Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 20 de enero de 2018
 
 
 
 
 

Última Sesión.

Inicio de Sesión: 12:04:00
Término de Sesión: 11:49:00

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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ.

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Oficio con el que remite la propuesta de designación que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, para un segundo periodo, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana en ocasión de la 14a. Asamblea Plenaria de ParlAmericas: "Acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable", celebrada en Medellín, Colombia, del 15 al 17 de noviembre de 2017

Una, del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la visita de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 16 al 20 de agosto de 2017

Dos, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los Informes de sus participaciones: En la XXIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada en Bruselas, Bélgica, del 27 al 29 de noviembre de 2017, de su reunión con el Presidente de la Red Global MX Capítulo España y con la Embajadora de México el Reino de España para la firma del memorándum de entendimiento, realizada en Madrid, España, el 1 de diciembre de 2017,de su visita de trabajo a Santander, España, el 12 de julio de 2017 y en la X Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y reunión con Parlamentarios del PARLATINO y Activistas de Migrantes y Derechos Humanos Centroamericanos, celebrada en San Salvador, El Salvador y Panamá, Panamá, del 17 al 22 de septiembre de 2017.

Una, del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la 8ª reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, celebrada en Frascati, Italia, del 24 al 27 de agosto de 2017

Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana, Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite sus Programas de Trabajo para el Segundo y Tercer Año de Ejercicio y sus Informes de Actividades del Primero y Segundo Años, todos de la LXIII Legislatura

Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite sus Informes de Actividades del Primero y Segundo Años y su Programa de Trabajo para el Tercer Año, todo de la LXIII Legislatura

Una, de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada del 14 al 16 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá

Una, de la Senadora Adriana Dávila Fernández, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017

Una, de la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el Informe de su participación en el 40º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrada en Roma, Italia, el 6 de julio de 2017

Una, del Senador Héctor David Flores Ávalos, con la que remite el Informe de su participación en la visita de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, realizada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017

Una, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

Una, de la Senadora Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017

Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

Dos, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los informes de sus participaciones: En el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en Nueva York, Estados Unidos de América, del 10 al 19 de julio de 2017 y en la Reunión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, el 8 de septiembre de 2017

Una, del Senador Héctor Larios Córdova, con la que remite Informe de su participación en la primera ronda de negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección V del Capítulo IV y se adiciona el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología

FUNDAMENTACIÓN
Senador Patricio Martínez García
Senador Juan Carlos Romero Hicks

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad

INTERVENCIÓN
Senadora Angélica de la Peña Gómez

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

INTERVENCIÓN
Senadora Angélica de la Peña Gómez

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de la Secretaría de Cultura

INTERVENCIÓN
Senadora Angélica de la Peña Gómez

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección

INTERVENCIONES
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa

VOTACIÓN

VOTACIÓN

VOTACIÓN

VOTACIÓN

VOTACIÓN

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

FUNDAMENTACIÓN
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
Senadora Gabriela Cuevas Barrón

INTERVENCIÓN
Senadora María del Rosario Pineda Gochi

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y de Fomento Industrial; y de Fomento Económico, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

VOTACIÓN

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior

FUNDAMENTACIÓN
Senadora Cristina Díaz Salazar
Senador Fernando Torres Graciano
Senador Ricardo Barroso Agramont
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

MOCIÓN SUSPENSIVA
Senadora Angélica de la Peña Gómez

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

VOTO PARTICULAR
Senador Benjamín Robles Montoya
Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Senador Dolores Padierna Luna
Senador Luis Sánchez Jiménez
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senador Héctor David Flores Ávalos
Senador Rabindranath Salazar Solorio

POSICIONAMIENTOS
Senador Jorge Aréchiga Ávila
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senador Fernando Herrera Ávila
Senador Ernesto Gándara Camou

INTERVENCIONES
Senadora Dolores Padierna Luna
Senador Víctor Hermosillo y Celada
Senadora María Verónica Martínez Espinoza
Senador Luis Sánchez Jiménez
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
Senador Luis Sánchez Jiménez
Senador Carlos Manuel Merino Campos
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández
Senador Javier Lozano Alarcón
Senador Isidro Pedraza Chávez
Senador Raúl Morón Orozco
Senador Juan Carlos Romero Hicks
Senadora Layda Sansores San Román
Senador José María Tapia Franco
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza
Senadora Marcela Torres Peimbert
Senadora Ángel Benjamín Robles Montoya
Senador Sofío Ramírez Hernández
Senador Celestino Cesáreo Guzmán
Senador José Marco Antonio Olvera Acebedo
Senador Mario Delgado Carrillo
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez
Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo
Senador David Monreal Ávila
Senador Roberto Gil Zuarth
Senador Miguel Barbosa Huerta
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Senadora Miguel Ángel Chico Herrera
Senador Isidro Pedraza Chávez
Senador Patricio Martínez García
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Senador Manuel Cavazos Lerma
Senadora Adriana Dávila Fernández
Senador Zoé Robledo Aburto
Senador Raúl Gracia Guzmán
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senadora Luz María Beristain Navarrete
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
Senadora María del Pilar Ortega Martínez
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa

VOTACIÓN

PRESENTACIÓN DE RESERVAS
Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Senadora Dolores Padierna Luna
Senadora Zoé Robledo Aburto
Senador Isidro Pedraza Chávez
Senador Benjamín Robles Montoya
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senador Rabindranath Salazar Solorio
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador David Monreal Ávila
Senadora María del Pilar Ortega Martínez
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
Senadora María del Rosario Guzmán Avilés
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Senadora Sylvia Martínez Elizondo
Senadora Andrea García García
Senadora Layda Sansores San Román
Senador Raúl Morón Orozco
Senador Alejandro Encinas Rodríguez
Senador José de Jesús Santana García
Senador Mario Delgado Carrillo

COMISIONES DICTAMINADORAS

VOTACIÓN

Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

VOTACIÓN

Dictamen con proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal en materia de pornovenganza

INTERVENCIÓN
Senador Víctor Hermosillo y Celada

VOTACIÓN

Dictamen con proyecto de decreto reforma el Código Penal Federal en materia de ataques a la intimidad y dignidad personal

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos

INTERVENCIONES
Senadora Luz María Beristain Navarrete
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador Francisco Salvador López Brito
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
Senador Carlos Alberto Puente Salas
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz
Senador Héctor Larios Córdova
Senador Mario Delgado Carrillo
Senadora Luz María Beristain Navarrete
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Senador Carlos Alberto Puente Salas

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se abroga la Ley General de Vida Silvestre

FUNDAMENTACIÓN
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván

VOTACIÓN

PRESENTACIÓN DE RESERVAS
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván

VOTACIÓN

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Elección de los Senadores que integrarán la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

VOTACIÓN

DICTAMEN A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete, respectivamente

VOTACIÓN

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Uno, por el que se propone al pleno del Senado de la República, el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

VOTACIÓN

TOMA DE PROTESTA

Uno, por el que se propone al pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de 9 estados de la República

INTERVENCIONES
Senador Héctor Larios Córdova
Senado Luis Humberto Fernández Fuentes
Senador Fidel Demédicis Hidalgo

VOTACIÓN

TOMA DE PROTESTA

DICTAMEN A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014

FUNDAMENTACIÓN
Senador Enrique Burgos García

INTERVENCIONES
Senadora María del Pilar Ortega Martínez
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senador Miguel Barbosa Huerta

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

VOTACIÓN

TOMA DE PROTESTA DEL MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DEL ESTADO DE SONORA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Uno, que contiene una Fe de erratas al "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de 9 estados de la República", aprobado el 7 de diciembre de 2017

Uno, por el que se modifica la integración de Comisiones

Uno, por el que se informa que el Senador Mario Enrique Morales Romero se incorpora al Partido del Trabajo

RECTIFICACIONES DE TURNO

CÁMARA DE DIPUTADOS

Uno por el que la Cámara de Diputados declara como asunto de trascendencia nacional y, por lo tanto, procedente la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de diciembre de 2017

Una, del Senador Fidel Demédicis Hidalgo del Partido del Trabajo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de diciembre de 2017

ACTA DE ESTA SESIÓN

MENSAJE FINAL DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

HIMNO NACIONAL MEXICANO

CLAUSURA


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: (12:04) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia doy cuenta del registro.

Le informo, Presidenta, que hasta el momento están acreditados 68 ciudadanos Senadores y Senadoras de la República.

En consecuencia, hay quórum.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se abre la sesión del jueves 14 de diciembre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está publicado en la Gaceta, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, de igual manera les pedimos lo manifiesten levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidenta, que es aprobada el acta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación con la propuesta de designación que hace el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Armando José Vaqueiro Cárdenas, para un segundo período como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, comprendido del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre del año en 2021.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,  para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron también las siguientes comunicaciones.

Una, del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Una más, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana en ocasión de la 14ª. Asamblea Plenaria de ParlAmericas, “Acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable”, este celebrado en Medellín, Colombia, del 15 al 17 de noviembre pasado.

Una, del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la visita de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en la Ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos de América, del 16 al 20 de agosto del año en curso.

Dos, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con el que remite los Informes de sus participaciones en la XXIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada en Bruselas, Bélgica, del 27 al 29 de noviembre del año 2017.

Una más de su reunión con el Presidente de la Red Global MX Capítulo España y con la Embajadora de México el Reino de España para la firma del memorándum de entendimiento realizado en Madrid, España, el 1º de diciembre del año 2017.

Otra más, de su visita de trabajo a Santander, España, el 12 de julio del año 2017.

En la X Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica y reunión de Parlamentarios del Parlatino, y Activista de Migrantes y Derechos Humanos Centroamericanos, celebrada en San Salvador, El Salvador y Panamá, Panamá, del 17 al 22 de septiembre del año 2017.

Una, del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la 8ª. reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, celebrada en Frascati, Italia, del 24 al 27 de agosto del año 2017.

Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana, Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano  y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto del año 2017.

Otra más, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que se remite sus Programas de Trabajo para el Segundo y Tercer Año del Ejercicio y sus Informes de Actividades del Primero y Segundo, todos de la LXIII Legislatura.

Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite sus Informes de Actividades del Primero y Segundo Años y su Programa de Trabajo para el Tercer Año, todo de la LXIII Legislatura.

Asimismo, también les informo que recibimos las siguientes comunicaciones.

Una, de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor y en la Comisión de Agricultura y Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada del 14 al 16 de septiembre del 2017, en Panamá, Panamá.

Una, de la Senadora Adriana Dávila Fernández, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrado en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto del año 2017.

Otra, de la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruíz, con la que remite el informe de su participación en el 40º período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrada en Roma, Italia, el 6 de julio del año 2017.

Una más, del Senador Héctor David Flores Ávalos, con la que remite su informe de participación en la visita de acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, realizada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto del año 2017.

Una más, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que se remite su Informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Una, de la Senadora Sonia Rocha Acosta, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto del año 2017.

Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que se remite su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Dos, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que se remiten los informes de sus participaciones:

En el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en Nueva York, Estados Unidos de América, del 10 al 19 de julio del año 2017.

Otra más, en la Reunión de Derechos Humanos , Justicia y Políticas Carcelarias  del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017.

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que se remite el informe de su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrado en Panamá, Panamá, el 8 de septiembre de 2017.

Una, del Senador Héctor Larios Córdova, con la que remite su informe de participación en la primera ronda de negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: La Asamblea ha quedado enterada.

Compañeros Senadores, a partir de la licencia que aprobamos el día de ayer, al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Mario Enrique Morales Romero, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a las Senadora y los Senadores:

Senadora Carmen Dorantes Martínez, Senador Celestino Cesáreo Guzmán, Senador Jorge Aréchiga Ávila, Senador Jesús Priego Calva, Senador Armando Neyra Chávez, lo inviten a pasar a este Salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Se solicita a los Senadores y a las Senadoras presentes, favor de ponerse de pie y a quienes también se encuentran dentro del recinto.

(Todos de pie)

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ciudadano Mario Enrique Morales Romero:

“¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

El C. Mario Enrique Morales Romero: “¡Sí, protesto!”

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

Felicidades, señor Senador.

(Aplausos)

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado, a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos.

A propósito de la incorporación del Senador Mario Enrique Morales Romero, doy cuenta al  Pleno de las comunicaciones que el propio Senador Morales Romero y el Senador Luis Sánchez, remiten al Presidente de la Mesa Directiva para informar que se incorpora al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea se da por enterada.

La Secretaría General de Servicios Parlamentarios tomará nota de lo anterior para los efectos de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso.

Tenemos ahora la discusión de los Informes Detallados y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio  Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2017.

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse el Informe Detallado y Ejecutivos Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondientes al período enero-junio del año 2017.

Quienes estén por la afirmativa, por favor, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, de igual manera, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, Presidenta.

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobados los informes.

En consecuencia, túrnense a la Auditoría Superior de la Federación los Informes Detallados y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio del 2017.

Informo a la Asamblea, que recibimos una comunicación suscrita por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

 La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Doy lectura al oficio recibido.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
P r e s e n t e.

La suscrita Alejandra Barrales Magdaleno, Senadora de la República de esta Legislatura y de la Legislatura  del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como  8 Numeral 1, fracción XIII, XI, XII, XIII y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar licencia definitiva al ejercicio de mi cargo como  Senadora de la República, con efectos a partir del 30 de diciembre del presente año, por así convenir a mis intereses.

Por lo anterior, ruego a usted, someter a consideración del Pleno la solicitud en comento para los efectos del numeral 2 del artículo 13 del Reglamento anteriormente citado.

Agradeciendo de antemano  su atención, reciba un cordial saludo.

Firma la que anteriormente dijimos, que es la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Es cuanto, Presidenta.

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado,  está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único.- Se concede licencia a la Senadora  Alejandra Barrales Magdaleno, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 30 de diciembre de 2017.

Senador Pedraza, ¿quiere usted hacer uso de la palabra para este asunto?

Se concede el uso de la palabra al Senador Pedraza para hablar, ¿desde su escaño, Senador o desea hacer uso de la tribuna?

Desde su escaño, por favor, Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Solamente hoy para darle pues un reconocimiento a mi compañera Alejandra Barrales, que en la última etapa de su desempeño como Presidenta Nacional del PRD, logró conducir un proceso  que todo mundo auguraba muerto desde que nació y finalmente se logró cristalizar un pacto, un acuerdo, una alianza, que nos va a dar condiciones de generar la alternancia en este país, y creo que esto es sobresaliente, porque es la primera mujer presidenta y la única presidenta en el espectro nacional de los partidos,
cumpliendo la doble función, la de Senadora y la de dirigente, y esto, de verdad, que es un ejemplo para muchos de nosotros y por eso hoy que plantea la búsqueda de una alternativa nueva, pues quiero  solidarizarme con ella, desearle éxito, decirle que estaremos apoyándola y que seguramente pronto la veremos convertida en la gobernadora de la Ciudad de México.

Gracias, Presidenta, y felicidades Alejandra.

(Aplausos)

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Pedraza.

Para el mismo efecto tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo  y posteriormente la Senadora Angélica de la Peña.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, queremos despedir con mucho cariño a Alejandra Barrales, una extraordinaria Senadora, una gran mujer, una gran líder, una mujer que tuvo siempre  el afecto, el cariño, el respeto para todos los Senadores.

Y a nombre de la fracción parlamentaria, Alejandra, queremos desearte un gran futuro, como lo mereces, una mujer de trabajo, una mujer que ha demostrado en la vida que cuando se quiere, se llega.

Te queremos, te respetamos y te deseamos que te vaya muy bien en la vida, porque lo mereces.

(Aplausos)

La  Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Torres Corzo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña y posteriormente el Senador Orihuela.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.

Por permitirme hacer algunos comentarios en relación a la decisión que está tomando nuestra querida  compañera y querida amiga Alejandra Barrales, al pedir licencia para seguir buscando concretar los caminos y, sobre todo, el objetivo para el que se ha estado formando.

Es verdad lo que dice el Senador Pedraza, que es importante reconocer que dirigir a cualquier partido político no es fácil, en estos tiempos yo creo que ningún presidente o presidenta puede decir que va a entrar a un campo de rosas, va a encontrar  muchas dificultades propias de la situación que vive el país, pero Alejandra supo sortear esas dificultades en el PRD.

Eso es lo primero, y además también, ya sé que en esta pluralidad es un tema que refleja la diversidad de quienes estamos aquí en el Senado, pero también yo como compañera de su partido también le debo de reconocer que dirigió uno de los proyectos más importantes con una característica que yo no dudo en definirla como histórica a lograr conciliar lo que estamos trabajando hacia un propósito para integrar un gobierno de coalición, la primera ocasión que lo podremos lograr en México, si es que así lo deciden los electores.

Y es reconocido por parte principalísimamente de quienes trabajaron con ella, al igual que nosotros hemos trabajado acá con ella, que Alejandra tiene características y también tiene cualidades, que es muy importante reconocerle.

Me parece que Alejandra tiene toda la posibilidad de dar confianza, de garantizar un camino hacia concretar su objetivo que compartimos, que la apoyamos y que le aplaudimos y que trabajaremos y coadyuvaremos para eso.

Nos importa mucho que lleguen las mujeres a los espacios de decisión.

Nos importa más que las mujeres que lleguen a los espacios de decisión y de poder tengan las características que tiene Alejandra Barrales.

Yo lo quiero decir con toda puntualidad y con toda claridad porque estoy convencida, milito en eso, y me da mucho gusto cuando hay mujeres como ella que transitan hacia lograr un objetivo que me parece que es importante destacar se ha estado formando para ello.

De tal manera que la vamos a extrañar acá, pero no la vamos a extrañar como compañera de partido en el trabajo diario en lo que va a emprender.

Alejandra te deseo todos los éxitos.

De manera genuina y de manera cariñosa te deseo todo los éxitos en el siguiente trayecto de tu vida que seguramente tiene que ser igualmente exitosa.

Muchas gracias por ser nuestra compañera en este Senado de la República.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora De la Peña.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Orihuela.

Y terminaríamos con el Senador Ernesto Gándara, para pasar a votar el acuerdo.

Senador Orihuela.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Solamente para decirle a Alejandra que ha sido una muy grata experiencia compartir este tiempo en el Senado, como tú sabes compartiste tareas en Michoacán, eso para nosotros es muy valioso, y desearte el mayor de los éxitos en los propósitos que tienes, espero que seas la candidata de tu partido y ya después vemos.

Felicidades, amiga, que te vaya muy bien.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Gándara.

Y concluimos con la Senadora Mariana Gómez del Campo.

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Tuve el grato honor y privilegio de conocer y de trabajar en la disidencia y en las diferencias con Alejandra Barrales al inicio de la LXII Legislatura, nos conocimos en momentos difíciles de decisiones en este Senado, estuvimos en la Mesa Directiva de la Comisión del Trabajo, establecimos y votamos de manera diferente, pero también logramos coincidencias y lo que no debemos de dejar pasar es su categoría política, su categoría humana, desde luego, y su compañerismo y, sobre todo, su sensatez en todas las decisiones que me ha tocado trabajar y conocerla.

Quizá los próximos meses vamos a volver a vivir esa misma situación, estaremos con diferencias, estaremos en una sana competencia dentro del orden constitucional, pero sobre todo estaremos en la gran coincidencia que es México.

De tal manera que le deseo a Alejandra Barrales el mejor futuro de su vida, y claro está, estaremos y nos veremos quizá las caras, pero siempre, como lo hemos hecho en este Senado, con respeto, y por qué no decirlo, con cariño.

Enhorabuena, Senadora, hermana, compañera y, desde luego, nos seguiremos viendo las caras los próximos años.

Felicidades.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidenta.

Desearle mucho éxito a la Senadora Alejandra Barrales, hemos tenido la oportunidad de coincidir en gran parte de nuestra trayectoria política.

Primero en la Asamblea Legislativa como Diputadas, después en la Asamblea Legislativa también como coordinadoras de nuestros respectivos grupos parlamentarios, como presidentas de nuestros respectivos partidos políticos en la Ciudad de México, y compartir que el trabajo hecho de la mano con  Alejandra, siempre fue un trabajo a favor de la Ciudad de México, haciendo un lado las diferencias políticas, sacamos adelante leyes cruciales para la ciudad, y yo espero que podamos seguir trabajando con mucha fuerza los temas que nos interesan.

Primero es potencializar a las mujeres en la capital, y por eso es tan importante que una mujer pueda buscar, pueda aspirar a gobernar la Ciudad de México, sería la primera de así lograrse, la primera en lograr una posición de este tamaño en la capital, porque hemos tenido una Jefa de Gobierno, pero no electa como tal, una mujer en nuestra querida ciudad.

Hoy es tiempo de las mujeres de estar en posiciones relevantes y, sobre todo, destacar que no ha sido fácil la participación de mujeres en política.

Muchísimo éxito, querida Alejandra, estoy segura que así será, no descanses, trabaja todos los días porque tenemos que hacer de la Ciudad de México una ciudad ejemplo, una ciudad que se convierta en verdaderamente una ciudad de vanguardia que así lo requiere, y sigamos trabajando los temas de movilidad, de seguridad pública, de procuración de justicia, mejorar también la calidad del aire, hacer todo lo necesario para no seguir destruyendo nuestro medio ambiente, entre muchos otros temas.

Éxito y enhorabuena.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Alejandra, yo quiero desearte mucho éxito, eres una mujer forjada en el esfuerzo, una mujer firme en sus convicciones y yo creo que eso hoy tiene en política tiene un enorme valor, y te deseo todo el éxito que te mereces, sobre todo porque hoy México necesita mujeres preparadas, hoy México necesita mujeres que construyan, y tú eres una mujer que siempre aporta, que siempre construye, que siempre tiene argumentos, todo el éxito en lo que emprendas.

Militamos en partidos distintos pero nos unen muchos temas a favor de una sociedad de la que también somos parte.

Éxito.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Terminamos con el Senador Manuel Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senadora Presidente.

Alejandra, te deseo el mayor de los éxitos en esta empresa, te agradezco también todas tus atenciones como compañera Senadora, siempre encontré en ti un espacio abierto al diálogo, a la construcción de acuerdos y sé que las aportaciones que has hecho y seguirás haciendo a la política mexicana siempre serán con el mejor de los tinos.

En mí siempre tendrás un amigo.

Enhorabuena.

Y mucho éxito.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia les pregunto a los Senadores y a las Senadoras si están de acuerdo en que se apruebe el acuerdo anterior.

Quienes estén porque así sea, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, de igual manera manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidenta, que se aprueba el acuerdo.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno para separarse de sus funciones legislativas a partir del 30 de diciembre de 2017.

Éxito en sus tareas, Senadora.

Comuníquese.

Desde su escaño tiene el uso de la voz la Senadora Barrales.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias.

Con su venia Senadora Presidenta.

Senadores.

Compañeras, compañeros, que integran esta Mesa Directiva.

Quienes estamos hoy aquí en este Pleno.

Quiero darles a todas, a todos ustedes las gracias, no solamente por estas palabras, no solamente por este apoyo para autorizar mi licencia, quiero darles las gracias, sobre todo, por la oportunidad de haber convivido, de haberles conocido a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes.

Yo vengo hoy aquí al frente con emociones encontradas, por un lado, por supuesto el gusto, la emoción de haber convivido todo este tiempo, de haber aprendido de muchos, de muchas de ustedes, pero también, al mismo tiempo, con la emoción de ir a emprender un nuevo reto.

Soy una mujer de retos, soy una mujer de resultados, la vida me ha colocado en muchas situaciones que parecen adversas y eso a mí me ha enseñado que los sueños se pueden alcanzar con valor y con convicción.

Con ese valor y con esa convicción yo voy a emprender un nuevo reto, no puedo dejar de reconocer la energía, el motor que me da, que me imprime el hecho de emprender este reto desde mi condición de mujer porque aquí hay muchas mujeres, aquí hay muchas compañeras que entienden perfectamente la tarea que tenemos que realizar las mujeres para poder alcanzar nuestros objetivos.

Sin victimizarse porque aquí trabajamos para generarle mejores condiciones a las mujeres, pero no podemos dejar de reconocer que todavía es una tarea difícil y donde tenemos mucho trabajo que realizar.

Yo quiero también reconocer el diferente papel que hemos jugado todos los que conformamos esta Legislatura, una Legislatura donde, efectivamente, cada quien porta la camiseta que decide compartir, el partido donde estamos militando, pero que sin pensar de la misma manera hemos sabido compartir objetivos.

Hoy hay un objetivo que debiéramos de compartir todos, reconocer la situación difícil por la que está atravesando nuestro país y el papel que a cada una, a cada uno de nosotros nos corresponde jugar.

Yo quiero reconocer dentro de este trabajo, de esta Legislatura, a muchas, a muchos de ustedes, no quisiera omitir ningún nombre, que se dieron a la tarea de impulsar iniciativas, de impulsar acuerdos, de trabajar para sacar adelante esta tarea en favor del país.

Quiero también reconocer a aquellos que no necesariamente en la presentación de iniciativas, pero sí construyendo acuerdos, algunas veces aquí adentro, algunas veces allá afuera, pero todo en favor de los objetivos de nuestros partidos y, por supuesto, los objetivos en favor de nuestro país.

He aprendido mucho de aquellos que me apoyaron, que coincidieron conmigo, pero también lo digo de manera respetuosa, he aprendido también de aquellos con quienes no coincidimos, con quienes no pudimos compartir objetivos, pero a quienes, por supuesto, respeto de cualquier manera, sin duda.

Quiero decirles que como persona lo único valioso, lo que yo he aprendido a lo largo de esta trayectoria, que ya es un poquito larga, aquí veo rostros con los que empezamos a trabajar desde hace muchos años.

No quiero personalizarlos porque a lo mejor no les gusta que les calculen la edad, pero aquí está don Joel Ayala, lo conozco hace más de 30 años cuando empezamos a trabajar desde el sindicalismo.

Aquí conozco a muchos desde el sector campesino, conozco a muchas feministas, muchas mujeres también que nos acompañamos en grandes batallas; compañeras con las que, efectivamente, coincidimos en política.

Mariana, sin duda, la vida nos ha colocado en grandes coincidencias y estoy segura que vamos a hacer gobierno juntas pronto, vamos a trabajar para eso, porque, efectivamente, es tiempo de las mujeres.

Yo he aprendido en este tiempo que aquí nada es personal, que los encargos son efímeros, que de repente terminan y que lo único valioso que nos llevamos como seres humanos son los momentos gratos, son los amigos, son los sueños, y eso es con lo que hoy yo me quedo de este Sanado y de cada una, y de cada uno de ustedes.

Mis mejores deseos, y donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, ustedes saben que cuentan con una aliada, saben que cuentan con una amiga.

Muchas gracias a todos de corazón.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Alejandra Barrales, le deseamos mucha suerte y mucho éxito en la aventura que hoy empieza.

En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura, dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Tenemos para primera lectura tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativo, con los siguientes proyectos de decreto.

Doy cuenta.

Uno, por el que se informan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables.

Y otro, por el que se adiciona el artículo 20 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera.

Asimismo, también tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con los siguientes proyectos de decreto.

Uno, el que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Y el que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tenemos también dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen los siguientes proyectos de decreto.

Primero, el que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General, en materia de consulta popular.

Y el que adiciona diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta popular.

Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

Igualmente tenemos los siguientes dictámenes.

Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Una, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Una, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud.

Uno más también de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Me piden los coordinadores parlamentarios un espacio para dirigir un mensaje a nuestra compañera, la Senadora Alejandra Barrales.

Le cedería el uso de la palabra y de la tribuna al Senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Senador Herrera, tiene usted el uso de la palabra.

Sonido en el escaño del Senador Herrera, por favor.

El Senador Fernando Herrera Ávila (Desde su escaño): Bien, hoy es un día especial para el Senado de la República, ha solicitado licencia para emprender una carrera que atiende a su vocación profesional.

Hoy se va Alejandra Barrales, del Senado de la República. Los Senadores de Acción Nacional nos sentimos satisfechos, orgullosos del trabajo que se ha aportado en esta soberanía; le deseamos la mejor de las suertes y estamos convencidos de que su trabajo, su trayectoria, su dedicación, su empeño, habrán de darle muy buenos resultados.

Estamos convencidos de que toda una trayectoria que se ha forjado con trabajo, esfuerzo, dedicación, donde el compromiso, la honestidad y la dedicación es permanente, habrán de llevarla a la meta que se está buscando.

Alejandra Barrales, tienes nuestra amistad, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro acompañamiento.

Muy buen viaje y buena suerte.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la voz el Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón  (Dese su escaño): Muchísimas gracias, señor Presidente.

Hoy que vamos a cerrar el período ordinario, para nosotros, para el grupo parlamentario del PRI, el poderle decir a una amiga, una mujer inteligente, preparada, que demostró aquí en el Senado de la República su capacidad, que demostró su talento, su inteligencia y que pudimos construir  con ella muchísimas cosas juntos.

Alejandra. Hoy emprendes un nuevo camino en tu vida, eres una mujer muy luchadora, nos lo has demostrado a través del tiempo; tengo el privilegio de conocerte hace muchos años, de trabajar en instituciones donde teníamos relaciones de profesionalismo, de seriedad y de compromiso.

Eso es lo que es Alejandra Barrales, una mujer comprometida, una mujer que ama a la Ciudad de México, una mujer que quiere gobernar una ciudad compleja, difícil, complicada. Pero estoy seguro que tu talento, tu capacidad y tu inteligencia, y esa simpatía natural que tienes, te va a llevar por buen camino.

Muchas felicidades a nombre del grupo parlamentario, y mucha suerte en este camino que estás emprendiendo.

Buena suerte.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el coordinador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez (Desde su escaño): Gracias, Presidente,

Le doy gracias, y gracias a nombre de la fracción parlamentaria por las voces que despiden hoy a nuestra compañera Alejandra Barrales y, por supuesto, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, reconocer en Alejandra, a una enorme mujer.

Creo que este Senado se ha caracterizado justamente por eso, por tener enormes mujeres que le han aportado a México a través de piezas parlamentarias un gran avance y, Alejandra, no es la excepción. Alejandra es parte de este grupo de mujeres empeñadas en transformar a este país, una mujer que con gran  esfuerzo ha sabido transitar por la vida, que ha sabido conquistar espacios a partir de un esfuerzo personal, de su perseverancia, de su inteligencia, de su enorme capacidad que ha desarrollado.

Una  mujer que se avizora con muchos más triunfos aún, por supuesto que nuestro reconocimiento y nuestro gran cariño para Alejandra Barrales. Sabemos que esta licencia, pues, es definitiva. Sabemos que no va a regresar, no queremos que regrese, por supuesto.

Mucho éxito Alejandra, estoy seguro de que vas a  lograr un gran triunfo.

Muchas gracias, un triunfo para la Ciudad de México también.

Gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El  Presidente Senador César Octavio  Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Honorable Asamblea, en otro aparatado de la agenda del día de hoy, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología, en  materia de estímulo a proyectos científicos.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de  hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta que se omita la lectura del dictamen.

Quienes esté porque se omita, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Vuelvo a repetir, favor de quienes estén  de acuerdo de que se omita la lectura del dictamen,  manifestarlo levantando su mano.

Gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Ahora, les pido de favor, quienes estén por la negativa, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, Presidente.

El  Presidente Senador César Octavio  Pedroza Gaitán: Muchas gracias,  Senadora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García,  para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de  lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

En uso de la voz, el Senador Patricio Martínez García.

El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente.

Me refiero a la reforma al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Hoy día las naciones más prósperas y competitivas son aquellas que han basado su estrategia de crecimiento en el impulso al desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Por lo que resulta necesario y estratégico que nuestro país acelere el apoyo a este sector, y para ello, debemos contar con un  marco legal que elimine cualquier barrera, que inhiba el desarrollo ágil de la ciencia en México.

En este sentido, uno de los principales motores para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas es el trabajo que investigadores, científicos y técnicos llevan a cabo en sus centros de investigación, universidades e instituciones, en donde necesitan allegarse de los insumos necesarios para la realización de sus trabajos, y lo cual, actualmente les resulta difícil, siendo fundamental.

La reforma materia de este dictamen busca corregir y proponer un nuevo modelo para facilitar  que los investigadores de nuestro país puedan adquirir de una manera ágil y económica los insumos necesarios para el desarrollo de su trabajo, lo cual sin duda, es un factor que abona en una mayor competencia y efectividad en sus labores.

Debo destacar que esta reforma es derivada de una iniciativa que previamente fue presentada por todos los integrantes de  la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde siempre hubo coincidencia y disponibilidad para avanzar en este importante tema.

La propuesta de reforma contenida en el dictamen que se centra en el tema de la importación de insumos  para la investigación científica, reconociendo que en la actualidad los costos fiscales, administrativos, que directa e indirectamente absorbe el sector científico para importar el material y equipo necesario para el desarrollo de sus actividades llega a constituir hasta el 30 % del costo total de  los proyectos de investigación.

Lo cual representa un gasto extremadamente elevado en un entorno donde  los recursos públicos siempre han sido y seguirán siendo insuficientes dada la materia que nos lleva a competir con todas las naciones del mundo.

Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras reconocemos que este problema ha sido una demanda permanente en la comunidad científica, que en reiteradas ocasiones nos ha solicitado apoyo y ha hecho de nuestro conocimiento innumerables casos específicos del rechazo o excesivo retraso en los trámites de importación de insumos para la investigación de manera específica.

Esta preocupación se encuentra incluida en el documento denominado: “Hacia una agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación”, mismo que fue el resultado de una amplia consulta al sector científico nacional encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otra parte, debido a la importancia que representa este tema y con el fin de allegarnos opiniones y elementos de análisis, así como para tener una mayor evidencia de la magnitud de este problema, la Comisión de Ciencia y Tecnología acordó realizar, con el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quien le damos las gracias por su apoyo, una consulta pública y virtual, innovado en este sistema de hacer consultas, de tal forma que llevamos a buen término toda esta consulta a la comunidad científica nacional, la cual fue todo un éxito, con un tiempo mínimo y con la participación de más de 7 mil 600 investigadores y tecnólogos de todo el país, quienes manifestaron sus puntos de vista sobre la importancia de eliminar las barreras administrativas y legales para la importación de insumos.

Asimismo, aportaron recomendaciones y comentarios para la mejora de la redacción final.

En primer lugar, con las modificaciones que se proponen al proyecto de decreto contenido en la iniciativa original, se logra un sano equilibrio entre una simplificación administrativa efectiva de los trámites de importación de insumos para la investigación y la posibilidad de establecer una regulación administrativa adecuada, cuando ello se justifique con base en un análisis de riesgo.

En efecto, para las Comisiones Unidas, esta mejora regulatoria no busca necesariamente una absoluta liberación de las cargas administrativas a los particulares, sino un punto medio, sano, que permita a los particulares actuar sin presiones innecesarias por trámites que no se justifican, al tiempo de dotar al Estado de instrumentos con los que en aras de la protección de intereses comunes pueda ejercer en determinados casos una vigilancia especial de aquellos insumos, que por su naturaleza o peligrosidad y riesgos, así lo requiera.

A consideración de estas Comisiones Unidas, se logra en el proyecto de decreto que se pone a su consideración respetando el espíritu original de la iniciativa al mantener como principio general el de la mínima regulación, sin que esto haga perder el control a las autoridades.

El régimen de excepción contenida en el proyecto de decreto, permite a las autoridades, en cumplimiento de los mandatos legales a los que están sometidas, puedan determinar que la importación de ciertos insumos deba contar con controles administrativos previos, pero ello, únicamente cuando dicha autoridad demuestre técnicamente que dicha carga regulatoria se justifica.

Asimismo, a fin de dar certeza legal a este proceso excepcional, se exige que el titular de la autoridad administrativa competente defina mediante un instrumento de carácter general qué insumos, qué insumos en específico estarán sometidos al régimen excepcional de permiso previo de importación.

Este instrumento de carácter general debe estar fundado y motivado y tener como base elementos técnicos objetivos, además de que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Naturalmente se prevé, que el trámite de permiso previo sea, de cualquier manera, sencillo, rápido, expedito, sin ese tormento que luego significa el papeleo en instancias oficiales y buscando siempre en el espíritu de esta ley el facilitar el trabajo a quienes, por la propia materia, tienen ya de por sí graves dificultades en el medio en el que se desarrolla.

Por otra parte, reconociendo la dinámica de la investigación científica, y que una cantidad de insumos para la investigación, ya han sido beneficiados, con el permiso previo de importación en el pasado, el régimen que establezcan las autoridades de manera excepcional para imponer un permiso previo de importación, obliga a las mismas a establecer un listado de insumos que puedan beneficiarse de un trato simplificado al importarse.

Así, el insumo en particular que esté previsto en el listado referido, podrá ser importado libremente o mediante aviso, y no necesariamente mediante permiso. Este listado es flexible, ya que se actualizará permanentemente, será publicado sin mayor formalidad en internet, y está sujeto a formalidades menores.

Para contar, desde un inicio, con un listado lo más completo posible, se incorpora un artículo transitorio que prevé que dicho listado se integrará, al menos con los insumos que ya tienen un permiso previo otorgado, que no son pocos.

Con la aprobación de este dictamen, estas Comisiones Unidas queremos reiterar el compromiso que el Senado de la República tiene con el desarrollo científico nacional, y con el trabajo permanente para hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación, verdaderas palancas para el desarrollo social y económico del país.

No omito mencionar que recientemente ha habido pronunciamientos fuertes, haciendo un reclamo a los políticos de parte de los científicos y de la ciencia respecto de la importancia que tiene su actividad y que no es comprendida y no es apoyada desde el ámbito político.

Me parece que la aprobación, el día de hoy, de esto, de lo que estamos hablando en esta ley, viene a darle un refuerzo a la ciencia, a los investigadores, a los innovadores, y en la medida en que sigamos avanzando en este sentido, disminuiremos esta controversia que señala incomprensión de parte del área política y de las áreas de gobierno a quienes se dedican a investigar.

Haciendo votos para que los investigadores se enfoquen realmente a la investigación, y también de nuestra parte decirles: Que en la medida de lo posible dejen de lado la política y se vayan directo a los matraces.

Por último, quiero reconocer el trabajo de los Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, y de manera muy especial quiero señalar a mis compañeros Juan Carlos Romero Hicks, Óscar Rosas González, Mario Delgado, Francisco de Paula Búrquez, de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, a Benjamín Robles Montoya, a Roberto Gil Zuarth, a José Marco Antonio Olvera y a José Mario Tapia, que así integramos las Comisiones Unidas que nos permitieron llegar a presentar a ustedes esta reforma al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Es cuanto.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Patricio Martínez.

Está a discusión en lo general.

Ha solicitado el uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen, el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

En uso de la voz el Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

Todos los países del mundo que logran un desarrollo integral, han logrado una cadena virtuosa que suma educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación, el señor Presidente de la Comisión, don Patricio Martínez ha presentado el dictamen, y debo reconocer que la iniciativa de origen empieza por una gran contribución del entonces Senador don Alejandro Tello, hoy el señor Gobernador de Zacatecas.

Porque escuchando a la comunidad científica, la voz recibida es que los trámites son muy lentos,  lo sustantivo es más importante que lo adjetivo, pero lamentablemente hay que reconocer que la lentitud procedimental tiende a ser exasperante,  y lo digo de manera figurada, tienen seis velocidades, lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto.

Por eso, los procesos administrativos tienen que estar subordinados, ésta es una iniciativa de consenso, impulsada por el señor Presidente de la Comisión de Ciencia y por todos los compañeros, y también por la comunidad científica, y que pretende hacer cosas sencillas, cuya acumulación se hace grande, es eliminar permisos innecesarios  en la Secretaría de Agricultura, en la Senasica, en Cofepris, en las aduanas, en los trámites de importación, porque en ocasiones esto no puede esperar  y el sentido de oportunidad resulta muy significativo.

Nosotros venimos a abonar en la argumentación para reconocer que en este esfuerzo, lo que tenemos que hacer es poner por adelante la necesidad y luego el acompañamiento en la legalidad en la parte administrativa.

Por eso nuestro voto es a favor.

La palabra unanimidad viene de una sola alma y de una sola voluntad, y aquí está la voluntad por un mejor México, por una mejor comunidad científica.

Es cuanto.

El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Al no haber más oradores registrados, consulto a la Asamblea, si alguna Senadora o algún Senador desea hacer alguna reserva de los artículos.

En virtud de no haber artículos reservados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana  de diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén a favor de que se omita, por favor levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, también, levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidente, que sí se omite la lectura.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de  un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Corresponde ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas  para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones  de la Ley de Instituto Nacional de las Mujeres,  en materia de igualdad.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita la lectura, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura, también  manifestarlo de igual forma.

(La Asamblea no asiente)

Le informo,  Presidente, que sí se omite la lectura de este dictamen.

Gracias, Senadora Secretaria.

Está a discusión.

Ha solicitado el uso de la voz la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar  en pro del dictamen.

Hasta por cinco minutos en uso de la voz, la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadores, señores Senadores:

Este dictamen que presentamos el día de hoy, de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos,  Segunda, reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Es importante señalar que fue a propósito del estudio de una iniciativa presentada por la Diputada Angélica Reyes Ávila, que en agosto 16, aprueban en la Cámara de Diputados esta minuta y que hoy fue turnada a nuestras comisiones.

Cuál es el objetivo de  este dictamen que presentamos hoy, es  muy pertinente señalar que tiene que ver con la necesidad de cambiar un término que  todavía se sigue usando, por cierto, sobre todo cuando se está hablando en el ámbito de las políticas públicas y programas gubernamentales, y que era necesario tomar las medidas legislativas para adecuar esta Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para cambiar el término de equidad por el término de igualdad.

Es necesario recordar que ya hay una recomendación del Comité, que se encarga de revisar el cumplimiento de los preceptos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres,  que le señaló al gobierno mexicano que era necesario cambiar su concepto de equidad por el de igualdad, incluso, debemos recordar que los planes de trabajo en el ámbito federal definen ciertamente como el plan de igualdad y ya no el plan de equidad.

Entonces, era necesario hacer esta adecuación en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. De tal manera que se reforman diversos artículos para que se cambie este precepto de equidad por el de igualdad.

Nosotros en la Comisión de Igualdad nos parece muy pertinente además la definición que se hace en el cuerpo de esta ley del término del concepto de igualdad de género, situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

De tal manera que estamos aprobando esta minuta que viene de la Cámara de Diputados, y lo hacemos tomando en cuenta que ciertamente es totalmente conducente y esperemos el voto afirmativo de parte de ustedes.

Es cuanto.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulto a la Asamblea si alguna Senadora o algún Senador desea reservar algún artículo.

En virtud de no haber artículos reservados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de perspectiva de género en cultura.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura de este dictamen, también, de favor manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión.

En virtud de que no haber…

Una disculpa.

¿Senadora Angélica de la Peña quiere usted hablar en pro del dictamen?

Le ofrezco una disculpa, estaba registrada para hablar a favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Claro que sí, Presidente, no hay problema, muchas gracias, seré muy breve.

Miren, la reforma al artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente tiene que ver con reformas al artículo 11 en materia de violencia laboral.

Creo que este decreto está resolviendo también una iniciativa que presentaron diversas Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, creo que es importante reconocer estas también adecuaciones que hacen al artículo 11, propuestos por las Senadoras Margarita Flores, Liliana Álvarez, Angélica Araujo, Diva Gastélum, Arely Gómez, en su momento en que estaba acá, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda y Mely Romero, estamos hoy resolviendo esta iniciativa que se presentó desde abril del 2014, nos llevó un tiempo lograr los consensos, pero es importante señalar que hace una reforma importante al concepto de violencia laboral, que es una de las modalidades que tiene la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, sobre todo, retoma las reformas que sufrieron en su momento la Ley Federal del Trabajo, que era necesario tomarlas a consideración en el cuerpo de esta ley.

Es cuanto y ojalá que puedan ustedes también simpatizar con este decreto que estamos poniendo a su consideración.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

En virtud de no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Ahora corresponde la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de participación de la Secretaría de Cultura.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, si se omite la lectura de este dictamen.

Quienes estén porque sí se omita, manifestarlo, como siempre se les pide, levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura de este dictamen, manifestarlo de igual forma levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidente, que sí se omite la lectura.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente.

Este tercer dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género y de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, tiene que ver con una adición a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Recordemos que aquí tuvimos como Cámara de origen, junto en un trabajo de conferencia con un éxito importante del trabajo parlamentario del Congreso de la Unión de ambas Cámaras, cuando aprobamos una nueva ley, la Nueva Ley General de Cultura.

Y entonces, estamos agregando un capítulo nuevo en el artículo 45 Bis donde establecemos cuáles son las facultades y responsabilidades que estamos confiriendo en materia de cultura, en este artículo 45 Bis definimos qué corresponde a la Secretaría de Cultura.

No me voy a detener, por obviedad del tiempo, a leer cada una de ellas, pero nos parece que los nuevos preceptos que establecemos en esta ley retoman las características de esta Ley de Cultura y, sobre todo, nos parece importante que se haya tomado por parte de nuestra comisión la integración de este nuevo artículo para que no quede absolutamente ningún precepto que tenga que ver con los trabajos de las distintas dependencias de la administración pública federal, particularmente en lo que tiene que ver con la Secretaría de Cultura que hoy estamos agregando.

Y, sin lugar a dudas, estamos complementando la integración de las responsabilidades que tienen las distintas instituciones para lograr que las mujeres puedan desarrollarse también en el ámbito de la cultura.

Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Peña.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulto si alguna Senadora o algún Senador desea hacer alguna reserva de este dictamen.

En virtud de no haber artículos reservados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la  Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita la lectura de este dictamen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, Senador Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Está a discusión en lo general.

Hace uso de la voz la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para habar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

Bueno, aquí sí me voy a detener un poco más porque este dictamen que hoy ponemos a consideración llevó mucho tiempo a las Senadoras de nuestra comisión trabajar.

Es importante señalar que fue un trabajo donde se caracterizó con un estudio de las distintas iniciativas, incluso algunas también en la Cámara de Diputados, además de las iniciativas que han estado presentando diversas Senadoras y Senadores y que, sin lugar a dudas, es una de las materias de mayor preocupación.

Y nos complace mucho que hoy estemos presentando el producto de un trabajo de gran consenso, insisto, de conciliación incluso de las voluntades y también de tomar en consideración a los diversos estudios y las expertises que nos permitan, junto con la valoración, junto con el diagnóstico de lo que, de cómo se ha venido aplicando la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente la modalidad de violencia feminicida y que, como ustedes saben, es uno de los temas de mayor preocupación para todas nosotras.

Las órdenes de protección que están incluidas en el capítulo que refiere a la modalidad de violencia feminicida tienen que ser revisado.

Hemos llegado a la conclusión de que teníamos que hacer reformas para garantizar que haya mucho mayor comprensión de la respuesta que tienen que dar las autoridades para garantizar medidas de prevención, medidas de atención y, sobre todo, medidas de emergencia para las mujeres de todas las edades que, por desgracia, pueden estar, o pudieran estar enfrentando alguna forma, o algún tipo, o modalidad de violencia.

Hoy estamos reformando varios artículos de la ley en esta materia.

Es importante señalar que estamos incluyendo, en reformas que tienen que ver con conceptos importantes para comprender mejor, la importancia de cuál es el interés superior de la ley.

Estamos inclusive señalando otros tipos de violencia, que era importante señalar como hacer adecuaciones a la violencia económica incluso revisando la violencia familiar y, por supuesto, tomando en consideración algo que no se ha podido comprender de la ley.

Cuando diseñamos esta ley establecimos modelos de atención, modelos de prevención, modelos también de sanción, y ha habido una dificultad para la comprensión de quienes están al frente de las instituciones, tanto las que tienen que ver con la prevención y la atención desde el ámbito administrativo, como las que tienen que ver con la procuración de justicia y, por supuesto, cuando tenemos que enfrentar, cuando tenemos que enfrentar situaciones que tienen que ver con comisiones de delito y, por lo tanto, la sanción también es algo que nos preocupa mucho.

Hay situaciones que es necesario definir en la ley para que no haya condiciones, ni pretextos, ni justificaciones de que la ley no es clara para lograr, insisto, justicia para las mujeres.

Las órdenes de protección, establecemos con mayor puntualidad a quiénes corresponde, quiénes tienen que participar y cómo deben participar para garantizar el cumplimiento de sus funciones.

También hacemos una revisión para que estas órdenes de protección estén conferidas desde el nuevo Sistema Acusatorio siempre protegiendo no solamente a las mujeres, sino también a sus familias cuando están enfrentando una situación de violencia.

Yo creo que ustedes tienen conocimiento de estas reformas a partir de que tienen el dictamen.

Simplemente voy a terminar, para no llevarme mucho tiempo en mi exposición, y en vista de que se acabó ya el tiempo reglamentario, pidiéndoles a todas y a todos ustedes que sean tan amables en leer y, sobre todo, bajar a sus entidades federativas, bajar a los ámbitos de su desarrollo político lo que hoy estamos resolviendo en las modificaciones a esta ley.

No estamos, no permitiremos, creo que aquí estamos unidas las mujeres de todas las tendencias, mujeres de todos los partidos en el sentido de que tenemos una, y compartimos la preocupación de las evidencias que demuestran que a pesar de tener esta ley hay muchísima violencia contra las mujeres y, por desgracia, también ha crecido el feminicidio.

Esto no se logra solamente con voluntad, lo sabemos, por eso el perfeccionamiento de la ley para que ésta pueda tener una aplicabilidad más efectiva.

Pero si ustedes también no participan en este cometido y exigen también, desde sus espacios y encomienda, y muestran y evidencian contundente tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres, no vamos a cambiar.

Y lo digo de manera respetuosa porque todas y todos ustedes, igual que nosotras, estamos en posiciones de poder, estamos en posiciones de decisión.

A diferencia de otras personas, nuestra encomienda tiene que bajar a las entidades federativas y, por supuesto, influir también en los institutos políticos de los que formamos parte.

Les pedimos que su voto sea a favor de este dictamen.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Ha solicitado el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum, para hablar a favor del dictamen.

En uso de la voz la Senadora Diva Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Presidente.

Creí que no llegaría este día porque desde que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se generó en la LIX Legislatura, Angélica recordará, la ley nació con un problema muy serio de origen.

Dos cosas no transitaban: la primera, el feminicidio, que ya saben cómo hay mentes brillantes en los parlamentos, argumentaron que por cada mujer que moría, morían ocho varones, y que entonces el término feminicidio era inapropiado y que no era correcto usar ese término.

Pero junto con eso las órdenes de protección, y yo siempre he dicho que para el tema de mujeres les encanta mucho los títulos, la ley se llamaba “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, como si mágicamente este marco normativo les diera la seguridad a las mujeres.

Las órdenes de protección han pasado por muchos filtros, pero sobre todo por mucho tiempo no lo habíamos logrado.

¿Qué hace una mujer que ha sido violentada?, ¿cuánto tarda en denunciar?, ¿qué tiene qué hacer para poder salvaguardar la vida de ella y de su familia?

Por eso, cuando escuchaba a Angélica de la Peña, les pareciera a algunas personas banal la agenda de género, pero no lo es; si la violencia en contra de las mujeres sigue estando en  números rojos, pues no lo es vano, tenemos que aplicarnos y una de las medidas más importante que tenemos que echar a andar son las órdenes de protección.

En este eslabón de atención a las mujeres víctimas de violencia las órdenes de protección juegan un papel determinante.

Había dudas sobre las competencias sobre qué hacer, cómo hacerlo y, finalmente, después casi de cuatro años logramos esta reforma tan importante; la logramos por unanimidad en comisiones, y en Comisiones Unidas, y yo estoy segura que hoy la votaremos a favor, porque debemos de dejar el discurso aparentemente de protección a favor de las niñas y mujeres para pasar a esas acciones garantistas de la vida y la seguridad de las mujeres.

Por esto y por otros dictámenes que estoy segura que habremos de votar en este día, nosotros estamos contentas que la lucha a favor niñas y mujeres esté dando resultados.

No nos han dejado otra alternativa, sigue siendo la norma jurídica el vehículo imperativo y coercitivo para hacer valer nuestros derechos y poder vivir en paz las mujeres.

Todavía no hay conciencia que golpear a una mujer debiera de ser no solamente un delito, sino que no se permita y no se dé esta situación tan degradante  como es la violencia en contra de  las mujeres.

Por su atención y por su voto, muchas gracias.

(Aplausos)

El  Presidente Senador César Octavio  Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Ha solicitado el uso de la tribuna para hablar a favor, perdón desde su escaño, Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luis María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Le agradezco Presidente. Y voy a hacerlo desde aquí.

Otra vez estamos las mujeres defendiendo a las mujeres, y me llama, y por supuesto que voy a votar a favor.

Pero yo quisiera hacer un llamado que también, dijéramos a los hombres que acompañen esta política pública porque al final, y lo hemos dicho también muchas veces quien violenta a las mujeres son los hombres.

Me parecen importante los llamados a la protección, los espacios que protejan y salvaguarden a las mujeres de la violencia, que ya existe en sus casas.

Porque creo que protegerlas o este dictamen que se está trabajando  tiene que ver con la protección, fundamentalmente de sus parejas, hay estadísticas que dicen que las mujeres son violentadas en una tercera parte en sus ámbitos domésticos, así es que creo que hoy tenemos que virar, además de hacer esta aprobación, tenemos que virar el rol de las mujeres, en sus familias ha cambiado, antes era un rol de trabajo doméstico, de acompañamiento a los niños, de impulso emocional.

Creo que tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad familiar, porque debe tocar también a los hombres la parte emocional de acompañamiento a los niños, de acompañamiento en todo lo que sucede del ámbito doméstico; tiene que acompañar también en las tareas domésticas, y tiene que acompañar a  los niños en sus tareas, desde las tareas de autocuidado hasta las tareas escolares, hasta las tareas de construir  las propias estructuras para cuando salgan de casa se puedan defender.

De tal manera que yo quisiera aprovechar este espacio para decir que he presentado una iniciativa de modificación a esta  Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, para incluir el término de corresponsabilidad familiar.

Si las mujeres hemos salido de casa y también tenemos que seguir haciendo solas el trabajo emocional, de acompañamiento de los hijos y del trabajo doméstico, la violencia va a seguir en las casas, porque  los hombres no estarán entendiendo que hemos cambiado el rol, que tenemos que compartir la vida familiar en todos  los sentidos, y en este sentido yo quisiera no sólo referirme a las mujeres.

Insistir en referirnos a los hombres como parte de la corresponsabilidad en la disminución de la violencia contra las mujeres y en el ejercicio de nuestro derecho a vivir sin violencia, especialmente en el ámbito doméstico.

Le agradezco, Presidente.

(Aplausos)

El  Presidente Senador César Octavio  Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senadora Luis María Calderón.

En virtud de no  haber más oradores registrados, consulto a esta soberanía si alguna Senadora o algún Senador desea reservar algún artículo.

En virtud de no haber artículos reservados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.

Pasamos precisamente a la votación de los seis dictámenes anteriores.

Iniciamos con la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general, y en lo particular.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Recuerdo a la Asamblea que serán seis votaciones continuas, por lo que respetuosamente los conmino a no abandonar el salón de plenos.

Gracias.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si falta algún ciudadano Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Nuevamente pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

El Senador Romo, a favor.

El Senador González Canto, a favor.

La Senadora Pilar Ortega, a favor.

Senador Fernández, a favor.

¿Algún otro Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

A favor, la Senadora Iris Vianey.

¿Ninguno más por emitir su voto?

De no ser así, doy cuenta de la votación.

A favor, les informo, que son 107 votos; en contra cero votos, abstenciones, también tenemos cero abstenciones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección V del Capítulo IV y se adiciona el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos ahora la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

La Senadora María Elena Barrera, a favor.

La Senadora Martha Palafox, a favor.

¿Algún otro Senador o Senadora?

El Senador Romero Hicks, a favor.

De no haber ningún Senador o Senadora…

Robles Montoya, a favor.

Ivonne Álvarez, a favor.

Iris Vianey, a favor.

Fernández Fuentes, a favor.

Yunes Landa, de la misma manera, a favor. 

De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación.

Le informo a la Asamblea, como a la Presidencia que hubo 103 votos a favor; cero votos en contra, y de igual manera cero abstenciones.

Aprobado.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”.

Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos ahora a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senadora Diva Hadamira, a favor.

Senadora Cristina Díaz, también a favor.

Senador Gándara, a favor.

Senadora Graciela Ortiz, a favor.

Senadora Ivonne Álvarez, a favor.

Senador Fernández, a favor.

Senador Larios, también a favor.

Senadora Pilar Ortega y la Senadora Lucero Saldaña, a favor también.

Senador González Canto, a favor.

Senador Patricio Martínez, a favor.

Senadora Hilda Flores, a favor.

Senadora Verónica Martínez, también con su voto a favor.

Senadora Martha Palafox, a favor.

Nuevamente pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Senadora Ana Gabriela Guevara, a favor.

¿Alguien más?

Senadora Lucero Saldaña a favor.

De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación, 108 votos  a favor;  cero votos en contra, al igual que cero abstenciones.

Es cuanto, Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de perspectiva de género en cultura.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senador Fernández, a favor.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Senadora Graciela Ortiz, a favor.

Senadora Herrera, a favor.

Senador Santana, a favor.

Le informo, Senadora Herrera que ya está su voto registrado, a favor.

¿Alguno más?

De no ser así, damos cuenta de la votación, 100 votos a favor; cero votos en contra, al igual que cero abstenciones.

Es cuanto, Presidente, pero si me permite, sumaríamos un voto más de la Senadora Palafox, quedando con 101 votos a favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de participación de la Secretaria de Cultura.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Ivonne Álvarez, a favor.

Senadora Martha Palafox, a favor.

Senador Emilio Gamboa, a favor.

Rosa Adriana Díaz Lizama, a favor.

Lucero Saldaña, de igual manera a favor.

Senador Patricio Martínez, a favor.

Damos cuenta de la votación, quedando con 104 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Presidente, si me lo permite, agregaríamos un voto más de la Senadora Angélica de la Peña, que el sistema no funcionó, entonces, quedarían 104 votos a favor.

Si usted está de acuerdo quedaríamos así.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: De acuerdo.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Senadora Díaz Lizama, seguimos esperando su voto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Díaz Lizama, a favor.

Senadora Ivonne Álvarez, a favor.

Senadora Martha Palafox, a favor.

Senador Isaías González, también a favor, por supuesto.

Senador Preciado, a favor.

Damos cuenta de la votación, quedando de la siguiente manera.

98 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Por acuerdo de la Mesa Directiva y a petición de los grupos parlamentarios, pasaremos a la discusión y votación de dos dictámenes sobre instrumentos internacionales.

Tenemos primero la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, con proyecto de decreto por el que se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de este dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Sí les pediría que nos hicieran el favor de levantar la mano para que no quedara duda de la votación.

Quienes estén a favor, levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, también levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Senadora, si quiere usted referirse a los dos instrumentos internacionales será bienvenido.

Gracias.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Así será, Presidente.

Bueno, pues, primero, compartirles que este trabajo de ambos instrumentos internacionales se hicieron de la mano con diversas comisiones, lo cual agradezco.

La Comisión de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico.

El tema de la innovación y la tecnología se convierten en pilares para la competitividad de los países a nivel global, por ello Chile, Colombia, México y Perú decidieron crear la Alianza del Pacífico como un acuerdo coordinado de integración económica y comercial con el objetivo de caminar progresivamente hacia libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

La Alianza del Pacífico está ideada como una plataforma de articulación política, económica, comercial y de proyección mundial con un especial énfasis en                   Asia- Pacífico, región que en los últimos años ha tenido un protagonismo particular.

Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, la Alianza se ha convertido en el vehículo perfecto de acercamiento con esa región del mundo como quedó demostrado con la inclusión de Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda como estados asociados.

Esperamos también que puedan incorporarse a la Alianza del Pacífico países como Costa Rica, Panamá, que en su momento manifestaron el querer ser parte de esta Alianza.

La Alianza del Pacífico es, indudablemente, un mecanismo de integración regional exitoso, se ha fortalecido durante los seis años de su existencia. A nivel regional, los cuatro países representan el 37 % del PIB, concentran el 52 % del comercio total y atraen el 45 % de la inversión extranjera directa.

Además los cuatro países concentran una población de 214.1 millones de personas; cuentan con un PIB per cápita promedio de 16 mil 759 dólares; sus economías suman cerca de 2.1 mil millones de dólares; y, además, esta Alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la octava potencia exportadora del globo.

El marco institucional de la Alianza está integrado por el Acuerdo Marco vigente desde julio de 2015, el protocolo comercial que está vigente desde mayo de 2016, y dos protocolos modificatorios que fueron remitidos ante las comisiones que mencioné,

Tuvimos la oportunidad de realizar diversos foros con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el apoyo también de la Secretaría de Economía, lo cual se agradece.

El primer protocolo modificatorio establece un nuevo capítulo de mejora regulatoria que favorece la articulación de políticas regulatorias, promueve la competitividad, elimina barreras al comercio, reduce cargas regulatorias e impulsa la transparencia.

Incluye también un anexo al capítulo de obstáculos técnicos al comercio en materia de cosméticos, que en su texto armoniza la definición, vigila el mercado, elimina el certificado de libre venta, homologa los sistemas de revisión de ingredientes, establece un etiquetado único y armoniza el certificado de buenas prácticas de manufactura.

Lo anterior significa, compañeros, el ahorro de hasta quince semanas para la salida al mercado de un producto en los países integrantes de la Alianza, en un sector cuya facturación anual es de 20 mil millones de dólares.

En el sector de los cosméticos, y agradecemos también a la industria de cosméticos en nuestro país porque jugaron un rol muy activo en este análisis de ambos protocolos, la Alianza capta el 67 % de las exportaciones y el 47 % de  las importaciones a nivel regional, mientras que nuestro país exporta 377 millones de dólares e importa 67 millones de dólares dentro de la Alianza del Pacífico.

El primer protocolo modificatorio contiene disposiciones adicionales al capítulo de Telecomunicaciones donde se regulan las tarifas de roaming internacional, medidas para evitar el comercio de celulares robados, promoción de la conectividad, despliegue de la infraestructura en banda ancha, entre muchos otros temas.
En relación al capítulo de comercio electrónico se dispone la no discriminación de productos digitales y protección a los consumidores.

Por su parte, también el segundo protocolo modificatorio, modifica las funciones a la Comisión de Libre Comercio, lo que fomentará la negociación de los anexos sectoriales dando certeza y confiabilidad a las partes sobre los procedimientos para su implementación.

Facilitará también los procesos respecto de la aplicación de tales anexos y va a agilizar el comercio y mejorar la implementación del capítulo de obstáculos técnicos al comercio.

¿Qué pasará con estos dos protocolos modificatorios?

Van a permitir fortalecer el acercamiento de México con sus socios promoviendo mejoras a la integración económica regional para avanzar en el desarrollo económico y social del bloque.

De esta manera, compañeras y compañeros Senadores, la Alianza del Pacífico, más que un acuerdo comercial, se está convirtiendo en  un mecanismo de integración profunda y dinámica que requiere actualización de sus normas para detonar el enorme potencial de la Alianza.

Yo espero que sigamos recibiendo protocolos modificatorios para tratar diversos temas que convienen a los mercados en la región porque esto será señal de que la Alianza del Pacífico está más viva que nunca.

Es momento de reflexionar y de voltear a ver hacia América Latina y el Caribe, países con los que tenemos enormes afinidades, y dejar de concentrarnos, como lo hicimos durante décadas, en Estados Unidos.

Por eso celebro que se hayan enviado estos dos protocolos modificatorios y agradezco muy en especial a los integrantes de la Comisión de América Latina y el Caribe, a los secretarios, el Senador Raúl Morón, por siempre estar al pie del cañón.

A mi amiga, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, por el trabajo tan intenso que ha hecho a favor de la Alianza del Pacífico, las participaciones que ha tenido en diversos foros, el diálogo que ha entablado con legisladores de los países que forman parte de esta Alianza, y también, por supuesto a Hilaria Domínguez, a Hilda Flores, a Félix González Canto, a Humberto Mayans, a la Senadora Luis María Calderón, por acompañar el trabajo de esta comisión, y por siempre estar al día y hacer todo lo necesario para que estos temas sí sean temas importantes de la agenda nacional  y de la agenda internacional.

Sigamos trabajando este instrumento con  mucha más fuerza y tendremos enormes resultados.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar los dictámenes correspondientes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Gracias, con su venia, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, sometemos al Pleno de esta Honorable Asamblea la aprobación del Primer Protocolo Modificatorio de Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; así como al Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico suscritos el 3 de  julio 2015 en Perú, y el primero de julio de 2016, en Chile, respectivamente.

En 2011 los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú se unieron para crear la Alianza del Pacífico, mecanismo a través del cual se impulsa formalmente el establecimiento de un área de integración que permita la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, entre otros.

Este bloque regional representa al 35 % del Producto Interno Bruto de nuestra región; el 57 % del comercio total; y el 41 %  de los flujos de inversión extranjera directa que entran a ésta.

Hoy con un mercado de 221 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto de aproximadamente mil 771 millones de dólares se coloca Alianza del Pacífico como la octava economía del planeta.

Desde su creación, y posteriormente con la adopción en 2012 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, este bloque ha realizado avances de manera progresiva hacia su objetivo fundacional, es decir, no únicamente plantea el intercambio de bienes y servicios como un acuerdo de comercio exclusivamente; sino que por el contrario  ha buscado ser una plataforma de integración colocando, por decirlo, en términos, digamos, globales alrededor de 70 % de su agenda en una agenda de cooperación, de diálogo político e incluso de representación diplomática común.

Hoy México tiene embajadas, en común, embajadas compartidas con los países de la Alianza del Pacífico, lo que nos permitido tener una mayor cobertura, principalmente en zonas como África y Asía-Pacífico, donde todos sabemos que a México le hace falta tener mucho mayor presencia.

Por supuesto, también está entre sus logros destacarse la liberalización del comercio del 92 % de  los productos comunes entre los Estados miembros, y la desgravación del otro 8 % restante a partir del 2016 como resultado de la implementación del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.

De este mismo modo y con miras a continuar  la labor hacia la libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas en la región los protocolos modificatorios que ahora analizamos derivan de la solicitud de los mandatarios  de los cuatro Estados miembros de incluir nuevas disciplinas y ampliar otras existentes dentro del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.

Particularmente el Primer Protocolo Modificatorio busca favorecer el comercio al implementar políticas encaminadas a promover la competitividad, eliminar barreras comerciales e impulsar la transferencia.

Asimismo, pretende eliminar obstáculos técnicos en materia de cosméticos, y continuar  las mejoras en materia de telecomunicaciones y comercio electrónico, estos últimos en la atención clara a la realidad de las tendencias que hoy se viven en todo nuestro planeta.

Por su parte, el Segundo Protocolo Modificatorio propone incrementar y facilitar el comercio, profundizar el acercamiento entre los Estados miembros y velar porque los marcos regulatorios existentes no creen obstáculos técnicos al intercambio comercial a través de las funciones de la comisión de libre comercio, órgano de protocolo adicional al acuerdo marco.

En los esfuerzos por ampliar la diversificación el acercamiento con los países de América Latina y el Caribe es primordial para nuestro país, y una mayor regulación que fomente los procesos de asimilación económica y comercial en nuestra región será la clave para dicho cometido.

México se encuentra en una estrategia de diversificación comercial, todos los días manifestamos una grave preocupación por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte, nos preocupa la salida de Donald Trump del tratado, pero al mismo tiempo no sólo debemos estar preocupados, sino realmente generar acciones y estrategias  que nos permitan ampliar nuestras posibilidades tanto para la exportación del 80 % de los bienes que hoy estamos enviando a los Estados Unidos como también para tener oportunidades a la importación que nos permitan dejar a un lado la enorme dependencia que nos ha caracterizado con los Estados Unidos.

Dentro de toda esta estrategia de diversificación el que se enmarcan estos dos protocolos modificatorios, el primero  y el segundo, y donde también estaremos analizando en próximos meses los acuerdos comerciales con Brasil, con Argentina y con otros países de todo el planeta con quienes hoy México está buscando ampliar sus vínculos.

Por supuesto, creo que es muy importante mencionarlo, me parece que Alianza del Pacífico es nuestro tercer socio comercial a nivel global, después de Estados Unidos y Canadá, el bloque de Chile, Colombia y Perú representan para nuestro país un tercio de las exportaciones, y el 24.4 de las importaciones, sumando un comercio total del    31 % en la región latinoamericana y caribeña.

Parte también fundamental de todos estos acuerdos pasará a manos de la iniciativa privada, serán ellos, será también a la Secretaría de Economía a quienes les competa que estos logros y estas oportunidades puedan llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy sostienen la gran parte de empleos en nuestro país, y a quienes necesitemos fortalecer para que el libre comercio realmente se pueda traducir en un incremento salarial y en mejores oportunidades para todas y todos los mexicanos.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Señor Presidente le informo, me referiré, por obviedad de tiempo a  los dos dictámenes.

Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de mi grupo parlamentario vengo a esta tribuna a razonar nuestro voto a favor de los dictámenes que contienen el Primero y Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Quiero comentarles que para los  legisladores que integramos la delegación de seguimiento parlamentario de este acuerdo de integración comercial profunda, hablar de la Alianza del Pacífico es hablar de uno de  los mecanismos de integración que ha marcado precedentes importantes en la historia reciente de Latinoamérica, y de cara al futuro que se visualiza como el ejemplo que debe seguir Latinoamérica y el Caribe.

Para consolidar a la región como una zona estratégica en el concierto internacional ante los vertiginosos cambios en la economía y  los movimientos de los pesos y contrapesos del comercio mundial.

Ha sido el pragmatismo, la diplomacia, la experiencia de otros esfuerzos de integración, la altura de miras de los ejecutivos de Chile, Colombia,  Perú y México, desde luego, el arduo trabajo que se ha hecho desde la secretarías y ministerios de cada país lo que ha consolidado a la Alianza del Pacífico como un verdadero bloque comercial, que, desde su constitución y funcionamiento ha dado resultados tangibles.

Hoy frente a la complejidad del entorno internacional y a las complicaciones del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, este escenario de la Alianza del Pacífico se vuelve una verdadera opción para diversificar nuestro comercio exterior, y es una plataforma para consolidar a nuestros sectores, portador, en otras regiones del mundo, y una póliza de seguro ante las ocurrencias y estados de ánimos del ejecutivo del país vecino.

El gran acierto de la figura de los Estados asociados de la Alianza del Pacífico se vislumbra como un mecanismo novedoso para entablar relaciones como bloque, como países importantes del corredor Asia-Pacífico, que nos abrirá nuevos horizontes comerciales.

En todo este proceso, la participación de México es clave, porque para nosotros representa un importante nicho de mercado para el crecimiento de los productos mexicanos, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

Considerando la importancia de este acuerdo, es pertinente que aquí, en el Senado de la República, debemos un tratamiento prioritario al Primer y Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que, en el caso del primero, permitirá fortalecer el acercamiento de México con sus socios promoviendo mejoras a la integración económica regional para avanzar en el desarrollo económico y social del bloque a través de la reducción de obstáculos al comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores.

Y en el caso del Segundo Protocolo, a través del cual se constituye la Comisión de Libre Comercio, que será el órgano encargado de velar por el cumplimiento y correcta aplicación de las disposiciones del Protocolo Adicional al Acuerdo, además de que incluye diversos anexos al capítulo de obstáculos técnicos al comercio para incrementarlo y facilitar, profundizar la integración entre las partes de asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación no creen obstáculos técnicos innecesarios al comercio.

Por ello considero fundamental y pertinente la importancia de aprobar estos dos instrumentos para trascender nuestro comercio y consolidarnos como un verdadero bloque regional a la altura de lo que exigen los mercados mundiales.

Por su atención, muchas gracias, y por el voto a favor, también.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En virtud de no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua.

Y concluir la discusión del siguiente dictamen sobre instrumento internacional.

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y de Fomento Industrial; y de Fomento Económico, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén a favor, levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no  se omita la lectura, también les pedimos que lo manifiesten levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Informo, Presidente, que sí se omite la lectura.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen ya fue presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón.

Está a discusión.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi se refirió a este dictamen en su intervención de hace unos momentos.

En virtud de no haber más oradores registrados se reserva para su votación nominal.

Tenemos ahora la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; de Fomento Económico, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco del Pacífico.

Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senadora Martha Palafox, a favor.

A favor, Ana Lilia Herrera.

Senadora Díaz Lizama, a favor.

Senadora Hilaria Domínguez, a favor.

Senadora Ana Gabriela Guevara, a favor.

Hilda Esthela Flores, a favor.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Senador Tapia, a favor.

Muy bien.

De no haber ningún Senador o Senadora que ya falte por emitir su voto, vamos a dar cuenta en este momento de la votación.

Quedarían 90 votos a favor; cero votos en contra y dos abstenciones, Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Remítase al Ejecutivo Federal.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto.

Senadora Hilda Flores, a favor.

Senadora Martha Palafox, en el mismo sentido, a favor.

Senadora Díaz Lizama, de igual forma a favor.

Senadora Angélica de la Peña, a favor.

Senadora Layda Sansores, a favor.

Senadora Dávila, a favor.

Nuevamente pregunto, ¿si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?

De no ser así, procederíamos a dar cuenta de cómo queda la votación, informándole Presidente y también, por supuesto a esta Asamblea que quedamos con…

Senador Bartlett, ¿En qué sentido? A Favor, muy bien.

Entonces quedaríamos…

Senador Mario Delgado, un voto más, a favor.

Tendríamos entonces un total de 100 votos a favor; cero votos en contra y tres abstenciones, Presidente.

Es cuanto. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia,  queda aprobado el decreto que contiene el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.

Remítase al Ejecutivo Federal.

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Antes de proceder a consultarle a la Asamblea, Presidente, le pido si nos autoriza que el Senador Daniel Ávila, también forme parte de la votación anterior, porque no le funcionó el sistema y quedaría un voto más a favor, entonces de esa ley.

Entonces procederemos ahora a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo de manera muy clara levantando su mano para proceder.

(La Asamblea asiente)

Muy bien, quienes estén en contra de que se omita la lectura del dictamen, también manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

De manera evidente, Presidente, se permite que se omita la lectura de este dictamen.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:    Les informo que la Senadora Angélica de la Peña Gómez entregó una solicitud de moción suspensiva que desahogaremos una vez que transcurra la presentación del dictamen por parte de las comisiones.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) La intención de esta moción en términos del 105 del Reglamento, que establece que la moción suspensiva de un debate en el Pleno, tiene por objeto que no se inicie o que se interrumpa, a efecto de que el asunto de que se trata sea revisado o devuelto a comisiones.

Señor Presidente, de tal manera que estamos planteando, solicitando la moción suspensiva justo antes de que usted proceda con lo que está refiriendo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Sí, Senadora, precisamente atendiendo a su solicitud, su moción suspensiva se va a desahogar antes de que inicie el debate, permítanos presentar el dictamen por parte de las comisiones y antes de que inicie el debate procederemos a desahogar su moción suspensiva.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Es de procedimiento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:    Por eso, lo vamos a hacer antes del debate.

Gracias.

Antes de iniciar con las intervenciones que genera el dictamen a discusión, les informo que la Mesa Directiva ya tiene un registro abundante de Senadores para participar en las diferentes etapas, por lo que a fin de asegurar que todos obtengan la atención del Pleno para sus respectivas exposiciones, le solicito a las señoras y señores Senadores que participarán en el debate, se ajusten al tiempo reglamentario correspondiente.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, hasta por diez minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador  Presidente.

Senadores, el dictamen que hoy se somete a su consideración, en primer lugar tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Como sabemos, durante la última década, nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad  que rebasa el umbral de la seguridad pública y que está poniendo en riesgo la seguridad interior.

Por ello, debemos contar con una ley que legitime y dé certidumbre a las acciones relativas  a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en materia  de seguridad interior.

Es importante, Senadores, señalar que con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente  de las acciones de seguridad de manera permanente, falso el dicho quien lo dice.

Y mucho menos es intención del gobierno de la República, militarizar al país como algunos aseguran.

Se establece, a la seguridad interior, dentro del marco constitucional y de convencionalidad como referentes fundamentales para la vigencia  de los derechos humanos.

El mayor interés de todos, es salvaguardar los derechos humanos y las garantías.

Debemos decir que su aplicación se deben observar principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y a sus garantías, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, estrictamente, señalo, se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación y bajo el mando de la autoridad civil del gobierno de la República y no de manera autónoma y sin mecanismos de control.

Actualmente nuestras Fuerzas Armadas no tienen un marco legal para estar en las calles.

Y hay que decirlo fuerte, hay que dejarlo claro, no existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho.

En este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley.

Recibimos en diversas reuniones, no solamente en las últimas horas, lo hicimos en enero del 2017, en enero de este año, hemos recibido a funcionarios a organismos internacionales, a gobernadores, a presidentes municipales, académicos, representantes de la sociedad civil, y no es correcto acusar y no es justo decir que sólo fue una simulación y que no escuchamos a quienes consideran que la ley es contraria a los derechos humanos.

Los derechos humanos y sus garantías están en la raíz de la Constitución y estamos proponiendo modificaciones fundamentales para que la ley sea plenamente constitucional y convencional con los tratados internacionales.

Somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esta se reconoce la existencia de la facultad y obligación del Estado a garantizar su seguridad y mantener el orden público siempre que se apliquen procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la jurisdicción estatal.

El Tribunal Interamericano ha determinado en ese sentido que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y del orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto de los derechos humanos.

Y si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública seguramente implica, sin duda lo señala, la posibilidad de riesgo en la materia.

Por ello, los estados deben ser cuidadosos al utilizar la Fuerzas Armadas como elemento de control de los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común.

Por eso, debo de reconocer que durante más de una década se ha hecho uso responsable de la intervención de las Fuerzas Armadas, lo otro es un falso debate.

Y advierto que es difícil concluir que el empleo de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos como pretenden hacernos ver, eso es falso.

Se nos ha dicho también que esta ley es una puerta abierta y sin controles para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia que no le corresponde.

¿Cómo hemos respondido ante ello?

Estableciendo en esta ley que estamos discutiendo límites geográficos y temporales al procedimiento para la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ley, se apega estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que no les quepa la menor duda.

Y particularmente el artículo 13 establece los requisitos mínimos con los que se debe contar las peticiones de las legislaturas, de las entidades federativas o el titular del Ejecutivo cuando aquellas estén en receso y las cuales incluyan el área geográfica específica.

El 14 estipula que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior así, y lo subrayo, como la temporalidad de la declaratoria.

El 15 menciona expresamente que la vigencia de la intervención federal no podrá exceder de un año y únicamente será prorrogable mientras subsista la amenaza a la seguridad interior y siempre que medie una justificación que cumpla con los mismos requisitos que establece el artículo 12, es decir, contar con la consideración, primero, del Consejo de Seguridad Nacional y notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación en periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas.

La declaratoria es un acto jurídico concreto que puede ser controvertido constitucionalmente, tiene controles esta declaratoria.

Y el artículo 16 faculta al Presidente de la República a ordenar acciones inmediatas en los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro; sin embargo, la sujeta a la emisión posterior de una declaratoria de protección a la seguridad interior en el menor plazo posible.

Cabe destacar que lo que está previsto en la fracción V del artículo 13, la solicitud de intervención de las autoridades federales debe ir acompañada del compromiso de las entidades federativas de atender la amenaza, restablecer la colaboración con la Federación de acuerdo con el artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional.

Lo comento todo esto porque da la impresión que muchos Senadores o muchas personas nada más leemos un artículo y lo vemos aislado y no lo ponemos en el contexto primero del marco constitucional y de otros ordenamientos jurídicos y, entonces, andamos diciendo o estamos señalando que estamos poniendo en riesgo no solamente a la sociedad con la militarización, sino que también estamos poniendo en riesgo los derechos humanos.

Y quiero destacar que la declaratoria de protección a la seguridad interior únicamente procede en dos supuestos específicos.

Primero. Cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes.

Segundo. Exista falta insuficiencia de la participación de las entidades federativas y municipio.

Por lo anterior, me permito concluir que el propósito de la Ley de Seguridad Interior no es convertir la intervención de las autoridades federales en las acciones de seguridad interior en acciones permanentes, por el contrario, su propósito es sentar las bases, procedimientos, modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la preservación de la seguridad interior.

Por último, está la necesidad señalada y reiterada de fortalecer a los cuerpos policiales con la finalidad primordial que retomen la legitimidad y el control de la seguridad como fuerza civil, previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 23, así como el Quinto Transitorio.

Los convoco a que todos leamos estos artículos, y lo digo con mucho respeto, pero, sobre todo, el Artículo Quinto Transitorio, nos va a dejar muy claro qué queremos para México.

Esto significa que las entidades federativas que soliciten la declaratoria deberán presentar un programa, primero, con plazos; dos, con acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Segundo, incluir los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Tercero, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a emitir un dictamen de cumplimiento.

En el grupo parlamentario del PRI reconocemos  que las acciones realizadas actualmente por el Ejército y la Marina Armada de México, en apoyo a las autoridades civiles, tienen como fin principal lograr un México en paz y en donde se garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo democrático, así como el desarrollo de cada comunidad, de cada entidad federativa mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Concluyo.

Senadores, queda claro, no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Fernando Torres Graciano, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por diez minutos.

Y reitero mi súplica, de que se ajusten al tiempo programado, por favor.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, Presidente.

Venimos a nombre de la Comisión de la Defensa Nacional, a presentar este dictamen que fue trabajado todavía el día de ayer con la Comisión de Gobernación; de Marina; y de Estudios Legislativos.

Aprovecho para hacer un reconocimiento a los Presidentes de estas comisiones, al Senador Benjamín Robles, al Senador Ricardo Barroso, por supuesto a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, por el trabajo que se llevó, la coordinación para poder sacar de manera institucional y cuidando el proceso de dictaminación.

He de mencionar que este dictamen que estamos hoy poniendo a consideración es resultado de un proceso que realmente permitió la discusión y escuchar las voces que estaban a favor o en contra, o incluso aquellas que tenían dudas.

No es proceso de fast track, como se dijo, es una dictaminación que se llevó, además de la comisión, en función de muchas mesas que se realizaron.

El 6 de diciembre se atendió a las Comisiones Unidas, en las Comisiones Unidas a organizaciones de la sociedad civil, a funcionarios provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, también se atendió los comentarios del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la propia Secretaría de Defensa Nacional.

El 7 de diciembre, en otra reunión, se atendieron las inquietudes y comentarios del Comisionado Presidente del INAI,  el doctor Francisco Javier Acuña, quien planteó algunas de las inquietudes que tenían en relación al artículo 9 del proyecto de dictamen que llegó de Cámara de Diputados.

El 11 de diciembre, nuevamente, se hicieron mesas de trabajo donde se atendieron los comentarios de los gobernadores de diferentes estados, también alcaldes, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada que vinieron a presentar también, insisto, comentarios a favor, en contra, dudas, respecto a la minuta que estábamos en análisis.

Ayer tuvimos un amplio debate en el seno de las comisiones, estuvimos cerca de, casi nueve horas, desde que iniciamos por la mañana, con diferentes inquietudes que tuvimos la oportunidad de hacer, llegar comentarios, propuestas, a efecto de poder modificar, aclarar o mejorar la redacción de la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados.

Un amplio debate que se dio por parte de los Senadores que integran las comisiones y me parece, entonces, que no se puede decir que esta ley no se discutió, no se debatió y no se conoció.

Después de este debate se hicieron diferentes modificaciones a esta minuta, haré referencia a algunas de ellas.

El artículo 8, que era uno de los artículos que ha causado, pues mucha inquietud, crítica, se hizo una modificación para que quede muy claro que la protesta social no será considerada, bajo ninguna circunstancia, un tema de amenaza a la seguridad interior.

En consecuencia, por ningún motivo se podrá hacer uso de fuerzas federales o de las Fuerzas Armadas para contener una protesta social o de carácter político electoral.

Había una inquietud porque decía la minuta original “que siempre y cuando fueran pacíficamente”. Se ha eliminado esta disposición o esta palabra, a efecto de dejarlo de manera absoluta de que no hay interpretación, jamás podrá ser objeto de protesta social, perdón, de Seguridad Interior una protesta social.

