasta la fecha, como es la familia, las familias mexicanas.

Por eso, mi grupo parlamentario, quienes lo integramos creemos de la mayor importancia la urgencia de que se pueda suscribir este Convenio de la OIT que tiene que ver con el trabajo y familia al efecto de combatir la desigualdad en los roles familiares.

Por otro lado, sí quisiera que me permitieran poder leer el documento que habla de un asunto del trabajo que realizan las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En nuestro país, la situación actual de los trabajadores y trabajadoras domésticas sin duda es preocupante, debido a que las constantes violaciones a sus derechos humanos, en especial las laborales, con las que se ha fomentado la desigualdad y la discriminación de dicho sector de la población.

De acuerdo a las estadísticas sobre trabajo doméstico, tomadas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el 90.4% de las personas empleadas son mujeres.

Una tercera parte de las personas que desempeñan trabajos domésticos reciben un salario bajo y están expuestas al abuso. Además de que la remuneración de las empleadas del hogar es bajo, el 34% de ellas sólo percibe hasta un salario mínimo; y el 42%, entre 1 y hasta 2 salarios mínimos.

INEGI ha manejado que el problema de los y las trabajadoras domésticas es muy serio.

De tal manera que en México las personas que están empleadas son más de 43 millones de hombres y mujeres empleados; de esos 43 millones, 2 millones son de trabajadores y trabajadoras del hogar.

El problema del abuso laboral que tienen estas personas, jornadas que van más allá de lo que marca la ley de 8 horas de trabajo, que no cuentan con las prestaciones, que no tienen un salario decente, como se habla, un trabajo decente, como maneja la OIT, nos obliga más que nunca a suscribir este Convenio que México, no entiendo por qué no lo ha hecho, si ha suscrito más de 76 convenios en materia laboral, ha evadido la responsabilidad que tiene en el tema de los y las trabajadoras domésticas. Me parece que la única diferencia que se ha encontrado es que un trabajador doméstico trabaja en una casa, una secretaria en una oficina, y no encuentro la diferencia en el hecho que realiza una actividad laboral que no es remunerada puntualmente y a tiempo ni recibe las prestaciones que marca la ley.

Por eso mi grupo parlamentario, en justicia, solicita respetuosamente al gobierno federal que a la mayor brevedad posible pueda suscribir este convenio que pinta de cara uno de los peores abusos que el sector laboral, que el sector obrero tiene.

En un apartado que pareciera que está en un sector distinto, los y las trabajadoras domésticas.

Por su atención, muchas gracias.

Propuestas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA RATIFICAR EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES

“La suscrita, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

En las últimas décadas han aumentado las dificultades por conciliar aspectos importantes de las personas como son el trabajo y la familia. Varios son los factores que concurren para esto como son la participación femenina en la fuerza laboral, los cambios en la estructura de las familias, el aumento de la economía informal que las deja sin protección social, la poca oferta de servicios públicos de cuidado infantil, la no compatibilidad entre el horario escolar y el laboral, las grandes distancias que separan la casa del lugar de trabajo y finalmente, los horarios de trabajo poco flexibles, entre otros.

Debido a que la desigualdad existente entre mujeres y hombres derivada de los roles de género que fomentan que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas domésticas y de cuidado, dificulta que un importante número de mujeres trabajadoras logren vivir plenamente su vida laboral con la familiar y personal.

De acuerdo con cifras y estadísticas del INEGI la tasa de participación en el trabajo no remunerado es de 26.3% para las mujeres y de 61.8% para los hombres. El promedio de horas de trabajo no remunerado es de 37.5% horas para las mujeres y 17.7% para los hombres.

El conflicto entre trabajo doméstico y trabajo extradoméstico ha existido desde hace siglos, sin embargo esta tensión persiste y se ha convertido en un problema público que hasta hoy h sigue teniendo respuestas incipientes.

La mayor problemática deriva de la división sexual del trabajo, la que, por construcción social, coloca a las mujeres en situación de desigualdad frente a los hombres, en tanto las responsabiliza del trabajo de cuidado y las actividades domésticas no remuneradas.

Esta realidad coloca a las mujeres en una situación de desigualdad de oportunidades respecto de los hombres.

En otras palabras, las mujeres que tienen responsabilidades familiares son discriminadas cuando buscan empleo o postulan a una promoción.

Sin embargo a pesar de que a la fecha en México se han propuesto varias políticas conciliatorias, las cuales han sido construido a base de ideas androcentristas, lo que representa un problema de las mujeres y no de relaciones de desigualdad de género, configuradas a partir de distintos elementos: valores, normas, reglas, políticas públicas, organizaciones, mismos que refuerzan las desigualdades y promueven la reproducción de roles.

Entre esas acciones tenemos que las más relevantes son: Las guarderías de horarios extendidos, las cuáles de manera inmediata resuelven el problema del cuidado del infante, sin embargo no resuelve a doble jornada laboral.

Pese a todo ello dichas políticas propuestas hasta ahora no modifican las estructuras de género, no promueve la participación equitativa de mujeres y hombres, perpetúan las desigualdades y dejan a las mujeres como únicas responsable de la creación de estrategias para empatar su vida laboral, familiar y personal, como si fuese un problema solo de las mujeres.

A la fecha las mujeres han desarrollado una gran variedad de estrategias que les permiten atenuar la tensión o conflicto, como el contrato de otras mujeres que las apoyan en las tareas domésticas y de cuidado, debemos resaltar que siempre son otras mujeres, las redes familiares de apoyo son las más concurridas, ya que las madres, hermanas o las hijas atienden a las hijas e y los hijos pequeños durante la ausencia de la madre. La participación en las tareas domésticas por parte de las parejas masculinas a la fecha es baja, ya que las pautas de participación continúan marcadas por los roles y estereotipos de género.

Es por eso que según revelala La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres sostiene que las Mujeres trabajadoras en México suman 8.5 millones, lo cual representa más de la quinta parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y 63% de la población económicamente activa femenina.

Por lo que se concluye que las mujeres representan 53.7% de la fuerza productiva del país superando, por primera vez a los hombres en las estadísticas de ocupación de trabajo.

Entre los objetivos principales de este Convenio se encuentra la necesidad de establecer igualdad de oportunidades y de trato tanto entre hombre y mujeres con responsabilidades familiares entre trabajadores con y sin ellas.

Es aplicable a todos los sectores, actividades económicas y categorías de trabajadores donde las responsabilidades familiares restrinjan las posibilidades de avanzar laboralmente. Sin embargo, aunque dicho Convenio no esté dirigido únicamente a las mujeres, es claro que una de sus finalidades principales es superar la discriminación que las mujeres trabajadoras enfrentan por causa de sus responsabilidades familiares.

Con la ratificación del presente Convenio lograríamos fortalecer ordenamiento de importancia como: La Ley Federal del Trabajo, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres yPrograma de Cultura Institucional. Propiciando la protección y procuración de la mujer trabajadora.

En este marco nuestro país deberá cuidar que las responsabilidades familiares no constituyan razones que impidan al trabajador de escoger libremente su empleo. Para esto debe desarrollar servicios para facilitar el cuidado infantil y los servicios familiares, posibilitando así que estos trabajadores puedan competir en condiciones de igualdad en el mercado.

ProposiciOn con Punto de acuerdo

Unico.-Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares a efectode abatir la desigualdad de género en el ámbito laboral.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.






PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE RATIFIQUE EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL QUE ESTABLECE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMESTICOS

“La suscrita, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país la situación actual de las trabajadoras y trabajadores domésticos sin duda es preocupante, debido a las constantes violaciones a sus derechos humanos en especial a los laborales, con lo que se ha fomentado la desigualdad y discriminación de dicho sector de la población.

De acuerdo con las estadísticas sobre trabajo doméstico tomadas de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (CONAPRED) el 90.4% de las personas empleadas son mujeres, una tercera parte de las personas que desempeñan trabajos domésticos reciben un salario bajo y están expuestas al abuso.

