Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Jueves 19 de julio de 2018
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Miércoles 13 de Junio de 2018
Gaceta: LXIII/3SPR-11/81555
Miércoles 13 de Junio de 2018
Gaceta: LXIII/3SPR-11/81555

De los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y José María Martínez Martínez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 95 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.

Sen. Luis Humberto
Fernández Fuentes

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN V y 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los que suscriben: José María Martínez Martínez y Luis Humberto Fernández Fuentes, Senadores de la LXIII Legislatura, Parlamentario sin grupo y Partido del Trabajo, por los Estados de Jalisco y Ciudad de México, respectivamente. Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someten a consideración del pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95, fracción V y se adiciona un decimotercer párrafo al artículo 99, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con el objetivo de establecer como impedimento para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el haber sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Exposición de motivos

Separación de las funciones del Estado.

La esencia de un Estado Constitucional de Derecho radica en que todos los órganos del poder público están sometidos al orden jurídico, la limitación de sus poderes y el principio de supremacía constitucional, así como, en última instancia, como fuente de legitimidad, la defensa de los derechos humanos.

En las últimas tres décadas, el progresivo ensanchamiento de la división de poderes ha implicado la exigencia de correctivos institucionales para impedir que la influencia de decisiones subjetivas basadas en intereses particulares termine por invadir en ámbitos y atribuciones reservados al conocimiento objetivo y especializado, se ha hecho aún más significativa.

Frente a esto, se tiene una teoría clásica de la división de poderes que actualmente no se concibe con la misma rigidez porque ha sido superada por una realidad distinta de los sistemas.

Basta destacar que en 1993 hubo un punto de inflexión en la dinámica de los poderes públicos de México. Las funciones estatales clásicas asentadas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sufrieron una importante alteración con el advenimiento de funciones emergentes que dieron una nueva orientación a nuestro sistema de división de poderes.

Por lo que hace al caso de México, la Constitución Política prevé un título específico que regula las bases y composición de los órganos del estado al que en su conjunto denomina Supremo Poder de la Federación, cuyo ejercicio de divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las funciones de un Poder no pueden ser entorpecidas por otro de los Poderes a los que se les otorgue una atribución que tenga injerencia en aquél, como es la de designar a los titulares de sus órganos.

Además, ha determinado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita el funcionamiento del poder público bajo el principio de preservación de la regularidad en el ejercicio de las funciones, lo que implica que los actos llevados a cabo por las autoridades en ejercicio de su competencia y que repercutan en la integración y funcionamiento de los órganos del Estado deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular. Esta premisa resulta fundamental para la iniciativa que en este documento se presenta.

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que uno de los objetivos de la separación de poderes es, precisamente, la garantía de la independencia judicial, para lo cual, los diferentes sistemas políticos han diseñado procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como para la destitución de las y los juzgadores.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia del Poder Judicial y su clara separación de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo.

Si bien, la recomendación internacional y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfocan en la conservación de la independencia en el ejercicio de funciones, el diseño constitucional y legal mexicano permite una interacción dinámica y conjunta entre poderes.

Tal es el caso de la intervención para efectos de designaciones y revisión de resultados electorales, pues en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participan de manera directa, el Titular del Ejecutivo y la Cámara de Senadores, mientras que en la elección del presidente, es fundamental la actuación del Poder Judicial por conducto del Tribunal Electoral, cuyos magistrados son designados en un procedimiento seguido ante la Corte y el Senado, para ilustrar mejor esta dinámica véase el siguiente cuadro.

Relación de participación de los poderes en los procesos de nombramiento y designación.

Legislativo (Senado)

Ministros de la SCJN- a propuesta del Ejecutivo.

Magistrados del TEPJF- a propuesta de la SCJN

Ejecutivo

Ministros de la SCNJ

Judicial

Calificación de elección presidencial y cámaras del congreso

En este orden de ideas y atendiendo a la materia de esta iniciativa es necesario tener detalle del procedimiento y requisitos establecidos en el marco legal y constitucional aplicables a la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De los requisitos.

Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución establece que se necesita:

  • Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
  • Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
  • Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
  • Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
  • Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
  • No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Del procedimiento de designación.