Del mismo modo, se modificó el artículo 10 para precisar que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Seguridad Nacional y Seguridad Pública se harán en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de dar mayor claridad al texto que venía original porque se daba una discusión respecto a que se podía interpretar cuando entraba en vigor una ley u otra, y que podría darse una discusión ahí de supletoriedad y por eso creemos que con esta redacción quedará mejor.

También en el artículo 16 se hicieron modificaciones para que cuando el Ejecutivo Federal lleve acciones inmediatas en los casos de amenaza a la seguridad interior, que representen un grave peligro a la integridad de las personas, la Secretaría de Gobernación, cuando lleguen fuerzas federales o Fuerzas Armadas a un estado la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de notificarle a los gobiernos de las entidades.

Si bien es una disposición constitucional, una facultad constitucional y exclusiva del Presidente de hacer uso de las Fuerzas Armadas para atender temas de contingencia o graves, aquí lo que estamos buscando es que ese Ejecutivo estatal, que una vez que se dé la orden para que puedan llegar fuerzas federales o Fuerzas Armadas, tenga un acto jurídico que le permita controvertir esa decisión del Ejecutivo Federal, y esto es un control final del camino porque abre la puerta a que un estado, un Ejecutivo Federal pudiera presentar la controversia.

Esto creo que sí es un control constitucional que limita esa facultad exclusiva del Presidente, una facultad que tiene en la Constitución, y que no es nueva por cierto, la ha tenido siempre en nuestra Constitución.

También se modificó el artículo 22 para establecer “que cuando la amenaza no requiera de la intervención de las Fuerzas Armadas”, porque, insistimos, esta ley no es para las Fuerzas Armadas, también permite la intervención para un acto de seguridad interior a las fuerzas federales, y cuando se el caso quede claro que será una autoridad civil la que estará al frente de esta intervención.

También se agrega, como lo comentaba hace unos momentos la Senadora Cristina Díaz, un artículo transitorio que es fundamental, quiero insistir en él. Establece la posibilidad de que, dentro de 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales puedan, que soliciten una declaratoria de protección y que para poder solicitarla puedan y deban presentar un programa, como ya se dijo aquí, con plazos, acciones, presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función judicial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública

Esto no es otra cosa más que dar respuesta a una inquietud que se manifestó también en estas mesas de análisis, que se decía que vamos a permanecer o vamos a legalizar lo que ha pasado en algunos estados y municipios, que cuando llegaban las fuerzas federales o las Fuerzas Armadas ese municipio, ese estado dejaba de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, dejaba de poner presupuesto para fortalecer a sus órganos de seguridad pública civil, y que entonces, pues eran lo mismo en el cumplimiento de sus obligaciones.

Este transitorio está permitiendo y obligando que estos estados, que estos municipios que soliciten la intervención, al mismo tiempo se comprometan a cumplir con el modelo de seguridad  pública y el modelo policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Y se comprometen a cumplirlo ya ponerle tiempos y un programa y presupuesto, creo que este artículo que fue propuesta, por cierto, del Senador Roberto Gil, y que fue aceptado, nos parece que es un gran avance respecto a la minuta que llegó por parte de Cámara de Diputados.

Ya aquí se ha comentado parte de los requisitos que deberá tener esta declaratoria, que cuando el presidente la emita, la tendrá que fundamentar, motivar, establecer cuáles son las causas que motivan o generan esa amenaza a la seguridad interior, la obligación de publicarla en el periódico oficial, la obligación de rendirle un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que pueda ser realmente esta comisión un control legislativo al ejercicio de esta facultad, que, por cierto, lo comento, en lo personal, estaremos realizando las funciones que tiene hoy en ley esta Comisión Bicamaral y, si es necesario, ampliarlas.

Hagámoslo, habremos representar en lo personal una iniciativa para modificar  las funciones y que realmente esta Comisión Bicamaral pueda ejercer a plenitud ese control legislativo en el ámbito de sus competencias en función de esta declaratoria cuando sea el caso.

La otra discusión que se ha dado alrededor de este dictamen ha sido el tema de la temporalidad, sin duda que siempre es mejorable las relaciones, pero me parece que el tema de la temporalidad viene claro en cuanto a que es un año.

La discusión está en que si esa causa que motivó la llegada o la declaratoria no ha sido resuelta pueda permanecer y se pueda prorrogar, y había quien decía, pues entonces, se quedará eternamente ahí la causa.

No es así como, y se comentó también aquí, hay que leerlo de manera integral porque también en este dictamen se establece que se deberá de motivar y justificar la  permanencia de la causa que originó la declaratoria, no se una prórroga discrecional, es una prórroga con controles.

Finalmente, mucho se ha dicho también del tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la calle.

Pareciera que desconocemos la realidad de lo que ha sido la presencia, la actuación, las facultades de las Fuerzas Armadas en otras tareas, además de las tareas que creemos, a veces equivocadamente son solamente la de preservar el territorio nacional frente a una amenaza exterior, y hay muchas tareas.

Yo recomiendo leer un artículo que publicó el Senador Roberto Gil, el día de ayer, en el periódico El Financiero, donde muy claramente nos dice, qué otras tareas tienen las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista administrativo, de la seguridad que tienen en nuestras costas, y de cómo se fueron incorporando también ya desde hace muchos años, facultades a las Fuerzas Armadas, pero también al mismo tiempo cómo se incorporó el tema de la delincuencia organizada como un tema de seguridad nacional y que en ese momento que se hizo esa incorporación se  le dieron facultades a las Fuerzas Armadas en el tema de combate a la delincuencia organizada.

Creo que es muy ilustrativo, ya dará él, seguramente aquí, una explicación más amplia del tema.

Reconozcamos que hay una presencia, hoy en día, de las Fuerzas Armadas, según el informe de la Sedena del año 2016, se encontraban activas 142 bases de operaciones mixtas en el territorio nacional.

Había, según este informe, tres mil 386 militares, vehículos militares y despliegues de las Fuerzas Armadas en diferentes estados.

Y esto ha sido reconocido, buscado y además solicitado por muchos de los estados. Hoy en día, también está la presencia de otros cuerpos como son la Policía Militar, en Guanajuato, estado al que yo pertenezco. Hoy se está construyendo una brigada, las instalaciones de una brigada de Policía Militar a petición del estado, de los municipios, municipios que incluso se peleaban la sede de esta brigada, y que incluso participaron con presupuesto para poder tener ahí el apoyo de esta Policía Militar.

Creo que lo que estamos haciendo con esta ley, no es una ley a las Fuerzas Armadas, es una ley que establece procedimientos, tiempos, requisitos para regular la declaratoria, y en consecuencia la participación de fuerzas federales o Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, una facultad que tienen desde hace muchos años en la propia ley que regula al Ejército, y en otras leyes como es la de Seguridad Nacional.

Estas son las consideraciones que venimos a poner a su consideración a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, y en lo personal, habremos de dar otras discusiones con otras reservas, ya como simplemente Senador y miembro de esta Asamblea.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Presidente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Barroso Agramont, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, hasta por diez minutos.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Yo quiero que usted observe que los presidentes de comisión que están posicionando el tema, han excedido del tiempo para su intervención, y esto quiere decir que es un tema complicado, un tema extenso, y que considere esto al momento de que se haga uso de la tribuna. Porque los argumentos nunca van a ser suficientes para poder hablar en la perspectiva que tenemos ahí, y se requiere de tiempo, que eso es lo que ustedes no quieren dar.

Quiero hacer esa observación solamente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza.

Señor Senador Barroso, adelante.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con permiso de la mesa, muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Compañeros, efectivamente, como Presidente de la Comisión de Marina vengo a fijar nuestro posicionamiento como de este dictamen, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra comisión, de las Comisiones Unidas de quienes participaron en los distintos foros, sociedad civil, Fuerzas Armadas, grupos organizados, Senadores, presidentes municipales y gobernadores de las diferentes entidades federativas que nos acompañaron para construir este dictamen.

Con el único fin de hacer un  México más justo, más fuerte y una protección a nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales desde esta tribuna les mando un gran reconocimiento tanto a la Marina como al Ejército.

Con su permiso, compañeras y compañeros.

Durante la última década nuestras Fuerzas Armadas se han enfrentado al enorme desafío de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad interior.

Con su labor han contribuido a preservar el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, lo que ha permitido  garantizar viabilidad y continuidad a las instituciones del Estado mexicano.

Sin embargo, compañeros, su participación se ha dado sin contar con un marco jurídico que delimita sus funciones, la temporalidad y su espacio de actuación.

Así como el procedimiento y supuestos que se requieren para que las Fuerzas Armadas intervengan en labores de seguridad interior.

En ello radica la importancia y trascendencia de la ley que hoy estamos discutiendo de seguridad interior.

Que hoy se somete a nuestra consideración, no sólo porque brinda certidumbre jurídica las Fuerzas Armadas, en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación de ésta se dé con total apego al respeto de los derechos humanos de conformidad por lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en la materia.

La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad se da mediante la declaratoria de protección a la seguridad interior que emitirá el Jefe del Ejecutivo, ya sea por decisión propia o a petición de las legislaturas locales o los gobernadores, cuando estas últimas no se encuentren reunidas.

Cabe resaltar que dicha atribución del Ejecutivo estará sometida a controles instituciones que garanticen los pesos y contrapesos que deben de prevalecer en los estados democráticos.

La declaratoria tendrá que ser notificada, tanto a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La ley establece una temporalidad para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo cual no podrá ser mayor a un año y sólo se prorrogará dicho período cuando persista la amenaza de seguridad interior que motivó esta declaratoria.

Además, compañeros, establece de manera contundente las acciones de seguridad que lleven a cabo las Fuerzas Armadas.
Bajo ningún caso tienen como objeto sustituir la obligación de las autoridades de otros órganos de gobierno en el cumplimiento de responsabilidades en materia de seguridad pública.

Compañeras y compañeros:

Esta legislación responde a los cambios globales vertiginosos que obligan a los estados a contar con mejores mecanismos para garantizar la seguridad de nuestro país.

Nosotros los legisladores consideramos que resulta impostergable contar con una legislación que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en sus tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz en el interior del territorio nacional.

No podemos aplazar más la regulación de una situación de excepción que ha persistido en nuestro país por más de diez años.

Con la aprobación que estemos dando, estamos dando un importante paso para saldar la cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Es cuanto, compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Señor Senador.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Quisiera, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Que también el Pleno pudiese conocer la parte que no dice el dictamen y que así suele suceder.

Los dictámenes que a veces leemos aquí no dicen todo lo que sucedió, y a mí me parece muy importante.

En la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, por ejemplo, el voto estuvo dividido. Hubo dos Senadores que votamos en contra de la presentación de este dictamen.

Pero también en las otras comisiones codictaminadoras sucedió lo mismo. Y a mí me parece que la presentación, en este momento, también debe incluir para conocimiento de todas y de todos ustedes, lo que ahí se dijo, que no quede solamente en el tema de los integrantes.

Y a mí me parece muy oportuno, porque aquí se han hecho expresiones en la presentación del dictamen, que merecen de entrada una respuesta, porque la Senadora Cristina Díaz, señalando, inclusive, con el dedo flamígero, decía, acusándome de que esto no era simulación, cuando yo he dicho que ha sido una simulación, lo dije en comisiones y hoy lo vuelvo a reiterar.

Y lo reitero, porque, miren, aquí tenemos otra vez en nuestras manos una nota que viene desde Ginebra, donde otra vez, expertos, expertas de la ONU, como también lo han hecho los representantes en materia de derechos humanos, eso no viene el dictamen, por eso es importante que ustedes lo conozcan, han expresado el rechazo, y le han pedido a este Senado de la República no aprobar en sus términos el dictamen que hoy estamos arrancando en el debate.

¿Por qué? Porque como no se dice aquí, se dice lo contrario, pisotea los derechos humanos, es un riesgo y, por supuesto, implica que el riesgo de militarizar el país está muy claro.

“Seguridad sin Guerra”, nos plantean desde las calles, Senadoras y Senadores, y por eso yo le digo a la Senadora Cristina Díaz que, a quienes hay que meter al orden es a los que han permitido la corrupción, es a los que se han beneficiado con el trabajo de bandas criminales, es a quienes forman parte, en buena medida, de la actual administración que está por concluir.

¿Qué se dijo, y que no se refiere en el dictamen, y que me parece muy importante?

Senador Presidente, compañeras y compañeros, que conozcan para valorar de una manera más clara este dictamen.

Se dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto y también esta Legislatura están a punto de pasar a la historia como los que regresaron el militarismo a nuestro país, como los que convirtieron al estado de excepción en la cotidianidad de nuestro país.

Y reitero, lo que dije ayer en la reunión de comisiones, y esta vez con un mayor convencimiento. Este Senado de la República estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de derecho y los derechos humanos en México de la postrevolución, y lo hace ignorando miles, miles de voces provenientes de la sociedad que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley.

El día de ayer, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de varios estados, como la Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, por mencionar sólo algunas, se pronunciaron públicamente porque no se aprobara esta ley y se abriera un proceso de diálogo público y abierto, un debate nacional que se estuvo planteando.

Miren, esta minuta, hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada, llegó aquí a esta sesión de Pleno, llegó el 5 de diciembre. Y hoy, en diez días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces, no sé lo que significa, en diez días, un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional, y a nivel internacional, pretendemos darle ya el carpetazo.

Y nosotros decimos que eso es peligroso, lo dijimos varios Senadores que intervenimos en las comisiones el día de ayer, porque sostenemos que se trata, ni más ni menos, cuando hablamos de quienes ayer se hicieron escuchar con declaraciones en distintos puntos del país y del mundo, de organismos defensores de los derechos humanos, insisto, de México y de todo el planeta.

Y yo preguntaría. ¿Qué más razones quieren, entonces, Senadoras y Senadores, para no aprobar esta ley, que la advertencia de quienes defienden día a día los derechos humanos en este país?

¿Qué más razones quieren que la advertencia de los organismos internacionales que día a día los defienden a nivel internacional, como la ONU, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, entre otras?

Y les pregunto y esperaría una respuesta clara y directa cuando entremos al debate.

¿Cuánto vale para ustedes, Senadoras y Senadores del PRI y los aliados que hoy quieren seguir con este proceso y votar, la palabra de todos estos organismos?

¿Cuánto vale para ustedes la palabra de estos organismos internacionales?

Por lo visto nada, y aquí seguirá, como ya lo escuchamos, que ha habido foros, que hubo audiencias, que hubo consultas desde hace más de un año, inclusive han llegado a expresar y además de las audiencias llevadas del lunes pasado, con eso quieren decir que atendieron el llamado de Peña Nieto hace unos días cuando le advirtieron en un evento que todos recordamos, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el galardonado que esta ley no debe aprobarse.

Por eso nosotros insistimos, ya lo hemos dicho, las audiencias de esta semana, las audiencias de la semana pasada fueron realizadas, pero a modo para que los representantes de las Fuerzas Armadas tomara la palabra en último lugar sin la posibilidad de que nadie le refutara sus dichos.

¿Qué clase de debate público es ese, en donde no hay una verdadera confrontación de ideas?

Y las que se hayan realizado antes, compañeras y compañeros, hace casi un año, como algunos han expresado no versaron sobre este proyecto específico que estamos discutiendo, que no se diga entonces que se ha escuchado en la sociedad para la aprobación de este proyecto, porque decía el Senador Gil y yo creo que con razón que las Fuerzas Armadas se les ha asignado tareas permanentes más allá de las  que deberían ser sus funciones ordinarias.

Tareas que les hemos dados desde las propias leyes, es cierto,  pero eso no significa que sea correcto que tengan esa responsabilidades, el gran problema es que el Estado mexicano  no ha avanzado en la construcción de instituciones civiles que cumplan con esas funciones y permitan que las  Fuerzas Armadas se concentren exclusivamente en las labores que sí le corresponden acorde a su naturaleza castrense, y en lugar de eso, el Estado mexicano, incluyendo al Congreso de la Unión ha preferido comodinamente asignarle a las Fuerzas Armadas cada vez más atribuciones en ámbitos  que nada tienen que ver con su función ordinaria.

Muchos Senadores que estuvimos debatiendo en esta sesión de Comisiones Unidas, insisto, lo sostengo para que ustedes lo sepan, reiteramos que con esta Ley de Seguridad Interior, el Estado mexicano vuelve a caer en esa tendencia comodina de darle más facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que no le corresponden, todo lo quieren resolver con el Ejército y ha seguido reflexionando sobre el contenido de esta ley.

Lo hemos hecho varios Senadores y no puedo compartir entonces la postura de varios Senadores, como el Senador Roberto Gil, en el sentido de que provocará que no se use a los militares de una manera indiscriminada, no, por el contrario, estoy convencido, y así lo expresamos varios Senadores en este debate de comisiones codictaminadoras, versión que no aparece en el documento que se les ha hecho llegar, nosotros sostenemos lo contrario, estamos convencidos  de que esta ley potenciará el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas, porque aunque la declaratoria  de protección a la seguridad interior, tiene vigencia de un año, el Presidente de la República la podría prorrogar todas las veces que se le ocurra.

Y es más, tal vez, tal vez no lo hayan advertido, compañeras y compañeros, pero los militares  ni siquiera necesitarán una declaratoria de protección  a la seguridad interior, porque los artículos 6 y 26, así lo dijimos en esta reunión de comisiones unidas, expresamente establecen que podrán  atender riesgos, riesgos a la seguridad interior sin la necesidad de declaratoria, pero para actuar en caso de amenazas a la seguridad interior, se los apuntamos, tampoco necesitarán declaratoria, porque el artículo 4 fracción III dice que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que señala la Ley de Seguridad Nacional y esa ley, compañeras y compañeros no establece que las Fuerzas Armadas requieran declaratoria  para atender amenazas de seguridad nacional.

Quiero decirles también que ayer, en esta reunión de comisiones, decía el Senador Preciado, que México ya está militarizado, y seguramente muchos estarán de acuerdo con él, y entonces yo pregunto, por qué entonces, Senadoras y Senadores, no avanzamos en la ruta de desmilitarizar al país y construir instituciones civiles  que garanticen la seguridad que exigen los mexicanos, pero no, en lugar de eso, el Congreso está por brindar un marco jurídico  que podría permitirle, que le permitiría al Ejército continuar permanentemente realizando labores policiales.

No se engañen, compañeras y compañeros, esta ley no va a provocar que las entidades depuren y fortalezcan sus instituciones  policiales.

Esta obligación, y lo dije ayer en la reunión de comisiones, y eso no aparece en el dictamen, se las impuso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 2009  y no la cumplieron,  dos veces, recuerden, Senadores, dos veces,  dos, tuvimos que reformar el transitorio de esa ley para ampliarles el paso porque lo incumplieron.

Concluyo, Senador Presidente.

Quiero lanzar, y espero que en el debate se pueda responder, quiero lanzar un cuestionamiento directo al PRI y al PAN, esta ley obliga a las autoridades civiles de las entidades a rendirle cuentas al militar que sea designado como coordinador de los avances del fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Esto está en la fracción VI del artículo 23.

Muchas entidades más afectadas por el narcotráfico, sabemos que son gobernadas por ustedes, gobiernos del PRI y del PAN.

Y les pregunto, estarán dispuestos a que la gobernadora Pavlovich o el Gobernador García Cabeza de Vaca o el gobernador Astudillo o el Gobernador Rosas Aispuro o el Gobernador Ordaz o el Gobernador Corral, que fueron electos por la voluntad popular, le deban rendir cuentas a un militar designado por el Ejecutivo Federal, un militar que además no es el Secretario de la Defensa.

Muchas y muchos de ustedes, me imagino que aspiran a ser gobernadores.

¿Estarían dispuestos a algo así?

Parte de lo que ha dicho, señor Presidente  no está contenido en el dictamen y por eso solicité participar en la presentación del mismo, porque como suele suceder, los dictámenes tienen la visión parcial  de quien viene todo lo positivo, pero ahora hasta hubo acusaciones respecto de lo que se dijo, por eso vale  que todos conozcan, no militaricemos al país.

“Seguridad sin Guerra”.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Como se anunció al principio del trámite para la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Interior, después de transcurridas las presentaciones por parte de las comisiones, desahogaremos la solicitud de moción suspensiva que entrega la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a fin de agotar los extremos de lo que dispone el artículo 105 del Reglamento del Senado.

Consulto si la moción suspensiva tiene el apoyo de al menos cinco Senadores.

Comprobado el requisito del artículo 105 del Reglamento, tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

Vamos a iniciar quizás una de las discusiones más trascendentales que el Congreso de la Unión debe dar y que este Senado de la República está a punto de iniciar a menos de que se atienda la moción suspensiva que estoy presentando para que sea devuelto a las comisiones que hoy están presentando este dictamen, las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

¿Bajo qué argumentos? Y voy a ser muy breve.

Primero. He constatado, hemos constatado, a partir de las presentaciones del dictamen de cada una de las comisiones, tanto de Gobernación, como de Defensa, como de Marina, y también referida por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de que en este proceso se tomó en consideración las propuestas, las preocupaciones, las solicitudes expresas formales de distintos organismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en donde México, como Estado parte, está vinculado, y eso no es verdad.

Una cosa es que se haya recibido el oficio, que le hayamos dado lectura o que eventualmente hayan venido algunos de sus representantes a sentarse en alguna de las reuniones que se han promovido para ser escuchados, y otra cosa es que se haya entrado a debate, que se les haya respondido sus cuestionamientos, que se haya atendido sus preocupaciones, pero sobre todo se haya atendido el llamado a que esta Ley de Seguridad Interior no sea aprobada textual, eso no pasó.

Organismos internacionales de los que México forma parte, de los que México está vinculado, eso no pasó.

No simulemos, lo que aquí nos han venido a decir, además, que las organizaciones de la sociedad civil, expertos constitucionalistas que no tienen ningún motivo político, que llegan representando intereses genuinos que les preocupa como organizaciones que tienen trabajo a lo largo y ancho en el país, que conocen, valoran, tienen diagnósticos, tienen estudios, enfrentan todos los días situaciones de violaciones graves a los derechos humanos.

No estamos inventando el liderazgo que tienen estas organizaciones a lo largo y ancho del país con propuestas, con diagnósticos, con preocupaciones genuinas que aquí nos están tomando en consideración, se les oyó, pero no se les escuchó, así como entró por un oído salió por el otro, fueron maltratadas, utilizadas y, entonces, yo escucho en el dictamen que aquí acaban de presentar la Presidenta a la que le tengo mucho afecto, sin duda, ya los señores presidentes de las otras comisiones decir la verdad, una falacia, demagogia, no es verdad que eso haya acontecido.

Además, también se manifestó la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha apoyado a esa preocupación diversas comisiones estatales de derechos humanos de prácticamente más de la mitad de los organismos de derechos humanos del país, de las entidades federativas, también evidenciando su preocupación por la aprobación de esta ley, tampoco se está tomando en consideración.

Organismos constitucionalmente autónomos, cuya materia es precisamente la preservación de los derechos humanos en este país, tampoco se les oyó.

Bueno, legisladores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, yo entregaré en su momento incluso lo que han planteado personalidades de ministerios eclesiásticos que han dicho “no a esta Ley de Seguridad Interior”.

¿Qué hemos planteado? Y por eso argumento, argumento esta moción señalando reiteradamente ahora, a este Senado de la República, que regrese a comisiones para que se creen las condiciones de discusión de un real, verdadero, Parlamento Abierto que hoy en este proceso se ha evidenciado no existe, no vengan aquí a argumentar que hubo Parlamento Abierto, porque es mentira, es una demagogia, hoy estamos frente a la posibilidad de que ustedes impongan una Ley de Seguridad Interior, por cierto, que se va a judicializar, no le va a servir a las Fuerzas Armadas, y seguimos con el desastre de inseguridad.

Llamo a la responsabilidad, con todo afecto, llamo a la responsabilidad, con todo afecto y con todo respeto, a todas y a todos a que se apruebe esta moción suspensiva y se regrese organizadamente tomar en cuenta lo que aquí se ha señalado reiteradamente por infinidad de organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, constitucionalistas, académicos, en fin, gente preocupada por su país y organismos que están preocupados por lo que seguramente el Estado mexicano está incumpliendo y vendrán las recomendaciones.

Es todo, gracias a ustedes por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Si hay lugar para hablar a favor de la moción suspensiva que acaba de presentar la compañera.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Permítame ver si hay algún impugnador, Senador Cárdenas, de la moción, y que esto generaría un debate sobre la moción.

De no haber, queda registrado que usted apoya la moción de la Senadora De la Peña, y procederíamos a votar la moción.

¿Hay algún impugnador a la moción presentada por la Senadora De la Peña?

Siendo así, debido a que no hay quien impugne la moción, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

Quienes estén por la afirmativa, como siempre se acostumbra, les pedimos que lo hagan levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Se vota o no se vota.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está concedida, Senador.
Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para votar la moción suspensiva, presentada por la Senadora De la Peña.

Un voto por la afirmativa, es un voto porque se acepte la moción suspensiva de la Senadora De la Peña.

Corrijo, un voto en afirmativo es un voto porque se acepte a discusión la moción de la Senadora Angélica de la Peña.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Senadora Ivonne, ¿en qué sentido?

En contra.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

De no ser así daremos cuenta de la votación.

A favor 39 votos a favor; en contra 69 y cero abstenciones.

Por lo tanto, no se admite a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Desechada la moción.

Continuamos con el trámite del proyecto de decreto.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen a diversos artículos, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está publicado desde ayer en la Gaceta, si la Asamblea las acepta la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a las propuestas de modificación al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Propuesta de modificación.

Voy a ser muy específica en lo que se cambiaría.

Artículo 1.- La presente ley es el orden público de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia de seguridad nacional en término de lo dispuesto por las fracciones del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad interior.

Respecto al artículo 7 se cambiaría: “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Respecto al artículo número 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral, que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias.

La materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Respecto al artículo número 16. Se propone que quede: “en aquellos casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas u el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”.

El Presidente de la República, de acuerdo a sus facultades, podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluidas las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión en el  menor tiempo posible de la declaratoria de protección a la seguridad interior.

Respecto al artículo número 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismo participantes, a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento de las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

Artículo número 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la declaratoria cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.

Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas el Presidente designará a la autoridad civil que corresponde a propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo número 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación o instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del programa de seguridad nacional y la agenda nacional de riesgos.

El artículo Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley las entidades federativas municipios y demarcaciones territoriales en  los que se estuvieron realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán en el ámbito de sus atribuciones presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de la función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluye o incluye a los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido las condiciones de desarrollo policial, así como  los protocolos, las evaluaciones y las unidades operativas de información necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en un plazo de 90 días contados a partir de que las entidades federativas,  municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acredite la presentación del programa señalado en el párrafo anterior deberá emitir el dictamen correspondiente mismo que será entregado al solicitante.

Esto firmado por supuesto por la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el Presidente de la Comisión de Marina y también ellos tres firman este documento que son las propuestas de modificación al proyecto de decreto que se expide.

Es todo, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones dadas a conocer.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Presidente, quiero manifestarme en contra de  la inclusión de estos artículos que acaba de leer la señora Secretaria.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En su voto se manifestará, Senadora De la Peña.

Continuamos con la votación económica, por favor.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Nuevamente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones dadas a conocer anteriormente.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo como es la forma acostumbrada, levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Gracias, Presidente, muy gentil.

Le pido que sea nominal, si es tan amable.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Cinco, muchachos. Listo.

Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por tres minutos.

El voto en afirmativo es porque se acepten que se integren al dictamen las consideraciones mencionadas.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señor Presidente, doy cuenta de la votación.

Le informo, Presidente, y también a la Asamblea que quedan 74 votos a favor; 28 votos en contra y cero abstenciones.

Entonces, por lo tanto, sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia la discusión del dictamen será con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.

Antes de pasar a la etapa de votos particulares, les informo que están registrados los de los Senadores y Senadoras, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas y Juan Carlos Romero Hicks, Dolores Padierna Luna, Héctor Flores y Fernando Torres Graciano, Manuel Bartlett Díaz; Luis Sánchez Jiménez a nombre del grupo parlamentario del PRD, y Rabindranath Salazar Solorio.

Se presentarán en tribuna en la forma en que se enunciaron y que corresponden al orden en que los entregaron las comisiones y se recibieron ante la Mesa Directiva.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del  Trabajo,  para presentar su voto particular, hasta por diez minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros:

Mal venida la época que se pretende instalar hoy en México: la época del centralismo militar y despótico.

Seamos claros, compañeras y compañeros.

La Ley de Seguridad Interior que nos proponen votar, lo que hace es, instaurar un régimen de gobierno absolutamente distinto al que señala nuestra Constitución, y que estoy seguro, aspira la inmensa mayoría del pueblo mexicano.

Su ley le despoja a la República su carácter federal, su espíritu democrático y su vocación libertaria.

Su ley nos devuelve a los tiempos más oscuros cuando un hombre, un comandante  decidía a su arbitrio la vida o muerte de un ciudadano, y lo hacía sentado en una mesa de notables, de camaradas sin más freno que sus pasiones, determinando así el destino de cualquiera.

No, compañeras y compañeros Senadores, la bota militar no debe sonar inmisericorde e incesante en las calles de nuestras ciudades, atropellando los derechos y la libertad de las personas, de los niños y las mujeres; de los luchadores sociales, y aún de los periodistas y críticos de la situación imperante de nuestras poblaciones.

Bastante ha sufrido América Latina y México mismo en situaciones como esta de pleno centralismo militar.

A  lo largo de su historia sí ha sucedido, como para tener que volver a darle paso por este conducto institucional a viejos fantasmas que desean instalarse otra vez en nuestra realidad, viejos fantasmas que conocemos bien. La desaparición de personas por pretendidas razones de seguridad nacional, la violación de derechos por razones confidenciales, a capricho, sí, del señor comandante o el sometimiento de la libertad de la expresión de los jóvenes por la única vía que conocen los regímenes despóticos, el miedo, la persecución y la venganza.

Y que no se malentienda, nadie puede estar en contra del Ejército o la Marina o la Fuerza Armada, ese es un falso debate.

Nadie puede dejar de agradecer los servicios que han prestado a México, principalmente en situaciones de desastres y emergencias, como las que recientemente han ocurrido en el mes de septiembre cuando su presencia fue fundamental para preservar esperanza de poblaciones enteras, incluyendo las enclavadas en el corazón de mi estado, el estado de Oaxaca.

¡No! insisto, eso no es el debate. Pero tampoco se puede olvidar que este país, que en nuestro país creemos profundamente en las instituciones civiles, en un mando civil, en una condición civil y civilizada de México.

Ya lo señalaba el general Lázaro Cárdenas en su discurso de toma de protesta como Presidente de la República: “La abnegación del Ejército, lo cito, debe estar correspondida, no solamente con la estimación de las sociedades que han encontrado en él un escudo, ni sólo con el aplauso del pueblo que tiene en él un reflejo constante de sus aspiraciones y baluarte decidido de sus conquistas, sino con el progreso positivo del orden material que eleve su bienestar y su decoro y con nuevas ideas que fortifiquen su espíritu dándole funciones sociales y disciplinas más de acuerdo a sus características de institución humana, esencialmente constituida para proteger y salvaguardar el desenvolvimiento económico, intelectual y moral del pueblo”. Y cierro la cita.

Pues, les digo, compañeras y compañeros, que a tantas décadas, creo que cualquier mexicano de bien puede seguir suscribiendo aquellas palabras de Cárdenas, y es ahí, entre otras cosas, porque todos queremos lo mejor para el Ejército y para cada uno de sus soldados e integrantes.

Queremos que ellos y sus familias vivan mejor, con garantías para sus descendientes, con salud y condiciones de tranquilidad para los suyos.

Deseamos su bienestar. ¡Sí!

Pero lo que no queremos, con todo respeto, es que el Ejército gobierne este país. Si alguien quiere claudicar en esta convicción, pues que lo diga ahora, y que lo diga con toda la claridad posible, porque, compañeras y compañeros. ¿En qué se traduce la convicción de contar con un gobierno civil y no con uno militar?

Por ejemplo, en términos llanos, es en preferir invertir en el conocimiento, en el diálogo y la educación, en permitir que las ideas y las expresiones circulen libremente por nuestro territorio antes de uniformarnos en un solo credo: en creer en la diversidad humana como fuente de dicha y no en la diversidad como una débil convicción a la cual hay que despreciar y someter a control.

La diversidad, compañeras y compañeros, ese tesoro se agota con la represión. Y si alguien piensa que exagero con estas palabras, le puede bastar con leer un par de artículos de la propuesta presentada por el PRI y sus aliados, para comprobar que ellos quieren imponer un centralismo militar a discreción de un comandante.

El artículo 6 señala, y abro la cita: “Las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo de la Ley de Seguridad Nacional”.

Es decir, en términos reales, compañeras y compañeros, las Fuerzas Armadas podrán hacerlo todo, todo, sin control institucional alguno, sin reserva alguna, sin reglamentación posible.

¿Por qué?

Les pregunto. ¿Quién define esa agenda y los riesgos ahí contenidos?

¡Sí! como muchos estarán pensando, el Consejo de Seguridad Nacional.

Y ¿Quiénes conforman ese Consejo? Pues, los empleados del Presidente.

A los mexicanos, compañeras, compañeros que pretenden aprobar esta iniciativa tan desastrosa, a los mexicanos no nos engañan, no quieran burlarse de la inteligencia del pueblo, porque esa es una de las principales características de los regímenes despóticos, como el que pretenden los Senadores del PRI y sus aliados imponerle a este país.

Someten a la gente a una eterna minoría de edad disfrazada de benevolencia, disfrazada de orden. Por todo, este día acudimos a una sesión histórica en la que hay dos posiciones encontradas:

Una, la del PRI y sus aliados que han preferido doblar las manos inexplicable y antipatrióticamente antes las exigencias de la militarización y el despotismo.

Que le está dando la espalda a la historia, y no sé si por ignorancia, descuido o convicción a sus propios descendientes, a sus propios hijos, porque sépanlo bien, la represión tarde o temprano es pareja, no distingue, no preguntará a aquel joven ¿si su padre o su madre votó este día a favor o en contra de la ley?

La represión por las armas es un mal que ha devorar sin compasión a quien menos se sospecha.

Y por otro lado, estamos quienes alertamos al país del golpe a la democracia que ellos quieren asestar.

Quienes, de ninguna manera somos impolutos o infalibles, pero al menos, compañeras y compañeros Senadores, al menos somos conscientes de que mucho ha sufrido nuestro pueblo y muchos pueblos del orbe ante la instauración de un régimen despótico, como para ahora abrirle la puerta sin antes luchar con todas nuestras fuerzas y posibilidades.

Porque sépanlo bien, no les será fácil militarizar México; tendrán que hacerle frente a algo más que un botón, a algo más que un tablero electrónico de votación; tendrán que hacerle frente a la dignidad de los ciudadanos y a su inmenso espíritu; tendrán que hacerle frente a cada hombre, a cada mujer libre; tendrán que hacerle frente a la vida.

Y no temo decirles: Que al final, como siempre vamos a derrotarlos.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para presentar su voto en particular, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar el voto en contra, que hemos suscrito de manera conjunta el Senador Juan Carlos Romero Hicks y un servidor, en contra de la pretensión de aprobar esta Ley de Seguridad Interior, que sin lugar a dudas representará, además de un grave error histórico, una profunda regresión, en la muy incipiente democracia que vivimos en nuestro país.

Quiero destacar la afortunada concurrencia y coincidencia que he tenido con el Senador Romero Hicks, donde nos solamente hemos coincidido en el análisis del contenido legislativo  de esta ley, sino también en la experiencia que al frente él  en el caso del estado de Guerrero, yo en el  de Guanajuato, yo en el caso de la Ciudad de México, hemos tenido  sobre este tema al haber tenido la responsabilidad fundamental de gobernar nuestras entidades.

Pero quiero iniciar, con el ánimo de establecer con toda claridad  cuál debe ser el ámbito de la discusión, porque desde el día de ayer y hoy mismo hemos visto cómo se pretende simplificar y se pretende  reducir la dimensión de este debate con visiones que no corresponden al contenido, el propio dictamen a discusión.

Hay quienes quieren reducir este debate entre quienes están a favor y quienes están en contra de las Fuerzas Armadas, nada más falso que ello, más bien el debate está entre quienes consideramos que las Fuerzas Armadas deben cumplir con la ley, apegadas a las facultades y competencias quienes mandatan la Constitución, sin invadir las competencias de la autoridad civil, como es el caso de las tareas de seguridad pública, de que cuando exista una situación de excepción como es la actualidad, se analicen y se analicen labores distintas, las Fuerzas Armadas estén sujetas a controles políticos y parlamentarios que rindan cuentas y que no gocen de ninguna situación de excepción.

Por ejemplo, hasta el día de hoy, después de una década de intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública que competen estrictamente a la autoridad civil, las Fuerzas Armadas no han informado de su desempeño en las tareas realizadas hasta ahora en el combate a la delincuencia organizada. Los problemas que han enfrentado en materia de relajamiento de la disciplina militar, no han informado sobre  el número de deserciones registradas, el número de elementos de las fuerzas especiales que se han incorporado  a los grupos delictivos, los problemas de corrupción y penetración de las organizaciones criminales en los mandos y en las tropas de las Fuerzas Armadas, ni de las violaciones de los derechos humanos  en que han incurrido algunos de estos elementos  y las sanciones que se han impuesto.

¿Cuáles controles propone, por ejemplo esta ley? Ninguno, salvo la presentación de un informe del Secretario de Gobernación sobre la aplicación de la declaratoria de protección a la seguridad interior que decrete el Presidente de la República a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que siendo objetivos no es en realidad un órgano de control, pues carece de la fuerza, de las facultades y de competencias reales para considerarse un órgano de control parlamentario.

Yo he tenido la oportunidad de participar en esta Comisión Bicameral  siendo Diputado y Senador,  he tenido la oportunidad de presidirla, y la verdad es que salvo la discusión de la Agenda Nacional de Riesgos, todos los debates y la información que  se presenta en esta Comisión Bicameral son insustanciales, más aún, la Agenda Nacional de Riesgos sale publicada en los periódicos de circulación nacional y replica errores como los cometidos en el pasado.
Hoy, dentro de la Agenda Nacional de Riesgos, más allá de los problemas de las fronteras, de la delincuencia organizada, está considerado como uno de los factores  del anarquismo, como si una corriente  ideológica fuera un peligro a la seguridad nacional, así nos consideraban a los comunistas  en los años 50’s, en los años 60’s y en los años 70’s y fuimos perseguidos por nuestra forma de pensar.

No queremos que se repliquen situaciones de esta naturaleza.

Yo por eso creo que más bien el debate está entre quienes queremos  que se respete a las Fuerzas Armadas y quienes quieren que les tengamos miedo, siguiendo el viejo consejo  del príncipe: “Prefiero que me teman a que me amen”.

Queremos respetar a las Fuerzas Armadas y que éstas cumplan  sus labores constitucionales en beneficio de la población.

También es falso, quienes consideran que este debate se da entre quienes quieren resolver los problemas de inseguridad y violencia en que se encuentra sometidos la inmensa mayoría de los mexicanos y quienes no queremos  hacerlo, por el contrario, estoy convencido de que todas y todos queremos recuperar la paz, la paz que nos robaron  los malos gobiernos, la corrupción y la delincuencia organizada que se ha enquistado, incluso en el gobierno mismo.

Nos han dicho que qué tanto alegamos respecto a la militarización del país, aquí nos vino a decir la Presidenta de la Comisión de Gobernación, que el país no se va a militarizar, mientras que el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional nos dice que el país ya está militarizado, que el Ejército realiza operaciones en 29 estados de la República.

Por eso, tampoco ese es el debate.

La pregunta es,  ¿si la militarización de las tareas de seguridad pública va a resolver los problemas de violencia y de inseguridad? Y es claro que no,  no los van a resolver, porque en más de 10 años ya no pudieron resolverlo, este año va a ser el año más violento de las últimas dos décadas en México, y en los primeros cinco años de este gobierno, donde el Ejército ha estado  en las calles y en las comunidades, se han cometido alrededor de 96 mil homicidios en el país, más de 3 mil homicidios de los que se cometieron en todo el sexenio anterior.

Ya se demostró que la militarización de las tareas de seguridad pública ha fracasado, como ha fracasado, sí, hay que decirlo, el Estado mexicano en su función sustantiva de garantizar la seguridad de las personas y la protección de su patrimonio.

Por eso, lo que hay que discutir no es una ley que conculque libertades, lo que hay que replantear es toda la estrategia de combate, de inseguridad y al crimen. Eso es lo que deberíamos discutir. 

Sin embargo, algo debe andar mal, muy mal en este gobierno y en la mayoría de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, algo anda mal cuando  como nunca hemos visto la mayor oposición a una ley en este país, ni la reforma energética demostró tanta inconformidad, hemos  visto cómo organismos nacionales e internacionales han demandado no aprobar esta Ley,  la  Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los rectores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Iberoamericana, el Premio Nacional de Derechos Humanos, la Galardonada con la Medalla Belisario Domínguez, Amnistía Internacional, decenas de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, académicos, intelectuales  que han expresado su preocupación e inconformidad como esta ley y, en particular, lo vimos el día de hoy cómo  en un hecho sin precedente, los seis mandatos de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos se han manifestado porque no se apruebe esta ley.

Todos, absolutamente todos, quizás con la excepción de los gobernadores que fueron mandados a traer para podar esta ley en una actitud de sumisión, todos le dicen, todos le gritan al soberano que camina desnudo y el soberano no escucha.

Pero en realidad el soberano no escucha, en realidad el soberano no atiende, en realidad al Presidente no le importa esta inconformidad generalizada, yo creo que no, sí escucha, pero no le importa porque han tomado una decisión política que representa un vuelvo al pasado, se pretende legalizar y otorgar facultades meta constitucionales al Presidente de la República para utilizar las Fuerzas Armadas, para dirimir los asuntos de la política nacional.

Como me lo dijo en una reunión que sostuvo en el año 2011, con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: “el arte de la política es saber conservar el poder sea como sea”.

Es larga, muy larga la lista de agravios a los mexicanos en el abuso del poder por parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, y hemos visto como a lo largo de la historia este abuso del poder presidencial ha atentado contra la población civil, lo vimos en los años 50’s con la represión al Movimiento Ferrocarrilero y la intervención del Ejército, como también rompió la huelga el Ejército de los trabajadores petroleros en la Refinería de Azcapotzalco en 1963.

Vimos cómo intervino el Ejército en el asesinato de dirigentes sociales, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962, en el estado de Morelos, a pesar de haber acordado con el Presidente López Mateos incorporarse a la vida institucional.

Hemos visto cómo por mandato del Presidente el Ejército ha intervenido contra los movimientos estudiantiles, tomando en 1966 la Universidad Nicolaita, en Michoacán.

En 1968 no solamente la masacre de Tlatelolco, sino con las tomas de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Y cómo el Campo Militar Número Uno se convirtió en un espacio de detenciones arbitrarias y tortura contra los estudiantes de manera ilegal.

Vimos cómo intervino en 1970, en la Universidad de Chapingo.

Y en 1976 en la escuela de agronomía de la Universidad de Chihuahua, en la Ciudad de Delicias.

Vimos cómo en los años 70’s, a partir de 75, la Operación Cóndor, en el noroeste de la República, en Oaxaca, en Guerrero y Michoacán, enfrentó a la población civil arrasando a comunidades campesinas completas, generando homicidios y ejecuciones extrajudiciales, vejaciones y violaciones profundas a los derechos humanos, al igual que en la década de los 70’s durante la Guerra Sucia, además de perseguir al Movimiento Guerrillero reprimió a la disidencia política.

No se pueden olvidar las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales como las cometidas desde la base militar de Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, cuando desde naves de la Fuerza Aérea Mexicana se arrojaban vivos a los opositores desde las naves de la Fuerza Aérea Mexicana.

¿Cuándo cambió esta situación?

Cuando hubo una rectificación en la forma de hacer política en este país, es cuando hay un cambio que debemos reivindicar en la relación con las Fuerzas Armadas y el desempeño de sus funciones institucionales, en los años 80’s cuando tras una reforma política se dieron los espacios a la participación legal y electoral de la oposición, principalmente de la izquierda, lo que ha demostrado que la salida debe de darse con medidas de corte democrático y no con el endurecimiento, la mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad pública han fracasado también.

No queremos que esto se repita.

No queremos una nueva Guerra Sucia en el proceso electoral del 2018.

No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación.

El Ejército no quiere involucrarse en la política.

Yo lo he vivido expresa y directamente cuando, por ejemplo, en el 2006 el General Secretario Clemente Vega fue un factor fundamental, no para que no interviniera el Ejército frente al plantón de Reforma, sino para buscar una salida pacífica al proceso postelectoral de ese año.

Esta ley es inconstitucional, violenta los tratados internacionales suscritos por nuestro país, que conforme a nuestra Constitución tienen rango de ley y es obligatorio a su cumplimiento, esta ley socava los derechos y libertades de los mexicanos, confunde los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior desde la vieja visión de la seguridad del Estado con los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana.

Somete a la población civil a la autoridad militar, a permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que con orden de juez nos dice les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial.

Con esta ley invadirán las Fuerzas Armadas el derecho a la privacidad y la protección de daños personales de los ciudadanos al obligar a todas las autoridades a entregar la información particular que se le requiera.

Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada con las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior a considerarlas como información de seguridad nacional.

Subordina a la autoridad civil, federal, porque no solamente es a la autoridad estatal y municipal, porque la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería Nacional se subordinarán al mandato de las Fuerzas Armadas al establecerse la declaratoria de protección a la seguridad interior en el momento en que el Presidente decide un comandante para coordinar los operativos.

En síntesis, esta ley, y lo dijo aquí claramente el Senador Torres Graciano, viene a legalizar una situación de excepción, convierte la excepción en ley, y se entrega al control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, es una nueva modalidad de totalitarismo que ya se ha aplicado en otros países de América Latina, estas medidas son las que llevaron a los gobiernos dictatoriales en Centro y Sudamérica hace ya varias décadas, pero que ahora adoptan nuevas modalidades, esta modalidad totalitaria y autoritaria que representa el golpe de Estado Legislativo.

Hoy no queremos vernos en el espejo de Honduras, tenemos que defender nuestras libertades y decimos con toda claridad:

No a la militarización de la política.

No al fortalecimiento metainstitucional de las facultades discrecionales del Presidente de la República.

Y fundamentalmente no a la pérdida de nuestras libertades y derechos.

Queremos vivir en paz.

Y para vivir y recuperar la paz, lo que necesitamos es democracia, enfrentar la desigualdad, enfrentar la corrupción, la impunidad y entender que este pueblo está ávido de cambios que es necesario otro régimen político.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Informo a la Asamblea que la intervención del Senador es a nombre propio y del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para su voto en particular, la Senadora Dolores Padierna Luna.

Les recuerdo a los Senadores oradores que el tiempo para su intervención es de diez minutos.

La Senador Dolores Padierna Luna: La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo labores de seguridad pública que corresponden jurídicamente a las policías, han resultado contraproducentes.

La realidad y todos los análisis serios de este tema son contundentes y dan cuenta del fracaso que hoy se quiere legalizar.

En el año 2006, Felipe Calderón decidió lanzar una cruzada policiaco-militar en ocho estados de la República sin tener un diagnóstico claro sobre la fuerza, la presencia, la organización de los grupos criminales, sin contar con datos  mínimos, estadísticos, criminalísticos, de inteligencia y de operativos que sustentaran una intervención de esa naturaleza, no tenía base legal, actuó violando la Constitución al margen del Estado de derecho y de espaldas a los tratados internacionales y a la opinión pública de especialistas en el tema.

En 2006, la única entidad federativa que tenía índices de violencia e inseguridad por encima de la media era Michoacán, mientras que en las otras siete entidades donde también aplicó su cruzada contra el narcotráfico con los operativos de las Fuerzas Armadas, eran entidades que estaba por debajo de la media en los índices de violencia e inseguridad, así estaba Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de este esquema de seguridad con la presencia permanente e indefinida de las Fuerzas Armadas en labores cotidianas de seguridad pública, se incrementaron los índices de violencia en forma exponencial en esas ocho entidades donde originalmente se desplegó este esquema de seguridad.

Aquí podemos ver cómo en las ocho entidades de la República, que son las líneas rosa, están por debajo de la media; y cómo Michoacán era el único que estaba por encima de la media.

Acá podemos ver, con datos del Inegi y con datos del Sistema Nacional de Seguridad, cómo antes del 2006 todos los índices de violencia estaban más o menos controlados.

A partir de la entrada del operativo se disparó la violencia criminal de forma exponencial, contrario a lo que se expresó sobre, que así lo dijo Calderón, sobre una ola de violencia que ameritaba acciones extraordinarias, entre ella la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Estadísticamente en ese momento la ola de violencia nunca existió, y más bien esta ola de violencia vino después con la fallida estrategia de Calderón, lo que viene a demostrar que sacara a la calle a los militares fue una decisión de carácter político sin sustento estadístico, ni analítico.

En las ocho entidades donde se aplicó este plan la violencia creció y luego se extendió a más y más entidades de la República dejando un baño de sangre en todo el país.

La sustitución de las policías por el Ejército conllevó a un debilitamiento de las estructuras de seguridad pública, estatales y municipales. Todos los recursos económicos y materiales se destinaron a las instancias federales abandonando el seguimiento a los gobernadores para que realmente capacitaran a sus policías y, en un momento dado, poder retirar al Ejército a sus cuarteles.

En todas las, en las iniciativas que se entregaron a este dictamen, aprobado en la Cámara de Diputados, aparece un común denominador, la debilidad de las corporaciones policiales, estatales y municipales y la infiltración de los cuerpos policiales por parte de la delincuencia.

Lo cual es cierto, aunque no debiera generalizarse y, sin embargo, si esa es la causa, ¿por qué aún no se atendió con una depuración de los cuerpos policiacos con formación policial, con estrategias legales y urgentes? Al contrario, todo empeoró.

Por supuesto que muchas corporaciones policiales, pero de los tres órdenes de gobierno, y no sólo de los estados y municipios, se encuentran infiltradas por grupos criminales, y que las principales violaciones a los derechos humanos son cometidas por los propios agentes encargados de cumplir la ley.

Pero resulta inadmisible suponer que con la implementación del modelo de seguridad militarizado esos males desaparecerán de la noche a la mañana, resultó exactamente lo contrario, los males se incrementaron, el modelo escogido por Felipe Calderón, y retomado por Enrique Peña Nieto, ha sido duramente cuestionado, pues no va acompañado, ni aparejado de una serie de medidas que, según los especialistas, resultarían fundamentales para lograr un modelo realmente efectivo, tendiente a erradicar la corrupción y a erradicar la impunidad.

Veamos datos.

La propia PGR, a través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, reconoce que las averiguaciones previas que mantienen abiertas al día de hoy por el delito de desaparición forzada, al mes de septiembre de 2015, la Policía Federal es señalada como probable responsable del 41 % de los casos de desaparición forzada; el Ejército Mexicano es supuesto responsable de 35 % de los casos; y las policías municipales del 18 %.

Estas cifras, sin lugar a dudas, nos dan una muestra de que la crisis en los cuerpos policiales y de seguridad está en los tres niveles de gobierno y no como se afirma en este dictamen, sólo a nivel municipal y estatal, y se da tanto en las policías, pero también en las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, la debilidad institucional de las corporaciones policiales, estatales y municipales, y su fuerte propensión a incurrir en actos de corrupción, no puede ser la premisa sobre la cual se pretenda imponer este modelo de seguridad militarizada, pues no existen datos ciertos, ni un estudio que permita dimensionar la intervención real de las Fuerzas Armadas de Seguridad por cada territorio en particular, y no de manera genérica y abstracta como se hace en este dictamen.

El dictamen omite todo lo concerniente a la procuración de justicia, a la investigación criminal, a las labores de prevención, a la falta de sanción, a los actos delictivos; es decir, la impunidad repercute directamente en el aumento de la incidencia delictiva y en la capacidad de fuerza de los grupos delictivos.

De acuerdo a los datos del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón sumó en su mandato un total de 120 mil 935 homicidios dolosos.

Por su parte, Peña Nieto acumula 114 mil 61 asesinatos en lo que va de su administración, hasta octubre pasado.

Pero falta un largo año todavía para que acabe el sexenio de Peña Nieto y está a tan sólo 6 mil 874 muertos para alcanzar el récord de Calderón.

De mantenerse en la tendencia de homicidios que lleva este año, 2017, que ya es el año más violento de toda la historia reciente, en tres meses más el mandatario del PRI establecerá la nueva marca como el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que de enero a octubre de 2017 se han registrado 23 mil 968 homicidios dolosos, y tan sólo en octubre hubo 2 mil 764 asesinatos.

Estas cifras superan ya los 22 mil 849 homicidios dolosos que se registraron en el año 2011, año que fue considerado el año más violento, y que fue cuando se inició la guerra contra el narcotráfico, producto de ella.

Este recuento de cifras evidencia no sólo la inexistente estrategia de seguridad, sino, sobre todo, la ineficacia de la intervención de las Fuerzas Armadas realizando tareas de prevención, de seguridad y de persecución de delitos.

Las cifras no son opiniones o subjetividades, como algunos legisladores señalan a quienes nos oponemos a esta ley; los números no nos dejan  mentir al afirmar que  legalizar este  modelo de seguridad militarizada es un sinsentido.

Por otra parte, estas cifras de impunidad la señala la Universidad de Las Américas de Puebla, que señala que el Índice Global de Impunidad en México en 2016 con información obtenida del Inegi y otras fuentes oficiales, del total de delitos consumados, solo el 5 % llega a una sentencia condenatoria, la impunidad, por tanto, es del 95 %.

Por ello es indispensable conocer las debilidades institucionales de las fuerzas policiales, estatales y municipales para diseñar una estrategia de fortalecimiento  gradual para en esa medida aplicar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas.

También se requiere tener a la mano el diagnóstico de la debilidad institucional de las procuradurías o fiscalías estatales para no tener una visión sesgada del problema; se debe resolver el alto grado de impunidad existente en México.

Otro de los datos elocuentes y un estudio vital que no debe de faltar en un análisis como éste, son los datos que miden el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas en los años recientes.

El CIDE  hace un estudio sobre la operación de las Fuerzas Armadas  en operativos de combate a la delincuencia  y sobre la letalidad de sus actuaciones, basándose en información oficial; deduce que este dicho estudio arroja el dato de que 4 de cada 10 combates fueron eventos de letalidad perfecta. Es decir, donde solo hubo muertos, ningún herido, una letalidad del 100 %.

Los eventos de letalidad del 100 % se incrementaron año con año. En 2007 hubo 15; en 2011, 451; y actualmente se registran más del 86 % de los casos con índice de letalidad total.

Es decir, que para las Fuerzas Armadas la prioridad es abatir a las personas, a las que se les hace frente, en vez de detenerlas y presentarlas  ante Ministerio Público, procesarlas, juzgarlas como debería de ser y como  lo marca la Constitución.

La actuación de las Fuerzas Armadas en estos casos no sólo es letal, sino violatoria de los derechos humanos.

Todo ello ha repercutido en una espiral de violencia criminal que reacciona ante la fuerza letal con cada vez mayor violencia y virulencia, validar estos hechos es aceptar que los principios de presunción de inocencia, del debido proceso quedan subsumidos a meros formalismos frente a la actuación militar que prioriza la muerte sobre las defensiones y los procesamientos judiciales.

Hay el uso legítimo de la fuerza que debería de tener protocolos, indicadores, estándares  muy claros que permitan no sólo limitar abusos y excesos, sino procurar el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y a la integridad de la ciudadanía.

El artículo 21 constitucional contempla los principios rectores de las fuerzas de seguridad pública, la legalidad, la eficacia, el profesionalismo y  la honradez.

Por ello se debe regular el uso de la fuerza, de los cuerpos de seguridad, ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.

El Tribunal Europeo ha establecido la  necesidad de tener un marco                          jurídico-administrativo para inhibir  y evitar que se violen los derechos humanos.

También debe haber marcos normativos que rijan la prevención, la supresión y castigo a conductas violatorias de los derechos humanos.

Las operaciones de la policía deben estar autorizadas por el derecho interno y reguladas por él, dentro del marco de un sistema de efectivas salvaguardas contra las arbitrariedades y el uso ilegítimo de la fuerza.

Todo debe apegarse a los estándares internacionales. El Sistema Interamericano se ha pronunciado por la excepcionalidad de las armas letales tal como lo establecen los principios básicos de la ONU, el uso de la fuerza  pública no tiene por qué resultar en la pérdida de vidas humanas, éstas, si acaso es el resultado en condiciones de excepción, son excepción y no la norma el principio de proporcionalidad también está presente en todos los ordenamientos internacionales y en  nuestra Constitución.

Si el uso de la fuerza de las armas es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán actuar en proporción a la gravedad del delito, en los estándares internacionales no se considera la participación  de las Fuerzas Armadas, realizando labores de seguridad pública o de seguridad interior ordinaria, porque las Fuerzas Armadas tienen para su regulación otros principios, el derecho internacional humanitario es lo que los rige.

Sin embargo, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior establece todo lo contrario y conociendo los riesgos que implica la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, instancias internacionales y nacionales se han pronunciado en contra de los contenidos de este dictamen.

PRESIDENCIA SEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El  Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya Senadora Padierna, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Ninguna ley como ésta había generado un repudio nacional e internacional tan grande, generalizado y contundente como esta Ley de Seguridad Interior.

Se han rechazado, desechado las voces más prestigiadas y experimentadas en la materia; se han convertido en un Congreso de la Unión como cómplice mudo y abyecto de un golpe autoritario que sepulta el Estado de derecho.

El Presidente Peña Nieto llamó el viernes 8 de diciembre a un diálogo, y lo que observamos aquí, es un monólogo autoritario entre las cuatro paredes de este recinto, se colonizó este Senado por los representantes jurídicos del alto mando militar, justo previo a las elecciones más complicadas de la historia, están preparando una sucesión presidencial militarizada para generar  miedo, si no es con votos, lo quieren hacer a toda costa con las armas.

Lo oprobioso de esta ley es la forma en que ceden el poder del Estado ante los militares, como se hace, cómo se hace, que claudiquen los gobernadores, el gobierno federal, los municipios, el Congreso de la Unión, los congresos de  los estados, el Poder Judicial,  los órganos autónomos, las comisiones de derechos humanos, todos estarían supeditados a un mando militar en cuanto se haga la declaratoria  en tal o cual territorio del país.

Ahora en lugar de mandar a Castillo, enviado a Michoacán a suplantar todo el poder de las autoridades estatales legalmente electas, llegará un comandante a Michoacán, a Morelos, a Tamaulipas, a Colima, a los 27 estados, porque se trata de una sesión del poder a los militares que irán tomándolo conforme vayan emitiéndose las declaratorias de protección a la seguridad interior, hasta que los militares operen en toda la República, porque en esta ley el Ejército hará acciones permanentes de prevención.

Ante esta Ley de Seguridad Interior hoy día existen controles a los militares. En esta ley se omiten todos los controles, por ejemplo, si un militar quiere allanar un domicilio tiene el control de un juez, que debe autorizarlo, nadie puede ser molestado en su domicilio sin una orden de un  juez.

El  Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pues ahora con esta Ley de Seguridad Interior basta con que el mando militar diga, en esta casa hay un riesgo de amenaza, se allana esa casa, más grave aún no tienen que justificarlo, porque en esta ley todos los datos de inteligencia, todo  lo que son análisis de  riesgos y toda la información que manejen las Fuerzas Armadas, es considerada de Seguridad Nacional y nadie podrá tener acceso a ella.

Esta Ley de Seguridad Interior se guía por la doctrina militar, no establece incertidumbre jurídica para nadie, no contiene procedimientos claros, no incluye los derechos humanos, todo se engloba en una burbuja oscura, ajena a la democracia, a los valores y a los principios establecidos en la Constitución que diseña una República democrática.

No es que estemos culpando al Ejército de la ola de violencia, pero sí estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra al Ejército, no funciona.

Si el plan es malo, los resultados son peores, y quien lo ejecuta, en este caso el Ejército, sufren los efectos de esa decisión.

Definitivamente, militarizar al país, lejos de ser una solución, es legalizar la tragedia de desolación, de violencia y de muerte en ausencia de gobernabilidad que se vive en varios estados del país.

Podrán repetir, una y otra vez, que no se trata de militarizar la seguridad pública.

Podrán insistir en que es un instrumento jurídico para normalizar, para regularizar lo irregular, lo que no podrán lograr es la credibilidad y la legitimidad frente a la población.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Esta no es una Ley para la Seguridad Interior, sino una ley para la guerra civil.

En mi siguiente intervención, que me apunté en contra, seguiré argumentando muchos elementos en contra de la Ley de Seguridad Interior.

(Aplausos)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora.

Les recuerdo a los oradores que la intervención es hasta por diez minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Presidente, Presidente,

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) De acuerdo al artículo 59, reclamo el quórum.

A simple vista no hay ni 40 Senadores, no está ni siquiera la Presidenta de la Comisión de Gobernación, que vino muy apasionadamente a decirnos una serie de mentiras.

Está regresando.

Ya empezaron a llamarles.

Pero, cuente, a simple vista no hay, por lo tanto debe suspenderse la sesión.

Dice el artículo 59, en su fracción III: “Que cuando a simple vista inmediatamente hay que suspender la sesión”.

No hay necesidad de rectificar el quórum.

Ellos saben cuál es el resultado, y lo único que les importa es contar a sus borregos a la hora de meterlos al corral, pero no les importa debatir la ley más sentida para la ciudadanía en estos momentos.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Solicita se verifique el quórum, Senadora?

Servicios Parlamentarios, puede abrir el tablero para la verificación, hasta por diez minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Estas equivocada, yo estoy aquí sentada, estaba acá sentada.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Orden, Senadora.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Yo estaba aquí sentada.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Les pido a las Senadoras guardar la compostura y el orden en el Senado.

Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

Servicio Parlamentarios, abra el sistema electrónico para la verificación del quórum, hasta diez minutos.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

Vengo a nombre de mi fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a presentar un voto particular en contra de esta Ley de Seguridad Interior.

Considerando que el Gobierno Federal, que prácticamente la mayoría de los gobernadores se han dado por vencidos en la responsabilidad de cuidar la seguridad de las personas.

Considerando que al estar apoyando esta ley, están simple y sencillamente haciendo caso omiso de lo que la Constitución misma establece en sus responsabilidades.

La seguridad pública corresponde a la autoridad civil.

La minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una Ley de Seguridad Interior en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, mediante la integración…

Presidente, pediría que me den condiciones para exponer.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Favor de poner atención al orador, por favor.

Está abierto el tablero para la verificación del quórum, hasta por diez minutos.

Verifique el cronómetro.

Continúe, por favor, Senador.

Orden, por favor, Senadores.

Senadores, les pedimos poner…

Continúe, Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Bien.

Compañeras y compañeros:

La minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una Ley de Seguridad Interior, en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio a las autoridades civiles mediante la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior de la Federación, así como establecer los procedimientos y las bases de coordinación con las entidades federativas y los municipios.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados confunde los conceptos de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional, considerándolos análogos, lo que resulta erróneo. Dicha confusión es la primera base de una enunciada acción de inconstitucionalidad que seguramente se presentará en los días posteriores a la probable aprobación de esta ley.

Para nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta minuta es inconstitucional e inconvencional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre Seguridad Interior.

El propio dictamen invoca únicamente criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar una facultad que no tiene el Presidente de la República.

La fracción VI del artículo 89 de la Constitución establece la facultad del Presidente de la República para preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y lo faculta para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentemente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación.

Sin embargo, dentro del propio artículo 89, el Presidente de la República carece de la facultad de emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior.

Esta ley tiene por objeto preservar las instituciones del Estado, su objetivo explícito no es la seguridad de las personas, sino mantener la gobernabilidad fundada en una discrecionalidad riesgosa.

Se plantea un procedimiento para emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, el cual se podrá iniciar a solicitud de Presidente de la República o de los gobernadores de las entidades federativas, ésta implica la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, cuando se consideran  comprometidas o superadas las capacidades efectivas de las instituciones de seguridad pública para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en preservar la seguridad nacional.

En el procedimiento se indica que una vez recibida la solicitud previa consideración del Consejo de Seguridad  Nacional se emitirá la  declaratoria sin ningún tipo de control legal, ésta se notifica únicamente a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se publica en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios o periódicos oficiales de las entidades federativas.

Cabe señalar que el único mecanismo de control legislativo contemplado en esta minuta es justamente ese, el envío de un informe  a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Asimismo se establece que el incumplimiento a las obligaciones establecidas  en esta ley, será sancionada conforme a las leyes aplicables en la materia.

Por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las acciones militares.

Se contempla la posibilidad de contemplar declaratorias en varias entidades del país, simultáneamente, cuyas condiciones y vigencias podrían modificarse, de acuerdo con el único criterio del Presidente.

La minuta señala  que las acciones desarrolladas por la aplicación de esta ley, no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y sus responsabilidades.

Sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo cual resulta una contradicción en sí misma.

Lo anterior constituye una evidente  posibilidad de ruptura del Estado de derecho, se crea un nivel intermedio entre el estado de normalidad democrática y el estado de excepción, al limitarse  en el control de las acciones sin ningún tipo de contrapesos, lo cual representa un riesgo para la seguridad  pública y el respeto a los derechos humanos.

De aprobarse esta minuta  se establecerá de manera permanente lo que en cualquier democracia es una  excepción, el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública.

En el grupo parlamentario del PRD afirmamos que la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil en concordancia con el artículo 21 de la Constitución  que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades  civiles, lo que excluye a las instituciones castrenses en tales tareas.

Es indispensable tomar en consideración la dimensión internacional de los derechos humanos, el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y establecer un modelo de seguridad humana, insisto, un modelo de seguridad humana que combata los altos índices de criminalidad, pero también de corrupción e impunidad en el que nos encontramos inmersos, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, con la obligación  a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

De observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control  difuso de convencionalidad y aplicar el método de interpretación  idóneo para garantizar el principio pro persona, eso es lo que establece nuestra Constitución, eso es lo que quieren borrar ahora con esta ley.

Esta misma reforma es la que en su Transitorio Cuarto, mandató al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de derechos y las garantías.

En la Cámara de Diputados debió ser valorada, ya que representa una salida fundada en la Constitución para situaciones excepcionales.

Lo que desde nuestra perspectiva es la vía constitucional y legal que permite  a un estado democrático de derecho, enfrentar aquellas situaciones y condiciones excepcionales que deben ser resueltas por decisiones y acciones de emergencia, y con el único fin de reestablecer la situación de normalidad.

Al respecto, es importante recordar que el Senado de la República, desde el pasado 9 de diciembre del 2015, remitió a la Colegisladora el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos;  de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, y  que desde nuestra perspectiva es la única medida para realizar acciones de seguridad interior acorde a la exigencia del constitucionalismo democrático contemporáneo, cuyos ejes principales deben tener al menos  los siguientes.

Esa minuta, esa minuta que está en la Cámara de Diputados, que fue trabajada aquí con mucha paciencia, con mucha dedicación, que fue aquí acordada por consenso de todas y todos  los 128 Senadoras y Senadores, porque cuando queremos, podemos hacer bien las cosas  en el Senado de la República, esa minuta de consenso  está congelada  en la Cámara de Diputados.

Decía yo que los ejes que se deben contener son al menos los siguientes, las situaciones por las que debe decretarse la restricción  o suspensión de derechos  y garantías, los actores que deben intervenir en la declaratoria de protección a seguridad interior, el procedimiento para la declaratoria, los principios que deberán observarse, los derechos y principios intangibles, el control jurisdiccional, la conclusión de las medidas decretadas. 

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, señor Senador.

Comprobada la existencia del quórum, ciérrese el sistema electrónico.

Concluya, por favor, Senador.

Ya atendimos la petición del quórum, Senadora, permítanos continuar con el debate.

Adelante, concluya, Senador, concluya Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Presidente, nada más descuénteme todos estos minutos que hemos estado perdiendo para poder  concluir.

Estos parámetros mínimos congruentes con un estado democrático de derecho, son los que desde el PRD consideramos correctos para referir la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de lo establecido  en la Constitución.

Es imperativo que la Cámara de Diputados concluya el proceso  legislativo que mandata el artículo Cuarto Transitorio de la reforma del 2011, donde indica que desde junio del 2012 debió expedirse la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Públicamente como grupo parlamentario hemos respaldado diversos pronunciamientos de organizaciones civiles mexicanas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales como la ONU, desde el alto, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que externó también su preocupación ante la impunidad que prevalece  respecto a las actividades de las Fuerzas Armadas en México, en tareas de apoyo en materia de seguridad pública.

Estas y otras organizaciones señalan enfáticamente el riesgo de aprobar una ley  de seguridad interior como la que está a discusión en este momento.

Para el grupo parlamentario del PRD, es claro que ante el fracaso de la presente administración  para garantizar el derecho a la seguridad pública y poder reconstruir el tejido social lastimado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y ante el aumento de los índices delictivo, no sólo derivados de la delincuencia organizada, sino también del fuero común, prevalece una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública.

Los resultados de esta política demuestran graves casos de tortura, de tensiones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones por parte de algunos efectivos militares, como lo han señalado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Durante cinco años esta administración no logró ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto se optó por un modelo centralizado, se equivocó al transferir directamente las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y otorgarlas a la Secretaría de Gobernación.

Todas estas consideraciones nos llevan a disentir de lo que seguramente será una mayoría en favor de esta minuta, se debería valorar la pertinencia de expedir una legislación diferente a la que está en consideración ahora, una que permita regular la seguridad humana, el uso de la fuerza, coordinar las tareas de inteligencia, investigación, obligar a la transparencia y dotar de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las Fuerzas Armadas.

Antes de aprobar una ley que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública que por mandato de la Constitución le están impedidas.

¿Dónde está el mando mixto?

¿Dónde está alguna alternativa para ir a resolver el tema de la seguridad pública?

 No hay en este momento ninguna alternativa.

En mérito de lo expuesto solicitamos, Presidente, tenerlos por presentados con el presente voto particular del grupo parlamentario del PRD en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene la Ley de Seguridad Interior.

Y por obvio de tiempo le entrego la versión completa, le pido sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador.

Servicios Parlamentarios integre al Diario de los Debates la intervención íntegra del Senador Luis Sánchez.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Ya que no trae lentes, mi querido Presidente, entonces, por favor, y no lo vea a simple vista, le pido nuevamente rectifique, porque entraron y salieron.

Es que está en la Ley Orgánica.

Acabo de contarlos, tengo el video, son 41 Senadores.

No puede ser.

Que sean responsables, es lo mínimo que pueden hacer en una ley tan importante.

Estoy mandando los videos para que vea la ciudadanía cómo está vacío este salón.

Es una burla.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Hemos atendido su petición.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Es que no necesitaría ni pedir abrir el tablero.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Rocío.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Presidente, solamente la compañera no registró asistencia, cómo está pidiendo la voz.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Nada más para que quede claro y aceptado.

Las Senadoras y los Senadores han hecho un pase de lista, se ha rectificado el quórum y tenemos quórum, pero de la bancada que los señalan llenan los escaños con asesores.

Pido y solicito que los escaños sean ocupados por los titulares de los mismos y no por los asesores.

Es cuanto.

Gracias, mi Senador.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Adelante, Senador Manuel Bartlett, para su intervención.

Senadores, favor de poner atención al orador.

Continuemos con el debate.

Adelante, Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Senadores y Senadoras.

A principios de 2017 nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar ni siquiera por ese pluralismo en el Senado podemos tener ese tipo de participaciones.

Esperamos que democráticamente este voto particular sea al menos discutido en este Pleno democrático y supuestamente plural.

En esa iniciativa que es nuestro voto particular, en más de 200 páginas que hemos presentado ya a la mesa pidiendo que se publique en el Diario Oficial del día de hoy, hacemos un estudio pormenorizado del tema, abordamos lo siguiente.

Las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, esas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos, y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan estados policiacos militares.

No se tomó en cuenta y lo ocultan y callan.

Exponemos de acuerdo a documentos académicos y políticos en los Estados Unidos lo que es un Estado policiaco militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las Fuerzas Armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas trasnacionales y, además, garantizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control militar del continente.

Definimos y distinguimos de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional.

Precisamos lo que es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación de los derechos humanos, ahí está perfectamente establecido.

El juicio histórico para el militarismo es negativo, contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos.

Cinco. Abundamos ampliamente en la evolución de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus impactos en los países de América Latina, hacemos un estudio ahí comparado de la influencia de la doctrina de seguridad nacional en la Unión Europea.

Realizamos un análisis de derecho comparado sobre los estados de sitio, que es en lo que vamos a terminar, y sus diferencias con los estados de emergencia, asuntos constitucionales que nunca se tratan.

Explicamos cómo se ha ido construyendo el Estado Policiaco Militar en México después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por ejemplo, nuestra integración de facto al Comando Norte de los Estados Unidos.

Los acuerdos inconstitucionales que dieron lugar al ASPAN y a la Iniciativa Mérida, así como los cambios jurídicos nacionales para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional en 2004 y 2005.

Exponemos ahí la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos una crítica a sus principales resoluciones en la materia, nadie lo quiso ver.

Analizamos y criticamos todas las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas para aprobar la Ley de Seguridad Interior, lo hicimos con todo cuidado, nadie lo quiso ver.

Exponemos que en esas iniciativas se violentan los artículos 1, 21, 73, 119 y 129 de la Constitución, e infringen principios en tratados y resoluciones de organismos supranacionales de derechos humanos. Aquí han estado presentes demandando el rechazo de esta iniciativa, nosotros lo hicimos en aquel  tiempo.

Abordamos los costos de la militarización en México, que tampoco se analiza en términos de afectación a los derechos humanos, los costos sociales que han implicado miles de muertos, desparecidos y desplazados.

También con datos oficiales exhibimos el aumento en el gasto militar en los últimos años en detrimento del gasto de educación, salud y producción y protección de los derechos humanos.

Demostramos que es una mentira oficial, que es una mentira oficial que no tengamos policías. Aquí se dice: “no hay policías, tenemos que sostener al Ejército”, mentira.

Existen en este momento 55 mil policías y federales; 213 mil policías estatales y 134 mil policías municipales, pero no quisieron verlo, y quisiera dar cuenta de que hubo una tendencia absoluta al gasto militar, pero están las policías, y están las policías que pueden encargarse de este país.

Finalmente, realizamos las siguientes propuestas que aquí nuevamente presentamos como voto particular, el dictamen alternativo al que presentan las comisiones unidas.

Proponemos, desde entonces, pero no lo han querido dictaminar porque así se procede en este Congreso, solamente imponen lo que ordena el Presidente de la República y no atienden los planteamientos plurales y fundados de los diversos Senadores de este Pleno.

Proponemos: derogar las facultades del Congreso de la Unión, previstas en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional, para aprobar leyes en materia de seguridad nacional.

La seguridad nacional, como es entendida por las Naciones Unidas y no por la vieja y nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es la que están imponiendo hoy, es una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles de acuerdo con sus competencias.

En una democracia constitucional el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo, y el órgano el control constitucional y no las Fuerzas Armadas.

Se debe rechazar la guerra ofensiva, la Constitución de la República sólo permite la guerra exterior en legítima defensa.

¡Ah! Pero este vuelco a los principios de seguridad nacional ya no tenemos enemigo exterior, ni supuestas amenazas, acechanzas o posibilidades de un enemigo exterior.

No, todos los enemigos, dice la seguridad norteamericana, son los enemigos interiores, los propios mexicanos.

Período de paz, digo, las Fuerzas Armadas en el ámbito interno podrán tener mediante una reforma constitucional las siguientes facultades:

Intervenir en situación de suspensión de garantías, que se alarman cuando les decimos: ¿quieren solucionar estos problemas, como le decíamos al gobernador de Guerrero? Lo único que tienen que hacer es pedir una suspensión de garantías.

Pero la suspensión de garantías tiene un control del Congreso, no tenemos un Presidente aspirante a dictadorcillo con el  manejo personal de las Fuerzas Armadas. No. Hay mecanismos en la Constitución, que es la suspensión de garantías.

No quieren, porque la suspensión de garantías, como veremos, implica el control del Congreso, y en el caso de lo que están proponiendo no hay ninguna garantía, es el dictador Peña Nieto con sus huestes militarizadas el que puede decidir lo que se le dé la gana.

Eso, así empezaron en Chile, ¿eh? con este tipo de medidas.

Pueden intervenir en la suspensión de garantías, intervenir en situación de suspensión siempre subordinadas, siempre subordinadas a las autoridades civiles y al sistema normativo.

Participar en la intervención federal, prevista en el artículo 119 de la Constitución, con supervisión de las autoridades civiles por siete días en los términos del primer párrafo de esa norma.

Cumplidos los siete días, sin que exista solución en la entidad federativa o región de que se trate, se debe iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, no aplicar la suspensión de manera permanente en todo el país.

En caso de amenazas y riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud, educativas, en esto último supuesto, que sí pueden participar la autoridad militar, actuará sin armas y estará subordinada de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad, el Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales y establecidos en la norma fundamental.

En el plazo de tres meses, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República deberán regresar a sus cuarteles en los términos del artículo 129 de la Constitución, a sus cuarteles, sí, sin que puedan atender tareas de seguridad pública de ninguna otra manera porque no está comprendida en los supuestos constitucionales la posibilidad de las Fuerzas Armadas en todas las funciones de seguridad pública.

Las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, deben reasumir sus facultades, reasumir sus facultades en materia de seguridad pública.

La autoridad que no pueda resumir sus competencias, la autoridad que no pueda resumir sus competencias, como son el gobernador que estuvo aquí hace unos días, integralmente no puede, lo que debe comunicar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente al procedimiento de suspensión de garantías.

Además de iniciar, respecto al gobernador, iniciar, respecto al gobernador, los presidentes de juicio político y de responsabilidades que correspondan por el abandono a la seguridad de su propio territorio, se deben declarar nulos por inconstitucionales, por no haber sido conocidos, discutido y aprobados por el Senado todos los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública, suscritas por el gobierno de la República.

Fox, Calderón y Peña Nieto están operando inconstitucionalmente y los acuerdos que establecen esta hegemonía norteamericana son inconstitucionales, deben declararse nulos por inconstitucionales.

En México, decíamos entonces, y hoy lo repito, se debe constituir una comisión de la verdad que debe investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos, por montones en éste y en el anterior sexenio, respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que haya ocurrido con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Es normal, un juicio de responsabilidades a quienes han echado a andar esta maquinaria infernal que tiene a México sumido en una desgracia brutal y que les es muy fácil decir: “más violencia, más fuerza, exterminémoslos a todos”, esa es la respuesta de esta iniciativa o este dictamen que se está poniendo a discusión.

Se deben de aprobar de inmediato las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización y de carrera policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno, que tampoco estaba, ahora lo pretenden meter en un Artículo Quinto Transitorio que nadie conoce y que lo presentan como gran solución de última hora.

Como ven ustedes, esta iniciativa, que es voto particular, la presentamos hace dos años y no la tomaron en cuenta, y es una salida constitucional respetando a nuestras instituciones, y no esa guerra de usura a las que nos ha sometido los Estados Unidos, en donde van destruyendo nuestras instituciones, el federalismo, al Congreso de la Unión, los municipios quedan sometidos, y de eso se trata.

Más adelante les platicaré lo que es la guerra de cuarta generación para que se den cuenta de que están destruyendo las instituciones del país, están destruyendo nuestros sistemas de justicia, están destruyendo a los gobiernos de los estados, que ciegos y sordos aquí se quedaron callados proponiendo algunos pequeños cambios que ni si siquiera a esos le hicieron caso.

Ese es un punto de acuerdo, de verdad, no adelanto el dictamen, no adelanto el debate, simplemente presento mi punto de acuerdo.

Y yo le pediría al señor Presidente, que pida, si se discute este punto de acuerdo, que, como verán ustedes es posible atender la seguridad de este país sin convertirnos en el país de Pinochet.

Muchas gracias señor Presidente, esperemos el voto.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores .Ávalos.

Senador, ¿le parece si una vez que terminemos  con este trámite que iniciamos de la dictaminación de esta ley ponemos y sometemos a consideración del Pleno su punto de acuerdo?

Le parece que cuando terminemos la discusión de este dictamen, procedemos con su punto de acuerdo, con mucho gusto.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Gracias Presidente, nada más para preguntar si el sentido del voto, porque no se ha argumentado cuál es el voto particular, y los votos particulares solamente son en contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tendríamos que, si me permite, desahoguemos el trámite en el que estamos; si se rechaza el dictamen que presentan las comisiones en lo general, entonces pasaríamos a realizar la votación a cada uno de los votos particulares, y en ese momento, si me permite, aclararemos en qué consiste cada una de las alternativas que los compañeros que están subiendo  a tribuna están presentando.

El Senador Isidro Pedraza Chávez  (Desde su escaño): Presidente, es muy claro el Reglamento, y lo único que le estoy preguntando yo es que nos informe a la Asamblea, apegado al Reglamento, con qué objeto va a hacer uso de la palabra el orador que se ha anunciado, porque se puede solamente hacer reservas de votos particulares, son en contra, y no puede haber votos particulares a favor.

Esa es la precisión que yo le pido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El voto particular que presentará el Senador Flores, pues es una alternativa en caso en que el dictamen sea rechazado, deje que tome la tribuna y que nos explique en qué consiste.

Es un derecho, como el de todos nosotros registrar un voto particular, el Senador Flores que suba a la tribuna y nos explique en qué consiste su voto particular.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): A ver, yo siempre escucho con atención al Senador Flores, aporta mucho razonamiento  jurídico. Pero es cierto lo que dice Pedraza, parece que ya al final del Senado ya le sabe bien.

Cuando yo fui presidente, Benjamín Robles inauguro, hace mucho, él inauguró los votos particulares a favor. Cuando el Reglamento del Congreso establece que sólo puede ser en contra, porque lo demás ya se un debate en los general, sólo esta consideración, y yo sin duda que no serán 20 minutos de escuchar al Senador Flores sin que se aproveche, no tiene desperdicio cada que habla.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, me quedo con su última consideración, y escuchemos al Senador Flores, que seguramente su posicionamiento explicará en qué sentido considera su posición alternativa al dictamen que estamos discutiendo y debatiendo.

Adelante, Senador Flores.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Sí, aunque les moleste. Esta es una ley muy sentida, peligrosa; la ciudadanía está atenta en estos momentos, y es una vergüenza que este Senado quiera nada más imponer la  ley sin debatir. No están presentes quienes la defienden, no les importa, ese es el sentido de su ausencia.

Usted es muy estricto y quiere que cuando está uno presente tiene que votar, que no estás obligado, no lo dice ninguna ley, pero sí, la ley es muy clara, en el 59, y cuando a simple vista no hay quórum, debe levantarse la sesión, y es muy poco, no es ético que vienen, pasan lista y se vuelven a ir de inmediato, empezando por la burbuja, mire, está vacío, ahí.

Entonces, creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de los Senadores, y, le pido nuevamente que se vuelva a llamar a quórum, y se les pida que permanezcan en el lugar, porque si no estaremos insistiendo, y apegados a la ley, le pido que vuelva a rectificar quórum; a simple vista no lo hay, debería suspenderse la sesión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Sansores.

Atendiendo a su petición, voy a pedir, de acuerdo a lo que establece el artículo 58, que es lo más parecido al momento en el que estamos.

Que se abra el sistema electrónico para verificar quórum, hasta por 90 minutos, y mientras procedamos a desahogar el debate en el que estamos.

(Se abre el sistema electrónico)

Gracias.

Adelante Senador Flores, por favor.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño):  Presidente, en la facultad de usted está el ordenar  la apertura del reloj, nada más que yo escuché 90 minutos, son dos horas, una hora y media.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto, es correcto, Senador.