Además de que la remuneraciónde las empleadas del hogar es baja: 34% de ellas percibe hasta un salario mínimo y 42% entre uno y hasta dos salarios mínimos, seis de cada diez no tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo y por si fuera poco ocho de cada diez trabajadoras del hogar no cuentan con seguro médico.

En base a la información que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el total de la población empleada en México es de 43,809,329 personas, de las cuales profesionalmente se desempeñan como trabajadores o trabajadoras del hogar 2,019,310 (que representan 4.6% del total de la población empleada).

En este orden de ideas tenemos que parte del problema radica en el hecho de que el trabajo del hogar no se valora como un asunto laboral, porque físicamente se desempeña en lugares distintos a los centros tradicionales de trabajo oficinas, fábricas, campo, es decir, éste se realiza en un espacio privado: el hogar.

Si bien es cierto que al día de hoy nuestro país ha ratificado 76 Convenios en materia laboral regulando temas como: salario, jornadas de trabajo, seguridad social, igualdad de trato, en sectores como el agrícola, industrial y marítimo, respecto de los trabajadoresdomésticos no se ha ratificado un Convenio que ampare de manera tan precisa y exacta los derechos humanos, pero sobre todo laborales de las y los trabajadores domésticos, como lo hace el Convenio en comento.

Por ello es importante destacar que incluso los mismos Tribunales Federales Mexicanos han interpretado dicho marco jurídico, en donde destacan temas como: duración de la jornada laboral, pago de salario y edad mínima permitida para laborar.

Regulado en la Constitución Política Mexicana enuncia en su Art. 123 el cual dice la letra:

En cuanto a la jornada laboral en su apartado A fracción I enuncia que “la duración máxima será de ocho horas”.

Respecto del salario en el mismo apartado, fracción X nos dice que “El pago del salario será efectuado en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo que se pretenda sustituir la moneda”. Lo que la mayoría de las veces ni siquiera es respetada por el propio patrón.

Por último enuncia dentro del mismo apartado en su fracción III “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

Lo cual en la actualidad se contraviene de acuerdo con las estadísticas reveladas por el INEGI e incluso la propia CONAPRED, pues según estas revelan que del 90% de población labora en el trabajo doméstico entre el 30 y 40% de las mujeres cuentan con apenas 12 y 13 años de situación que es preocupante.

En este orden de ideas tenemos que la Ley Federal de Trabajo cuenta con un capitulado para regular al trabajo doméstico, mismo que a la letra dice:

CAPITULO XIII

Trabajadores domésticos

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Artículo 332.- No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposicionesgenerales o particulares de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 333.- Los trabajadores domésticos deberán disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.

Artículo 336.- Para la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el artículo anterior, se tomarán en consideración las condiciones de las localidades en que vayan a aplicarse.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II. Proporcionar al trabajador un local cómodo e higiénico para dormir, una alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Artículo 339.- En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio.

Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo.

Artículo 342.- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la presente.

Sin embargo a pesar de existir como tal un capitulado completo, es precisa la ratificación de dicho Convenio, todo ello permitirá definir de manera más clara y concisa los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores domésticos.

En consecuencia, si nuestro país ha ratificado convenios sobre edad mínima en labores específicas entre los que se encuentran el Convenio 58 por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo de 1936, ratificado por México en 1952, el Convenio 95 sobre la protección del salario de 1949, ratificado por nuestro México el 27 de septiembre de 1955 y por último el Convenio 118, sobre la igualdad de trato(seguridad social) de 1962,ratificado por nuestro país en el año de 1978, es de suma importancia que México ratifique el Convenio 189 para que de forma subsiguiente se reforme la Ley Federal de Trabajo en su capitulado XIII, el cual habla del trabajo doméstico y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores domésticos se protejan y fortalezcan aún más.

Por lo anterior, estas medidas legislativas discrepan con la realidad, debido a que con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente para fortalecer realmente las medidas que buscan proteger y preservar los derechos humanos, en especial los derechos laborales de dichos trabajadores.

A pesar de que se han presentado avances en la legislación y en la creación de políticas públicas encaminadas a resguardar los derechos humanos en especial los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos, el Estado Mexicano debe esforzarse para cumplir con la obligación de acatar los lineamientos internacionales.

No podemos continuar siendo omisos ante las exigencias de la sociedad que reclama eficiencia de las instituciones y de los servidores públicos que las constituyen; de ahí, que es menester ratificar este convenio no sólo para atender esta exigencia ciudadana de un sector tan importante como lo es el de las trabajadoras y trabajadores domésticos sino para que el Estado Mexicano fortalezca sus estrategias para abatir la discriminación y desigualdad en materia de derechos humanos pero en especial de sus derechos laborales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente:

Proposición con Punto de acuerdo

Unico.-Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, que ratifique a la brevedad el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece El Trabajo Decente de las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, con el fin de proteger y abatir la violación a los derechos laborales de las Trabajadoras y Trabajadores domésticos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, se turnan los dos puntos de Acuerdo que ha presentado la Senadora a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, una vez que la misma quede integrada.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo sobre los 10 mil cadáveres de víctimas sin identificar y las más de 5 mil desapariciones forzadas.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Quiero referirme a estas muertes, más de 10 mil víctimas sin identificar y las más de 5 mil desapariciones forzadas, porque preocupa la negación institucional y ocultamiento de la realidad que vive este país. El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su párrafo primero, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso: el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Sin embargo, este artículo no menciona nada acerca de la veracidad de los datos con los que debe contar el Informe Presidencial. En los informes de gobierno, presentados por Felipe Calderón Hinojosa, ha sido recurrente el encubrimiento y las falacias de la realidad que azotan a nuestro país, y como prueba de ello, los datos mencionados sobre las acciones emprendidas y los logros obtenidos tanto en lo político, lo económico y lo social no coinciden con la realidad, aunque debo adelantar que en este punto de Acuerdo sólo nos enfocaremos al ramo social, y en específico al tema de la seguridad, ya que es uno de los temas que más afectaciones ha traído a los mexicanos.

Felipe Calderón dedicó el primer tramo de su discurso oficial a defender su estrategia de seguridad que ha causado la muerte de miles, miles de mexicanos, cifras que oscilan entre 70 y 90 mil, según informes, y en uno de sus apartados sobre este tema el titular del Poder Ejecutivo Federal menciona que la estrategia adoptada en contra del crimen organizado fue la más adecuada para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos; sin embargo, cada vez son más las personas, las organizaciones y los países que levantan la voz y se manifiestan en contra de esta estrategia.

Calderón dijo que el combate a la delincuencia ha sido el reto más desafiante de su mandato, ha defendido a capa y espada la estrategia de seguridad agotada desde el 2006 y, sin embargo, la opinión alrededor de este tema ha sido debatida en múltiples escenarios alrededor del mundo, donde las conclusiones de la mayoría están en contra de estas medidas tomadas.

Se han escuchado en distintos organismos del mundo críticas y descalificaciones a la estrategia de Felipe Calderón, en que fue un pésimo plan de acción, una estrategia que supuestamente serviría para acabar con el negocio de las drogas y de los cárteles, pero que sólo ha traído muertes y miles de desaparecidos. Tantas voces no pueden estar equivocadas, la actual política de drogas implementadas en México ha sido un rotundo fracaso, la estrategia antinarcóticos no ha resuelto el problema de fondo, sólo ha distorsionado las fuerzas de poder en el mercado de las drogas y ha creado un ambiente de violencia sin precedentes en el país.

Sin embargo, este fracaso no sólo ha dejado claras las carencias o lo mucho que falta por trabajar en materia de seguridad, sino que también se han descubierto otras grandes limitaciones administrativas en lo que corresponde a las investigaciones previa identificación de los cuerpos. Por eso hoy, después de lo escuchado en este mensaje del Presidente, me parece que no es ocultando la realidad de nuestro país como se resolverán los problemas.

Estoy planteando, como punto de Acuerdo:

Primero.- Exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, envíe un informe real de la situación que guarda la seguridad pública en nuestro país.

