Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 24 de abril de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 12 de Abril de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-114/80054
Jueves 12 de Abril de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-114/80054

Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, de la Ley General de Educación, de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Ley de Desarrollo Social.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIñEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Ismael
Hernández Deras

EL SUSCRITO, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, SENADOR DE LA REPÚBLICA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, y 164 y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las niñas, niños y adolescentes del país constituyen el patrimonio más valioso de la Nación de cara al futuro. Ellos representan la viabilidad de la sociedad mexicana, de sus principios y de sus valores, así como la permanencia en el tiempo de las obras e instituciones que, frente a otros pueblos y naciones, nos identifican y enorgullecen. Garantizar su formación, desarrollo y protección es una tarea que involucra a los padres de familia y tutores, así como de profesores, especialistas y a todas aquellas autoridades gubernamentales que, en el ámbito de su competencia, tienen algún tipo de responsabilidad encomendada hacia ellos, a fin de atender sus necesidades e inquietudes.

Ninguna sociedad que se precie de respetar, promover y garantizar los derechos humanos de quienes la integran, puede omitir el cuidado, atención e involucramiento de un sector de la población que, por su edad, muchas veces se encuentra expuesto riesgos y peligros de orden social que, en algunos casos, impiden su desarrollo y, en otros, vulneran sus derechos.

Las niñas, niños y adolescentes son el capital social por el que la sociedad debe apostar permanentemente. La oportunidad con la que sean atendidas sus demandas, son la base para la conformación de las redes de confianza del tejido social y el sustento de una sociedad política sólida y crítica. No obstante, hoy en día sectores relevantes de niñas, niños y adolescentes, se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad por razones de pobreza o violencia social que aqueja a muchas comunidades y regiones.

De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México hay alrededor de 39 millones 200 mil niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años de edad. Dos millones 200 mil son indígenas y 10 millones 300 mil viven en zonas rurales. Uno de cada dos se encuentra en situación de pobreza y, dos de cada diez de ellos, en pobreza extrema. Asimismo, dos de cada diez niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, presentan desnutrición crónica y 5 por ciento tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Cuatro millones de ellos, están fuera del sistema educativa nacional y otros 600 mil se encuentran en riesgo de dejar la educación.

En ese contexto, el Senado de la República ha llevado a cabo importantes modificaciones a las leyes sobre protección de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de dejar claramente regulado el interés superior de la niñez en cualquier circunstancia y lugar, en especial, en aquellas en donde su dignidad y derechos humanos puedan ser afectados o conculcados. De hecho, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que modificó el artículo 4° constitucional a fin de establecer el propósito de que prevalezca el interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado relacionados con su persona.

Este enunciado configura un precepto bajo el cual, ante una circunstancia de iguales derechos o la prestación de un servicio, en un contexto de legalidad, prevalece por encima de cualquier otro, el interés de las niñas, niños y adolescentes. Esta base normativa constituye un principio de interpretación normativa bajo una perspectiva sistemática y, simultáneamente, una regla que debe atenderse por las autoridades, en el marco del respeto, garantía y protección de los derechos humanos.

De la publicación de la reforma constitucional al artículo 4° a la fecha, se han llevado a cabo un proceso de normalización legislativa paulatino, a fin de compaginar los acuerdos y tratados internacionales con la legislación Federal y la legislación estatal, de modo que prevalezca el principio del interés superior de la niñez, y quede plasmado con toda claridad, en cualquier disposición normativa relativa a la niñez y la adolescencia.

Es de señalarse que el interés superior del niño quedó establecido en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución número 1386, del 20 de noviembre de 1959, cuyo principio 2 señala: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

El espíritu de dicho postulado fue recogido, el 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde queda manifiesta la disposición de los Estados Partes para que cualquier medida concerniente a los niños de parte de las instituciones públicas o privadas, se privilegiará el interés superior del niño. Con ello, se pretendió establecer una base de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para poner en el contexto de la atención pública, a la población menor de 18 años. Incluso, la convención establece que, en caso de ser necesario separarlos de sus padres, sólo se llevará a cabo de conformidad con este principio y bajo la protección y asistencia del Estado.

De acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el interés superior de la niñez, es un derecho que tiene tres vertientes: es un derecho sustantivo que aplica de manera automática como algo inherente a su persona; es un principio jurídico de interpretación de las normas desde una perspectiva sistemática y una regla o norma de procedimiento, esto es, cuando se adopta alguna decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, tendrá que considerarse, de partida, su interés en términos de sus garantías procesales.

Existen otros instrumentos de carácter internacional relacionados con el interés superior de las niñas niños y adolescentes, entre ellos:

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 
  • Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional; 
  • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en Conflictos Armados; 
  • Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias; 
  • Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; 
  • Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores “Convenio de la Haya”; 
  • Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Directrices de Riad, y 
  • Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores “Reglas de Beijing”. 

Todos estos instrumentos constituyen una base normativa que vincula al Estado mexicano para generar disposiciones normativas y políticas públicas acordes con los principios y reglas en ellos establecidos. Desde esta perspectiva es que fue promulgada la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, conforme al interés superior de la niñez y de conformidad con los principios del artículo 1° constitucional en relación con los derechos humanos.

La ley establece como principios la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de las familia, sociedad y autoridades, y; la transversalidad en la legislación, políticas públicas y actividades administrativas, económicas y culturales.

Señalamiento específico en los principios rectos de la ley es la transversalidad de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. Ello implica la revisión del marco normativo general vigente a fin de encontrar aquellos instrumentos que requieran de una adecuación normativa que permita potencializar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De eso se trata la presente iniciativa. De incorporar un conjunto de enunciados jurídicos a distintos cuerpos normativos, con la finalidad de hacer preponderante de manera efectiva el interés superior de la niñez, sobre la base de no pretender llevar una sobre regulación en la materia y tomando como base las disposiciones señaladas en la norma genera, en este caso, en las leyes del orden Federal de gobierno.

La entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, encauzó la aspiración de contar con un marco jurídico general común para el territorio nacional, bajo el que pudieran enfocarse las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con una perspectiva de principios similares. Incluso, en las disposiciones transitorias, se incluyó un dispositivo para que las legislaturas de las entidades federativas, realizaran las modificaciones que armonizaran su normatividad en la materia con las normas de la ley, a fin de alcanzar un marco uniforme en criterios y principios jurídicos en todo el territorio nacional.

La aprobación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fue acompañada de la modificación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en la cual se asignó la presidencia del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil al DIF nacional y la inclusión de otras dependencias, con la finalidad de que la prestación de servicios y atención a la población menor de 18 años, fuera de orden transversal entre diversas dependencias.

El contenido de la ley implica un espectro de responsabilidades para cada uno de los poderes públicos. Una de las cualidades de la legislación, es que establece un enfoque de principios normativos, en el cual las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán realizar acciones tendientes a garantizar un enfoque integral y transversal en el contexto de los derechos humanos. Ello implica la armonización y actualización de las distintas esferas normativas de cada uno de los órdenes de gobierno y el diseño e instrumentación de políticas públicas específicas que garanticen la protección de la población menor de 18 años.

Entre las responsabilidades, destaca la obligación de que los proyectos de presupuesto deberán incorporar un apartado específico sobre los recursos destinados a las niñas, niños y adolescentes, que permita visualizar las aportaciones específicas de los congresos locales y el Federal para a la protección de sus derechos. Dicha disposición queda establecida en el cuarto párrafo del artículo 2. de la Ley, la cual establece:

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

En el contexto de la armonización de la legislación nacional respecto de esta materia, destaca que, en abril de 2015, el Senado de la República incorpora en la Ley General de Educación modificaciones para garantizar la calidad educativa como un principio primordial que deberá considerar el Estado en la prestación de servicios educativos. El propósito fue colocar en el nivel más alto a la dignidad y los derechos de los menores de 18 años en todas las actividades educativas, con la intención de que, en el trato entre autoridades, profesores y alumnos, prevalezcan sus derechos y que ningún interés sea más relevante que el suyo.

De hecho, la calidad educativa forma parte sustantiva del interés superior de la niñez y ello se expresa a lo largo del texto que reformó la Ley General de Educación de 2016 y de 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio y el 22 de marzo de aquellos años respectivamente. Aunque los propósitos de las reformas atendían diversos aspectos, de acuerdo con esas modificaciones legales, la educación de calidad debe brindarse en condiciones de equidad bajo las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia.