Es correcto, de acuerdo al artículo 58, que es cuando se abre el registro para registrar asistencia, que es lo más parecido a la situación en la que estamos, que es verificar la presencia y asistencia de los Senadores, en ese sentido estoy actuando de acuerdo al 58, que se abra el sistema electrónico de votación por 90 minutos, y mientras permítanos, dada la importancia de esta ley, permitamos a los compañeros que hagan uso de la tribuna y expongan sus ideas, y escuchémoslos con respeto.

Adelante, Senador Flores.

El Senador Héctor Flores Ávalos: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Quiero empezar mi intervención reconociendo que efectivamente me gustaría que no estuviéramos discutiendo este dictamen.

Me gustaría sinceramente que en este Senado de la República, habláramos de otros temas, del fortalecimiento al federalismo, de una reestructura del sistema federal, que reconozca, por ejemplo, la facultad de los estados, de gravar el consumo o una parte de la renta.

Pero siempre sobre la base de gobiernos locales que ya son responsables con sus finanzas, y sobre todo, que han evolucionado positivamente y dejado atrás toda sospecha de malversación.

Ojalá el tema de un debate tan acalorado, tan intenso y que despierta tanta pasión fuera algún otro, relacionado con educación, con fomento económico, con modernidad y con desarrollo, en una palabra.

Pero la realidad es otra, estamos frente a un escenario sumamente complejo que parte de reconocer y hay que decirlo con claridad, una tragedia.

Gobiernos de todos los partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha; a nivel federal, estatal o municipal durante muchos años no han sabido construir una respuesta duradera para brindar plena seguridad a la población.

Es un tema que  ha sido responsabilidad de todos, y si  me permiten decirlo de esta forma, no considero que alguna fuerza política podría exculparse de este problema.

México enfrenta un tema de seguridad interior desde hace décadas. Hay desde luego diversas opiniones sobre las causas que dieron lugar a ello, pero a este momento resulta indudable que la capacidad de los estados y municipios para hacerse cargo de la tarea fundamental y primaria que constituye el proveer condiciones mínimas de seguridad a la población ha sido considerablemente mermada, en algunos casos, y en otros incluso anulada.

Principalmente frente a la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, al secuestro o a la venta ilegal de combustibles, recientemente.

Las organizaciones criminales han minado policías locales, estatales y municipales, se trata de una amenaza que cuenta con recursos financieros para corromper o violentar voluntades o incluso para incrementar considerablemente su capacidad de fuero. Ese es el tamaño y el tipo de enemigo que enfrentamos.

Desde luego pueden hacerse críticas a la estrategia que se ha seguido, se pueden, y yo agregaría: se deben cuestionar los despliegues de la fuerza castrense a lo largo del territorio nacional y en operativos supuestamente planificados, que ante la búsqueda de generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones, no han aportado una solución efectiva y de largo plazo.

Los resultados han ocasionado datos preocupantes sobre el aumento en la tasa de homicidios, al igual que sobre denuncias de violaciones graves a derechos humanos, tales como detenciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, entre otras, lo que pone en evidencia, decía y recalco, la necesidad de cuestionar y revisar dicha estrategia en forma integral para mantener el orden público y la seguridad en el país.

Sin embargo, lo que hoy se tiene es una condición de debilidad de las capacidades institucionales locales en determinadas zonas del país, debilidad que, primero, coloca al ciudadano en un riesgo inadmisible frente a grupos criminales que son, eso sí, el mayor enemigo.

Esa condición lamentable, y en algunos casos trágica de debilidad, ha sido atendida por el Gobierno Federal, principalmente a petición de las autoridades locales que se han visto rebasadas o simplemente comprometidas en su capacidad de respuesta, lo que ha generado efectivamente la presencia de personal militar a lo largo y ancho del país realizando en los hechos tareas que no tienen una regulación específica, y que peor aún, resalto, pero aún son producto de la utilización discrecional de facultades por parte del Presidente de la República.

Hoy se tiene una presencia militar en estados y municipios sin condiciones de certidumbre o de certeza jurídica sobre la causa que obligó al despliegue, la temporalidad de su permanencia o los protocolos a que habrán de ajustarse.

Este aspecto de la discrecionalidad del Presidente para disponer de las Fuerzas Armadas no es menor.

Escuchaba hace un momento a un colega Senador, a quien respeto, y respeto mucho, hablaba sobre la participación del Ejército en eventos lamentables de los años 50s, 60s y 70s, de todos conocidos, pues es precisamente la discrecionalidad y la falta de controles lo que en su momento propició que eso ocurriera y que se generara además un nivel de desinformación que no sólo incrementó la zozobra y la incertidumbre de la población, sino que sobre todo minó la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, particularmente en sus Fuerzas Armadas.

Esa es la parte que consideramos de enorme importancia analizar, discutir y resolver en el dictamen que se presenta.

La incertidumbre que hoy se vive en México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, genera una situación anormalidad constitucional que debe resolverse.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso, así lo dijimos y así lo dialogamos con los integrantes de las comisiones dictaminadoras.

Advertimos fundamentalmente dos aspectos: Uno, relacionado con la protección y salvaguarda de los derechos humanos bajo la aplicación de la ley; y el otro, relacionado con los límites a la libre manifestación de las ideas.
Después de una amplia discusión con los integrantes de estas comisiones, se lograron avances importantes que, en lo personal, considero de una gran relevancia.

Primero. Se modificó la redacción del artículo 7 constitucional para aclarar que, efectivamente, el respeto, el resguardo de los derechos fundamentales tendría que estar directa, directamente referido a la norma constitucional y a los tratados internacionales de los que México es parte.

Segundo. Se modificó, efectivamente, el artículo 8 para sustraer la limitante que constituía sujetar las manifestaciones sociales a una condición pacífica que no encontraba sustento constitucional.

Estos, al igual que el resto de las modificaciones realizadas durante el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se consideran importantes avances en la construcción de la ley.

Sin embargo, y es la materia del voto particular, existen otros aspectos en los que debe profundizarse.

Primero. Los niveles de coordinación con las autoridades locales.

Segundo.  La permanencia o la temporalidad de la presencia de las fuerzas federales en el ámbito local.

Tercero. El debido restablecimiento de las capacidades de las autoridades locales.

En ese sentido, consideramos de la mayor relevancia entrar de inmediato al análisis de estos tres planteamientos, aun reconociendo que la materia de seguridad interior es competencia federal, de lo cual no tengo duda, y que corresponde a las autoridades de esa esfera competencial encargarse de su ejecución, lo cierto es que este proyecto no prevé suficientes mecanismos de coordinación que garanticen un adecuado aterrizaje en la esfera local, que salvaguarde la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios y, sobre todo, la posibilidad de que sean analizadas y atendidas sus sugerencias para la solución de una problemática que les es propia.

Por otra parte, si bien es atendible que el Presidente de la República tenga la facultad de prorrogar los efectos de la declaratoria de protección de seguridad interior cuando subsistan las causas que le dieron origen, también debe analizarse la conveniencia de que no exista ningún límite o control a esa prórroga, que abone a la certidumbre jurídica, tanto de las fuerzas federales desplegadas, como también y, sobre todo, de los propios gobernados.

Finalmente, preocupa que no se atienda con profundidad el problema del restablecimiento de las capacidades locales, de las autoridades locales. Esta debiera ser la premisa fundamental de la ley, pues, queda claro que a medida en que los estados y municipios recuperen su capacidad de brindar las condiciones mínimas de seguridad para la población, podrán entonces hablarse de normalidad constitucional.

Concluyo, Presidente, diciendo que la intervención de las fuerzas federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que originalmente debieron satisfacer las autoridades locales, es un tema controvertido, incómodo y en cierta medida penoso, pero no por controvertido e incómodo o penoso lo debemos ignorar, al contrario, esta condición apremia a su solución.

Muchas gracias, Presidente.

Gracias, compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Le suplico corrija usted el procedimiento que ordenó, debido a que usted está registrando asistencia, y lo que se le solicitó amablemente fue la verificación del quórum.

La asistencia se registra una vez en cada Asamblea, y no quisiéramos creer que el reloj parlamentario se adelantó y estemos ya tomando la asistencia del día viernes.

Entonces, digo, así como usted le hace, le hacemos nosotros también. Simplemente se le pidió la verificación del quórum, y usted está registrando asistencia.

Entonces, le pido se apegue al pedimento de la compañera, con apoyo de cinco Senadores, y lo registremos por el tiempo que señala el reglamento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez.

Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando quórum.

El reglamento no establece el tiempo para abrir el sistema electrónico para verificar quórum, y está sujeto a la interpretación de esta Mesa, en mi interpretación, lo más parecido a la verificación del quórum, es el registro de asistencia.

Entiendo, perfectamente que esto no es registro de asistencia. Está abierto el tablero electrónico por 90 minutos para que podamos verificar el quórum.

Yo lo que les pediría es, en virtud de la importancia de este dictamen y de esta discusión, escuchemos a los compañeros. Yo creo que esa es la esencia de un Parlamento, que podamos discutir, debatir y no estar discutiendo si el tablero se abre por 90, 10, 15 o 20 minutos.

Creo que el Reglamento, y le pediría que lo leyera con puntualidad, en ningún momento dice cuál es el tiempo mínimo máximo para abrir el sistema electrónico a la hora de la verificación de quórum.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Con el debido respeto, en otras asambleas, siendo usted Presidente en otros trabajos legislativos, usted ha ordenado el procedimiento que se le está pidiendo, la verificación del quórum.

Y yo recuerdo que usted, en algunas ocasiones, llegó a declarar que no había quórum e intempestivamente se han suspendido asambleas.

Yo le pido, que así como usted señala, debido a la importancia de esta Asamblea y debido a la vigilancia ciudadana a la que estamos siendo sujetos, haga usted la verificación  del quórum de acuerdo al criterio establecido, al criterio que usamos nosotros como legisladores y no abriendo un registro de asistencia por 90 minutos.

Se lo pido de manera comedida.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando  quórum y con el único afán de poder desahogar esta discusión y de escuchar los argumentos en la tribuna de los compañeros, que me parece que eso es lo más importante  en este momento, es que abrimos la verificación de quórum por 90 minutos, busque usted en el Reglamento y 50 con puntualidad, que tengo que sujetarme a un tiempo mínimo, máximo para verificar quórum, con todo gusto atiendo su petición, verá que no existe y está a la interpretación de esta Mesa Directiva, interpretamos que estamos verificando quórum por 90 minutos y yo les pediría que escuchemos los argumentos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar, para presentar su voto en particular.

Sonido en el escaño  del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo  Barbosa Huerta: Presidente, yo de verdad estoy convencido que la normalidad del procedimiento parlamentario provoca normalidad en todo lo que se genera y es una responsabilidad de la Mesa Directiva crear este ambiente, este resultado final.

Sí me preocupa que se tomen decisiones así que no tienen ningún fundamento, usted funda esta determinación de los 90 minutos a partir del 58, que se refiere al tiempo que debe de poderse registrar asistencia antes del inicio de su sesión y 30 minutos  más, así dice el 58. El 59 se refiere al tema de la verificación del quórum, lo dejo dicho para que no sea un antecedente.

Porque de verdad me parece un acto hasta de provocación, que establezca un tiempo de esta naturaleza, no tiene precedente, pero me acojo a que la Mesa Directiva interpreta, interpreta el Reglamento del Senado, y acepto y acato lo que usted dijo, porque tiene esa facultad aunque no esté de acuerdo con ello.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Presidente Barbosa, usted fue Presidente de este Senado y le agradezco mucho su comentario.

Me parece que en este momento está claro que hay el quórum suficiente para continuar con la sesión, pediría que se cerrara el sistema electrónico  y escucháramos a nuestro compañero el Senador Rabindranath Salazar.

Tiene el uso de la voz desde su escaño, la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Insistimos, lo que le dijo el Senador Barbosa es exacto.

Usted escribió un artículo y está equivocado, porque el artículo 58 es muy claro, es para la asistencia, yo esgrimí el 59, donde dice en ese momento, a simple vista no había, cuando habían pasado cinco minutos, habían 31 Diputados presentes… Senadores presentes.

Entonces a ese momento a simple vista cuando hay devoción por la legalidad, porque ustedes son muy devotos de la ley cuando les conviene, pero esto es un acto de marrullería y deja un precedente que provoca a que entonces, si aquí hay anarquía, pues vamos a ser anárquicos.

Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque usted no se está dando a respetar, nos inventa artículos que no existen, para nada más dar el tiempo, 90 minutos, no mejor convócalos a que todos vengan,  que estemos asistiendo a este debate, que cuando menos  escuchen los puntos de vista que son en contra de lo que ellos por la línea van  a votar como borregos, sin haber leído y sin saber de qué se trata, eso es lo que queremos y lo que le pedimos amablemente, respetuosamente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gándara.

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto  a todas y todos nuestros compañeros del Senado de la República, estamos hablando de respeto al Reglamento de legalidad y desde luego no de simulación.

Hay aquí gente que está hablando, Senadores de la República que no marcaron su verificación de quórum, su verificación, su presencia.

Le pido, señor Presidente, que cuando dé la palabra, pues se sepa que existe legalmente  en esa verificación la persona Senador o Senadora que hicimos la verificación de quórum y no puede ser que estemos hablando que no hay quórum cuando están hablando como si fueran, pues la verdad personas inexistentes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gándara.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidente.

Yo solamente le pediría a la Senadora Layda Sansores que nos respetemos entre todos.

Yo siempre, yo siempre la he respetado, creo que aquí hemos tratado siempre de cuidar las posturas, cada quien  sube a la tribuna, manifiesta si está a favor o en contra, se vale, pero que no nos descalifiquemos ni nos llamemos borregos unos a otros, porque podríamos entrar en un debate de descalificaciones, cuando el debate de fondo es tratar la Ley de Seguridad Interior  y la definición que cada legislador tome queda en su conciencia.

Entonces  con el respeto que yo le tengo  y que además, siempre he sido, siempre hemos tenido. . .

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Gómez del Campo, concluya, por favor su participación.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Bueno, solamente que nos respetemos, que guardemos, de verdad aquí la compostura, tiene que ser este un debate de altura, es un tema fundamental para los ciudadanos, efectivamente, para los ciudadanos.

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Compañeros, les  pediría que pudiéramos seguir desahogando esta sesión.

Le pediría al Senador Rabindranath Salazar, hiciera uso de la tribuna para presentar su voto particular.

Adelante, Senador.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Yo le pregunto al Presidente, tenemos ya, ¿contamos con el quórum, Presidente o esperaremos los 90 minutos?

Sí, Presidente, ante un debate tan importante  sí es importantísima la presencia  de los legisladores, pues para poder ver la posición de cada uno. Yo sí le pediría que siga abierto el tablero pues para ver con quién contamos y quién no.

Amigas y amigos Senadores:

En México requerimos seguridad sin guerra, en nuestro país, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, son un modelo de patriotismo, solidaridad  y lealtad, ejemplar ha sido su posición institucional en momentos de  tragedia, el auxilio a la población civil prestando su valiosa ayuda  en caso de desastres naturales para preservar  el orden, el auxilio de las personas y sus bienes, así  como para la reconstrucción de zonas afectadas mediante la activación del plan de auxilio a la población civil en caso de desastres conocido como el Plan DN-III.

Han coadyuvado también con las tareas policiales en el combate contra la delincuencia organizada, y lo más importante, la protección de las libertades, es decir, de nuestra soberanía nacional.

Son por estas y por muchas más razones que esos bonos de credibilidad no pueden seguir siendo dilapidados, cuando las Fuerzas Armadas se le exigen tareas que no les competen constitucionalmente, como es el caso de las funciones de seguridad pública, prevención  y persecución de los delitos.

Entendemos la preocupación de quienes han afirmado que al Ejército es preciso dotarlo del marco jurídico idóneo que permita una legal, viable y prudente inclusión de su presencia en labores que competen coordinadamente a la policía.

Particularmente en un momento tan complejo para nuestro país, donde la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico iniciada el pasado sexenio y donde las corporaciones policiales han sido rebasadas, cooptadas e ineficientes, generando una mayor escalada de violencia, desapariciones forzadas y violaciones graves  a los derechos humanos.

Sin embargo, esa preocupación no debe ser justificación para medidas con un grado extremo de desesperación como la que da cuenta en el contenido de la minuta de la Ley de Seguridad Interior, una ley sin sustento constitucional y con ambigüedad en la falta de controles  para la regulación del uso de la fuerza, como ya se ha venido mencionando.

Una ley que invade competencias constitucionales por parte de Fuerzas Armadas a ministerios públicos en materia de investigación y persecución de los delitos.

Una ley que no define de manera clara el término de uso de fuerza, por lo que el actuar de las instancias de seguridad interior ante cualquier situación no será proporcional e incluso irracional al no ajustarse a los estándares internacionales en la materia.

Una ley que por sus contenidos y entrada en vigor será objeto de una lluvia de amparos y acciones de inconstitucionalidad por sus contenidos totalmente regresivos a los derechos humanos.

Y contradictorios, además, con diversos artículos constitucionales en relación al debido proceso, a la protección de datos personales, a la máxima publicidad y a la falta de facultades por el Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, entre otras.

Son éstas y otras preocupaciones no solamente expresadas por mí o por mi grupo parlamentario del PT-Morena, pueden ustedes ver todos estos días la preocupación de la gente que se ha venido a manifestar en torno al Senado. Pueden ustedes ver la preocupación de la gente en las redes sociales, pueden ustedes advertir múltiples voces a nivel nacional como internacional, por ejemplo, los académicos de las universidades, el ombudsman nacional en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y por la comunidad internacional, tan es así que Amnistía Internacional y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, han advertido acerca de la regresión que significaría aprobar esta ley en los términos que viene.

Asimismo, tenemos también una copia del oficio que ha enviado la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Gebhardt, mediante una carta que ha remitido a todos mis compañeros Senadores donde ha expresado su preocupación respecto de la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior, ya que estimó que no se cumple con las recomendaciones que diversos organismos internacionales han emitido a México para resolver los retos en materia de seguridad pública.

Por otro lado, resulta preocupante que una vez más quienes son mayoría en este Congreso simulen tomar en cuenta las voces de expertos, académicos, universidades, gobernadores, y que de forma fast track, como en otros casos, pretendan aprobar una ley que lo único que generará es un retroceso al principio de progresividad inmerso en los derechos humanos.

La minuta que incluye la Ley de Seguridad Interior es un infortunio legal por donde se observe, en primer lugar, porque este Congreso no tiene facultades para discutir y aprobar una Ley de Seguridad Interior desde el ámbito del derecho constitucional mexicano para el Legislativo federal sus facultades son expresas y limitadas, es decir, para que nuestro Congreso de la Unión pudiera emitir la ley en mención se requiere de facultades inmersas en la Constitución federal; no obstante, el artículo 73 constitucional no le faculta expresamente a ninguna de las dos Cámaras la emisión de una ley en materia de seguridad interior, por lo que de legislar en esta materia traería como consecuencia un acto nulo.

Por otra parte, se pretende darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, lo anterior no garantizará una mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, ya que la nula ausencia de controles y la indebida regulación del uso de la fuerza permitirán que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para reprimir protestas, incluso pacíficas, de la sociedad civil, situación que concuerda con las declaraciones del General Salvador Cienfuegos.

Voy a leer textualmente lo que ha expresado el General en algunos medios de comunicación.

Leo textual.

“Se pretende regular a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, situación que desnaturaliza su función primordial que es defender la integridad, la independencia y, sobre todo, la soberanía de la nación”.

En suma, este Congreso no tiene facultades para legislar en la materia ya que se mezclan los conceptos básicos de seguridad interior pretendiéndola mañosamente hacerla parte de la seguridad nacional.

Preocupa además que esta ley pretende aprobarse previo a los comisiones federales y locales, considerados los más importantes en la historia reciente de nuestro país, por lo que resulta sospechoso militarizar al país y legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas ante posibles situaciones que atenten al orden constitucional y al fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno.

Lo anterior, sin lugar a dudas, puede concatenarse con el actuar de las autoridades electorales en los últimos procesos de los años 2016 y 2017, en donde como es costumbre quedó evidenciado por la sociedad la ineficacia de los encargados de evitar actos violatorios de la ley.

En dicho punto hoy resulta contradictorio emitir discursos legaloides para justificar la militarización del país y buscar un efectivo Estado de derecho, cuando hace poco más de un mes los que hoy cometen este atropello castigaron al Fiscal que se atrevió a aplicar la ley, al tiempo de evidenciar casos de corrupción y el uso indebido de recursos para financiar campañas electorales.

Sólo por recordar, más de 12 países han generado sanciones a diversos funcionarios desde generales, Diputados, vicepresidentes y presidentes, y tenemos lamentablemente conocimiento que nuestro país no avanza en la investigación en el lamentable acontecimiento de corrupción de Odebrecht.

La obligación pretendida en el artículo 31 de la ley en comento, a cargo de las autoridades federales, locales y municipales, incluso órganos autónomos de proporcionar a instancias de seguridad interior información confidencial de los ciudadanos sin mediar mandamiento u orden judicial alguno, además de ser inconstitucional y regresivo a los derechos humanos en materia de protección de datos personales será la puerta para poder intimidar y perseguir a quienes pretendan el siguiente año iniciar la lucha por un cambio verdadero para nuestro país.

Nos resulta preocupante la prisa por avanzar en la aprobación de lo que supuestamente es una importante ley para los mexicanos que contrasta con lo poco importante que es para la gran mayoría parlamentaria aquí presente en no tener Fiscal General de la República desde el 7 de octubre, así como también titular de la FEPADE.

Pendiente también el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, recuérdenlo bien, la ley que hoy se pretende aprobar es y será una de las más rechazadas por el sector social, organizaciones civiles, instituciones y órganos autónomos mexicanos, incluso por órganos internacionales, siendo su aprobación el reflejo de la incompetencia de los gobierno para contener la creciente ola de violencia, así como de la ineptitud y falta de voluntad para atacar de raíz los orígenes de la inseguridad que flagela a los mexicanos, tales como el desempleo, la desigualdad, la pobreza, la migración, la falta de oportunidades, el atraso educativo, entre otros.

Compañeras y compañeros Senadores.

Pregunto a ustedes:

¿Qué hay detrás de la aprobación de esta ley que legitima el totalitarismo en las calles a 200 días de las elecciones y que posibilitaría la represión de conflictos postelectorales?

¿Por qué se insiste con inusitado interés en aprobar una ley tan evidentemente inconstitucional?

Y finalmente, ¿por qué aprobar y decretar el fracaso de la política de seguridad pública militarizando por ley al país y exponiendo a una institución que ha basado su prestigio precisamente porque no realiza las funciones que estamos a punto de otorgarle?

Esas preguntas deberán responderlas de frente a la nación quienes voten a favor de esta grave decisión parlamentaria. Por lo pronto es evidente que el impulsor de esta legislación deberá ser considerado para la historia parlamentaria como el enemigo número uno del Ejército mexicano.

Por último, que quede claro, nosotros no estamos en contra del servicio y vocación de nuestras Fuerzas Armadas, sino que estamos en contra del uso faccioso e inconstitucional que se pretende dar a éstas. Por lo que no está de más recordarles que aquellos que avalen el presente dictamen cometerán un agravio contra nuestro pueblo.

Por lo anteriormente señalado, mi voto será en contra.

En México urge seguridad sin guerra.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Salazar.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia, señor Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

Sin duda, nos ocupa un asunto de la mayor importancia en nuestro actuar legislativo, estamos ante una pieza de legislación largamente delineada, puntualmente planteada y que ha propiciado la polaridad de los argumentos y la polémica, no sólo sobre el ordenamiento mismo, sino con respecto a la función constitución del Poder Legislativo Federal.

Quiero hacer un reconocimiento expreso a la tarea diligente, profesional y de alta, de miras, que ha campeado en la actuación de las comisiones dictaminadoras.

Nuestras compañeras y compañeros Senadores de las Comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina, de Estudios Legislativos, Segunda, tienen nuestro más amplio reconocimiento.

No me refiero únicamente a la recepción, dictamen y deliberación de la minuta de la Ley de Seguridad Interior, remitida por la Cámara de Diputados, sino por todo el proceso de conocimiento y análisis de las dos iniciativas en la materia que se presentaron en nuestras Cámaras, suscritas por los distinguidos compañeros Senadores Roberto Gil Zuarth y el Senador Miguel Barbosa Huerta.

A su vez, se siguió con disciplina y compromiso el proceso de análisis, deliberación y dictamen de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.

Este proceso, compañeros Senadores, abrimos distintos espacios para recibir puntos de vista de las organizaciones sociales y estudiosos de los temas de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Son ejercicios de diálogo que permiten conocer razones y enriquecer visiones, pero nuestra responsabilidad es resolver democráticamente ante este honorable Pleno.

Se ha actuado con seriedad, con profundidad, con convicción para aportar al país un ordenamiento que conjunte el apego a la Constitución y el sustrato de la realidad imperante para garantizar la seguridad interior de nuestro país.

Al apreciar la minuta de la Cámara de Diputados no podemos dejar de afirmar que se trata de un instrumento emanado específicamente de las reformas constitucionales del 2004, que establecieron la facultad del Congreso General para legislar en materia de seguridad nacional y que, también, determinaron las vertientes de la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación que integran el concepto de la seguridad nacional.

No podemos desligar la minuta a discusión de su naturaleza como un ordenamiento particular en materia de seguridad nacional.

No estamos ante la emisión de un ordenamiento en materia de seguridad pública, ni tampoco en la vertiente de la seguridad nacional que corresponde a la defensa exterior de la Federación.

Nos hacemos cargos de que en diversos ámbitos se ha señalado que la propuesta de Ley de Seguridad Interior tiene como propósito conferir a las Fuerzas Armadas responsabilidades de seguridad pública.

Se dice incluso que estamos en el umbral de la militarización de nuestro país, son presunciones y afirmaciones sin sustento que debemos controvertir, pero no sólo porque no les asista la razón, sino porque constituyen una ofensa que no merecen las mujeres y los hombres que integran nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea.

El papel de los indultos armados, como ejemplo, de patriotismo y servicio a la República en situaciones que ponen en peligro a la población o ponen en riesgo a las instituciones de nuestro sistema democrático de gobierno, no merece que se hagan juicios apresurados e irreflexivos sobre el ordenamiento que hoy estamos discutiendo.

Compañeros, ¿por qué hemos llegado a este punto?

Porque existen situaciones, estoy pensando ahora en las manifestaciones más peligrosas y violentas de la delincuencia organizada que pisotean los derechos de las personas y amenazan el funcionamiento de las instituciones públicas en el cumplimiento de los más altos objetivos, como son brindar seguridad a la población, garantizar el disfrute de sus libertades y proporcionar el desarrollo del potencial y capacidades de nuestro pueblo para alcanzar sus objetivos de desarrollo democrático, de crecimiento económico, de justicia social, de impulso al bienestar, así como el progreso de toda nuestra sociedad.

Permítanme exponerlo de una forma esquemática.

El Estado mexicano tiene al pueblo que lo constituye y da sustento, al deber de preservar la viabilidad de sus objetivos nacionales. Corresponde al Presidente de la República preservar la seguridad nacional, que incluye las acciones necesarias de seguridad interior.

Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo Federal puede disponer de ellas para salvaguardar la seguridad interior; y la seguridad interior puede estar en riesgo y ser objeto de amenazas por distintos factores, una epidemia de salud, un desastre natural, o la violencia contra la población de grupos delictivos pueden constituir esos riesgos o esas amenazas.

Pero el Estado mexicano es una Federación y tiene distintos órdenes de gobierno con competencias propias, en ocasiones concurrentes, en ocasiones coincidentes y en ocasiones exclusivas.

Sé que ahora observamos con mayor atención las manifestaciones delincuenciales que afectan la seguridad de las personas en nuestro país.

En lo esencial, la seguridad pública es competencia de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación; y la persecución del delito es competencia de las entidades federativas en lo local; y la Procuraduría General de la República en lo federal.

Pero el ciudadano de cualquier de las entidades federativas representadas en este Honorable Senado es uno solo e invisible, es ciudadano en el municipio, en la entidad federativa y en la República, no hay parte de él que sólo sea municipal, o que sea local, o sólo sea federal, y el problema que enfrenta es el deterioro de las condiciones necesarias para vivir y desarrollarse en un ambiente de paz y tranquilidad social.

Ante esa descripción, que puede no ser lejana en lo que ocurre en algunas comunidades de nuestro país, distintos integrantes del Poder Legislativo propusieron expedir la Ley de Seguridad Interior para atender una doble preocupación: por un lado, la necesidad impostergable de construir en donde no existen y de fortalecer las que ya existen, las instituciones de seguridad pública.

Y, por otra parte, otorgar, nuestras Fuerzas Armadas, la certeza del orden jurídico sobre la estricta naturaleza de su colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante manifestaciones de la delincuencia organizada, que para el Estado mexicano constituyen una amenaza de seguridad interior.

Si la situación que se enfrenta en una determinada entidad federativa o región de nuestra República implica una amenaza a la seguridad interior, podría desarrollarse el procedimiento que permita sustentar con certeza el papel que frente a esa amenaza desarrollaran las Fuerzas Armadas, siempre sobre la base de la insuficiencia, de las capacidades ordinarias, para hacerles frente.

Y esa determinación se encuentra vinculada a un elemento que en muchas entidades federativas no ha sido elusivo conformar las instituciones de seguridad pública que se requieren para hacer frente a las funciones de prevención del delito, de vigilancia para el imperio de la ley; de inteligencia ante el fenómeno delictivo y, en su caso, de reacción frente a quienes recurren a la violencia en la secuela de las conductas delictivas.

Si las Fuerzas Armadas permanentemente van a actuar, es porque existe una amenaza a la seguridad interior, y si esa amenaza a la seguridad interior está vinculada con las insuficiencias  y deficiencias institucionales de los órdenes local y municipal, deberán adoptarse a las medidas indispensables para superar esta situación.

Hay una experiencia que estamos incorporando en la normatividad, también de carácter doble, con el cual queremos descubrir un panorama de incentivos correctos.

Para  la Fuerza Armada permanente la sujeción de su esfera de actuar para perseverar la seguridad interior, y, por ende la seguridad nacional.

Y, para las autoridades responsables de la seguridad pública, el objetivo ineludible de construir sus propias capacidades institucionales con una programación cierta para el tiempo y evaluable en los resultados para honrar su compromiso con  la comunidad, con la sociedad que sirven.

También se ha mencionado que en esta ley se contienen elementos que ponen en riesgo la efectiva vigencia de los derechos humanos.

Compañeros, no comparto esas consideraciones, de ninguna forma la ley implica que dejará de tener estricta aplicación para toda autoridad lo dispuesto por el artículo 1 de nuestra ley fundamental, que establece el reconocimiento a los derechos humanos  a toda persona que se encuentre en nuestro territorio sea porque contengan en la propia Constitución o en los tratados internacional de los que formamos parte y específicamente en lo relativo a los derechos humanos y sus garantías, no puede suspenderse ni restringirse, sino en los términos de qué manera expresa establezca  nuestra norma suprema.

Compañeras, compañeros Senadores:

Quiero insistir que frente a ciertos hechos y situaciones lo que está en peligro de la marcha del Estado mexicano para la consecución de los objetivos nacionales, que nuestro pueblo se ha dado libre y democráticamente, situaciones de amenaza a la seguridad interior, y esa amenaza agravia, vulnera y en muy lamentables ocasiones transforma a nuestras y nuestros compatriotas en víctimas; de hecho de la delincuencia en común y de la delincuencia organizada.

El hilo vinculante entre el reto de construir y fortalecer estas instituciones y vulneración a libertades y derechos fundamentales de las personas es afirmar que se debe garantizar la seguridad interior de nuestro país.

Por eso, compañero, nosotros en el Partido Verde votaremos a favor, les pido a ustedes su reflexión para lograr esa aprobación.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Aréchiga.

Tiene el uso de la tribuna a nombre del Partido de la Revolución Democrática la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, con su venia, señor Presidente.

Todo diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa. El poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas.

La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos, desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.

Al Estado se le entregan poderes legítimos de uso de la fuerza, precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos mencionados.

La fuerza legítima se usa a favor, nunca en contra de los derechos; de lo contrario, ya no es legítima.

Surgen así dos obligaciones del Estado: neutralizar el uso de la fuerza por parte de los actores privados, y evitar el uso propio  de la violencia en formatos no legítimos.

Entonces, el Estado puede usar la fuerza, pero no puede hacerlo de ninguna manera, de cualquier manera, ya que de lo contrario él mismo incurriría en aquello que está llamado a evitar.

De allí el principio de la racionalidad, racionalización del uso de la fuerza el cual se traduce en conceptos y reglas de control que envuelven la violencia al Estado en formatos restrictivos, es decir, en normas que trazan un continuo que empieza por el menor y van al mayor uso posible de la fuerza.

Los países diseñan normas para asegurar estos formatos,  y la comunidad internacional hace lo propio, no hay uso legítimo  posible de la fuerza sin reglas.

El mandato normativo nacional e internacional del uso racional de la fuerza asigna a la institución armada-civil denominada policía, el rol regular, la protección a la ciudadanía. Ahí comienza en el extremo mínimo posible el uso de la fuerza, y el mandato mencionado, el mandato mencionado asigna a la institución armada militar, el rol de uso máximo de la fuerza en escenarios no regulares, ¿cuál es el caso de la guerra entre estados o interna?

Nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es clara en ese sentido.

En primer lugar el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

Este precepto constitucional fue reformado en el año 2006, por  lo que cualquier tesis jurisprudencia o considerando de acción de inconstitucionalidad que pretendan hacer valer para justificar la presencia de los militares en las calles haciendo labores de policía, no es vigente; por más que se esfuercen en invocarlas.

La acción de inconstitucionalidad  1/1996 se determinó previo a la modificación del  artículo 21, y especialmente a la materia de derechos humanos que se reformó en 2011.

Hoy, la perspectiva  de derechos humanos obliga a la Corte, por cierto a resolver de manera diferente.

La Constitución hace una distinción muy tajante, muy radical entre tiempos de paz y tiempos de guerra.

En tiempos de guerra a partir de una declaración aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión en términos de los artículos 73 y 89 de la Constitución, el presidente en su carácter de Jefe de Estado declararía que estamos en guerra, y esto permitiría la movilidad de las Fuerzas Armadas del país por todo el territorio nacional.

Por otro lado, en uso de la facultad conferida al Presidente de la República en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución puede emitir una declaratoria, únicamente, en  materia de seguridad nacional, así lo establece el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2002, por el que se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73, fracción XXIX-M, y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Por cierto, aquí tenemos, en este Senado de la República, a quien presidía la Comisión de Puntos Constitucionales, en ese entonces, hoy, el Senador Manuel Bartlett.

Nunca, en ese dictamen, se refirió, por cierto a la seguridad interior, como aquí se quiere entender. Todo el dictamen suyo, como Presidente, fue basado en seguridad nacional.

Señoras y señores Senadores:

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que esta ley establece, no tiene sustento constitucional.

Repito. La única declaratoria que puede emitir el Ejecutivo, es en materia de Seguridad Nacional.

La Constitución es clara. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar.

El Constituyente del 57, y en especial, al emitir su voto particular, Ponciano Arriaga, estableció: “El que suscribe ha creído siempre, como ahora cree, que el poder militar debe ser enteramente pasivo”.

Como ustedes saben, señoras y señores, seguramente recuerdan el voto particular de don Ponciano Arriaga, que fue aprobado expresamente por una mayoría de 74 contra 5 votos, así como voto particular, y por tanto, desde ahí el Constituyente del 57 quedó vinculado a estos mismos extremos.

Quienes argumentan que el uso de las Fuerzas Armadas está sujeto a los criterios de excepcionalidad y temporalidad, son falaces en sus argumentos.

Primero. La ley perpetúa el uso del Ejército y la Marina en funciones de Seguridad Pública. No hay excepcionalidad ninguna.

Estamos normalización de las Fuerzas Armadas a las calles para revisar tareas de policía, e incluso de primer respondiente, es inconstitucional, e invierte el principio de uso racional de la fuerza dominante en el mundo democrático contemporáneo al ubicar el instrumento de uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgo del exceso.

No hay excepcionalidad ninguna, cuando en más del 75 % del  territorio nacional, las Fuerzas Armadas se encuentran haciendo labores de seguridad pública.

Este es el mapa, este es el mapa. Todo lo rojo, ahí están las Fuerzas Armadas.

Este es el mapa de la verdad de la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas.

No hay excepcionalidad ninguna.

Esta anomalía comenzó, por cierto, hay fechas históricas que tenemos que recordar, el 12 diciembre de 2006, con Felipe Calderón. Ese sexenio terminó, por cierto, con diez entidades federativas con presencia militar, hoy tenemos 28 entidades con Fuerzas Armadas teniendo labores de seguridad pública.

Segundo. Emitir una declaratoria por un año, y emitir otra al año siguiente, no cumple con el requisito y el criterio de temporalidad. Es una simulación que se cubre con un simple requisito administrativo, sin control, sin contrapesos.

En relación al criterio de subsidiaridad, en efecto, las Fuerzas Armadas están y estarán haciendo labores por defecto de las policías.

Ergo. Las Fuerzas Armadas están y estarán en labores de seguridad pública. Sus mismos argumentos les desnudan, entre otras razones, entre otras razones, porque no hemos atendido el problema fundamental de no tener las corporaciones policiacas que se dediquen a hacer su tarea de garantizar el derecho de la seguridad pública de las y de los mexicanos.

En todo caso, la verificación de cualquiera de estos criterios, tendría que ajustarse a algún control, y en esta ley no hay controles, ni parlamentarios, ni jurisdiccionales, ni de ningún tipo.

Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Once años con las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía, nos han dado más que números y estadísticas, nos han dejado miles de muertos, miles de personas desaparecidas, miles de personas desplazadas de manera forzosa, miles de violaciones a los derechos humanos y ha acrecentado los niveles de violencia a tasas que no veíamos desde hace 20 años. Esa realidad, señoras y señores, no lo podemos ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo.

La ley que hoy pretenden aprobar con la denominación de Ley de Seguridad Interior, crea un concepto ambiguo, oscuro e híbrido entre la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública.

No hay nadie en este Pleno, nadie, ni siquiera los promoventes, que pueda determinan con precisión qué es la Seguridad Interior, mucho menos con las definiciones que la ley establece, mezclando términos de Seguridad Nacional con aquellos que justifican suspensión de garantías, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Carta Magna y, con lo que en los hechos es Seguridad Pública.

Ayer mismo, en la reunión de Comisiones Unidas, debemos recordar, en las que se aprobó este dictamen, se escucharon argumentos acalorados en los que se desgarraban las vestiduras diciendo que la gente está harta de extorsiones, de secuestros, de cobros de piso,  bueno, hasta de robo en microbuses, que la gente está harta de la inseguridad.

Escúchense, Senadoras y Senadores, Presidente, voy a terminar. Todo ello, todo ello, escuchamos ayer es materia de Seguridad Pública, no de Seguridad Nacional.

Si ustedes no pueden diferenciar qué es materia de Seguridad Interior, y qué es materia de Seguridad Pública, quienes operen esta ley, mucho menos podrán diferenciarlo.

Las leyes que se expiden deben cumplir, por lo menos, los principios de legalidad y taxatividad, así lo ha determinado reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta ley no cumple, no se acerca siquiera a esos  principios a los que estamos obligados, así es que o estamos en un momento de guerra declarado en términos de los artículos 73 y 89, o estamos en una situación de suspensión de garantías declarada conforme a los procedimientos del artículo 29 o estamos en la situación en donde en términos del artículo 89 constitucional fracción VI  en la que el Presidente de la República hace una declaración   expresa mediante un decreto fundado y motivado, y motivando una situación en la que se declare que es necesario preservar la seguridad nacional, no nos confundamos.

A quienes quieren hacer creer que esta ley tiene sustento constitucional, es decir, a quienes están aquí y van a votarlo, a quienes dar certeza a las Fuerzas Armadas haciendo labores  de policía, les decimos, una ley secundaria no hace constitucional  lo que en origen es inconstitucional, no tenemos facultades para legislar en materia que corresponde a las entidades federativas.

Otro artículo violentado, el 124, a quienes dicen: “No vamos a militarizar el país, porque el país, porque el país ya está militarizado”. Sí, en efecto, a consecuencia de ello, tenemos las condiciones de seguridad pública, de muertes, de violaciones a derechos humanos que hoy vivimos en México, si queremos resultados diferentes, hagamos algo diferente, esto perpetúa lo que las evidencias nos gritan que no funciona.

Lamentamos profundamente la simulación de diálogo, de la que fueron objeto quienes desde la sociedad civil, la Academia y los organismos internacionales se acercaron a este Senado de la  República dando un voto de confianza y creyendo que en verdad  serían escuchados.

Por último, quiero informar que previamente antes de terminar, entregaré a la Mesa Directiva, diversas comunicaciones de organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos, de especialistas en derecho constitucional y derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley u que no fueron tomados en consideración, pero que le pido al Presidente de la Mesa, sean incluidos en el Diario de Debates íntegramente.

Estas comunicaciones también debieron estar en el dictamen que presentamos las Comisiones Unidas. Por ello solicito que se integren, señor Presidente al Diario de Debates.

Asimismo, en este momento también vamos a entregar dos anexos, el primero, que incluyen las recomendaciones hechas a México, tanto del sistema universal como del sistema interamericano en materia de seguridad pública y específicamente en materia del uso de las Fuerzas Armadas y fortalecimiento de las instituciones civiles, el segundo anexo que voy a entregar contiene un listado de 123 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina por violaciones a los derechos humanos en un lapso del año 2007 al 2016.

Además, entrego el listado de la sentencias de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos también en materia de Fuerzas Armadas, en contra de México  por involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anterior, y agradezco su paciencia,  el voto de las Senadoras y de los Senadores del grupo  parlamentario del Partido de la Revolución Democrática será en contra  de este dictamen.

Y adelantaremos, por supuesto las reservas a cada uno de los artículos.

Yo he manifestado mi preocupación de diversas formas.

He dicho casi suplicando, de veras, no partidizar la discusión de esta ley, pero ni modo, hoy ustedes con su decisión la están partidizando, lo lamento profundamente.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora De la Peña.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Nuestro posicionamiento va a ser para situar el tema de la seguridad en México y todos los pasos que ha seguido, porque la Ley de Seguridad Interior que hoy se va a imponer por el PRI y sus aliados, es el último eslabón en la construcción de un Estado Policiaco Militar, subordinado, lo he dicho, pero nadie lo oye a los Estados Unidos.

La construcción del Estado Policiaco Militar, elaboración paulatina  de un sistema jurídico  concatenado y planeado en el exterior.

El Estado Policiaco Militar  significa un estricto control social por las Fuerzas Armadas, control social, eso es lo que se persigue al mantener al Ejército y a la Marina en  las calles de México.

Las amenazas ya nos dijeron, no son externas,  no hay enemigo externo, es nuestro socio, enemigos internos dicen, el terrorismo, la guerra contra las drogas, crimen organizado, ese es el enemigo, ese es el enemigo de la seguridad nacional y del Estado Policiaco Militar.

Las empresas transnacionales exigen la garantía de la represión política y militar, lo hemos discutido aquí y se van a acordar.

El Estado Policiaco Militar suma  la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no es una ley aparte, la Ley  Federal contra la Delincuencia Organizada  de noviembre del 96, las reformas al Código Penal Federal  de ese año que establece el tipo penal de la delincuencia organizada, la delincuencia organizada entra, unión de tres personas o más,  para cometer cualquier delito, delincuencia organizada, puede ser cualquier delito.

Si mencionan al terrorismo, pero no nada más, cualquier delito es delincuencia organizada, si así lo quieren.

Permite las operaciones en cubiertas, la intervención de las comunicaciones privadas, ya, aquí en estas leyes que aquí se aprobaron, como parte  de este establecimiento del Estado Policiaco Militar que hoy concluye.

En 2002 México se integró al Comando Norte de los Estados Unidos tras los atentados de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 y de la expedición importantísima de la Patriot Act que ya nos rige.

El término de seguridad interior  no deriva de nuestra historia constitucional, deriva del concepto Homeland Security para el 2001, los riesgos y amenazas, repito, no se refieren al exterior, claro, sino la amenaza al interior en donde los enemigos son los terroristas, los narcotraficantes, los riesgos y amenazas, repito  no se refieren al exterior, claro,  sino la amenaza al interior, en donde los enemigos son los terroristas, los narcotraficantes, los invasores, los que quieran devenir, se trata de control social.

El 28 de octubre de 2013, se celebró en México la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA que manejan ya saben quién, ahora hasta nosotros, que aprobó la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, la declaración sobre seguridad en las Américas, y esta declaración sobre seguridad  establecida por la OEA, seguridad en las Américas, introdujo las nuevas amenazas de seguridad nacional de los Estados Unidos, terrorismo, crimen organizado, inmigración ilegal. Aunque ajenas la hicieron propias todos los países de América Latina.

El 5 de abril de 2004 se publicó la Reforma Constitucional en los artículos 73, fracción XXIX-M, y 89 fracción VI para introducir, importar a los Estados Unidos ese concepto de seguridad nacional, es la consecuencia de la aprobación de este catálogo, decálogo de la OEA, inmediatamente se incorpora a la Constitución de la República. De ahí surge ese concepto de esa movilización, de esa manipulación de la OEA a todos los países de América Latina que estableció estas medidas y se meten en la Constitución.

Si no entendemos esto y si no le damos seguimiento no entendemos por qué aparece de repente una nueva concepción de la seguridad nacional, hay que reformar la Constitución, para seguridad interior, para seguridad nacional, ese concepto de seguridad que es al que le preocupa Estados Unidos, no a nosotros, nosotros no tenemos los problemas del terrorismo por las guerras extranjeras, nosotros no tenemos una serie de preocupaciones, pero se convierten en amenaza interior, desaparece la amenaza de cualquier poder hegemónico de América Latina, que ya sabemos cuál es, esa ya no es amenaza, las amenazas son las que a ellos les interesa para que se persigan aquí para su propio beneficio.

El 5 de abril de 2004 se publicó la Reforma Constitucional a los artículos 73, digo ya lo comentábamos, importando el concepto de seguridad nacional.

La Ley de Seguridad Nacional se publicó en el Diario Oficial en enero del 2005, su artículo define a la seguridad nacional, como lo decíamos, frente a las amenazas y riesgos que definen la rebelión, el terrorismo, el sabotaje, pero faculta además la intervención de comunicaciones y las operaciones encubiertas.

Otro eslabón, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, suscrito por Vicente Fox en marzo de 2005, que involucra Canadá, Estados Unidos y México, en un esfuerzo conjunto integrado, nuestras políticas de seguridad deben ser para garantizar la integración de los Estados Unidos, Canadá y México, con los objetivos de seguridad de los Estados Unidos.

En 2009 y 2013 el ASPAN se modifica, cambia de nombre y se llama diálogo económico de alto nivel, es lo mismo, ese lo utiliza Zedillo, y ahí se dan un sinnúmero de acuerdos económicos, políticos de seguridad que comprometen a México a la política definida entre el país hegemónico y el pequeño Presidente Peña Nieto sin que lo apruebe el Senado, nadie sabe qué van arreglando, sino simplemente lo que sacan en los boletines que quieren.

Calderón, para impedir el paso de las drogas a los Estados Unidos, inicia en diciembre del 2006 la guerra contra las drogas, con la exigencia de Estados Unidos, lo analizamos en su tiempo, exigido por Estados Unidos, ellos quieren que los muertos estén en México, desde entonces, a que nosotros tenemos que perseguir, aniquilar, matar a todos aquellos que llevan drogas allá, pero la militarización en Estados Unidos no existe y los muertos están aquí, no allá, para eso los Estados Unidos exigen y se acepta que aquí haya una guerra contra las drogas.

Costó en ese período más de cien mil muertos, la guerra contra las drogas, impuesta por los Estados Unidos, con la presión de ellos, para que no pasen las drogas allá y los muertos estén aquí. Claro, costó en ese período más de cien mil muertos y más de 30 mil desaparecidos, violentó el Estado de derecho al permitir que las Fuerzas Armadas realizaran ya desde entonces funciones contra la Constitución de la República.

La Iniciativa Mérida que se les olvida, se lo comentaba yo a los gobernadores si abrían los ojos, verdad, la Iniciativa Mérida, lo saben, el acuerdo de Calderón con George Bush, 30 de julio de 2008, no ratificado por el Senado, es inconstitucional, pero implica formalmente la obligación de mantener nuestras Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos diseña libremente las políticas militares y seguridad, y las implementan en la región, las Fuerzas Armadas quedan subordinadas al Departamento de Estado, a la “Home Security”, a la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos.

No se les olvide tampoco, recuerden ustedes a cada rato el Congreso de los Estados Unidos analiza si el dinero que son nada, con lo que gastamos nosotros en la militarización, en la compra de armas allá, el Congreso de los Estados Unidos se permite supervisarnos, porque con el Plan Mérida nos comprometimos a hacer lo que ellos quieren y están siempre pendientes y ver si los cuatro dólares que nos mandaron han sido eficientemente analizados por el Congreso de los Estados Unidos ¿eh? Nos revisa a ver si somos eficientes o no.

Y cuando hay alguna cosa que no les gusta, como la escapatoria, la salida del Chapo, fue un golpe en el New York Times y dice “esos mexicanos no sirven para nada, vamos a presionarlos para que sí sirvan”.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero de 2009, Iniciativa de Calderón, permite el uso de agencia encubiertos, la información satelital, la telefonía y el Internet, incluye el concepto de inteligencia preventiva desde antes, la georeferencia de equipos de modificación móvil en tiempo real y el sistema de escuchas, con la obligación, no se nos olvide, porque es un sistema concatenado con la obligación con esos acuerdos de transmitir y compartir toda la inteligencia que tengamos, toda, con los Estados Unidos.

El Pacto Por México, fíjense, 2 de diciembre de 2012, comprometió a imponer el nuevo Sistema Penal Acusatorio e introducir a la Constitución del 2008, con el fin de homologar el sistema penal mexicano al norteamericano, con lo que si sustituyes parte de esa guerra de cuarta generación, se sustituye la cultura jurídica nacional de origen románico por el cómo lo, ¿por qué? Porque ellos quieren que el sistema penal en México sea igual suyo.

Y les quiero decir que el sistema penal norteamericano es pésimo, todo se arregla, inconstitucionalmente se arreglan y se ponen, si aceptas te quito años, ese sistema penal es ajeno a la cultura mexicana, es un fracaso en México, porque los abogados, los magistrados, los jueces, no saben de eso, no están entrenados, para eso estudiaron otra cosa, y la Suprema Corte que en un principio, recuerdo, se opuso, después fue sometida como acostumbran y dijo “está muy bien, es un gran sistema”.

Es un gran sistema imposible porque tienen que meter miles de estudios y cortes, y los jueces tienen que estar ahí, en fin, una cultura ajena que es parte de esa guerra de destrucción la cultura mexicana.

No se les olvide que las telecomunicaciones cien por ciento abiertas a la inversión extranjera.

Fíjense, Carlos Pascual, se acuerdan de Carlos Pascual, ese Embajador cuando llega de un Estado fallido en Irak, en 2011, como Embajador en México, impulsó, llegó a impulsar la presidencia de agentes norteamericanos en territorio nacional y en sus declaraciones para combatir el crimen organizado de acuerdo al sistema jurídico de los Estados Unidos, y dijo, fíjense dijo, que esto es muy importante y hay que, y lo vamos a discutir, dijo: “ese desvergonzado y majadero de Pascual, después el encargado en el Departamento de Estado de la privatización energética en México, ahí con Hillary Clinton, que algunas querían de Presidenta con sus camisetas, dijo que no contábamos con Estado de derecho, que teníamos que escuchar a ellos porque nos van a enseñar.

El Transitorio Octavo de la reforma energética, acuérdense, aquí aprobado, garantiza a las trasnacionales, obviamente, la ocupación temporal, o sea la expropiación para poner a su disposición el territorio nacional para que exploten sus recursos a gusto, energéticos, mineros, eléctricos, etcétera.

Pueden exigirle al gobierno mexicano que expropie, que les entreguen la parte del territorio nacional que ellos quieran, aprobado en este Senado, no se les olvide.

El 6 de octubre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce el envío de efectivos a las fuerzas, al exterior, operaciones ya combinadas con el mando norte.

Les recuerdo también la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 12 de noviembre de 2015, aprobado aquí la reforma a la Ley de Armas, que permiten, y les pereció muy bien, la presencia de agentes armados de Migración y Aduanas, esos que matan a los jóvenes mexicanos, incluso desde allá, armados los agentes de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en territorio nacional, armados, aquí se aprobó, ¿eh?

¿Quién lo pidió?

Para que sepan lo que es un Estado Policiaco Militar armado aquí.

Las reformas a la ley.

Ya termino, es un recorrido que nos recuerdan muchas cosas de aquí del Senado.

Las reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que establecen un régimen penal especial en materia de hidrocarburos para que las transnacionales vinieran con tranquilidad a quedarse con la industria petrolera mexicana, establecieron ahí, el terrorismo en materia de petróleo, que nunca hemos tenido terrorismo, pero pues a ellos les preocupa.

El 13 de mayo de 2016 se reúnen los mandos de la Defensa de Estados Unidos con los Secretarios de Defensa y Marina de México, el Jefe del Ejército de Estados Unidos agradeció el apoyo de México para consolidar las políticas de seguridad en el continente, apoyo militar.

Otra joya de aquí, las reformas al Código Militar y la aprobación al Código Militar de Procedimientos Penales publicados en el Diario Oficial, en 2016 confirieron poder desmedido al Secretario de la Defensa, que nombra todo, su justicia es él, y permite cateos, intervención de telecomunicaciones, ustedes están de testigos, aquí lo discutimos, aquí se aprobó, dándole al Ejército una serie de funciones exorbitantes.

En junio de 2017, también aquí, recuerden, todo es de aquí, mi querido Presidente, es un recordatorio, es un amable recordatorio.

En junio de 2017 se militarizan los puertos del país. No estamos militarizando nada, ¿eh? Se militarizaron los puertos del país porque el Embajador de los Estados Unidos, Pascual, estableció en el Congreso o señaló en el Congreso de Estados Unidos que no cabían sus barcos, su exportación en sus puertos, que necesita los puertos mexicanos, así se dijo, y para eso, para que estén tranquilos, se militarizaron los puertos.

El 19 de mayo los Secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación tuvieron reuniones con el Secretario del Departamento, del Departamento, Tillerson, ¿se acuerdan? Es el ExxonMobil; y con John Kelly, acuerdos opacos y participación del Senado y constitucionales, fortalecen y subordinan a México a los intereses de Estados Unidos, publicado en el New York Times, aquí no.

Entre el 14 y el 16 de junio de 2016, se celebró en Miami, Florida.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: La Confederación de Alto Nivel sobre la Seguridad y Economía para México y Centroamérica, se mutó nuevamente la Alianza en la Prosperidad y Seguridad, el ASPAN, para darle un enfoque ya primordialmente mexicano.

Voy a concluir con esto para ser actual.

Videgaray y Osorio Chong, el promotor del militarismo en México en lugar de las policías, se reunieron hoy con todos los Secretarios, la plana mayor de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y   para hablar de la cooperación, o sea, su, la rendición de cuentas en materia de seguridad.

Osorio Chong anunció a los Estados Unidos, frente a estas autoridades militares de ese país y parte del Gabinete norteamericano, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior cuando no empezamos a discutirla en el Senado, apareció en CNN, y sin tomar en cuenta para nada a Osorio Chong, no se enteró de la opinión a esta ley de la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales en las que están burlando esta ley.

Nadie eso dijo, sí, esta ley es el eslabón final de esta sumisión de la seguridad nacional a los Estados Unidos.

No se les olvide, aunque se hagan como que no oyen, esa es la verdad, esa es la verdad y todo mundo se hace guaje, estamos entregando la seguridad nacional a los Estados Unidos, ya completándola.

¿Les parece eso patriótico?, ¿les parece entregar la seguridad de nuestro pueblo, de nuestros recursos, a los Estados Unidos?

¿Ustedes creen que su objetivo es la protección y la seguridad de México?

No, ese es otro tema que vamos a ver, es la intervención, la ocupación territorial, nuestros recursos, la destrucción de nuestra cultura, la educación, todo lo que nos hace mexicanos, hay que cambiar, eso se llama, para que sepan, y aquí lo podemos todavía discutir, se llama “la Guerra de Cuarta Generación”, silenciosa, que ya ocupó, y cuentan con ustedes, con ustedes, para consolidarla.

Qué vergüenza.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, don Manuel Bartlett.

Corresponde el turno, para posicionar a nombre del Partido Acción Nacional, al Senador Fernando Herrera Ávila.

En uso de la tribuna el Senador Fernando Herrera.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador.

¿Con qué objeto, Senadora Layda Sansores?

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para insistirle, respetuosamente, de acuerdo al artículo 59, cheque el quórum, a simple vista no hay, entonces debe ser suspendida la sesión.

Se están exhibiendo, esto nosotros lo estamos transmitiendo a la sociedad civil para que vean cuál es el interés de los que defienden y se envuelven en la bandera defendiendo una ley perversa.

Entonces, por favor, yo le pido que cumpla con su obligación, como Presidente, y dé por terminada esta sesión porque no hay quórum a simple vista.

Son cuarenta y tantos Senadores, no llegan a cincuenta los que están presentes.

Insistimos una y otra vez y no entiende.

Están ahí en el restaurante tomando vino. Ya vimos al Senador Yunes, más de media botella de vino, está feliz.

Entonces no se vale, por favor, llámelos a la responsabilidad, esta es una ley muy importante y, mínimo, deberían de escuchar de qué se trata, qué es lo que van a votar en contra del pueblo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora, por sus comentarios.

Adelante, señor Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre del Partido Acción Nacional, para hacer el posicionamiento.

El Senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, con todo respeto, terminaremos esta etapa procesal del posicionamiento de los partidos y valoraremos la solicitud que usted acaba de formular.

Adelante, señor Fernando Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.

Señoras y señores Senadores:

Hago uso de la tribuna para razonar el sentido del voto de las Senadoras y de los Senadores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior.

Todos aquí estamos conscientes de las consecuencias que tendrán las decisiones que vamos a tomar.

Por ello, debemos hacer acopio de la mayor virtud en la política, virtud que es la prudencia. Prudencia que no significa ni parálisis por indecisión ni inacción frente a los problemas si no hacemos caso de las consecuencias de nuestros actos.

La ley que se discute es un tema de gran trascendencia para el futuro de  nuestro país. Estamos ante un proyecto ante el que destacados organismos internacionales, organizaciones de la sociedad  civil, gobernadores de las entidades federativas, y la propia urgencia del tema exigen la expedición de un marco jurídico que otorgue certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad.

Esto  ha generado un intenso debate en donde diversos actores de acuerdo a sus convicciones e ideología han expresado su opinión respecto de la ley, algunos de forma institucional, otros en foros escribiendo, y otros más en la protesta en la vía pública.

Los Senadores del PAN sabemos que no hay un modelo ni ley perfectos, no obstante no es recomendable dada la urgencia que se soslaye  el problema, es absolutamente indispensable atender el llamado de comunidades asoladas por el crimen organizado que se ha elevado en presencia y actividades en diversas zonas de nuestro país.

No podemos negarnos a escuchar a los ciudadanos que demandan seguridad y orden. Tenemos la obligación, como una de las cámaras integrantes del Poder Legislativo de confeccionar una ley que siente las bases mínimas para que las Fuerzas Armadas acudan en auxilio de la población cuando las fuerzas policiales civiles han sido rebasadas.

Por otro lado, hay quienes observan riesgos en la llamada militarización de las labores de seguridad, argumentando, entre otras cosas, que existe el riesgo de que se vulneren derechos humanos, y hay que decirlo abiertamente, temen represión por parte del gobierno.

Son  muchos los reclamos que se escuchan, y de altísima consideración las observaciones sobre el proyecto, que expresan que la ley representa un peligroso parche ante la incapacidad institucional de los tres niveles de gobierno  para garantizar la integridad de los ciudadanos.

Dado que la ley no viene acompañada de otras reformas necesarias, como el mando policial mixto, así como otros ejes para lograr una estrategia integral de seguridad.

Se dice que los conceptos contenidos en la ley son vagos y laxos, que propiciarán incertidumbre en su aplicación.

También se ha criticado que la ley genera incentivos, incentivos perversos para que se petrifique el statu quo negativo de hoy y no se creen cuerpos policíacos capaces.

No podemos dejar de mencionar el exhorto del representante en México del Alto Comisionado de la ONU; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnistía Internacional para que el Senado no apruebe la minuta.

Sin duda esto es un hecho sin precedente que nos invita a reflexionar.

En nuestro grupo parlamentario hay voz, sensibilidades y voz, visiones de abordar este asunto.

Hay quienes legítimamente se preocupan por la grave situación de inseguridad que se vive en sus estados, y por ello, pugnan por la aprobación inmediata de la ley.

En la otra versión están las y  los Senadores, que sin desdeñar la urgencia privilegian una ley mejor mediante una mayor reflexión.

Proponen que se atiendan las observaciones de los organismos internacionales, y que se realicen foros abiertos para escuchar todas las voces.

Nadie está totalmente equivocado ni nadie tiene totalmente la verdad.

Como coordinador del grupo parlamentario respeto y respetamos ambos puntos de vista,  porque obedecen a causas legítimas.

Dada la situación, cada Senadora y Senador del grupo parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto su propia sensibilidad sobre el tema.

Mi papel de coordinador, expreso que mi partido tiene una visión integral que corre sobre cuatro ejes.

Hace falta una fiscalía autónoma, que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Seguridad y la Ley de Seguridad Pública. Son  los cuatro pilares de un todo por el que no dejaremos de luchar, porque sólo un sistema integral  como el que propone Acción Nacional puede lograr el abatimiento de la criminalidad en el país.

Nuestro sistema es un proyecto integral que respeta a los ciudadanos, a los derechos humanos, al federalismo y al municipio como la piedra angular de la organización política de nuestro país.

Estamos en contra de un proyecto que sólo busque salir del paso, y que sólo responda a presiones de coyuntura.

Desde esta tribuna expresamos todo nuestro respeto y admiración por la labor de las Fuerzas Armadas.

Estamos convencidos de que esfuerzo merece una buena ley de seguridad para que elementos, sus elementos dejen de ser cuestionados por su actuación.

Desde luego, esto en detrimento de las instituciones castrenses y de su imagen.

Buscamos que las Fuerzas Armadas actúen al amparo de la legalidad, y consideramos que este proyecto no es lo que ellos merecen.

Los Senadores del PAN lucharemos por  lograr una ley que devuelva a la dignidad a las Fuerzas Armadas.

Senadoras y Senadores:

Estamos a unas horas de concluir el período ordinario de sesiones. Periodo que antecede a momentos políticos cruciales que vivirá nuestro país en los próximos meses.

 No le enviemos a México y al mundo un mensaje equivocado de debilidad institucional e irresponsabilidad, actuemos, actuemos con prudencia y asumamos cada cual nuestra responsabilidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

 El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán.  Muchas gracias, Senador Fernando Herrera Ávila.

Corresponde el turno al Senador Ernesto Gándara Camou, del Partido Revolucionario Institucional para establecer la posición de este partido.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente.

Y, desde luego, de la de mis compañeras y compañeros Senadores de la República.

Vengo a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI a expresar las reflexiones y los razonamientos del por qué estamos a favor de este proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Antes que nada, quisiera hacer una reflexión reiterada por todas y todos ustedes sobre las Fuerzas Armadas de México, sobre los soldados, marinos, sus familias, su historia, y desde luego una institución que a veces se quiere satanizar, por querer ganar una discusión.

Las Fuerzas Armadas han tenido una actuación medular que se caracteriza por un inquebrantable patriotismo, incuestionable lealtad y probado compromiso.

Todos hemos sido testigos de la heroica labor que han realizado nuestras Fuerzas Armadas en la defensa del país hacia la seguridad exterior y la seguridad interior, y desde luego, no es casualidad que sea la institución con mayor respeto, confianza, credibilidad y admiración en nuestro país.

Por el contrario, dicha institución obedece al patriotismo, a la lealtad en que se conducen sus funciones, que van desde las tradicionales como la defensa de la soberanía hasta el auxilio en las necesidades públicos y el apoyo en la reconstrucción, desafortunadamente cuando se dan desastre naturales.

Este proyecto de Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo medular establecer un marco jurídico que regule las tareas de seguridad por parte de las fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas y por establecer un proceso precisamente para ejercer algo que sea viable.

Hay un hecho en el que todos estamos ocupados  preocupados por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras comunidades. es el crecimiento de la delincuencia organizada, es el crecimiento de algo que ha rebasado en las localidades a las propias instituciones, y que no hay otra manera más que avanzar fortaleciendo a las propias instituciones, y desde luego, y desde luego hacer equipo todos juntos, en una adversidad, que desde luego tenemos que enfrentar.

Precisamente, para razonar en sentido positivo nuestro voto, lo primero que debemos advertir es que contamos con Fuerzas Armadas ejemplares.

Este proyecto de ley, en el que desde luego estamos convencido que se debe de llevar a cabo, contempla los principios de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiaridad y gratuidad, así como obligaciones concernientes al uso legítimo de la fuerza pública.

Otro aspecto a considerar en esta ley, cuenta con procedimientos establecidos para emitir la declaratoria de protección de la seguridad interior, la que no podrá exceder de un año, y sólo podrá ser prorrogada mientras subsista la amenaza de seguridad interior.

La ley contempla equilibrios entre los poderes debido a que toda información, toda intervención de las fuerzas federales y armadas, deberá ser notificada a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hay quienes señalan que la expedición de la Ley de Seguridad Interior implica eximir a los órdenes estatales de sus responsabilidades en materia de seguridad pública. No es así.

Las acciones de seguridad interior que realicen las autoridades federales con motivo de esta ley, tendrán como objetivo complementar y, desde luego, coordinarse con las autoridades de todos los niveles.

Quisiera también comentarles, que estamos revisando, efectivamente, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados hace ya dos semanas, el 30 de noviembre, un trabajo realizado por nuestras compañeras y compañeros Diputados Federales de todos los partidos, foros que se han realizado y reuniones y consultas durante todo el año del 2017, y en donde esa minuta, que llegó hace dos semanas a este Senado de la República, desde luego continuamos con esas consultas, recibimos todas las aportaciones, las inquietudes y las reflexiones de organismos de la sociedad civil, de organismos institucionales, organismos constitucionales autónomos de representaciones, desde luego públicas y de la sociedad internacional, y fueron escuchados, y fueron debatidas y lo seguimos haciendo en este Pleno.

La minuta que recibimos hace dos semanas es diferente del dictamen que en este momento estamos presentando las Comisiones Unidas, en donde se contemplan muchos de los comentarios para mejorar la ley, no para obstruirla, no para no hacer nada, no para sentarnos y cruzarnos de brazo y decir que: “pues, ni hablar”.

Estamos mal en seguridad, las Fuerzas Armadas las van a cuestionar unos, otros dicen que son como lo son, una gran institución, y no estamos haciendo nuestro trabajo.

Voy a enumerar rápidamente nueve, nueve reformas que se están haciendo de la minuta a lo que es este dictamen que ahora estamos discutiendo, y en donde efectivamente, muchas de las razones, de los cuales gentes nos han dicho sus inquietudes sobre el texto y la redacción, están siendo tomadas en cuenta.

Primer cambio. Se modifica el artículo 1 de la ley a fin de establecer que las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior forman parte del principio de Seguridad Nacional previsto en el artículo 73, fracción XXIX-M y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad interior.

Esta modificación pretende dejar en claro que la ley no es inconstitucional y que los legisladores sí tienen facultades para expedirlas.

Segundo, el artículo 7. Se modifica, en materia de derechos humanos, con el objeto de dejar claro que la ley protegerá y garantizará los derechos humanos consagrados en la Constitución y en todos los tratados internacionales respectivos.

Tercero cambio. En materia de movilizaciones de protesta social que se encuentra en el artículo 8, el dictamen eliminó la frase, para que quede muy claro, entre comillas, “Que se realicen pacíficamente”. Cierro comillas.

Esto con el objeto de asegurar y de tener muy claro que toda, toda protesta no es materia de seguridad interior, y que desde luego se respeta el derecho a la protesta social.

Cuarto. En materia de transparencia, tuvimos aquí comentarios por parte del Instituto de Transparencia.

Se modifica el artículo 9 con el objeto de establecer que la información que se genere sobre Seguridad Interior, será considerada de Seguridad Nacional, pero se regulará conforme los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Quinto cambio. El artículo 16 también se modifica para referir que el Presidente, con base en sus facultades previstas en el artículo 89, fracción VI de la Constitución, podrá ordenar acciones inmediatas para la defensa de la seguridad interior.

Sexto cambio. Se modifica el artículo 10 para establecer que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con las competencias de las distintas autoridades.

Séptimo cambio. Se modifica el artículo 21 con el objeto de establecer que los grupos interinstitucionales se formen en una declaración de protección de seguridad interior y estarán sujetos a los esquemas de colaboración que ejercen los poderes.

Octavo. Se modifica el artículo 22, para que en concordancia con la Constitución se delimite que la dirección de los grupos interinstitucionales estará a cargo de una autoridad civil.

Noveno cambio. Se modifica el artículo 26 para que este establezca que las autoridades federales y las Fuerzas Armadas actúan con base en sus competencias establecidas en la Constitución y en las leyes.

Y no solamente eso, se adhiere un Artículo Quinto Transitorio, que fue una de las preocupaciones que nos expresaron también quienes fueron escuchados, que refiere que a los 180 días de aprobada la ley, los estados y los municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuviesen realizando acciones que puedan ser una materia de declaratoria de protección en los términos de la ley, deberá en el ámbito de sus atribuciones presentar un programa de plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado el Consejo Nacional de Seguridad.

Sí quise reiterar que se ha escuchado, que se está cambiando, que estamos trabajando en este Pleno para algo fundamental que es la seguridad, desde luego interior, la seguridad nacional, la coordinación.

El grupo parlamentario del PRI apoya un ejercicio  de construcción y no de destrucción, de sensatez, de seriedad y de fortalecimiento de las instituciones  y no de demagogia y de populismo, no es declarando unilateralmente Amnistía a favor de los que afectan a las víctimas, de los victimarios, de la delincuencia organizada como se van a lograr las cosas, las cosas y desde luego el futuro de México está basado en un fortalecimiento del Estado de derecho, de las instituciones, del respeto a la Constitución y, desde luego, el respeto a los derechos humanos.

Todo nuestro respeto a la memoria de las víctimas, a las familias de las víctimas, a la memoria de las víctimas, de los soldados y marinos de México y a sus familias, que ahí están en estos momentos, dando la vida, ejerciendo su responsabilidad, los médicos militares, los ingenieros, la gente que en este momento está en  las zonas más recónditas defendiendo la seguridad de nuestro país, por el bien de México y por el respeto de la Fuerzas Armadas, vamos a votar por esta ley y desde luego vamos a garantizar en el futuro que tengamos una mejor seguridad para que lo que más queremos, que son nuestros hijos y las próximas generaciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Gándara Camou.

Informo a la Asamblea, que pasamos ahora a las intervenciones para la discusión en lo general, con fundamento en lo dispuesto por el artículo.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

Senadora Sansores, intuyo el propósito.

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Hace rato usted dijo que inmediatamente terminara el Senador Herrera iba usted a rectificar el quórum, no lo hizo, ya pasó otro Senador,  y no lo hace, le pedimos que insista en que vengan los compañeros a escuchar una ley que no conocen para que al menos sepan  de qué manera están traicionando al pueblo de México.

Por eso creemos que es importante, es una ley muy sensible, tal vez la más importante y la más sentida de las que hemos aprobado, la reforma energética en su momento, la gente no captó de qué se trataba por el engaño y la seducción que hizo el gobierno, pero esta  ley sí, saben qué viene, cuál es el capítulo que sigue, saben que la militarización  y la dictadura están en la puerta.

Entonces, por favor le pido, cumpla con lo que pide un Senador, cumpla y se rectifica el quórum.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con mucho gusto atiendo a su solicitud y debo de aclarar que mi comentario fue que terminado el momento procesal de la participación de los grupos parlamentarios, haríamos la rectificación de quórum, tiene usted razón.

Ábrase el sistema para la rectificación de quórum, hasta por diez minutos.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilaria, por favor.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Señor Presidente, todas y todos hemos sido respetuosos, antes, durante y al término de nuestras sesiones.

Cada quien ha sido libre de tomar sus determinaciones  y de su responsabilidad de quedarse o de salirse, finalmente somos mayores de edad.

Yo he escuchado en el desarrollo de esta sesión a cada rato estar pidiendo y solicitando y solicitando que haya asistencia,  la Senadora Layda, y yo le quiero recordar a ella que ayer también tuvimos reformas sustantivas y no vino a la sesión, aquí enfrente no podíamos ni escuchar, porque tenía un ruidazo y hasta bailando el tubo, tubo, indecorosamente y nadie fue a decirle ni a llamarle la atención, por respeto, no vino a la sesión y no pasó nada, ni nadie fue a decirle que pasara y se viniese a sentar.

Hemos sido muy respetuosos, y en ese mismo respeto  le exijo que se conduzca con respeto, con cada una de las Senadoras y de los Senadores,  que no es posible y no lo vamos a permitir que nos falte al respeto, porque nosotros nunca se lo hemos faltado, y si quiere que se lo faltemos, sí se lo faltamos también, sabemos hacerlo.   

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Hilaria Domínguez.

Atienda a la solicitud de que se abra el sistema para la verificación de quórum.

Permítame un segundo, Senadora, le suplico me permita dar respuesta a su propia solicitud.
El sistema está abierto para la verificación del quórum y en aras de continuar esta Asamblea en los mejores términos y en plena armonía, conmino  a todas las Senadoras y a todos los Senadores a que nos esforcemos en respetar al Senado de la República.

Tiene ahora la palabra ya en el apartado, permítame un segundo, Senadora.

Tiene la palabra para abrir el apartado de la discusión en lo general, la Senadora Dolores Padierna, del Partido del Trabajo para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

Solicito respeto a la Asamblea, Senadora Dolores Padierna, en uso de la tribuna.

Adelante, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La campaña “Seguridad sin Guerra”. . .

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Dolores Padierna, le suplico, inicie su intervención.

En uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: En la campaña “Seguridad sin Guerra”, hubo un colectivo de 240 organizaciones civiles hicieron un pronunciamiento el 27 de noviembre, de varios puntos que yo quiero retomar.

Por el respeto exigen, el respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional, ya que esta Ley de Seguridad Interior atentaría contra la Constitución, los tratados internacionales que México ha firmado.

Exigen que la presencia del Ejército en las calles deba ser excepcional, extraordinaria  y no permanente, la vía para despliegues extraordinarios del Ejército sería únicamente el artículo 29 constitucional  y a la fecha no tenemos una ley reglamentaria de este artículo que establezca los contrapesos, los mecanismos de vigilancia, de la actuación y es un pendiente legislativo.

Es urgente un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles, reformar a las policías, las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones  Unidas  para los derechos humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Aquí hay muchos argumentos, se los he dicho hasta el cansancio por varios Senadores que esta ley no militariza al país, y quiero ir directo a los artículos 19, 20, 21 y 22 de esta iniciativa.

El artículo 19, que además estos cuatro artículos tienen que leerse en conjunto, no van separados, están ligados uno con el otro.

El artículo 19 simplemente establece que la Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la declaratoria de protección a la seguridad interior.

Y ya sabemos que la Secretaría de Gobernación se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta ahí no tiene nada que ver y es este artículo el 19 el que retoma la exposición de motivos para decir que no se militariza porque la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a sus funciones de la Ley Orgánica, estaría cumpliendo con ese cometido, pero basta con irse a esta declaración, simplemente enunciativa.

En la práctica quien coordinará, quien ejecutará la declaración de seguridad interior será un mando castrense, y leo textualmente.

El artículo 20, fracción I.- “El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa y la Marina, no del Secretario de Gobernación, sino de las Fuerzas Armadas, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en los términos del artículo siguiente”.

Que es el artículo 21, es decir, que un comandante de las Fuerzas Armadas va a dirigir los grupos interinstitucionales.

Fracción II. El comandante designado elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes, es decir, se le da la facultad a las Fuerzas Armadas de autorregularse, de definir su propio protocolo de actuación y, además, de dirigir al personal civil participante, quien manda, quien dirige a los civiles es un militar.

¿Cómo debemos de denominar este modelo? Pues militarista, militarización del país.

El artículo 21 dice que se constituirán un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades y organismos participantes a efecto de coordinar la realización de las actividades de seguridad interior, será una actividad castrense designada por los Secretarios de la Defensa y de la Marina quienes van a dirigir los grupos interinstitucionales a efecto de coordinar todo, es decir, se supedita a la autoridad civil depositada en la Secretaría de Gobernación a los altos mandos castrenses y a las ordenanzas de la autoridad militar.

¿Cómo debemos de denominar esto? Pues simplemente que se está militarizando al país, se trata de una claudicación, de una delegación de facultades civiles hacia los mandos castrenses, la militarización de la toma de decisiones de gobierno es, en esencia, un acto de militarización puro y duro, esta Ley de Seguridad Interior instaura la militarización porque otorga a los mandos castrenses la facultad de dirigir a los grupos interinstitucionales integrados por las autoridades civiles, sobrepone el mando militar, al mando civil.

Y no conformes con la sesión de facultades a las autoridades castrenses en el ámbito federal, estos artículos establecen que adicionalmente las autoridades estatales se tendrán que sujetar y someter al arbitrio y supervisión de las autoridades castrenses, pues confiere a las Fuerzas Armadas, lo digo entre comillas, el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, es decir, al momento que surta efectos la declaratoria de protección de seguridad interior, tanto las autoridades federales como las estatales y, por ende, las municipales quedarán supeditadas al mandato de la autoridad castrense.

Si esto no es militarizar al país, entonces, expliquen a la opinión pública cómo puede entenderse esta delegación ilegal inconstitucional e inconvencional de facultades a una autoridad civil, a una autoridad militar, es una delegación, una renuncia a las facultades de los gobernadores, del gobierno federal y que lo ceden a los militares.

El artículo 19 de esta ley, que tiene todas las disposiciones para las Fuerzas Armadas, es inocuo realmente acudir al artículo 19, porque la Secretaría de Gobernación es solamente mencionada para de manera formal, porque en los hechos el artículo 20 y el artículo 21 están dándole en todo momento la facultad a los militares.

Y en el artículo 22 se habla de las autoridades respectivas, no se dice quiénes son las autoridades respectivas, pero si el artículo 21 está hablando de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y todas las autoridades correspondientes, pero aquí lo abre a todas las autoridades respectivas, tienen la obligación de cooperar para atender las causas que motivaron la declaratoria de seguridad, siempre actuando bajo la coordinación, la supervisión y el mandato de la autoridad castrense, se vuelve a ratificar el sentido militarista de esta iniciativa en el artículo 22, la expresión abstracta de autoridades respectivas, además violenta el principio de certeza jurídica y el de legalidad, pues no establece con claridad si se trata de autoridades que gobiernan una zona especial, un territorio o donde se haga la declaratoria, ni tampoco se refiere si se trata a las autoridades que dice el propio artículo 13 de este texto en vez de dar claridad a la función y a la operación de las Fuerzas Armadas se les deja en total discrecionalidad y sólo va a complejizar su coordinación en el terreno y en la práctica.

La propuesta de modificación que se hizo al artículo 22 raya en lo superficial y en lo absurdo, dice que si en la declaratoria no se ocupa de las Fuerzas Armadas, entonces, no recae, pero si se les cita a las Fuerzas Armadas en la declaratoria, el mando recae en las Fuerzas Armadas por encima de las autoridades civiles.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señora Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Termino, Presidente, diciéndole que se desconocen otros sistemas de coordinación, como se crean estas coordinaciones interinstitucionales preguntamos:

¿El Sistema Nacional de Seguridad Pública va a desaparecer?

¿La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia va a desaparecer?

¿El Sistema Nacional de Protección Civil va a desaparecer?

¿La Conferencia Nacional de Gobernadores va a desaparecer?

¿Las instancias de coordinación de los municipales para este asunto van a desaparecer?

¿En qué prioridad van a estar, van a coexistir? No lo dice la ley.

Y entonces, se invoca a la participación de las Fuerzas Armadas desconociendo que existen diversos sistemas de coordinación.

Eso sí, civiles.

Eso sí, constitucionales.

Eso sí que están velando por el tema de la seguridad castrense que no se dice, y, además, todos los que ellos emitan será absolutamente secreto porque lo consideran de seguridad nacional.

Bueno, rechazamos contundentemente los contenidos oprobiosos y vergonzosos de este dictamen de Ley de Seguridad Interior porque legaliza una estrategia aplicada por más de diez años que es un modelo de seguridad que evidencia todo su fracaso.

Por todas estas consideraciones y muchas más, votaremos en contra.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Me permito informar a la Asamblea que existen registrados 38 oradores, por lo que suplico a todos los Senadores se restrinjan al uso de los cinco minutos a los que el Reglamento autoriza.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Víctor Hermosillo, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, respetuosamente le digo que en el momento procesal de la discusión, permítame un segundo, en la discusión en lo general la oradora que hizo uso de la palabra no la aludió, usted no fue aludida por la oradora que hizo uso de la palabra, por lo tanto no es de concederse su petición.

En uso de la tribuna el Senador Víctor Hermosillo, del Partido Acción Nacional.

Senador don Víctor Hermosillo, en uso de la tribuna.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, trataré de ser breve y hablaré de conceptos.

La Ley de Seguridad Interior que se propone es la joya de la corona del fracaso de la administración del Presidente Peña Nieto.

Por varios años, en la administración del anterior Presidente Calderón, los priístas estuvieron en contra de que las Fuerzas Armadas combatieran el narcotráfico y el crimen organizado y culparon a la anterior administración.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: A ver, Senador Demédicis.

Amigos Senadores y Senadoras:

Estamos haciendo un esfuerzo por conducir esta sesión en los mejores términos, permítame un segundo, Senadora, yo la escuché con toda la atención.

En aras de continuar con la sesión en un plano de armonía, a pesar de que en el momento procesal, de la oradora que hizo anteriormente uso de la palabra usted no fue aludida, en otra intervención lo fue, se le conceden los cinco minutos.

Le estoy concediendo el uso de la voz, Senadora.

Senadora, tiene usted el uso de la voz.

Senador Hermosillo, permítame que la Senadora Layda Sansores haga uso de la tribuna, por cinco minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para contestarle a la compañera Hilda, para que si quiere también venga aquí a alusiones personales.

Hilaria, bueno ¡Madre santa!

Entonces no la he aludido.

Compañera yo estuve presente el día de ayer, estuvimos con varios compañeros trabajando, haciéndole su fiesta y su convivio a los trabajadores, pero cada vez que había votación estuvimos, aquí nos regresábamos y votábamos y se quedaban mis compañeros.

Pídale, por favor, orden.

Y yo no sé si estaba usted aquí cuando en la última, en el último dictamen, de la Ley de Archivos, ¿se acuerda qué pasó?, ¿se acuerda qué pasó en la Ley de Archivos?, ¿se acuerda porque no estaba usted presente?

En la Ley de Archivos de pronto, cuando ya se había acabado la discusión, preguntó el Presidente si habían otros artículos, que si habían artículos reservados, y no los hubieron, entonces de pronto dijo: “se termina la sesión y se convoca para las 7:30 de la noche”, haciendo tiempo de una manera, así con estas mañas que tienen aquí en el Senado, con esas estrategias gansteriles suspendieron de pronto la sesión y entonces hasta las 7:30, tratando de que terminaran el dictamen para ver si en la noche se discutía.

Esa fue la realidad, pero chequen todos nuestros votos, que aquí estuvimos con compañeros también del PAN, con compañeros del PRI y de todos los que quisieron convivir con los trabajadores.

No estábamos jugando, aquí estuvimos todo el día hasta que se acabó la sesión.

Entonces no me puede usted argumentar, y no es ofensa pedir que se rectifique el quórum, es un derecho, aprenda y lea lo que dice el Reglamento.