Segundo.- Exhortar a la Procuraduría General de la República para que envíe a este Recinto un informe pormenorizado acerca de los más de 10 mil cadáveres sin identificar que se han registrado, y de las más de 5 mil desapariciones forzadas, ¿en qué estatus se encuentra la investigación de éstos?

Tercero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que informe respecto de las medidas adoptadas como consecuencia de las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por parte de los distintos Organismos Internacionales No Gubernamentales, con respecto a la lucha contra el narcotráfico del actual sexenio.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS 10 MIL CADAVERES DE VICTIMAS SIN IDENTIFICAR Y LAS MAS DE 5 MIL DESAPARICIONES FORZADAS

“David Monreal Avila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su párrafo primero que:

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la republica presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado generalque guarda la administración pública del país”.

Sin embargo, este artículo no menciona nada acerca de la veracidad de los datos con los que debe contar el Informe Presidencial.

En los informes de gobierno presentados por Felipe Calderón Hinojosa, ha sido recurrente el encubrimiento y las falacias de la realidad que azota a nuestro país. Como prueba de ello, los datos mencionados sobre las acciones emprendidas y los logros obtenidos tanto en lo político, lo económico y lo social no coinciden conla realidad.

Aunque debo adelantar que en este punto de acuerdo sólo nos enfocaremos al ramo social, y en específico, a la seguridad pública, ya que es uno de los temas que más afectaciones ha traído a los mexicanos.

Felipe Calderón dedicó el primer tramo de su discurso oficial a defender su estrategia de seguridad, que ha causado la muerte de miles de personas, cifras que oscilan entre 70 y 90 mil muertos.

En uno de sus apartados sobre este tema, el titular del Poder Ejecutivo Federal, menciona que la estrategia adoptada en contra del crimen organizado, fue la más adecuada para recuperar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos, sin embargo, cada vez son más las personas, organizaciones y países que levantan la voz y se manifiestan en contra de esta estrategia.

Calderón, dijo que el combate a la delincuencia ha sido el reto más “desafiante” de su mandato, ha defendido a capa y espada la estrategia de seguridad adoptada desde el 2006, sin embargo la opinión alrededor de este tema, ha sido debatida en múltiples escenarios alrededor del mundo, donde las conclusiones de la mayoría están en contra de las medidas tomadas al respecto.

Se han escuchado en distintos organismos del mundo, críticas y descalificaciones a la estrategia de Calderón, en que fue un pésimo plan de acción; de una estrategia que supuestamente serviría para acabar con el negocio de las drogas y de los cárteles, pero que sólo ha traído más de 70 mil muertos y miles de desapariciones.

Tantas voces no pueden estar equivocadas, la actual política de drogas implementada en México ha sido un rotundo fracaso, la estrategia antinarcóticos no ha resuelto el problema de fondo, tan sólo ha distorsionado las fuerzas de poder en el mercado de las drogas y ha creado un ambiente de violencia sin precedentes en el país.

Sin embargo, este fracaso no sólo ha dejado claro las carencias o lo mucho que falta trabajar en nuestro país en materia de seguridad, sino que también se han descubierto otras grandes limitaciones administrativas, en lo que corresponde a las investigaciones previas y en la identificación de cuerpos.

Ariel Dulitzky integrante del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo: “Pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar las investigaciones debidas en el caso de desapariciones forzadas”, después de su visita a México en marzo de 2011, para la realización de un informe llamado: Informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias1.

Este informe detalla las múltiples carencias que existen en nuestro país para el óptimo combate a las desapariciones forzadas, y da una serie de recomendaciones acerca de mejorar los protocolos de investigación, o investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas2.

Durante una audiencia efectuada en Washington, EUA, donde tiene su sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mercedes Doretti, de la organización Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), afirmó que estiman en 10 mil los restos de personas que no han sido identificados en México como consecuencia de la guerra contra en el narcotráfico que implementó Felipe Calderón en los albores de su mandato y de las 5,000 personas reportadas como desaparecidas.3

Es inadmisible la elevada cifra de cadáveres que existen sin identificar, esto representa una verdadera tragedia humanitaria, inaceptable en cualquier país democrático, detrás de estos asesinatos no identificadas lo que realmente vemos, esun asunto de discriminación, porque en México no se investiga la desaparición de los más pobres.

Todos los días nos encontramos con notas periodísticas que relatan testimonios de familiares cercanos a las víctimas, que tuvieron que gastar grandes sumas de dinero tratando de localizar algún familiar o pariente desaparecido, hasta el grado de perder su patrimonio. Esto porque las instituciones y los funcionarios encargados de esa tarea, no quisieron o simplemente hicieron caso omiso a las peticiones de los familiares sólo por ser de bajos recursos.

Un ejemplo de esto lo encontramos hace unos días en Ciudad Juárez, donde tan sólo en un día, fueron sepultados 24 cadáveres no identificados ni reclamados por sus familiares,4 sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que estas personas no fueron simplemente olvidadas por sus seres queridos, sino que los responsables y encargados de la investigación y/o reconocimiento de los cuerpos no cumplieron cabalmente con su responsabilidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que el 2011, fue uno de los años más violentos de todo el sexenio, con más de 27 mil 199 homicidios, es decir, que la proporción de homicidios cometidos en el país, creció a 24 por cada 100 mil habitantes, 5.6% más que en 2010;5 dato que no fue registrado en el VI y último informe del Gobierno Federal.

Como tampoco fue documentado el hecho de que el Estado de Chihuahua fue ubicado por el organismo como la entidad federativa más peligrosa del país, y que por cada 100 mil habitantes de la entidad se cometen 131 homicidios, de igual manera se ha omitido el hecho de que el Estado de Veracruz, pasó de 461 homicidios reportados en el año 2010, a 1,005 para el año siguiente, un incremento del 188%.

Sin embargo estos no son los únicos estados con el mayor número de homicidios cometidos, pues en la semana que abarcó del lunes 13 al domingo 19 de agosto, se encontraron sin vida los cadáveres de 21 víctimas en el Estado de Guerrero, dándonos en promedio tres homicidios por día.6

El hallazgo de cuerpos, huesos, fragmentos, tejidos y restos en más de 500 fosas clandestinas, narcococinas, tambos con ácido y en las cunetas de las carreteras ha incrementado en los últimos años el trabajo en instituciones encargadas del reconocimiento de los cuerpos no así se ha visto incrementado el personal que realiza esta labor.

Con respecto al fortalecimiento de las instituciones públicas y en particular al número de médicos especialistas en genética forense que ayudan en las labores de reconocimiento de cadáveres, éste no ha aumentado en proporción a los miles de cuerpos encontrados a lo largo y ancho del país que no han sido identificados; por otro lado, la Policía Federal si ha tenido un aumento considerado de acuerdo a cifras presentadas en el Resumen Ejecutivo del VI Informe de Gobierno, dentro del apartado Estado de Derecho y Seguridad Pública del subtítulo Fortalecimiento, Depuración y Reconstrucción de las Instituciones de Seguridad Pública, página 11, que a la letra dice: “… su estado de fuerza pasó de poco más de 6 mil elementos en 2006, a más de 36 mil en 2012”.

Por lo tanto considero que es de suma importancia que en nuestro país se tomen medidas para obligar a los Ministerios Públicos (MP) a iniciar las investigaciones correspondientes en desapariciones forzadas e identificación de los cuerpos, además de determinar cuáles están vinculados al crimen organizado y cuáles no.

Actualmente en México, y aunque el último Informe del Ejecutivo pretenda aparentar lo contrario, sigue habiendo un rezago importante en el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, que afecta de manera directa la relación entre gobierno y ciudadanos, generando en éstos mucha desconfianza hacia sus instituciones.

Compañeras Senadoras y Senadores, ahora que comienza el Primer Periodo Ordinario del Primer Año Legislativo de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, debemos legislar en favor de las víctimas y de sus familiares y sobre todo de aquellos que no cuentan con recursos económicos, ya no podemos permitir que este país sea un lugar en donde la Ley se aplique sólo en beneficio de los más ricos y en perjuicio a los más pobres.