En el nombramiento interviene el Presidente de la República quien por disposición constitucional tiene el deber de integrar una terna y someterla a la consideración del Senado.

Una vez recibida la terna, dicho órgano legislativo, la turna a la comisión competente, que será encargada de analizar los requisitos y citar a comparecer de las personas propuestas por el titular del Ejecutivo.

La Comisión encargada de analizar los perfiles, deberá emitir un dictamen y turnarlo al pleno de la Cámara de Senadores, a efecto de que por mayoría calificada de dos terceras partes de los votos emitidos por los miembros presentes del Senado y en un plazo improrrogable plazo de treinta días, sea cubierta la vacante.

El mecanismo constitucional de designación establece que en caso de que el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Y si Cámara rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Relevancia del encargo de Magistrado Electoral de la Sala Superior.

En las últimas décadas, el encargo de una magistratura electoral ha cobrado cada vez mayor peso. A partir de la incorporación en el año 1996 del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, hemos sido testigos del papel trascendental que, en nuestra joven democracia mexicana, tienen las personas que han ostentado tal encargo.

Con mayor relevancia, nuestra atención se ha dirigido a aquellas que han conformado las hasta ahora tres integraciones de la Sala Superior, ello desde luego, por ser ésta la instancia terminal del Tribunal Electoral que resuelve, en forma definitiva e inatacable, conforme a lo previsto en los artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Federal; 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 4 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos -en única instancia-, Senadores y Diputados Federales -en segunda instancia-.

Asimismo, porque en su jurisdicción también lo está, como segunda instancia, la decisión final sobre la calificación del cargo de Gobernador, en incluso, en acotados supuestos, aquellas que se relacionen con Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como Presidencias Municipales, a través del llamado Recurso de Reconsideración.

La Sala Superior está integrada por siete magistraturas que duran en su encargo nueve años improrrogables y que son elegidas de forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Dada la trascendencia de este tipo de Magistraturas, la Constitución mandata que la persona que la ocupe, debe satisfacer, al menos, los mismos requisitos que se necesitan para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es más, por cuanto ve al pago de remuneraciones, en términos del “Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de este año, se advierte que, tanto los sueldos y salarios mensuales, como las prestaciones presupuestadas anualmente con concepto de aguinaldo, prima vacacional, pago por riesgo y asignación adicional neto, son casi similares entre los Ministros de la Corte y los Magistrados de la Sala Superior, tal y como se destaca a continuación:

Cargo

Sueldos y salario mensuales

Aguinaldo y prima vacacional

Pago por riesgo y asignación adicional

Ministro 1*

$269,215

 $444,380

$554,595

Magistrado 1*

264,030

444,380

 552,848

Ministro 2

159,282

 303,456

 523,860

Magistrado 2

151,491

294,122

535,979

*De conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional.

La trascendencia de la Sala Superior como órgano terminal del Poder Judicial de la Federación es reconocida por la propia Carta Magna, al establecer en su artículo 99, primer párrafo, que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado de dicho poder.

Por lo que, en México, podemos identificar de forma clara, dos jurisdicciones conclusivas: aquella que detenta la Suprema Corte y aquella que ostenta la Sala Superior, sin que, por la forma de designación entre sus integrantes o la temporalidad del encargo, pueda considerarse que la jurisdiccional electoral y constitucional de la Sala tenga un menor rango o preponderancia que la ordinaria y constitucional de la Corte.

De ahí que se espere un papel digno de los Magistrados Electorales, pues con la toma de sus decisiones se define el destino de todo el pueblo mexicano, por lo que, enérgicamente, les sea exigible que, en sus resoluciones, garanticen la protección de los derechos humanos y conserven el Estado Constitucional y democrático de Derecho, bajo una actuación totalmente objetiva, profesional, imparcial e independiente.

La imparcialidad, objetividad e independencia de la función Jurisdiccional.

La propuesta de iniciativa tiene por objeto establecer como impedimento para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haber sido Magistrada o Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito que quienes califiquen la elección y hagan la declaración de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realicen su función constitucional con imparcialidad, objetividad e independencia, y con ello rechazar cualquier presión externa, bajo la expectativa de acceder al referido cargo jurisdiccional.