Y una disculpa, para que no queden confusiones, cuando me refería al Senador Héctor Yunes, que estaba tomando su botella de vino en el cuarto piso, y aquí hay varios que no pasan el alcoholímetro ahorita, no me refería a usted, compañero José Francisco, que ha estado durante toda la sesión presente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Layda Sansores.

Suplico a la Asamblea guardemos el mayor orden posible para continuar con la sesión en plena armonía.

En uso de la voz.

Antes de que don Víctor Hermosillo haga su intervención, ciérrese el sistema electrónico, han registrado su asistencia 104 Senadores, por lo tal, hay quórum.

Senador Víctor Hermosillo, en uso de la tribuna.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la directiva.

Trataré de ser breve y hablaré de conceptos.

La Ley de Seguridad Interior que se propone es la joya de la corona del fracaso de la administración del Presidente Peña Nieto.

Por varios años, en la administración del anterior Presidente Calderón, los priístas estuvieron en contra de que las Fuerzas Armadas combatieran el narcotráfico y el crimen organizado y culparon a la anterior administración de la inmensa cantidad de muertes que ocurrieron en ese período, las calificaron como “las muertes de Calderón”.

Al iniciar esta administración ofrecieron una estrategia diferente y que volvería la paz a la nación.

Ya al término de esta administración las Fuerzas Armadas siguen en las calles, la violencia subió, las muertes se multiplicaron y el narcotráfico y el crimen organizado siguen azotando al país.

A los muertos de este sexenio los llamaremos ¿las muertes de Peña Nieto?

Y ahora con esta ley que están dándole a las Fuerzas Armadas, legalidad para a través del Ejecutivo o del Secretario de Gobernación, fuerza tal que al actuar en los estados de la nación están por arriba de los gobiernos estatales.

Se acaba el federalismo en vez de impulsarlo en una democracia incipiente como la nuestra.

Las responsabilidades las toma el Ejército por arriba de las autoridades civiles y las declaran menores de edad cívica.

El trabajo de las Fuerzas Armadas será opaco y sin rendimientos por ser declarado “de seguridad nacional”.

En vez de reforzar las fuerzas de las policías municipales y estatales, que tienen sus obligaciones dentro de las leyes y están más cerca de los ciudadanos, las ignoran.

Todo lo centralizan, sólo el Presidente sabe cómo gobernar al país, según los priístas y sus aliados, y por eso estamos como estamos.

El abuso de poder a lo largo y a lo ancho de nuestra historia es proverbial. Esta ley que permita al Presidente disponer de las Fuerzas Armadas con tanta facilidad es una tentación muy peligrosa y no solucionará la situación de violencia en el país, como lo ha demostrado ya por más de 12 años.

Lo que se necesita es acabar con la corrupción por el bien nacional, acabar con el negocio que tiene a políticos, jueces, autoridades civiles y militares en contubernio con los delincuentes que piensan más en llenarse los bolsillos que en el futuro de la nación.

Que recuerden que en un país convulsionado por el crimen, éste alcanza a todos, que ni sus hijos escapan por más guardias que tengan.

Se acaba el federalismo, los gobernadores dependen totalmente del centro.

Ya no existen estados libres y soberanos, vienen a la gran capital a pedir dinero y protección.

Regresamos al presidencialismo de los tiempos de Díaz Ordaz.

Es una vergüenza lo que estamos haciendo como Senadores.

Culpo al PRI y a sus aliados por este retroceso cívico, político y moral.

Esta ley de ser aprobada  será también una gran tentación de abuso de poder para los siguientes presidentes.

El autoritarismo en un país con una débil ciudadanía como el nuestro es una tentación, acuérdense de Venezuela, donde el atropello de la población por las Fuerzas Armadas por manifestarse en contra del régimen  y que tiene a este país en una situación lamentable, y de la falta de respeto a los derechos humanos.

Por último, un gobierno que no escucha a la sociedad no es un gobierno democrático.

En el estudio y dictamen de esta ley se hizo oídos sordos a la ciudadanía, ante el reclamo de múltiple organizaciones nacionales e internacionales, y esto es peligroso y no habla bien del país.

El gobierno perdió miserablemente el tiempo, y no aportó nada nuevo a la seguridad interna en el país en seis años, y ahora cierra el telón con una  ley impopular y muy peligrosa.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, don Víctor Hermosillo y Celada.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Gracias, con su venia señor Presidente.

Compañeras, compañeros:

Para entender el proyecto de Ley de Seguridad Interior debemos remitirnos a los orígenes posrevolucionarios que forjaron la primera Ley Orgánica del Ejército Nacional en 1926.

El contexto en el que se desarrollaba México viniendo de una revolución armada que dejó más de un millón de muertos, una economía frágil y desordenada, entre otros muchos efectos que provocaron la desestabilización del país.

Se estableció en el artículo 1 de dicho ordenamiento   lo siguiente:

El Ejército y la Armada Nacional son instituciones destinadas a defender la integridad e independencia de la patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las leyes, y a conservar el orden interior.

Desde el mismo ordenamiento jurídico notamos la existencia de un espíritu protector, mismo que da razón de ser a nuestras Fuerzas Armadas, toda vez que quedan encargadas de defender la integridad e independencia de la patria, y a su vez a conservar el orden interior.

Todos  los ciudadanos estamos obligados a respetar los derechos humanos de todas las personas; sin embargo, los servidores públicos tenemos la obligación de promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme lo señala el artículo 1 de la Constitución política.

En estas últimas semanas hemos escuchado distintos puntos de vista sobre el proyecto de Ley de Seguridad Interior.

El desconocimiento de  la propuesta y de los principios que rigen a nuestras fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas es lo que genera confusión y, a su vez, un rechazo a la misma.

Se les olvida que ya el artículo 89, fracción VI de  nuestra Constitución vigente, desde el 5 de abril del 2004; y la fracción VII de la misma, estipula lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanentemente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Séptimo. Disponer de la guardia nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

Es importante señalarles que no podemos entender nuestras leyes en una forma literal, la interpretación tiene que ser sistemática entrelazada entre sí y funcional.

En atención a ello se le puede conferir la gran responsabilidad de cumplir con la Ley de Seguridad Interior, que hoy se discute a quien con su tradición de honor, valor y lealtad realizan todas sus actividades por el honor de México, máximas que han forjado a miles de hombres y mujeres que darían su vida sin pensarlo por cumplir con la misión que se les otorgue en la Constitución mexicana.

Si sólo a nuestras Fuerzas Armadas mismas que son confiables y se les puede encomendar la restauración del orden y los principios de nuestra Constitución política, entendiendo que el territorio, la población y el gobierno son elementos que forman parte del Estado soberano mexicano conformado a su vez por un conjunto de instituciones que regulan la vida nacional.

El estudio de este proyecto de ley nos obliga a profundizar en materia de seguridad nacional.

La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía. El segundo párrafo del artículo 18 de la  ley establece claramente que en ningún momento las Fuerzas Armadas tendrán condiciones de seguridad pública.

Las acciones de la fuerzas federales se limitarán a lo que establece el artículo 3, y 5 de la Ley de Seguridad Interior, tal y como se estableció en el decreto presidencial de 9 de mayo de 2007 cuando las Fuerzas Armadas iniciaron acciones de combate contra el crimen organizado.

Tres. Las Fuerzas Armadas no van a realizar acciones  de investigación y persecución de delitos, esto está establecido perfectamente en el artículo  21. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público y de la policía que actúa bajo el mando del Ministerio Público.

La Ley de Seguridad Interior sí genera controles para edificar el debido respeto de los derechos humanos con la expedición de esta ley se genera un mecanismo de declaratoria de protección de seguridad interior que ya lo establece el artículo 89 constitucional, y simplemente viene a regularlo.

Cuando se incumplen los lineamientos específicos a la declaratoria las personas quedan sujetas a responsabilidades administrativas y penales, según corresponda.

Las fuerzas federales, Policía Federal y Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en la protesta social, la manifestación pacífica de las ideas, es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en la legislación internacional misma que protege el Estado en el artículo 133 constitucional.

El artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, establece claramente: Las protestas nunca pueden considerarse actos de seguridad interior, por lo que está absolutamente prohibido el uso de las Fuerzas Armadas.

Y por último, la Ley de Seguridad Interior no fomenta la intervención militar, al contrario, restringe la acción de las Fuerzas Armadas a casos específicos, claramente establecidos en el mismo ordenamiento y además establece una limitante temporal para las acciones.

Es cuando, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

Apelo a la sensibilidad de las Senadoras y Senadores, oradores, para restringirse a los cinco minutos que el reglamento permite.

Faltan 32 oradores.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros:

Se reconoce la crisis que vivimos desde hace 11 años.

Se reconoce que desde hace 11 años hacia acá el crimen organizado va ganando terreno.

Se reconoce que se ha perdido la guerra con el crimen organizado.

Se reconoce con esta ley que se ha fracasado desde el Estado, pero no se hace nada para corregir esto.

Lo hemos dicho, una y otra vez, no es con esta ley como se va a resolver el problema de la seguridad pública.

Y ayer en comisiones decían: “Que esta ley ya no era para eso, que era solamente para normar a las Fuerzas Armadas”.

No hay un análisis serio del fenómeno delictivo para poder redactar esta ley.

Hemos esperado que alguien haga aquí un razonamiento, con la experiencia ya de estos 10 u 11 años en que tenemos a las Fuerzas Armadas en las calles, y no se hace.

Hay ejemplos, ahora se los explico, hay ejemplos de ejercicios que se tienen en el país, en municipios que son verdaderamente exitosos en materia de seguridad pública. Este no es el único, son muy pocos, pero este es un ejemplo de un municipio que decidió hacer las cosas distintas, y quiero exponérselos.

Este municipio es Nezahualcóyotl.

En el año 2011 gobernaba el PRI; en el 2012 recuperó el PRD ese gobierno municipal. Aquí está Nezahualcóyotl, así recibió la inseguridad en el municipio, y vean ustedes la gráfica cómo cae.

Aquí está Ecatepec, mismo año. Vean ustedes, pero hay un repunte muy fuerte.

Y está Tlalnepantla y Naucalpan.

Aquí está Tlalnepantla, sube.

Aquí está Naucalpan, aquí está Tlalnepantla, prácticamente en el mismo sentido.

Gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, gobierno del PDR en la misma región.

Esta es la incidencia delictual per cápita anual, 2011-2016.

Este es el homicidio doloso per cápita, 2011-2016. Prácticamente hay resultados, miren ustedes.

Ecatepec, del PRI, en dónde anda.

Naucalpan, cae un tanto y recupera.

Nezahualcóyotl, es el que tiene mejores resultados.

Tlalnepantla, vean hasta dónde está Tlalnepantla, es éste.

Otro ejemplo, otro ejemplo. Robo de vehículos per cápita anual, 2011-2016.

Vean, Nezahualcóyotl tiene un repunte y vean hasta dónde llegó, hasta abajo.

Ecatepec no puede recuperarse.

Tlalnepantla dio muy buenos resultados. ¡No, perdón! Tlalnepantla es el que peores resultados ha dado.

Naucalpan, casi llega al mismo nivel que Nezahualcóyotl.

Esta es otra gráfica. El PRD gobernó entre el 2006-2009, así se comportó el robo de vehículos asegurados.

En el 2009 pierde el PRD y gana el PRI, y vean ustedes el repunte en el número de vehículos asegurados.

En el 2012 recupera el PRD, y vean ustedes cómo va.

Estas gráficas se las muestro y les digo: Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es el único municipio que no ha aceptado el Mando Único. El resto de los municipios tienen Mando Único. Está ahí la policía estatal.

En Naucalpan, en Tlalnepantla, en Ecatepec, en cada uno de estos municipios, 15 bases mixtas de operación, que les llaman, donde está la Marina, está el Ejército, está la Policía Federal y la Policía Estatal, y ahí están los resultados de esos municipios.

Y ¿Por qué resulta que en Nezahualcóyotl, donde no hay un Mando Único, donde hay una coordinación, una coordinación de las policías, donde hay un acercamiento de la policía municipal a la ciudadanía, donde hay la recuperación del valor de la ciudadanía para defenderse de los delincuentes, donde nuestros policías municipales se acercan, hay proximidad?

Hoy tienen ya, incluso, algunos ejercicios mucho más cercanos. Hay directorios de WhatsApp de vecinos, de las diversas manzanas y se comunican por WhatsApp con su policía municipal.

Se ha hecho, por supuesto, un trabajo muy profundo con la policía municipal para darles mejores salarios, para darles mejores condiciones laborales, para darles equipo, para darles condiciones laborales dignas, y ahí están los resultados.

¿Por qué, si desde un municipio como Nezahualcóyotl, se puede tener estos resultados en materia de seguridad pública, por qué no se puede en el resto? con recursos propios del municipio se ha logrado esto.

No hay recursos extraordinarios, luego, entonces, si este es exitoso ¿Por qué no se puede en resto de los municipios y por qué no se puede en el Estado de México y en resto de los estados?

Porque si revisamos, es en gran parte la corrupción que existe en esta materia. Si hoy vamos a un Ministerio Público de cualquiera de los estados, ustedes se darán cuenta, podríamos darnos cuenta de enorme corrupción que existe ahí.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Concluyo, Presidente, con gusto.

Si nos damos una vuelta, qué es lo que están haciendo las procuradurías hoy en los estados, nuestras fiscalías que en su inmensa mayoría las que están formadas no son autónomas de ninguna manera, si nos damos la vuelta para ver qué están haciendo los Poderes Judiciales de los estados se dan cuenta de toda la corrupción que prevalece y las policías estatales metidas en la corrupción y la inmensa mayoría de las policías municipales, no nos vengan a decir que con esta ley vamos a ir a resolver eso, porque eso es falso, porque con esta ley no se está considerando absolutamente nada de la seguridad pública.

Sí, Presidente, sé que hay prisa por resolver.

Pero allá afuera hay gente que tiene prisa porque le resolvamos este problema de inseguridad.

Hago un llamado, señoras y señores Senadoras y Senadores, hago un llamado a sensibilizarlos, cómo va a quedar este país después  de desoír a los organismos internacionales o acaso creen que están complotando en nuestra contra,  acaso creen que están en contra de  este país la ONU, a quién se le ocurre pensar que la ONU no tiene injerencia en eso, a  quién se le ocurre pensar que no son una autoridad para darnos recomendaciones, mal va a quedar México.

Muy mal vamos  quedar, peor vamos a quedar de lo que estamos  hoy en nuestra imagen internacional.

Señoras y señores Senadores y Senadoras, haremos esto, escuchemos esas voces autorizadas de las organizaciones civiles en México, de los rectores de las universidades, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, escuchemos la voz de la ONU, de los relatores de la ONU que hoy nos recetaron otra carta pidiendo que no aprobemos esto.

Ojalá, ojalá y pudieran escuchar, abrir los oídos, porque aquí, desgraciadamente con esta ley no vamos a corregir todo esto que vimos de corrupción, porque la falta de inseguridad  en México es básicamente la corrupción y la desidia de   gobernantes, del gobierno federal y de gobiernos municipales en su gran mayoría.

Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

En uso de la voz, la Senadora Marina Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente.

Yo quisiera solamente  recordarles y después de escuchar al Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que el Jefe de Gobierno de nuestra queridísima  Ciudad de México ha solicitado en diferentes ocasiones y yo quiero destacar  concretamente, el apoyo de las fuerzas armadas para poder  hacer operativos en El Ajusco.

Lo pongo en la mesa, gobierno del PRD, también recordar que el primer operativo federal que se realizó fue en el estado de Michoacán, a petición por cierto, del PRD.

Y hablando de Nezahualcóyotl, el municipio, yo quisiera revivir una nota y voy a citar textualmente del jueves 20 de  septiembre de 2012 que dice lo siguiente:

Periódico El Universal. Por el incremento de 14 % en los índices delictivos en los últimos dos meses, casi mil elementos del Ejército, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Ministerial y la Municipal, iniciaron el Operativo Neza, para vigilar las calles.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de enero a septiembre de 2012, se han registrado 119 homicidios en Nezahualcóyotl en los que se han utilizado armas de fuego,  no será la primera vez que fuerzas federales patrullen la zona, durante las administraciones de los alcaldes perredistas, Héctor Miguel Bautista López, Luis Sánchez Jiménez y Víctor Manuel Bautista López, la Policía Federal y el Ejército, realizaron operativos por la presencia de  bandas del crimen organizado.

Estoy compartiéndoles una nota, porque yo no quiero que aquí se venga a decir a la máxima tribuna pues muchas cosas que no son ciertas y porque a lo mejor en estos momentos pues te conviene hablar a favor o te conviene hablar en contra.

Yo sí creo que tenemos que estar velando por la seguridad de los mexicanos.

Y quiero compartirles algunas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública 2017, que estimó  que tan sólo en 2016 fueron más de 24.2 millones el número de víctimas de 18 años y más de algún delito en el país, es una cifra extremadamente alta, uno de cada cinco mexicanos prácticamente sufrió a manos de la delincuencia, por eso no extraña que 7 de cada 10 mexicanos hoy se sientan inseguros en su comunidad, lo que debe ocuparnos, compañeros Senadores es lo que a la gente verdaderamente le interesa y lo que les interesa a los mexicanos es vivir tranquilos, poder ir a su trabajo sin el temor de ser  asaltados, poder ir al banco a retirar sus remesas o la nómina de su empresa sin zozobra, poder hacer negocios sin el miedo a ser secuestrado o extorsionado o evitar que los jóvenes estén en riesgo frente a la cada vez mayor oferta de drogas en escuelas, fiestas o centros de esparcimiento.

Yo creo que los mexicanos y los padres de familia, lo que quieren es que sus hijos regresen con bien a casa y eso no está ocurriendo, no hemos sido capaces de ello.

A la gente no le interesa quién haga las labores de seguridad, protección y vigilancia, siempre y cuando se haga de manera eficaz y yo creo que ahí está el problema medular.

Hoy el arreglo bajo el que se opera, pues no está cumpliendo su función, en muchos rincones del país es la misma  policía la que inspira miedo, la que está contaminada o está colapsada por la corrupción, no estoy generalizando, pero es la realidad.

Ahí están los ejemplos de lo que pasaba en Monterrey o en Acapulco, que si no fuera por la intervención del Ejército, la Armada y la Fuerza  Aérea en el auxilio a las autoridades civiles, la situación sería mucho peor, pero lo que se requiere es que esa participación sea ordenada y bajo reglas que le den certidumbre, y en otra arena lograr también lo que una y otra vez hemos insistido, que los estados y municipios reconstruyan los cuerpos policiales.

Pensar en un régimen de leyes y de derechos para todos en México pasa por la reconstrucción de las instituciones policiales.

Es increíble que la mayoría de los policías en México, en pleno siglo XXI, casi siempre trabajen sin procedimientos operativos regulados, sin métodos, sin capacitación, sin incentivos adecuados y sin equipamiento.

Quiero, y le pediría paciencia un par de minutos, Senador Presidente.

Desde mi perspectiva lo más delicado y lo que más preocupa a la sociedad civil en torno a la discusión de este dictamen es que han pasado más de diez años en México de la puesta en marcha de la estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, sostenida fuertemente en el despliegue de militares, pero no ha estado acompañada de garantías en materia de justicia y de derechos humanos.

El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público no puede quedar en segundo plano.

Yo quiero, bueno, creo que es muy poco tiempo, cinco minutos para externar las bondades de este tema y también las preocupaciones que tengo como Senadora de la República, pero quiero compartir, por un lado, que esta ley sí se queda corta, es absolutamente perfectible, sólo representa un paso, pero es un paso que debe darse para eliminar la discrecionalidad en la intervención federal.

Insisto, estamos a favor, pero bajo la reserva de que tendrá que estar acompañada de normativa complementaria como es el mando mixto y de indicadores sobre profesionalización de los cuerpos policiales locales, tenemos que cumplir la doble exigencia social de regresar a los militares a los cuartelas y garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias, pero tenemos y debemos seguir trabajando.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.

¿Con qué objeto, señor Senador?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Para rectificar los dichos de la Senadora Mariana Gómez del Campo que acaba de hacer.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Tiene usted la palabra.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.

En verdad que no entendí el objetivo de refutar lo que vine a decir aquí.

Quien me antecede en la palabra lee una nota fechada de El Universal, su sección metrópoli, fechada el jueves 20 de septiembre del 2012, donde se dice una declaración del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastre, es el que informa de todo esto.

Yo hace un rato les comentaba que Nezahualcóyotl era gobernado desde el 97 y hasta el 2009, y les doy una parte nada más de ese trabajo, estos son el robo de vehículos asegurados, según OCRA, este es un dato que no miente, y estoy poniendo solamente vehículos robados asegurados para hacer una nota verídica, que no piensen que estamos alterando, esto lo pueden consultar ustedes, está en Internet.

Y vean cómo se prevalece el robo de vehículos entre 4 y 4.2 vehículos se robaban hasta que el PRD dejó de gobernar.

Y vean, en el 2009, cuando entra el PRI, que por cierto nos gana a los perredistas prácticamente la gran mayoría de los municipios que gobernábamos, y también lo que gobernaba el PAN, vean ustedes cómo se dispara el robo de vehículos.

Recuperamos en el 2012, y ahí está la caída en el robo de vehículos.

Y déjenme decirles que este fenómeno se presentó a partir de esa fecha en toda la zona metropolitana. De  alguna manera los gobiernos municipales del PAN, los gobiernos municipales del PRD habíamos mantenido a la delincuencia organizada un tanto alejada de los municipios, pero es en el 2009 cuando desde Toluca mandan a los directores de seguridad pública de los municipios que gobernaba el PRI cuando se generaliza la violencia, la delincuencia organizada en todos estos municipios metropolitanos, ahí están las cifras y no mentimos.

Pero cuando recuperamos los otros en Nezahualcóyotl volvimos a implementar el mismo modelo de seguridad pública y ahí están los resultados, no estoy viniendo a esta alta tribuna a decir mentiras, estoy diciendo una experiencia exitosa de un gobierno municipal que enfrenta la delincuencia, que no ve en la seguridad pública eso que sí ven muchas y muchos, que es un negocio.

Porque hay que decirlo, para muchos es un negocio, es extorsionar a la ciudadanía y ese dinero va subiendo hasta llegar a las más altas esferas del poder en los estados o los municipios.

Y cuando vengo a decir aquí que esta ley no soluciona nada, es porque no hay nada aquí expuesto para ir a atacar este fenómeno, porque allá votaron en contra la minuta que les enviamos aquí de mando mixto que otra vez de repente hacemos bien las cosas en este Senado, y fue votado aquí por unanimidad después de muchos años de trabajo, es lo que teníamos como la idea de mando mixto, pero aquí mismo, en este mismo espacio, escuchamos que el Secretario de Gobernación dijo que no era la solución y, entonces, la congelaron y después la desecharon en fast track, sin encontrar alternativa ninguna.

No hay hoy una propuesta alternativa en materia de seguridad pública.

Por eso insisto, esta ley no soluciona.

Esta ley pone en peligro los derechos humanos.

Esta ley contraviene convenios internacionales y, sobre todo, es violatoria de la Constitución.

Ahí hay ejemplos, hay ejemplos de gobiernos honestos, de gobiernos que quieren hacer bien las cosas, que no se venga aquí a tratar de desacreditar esos grandes esfuerzos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Corresponde su turno al Senador Carlos Manuel Merino, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

En uso de la voz el Senador Carlos Manuel Merino.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador Merino.

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.

¿Con qué objeto, Senadora?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Solamente le pido que me apunte para rectificación de hechos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Así lo haremos.

Por favor, señor Senador Manuel Merino.

El Senador Carlos Manuel Merino Campos: Gracias.

Con su permiso, Presidente.

El pasado 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado expresando su preocupación sobre el proyecto de ley que hoy nos ocupa, por contener preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, lo que significaría la normalización, regularización y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, perdón, en materia de seguridad pública viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

El concepto de Seguridad Interior nace en el propio texto de la Constitución de 1917, en el artículo 89, fracción VI, decía: “disponer de la Fuerza Armada permanente, del mar y tierra, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Y es hasta abril de 2004 que se incluye el término de Seguridad Nacional, desde entonces la Constitución mexicana, existen las dos vertientes: Seguridad Interior y la Defensa Exterior.

En la misma reforma el Constituyente facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad nacional en el artículo 73, fracción XXIX-M, pero jamás se ha otorgado al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad interior.

Exponen los promoventes de esta ley que debe aprobarse para combatir los altos índices de violencia en aras de proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados.

En el artículo 2 de la iniciativa se definiría por primera vez en una ley el concepto de seguridad interior.

Es criticable el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, señalado en el artículo 3 de la iniciativa, pues advierte que el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza, ello permitiría a las Fuerzas Armadas ejercerla para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, hacer uso de su potencial y capacidad destructiva, pero además viola ese despliegue de fuerzas.

El contenido del diverso 129 constitucional, que expresa limitaciones a su actuación, “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, y que se relaciona con el artículo 29 que regula la suspensión de los derechos fundamentales en el país para que el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia.

En los artículos 11 y 12 se establece un procedimiento con el que el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas y tras una declaratoria de protección de Seguridad Interior, y que dure hasta un año, y previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior.

No obstante, el artículo 6 otorga de forma absoluta al Presidente, potestad de ordenar sin necesidad de declaratoria, la intervención de las Fuerzas Armadas y señala que será bajo la premisa de dar cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y Agenda Nacional de Riegos, contenida en la Ley de Seguridad Nacional.

La iniciativa ni fortalece a las policías, ni capacita a los militares como para intervenir en el servicio público de Seguridad Pública a cargo de los tres órdenes de gobierno, en términos de los artículos 21, 115 y 122.

Y contraviene esta propuesta, pues las instituciones de seguridad pública deben de ser de carácter civil y no militar.

Esta iniciativa es omisa para sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no asume la generación de responsabilidades que pudieren derivarse al cometer una conducta que afecte a un civil, pues sólo menciona el artículo 34, “que todo incumplimiento será sancionado en términos de los sistemas de responsabilidad y anticorrupción”.

Se faculta al Ejecutivo Federal a abrir una vía hacia la militarización del país dando forma legal al hecho de que las autoridades federales, estatales y municipales continúen evadiendo sus responsabilidades constitucionales, en materia de seguridad pública, en vez de asumir su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policíacas al nivel que corresponde.

Se pudiera pretender normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y agravar la situación, en materia de derechos humanos y violencia, en el marco de la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, en contra de las recomendaciones internacionales, y a pesar de los graves indicios de violaciones de los derechos humanos cometidas por éstas en los últimos años.

Este parece un proceso legislativo bastante atropellado, que bajo el espíritu de resolver la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, a efecto de evitar los excesos y abusos de fuerza, que ya es un hecho notorio, el Ejecutivo Federal expande sus facultades en temas de seguridad pública y sólo se encamina a emplear las Fuerzas Armadas discrecionalmente y sin autorización del Senado.

No se advierten pesos ni contrapesos, es decir, en un clima de necesidad se hace presente la oportunidad con que, parece, el Presidente pretende legitimar y reorientar el uso de la fuerza en los próximos procesos del 2018, y así no tener que acudir a la Corte Internacional tras una posible denuncia por violar y poner en peligro la vigencia de los derechos humanos en México.

Incluso al pretender sustituir las competencias de otras autoridades como en la persecución de los delitos.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador.

Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Laura Angélica Laura Rojas Hernández: Gracias, Presidente.
Hace poco más de una década que las Fuerzas Armadas de nuestro país comenzaron a realizar tareas relacionadas con la seguridad pública. Una obligación reservada a los cuerpos civiles  en todos los regímenes democráticos.

No hay duda del respeto que el pueblo mexicano le profesa al Ejército y a la Marina.  No sólo por la ayuda humanitaria que suelen prestar cada vez que se necesita, sino porque son los únicos que han logrado generar y mantener cierta paz en muchas comunidades a lo largo y ancho del país.

Durante estos años nuestras Fuerzas Armadas han servido con lealtad y disciplina en el combate al crimen organizado. Por ello, se les reconoce y agradece.

Pero, también hay que decir que estos años de lucha no sólo se han perdido invaluables días de soldados y marinos, sino que institucionalmente han sufrido un desgaste por los constantes cuestionamientos y recordatorios de que las tareas relacionadas con la seguridad  pública que realizan son irregulares.

A nuestros soldados y marinos se les dijo que su lucha contra los criminales sería temporal; que el Estado mexicano pondría todas sus capacidades en la tarea de definir un modelo policial cuya implementación contaría con recursos económicos y humanos suficientes, para que pudieran regresar a los cuarteles.

Lo mismo se les dijo a los organismos internacionales de derechos humanos que han señalado  una y otra vez la necesidad de normalizar  la situación.

Pero, a una década que eso se cumpla, no está si quiera a la vista.

Y ese es el problema de fondo, que parece que pretendemos perpetuar una situación que es claramente extraordinaria, pero que además no ha dado resultados.

En lugar de haberse reducido la violencia y la inseguridad, hoy estamos peor que nunca, y ya se dijo, de los 10 estados con presencia militar, con los que empezamos, hoy hay 28, casi todo el país.

Por otro  lado, no se trata de eludir la realidad, es un hecho que ante la incapacidad del estado de generar policías profesionales y confiables, hoy día no hay quien supla a  las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que realizan.

El problema es la forma en la que se pretende dar respuesta a esa realidad. Ante el fracaso de los poderes ejecutivos, de los tres órdenes de gobierno, por un lado, se desecha la Cámara de Diputados la  minuta sobre mando mixto.

Esa minuta que definía un modelo y establecía mecanismos para avanzar hacia la profesionalización de las policías.

Y, por el otro, aprobamos una ley  que incentiva la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas que no  le corresponden.

Si acompañado a la aprobación de esta ley, porque evidente que así será, no hay un compromiso público de los grupos parlamentarios para construir en un corto plazo el marco jurídico pendiente sobre el modelo policial, pero también sobre una reforma integrado al sistema de procuración de justicia, el mensaje no será otro, sino el de la rendición.

Porque aun admitiendo que la existencia de esta ley es necesaria para regular lo que ya sucede de facto, también creo que podríamos haber generado un mucho mejor producto  legislativo.

Ideas y propuestas hay, por ejemplo, en la iniciativa del Senador Roberto Gil, se establece un listado taxativo sobre lo que puede considerarse afectaciones a la seguridad interior.

Crea un comité de seguridad interior coadyuvante del Ejecutivo Federal en la conducción de la política de la materia; regula la intervención de comunicaciones privadas, sujeto al control judicial, establece controles legislativos reales al conferir atribuciones al Congreso de la Unión para que a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad  Nacional dictamine la declaratoria; faculta Senado de la República para retirar a  las Fuerzas Armadas de manera anticipada, entre otras.

Estas propuestas atienden por cierto varias de  las preocupaciones externadas por los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

Y aquí, déjenme hacer una reflexión sobre la tan mentada vocación multilateralista de México., y repetir lo que el PAN ha dicho, año tras año en las comparecencias de los cancilleres en este Senado.

Y es que no se puede, por un lado, reconocer la importancia de los organismos internacionales y asumir que somos parte de ellos sólo cuando nos aplauden, y no cuando nos dicen que las cosas no están bien.

No se puede participar activamente y liderara en los organismos internacionales cuando éstos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a  los mismos en nuestro país.

No podemos reconocer el expertis de estos organismos y pedirles su ayuda para crear leyes como las de tortura o desaparición forzada, redactadas en gran  medida con sus aportaciones concretas y al mismo tiempo desestimar sus preocupaciones sobre este proyecto de ley.

Nunca antes cuatro altos comisionados se habían pronunciado sobre un problema específico en México, precisamente sobre la necesidad de retirar de manera gradual a las Fuerzas Armadas de las tareas que no son parte de su mandato.

Y nunca antes dos organismos de estados, la ONU y la CNDH, dos organismos autónomos del Estado mexicano, la CNDH y el Inai, y 25 organismos públicos de derechos humanos habían pedido públicamente al Senado considerar la aprobación de una ley.

Voy a terminar ya, Presidente.

Quiero reconocer el esfuerzo que hicieron los presidentes de las comisiones por impulsar varios cambios importantes.

Como el artículo 9, sobre transparencia.

El del artículo 7 sobre protección a los derechos humanos o el Transitorio Quinto que exige a  los gobiernos locales la presentación de un programa  para avanzar en la profesionalización de  las policías.

Sin embargo, aún con estos cambios, el llamado ha sido el día de hoy reiterado por parte de esos organismos internacionales y en un acto sin precedentes se han sumado siete mandatos de derechos humanos de la ONU.

El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.

El relator especial sobre el derecho a la privacidad.
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias.

El relator especial sobre  la promoción de la verdad,  la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Y, el relator especial sobre la promoción  y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

Compañeras y compañeros:

¿De verdad creen que todos estos organismos internacionales y nacionales, conformados por expertos y expertas, están equivocados?

Concluyo diciendo que no se trata de que no haya ley, ni de dejar en la indefensión y a merced del crimen y la violencia a los ciudadanos, como se ha argumentado planteando un falso debate.

Se trata de contar con la mejor ley posible, y creo honestamente que esta ley no es el instrumento transformador que nos lleven a mejorar la situación de inseguridad y violencia que vivimos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

En uso de la tribuna el Senador Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, Presidente.

Buenas noches a todos.

En primer lugar, quiero manifestar mi más amplio y sentido reconocimiento a la patriótica labor, responsable, entregada, profesional y leal de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, Marina Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, y también a la Policía Federal y a la Gendarmería.

Y no sólo hablo a nombre propio, creo que me acompañan las Senadoras representantes del estado de Puebla, aquí presentes, no así quienes se ostentan como Senadores por el estado de Puebla, pero son plurinominales al servicio de su corrupto partido, que es muy distinto, y que gobierno y sociedad en Puebla, estamos muy reconocidos con esta patriótica labor.

Yo lamento que al reconocimiento que se ha hecho, una y otra vez aquí a las Fuerzas Armadas, de pronto siga la hipocresía de regatearles un marco jurídico que les brinde certidumbre para su actuación.

Más aún, es reprobable que los mimos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón, y olvido a los capos de la delincuencia organizada.

Ahora resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas.

(Aplausos)

¡Vergüenza les debería de dar!

Igualmente reprobable es que vengan Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, que ayer aplaudían la actuación de nuestros Presidentes de la República, y hoy por mero cálculo político, por afanes e instrucciones de su ambicioso líder, hoy reprueben esa actuación, la cuestionen y vengan a decir absurdos para favorecer dicha ambición personal.

Lamento la pobre incongruencia de quienes al tiempo que piden que el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México permanezca en las calles, entonces apoyen, y apoyando a los gobiernos locales, desde luego, ponen en tela de juicio su capacidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, y les nieguen una ley a la altura de sus necesidades.

Lamento, lamento que se levanten campañas basadas en prejuicios, fobias, ignorancia, desinformación y mala fe, y que se privilegien las descalificaciones personales y las frases hechas y los populares hashtag en redes sociales.

Qué pena que se diga que nos estamos precipitando, que trabajamos en lo oscurito después de 10 años de discusión de este tema, de un tema que se ha ventilado suficientemente, que todo mundo ha hablado, ha discutido, ha presentado documentos, diez años también de incertidumbre para nuestras Fuerzas Armadas.

Ignoran o no entienden los opositores del proyecto que ya la Constitución Mexicana otorga al Ejecutivo Federal la facultad de disponer de la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas, fracción VI del artículo 89.

Es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí no se está inventando nada.

Que sean unos ignorantes que no sabían que esa facultad existía, es otra cosa, pero lo que urge es una legislación secundaria que regule precisamente cuándo, cómo y dónde deben participar en auxilio de nuestras autoridades civiles y locales las Fuerzas Federales.

Pasa desapercibido para los críticos que, mientras que dicen que se está militarizando al país, ya tenemos una Ley de Seguridad Nacional, y que la Seguridad Interior es parte de la Seguridad Nacional.

Otra vez, otra vez lamento su supina ignorancia. Vergüenza les debería de dar, casi seis años de Senadores, y no entender la diferencia entre Seguridad Nacional, pues, Seguridad Interior integrada, y la Seguridad Pública, que es otro concepto.

Aquí mienten los que afirman que se vulneran derechos humanos fundamentales. Que me demuestren una sola expresión en este proyecto que vulneren dichos derechos humanos fundamentales.

Mienten quienes sostienen que se cancele el principio de máxima publicidad en cuanto a la rendición de cuentas, a la máxima publicidad, a la protección de datos personales en cuanto a la legislación en materia de transparencia. ¡Mienten!

Falta a la verdad quienes repiten que con esta ley se suplanta a la autoridad estatal por parte de la autoridad federal. ¡Mienten nuevamente!

Vergüenza les debería de dar que después de leer las adecuaciones a los artículos 7 y 8, insistan en que se ponen en riesgo los derechos humanos fundamentales y se castiguen las movilizaciones sociales y las que tienen carácter político electoral.

¡O no saben leer, o vienen aquí con toda mezquindad a tratar de confundir al respetable! ¡Eso no se vale!

Elevemos el nivel, tengamos capacidad para debatir con argumentos. Esta ley pone orden precisa, cuándo y cómo es que se debe entender que está en riesgo la seguridad interior, que hay una declaratoria del Ejecutivo, que se da cuenta a la Comisión Bicameral del Congreso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se tiene que publicar, que se tiene que poner orden en cuanto a la coordinación entre las Fuerzas Federales y las Fuerzas Locales.

Se trata de una ley que fija principios fundamentales, que armonizan con la Ley de Seguridad Nacional, gradualidad, proporcionalidad, oportunidad, temporalidad,  subsidiaridad, es un instrumento jurídico, ahora resulta que me van a presionar, es un instrumento jurídico como dije, que da vista en todo momento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  y ya con los ajustes realizados, se impone por primera vez una obligación para que en 180 días los gobiernos locales donde hay presencia de las autoridades federales, deban rendir todo un programa, un programa precisamente con plazos y acciones, presupuesto en seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, a efecto de que hagan su tarea y así lo justifiquen ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Miren, compañeras y compañeros, se los digo como abogado, se lo digo como Senador de la República, y conste que no soy miembro de ninguna de las cuatro comisiones dictaminadoras, porque la mezquindad de quien coordina mi grupo parlamentario por instrucciones de su dirigente nacional me impidió como abogado en todas ellas.

Eso sí, me mandaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para tratar con bueyes.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador  Javier Lozano Alarcón: Voy a concluir ya.

Como abogado y como Senador les digo,  yo estoy convencido de que nada de lo que aquí se ha planteado es contrario a la Constitución, pero miren, para eso tenemos instituciones y leyes y respeto a la Constitución misma, para eso está la acción de inconstitucionalidad, si alguien estima que aquí se están vulnerando principios  o disposiciones de la Constitución, presente su acción de inconstitucionalidad, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que sea el tribunal supremo el que tenga la última palabra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Senador, permítame, discúlpeme que lo interrumpa.

Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Dávila, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Para ver si el orador  me permite hacer una pregunta.

El Senador Javier Lozano Alarcón: No.

Pero ante la duda, precisamente, pero ante la duda tenemos esa acción de inconstitucionalidad.

Ambas Cámaras del Congreso tienen la facultad de presentar, de impulsar dicho proceso, esto se llama  vivir al amparo de leyes e instituciones, aunque algunos estén por mandarlas al diablo, pero aquí nosotros, tenemos el ejemplo de virtud y de respeto a la Constitución y a nuestras instituciones.

Y miren, mientras sigamos siendo una República representativa, democrática y federal, los 500 Diputados y los 128 Senadores somos los que tenemos la facultad constitucional de aprobar leyes y, por cierto, en democracia, la mayoría gana, aprendan que esto así es.

Por su atención,  muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Lozano, permítame un segundo.

Senador, sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza, ¿con qué objeto?

El Senador Isidro Pedraza  Chávez: (Desde su escaño) Para subir a hacer una rectificación de hechos,  lo acaba de decir el señor proponente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por su intervención, Senador Lozano.

Se le concede el uso de la voz al Senador Isidro Pedraza para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Permítame un segundo, por favor, Senador Isidro Pedraza.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Sólo para recordar a la Presidencia que sólo tiene trámite preferente las alusiones personales, la solicitud de tomar la voz por la vía de rectificación de hechos debe hacerse hasta que han terminado  los turnos de oradores a favor y en contra, eso dice nuestro Reglamento, usted debe de registrar al Senador al final de la lista en razón de que ha solicitado el uso de la palabra por rectificación de hechos y no fue aludido de manera directa por el orador.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Discúlpeme, señor Senador, ofrezco una disculpa a la Asamblea y rectifico mi determinación. 

En la rectificación de hechos la podrá hacer usted al final de la lista de oradores.

Perdón, señor Senador, continúo con la lista de oradores.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: No me voy a quitar de aquí si no me dejas hablar.

Lo que sí quiero decir Presidente, porque en el marco del debate que se está dando, hace un rato pasó el Senador Luis Sánchez a hacer una rectificación de hechos y se le concedió la palabra, si ya hay un precedente, debe respetarse el Presidente, eso es lo que dice la práctica parlamentaria.

Aquí se hicieron…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Termine su intervención, no le asiste la razón legal, pero termine su intervención.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien. Hay necesidad de dirigirme a ustedes compañeros, porque se han estado  expresando una serie de exabruptos en términos de lo que no comparten, de la visión que tenemos en torno a esta Ley de Seguridad Interior.

De entrada, quiero decirles que hay muchas organizaciones de derechos humanos, la propia Federación de Comisiones de Derechos Humanos en el país, se ha pronunciado  en contra de esta ley que no debe de ser aprobada, porque esta ley tiene contradicciones, tiene ambigüedades, faltan a preceptos constitucionales y la misma ley es inconstitucional, de manera general, sí, estoy viendo lo que dijo aquí, tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad, de ausencia de contrapesos, de controles democráticos, de inexistencia de límites de temporalidad precisos respecto a la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al prever la posibilidad de prórrogas sin controles de carácter progresivo, es en el artículo 15, dijeron que aquí había que precisar en dónde están las violaciones, carece de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias, artículos 7 y 12, de controles legislativos posteriores para evaluar los resultados de las declaratorias.

Artículo 33. Transgrede los principios de máxima publicidad y el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

Artículo 9. Prevé alta  discrecionalidad del Ejecutivo.

Artículo 16. Contiene ambigüedades.

Artículo 10. Y da excesos y lugar a la criminalización de la protesta social a violaciones de los derechos humanos, implicará incluso esto, consecuencias más graves en materia de seguridad.

Aquí se mencionó que no conocemos lo que tiene establecido el artículo 86, pero compañeros, esta ley de carácter federal, es una ley que trata de  sumirse en una ley de carácter general y es ahí uno de los rasgos de inconstitucional que tiene, que no se puede resolver con ese transitorio que están pretendiendo presentar.

Este es uno de los graves errores que presenta esta iniciativa, nosotros o esta minuta.

Compañeros, yo quiero decirles, incluso, que aquí se ha estado haciendo una polarización de las posiciones políticas y de las conductas de varios de nosotros, hemos llegado con la desconfianza al albazo legislativo, y hemos estado buscando en el Reglamento y en las discusiones de este órgano, encontrar el  método para darle transparencia a esto.

Nosotros tenemos que evitar que nos pase lo que nos pasó cuando llegamos a esta Cámara de Senadores, muchos de ustedes recordarán que la anterior Legislatura aprobó contra la voluntad de la mayoría una Ley de Víctimas; esa Ley de Víctimas fue rechazada por la sociedad, esa Ley de Víctimas fue judicializada, y aquí están tratando de repetir el mismo escenario al final del sexenio, y tuvieron que corregir al principio de esta Legislatura el propio Presidente Peña Nieto, para dar oportunidad  de elaborar una nueva Ley de Víctimas.

Yo creo que en la medida en que estemos empeñados nosotros  en politizar esto, y no entender si hay un conjunto de voces que están llamándonos a que esta ley no puede darse como está planteada, nadie está negando que tenga que establecerse una ley que regule la presencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en este país, pero esta ley no es la ley que lo resuelve, esta ley es un mecanismo para legitimar el abuso de la fuerza, atropellar los derechos humanos, y no habla, de ninguna manera  de garantizar conceptos que no tienen claros, incluso.

El propio Cienfuegos, el 6 de diciembre de este año, a una pregunta expresa que le hicieron ahí acerca del concepto de seguridad, el propio Secretario dijo de la Defensa Nacional, en el periódico Excélsior, el 6 de diciembre de 2017, “no hay nada que defina, decía el General Cienfuegos en aquella oportunidad, qué es la seguridad interior”.

¿Y cuándo son problemas de seguridad interior? Desde mi punto de vista estamos entrando ya en un panorama donde muchos de los asuntos que considerábamos de seguridad pública hoy han escalado y tienen que ser considerados problemas de seguridad interior.

Yo quiero decirles frente a lo que se vino a decir aquí que hay tres conceptos importantes que tenemos que tener claros.

Cuando se habla de seguridad pública nos referimos a la capacidad del Estado para preservar la integridad física de las personas, la integridad física de las personas y su patrimonio, garantizando una convivencia pacífica en la sociedad.

La seguridad interior es un concepto que involucra a asegurar el funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho ante el surgimiento de riesgos internos, lo que esta ley no materializa.

Y tercero. La seguridad nacional está relacionada con la capacidad de proteger el territorio de amenazas externas.

Estos conceptos no han quedado claros a los que han venido aquí a defender, hay compañeros que en un afán solícito y presto de querer ser más…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Voy a terminar, de querer ser corifeos de esta iniciativa, lo que hacen es negar una discusión auténtica, civilizada, de cuáles son las verdaderas contradicciones y debilidades de esta ley, no ayudan posiciones que a veces parecen más lambisconas que posiciones basadas en un conocimiento jurídico.

Aquí se tiene que tener claro cuál es el alcance legal de esta ley y cuáles son las contradicciones jurídicas que contiene.

Por eso a veces pretender aquí ser más papista que el Papa desacredita a la persona que lo está haciendo.

Muchas gracias, Presidente, por su tolerancia.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

Corresponde el uso de la voz.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

¿Con qué objeto, señor Senador?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Es una moción de procedimiento a fin de normar el criterio del debate sobre alusiones personales y rectificación de hechos.

Yo quisiera solicitar le instruyera a la Secretaría diera lectura al artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que regula los debates de esta Cámara de Senadores.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me parece pertinente su sugerencia, señor Senador Encinas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al artículo referido por el Senador Alejandro Encinas.

¿Perdón, Senador, se refiere al artículo?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) El artículo 102 del Reglamento  para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, el Reglamento que rige la actuación del Senado de la República es justamente el Reglamento del Senado de la República.

Rectifica usted la solicitud de que se lea el artículo, estamos actuando en base al Reglamento del Senado de la República.

Corresponde el uso de la voz al Senador.

A ver, Senador Encinas.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) No, rectifico.

Esta Cámara se regula también por el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado de la República es omiso en este caso, no lo define con precisión.

Por lo tanto, de manera supletoria, se aplica el del Congreso General.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador.

Me voy a permitir dar lectura, para mayor claridad a la Asamblea y a solicitud del Senador Alejandro Encinas, el artículo 78 del Reglamento del Senado de la República a la letra.

“En el desarrollo del debate se concede la palabra a un Senador cuando se le alude de manera personal, para estos efectos el solicitante interviene inmediatamente después del orador”.

El artículo 79 establece. La rectificación de hechos se  limita exclusivamente a enunciar los que habiendo sido referidos se estiman incorrectos y a exponer clara y concisamente las razones que se tienen para ello, no establece que se haga en forma inmediata.

Por lo que en apego a la literalidad de este Reglamento que rige al Senado de la República, procederemos con el criterio de que las alusiones personales podrán ser respondidas de manera inmediata.

Y rectificación de hechos se hará una lista y al término de la relación de los oradores registrados podrá dárseles el uso de la voz a quienes así lo hayan solicitado.

En uso de la voz el Senador Raúl Morón, para hablar en contra del dictamen.

En uso de la tribuna el Senador Morón.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

No votaré yo a favor de una Ley de Seguridad Interior que atenta contra los derechos humanos y la democracia, una ley que nos quiere obligar a perpetuar la guerra. Esta guerra que tristemente comenzó en mi estado con el operativo conjunto Michoacán, hoy es elevada a rango de ley, y con esto llega a su estado más crítico esta tendencia militarista que está acabando también con las libertades y con la democracia, que costaron durante décadas muchas muertes que hasta el día de hoy no han tenido justicia.

Los resultados de esta guerra están a la vista, más de cien mil personas han sido asesinadas durante estos sexenios, no se sabe el número exacto de víctimas, de desaparición forzada, cuyas cifras extraoficiales hablan de hasta 30 mil desapariciones.

Además, muchas partes del país siguen siendo un auténtico campo de guerra y la presencia de las Fuerzas Armadas no ha sido la solución y tampoco lo podría ser la seguridad humana de la sociedad mexicana sólo puede venir de los poderes civiles, del fortalecimiento del Estado y de una auténtica transformación y fortalecimiento tanto de las policías municipales y estatales, como del Poder Judicial de las procuradurías para investigar y castigar los delitos.

Esta ley significa emprender el camino contrario, impone una fase todavía más cuestionable de esta guerra sin haber resuelto las consecuencias en materia de derechos humanos y estrategia no militaristas de la etapa anterior.

Los resultados, en materia de seguridad, han sido regresivos en estos dos sexenios, cabe destacar que esta situación de excepcionalidad siempre fue presentada como una medida temporal, ya que carecía de un marco normativo y servía para preparar una política pública de seguridad más profunda y de mayor calado.

No fue así, esta ley es una claudicación del poder civil en materia de seguridad y transfiere de manera ilegítima al poder militar esta responsabilidad.

Ahora se quiere que sea legal, pero no legítima y que las Fuerzas Armadas sean obligadas a cumplir funciones que sólo competen a los poderes civiles.

El Parlamento Europeo, entre otros organismos e instituciones, han dicho que esta ley no es la solución idónea frente a los problemas de inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta México.

Escuchemos bien esto, cito: “un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado”, término de la cita.

Esta ley vuelve a colocar a nuestras Fuerzas Armadas en riesgo de no cumplir con sus responsabilidades que evidentemente son más nobles y necesarias, que participar en una guerra interior; violenta las funciones del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Armada que deben ser instituciones de ayuda y servicio para el pueblo de México y que, por el contrario, hoy quieren  obligarlas a que cumplan con funciones de investigación y procuración de justicia, lo que desnaturaliza su función primordial, que es defender la integridad, la independencia, la soberanía de la nación y apoyar a la población ante situaciones de desastres y emergencias, tareas por lo cual han ganado el reconocimiento de los mexicanos y las mexicanas.

No bastaron los múltiples señalamientos y argumentos que se hicieron llegar a las comisiones para sustentar la petición de ampliar su revisión y análisis, entre las que se encuentran la inconstitucionalidad, su ataque al federalismo, su inconvencionalidad, entre otras, las que ya han sido expuestas por otros y otras compañeras Senadoras y Senadores, así como por diversas organizaciones y organismos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.

Ningún ordenamiento había generado un cuestionamiento internacional de tal magnitud, es inédita la manera en que ha sido cuestionada esta ley por los organismos internacionales, además su gran ambigüedad abre la puerta a una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria, como el concepto mismo de seguridad interior.

Esta ley hace caso omiso una vez más de la grave situación que vive México en materia de derechos humanos, es parte de una política negacionista que precisamente niega y quiere esconder, como si esto fuera posible, la desaparición forzada de miles de mexicanos o de homicidios y tortura como consecuencia de una política belicista, militarista, que en los últimos once años han marco el trágico rumbo de México, ha tenido en su fallida guerra contra el crimen organizado.

Niega el dolor de miles de víctimas y su derecho a la verdad y a la justicia.

Antes de modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en México el Gobierno Federal debe cumplir con las recomendaciones de las que ha sido objeto en lo que se refiere a la violación sistemática contra los derechos humanos.

Es urgente que el actual Gobierno Federal genere las condiciones para esclarecer las masacres de San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como miles de desapariciones forzadas en las que se presume hubo una participación de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Tenemos que decirlo con todas sus palabras, la Ley de Seguridad Interior es una ley de represión y de guerra.

Desde hace dos sexenios se desplegó una estrategia fallida contra la impunidad, la corrupción y la violencia que ha dejado, con la omisión o anuencia de los últimos gobiernos federales, que las empresas criminales crezcan y se diversifiquen.

Lo que México necesita es una política de paz y de reconstrucción nacional, una política de Estado que construya una paz con justicia desde las mismas instituciones.

México está herido y su dolor es inmenso, miles de víctimas de la absurda guerra contra el crimen organizado nos reclaman hoy que cambiemos el rumbo, que abramos las vías de una política pública para la paz, de la cual tenemos experiencias exitosas en América Latina y que hoy son más necesaria que nunca.

Una paz con justicia para salir, por fin, de la pesadilla de esta guerra.

Senadoras y Senadores:

Para  muchas y muchos mexicanos la aprobación de esta ley es la prueba contundente de que México necesita un cambio de régimen, los que voten a favor van adelantar contra su voluntad esta transformación que México ya exige. Hoy también comienza la lucha por otro  México.

Ustedes con su voto a favor de esta guerra han creado un frente de ciudadanos y de organismos a nivel internacional junto a los cuales lucharemos para que esta ley sea parte de una pesadilla del pasado y no de una eterna guerra del presente.

Hoy tenemos que elegir la paz como un camino para la democracia, la seguridad humana y la reconstrucción de México.

Hoy podemos comenzar el camino hacia un proceso de paz que debe cambiar el rumbo del país.

Visto desde esta perspectiva no existe esta fatalidad que quieren presentar como única alternativa y que se traduce en votar la guerra con esta ley.

Por el contrario, si pensamos en el futuro de México desde la perspectiva de un proceso de pacificación y reconstrucción nacional con el imperativo de los derechos humanos, la libertad de la democracia y un nuevo modelo de distribución de la riqueza, las posibilidades se abren y podemos comenzar un verdadero diálogo nacional con la sociedad para recuperar las opciones de paz para México.

En esta hora, en la que el Gobierno Federal y sus aliados en este Senado predican la guerra interior como única alternativa.

¿Militarización o proceso de paz?

Esa es la pregunta que hoy votamos a responder en este Senado de la República.

México sueña con construir otro país que hoy nos exige una seguridad sin guerra, por eso mi voto es por la paz y en contra de esta iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Morón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

Distinguidos legisladores:

México quiere y merece paz, seguridad ciudadana y certeza jurídica, es el tamaño del reto que tenemos que reconocer. Y la sociedad reclama resultados, resultados y más resultados.

Las Fuerzas Armadas de México están conformadas por hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar la vida por todos nosotros, no deben considerarse como jugadores emergentes en un combate interminable contra la delincuencia, y merecen instituciones sólidas que protejan su actuación.

Pero las Fuerzas Armadas no viven en un país diferente al que vivimos el resto de los mexicanos, y así como debe de darse certeza jurídica a su actuar es nuestra obligación como legisladores construir un marco jurídico que vele por estos valores enunciados.

Encontrar un equilibrio no es fácil, ni una tarea acabada, pero la polarización tampoco es la respuesta, por eso me manifiesto en contra de este proyecto de dictamen.

Desde el artículo 1 surgen argumentos en contra, se establece por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer, primero, las bases; segundo, los procedimientos, y tercero, las modalidades de coordinación entre poderes de la Unión, entidades federativas y municipios.

Esta iniciativa no establece bases, no establece procedimientos y no establece las modalidades de coordinación.

No siquiera se menciona la palabra Congreso, Senado, Corte, ¿entonces qué poderes pretende coordinar?

Propone principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, pero ninguno de ellos se respeta en el articulado, por el contrario está basado en la irracionalidad, en el anacronismo y la desproporcionalidad, el centralismo y la perpetuidad.

Estamos de acuerdo en la intención, pero el remedio propuesto no es el indicado.

No es posible tantas voces equivocadas, organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; especialistas, pero aquí se hicieron oídos sordos, y lo único que se hizo evidente es que este diagnóstico parcial y equivocado pues da un tratamiento inapropiado.

Preguntas básicas.

Primero. ¿Se necesitaba una ley?, no, lo que se necesita se reglamentar la certeza jurídica y no lo logran.

¿Es novedosa? No. Es un documento referencial cuyo valor agregado es mínimo, porque no hay contrapesos, y no se elimina la discrecionalidad.

¿Dónde está el Congreso?, ¿dónde están las autoridades locales?

Tercero. Viola posiblemente derechos humanos, pues es lo que afirman organismos internacionales y nacionales, y debe de ser un motivo de preocupación.

Cuarto. ¿Contradice el marco jurídico actual?

Juristas respetados, así lo señalan, y denuncian la posible violación a disposiciones constitucionales.

Y la lista de preguntas podría continuar.

Esto es  muy lamentable, porque de compañeros de este Senado tuvimos mejores iniciativas y que fueron ignoradas.

Por ejemplo, se definía en otra iniciativa el supuesto de afectación a la seguridad interior, aquí no valió.

La posible creación de un comité de seguridad jurídica, se olvida.

El contemplar la participación del Congreso, mínima.

El limitar la temporalidad del intervención y mecanismos del términos de vigencia, a un lado.

El dictamen nos sugiere una enorme cantidad de razones para oponernos. Por ejemplo, el artículo 2 establece la seguridad interior como una condición que le da al Estado mexicano, la salvaguarda en la permanencia y continuidad de las órdenes del gobierno y de instituciones, pero no tiene materialización.

Este proceso legislativo se ha convertido en una contradicción, afectó la estabilidad institucional, se violentaron los procedimientos legislativos, hasta ayer se integraron las comisiones unidas. La población no pudo acceder a su derecho de audiencia. Este servidor, Juan Carlos Romero Hicks propuso que se abrieran las audiencias púbicas, y ayer, se votó en contra, no queríamos diálogo.

El señor Presidente de la República exhortó al Senado a abrir el diálogo, no se hizo de manera abierta.

En este Senado hemos pasado de un Poder Legislativo a un querer legislativo o peor aún, y no quiero ser irrespetuoso, llegamos a un perder legislativo. Cada vez más el Congreso de la Unión pierde facultades, cada vez menos funciona como contrapeso, cada vez menos se representa y se escucha al elector. Pareciera que hemos perdido el sentido común.

Escucho voces a las que respeto con actitudes elocuentes, pero sin razón. Y este Congreso no puede permitirse terminar siendo una oficialía de partes, que sólo responde a otros intereses.

Nadie es el dueño de la verdad. Lo que sí puedo comentar, porque un gobierno local, y afortunadamente entregarlo sin violencia e inseguridad agravada, sin corrupción e impunidad que pareciera que estamos leyendo diferentes realidades y textos diferentes.

Pues hoy frente a la historia ni siquiera el concepto de seguridad se define apropiadamente, en el resto del mundo lo que  permea más es el concepto de seguridad ciudadana.

Gran intención y gran fracaso en la solución, porque dejamos aspectos pendientes, el mando mixto que aquí construimos el año pasado, la justicia cotidiana, el control el uso legítimo de la fuerza, entre otras circunstancias.

Me pesa y por eso voy a votar a favor de México, a favor de sus Fuerzas Armadas y de las buenas policías que todavía tenemos; a favor de la autoridad local, que entiende el federalismo, y por eso mi obligación es votar en contra.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador  Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, antes de tomar el tiempo, solamente quiero reconocer al Senador César Pedroza la rectificación que hizo hace un momento, habla de sus calidades, que la palabra cuando la solicita un Senador por alusiones personales le debe ser concedida de inmediato, y que no tiene uno que recurrir a la mochila sonora para que te den el derecho a la palabra.

Pero, ya quedó claro, y para que no quede un precedente.

Por otro  lado, las palabras sabias del Senador Romero Hicks, siempre aprende uno de él.

Por mi parte yo si quiero expresarles con toda la rudeza que la Ley de Seguridad Interior es una ley de mierda, que expresa la vileza de un hombre débil, arrodillado ante los Estados Unidos y al poder militar.

Y que en los estertores de su desprestigiado mandato, vino aquí a sembrar miedo, impotencia y rabia.

Esta ley es preludio de dictadura, es la militarización del país, lo quieran reconocer o no.

Y, repito las palabras del gran constituyente, el general Múgica, justamente hace cien años, qué visión, refiriéndose a la militarización, a primera vista no hay amenaza, pero se convierte indefectiblemente en un desquiciamiento, pues corriendo el tiempo, creyéndose privilegiados, terminarán por despreciar el poder civil.

Qué pasará con este marco que no tiene controles, que le deja que ellos se autogobiernen.

Las modificaciones que se hicieron en este Senado son una burla, Peña Nieto pidió respetuosamente, ante la avalancha, ante la presión que tenía para lavarse la cara, que se hicieran las consultas, y entonces, rápidamente oyeron, pero no escucharon a las organizaciones civiles que estuvieron aquí en el Senado, tampoco a  los organismos internacionales, como si fueran gentes inexpertas.

Aquí nos quedó claro que todo esto fue un maquillaje, que no sirve para nada, fue una simulación, no cambió la esencia, y, que lo que sí, pues Peña no traiciona su vocación de farsante, y  los Senadores, en su mayoría, su fama de serviles y de inútiles.

Por esto, porque hacemos contrapeso, y es nuestra función primordial, y ya lo tenemos que tener registrado que ya ser va a terminar nuestro período.

Nunca un ordenamiento de seguridad había provocado tanta inseguridad y miedo en la ciudadanía, y nunca tantos organismos internacionales y nacionales habían clamado al Ejecutivo y a los legisladores que detuvieran esta ley.

El Congreso fue sordo, ya lo dijeron acá, a la advertencia de que esta ley irrumpe el orden constitucional, es inconvencional, da licencia para matar y para violar los derechos humanos. Y ya lo verán.

No es buena, ni para las Fuerzas Armadas, ni para los ciudadanos, ni para nadie. Desafía, esto es un desafío a los organismos internacionales.

Dice una compañerita, que son fieles a la línea: “Que no viola los derechos humanos”.

Bueno, aquí nada más con un ejemplo. Que lea el artículo 31.

Imagínense que hoy los órganos autónomos, pues, deberán proporcionarle la información que pida la autoridad. Así dice el artículo 31. O sea, la Comisión de Derechos Humanos, que es autónoma, cuando venga a pedirle la autoridad de las Fuerzas Armadas información, pongamos el ejemplo a un sobreviviente de Tlatlaya que recurre a la Comisión de Derechos Humanos.

¡Ah, no! Pues, van ellos, y deme el expediente y deme la información necesaria, la que ellos quieran, y estará obligado a darla.

Dejamos en la indefensión a los ciudadanos. Esto es gravísimo, se acaba con todo, con la secrecía, el secreto bancario, con todo, y no nos damos cuenta que esta es violación a los derechos humanos. Y se va haciendo el caminito ¡Eh!

Esta ley es un remate. Ya habíamos aprobado otras cinco. El Código de Procedimientos Penales que existe, un código nacional, y entonces, ahora sí lléveselo.

Y nosotros aprobamos un Código Militar de Procedimientos Penales. Que no se acuerdan que dio, entonces, la posibilidad que pueden catear las casas de los ciudadanos.

Cuando se lo piden a un ministerio militar, el ministerio pide la autorización al juez militar, y entonces, podrían entrar a la casa de cualquiera o a este Congreso, incluso.

Entonces, estamos dándole cada vez mayores atribuciones y, pues, si esta ley es perfectible, dijo aquí una compañera, bueno, y ¿por qué tanta prisa?

Once años nos hemos pasado en una guerra que no pedimos.

No se dedicaron un minuto, no sé cuánto tiempo debieron haberle dado a las fuerzas policiacas para que se reforzaran, se fortalecieran, para darles dignidad. No nos hemos ocupado.

¡Ah! Pero con esto, si deberás creían que no iba a ser a perpetuidad, y que nada más que un año, y al año otra vez el Presidente dice que otra otro, y así nos la podemos pasar hasta la eternidad, junto con esta ley se debió haber presentado un plan concreto por escrito, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el retiro gradual de las tropas.

Y entonces, les creeríamos una propuesta de cómo se van a capacitar a las policías, cómo se van a fortalecer.

¡Ah! Pero también un plan de cómo vamos a capacitar a las Fuerzas Armadas, porque esto es importantísimo.

Que creen que porque lo dicta la ley. Su mentalidad va a cambiar de la noche a la mañana.

Fue muy claro el Comandante, el General Cienfuegos, cuando dijo: “Nosotros, así textualmente, hemos sido preparados para matar, no para detener”.

O qué, les digo ¿Se puede cambiar, así nada más porque sí el chip?

¿Quién los va a capacitar?

El General Alejandro Ramos, que vino aquí a este Senado, por cierto muy arrogante, y todavía no se aprueba la ley, el que fue autor intelectual del desafuero de AMLO, seguramente debe estar por ahí escondido, vino a este Senado a defender su ley, o más bien, la ley que le dictaron en inglés.

Pero en un momento de lucidez reconoció que la labor del Ejército, dijo él muy diplomáticamente: “No había sido exitosa”. No, debió haber dicho que había sido un fracaso.

Pero dijo algo que es muy importante, y que sí hay que considerarlo, dijo: “No fue exitosa porque no se atendieron las causas que originaron la violencia”.

Y díganme dónde está este plan, estas estrategias integrales que van atender las causas del crimen. No están. Aquí nada más la ley, con todas las líneas y los dictadores que les deben haber hecho.

La presencia del Ejército, pues, ya lo sabemos, ha traído como consecuencia más violencia y muerte, pero lo que no dicen que es una estrategia imperialista, y aquí lo dijo el Senador Bartlett: “Ellos nos venden las armas, consumen las drogas y nosotros ponemos los muertos”. Y estamos librando, desde hace once años, una guerra que no merecemos.

México compró, en 2014, a Estados Unidos mil millones de dólares en armamento, cifra que triplica el gasto, que a través de la iniciativa Mérida nos dan.

¡Fiebre de compras de México! Dijo entusiasmado el Almirante William Gortney, cuando adquirimos después 9 mil millones de dólares. El 70 % de las armas decomisadas provienen de Estados Unidos, es un negocio redondo.

Pero seguimos insistiendo en que hay que combatir la delincuencia, cuerpo a cuerpo, bala a bala. Impunidad e indulgencia plenaria para los militares sin controles.

Ellos ¿Cuándo han rendido cuentas? Ni las rendirán.

Aquí veo, los órganos internos de control en la Sedena y Semar, pues, son nombrados a placer por las mismas secretarías militares.

¿Quién los va a controlar?

¿Cuándo han venido a este Congreso a rendir cuentas?

¡No, no, no! aquí van, aquí van los Senadores en peregrinación, humildemente a recibir instrucciones a donde ellos los citen, pero aquí, no sólo ahora.

Nunca en la historia ha venido un Secretario de la Defensa o de Marina a rendir cuentas al Senado, como se hace en los Estados Unidos.

Bueno, pues entonces, con toda esa impunidad y estos sin controles, oiremos hablar de ejecuciones extrajudiciales, que en la historia oficial se dicen: “enfrentamientos”.

Vendrá la multiplicación de Atencos, de Tanhuatos, de Tlatlayas, de más Ayotzinapas y Nochistlanes.

Sabemos de más desaparecidos, de cuartos de tortura, de colgados y apaleados, de aviones que arrojan al mar a los detenidos, de cárceles en que las víctimas se pudren entre orines e inmundicia.

Oiremos muy pronto el crujir de huesos en los cuarteles militares.

Y que quede claro, antes de que ustedes, Senadores, se avienten desde lo más alto, desde la punta aquí del Senado, desde las gradas, les digo: No estoy en contra de las fuerzas militares.

Aquí, aquí se envuelven en la bandera para escudarse y no defender la ley y no decir por qué están aprobando esta mierda.

Entonces quiero decirles que en la historia del país las fuerzas militares han tenido una misión y las ha prestigiado, y eso lo reconocemos, pero yo, lo que estoy en contra  es que sean usados como policías y ellos mismos tampoco quieren, ellos no eligieron esta profesión y no están preparados.

No estoy de acuerdo en que no rindan cuentas, en que no haya controles y hagan lo que quieran y que cuando los mande Peña Nieto el control de Peña va a ser Peña.

Entonces esto es una aberración.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Discúlpeme Presidente, aquí han tomado el tiempo que han querido y voy a terminar, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La interrumpí porque me parecía que el Senador Bartlett quería hacerle una pregunta, pero entiendo su comentario y proceda usted.

La Senadora Layda Sansores San Román: Sí, han sido muy pacientes, se pasan, lo que quieran, aquí es el único derecho que nos dan, de pataleo, pues ahora me oyen.

La Ley de Seguridad es una tragedia para México, Peña Nieto usa al Congreso que se deja para aprobar una aberración cada vez más degradado el Congreso, es una vergüenza, y miren, sepan que ningún Estado de derecho que esté consolidado, los ministros o secretarios de la Defensa, o Marina, son militares y mucho menos cuidan al Presidente, no es labor de militares. Eso tenemos que irnos dando cuenta, porque entonces es el Poder sobre el Poder, esta ley no es para darle certidumbre a las fuerzas castrenses, sino para que puedan autogobernarse y para que Peña pueda blindarse, mejor hablen con la verdad, le preocupa proteger los intereses transnacionales, pero además sabe que perderá las elecciones, que la ciudadanía no aceptará más fraudes y teme las protestas ciudadanas, a Peña no le importa la seguridad de los mexicanos, lo que quiere es un ejército privado que lo proteja de sus raterías, lo que quiere es salvar su pellejo, Peña es un cobarde, de hombre tiene el nombre, las entrañas de gallina, diría el poeta.

Pero no está puesto  el punto final, ciudadanos, habrá que acudir a la Suprema Corte, a los organismos internacionales, se cerró esta puerta, pues haremos otra y sigamos colocando andamios y escaleras, estamos indignados, traemos el llanto degollado, la rabia, pero las arterias vivas, no a la Ley Golpista y a ustedes sátrapas  les sobrevivirá la vergüenza.
(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador, sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Muy simple, Presidente. 

Se escucha algo en las gradas, parece que le están haciendo algo a alguien, están no sé, un grito medio raro, exhórtelos, no, al final, nadie está diciendo que salgan, sino que no participen bajo ninguna forma de expresión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene usted, razón, Senador, y ahorita averiguamos quién está  sometido a tanto dolor ahí en la galería.

Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador José María Tapia Franco.

El Senador José María Tapia Franco: Con el permiso de la Presidencia.

De verdad que he escuchado aberraciones jurídicas, políticas y personales a lo largo de mucho tiempo, pero nada como lo que muchas y muchos Senadores han manifestado esta noche.

Desvirtuar el objetivo de la ley que como patriotas  y mexicanos y en apego a la protección de miles de ciudadanos o millones de ciudadanos que están viviendo en más de 27 entidades del país  y negarles la oportunidad de garantizarles su seguridad es algo que realmente es inhumano y con muy poca conciencia del deber ciudadano o político que tenemos como Senadores.

El objetivo principal  de esta ley, es garantizar que toda la población de nuestro país se rija por el principio rector  que es posible alcanzar escenario de estabilidad de paz y orden, elementos esenciales para el desarrollo político, social y económico de México.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Disculpe que lo interrumpa.

¿Acepta una pregunta del Senador Luis Fernández?

El Senador José María Tapia Franco: No, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

El Senador José María Tapia Franco: En pleno respeto, en pleno respeto a los derechos humanos, como la propia ley lo establece.

En esta ley, se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, lo que se traduce en certeza jurídica para la población y para los propios integrantes de las instituciones militares de nuestro país.

La Ley de Seguridad interior, es un importante paso para saldar una cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y aquí quiero hacer una pausa.

En la  discusión que hemos tenido en comisiones les pregunté a mis compañeras y compañeros cuántos de los presentes tenían familias o familiares de origen castrense en el Ejército y levantaron la mano muy pocos.

Quiero decirles que yo provengo de una familia integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, mis dos abuelos generales y mi padre médico militar y han estado al servicio con orgullo y patriotismo de nuestro país.
Y es por ello que es necesario darle la certidumbre jurídica, pero también reconocer su labor patriota y con orgullo que nos brindan.

La legislación define a la seguridad interior como la condición que proporciona al Estado mexicano salvaguardar la permanencia y continuidad  de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional.

Esta ley contempla bases y procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en materia de preservación de la seguridad interior.

Las atribuciones de seguridad pública se realizarán en observancia a los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad y gradualidad, además de las obligaciones  inherentes al uso legítimo de la fuerza.

Las actuaciones de las Fuerzas Armadas se encuentran delimitadas, señores, no se trata de una militarización del país, en virtud de que toda intervención tendrá una temporalidad específica que no podrá exceder de más de un año y sólo podrá prorrogarse por acuerdo del Presidente, siempre que la amenaza o el riesgo subsista en el interior de los estados.

Pero quiero ir un poquito más allá y le pido una comprensión, pues me voy a exceder en el tiempo, Presidente.

Aquí se ha dicho y se ha hablado y se ha debatido que es una Ley para las Fuerzas Armadas. Falso, no es una ley exclusivamente para las Fuerzas Armadas, compañeras y compañeros.

Se ha tratado de exponer  una realidad clara que vivimos hace mucho más de una década e nuestro país y que viene desde los años 70’s con el inicio de la operación Cóndor, después Marte y después de las atribuciones que el Ejército ha tenido en materia de narcotráfico y delincuencia organizada.

Manifiestan que esta ley no protege a la población, es un argumento fuera de contexto y falso, puesto que salvaguardando la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno y de las instituciones que procuraron un Estado de derecho y de gobernabilidad democrática, se deriva el bienestar social.

Una mentira más, se dice que no explica el uso legítimo de la fuerza. Otra vez falso.

En el caso de esta ley no se enfoca a definir el uso de la fuerza, es correcto, porque nos remite a los protocolos ya establecidos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional en cuanto al método técnicas y tácticas para el uso personal de la  fuerza.

Se dice que no establece protocolos, y eso nuevamente es falso, ya que señala que se sujetará a los protocolos establecidos por las leyes en la materia.

Se dice que el Presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas sin necesidad de declaratoria. De verdad, me preocupa que no la hayamos leído o estudiado en unas fracciones y en otras sí, porque estamos hablando de cuestiones diferentes.

Esto nuevamente es falso y fuera de contexto, compañeras y compañeros Senadores.

Se establece que se implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos y amenazas contempladas en la Agenda Nacional de Amenazas y Riesgos que nosotros como Poder Legislativo, en coordinación con la Cámara de Diputados, establecemos.

Se dice nuevamente, falsamente, con un engaño claro hacia la opinión pública y hacia los millones de mexicanos que están viendo este debate, que reprime la libertad de expresión, y nuevamente les quiero decir que esto es falto, ya que en el artículo 8 de la ley establece que las movilizaciones de protesta social que tengan un motivo            político-electoral, y me sumo a las modificaciones que se hicieron para quitarla pacíficamente, serán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenaza de la seguridad interior.

Se dice que la ley provoca una militarización en las calles, yo creo que no hay nada más falso que este término, lo que pretende esta ley es regular la forma en que el Ejecutivo pretende y puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior en coordinación con todas las demás instancias federales que incluyan y que incluyen a las Fuerzas Armadas.

Esta ley además establece ¡Ah! este es un tema que quiero aclarar alguna fracción, se dice que la autoridad civil se va a subordinar al mando militar y con esto provoca un atentado a la soberanía y al Estado de derecho y la democracia.

Se les olvida que el titular del Ejecutivo Federal, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es civil y es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y tiene bajo su control y bajo su mando a las fuerzas federales.

Y, por último, se argumenta que los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional nada tienen que ver, pues que son de diferente naturaleza.

Quisiéramos que leyéramos el artículo 89 de nuestra Constitución en la fracción VI, que a la letra dice: “para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior, y son facultades del Presidente de la República”, pero creo que para algunas fracciones el 1 de julio lo ven muy cerquita y quieren politizar una ley que da certeza y garantías.

Y concluyo, Presidente.

En un documento denominado “Proyecto de nación 2018-2024” presentado hace pocos días o semanas por el señor López, en un fragmento que se refiere al fortalecimiento de la procuración de justicia, para ser muy específico, como lo dijo el Senador de mi partido, el Senador Patricio Martínez el día de ayer en la página 77, les ordena a sus fracciones que es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que el Ejército continúe realizando labores sin un marco jurídico legal y apropiado”.

Y en consecuencia, hago y dejo una pregunta.

¿Por qué hay Senadores que se oponen a que esta ley, que se debate en el Pleno, y no piensan por los ciudadanos, a quiénes protegen dichos Senadores, o será acaso que están pensando que la amnistía contra los delincuentes, extorsionadores y delincuentes organizados es la solución para modificar al país?

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Tapia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Presidente.

Buenas noches compañeras y compañeros Senadores.

Dado que no nos dimos la oportunidad de un verdadero proceso de diálogo, donde cada una y cada uno de nosotros pudiera escuchar los argumentos de la sociedad civil con respecto a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, voy a recuperar los argumentos sobre la inconstitucionalidad que han hecho valer más de 200 organizaciones y cien especialistas que componen el colectivo seguridad sin guerra.

A pesar de que se ha modificado el artículo 1 del dictamen, creyendo que por poner una frase en automático se vuelve constitucional, al momento no se acredita que el Congreso tenga facultad constitucional expresa para legislar en esta materia.

Y llama la atención que quieran dar la interpretación al artículo 73 constitucional como facultad implícita cuando no existe ninguna referencia en ninguna frase de la Constitución Federal que mandate la expedición de la legislación necesaria en materia de seguridad interior ni para hacer efectivas las facultades propias del 73.

Al regularizar el paradigma de seguridad militarizada, para darle normalidad a lo anormal, que desde hace once años se desplegaron masivamente a efectivos en actividades propias de autoridades civiles, se está violentando el noveno del artículo 21 constitucional en el que se establece sin equívocos que las funciones de seguridad pública estarán a cargo de las autoridades civiles.

Y se violenta también el artículo 29 constitucional al normalizar el estado de excepción y la suspensión del ejercicio de derechos y sus garantías.

Se violenta el artículo 129 que establece expresamente y sin interpretaciones que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión militar, perdón, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

También permite que el Ejército, sin facultades constitucionales y sin controles judiciales para ello, pueda intervenir llamadas, correos electrónicos y hacer espionaje.

Invade atribuciones de los órganos autónomos.

La minuta de la ley dice que los entes autónomos están obligados a dar información de las investigaciones que llevan a cabo a las instituciones que participan en las declaratorias de seguridad interior.

Se viola también el derecho a la información por lo que la ley clasifica toda la información relacionada con operativos y abusos que se cometan como información reservada por seguridad nacional, con lo que anulan la posibilidad de tener información para la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas en acciones militares.

Esta ley niega el acceso a la justicia, a las víctimas que quieran reclamar la responsabilidad patrimonial por hechos ilícitos del Ejército al excluir la posibilidad de que aplique el procedimiento administrativo para actos derivados de la Ley de Seguridad Interior.

Viola el pacto federal en su artículo 115 y 119 al someter a la autoridad de una entidad federativa o municipal sin que participe en ninguna decisión de las afectaciones de seguridad interior, a que puedan remover a una policía o puedan imponer a otra en el ámbito de lo local.

Se violenta el debido proceso y con ello la violación a derechos procesales.

De acuerdo a la ley, los militares pueden detener y poner a disposición de la autoridad competente a las personas que se encuentren cometiendo algún delito, pueden disparar, hacer uso de la fuerza, hacer uso de la fuerza letal con las reglas que no se ajustan ni se aplican a los conflictos armados, ni a respetar principios de distinción entre objetivo militar o enemigo a combatir, y a la población civil tampoco aplica la regla de uso de la fuerza.

Anula en los hechos las reformas constitucionales de 2008, en materia del Sistema Penal Acusatorio; y del 2014, que establecen la creación de una Fiscalía autónoma, pues sus preceptos menoscaban los principios de una procuración de justicia que cumpla con ambas reformas.

El artículo transitorio propuesto es anticonstitucional, la legislación que se emita en seguridad interior es una legislación federal.

Mediante este transitorio se pretende generar obligaciones tanto para los estados como para los municipios en materia de seguridad pública al proponer presentar un programa, lo cual exclusivamente debería hacerse a través de una ley general, que por su naturaleza jurídica sí distribuye competencias y se puede regular obligaciones tanto en los estados como para los municipios.

En otras palabras, una simple ley federal no es instrumento normativo para establecer obligaciones para los estados y municipios en materia de seguridad pública, en su caso debería haberse generado una propuesta de ley general al Sistema Nacional de Seguridad Pública, legislación en materia de seguridad interior.

Esa legislación va a regular y con ello preservar la militarización de la seguridad pública que inició masivamente hace ya casi once años, por lo que estamos en contra de esta ley.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, Presidente.

El 6 de diciembre del 2006, cuando se anunció la implementación del Operativo Conjunto Michoacán y se le declaró la guerra al narcotráfico, estoy segura de que ninguna mexicana o mexicano sospechaba el curso que tomaría esta decisión.

Los militares recibieron la orden de salir de sus cuarteles para comenzar a llevar a cabo tareas de seguridad pública ante la creciente amenaza de la delincuencia organizada que había infiltrado a policías municipales y estatales.

Sin embargo, durante estos años hubo un vacío en nuestras leyes para normar la forma en la cual tendría que actuar el Ejército en determinados momentos.

Todos los expertos en seguridad coinciden en que las Fuerzas Armadas están formadas y entrenadas para acabar con el enemigo, mientras que las tareas de seguridad pública tienen otra naturaleza y requieren de la capacitación suficiente para aprehender a los presuntos responsables y someterlos a la procuración de justicia.

Durante once años el Ejército ha desempeñado estas tareas sin un marco jurídico adecuado que brinde certeza tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a los hombres y mujeres valientes que entregan su vida por la defensa nacional.

Desde esta tribuna quiero reconocer a mujeres y hombres que conforman al Ejército Mexicano por la lealtad con la que han intentado salvaguardar la seguridad pública durante todos estos años.

Una tarea que, todos y todas sabemos, no les toca, pero que han desempeñado con honor y valentía.

Quiero reconocer a todos y cada uno de los soldados, cuyos nombres desconocemos, pero que están ahí en la primera fila, literal, al pie del cañón tratando de resolver sin estrategia, ni rumbo alguno, una crisis que está llenando a esta tierra sólo de cadáveres.

Quiero también a nombre de la clase política, aquí representada, pedirles una disculpa por someterlos a la extrema violencia y al poder corrupción del narcotráfico.

Miles de hombres y mujeres del Ejército han muerto al igual que miles de civiles en esta guerra sin sentido y sin ningún rumbo.

Quiero disculparme también porque durante once años las políticas y los políticos no hemos sido capaces de ofrecerles una vía, una solución, en lugar de esto los hemos dejado morir hasta el punto de hacernos pensar que esta ley significará su reivindicación.

Séneca decía: “Si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable”.

Justamente la falta de una estrategia contra el narco nos ha dejado un país lleno de sangre, de violencia y de confusión.

De la suma de todas nuestras desesperaciones nace este error que estamos cometiendo hoy, compañeras y compañeros, esta urgencia, la Ley de Seguridad Interior.

Quiero decirles a los hombres y a las mujeres del Ejército que entiendo su desesperación e impotencia por este marco jurídico que ansían, pero no comparto este antídoto, y aseguro que lo que se piensa será la solución, sólo agudizará el problema.

Uno de los valores más premiados y reconocidos entre las Fuerzas Armadas es la disciplina y la responsabilidad, y por ello no concibo la idea de que este Senado de la República apruebe de manera atropellada y sin apertura al diálogo este proyecto de dictamen.

Ninguneando a organizaciones de la sociedad civil, y lo increíble, más aún, a organizamos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como nunca han hecho puntuales señalamientos acerca de las graves fallas que este proyecto contiene.

Desde aquí les digo: “Así no porque éste no es el modo de legitimar su actuación, éste es el derrotero para su descrédito”, el del Ejército, porque esta ley está ya confrontando al Ejército y a los políticos con la sociedad civil; viendo a los soldados del Ejército Nacional como una amenaza latente, en lugar de como defensores de la nación y del pueblo.

Porque hace unos meses tras el sismo del 19 de septiembre todas y todos nos conmovimos con su apoyo y compromiso por este país.