Debemos poner en marcha acciones que garanticen un mejor nivel de vida a todo el pueblo de México, donde se obligue a las instituciones y sobre todo a los funcionarios públicos a cumplir con su responsabilidad, conservando en todo momento los principios de igualdad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, envíe el informe real de la situación que guarda la Seguridad Pública en nuestro país.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que envíe a este recinto, un informe pormenorizado acerca de los 10 mil cadáveres sin identificar que se han registrado, el estatus de las investigaciones realizadas en torno a su identificación, así como el proceso que guarda lainvestigación de los desaparecidos hasta el día de hoy.

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a que informe respecto de las medidas adoptadas como consecuencia de las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país, por parte de los distintos Organismos Internacionales No Gubernamentales, con respecto a la lucha contra el narcotráfico del actual sexenio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de septiembre de 2012”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Se turna en su momento a la Comisión de Seguridad Pública.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Para hacer una atenta solicitud, señor Presidente, en razón de la importancia y naturaleza de esta proposición, solicitarle tenga a bien también turnarla a la Comisión de Derechos Humanos, si es tan amable.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Se concede el uso de la palabra…

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Preciado?

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Para rectificar hechos, respecto a las imprecisiones que mencionó el compañero que me antecedió en el uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Estamos ahorita en el apartado de proposiciones, y por lo tanto, no procede la discusión en torno a la rectificación de hechos o alusiones personales.






Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre del propio y del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 a favor de los ex trabajadores mexicanos braceros.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo es suscrito, como bien usted lo dijo, por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, y también por el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, aquí presente.

Los que suscriben, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, una proposición con punto de Acuerdo, bajo los siguientes antecedentes:

El 14 de agosto de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, ese convenio binacional establecido perduró hasta 1964; en el mencionado convenio también se estableció la creación del Fondo de Retención del 10% o Fondo de Ahorro Campesino, recurso proveniente de los salarios que los contratados percibían de las empresas americanas y que se depositaba en el Banco Wells Fargo para luego transferirse al gobierno mexicano que lo resguardaba en el Banco de Crédito Agrícola, para posteriormente al regreso de los trabajadores temporales mexicanos a sus comunidades debía entregárselos a fin de capitalizar los campos agrícolas de estos compatriotas.

El resultado de este acuerdo binacional con respecto a este fondo de ahorro fue que los gobiernos en turno desaparecieron impunemente los ahorros de más de 3.5 millones de los braceros que fueron a los campos agrícolas norteamericanos a suplir la mano de obra americana, la cual estaba participando en la Segunda Guerra Mundial.

Aun cuando existen antecedentes de la entrega de los recursos económicos del gobierno americano a los gobiernos en turno de nuestro país, resulta que dicho fondo desapareció, sin que hasta la fecha a algún funcionario o Presidente de la República se le cuestione o se le haga responsable de este atraco millonario realizado a los ex braceros de 1942 a 1964.

Pasaron muchos años de reclamos por los ex braceros, tratando de demostrar el derecho que les asiste, en base a todos los documentos y comprobantes que les fueron proporcionados tanto por el gobierno mexicano, como por el gobierno y las empresas contratantes de Estados Unidos.

Es hasta mayo de 2005, que el Congreso de la Unión, aprueba y decreta la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y que se establece un apoyo económico por 38 mil pesos por una sola ocasión, a cada ex bracero que demostrara haber estado trabajando en los campos agrícolas con documentos probatorios que les exige la ley, al cumplirse lo anterior se estableció un compromiso de resarcir en parte la deuda histórica con estos mexicanos, aunque los recursos con los que se paga sean de los presupuestos de la Federación, estrictamente hablando de los contribuyentes cumplidos de este país.

En la legislatura pasada se aprobaron en los tres años de ejercicio más de 5,100 millones de pesos, cifra histórica que actualmente está permitiendo apoyar a más de 109 mil ex braceros. Con lo que sumado de los beneficiarios de años anteriores se beneficiarán aproximadamente a 194 mil ex braceros o sus familiares de los 3.5 millones de mexicanos que trabajaron en esos años.

Sin embargo, no faltan funcionarios que escamotean los apoyos que el Poder Legislativo aprueba, y que mediante burocratismo y falta de sensibilidad social niegan y desvían los recursos establecidos en el presupuesto respectivo, olvidando con ello los objetivos trazados a fin de otorgar una solución a este problema, que se ha convertido por años en una vergüenza nacional.

Basta con mencionar que para este ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó por consenso de las diferentes fracciones parlamentarias, la partida económica de 3,816,200 millones de pesos para aplicarse en beneficio de 108, 352 ex braceros o familiares, el Decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 establece su aplicación a partir del 1° de enero de 2012.

Por lo tanto, solicito que se establezca un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para liberar a la brevedad la cantidad de 151, 500 millones de pesos, que son parte de la partida de 3, 816, 200 millones de pesos que son recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 para el pago del apoyo social de una gran cantidad de ex trabajadores migratorios mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR DE INMEDIATO LOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2012 A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

“Quienes suscriben, Senadores Isidro Pedraza Chávez y Angel Benjamín Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El 14 de agosto de 1942 los Gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, ese convenio binacional establecido perduró hasta 1964; en el mencionado convenio también se estableció la creación del Fondo de retención del 10% ó Fondo de Ahorro Campesino (recurso proveniente de los salarios que los contratados percibían de las empresas americanas y que se depositaba en el Banco Wells Fargo para luego transferirse al gobierno mexicano que lo resguardaba en el Banco de Crédito Agrícola, para posteriormente al regreso de los trabajadores temporales mexicanos a sus comunidadesdebía entregárselos a fin de capitalizar los campos agrícolas de estos compatriotas).

El resultado de este acuerdo binacional con respecto a este fondo de ahorro fue que los gobiernos en turno desaparecieron impunemente los ahorros de más de 3.5 millones de los braceros que fueron a los campos agrícolas norteamericanos a suplir la mano de obra americana, la cual estaba participando en la Segunda Guerra Mundial.

Aun cuando existen antecedentes de la entrega de los recursos económicos del Gobierno Americano a los Gobiernos en turno de nuestro país, resulta que dicho fondo desapareció, sin que hasta la fecha a algún funcionario o Presidente de la Republica se le cuestione o se le haga responsable de este atraco millonario realizado a los ex braceros de 1942-1964.

Pasaron muchos años de reclamos por los exbraceros, tratando de demostrar el derecho que les asiste, en base a todos los documentos y comprobantes que les fueron proporcionados tanto por el Gobierno Mexicano, como por el Gobierno y las Empresas contratantes de Estados Unidos.

Es hasta mayo del 2005, que él Congreso de la Unión, aprueba y decreta la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y que se establece un apoyo económico por 38 mil pesos por una sola ocasión, a cada ex bracero que demostrara haber estado trabajando en los campos agrícolas con documentos probatorios que lesexige la Ley, al cumplirse lo anteriorse estableció un compromiso de resarcir en parte la deuda histórica con estos mexicanos, aunque los recursos con los que se paga sean de los presupuestos de la Federación, estrictamente hablando de los contribuyentes cumplidos de este país.

CONSIDERACIONES

En la Legislatura pasada se aprobaron en los tres años de ejercicio más de 5,100 millones de pesos, cifra histórica que actualmente está permitiendo apoyar a más de 109 mil ex braceros. Con lo que sumado de los beneficiarios de años anteriores se beneficiarán aproximadamente a 194 mil ex braceros o sus familiares de los 3.5 millones de mexicanos que trabajaron en esos años.

Sin embargo, no faltan funcionarios que escamotean los apoyos que el Poder Legislativo (Cámara de Diputados) aprueba, y que mediante burocratismo y falta de sensibilidad social niegan y desvíanlos recursos establecidos en el presupuesto respectivo; olvidando con ello los objetivos trazados a fin de otorgar una solución a este problema, que se ha convertidopor años en una vergüenza nacional.