En ese sentido, se busca que quienes se encuentran investidos de una Magistratura Electoral actúen bajo el principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.

Las Magistradas y Magistrados Electorales deben ejercer su función a partir del Derecho y de las circunstancias fácticas que se ponen a su consideración y no a partir de presiones o intereses extraños a dichos juzgadores, así como las que deriven de su modo personal de pensar, sentir o afinidades políticas, sociales o económicas.

Del mismo modo, el actuar de las Juzgadoras y Juzgadores Electorales en ejercicio de la función jurisdiccional deberá ser objetiva y acorde a las condiciones del marco jurídico respecto de las cuales debe resolverse cualquier caso, es decir, los presupuestos de las normas jurídicas, principios y leyes que deben ser aplicadas al analizar un caso y resolverlo. Lo que Pedro Sagües señala como control judicial de carácter objetivado, está basado como discurso jurídico sometido a reglas preexistentes de verificación que la condicionan; por cierto, contrario al control político, de índole subjetiva y basada sustancialmente en razones de oportunidad.

En este sentido, el actuar de las Magistradas y Magistrados Electorales, como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, —órgano terminal de la jurisdicción electoral—, son juzgadoras y juzgadores constitucionales que deben enfocarse a la obtención del fin último perseguido por la normatividad electoral a fin de salvaguardar el orden constitucional de la elección presidencial.

Sin embargo, en atención a la función constitucional tan importante que recae a las Magistradas y Magistrados Electorales, como lo es la calificación de la elección presidencial y la declaración de Presidente electo del Estado Mexicano, pueden existir presiones o intereses extraños sobre las juzgadoras y juzgadores, que como personas corren el riesgo de ser persuadidos por el poder, la expectativa de ser postulados a Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el celo profesional.

Bajo esta idea, se debe tener en cuenta que para una administración de justicia constitucional, la cual se realizara a través de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procura que se sean llamadas o convocadas las personas con conocimientos específicos para desempeñar las funciones del Alto Tribunal Constitucional de la Federación, para ello, son evaluados a mediante concursos, capacidad intelectual o de índole académica, así como cuestiones de probidad y ética en el cumplimiento de deberes jurisdiccionales.

Aunado a lo anterior, para el ejercicio de la función jurisdiccional, también debe considerarse que las personas que aspiran a ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son personas físicas que no se pueden abstraer del contexto social, cultural o económica, toda vez que viven dentro de un conglomerado social y por tanto son sujetos de derechos, intereses, con relaciones humanas, sociales, familiares, académicas, o cualquier situación de vida personal, que debe ser ponderada para establecer la idoneidad para su designación.

En vistas a ello, debe procurarse oportunamente aclarar los límites objetivos, a efecto de no perder lo ya alcanzado, como es la independencia de la función judicial, respecto de las funciones Ejecutiva o Legislativa del Estado, circunstancia que debe regir para los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral de cara a su gran poder y al desarrollo autónomo de su jurisdicción que hoy en día reviste de especial importancia y la confianza pública en el Tribunal juega un papel central.

Bajo esas circunstancias, el temor es que a causa de las facultades del Tribunal Electoral la política se acondicionara a la justicia electoral y esa justicia se tornara política, pasando a una condición de conveniencia política —subjetivismo, oportunismo e intereses personales, más que democráticos—, que corrompería la imagen de la institución que representa el Tribunal Electoral.

De esta forma, la actuación de las personas investidas de la función jurisdiccional en general, así como las sentencias y resoluciones judiciales, en lo particular, no pueden ser fruto de la emoción popular, y mucho menos de presiones o amenazas. Justamente por ello la propuesta de reforma a la Constitución Federal se preocupa por proteger a los jueces frente a presiones o imposiciones, para que puedan ser verdaderamente independientes en sus decisiones.

Por lo que las normas o mecanismos que se implementan en relación a la independencia del poder judicial como lo son, los métodos de selección y designación de juzgadoras y juzgadores en cualquier ámbito de competencia, garantías de inamovilidad, estímulos y ascensos, entre otras condiciones de la función jurisdiccional están hechas con la finalidad de salvaguardar a los jueces para que estén libres de presiones externas y sean independientes de toda autoridad, salvo la autoridad del Derecho —como lo propone Joseph Raz—, y que son esenciales para preservar el Estado Democrático de Derecho.