Y hoy, esto, y más se puede perder. Porque las voces en contra, nacionales e internacionales suenan al unísono, así no, porque la Ley de Seguridad Interior atenta contra la Constitución y contra los derechos humanos.

Porque cuando la historia tenga que juzgar culpables, seremos nosotras y nosotros, amigos y amigas por aprobar esta ley, y ustedes por proponerla.

A mis compañeras y compañeros Senadores les  pregunto con el corazón en la mano, con el temor de las consecuencias que en el futuro nos puede traer esta ley.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Señora Senadora Peimbert, me  permite, ¿acepta una palabra de la Senadora Calderón?

No, para rectificación de hechos.

Continúe Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Gracias, con la desesperación de millones de ciudadanos, ¿qué, no podemos frenar esta sinrazón? A pesar de haber voces  más que calificadas en la arena ciudadana y académica, con los gritos ciudadanos, con el desacuerdo de expertos en el mundo entero.

¿Cómo van a salir a la calle, tranquilas y tranquilos?

¿Qué explicación le van a dar a los ciudadanos?

¿Cómo van a volver a pedir un  voto?

Cómo en el poder más democrático y representativo del estado constitucional de derecho, es capaz de aprobar un instrumento que posibilita una pesadilla autoritaria.

He escuchado  a compañeras y compañeros diciendo que su única intención es honrar a nuestras Fuerzas Armadas.

Que quieren hacer un merecido reconocimiento a la labor que han cumplido durante estos años, a pesar de no tener una base jurídica para hacerlo.

Hoy les digo, compañeros y compañeras legisladores, que si de verdad quieren honrar y reconocer al Ejército, adopten sus principios de jerarquía, y  hagan caso a los señalamientos de los organismos internacionales.

Las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo, que es el Presidente de la República;  nosotras y nosotros tenemos jefes supremos, las y los ciudadanos que representamos que gritan, así, no.

Muchas gracias.

(Aplausos)

 El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Uno de los símbolos patrios que juramos respetar reza: “mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón”.

Y vaya que el Presidente Peña Nieto  y los asesores en turno se tomaron  muy al pie de la letra  nuestro himno nacional.

Tanto el presidente Peña como los Diputados Federales que aprobaron la minuta que llegó aquí, hoy convertirá en dictamen, pues les salió un republicanismo bélico trasnochado.

Y digo esto porque institucionalizar el miedo, legalizar la acción militar aun en supuestos jurídicos no es, compañeras y compañeros, no es la solución a los males del país, y quien así  lo crea,  mancilla la investidura de servidor público que nosotros ostentamos como representantes de nuestras respectivas entidades.

Si hace algunos años el señor de la triste figura que habita en Los Pinos señaló que la corrupción es un tema cultural. Con esta propuesta, no hace más que legitimar el estado represor que ha incubado el PRI desde hace 80 años.

Usted, señor Peña Nieto, que ordenó el uso irracional de la fuerza pública en Atenco, y, ojo, no soy yo que como discurso de izquierda lo señala, sino la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Usted, señor Peña Nieto que ordenó el uso irracional de la fuerza  pública en Atenco, hoy quiere botas y armas en las calles.

Y, ustedes, camaradas representantes del PRI, hagan memoria, hagan memoria de la matanza del 2 de octubre de 1968, de la guerra fría contra los luchadores sociales a lo largo de décadas de la guerra contra campesinos, estudiantes, sindicalizados, maestros, contra indígenas de Chiapas y Oaxaca. Hagan memoria, y no lleven a México otra vez a esos tiempos.

Ellos son, mexicanas y mexicanos; ellos son, los que desde el poder mal habido han hecho de la corrupción una cultura, y que hoy quieren acabar con el árbol a hachazos.

Ellos son, ellos son, mexicanas y mexicanos los que joden a la nación.

Ellos son  los que hoy proponen una minuta impresentable convertida en dictamen, sin la mínima idea siquiera de la definición de Estado.

¡Ah!, pero eso sí, en el nombre del Estado mexicano buscan proteger su seguridad con supuestos jurídicos discrecionales a través de acuerdos políticos.

Compañeras, compañeros:

Aprobar esta ley de verdad, se los decimos una vez más, representa no sólo ignorar el mandato popular del que estamos investidos, no, además de eso constituye violentar todos y cada uno de los principios constitucionales, legales e internacionales existentes.

Como representantes populares no podemos hacer oídos sordos al clamor popular, a la exigencia de diversos organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de derechos humanos y del control del poder  público.

Pero tampoco podemos seguir legislando, compañeras y compañeros al vapor por instrucciones del Ejecutivo, no somos sus empleados, somos un poder federal, de un triunvirato del Pacto de la Unión, entiéndalo bien, compañeras y compañeros.

No podemos seguir legislando al arbitrio, por mandato u ocurrencia las más de las veces con un total y profundo desconocimiento de los temas; porque confundir o no tener clara la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, no es un tema menor, por el contrario, representa en este momento una enorme amenaza para la seguridad ciudadana.

Compañeras, compañeros:

Legislar con evidencia hoy  más que nunca es de enorme responsabilidad.

Ahí están  las opiniones, insistimos una vez más, de las y los expertos en la materia, pero también de evaluaciones serias que nos permiten saber si esta política de que el Ejército realice funciones de seguridad pública, ha funcionado o no, y escuchar, compañeras y compañeros, pero escuchar en serio los testimonios de las personas que directa e indirectamente han sido afectadas para bien o para mal por el actuar del Ejército durante el desempeño de sus funciones  policiales es también hoy importante y fundamental.

 Miren, Senadores y Senadoras, en materia de seguridad  pública lo que nos hace falta es reforzar la aplicación de protocolos, pero sobre todo fortalecer los cuerpos, los cuerpos policiacos.

La seguridad interior, la llamada seguridad interior es responsabilidad del Presidente de la República, pero también de los gobernadores y los municipios.

Como aquí se ha expresado, que año tras año tienen subejercicios en los recursos que precisamente deben dedicarse a fortalecer los cuerpos de seguridad estatal y municipal.

Sí, qué fácil, qué fácil es centralizarlo todo. Que sea el Gobierno Federal quien marque las directrices, o incluso, diga qué hacer y qué no.

Mucho más fácil es sentarse y cruzarse de brazos y decir: “Si en el municipio o en el estado hay delincuencia, es porque el Gobierno Federal no ha hecho nada”.

No, compañeros, la situación de violencia y los índices de criminalidad en que vivimos no son cosas menores. Pero tener al Ejército en las calles realizando funciones de prevención o persecución del delito, no resuelve el conflicto. Esta ley no va a cambiar las.

El Ejército, aquí se ha reiterado, una y otra vez, lleva diez años en las calles y no se han reducido los índices delictivos. Por el contrario, se está manchando la reputación de las instituciones torales para el país como lo son nuestras fuerzas castrenses.

Insisten ustedes en legalizar una estrategia que no ha funcionado y que no va a funcionar.

Los miembros del Ejército y la Marina son personas entradas para combatir en guerras, su entrenamiento es diferente, su fuerza letal es excesiva para su uso en agentes civiles, aún y cuando sean delincuentes.

Abramos los ojos, leamos los reportes. Desde que el Ejército salió a las calles a hacer las tareas de las autoridades civiles, el número de denuncias por uso indebido de la fuerza, por violaciones a los derechos humanos, ha incrementado de manera alarmante, y esto no puede continuar así.

Por ello, ante los patrones de conducta que hemos identificado para evitar, precisamente, la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza, entre otros, lo más importante, y que es donde debemos enfocarnos, es en obligar a que cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones, a tener cuerpos policiales bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporación y, sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social.

Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir que las Fuerzas Armadas actúen de mutuo propio, sin un mandato claro y mucho menos sin que ello quede documentado.

Hemos insistido, y les pedimos que escuchen las voces de académicos, de instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales que nos exigen no aprobar esta ley. Es un riesgo, es un error, y los conminamos a actuar como lo está planteando la mayor parte del pueblo de México.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) ¿Quién sigue?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite, Senador Pedraza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, amigo Miguel Barbosa.

Decía nuestro compañero Senador Brito, desde la sierra de Guerrero. Precisamente desde allá queremos traer la voz a ustedes, desde los estados, donde por muchos años hemos vivido en carne propia el miedo a nuestro patrimonio, el miedo a nuestra integridad física, pero lo más grave, el miedo a la seguridad y al derecho a la vida de nuestras familias, a esos quiero referirme, a los que no tienen voz porque aquí no llega, a los que no tienen académicos para que les puedan hacer un análisis de su condición de vida, a ellos quiero referirme, a los miles de mexicanos, y particularmente de Guerrero, que es mi estado, donde se ha llenado de luto por factores externos, pero también por los problemas propios de una entidad federativa que ha estado sumida por muchos años ante la falta de empleo y de oportunidades. Allá va mi reflexión.

Yo respeto la opinión de todas y todos ustedes, y lo digo con la más profunda responsabilidad.

Qué bueno que ya escucharon a los académicos, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales, a todas y a todos, y gran parte de ello tienen una ruta de razón.

Pero yo les pregunto y ¿Cuándo van a escuchar a las miles de familias que han llorado sangre porque han perdido a sus hijos?

¿Cuándo van a preguntarles?

¿Cuándo van a escuchar a las familias, que allá en Guerrero han sido desplazadas por la inseguridad?

Aquí hemos escuchado argumentos, perdón, pero son argumentos del centro. Ninguno de ustedes, excepto el Senador Esteban y el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, ninguno de ustedes vive en Guerrero. Lo conocen como turistas.

Pero piensen, piensen que Guerrero también es parte del territorio mexicano, piensen que cada entidad federativa tiene sus propias necesidades, sus propias características y su propia manera de cómo buscar un acuerdo de coordinación institucional en los tres niveles de gobierno.

Mucho se ha cuestionado la labor del Ejército. Honrar a las Fuerzas Armadas es reconocer también lo que han aportado a este país.

No nada más en los momentos de desastres naturales, de contingencias o de ayuda humanitaria, hay que honrar también a las Fuerzas Armadas, en lo que representa la noble tarea de cuidar muchas mexicanas y mexicanos que su patrimonio y en su integridad.

Honrar a las Fuerzas Armadas significa también reconocer que son mexicanos, que atrás de cada soldado hay una familia que son padres, que son hermanos, que son hijos, que son esposos y que su familia fueron concebidos cuando se incorporaron al Ejército Nacional y a la Marina para desarrollar tareas de seguridad nacional, no para andar patrullando calles, no para andar levantando borrachos, no para andar cuidando jardines, no para estar cuidando las playas de Acapulco.

Pero eso es lo que a nosotros nos ha dado un mayor espacio de tranquilidad.

Hoy Acapulco, revisen las estadísticas, Acapulco tiene turismo, obvio, no tendríamos turismo con los policías municipales o gran parte de los policías municipales que no han acreditado los exámenes o los indicadores de control de confianza.

Zihuatanejo no tendría turismo ni Taxco o el propio Acapulco o los policías municipales de Iguala y gran porcentaje de los policías municipales no cumplen con los requisitos indicadores de representarnos en materia de seguridad, qué sería entonces del estado de Guerrero, de sus  ciudadanos, de los que viven en la sierra, de los que están en ello, de los grupos organizados peleando  su territorio y su control de mercado si no fuera  por la noble tarea de las Fuerzas Armadas a los que muchos aquí han venido a cuestionar de manera despiadada sin darse cuenta que antes de ser institución también son seres humanos.

Qué sería del estado de Guerrero con cerca de 3 mil 500 millones de habitantes cuando apenas tiene 4 mil policías estatales.

Significa entonces que la estadística, cerca, cada policía le tocaría  atender un promedio de entre 800, 900 guerrerenses.

Por eso es que los invitamos a que desde el centro, del centro del país piensen también que los derechos humanos de otras entidades federativas como lo es el caso de Guerrero.

Los invitamos  a que busquemos un espacio de reglamentación, los que vivimos en Guerrero reconocemos la aportación que hacen las Fuerzas Armadas, lo único que pedimos es que se busque un instrumento legal donde ellos  puedan desarrollar tareas de manera coordinada con el estado y con los municipios.

No comparto, no comparto cuando se señala la violación a la autonomía de las entidades federativas, por el contrario, les pedimos que respeten el Pacto Federal y que respeten la  autonomía que cada entidad federativa tiene y que respeten a sus autoridades, así como aquí se escucharon a organizaciones sociales y académicos, también aquí se escucharon a gobernadores, son gobernadores no de un rato, son gobernadores no de un interinato, son gobernadores constitucionalmente electos por los ciudadanos  de cada entidad federativa y los gobernadores en su gran mayoría han dicho sí a la Ley de Seguridad Interior, que es perfectible sí, que podemos seguir avanzando en el corto plazo, sí, pero hoy consideramos que lo más importante es  dar certeza jurídica al territorio mexicano y, sobre todo,  a las entidades que hemos sido, a las entidades que han sido invadidas por la delincuencia organizada  y que sus ciudadanos solamente piden un espacio de seguridad, de tranquilidad y de que sus familias tengan derecho a vivir con mayor seguridad y patrimonio en el derecho  a la vida.

Yo les aprecio este espacio, respeto las opiniones  de todas mis compañeras Senadoras y Senadores, sé que muchos lo expresaron con su más profunda responsabilidad, pero no quisiera equivocarme de que muchos también lo hicieron en función de una línea política, de un proceso electoral.

Eso aquí no se vale, eso aquí no cuenta, como decía mi compañera Marcela, por su espacio de atención, muchas gracias y estamos para poder atender y servirles desde Guerrero que también es México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Celestino Cesáreo Guzmán.

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán:   Con su permiso, Senador Presidente.

Qué bueno que me toca hablar después de mi paisano y amigo, Senador  Sofío Ramírez, porque aquí ha señalado que en Guerrero hay 4 mil policías, y efectivamente es una confesión de que las autoridades en sus distintas etapas  no están funcionando.

Durante 10 años el Ejército ha estado en las calles, durante 10 años, entonces ha quedado demostrado por el nivel de inseguridad y violencia que no es con la fuerza como se va a combatir este flagelo, sino con proximidad social, la fuerza del Ejército ya está en las calles y no hay resultados.

Por eso en la fracción parlamentaria del PRD creemos que tomar decisiones apresuradas y equivocadas no es la opción, optar por esta ruta fácil, lo que hoy se somete a votación es claudicar.

Encontremos la ruta que nos devuelva la tranquilidad, no le fallemos al país, a nuestras familias y a nuestras futuras generaciones, aprobar esta ley significa mantener la ruta fallida,  es alargar la negra noche de la violencia y condenar a miles de familias a la tragedia, pretender lograr la paz por la vía de las armas no tiene sentido, la estrategia de seguridad es un círculo vicioso que no ha funcionado y ha disparado los índices de violencia.

La puesta en marcha de esta ley, no será viable mientras no se hagan las correcciones necesarias, no será posible mientras no se limpie la casa, mientras no se rompan las alianzas perniciosas, no habrá estrategia de seguridad que funcione.

O cómo podrán coordinarse las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior , con cuerpos policiacos municipales, estatales o federales, coludidos con la delincuencia, no hay confianza entre las propias instituciones, esa es la verdad, mi voto es en contra de esta ley inacabada y contradictoria que pretende llenar los vacíos que han dejado los responsables de la seguridad pública, la persecución e investigación del delito, la administración de justicia y la readaptación social, la cadena que debería ser virtuosa es viciosa, esta ley se contradice con la Carta Magna en sus artículos 129 y 21, ignorar los señalamientos, de cientos de organizaciones sociales, Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional  de los Derechos Humanos es un verdadero despropósito.

Si el ejército no está en los cuartes es porque las  instituciones de seguridad han fracasado, apostar que el Ejército haga la tarea de los gobiernos no es la solución.

Mi voto es en contra de reforzar este modelo presidencialista, vertical y autoritario que tanto daño ha hecho al país.

No podríamos dar más facultades al Presidente Peña Nieto, cuando bajo su mandato han ocurrido reiteradas y graves violaciones de derechos humanos, incluidas varias ejecuciones extra judiciales, desapariciones y torturas.

Hasta julio las organizaciones de derechos humanos y la CNDH habían recibido casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros de la Fuerzas Armadas, incluidas más de dos mil durante este gobierno.

Mi voto en contra es porque en un país como éste, donde la corrupción y la impunidad son la regla, con instituciones señaladas por organismos internacionales y del país, es insensato concentrar mayor capacidad de fuego a disposición del Presidente.

¿Por qué descargar en el Ejército una responsabilidad que les corresponde a los gobiernos civiles?

Vivimos en una situación de guerra, el Presidente no la ha declarado, tampoco el Congreso de la Unión.

Si bien se hicieron foros de discusión para diseñar esta ley, no es suficiente, persisten las dudas, algo es claro, la iniciativa ha encontrado un amplio rechazo social y ante ello me opongo que se legisle a espaldas de la gente, no comparto que se cierre la posibilidad de escuchar a expertos, a las organizaciones sociales que se manifiestan en las calles, estoy en contra de aprobar una legislación poco clara que permite cualquier operación militar sin rendición de cuentas, sin protocolos claros de actuación.

De aprobarse esta ley se pone en predicamentos a los propios militares cuya formación es bélica.

Considerar la seguridad interior como parte de la seguridad nacional es un riesgo, es ambiguo no establecer la frontera entre ambos.

El artículo 129 constitucional dice que en tiempos de paz el Ejército no tendrá ninguna actividad distinta de la disciplina militar.

En tanto que el artículo 21 constitucional, en sus párrafos noveno y décimo, señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el desempeño de la seguridad pública le corresponde a la Federación las entidades estatales y los municipios en términos de lo que establece la Constitución y las leyes.

Eso dice la ley, la realidad es que no se cumple y es hasta injusto pretender que las Fuerzas Armadas carguen sobre sus hombros los pecados de todos.

Finalmente, por los miles de ciudadanos que se han manifestado en estas dos semanas, por los cientos de organizaciones sociales de derechos humanos y el reclamo de expertos en la materia, anuncio mi voto en contra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente.

Cobarde es quien ante la carencia de argumentos utiliza la diatriba y la ofensa para descalificar de manera enfermiza.

Yo reconozco aquí en el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Presidente que ha tenido el valor de transformar este país y no tan sólo de administrar el gobierno.

Quiero hacer un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas de mi país, al Ejército Mexicano y a la Marina.

Compañeras y compañeros Senadores:

La responsabilidad primigenia del Estado es cuidar y proteger la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, utilizando la fuerza institucional, la fuerza legítima.

Esta fuerza, sin duda, en México debe de acotarse, debe de reglamentarse, estamos obligados a reconocer la realidad, las policías locales, estatales, municipales, civiles, no han podido dar los resultados de eficacia y de eficiencia en el combate al crimen organizado, esta es una realidad que no podemos nosotros soslayar.

Compañeras y compañeros.

Hago un llamado a la responsabilidad.

Es muy rentable vender ante la población y en el exterior el concepto de la militarización y la violación a los derechos humanos.

La argumentación jurídica el día de ayer la hizo de manera magistral nuestro compañero el Senador Roberto Gil Zuarth, y yo como profano del derecho no tengo interés en entrar en esa esfera, vengo a hablar a nombre de las personas que sufren los embates del crimen organizado, de los gobernadores, de los presidentes municipales que padecen y sufren esta situación, de las familias de las víctimas, la ciudadanía les exige a ellos, a las autoridades locales, paz y tranquilidad que ellos no pueden brindarles, y ante esa impotencia ellos llaman desesperadamente al auxilio del Ejecutivo Federal.

Se habla del fortalecimiento de las policías civiles, de las policías locales, esto tenemos que reconocer es un proceso largo, no se puede lograr rápidamente, no estábamos preparados para lo que está ocurriendo.

El día de ayer, compañeras y compañeros, me gritaron: “¡traidor, asesino!”

Yo quiero decir a esta soberanía, a este Pleno, no soy ni seré cobarde y menos asesino, da mucha rentabilidad popular explotar el concepto de militarización y desde luego que nos asusta a todos, pero no es eso lo que está sucediendo ni lo que va a suceder en este país, ustedes han vendido ese concepto aquí y de manera irresponsable hacia el exterior.

No engañemos a nuestra gente, digamos la verdad, esta ley propone la reglamentación de las Fuerzas Armadas en sus acciones en el interior de la República.

La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía, las acciones de las Fuerzas Armadas se limitarán lo que establece el artículo 3 y 5 de esta ley.

Las Fuerzas Armadas no van a realizar acciones de investigación y persecución de delitos, las Fuerzas Armadas, Policía Federal, tienen prohibido intervenir en las propuestas sociales, hay que puntualizarlo, porque ese es argumento de ustedes, malo por cierto.

Se establece claramente que nunca podrán considerarse las protestas como actos de seguridad interior.

La Ley de Seguridad Interior remite a la emisión de protocolo porque la declaratoria se realiza en función de situaciones específicas o fenómenos graves que aparecen en determinadas zonas del país, en ningún momento se ataca el derecho a la información.

Tengo en mi poder las opiniones de diversos gobernadores que han comentado sobre la necesidad que tienen de contar con el apoyo del Ejecutivo Federal, por eso yo quiero decirles a ustedes, ustedes van a decidir, nosotros ya fijamos posición.

Si a golpes de retórica quieren resolver, quieren ustedes resolver la desesperación de quienes sufren los embates de la delincuencia organizada ustedes serán los golpistas.

Ahora, el propósito de normar las acciones de la lucha contra el crimen organizado se le llama represión y militarización.

Aquí es donde está el debate, no hay tal militarización, ni tal represión, aquí hay prevalecido descalificaciones, hemos recibido opiniones de lo que parece una junta de notables o un evento de alfombra roja con artistas y toda la parafernalia del cine.

Respetuosamente les digo que esas personas no conocen la realidad de muchos municipios y estados, no la conocen, no la conocen.

Ustedes tienen la palabra, o aprobamos esta ley o estaremos potenciando, defendiendo, apoyando al crimen organizado.

No soy asesino, ni seré traidor.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias.

Presidente, gracias por las facilidades para instalar esta pantalla.

Nuestro país camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar.

Los muertos de Peña y Calderón suman más de 210 mil, y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia.

Esta ley lo único que garantiza, porque ya hace muchos años Einstein nos dijo: “que loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes”.

Esta ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas.

Para el Ejército Mexicano tampoco son buenas noticias porque esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al Ejército a sus tareas constitucionales.

La demanda para que sigan haciendo labores de seguridad pública va aumentar y los va a seguir exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos.

Aquí ya se ha dicho todo, creo que desde la sociedad civil nos han llegado muy buenos análisis y recomendaciones.

El Colectivo Seguridad sin Guerra, mis compañeros y compañeras el día de hoy aquí han dado excelentes argumentos.

Yo prefiero utilizar mi tiempo para darle voz a quienes no la tienen, esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran que no existieran, son las voces del dolor, son los costos de la seguridad militarizada.

Son las viudas, las madres, los hermanos que lloran y reclaman la injusta muerte de sus familiares inocentes, o los sobrevivientes que les cambió la vida para siempre.

Si la consigna a ustedes les ha doblegado la razón espero que cuando menos permanezca abierto su corazón.

Los invito, con mucho respeto, a que veamos estos testimonios.

(Proyección de video)

De no aceptar las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano se pone a la par de gobiernos represores como el de Rodrigo Duterte, en Filipinas; de Nicolás Maduro, en Venezuela; y de Aung San Suu Kyi, en Birmania.

La tres últimas recomendaciones en materia de derechos humanos son las que acabo de leer antes de la mexicana, de ese tamaño ve la ONU el peligro de esta ley, lo compara con países que tienen genocidios o donde su democracia está en juego.

En Filipinas, el Presidente Duterte ha generado un genocidio de más de 9 mil 400 personas, consumidores de drogas que sin juicio alguno son ejecutados.

El caso de Venezuela, el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva dentro de las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

O en Birmania, donde ocurre un genocidio y el Alto Comisionado dio una recomendación en octubre pasado, donde más de 600 mil personas han sido desplazadas y se ha documentado la quema de aldeas completas y estamos prácticamente ante una barrida, una limpieza racial. De ese tamaño.

Presidente, quiero solicitarle la posibilidad de proyectar un último video de tres minutos para concluir mi participación con ello.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador lleva ya usted siete minutos, y el tiempo asignado son cinco.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Si, le pido tres más.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece, Senador que ya se excedió de tiempo, si estuviera usted en la tribuna se lo concederíamos, pero para ver los videos; le sugiero que los distribuya en la Asamblea, y que cada quien lo vea en su momento, gracias.

Tiene el uso de la palabra.

El Senador  Mario Delgado Carrillo: Bueno, vamos a pasarle los videos, con mucho gusto, ese es el problema, eso es lo que no queremos escuchar, esto es lo que quisiera que no existiera, pero déjeme decirle, déjeme terminar con esto.

Por qué, quién está leyendo mal, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de  Derechos Humanos o ustedes.

Me parece que lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al diablo a las instituciones internacionales, mandar al diablo a la ONU, mandar al diablo a la OEA, y mandar al diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad, y va a seguir exponiendo al Ejército Mexicano a estas violaciones de derechos humanos.

Queremos Seguridad sin Guerra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

 El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Gracias, Presidente.

Sólo me quiero referir  muy brevemente a lo que acabamos de escuchar.

Yo no coincido con el Senador que me antecedió en el uso de la tribuna, en el sentido de que son voces sin  eco que no queremos escuchar. Lo que yo creo que debió elegir de mejor manera de cómo utilizar su tiempo, honor o en respeto de la Asamblea, si traen ese tipo de recursos pues hay que saber cómo administrar el tiempo, y no tratar de hablar y al mismo tiempo utilizar intensivamente el tiempo que también hay que respetar el tiempo de todos los demás.

Buenas noches a todos ustedes compañeras y compañeros, hemos estado discutiendo toda esta tarde, lo que va de la noche esta Ley de Seguridad Interior.

En esta ocasión me quiero dirigir, ya lo hizo, creo  de manera muy destacada mi compañero el Senador Sofío en esta tribuna cuando se refería o se dirigía sobre todo a  las víctimas, a las familias de las víctimas, a las mamás que han perdido un hijo, a las familias que han perdido un ser querido a causa del crimen organizado; a las comunidades que han sido azotadas por la violencia  de grupos delincuenciales.

También a los comerciantes, a los empresarios que son lamentablemente intimidades en varias regiones del país.

A todas las personas que viven con miedo de salir a las calles por la presencia del narcotráfico; a las personas que viven en municipios donde la policía ha sido capturadas por la delincuencia organizada, yo escucho que vienen aquí  a decir que no al uso de las Fuerzas Armadas, al uso las Fuerzas Federales en tareas de seguridad en diversas regiones del país, pero no escucho una solución real al problema de la deficiente construcción de los cuerpos policiales en nuestro país.

Me dirijo también a las familias afectadas por desastres naturales o sismos que han sido apoyadas por el Ejército, a lo cual también ya se han referido algunos colegas en esta tribuna.

Y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que día con día con lealtad, profesionalismo y valentía recorren el país para recuperar la paz y tranquilidad, y que no tienen seguridad jurídica.

¿Por qué me dirijo específicamente a estas personas?

Porque son estos madres, padres e hijos de familia los que a diario sufren la violencia en las calles. Son estas familias la que han notado que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas la violencia seguiría y seguiría en sus calles.

Que la presencia de los soldados, marinos y policías federales han permitido el retorno gradual a la normalidad  en sus comunidades.

La Ley de Seguridad Interior es relevante por estas familias que han sido víctimas de la violencia de la delincuencia organizada.

¿Qué esa la Ley de Seguridad Interior?

Creo que ya  lo han explicado de manera suficiente varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, también quienes han cuestionado el contenido de esta ley, pero voy a hacer una referencia rápida.

Primero, es una ley que lo dice en su propio artículo 1, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior.

Es  una ley que llena un vacío legal al establecer un procedimiento, los responsables la duración, el objetivo y  los mecanismos de participación  y la rendición de cuentas de las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas.

Es una  ley que pondrá un límite legal a la actuación de las Fuerzas Armadas, las cuales actualmente hoy no tienen  un límite específico.

Se acaba con la discrecionalidad, con  la que se invoca a las Fuerzas Armadas.

Fomenta la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y armadas para enfrentar los riesgos de amenazas a la seguridad interior.

Es el último recurso para  atender amenazas a la seguridad interior. Serán las Fuerzas Armadas, antes está el recurrir a  las fuerzas federales y estatales.

Los militares y marinos no se quedarán permanentemente en las calles como falsamente o inexactamente se ha querido insistir a través de varias intervenciones.

Por el contrario, la ley establece que la participación de las fuerzas federales no podrá exceder de un año, que hay un control legislativo, porque primero se tiene que notificar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, así como remitirle informes.

Por aquí escuché a un colega Senador que cuestionaba la utilidad de esta Comisión Bicameral, que incluso señalaba que él había sido presidente y cuestionaba su utilidad, me parece que siendo o habiendo sido presidente pudo haber hecho mejores cosas por sacarle mejor provecho a la función de este órgano bicameral.

Voy a brincarme algunos aspectos, creo que ya han sido abordaros son suficiencia.

De manera muy concreta si quiero reiterar  lo que ya han dicho aquí y lo voy a reiterar, porque lo que no podemos permitirnos es que una mentira se repita mil veces, y es el hecho de que esta ley específica protege, cuida, preserva y garantiza los derechos humanos de los mexicanos.

Es falso que con esta ley se violen los derechos de los mexicanos.

Es falso que militarice al país, al contrario, como ya lo dije, la ley establece límites a las fuerzas federales, se ha dicho también que es una, que con mucha claridad prohíbe utilizar a las Fuerzas Armadas frente a movilizaciones sociales o protestas            político-electorales.

Amigas y amigos, familias víctimas de la delincuencia organizada. El mayor peligro que enfrenta México es la demagogia y el populismo mesiánico.

No podemos permitir que un día el Mesías tropical proponga en su proyecto de nación, la aprobación de una  ley de seguridad interior y diez días después sus Diputados voten en contra de dicha  ley.

Pero la inconsistencia no tiene límites porque dos días después el Mesías propuso ofrecer amnistía a los narcotraficantes.

Las ocurrencias, las puntadas y barbaridades, como proponer amnistía a los miembros de la delincuencia organizada, no le devolverán a la madre su hijo desaparecido. 

A los presuntos delincuentes se les tiene que seguir un proceso, juzgar, sancionar conforme a la ley, respetando sus derechos, desde luego.

Hay que legislar con responsabilidad. Dejemos a un lado coyuntura electoral. Legislemos para recuperar la paz y la tranquilidad.

El próximo Presidente requerirá de este andamiaje legal para implementar las políticas públicas de seguridad para preservar la seguridad interior.

Compañeras y compañeros Senadores:

Para el Partido Verde, la Ley de Seguridad Interior es un muy importante avance para el país.

Sólo quiero hacer mención, antes de concluir, algunas expresiones que se han utilizado en esta tribuna, se dijo que es una ley de represión y de guerra. Es absolutamente falso, es una visión claramente subjetiva, que lejos de informar en verdadero contenido de esta ley, lo único que hace es tratar de desvirtuarla de manera bastante subjetiva y sin mucho fundamento.

Hablan aquí de que es hora de un cambio de régimen, pero ese cambio de régimen del que hablan es un cambio de régimen apoyado en la amnistía a los delincuentes, a esos que han matado a miles de mexicanos.

Hay quien, incluso, vino aquí de manera muy ligera a calificar la ley como una “Ley de Mierda”. Lo que es una mierda, es pretender resolver los problemas de seguridad de este país con esta ocurrencia de la amnistía.

México no se puede arriesgar a ese tipo de ocurrencias. No se vale que se venga a esta tribuna a proponer esto y a descalificar una ley como ésta, que sí tiene un trabajo serio, aunque muchos de ustedes no lo quieran reconocer.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”. Papa Francisco.

Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, por convicción y siendo Senadora del PAN, del norte de la República, me presento ante ustedes para expresar las razones de mi voto en contra del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Cuando el gobierno del ex presidente Felipe Calderón decidió arrancar una batalla contra la delincuencia, con el despliegue de cinco mil militares a causa de más de 500 asesinatos en Michoacán, la decisión fue coyuntural, la mejor en su momento.
Las maniobras que se llevaron a cabo tuvieron siempre un objetivo focalizado. Esa política buscaba restarle fuerzas al crimen.

Sin embargo, sabemos que los grupos del narcotráfico crecieron en 900 %, y según el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos, la tasa de civiles muertos subió en más de dos mil por ciento en enfrentamientos.

Por ello, en el período de elecciones del 2012 el tema se convirtió en un asunto de discusión entre los candidatos, pues los datos estadísticos demostraban que la participación del Ejército, haciendo el trabajo de la policía, había empeorado la situación de la violencia.

El 4 de diciembre del 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo: “Que mantendría al Ejército en las calles”. Pero al mismo tiempo expresó: “Que así sería”.

Abro comillas. “En tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia, que permita su gradual regreso a los cuarteles”. Cierro comillas.

Su nueva política de seguridad nunca llegó. Aumentaron los efectivos en las ciudades y se multiplicaron los números de víctimas, creció la tasa de homicidios y la violación a los derechos humanos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte mensual de número de víctimas de homicidio doloso en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa, muestran que a nivel nacional y hasta el mes de octubre de 2017 se han registrado 23 mil 968 homicidio dolosos.

Traduzcamos qué significa mantener a la Fuerza Armada en las calles. El informe de Wallace, titulada “Justicia Olvidada”, la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, muestran cifras oficiales, del 2012 al 2016, en las cuales apunta que durante esos años ha habido 268 investigaciones de tortura y delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 121 investigaciones por abuso de autoridad; 31 por delitos relacionados por violencia sexual; 17 por homicidio; 13 por lesiones; 9 por delitos con la Administración de Justicia; 3 por extorsión; 3 por privación ilegal de la libertad; 2 por robo y el 1 por allanamiento de morada. Todas estas violaciones a derechos humanos cometidos por soldados, tanto de la Sedena, como de la Semar. 

Con esa ley, que se aprobará por mayoría, perpetuaríamos a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestión de Seguridad Interior haciendo el trabajo que debería hacer una policía bien capacitada.

Asimismo, el dictamen está repleto de ambigüedades, con una redacción tal laxa que permite hacer diferentes interpretaciones.

La vaguedad de una ley como ésta, genera impunidad, corrupción y, sobre todo, una inmensa discrecionalidad.

Por eso, justamente, lo que quiere decir el PRI-Gobierno, allegarse de más poder para controlar a la sociedad mexicana, hace un mes pasaron modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones con el mismo propósito: tener total dominio de espacios estratégicos con fines electorales.

Tiene el Congreso, con legisladores incondicionales de otros partidos, control al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso de Coahuila es una muestra clara.

Ha manejado con toda opacidad y de manera arbitraria los programas sociales del orden federal, y ahora quiere militarizar la seguridad interior medrando políticamente con las Fuerzas Armadas.

Por el otro lado, es muy preocupante que no se escuche a las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, y al mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, no ignorantes como lo han calificado algunos compañeros Senadores.

Asimismo, en México, la CNDH, una treintena de ONG´s, y más de 200 activistas, además del propio sector empresarial, desde la Coparmex, se han pronunciado en contra.

Más de un Senador ha expresado que existe en México un embate desproporcionado de violencia y que por eso se hace necesaria la aprobación de esta ley, casi despótica, pero pareciera que hablan de la urgencia de inventar la solución.

¿Dónde está la policía?

¿No es éste el último año del Presidente Peña Nieto?

La escalada de violencia ¿Es culpa del PRI-Gobierno y su pésima política de seguridad?

Este dictamen rompe el pacto federal al atentar contra la soberanía de las entidades federativas, peor aún establece un sometimiento en el orden presupuestario y financiero a las decisiones que tome el Ejecutivo Federal.

Recordemos que la militarización ha tenido graves consecuencias, aumento en la violencia y violaciones a derechos humanos, ha disminuido la exigencia de una reforma policial civil y una inexistente rendición de cuentas.

Hablemos claro, se ha permitido la violencia con fines de desestabilización.

El PRI busca presentarse como el salvador de la  crisis que ellos mismos han creado, lo único que han logrado  es crear al Estado de derecho con leyes a modo y de esta forma arruinar al pobre que sufre los intereses perversos.

Para finalizar quiero hacer un llamado irreductible y respetuoso al Presidente de la República para que antes de promulgar este decreto de ley, realice a nombre del Estado mexicano una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que como en muchos temas del interés regional, pronuncie una interpretación del dictamen de ley de seguridad interior, a la luz de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Creo que nos vendría bien a la ciudadanía y gobernantes, porque los mexicanos no merecemos leyes que favorezcan y privilegien el ejercicio de los derechos humanos.

Nos merecemos leyes.

Por lo anterior escueto y reitero que mi voto será en contra de este dictamen y presentaré dos paquetes de reservas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Muchas gracias, Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

En el 2006 la administración federal tomó la decisión  de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto se llevó a cabo sin tener  una estrategia definida en materia de seguridad, y los resultados fueron catastróficos, más de 121 mil homicidios dolosos, incremento de la violencia,  violación a los derechos humanos, el consumo de drogas  entre los jóvenes se expandió más rápido, y ante tal panorama, en el año 2012, durante su primera visita al Heroico Colegio Militar, como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió el regreso gradual de militares y marinos  a los cuarteles, con la implementación de una nueva política de seguridad.

Nada de eso ocurrió, la política de seguridad  fue un fracaso, empoderaron a la Secretaría de Gobernación al atribuirle facultades en materia de seguridad pública, crearon la gendarmería, la cual ha brillado por su opacidad y siguen manteniendo a las Fuerzas Armadas en la calle.

A casi un año de que termine la actual administración federal se plantea regular el quehacer de las Fuerzas Armadas, es decir, primero prometen que regresarán a sus cuarteles y después desean aprobar una ley  que garantice la permanencia del Ejército y Marina en las calles.

Así de contradictorio y difuso ha sido el gobierno de la República.

Del análisis de la Ley de  Seguridad Interior, es fácil identificar la gran ambigüedad que existe, la cual provocaría confusión y daría pie para que las Fuerzas Armadas actúen con discrecionalidad y sus actos sean justificados jurídicamente.

La Ley no contempla límite alguno en el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero sí garantiza que las acciones de seguridad interior serán llevadas a cabo con su organización, medios y adiestramiento.

Casos como Tlatlaya del Estado de México, como el Palmarito, en Puebla, ilustran de sobremanera el actuar de las Fuerzas Armadas, es claro que su entrenamiento no es para prevenir los delitos, sino para realizar acciones bélicas.

Resulta llamativo  que las Fuerzas Armadas no sustituirían las civiles, pero estas últimas sí estarán a su disposición ante amenazas a la seguridad interior.

Contraria a esta propuesta, se debería atender a deficiencia de las policías estatales y municipales, quienes no cuentan con el entrenamiento necesario para hacer frente a dichos delitos.

Por tal razón no es viable la subordinación de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas.

Otro tema relevante es que las autoridades deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Es decir, por los protocolos que señalen las Fuerzas Armadas y no según el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad.

Cabe mencionar que  dentro de la guerra contra el crimen organizado, la Comisión de los Derechos Humanos  ha recibido aproximadamente 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército y determinó más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Tan sólo en el 2016 se reportaron 439 denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 258 contra la Secretaría de Marina.

Asimismo, dio cuenta que 216 fueron por tortura, 28  por privación de la vida y 15 por desaparición forzada, lo que  representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332 % y del 36.3, respectivamente, en comparación con el 2015, los datos mencionados hablan por sí mismo.

Por lo que respecta al artículo 8 la Ley de Seguridad Interior ordena que las movilizaciones que tengan motivo político electoral no serán consideradas como amenazas de la seguridad interior.

Lo anterior deja la puerta abierta para que las protestas sociales y libertad de expresión puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad interior, por tal razón las Fuerzas Armadas podrían intervenir en la disolución de dichas manifestaciones.

Finalmente no se contempla recurso alguno de transparencia, rendición de cuenta o contrapeso del Poder Legislativo, únicamente se limitan a rendir un informe al Ejecutivo Federal, es decir, no se valorarán los resultados de la declaratoria a la seguridad interior, mucho menos se conocerán los protocolos de actuación, pues serán considerados como información clasificada.

Lo anterior contradice lo estipulado en el párrafo segundo, artículo 6 de la Constitución Federal.

Para concluir, la Ley de Seguridad Interior no sólo es contraria a varios artículos de la Constitución Federal y violatoria de derechos humanos.

Sino que también deja en desprotección  a las propias Fuerzas Armadas al mandarlas a realizar acciones que no les corresponden, situación que le provocará mayor desgaste  y con esto la pérdida de credibilidad.

El sacar al Ejército a las calles no resolverá el problema, llevamos 10 años con esta práctica y lo único que ha provocado  son más daños, más violencia, más inseguridad, más muerte, lo digo con conocimiento de causa.

En Fresnillo, Zacatecas, municipio al que pertenezco, es rutinario observar a elementos castrenses realizando operativos en patrullas de la policía municipal y que al día de hoy  este municipio es considerado a nivel nacional como uno de los cinco municipios más inseguros y más violentos para vivir.

No se puede seguir con esta política de militarización, pues de poco sirve capturar o ejecutar a los líderes del crimen organizado si no se atiende de fondo sus redes de poder y sus recursos económicos.

Asimismo, es primordial contar con instituciones de seguridad pública confiables y bien capacitadas, se deben de atender las recomendaciones de los especialistas en la materia como son la Comisión de Derechos Humanos, el Inai, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales que en los últimos días han manifestado su rechazo a esta ley, pues de no ser así lo único que se llevó a cabo ahora fue un monólogo, puesto que las comisiones se limitaron a escuchar sin realizar algún cambio a la minuta.

Por tal razón, mi voto será en contra del presente dictamen, pues no puedo ser parte de la barbarie que están por cometer.

Ningún estado democrático apuesta a la militarización de su país para garantizar la paz, la vida y la seguridad de sus habitantes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Monreal.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Co su permiso, señor Presidente.

En los últimos días, en esta misma sesión, hemos escuchado la afirmación de que el fracaso en materia de seguridad se debe a las Fuerzas Armadas.

Hemos escuchado también la frívola acusación de que la situación de los derechos humanos se debe fundamentalmente al actuar de las Fuerzas Armadas.

Se ha dicho incluso que el índice delictivo y sobre todo los homicidios en nuestro país encuentran causa en las Fuerzas Armadas.

Habría que decir aquí con toda responsabilidad que esta afirmación, estas afirmaciones, no solamente son mezquinas, sino también resultan ser profundamente irresponsables.

El fracaso en materia de seguridad no es de las Fuerzas Armadas, es del Estado mexicano en su conjunto.

De los órdenes de gobierno que no han hecho su trabajo a lo largo de muchos años.

De municipios que se han arrodillado frente al crimen organizado.

De entidades federativas que no han generado capacidades institucionales propias.

De entidades federativas que han buscado el auxilio de la Federación para dedicarse a otra cosa distinta a proveer a sus ciudadanos de seguridad y de justicia.

La responsabilidad de decisiones que hemos tomado también a nivel federal en los últimos años.

De la ausencia de una política de Estado integral.

De la ausencia de un compromiso democrático para no partirizar la seguridad y la justicia, para no usar la seguridad como arena electoral.

Nada más revelador de esa ausencia de un consejo democrático que en la víspera de las elecciones de 2018 estemos intentando capitalizar el drama de la seguridad electoralmente.

Hay un falso dilema en el que se insiste y en el que no se dice de manera completa la verdad, “militares a la calle o militares a los cuarteles”.

Ese dilema es falso, o por lo menos es históricamente distorsionado.

Las Fuerzas Armadas no pueden regresar a los cuarteles por la sencilla razón de que tienen funciones permanentes, las tienen desde nuestro texto constitucional, desde que se institucionalizaron como organizaciones permanente armadas y han ganado funciones permanentes a lo largo del tiempo, en reformas que ha hecho el Congreso de la Unión y decisiones que ha tomado su Comandante Supremo, no en las últimas administraciones, sino por más de 40 años, o hay que recordar quién se encarga, por ejemplo, de custodiar el espacio aéreo mexicano.

¿Quién se encarga de fungir como policía marítima en las aguas territoriales mexicanas?

¿Quién se encarga, por ejemplo, del control de los armamentos?

¿Quién es autoridad administrativa en materia de armas, fuegos y explosivos?

¿Quién se encarga de cuidar las instalaciones estratégicas?

¿Quién se encarga de las operaciones de rescate y salvamento en el mar?

¿Quién se encarga en buena medida de auxiliar a la población en situaciones de necesidad, o que incluso colabora con organizaciones civiles en materia de salubridad, como son las campañas de vacunación?

Pero lo que tenemos que reconocer es que fueron los poderes públicos los que les hemos dado atribuciones en materia de seguridad.

Y no fue la última administración anterior a esta, sino es el supuesto consenso viene desde los años 90.

Y no me refiero a aquella utilización política de las Fuerzas Armadas, como cuando se les mandaba a hacer operaciones de carácter político, a lastimar a la sociedad, o bien como recurso de presión contra los ciudadanos, me refiero a la decisión que tomamos, que tomó el país en materia de delincuencia organizada.

En los años 90s, o partir de los años 90s, en ese período que comprende desde 1996 hasta lo que llevamos del siglo XXI, hemos hecho tres cosas esencialmente en materia de delincuencia organizada.

En primer lugar hemos federalizado la responsabilidad de combatir el crimen organizado, antes estaba en el ámbito local, antes todos los fenómenos criminales eran responsabilidad directa de estados y municipios.

Conforme fue creciendo el problema del crimen organizado tomamos la decisión de federalizar su combate y ahí estas las reformas de los años 90s, creamos el régimen de crimen organizado con instrumentos especiales, muchos de ellos ventajas procesales e instituciones que le daban una posibilidad mayor al Estado frente a quienes delinquían.

La segunda decisión es que convertimos al crimen organizado en una materia de seguridad nacional, la sacamos de la órbita y la respuesta primaria de la seguridad pública y la llevamos al régimen de seguridad nacional, y en esa medida le dimos funciones permanentes a las Fuerzas Armadas para actuar en contra del crimen organizado, fue el régimen o es el régimen de seguridad nacional que deriva de la Reforma del 2004 y su Ley Reglamentaria en 2005 que le da actuación a las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado.

Aquí hay quien dice que fue una decisión de la administración 2006 y 2012, hay que leer qué responsabilidades tenía el Estado mexicano, qué responsabilidades tenía la Federación y qué deberes tenían las Fuerzas Armadas desde que decidimos convertir la delincuencia organizada en una cuestión de seguridad nacional y no en un fenómeno que se atendería desde los instrumentos de la seguridad pública.

Y la tercera cosa que hicimos o que hemos hecho, incluyendo esta Legislatura, es ir ampliando progresivamente los fenómenos criminales que se tratan desde la óptica, desde el ángulo, desde el régimen de la delincuencia organizada.

Hemos reformado profusamente ese régimen, 13 decretos reformatorios, 26 categorías de delitos, desde por supuesto narcotráfico hasta robo de vehículos, hasta piratería o delitos asociados a los derechos de propiedad.

Mientras estén esos delitos en el régimen de seguridad nacional que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas tengan tareas permanentes en esa materia.

(Aplausos)

Y en la medida en la que se ha diversificado y pulverizado el crimen organizado y en la medida en la que nuestras instituciones civiles han mostrado debilidad, hemos aumentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se han convertido desafortunadamente en primeros respondientes y no en el último recurso del Estado mexicano.

Y eso ha sido posible porque en nuestra Constitución hay una función, una facultad presidencial no reglada, la multicitada fracción VI del artículo 89 de la Constitución, que dice: “que el Presidente de la República tiene la facultad de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para efectos de seguridad interior y defensa exterior”.

Por cierto, una redacción que no fue modificada, ni en la reforma de seguridad nacional, ni en la reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, una función que lleva varios siglos en nuestro texto constitucional y que es el fundamento por el cual el Presidente de la República, en las últimas cinco administraciones, ha desplegado Fuerzas Armadas para tareas de seguridad hasta el grado de que se han convertido en primeros respondientes.

De tal suerte que no es intelectualmente honesto, ni políticamente responsable decir que las Fuerzas Armadas tienen que regresarse a los cuarteles sin resolver el problema de fondo, que es el régimen de delincuencia organizada.

Habría que complementar esa afirmación de que tenemos que regresar a los cuarteles a los militares.

¿Quién está proponiendo que las Fuerzas Armadas dejen de combatir el crimen organizado?

¿Quién está proponiendo que dejen esa tarea que le ha dado la Republica?

¿Quién está proponiendo que la delincuencia organizada quede en manos de estados y municipios o, de plano, que nadie las combata?

México no se puede dar el lujo de reducir la presión y la inhibición hacia el crimen organizado, a menos que ya estemos dispuestos a entregarles la República y nuestra convivencia.

De lo que se trata esta ley es de regular una función presidencial, una facultad exclusiva del Presidente, una facultad que debe coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales porque la reglamentación de la seguridad interior no implica excepción a la aplicación estricta de los derechos y libertades públicas consagrados en la Constitución.

Es una función que está asociada a la necesidad de generar marcos de paz y que debe, insisto, coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Hemos escuchado, desafortunadamente, propuestas de que nuestro país tiene que ir a las suspensiones de garantías, a los estados de excepción para enfrentar los problemas de seguridad.

Nada más irresponsable, nada más inconstitucional que resolver los problemas de delincuencia común desde el régimen de excepción.

Y les recuerdo, por cierto, les recuerdo, por cierto, que está inconvencionalmente, convencionalmente prohibido utilizar el régimen de excepción, la suspensión de garantías para enfrentar problemas de delincuencia, aún en su versión de delincuencia organizada.

En nuestro país se ha instalado un círculo vicioso, un círculo vicioso al que hay que encontrarle salida.

En estas zonas grises entre la responsabilidad federal y las responsabilidades locales, en la medida en que los estados y los municipios no tienen capacidades se ha recurrido a las Fuerzas Armadas, siempre es más barato, más rápido y más fácil recurrir a las reservas de militares y marinos que formar policías.

Y en la medida en la que los estados y los municipios tienen Fuerzas Armadas no han podido o no han querido regular, formar a sus policías.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) ¿Me permite una pregunta, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le han aceptado la pregunta, Senadora Padierna.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias.

Senador Gil Zuarth, sólo preguntarle en todo este relato que usted está haciendo, preguntarle ¿cuáles son los resultados en materia de derechos humanos y qué le parecen a usted?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, el problema de derechos humanos en el país es mucho más complejo que estigmatizar a las Fuerzas Armadas, porque los  primeros violadores de derechos humanos son los delincuentes que están en la calle.

(Aplausos)

En la medida en la que los estados y los municipios han tenido la ocasión y la oportunidad, el recurso de las Fuerzas Armadas no han formado policías, y de ese círculo vicioso tenemos que salir, y la salida es precisamente, creo que me están haciendo otra pregunta.

Voy a aceptar todas si me da más tiempo.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente, nada más quiero que me conteste, ¿por qué no contesta?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Ya le contesté, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Dolores Padierna, me parece que su pregunta fue atendida.

Tiene la palabra para hacer una pregunta el Senador el Senador Mario Delgado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: O si quiere también hablamos de la violación a derechos humanos a manos de los policías locales, de los policías estatales.
El problema de los derechos humanos es un problema estructural, es ausencia de Estado, es ausencia de Estado, y si ustedes creen que la forma de resolver el problema de los derechos humanos es este juego maniqueo de culpar a las Fuerzas Armadas, se les olvida la otra parte de la ecuación, que es justamente el drama de violencia que generan los delincuentes en el país por ausencia de Estado, empezando por el ámbito local.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, por favor.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) La pregunta es para usted, Presidente.

¿Cómo valora el tiempo porque cuando yo les di voz a las víctimas no me permitió ni siquiera ocho minutos? ¿nada más cómo valora usted el tiempo de los oradores?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le respondo después, Senador Delgado.

Gracias.

Adelante, Senador Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Concluyo, Presidente.

Frente a los riesgos y a los problemas de seguridad en el país nos hemos aferrado a la respuesta de contención a cargo de las Fuerzas Armadas.

México ha adquirido una adicción a la respuesta de fuerza antes que a la paciente construcción de instituciones.

Debemos provocar una suerte de síndrome de abstinencia, dejar de dosificar gradualmente Fuerzas Armadas para que el cuerpo social recupere su capacidad de pensar y, sobre todo, de actuar con claridad.

Las soluciones están a la vista, pero la primera es atarle las manos a este Presidente o a los que siguen, de tal manera que el despliegue de fuerzas, de las Fuerzas Armadas no sea a discreción, ni a contentillo.

Que las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no está pidiendo un amparo para ir a hacer lo que quieran a los territorios de nuestro país.

Lo que piden es la certidumbre de cuándo pueden y deben ser llamado a servir a la República, que no sean primero respondientes, sino el último recurso que tiene el Estado mexicano para pacificar un territorio, resolver un problema criminal.

Concluyo, Presidente, diciendo que en México no hay dos Ejércitos, no hay el Ejército patriota, leal, diligente de la ayuda humanitaria en los sismos o en las inundaciones, y del otro lado el Ejército represor, violador de derechos humanos, causante de la violencia.

Es un solo Ejército y es el que está demandado certidumbre, seguridad jurídica y la renovación de un pacto sobre su lugar en nuestro sistema constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Parece que sí hay debate ya.

A ver, el tema de la inseguridad pública debería corresponder a un nuevo modelo policial, a un nuevo modelo de seguridad pública.

La decisión que se tomó desde el poder fue abandonar la construcción de esos dos modelos cuando se canceló la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma constitucional que enviamos a la Cámara de Diputados.

De la cual los oradores que han estado acá formaron parte en esa construcción de esa propuesta, pero se decidió abandonar el modelo de esta forma de atacar al crimen organizado y se entregó a las Fuerzas Armadas este destino.

La esencia de la propuesta de esta reforma, de la Ley de Seguridad Interior, es eliminar el concepto de seguridad pública y desarrollar el concepto de la Ley de Seguridad Interior.

El artículo 89, fracción VI, que se ha venido a mencionar en innumerables ocasiones, tiene su origen inclusive en la Constitución de 1917, ha estado intocado a lo largo de más de un siglo, y en él se le otorga al Presidente de la República la faculta de preservar la seguridad nacional y de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para asuntos de seguridad interior y defensa exterior.

En ningún lado de la Constitución se establece que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad  nacional.

No encuentra uno en el texto constitucional una definición de cada uno de ellas.

Por eso va a las leyes, a las bases  legales  que desarrollan los conceptos constitucionales, y en la Ley de Seguridad Nacional encontramos esa definición.

Ahora en la Ley de Seguridad Interior  encontramos la definición de seguridad interior, y en esta definición estando vigente el texto del artículo 21 constitucional que hace una definición de seguridad interior y establece que  la misma debe de estar encargada a instituciones civiles simple y sencillamente se anula, por eso es inconstitucional.

Por eso esta ley, esta propuesta que estamos discutiendo es inconstitucional.

A ver, ya se han expresado de manera muy profusa las y los Senadores, y parece que lo seguirán haciendo, que rechazan la Ley de Seguridad Interior.

De manera tendenciosa se ha señalado que quienes rechazamos esta propuesta, estamos en contra de las Fuerzas Armadas.

Mentira, nada más alejado de la realidad, por lo menos lo digo, por mi parte.

Nuestras Fuerzas Armadas deben ser una fuerza de paz; nuestro Ejército es el heredero de los contingentes armados que se alzaron en contra del usurpador Victoriano Huerta, el asesino de Madero, de Pino Suárez, de Belisario Domínguez, nuestro Ejército es quien derrotó al general  sanguinario y traidor que intentó asesinar a la democracia mexicana.

Nuestras Fuerzas Armadas son un Ejército de origen popular y plural, nacionalista, institucional y solidario con su pueblo. Aquí hacemos nosotros un reconocimiento a las mujeres y   los hombres de uniforme, que, sin dudarlo han apoyado a  nuestra población en desastres naturales como los ocurridos en septiembre de este año.

La Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hace casi 50 años el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz cometió el grave error de instruir al Ejército al reprimir a los estudiantes en 1968.

Luis Echeverría los mandó a la guerra sucia, y Felipe Calderón, y, antes inclusive concuerdo con la fecha de 1996 los involucró  en el combate al crimen organizado.

Este gobierno ha perdido la visión de Estado. En las filas del gabinete no quedan estadistas, no quedan voces sensatas, que tengan presente, cómo la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil ha sido un factor fundamental, primero, de la paz social; y, segundo, de nuestra transición a la democracia.

La aprobación de esta  propuesta de ley será un grave error de este gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación, profundizará la descomposición social.

Qué lamentable.

Qué terrible que este gobierno termine de esta manera, termine con la aprobación de una  ley que va a militarizar al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social.

Como nunca antes muy diversas instituciones, organizaciones nacionales y extranjeras y personalidades han alzado la voz en contra de  la Ley de Seguridad Interior.

Como siempre ha ocurrido, en este se ha ignorado la crítica, como siempre se ha aparentado apertura, fingido que se escucha a las voces discordantes, pero al final se aprueba  lo que se tenía previsto de antemano.

El gobierno no ignora, el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa. Sus intereses y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente.

Reitero, las Fuerzas Armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque esto alteraría de manera fundamental la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.

Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político, significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina.

Los hombres y  las mujeres del poder político y la oligarquía mexicana ven venir el cambio de régimen en el 2018; el cambio de régimen  no es el cambio de gobierno, es la modificación del modelo económico, político y social.

La mano dura, la militarización del país y el retroceso de las libertades son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, y se preparan de esta forma al cambio de régimen que se dará en el año 2018.

La aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia; fatal para las libertades y  los derechos civiles, sociales y políticos; lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano  con esperanza demócrata e igualitaria.

Afortunadamente a nadie engaña esta simulación, la sociedad tiene perfectamente claro sus riesgos y los motivos que le inspira.

Con todo respeto, y responsabilidad afirmo que con esta ley o sin ellas, el Ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico.

El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales civiles.

En todo el desarrollo que hicimos en este Senado en la reforma constitucional, la llamada mando mixto, lo que necesitamos erradicar es la corrupción, en el combate a la delincuencia, y terminar con la impunidad.

Ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad, y no  la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas.

Los delincuentes cometen delitos, no violan derechos humanos, hay que recordar y tener presente ello, no cometen delitos, no violan derechos humanos; cometen delitos, hay que aplicar la ley, pero hay que pacificar el país.

Hay que aplicar la ley.

Aquí que no se vengan a afirmar circunstancias que tienen toda la orientación política electoral, se vale, también se vale, y lo escuchamos y lo podemos debatir.

Estamos satisfechos de estar del lado correcto de la historia en defensa de los derechos humanos, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Nosotros votamos por la paz.

Reconocemos al Ejército Mexicano.

Votamos por la paz, y desafortunadamente creo que sin darse cuenta de los alcances de esta ley, ustedes están votando por la continuidad de una guerra.

Buenas noches, señoras y señores.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz: Con su permiso, Senador Presidente Ernesto Cordero Arroyo, Senador por la Ciudad de México.

Vengo, con todo respeto y con toda responsabilidad, a dar mi posicionamiento.

Vengo como Senador por el estado libre y soberano de Yucatán.

Vengo como Senador electo constitucionalmente por los yucatecos para representarlos ante este Senado de la República.

Vengo ante esta tribuna del Senado a ser la voz de todos los yucatecos.

No vengo a difamar, no vengo a calumniar, no vengo a decir mentiras, vengo a decir verdades.

Desde esta tribuna quiero reconocer a las mujeres y hombres que conforma al Ejército Mexicano por su lealtad a la patria, por su lealtad a la República.

En todo estado democrático, uno de los principios esenciales es el sistema de equilibrio de poderes, que busca garantizar que los órganos federales, como es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no rebasen sus atribuciones o facultades constitucionales a fin de lograr una mejor representación y justicia social para los ciudadanos de una nación.

En México tenemos la experiencia de haber vivido en un régimen autoritario durante más de 70 años, cuyos Presidentes en turno ejercían atribuciones que sobre pasaban las facultades otorgados por la Constitución, haciendo del ejercicio del poder público una práctica unipersonal y autoritaria a partir del uso excesivo e ilegítimo del Ejército Mexicano, mismo que cometió actos arbitrarios en contra de varios movimientos sociales para mantener el poder del régimen.

Claro ejemplo de ello fue el período de la Guerra Sucia, que se caracterizó por la represión militar y política hacia dichos grupos.

La matanza de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la hoy Ciudad de México, como consecuencia de una manifestación de estudiantes que luchaban por la democratización de nuestro país.

El halconazo en 1971, en el que fueron masacrados cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La matanza de 45 indígenas de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, en 1997. Pero además de estas acciones militares, se han presentado otras que ponen en tela de juicio el optimismo del proyecto de decreto de la ley en discusión.

La presencia militar dentro de la sociedad civil, de 2000 a 2012, se fue posesionando con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la segunda mitad de este período, el Ejército tuvo una mayor intervención mediante el despliegue de operativos militares en diferentes regiones del país, de lo que  se derivó innumerables quejas por violación a los derechos humanos.

Las ejecuciones realizadas por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.

La represión y desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en octubre de 2014.

Debido a la represión ejercida por el Ejército en contra de los movimientos sociales, en los años 60s y 70s, se propiciaron varios casos de desaparición forzada, que hasta ahora no han sido resueltos. Todos y cada uno de ellos son lamentables para el pueblo mexicano.

Por esa razón debemos votar en contra del proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, porque prácticamente institucionaliza las acciones militares mencionadas y con ello se militariza a México.

También lo asimila a un estado policial, en el que se podrá suprimir arbitrariamente las libertades civiles, y de ser así, regresaremos a un estado antidemocrático.

Vale la pena reflexionar al respecto.

Vale la pena preguntarnos. ¿Si eso es lo que queremos? Yo estoy seguro que no.

El artículo 6 del proyecto de la ley otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para implementar políticas, programas y acciones para prevenir y atender riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgo sin necesidad de declaratoria, de protección a la seguridad interior.

Cuando señala que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones de prevención a favor de la seguridad. No explica los mecanismos para ejercer dicha atribución, tampoco responsabiliza a las Fuerzas Armadas en caso de realizar detenciones, cateos o ejercer violencia de manera arbitraria, y esto, esto es muy grave.

Asimismo, el artículo 7 establece: “Que se deben preservar en todo momento los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Sin embargo, recordemos que las Fuerzas Armadas realizan actividades rutinarias, como lo son la instalación de retener en vías públicas y la revisión de automóviles sin orden judicial.

Al respecto, la propuesta de ley resulta ambigua, porque no garantiza que las acciones del Ejército resguarden los derechos humanos, y por su parte, aunque el artículo 8 de dicho proyecto estable que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
No se determina en qué momento una movilización se torna de carácter grave, puesto que deja abierto a criterio del Ejecutivo Federal la participación de las Fuerzas Armadas.

La amenaza que genera este proyecto de ley es la posibilidad de criminalizar las protestas sociales y usar la fuerza pública como forma de contener las luchas populares violentando su derecho a manifestarse y su libertad de expresión debido a que no se ha dimensionado la actuación del Ejército Mexicano, por su parte, el artículo 30, pretender facultar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia, siempre y cuando utilicen métodos lícitos de recolección de información, con pleno respeto a los derechos humanos.

Sin embargo no explica los mecanismos para revisarlo y por la propia naturaleza que conocemos del Ejército, estas atribuciones resultan riesgosas para los mexicanos, en específico en materia de tortura, pues hemos tenido experiencias claras de ello.

Por ejemplo, en 2016 se calcula que hubo más de 220 casos de tortura y más de 70 casos de desaparición forzada, el tema es tan relevante que incluso Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los derechos humanos en México, mostró su preocupación debido a que este proyecto de decreto no aporta soluciones reales a nuestro país para enfrentar los enormes retos en materia de seguridad.

Además violenta los derechos humanos de la sociedad, entre las razones que expone para que dicha iniciativa no se apruebe, están las siguientes: ambigüedad de conceptos, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento  de la autoridad civil al mando militar, ausencia de control, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, ausencia  de trasparencia e inconstitucionalidad de la propuesta.

Asimismo se han pronunciado en contra  de esta ley la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varias comisiones  estatales de derechos humanos, universidades  como la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la sociedad civil.

Sin embargo, me resulta sorprendente que aunque expertos en la materia, académicos y millones de mexicanos estamos expresando nuestro rechazo a esta propuesta de ley que no haya la sensibilidad política y menos el compromiso social por parte del PRI y de todos aquellos políticos quienes los apoyan en esta propuesta, que atenta contra la consolidación de nuestra democracia y de los derechos humanos, pero lo peor es que esta propuesta de ley fortalece más al presidencialismo que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Por ello, les recuerdo a varios legisladores que se encuentran aquí que nuestro trabajo de muchos años ha sido para democratizar a México, que nosotros no somos producto de un sistema autoritario, somos producto del voto popular, no impongamos  a México  a nuestra querida patria mano dura y control militar, la historia  no olvidará este atropello, se escribirán notas, artículos, incluso libros completos de este intento de traición a nuestra democracia, la historia será la encargada.

Mi voto será en contra de este dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad  Interior, porque fomenta la arbitrariedad e impunidad, además de ser ambigua, es antidemocrática, porque intenta concentrar más poder en el Ejecutivo Federal, en contraste con el principio de equilibrio de poderes, además impulsa el autoritarismo en México, lo que representa un retroceso  para nuestro país y un atentado contra los derechos humanos  cuando se fortalece un régimen autoritario, es segura la transgresión a los derechos humanos del pueblo y  un retroceso social.

Por ello, pido a todos ustedes, compañeros legisladores, no aprobar este dictamen, los mexicanos se los van a demandar.
Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:    Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, Presidente.

Primero, comentar a esta honorable   Asamblea que vengo yo de un estado muy histórico, donde nace el Ejército Mexicano, algunos historiadores lo señalan en Celaya el 21 de septiembre de 1810 con el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla o el 22 de octubre de 1810 en Acámbaro, Guanajuato.

Les hago esta introducción para comentar que tenemos un gran respeto con nuestras Fuerzas Armadas, por el Ejército Mexicano.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido parte fundamental para combatir el crimen organizado. Por ello es necesario darles un marco jurídico  que garantice también su seguridad y establezca los límites de su actuación.

La Ley de Seguridad Interior no está hecha para perpetuar a las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad interior, al contrario, se busca dar mayor certeza y establecer temporalidad a dichas acciones.

No se va a militarizar el país, se trata de un instrumento jurídico que regula adecuadamente la actuación del Ejército   Mexicano, una institución con presencia histórica que ha coadyuvado en la construcción de nuestras grandes instituciones, las estadísticas son inobjetables, la mayoría de los mexicanos, más del 60 % desea que el Ejército y la Marina continúen en las calles, continúen en nuestras ciudades, lo cual es un indicador de la percepción de seguridad, de la población con respecto a las Fuerzas Armadas , y el nivel de aprobación de éstas en la sociedad mexicana.

La ley de Seguridad Interior no sólo reglamenta la participación del Ejército, sino también se da mayor certeza a los ciudadanos  a favor de la protección de sus derechos humanos.

El enfoque de derechos humanos constituye un elemento central que fortalece no sólo a la ley, sino también a la democracia y al Estado de derecho, la Ley de Seguridad Interior contempla que la actuación de soldados, pilotos y marinos al llevar a cabo sus tareas de seguridad pública tengan  como objetivo central proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

Además, se fortalece también la cooperación y coordinación entre las autoridades que colaboran en el manteamiento de la paz y el orden público, frente a riesgos y amenazas que pueden perturbar  la paz social y seguridad nacional y sin que exista la suplantación de ninguna autoridad.

Nuestras Fuerzas Armadas han desempeñado funciones importantes en apoyo a la población, por ejemplo, presentar auxilio y protección a las entidades federativas y municipios  que han sido afectados por desastres naturales.

Nuestro gran Ejército ha participado de manera activa para que miles de familias tengan paz  y tranquilidad.

Por ello,  diversos gobernadores no sólo han reconocido el papel de las Fuerzas Armadas, sino también han solicitado el apoyo formal del Ejército y la Marina, con la finalidad de garantizar la seguridad en sus estados.

Hoy, México cuenta con Fuerzas Armadas mejor capacitadas y preparadas, han contribuido a mejorar la vida en el país, la calidad de vida en el país, tranquilidad y el orden social  en diversas entidades.

La Ley de Seguridad Interior es un marco jurídico que responde a las necesidades de la población  y establece acciones que contribuyan a fortalecer la seguridad pública del país y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Por eso  es que yo hago un llamado a esta honorable Asamblea, para que votemos a favor de esta Ley de Seguridad Interior que beneficiará y nos llevará a la paz y tranquilidad  que deseamos todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Chico.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias.

Antes de iniciar quiero hacer dos comentarios.

Uno, nos interesa la discusión de este tema, compañeros, y a veces para algunos es molesto estarnos oyendo porque creen que solamente venimos a molestar y a abundar en temas ya dichos, pero creo que la actitud de no escuchar, de no ver, obliga a ser reiterativos en los argumentos para que puedan escuchar.

Se trata de que una discusión, aquí en la tribuna, orille un debate que promueva y que provoque cambios, cambios en las posiciones políticas para poderlas asumir en una ley que tenga un alcance de beneficio a la sociedad.

Y pareciera que aquí cuando se fijan posiciones se agrede y se inventen posiciones políticas en contra de entes de nuestra sociedad, y eso es falso, aquí solamente están coexistiendo dos visiones políticas que buscamos lo mismo, pero que la formación, la instrucción, hasta la disciplina hacen que las veamos diferentes.

Aquí el Presidente ahora, debo reconocerlo, que se ha abierto a que podamos subir a expresar una posición política, porque luego a veces se aferran al Reglamento, van a decir ya hablar mucho, y, entonces, vamos a cerrar la discusión y nos pueden dejar sin oportunidad de discutir.

No lo han intentado hacer ya otras veces y creo que lo que menos podemos hacer aquí este día es discutir y contrastar las posiciones políticas que tenemos, poderlas ver desde diferentes puntos de vista para que nos permitan tener la certeza que lo que están haciendo, lo estén haciendo convencidos.

Yo les pediría que dejen salir al legislador independiente que tienen adentro y que el día de hoy puedan aprobar con responsabilidad rechazar esta propuesta de dictamen que nos han dado aquí en este Pleno.

Creo que solamente los hombres libre que están allá escuchando son los que tienen la oportunidad de resolver esto en pleno uso de razón y no atornillados a una encomienda política que hoy creen cumplir, y solamente exhiben una posición de servilismo.

Eso es lo que vemos a veces aquí y expresar estas posiciones pareciera que los ofende, pero lo que queremos es de verdad contrastar, que se debata, que no se salgan del Pleno, porque luego a veces es lo que da coraje, que estamos hablando aquí varias horas y ustedes como tienen decidida una votación se salen y regresan a votar en contra.

Sí, tenemos que hablar muchas veces para que todo lo que decimos ojalá, como son de lento aprendizaje, se les quede grabado.

Miren, hay frases, bueno,…

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Pedraza, lleva usted tres minutos sin entrar en materia.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, es que por eso pedí yo chance de decir estas dos cosas.

Puedo decir la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica, las personas con hambre y sin trabajo son el material de que están hechas las dictaduras, quería empezar con eso, pero luego pensé que el que quiere gobernar debe oír y debe ver, y aquí han sido omisos en oír y ver.

Luego pensé también decirles que el Estado llama ley a su propia violencia y el crimen a la del individuo, también dijo Alberto Moravia: “una dictadura es un Estado en el que todos temen a uno y unos temen a todos”.

Compañeros, hemos estado analizando desde diferentes perspectivas esta iniciativa, les hemos tratado de decir de diferentes tonos que esto no pasa, y el dirigirse a ustedes y llamarlos a esto tiene que ver con la forma que el debate pueda prosperar y podamos conciliar en un punto que ayude a la sociedad.

Yo creo que el viejo PRI que regresó trajo no solamente el regreso del dedazo, lo acabamos de ver otra vez, también la cooptación de órganos electorales, tratar de imponer la legalidad a través de coartar órganos y resoluciones en los tribunales.

Como dijera el Presidente: “el viejo PRI ha volvido”.

Creo que en ese sentido, ha volvido a tratar de restañar el autoritarismo con el Ejército aplicando y tratando de someter a nuestra sociedad.

No tenemos como antecedente para que esto pueda tener controles la ley que reglamente el uso legítimo de la fuerza pública, esto también sería una garantía, bueno, se pasan acá, hay un control, hay un contrapeso.

Yo creo que en este sentido los argumentos que han dado nuestros compañeros tratan de encaminar que aquí tendremos que abrirnos, no es la manera de justificar las acciones la que nos va a poner en una condición de estar a favor y en contra del Ejército, estamos a favor de la sociedad y no podemos confundir los conceptos.

Hace un rato les propuse, les puse aquí en la mesa lo que significaba la seguridad interior, la seguridad pública, y creo que ahora, como bien decían hace un ratotote, tratan de copiar un modelo extranjero de lo que tiene que ver el concepto de seguridad pública.

Yo quisiera, compañeras y compañeros, que pudiéramos nosotros valorar que a nuestro país se le ha destinado suficiente dinero al combate al crimen organizado, no ha habido una manera de no escatimarle recursos a esto, el presupuesto de este rubro en 2015 se estimó en 209 mil 400 millones de pesos, de los cuales el 40 % del gasto federal en seguridad se destinó a la seguridad nacional; el 39 % a la función de justicia; y el 21 % a la seguridad interior.

En México el gasto en seguridad interior creció 61 % entre 2008 y 2015, pues la inversión pasó de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 95 millones de pesos para 2015, el gasto en seguridad interna en el país representó el 1.4 % del gasto total del gobierno federal, y, sin embargo, sólo sea incrementado la violencia.

El crimen avanza y el gasto no se detiene, pero sí persiste el problema de la opacidad sobre el ejercicio del gasto en seguridad, tanto en su destino como en los resultados que producen, esto implica que no existe información confiable sobre qué funciona y qué no, lo que debilita la toma decisiones sobre la permanencia, eliminación o modificación de programas en materia de seguridad pública, sólo con información pertinente y detallada sobre las prioridades del gasto y sus resultados será posible mejorar la eficiencia presupuestal.

Con esta ley que se pretende auxiliar y proteger a las entidades federativas y municipios sustituyendo en sus funciones y responsabilidades a los gobiernos de los estados, nos encaminamos a olvidar que los gobiernos estatales han recibido en los últimos años recursos importantes para atender la inseguridad y que con el modelo actual al que hoy  pretende  dar certeza jurídica, no ha permitido incentivar la capacitación y profesionalizarlos de los cuerpos policiacos, además, que garantiza la omisión de su responsabilidad.

Aquí ya han dicho que nosotros tenemos muchos años de guerra, aquí lo que tenemos que decir que aprobar esta ley, como ayer lo expresaron los representantes de la organizaciones sociales de la ciudadanía, que aprobar esta ley es un homenaje al asesinato de más de 213 mil mexicanos y a más de 30 mil 942 personas desaparecidas, que esto es lo que nos han indicado y gritado ayer las organizaciones de la sociedad.

Hace rato lastimosamente alguien aquí no supo valorar lo que significa que sectores incluso del arte se expresen en temas como éste de la seguridad.

Descalificando y diciendo que hacen parafernalia, no sé cómo le dijo, en aras de descalificar el esfuerzo que va encaminado a proteger los intereses de los mexicanos.

Si hay grupos que se han manifestado diciendo y señalando las deficiencias que tiene esta ley, nosotros, en un acto de libertad, deberíamos de rechazar lo que contienen estas iniciativas.

Compañeros, es tiempo de hacer esto.

Hoy es un día en que la historia habrá de registra aquellos que plantean el regreso del autoritarismo y la violencia para combatir el crimen, y los que estamos en contra del, y no estamos en contra del Ejército y la Marina, pero sí en contra de la inconstitucionalidad de esta ley.

Los que pensamos que la Ley de Seguridad Interior no abona, no suma al fortalecimiento del Estado de derecho o para combatir la inseguridad y las diversas expresiones del crimen organizado.

Es, compañeros, la posición de su servidor en lo general de este dictamen y, por último, yo dejaría una reflexión que nos ha preocupado en los últimos días y que ha sido parte de cómo el problema de la inseguridad en México se ha recrudecido.

Hace tiempo, en el 97, se creó un grupo de élite en el Ejército para que en el estado de Tamaulipas pudiera combatir al crimen organizado y, desgraciadamente, la falta de controles, de supervisión, de evaluación, de que desconozcamos nosotros qué mecanismos de control tenían ahí, este grupo del Ejército se convirtió, y se ha convertido, en uno de los grupos criminales más peligrosos que tenemos en el país y que tienen asolado y azotando el estado de Tamaulipas.

Que esto sirva para poder ver de qué manera esto que hoy queremos hacer no se nos vuelva a presentar y a reproducir.

Hay alertas, hay antecedentes, hay preocupaciones, y, compañeros, ustedes han tenido cinco años de tiempo aquí para poder tomar decisiones con nosotros.

Son refritos, compañero, porque yo decía, desde hace rato, no hay una mente abierta y dispuesta para poder entender que esta circunstancia que hoy se pretende abordar está totalmente señalada y rebasada a su entendimiento.

Voy a pedirle, Presidente, que en el límite de mi participación, le voy a entregar diversos documentos que contienen un análisis detallado de los artículos de esta ley que quiero que se anexen al Diario de los Debates.

Por otro lado, le voy a entregar el posicionamiento de la Federación, de organizaciones de derechos humanos sobre la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Interior que está firmado por más de 23 organismos de derechos humanos de todo el país, para que se anexe a la minuta.

Voy a entregarle también el pronunciamiento de expertos en el tema de derechos humanos de la ONU que han expresado para que esto no sea aprobado, y que esto sirva como una parte que argumente y que fundamente lo que hemos estado aquí señalando porque nuestros compañeros les parecen refritos, pero creo que, desgraciadamente, tendrán que echarse un clavado a revisar argumentos de carácter legal.

Y, finalmente, entregarle una entrevista y palabra del Secretario de la Defensa Nacional en cuanto que no tiene claro cuál es el concepto de Seguridad Interior que se ha estado cuestionando.

Eso es cuanto, compañeras y compañeros.

Gracias por su atención.

Quiero pedirle, en términos de lo que me ha dicho el compañero, que este período, ya de casi receso legislativo, los haga reflexionar y que de verdad liberen al verdadero legislador que el pueblo de México reclama.

Eso es lo que yo le pido a Santa Claus, señor Senador.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza, por sus buenos deseos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias al señor Presidente.

Muchas gracias a mis compañeras y compañeros, a quienes les pido unos momentos de su atención para hacer algunas reflexiones.

Les pido a los colaboradores y ayudantes de mis compañeras y compañeros por unos momentos guarden el mejor orden que sea posible, quiero decirles que vengo a esta tribuna conmovido, conmovido porque siendo esta la más alta tribuna del país, siendo ésta una tribuna de la que los mexicanos esperan todo, en estos días lo que los mexicanos han estado viendo es un falso debate.

No, lo que hemos tenido tampoco ha sido un diálogo, en muchas ocasiones ha sido un monólogo.

No es de responsabilidad cívica jugar con los tiempos dejando el balón atrás de la media cancha, esa es una estrategia deportiva.
En San Lázaro nos están esperando y necesitamos dar un cambio a lo que hay en las leyes de este país.

Concedo el derecho que tenemos todos a exponer nuestro punto de vista y nuestra verdad.

Vengo conmovido porque desprovisto de todo apunte, y como es la práctica parlamentaria, me ha pedido que tenga aquí una intervención, y mi intervención es para decirles, compañeras y compañeros, ¿alguien de ustedes ha sufrido lo que es el delito, la agresión a la integridad física y a la vida?

¿Alguien de ustedes ha sufrido, sabe lo que es enfriar un proyectil de arma de fuego en su cráneo?

Quiero decirles lo que millones de mexicanos, familiares y víctimas sufren por la inseguridad en este país, yo lo he vivido, y quiero decirles, ir tocando puertas para pedir justicia, como un día se lo dije, a las más altas autoridades del país, tengo el privilegio de venir a pedir justicia, porque el cielo me lo concedió.

Si no fuera así, hoy estarían, mi viuda y mis hijos pidiendo justicia, la cual, lamentablemente quiero decirles, se detuvo a la autora intelectual, pero nunca a los autores; se detuvo a la autora material, pero nunca a los intelectuales, eso quedó impune, impunidad, impunidad ante el delito es lo que viven  millones de mexicanos.

No podemos decir que el Ejército es una gran institución, y  luego señalarlo como un violador sistemático de los derechos humanos.

No podemos estar hablando mal de nuestras instituciones, no podemos estar hablando mal de México, este Senado tiene que asumir su responsabilidad de exaltar  los valores patrios no con un viva México, tiene que hacerlo demostrando las capacidades que tiene para llegar a conclusiones que favorezcan un nuevo marco legal, porque el que tenemos es obsoleto.

Guardo no el respeto al Ejército, no lo guardo de mis años de estar en la vida pública a la que entré tardíamente, a los 44 años, y entonces, fui presidente municipal, diputado,  gobernador y ahora Senador.

Me parece que tener el recuerdo que tengo yo del Ejército cuando aquél piquete de soldados bajaba del tren 7, procedente de la Ciudad de México, iba de la mano con mi padre a recoger la carga en ferrocarriles, no veía a los soldados con temor, los veía con respeto y admiración, y siempre los he visto así, veámoslos así; veamos así a las Fuerzas Armadas.

Este país no puede seguir señalando ni a sus policías ni a su ejército y a sus Fuerzas Armadas como los mayores violadores y los mayores delincuentes.

Perdóneme, mi amigo que ha sostenido aquí un absurdo, ¿cómo que no se violan los derechos humanos por los delincuentes?

Es que, ¿acaso quien me dispara pretendiendo violarme del derecho a la vida, no está violando mi derecho, además de cometer un delito?

No podemos sostener este tipo de argumentos.

(Aplausos)

Cómo es posible que gentes con esa preparación sostengan esos principios.

Concluyo, concluyo nada más diciéndoles Senadoras, Senadores.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Señor Senador Patricio Martínez, acepta una pregunta del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, Senador Barbos, sostengo mi admiración y mi respeto por usted, como por todos mis compañeros.

Sostengo que aquí necesitamos contra-argumentar a Roberto Gil Zuarth; necesitamos contra-argumentar con congruencia lo que he señalado; hoy, hoy estamos haciendo con estas iniciativas y con este debate y con esta ley lo que otros están proponiendo en un proyecto de vida nacional para el futuro en sus campañas políticas, y eso no ha sido desmentido en ningún momento, ni lo de Roberto Gil ni lo del proyecto de  nación que presentan otras gentes.

Con  mucho gusto, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Mi querido Patricio, yo comparto todo lo que tú puedas decir. Pero esa mención, aunque la haga el Senador Roberto Gil, a quien tengo un respeto especial, tiene una precisión técnica.

Los delincuentes cometen delitos, las autoridades violan derechos humanos, es una cuestión técnica, Patricio, ¿sí?, sólo eso para que quede claro y no se utilice.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le va a preguntar algo, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Que quede claro, gracias.

Gracias, Patricio.

El Senador Patricio Martínez García: Haga la pregunta, y le doy respuesta, le doy respuesta porque no tenemos tiempo, y los mexicanos están esperando una resolución de este Senado. Le doy inmediatamente respuesta.

Los tecnicismos no los conoce el pueblo, lo que el pueblo conoce es el delito que sufre y llora pro millones desde hace años y que espera una respuesta de aquí a través de usar la técnica.

Pero por favor, no le digamos al pueblo que los delincuentes cometen delitos y que eso no es una violación a sus derechos.

Eso, esos son justamente aspectos que no van a la vida del pueblo, y a lo que vive y sufre la población.

Compañeras, compañeros, quiero decirles que en las cantinas se usa el adjetivo, en el Senado se debate con razones, con principios y con respeto.

(Aplausos)

Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con mis compañeros que no pertenecen al partido del Presidente de la República, pero es nuestro Presidente.