Basta con mencionar que para este ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobópor consenso de las diferentes fracciones parlamentarias, la partida económica de 3,816,200 millones de pesos para aplicarse en beneficio de 108,352 ex braceros o familiares, el decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 establece su aplicación a partir del 1 de enero del 2012.

El pasado 2 de marzo del presente se publicaron los listados 40, 41 y 42 en el Diario Oficial de la Federación que beneficiarán a 105, 552 ex braceros o familiares; y se están aplicando $3,664,688,000 mdp, en la actualidad tenemos el informe del Fideicomiso 10230 que se llevan pagados más de 83 mil personas con una aplicación de más de 2,865 millones de pesos, este esfuerzo seguramente culminara con el beneficio a esos miles de paisanos.

Por otro lado y para completar la aplicación de los 3,816 millones de pesos y cumplir o superar la meta anual de beneficiarios de 108,552 ex braceros, el pasado 29 de junio de este 2012, en su vigésima novena sesión ordinaria del Fideicomiso 10230 (integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, Secretaría de Gobernación SEGOB, Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, Secretaría de la Función Pública SFP y la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL; además de un representante de la Cámara de Diputados), aprobó por consenso la publicación de los listados 43, 44, 45 y 46 que beneficiaran a otros 4,107 ex braceros, con una aplicación de 146,100 millones de pesos, mismos que se tomaran de los 151,500 millones de pesos restantes que faltan de radicarse de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Gobernación con destino al Fideicomiso 10230 y que son parte del presupuesto aprobado para el ejercicio 2012.

Con diferentes argumentos, la SHCP ha evadido e incumplido el mandato que la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto 2012; no entendemos como se liberan recursos para obras inútiles como la Estela de Luz o se amplían presupuestos para obras suntuarias sin ningún beneficio social; ó peor aún, se destinen recursos para celebraciones que tergiversan el sentir nacional y hasta ahora esa dependencia no liberalos recursos que son un gran beneficio para los ex braceros que en su mayoría son personas de más de 80 años y que están en una situación de condiciones precarias de salud

Por lo tanto, solicito su apoyo y apelo a su sensibilidad social que expresaron en este proceso electoral, para que de una vez por todas se dé solución a estos mexicanos; con los cuales México tiene una deuda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere a la brevedad la cantidad de 151,500 millones de pesos, que son parte de la partida de $3,816,200.000 mdp que son los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 para el pago del Apoyo Social de una gran cantidad de Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2012.

Sen. Isidro Pedraza Chavez.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya .- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas".

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Dígame, Senador Omar Fayad. ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño)SeñorPresidente, para dos asuntos.

El primero de ellos, para manifestarle al ponente que este es un tema de mucho interés para el Partido Revolucionario Institucional, y que mi partido en la pasada legislatura hizo un esfuerzo especial, conjunto con todos los grupos parlamentarios para poder sacar adelante un presupuesto histórico, que aquí se ha referido por él mismo, de más de 5, 100 millones de pesos para poder ayudar a los ex braceros.

En este sentido, quisiera primero plantearle que fue nuestra compañera Diputada priísta Hilaria Domínguez quien presenta este punto en la Cámara de Diputados, y que con el consenso de toda la Cámara se logra este presupuesto histórico.

Que comparto con el ponente, que ha habido una absoluta falta de sensibilidad social por parte de muchos funcionarios, por lo que los recursos hoy no han podido terminar de bajar a la gran cantidad de ex braceros que quedan pendientes de recibir este apoyo, que beneficiaría a más de 109 mil compañeros.

Y pedirle que me permita, junto con Isidro Pedraza y junto con el compañero Orihuela Bárcenas, suscribir este punto de Acuerdo para que exhortemos al Ejecutivo Federal y a las autoridades competentes, que bajen los recursos necesarios para poderle resarcir a los compañeros ex braceros, por una parte.

Y dos.- Que se amplíen los mecanismos de búsqueda de los mismos, para poderles llevar el pago respectivo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad.

Pregunto al Senador Isidro Pedraza, si acepta la suscripción que está haciendo el Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, y también lo está afirmando el Senador David Penchyna, me lo manifestó.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que se anexe nada más la adhesión de los compañeros Senadores.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto?

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño)Para formular una pregunta al señor orador.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Isidro Pedraza ¿Acepta usted la pregunta del Senador Gracia Guzmán?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, adelante.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño)Como usted menciona, este tema viene de décadas atrás.

Quisiera saber, ¿en qué gobiernos federales se le dio una solución, aunque sea parcial, pero ya casi al 100 por ciento a este problema?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Bueno, se inició en la LIX Legislatura, fue a través de la Cámara de Diputados.

¿Quiere que le diga que estaba de Presidente Vicente Fox? Pues ahí estaba él cuando empezó este programa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Continúe, señor Senador, en el uso de la palabra.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: No, yo ya concluí con esto, y agradezco las adhesiones de los compañeros Senadores a este punto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto?, Senador Jesús Casillas.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño)Solicitarle si acepta la adhesión de un servidor, dado que represento uno de los estados de la República que expulsa más mano de obra de esta gente.

Particularmente en Jalisco hay un buen número de ex braceros que no han recibido el apoyo. Entonces, en este sentido, solicitarle si tiene a bien aceptar la adhesión de un servidor a su proposición.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Acepta usted la adhesión?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, bienvenida.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se incorpora la adhesión también.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente, solamente para hacer una precisión respecto al comentario que hace el Senador Gracia Guzmán.

No fue una propuesta del titular del Ejecutivo, fue en la LXI Legislatura, es decir, la que acaba de terminar, por mandato de los Diputados y Diputadas de dicha legislatura, especialmente por las fracciones del PRD y del PRI, que se conformó la Comisión Especial para Atención de Ex Braceros, monto que se asignó para este tema, fueron los 5 mil millones de pesos, de tal manera que es bueno que se hagan esas precisiones porque no se vale hacer…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Señor Senador, la pregunta tendría que hacerse al orador, así es que le agradezco su comentario, y en su oportunidad se turnará dicho punto de Acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gracias, Senador.






Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue los hechos que presuntamente constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los Estados Unidos de América el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS INVESTIGUE LOS HECHOS QUE PRESUNTAMENTE CONSTITUYAN UNA VIOLACION GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL ATAQUE OCURRIDO A UN VEHICULO DIPLOMATICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL PASADO VIERNES 24 DE AGOSTO EN EL ESTADO DE MORELOS

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral 1, fracción II, del artículo 8; numeral 5, del articulo 87; numeral 1, del artículo 97, 109 y artículo 276, todos ellos del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, así como el párrafo 11 del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, con facultad en la fracción décimo quinta del artículo 6to de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que investigue los hechos que presuntamente constituyan una violación grave a los Derechos Humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los estados unidos de América, el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos y se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que rinda un informe por escrito en relación con estos hechos, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de agosto de 2012, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta minutos, un grupo de elementos de la Policía Federal, que no vestían sus uniformes oficiales y que se trasladaban en un vehículo sin rótulos de la dependencia de sus adscripción, y quienes dicenque se encontraban realizando labores de persecución y combate a la delincuencia organizada, realizaron múltiples disparos de arma de fuego en contra de un vehículo diplomático de la embajada de los Estados Unidos de Norte América.

2. Los hechos se suscitaron en un camino de terracería aproximadamente a 4 km de la carretera libre México-Cuernavaca, en el tramo carretero Tres Marías - Huitzilac en el estado de Morelos, cuando dos diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos de América, acompañados de un elemento de la Secretaría de Marina, se trasladaban para realizar una visita a las instalaciones que tiene la Armada de México en el cerro de El Capulín, esto en el Municipio de Xalatlaco en la misma entidad.

