Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 20 de junio de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79162
Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79162

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones y fincar las responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por el probable desvío de recursos públicos en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detectados en la revisión de la cuenta pública 2016 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Sen. David
Monreal Ávila

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien o fortalezcan las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por el probable desvíos de recursos públicos en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detectados en la revisión de la Cuenta Pública 2016 realizada por la Auditoría Superior de la Federación

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Esta premisa en el texto constitucional tiene su relevancia en virtud de que ordena que toda aquella persona que acceda al manejo de recursos públicos debe apegarse a dichos principios de forma inexcusable, de lo contrario estaría violentando el principio de legalidad.

A pesar de la claridad que existe en dicho precepto, en la actual administración federal esto ha sido letra muerta, ya que los escándalos de corrupción, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros actos delictivos cometidos con dinero público, han sido el principal distintivo de su gestión, desde la Presidencia de la República hasta las Secretarías y Subsecretarías de Estado.

En las revisiones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho notar la situación; por ejemplo, en su análisis de la Cuenta Pública 2013, presentado en febrero de 2015, alertaba acerca de que el Gobierno Federal utilizaba a las universidades públicas para triangular recursos y entregarlos a empresas irregulares. En aquel informe destacó el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la que se le detectaron operaciones por más de 650 millones de pesos. Un año después, insistiría en el tema y denunció específicamente el uso de cuatro universidades públicas para desviar recursos y documentó probables irregularidades por poco más de 800 millones de pesos. [*]

Nuevamente como resultado de la revisión de la Cuenta Pública, del año 2016, la ASF dio a conocer la utilización del mismo mecanismo de triangulación para el aparente desvío de recursos públicos, de manera particular desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Dentro del informe dado a conocer en el mes de febrero, señala que, al cobijo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las “contrataciones que se pretendan realizar al amparo de dicho artículo están obligadas a cumplir con el artículo 134 constitucional, de tal manera que los recursos erogados se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, desde la Cuenta Pública 2012, la ASF ha señalado a estas contrataciones como un factor que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos”. [*]

Como parte de la conclusión del documento señalado, la autoridad encargada de la revisión apunta que este tipo de contrataciones genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, “propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante”. [*]

Lo sobresaliente de las observaciones realizadas no estriba en estas “recomendaciones”, lo preocupante recae en el hecho de que a partir de la revisión de la Cuenta Pública, se ha dado a conocer que durante la actual administración federal, se ha utilizado el mismo modus operandi para desviar recursos, además de que han sido detectados más de 6 mil 879 millones de pesos en desvíos de recursos públicos, los cuales se habrían dado entre el año 2012 y 2016 mediante la triangulación de recursos, vía contratos entre dependencias, las cuales son: la SEDESOL, SEDATU y la SAGARPA, así como la CONAGUA, el ISSSTE, DICONSA, la CONAPESCA, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. [*]

Sin embargo, destacan los señalamientos que se han hecho públicos en distintos medios a nivel nacional, respecto al desfalco millonario en las Secretarías de Desarrollo Social; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga; en la primera, de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, mientras que la segunda del 27 de agosto a la fecha. De acuerdo con la ASF, en ambas dependencias se detectaron desvíos de hasta mil 300 millones de pesos, los cuales “se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias”. [*]

De acuerdo con diversas versiones periodísticas, la detección del desfalco al erario fue posible a partir de tres auditorías a recursos ejercidos en 2014 y 2015 que llevó a cabo la ASF, revelando por un lado “que parte de ese dinero fue transferido a Monex y CI Banco para después ser repartido en cuentas domiciliadas en distintos países”. [*] De esta manera, la información apunta al hecho de que Monex habría recibido un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a América Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

Por otro lado, la ASF señala que, desde la SEDESOL, durante la gestión de Rosario Robles, se habría cometido el desvío a través de la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, “cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y febrero de 2015. Mientras que en la SEDATU los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmados en julio, septiembre y octubre de 2015”. [*] Este esquema permitió que entre ambas dependencias se subcontrataran 84 proveedores, de los cuales, al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas.

A pesar de que los señalamientos han sido negados por la titular de la SEDATU, a la fecha no se han presentado la evidencia que demuestre lo contrario.

Asimismo, de la revisión a la Cuenta Pública realizada por la ASF se ha dado a conocer que durante la gestión de José Antonio Meade, actual candidato de la coalición Todos por México, se detectaron pagos a personas fallecidas, a personas sin registro y a personas con registro duplicado. “La revisión de la calidad de los programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y de Empleo Temporal Inmediato en 2016 arrojó un posible daño al erario público por 3 mil 264 millones 110 mil 100 pesos por errores de manejo y control de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)”. [*]

Además, se ha señalado la probable responsabilidad del aspirante presidencial por no haber detectado en su momento las irregularidades de la SEDESOL durante la gestión de Rosario Robles, ya que en su calidad de titular de la dependencia no denunció el desvío millonario de recursos públicos. Al respecto, el candidato en su defensa ha dicho, a través de medios digitales, que en su carácter de Secretario de Desarrollo Social realizó “una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”; [*] sin embargo, se ha dado a conocer que esas investigaciones no llegaron a tocar “ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en SEDESOL”. [*]

En este sentido, es indispensable que la Procuraduría General de la República, así como la Secretaría de la Función Pública, inicien los procedimientos correspondientes y en estricto apego a derecho, para investigar y deslindar responsabilidades en contra de quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Es necesario que las autoridades determinen y aclaren este tipo de señalamientos, sobre todo en medio de un proceso electoral tan complejo como el actual. Conductas de esta naturaleza no pueden ni deben ser toleradas en un Estado democrático de derecho. Se requiere garantizar que el uso de los recursos públicos en México sea beneficio de la población, tal como lo mandata la Constitución.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien o fortalezcan las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por el probable desvíos de recursos públicos en la Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detectados en la revisión de la Cuenta Pública 2016 realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República al primer día demarzo de 2018.


[*] “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, Animal Político-Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, [en línea], consultado 13/09/2017, disponible en: https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/

[*] Auditoría Superior de la Federación. “Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016”, [en línea], consultado 27/02/2018, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf

[*] Ídem.

[*] Salazar Claudia. “uma 6,879 mdp megadesvío.- ASF”, Periódico Reforma, [en línea], consultado: 27/02/2018, disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1328571&md5=2e02423f6db98d8a22e8d5616eeef7a1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

[*] Redacción. “ASF detecta que Sedesol y Sedatu, en las gestiones de Robles, desviaron mil 311 millones de pesos: Reforma”, Sin Embargo, [en línea], consultado 28/02/2018, disponible en: http://www.sinembargo.mx/20-02-2018/3387838

[*] Ídem.

[*] Ídem.

[*] Barragán, Daniel. “Sedesol gastó 3,264 millones pesos en personas de más de 100 años, muertos y sin registros: ASF”, Sin Embargo, [en línea], consultado: 28/02/2018, disponible en: http://www.sinembargo.mx/23-02-2018/3389545

[*] Villamil, Genaro. “Los desvíos que Meade no vio en Sedesol”, Proceso, [en línea], consultado 28/02/2017, disponible en: http://www.proceso.com.mx/523906/los-desvios-que-meade-no-vio-en-sedesol

[*] Ídem.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79162