En la medida en que le dificultemos su desempeño, dificultamos el tránsito de la vida  nacional día a día, y quiero decirles, estoy en un estado donde mi gobernador procede de otro partido, pero desde el primer día y hasta la fecha, le ofrezco lealtad a la institución de gobernador que requiere facilidades para que sea un buen gobernador para tener un mejor Chihuahua. 

Y yo creo que eso desprovisto de toda ideología partidista, quiero decirles, no vengo a defender una iniciativa de priístas, vengo a defender una iniciativa que México la requiere, con todos sus defectos, pero es un cambio que el país necesita, y si mañana tenemos que regresar a sesiones extraordinarias para hacer el cambio de lo que hoy cambiemos, hagámoslo mañana, al fin y al cabo el proceso legislativo es permanente, constante e inacabado.

Finalmente, quiero pedirles, compañeras, compañeros, vamos viendo por México, pero más allá de esa condición que se guarda del discurso escrito y pre elaborado presentémonos así, con el sentimiento de la población, con lo que millones de madres, de padres, de huérfanos están sufriendo por una tarea que fa creciendo sin preguntarnos por qué es la inseguridad.

Hago un recuerdo, el emperador en China pedía que no le siguieran inundando de drogas, porque su pueblo se estaba perdiendo y el imperio se estaba perdiendo.

Yo les pregunto, aquél México independiente, cuando nace la nación, fue inmediatamente intervenido por quienes querían dividir a  los mexicanos, porque a río revuelto, ganancia de pescadores, y ganancia de territorios.

Finalmente les pregunto, hoy, quién quiere dividir a los  mexicanos, ustedes no.

Si es alguien de afuera, combatámoslo con una real unidad, y llegando a conclusiones.

El viva México que sea con nuestras actuaciones, y no solamente con un grito el 16 de septiembre.

Que viva México, pero con una acción positiva y definitiva de este Senado para llegar a soluciones.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth (Desde su escaño): Gracias Presidente, y será por alusiones, muy brevemente.

Tiene razón el Senador Barbosa en relación con que en efecto en la concepción tradicional los derechos humanos se entienden como la relación o se explican en términos de la relación del ciudadano y el Estado, pero hace mucho cambió esa doctrina, fueron los alemanes quermes crearon un concepto del efecto y rayador de los derechos fundamentales, que no rigen solamente la relación entre Estado y ciudadanos, sino entre ciudadanos  y entre personas no estatales.

La base esencial de  las normas penales que tipifican ciertas conductas es la protección de los derechos fundamentales, para eso son las normas penales, para proteger, garantizar e inhibir los derechos fundamentales.

De hecho el canon de justificación de la tipificación penal es justamente los derechos humanos, empezando por el fundamento esencial, que es el principio de dignidad.

Le aprecio mucho la referencia al Senador Barbosa, pero no equivoqué en mi expresión.

Cada vez que un delincuente dispara una pistola, vulnera los derechos humanos de su víctima.

(Aplausos)

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

¿Con qué objeto, Senador Barbosa?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Es muy breve, porque este irregular intercambio de opiniones, pues, parece que era alusión o no era alusión, no era alusión a él ¡Eh! pero en fin.

Yo nada más quiero hacer una mención de medio minuto. El antecedente de los derechos humanos, eran las garantías individuales, derechos objetivos públicos.

Se asume ya en la reforma, esta reforma del 98, del 2008, esta reforma profunda al artículo 1 constitucional, y se cambia de garantías individuales a derechos humanos. Pero haré una referencia sería, bueno, pues vamos a presentar denuncias en la Comisión de Delitos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2011.

La concepción es. Solamente las autoridades pueden violar derechos humanos, los delincuentes cometen delitos y hay que castigarlos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Para hechos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La anoto en la lista, al final de este debate, para rectificación de hechos, Senadora Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría.

Buenos días.

Bueno, dicen que todas las participaciones se agradecen, pero sólo las breves se agradecen de corazón. Entonces, procuraré ser muy breve. Y empezaré con una pregunta.

¿Qué tienen en común las Naciones Unidas, universidades públicas y privadas, comisiones de derechos humanos de todo el país, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, artistas, iglesias, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, la galardonada con la Presea Belisario Domínguez, y muchísimos juristas, entre ellos, Elisur Arteaga, Pedro Salazar, Diego Valadés, y muchísimos otros, conté 70 en alguna lista?

Todos tienen en común, a pesar de sus tremendas diversidades y diferencias, todos coinciden en la inconveniencia de la ley en comento, su inconstitucionalidad y su daño.

Y a partir de esto, el Presidente invitó a escuchar.

¿Qué pasó? ¿Mintió o le mintieron?

¿A quién escuchó el gobierno?

Nadie dijo que estaba a favor. Nadie que esté afuera del grupo gobernante ha emitido una opinión favorable contra esta ley.

Este es el último acto, el daño final de la estrategia que nunca operó. Es el triste retazo de los diez puntos, aquellos que estarán en algún lugar olvidados en su memoria de los puntos que prometieron como estrategia de seguridad y que nos han llevado a este año terrible de violencia donde se rompieron todos los récords sin una respuesta efectiva del Estado.

Frente a estos diez puntos fallidos y, como dice la canción: que van de fracaso en fracaso, la única respuesta que atina el Estado mexicano no es a plantear una estrategia de seguridad, es a plantear esta ley.

Si bien compartimos la necesidad de un marco adecuado y correcto para las Fuerzas Armadas, y coincidimos con los diagnósticos que así se han planteado en su mayoría, pero esta ley no ofrece ningún avance, por lo que su inminente y triste aprobación nos da un mandato moral y nos obliga a plantear algunos riesgos y consecuencias que esto implica.

Permítanme plantear en argumentos llanos, sencillos y derivados del sentido común lo que encontramos en esta ley, que es inútil, inconstitucional y peligrosa.

Es inconstitucional, y será coartada para la violación de derechos humanos, ya no voy a abonar a esto, porque ha sido planteado con brillantes y claridad en esta tribuna por quien me antecedió en la voz.

Pero sí es inútil porque genera incertidumbre y tensiones innecesarias. Con esta ley, las Fuerzas Armadas no tendrán más argumentos en su defensa, ni tendrán mayor seguridad.

Es falso que dé un marco adecuado, toda vez que, prácticamente todos los juristas han destacado su inconstitucionalidad, más allá de una opinión, es una vulnerabilidad que anuncia su falta de efecto.

¿En qué torpe optimismo cabría pensar que no se va a litigar?

El problema de fondo, se ha comentado también, es la falta en la formación de policías confiables y funcionales, y la anulación de la Ley de Mando Mixto implica que no haya una ruta para su desarrollo y cancela la posibilidad de regresar a una mediana normalidad.

No ayudará, de ninguna forma, a la pacificación del país, ni dará mayor seguridad a los mexicanos, generará mayor incertidumbre.

En el fondo, realmente ¿Qué cambiará?

Es peligrosa, es muy peligrosa, representa un riesgo para la estabilidad nacional y expone al Ejército a un desgaste innecesario.

Uno de los pilares del Estado mexicano de fortaleza y autoridad moral de las Fuerzas Armadas ha sido esta franja que divide la actividad castrense de las autoridades civiles.
Con esta ley no sólo se recorre, se diluye y en el futuro seguramente generará grandes problemas para la nación.

Aprobar esta ley en el último año de gobierno, en el peor año de violencia y con el mayor desprestigio de las instituciones, resulta inoportuno, además de riesgoso; abrirá el debate en los próximos años o en los próximos meses de la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil.

Por ejemplo ¿Si debe haber un Secretario de la Defensa Civil, la transparencia de los recursos y controles parlamentarios?

Es una ley sin apoyo popular. Ni un solo actor fuera de la esfera del gobierno ha manifestado a favor de esta. Es una ley impopular.

Coincidimos en la necesidad de dar el marco adecuado a las Fuerzas Armadas, pero también es urgente establecer una ruta para la seguridad, y no abona en esta ley, no son temas diversos.

Que quede claro, estamos a favor de las Fuerzas Armadas, estamos a favor de la institucionalidad, pero en los términos que propone esta ley.

Esta ley no tiene ni razón ni ciencia, no tiene progreso ni moralidad y va contra todas las tendencias históricas del Estado.

Hoy, hoy harán un gran daño. Esta es la ley del fracaso, es la ley del fracaso en la pacificación del país, es la ley del fracaso en construir una policía confiable, es la ley del fracaso de la gendarmería como institución civil, es el fracaso de la política por la incapacidad de oír a la mayoría de las voces sensatas e independientes, es el fracaso del triste gobierno de Peña, que deja un país más inseguro, con instituciones más débiles y que la abona a su obra nefasta a un gobierno que anuncia que la historia lo tendrá por defenestrado, y que se hunde en la soledad de su sinrazón.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Cavazos Lerma.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia, Senador Presidente.

Estimadas Senadoras y Senadores:

Hay doce argumentos reiterados en esta discusión  que merecen consideración.

Primero. Esta ley no es una panacea, no resuelve todos los problemas de seguridad, no es su objeto, es un instrumento específico, temporal, sujeto a requerimientos estrictos que da certeza jurídica.

Segundo. Esta ley no militariza al país, regula el apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios y sienta las bases para su regreso a su ámbito propio de acción cuando se subsanen las deficiencias que originaron su presencia a través de un programa temporal, con acciones concretas  y evaluables.

Tercero. Esta no es una ley para las Fuerzas Armadas, es una Ley de Seguridad Interior, no de Seguridad Púbica, la Seguridad Interior no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es de todo el Estado mexicano, de todo el gobierno en sus tres poderes y en sus tres órdenes, es por tanto, una ley  para atender los riesgos y amenazas a la seguridad interior, a la preservación y continuidad del Estado mexicano.

Cuarto. La seguridad interior  es parte de la seguridad nacional, por lo tanto el Congreso tiene facultades para legislar esta ley como lo plantea la fracción XXIX-M del artículo 73 que nos faculta para expedir leyes en materia de seguridad nacional.

Por lo tanto esta ley no es inconstitucional.

Quinto. Las leyes  no se interpretan sólo literalmente, también existe la interpretación sistemática, funcional, de biológica, histórica, sociológica, etcétera, etcétera, este ejercicio ha estado ausente en los argumentos de los opositores a esta ley.

Sexto. El uso legítimo de la fuerza implica su uso dentro del sistema jurídico conforme a normas, reglas y protocolos que están en otro ámbito legal y se remite a él, esta ley no incluye todos los temas de  la seguridad nacional, porque no es la única ley  en el ordenamiento jurídico nacional.

Séptimo. Si hacemos esta interpretación integral, esta  ley es constitucional y es convencional, y es armónica con otras leyes, además es compatible con ordenamientos   de transparencia y rendición de cuentas que no son modificados, por lo tanto no existe la opacidad que aquí indebidamente se alude.

Octavo. Esta ley respeta los derechos humanos por su armonización con el ordenamiento jurídico nacional, por su compatibilidad con la Constitución General de la República, porque así lo expone en su artículo 2 y porque así  lo define su artículo 3 y su correlato en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional.

Noveno.  No hay sumisión o sometimiento de las autoridades  civiles porque se prevén dos supuestos.

1.- Si la insuficiencia de capacidades se subsana con la Policía Federal Preventiva, el mando federal caerá en manos de un civil que se coordinará con los mandos civiles locales.

2.- Si se necesitan las Fuerzas Armadas, el mando militar se coordinará con las fuerzas civiles del estado, una interpretación funcional y sistemática nos dice que las relaciones entre la Federación, estados y municipios son de coordinación, no de sumisión, además estas relaciones se limitan a los  temas especificados en la declaratoria, no incluyen todas las facultades y atribuciones que corresponden a las autoridades civiles.

Décimo. Las manifestaciones de protesta social no podrán ser materia de la declaratoria de protección de la seguridad interior, porque no son amenaza a la seguridad interior.

Décimo primero. Los que hablan de botas militares no son capaces de ver su embotamiento mental.

Décimo segundo. los que hablan engoladamente de errores históricos son incapaces de ver sus sofismas y falacias  que son errores de concreción, de argumentación.

Finalmente, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas por su invaluable contribución al bienestar de la patria, y por lealtad a ese reconocimiento, voy a votar a favor de esta ley necesaria y patriota.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cavazos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

Esta es una ley que evidentemente tendría que discutirse no con mucho más tiempo, pero sí con mucha más seriedad.

Escuché con muchísimas atención a los oradores, incluyendo los de mi partido que están a favor y que prepararon  una excelente Ley de Mando Mixto, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Y, concuerdo cuando lo escuché, debo decir que su voto iba a ser en contra de esta Ley de Seguridad Interior.

Se señala aquí que es irresponsable decir que el fracaso se debe a las Fuerzas  Armadas, es igual de irresponsable decir  que el éxito en el combate a la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas.  

Dice también que los municipios se han arrodillado ante el crimen organizado, por supuesto que se han arrodillado ante la falta de operación del Gobierno Federal, a quien le compete  a quién le toca combatir la delincuencia organizada, no se supone que es al Gobierno Federal, los militares a las calles dicen o los militares a los cuarteles.

No señores, los militares a lo que las funciones de las constituciones establecen, eso es lo que tendríamos que hacer, querer mucho a las Fuerzas Armadas y las estamos exponiendo a que todo mundo las demerite y las debilite como están debilitadas hoy  las policías municipales, estatales y la federal.

No vayamos lejos de las reformas recientes, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional  de Seguridad Pública, casi, casi vi en esta ley una copia pegada a la otra.

Es verdaderamente triste pensar que cambiando nueve artículos se puede cambiar esta ley, pero además es increíble pensar que hoy estas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional dicen sean también de seguridad interior, lástima que ya no está aquí el abogado al que le iba a preguntar que me dijera cuáles son las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.

¿No, no está aquí? Porque el otro ya se fue, que no me quiso contestar.

No sabe eso porque ni siquiera está definida las definiciones en esta aparente ley son ambiguas, son justamente para que la interpretación de a lo que quiera el gobierno federal.

Dicen que es constitucional porque estamos dispuestos a la fracción XXIX-M del artículo 73.

¿Estamos facultados realmente para ello?

Pero además dicen que esta ley es de orden público, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, pero que, además, sus disposiciones son de materia de seguridad nacional.

Pregunto ¿es lo mismo que seguridad interior?

Pero además es increíble pensar que esta ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, es decir, también vamos a hablar del Poder Judicial.

¿Díganme en qué parte de la ley viene el Poder Judicial?

Es inconstitucional.

Dice también que es mentira que lo que decimos es que esta ley es permanente y que hay un plazo, que hay un año en el que se puede hacer esta declaratoria por el Ejecutivo Federal; sin embargo, también esta ley dice que ese plazo puede prorrogarse a petición del Ejecutivo, mientras no se acabe con este tema, llevamos más de 30 años con estos problemas de seguridad pública.

No mintamos acá, no vengamos a decir que lo que queremos es un tema de seguridad interior, lo que se pretende con esta ley es regular las funciones de seguridad pública que son responsabilidad de la Federación de los estados y de los municipios, preferimos invertir el dinero en acuerdos con los cuates y este proceso de corrupción que capacitar realmente a las policías.

¿Por qué no se quiso discutir en la Cámara de Diputados el mando mixto? Porque aquí en esta ley, en uno de los artículos tienen escondido lo que significa el mando único, que es lo que realmente les interesa, tener el control político, el control gubernamental para poder hacer lo que quieran y cuando quieran, incluyendo en el proceso 2018.

Se dice que nosotros queremos usar esta ley para asuntos electorales, ¿están seguros de eso?

¿Quiénes han usado a las fuerzas policiacas y a los demás elementos de seguridad para asuntos electorales? Qué acaso no ha sido el Partido Revolucionario Institucional, se nos olvida muchísimo eso.

Dice, además, que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

¿Por fin, hay temporalidad o no la hay? Claro que no la hay.

Dice que se arregla con un artículo 5 las facultades que corresponden al tema de seguridad.

Yo pregunto:

¿En la Ley de Seguridad Nacional no se ordenan protocolos de actuación?

¿En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se ordenan protocolos de actuación?

¿Por qué son la sociedad civil las que nos dan cifras y no el Sistema Nacional de Seguridad Pública?

¿Por qué los números de secuestro nos lo tiene que dar una asociación civil, los de trata otra, los de homicidios dolosos otra?  ¿por qué no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Por algo muy simple, la rendición de cuentas es una falacia para este gobierno.

Pero, además, es verdaderamente terrible decir que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas estén en estas tareas, se han convertido en los primeros respondientes.

¿Por qué se han convertido en los primeros respondientes? Muy simple, en dos capítulos quieren pensar que se va a reglamentar todo.

Capítulo segundo de los supuestos y procedimientos para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas, es decir, cuando queramos justificar la debilidad de los gobiernos estatales y municipales en lugar de preparar a los Ministerios Públicos, a las policías y a los servidores públicos.

Cuando se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional.

Y yo pregunto:

¿Cuál va a ser el pretexto de la siguiente elección?

Los gobiernos panistas que se ganaron no saben gobernar, son aquellos gobiernos a los que se les va echar la culpa y por eso va a entrar la Marina y el Ejército.

Los gobiernos perredistas tampoco, los únicos que saben gobernar son los priístas, eso es lo que dicen.

Pero les falló el cálculo, les falló muchísimo porque esta ley está llena de inconsistencias, primero, en sus conceptos.

Segundo. En sus objetivos.

Tercero. En sus fines.

No, señores, con esto no se va a arreglar en lo absoluto nada.

Yo quiero decir que por supuesto que hay la seguridad de que aquí va a ser aprobada la ley, claro que sí, el PRI tiene los votos suficientes, acompañado de otros compañeros Senadores, pero yo espero que la racionalidad de otras instituciones que puedan meter las controversias constitucionales que correspondan pueda hacer ganar que este ordenamiento no pase.

Si de veras queremos a las Fuerzas Armadas, si de veras las respetamos, no las expongamos más, no podemos tenerlas permanentemente haciendo lo que por omisión, acción, complicidad no están haciendo los gobiernos estatales y municipales.

Que no se amenace a los gobernadores diciéndoles que si no se aprueba esta ley ellos no van a poder hacer nada.

Señores, ya lo pueden hacer, está en lo que ellos quisieron meter en el artículo 73 y en la parte constitucional.

Fíjense nada más, tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que estamos con un encargado de despacho de la PGR.

Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que tuvimos acéfalas por meses las áreas de derechos humanos en Gobernación y en PGR.

Tanto le importa al Gobierno Federal la seguridad pública que disminuyó el presupuesto para seguridad pública.

Tanto le importa al Gobierno Federal la seguridad pública que se nos retiró el 15 % del presupuesto de Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos.

Tanto le importa a la seguridad pública al Gobierno Federal que les han dado permiso a sus gobernadores y alcaldes para delinquir y ser partes y cómplices de esta delincuencia organizada.

Han sido parte de esta delincuencia organizada Yarrington, Eugenio Hernández, Duarte, Borge, Moreira, Roberto Sandoval.

Y tanto le importa al PRI que lo que prefieren bajo este esquema es tapar esas debilidades que realmente hacer lo que mejor le corresponde a México.

Si de veras les importa, no aprueben esta ley.

Vayamos a la discusión de la ley del mando mixto, hagamos que las policías funcionen, revisemos que su presupuesto plantee y sirva para lo que tiene que ser.

Revisemos que el Programa Nacional de Seguridad Pública se cumpla, porque sí está establecido un Programa Nacional de Seguridad Pública, pero nadie lo cumple, lo que queremos es tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó.

Estamos a tiempo y el PRI está a tiempo de reflexionar lo que quiere, no por un asunto electoral que es lo que únicamente les ha importado en estos seis años, tiene que ser por un asunto básico, no nos vengan a chantajear diciéndonos que son los guerrerenses o los sinaloenses, o los tamaulipecos los que quieren que esté las Fuerzas Armadas en las calles.

No, señores, cumplan su obligación a aquellos que quisieron ser gobernadores, aquellos que quisieron ser presidentes municipales y cumpla su obligación aquel gobierno que se la pasó durante seis años aquí en esta tribuna en el sexenio pasado echándole la culpa al Gobierno Federal cuando actuaba en materia de seguridad pública.

Cumplan ustedes lo que dijeron que sabían hacer que era gobernar, pero lo triste y lastimoso de esto es que no van a poder cumplirlo porque el PRI demostró que no sabe gobernar.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Primero que nada se ha venido a hablar mucho aquí del falso debate, de cierta dicotomías, pareciera que ya les pasaron el script para que digan: “acusen a los que están en contra del Ejército, señálenlos de poco patriotismo”.

Y no es cierto, todos aquí reconocemos al Ejército, todos aquí lo hemos visto jugándose la vida en Chiapas, atravesando ríos en inundaciones, sacando gente de pueblos que ustedes no lograron conectar en su momento.

Se ha dicho aquí que hay quienes queremos ver a un Ejército solidario y otros que quieren ve a un Ejército represor.

Y no es cierto, todos reconocemos al Ejército, todos, en algún momento, le hemos estado agradecidos por alguna de sus acciones.

Y también es cierto que el debate no es que el Ejército esté en las calles, o que el Ejército esté en los cuarteles.

El debate es que el Ejército esté siempre acompañado de la Constitución, ese es el verdadero debate.

Y fue el debate también, en 1913, con el surgimiento del Ejército constitucionalista.

Ustedes con este modelo no son parte de la zaga de ese Ejército constitucionalista, son más cercanos a Huerta, a Wilson, a todos aquellos que pusieron al Ejército en contra de la población.

Los que sacaron al Ejército a la Ciudadela, los que sacaron al Ejército a matar a Belisario Domínguez, ese es el modelo que están siguiendo.

Y, miren, si el tema y la argumentación tienen que ver con la seguridad interior, pues vayamos entonces a los clásicos, o alguien va a negarle al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Fix, alguna idea sobre lo que es la Seguridad Interior, y aquí en el diccionario jurídico mexicano está muy claro qué es.

Por eso le quisiera pedir al Presidente que ordene a la Secretaría, haga lectura de la definición de Seguridad Interior, del diccionario jurídico mexicano, y se lo presto por si no lo tienen aquí en la Mesa Directiva.

Y ojalá alguna Secretaria de la Mesa Directiva nos acompañen, ya tenemos dos Presidentes, un ex Presidente del Senado, pero no hay ni una sola Secretaria de Mesa Directiva.

Y le pediría detenga el reloj.

Está en la página 3427, más o menos.

Y le solicito nuevamente detenga el reloj para hacer la lectura conforme establece el Reglamento, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No se preocupe, Senador Robledo, todas sus instrucciones en la Mesa Directiva serán acatadas de inmediato.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Y se lo agradezco, el respeto al Reglamento es fundamental para el desarrollo del debate parlamentario.

Seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad jurídica, seguridad social, no existe el concepto en ese diccionario de Seguridad Interior, se lo están sacando de la manga, están llevando al Ejército sí a las calles para legalizar el fracaso porque ese es el debate, están legalizando una estrategia fracasada, están legalizando algo que ya ocurrió y que, desafortunadamente, hoy simplemente le están dando carta de naturalización.

Y, en ese sentido, yo sí quisiera hacerles un par de planteamientos: primero, aquí se está planteando.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Robledo, ¿acepta una pregunta del Senador Gil?

El Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, Senador Gil, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil, por favor.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, Senador.

A ver si entendí.

Usted acaba de afirmar que en razón de que en el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas no exista la definición de Seguridad Interior significa que lo que dice el artículo 89, fracción VI, no existe en la Constitución.

O peor aún, que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en una tesis de jurisprudencia es también jurídica-ficción.

Le voy a decir lo que dijo la Corte: “de conformidad con el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos, y como lo ha sostenido el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras”.

Yo he consultado varias veces ese diccionario jurídico, pero la verdad jurídica está en los textos y en la jurisprudencia de la Corte.

(Aplausos)

El Senador Zoé Robledo Aburto: ¿Desea que le conteste la pregunta, supongo?

No, no es lo que quise decir, cuando quiera se lo explico.

Entonces es común justamente el error, el error justamente proviene de ahí, de la base jurídica con la cual quisieron sustituir la ilegitimidad de un gobierno con la fuerza.

Porque volteemos a ver de dónde venimos, ¿por qué estamos en esta discusión?

Porque cuando llegó un régimen ilegítimo entonces sustituyeron la legitimidad vistiendo al Presidente de militar y entonces queriendo sustituir legitimidad con fuerza.

Lo que no ganaron en las urnas sustituirlo con tanquetas en las calles, y pensaron que eso le iba a gustar a la población.

Ese error, legalizar el fracaso tiene que ver no con lo que estamos diciendo nosotros, señores Senadores, tiene que ver con lo que les están diciendo desde el extranjero, lo que les están diciendo en las calles, y lo que les están diciendo a quienes ustedes supuestamente dicen representar.

Hablan de modernidad, ¿por qué no vamos entonces a ver qué ocurre en los países de la OCDE que tanto les gusta citar?

Ahí, de los 35 países, sólo siete tienen un mando militar, que tiene carrera militar, un mando en la defensa que tiene carrera militar. Esta tribuna la utilizó Michelle Bachelet, que fue Ministra de la Defensa en Chile.

En Alemania, hace rato citaron el caso alemán, es una mujer, una médica la que hoy encabeza el Ministerio de la Defensa.

¿Esa es la modernidad de la que hablan Meade, su candidato?

Porque yo ayer no lo escuché en San Juan Chamula decirle a los hermanos chamulas, que los problemas de seguridad de Chamula, por ejemplo, el hecho de que hayan matado al presidente municipal en la plaza pública los va a resolver el Ejército, ¿por qué no se los dijo ahí a los de Chamula?

Quizá porque ahí seguiría en Chamula, porque ahí lo hubieran agarrado y le han dicho: “de ninguna manera vamos a permitirlo”, porque hay mucha más dignidad en ese pueblo que en gran parte de este Senado.

Entonces vayamos al fondo de las cosas, esto lo único que es, de lo único que forma parte es de un diseño ilegal, inconstitucional de la Presidencia autoritaria, eso es lo que quieren dejar.

Saben que van a perder la elección, entonces ocupemos los espacios de poder.

Saben que la gente los quiere sacar, entonces están estableciendo la forma para quedarse.

La Presidencia autoritaria que ustedes quieren instaurar tiene que ver con el Fiscal carnal, tiene que ver con el Fiscal militante, tiene que ver con el hecho de darle salida de impunidad a todos los crímenes de corrupción que se han cometido.

De eso se trata esta discusión, aunque perdamos la elección no vamos a soltar el gobierno, ni el poder.

Pero, ¿qué creen? No se los van a dejar, y no nosotros, la gente que ha dejado de tener miedo. Ustedes están apostándole a la pulsión de la seguridad y la autoridad, y quieren decirle a la gente, no voten por este lado, nos va a llevar al abismo, peor abismo del que ya nos han metido ustedes, y aún peor, en qué cabeza cabe de un demócrata que a punto en unos meses de que haya un cambio de gobierno se empiece a discutir esto, se cambie esto.

No solamente va a hablar de las arbitrariedades, de la falta de escuchas públicas. Lo que ustedes están haciendo es simplemente instaurando esa presidencia autoritaria, que no escucha a la oposición, que no escucha a los especialistas, que no escucha a nadie que le venga a decir, en su enorme soberbia que están equivocados.

Nosotros se los podemos decir en este proceso legislativo, aunque se aburran, aunque se cansen, pero los efectos de lo que están haciendo le van a costar muy caro al país, y de verdad, fraternalmente se los decimos, no lo hagan, hay que hacer algo, sí; hay que hacer esto, no.

Queda más claro cuando escucha uno emocionado a los compañeros de Acción Nacional, que en ese voto de conciencia van a seguir lo que creen que es correcto, y no lo que aquí se ha ido construyendo.

El propio PRI debe recordar, en su historia, que en 1936 crearon a su sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México.

Que en 1938 crearon al subsector campesino, la Confederación Nacional Campesina.

Y, en el 43, a su sector popular, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Y que en los 40 se deshicieron del sector militar.

Hoy, no son los militares los que nos están pidiendo esto. Hoy, pareciera que simplemente se ha instaurado un nuevo sector, el CAN, la Confederación de Acción Nacional, porque con ellos lo van a sacar.

Y yo respeto a quienes vienen a debatir, pero el CAN que vino a insultar, que vino a hablar de ignorancia, vino y se fue.

Hoy ustedes están a punto de hacerlo, y efectivamente eso no es el PAN.

Hay un PAN patriota que está siguiendo el mandato de su conciencia, y hay otro, que simplemente está obedeciendo la indicación de sus intereses, de su candidato, de la verdad que está ocurriendo aquí, que ustedes están avalando la presidencia autoritaria que pretende permanecer en el poder.

La gente ha perdido el miedo, el miedo se debe de ubicar en el lugar correcto, en ustedes, en sus corazones por el terrible agravio que le están haciendo al Ejército, a la nación y a todos y cada uno de sus representados.

Si alguien de aquí me comprueba que hizo campaña diciendo que iba a militarizar al país o que iba a aprobar la Ley de Seguridad Interior, si alguien se atreve a salir en este momento a hablar con la gente que está afuera, entonces, recobrarán la dignidad y el respeto que la votación que están a punto de someter, los habrá hecho perder quizá para siempre, y yo lo lamento, porque pasamos  mucho tiempo juntos, pero ésta superó por completo cualquier descabellado sueño de un autoritarismo que pretende volver, pero que afortunadamente, en poco tiempo se va.

Muchas gracias.

(Aplausos)

 El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias Senador.

Tiene el uso de  la palabra la Senadora Pilar Ortega, no la veo por aquí.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: En lo único que podemos coincidir es que estamos en un falso debate, porque hoy no estamos atacando el problema de fondo. Hoy estamos reconociendo una tragedia, aunque muy pocos en esta tribuna lo dicen, que es, un Estado fallido, y es por donde debíamos de arrancar, no en un debate respecto si el Ejército es bueno, o es malo.

El Ejército no pidió entrar a esta lucha contra el crimen organizado, al Ejército lo forzaron a una lucha que no da resultados, por qué, porque no hay una estrategia, porque no hay indicadores, porque no hay una verdadera conjunción de esfuerzos, de qué sirve meter a un criminal a la cárcel si nuestro sistema de impartición y procuración de justicia no da resultados y en poco tiempo ese criminal vuelve a hacer de las suyas en total libertad e impunidad.

Es por eso que hoy estamos ante un documento, ante un proyecto legislativo que no tiene sentido, no tiene sentido de forma aislada decirle al Ejército, te necesitamos de forma permanente en las calles, porque las autoridades civiles, ejecutivo, legislativo y judicial no tenemos más que reconocer nuestro fracaso.

Gran parte de la transición democrática de este país, de lo poco o bueno que hizo el PRI en sus más de 70s fue lograr hacer civiles a nuestras autoridades.

Hoy parece que hasta eso poco bueno que hicieron quieren darle reversa, por qué, porque están diciendo que las autoridades civiles no servimos para nada.

Yo hago un llamado a la sensatez, si alguno de los compañeros Senadores  quieren votar a favor, me dicen, de un país en el mundo en que sacar al Ejército e forma permanente a la calle ha redituado a la ciudadanía, yo con mucho gusto los acompaño a votar a favor.

Pero como sé que no podrán, porque no hay ningún ejemplo de que esto funcione, les pido, de la forma más vehemente que por favor reflexionen y voten en contra.

Si México es ejemplar por tomar ejemplos exitosos de otros países y hacerlos fracasar, gracias PRI, en este caso donde no haya un solo ejemplo de éxito, por favor, a quien quieren engañar.

Por favor no metan a México en una vorágine que en cualquier país del mundo que lo ha intentado ha fracasado, y que va a perjudicar a los ciudadanos al Ejército y a México.

Aquí no hay buenos ni hay malos, aquí hay una decisión errónea que nosotros como Senado estamos a punto de tomar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estamos a punto  de votar en lo general esta minuta, este proyecto, y tenemos que reflexionar como aquí se ha pedido por varios Senadores de las diferentes fuerzas, que no se está presentando como se dice, una y otra vez, un marco jurídico para la seguridad del interior, como le llaman, sino está por votar un instrumento inconstitucional. Todo  lo que se ha dicho y se ha manejado, muchas veces se toca el tema de la inconstitucionalidad, pero eso es  lo que vamos a votar, un instrumento inconstitucional.

Viola el artículo 73 constitucional, que no confiere competencia al Congreso para incluir una ley de seguridad, digan lo que digan, no existen facultades de este Congreso para expedir una ley de seguridad interna.

Se violan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una República representativa democrática federal y laica.

No puede, por tanto, establecerse un régimen militar de excepción e indefinido en una ley secundaria.

El militarismo es coincidente con el autoritarismo, aquí se ha dicho, pero no con la democracia, ni con la República.

Se viola el artículo 29 de la Constitución.

Las condiciones jurídicas y políticas de excepción sólo pueden darse a través del procedimiento de la suspensión de garantías, no a través de procedimientos de suspensión, si no establece un régimen de excepción transitorio permanente para emplear las Fuerzas Armadas y preservar el orden o enfrentar riesgos y amenazas internos bajo procedimientos legales que no se fundamentan en el artículo 29 constitucional, que es el propósito del dictamen.

Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer párrafo, la intervención federal que contempla ese precepto es a petición de las legislaturas o por el ejecutivo de cada entidad.

Jamás, la intervención federal del artículo 119 constitucional, le da facultades al Titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé esa norma.

Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para expedir leyes en materia de seguridad interior, por lo que atendiendo a las competencias de los estados, estos pondrían en ejercicio de esa supuesta competencia residual, ocuparse de la seguridad interior en los términos y condiciones que establezca, desde luego sin militarizar a las entidades federativas.

Se viola el artículo 129 de la Constitución. La norma que indica que en tiempos de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles, por lo que las Fuerzas Armadas no pueden ocuparse de seguridad interior.

Aquí se dice que pueden estar cuidado y haciendo, no, no pueden ocuparse de seguridad interior, su espacio es en los cuarteles, fortalezas militares, y su función la disciplina estrictamente militar.

Se viola el artículo 21 de la Constitución, aunque el dictamen señale que las acciones de seguridad interior no tendrán la condición de seguridad pública, lo cierto es que la actuación de las Fuerzas Armadas no tendrá otro propósito que ese.

El artículo 21 constitucional, con claridad dice que la seguridad pública es una competencia de carácter civil.

Se violan los artículos 1, 10, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución. El dictamen propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de seguridad interior, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posiciones si no es a través de mandamientos de la autoridad competente.

Se viola el artículo 89, fracción VI de la Constitución. Una corriente interpretación al artículo 89, fracción VI que dota al Ejecutivo de competencia para emplear las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, sólo es compatible con lo dispuesto en el artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.
No se puede interpretar de otra forma el artículo 89, fracción VI, porque ello equivaldría a vulnerar el principio de la división de poderes, la soberanía de los estados y el principio de municipio libre.

Unas Fuerzas Armadas en el territorio nacional que obvian y menos precian los controles constitucionales de los Poderes Legislativo y Judicial y la soberanía estatal y municipal.

Solamente en el marco de los artículos 29 y 119 sería permisible el empleo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior.

Se violan los artículos 49, 115, 116, 124; se viola el principio de certeza jurídica, se reprimirán las manifestaciones, violación a los artículos 6 y 9 de la Constitución.

El artículo 8 del dictamen establece: que las manifestaciones no se considerarán amenazas a la seguridad interior si se realizan conforme a la Constitución.

El problema jurídico consistirá en que la autoridad competente, el Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación definirán qué es lo que se entiende por manifestaciones conforme a la Constitución.

Se viola el artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad.

Se violan los artículos 6 y 16, párrafo segundo de la Constitución, porque según el dictamen, artículo 31, el derecho fundamental a la protección de los datos personales queda desvanecido.

Además, que con motivo de la seguridad interior, se podrán infringir la confidencialidad del padrón electoral, el secreto fiscal bancario o ministerial.

Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos, que ha señalado los riesgos en la militarización para los derechos humanos.

El dictamen sirve para perpetuar un modelo, que en 12 años de aplicación de facto, ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos y los desplazados internos.

En síntesis, un dictamen como el que discutimos sólo puede concebirse desde una concepción dictatorial del poder, constituye un golpe de Estado, rompe los principios de la división de poderes y del federalismo.

En lugar de buscar por todos los medios la paz, de buscar realmente la paz, decreta el exterminio la única solución, el exterminio y la guerra perpetua, la muerte.

Es una falacia decir: Que esto empezó y está presentado y defendido por el Poder Judicial. Eso es falso.

Esto es lo que estamos ahorita presentando para su votación, una, un proyecto que no solamente viola todos estos artículos constitucionales, es un proyecto anticonstitucional, eso es lo que se está presentando aquí, no un marco para el Ejército, ni un marco para buscar la paz, un decreto absolutamente inconstitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

Buenos noches, Senadoras y Senadores.

La Ley de Seguridad Interior es un tema que nos compete a todos por las profundas repercusiones que esta iniciativa tiene en la vida de las personas.

Esta ley pretende darle un marco normativo al Ejército y Marina para efectuar labores de seguridad que corresponde realizar a las autoridades civiles.

Es una realidad que nuestras policías están rebasadas en el tema del combate al crimen organizado, ya sea por corrupción, falta de entrenamiento apropiado o equipamiento insuficiente.

Por tanto, el apoyo de las fuerzas castrenses ha sido un parche en un enorme problema que no se ha atendido de fondo, sino más bien un remedio irresponsable creado en 2007, y cuyo costo principal lo pagó la ciudadanía con mucho sufrimiento, inseguridad y violencia.

Lo que votaron   los Diputados y que hoy compete al Senado de la República no es una solución, ya que agrava el problema y además es un gigante retroceso en temas de transparencia, derechos humanos y rendición de cuentas.

Hasta el momento se contabilizan  once organizaciones internacionales que trabajan en pro de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones de la sociedad civil que piden no aprobar este proyecto de ley, porque concuerdan en que se perpetuaría la violencia y se militarizaría al país.

En el caso de la ONU presentan una lista de 14 puntos que ha sido a mayor o menor medida lo que  han replicado las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones internacionales  y distintos académicos e investigadores del centro de investigaciones y docencias económicas CIDE, que incluyen ambigüedad de conceptos, violación al principio de  necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de  la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones  a la protesta social, ausencia de trasparencia, lesión a la autonomía, inconstitucionalidad e convencionalidad.

De tal manera que la progresividad de los derechos humanos y las reformas del 2011 de las mismas materias se ven totalmente violentadas, además, al omitir las observaciones de la CNDH, de la ONU y de los tratados internacionales, violamos los principios, incluso, del derecho internacional.

Es sumamente importante advertir que el entrenamiento de las fuerzas castrenses consiste preponderantemente en eliminar  al enemigo, y no en contener al ciudadano, en las leyes internas  del Ejército los entrenan para acabar con el enemigo, no para contenerlo, para acabar, o sea, la orden es disparar a la cabeza o al pecho.

Lo que sin duda será un problema en nuestro país y por evidentes razones desencadenaría una ola de violencia aún más fuerte de la que vivimos.

Confrontar al pueblo del orden castrense en contra del pueblo civil, costará numerosas vidas, son aproximadamente 270 mil  miembros del Ejército, son aproximadamente miembros activos del Ejército mexicano y la gran mayoría de ellos no está de acuerdo con esta ley, no está, nada más que como están sometidos a mandos superiores, pues no pueden manifestarse, no lo pueden decir,   pero la mayoría de los miembros del Ejército obviamente están en contra, no la quieren.

Cabe destacar que los cambios que se le realizaron a esta ley son insuficientes y no se abordan las críticas que tan justamente se le han hecho por distintos actores.

En lugar de eso, se hace un acto de simulación que busca darle una actuación a las Fuerzas Armadas para evitar que los estados hagan su trabajo en el apropiado entrenamiento y equipamiento de policías, y así poder desentenderse para que el ejército, Fuerza Aérea y Marina,  hagan el trabajo que les corresponde a las entidades federativas, así que con la pena, decirle a los gobernadores que tienen  que hacer su trabajo, no pueden dárselo al Ejército, ellos deben  de realizar su trabajo.

Lo cual es un trato que no merece nuestras valientes fuerzas castrenses, no lo merecen.

Después de casi 12 años vivir en un país desolado por las condiciones de inseguridad, por los muertos y los desparecidos, debemos de buscar nuevas formas de reducir los niveles de violencia.

A como dé lugar la paz, como acaba de decir el Senador Bartlett, más armas en la calle no es la solución, debemos buscar nuevas propuestas y explorar aquellas que aporten y propicien la paz entre los mexicanos, por todo lo anteriormente expuesto, mi voto será, desde luego en contra.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:   Gracias, Senadora.

Les informo que la Senadora Sonia Rocha Acosta se apuntó para posicionar a favor y ha decidido enviar su participación  al Diario de los Debates, se lo agradecemos.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador  Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Efectivamente  Zapata vive, la lucha sigue.

Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

En la medida en que los representantes del pueblo están en todo, menos metidos en la discusión seria de un asunto que puede generar una convulsión nacional, le hablo a mi pueblo y le digo de manera respetuosa, mexicanas y mexicanos de todas las condiciones sociales, ante este ataque artero de los conservadores, unidos derrotemos de una vez por todas al neoliberalismo rapaz y autoritario que ha empobrecido a nuestro pueblo y lo ha llevado al fondo del sufrimiento humano y luchemos por instaurar en nuestra patria el Estado social, democrático y de derecho  que estoy convencido, que estoy convencido, traerá la felicidad a nuestro pueblo.

Evidentemente aquí no se acepta, pero estamos dando un debate ideológico, por un lado, porque así se definen las categorías políticas, por un lado los conservadores, los que insisten en preservar sus privilegios a costa del dolor de nuestro pueblo y por otro, los liberales, los progresistas, los que orgullosamente impulsamos una corriente de izquierda y que no estamos dispuestos a permitir  que nuestro pueblo se convierta en un pueblo de parias,  y seguiremos luchando para que esa condición se revierta y nuestro pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho.

Todos los que están aquí y votaron a  favor de  reformas estructurales, obviaron lo elemental, la lógica natural nos dice que antes de hacer una ley como la que se está pretendiendo aprobar en unos momentos, se tiene que hacer un diagnóstico y el diagnóstico no lo han venido a decir, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Amnistía Internacional, desde todos los organismos que tienen que ver  con la defensa de los derechos humanos, que en todos los países de la tierra, donde se ha utilizado el Ejército para que haga tareas de seguridad, este modelo ha fracasado.

Diez años de tortura para nuestro pueblo, diez años, por qué fracasa la reforma educativa, se los dijimos, hay que hacer una diagnóstico para ver cuál es la condición particular que tiene  el Sistema Educativo Nacional y después  de entender el diagnóstico, pues ya tenemos que recetar la medicina y la medicina nunca fue la adecuada porque se hizo una reforma laboral y se los dijimos, van a confrontar al país, y el autor intelectual afortunadamente ya se fue para fortuna de la educación nacional, pero ahí quedaron las secuelas de una ley que ustedes son responsables y que nunca mejoró la calidad de la educación en México.

¿Porque fracasó la reforma energética? Exactamente por lo mismo, porque obvian lo elemental, quieren meter medidas y dar medicinas sin saber qué tiene el enfermo, estamos en una situación igual, quieren recetarle al pueblo una ley que aunque ustedes digan que no se va a militarizar, es la militarización del país porque le están dando facultades  de dirección al Ejército, porque están generando una ley ambigua que no define con claridad los conceptos y quedan a la interpretación y el arbitrio de quienes lo van a aplicar, porque México es una pías donde la violencia se ha desatado.

Compañeras, compañeros, lo seguiremos sosteniendo, lo seguiremos sosteniendo  porque ustedes no se atreven a decirlo, qué país no va a generar violencia, cuando durante un sexenio se han muerto más de  50 mil personas por el problema del hambre, el hambre, el hambre genera felicidad en el pueblo o genera irritación y desesperación social.

No es cierto que las protestas las van a respetar, mienten, mienten, porque cuando las consideran un riesgo las van a reprimir  y saben quiénes son los que se manifiestan, los que no encuentran alivio a sus problemas con las respuestas que da un gobierno que no responde a los intereses del pueblo, esos son los que nos manifestamos y la manifestación de los hambrientos no tarda en llegar y van a reprimir al pueblo y a quien van a utilizar para reprimir al pueblo, al que su código le  obliga a no cuestionar una orden, sino a obedecerla.

A nuestro noble Ejército Mexicano, como diría mi compañera de Acción Nacional, la compañera Adriana, mentira que respetan al Ejército, mentira, tiene razón, compañera, mienten, porque ustedes son responsables de que nuestro pueblo no vea con buenos ojos, porque el Ejército lo reprime, hay que sancionar a los actores intelectuales, los que mandan que se reprima.

¿Quién es el responsable de la matanza del 68? ¿Nuestro Ejército  o Díaz Ordaz?

¿Quién es responsable y a quien hay que sancionar?

¿A Peña Nieto o a los que mataron a los de Tlatlaya?

¿A quién hay que sancionar?

A los que en Tanhuato hicieron ejecuciones extrajudiciales o a quien ordenó esa matanza.

Compañeros, es elemental el razonamiento, nunca lo van a aceptar porque quieren seguir conservando sus privilegios.

Por eso, compañeras, compañeros, este país nunca se va a componer mientras tenga la clase política que tiene.

Y ya se horrorizaron, y lo decíamos en las comisiones, ya se espantaron de lo que han creado, el pueblo efectivamente no tiene miedo porque tiene líderes valientes que vamos a empujar con todo el cambio, aunque les duela y aunque no les guste con todo vamos a empujar el cambio, y vamos a ver quién gana si la voluntad del pueblo o los millones que van a regar ustedes en la elección.

Esta ley por supuesto que tiene su origen en esa desesperación, por eso les urge que hoy se vote, cinco años para plantearla, cinco años para corregirla.

¡Ah! Pero hay que plantearla ahorita porque tenemos que defender nuestros privilegios utilizando a la institución más noble que tiene este país, que es nuestro Ejército Mexicano.

¿Quiénes son los responsables, compañeros?

¿Quiénes son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, quién ordenó eso?

¿Quién ordenó el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, quién lo ordenó?

¿Quién ordenó la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quién la ordenó?

Peña Nieto, Peña Nieto.

Ahora resulta.

Quién ordenó el caso en que cinco personas resultaron muertas y dos lesionadas cuando militares abrieron fuego de una camioneta…

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, por favor, señor Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: De una camioneta en un retén del municipio de Sinaloa, de Leyva, el 1 de junio del 2017.

¿Quién ordenó el asesinato de dos estudiantes de postgrado del Tecnológico de Monterrey el 19 de mayo del 2010?

¿Quién ordenó?

Ahí en Los Pinos salen las órdenes.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, por favor, señor Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: ¿Qué nos recomiendan lo que ustedes se niegan a aceptar, compañeras, compañeros, qué nos recomienda, simplemente qué nos recomiendan?

Que el combate a la delincuencia y la garantía de la seguridad interior se dé y nosotros por eso vamos a votar en contra, será sin violación a la Constitución.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, Senador, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Presidenta, con todo respeto, aquí todo mundo ha venido a abusar del tiempo, aquí se han echado 30 minutos.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Con 40 segundos, Senador. Concluya, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: ¿Qué nos recomiendan y lo aceptamos? Seguridad interior y combate a la delincuencia sin violación a la Constitución.

Los que son muy doctos en derecho que le expliquen al pueblo que no se viola la Constitución, concretamente el artículo 21, párrafo diez, renglón uno, que dice textualmente: “que la seguridad pública será responsabilidad de civiles”, vengan a explicarle al pueblo eso, vengan a explicarle por qué dicen que no se viola el artículo 129 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en donde el Ejército tiene tareas específicas en tiempos de paz.

Combate a la delincuencia, a la seguridad interior, sí, con el fortalecimiento de las policías, con respeto irrestricto a los derechos humanos, con respeto a las garantías de los mexicanos y las mexicanas, con mecanismos sólidos de control que garanticen el respeto a los derechos humanos, con fortalecimiento de las autoridades civiles, limitando el papel del Ejército al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.

No aceptamos que se denigre a nuestro Ejército al ordenar hacer tareas que no les corresponden y que la Constitución no les faculta.

¡Viva el Ejército mexicano!

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Adelante, senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Compañeros,  muy buenas noches.

Creo que se puede ser opositor a esta ley y al mismo tiempo declararse admirador, agradecido, condoliente con las Fuerzas Armadas de este país.

Creo que sin gritos, sin insultos, sin fobias necesariamente en contra del régimen, uno se puede decir contrario a esta ley.

El precepto constitucional, que es la ley máxima, el precepto máximo en este país, establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de la delincuencia ha tenido, tiene y tendrá siempre un carácter excepcional. Por esto, dentro de la Constitución no hay espacio jurídico, no hay espacio ético para una Ley de Seguridad Interior.

En todo caso, esta ley legalizará lo inconstitucional, esta ley dará certidumbre o tratará de acolchonar la caída de un régimen que se siente amenazado y ante un proceso electoral que se asoma obviamente buscará, como las dictaduras o como los dictadores, el control del gobierno después de la muerte, aquí lo que se busca es acolchonar esa caída.

Por si esto no fuera poco, porque está ampliamente discutido, inclusive organismos internacionales de renombre, los más importantes, ya han señalado cuáles son los vicios de esta ley, apelaré al sentido común de un gran escritor mexicano, Renato Leduc, que decía: “la sabia virtud de conocer el tiempo”.

No es materia de un gobierno que ha fracasado francamente en la materia de seguridad interior, de seguridad pública, de seguridad nacional, un gobierno al que se le ha dado un cheque al portador en un principio para reacomodar las instituciones, tal como lo tenía planeado.

Y vemos, y yo no diría que solamente es un fracaso del Presidente, y no solamente es un fracaso del Secretario de Gobernación, porque el fracaso en la seguridad es una derrota social.

Yo creo que nadie podría, en su sano juicio, alegarse, solazarse de la derrota de un Presidente o de un Secretario, o de un Ministro porque no podría atestiguar muertos, creo que todos de una manera directa hemos perdido seres queridos, víctima de la delincuencia.

En lo personal, en catorce meses he perdido cuatro amigos, el último de ellos asesinado en La Paz, Silvestre de la Toba, el Ombudsman de Baja California Sur, junto con su familia.

Triste país donde nos solacemos de esa derrota, cuando la derrota es de todos.

No es tiempo, ni para nosotros como legisladores, ni como para el régimen, estar analizando estas modificaciones, esta es materia, seguramente, de los funcionarios electos que serán consecuencia del próximo proceso electoral.

No le pongo nombre, ni apellido, ni apodo al próximo Presidente, el que sea, de la corriente política triunfante y, por supuesto, de los Senadores y los Diputados que, como consecuencia de ese proceso, se han instalados en las Cámaras.

También quisiera hacer una apreciación porque aquí se ha usado, a manera, digamos, de burla, una propuesta que hizo recientemente el compañero Andrés Manuel López Obrador, de quien, ustedes saben, no soy defensor, pero he de reconocer los puntos importantes que aporta a la agenda nacional.

Él habló de una amnistía, no de un indulto, eso tiene que ser precisado.

El siguiente punto es que me extraña que cerebros muy brillantes, como los que han disertado aquí, pueden ser capaces de modificar la praxis, la doctrina, la doctrina y la praxis y no puedan entender de lo que es la justicia transicional.

Porque la propuesta de Andrés Manuel es impecable, tan así que solamente la han criticado, por cierto rabiosamente, las corrientes políticas y los personajes que se encuentran involucrados en el proceso electoral, pero no los órganos internacionales del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, que son los mismos que están señalando la incongruencia de esta ley.

Andrés Manuel, lo primero que señala es que va a poner a consideración, ese es el primer punto de la amnistía, de las víctimas si procede o no la amnistía, tal como en su tiempo lo hizo Nelson Mandela con la Comisión de la Verdad.

Los cuatro ejes de esta amnistía están perfectamente visibles y son: la verdad, la justicia, la reparación y algo que los anteriores gobiernos, que con la otra apuesta, en el cuello de los ciudadanos no observaron que es la medida de la no repetición.

Porque si los gobiernos anteriores, no cuento uno, cuento tres o cuatro, en lugar de apretar las leyes, en lugar de ampliar los campos de corrupción hubiesen puesto las instituciones al servicio de los ciudadanos, hubiesen tomado acciones colaterales para atender el problema social y económico que lleva al pueblo a estas necesidades, no estaríamos ahora tratando de legalizar lo ilegal.

De manera que sí quiero que quede muy claro porque se ha usado aquí como una especie de burla, y yo creo que a un hombre que fija la agenda nacional con la virilidad, con la experiencia y la solvencia que este personaje lo hace, no merece ese tratamiento.

Es la cuenta, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

LA Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero dar inicio reiterando la postura de mi grupo parlamentario, PT-Morena, en cuanto al respeto que tenemos hacia la labor de nuestras Fuerzas Armadas, quienes se encuentran en una labor permanente de entrenamiento, para que si es el caso defiendan a nuestros ciudadanos frente a una emergencia o un desastre.

En marzo del año pasado, el General Cienfuegos, en la ciudad de Torreón, declaró “que el Ejército debe salir de las calles, fue un error entrar en esa guerra”.

Sin embargo, extrañamente ha cambiado de opinión y hoy sostiene que el Ejército debe de seguir en las calles.

¿Qué le habrá hecho cambiar su postura?

Frente la justificación de supuestamente garantizar nuestra seguridad, el gobierno erróneamente deja en las calles haciendo labores de fuerza pública.

Nosotros queremos paz, no más armas en las calles, no queremos que se repriman las protestas sociales y, sobre todo, que se dé los abusos de poder.

Recuerden que en 2014 nos dijeron que bajaría la luz, el gas, el precio del combustible, y todo eso fue mentira, como lo será este proyecto de ley que nos llevará a una dictadura.

Nuevamente tenemos la razón y nos las dan también la ONU, la Amnistía Internacional, miles de voces de defensores de derechos humanos, académicos, el Rector de la UNAM, 25 presidencias de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que exigen frenar este tema, pues lo califican como altamente preocupante para el resto de los derechos, para el respeto de los derechos humanos.

¿Dónde queda nuestro Estado de derecho?, ¿quién va a ser responsable de la represión, de las muertes, de la corrupción que esto pueda llegar a afectar en los ciudadanos?

La violencia no distingue, sólo castiga.

Pronto dejaremos el cargo de Senadores y estaremos en nuestros hogares viendo que lo que aquí se aprobó fue un grave error que puede afectar el día de mañana a cualquiera de nuestros familiares.
Sin duda, la llamada guerra contra el narcotráfico ha roto muchos de nuestros esquemas institucionales; sin embargo, tener al Ejército en las calles no resuelve nada, al contrario, se ha comprobado que esto sólo genera más violencia y violaciones a los derechos humanos, además de potencializar la impunidad y la corrupción por la unión que llega a construirse entre el gobierno y el narcotráfico.

La ley que se propone formalizar logrará este binomio y como consecuencia veremos graves retrocesos en materia de derechos humanos.

La Sedena ha señalado que durante 2016 llevó a cabo 54 operativos diarios con más de 52 mil elementos desplegados en nuestro país.

Si con esta fuerza no hemos podido reducir la violencia en una década, difícilmente lo haremos con una ley que la formaliza.

Este no es el camino para tener paz, necesitamos salarios justos, servicios de salud y garantizar que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que tanto buscan para su realización, así como para cumplir con muchas demandas sociales que hoy estamos en deuda todos con los mexicanos.

Claro ejemplo son países como Reino Unido, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda que sin tener cuerpos policíacos u oficiales que patrullan desarmados han podido alcanzar altos niveles de seguridad pública y tranquilidad entre su población, porque el gasto en seguridad lo orientan a servicios que garantizan las mejores condiciones de vida.

Qué cómo es para los gobernadores que vengan al Senado a decir, que esta es la solución para sus problemas de inseguridad, y desde  luego lavarse las manos de su responsabilidad.

No me imagino, por ejemplo cuando haya un problema en ejido alejado y tengamos que estar llamando y esperando la actuación de la fuerza federal para poder resolver  los problemas.

Sin decirlo, se quiere llevar a nuestro país a un estado de control permanente de hostigamiento y de represión.
Cuántas mentiras hemos escuchado aquí, recuerdan que también dijeron que la reforma hacendaria traería beneficios, y resultó que hoy las siete empresas más poderosas del país no pagan impuestos, mientras que a los pequeños empresarios se les ponen trabas para poder trabajar, así es como están destruyendo a nuestro país, llenándolo de impunidad, corrupción y violencia.

Ahora sí la Ley de Herodes se quedó corta con este gobierno, en donde no se respeta nada, y tampoco se ve ni se escucha a nuestra sociedad, ejemplo de esto lo vemos aquí, tenemos Senadores sometidos por un jerarca que los maneja de acuerdo a sus intereses, no quiero pensar que dirían a sus hijos sobre su papel en la historia y, sobre todo, qué país les vamos a dejar después de haber sido servidores públicos.

En la propuesta a discusión no hay contrapesos, pues nulifica la participación del Congreso en el control de las fuerzas federales, en el combate de las llamadas amenazas a la seguridad interior.

Por otra parte, esta propuesta que se pretende  aprobar, no define los criterios para que el ejército regrese a sus cuarteles, y legaliza su papel como protagonista en la  lucha contra el crimen organizado.

Sin una policía  capacitada que reemplace a los soldados el Estado y en consecuencia la sociedad en su conjunto podemos llegar a ser rehenes de las disposiciones castrenses.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales  en materia de derechos humanos han señalado  su preocupación en cuanto al poder que otorga esta minuta a las Fuerzas Armadas.

Es un riesgo real que la autoridad civil quede subordinada al Ejército, situación que solo mermaría su relación con la sociedad, pues dicho sea de paso desafortunadamente los últimos años  nuestras Fuerzas  Armadas han sido fuertemente cuestionadas por presuntas violaciones en materia de derechos humanos.

Esa situación definitivamente y, sobre todo, difícilmente cambiar con una  ley autoritaria como  la que se pretende aprobar, por ello les manifiesto mi voto en contra de una propuesta autoritaria, hecha a modo para consumar los fines e intereses discrecionales del Ejecutivo que además da pauta a la represión de movimientos  sociales, políticos y electorales por parte del Ejército afectando el derecho  a la protesta social y libertad de expresión.

Autoriza la generación un aparato de inteligencia militar que obliga a todas  las autoridades a brindar información sin restricción, inhibe la rendición de cuenta, reduce los incentivos para profesionalizar y capacitar a las policías que son los verdaderos encargados de la seguridad pública.

Hoy el derecho internacional considera que la militarización de la seguridad es propia de un Estado autoritario que busca mantener el control de sus ciudadanos a través de la fuerza.

Por ello, también la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas  nos dirigió una carta donde expone 14 problemáticas que se presentarán, de aprobarse este ordenamiento, entre los que destaca la indebida regulación del uso de la fuerza, la nula protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, lesionando la autonomía y carece de explicitud que los principios básicos, entre otros.

Compañeras y compañeros Senadores, les exhorto a que escuchemos todas las voces que se están manifestando en contra de esta minuta, y transitemos hacia medidas que nos fortalezcan en el plano institucional. Trabajemos en materia de prevención del delito, en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, pero sobre todo reconozcamos que la seguridad es un problema estructural que para poder enfrentarlo de raíz debemos generar las condiciones para ser productiva a nuestra población, dando trabajo, con buenos salarios y facilitando el acceso y permanencia de nuestros jóvenes en las escuelas.

No seamos omisos a las recomendaciones de instituciones de gran experiencia han manifestado sobre el tema, sugiriendo replantear esta propuesta.

Exijamos una política civil de caridad a  las autoridades de los tres niveles de gobierno y rechacemos una ley que pretende teñir de rojo a nuestro país y traernos más violencia de  la que supuestamente pretenden erradicar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

 La Presidenta Graciela Ortiz González: Gracias Senadora.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega.

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta.

Señoras y señores Senadores vengo a razonar mi voto en contra del dictamen por el cual se expide la Ley de Seguridad Interior.

Quiero comenzar, al igual que  muchos de mis compañeros  reconociendo el importante papel que ha desempeñado las Fuerzas Armadas en nuestro país, derivado de la crítica situación  que México ha enfrentado en materia de seguridad y la creciente escalada de violencia en las últimas décadas.

Dar certeza en materia de seguridad interior a la actuación de las Fuerzas Armadas en esta situación crítica  es importante.

Pero es más urgente encontrar soluciones de fondo que resuelvan el problema y la crítica situación del actual diseño del sistema de seguridad pública.

Es fundamental que abonemos a la construcción de un diseño de estrategias orientadas a contrarrestar las debilidades que enfrentan hoy las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno.

No podemos renunciar  y dejar de lado la urgente necesidad de un rediseño institucional de la función de la policía en nuestro país.

Es necesario contar con instituciones policiales preparadas, honestas y bien pagadas.

Esa es  nuestra principal misión ante la crisis que enfrentamos, y debemos reconocer que el Congreso está en falta,  que no hemos sido capaces de dar respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta la sociedad mexicana.

Y como muestra de ello está el inexplicable carpetazo que la Cámara de Diputados dio a la reforma constitucional enviada por este Senado sobre el mando policial.

De la misma forma son responsables también los tres órdenes de gobierno que han olvidado que su misión primigenia es velar por la seguridad de los ciudadanos y contar con las capacidades necesarias para hacerlo.

Un país que se precia por ser un Estado democrático de derecho no puede y no debe basar su estrategia de seguridad en la acción emergente de su Ejército.

No podemos dejar que se genere la percepción de que con una reforma en materia de seguridad interior estaríamos tratando de suplantar lo que realmente urge, que es una reforma en materia de seguridad pública.

Reconozco que la actuación emergente y necesaria del Ejército ante la crisis que hoy se enfrenta debe tener asidero legal.

Pero también debemos reconocer  que esta regulación deberá considerarse siempre como extraordinaria y emergente, debe ser la excepción y no la regla.

Pero además, el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno contiene conceptos poco claros que presentan serias dudas sobre su constitucionalidad, y hay confusión entre los mismos conceptos que se manejan.

Temas como la definición del uso de la fuerza es un claro ejemplo de ello, cómo aludir al uso legítimo de la fuerza de las instituciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas si no se cuenta con una legislación especial en la materia.

Recordemos que una de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  para los Derechos Humanos emitida en octubre de 2015 en el marco de su visita a  nuestro país, destaca lo relacionado con el uso de la fuerza de las instituciones policiales.

El Alto Comisionado señaló que es necesario fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

Por cierto, en fecha 13 de noviembre de 2012, presenté ante el Pleno del Senado una iniciativa por la que se expide la ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, mismo que después de casi cinco años, simplemente no ha sido dictaminado.

Otro claro ejemplo es la facultad concedida a las Fuerzas Armadas en materia de preservar el lugar de los hechos en los casos que realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito.

Esta facultad constitucionalmente está reserva únicamente a la policía y al Ministerio Público.

Asimismo, encontramos disposiciones que en este mismo sentido parece que contravienen disposiciones constitucionales.

Estos son tan solo algunos de los muchos ejemplos que resultan altamente preocupantes y de los cuales en el momento procesal oportuno presentaremos las reservas correspondientes.

Por otro lado es de señalarse, que lamentablemente, durante la construcción y discusión de esta ley no hubo el necesario consenso con la sociedad civil, aún y cuando este Senado se ha caracterizado por la implementación de formatos de Parlamento Abierto.

Resulta preocupante que aún y cuando diversos organismos internacionales se pronunciaron sobre la inconveniencia de emitir una ley de esta naturaleza, como la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas comisiones estatales de derechos humanos, porque además de las dudas sobre el respeto a los derechos humanos se insiste en la aprobación, sin agotar todos los recursos para encontrar el diálogo y el encuentro entre la sociedad mexicana.

Compañeras y compañeros Senadores:

No nos oponemos a que se establezca un marco jurídico en esta materia, no estamos de acuerdo en los términos que ha sido planteado.

El dictamen que hoy se ha puesto a consideración de este Pleno no fortalece a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, ni tampoco la grave crisis de inseguridad por la que nuestro país atraviesa, pero sí genera dudas y preocupaciones serias en torno a lo que pareciera ser un retroceso en el camino de México para consolidarse como un Estado Democrático de Derecho.

Aprovecho finalmente mi intervención para señalar que he enviado a la Mesa Directiva reservas presentadas al artículo 4, fracción X; artículo 27 y artículo 33, y en esta ocasión también aprovecho para solicitar que en el momento procesal oportuno se ponga a consideración del Pleno y se inserten en el Diario de los Debates.

Es cuanto, Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

Hemos concluido la lista de oradores.

Tiene la palabra para rectificación de hechos la Senadora Calderón Hinojosa.

Las rectificaciones son hasta por cinco minutos. Les ruego se ciñan al tiempo establecido en el reglamento

Adelante, Senadora.

La Senadora María Luisa Calderón Hinojosa: Le agradezco, Presidenta.

Voy a intentar los cinco minutos, pero sí quiero observar que aquí hemos tenido un debate maniqueo y no resuelve nuestra vida en comunidad.

Quienes no tienen historia, tampoco pueden construir un futuro, y queremos llegar al futuro resolviendo nuestros problemas comunes.

Primero diré que, y ya lo dijo alguien que me antecedió, no es cierto que en 2007 haya empezado el combate con el Ejército a la delincuencia organizada.

Y es cierto que el Ejército no es el enemigo de este país, lo es la delincuencia organizada, que fue combatida, por supuesto, en el 97, ya nos lo dijeron, un cuerpo de élite se desertó y se fue del lado de la delincuencia organizada.

Y, por cierto, cuando el Presidente Calderón fue a Michoacán con una solicitud de Lázaro Cárdenas, fue con una defensa o con un apoyo en la Ley de Defensa.

Lo que creo es que no podemos inventar que estamos en la ilegalidad y que no tenemos rumbo.

La Ley de Defensa Nacional existe, y la Ley de Defensa Nacional, en su artículo 5, fracciones III, y 5 dice: “Que el Ejército ha de salir para contener a la delincuencia organizada o cuando la delincuencia organizada impide que se haga el ejercicio del gobierno”.

Y no es que no tuviera rumbo, es que estaban en peligro las instituciones de Michoacán, que se llevaban los municipios que habían sido invadidos, cooptados, amenazados, sometidos por la delincuencia organizada. Y creo que esta es una de los casos que tenemos que ver para ver nuestro futuro.

No es el Ejército el que estando en las calles haya hecho que crezca la delincuencia organizada, perdón, que haya crecido la violencia, lo que ha hecho que crezca la violencia es la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios, en las entidades federativas.

¿Por qué no nos ocupamos de eso?

¿Por qué, ahí viene otro proceso electoral, echémosle la culpa al Ejército, echémosle la culpa a Calderón, y la delincuencia organizada sigue penetrando los municipios, los estados en los procesos electorales?

¿Quién de nosotros se ha ocupado de un protocolo?

¿Quién ha cuidado que en los partidos políticos no se infiltre la delincuencia?

No, nos hemos dedicado en repartir posiciones y en, por cierto, la palabra democracia y la palabra dictadora, aquí se ha usado como si se ejerciera cotidianamente la democracia y como si no tuviéramos ahí la tentación de dictadores.

Pero creo que tenemos que enfrentar el problema de la violencia, el problema de los miles y miles de muertos que no son del Ejército, que son de la delincuencia organizada.

El montó de desaparecidos que no son del Ejército, son de la delincuencia organizada.

Sí hay algunos abusos del Ejército, que hay que regular y que hay que sancionar con la ley que ya existe también.

Pero no es el Ejército el culpable de lo que pasa en este país.

Y hay una Ley de Defensa Nacional que es la que complementa esta Ley de Seguridad Interior, que yo creo, y por eso mi duda de votar a favor o no de esta Ley de Seguridad Interior, que creo que tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional para que pueda estar complementada, porque aquí la Ley de Defensa Nacional dice todo lo que hemos dicho, que no existe y lo que hemos dicho que no está regulado, y lo que hemos dicho que no tiene razón de ser, aquí está, ojalá le den una leída a la Ley de Defensa Nacional.

Pero querría decir, si queremos resolver nuestro problema comunitario nacional de certidumbre y de paz, vayamos a cuidar las elecciones, revisemos que no entre el narco a acotar a nuestros alcaldes, porque cuando son candidatos bien que se alumbran y luego cuando les cobran el favor ya no saben ni por dónde.

Y la otra es, que ciertamente, hay que ir con una ley de la policía, y hacer que la policía, y recupere el sentido de la vida, porque no hemos sido a una cultura de la legalidad, porque no hemos sido una cultura de la paz, pero ninguno de nosotros se ocupó, en estos cuatro o cinco años de ir a revisar esa legislación y a cambiar el paradigma.

Lo quería decir, señora Presidenta, es que hay una Ley de Defensa Nacional en la que cabría un capítulo de defensa interior y podríamos tener la certidumbre de que se fortalece al Ejército.

No es el que el Ejército está ahí de forma ilegal. Lean el artículo 5 de la Ley de Defensa Nacional.

Lo que el Ejército también tiene derecho es a tener certidumbre de cuándo sale, cuándo entra, bajo qué criterios.

Yo creo que hemos sido abusivos en el maniqueísmo de esta discusión, y tampoco merece nuestra comunidad nacional estar en una posición maniquea que les haga pensar que aquí no trabajamos para el bien de nuestras comunidades.

Eso es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, se abre el registro para reservar artículo o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, todos los artículos y todos los transitorios.

Por la Senadora Dolores Padierna Luna, todos los artículos y todos los transitorios.
Por el Senador Zoé Robledo Aburto, todos los artículos y además solicita la adición de un 19 Bis, de un artículo 19 Bis, y un 19 Ter.

Por la Senadora Iris Vianey Mendoza, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Isidro Pedraza Chávez, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Luis Sánchez Jiménez, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31 y 33.

Por el Senador Manuel Bartlett Díaz, los artículos 1, 5, 6, 15, 16, 21 y 26.

Por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, los artículos 2, 4, 7, 29 y 31 y la adición de un Sexto Transitorio.

Por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, los artículos 2, 3, 4, 9 y 28.

Por el Senador Manuel Merino Campos, los artículos 3, 11 y 22.

Por el Senador David Monreal Ávila, los artículos 4, 6, 8 y 32.

Por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, los artículos 4, 27 y 33.

Por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, los artículos 4, 29, 30 y 31.

Por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés,  los artículos 5 y 11.

Por el Senados Luis Humberto Fernández Fuentes los artículos 5, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28 y 30.

Por la Senadora Silvia Martínez Elizondo, los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 y 26.

Por la Senadora Andrea García García, los artículos 6, 18 y 33.

Por la Senadora Layda Sansores San Román, los artículos 8, 9, 10 y 31.

Por el Senador  Raúl Morón Orozco, el artículo 15.

Por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el artículo 20.

Por el Senador Mario Delgado Carrillo, los artículos 32 y 33.

Por comisiones el artículo 1.

Por el Senador Santana, el artículo número 26.

¿Alguien más desea reservar?

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta, hice llegar mis reservas, no escuché que se mencionaran.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Sí, sí, sí.

Son los artículos 2, 4, 7, 29 y 31 y la adición de un Sexto Transitorio.

El Senador Luis Sánchez está retirando sus reservas.

Retira el Senador Luis Sánchez sus reservas.

Estos son entonces los artículos reservados. 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico…

Senador Barbosa, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Con el objeto de precisar  qué es lo que se va a votar o qué es lo que se puede votar.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Si me permite  concluir, preciso lo que se va a votar.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general.

Habrá quienes no habiendo hecho reservas quieran votarlo en lo general, ¡sí señor!

Se puede votar todo en lo general porque el dictamen tiene una parte expositiva.

Estamos votando el proyecto de decreto en lo general.

Señoras y señores Senadores, no nos vamos a entender así, pongámosle un poco de orden a esto.

El decreto se está votando en lo general, el decreto no se compone  solamente de los artículos, sino que tiene una parte de exposición de motivos, por un lado, y por otro lado hay Senadoras y Senadores que no hicieron reserva de artículos y que están en todo su derecho de votar en lo general.

Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos. 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Si estamos reservando todos los artículos, incluso hasta la denominación, si estamos reservando cada uno de los artículos en lo particular,  por eso, lo que tendría que estar ahorita sufriendo reforma es en todo caso los considerandos, claro que sí, porque estamos reservando los artículos.

El procedimiento es que se vota todo lo que no está reservado, pero si hay reservados  todos los artículos, entonces se tiene que proceder, ver cuáles artículos no están reservados, si están reservados todos tiene que solamente votarse los considerandos del decreto, si todos están siendo reservados.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) No infrinjamos más la ley en este Senado, de verdad.

Señores parlamentarios, llevan cinco años y no han leído el Reglamento, solamente aquí se puede someter a votación el nombre y la exposición de motivos, no el decreto, porque está reservado y aun cuando haya Senadores que no hayan hecho reservas no pueden votar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, tiene usted razón, se está votando el nombre y la parte expositiva, y eso es lo que estamos votando, de acuerdo al proceso parlamentario que usted conoce  muy bien.

Vamos a empezar a discutir reserva por reserva, veremos si se admite a discusión y si no se admite a discusión volveremos a votar.

Tiene usted razón y es lo que estamos votando.

Sonido en el escaño del Senador Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente para hacer dos precisiones sobre lo que acaba usted de mencionar.

También el nombre de la ley está reservada, también hay un artículo, hay una reserva de un artículo único, y lo puede revisar, no le estoy diciendo algo, porque es básico para mí, que la ley sea una ley de seguridad ciudadana, por eso reservé también el nombre de la ley, estamos solamente la exposición de motivos.

Pero, mire, y tiene razón, estamos votando la exposición de motivos.

Esto que está ocurriendo nos va a obligar a tener que presentar reserva por reserva, artículo por artículo.

Bueno, ojalá convenza a la gente que ya se quiere ir y tiene prisa para votar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pido a la Secretaría consulte si falta algún legislador por emitir su voto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Senadora Martha Palafox, en qué sentido, a favor.

Abstención.

Una abstención.

Senadora Hilaria, a favor.

Senador Fernández, en contra.

Daremos cuenta de la votación.

Les informo que quedan 75 votos a favor; 44 votos en contra y 3 abstenciones.

En consecuencia, Presidente, queda aprobado en lo general el proyecto de la Ley de Seguridad Interior.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que evidentemente no está reservado.

Iniciamos la discusión en lo particular.

Para la denominación de la ley presentó reserva la Senadora Angélica de la Peña.

Tiene la palabra, Senadora, preséntenos su reserva.

Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, y también que todos estamos llegando a una parte prácticamente final de este proceso de discusión, hagámoslo bien, y eso quiere decir que atendamos las reservas, aquí debe aclararse que lo que se acaba de votar es aprobar o no aprobar la exposición de motivos del decreto, porque la denominación, así como todos sus artículos, incluyendo los transitorios, están reservados, usted acaba de decir que hay una reserva también mía y de otros Senadores a la denominación de la ley, eso.

Y segundo, de una vez quisiera, yo había informado de mi intención de participar en cada una de las reservas que hice, es decir, todos los artículos, incluyendo los transitorios.

Quiero informarle, señor Presidente, que lo voy a hacer en un solo acto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable, Senadora, y le agradecemos su disposición.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Compañero Presidente, y llamo a la Asamblea, al propio doctor Garita, esta ley indudablemente que por el número de votos que dimos la van a aprobar, pero sí hay que ajustarnos al procedimiento, no se puede declarar que sea aprobado en lo general porque no hubo artículos libres de reserva para poderse aprobar en lo general.

Por lo tanto, no cometan un acto de legalidad en la conducción de esta votación, si esta ley, como es su preocupación sacarla el día de hoy, permítanos también agotar el procedimiento. De manera particular se hizo la reserva de mi parte de todos los artículos y casi todos los transitorios, excepto el número cinco.
De tal manera que sí tiene que usted informarle qué fue lo que se votó a este Pleno, y es lo que le hemos estado reclamando.

Si ustedes insisten en torcer el procedimiento legislativo, es muy grave lo que pretenden hacer en este sentido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Pedraza, le repito, lo que se votó en lo general, dado que se reservó la denominación de la ley y todo el articulado, fue la parte expositiva que forma parte también del dictamen, y eso fue lo que se aprobó en lo general, y es la segunda vez que lo estamos repitiendo, ¿estamos de acuerdo?

Muy bien.

Señora Angélica de la Peña, Senadora, tiene usted el uso de la palabra para presentar sus reservas en un solo acto.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores.

Nos reservamos el artículo único del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, ya que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia, el mismo fundamento lo planteamos en la reserva de los artículos 1, 2 y 3, adicionalmente podemos agregar que esta minuta establece que la seguridad interior, la seguridad nacional y la seguridad pública son lo mismo, lo cual resulta inexacto, por lo que algunas definiciones del artículo 4 y 5 no establecen con claridad los alcances y de la actuación de las Fuerzas Armadas en esta ley.

Dos. Resulta preocupante que esta minuta carezca de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones de las Fuerzas Armadas se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, artículo 5.

De aprobarse esta minuta las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, pueden realizar de manera permanente acciones de seguridad interior sin necesidad de declaratoria de protección.

Artículo 6 y 26, y sin establecer prevenciones generales para la afectación o restricción de derechos.

Artículo 7. Pero además ponen en riesgo las garantías de libre manifestación al establecer expresamente una disposición que las pueda considerar como un amenaza a la seguridad interior.

Artículo 8.

Respecto al artículo 9, trasgrede la cláusula establecida en el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dispone que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y plantea una indeterminación de  normas al establecer como supletoria de la ley las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 10.

Proponemos derogar los capítulos relativos a los supuestos del procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, así como el que dispone la intervención de las autoridades federales, artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Los capítulos que proponemos derogar permiten que las Fuerzas Armadas actúe de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas, con lo cual se elimina la posibilidad de que la autoridad civil participe en la coordinación y dirección de los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren y sea quien elabore los protocolos de actuación para establecer responsabilidades: canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes.

No menos grave es la subordinación de la operatividad logística y la coordinación de las acciones derivadas de la declaratoria de protección a la seguridad interior que estarán a cargo de un militar designado por el Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de Marina y Defensa, violentando con ello no sólo la soberanía de las entidades federativas, sino el propio artículo 49 constitucional que dispone que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o cooperación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Pero lo más grave es que la seguridad, vinculada a la personas, debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, artículos 23, 24 y 25.

Proponemos derogar los artículos 27 y 28, ya que le da una participación preponderante a las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con las funciones que son propias del Ministerio Público establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, planteamos la derogación del capítulo relativo a la inteligencia para la seguridad interior, artículos 29, 30 y 31, ya que a diferencia del Cisen y la Policía Federal, que cuenta con un respaldo jurídico para llevar a cabo sus legítimas acciones de inteligencia a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2005, las Fuerzas Armadas no cuentan con una ley de inteligencia militar, incluirla en esta minuta representa un grave riesgo para la población.

La minuta tampoco establece controles parlamentarios, ni jurisdiccionales, artículo 32 y 33, y el único mecanismo de control contemplado en esta minuta es el envío de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Asimismo, se establece que el incumplimiento a las obligaciones, establecidas en esta ley, será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia, por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las acciones militares.

De igual manera no prevé la subordinación de éstas a las autoridades civiles, de igual manera es omiso respecto a sanciones del ámbito penal por la comisión de delitos o por violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo cometido por los integrantes de las Fuerzas Armadas, artículo 34.

Respecto al régimen transitorio.

Transitorio Primero. Consideramos que resulta fundamental que ante la inminente aprobación de esta minuta su vigencia debe ser al año siguiente en la entrada en vigor a la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Una vez que el Congreso de la Unión concluya el proceso legislativo para expedir la Ley Reglamentaria que le mandata el Artículo Cuarto Transitorio del decreto, por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, asimismo, proponemos derogar el régimen de transitoriedad.
Proponemos también derogar el régimen de transitoriedad del Transitorio Quinto, en ese sentido, y con esto voy a terminar, ¿a quién debemos agradecerle este Quinto Transitorio?

Dicen que con este transitorio se resuelve todo, ¿para qué entonces discutir un nuevo modelo de seguridad pública?, ¿para qué reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución, si con un solo transitorio se resuelve todo?

La discusión del modelo que descansaría en dos reglas básicas: la primera, consistente en que las funciones de seguridad pública estarían originariamente a cargo de la Federación y de los estados; la segunda, en que las funciones de proximidad estarían a cargo de los municipios, quedó sepultada por un transitorio.

¿Para qué una ley de seguridad pública basada en un Mando Mixto?

¿Para qué una discusión a fondo del modelo de corporaciones policiacas que se necesitan?

¿Para qué discutir los derechos de las policías a recibir un salario digno y los derechos laborales que les corresponde?

¿Para qué insistir en reformar el 123 de la Constitución?

¿Para qué determinar la capacitación especializada que se necesita para cada corporación, a fin de atender verdaderamente las diferentes vertientes de la seguridad pública basada en un modelo de respeto de los derechos humanos?

Siempre estuvimos equivocados, un dictamen emitido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo resuelve todo.

“Absurda solución, lo absurdo no son las cosas, lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas”, decía Julio Cortázar.

Lo que sí resuelve este Transitorio Quinto es lo que tácitamente dice, lo que quisieron llamar siempre Seguridad Interior se llama, se ha llamado siempre Seguridad Pública.

Aprovecho para aclarar que quienes estamos en contra de esta ley no culpamos a las Fuerzas Armadas por la extensa violación a los derechos humanos en nuestro país.

No, señoras y señores, la responsabilidad de la violación a los derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano, quienes decidieron poner a las Fuerzas Armadas a realizar un trabajo que ellos mismos han dicho que no les corresponde y para el que no están capacitados, ellos cargarán en su conciencia por este estado de cosas.

Si alguien muere a causa de un disparo de un arma de fuego, no es culpa de la bala, es culpa de quien jala el gatillo.

Por lo anteriormente expuesto, también reservamos el Transitorio Quinto.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Pediría a la Secretaría, en virtud de que fueron expuestos en tribuna por la proponente, someter a consideración del Pleno si se admiten a discusión las reservas propuestas por la Senadora Angélica de la Peña.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se aceptan a discusión las reservas presentadas por la oradora anterior.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna, para presentar todas sus reservas en una sola intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Bueno, sí, ante afirmaciones que se han hecho aquí tenemos que subrayar que nosotros no estamos señalando como culpable al Ejército de la ola de violencia. Estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra a las Fuerzas Armadas no funciona.

Los responsables de esta crisis humanitaria, del baño de sangre  en que convirtieron al país, sí tienen nombre y apellido, se llaman Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

No a las Fuerzas Armadas, sino los presidentes que iniciaron, que idearon esta guerra contra la población civil y contra el crimen organizado.

Decía la Senadora Calderón que esta estrategia es contra el crimen organizado, llevan once años con esa estrategia, la pregunta es, ¿ya  lograron combatir al crimen organizado?

Antes de esta guerra loca estaba medio controlado el crimen organizado, después de su guerra loca tenemos un baño de sangre, 230 mil muertes; 40 mil desaparecidos, y un sufrimiento enrome de millones de mexicanas y mexicanos.

Cuál es su afán de legalizar este desastre humanitario, pero sirvan los argumentos que voy a dar artículo por artículo para demostrar que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y que la votación anterior arroja más de un tercio de los aquí votantes, y que podemos iniciar con estos argumentos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 1 del dictamen es inconstitucional.

En primer lugar porque faculta, la facultad conferida al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional es para legislar sobre seguridad nacional, no sobre seguridad interior, y que nos digan que seguridad interior está subsumida en  la seguridad nacional, dónde lo dice la Constitución, en qué ley se establece, qué artículo lo dice, porque ninguna parte normativa es simplemente un invento para justificar, pero además para subsanar la clara violación que se está haciendo, se hace una correlación  con lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI de la Constitución en donde, en efecto se confiere la potestad al Ejecutivo Federal al disponer de  las Fuerzas Armadas, pero no para violar la Constitución.

Artículo 6. Es inconstitucional porque establece que las Fuerzas Armadas implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas, y acciones para identificar, y subrayo prevenir y atender oportunamente  la agenda nacional de riesgos. La redacción de este artículo es, claramente inconstitucional pues se contrapone a lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Magna que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.  Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los cuarteles.