3. La agresión se inició cuando el vehículo diplomático fue alcanzado por un vehículo que no contaba con logotipos ni rótulos institucionales, del cual sus ocupantes les mostraron armas de fuego y les marcaron el alto intentando cerrarles el paso, por lo que el conductor del vehículo diplomático maniobró para regresar a la carretera y de esta manera evadir la agresión, momento en el cual los ocupantes que se transportaban en el vehículo descrito líneas arriba, abrieron fuego sobre el vehículo diplomático, hiriendo a los funcionarios norteamericanos.

4. Instantes después otros tres vehículos se sumaron a la caza y realizaron disparos contra el vehículo diplomático, momento en el cual el elemento de la Secretaría de Marina que se encontraba en su interior, se comunicó con elementos de la Armada de México en las instalaciones de “El Capulín” pidiéndoles su ayuda, quienes una vez que recibieron la llamada de auxilio se dirigieron de inmediato al lugar de los hechos, para llegar cuando ya habían concluido las agresiones y procedieron a acordonar el sitio. A este mismo lugar acudieron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Derivado de los graves hechos que a simple vista constituyen violaciones graves a los derechos humanos descritos de forma precisa en los antecedentes arriba insertos, considero sumamente necesario realizar el presente punto de acuerdo, el cual le solicito a la Mesa Directiva de esta Soberanía, sea tratado con el carácter “de urgente resolución” y sea sometido al pleno de esta Cámara de Senadores sin turno a comisión, de conformidad con los artículos 87 y 95 de nuestro reglamento interno.

Como Senadores debemos velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente cual sea su nacionalidad, siempre que se encuentren dentro del territorio nacional, tal y como lo mandata el artículo 1° de nuestra Constitución Política Federal.

Es reprobable y por demás preocupante para el suscrito, así como para los integrantes de mi grupo parlamentario, ver qué elementos de las Fuerzas Federales utilicen la fuerza excesiva y demás abusos contra la sociedad como lo hicieron el pasado viernes 24 de agosto del presente año, al amparo del programa de combate a la delincuencia organizada, al atacar indiscriminadamente en contra de un vehículo diplomático estadounidense, en donde viaja un ciudadano mexicano, integrante de la Marina.

De la información proporcionada por los medios de comunicación, nos podemos percatar que nos encontramos frente a una violación grave a los derechos humanos de los ocupantes del vehículo diplomático, ya que fueron blanco del uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Federal sin causa justificada, al recibir más de 50 impactos de bala.

Otros elementos para considerarlo como una violación grave es la vulneración al derecho a la vida, seguridad, integridad personal, libertad personal, libre tránsito así como el trato indigno y abuso de poder con el que actuaron los elementos policíacos, actos que además pueden repercutir en las relaciones diplomáticas y gubernamentales entre nuestro país y los Estados Unidos de América.

Es necesario precisar que este no puede ser considerado como un caso aislado, ya que continuamente la sociedad es víctima de abusos cometidos por policías federales, tal y como da cuenta el Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, al declarar que anualmente se registran un promedio de dos mil denuncias en contra de elementos de la Policía Federal.

Es por ello que en uso de la facultad de esta Honorable Cámara de Senadores de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue los hechos que pudieran constituir una violación grave a los derechos humanos, consagrada en el artículo 102 apartado B párrafo decimoprimero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es necesario pedir la intervención de dicha Comisión, a fin de salvaguardar en primer instancia los derechos humanos de las persona que se encontraban a bordo del vehículo diplomático, así como las relaciones diplomáticas entre naciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, a efecto de que investigue los hechos que constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los estados unidos de América,el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, remita a esta Soberanía un informe detallado y por escrito, explicando el actuar de sus elementos, en relación con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático, el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 4 de septiembre de 2012.

Atentamente”.






Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará un punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Gesta Histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia.

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: "De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas, y nunca un pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella”.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores.

Es para mí un gran honor, como Senador, como mexicano y como chiapaneco, hacer uso de esta alta tribuna al iniciar la LXII Legislatura, con las palabras de un mexicano de dimensión universal. El más ilustre de los chiapanecos y un referente permanente para todos los que pertenecemos a este honorable cuerpo colegiado.

Me refiero, por supuesto, a don Belisario Domínguez Palencia.

Belisario Domínguez es una figura que trasciende temporalidades, ideologías o regionalismos. Es una figura, que por su convicción y decisión, es reconocida por todos. Es un ejemplo que nos advierte de los alcances de la función pública, y más aún, de la función de quienes tenemos la delicada responsabilidad de la representación popular.

Don Belisario Domínguez concita acuerdos. Don Belisario Domínguez nos une como mexicanos.

Como todos sabemos, Don Belisario Domínguez resultó electo Senador suplente por el estado de Chiapas en 1912, cargo que ejerció en calidad de propietario tras la muerte del Senador Leopoldo Gout, en marzo de 1913.

Fue Senador únicamente durante siete meses, siete meses que fueron suficientes para mostrarle a la nación su estatura, su verticalidad y su congruencia.

El Senador Belisario Domínguez fue asesinado cobardemente por órdenes de Victoriano Huerta, el 7 de octubre de 1913, en el cementerio de Xoco, en Coyoacán, tras distribuir sus emblemáticos discursos de los días 23 y 29 de septiembre, en donde valerosamente y a riesgo de todo, desde la más alta tribuna de la República, el Senado de la nación, denunció a un régimen ilegítimo y a Victoriano Huerta como un traidor y como un asesino.

Cada 7 de octubre, como todos lo sabemos, en su aniversario luctuoso el Senado recuerda, mediante la entrega de la medalla que lleva su nombre, al héroe, recuerda al hombre valeroso que enfrentó la injusticia con armas más poderosas: el pensamiento y la palabra.

Y Don Belisario Domínguez es un héroe, justamente, porque sostuvo con firmeza la verdad. Con la vulnerabilidad de un héroe civil y la grandeza de los personajes épicos, de una lección sobre el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, cuando ven en peligro a las instituciones políticas de su país.

Es un héroe porque para recordar la vigorosa expresión del poeta Jaime Sabines: “anduvo con su propia muerte en las manos”.

En 2013 habrá de cumplirse el centenario del sacrificio de este gran mexicano, a favor de la verdad, contra la usurpación y contra la deslealtad.

Compañeras y compañeros Senadores: Por estas razones, por los altos valores que se desprenden de la vida y obra de Don Belisario Domínguez Palencia, es que respetuosamente someto a esta Asamblea una proposición con punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Gesta Histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia.

Esta comisión tendrá como objetivo coadyuvar a organizar e impulsar las actividades conmemorativas de divulgación y de formación cívica, que se realicen en honor a la vida y gesta histórica de Belisario Domínguez.

“Cumpla con su deber la representación nacional y la patria será salvada”.

Esta sentencia de Belisario Domínguez, que en el año 2013, creo que se hace más vigente y que estamos obligados a responder con nuestra conducta como Senadores de la República.

Esta representación tiene una responsabilidad histórica, no solamente política. Tenemos la obligación y el deber de asumir con entrega y con convicción los grandes retos que como nación tenemos, tal y como lo hizo Don Belisario Domínguez.

Su lección de lealtad con la patria, no es sólo una oportunidad para el recuerdo cívico, es la ocasión para hacer valer el compromiso de la política con el futuro de la nación y la necesidad de construir la historia nacional con dignidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA GESTA HISTORICA DEL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXII LEGISLATURA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 108; 109; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Don Belisario Domínguez Palencia, Senador de la República durante el año de 1913, es referente para todo México. Un ejemplo de congruencia, valor y decisión. Cada 7 de octubre, en su aniversario luctuoso, el Senado recuerda mediante la entrega de la medalla que lleva su nombre, al héroe, al hombre valeroso que enfrentó la injusticia y la traición con armas más poderosas: el pensamiento y la palabra.

Belisario Domínguez fue Senador de la República por sólo siete meses, los últimos de su vida, suficientes para mostrarle a la nación su estatura, su verticalidad y congruencia. Pero además de su valiente sacrificio, su vida está llena de grandes acciones, dignas de ser acuñadas en la memoria colectiva de toda una nación.