En este sentido, la Constitución Federal reconoce y declara la independencia e imparcialidad de las juezas y jueces en general y no sólo electorales; pero los gobiernos, partidos políticos o grupos de poder, se encargan de anularla ejerciendo sobre ellos, fuertes presiones o influencias políticas, económicas o exigencias culturales o expectativas profesionales que condicionan sus decisiones, y que serán retribuidas de alguna otra manera.

En consecuencia, el impedimento para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber sido Magistrada o Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una situación de excepción razonable para su designación como funcionarios judiciales, no por incapacidad del órgano o del ejercicio de la profesión, sino por una incapacidad propia y personal de los personas que asumirán la calidad de Ministras o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, la limitación subjetiva puede derivar de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad, por situaciones de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, con las que se puede vincular, lo que daría lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de la Magistrada o Magistrado Electoral que haya calificado la elección presidencial y que posteriormente pretendiera acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las ternas que proponga el Presidente de la República al Senado de la República.

Limitación legítima de un derecho.

Los derechos humanos no están exentos de limitaciones, si bien, no deben ser condicionados en cuanto su ejercicio, al no tener una naturaleza absoluta, están sujetos a ser restringidos o limitados, sin que ello les reste valor y relevancia. No obstante, tales restricciones o limitaciones al ejercicio de un determinado derecho básico, deben cumplir con ciertos parámetros y condiciones, así como estar justificadas y ser proporcionales, para que puedan considerarse como legítimas.

En el caso, la propuesta de reforma y adición a los artículos 95, fracción V y 99 de la Constitución Federal, no contiene una limitación al derecho humano de acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas de un país, que contravenga los parámetros de regularidad establecidos por el artículo 1° de la propia Constitución Federal, así como el párrafo 2, del artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los diversos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo anterior, si se toma en consideración que, la propuesta de incluir en el Pacto Federal una limitante para que toda aquella persona que haya ocupado una magistratura electoral de la Sala Superior, no pueda ser nombrada como Ministra o Ministro de la Suprema Corte, persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa: garantizar que los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad e independencia que deben acompañar el actuar de todo juzgador, se observen.

Ello si se toma en cuenta que, en principio, tiene como objetivo constitucional, velar por la independencia judicial, para que quienes hayan calificado una elección presidencial, no pretendan ser postulados por el candidato que resulte ganador.

De igual manera, tiende a la vez, a dotar de mayor autoridad al cargo de Magistrado de la Sala Superior, evitando que sus integrantes descuiden su independencia externa para ser considerados por el Ejecutivo dentro de las ternas que éste propone al Senado de la República para designar a los Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que contribuye a blindar a la Sala Superior de presiones externas provenientes del Ejecutivo Federal que busquen que sus integrantes voten en un determinado sentido, bajo la promesa de ser postulados en una terna para ministros.

De ahí que se estime, la propuesta de limitar el acceso al cargo de Ministro de la Corte a toda aquella persona que haya calificado una elección presidencial, constituye una limitación razonable.


Por las razones fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Iniciativa

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley”.

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que hayan integrado la Sala Superior, estarán impedidos para ser propuestos por el Presidente de la República, dentro de la terna de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sometida al Senado de la República

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley”.

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Decreto por el que se reforma el artículo 95, fracción V y se adiciona un decimotercer párrafo al artículo 99, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

[…]

VI. No haber sido Secretario de Estado, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

[…]”

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[…]

Los Magistrados Electorales que hayan integrado la Sala Superior, estarán impedidos para ser propuestos por el Presidente de la República, dentro de la terna de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sometida al Senado de la República.

[…]”

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al día ***** de ***** de dos mil dieciocho.

PROPONENTES:

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_________________________________

Senador José María Martínez
Martínez

 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes

Jalisco

Ciudad de México

Tesis aislada con rubro: ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL. 2001145. 2a. LIII/2012 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Pág. 1352.

Caso Tribunal Constitucional vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 31 de enero de 2001, Serie C, no. 71.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia del Poder Judicial y su clara separación de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=81555