Este texto es explícito en limitar las funciones de la autoridad militar en tiempos de paz.

La interpretación integral del texto constitucional la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice claramente que las Fuerzas Armadas sí pueden colaborar de manera auxiliar en las labores de seguridad pública, pero su participación tiene que ser en auxilio de las autoridades civiles, no dirigir a las autoridades civiles, como lo están poniendo ustedes en esta Ley de Seguridad Interior.

También dice la Corte   que las funciones exigen un estudio integral de toda la Constitución, no puede ser parcializada este análisis, las labores de auxilio de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública tiene que estar delimitadas y que no pueden considerarse amplias ni extensas, ya que todo ello conllevaría  a violentar las garantías individuales.

El dotar a las Fuerzas Armadas de una facultad permanente para hacer labores de prevención y atención de riesgos es violar incluso la interpretación que hay sobre el artículo 21 constitucional que ha hecho la Suprema Corte.

Pues con esta redacción se le confiere a las Fuerzas Armadas ya no labores de auxilio sobre seguridad pública, sino una función primordial que expresamente está conferida la prevención únicamente a las fuerzas policiales, no al Ejército.

El artículo7 es inconstitucional pues violenta lo dispuestos en el artículo primero de  la Carta Magna al omitir la obligación de la promoción de los derechos humanos que se mandata en el artículo 1 como si esa obligación fuera optativa o selectiva para las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones de esta norma, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que cumplir las cuatro obligaciones generales en materia de derechos humanos.

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y las Fuerzas Armadas no pueden mediante una  ley secundaria abstraerse de ninguna de ellas, mucho menos en la de promover los derechos humanos, y ustedes están siendo omisos en el 1 constitucional.

Artículo 9. Es inconstitucional ya que señala que la información que se genere será considerada de seguridad nacional, lo que contraviene el contenido dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se garantiza que toda la información en poder del Gobierno debe de regirse bajo el principio de máxima publicidad.

Establecer que la información generada por la aplicación de la ley será considerada de seguridad nacional, implica restringir sin análisis alguno el acceso a dicha información, pues como se sabe la seguridad nacional es una de las expresiones al derecho que restringe el libre derecho a toda la información.

Artículo 10. Es inconstitucional y es muy grave. El Segundo párrafo dice, que la materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal d Procedimiento Administrativo es la única  que puede garantizar que los derechos de los particulares y asegura el eficaz cumplimiento de la justicia, prevé que el procedimiento de la justicia administrativa se desarrolle bajo los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad publicidad y buena fe.

Establece que la autoridad administrativa debe fundar y motivar todos sus actos, y  aquí la ley de seguridad interior está saltándose todos los actos, y debe respetar además el derecho de audiencia y el derecho de defensa que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que proclama que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, y en condiciones de igualdad hacer oída públicamente por un tribunal imparcial para la determinación de sus derechos y de sus obligaciones.

Estas son las características de un elemento derecho a la justicia que garantiza la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ustedes, en este artículo, están diciendo que queda anulada esta ley para efectos de los militares.

El excluir la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es crear un estado de excepción, y eso es suplantar el artículo 29 de nuestra Constitución, único artículo que señala las características para decretar un estado de excepción.

Contravenir, además, excluir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es, además, contravenir el artículo 16 constitucional, y el primero con correlación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El artículo 11 es inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen en materia de seguridad pública para las corporaciones policiales, funciones que no pueden ser suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estas sólo actúan bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca en forma subsidiaria, como la están escribiendo en la Ley de Seguridad Interior.

Al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de las amenazas a la seguridad interior, se suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente sólo tienen atribuidas las fuerzas policiales.

El artículo 17 es inconstitucional, pues viola el artículo 16 de la Constitución, y el principio de legalidad al establecer, que a partir de la expedición de la declaración de protección a la seguridad interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento se considerarán como acciones de seguridad interior, ya que con esta redacción, las obligaciones, regulaciones, procedimientos y controles que ordinariamente aplican bajo el principio de legalidad para todas las autoridades y para todos sus actos, quedarían subsumidas e invalidadas mediante esta expresión genérica de conversión a acciones de seguridad interior, convirtiéndolas también con esta redacción en acciones de seguridad nacional, por lo que las y los gobernados no tendrían, ni mecanismos de defensa, ni reglas para medir legalmente la actuación de las autoridades en el marco de esta norma.

Los artículo 20, 21 y 22 son inconstitucionales, violentan lo dispuesto en el artículo 129 y el 21 de nuestra Carta Magna, pues se les confieren poderes a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y que forman parte de la esencia de la seguridad pública contenida en el artículo 21, no ya como instancias de auxilio, tal como lo permitió la Suprema Corte en su jurisprudencia, en el año 2000, sino como entidades responsables de la coordinación logística de la operación de las acciones derivadas de la declaración y supeditando incluso a las autoridades civiles, dándole al mando castrense la dirección de las acciones derivadas de la declaratoria.

Un comandante dirigirá las autoridades civiles, sólo pasa en las dictaduras. En el trazo de nuestra Constitución no es una dictadura, es una República federal, democrática, civilista, por lo tanto, no es admisible que este pensamiento dictatorial pueda ser aprobado por este país, que está muy castigado ya por tantas desgracias.

El pensar que se invocará esta legislación, es desconocer que existen diversos sistemas nacionales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a las situaciones que pudieran afectar la seguridad interior.

Para ello se han constituido el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Conferencia Nacional de Gobernadores, entre otras más, cuya función primordial es precisamente la coordinación, la articulación para hacer frente juntos ante los riesgos, las amenazas, los peligros comunes y bajo la lógica de coordinación, no de subcoordinación como lo proponen los artículos 20, 21 y 22, menos comandados por una autoridad militar.

Ustedes están militarizando el país, que lleva once años militarizado con efectos desastrosos para la economía, en derechos humanos y para la estabilidad de nuestra población.

El artículo 26 es inconstitucional al repetir prácticamente el contenido del mismo artículo 11 del dictamen, que es a su vez inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen.

En materia de seguridad pública, son exclusivas para las corporaciones policiales, funciones que no pueden suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estás sólo pueden actuar bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca de forma subsidiaria, así lo determinó también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de los riesgos de la seguridad interior, suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente sólo tienen conferidas las fuerzas policiales.

Aceptar esto es renunciar que las policías hagan su tarea y abdiquen en sus facultades constitucionales, abdiquen en favor de las Fuerzas Armadas.

El artículo 30 es inconstitucional al conferirle legalmente facultades a las Fuerzas Armadas para la realización de labores de inteligencia, que eso sólo la tiene las tienen la Secretaría de Gobernación y el Ministerio Público mediante el uso de cualquier medio lícito.

Es esta frase inconstitucional en el artículo 30, pues violenta el artículo 14 constitucional en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento, que deberán guardarse ante cualquier afectación de derechos, bienes y libertades y es contrario a lo dispuesto en el 16 constitucional en cuanto a la laxitud del principio de legalidad, al de la debida fundamentación y motivación, al de protección de los datos personales, mismos principios constitucionales que se ven inobservados con la redacción de este artículo.

Y el artículo 31, les pido atención, es gravísimo, es inconstitucional y extremadamente grave. Contraviene disposiciones diversas, entre ellas, los artículos 6, el 41 y el 102 de nuestra Carga Magna, ya que estos artículos contienen la base legal de actuación de tres organismos públicos autónomos, que tienen bajo su más estricto resguardo la información de millones de mexicanas y mexicanos.

Y en estos tres artículos constitucionales aludidos, se establece como un principio de actuación de estos órganos autónomos el de conducirse con estricta legalidad, principio que no podrían atender en el casos de que las autoridades castrenses les solicitarán cualquier tipo de información.

La facultad que se le confiere al mando castrense en este apartado, establece que será una obligación de los órganos autónomos el proporcionar la información que se posea, y que le sea requerida en el marco del cumplimiento de esta ley, sin importar si esa información es de carácter confidencial, si manejan datos personales o peor aún si en esa información se establecen responsabilidades de carácter, precisamente contra la actuación de las Fuerzas Armadas, es contraría al artículo 6, fracción VIII constitucional en cuanto a las obligaciones del Inai, es contraria al artículo 41 Apartado  A constitucional, perdón Apartado B del texto constitucional en cuanto hace a los organismo públicos autónomos, de protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos son, están en un grave riesgo, será anulada la autonomía por este artículo 31 de esta ley plenamente inconstitucional y vean lo que dice el artículo Tercero Transitorio, es inconstitucional  la redacción de este transitorio, es ilegal y es inconstitucional, pues no puede establecerse mediante un decreto de una ley como la que se pretende aprobar que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este mismo decreto.

Todas las leyes que se opongan no son válidas, pues esa expresión tan genérica al no establecer en qué términos, términos contenidos específicos, ni con qué consideraciones deberán derogarse todas las otras normas, se abre un espectro de indefinición legal que puede traducirse en un serio problema jurídico, por ejemplo, hay facultades que esta legislación le confiere  a las Fuerzas Armadas en el artículo 11 y en el artículo 26 para realizar labores que no se relacionen con la naturaleza castrense, y que incluso las contravienen, por lo que, siguiendo en lo dispuesto en este artículo, las normas vigentes del derecho castrense y las competencias de las Fuerzas Armadas, quedarían derogadas de facto, lo que implicaría que las propias  Fuerzas Armadas que hoy buscan fortalecer su marco de actuación legal, quedarían inmersas en un vacío legislativo con serias implicaciones, la de discrecionalidad, de arbitrariedad donde el abuso y la violación de los derechos humanos pueden perpetuarse y no ser castigados, pero ley imposible.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Consulte la Secretaría si son de admitirse las reservas expuestas en tribuna por la Senadora Dolores Padierna.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente,  consulto a la Asamblea, en votación económica si se aceptan a discusión los artículos reservados por la Senadora Dolores Padierna.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantado su mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, Presidente que no se aceptan a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar sus reservas en una sola intervención.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Es para el artículo 1, no para todas las reservas.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, ¿en cuántas intervenciones va usted a presentar con sus reservas?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) En el mismo número de reservas que hice.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Nada más le pediría, en virtud de eso, de que presentara cada una de las reservas ateniéndose al tiempo establecido.

 El Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, cómo no.

Gracias, señor Presidente, para referirme al artículo único, se expide la Ley de Seguridad Interior, la reserva va en el sentido de que  pueda decir se expide la Ley de Seguridad Ciudadana.
Déjeme explicar por qué, desde la doctrina, existen diversas  aproximaciones al concepto de seguridad que permiten asumir el término de seguridad interior como limitado o incluso obsoleto, es por ese motivo que al referirnos a  conceptos como seguridad pública, seguridad nacional o seguridad interior, también debemos de analizar conceptos como seguridad humana  o seguridad ciudadana, el concepto de seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y al orden público que se logra a través de los mecanismos de control penal y de las acciones de prevención y de represión de ciertos delitos y faltas administrativos que la vulneran y particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Este concepto de seguridad pública se utiliza ampliamente en los Estados Unidos y en Canadá para hacer referencia también a la seguridad de las personas y grupos que componen la sociedad, pero por el contrario, la misma expresión de seguridad pública, en nuestra región, en América Latina hace referencia a un concepto diferente que alude a la seguridad construida desde el Estado o en ocasiones  a la misma seguridad del Estado.

Por su parte el concepto clásico de seguridad nacional tiene como objeto prevenir o rechazar amenazas militares y por tanto defender militarmente  la soberanía, la independencia y la territorial del Estado frente a posibles agresores. De esa manera el Estado busca  su propia seguridad incrementando su poder a través de su capacidad militar.

Aquí hay  el texto de Ortega, de Seguridad Nacional y Seguridad multidimensional, es muy sugerido para entender este concepto.

Por su parte,  el concepto de seguridad exterior y de seguridad interna, cuya diferenciación se dificulta debido a sus estrechos vínculos, los cuales dificultan la delimitación de sus fronteras, por ese motivo no se puede afirmar tajantemente que las amenazas internas están en el ámbito de la seguridad interna y que las externas en el de la Seguridad Nacional, porque las primeras pueden tener dimensiones de seguridad nacional sin provenir  necesariamente del exterior y viceversa.

A pesar de ello, se ha asumido tradicionalmente que el enfoque al exterior entiende como seguridad nacional y de enfoque interno como seguridad interior.

Sin embargo es a partir de la década de los 80’s que surge el enfoque crítico a estos conceptos tradicionales  de la seguridad y estas críticas se centraban en que los conceptos se circunscribían a la seguridad del Estado, olvidando a los ciudadanos  al tiempo que planteaban amenazas militares desde el exterior sin considerar otras fuentes de inseguridad tanto globales como internas, económicas, e incluso medio ambientales.

Y, por cierto en las listas de estas amenazas globales se acaba de añadir una más, que es la mala gobernanza, producto de la corrupción.

El propio programa de Naciones Unidas para el desarrollo acuño en 1994 el nuevo concepto de inseguridad humana, desplazando el viejo enfoque de una seguridad centrada en proteger a los Estados a otro que pone a las personas como sujeto central de la seguridad.

Y esto, responde a tres ideas, uno, que la seguridad debe centrarse en las personas;  dos que la seguridad de las personas se ve amenazada no solamente por la violencia física, sino por otro tipo de amenazas, como la subsistencia o las  condiciones de llevar una vida con dignidad y; tres, que la seguridad está asociada al desarrollo  entendido como el proceso de ensanchamiento de las capacidades y libertades de las personas.

Por ese motivo, este concepto tiene dos dimensiones: una, de carácter cuantitativo, la satisfacción de las necesidades materiales básicas que aseguren la continuidad de la vida, otro de carácter cualitativo vinculado a la dignidad y lo que exige avanzar en la satisfacción de los derechos humanos.

Por eso, y con esto termino, en ese orden de ideas, otro concepto, el de seguridad ciudadana, lo que busca es justamente abonar los problemas de criminalidad y violencia, desde una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado.

Es por eso que me parece que el título debería de ser pues Ley de Seguridad Ciudadana.

Señores Presidente, si me lo permite, compañeras, compañeros, pues viendo lo que está pasando, lo que acaba de pasar con las dos oradoras anteriores, pienso que si no se va a aceptar el cambio del título de la ley, pues los artículos van a ser accesorios y como lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal, me parece que ya no tendría mucho sentido seguir presentando el resto de las reservas.

Por eso pediría que las otras 44 reservas simplemente se añadieran al Diario de los Debates, porque ya no las voy a presentar en tribuna.

Es por eso que hoy simplemente quiero decirles que me parece que en este enorme desorden nacional y en esta enorme distracción de lo que está pasando el día de hoy aquí, es como está muriendo poco a poco también la forma de entender la libertad del Poder Legislativo.

Muchas gracias, Senador Presidente.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Senador, apreciamos su comprensión.

Solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas propuestas por el Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas del Senador Zoé Robledo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar en una sola exposición sus reservas.

Bueno, dejémoslo a final, por si regresa.

Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza, también para presentar en una sola intervención todas sus reservas.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Quiero que ponga atención, Presidente.

Quiero pedirle que consulte a mis compañeros, previo a que lo someta a votación, que si hay cinco que me respalden para que sea votación electrónica en el tablero.

Quiero dejar antecedente de esto, entonces, aquí hay cinco compañeros que me están respaldando.

Gracias, salieron 25.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite, señor Senador.

Hay cinco Senadores que apoyen la propuesta del Senador de hacer votación electrónica.

Muy bien, gracias.

Proceda, Senador, ya con mucha tranquilidad.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Con eso queda enterado que va a proceder a resolver uno por uno de mis reservas que hice, hice todas las reservas de toda la ley.

Yo quisiera que si tienen pensado hacer algo de una vez lo vayamos viendo y nos permitan que avancemos y que no sea una discusión estéril.

El artículo 1 del decreto con las modificaciones que se hicieron plantea sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto en la fracción XXIX-M del artículo, y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Resalto, lo que corresponde al objeto establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, así dice, las entidades federativas y los municipios en la materia.

La fracción XXI del artículo 73, en su segundo párrafo señala que las leyes generales contemplarán la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, como lo dice el texto del artículo 1 referido, que incluso va más allá porque pretende regular la coordinación entre los Poderes de la Unión, es decir, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, ambicioso propósito en una ley como es la que estamos discutiendo.

Según la interpretación de tesis aislada, P8/2007 de artículo 133 constitucional, emitida en abril de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cito: “las leyes federales regulan atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal”.

Por ello, podemos decir que esta legislación en materia de seguridad interior es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica, óigase bien, es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica constitucional. De pretender no regular no a la Federación, sino a los Poderes de la Unión.

Dicha tesis también señala que las leyes generales, y cito: “son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y que no pueden ser emitidas, sigo citando textualmente, mutuo propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a este a dictarlas. De tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por autoridades federales locales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y municipales”.

Como entonces no es anticonstitucional querer legislar bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en materia de seguridad interior, a través de una simple limitada legislación federal.

O suponen que al poner que la seguridad interior se vincula con los artículos 73, fracción XXIX-M, y 89, fracción VI de la Constitución, cubre la inconstitucionalidad de legislar en una ley federal, lo que debería regularse no sólo en una ley general que establecería la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino incluso regular la coordinación entre Poderes de la Unión que implicaría una reforma constitucional.

Demasiada ceguera constitucional darle una ley federal atribuciones para regular a los Poderes de la Unión, lo que sólo podría lograrse si el Congreso de la Unión por dos terceras partes de ambas Cámaras y el Constituyente Permanente decidiera legislar en materia de seguridad interior.

Por lo tanto, su inconstitucionalidad propongo que este artículo se suprima con fundamento para los artículos 2 y 4 del dictamen del decreto que discutimos, porque sus definiciones sobre seguridad interior son vagas, abiertas y ambiguas, por lo que ante cualquier problema de la vida de nuestro país habrá la tentación de asumirlas como afectaciones a la seguridad interior y generaría la ampliación de la comisión de las arbitrariedades que ya hemos conocido.

El artículo 2 no establece una distinción conceptual nítida entre el concepto de seguridad nacional y el concepto de seguridad interior, los contenidos de uno y otro concepto se traslapan y confunden, la supuesta definición de las acciones de seguridad interior, como aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas frente a cualquier situación que constituya riesgos y amenazas a la seguridad interior son vagas, más aún cuando se enliste el número no menor de verbos muy amplios, a saber identificar, prevenir, atender, reducir y contener.

Esta indefinición de las definiciones es clave para entender el peligro de aprobar esta ley, pues se pueden aplicar en más hipótesis de las que técnicamente serían aceptables.

Con definiciones así de amplias e imprecisas es imposible determinar y acotar de manera adecuada las acciones que las autoridades pueden llevar a cabo con distorsiones vagas, que es un riesgo y una amenaza, prácticamente cualquier situación es susceptible de aplicar el régimen especial que propone la Ley de Seguridad Interior.

En otras palabras, se autoriza para efectos prácticos cualquier acción frente a cualquier situación.

Otra razón para proponer la supresión del artículo cuarto se refiere que en la fracción XX regule inadecuadamente el uso de la fuerza al remitir a protocolos técnicamente deficientes que no pasaron por revisión externa, ni control legislativo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo que emitieron son manuales que no tienen ni siquiera rango legal de reglamentos.

Desde inicios de la Legislatura, en 2012, la Senadora Pilar Ortega y el entonces Senador, ahora Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, se presentó iniciativas para expedir la legislación sobre el uso de la fuerza, y es fecha que esta comisión no dictamina, a escasos meses de que termine la Legislatura no se ha avanzado con ninguna propuesta por eso estamos solicitando derogar este artículo.

En lo que tiene que ver “que en la tierra de ciegos el tuerto es rey” y por eso ayer un Senador nos quiso sorprender con su aparente sapiencia en relación con el documento llamado “Informe del Comité Jurídico Interamericano 2012 CJI/DOC/401/12RB.4/, paréntesis, que se titula Guía para la Regulación de Uso de la Fuerza y Protección  de las Personas en Situación de Violencia Interna que no alcanza el umbral de conflicto armado.

Estas imposturas intelectuales siempre traen una trampa tendenciosa porque pensando que no sabemos se atreven a citar de manera incompleta con el afán de engañar a quien escucha.

El Informe de Marras, en su conclusión cinco, señala: “en un Estado democrático la función del uso de la fuerza es atribuida de manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, concepto que incluye a todos los agentes de la ley que ejercen funciones de policía, incluyendo a autoridades militares o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que esos ejercen las funciones de policía, no obstante la legitimidad con la que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones esta medida debe ser siempre de carácter excepcional aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades y subsidiaria en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas”.

Por eso, por lo que establece dicho informe del Sistema Interamericano, señala que debe ser excepcional, subsidiaria y temporal.

Nos oponemos a que se regule en una ley lo que debería de ser excepcional y que necesita, y que de necesitarse se aplique y debería ajustarse a lo que establece el artículo 29 de la Constitución.

Por eso estamos proponiendo que se suprima el artículo 20, no hicieron las modificaciones siendo el núcleo de la rendición las autoridades civiles ante las autoridades militares y no soportaría ninguna confronta con el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución, reformado desde 2008; es decir, con posterioridad a los argumentos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el papel de auxiliaridad de las Fuerzas Armadas.

El artículo 20 señala que, sin perjuicio de las mismas que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes orgánicas, las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza.

O sea, el reconocimiento explícito de la autoridad civil de que no puede, y entonces el Presidente de la República designará, a propuesta de los Secretarios de la Defensa y de la Marina, al Comandante de las actuaciones a partir de un protocolo elaborado por dicho Comandante; es decir, sin controles de ninguna especie, quien conducirá a las autoridades militares, lo que sería natural en un Comandante Militar.

Y escuche bien, a las autoridades civiles, es decir, la violación flagrante de la Constitución que dice que la ciudad pública, ahora llamada por esta Ley de Seguridad Interior, es facultad exclusiva de autoridades civiles.

Y contrario a lo que señala la citada guía para la regulación del uso de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcancen el umbral de conflicto armado, de que sí excepcionalmente las autoridades militares deberá apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades electas.

Esta es una de las razones por que ese artículo 20 es inconstitucional y debería de ser retirado.

En relación con el artículo 5, ese artículo vulnera la Constitución, ya que según el artículo 89 debe ser el Presidente quien, en materia de Seguridad Interior, disponga de las Fuerzas Armadas, sin embargo, conforme al dictamen, le atribuye esta facultad al Secretario de Gobernación.

En el artículo 6 le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía respecto de la Agenda Nacional de Riesgos al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio en el artículo 6, incluso sin necesidad de declaratoria, esto es así porque les habilita para realizar política, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente dicho riesgo.

El artículo 7 no genera controles excepcionales para verificar el respeto de los derechos humanos, pues se limita a decir, contra toda evidencia, que éstos se respetarán porque así lo dice la ley en el artículo 7.

Frente a esta medida excepcional se requerirán medidas igualmente excepcionales de protección a los derechos humanos que garanticen la accesibilidad de los mecanismos de queja y denuncia, o establecer un mecanismo de despliegue intensivo del personal del Sistema de Ombudsman, o bien estableciendo la obligación a que se generen informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos de las zonas respecto de las que se declara afectación a la seguridad interior, o incluso en información del Sistema Ombudsman se requiere antes decretar una prórroga, estos mecanismos no se incorporan en el dictamen.

Este artículo podría generar que se supedite la protección de los derechos humanos y sus garantías, en materia de seguridad interior, a un simple protocolo que podría ser emitido inclusive por un titular de área, según la normativa de cada institución, en lugar de que opere el marco de protección de los derechos en México, esto es la Constitución, los tratados internacionales, las recomendaciones y sentencias internacionales, los criterios del Poder Judicial de la Federación, así como las leyes especiales en materia de derechos humanos.

En suma, el dictamen viola el artículo 1 de la Constitución Federal que señala cómo debe de protegerse los derechos humanos en México.

El artículo 8 supone que con quitar en términos pacíficos y solo dejar que se realicen conforme a la Constitución y no sólo a las pacíficas queden excluidas de ser consideradas amenazas a la Seguridad Interior.

El problema señalado por los especialistas subsiste, pues, en contextos de afectación a la Seguridad Interior donde intervengan fuerzas castrenses, serán éstas las que determinen a su arbitrio cuando una protesta social o de raíz político-electoral se ajusta o no a la Constitución.

En el artículo 9 toda la información de seguridad nacional debe ser reservada y confidencial, este artículo imposibilita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental y fomenta la opacidad al determinar genéricamente que toda información sobre medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las autoridades bajo el imperio de esta ley será considerado como seguridad nacional, lo que implica que será clasificada como de seguridad nacional y, por tanto, confidencia y reservada.

Podrían traerme un poquito de agua por ahí, una botellita de agua.

En el artículo 10 esta modificación tautológica es evidente que no puede ser más que en el ámbito de sus competencias.

Extrae la seguridad interior del régimen de legalidad, pues dispone que en una materia en la que no se aplicará el procedimiento administrativo, obstaculizando así también la aplicación de las normas sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.

Más aún porque se mantiene la excepción en materia de seguridad interior, de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que rompe el principio de legalidad e impide la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado privando a la ciudadanía de un importante recurso frente a afectaciones y arbitrariedades; es decir, la única legislación supletoria, en materia administrativa, no aplicaría.

Artículo 11. Esta disposición de que el presidente podrá ordenar por sí la intervención de la Federación es violatorio del artículo 119 que establece que la intervención del Gobierno Federal en una entidad federativa debe ser a solicitud de las legislaturas  locales excepcionalmente del ejecutivo local señalando que sólo debe ocurrir en caso de sublevación o trastornos internos.

Genera además una facultad amplia que fortalece un procedimentalismo desbordado ajeno a los contrapesos republicanos, bastaría con esperar el receso de la Legislatura para acordarlo directamente con el gobernador y así evitar la discusión en el congreso local.

Las dos causales por las que una amenaza de seguridad interior podría motivar que se decrete una afectación y que se desplieguen las fuerzas federales suspensión de  las capacidades de autoridades competentes y la insuficiente colaboración de entidades o municipios no aparecen caracterizadas con suficiente nivel de concreción pudiendo dar pie a determinaciones arbitrarias y   unilaterales por ejecutivo, el procedimiento que llevará a la declaratoria es en su conjunto unilateral y favorece un divisionismo sin contrapeso del ejecutivo y rompe el pacto federal.

Artículo 14. Permite la indeterminación geográfica de medidas excepcionales de seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acotarse en un área geográfica específica de una entidad.

Con esto se diluye también la concentración del mando operativo lo que puede generar problemas operativos en territorio.

Artículo 15. No impone límites temporales precisos a las declaratorias de afectación a la teoría anterior pues señala que la vigencia de la respectiva declaratoria podrá ser de un año, pero lo que podrá prorrogarse indefinidamente por acuerdo presidencial.

Este numeral además no establece la obligación de generar reportes al términos de la vigencia de la declaratoria que brinde elementos sobre su éxito o fracaso indispensables para la decisión de la prórroga no incluye además controles progresivos para  los plazos ampliados, la prórroga sería así un acto unilateral y sin ningún contrapeso.

Cálmense porque faltan todavía 14  vamos a llegar al 30.

Artículo 16. Permite que se profundice la militarización de  la Seguridad Pública, incluso sin necesidad de que se emita una declaratoria de afectación de la ciudad interior, careciendo de  una definición, el proyecto sobre lo que puede entenderse como grave peligro en integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno.

Agregar desde el ámbito de sus facultades  es insustancial y cosmético, es una obligación legal per se.

No se atiendes las observaciones hechas a este artículo en el sentido de que no genera contrapesos ante una posible arbitrariedad presidencial en el ejercicio de esta prerrogativa.

Con este artículo  y el 18 se asume y decreta per se que todo lo que hagan las autoridades bajo su definición vaga e imprecisa no podrá ser considerado seguridad pública.

Artículo 19. Adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior  a la secretaria de Gobernación. En el artículo 19 aunque se ha demostrado que ello abre la puerta para politizar la seguridad y aunque este sexenio de Gobernación fracasó en la conducción de la seguridad.

Artículo 20. El artículo 20 ya lo había mencionado. Tranquilos jóvenes.

Artículo 21. Añaden que los grupos de coordinación interinstitucional que se forman contexto de declaratoria afectación a la seguridad interior  seguirán conforme al artículo 19 de la propia ley y conforme las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

En sentido contrario a lo recomendado  esta adición fortalece la sujeción a la cadena de mando militar en contexto de seguridad interior no genera contrapesos civiles a este régimen.

El artículo 22.   Me voy a brincar.

Artículo 23. Este artículo pulveriza el Pacto Federal, y la distribución de competencias que deberá prevalecer en México respecto de los ámbitos local y federal.

Prácticamente cuando los estados piden la aplicación de esta ley, la aplicación de esta ley al servicios del Poder Ejecutivo Federal  en el que el  Secretario de Gobernación tiene un papel preponderante todos sus recursos humanos y financieros que éste requiera para atender una vaga imprecisa definición de seguridad interior.

Omite disponer que las autoridades estatales y municipales de las regiones donde se apliquen declaratorias de seguridad interior adquieren la obligación de fortalecer a los policías civiles en tiempo y conforme a las metas concretas bien específicas.

La ley no establece mecanismos para verificar el cumplimiento de las responsabilidades que se enumeran en este numeral del proyecto. Y desde otra perspectiva es duda que una ley de seguridad interior se le pudiera imponer esa responsabilidad a municipios  y entidades, lo que puede derivar de la inconstitucionalidad de la norma y que lo evidencia que no es la vía legal adecuada para regular este componente, 26 es una adición innecesaria tecnológica pues era ya de estudio obvio que dichas acciones tendrían que deslizarse conforme a la Constitución.

28. no obliga a la Fuerzas Armadas,  ya perdí, ajusten su organización medios y adiestramiento para interponer sus labores de seguridad interior, aunque se ha demostrado ya que la formación castrense no es idónea para la realización de  labores ajenas a las militares en tiempos de paz, la naturaleza de las Fuerzas Armadas en eliminar el enemigo.

Artículo 30. Fomentan la intervención militar en áreas de inteligencia civil abriendo la puerta que crezcan y aumentes las instancias castrenses diseñadas para el espionaje sin controles.

31. Amenaza a los organismos autónomos incluyendo al Sistema Ombudsman al disponer que estos deberán entregarla información con que cuentan en contextos de afectaciones a la seguridad interior dentro del artículo 31, este numeral presenta vicios de inconstitucionalidad y se asemeja a los que la comisión de los derechos humanos impugnó al presentar su acción de inconstitucionalidad con el código de justicia militar y el código militar de procedimientos penales asunto que aún no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

32. Este artículo de ley violenta nuevamente el artículo 89 fracción VI  dando atribuciones al secretario de Gobernación que son exclusivamente del presidente en cuanto a las disposición de las Fuerzas Armadas.

El 33. No establece controles robustos obligando únicamente al Secretario de Gobernación a que remita la comisión bicameral del Congreso de la Unión un informe sin precisar su contenido y sin habilitar a dicha comisión para que actúe  como verdadero contrapeso.

Todas las propuestas de controles adicionales que se hicieron de la sociedad civil fueron dejadas de lado en este proyecto.

Quiero decirle presidente que le entrego este compendio de posiciones que resumen las observaciones y que estas fueron elaboradas por un colectivo de la sociedad civil y que de alguna manera las he hecho más para presentarlas en esta tribuna, así es que procedo entregarlas  para que las anexe al Diado de los Debates.

Gracias, Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pedraza.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para conocer si se aceptan a discusión las propuestas de modificación que fueron ampliamente explicadas en tribuna por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Solicito a Servicios Parlamentarios resuelvan el tema del tablero electrónico, por favor.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senador Fernández, a favor.

Senador Tapia, en contra.

Senadora Martha Palafox, a favor.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Senador Cordero, a favor.

Nuevamente pregunto, ¿si algún Senador o Senadora falta por emitir su voto?

Senadora Rosa Adriana, a favor.

De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación, quedando de la siguiente manera:

27 votos a favor; 68 votos en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No se admiten a discusión.

Senadora Secretaria, por favor, someta a consideración de la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas propuestas por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas señaladas por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Quienes estén a favor de que se acepten, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

De lo contrario, quienes estén porque no se admitan, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, Presidente, que no se aceptan a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, para presentar sus reservas.

Pide sean presentadas en tres intervenciones.

Presentará en este momento la reservación del artículo 1.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Solicité hace un rato, Senador Presidente, presentarle las reservas, hace un momento, si me lo autoriza usted.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con mucho gusto, Senador. Se lo agradecemos todos.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias.

He solicitado estas reservas, planteando que los artículos se desechen, y explicaré algunas razones, Senador Presidente.

Lo he solicitado porque, insisto, en que esta Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, porque si vemos, compañeras y compañeros, las modificaciones al artículo 1, insisto en que se pretende hacer creer, que como la seguridad interior, se ha dicho, es una rama, una vertiente de la seguridad nacional, entonces el Congreso de la Unión sí tendría facultad para legislar sobre seguridad interior en virtud de su facultad expresa de legislar sobre seguridad nacional.

Sin embargo, también lo he reiterado, y a pesar de esa interpretación a modo, la fracción VI del artículo 89 constitucional, claramente las menciona como dos materias distintas.

Si la seguridad interior fuese, así se expresa en mi reserva, una vertiente de la seguridad nacional, entonces, el legislador, no sólo no la habría mencionado por separado, sino que ni siquiera la habría mencionado, pues ello resultaría reiterativo.

También he planteado que las Fuerzas Armadas, lo he planteado en una señal de alerta, podrán realizar acciones de seguridad interior, según el dictamen que estamos votando, de forma permanente y sin necesidad de declaratoria de protección a la Ley de Seguridad Interior.

Me preocupa lo que los artículos 6 y 26 señalan, expresamente, que las Fuerzas Armadas no requerirían, compañeras y compañeros, la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior para atender los riesgos a la seguridad nacional.

Por su parte, el artículo 20 señala también que las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante declaratoria.

¿Qué significa esto? Pues, que parecería, entonces, que las Fuerzas Armadas requieren declaratoria para actuar en el caso de amenazas a esta llamada Seguridad Interior.

Pero resulta, Senador Presidente, que el artículo 4, fracción II dice: “Que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que las amenazas a la seguridad nacional.

Y en la Ley de Seguridad Nacional de Fuerzas Armadas no necesitan de declaratoria alguna para atender dichas amenazas, y ahí está el grave riesgo de la militarización.

Por eso insisto, de manera tramposa se está permitiendo la actuación abierta y permanente de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior sin que medie declaratoria, sin importar si es para atender riesgo o amenazas. Por eso es una trampa.

También he presentado mis reservas porque no estoy de acuerdo en que la autoridad civil quede subordinada a la autoridad militar, porque a pesar de que el artículo 18 de este decreto, señala que las acciones de seguridad interior no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las fracciones del artículo 20 claramente establecen lo contrario, pues, el Ejecutivo designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas como coordinador de los grupos interinstitucionales, que en términos de este artículo 21, el siguiente, serán integrados por cada una de las autoridades participantes, incluidas las civiles.

Y dicho comandante establecerá las responsabilidades  a las autoridades militares y civiles participantes.

Esta es, Senador Presidente, una clara y grave subordinación de la autoridad civil a la militar.

Se establece también entonces la obligación de las autoridades de entidades federativas, de municipios  y de demarcaciones territoriales, de dar cumplimiento a todo lo que le sea solicitado por la autoridad militar.

Luego entonces, las autoridades de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales  quedan obligadas a entregar cualquier clase de información que la autoridad militar le solicite, la autoridad militar puede entonces, insisto y lo subrayo, solicitar cualquier información siempre que argumente o pretexte que se trata de atender los fines de la declaratoria.

Por eso he presentado la reserva, insisto, porque no estamos de acuerdo a que la autoridad civil se subordine a esta autoridad militar, porque insisto, se establece la obligación de las autoridades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales, de rendirle cuentas a la autoridad coordinadora,  que según el artículo 20, sería de carácter militar.

Se señala, ciudadano, Senador Presidente que las Fuerzas Armadas realizarán  entonces labores de seguridad interior con sus propios medios y adiestramiento, y ello pues resulta comprensible si consideramos que esta ley equipara seguridad interior con seguridad nacional, lo que resulta alarmante es, compañeras y compañeros, que con ese adiestramiento los militares puedan asumir el control en un determinado  territorio por virtud de una declaratoria y que las autoridades  civiles tengan que subordinarse a ellos y cumplir con lo que les soliciten, y con todas esas atribuciones de esta autoridad militar, sobre la autoridad civil, a mí me parece que es insostenible que nieguen de que estamos hablando de militarizar a nuestro país.

También presenté las reservas porque se obliga a los órganos autónomos a entregar información a estas autoridades de seguridad nacional, órganos como la Comisión Nacional de los derechos  humanos, el INE, el IFT e incluso algunos órganos autónomos de las entidades federativas, quedan obligados a entregar cualquier información que le sea requerida por una autoridad federal, civil o militar, que lleve a cabo acciones de seguridad interior, peor aún, nosotros alertamos que el artículo 26 señala que las acciones en materia der riesgos a la seguridad interior son permanentes y no requieren de una declaratoria, por lo que se concluye, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que las autoridades de seguridad interior podrían solicitar la información en cualquier momento y los órganos autónomos estarían obligados a proporcionarla, insisto, sin necesidad de una declaratoria.

Abundo, es muy sospechoso que esta facultad se esté proporcionando en el contexto del actual proceso electoral.

A mí me parece que tenemos que meditar, porque yo veo, y espero que muchos lo vean así, la mayoría  un claro riesgo de que las instituciones de seguridad nacional sean utilizadas para fines políticos de este gobierno, tal y como sucedió con los regímenes priistas del siglo XX, con la Dirección Federal de Seguridad y digo esto, porque invito a que no olvidemos el antecedente del espionaje telefónico llevado a cabo por el gobierno a políticos, a activistas, a periodistas y a otros personajes.

También presenté estas reservas compañeras y compañeros, porque percibo débiles controles democráticos a la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir, la intervención de la Comisión Bicameral, no soy el primero que lo digo, es testimonial, en el contexto de esta legislación y si la intervención dela Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, de este, Congreso de la Unión, se plantea como la misma que establece la Ley de Seguridad Nacional, misma que quiero recordar, únicamente le otorga la facultad de solicitar y recibir informes, así como de emitir recomendaciones  al Consejo Nacional de Seguridad.

Y sigo recordando que no serían vinculantes, nosotros advertimos un riesgo, el riesgo de que la Comisión no contaría entonces  con facultades de contrapeso, con facultades de control democrático, pero realmente efectivos, que pudiesen permitir establecer límites a la actuación de la autoridad de seguridad nacional.

Es más, puedo sostener, por el contrario que sus atribuciones para acceder a la información se encuentran limitadas por el artículo 59 de dicho ordenamiento.

También solicité reservarme  varios de los artículos, Senador Presidente, porque me parece que la Ley de Seguridad Interior garantizaría que el Ejército siga indefinidamente en las calles haciendo labores que no le corresponden.

Permítame ir a detalle, desde hace años yo quiero recordar que hemos estado planteando muchos, en distintos sectores, la necesidad de trazar una ruta para que las Fuerzas Armadas   dejen de realizar actividades de seguridad pública, pero esta ley , compañeras y compañeros, lo quiero insistir, avanza en sentido contrario, permite la presencia indefinida delas Fuerzas Armadas en dichas labores.

Porque, insisto, lo subrayo, aunque la declaratoria de protección a la seguridad interior, tiene vigencia de un año, el Presidente de la República  en este contexto, en esta propuesta de legislación, podría prorrogar todas las veces que se le ocurriese y yo insisto que es falso que esta ley vaya a obligar a los estados a depurar a fortalecer sus instituciones policiales.

Yo creo que este es un tema que debemos de seguirle flexionando, porque no debemos olvidar compañeras y compañeros, que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligó a los ejecutivos de nuestras entidades desde el 2009 a la certificación de sus policías  y no cumplieron tan fue así que el Congreso que representamos tuvo que reformar dos veces más el artículo transitorio de esa ley, para ampliarles el plazo, porque dos veces no cumplieron con la certificación.

Quiero comentar, Senador Presidente, que hemos reconocido en varios momentos que el regreso de las Fuerzas Armadas a sus  cuarteles tiene que ser gradual, muchos aquí lo hemos comentado, pero pareciera que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados quieren seguir utilizando a las Fuerzas Armadas para que hagan el trabajo que ellos no han hecho.

Y yo vuelvo a preguntarme y les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo tendremos entones  cuerpos confiables, sobre todo si  contrastamos este planteamiento con el análisis de los  subejercicios de año tras año hay en los recursos presupuestales que se dedican precisamente a fortalecer  la seguridad de las entidades?

Por eso planteo con mucha responsabilidad que hay que exigirle al Presidente, que hay que exigirle a los gobernadores  a que asuman su responsabilidad y pongan un plazo para contar con instituciones policiales confiables para que las Fuerzas Armadas, insisto, dejen de realizar las labores que no le corresponden.

Y subrayo, para concluir, Senador Presidente.

Que no se pretenda engañar a la gente diciendo que esta ley es una exigencia de la sociedad, eso es falto, compañeras y compañeros, lo que la sociedad quiere lo hemos repetido varias veces a lo largo de los últimos días, es que el Estado cumpla con la obligación de garantizar seguridad.

Así como han sido buenos para prometer en campaña que van a otorgarle la seguridad a la ciudadanía, que entonces sean también buenos para cumplir.

La presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, con esto concluyo, no ha disminuido los niveles de incidencia; no ha disminuido los niveles de violencia en más de diez años. Por ello, el gobierno ya debiese tener claro, y nosotros también, que se debe cambiar de estrategia, y esta ley, lo tengo que volver a subrayar, esta ley, que está a punto de votarse, garantiza que sigamos con la misma estrategia que no ha resuelto la problemática, y es entonces cuando debemos reflexionar que debiese ser rechazada en su conjunto y convocar a este gran debate nacional para que podamos encontrar una estrategia que sí sirva para darle la seguridad que está planteando la mayor parte de nuestro pueblo.

Le agradecería que pudiese incorporarse al Diario de los Debates de manera puntual las reservas que presenté y que acredité debidamente ante esta Mesa Directiva.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con mucho gusto, Senador Benjamín Robles, le agradezco su participación.

Solicito, Senadora Secretaria, consulte a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas propuestas ampliamente por el Senador Benjamín Robles en la tribuna.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Benjamín Robles.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas al artículo 1, 5, 6, 15, 16, 21 y 26, todo esto en una sola intervención.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Antes de presentar mis reservas les platico una novedad.

Se acuerdan que les comenté que esta mañana antes de que empezáramos a discutir esta ley infame, ya Osorio Chong y Videgaray les habían anunciado a los Estados Unidos una reunión de seguridad con la plana mayor que esta ley se iba a votar, obviamente los felicitaron, yo creo que los invitaron también a cenar, porque al final de cuentas la ley vino de allá.

Pero ya terminada la reunión este par de nacionalistas, Osorio Chong y Videgaray, hacen declaraciones saliendo y dicen que “no nos preocupemos, que nos pueden patear del Tratado de Libre Comercio, lo que nos haría mal, lo hemos dicho, pero que en seguridad nos mantenemos firmes”.

O sea que los “patotus” norteamericanos, además de celebrar la nueva ley, les dijeron que no se preocupen que si el TLC se anula vamos a seguir obligados en materia de seguridad, son muy generosos, vamos a seguir matando aquí, vamos a seguir deteniendo todo lo que ellos ordenen, vamos a seguir dejándolos entrar para que tengan el control del país en materia de seguridad, son realmente una monada estos funcionarios norteamericanos y lograron los nacionalistas Videgaray y Osorio Chong lograron ese gran mérito, vamos a seguir siendo obligados a cuidar los intereses de Estados Unidos en México.

El artículo 1, lo hemos señalado ya todos, la norma del dictamen debe decir se siente por seguridad interior la preservación de los derechos humanos de los habitantes al interior del país en los casos de trastornos internos que los vulneren y de su defensa frente al fenómeno natural.

La seguridad interior, se ha dicho aquí y lo repetimos, porque esa es la gran trampa, la seguridad interior no es seguridad pública, dicen pues no tienen por fin la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad interior tampoco es seguridad nacional porque no conlleva a proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, preservar la soberanía, independencia nacionales y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, conservar el unidad del Estado, defender en legítima defensa al Estado respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y preservar la democracia.

El artículo 1 del dictamen es ambiguo, nunca define qué es la seguridad interior y sus diferencias con la seguridad pública y la seguridad nacional.

Si como dice el artículo 1 del dictamen, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, por qué no se modificó la Ley de Seguridad Nacional, como por aquí alguien lo decía del partido del PAN para alcanzar los fines que persiguen el dictamen, esa trampa y ese enredijo.

Tres. La seguridad interior sólo puede fundarse, lo hemos dicho, en cuatro artículos constitucionales, 1, 29, 89, fracción VI, y el 119 de la Constitución, o sea, suspensión de garantías.

La aberración jurídica consiste en considerar a la seguridad interior parte de la seguridad nacional porque así lo dice punto sin ninguna explicación, es para que indebidamente y tramposamente sostener la competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, el artículo 73 no le concede al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de seguridad interior.

Artículo 5. La norma del dictamen debe decir artículo 5 la aplicación de esta ley corresponde a las autoridades que prevén los artículos 29 y 119, párrafo de la Constitución, las que atenderán los procedimientos que estos preceptos establecen.

Justificación de la reserva.

El artículo 5 del dictamen viola los artículos 29 y 119 de la Constitución porque no sigue los procedimientos y salvaguardas que esas normas establecen.

Dos. La Ley Secundaria, como la que se pretende aprobar, no puede establecer autoridades y procedimientos diferentes a los que establece la Constitución.

Tres. El fundamento de la Ley de Seguridad Interior sólo puede ser jurídicamente la Constitución y no una norma de su misma jerarquía, como es la Ley de Seguridad Nacional.

El fundamento constitucional para cualquier Ley de Seguridad Interior son los artículos, repetimos, 1, 29, 89, fracción VI, 119 y 129 de la Constitución General de la República.

Artículo 6, justificación de la reserva.

El artículo 6 del dictamen confunde seguridad nacional con seguridad interna, seguimos en esa manipulación.

El artículo 6 del dictamen está regulando cuestiones que deberían, en todo caso, incluirse en la Ley de Seguridad Nacional, pero no en una Ley de Seguridad Interior.

Tres, el artículo 6 del dictamen es inconstitucional porque remite al Plan Nacional de Desarrollo, que es una norma administrativa, que no constituye una ley y que, por tanto, no es idónea constitucionalmente para determinar competencias de las autoridades.

El artículo 6 del dictamen violenta el principio de legalidad y el de reserva de ley.

Sólo a través de la Ley en Materia de Seguridad Nacional se puede establecer atribuciones que no por medio de lineamientos como establece, fijará lineamientos a los estados como si fueran sus superiores.

Artículo 15. La norma del dictamen, no leo la norma completa, como está establecida, la norma del dictamen debe decir:

Artículo 15. La seguridad interior se regirá por lo dispuesto en los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

Hemos dicho que es la única manera de que se dé esta truculencia.

Justificamos la reserva por lo siguiente.

El artículo 15 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 15 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin ningún sustento en la Constitución.

El artículo 15 del dictamen confiere atribuciones insólitas y absolutas al Presidente de la República.

Las determinaciones, acuerdos y las soluciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo.

Quinto. El Presidente del Consejo de Seguridad Nacional carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Artículo 16. La norma del dictamen debe decir: “se elimina justificación de la reserva”.

El artículo 16 y el dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 16 y el dictamen desarrollan procedimientos ad hoc sin sustento en la Constitución.

El artículo 16 del dictamen confiere atribuciones metaconstitucionales al Presidente de la República.

Cuatro. Son facultades propias de un dictador.

Cinco. Las determinaciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo.

Sexto. El Presidente carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Artículo 21. La norma del dictamen debe decir, no lo leo completo, justificación de la reserva.

El artículo 21 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos del artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 21 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin sustento de la Constitución.

El artículo 21 del dictamen no precisa con respecto a los derechos humanos, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiacas y armadas.

Cuatro. Las remisiones a otras disposiciones que se realizan son vagas, no garantizan la certeza.

Las acciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Respecto del artículo 26 del dictamen.

Justificación de la reserva, artículo 26 se elimina.

El artículo 26 del dictamen es inconstitucional porque las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, que son de carácter permanente, no son susceptibles de control constitucional, jurisdiccional o legislativo en violación, entre otros, a los artículos 14, 16, 17, 103 y 107 constitucionales.

No puede haber Estado de derecho si hay decisiones de autoridad que están exentas de control de constitucionalidad y de convencionalidad.

El artículo 26 instala en el país un Estado de suspensión de garantías permanente sin seguir los procedimientos del artículo 29 constitucional.

La norma pretende justificar el espionaje permanente en el país respecto a toda la población.

Es obvio que este dictamen y su contenido es constitucional integralmente, no es ningún marco para legalizar o para establecer condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, sea lo que sea, y menos en la seguridad pública.

Esta legislación es una total aberración, es verdaderamente monstruosa, es propia de una dictadura.

Solamente en la mentalidad de ésta que entendemos como una, realmente una actitud autoritaria, dictatorial se puede dar estas facultades al Presidente de la República con una capacidad omnímoda de manejar al Ejército a su antojo, como lo hemos señalado punto por punto, y permitir que las Fuerzas Armadas se instalen en todo el país y establezcan un riesgo brutal para la democracia de este país, como lo hemos visto en toda América Latina, en algunas etapas del Estado mexicano, y debe de rechazarse definitivamente, no es racional que ustedes, que van a votar a favor, establezcan esta monstruosidad al Estado mexicano.

Muchas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Bartlett.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse a discusión los razonamientos del Senador Bartlett, en relación a sus reservas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las reservas presentadas por el Senador Bartlett.

Quienes porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte a la Asamblea si las reservas presentadas por el Senador Manuel Merino Campos, son de admitirse a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas de reservas del Senador Merino.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan a discusión Presidenta

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra para presentar sus reservas el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa.

Compañeras, compañeros Senadores:

Podemos sonar reiterativos, pero es necesario hacer un esfuerzo más por generar conciencia, tantos organismos nacionales e internacionales, tantas personas, tantas personas no podemos estar equivocados. Hagamos un recuento, más de 240 organizaciones y más de 200 académicos expertos que conforman el colectivo Seguridad sin Guerra.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23 organismos estatales también en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional, universidades muy prestigiosas de nuestro país como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, como la Universidad Iberoamericana, entre otras, un colectivo de 40 doctores en derecho, provenientes de El Colegio de México, del CIDE, de la Ibero, del ITAM, de la UNAM, de la Universidad Anáhuac, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e incluso el Parlamento Europeo han expresado su total rechazo por la aprobación de esta ley de seguridad interior.

De esta larga lista de órganos e instituciones del sector público y privado, nacionales e internacionales, yo les preguntaría, que pudieran decirme, una sola organización civil, un solo colectivo, una ONG que esté a favor de esta ley.

Dígame una sola institución académica o alguna asociación, gremio o agrupación de juristas que hayan avalado los contenidos de este dictamen, díganme un solo organismo internacional que afirme que esta ley no transgrede los derechos humanos.

Ante un notorio y absoluto rechazo por los sectores ya mencionados es incongruente que quienes protestamos este digno cargo el 31 de agosto del 2012, hayamos olvidado guardar y hacer guardar la Constitución, y de no ser así, que el pueblo nos lo demande.

Demandas que han estado presentes durante todo el proceso legislativo de la que será considerada sin lugar a dudas una de las leyes con mayor rechazo en nuestra historia, pese a esto, y en congruencia con quienes nos exigen cumplir la ley hacemos la presentación de las siguientes reservas.

En primer lugar, proponemos en el artículo 2, hacer diferencia entre seguridad interior y seguridad nacional en los conceptos propuestos, ya que los fines de ambos tienen alcances y repercusiones distintos, situación que de mantenerse en su actual redacción generaría ambigüedades, falta de claridad y conceptos reiterados que invaden funciones y competencias, lo que generaría una terrible confusión en la posible aplicación de esta ley.

El dictamen propuesto no respeta en su artículo 2 definiciones ya establecidas en la norma general  que regula la seguridad pública.

Lo anterior refleja una gran premura por emitir una ley evidentemente inconstitucional.

El cuerpo normativo propuesto no es armónico en sus artículos 4 y 29, con otras disposiciones tal como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que debe existir un mínimo razonable que vincule la labor que se pretende regular con aquellos mecanismos ya establecidos y diseñados que se encuentran incorporados en dicha ley, la cual contiene definiciones, mecanismos y ejes de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública.

Por lo tanto, proponemos incluir definiciones y sujetarse a los lineamientos y mecanismos establecidos por la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública, para evitar duplicidad y contradicción de definiciones.

La redacción del artículo 7 no restringe de manera expresa que las Fuerzas Armadas realicen actividades de investigación de delitos, lo anterior generaría invasión de funciones en materia de investigación y la representación social, lo cual contraviene al artículo 21 de la Constitución.

Por ello proponemos incluir una restricción expresa para evitar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación delictiva que competen de manera exclusiva al Ministerio Público.

La redacción del artículo 31 exhibe autoritarismo y discrecionalidad para que instituciones de seguridad interior puedan acceder a la información considerada confidencial resguardada por autoridades federales, locales, municipales y organismos autónomos.

Esta situación atenta en contra de derechos humanos, instrumentos internacionales y el derecho constitucional a la protección de información personal y el debido proceso, previstos también en los artículos 6 y 14 de la Constitución, respectivamente.

Por ello, proponemos adecuar la redacción con el objeto de que todas las solicitudes de información por parte de las instituciones de seguridad interior sean acompañadas por un mandato judicial que fundamente y motive dicha actuación.

Asimismo, proponemos adicionar un Artículo Transitorio Sexto para que el Congreso de la Unión en un término de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto expiran las reformas correspondientes a la ley general que regulan la seguridad pública a fin de armonizar sus contenidos conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Interior.

Compañeras y compañeros Senadores, reiteramos, esta es una ley hecha al vapor, como otras tantas que han sido en perjuicio de la Nación, son los preparativos para la justificación de la represión social, el hostigamiento y la persecución, es una ley sin beneficio a la ciudadanía un intento de legalizar y dar continuidad a la fallida estrategia de seguridad implementada hace más de una década.

Es importante señalar que el problema de la inseguridad tal como se plantea y como ha quedado demostrado, no debe ceñirse únicamente en atacar la violencia con más violencia, si no que el problema debe atenderse de fondo, con políticas que busquen atender el origen de la inseguridad, es decir problemas tan evidentes como el desempleo, la gran brecha de desigualdad y la falta de acceso a la educación y sobre todo el combate a la corrupción y a la impunidad.

Desde esta tribuna reconocemos las relevantes funciones de nuestras Fuerzas Armadas, instituciones que, a nivel nacional, gozan con los mayores índices de confianza por parte de los mexicanos. Un cuerpo castrense que debe estar en óptimas condiciones para cumplir con su prioritaria tarea, la defensa de nuestras libertades, el cuidado de la soberanía nacional y de nuestra independencia, y no con las funciones que a partir de esta Ley se le pretenden dar.

Por su atención, muchas gracias.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas presentadas por el senador Rabindranath Salazar Solorio.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano

(La Asamblea  no asiente)

Quienes estén por que no se admita, favor de levantar la mano

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, tiene ahora el uso de la palabra para presentar sus reservas el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Adelante, Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidente. Con su venia.

Compañeras y compañeros:

Una de las observaciones que han hecho Organismos Internacionales de Derechos Humanos, Organismos Nacionales, la Sociedad Civil, y todos aquellos que coinciden con nosotros en que esta ley no va a resolver el problema añejo de la violencia en México, tampoco va a resolver el problema lacerante de la inseguridad que vive el país.
Sostienen que esta ley tiene muchas ambigüedades e imprecisiones.

Nosotros sostenemos, que al establecer parámetros para la actuación de fuerza de seguridad con la finalidad de no afectar derechos humanos o no utilizar medidas innecesarias o desproporcionadas, es necesario determinar normativamente, con toda precisión los medios, métodos, objetivos, límites, sujetos intervinientes, y condiciones de determinación de las operaciones. Todo esto está exento en las definiciones que esta ley tiene.

Al tener estas ambigüedades, lo hemos dicho con mucha claridad, se expone al gobernado a que sea víctima del abuso que se da en la interpretación de una ley que se presta para todo.

¿Por qué lo reprimiste?

¿Por qué aplicaste la fuerza letal en contra de los manifestantes? Por una sencilla razón, será la excusa, porque representaban un riesgo y una amenaza para la seguridad interior.

Este argumento, este argumento será suficiente para que en México se den situaciones que lamentar, y el que las ejecute será protegido por la ley, y concretamente por el artículo 2 y 4 de la misma.

La ambigüedad es peligrosísima, porque expone a los gobernados a la arbitrariedad, producto del desconocimiento o producto de una mala interpretación de la ley.

El artículo 3 y el artículo 9 no consideran un elemento que es esencial en cualquier ley, el tema de la transparencia, porque todo lo remiten a que la actuación de esta ley y su aplicación será de carácter de seguridad nacional, y si tiene ese carácter que se encuadra en este concepto, entonces será obligatorio que no se informe absolutamente a nadie.

¿Qué dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 108, párrafo segundo?

Como concreción legislativa de ese mandato constitucional: “En ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información”. Esto significa que queda prohibida la clasificación automática y a priori de la información.

A los que van a votar hoy esta ley a favor, están impulsando con toda premeditación, alevosía y ventaja, que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho de México.

El artículo 28 plantea parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas para realizar actividades policiales.
Entiéndanlo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Nuestro Ejército no fue preparado para actividades policiales, y el hecho de que se reemplace criterio de seguridad pública por métodos militares, sin duda que va a incrementar en grado significativo la letalidad de las operaciones y la violación de derechos humanos. Lo seguimos sosteniendo.

Por su propia naturaleza, nuestras Fuerzas Armadas no están entrenadas para actividades policiales, que son básicamente preventivas, disuasivas y de contención de la acción delictiva.

El adiestramiento militar no está encaminado como el policial a reconstruir el tejido social, sino a solventar amenazas de la manera más precisa y definitiva posible.

Por eso, por estas razones les pedimos, compañeros Senadores, compañeras Senadoras que el artículo 2, 3, 4, 9 y 28 sean desechados del dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si las reservas hechas por el Senador Demédicis a los artículos 2, 3, 4, 9 y 28 son de aceptarse a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Fidel Demédicis.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila para referirse a los artículos 4, 6, 8 y 32.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

El rechazo social a la Ley de Seguridad Interior se sustenta en la desconfianza hacia el Gobierno Federal, quien durante sus cinco años de gestión se ha caracterizado por actuar a través de mentira, de engaño, flagelando con cada decisión los derechos humanos de la población.

Ante una inminente militarización del país, la ciudadanía no puede confiar en las promesas y los buenos deseos del Gobierno Federal.

La palabra empeñada no sirve de nada, porque de antemano saben que detrás de esos compromisos se encuentra la mentira y la traición.

La disyuntiva para la población es difícil, porque el Gobierno Federal únicamente le propone una solución: legalizar la presencia del Ejército en las calles, de ahí que la población tenga que optar entre vivir en medio de una guerra sin cuartel o aceptar la restricción de derechos en pro de una supuesta pacificación del país.

Lamentablemente estos son los dos escenarios que plantean la aprobación o no de este dictamen. Por ello, quienes nos oponemos a esta ley estamos convencidos que la salida no será mantener a los militares en la calle, y que el Gobierno Federal debería ser capaz de replantear su estrategia de seguridad, aunque el sentido de mi voto en lo general ha sido  en contra, frente a una mayoría ajena a las demandas sociales es necesario corregir en lo más elemental el proyecto de dictamen para que la afectación a los derechos de los ciudadanos sea con el menor daño posible.

Y en este sentido vengo a presentar  reserva a los artículos 4, 6, 8 y 32 del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

En cuanto al artículo 4 del proyecto de dictamen, se propone en primer término precisar sobre la declaratoria de protección a la seguridad interior que la misma deberá tener lugar no sólo ante amenazas, sino también para contener y reducir los riesgos de seguridad interior.

Lo anterior, con la finalidad de aclarar en la definición que el mandato que habilita la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior es necesario para riesgos y amenazas a la misma, puesto que si no se contemplan los riesgos se dejaría al arbitrio y la discrecionalidad  la intervención en los casos de tal naturaleza, como lo precisa la fracción III del artículo 4 del proyecto.

El riesgo contra la seguridad nacional es una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza, por ende, las acciones dirigidas  a contenerlos y reducirlos, debe realizarse con apego a un mandato expreso, como lo sería la declaratoria de protección.

En este sentido, el objeto en esta reserva se ciñe a modificar la fracción IV del artículo 4 del proyecto de Ley de Seguridad Interior con la finalidad de que la declaratoria de protección a la seguridad interior sea necesaria para habilitar la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas en la realización de acciones que contengan y reduzcan también los riesgos y no únicamente las amenazas.

En cuanto a las reservas al artículo 6, se propone modificarlo en razón de que su redacción actual permite que las autoridades federales incluidas las Fuerzas Armadas en el caso de riesgos actúen sin necesidad de que medie la declaratoria de protección, según   a través de políticas, programas y acciones para identificarlos, prevenirlos y atenderlos.

Sin embargo, es oportuno considerar seriamente que no puede ni debe permitirse se actúe en la discrecionalidad y sin previo mandato, por tanto la modificación al artículo 6 consiste en aclarar que para la implementación de las políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos a que se refiere la Agenda Nacional de Riesgos, deberá mediar previa declaratoria   de protección a la seguridad interior que habilita el despliegue de tales acciones.

En cuanto a la modificación propuesta al artículo 8 de la presente minuta, se justifica en razón de una serie de contradicciones que contiene dicho precepto en el marco de los derechos humanos y el texto constitucional, dicha contradicción estriba en el hecho de que el artículo 9 constitucional no limita el derecho a la movilización y la protesta social a temas político-electorales, pues solo establece como únicos requisitos que éstas sean con fines lícitos, por lo tanto, en los términos en que ha sido aprobado la minuta, abre la puerta a que las movilizaciones y protestas de otra naturaleza sí puedan ser consideradas amenazas a la seguridad interior, situación que la luz de la doctrina y del texto constitucional representaría una violación a los derechos humanos.

Por otro lado, si bien, el texto del artículo 8 del presente dictamen pretende salvaguardar el derecho a la protesta social, cuando se trate de motivos                   político-electorales bajo el análisis, el cuerpo de la ley propuesta, dicha acción simula una simulación, ello en razón de que el mismo ordenamiento define y distingue lo que debería entenderse como amenaza a la seguridad interior y riesgo a la seguridad interior.

Luego entonces, la forma en que se encuentra redactado el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas federales y de manera preocupante, las fuerzas castrenses pudieran intervenir para la desmovilización de protestas sociales, incluso aquellas que fueran en materia político-electoral, toda vez que si son consideradas como un riesgo para la seguridad interior sería  materia de intervención.

Bajo estas consideraciones se propone al Pleno de este Senado de la República, modificar el artículo 8 del presente dictamen para armonizar su redacción con el texto del artículo 9 constitucional, así como para asegurar que las movilizaciones de protesta social, bajo  ninguna circunstancia  sean consideradas como amenaza de riesgo a la seguridad interior.

Y, finalmente, se propone modificar  el artículo 32 del dictamen, a fin de que la facultad de control por parte del Congreso de la Unión se adecúe conforme a lo descrito en la Ley de Seguridad Nacional.

Pido a la Presidenta, pueda ser incorporado el texto íntegro de las reservas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Le pido a Servicios Parlamentarios, incorporar el texto íntegro al Diario de los Debates.

Consulte la  Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse  las reservas 4, 6, 8 y 32 para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador  David Monreal.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

 La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias.

Le pido a la Secretaría también someter a la consideración de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas planteadas por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, que son de los artículos 4, 27 y 33.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora María del Pilar Ortega.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Al no encontrarse, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si son de aprobarse las reservas a los artículos 4, 29, 30 y 31, para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión las reservas presentadas por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte a la Asamblea si son de aprobarse las reservas hechas por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés a los artículos 5 y 11 para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de reservas presentadas por la Senadora María del Rosario Guzmán.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantarla mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

No se encuentra en el recinto, favor de consultar  la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión  las reservas hechas a los artículos 5, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28 y 30.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Luis Humberto Fernández.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admiten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión las reservas, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte ahora la Secretaria a la Asamblea si son de aceptarse a discusión las reservas hachas por la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, a los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20 y 26.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Sylvia Martínez.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Someteremos ahora a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas a los artículos 6, 18 y 33, hechas por la Senadora Andrea García García.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Andrea García.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra, para preservar reservas a los artículos 8, 9, 10 y 31, la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidenta, le pido que se abra el tablero electrónico para que se vote mis reservas. Aquí estoy, yo no he salido en todo el día, me fui aquí a buscar mis papeles para estar aquí presentable, para estar con ustedes, le pido que cinco personas, cinco compañeros, todo el día he estado aquí, entonces ya regresé para estar presente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Es usted apoyada por cinco compañeros. Se abrirá el tablero electrónico, Senadora, adelante, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: Ya están cinco personas. Gracias.

Bueno, como decía el Senador Bartlett que más estaba yo escuchando ahí su intervención, hoy estuvieron en Washington ya presumiendo además la ley, aparte de que no importa que no haya Tratado de Libre Comercio y que aquí en materia de seguridad estamos firmes para servirles y seguir recorriendo la frontera, el muro de Trump hasta la frontera con los centroamericanos para que no los molesten, no los perturben a ellos, que aquí se queden los muertos, aquí se pongan las cruces.

Pues también fueron a presumir que ya estaba aprobada esta ley, ni habíamos empezado a votar, para que vean cómo los conocen de bien, y aplausos.

Yo no sé cómo se sentirán aquí las Fuerzas Armadas, pero yo que ellos le pediría a Peña Nieto que no promulgue esta ley, los están usando, los usan como coartada por su incapacidad, por haber renunciado, y esto es insólito, nunca un Presidente de la República había renunciado a una responsabilidad fundamental que es la de la seguridad pública.

Y él lo hizo porque aquí le revuelven y que seguridad interior, hay matices, todo son artilugios que se usan.

Y creo que, ¿cómo dice compañero? No le puede pedir que se siente, por favor, porque me interrumpe, no sé si me está hablando a mí, es que habla muy fuerte.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Continúe, Senadora, por favor. Les pido a los compañeros y compañeras que pongan atención.

Continúe, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: En el artículo 8 aquí vinieron a decir, no tiene que ver contra las protestas y las movilizaciones sociales, le quitaron lo pacífico, pero no le quitaron la discrecionalidad de que deben ser apegadas a la Constitución, quién va a decir si son apegadas a la Constitución.

Y decía aquí el señor Alejandro Ramos, el orgulloso según ellos autor de esta iniciativa del jurídico de la Sedena, que si en una manifestación avientan dos petardos y Peña les dice: “vaya” pues allá Peña, porque ellos le tienen que entrar, así de delicado.

Este es  un artículo que debe eliminarse, punto, no hay discusión, no hay más, las movilizaciones y las protestas sociales no son motivo de seguridad interior. Por lo pronto, el artículo 8 no debe estar, y eso creo que ya no deberíamos de seguir insistiendo.

En el artículo 9 que aquí confunden siempre seguridad interior con seguridad nacional, y esta reserva de información que se reserve sistemáticamente, tendrían que acreditar cuál es el daño; no, aquí sencillamente no van a informar, la información que se genere, dice el artículo, con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, todo va a ser considerado de seguridad nacional, no habrá escrutinio público, y creemos que la información que se genere con motivo de esta aplicación se regirá por el principio de máxima publicidad, eso es lo que debe de decir la ley.

¿Por qué encubrirlos, que se escondan, que no rindan cuentas? Hoy se viene uno a este debate, te vas informando y ves hasta qué punto han llegado las Fuerzas Armadas sin que nadie nos demos cuenta, como una isla.

En el Ejército ellos no estaban supervisados por la, y es la única institución que no supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hasta hace poco, hasta hace unos años, todo el dinero que se le quitaba a la delincuencia organizada, fíjense, iba al Banjercito, y cuando nos dieron cuenta todo el dinero si se le quitó a Salinas, todo ese dinero fue al Banjercito.

Entonces, los directores se les trata de una manera excepcional y cuándo han escuchado ustedes que se publique alguna observación de desviación de recursos de Sedena y de Semarnat por la Auditoría de la Federación, pues nunca.

Y resulta que como Peña se compró su avionzote, también el Secretario de la Defensa se compró el suyo, y no rinden cuentas, y mucho respeto, y yo creo que eso los hace más respetables, el día que den cuentas a la ciudadanía.

Yo le decía a una persona que trabaja con el Secretario de la Defensa, se vestiría de luces si un día viene aquí así con sus barras y sus estrellas viene aquí a rendirnos cuentas, como lo hacen el Senado de los Estados Unidos y con toda sencillez, creo que el respeto que provocaría dejaría un precedente y sería tratado con toda la amabilidad y la consecuencia de un acto que sembraría, dejaría un hito histórico.

Yo creo que no podemos seguir solapando, en este país todos tenemos que rendir cuentas y eso nos lo debemos de grabar.

Y aquí yo lamento mucho que el Inai, cuando vino, vinieron aquí los organismos que les dieron unos momentos para hablar, el Comisionado Francisco Javier Acuña traía un documento que hizo el colectivo del Inai muy bien hecho, donde ellos no estaban de acuerdo con este principio, pero apenas habló, y miren que no le habló muy fuerte ¿eh? Pero dijo don Alejandro Ramos que esto no podía ser porque se cambia la redacción y no se iba a devolver a la Cámara de Diputados, y, entonces, el señor Comisionado se empezó a encoger y encoger y se hizo chiquito, y entonces terminó diciendo, y les voy a leer un párrafo para que vean qué clase de Comisionados tenemos, y eso que es un organismo autónomo.

Entonces le contestó así ya muy débilmente: “pues mire sí el fraseo sonó para muchos, vamos a decir, repito, en la idea de que pudiera suscitar una impresión que todo en extenso cuanto motivara la información que se  motivara con motivo de la aplicación de la ley todo podría tener una desembocadura en la reserva”.

Pues se le entendía mejor a Cantinflas.

¿Díganme si entendieron algo?

¿Cómo puede nuestro Comisionado del Inai venir a hablar de esta manera en lugar de defender los puntos de vista, además de los siete integrantes del Inai?

Esto es vergonzoso, pero se ponen a temblar, entonces yo nada más  me pregunto hasta dónde se va a llegar.

Y, miren, cuando se violente el principio de máxima publicidad da lugar a un régimen autoritario, entonces esto tiene que ser modificado.

Y en lo que es el artículo 10, que también aquí mi compañera Dolores Padierna fue muy precisa, esta materia en materia de seguridad interior queda excluida, lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, o sea, pues a ellos no se les puede sancionar.

¿Pero saben qué me preocupa? Que como no se consideran servidores públicos a ellos no se les puede responsabilizar de desapariciones forzadas, y si alguien preocupa que puede ser autor de desapariciones forzadas es precisamente el Ejército.

No, pues ahí no los tocan, entonces que desaparezcan a los que quieran y ni quien les pregunte porque no estarán obligados.

Yo creo que esto es también muy grave y que la ley supletoria en la materia de Seguridad Interior debe ser la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, eso es lo que estamos proponiendo.

Aquí se violan los artículos 14, 16, 17 de la Constitución, aquí se violan, ya ni les importa cuántos artículos, ni los han contado, pero no, aquí juran que no se viola, que todo es maravilloso, y no nada más sigo ya con el 31 para continuar con el rito de que a ver quiénes están de acuerdo, y nadie está de acuerdo y no se hace nada, ya todo está hecho desde allá arriba y hay que seguir la línea.

En el artículo 31, eso también parece muy delicado, y lo decía yo hace rato, los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requiera las autoridades, o sea, que pues se acabó la confidencialidad del Padrón Electoral, del secreto fiscal bancario, ministerial, ellos pueden preguntarles a todos y podrán también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las locales cuando aún se trate de víctimas que se sienten agredidos por el mismo Ejército.

Ellos tendrán que dar la información, esto me parece muy delicado.

Pero saben, ya aquí para terminar y ya empiecen a votar y regresen todos de sus camas, yo nada más pienso, Peña Nieto en estos momentos, y eso me preocupa muchísimo, es un hombre que está lastimado en su orgullo, que se siente despreciado por la mayoría del pueblo mexicano, que ha sido descubierto en sus fechorías, y que creo que esta ley, pues es el alarido de una fiera herida.

Y cuando la fiera está herida y hay tanto veneno y tanta amargura se es capaz de hacer cualquier cosa, de acabar con todo con tal de escapar con vida, y eso es Peña Nieto, es una fiera herida.

Cuidado con esta ley todavía va a dar motivos de qué hablar y de qué discutir.

Y aquí como un reclamo muy respetuoso a los señores Secretarios de la Defensa y de Marina, cuando López Obrador propone a discusión, esto está a debate y se tiene que abrir, y deja muy claro, y aquí lo explicó el compañero Blázquez de una manera muy precisa, cuando habla de la amnistía considerando a las víctimas un doctor decía: ¿de qué se asustan, se vale proponer estrategias de paz?

No está esto aprobado de ninguna manera, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, pero por qué no, son propuestas innovadoras de las que nadie habla.

Se persignaron y entonces ahí a cada uno le dan el micrófono y salen los partidos políticos, bueno, están haciendo su juego, pero que salga el Secretario de la Defensa y el de la Marina a criticar, por favor, en tiempos electorales, inmiscuyéndose en los procesos electorales, ¿cuándo lo habíamos visto? Se manejaban con una absoluta discreción, y esto es un reproche.

Que sea, y le pedimos que sean cuidadosos, o qué también en eso tienen que recibir órdenes, ellos no están para hacer política, “zapatero a su zapato”.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por diez minutos, para conocer si se aceptan a discusión las propuestas de modificación que fueron ampliamente explicadas por la Senadora Layda Sansores, a los artículos 8, 9, 10 y 31.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora, Presidenta.

Se emitieron 25 votos a favor; 69 votos en contra y una abstención.

Por lo tanto no se admite a discusión las reservas presentadas por la Senadora Layda Sansores.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, tiene ahora el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco para referirse al artículo 15.

Consulte la Secretaria a la Asamblea si es de admitirse a discusión la reserva hecha por el Senador Morón, al artículo 15.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Raúl Morón, quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

No se admite a discusión Presidenta.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, consulte ahora a la Asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva al artículo 20 planteada por el Senador Alejandro Encinas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Alejandro Encinas.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita a discusión, favor levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Presidenta.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana, para presentar su reserva al artículo 26.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, Presidenta Senadora.

Compañeros.

La retirada de las Fuerza Armadas en el combate al crimen en estos momentos conllevaría un enorme riesgo de provocar un vacío de poder que sería aprovechado sin duda alguna por los grupos delincuentes.

Hoy por hoy, la presencia de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina es imprescindible en donde hay una alta incidencia delictiva.

El regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles únicamente es posible si éste se realiza de manera gradual, georreferenciada y de manera paralela al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública civiles, para qué, si en un retiro gradual de las tropas haya una cobertura inmediata de otros cuerpos de seguridad en el estado o región correspondiente.

Una vez que sea atendido la amenaza o riesgo, la salida de las Fuerzas Armadas de la zona geográfica en la que se encontraban tendrá que ser planteada, coordinada, ordenada y paulatina.

Por lo tanto, propongo se adicione un artículo transitorio a la ley que estamos analizado.

Para dar certeza, qué pasaría si en estos momentos el ejército está en algún estado a petición del gobernador o el Presidente de la República decidió que estuvieran en esos momentos, y la declaratoria de procedencia el Ejecutivo considera que no es procedente y que deben de actuar las civiles.

No le puede ordenar de un día para otro o en un mes la salida de los miembros del Ejército que se encuentren en estos momentos.

Por eso es que propongo que en el transitorio se especifique  muy claramente que una vez atendida la amenaza que dio origen a la declaratoria, la salida de las Fuerzas Armadas sea gradual, paulatina y temporal, y realizada, siempre esto, en coordinación con las autoridades locales.

Es la única forma de dar certeza de que no saldrán, de un día para otro, generando un vacío, que seguramente podría ser llenado por la delincuencia organizada.

Por lo tanto, solicito se considere esta reserva.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la reserva del Senador Santana al artículo 26 y la adición al Transitorio Quinto.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador José de Jesús Santana.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo para presentar reservas a los artículos 32 y 33.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenos días.

Compañeros, compañeras:

Se plantea esta estrategia como una única opción, como si no hubiera otras posibilidades qué hacer para mejorar la seguridad de los mexicanos, y la verdad es que se ha fallado en muchos aspectos, en muchos sentidos.

No se ha hablado aquí, por eso quise subir, en esta reserva, de la ineficacia del gasto en seguridad.

Este país ha hecho un esfuerzo extraordinario por destinar, en los últimos diez años, cada vez más recursos a la seguridad pública.

En el 2006, el gasto en seguridad representaba el .8 del PIB, hoy tenemos el 1.3 del PIB.

Pasó un presupuesto anual de 139 mil millones a 277 mil millones, el doble de lo que se gasta.

La Secretaría de la Defensa, de 40 mil millones a 74 mil millones.

La Secretaría de la Marina, de 13 millones a 34 mil millones.

La Secretaría de Gobernación, de 22 mil millones, en el 2006 a 83 mil millones en el 2016.

Hay una gran cantidad de recursos que se están destinado a seguridad, y sin embargo, no tenemos mejor seguridad.

Y ¿Por qué es esto? Porque no estamos evaluando el gasto en seguridad pública, no hay una estrategia integral que se siga a nivel nacional, estatal, municipal y Federación que vaya fortaleciendo las capacidades de nuestras policías.

Sabemos que cuando hay recursos adicionales, a veces se compran patrullas o camionetas sin tener los suficientes policías.

Y lo que es peor, buena parte de estos recursos son gastados de manera discrecional y secreta, porque se aprovechan las cláusulas de excepción de la Ley para Licitar, de Licitaciones Públicas, se aprovecha la excepción de que es una cuestión de seguridad para que se haga una asignación directa y no haya transparencia sobre este gasto.

¿Cuánto dinero, de esto, se está yendo al caño de la corrupción?

Tenemos que evaluar el gasto en seguridad pública.

Yo he presentado ya aquí, en otras ocasiones, que modifiquemos las facultades que tiene Coneval.

A México les costó mucho trabajo, y muchos años, y muchos esfuerzos entender qué instrumentos funcionan, de manera efectiva, para disminuir la pobreza, y qué instrumentos no.

Tenemos ahora el Coneval, sabemos cada peso que se gasta contra la pobreza dónde va a resultados y dónde no.

Tenemos que hacer esto en seguridad, tenemos que darle esas capacidades al Coneval para que a la vuelta del tiempo podamos saber en qué nos conviene invertir más.

Les doy un último dato: 130 millones de pesos en capacitación para mejora de los policías, y no tenemos mejora.

La verdad es que no hemos formado policías. El sexenio de Calderón nos dejó 36 mil policías federales, mismo número que tenemos a la fecha, y esto resulta grave porque hay, de los 2 mil 440 municipios en el país, 800 no tienen policías; mil 440 municipios, la policía no llega ni a 100 elementos, y el 40 % de los policías ganan 5 mil pesos.

Tenemos seguridad en México de policías de 5 mil pesos. No podemos tener seguridad de primer mundo cuando le pagamos 5 mil pesos a los policías.

Por supuesto que esto tendría que mejorar antes de recurrir a la estrategia de la militarización.

Otra opción que tenemos y que no aprovechamos, y que aquí discutimos, y que los conservadores y prejuicios no dejaron avanzar.

La política de drogas. Estamos metido en esto por la política del prohibicionismo, por la guerra contra las drogas, que claramente estamos perdiendo.

No se atrevieron a avanzar en probar algo distinto. Les resulta más fácil la militarización del país, con todos los riesgos que ello lleva, que despenalizar el cannabis y otras drogas para quitarle el valor del mercado al narco y su poder corruptor.

El prestigio internacional de los narcotraficantes mexicanos, nos dice Sergio González, es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen organizado.

Mientras el gobierno efectúa detenciones y decomisos, aumenta la violencia, la inseguridad y los negocios ilícitos.

Los cárteles mexicanos operan en 38 países: en Europa, África y Medio Oriente, y es motivo de alerta de seguridad nacional en España, Alemania e Italia.

Nadie ha hablado en esta larga jornada de las víctimas más lamentables de esta guerra, son los jóvenes.

La principal causa de muerte entre los jóvenes de 20 y 25 años, en nuestro país, es el homicidio.

El gran fracaso de esta política se refleja en un solo indicador: que esta generación de jóvenes tiene una esperanza de vida menor a un año de la que tenemos nosotros.

La esperanza de vida en los países sólo cae en las guerras o cuando hay grandes pestes o enfermedades.

La guerra contra las drogas en México les está quitando la esperanza de vida a nuestros jóvenes.

A mayor presencia debería haber mayores controles, de eso se trata esta reserva, un mayor  despliegue militar que es lo que va a ocurrir, debería tener un mayor peso en los controles del Congreso, una mayor transparencia  y de los derechos humanos.

Quiero recordar aquí, y con esto termino, les quito dos minutos más, en mayo de este años invité a Sergio González Rodríguez a que presentara este libro aquí, “Campo de Guerra” en el Senado mexicano, Sergio se nos fue este año, pero  nos dejó grandes recomendaciones, en qué hacer en materia de seguridad pública, grandes  reflexiones de hacia dónde estaba moviéndose nuestro país.

Quiero terminar esta jornada recordando a Sergio González y que reflexionemos sobre sus palabras, decía Sergio: “el Estado, el gobierno y las clases dirigentes se niegan a modificar su mentalidad mientras las crisis escala a mayores grados de violencia”.

La mentira acerca de que tal violencia es producto de lo efectivo de la ofensiva gubernamental cae por su propio peso.

Lo peor reside en que con el pretexto de una estrategia herrada, la sociedad policial militarizada se normalice hacia el futuro en la vida pública y privada, surge la máquina bélica como signo adicional  de la involución hacia el futuro.

La corrupción del narcotráfico se ha implantado en México a través de los organismos encargados de la defensa de la ley u la procuración de justicia, de las áreas de inteligencia del Estado,  de la milicia y las policías, de los gobiernos de los estados, de la Federación, de los partidos políticos, el sistema judicial, el capital y el sistema bancario y financiero.

Nunca tantos padecieron por tan pocos.

Minimizar los problemas ahora y hacia el futuro sólo implica la ruta de la mentira y la defección, facilita la perpetuidad de la máquina de la guerra y su contraparte, la máquina criminal, sus consecuencias seculares.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas a los artículos 32 y33 planteados por el Senador  Mario Delgado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantarla mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión Presidente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Toca ahora el turno  a las comisiones dictaminadoras, una modificación al artículo 1.

Favor de leer la Secretaría la modificación que está siendo planteada  por comisiones.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta  presentada por las comisiones.

El artículo  1. Dice: la presente ley es de orden público, de interés general  y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia  de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad  interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como  establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios en la materia.

La propuesta es como debe decir, doy lectura.

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción  XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de seguridad interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservarla seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación las entidades federativas y los municipios  en la materia.

En tanto el cambio consiste en sustituir los Poderes de la Unión por la Federación, en eso consiste la reserva.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por las comisiones.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión la reserva presentada, Senadora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ahora consulte a la Asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se acepta la reserva presentada.

Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la reserva presentada y se aprueba  Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Aprobada.

Al haberse agotado la discusión de todos los artículos reservados, háganse los aviso  que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, con fundamento en el artículo 98 del Reglamento.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de lo siguiente: 

La denominación de la ley en los términos del dictamen.

El artículo 1 con la modificación que fue aceptada.

Y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 34, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 y 34 y de los Transitorios Primero Segundo, Tercero Cuarto y Quinto  en los términos del dictamen.

Ábrase el sistema electrónico.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Revise, por favor, Servicios Parlamentarios el tablero que no está bien.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Palafox.