La dimensión de Don Belisario Domínguez, se explica, sí, por sus ideas y sus ideales, sí, por su pluma comprometida y libre. Pero, indudablemente, su trascendencia también se explica por su forma de entender la vida siempre al servicio de los demás.

A cien años de su partida es menester de esta casa de la República, celebrar al hombre, al médico solidario y apasionado de su tierra. Al alcalde comprometido y sencillo. Al ciudadano de altos valores, que nutrido del ejemplo familiar, estuvo siempre dispuesto a dar todo por su gente. A cien años de aquella gesta personal, la que desembocara sí con su muerte, pero también con la consecución del espíritu revolucionario, es necesario conmemorar a Don Belisario, no al bronce, sino al hombre de hechos.

Como Senador por el Estado de Chiapas sostengo que Belisario Domínguez fue un gran chiapaneco, pero sobre todo, un gran mexicano. Su relevante estatura nacional que lo hace estar inscrito en letras de oro en los muros de honor del Honorable Congreso de la Unión en el recinto de San Lázaro y en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, sólo se explica por su apasionada labor social y humanista, por su actitud humilde, por su congruencia personal y por sus acciones cotidianas nobles y responsables. De esa vida de hechos, son muchas las lecciones que dejó Don Belisario. Permítanme compartirles las que considero reflejan su grandeza como ser humano, como chiapaneco de excepción y como mexicano ilustre.

La primera es sobre la lealtad. La coherencia ética del individuo con los principios, con la verdad y sus convicciones. En su momento, Don Belisario hizo saber el crimen más brutal de Huerta: la traición a la confianza que en él había depositado Madero. Una acción vil de deslealtad. Ser leal, ayer y siempre, es ejercitar la congruencia. Es hacer coincidir los principios con las acciones y las acciones con el interés de la República. La lealtad no es sólo una virtud, es condición fundamental para el ejercicio político.

La segunda es su actitud humilde y sencilla. Tras una estadía de más de diez años en París, Francia, el 17 de julio de 1889 obtuvo su título de médico cirujano, partero y oculista después de sustentar un brillante examen profesional. Y volvió a su tierra, a Comitán de las Flores, hoy de Domínguez, a ejercer con abnegación y sapiencia su profesión.

El profesor Edgar Robledo Santiago escribió acerca de él: “Belisario Domínguez es un hombre singular en la humanidad. Ni su ciencia, ni sus cargos lo engrandecieron. Su grandeza era innata. Nació para la filantropía. Llevaba medicinas y consejos a sus enfermos, las medicinas eran parte de su patrimonio, los consejos eran parte de su alma. Nació para servir al pueblo”.

En su sencillez, Don Belisario Domínguez, ya con una brillante carrera política en Comitán y prestigio en todo el estado de Chiapas, declinó ser candidato a Senador y aceptó la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Gout, su amigo y compañero de luchas liberales. Once días después de recibir con dolor e indignación la noticia del asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, el 3 de marzo falleció el senador Gout y enseguida Don Belisario fue llamado como suplente para cubrir la vacante. Le correspondía actuar desde la tribuna más alta de la República en momentos dramáticos de la vida nacional.

La tercera lección es sobre el compromiso con la democracia. El Senador chiapaneco se formó en la escuela del liberalismo mexicano y del positivismo progresista, con hartas influencias de su estadía en Francia. Estas vertientes del pensamiento conformaron su vocación por la democracia. En este sentido, hizo una contribución fundamental: reanimar la causa de Madero; el vínculo entre la revolución y la aspiración de elecciones libres.

La cuarta lección es sobre la soberanía. En sus escritos y discursos, Don Belisario sitúa la integridad de la nación como la esencia del quehacer de los mexicanos. Su formación universal lo lleva a entender la soberanía como un principio integral. Pero para él, la soberanía no se limitaba a la salvaguarda de las fronteras del país, sino implicaba la elevación de las condiciones de vida de sus habitantes y el respeto a las garantías individuales y sociales.

El 25 de abril de 1913 cuando Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, se presentó en el Senado para solicitar la ampliación del plazo de permanencia de los barcos norteamericanos en Veracruz, se oyó la voz honesta de Don Belisario: “Señores Senadores, yo votaré en contra de la autorización que se nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero”.

La quinta lección de Don Belisario Domínguez es sobre el ejercicio pleno de la libertad de expresión. En pos de un vehículo de expresión anímica e intelectual, fundó el periódico “El Vate” y en 1903, diez años antes de su muerte, con recia pluma escribía:

“Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes, elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos cuando hagan mal. Sed siempre imparciales en vuestras apreciaciones. Decidid siempre la verdad y sostenedla con firmeza entera y muy clara”.

Grande fue la fe en la prensa de Don Belisario. Postuló la necesidad de que la sociedad creara sus propios medios, aún cuando éstos fueron modestos. Utilizó el periodismo para decir verdades, para cultivar virtudes, para construir cívicamente, para elevar culturalmente, para combatir odios, rencores y mentiras. Para él, la libertad de palabra no era un atributo ornamental, sino un recurso vital de la existencia democrática.

Estas cinco lecciones nos dan perspectiva en el tiempo y nos sirven para responder a nuestras realidades. Pero las grandes lecciones de heroísmo del Senador Domínguez no se reducen a un motivo de bronces, son ejemplo vivo y cotidiano.

Señoras y señores, compañeros legisladores,

Don Belisario es un héroe por que sostuvo con firmeza la verdad. Con la vulnerabilidad de un héroe civil y la grandeza de los personajes épicos, dio una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro las instituciones políticas de su país.

Don Belisario Domínguez es un héroe por que, para recrear la vigorosa expresión del poeta mayor Jaime Sabines, "anduvo con su propia muerte en las manos", poniendo en su palabra la dignidad del Senado de la República y de nuestra historia.

Ya lo dijo el poeta Enoch Cancino Casahonda: “Los héroes son nuestros puntos de referencia en el tiempo, señales que nos indican el camino. Atentos recordatorios para reprimir nuestra indolencia, nuestra vanidad, nuestra prepotencia; para servir sin descanso”.

A un siglo de la épica afronta por la democracia encauzada por el Senador Belisario Domínguez, hagamos honor a su legado, al héroe sí, pero también al hombre, al ser trascendente, al senador de ideas, valores y sacrificio; y también al vecino, al doctor, al alcalde, al político de ejemplos y hechos.

El México de nuestro tiempo, reclama grandes acciones que pongan en alto los valores por todos compartidos. Toda sociedad tiene ante sí, los desafíos de su propia época, y hoy se hace necesario que acciones de un héroe civil como don Belisario Domínguez sean rememoradas.

Corresponde al Senado, casa de la República, enaltecer una causa al servicio de la justicia y de la libertad nacional.

El Senado sabe dar a la nación grandes ejemplos y grandes hombres. Quienes sirven a México, tienen dimensión para servir a toda la República. Don Belisario Domínguez es sin duda en ello, ejemplo e inspiración, guía y camino.

En virtud de las anteriores consideraciones, someto a la deferencia de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la gesta histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia.

SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por el número de senadores que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de forma proporcional a la representación de cada una de las Fracciones Parlamentarias con representación en el Senado de la República y tendrá las siguientes funciones:

a. Organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas, de divulgación, de edición y cualquier otra que se realicen en honor de los acontecimientos en torno a la gesta histórica de Belisario Domínguez;

b. Coordinar sus actividades con la Colegisladora, las dependencias del Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los gobiernos de las Entidades Federativas y sus municipios, así como los Congresos Locales, para la realización de eventos que realcen la conmemoración de estos acontecimientos; y,

c. Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política.

TERCERO.- La Comisión Especial, impulsará la organización, participación y coadyuvancia en la realización de todos aquellos actos que contribuyan a fortalecer nuestro sentimiento de respeto, nacionalismo, justicia y democracia, tanto en el territorio nacional, a través de la Colegisladora o del Ejecutivo Federal y sus dependencias, como en el extranjero, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas de nuestro país.