Asimismo, se establece que las medidas para garantizar la equidad educativa estarán dirigidas a los grupos con mayor rezago educativo o las que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, de origen étnico o nacional, creencias religiosas o preferencias sexuales, entre otras.

Existen otros esfuerzos normativos por armonizar diferentes normas al interés superior de la niñez, algunos de ellos, iniciados en el Senado de la República que, sin embargo, presentan estrategias normativas diferentes a las que se proponen en este proyecto. Concretamente, se trata de reformas a las leyes de Planeación y de Desarrollo Social, las cuales pretenden enfatizar la atención en el núcleo de población infantil.

En nuestra perspectiva, los señalamientos deben abrir nuevos cauces normativos en la atención de la niñez sin reproducir los mandatos que la disposición constitucional establece y las obligaciones que derivan de la Ley General vigente desde el 4 de diciembre de 2014.

En primer término, se propone establecer en la Ley de Planeación el principio del interés superior de la niñez, a efecto de que en las acciones de la planeación del desarrollo exista la perspectiva correspondiente, como lo hay en materia de género, pueblos y comunidades indígenas y factibilidad cultural. De esta forma, se espera que, en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes sectoriales, se incorporen en lo conducente, acciones y programas que cumplan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La propuesta es adicional una fracción IX al artículo 2° de la ley, a efecto de incorporar el principio señalado.

Asimismo, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de definir con mayor precisión la referencia vigente en la fracción III bis del artículo 2 sobre las categorías y conceptos utilizados a lo largo del texto normativo. En este sentido se modifica la referencia de “Atención de Niños, Niñas y Adolescentes” por “Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes”, a efecto de colocar el enunciado en la lógica de los derechos sustantivos.

De la misma forma, tal como lo enuncia la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece en el artículo 27 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, en los anteproyectos de presupuesto, se contendrán acciones que garanticen la protección integral de los derechos de los menores de 18 años. La finalidad es homologar la propuesta como se hace en términos de la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier discriminación de género.

En la misma norma de responsabilidad hacendaria, se propone incorporar un apartado especial para grupos etarios, es decir, por edad, que agrupe las previsiones de gasto con base en su destino, con especial mención a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También, se propone armonizar la redacción ya existente en el artículo 41, fracción V), y en el último párrafo del artículo 58, a fin de referirlos a la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se propone también concretar en la Ley General de Educación, complementariamente a los principios de conjuntamente con los elementos de la educación laica y gratuita de la educación, el principio del interés superior de la niñez con mayor precisión, a efecto de que el propósito de la calidad educativa y la evaluación del desempeño tenga como eje el interés superior de la niñez. De acuerdo con lo cual, se propone adicionar un párrafo al artículo 3°, a efecto de que las autoridades responsables de la prestación de los servicios educativos, observen, en el desempeño de sus funciones, el interés superior de la niñez, así como el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de los educandos en los recintos educativos.

En la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se propone establecer como uno de los objetos de fomento de dichas organizaciones la promoción, defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para tal efecto, se considera la adición de una fracción XIX al artículo 5° de dicha ley.

Finalmente, en la Ley de Desarrollo Social se incorpora al esquema de principios de la norma, el interés superior de la niñez para la elaboración de estrategias ya acciones en el cual se garantice su pleno desarrollo y ejercicio efectivo de derechos.

Con base en los anteriores consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley General de Educación, a la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Ley de Desarrollo Social conforme al siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 2°.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. – VI.- …

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, y

IX.- El interés superior de la niñez, para garantizar de manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo tercero de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 3°.-

Los responsables de la prestación de los servicios educativos, observarán en el desempeño de sus funciones, el interés superior de la niñez, así como el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los recintos educativos.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona la fracción XIX al artículo 5. De la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XVII…

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y

XX. Las que determinen otras leyes.

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona la fracción XI al artículo 3. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I a X…

XI. Interés superior de la niñez: consideración sustantiva para la elaboración de estrategias y acciones que garanticen a niñas, niños y adolescentes su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A t e n t a m e n t e

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ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS

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