Presidenta, se emitieron 71 votos a favor; 34 votos en contra y tres abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado el proyecto de Ley denominada Ley de Seguridad Interior.

Queda aprobado el artículo 1 con la modificación que fue aceptada.

Y quedan aprobados los artículos y quedan aprobados los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, y los Transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo  general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto del decreto.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Sonia Rocha, a favor.

Presidenta, se emitieron 98 votos a favor; 9 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Recibimos en Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, Presidente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.

Tiene la palabra para su intervención el Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Quiero saber si es pornografía infantil o pornovenganza, porque está confundida la situación a estas horas de la mañana.

¿Es pornovenganza?

Digo, ¿cómo está el dictamen?

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Es correcta la apreciación que tiene, Senador, es pornovenganza.

¿Va a participar?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Sí voy a participar, trataré de ser breve.

Con su voto a favor de este dictamen la legislación mexicana da un salto importante en la protección de los ciudadanos en la red, este es un delito moderno, esto sucede cuando una persona comparte contenido íntimo de otros por medio de comunicación, incluidos los digitales.

Aunque en un principio no les parece a unos un gran problema, la realidad es que vulnera enormemente a quienes son víctimas, y está sucediendo mucho últimamente con la situación digital.

Esto sucede a miles de personas en México y arruina sus vida, su entorno familiar se ve afectado, sus amigos miran diferente, hablar por detrás y comparten el contenido, que eso es muy malo.

Los compañeros de trabajo vulneran, critican, por tonta, se debió haber cuidado, dicen.

Muchos ni siquiera sabíamos que existía, ahora son participantes de la red, no hay manera de detenerle, nadie lo entiende, y cuando se deciden, salgo y renuncian, se encuentran con la incomprensión, no es un delito, algunos dirán que son simples problemas de pareja.

Entonces ante el acoso de muchas personas terminan tomando decisiones drásticas, huyen a otro lugar, se cambian de nombre, acaban con sus relaciones, e incluso, en el peor de los casos, hasta sucede el suicidio.

Esto es la porno venganza, Senadores y Senadoras, cuando personas comparten imágenes o grabaciones insinuantes o sexuales a su pareja y amigos, y estos a su vez divulgan a terceros cediendo el contenido sin el consentimiento de los afectados.

Pero no sólo sucede entre parejas y no sólo sucede por una reacción vengativa, también se puede dar por medio de hackeo, como sucedió hacer un par de años con el famoso Celebre gay, cuando se divulgaron cientos de fotos de actrices de Hollywood en la intimidad.

La persona despechada que comparte porque lo dejaron, la que lo virilizan porque fueron engañados, los que publican para obligar a que vuelva, los que comparten por bromear, los que divulgan para controlar a otra persona, o los que amenazan por subir el contenido si no les entregan alguna cantidad de dinero.

No perdamos de vista que el 90 % de los afectados de este delito son mujeres.

Según la Policía Cibernética de la Ciudad de México existen más de dos mil sitios de este tipo de contenido, y 424 se concentran en la divulgación de estos materiales, esto es muy grave y sigue subiendo.

En 2016 se reportaron más de 300 denuncias, como la afectación de la imagen, daño moral o acoso.

¿Pero cómo se denuncia ante un Ministerio Público sin personal calificado y jueces que no tienen los elementos legales para perseguir este delito?

Ya no podemos perder más el tiempo, ya vamos tarde.

La primera ley en el mundo sobre este tema fue en New Jersey en el año de 2003, ahora hay leyes contra la pornovenganza en California, Maryland, Nueva York, Brasil, España, Chile, Reino Unido y Japón.

Quiero hacer énfasis de que no se puede culpar a las herramientas digitales de las conductas que algunas personas tienen.

Aquí de lo que se trata es de inhibir la conducta haciendo que a quienes se le ocurra violentar la confianza compartiendo contenido íntimo de otros en la red se le castigue hasta con tres años de cárcel, y también para los que son víctimas se les haga justicia.

Por ahora, a quien divulgue sin consentimiento, autorización alguna fotografía, imagen, audio o video del contenido sexual de una persona con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad, se le sancionará con una pena de prisión de seis meses a tres años, y de 200 a 2 mil días de multa.

La pena se aumentará hasta la mitad cuando la víctima fuera menor de 18 años o se trate de persona que no tiene la capacidad de comprender el hecho o que no tenga la capacidad de resistirlo.

Los medios de comunicación, incluidos los digitales que hayan hecho públicas dichas imágenes o grabaciones, deberán eliminarlas inmediatamente a petición de la persona afectada ante el Ministerio Público de la Federación o a la autoridad judicial en un plazo no mayor a doce horas a partir de la solicitud porque si no se sigue divulgando y se sigue difamando a la gente.

Por último, quiero reconocer el magnífico trabajo de la Comisión de Justicia, a la Senadora Pilar Ortega, a sus colaboradores en la comisión, también a la Senadora Ivonne Álvarez, al Senador Gamboa y al Senador Romo por su ayuda.

De la misma forma hago un reconocimiento a la Asociación de Internet, en particular a Google de México que hizo aportaciones atinadas y, por supuesto, a la Procuraduría General de la República que colaboró en afinar el tipo penal para que esto fuera viable.

Muchas gracias a todos por su atención.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.

En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Presidenta, se emitieron 108 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos  de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Recibimos de la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de ataques a la intimidad y dignidad personal.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se  integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidente.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama:   Presidenta, se emitieron 103 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo único, y el Título Tercero Bis. Se adiciona un capítulo II al título tercero Bis, y un artículo 149 Quáter del Código Penal Federal.

Se remite a la Cámara de Diputados para  los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Al inicio de la sesión dimos la primera lectura del dictamen de las Comisionéis Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General  de Vida Silvestre, en materia de mamíferos  marinos.

Voy a solicitar  a la Secretaría consulte a  la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de dicho dictamen  y se ponga a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, les pedimos de favor que  lo manifiesten de la forma acostumbrada.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, les pedimos de igual manera que lo manifiesten levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo Presidenta, que sí se dispensa la segunda lectura.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Buenos días, compañeros.

Voy a ser breve, les quisiera pedir que dejáramos la discusión de este dictamen para otro momento porque nos merecemos una ley de bienestar animal bien analizada, que se hagan foros, que opine los expertos., no me parece correcto que traten de meter este dictamen a esta hora del día, hay que escuchar a todos los actores a los cuales les concierne esta modificación que se pretende hacer, al menos el estado que yo represento, en Quintana Roo, estamos en total desacuerdo, y en muchos estados de la República.

Sabemos que esto no es así, y quisiéramos que se discuta con más seriedad, no a esta hora de la mañana, afectando a tantísimas personas.

Estamos a favor de una Ley de Diversidad Animal, pero una buena, bien hecha, y no una que se presenta a esta hora, una modificación que se presenta a esta hora afectando a tantísimas personas que también tiene derecho a hacer uso de la voz.

Yo quisiera pedirles, por favor, que lo analicemos en otro momento. No es correcto esto que se está haciendo en este momento.

Vamos a hacer una buena Ley de Diversidad Animal, por favor.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Alguna otra intervención?

Al no haber otros oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema…

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Silvia Garza ¿Quiere usted hacer uso de la palabra desde su escaño?

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Sí, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene usted la palabra.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Sí sería muy buena propuesta la de mi compañera Luz María, que pudiéramos votar y poder razonar bien este dictamen.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Pero ¿Qué es lo que está planteando, que votemos?

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) No, la Senadora está planteando retirar el dictamen para votarlo en horas que podamos nosotros…

Miren, compañeros, esto es muy delicado lo que vamos a votar, y no estamos a capricho de ninguna persona.

Si bien es cierto, y ustedes saben perfectamente bien que yo soy bióloga, y que no me gusta ver a mí a ningún animal encerrado, y mucho menos un delfín.

Hoy tenemos que ver las condiciones de ¿cómo están? para eso hay una autoridad, y decirles que están viviendo un promedio de 15 años más como si estuvieran en vida silvestre.

Pero se trata de empleos, se trata de más de 15 mil empleos, se trata de 2 millones 100 mil turistas que van y visitan estos delfinarios en diferentes estados de la República, se trata de una infraestructura de más de 3 mil millones de pesos, se trata de una derrama económica de 2 mil 900 millones de pesos y un pago de impuestos a la Federación de 590 millones de pesos.

Nosotros cobramos cada mes aquí, y tenemos que llevar a la casa para compartir el pan con nuestra familia.

No podemos dejar a ninguna familia mexicana sin trabajo. Tenemos que razonar y pensar bien este dictamen, y no lo podemos hacer a la ligera. Ya basta de estar legislando de esta forma, compañeros.

Yo les pido, por favor, conciencia y responsabilidad contra este sector. Esperemos que estas empresas gradualmente vayamos a legislar para que se puedan innovar y adaptar a estos cambios.

Y sí, en su momento, por supuesto, que se termine con el cautiverio, pero pongamos aquí, en esta discusión, a esas familias que van a quedar sin empleos.

Es cuanto, Senadora.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse…

La Senadora Lorena Cuellar Cisneros: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Sí, Presidenta, pues, igual me sumo a este reclamo de que dejemos esta votación para después, porque hay temas muy importantes, sobre todo en el caso de los delfines, también son ocupados para atender casos de pacientes con Síndrome de Down, de pacientes que tienen parálisis celebrar, otro tipo de trastornos como Déficit de Atención, en fin, es algo que no nada más tiene que ver con el turismo, sino también con la atención a muchos niños que son beneficiados y que se ha demostrado que los delfines han dado mucho también para poder beneficiar a muchos niños.

Pero también aquí haría yo una pregunta. Cuando se hizo el que no hubiera más animales en los circos, por ejemplo, y que no fue una ley que no se analizó profundamente, al final del día todos esos animales murieron, todos esos animales que dejaron sin trabajo a muchas personas, murieron.

Así que yo lo que les pido es que hagamos un análisis y que realmente esto se someta a consideración para posteriormente hacer una consulta más profunda.

Gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Es obligación de la Mesa Directiva dar turno a los asuntos que le fueron enviados, sin embargo, la Asamblea tiene la última palabra.

Le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si acepta que el dictamen se devuelva a comisiones o si continúa su trámite.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidenta, consulto a la Asamblea si decide que se retire el dictamen.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Le pedimos a la Secretaría que vuelva a hacer el planteamiento.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Si me lo permiten.

Si ustedes consideran que se retire, pues va a ser por votación, y si no, se sigue la discusión.

Entonces, por instrucciones de la Presidenta, como ya lo dije, les pido que si ustedes consideran que se retire el dictamen lo manifiesten levantando su mano.

Para eso lo tienen que solicitar, no lo adivino, señor Senador, solicítelo, y hay cinco personas, entonces se hará.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Quiere votación nominal, Senador? ¿Quién lo apoya?

Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.

El sentido de la votación: quienes voten afirmativamente es para retirar el dictamen.

Quienes voten negativamente es para que continúe el trámite y la discusión de este dictamen.

Adelante.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señora Presidenta, se emitieron…

Vuelvo a preguntar. ¿Falta algún…?

Senadora Hilaria ¿En qué sentido es su voto?

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) En contra.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En contra.

Senadora Hilaria, en contra.

Senadora Palafox, a favor.

Senador Ernesto Cordero, en contra.

¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senador Patricio, ¿en qué sentido su voto,  Senador Patricio? En contra.

Senadora Lucero Saldaña, en contra.

Presidente, se emitieron 49 votos a favor, 56 votos en contra, cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia continuamos con la discusión.

¿Con qué objeto, Senador?

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) A fin de que se aclare el procedimiento legislativo, llevamos sesionando casi, ¿cuándo llegó el dictamen, qué momento llegó el dictamen aquí a la Asamblea, a qué hora  se recibió?

¿Me gustaría saber a qué hora se recibió?

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Prácticamente al inicio, Senador, al inicio de la sesión.

Está publicado en la Gaceta desde ayer, estuvo en el orden del día desde en la mañana, le dimos primera lectura en la mañana.

¿Hay más oradores que pretendan participar? 

Tiene la palabra el Senador Demédicis, es para discutir del  dictamen, adelante, Senador.

Estamos a discusión del dictamen, estamos en la discusión del dictamen.

Adelante, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras, compañeros: Buenos días.

Me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos.

Escuchaba con mucha atención, mi compañera Silvia y no sólo es ese argumento, el país está en una situación de crisis de empleos, son miles de familias que dependen de este tipo de espectáculos, pero no sólo eso, estamos negando  a las personas que no tienen la oportunidad  de ver en su hábitat natural este tipo de especies que puedan conocerlas, aunque sea en cautiverio, imagínense esta propuesta  está impulsando la ignorancia en el conocimiento de especies.

Está impulsando la posibilidad de que  muchas personas puedan recrearse y conocer a estos mamíferos acuáticos, lobos marinos, delfines, focas, y todos aquellos que dándoles un buen cuidado se les puede dar una vida adecuada y una vida digna.

Yo sí quisiera que el Partido Verde Ecologista, que entiendo que es el que está haciendo esta propuesta y en una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, están prohibiendo a este tipo de espectáculos y están prohibiendo que estos mamíferos puedan estar en cautiverio  y que nos vinieran aquí a fundar y motivar. Por qué lo están haciendo, se preocupan por los animales, por estas especies y está bien, cuidan dicen ellos el que no se les maltrate.

Sin embargo los que hemos asistido a ver estas especies acuáticas en cautiverio pues llevan una vida, es cierto no como en su hábitat natural, pero se les generan las condiciones adecuadas para que puedan subsistir de manera pues si no digna pero sí en condiciones en que no sufren como entiendo que es su preocupación de los compañeros del Partido Verde Ecologista.

Ojalá  y se reflexione de manera muy responsable, muy seria y que aquellos que van a aventar a miles de mexicanos y mexicanas al desempleo y que van a impedir a que millones de nuestros compatriotas que no tienen la posibilidad de conocer esas especies más que en esos lugares se les permita acceder a este conocimiento.

Por supuesto que vamos a votar en contra de esta propuesta por el daño que está haciendo al conocimiento y por el daño que está haciendo al empleo en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Doctor López Brito, ¿para el mismo tema? Tiene usted el uso de la palabra desde su escaño.

Adelante.

El Senador Francisco López Brito: (Desde su escaño) Sí, muchas gracias.

Muy buenos días igual, ya lo comentaba hace un momento la Senadora Lorena Cuéllar, en lo que es medicina ahí tienen un importantísimo lugar los delfines, ya que  hay una actividad que se llama así como delfinoterapia y ésta tiene  excelentes  resultados en niños con problemas de conducta, en niños con autismo  y como ya lo comentaba la Senadora también en problemas de parálisis cerebral infantil.

Entonces  es otro aspecto importante donde la relación, la actividad, las diferentes actividades a través de terapias tienen un papel muy importante dentro de salud, de niñas, niños y adolescentes.

Yo también, pedirles de la manera más respetuosa y atenta que igual me sumo a que se analizara bien lo que se va a hacer y que no se votara en este momento, bueno, ya se dio el paso entró el procedimiento, pero asumo pues a su responsabilidad y su espíritu también de pues de conexión con los hombres y no únicamente pensar en el aspecto zoológico, en el aspecto animal, sino que también la importancia que tiene para las niñas, los niños, los adolescentes en muchos problemas de salud.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Senadora Lorena Cuéllar. 

Permítame, Senadora Cuéllar.

Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Presidenta, valdría mucho la pena, habemos muchos que queremos conocer el contenido del dictamen, el dictamen ni siquiera fue presentado ante el Pleno, vale la pena que las comisiones involucradas hagan una exposición para que podamos conocer los contenidos.

Me inquieta que haya tantas manos en contra, pero, bueno, quisiera escuchar los argumentos de ambas partes.

Gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

Le vamos a dar la palabra a la Senadora Cuéllar y después consultamos.

Adelante, Senadora Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Antes que nada yo quisiera pensar que esto no es una bandera política o que se esté utilizando precisamente para ello, porque en ello está de por medio la atención de miles de niños que han tenido beneficios a través de esta terapias que han sido de beneficio para miles y miles de familias que hoy ocupan esta terapia como una alternativa más para beneficiar a muchos niños que se encuentran en diferentes circunstancias.

Quién maltrataría un delfín que tiene un delfinario, cómo podríamos justificar que los van a maltratar cuando de eso vive precisamente esos centros, viven de esos animales. Por lo tanto, tienen que darles cuidados, atenciones para que ellos estén en hábitat que realmente estén bastante cuidados.

Quiero también comentar que hace tiempo estuve precisamente con la Senadora Luz María Beristain visitando uno de estos delfinarios y aquí se comenta en una parte de este dictamen que en algunos casos las instalaciones no son adecuadas, pero yo sí quiero comentar que he visitado varios delfinarios con el fin precisamente de verificar que estén bien atendidos estos animalitos, y no están en una piscina, están por unos momentos en esa piscina para que convivan con los enfermos o con los turistas, pero después pasan a un hábitat mucho mayor, son áreas sumamente grandes en donde ellos tienen una gran posibilidad de vivir en un hábitat en donde ya están acostumbrados.

¿Qué pasaría si esos delfines hoy salen de alguna manera al mar? Esos delfines no están acostumbrados a eso, ellos tienen ya un hábitat y ese hábitat precisamente es el que han tenido hasta ahora.

Eso mismo pasó con los animales de los circos en donde hoy se demostró que estos animales estaban cuidados, estaban cuidados porque era lo que les daba de comer a muchas familias, y hoy desgraciadamente esos animales que salieron de los circos murieron.

Y es una gran responsabilidad la que tenemos hoy todos nosotros de velar, sobre todo por muchos niños que ocupan, muchos padres ocupan estos animales para terapia, y sobre todo porque es una derrama económica tremenda para el país y también para el turismo.

Ojalá que de verdad analicemos este tema que es muy sensible, sobre todo porque tienen que ver la atención de muchos niños que requieren estas terapias.

Es cuanto.

Gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Carlos Puente, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Buenos días, compañeras y compañeros.

Quisiera iniciar por reconocerles la total disposición hablar del tema, primero que nada asumiendo un compromiso que no es una bandera política, es un compromiso en la defensa de la protección y el bienestar de los animales.

Entiendo que en ocasiones podemos coincidir y en ocasiones no podemos coincidir, este dictamen llegó como minuta a la Cámara de este Senado de la República, proveniente de la Cámara de los Diputados, el pasado abril, desde entonces se encontró a disposición para el análisis y el estudio de lo mismo.

Quisiera detallar qué es lo que busca, no busca el cierre inmediato ni busca el cierre de estos centros que tienen hoy en día espectáculos con mamíferos marinos, esto lo que prohíbe a un futuro es la reproducción y prevé un tiempo de transición para llevar a una última generación, en el cual hoy las hembras gestantes podrán tener a sus crías y volver a gestar.

Esto nos abre una ventana de transición de aproximadamente más de 50 años, de ninguna forma es inmediata, se abre esta etapa de transición para también poder facilitar la transición de la operación de estos centros de espectáculo. De ninguna manera estamos en contra de los empleos de las familias, de ninguna manera estamos en contra de, no vamos nunca por hacerle daño a ellos, vamos por una defensa y un cuidado de los animales.

Lo construimos, y lo quiero decir de frente con ustedes, lo construimos con los propietarios de estos centros de espectáculo, en una mesa en la cual acordamos de manera detallada cada uno de los puntos de transición, los tiempos, los períodos, los acuerdos, incluso todo lo que se deja a capítulo de un reglamento.

El día de hoy todavía volví a escuchar y a dialogar con una parte de estos interesados de las personas que participan en esta industria de entretenimiento de mamíferos marinos.

Quiero ser muy claro, el uso y la utilidad que se les da a los mamíferos marinos con fines de terapias, como se han mencionado, van a seguir existiendo, eso no va a dejar de existir, ahí hay que ser muy claro y enfáticos, no nos vayamos con lo que nos dicen.

Yo les pediría que lean el dictamen, ha estado a disposición desde el pasado mes de abril, en el cual de ninguna manera va a cerrar esa posibilidad, es un compromiso en la defensa del cuidado y de la protección de los animales. Si entendemos que el  hogar de cada uno de los delfines es el Océano y no simplemente un área que puede ser de las dimensiones de este Pleno, este pleno no es nada en el Océano y eso es de lo que estamos hablando, de transitar hacia el futuro, de que vayamos evolucionando en el cuidado y el respeto a los animales, de eso se trata.

Creo que hoy todos nos hemos pronunciado aquí por escuchar, por el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos, y creo que un país que logra evolucionar lo demuestra en el respeto que le damos y le brindamos a los animales.

Si les digo viéndolos de frente y siendo honesto, esto no forma de ninguna manera una campaña de promoción y de publicidad, es un compromiso con el cuidado, la protección y la defensa a los animales.

Aquí no estamos hablando de un bienestar animal, es simplemente un proyecto de transición en el cual queda una última generación de reproducción de mamíferos marinos en el cual abre una ventana de por lo menos 50 años.

Espero que esto pueda ser de utilidad para la reflexión de las Senadoras y los Senadores de la República. De ninguna forma es tratar de imponer lo que creemos, les hablo con la verdad, ahí está el dictamen, ahí están las palabras y de ninguna forma les estamos engañando en este tema.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Puente.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenos días.

Con el permiso de la Senadora Presidenta, Senadora Graciela Ortiz, Senadora por el estado libre y soberano de Chihuahua.

He escuchado con mucha atención al Senador Carlos Puente, Senador por el Partido Verde Ecologista de México, Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista.

Respeto a la vida silvestre, respeto a los mamíferos marinos, pero lo que no puedo entender, y hay que decirlo como es, lo que no puedo entender aquí y en la gran China, esto es un capricho del Niño Verde, esto es un capricho, esto es una bandera política del Partido Verde Ecologista, lo van a utilizar el próximo año y no se vale, no se vale.

Hay que transitar paulatinamente, estoy de acuerdo con eso; hay que tener reglas y normas claras, también estoy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo es que se van a perder 15 mil empleos generado por esta industria, 15 mil familias de mexicanos se van a quedar sin trabajo.

Dos millones de turistas visitan los delfinarios en toda la República Mexicana, hay una derrama económica en hoteles, en medios de transporte impresionante en millones de pesos.

Yo vengo del sureste de México, de la Península de Yucatán, y en Quintana Roo, que es mi estado vecino, pues hay varios delfinarios, que, la verdad, están mejor cuidados que en cualquier lugar.

Así que de verdad yo les exhorto, le pido que analicen muy bien este tema porque son 15 mil familias de mexicanos que se van a quedar sin trabajo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Héctor Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: Me parece que el dictamen que está presentado, que seguramente se ha dicho aquí que está disponible desde hace algunas semanas, sí merece estudiarlo y analizarlo con cuidado.

Primero, prohíbe la utilización de mamíferos, fundamentalmente son delfines, en espectáculos y cualquier otra actividad, así dice textualmente, siempre y cuando no sea de investigación, lea el dictamen, así lo acabo de leer en el monitor.

Dice: “se prohíbe la utilización de mamíferos marinos para espectáculos y cualquier otra actividad que no sea de investigación”, por lo cual supongo que también están incluidos los acuarios, que son un verdadero centro de enseñanza de la vida natural.

En el régimen transitorio, nada más de revisarlo a bote pronto, se establece una obligación para todos los propietarios de hacer un inventario en un plazo de un mes con el ADN de cada animal, con una fotografía de la letra, de tal manera que eso lo entreguen en la Secretaría para tener el control.

Como ya se dijo aquí, se prohíbe la reproducción.

Se establece que en mayor, del próximo año, tendrán que reinsertarse, o sea, soltar al Océano al menos cinco delfines, se les impone a cada uno de esos centros la obligación que en un mes presenten el programa de rehabilitación de cada uno de los delfines y de su futura reinserción a su medio natural, al Océano, muy probablemente todo ellos nacieron, la mayoría de ellos nacieron en cautiverio.

Y luego si el objetivo es el bienestar de los animales no hay manera de entender uno de los transitorios que establece que esta obligación o estos preceptos no aplican para los delfines que sean propiedad del Gobierno Federal o de los gobiernos de los estados, eso es verdaderamente absurdo.

Se alega el beneficio de los mamíferos, pero si el centro de espectáculos es propiedad del Gobierno Federal o si están incautados entonces no aplica ninguna de esas obligaciones.

Sí creo que merece estudiarse con profundidad el dictamen.

Hace algunos meses, hace ya varios meses también de bote pronto se aprobó la prohibición del uso de animales en los circos.

Los plazos que se establecieron, aquí el plazo es de seis meses por cierto, los plazos que se establecieron ni siquiera pudieron garantizar que los zoológicos, propiedades de gobiernos municipales, estatales o federales pudieran acoger a los animales.

El mantenimiento de los animales, que era un valor de inversión, era el capital de estas empresas, bajo a nivel de cero y ni siquiera tenían la capacidad económica de mantenerlos. Terminaron abandonados en el campo muriéndose porque no podían adaptarse.

Se puede presumir y se llenan la boca de decir que salvaron de sufrir a los animales.

Sí, sí dejaron de sufrir con una terrible muerte la mayor parte de ellos.

Pero también sufrieron miles de familias que se dedicaban al negocio del circo, familias de tradición de cinco, seis generaciones, y pueden venir aquí de testigos a afirmar el gravísimo daño que se les ocasionó sin ninguna previsión.

Y aquí lean los transitorios, por el amor de Dios, e insisto, aplica a todas las actividades siempre y cuando no sean de investigación o de universidades.

Tampoco, insisto, pueden, sería verdaderamente aberrante jurídicamente que esto aplique a los particulares, pero no aplica al poder, son diferente raza los delfines que están en poder del Gobierno Federal o de los estados, que los que están en poder de particulares.

Suena más a una reforma que el Partido Verde impulsó ya hace muchos años para prohibir o poner una cantidad de trabas a la comercialización para que una sola empresa en el país pudiera hacer esto.

Y habrá que averiguar los vínculos de esa empresa, seguramente ahora hay algún diferendo con ellos y entonces ahora lo que quieren es acabar con los delfines que están en esos centros de espectáculos.

No es justo para los que han invertido cantidades no menores en estos centros de espectáculos y venirles a cambiar las reglas del juego de repente por una ocurrencia de un partido que está aliado a otro partido y se proponen hacer la reina de París.

Es cuanto.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Le vamos a dar la palabra al Senador Mario Delgado, y después de ello voy a preguntar, a consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Tiene la palabra el Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidenta, con su venia.

Sorprende  que tantos asuntos que tenemos pendientes, que no hemos sacado, los caprichitos del Partido Verde tengan prioridad.

Esta es una modificación que es hipócrita, porque no se trata de proteger a los delfines, esta es la segunda parte del circo sin animales, están buscando un engaño para salir con una campaña publicitaria en esta elección y volver a engañar a la gente,  decirle que es un partido que protege a los animales, que protege al medio ambiente, de veras quieren proteger a los animales, por qué no avanzamos en una Ley General de Bienestar Animal, hay varias propuestas que se han hecho, hay incluso una modificación al artículo 73 constitucional, para que el Congreso de la Unión pueda legislar en esta materia, misma que ha sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales.

 ¿Por qué no está aquí en este Pleno esa reforma?

¿Por qué vamos a una regulación parcial que va expresamente dirigida a cumplir un objetivo político?  No les interesan los delfines.

La redacción que proponen es mañosa, tendenciosa y ha obligado a que varias organizaciones civiles, expertas en estas materias se manifiesten  en contra de lo que se quiere aprobar aquí a la carrera y de madrugada, están en contra organizaciones de Estados Unidos, de Australia, de México, de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Irlanda, de Canadá, de Suiza, de Francia, de las Bahamas y de España,  que nos han hecho llegar una carta a los Senadores, pidiéndonos que no aprobemos esto.

Son organizaciones con una alta especialización en el cuidado de los delfines, les menciono algunos Animal Justice Proyect, de Reino Unido; Animal Welfare Institute, de Estados Unidos; Australia Found Dolphins, de Australia, claro; Dolphin Proyect de Estados Unidos; Free Morgan Foundation de Nueva Zelanda, Freedoom Folldolphins de Irlanda; Oshan Ker, de Suiza, Wan Boys, de Francia, Orca Worlds, de Reino Unido.

Son expertos en el mundo que se decían precisamente a proteger a los delfines y que no están de acuerdo  con lo que se está proponiendo en esta legislación.

Si en realidad hay una preocupación por este tema, qué es lo que tenemos que hacer, que avance el 73 constitucional para que el Congreso pueda  legislar en esta materia y podamos tener una Ley General de Bienestar Animal y hay iniciativas de Ley General de Bienestar y Protección Animal, una de ellas de su servidor presentada desde 2014.

Entonces hay que ser serios, es una vergüenza que después de que acaban de aprobar  militarizar al país, ahora les van a cumplir el caprichito para que salgan a su campaña política con la máscara de que están defendiendo a los animales.

No se vale y vamos a votaren contra.

(Aplausos)
 
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se encuentra suficientemente discutido.

Senador Pedraza, ¿con qué objeto?

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Yo sé que están cansados, jóvenes, pero esta tarea legislativa es exhaustiva, requiere el análisis pormenorizado del alcance de los decretos que aquí se pretende emitir.

Nosotros les sugerimos y le pedimos a los demás compañeros legisladores, que voten en contra de esta iniciativa, de verdad que no es un capricho de estar en contra de  algo que el Partido Verde pretenda, sino realmente nos interesa ser congruentes con muchos de los derechos que hemos dicho defender.

Por eso hoy en esta discusión que se da muy tan apresurada, nos opusimos a que entrara primero al orden del día.

Dos, que estuviera a discusión y hubo un planteamiento que se retirara, no se retira, bueno compañeros, cuando menos ya nos acompañaron a que entrara al Pleno a  discutirse y hoy pueden obsequiarnos el voto en contra para que esto  se regrese a comisiones y podamos revisarlo de la mejor manera.

Creo que eso sería lo más positivo que pudiéramos hacer en esta mañana de resaca en las discusiones de una ley como la que tenemos de seguridad.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González:   ¿Nuevamente quiere hacer uso de la palabra, Senadora Beristain?

Tiene el uso de la palabra.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Disculpen la insistencia, pero son 4 mil 100 familias en Quintana Roo, ya tengo el dato preciso, que van a ser afectadas, como ya bien aquí se dijo, a capricho de un Senador que ni siquiera está aquí presente, porque eso es un capricho, y desmentir a mi compañero de manera respetuosa, sin ánimo de generar un conflicto.

Pero está diciendo Carlos Puente que ya hablaron con todos los interesados en el tema, con todos los involucrados y no es cierto, han implorado  tener una reunión de trabajo con ustedes y ustedes no los han atendido, es una falacia, es una mentira absoluta, se ha pedido el diálogo, se ha pedido hablar, se ha pedido tratar de generar las condiciones para una verdadera Ley de Bienestar Animal y ustedes  por estar actuando a contentillo del Niño Verde, como aquí ya bien se dijo, están afectando a 4 mil 100 familias que en Quintana Roo trabajan en esta industria.

Esta es una industria bien montada, nosotros la conocemos y no es justo ni es correcto que quieran dar este madruguete una vez más.

Quieren que las hembras en este momento empiecen a tomar píldoras anticonceptivas, que eso sí les va a perjudicar, aquí está la carta de Peta, qué ustedes no conocen la carta de Peta, si son Verde Ecologistas.

Aquí clarito este documento, que es la carta de Peta, explica por qué razón el Senado de la República no debe aprobar en este momento este capricho de la bancada del Verde Ecologista.

Estudien bien antes, convoquen realmente a las personas que han pedido un diálogo con ustedes, es mentira que han dialogado, no ha habido diálogo, cuando haya habido un diálogo podemos tener la  construcción de una verdadera ley de bienestar animal como el Senado y como México se merecen.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González:   Al no haber más oradores, ah, perdón, declina, Senador Hermosillo.

Senadora Garza, ¿nuevamente quiere hacer uso de la palabra?

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su venia, Senadora Presidenta.

Hace rato hice uso de la voz, para verter mis comentarios,  y creo que nos está pasando lo de hace rato, si seguimos nosotros con las posturas de no escuchar a los que saben que son los científicos, los académicos, llegar a diálogos, llegar a acuerdos, esto va a seguir pasando, señores, y obviamente van a votar y se va a ganar, pero aquí es qué es lo que vamos a hacer.

Yo hace tiempo  cometí un error, un error muy grande, un error que me arrepiento de haberle solapado la Ley de los Animales del Circo y muchos de ellos murieron, porque ni siquiera saben de qué hablan, reintroducir, pues qué no saben que un animal silvestre cuando es tocado por la mano humana, quince días fuera, en cautiverio, no se puede reintroducir.

Pues, qué no saben el tipo de anestesia que se pone en ese tipo de mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera.

Los delfines tienen un promedio de vida, más o menos, de 32 años, de manera normal, y 15 más en cautiverio.

Amigos Senadores y Senadoras:

Es un tema muy controversial, es un tema muy difícil, es un tema que a mí me afecta profundamente, porque me encuentro dividida. No me gusta ningún animal en cautiverio, no me gusta ni siquiera un pájaro en cautiverio.

Pero ¿Qué vamos a hacer con esas familias que son afectadas?

¿Qué es lo que podemos hacer?

Necesitamos legislar con responsabilidad, necesitamos hacer las cosas como son, bien y a la primera. Ya basta de estar haciendo las cosas en las rodillas.

Y yo les pido, porque no hay conciencia, les pido, por favor, tiempo. ¿Por qué la prisa?

Podemos diferirlo, convocar en enero a estos foros, con estas asociaciones, sentarnos y ver la ruta que tenemos que hacer.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Garza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Buenos días.

Senadoras y Senadores:

No hace falta gritar para tratar de convencer, hay que hablar y hay que conducirnos con la verdad.

Yo entiendo que puedan estar en contra y opinen diferente. Lo que no se vale es tener una doble actitud, una doble moral, que en corto platiquemos y acordemos, y luego en lo público modifiquemos el qué decir.

Yo me considero alguien que honra la labor parlamentaria y legislativa. Mi palabra vale, y lo cumplo.

El último día del período anterior de sesiones también bajamos dos dictámenes, que eran del grupo parlamentario del Partido Verde, dos dictámenes que hoy tenemos aquí, y el argumento fue el mismo: No lo  conocemos, no lo hemos visto, y se dice: y la realidad es que no se leyó y no se estudió. Pero somos sensibles.

Entendemos que no tuvieron tiempo para leerlo, para estudiarlo, para verlo, y hoy dicen que requieren más tiempo. Vamos a más tiempo.

Mi madre me decía: “Que en alguien tiene que caber la prudencia”, y el ejercicio de la política es construir acuerdos.

(Aplausos)

Aquí, aquí venimos a construir acuerdos en beneficio de nuestro país. Pero sí, no quiero permitir que se señale: que hay caprichos, que hay ausencias de alguien, que incluso tiene licencia, no pudiera estar; que hay negocio, todos los supuestos.

Compañeros, porque lo digo con mucho respeto. Si yo hablara de los supuestos de muchas de las reputaciones que existen aquí, pues no terminaríamos, pero nosotros siempre vamos a respetar a todas nuestras compañeras y a nuestros compañeros, porque es un principio del ejercicio parlamentario.

Discutir nuestras ideas, nuestros criterios con argumentos, con el papel. Ahí está el dictamen.

¿Qué le pido a esta Asamblea?

Con respeto, que lo puedan leer, que lo puedan considerar, que el próximo período de sesiones hagamos un compromiso de discutirlo, eso es lo que hace un Parlamento, eso es lo que hace y debe de hacer este Senado de la República, que nos demos cuenta que todo lo que se dice como mitos no existe, compañeras y compañeros.

No es negocio, no es una campaña, nuestra campaña va a ser otra, y además les va a gustar.

Yo espero, yo espero y sí les pido que lo consideren, y nada más lo dejo anotado. Es el segundo período que el último día dicen que no han tenido tiempo para estudiarlo, para conocerlo.

Ojalá que dentro de las agendas apretadas de compromiso, que tienen todas y todos ustedes, lo puedan considerar. Lo digo con respeto, lo digo con atención y lo digo sin ninguna descalificación, a nadie de los que han venido sí a señalar, sí a inquirir, sí a buscar lastimar. Eso no abona a nuestro trabajo parlamentario.

En pro de seguir adelante, señor Presidente, en esta sesión de fin de período, nuevamente, una vez más el Partido Verde pone la prudencia para seguir trabajando en beneficio de México, esperando poder contar con su compromiso, de poderlo discutir, que lo piensen, que lo analicen, que lo vean verdaderamente qué es lo que hace y no irnos con las mentiras de lo que se dice.

Y simplemente, dejarles la anotación. Por segunda ocasión me di la mano con la industria, hicimos un acuerdo pactado con otro parlamentario, de otro grupo parlamentario que estaba en contra de esto, no dimos la mano con esa palabra, que es lo único que tiene el político, que es lo que tenemos los legisladores y los parlamentarios.

Pero claro, nosotros trabajamos por México. Ellos van al negocio, y yo entiendo que es la facturación.

Nuevamente va, les acercan argumentos las familias que van a quedar, que nada de eso es realidad, pero bueno, entiendo, y también pido que, señor Presidente, podamos retomar esa iniciativa y proyecto que trabajó mi compañero Senador Pablo Escudero Morales, de legislar el cabildeo.

Es increíble que tengamos en primera fila a los cabilderos tarjeteando a los Senadores de lo que tienen que venir a decir para defender los intereses millonarios en dólares de una industria que sí, que sí lastima a los animales, desde el criterio de algunos. Respeto quien no lo comparta, pero lo tenía que decir.

El mayor de mis respetos para todas mis compañeras y todos mis compañeros.

Les pido que por favor lo puedan considerar y que en el próximo período podamos discutirlo y quizás avanzar en sentido positivo o negativo.

Gracias, y les pido que sigamos adelante con la sesión del día de hoy.

Muy buenos días.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Puente.

Esta Presidencia decide regresar este dictamen a las comisiones para su estudio, y agrademos la buena voluntad de construir política de los Senadores que participaron en este debate.

La Presidencia dictó trámite, Senadora, y que se regrese a las comisiones.

Recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad, se abroga la Ley General de Vida Silvestre y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos hoy el dictamen referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, por favor manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Les pediría que la levantaran para que fuera más evidente y no quedara ninguna duda.

(La Asamblea asiente)

Y quienes estén por la negativa, también les pedimos de la misma forma que lo manifiesten levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

De manera evidente  se autoriza su incorporación.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén a favor de esto, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo también de la forma acostumbrada.

(La Asamblea no asiente)

Le informo Presidente, que sí se autoriza.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen.

Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Repito, les pido que levanten su mano a quienes autoricen la dispensa de la segunda lectura del dictamen.

Ahora es pido que quien no está de acuerdo, lo manifieste de igual forma levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le pido, señor Presidente, que si se dispense la segunda lectura del dictamen.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras  entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen, mismas que someteremos  a su consideración.

El texto correspondiente está a su consideración en el monitor de sus escaños.

Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si autoriza que se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, de igual manera manifestarlo levantando su mano

(La Asamblea no asiente)

Le informo Presidente, que sí se autoriza.

En consecuencia la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron aceptadas  por la Asamblea.

En consecuencia está a discusión en lo general.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Santana.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Lo estoy buscando en la Gaceta, que me auxilien y no aparece el dictamen en la Gaceta como se indició.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está en el monitor de su escaño, Senador.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Ojalá alguien me pueda apoyar, no aparece.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene la palabra la Senadora Silvia Garza, para presentar el dictamen.

La Senadora Silvia Garza Galván: con su venia, Senador Presidente.

Compañeras  y compañeros Senadores:

Me hubiera dado mucho gusto venir aquí al escaño y hacer una fiesta de este dictamen, de haber recibido, de haber hecho las consultas y los foros a nivel nacional, eso ya no se dio, pero también quiero agradecer a la Senadora Ninfa, por la apertura que tuvo de estas modificaciones, a los compañeros de las comisiones, porque de verdad que son muy importantes y vamos a hacer referencia a nivel mundial.

Desde aquí les doy las gracias a las ONG’s que participaron generosamente y desde hace mucho tiempo en mesas de trabajo que hoy concluyen precisamente con estas modificaciones, honor a quien honor merece.

Esas observaciones que logramos incorporarse muy importantes, elementos que salvaguardan la conservación de diversas expresiones del capital natural del país.

Por supuesto que existen elementos muy valiosos dentro del dictamen.

Por ejemplo, uno de ellos es la inclusión de los conceptos del valor intrínseco de la biodiversidad, y por primera vez, una deuda para este país desde 1992 hemos logrado incorporar el principio precautorio en la LGEEPA, de este modo, en la línea con el convenio de diversas biológica, se incluye expresamente el reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad y en consecuencia se establece que deberá garantizarse la integridad funcional de los ecosistemas.

Otro triunfo para la sociedad civil, para estas  organizaciones y, por supuesto para todos los legisladores que estamos a favor es la inclusión del principio de no  regresión, esto es muy importante porque va a marcar una línea a nivel mundial, el principio de no regresión establecido en la fracción XII del artículo  14 de la Ley General de biodiversidad, el cual versa sobre los principios de la política nacional de la biodiversidad y ahora y hay que preguntar si no estoy hablando muy fuerte   para que no se lastime su delicado oído, compañeros.

Lo anterior implica el avance progresivo  para la protección de los derechos fundamentales  asociados de las interacciones con la biodiversidad y, por lo tanto,  no puede haber retroceso frente al nivel de protección previamente alcanzado.

Les voy a poner un ejemplo, hoy un cuerpo de agua a la hora de reportarnos cómo está su contaminación lo vamos a agendar, en el próximo inventario, en el próximo reporte no puede haber regresión, entonces  está ya infringiendo este artículo.

Y así les puedo mencionar muchas cosas, este principio también posiciona el sistema jurídico mexicano para la protección al ambiente, como uno de los más avanzados del mundo, al reconocer no sólo el deber de avanzar en las condiciones que permita el ejercicio de los derechos humanos que dependen de la diversidad biológica, sino la obligación de no retroceder en cuanto a la superficie del territorio nacional, cuyos ecosistemas  están protegidos.

El estado de conservación de los suelos, el agua y los recursos naturales.

Enhorabuena a todos los que hemos participado para lograr que este principio quede plasmado en la ley  y que verán ustedes muy pronto el reconocimiento a nivel mundial que vamos a tener.

De igual modo, el artículo 161 brinda un reconocimiento al papel que desempeña el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas como órgano de asesoría, mientras que el artículo 180 se detallan las atribuciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  por primera vez  estamos asegurando dentro de la ley la permanencia de las áreas naturales protegidas y no estar en el vaivén del sexenio  de que pueda desaparecer este importantísimo organismo y sobre todo ahorita que nuestra política pública ambiental no se encuentra del todo bien.

Es importante recordar  que la pérdida de biodiversidad  junto con el cambio climático son de las dos más grandes amenazas que enfrenta la humanidad, en la actualidad pues de ésta depende el sustento de la vida, la provisión del oxígeno, alimentos, agua, entre otros.

Si bien, la Ley General de Biodiversidad contiene importantes avances, también quedan diversos temas pendientes, compañeros, y uno de los más importantes temas pendientes que por supuesto voy a presentar una reserva es en particular la prohibición a desarrollar actividades mineras dentro de las áreas naturales protegidas.

Lamentable que no hayamos podido pasar este importantísimo tema.

Esto no es nuevo, como recordarán, durante la discusión de la reforma energética, este Senado creció y se puso en un nivel muy alto al no permitir o al modificar el segundo párrafo de la Ley de Hidrocarburos, artículo 41, para prohibir la exploración y explotación en materia de hidrocarburos, entonces, es incoherente cómo no podemos transitar a también prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, en espacios de alta importancia.

Quiero decirles, compañeros y compañeras, que el país cuenta con 182 áreas naturales protegidas, con una superficie de 90 millones de hectáreas, la cuales equivalen al 10.5 del territorio nacional.

A pesar de la vital importancia que tiene las áreas naturales protegidas dentro de los límites se han concesionado para la minería un millón 550 mil 704 hectáreas, esto es decir, 1968 concesiones mineras en áreas naturales protegidas e incluso 57 mil 255 hectáreas se han concesionado dentro de las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas, lo cual no es grave, es ilegal.

Como podemos observar, teniendo en mente el proceder del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y contrario a toda lógica, la prohibición de desarrollar actividades mineras dentro de las áreas protegidas a pesar de nuestros esfuerzos, fue rechazada.

Por lo antes expresado, por supuesto que otorgo mi voto a favor de esta iniciativa en la que se reflejan diversas aportaciones de la Academia y de la sociedad civil, si bien es necesario continuar el diálogo con los sectores interesados a efecto de mejorar los elementos que quedan pendientes y con ello mejorar la implementación de esta ley, pero es de mi responsabilidad, Senador Presidente, aquí le voy a entregar una reserva, dos reservas que presento para esta ley.

La primera es para modificar el artículo 147, fracción IX, para que diga: “en las áreas naturales protegidas no se otorgarán concesiones o asignaciones para la exploración y explotación de los minerales o sustancias previstas en la Ley Minera, así como los hidrocarburos previsto en el párrafo dos del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos”.

La segunda reserva es mi reserva para que se eliminen los artículos Transitorios Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de la Ley de Biodiversidad, todos relativos a los mamíferos marinos en cautiverio.

Lo anterior es en congruencia de lo que hablé referente al dictamen anterior.

Muchísimas gracias.

Es cuanto Senador, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

Ya se nos adelantó la Senadora Silvia Garza y presentó algunas reservas.

¿Si alguien más tiene alguna reserva al dictamen?

Quedan reservados, entonces, el artículo 147 numeral romano nueve y los Transitorio Veinte, Veintiuno, Veintidós, Veintitrés y Veinticuatro.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informa de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Senadora Secretaria, puede preguntar si quedó algún legislador sin poder emitir su voto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le pido a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto, lo manifieste.

Senador Palafox, en qué sentido. A favor.

Domínguez Arvizu, en qué sentido. A favor.

Senadora Carmen, a favor.

Senador Santana, se abstiene.

Procedemos a informar el sentido de la votación.

89 votos a favor; 5 votos en contra y 4 abstenciones, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto.

Pregunto a la Senadora Silvia Garza si desea presentar sus reservas en la tribuna o si le damos lectura desde la tribuna.

¿Desea presentar sus reservas, Senadora, o que la Secretaría dé lectura?

Tiene la palabra la Senadora Silvia Garza.

La Senadora Silvia Garza Galindo: Gracias, Senador Presidente.

De nuevo, compañeros.

Solamente presentar esta reserva que es para modificar el artículo 147 en la fracción IX, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y vamos a poner ahí un subinciso 6: “en las áreas naturales protegidas no se otorgarán concesiones o asignaciones para la exploración y explotación de los minerales o sustancias previstas en la ley minera, así como los hidrocarburos previstos en el párrafo dos del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos”.

Y nada más para que se escuche, que sé bien que ya lo dije, les voy a recordar de nuevo que las áreas naturales protegidas no crean que se hicieron por ocurrencia, ni se eligieron por ocurrencia, se eligieron porque son sitios especiales en plantas, en animales, en suelo, en paisaje, en monumentos, etcétera.

Y entonces tenemos a todo el país para hacer pozo y extraer lo que queramos, total ahí están los permisos como para no proteger las áreas naturales, entonces no podemos mandar dobles discursos.

Cuando fue la COP13 en Cancún, el Presidente fue muy claro y ante todos los representantes del mundo presumió lo que México tiene, y presumió y dijo que aumentaba las áreas naturaleza protegidas, de hecho una de ellas fue la sierra de Tamaulipas y tres áreas naturales marinas.

Perfecto, eso es bueno, lo que ni dijo es cuántos permisos de explotación en minería, de minerales hay, y cómo están afectando a esas áreas especiales que tenemos que conservar.

La otra reserva que presento es que se eliminen los artículos Transitorios Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de la Ley General de Biodiversidad, todos ellos relativos a mamíferos en cautiverio.

Lo anterior en congruencia de lo que vine y expresé aquí y que por supuesto que es muy controversial, y como fue retirado el dictamen, pues también necesitamos retirarlo de aquí, de los transitorios hasta poder estar emparejados en esa disposición.

Es cuanto,  Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

En virtud de que fueron expuestas en tribuna las reservas, solicito a la Senadora Secretaria someta a la Asamblea si está por admitirse las reservas a discusión.

¿Con qué objeto, Senador Héctor?

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Oponerme a la reserva.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se opone usted a la reserva.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Quisiera expresar los argumentos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

Nos permite validar.

Consulte a la Asamblea si son de someterse a discusión las reservas propuestas por la Senadora Silvia Garza.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Dando el trámite correspondiente, consultamos a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

Le informo, señor Presidente, que como resultado tenemos que no se admiten a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Al no haber más reservas de artículos.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 147 y la supresión de los transitorios.

Perdón, y repito, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 147 y de los Transitorios Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: ¿Le pregunto a la Asamblea si falta alguien por emitir su voto, algún Senadora o Senador que falte por emitirlo?

Senadora Hilaria Domínguez, ¿en qué sentido?

A favor.

¿Alguien más?

Senadora Martha Palafox, ¿en qué sentido?

A favor.

¿Nadie más por emitir su voto?

De no ser así damos cuenta de la votación, quedando de la siguiente manera: 63 votos a favor, 34 votos en contra y 5 abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados el artículo 147 y de los Transitorios Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del proyecto de decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad, se abroga la Ley General de Vida Silvestre y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Para dar cumplimiento a los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo que propone el procedimiento y la relación de Senadores titulares y sustitutos que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Este acuerdo tiene antecedentes en los dos primeros años de la LX Legislatura en la que esta designación se realizó a través de una votación nominal.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta de los resolutivos del acuerdo.

Primero.- El Senado de la República designa a las Senadoras y los Senadores titulares y sustitutos que integran la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de este Ejercicio de la Legislatura para quedar como sigue.

Senadores titulares:

Enrique Burgos García.

Manuel Cavazos Lerma.

José María Tapia Franco.

Diva Hadamira Gastélum Bajo.

María Verónica Martínez Espinoza.

María del Rocío Pineda Gochi.

Carmen Dorantes Martínez.

Esteban Albarrán Mendoza.

Adriana Dávila Fernández.

Mariana Gómez del Campo Gurza.

Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Sonia Mendoza Díaz.

Víctor Hermosillo y Celada.

David Monreal Ávila.

Luis Humberto Fernández Fuentes.

Isidro Pedraza Chávez.

Celestino Cesáreo Guzmán.

Jorge Aréchiga Ávila.

Estos como Senadores titulares.

Como Senadores sustitutos y Senadoras quedan:

El Senador Emilio Gamboa Patrón.

Miguel Romo Medina.

Raúl Aarón Pozos Lanz.

Lucero Saldaña Pérez.

José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Ricardo Urzúa Rivera.

Jesús Priego Calva.

Jorge Toledo Luis.

Fernando Herrera Ávila.

Silvia Guadalupe Garza Galván.

Francisco Salvador López Brito.

Sonia Rocha Acosta.

Juan Carlos Romero Hicks.

Manuel Bartlett Díaz.

Miguel Barbosa Huerta.

Luis Sánchez Jiménez.

Angélica de la Peña Gómez.

Y Carlos Alberto Puente Salas.

Segundo.- Esto se firma en el Pleno del Senado de la República y se realizará la elección de los Senadores antes mencionados a través de votación nominal.

Se firma el día 15 de diciembre del año en curso por los que integran la Junta de Coordinación Política, Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el acuerdo.

No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Hilaria Domínguez, ¿en qué sentido? A favor.

Senador Martha Palafox, a favor.

Senadora Hilda Flores, a favor.

Senadora Luz María, a favor.

Senador Torres Corzo, a favor.

Damos cuenta de la votación, Presidente.

97 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.

Por lo tanto, queda aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el acuerdo.

En consecuencia, se designa a los siguientes Senadores para integrar la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercero Año de la LXIII Legislatura.

Senadores titulares:

Enrique Burgos García.

Manuel Cavazos Lerma.

José María Tapia Franco.

Diva Hadamira Gastélum Bajo.

María Verónica Martínez Espinoza.

María del Rocío Pineda Gochi.

Carmen Dorantes Martínez.

Esteban Albarrán Mendoza.

Adriana Dávila Fernández.

Mariana Gómez del Campo Gurza.

Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Sonia Mendoza Díaz.

Víctor Hermosillo y Celada.

David Monreal Ávila.

Luis Humberto Fernández Fuentes.

Isidro Pedraza Chávez.

Celestino Cesáreo Guzmán.

Jorge Aréchiga Ávila.

Senadores sustitutos:

Emilio Gamboa Patrón.

Miguel Romo Medina.

Raúl Aarón Pozos Lanz.

Lucero Saldaña Pérez.

José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Ricardo Urzúa Rivera.

Jesús Priego Calva.

Jorge Toledo Luis.

Fernando Herrera Ávila.

Silvia Guadalupe Garza Galván.

Francisco Salvador López Brito.

Sonia Rocha Acosta.

Juan Carlos Romero Hicks.

Manuel Bartlett Díaz.

Miguel Barbosa Huerta.

Luis Sánchez Jiménez.

Angélica de la Peña Gómez.

Y Carlos Alberto Puente.

Comuníquese a la Cámara de Diputados la designación que acaba de hacer esta Cámara.

Compañeros Senadores.

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el gobierno de México y el Banco de Desarrollo de América del Norte, relativo al establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del dictamen referido el día de hoy por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, de igual manera manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza su incorporación.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del mismo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo, como siempre, levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de igual forma levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidente, que sí se autoriza.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen anterior.

Quienes estén porque se dispense, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

De igual forma, quienes estén porque se rechace por la negativa, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza la omisión de la segunda lectura.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Recibimos el texto de participación por parte de las presidentes de Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte, la Senadora Gabriela Cuevas Barron y la Senadora Marcela Guerra Castillo, su participación que recibimos por escrito se integrará al Diario de los Debates.

Está a discusión.

Recibimos también la participación del Senador Víctor Hermosillo y Celada, igualmente se integrará al Diario de los Debates.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea, ¿Si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto?

Senadora Martha Palafox ¿En qué sentido? A favor.

Senadora Hilaria Domínguez, a favor.

Al no haber ningún legislador, que de manera evidente manifieste que no ha emitido su voto.

Viene el Senador Isidro. ¿En qué sentido? A favor.

Damos cuenta de la votación, Presidente, quedando de la siguiente manera: 94 votos a favor; 6 votos en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte relativo al establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México, el 3 y el 13 de junio de 2017, respectivamente.

Remítase al Ejecutivo Federal.

Compañeras y compañeros Senadores:

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

El acuerdo está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con gusto, Presidente.

Doy lectura a los resolutivos del acuerdo.

Primero.- La Junta de Coordinación Política propone al Pleno del Senado, para su votación por cédula, por medio de la Mesa Directiva, el nombramiento del ciudadano Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, como Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

Segundo.- La Mesa Directiva convocará, de ser aprobado el nombramiento, quien resulte elector para el acto de protesta.

Esto se da en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el 14 de diciembre del año en curso.

Es firmado por la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el acuerdo.

No habiendo oradores registrados, procederemos con el procedimiento.

Para la designación de este nombramiento realizaremos votación por cédula.

El Artículo Décimo Octavo Transitorio del decreto de reformas en materia electoral, publicado el 10 de febrero del 2014, exige que se reúnan dos tercios de votos de los Senadores presentes.

Procederemos a la elección por cédula del Fiscal, como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarlas a la urna colocada debajo de este presídium al escuchar su nombre.

Las Senadoras y Senadores serán llamados en estricto orden alfabético. Les suplico que estén atentos al escuchar su nombre.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por consideraciones netamente humanas y también por economía procesal, les pediríamos que estén atentos al escuchar su nombre para que pasen y depositen el voto, para que no quede ninguna duda del número de votos que son ingresados a la urna.

(Pasa lista)

(Depositan su voto por cédula)

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Les vuelvo a pedir que por consideraciones de tiempo humanas  y demás, y por economía procesal estén listos  ya para emitir su voto, para que este procedimiento no nos lleve más tiempo de lo debido, pero que no queremos que quede absolutamente ninguna duda  del número de votos que quedan ingresados en la  urna.

Seguimos.

Sí les pediríamos que estén atentos, por favor, saben el orden de su participación para que esto no nos lleve más tiempo del debido.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Presidente.

La Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Solamente para compartirles a mis compañeros Senadores, que el fin de semana falleció un colaborador de este Senado de la República, Jorge Lavat Burgos.

Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo, andaba siempre aquí abajo con su cámara de fotos, de video.

Un colaborador carismático, alegre, optimista, muy entregado a su trabajo. Le encantaba trabajar en este Senado.

Y yo solamente quiero que hagamos una reflexión. Jorge representaba aquí la inclusión para las personas con discapacidad.

Yo espero que trabajemos con muchas más fuerza para tener aquí, colaborando en el Senado de la República, a más personas con discapacidad, que les demos la oportunidad y que los podamos ver aquí en diferentes oficinas con mucha actividad.

Tienen mucho que aportar. Lo quería dejar como reflexión, y recordar al amigo Jorge Lavat.

Muchas gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora, por compartir esto, y lo recordaremos con mucho cariño a Jorge.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Presidente, si me permite damos cuenta de la votación.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Por favor, Senadora.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se emitieron un total de 103 votos: 92 votos a favor; 7 votos en contra  y 4 votos nulos. Así nos da la cuenta de 103 votos emitidos.

Repito: 92 votos a favor; 7 votos en contra y 4 votos nulos. Así queda la votación, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se designa al ciudadano Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como Titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Héctor Marcos             Díaz- Santana Castaño.

Solicito a las Senadores y los Senadores:

Ivonne Álvarez García, Sonia Rocha Acosta, Jorge Aréchiga Ávila, Jesús Casillas Romero, José María Tapia Franco, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le pedimos a los señores y señoras Senadoras que se pongan de pie.

(Todos de pie)

Muy amables. Gracias.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadano Héctor Marcos         Díaz-Santana Castaños, le informo que la Cámara de Senadores lo designó Fiscal Especializado en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

En consecuencia le pregunto:

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El C. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe al Fiscal cuando desee retirarse del salón.

(La Comisión cumple)

Compañeros Senadores:

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados Electorales Locales de la Ciudad de México y de los Estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora.

El acuerdo está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos: primero, décimo, décimo primero y décimo segundo del acuerdo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a los resolutivos del acuerdo.

Primero.- La Junta de Coordinación Política propondrá, por medio de la Mesa Directiva, al Pleno del Senado de la República, la designación de Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de la Ciudad de México, y de los Estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora.

Décimo.- La elección de los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de la Ciudad de México y de los Estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora, se realizará por cédula.

La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

El acto de protesta será conjunto en un solo acto para todos los designados.

Décimo Primero.- En caso de que algunas de las personas propuesta no reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción IV, inciso c), párrafo quinto del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación.

Décimo Segundo.- La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comunicará al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores de los Estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora, en este caso gobernadora; al Presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a los Presidentes de los Congresos de los Estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de la Ciudad de México, de los estados, enlistados anteriormente que son: La Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Sonora.

Se da en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, con fecha del 14 de diciembre del año en curso.

Y firma la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el acuerdo.

El Senador Héctor Larios Córdova: Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador, se parece al Senador Larios, es el Senador Larios.

Sonido en el escaño del Senador Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Paso a la tribuna, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso del Presidente.

Vamos ahorita, a continuación, a una votación, y la verdad lamento, no me gusta venir con este propósito aquí a la tribuna.

Cuando se eligió originalmente por el Senado los tres magistrados, o los cinco en los casos de los estados, en la gran mayoría fueron tres, se tomó el acuerdo de que cuando había solamente dos fuerzas políticas, uno lo proponía una de las fuerzas políticas; al otro magistrado lo proponía la otra fuerza política, y otro tenía el consenso de ambas fuerzas políticas.

Desde luego, que cuidando el tema de Equidad de Género. Así se hizo prácticamente en todo el país.

Así se hizo en Sonora. Se nombró un magistrado, una magistrada propuesta por el PRI, un magistrado propuesto por el PAN y un magistrado de consenso entre los dos. Pero no había cumplido un mes el nombramiento y el PRI impugnó al magistrado que se eligió de consenso, acusado, con una prueba escrita en máquina de escribir, de haber sido directivo del PRI.

Y entonces, fue destituido, y mediante un albazo legislativo, que se pudo suspender, intentaron imponer a una magistrada, que finalmente de todos modos la impusieron, y entonces quedó un tribunal de absoluta consigna.

Ustedes pueden checar el récord de los tribunales locales en las revisiones que tuvieron en las salas regionales.

El Tribunal de Sonora, todos asuntos que fueron a revisión a la Sala Regional de Guadalajara, todos, salvo uno, los revirtió la Sala Regional de Guadalajara.

Le otorgaron, por ejemplo, un Diputado más al PRI, pasando por encimas de las leyes, porque se instalaba más de una casilla especial para Diputado Local en el centro de población, y adicionalmente en cada casilla votaron más del doble de las boletas que se le dio a la casilla, y aun así, el tribunal local le dio el triunfo al PRI. Obvio, lo revirtió la Sala de Guadalajara.

Un tribunal de consigna no ayuda.

Ahora, qué hay que sustituir, y lo que correspondía era sustituir al magistrado que fue nombrado por consenso y destituido nombrar un magistrado por consenso, el PRI se toma la libertad de ello seleccionar a un magistrado de una lista que le pasan de Sonora, de los que pueden confiar en ellos y la gran mayoría de esa lista, por cierto, sus cónyuges, hombres o mujeres, son magistrados ya sea del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La verdad se pueden tener diferencias de opiniones, pero que un órgano administrador de justicia se manipule de esta manera me parece que no es admisible y es el sello del Estado, el día de antier terminó de integrarse lo que es el sistema anticorrupción, los tres magistrados del tribunal administrativo en materia de anticorrupción, uno de ellos es la magistrada que se eligió aquí al Tribunal Electoral, renunció para irse de magistrada anticorrupción. Los tres, totalmente del lado del gobierno del Estado.

En el Consejo Ciudadano se les coló  una mujer independiente, ¿y saben qué pasó? La acusaron de ser miembro del PRI y la obligaron a renunciar.

Es verdaderamente inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más del 80% de los consejeros locales y distritales, militantes  activos del PRI y ciertamente el tribunal dice: “no es impedimento ser consejero de un consejo distrital o municipal si eres miembro de un partido político”. No es un impedimento, pero que todos sean del PRI, me parece que es un tema que no se pude aguantar, y ahora hasta el tribunal, como un tribunal de consigna.

Me parece que esto no es admisible  y no podría pasar yo sin protestar de manera enérgica y protestar incluso por el respaldo de mi grupo parlamentario, son temas centrales como darle todo el arbitraje a una fuerza política que actúa de esa manera.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Larios.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías.

Debo de sumarme a la enérgica protesta del Senador Larios y es importante porque este reconocimiento público de que las designaciones de los magistrados no se toman sobre la base de los perfiles, no se toman sobre la base de la conveniencia del interés público, se toman sobre la cercanía, sobre la cortesanía, sobre la funcionalidad y por eso, nos explicamos la banca rota de la justicia electoral en México.

Nuevamente exhortamos a la Junta de Coordinación Política a que opere en los términos de la Constitución, de fundar y motivar sus decisiones, no pueden pasar únicamente una lista de nombres, deben de decir por qué escogieron a una ciudadana o un ciudadano sobre otro, cuáles fueron las características que observaron, por qué no lo hacen;  uno, por la falta de respeto a la Constitución y; segundo, porque no hay forma de justificar que no se atendieron a los perfiles, se limitó a una negociación entre partidos, entre conveniencias, haciendo a un lado cualquier interés público.

Esto, esto sí es  la demolición de las instituciones.

¡Qué vergüenza!

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Despierten compañeros.

No sorprende  sinceramente, no sorprende la declaración publicada de nuestro compañero Senador Héctor Larios, no nos sorprende, simplemente viene a confirmar una práctica que le sigue haciendo mucho daño a la justicia en México, no sólo la electoral, no, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados en sus diferentes niveles,  todos, primero pasan por el escritorio del ciudadano Presidente de la República y después aquí se les da la bendición, en un acuerdo político que decide la partidocracia.

Desde nuestra trinchera seguiremos luchando y seguiremos insistiendo que los mejores mexicanos y mexicanas son los que tienen que ocupar a partir de sus méritos, a partir de su fama pública, a partir de demostrar los temas que se les encargan, los que ocupen esos cargos, cuando se supo que Santiago Nieto ya no iba a participar, ya no quiso venir al Senado, hicimos una propuesta púbica aquí en esta misma tribuna, aquí en esta misma tribuna  y dijimos que era necesario que se abriera una convocatoria pública, que participaran todos los profesionales del derecho que quisieran y que un órgano autónomo  calificara a estas personas y que el Senado después de una consulta  eligiera de una terna.

Compañeras, compañeros, de veras estas cosas  no sólo irritan al pueblo, sino que hacen que no creo en la justicia. Por eso el pueblo sigue diciendo que la justicia se compra y se vende, están en lo mismo.

Compañeras, compañeros, por supuesto que ante la declaración de lo que se acaba de hacer aquí mi voto va a ser en contra, porque no hay méritos, sino solamente hay cuotas partidarias para designar a los magistrados electorales de los tribunales en los estados.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Demédicis.

No habiendo más oradores, les informo.

De los anteriores resolutivos los correspondientes del segundo al noveno serán resueltos por esta Asamblea a través de una votación por cédula, los que se refieran al resolutivo primero décimo primero y décimo segundo los pondremos a consideración a la Asamblea, en votación económica.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos primero, décimo primero y décimo segundo del acuerdo.

La Secretaria Senador Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos primero,  décimo primero y décimo segundo del acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Muchas gracias.

También quienes estén en todo caso porque no se aprueben, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, Presidente, que son aprobados los resolutivos primero, décimo primero y décimo segundo del acuerdo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los resolutivos referidos.

Procederemos a la elección por cédula de los magistrados, como lo dispone la fracción tercera del artículo 95 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.

Les informo que la Mesa Directiva acordó entregar sobres rotulados con su nombre con la cédula de votación, en  la cédula deberán marcar en cada caso para los estados que ahí se indican el cuadro que se consigne su voto a favor o en contra.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presídium.

Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna, les recuerdo que se pasará a depositar su boleta cuando escuchen su nombre en estricto orden alfabético, les suplico estar atentos para hacer esto un poco más rápido.

Gracias.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Sé que no estará demás hacer la súplica que ya hizo el Senador, y empezar todo mundo a ir marcando su boleta.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Espere un momento, Senadora Secretaria, a que empiecen a repartir los sobres rotulados para la Senadora Acosta y el Senador Albarrán que son los primeros.

A estas horas nos complicaría un poco la logística, señor Senador, pero le ofrezco que la próxima sí la hacemos.

(Pasa lista)

(Depositan su voto por cédula)

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le pregunto a la Asamblea, ¿si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto?

De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, de depositarlo en la urna, procederíamos a hacer el escrutinio.

Solamente informarle a la Asamblea que justo así se siente cuando se pasan del tiempo y es justo por el voto diferenciado que ustedes mismos han decidido por su propio criterio hacer en algunas de las propuestas.

Entonces queríamos ser certeros y contar exactamente los votos.

Les informo que fueron 100 votos en total e iremos hablando de cada una de las propuestas.

El primer propuesto magistrado es Juan Carlos Sánchez León, que tuvo 82 votos a favor, tuvo 17 en contra y un voto nulo, que en total dan 100 votos.

El segundo, estamos hablando de Leticia Victoria Tavira que tiene 84 votos  a favor, 16 votos en contra y da un total de 100 votos.

Raúl Flores Bernal tiene un total de 82 votos a favor, 17 votos en contra y un voto nulo que nos da 100 votos también.

Ana Violeta Iglesias Escudero, que tiene 71 votos, perdón, 84 votos a favor, 16 votos en contra y da exactamente la cantidad de 100 votos que fueron emitidos.

Tomás Vargas Suárez que tiene un total de 83 votos a favor, 16 votos en contra y un voto solamente nulo y nos da la cantidad de 100 votos emitidos.

Ahora el ciudadano Salvador Alejandro Pérez Contreras tiene un total de 82 votos a favor, 18 votos en contra y nos da la cantidad exacta de 100 votos.

Yolanda Camacho Ochoa tiene 83 votos a favor, 16 votos en contra y un solo voto nulo que nos da también la cantidad exacta de 100 votos emitidos.

Y finalmente Leopoldo González  tiene 74 votos a favor, 25 votos en contra  y un voto nulo, y ahí nos da la votación completa de 100 votos emitidos.

Esa es la cuenta, señor Presidente de la votación emitida de manera consciente y responsable de los Senadores y las Senadoras, y se reúne, por lo tanto la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de las presentes que exige el artículo 116 constitucional.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les informo, en consecuencia se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional y 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se declara que han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral.

Los ciudadanos de la Ciudad de México, Juan Carlos Sánchez León.

Del Estado de México, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal.

De Jalisco, Ana Violeta Iglesias Escudero y Tomás Vargas Suárez.

De Michoacán, Salvador Alejandro Pérez Contreras y Yolanda Camacho Ochoa.

Y de Sonora, Leopoldo González Allard, todos para un período de siete años.

Comuníquese.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y los Senadores: Ivonne Álvarez García, Jorge Aréchiga Ávila, Óscar Román Rosas González, Jesús Casillas Romero, inviten a los magistrados recién electos pasar a este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

Asimismo, les informo que el Magistrado Leopoldo González Allard, del Estado de Sonora, no pudo acudir a rendir su protesta en esta fecha, se le convocará para tomarle la correspondiente protesta ante la Mesa Directiva en próxima ocasión.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Después de esta comisión de cortesía les pedimos a los legisladores, a los Senadores y a las Senadoras, se pongan de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadano Juan Carlos Sánchez León, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal, Ana Violeta Iglesias Escudero, Tomás Vargas Suárez, Salvador Alejandro Pérez Contreras, Yolanda Camacho Ochoa, el Senado de la República los ha elegido para desempeñar el cargo de Magistrados del Órganos Jurisdiccional en Materia Electoral en la Ciudad de México, los Estados de México, Jalisco y Michoacán:

“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Los CC. Magistrados: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hicieran que la Nación se los demande”.

A nombre del Senado de la República les deseamos mucho éxito en su encargo.

(Aplausos)

Les solicito pasar a este presídium para entregarles el documento que da constancia de la elección realizada en su favor.

Y solicito a la comisión designada acompañe a los magistrados cuando deseen retirarse del salón.

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia  de Política Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes esté porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, antes de iniciar la discusión de este dictamen informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva oficio de la Comisión de Puntos Constitucionales con el que comunica haber incurrido en errores de forma en la transcripción del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.

El Presidente de la comisión solicita se hagan las sustituciones en el dictamen.

Por la trascendencia del proyecto y que involucra una reforma constitucional voy a consulta a la Asamblea si autoriza la modificación solicitada por el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Daremos primero lectura a las modificaciones que envía la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente les consultaremos, en votación económica, si autorizan la modificación.

El documento que entregó la comisión no muestra ninguna modificación de fondo respecto de la minuta que remitió la Cámara de Diputados y que el dictamen que abordemos propone aprobar en sus términos.

Con las correcciones se trata de apegarse literalmente a lo aprobado por la Colegisladora.

El documento está disponible en el monitor de sus escaños para que lo conozcan.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las porciones del dictamen que se están ajustando a los términos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al documento de la Comisión de Puntos Constitucionales como lo ha instruido el Presidente.

Correcciones que aplica la Comisión de Puntos Constitucionales al dictamen por el que se reforma el régimen transitorio del decreto de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de político-electoral, a fin de eliminar la designación por ministerio constitucional del Fiscal General de la República.

Las correcciones son las siguientes.

En la entrada del proyecto debe iniciar con la indicación:

Artículo Único.- En el régimen transitorio debe contener un renglón que indique “Primero a Décimo Quinto”.

Después del artículo Décimo Sexto debe aparecer una línea que indique “Décimo Séptimo a Vigésimo Primero”.

Con todas las modificaciones, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Se incorporan las adecuaciones solicitadas por la Comisión de Puntos Constitucionales que de ninguna forma alteran el fondo de lo aprobado por la Colegisladora y por las comisiones del Senado.

Está a discusión.

Senador Delgado, Senadora Angélica de la Peña.

Adelante, Senador Delgado.

Sonido en el escaño del Senador Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias.

Presidente, nada más para que nos faciliten que esté en los monitores la modificación y la podamos leer aquí.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pueden poner en los monitores de sus escaños la modificación para que sea más fácil seguirla.

Ya está en sus escaños.

Senador Romero Hicks, ¿quiere usted hacer algún comentario con respecto a la adecuación que estamos discutiendo o con respecto al fondo?

Al fondo, entonces me permite que lleguemos a ese paso.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen al dictamen las modificaciones presentadas por el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que son solo de forma.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen las adecuaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, la discusión del proyecto de decreto será conforme a lo que se adecuó por la autorización de esta Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente.

Con su anuencia.

Con la anuencia de esta Honorable Asamblea.

Señor Presidente, si usted me lo permite, a reserva de hacer una síntesis del documento de presentación, que el documento completo se inserte en la Gaceta del Senado de la República.

Honorable Asamblea, en cumplimiento de nuestras disposiciones reglamentarias vengo a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales a presentar el dictamen aprobado por dicha comisión actuando con carácter de Comisiones Unidas junto con las de Gobernación, de Justicia, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera, de Estudios Legislativos, Segunda, con relación a la minuta con proyecto de decreto que propone modificar una de las disposiciones transitorias del decreto de reformas constitucionales, de la reforma político-electoral publicada en febrero de 2014, en torno a la designación de quien por primera ocasión tendría a su cargo la Fiscalía General de la República.

Se trata de un asunto sobre el cual existe un amplio conocimiento en este Senado, si bien hemos actuado ahora con base en la minuta remitida por la Cámara de Diputados como Cámara de origen, hemos conocido distintas iniciativas que tienen el mismo propósito y también algunos propósitos complementarios.

En aquel entonces, me refiero a la reforma política, con el voto de la mayoría calificada de este Senado y la posterior aprobación del órgano revisor de la Constitución, se consideró que para ese proceso de transformación y una vez expedida la legislación secundaria de la Fiscalía General de la República, para su entrada en vigor, se requeriría por parte del Congreso de la Unión que hubiese, por una parte, la declaratoria formal del Congreso, así como la conclusión de la legislación secundaria.

En el texto que aún está vigente se estableció la designación del Fiscal General por Ministerio Constitucional, lo que en forma coloquial se ha denominado como el pase automático de la Procuraduría a la Fiscalía.

Aquí han sido presentadas diversas iniciativas, algunas con una amplitud de perspectiva, otras coincidentes con lo que hoy estamos comentando.

Así como en el Senado de la República hay pluralidad de iniciativas en la materia, también ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados, allá tampoco es ajena la doble temática y las previsiones del surgimiento, con la fortaleza que se requiere, para la entrada en vigor de esta reforma.

Deseo destacar con toda propiedad que el proceso de análisis y deliberación en distintos ámbitos de nuestra sociedad en los espacios del Poder Legislativo de la Unión y en círculos de reflexión sistemática sobre el diseño y la construcción de instituciones del Estado mexicano, hemos recibido dos importantes elementos para el estudio y reflexión de largo aliento sobre esta materia.

Hace unas semanas apenas recibimos el resultado de trabajos desarrollados conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras más.

Plantean, en este caso, y coincidente con la minuta que hoy analizamos, se plantea avanzar en la supresión de la designación del Fiscal General de la República por Ministerio Constitucional para abrirnos un mejor espacio de diálogo y construcción de acuerdos que permitan la revisión del diseño, funciones e interrelación con otros órganos de la Fiscalía General de la República.

Así hoy solicito respetuosamente el voto aprobatorio de las y los integrantes de este Honorable Pleno del Senado de la República.

Quisiera muy apretado, en una síntesis, comentar en qué consiste la reforma.

El texto hoy vigente considera que para la entrada en vigor de esta nueva Fiscalía se requerían dos supuestos: la legislación secundaria y la declaratoria expresa del Congreso, y en ese caso, en esa hipótesis, quien ocupara el cargo o la función de Procurador General de la República, por Ministerio Constitucional, se convertiría en Fiscal General de la República.

Lo que hoy se sintetiza en este documento dice a la letra:

Párrafo Segundo.- Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República.

Si la Cámara de Senadores no estuviese reunida la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

Tercer párrafo.- El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el Párrafo Primero de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Burgos.

Se concede el uso de la palabra, a nombre de la Comisión de Justicia, a la Senadora Pilar Ortega.

Sonido en el escaño de la Senadora Pilar Ortega.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Seré muy breve.

Por obvias razones inicialmente le pediría que el discurso íntegro de la presentación se integre al Diario de los Debates, y adicionalmente a la explicación que ya hizo el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el contenido del dictamen que hoy se pone a su consideración y que por supuesto tiene una gran trascendencia porque se elimina justamente esta figura, conocida como Pase Automático, para hacer posible que en la designación del Fiscal General, desde el inicio, se llevé a cabo un ejercicio de control parlamentario y no una designación por ministerio de ley.

Simplemente agregar que como se discutió en las Comisiones Unidas, uno de los puntos importantes es reconocer, como se hace en el propio dictamen, que este proceso de reformas al modelo de procuración de justicia, y específicamente al modelo del Fiscal General, no está agotado con esta reforma y que está pendiente por revisarse una serie de iniciativas suscritas por diversos legisladores, y también algunas propuestas hechas desde la sociedad civil que tiene ya el Senado de la República y que, pues éstas tienen que analizarse en breve porque es necesario transitar y generar un modelo de procuración de justicia que responda a lo que hoy demanda el país.

Modificar el 102 y modificar el artículo 116.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a nombre de la Comisión de Reforma del Estado, el Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con vuestra venia, sus señorías.

Buenos días.

Seré muy, muy breve.

Hablaremos en favor de este dictamen porque es tan conveniente como intrascendente toda vez que en el momento que estamos su posibilidad de aplicación es prácticamente nula.

Sin embargo, a pesar de esta conveniente intrascendencia, no podemos hacer de lado la urgente necesidad, la inminencia de la reforma del artículo 102 y de la Constitución que toca varios temas, lo que es el ingreso y remoción del Fiscal, la autonomía o el margen de autonomía de las Fiscalías Electoral Anticorrupción, por mencionar algunos.

Toda vez que la Senadora Pilar, entiendo que a nombre de la fracción del PAN se ha pronunciado en favor de esta reforma, y entiendo que el PRD también estaría en favor de una revisión del 102 constitucional, la única pregunta pertinente es ¿si el PRI está en la intención o en la omisión de entrarle a reformar el artículo 102 constitucional?

Muchas gracias.

Es cuanto, sus señorías.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Hemos recibido también el posicionamiento, para referirse al dictamen, del Senado David Monreal Ávila, que se integrará al Diario de los Debates.

Se lo agradecemos.

Asimismo, también recibimos el texto del Senador Isidro Pedraza Chávez sobre este asunto, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

Ahora está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores.

Angélica de la Peña Gómez.

Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos romero Hicks declina.

Y el Senador Jorge Aréchiga Ávila.

¿Senadora Angélica de la Peña?

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Presidente, entiendo que el dictamen consta de un solo artículo, entonces estaríamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto, ¿estoy en lo cierto?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a hablar en contra de este dictamen ya que el mismo si bien elimina el llamado Pase Automático, según el cual el Procurador General de la República en funciones quedaría designado como Primer Fiscal General Autónomo.

El mismo queda acotado y es omiso respecto a una reforma que establezca un verdadero diseño institucional de la Fiscalía General de la República con un esquema de transición de las y los operadores del Sistema de Procuración de Justicia, es decir, sin una reforma al Apartado A del artículo 102 constitucional.

Si bien la reforma constitucional del 2014 es ampliamente reconocida por haber establecido la autonomía de la nueva Fiscalía, la misma ha sido cuestionada por diversos colectivos de la sociedad civil, ya que mantiene disposiciones que heredan los vicios, debilidades y prácticas que han llevado al colapso del Sistema de Justicia Penal en México.

Los colectivos por una Fiscalía que sirva, y vamos por más, se han expresado en este Senado de la República por un verdadero modelo de procuración de justicia y la creación de una Fiscalía autónoma.

De hecho, hicieron de nuestro conocimiento una propuesta de dictamen ciudadano que contiene una reforma integral a la Constitución y del cual estábamos obligados a darles una respuesta.

Esta minuta si bien elimina el Pase Automático, no incorpora estándares de idoneidad para designar al Fiscal General, por el contrario se mantiene en los mismos requisitos que han prevalecido bajo el esquema de dependencia del Poder Ejecutivo, lo que ya sabemos, que dice la Constitución, no lo repito.

Como podemos observar, estos requisitos estándar para que se diera el encargo se mantiene igual, particularmente para esta nueva responsabilidad con todas las características que conlleva.

No orienta por sí mismo un criterio para seleccionar al mejor perfil para una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política.

Para un país como el nuestro con los altos índices de violencia e impunidad, resulta fundamental que la nueva Fiscalía General no herede los vicios de la PGR, por lo tanto debe comenzar de cero.

Además de la reforma al 102, Apartado A, también las organizaciones, estos colectivos nos han solicitado que se reforme el Transitorio de la Constitución, número 19, donde además establece que no haya pase automático para los funcionarios.

Es necesario que todas estas discusiones debiesen haber impactado a la ley orgánica y al proceso de implementación de la misma para que tengan cumplimiento del objetivo central que les ha motivado estos colectivos, que no es, ni más ni menos, que construir una institución, que sea un pilar sólido de Gobernabilidad Democrática, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Estado de Derecho en México.

Estas organizaciones de la sociedad civil han señalado que la autonomía real del Ministerio Público no se limita únicamente a quien deba ser su titular.

La autonomía de una institución fundamental para la democracia, debe definirse por un diseño institucional que únicamente puede establecerse desde la Constitución. Por lo que eliminar el llamado “Pase Automático”, no es suficiente.

Una verdadera autonomía del Ministerio Público necesariamente pasa por una evaluación objetiva de los ministerios públicos que se encuentran desempeñando sus funciones en la institución, pero además por un proceso transparente y participativo de designación, de optimizar el servicio civil de carrera, de dotar de autonomía a los servicios periciales e independencia política y presupuestal, así como mecanismos de control, de transparencia y de rendición de cuentas.

Por ello, resulta fundamental que la Fiscalía General de la Nación no herede las añejas estructuras de la PGR, por el contrario, se requiere de manera inmediata construir una institución, que sea parte fundamental para la Gobernabilidad Democrática, Seguridad Público y Estado de derecho en México.

De aprobarse esta minuta, se estará perdiendo la oportunidad de construir una institución eficaz, creíble y capaz de combatir la impunidad. Estamos hablando de una reforma a la Constitución.

Quienes piensan que esto se puede enmendar, con todo respeto a quienes me antecedieron en la palabra con sus opiniones, simplemente no están siendo objetivos.

Va a ser muy complicado que lo que resta de esta Legislatura, y sobre todo en medio de una elección constitucional, con entidades federativas, etcétera, cambio Congreso de la Unión, va a ser prácticamente imposible ponernos de acuerdo.

Lamentamos profundamente que no se haya concretado el trabajo, que desde la Comisión de Puntos Constitucionales se venía haciendo aquí en el Senado de la República para lograr una minuta, que efectivamente tomase en consideración a lo que están planteando, tanto el colectivo por una fiscalía que sirva, como vamos por más.

El perfil idóneo para quien se desempeñe como Titular de la Fiscalía, debe construirse a partir de un diagnóstico y de una planeación abierta, plural, transparente y congruente con el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

Ello cobra mayor relevancia debido a la crisis de violencia, corrupción, impunidad y violaciones graves a los derechos humanos por los que atraviesa el país.

Termino, termino. En materia de procuración de justicia no podemos seguir hasta ahora. La ciudadanía demanda una fiscalía autónoma, independiente, profesional, con objetivos claros y con capacidad para la efectiva persecución de la criminalidad y que lamentablemente no encontramos en este dictamen.

Quiero decirles que las organizaciones me pidieron que leyera aquí en tribun