CUARTO.- La Comisión Especial contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de septiembre de 2012.

Sen. Zoé Alejandro Robledo Aburto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Albores Gleason, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: (Desde su escaño) Preguntarle a mi paisano Senador, si me permite adherirme a la proposición.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Zoé Robledo Aburto, ¿acepta usted la adhesión del Senador Albores Gleason, al punto de Acuerdo que ha presentado?

- El C. Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: (Desde su escaño) Sí, desde luego, se acepta la moción del Senador Albores Gleason.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tome nota la Secretaría de ello. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.






Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo con relación a los recientes hechos donde se ven involucrados agentes de la CIA y del gobierno mexicano.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Bueno, ya en mi anterior intervención dimos la justificación de por qué este punto de Acuerdo.

Nada más me permitiría leer puntualmente cuáles serían los puntos de este Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República rechaza enérgicamente la intromisión ilegal en el territorio nacional por parte del gobierno estadounidense a través de personal de sus agencias gubernamentales de inteligencia y cualquier otra, puesto que vulneran el orden jurídico nacional, los principios de no intervención y de seguridad nacional y los derechos humanos de los mexicanos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, a que instruya a los secretarios del despacho correspondiente a concluir las investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.

Tercero.- El Senado de la República cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano; al Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; y al Secretario de Seguridad Pública, Ingeniero Genaro García Luna, para que informen a esta Soberanía su participación anterior, actual y próxima respecto a esos hechos que violentan los principios constitucionales de no intervención de seguridad nacional e integridad de las personas.

Cuarto.- El Pleno del Senado de la República decide conformar una comisión de análisis de este problema, que establecerá contacto con el grupo análogo del Senado norteamericano, a fin de intercambiar información respecto al posible vínculo de la acción denominada “Rápido y Furioso”, los hechos a que se refiere esta proposición y en general los eventos que permitan a los dos congresos, contar con elementos para llegar al fondo de estos hechos que ponen en entredicho la conducción de la cooperación bilateral entre ambos países.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LOS RECIENTES HECHOS DONDE SE VEN INVOLUCRADOS AGENTES DE LA CIA Y DEL GOBIERNO MEXICANO

“El suscrito, Senador Mario Delgado Carrillo, Legislador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LOS RECIENTES HECHOS DONDE SE VEN INVOLUCRADOS AGENTES DE LA CIA Y DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Hechos

El pasado viernes 24 de agosto nos enteramos por los medios de comunicación que los agentes estadunidenses que fueron baleados -junto con un capitán de la Armada de México-, cuando se dirigían al campo de tiro y entrenamiento de la Infantería de Marina ubicado en la zona de Xalatlaco, pertenecen a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), confirmaron fuentes oficiales cercanas a la investigación, las cuales agregaron que el ataque tuvo lugar después de que los agresores vieron de cerca a los ocupantes del vehículo diplomático.

Según reportes de la prensa, la agresión en contra de los agentes estadunidenses y del marino fue directa y si no hubo víctimas fatales fue porque la camioneta Toyota en la que viajaban tenía blindaje nivel siete (el más alto que hay).

El mismo día de los hechos -ocurridos cerca de Tres Marías, Morelos- la embajada estadunidense denunció que se había tratado de una “emboscada”, mientras que la Policía Federal informó que había sido una “confusión”.

En julio de 2011, los dos congresistas que lideran la investigación del operativo Rápido y Furioso, que presuntamente permitió el tráfico de 2,000 armas de Estados Unidos a México, dieron una semana al FBI y la DEA para que presentaran documentos que ayudaran a esclarecer la posible participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en el contrabando del trasiego de armas. El senador republicano de Iowa, Charles Grassley, y el representante republicano por California, Darrell Issa, enviaron cartas a los jefes de las agencias para exigir información y los documentos específicos sobre el caso.

2. Facultades del Senado

De conformidad con el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

El artículo 89 de la misma Constitución establece que corresponde al Jefe del Ejecutivo Federal dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

El mismo artículo 89 señala que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

3. Seguridad nacional

Hay una estrecha relación entre la soberanía estatal y la seguridad nacional. Es deber del Estado garantizar que no haya algún elemento interno o externo que interfiera con la libre determinación del Estado Mexicano.

De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a, entre otros aspectos, la protección de la Nación Mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país y la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.

Son amenazas a la seguridad nacional, de conformidad con el artículo 5 de la misma ley, todos aquellos actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.

4. Facultades de las dependencias de la administración pública federal

De conformidad con el 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las dependencias de la Administración Pública Centralizada denominadas Secretarías de Estado, entre las que se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Seguridad Pública.

El artículo 28 de esa Ley orgánica dispone que compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. También le corresponde dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El artículo 30, fracción XX, de la misma Ley Orgánica dispone que a la Secretaría de Marina corresponde ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, y en la fracción XIX del mismo artículo establece que le compete celebrar acuerdos en el ámbito de su competencia con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras, en los términos de los tratados internacionales y conforme a la legislación vigente.

El artículo 30 bis, fracción X, de la citada ley establece que a la Secretaría de Seguridad Pública corresponde organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario; conforme a la fracción XII del mismo artículo le compete salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos.

5. Cooperación bilateral

La cooperación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América debe seguir sin excepción los principios consagrados en la Carta Magna.

Que de acuerdo a la información que se ha publicado por diversos medios nacionales e internacionales y ante la omisión por parte de las autoridades responsables mexicanas, hay presunción de que esos hechos son violatorios de los principios de soberanía nacional y no intervención de la política exterior mexicana.

De conformidad con la normatividad aplicable, no se tiene conocimiento de la celebración de un instrumento internacional o convenio que permita a las autoridades extranjeras actuar en tareas de inteligencia o similares en territorio nacional. En consecuencia, si no existe ese instrumento, las acciones de los agentes estadounidenses son ilegales, y si lo hubiera, con independencia de su indebida reserva, habría que revisar su contenido para verificar que se cumplen con los principios constitucionales y legales que rigen en México.

Por lo expuesto y por la forma en que se han conducido los hechos, consideramos lamentable la actuación de las autoridades del Gobierno Mexicano que han permitido que agentes de un gobierno extranjero como el estadounidense intervengan en territorio nacional, entrometiéndose ilegal e ilegítima en facultades que competen exclusivamente a la autoridad federal, lo cual demuestra una falta de respeto absoluto a la soberanía del Estado Mexicano, y también una vulneracióna las atribuciones que señala la Constitución para uno de los Poderes de la Unión, tratándose del principio de no intervención.

El H. Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México, en este caso los principios constitucionales, ni que se vulnere la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República rechaza enérgicamente la intromisión ilegal en el territorio nacional por parte del gobierno estadounidense a través de personal de sus agencias gubernamentales de inteligencia y cualquier otra, puesto que vulneran el orden jurídico nacional, los principios de no intervención y de seguridad nacional y los derechos humanos de los mexicanos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, a que instruya a los secretarios del despacho correspondiente a concluir las investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.

TERCERO. El Senado de la República cita a comparecer a los titulares de la Secretaríade Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, al Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Sáynez Mendozay al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, para que informen a esta Soberanía su participación anterior, actual y próxima respecto a esos hechos queviolentan los principios constitucionales de no intervención, de seguridad nacional e integridad de las personas.

CUARTO.El Pleno del Senado de la República instruye a la Junta de Coordinación Política para que analice la viabilidad de conformar un grupo de análisis bilateral entre el Senado de la República y el Senado de los Estados Unidos de América, a fin de intercambiar información respecto del posible vínculo de la acción denominada Rápido y Furioso, los hechos a que se refiere esta proposición, y en general, los eventos que permitan a los dos Congresos, contar con elementos para llegar al fondo de estos hechos que ponen en entredicho la conducción de la cooperación bilateral entre ambos países.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de septiembre de 2012.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado. Túrnese, en su momento, a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, informo a usted que se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Aispuro Torres: Agotados los asuntos en cartera, se cita para la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 6 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:46 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2173&lg=62&anio=1