Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 20 de junio de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79146
Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79146

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a someter a juicio político al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el uso faccioso y electoral de dicha institución en contra de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.

Sen. Adriana
Dávila Fernández

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE SOMETA A JUICIO POLÍTICO AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, POR EL USO FACCIOSO Y ELECTORAL DE DICHA INSTITUCIÓN EN CONTRA DE RICARDO ANAYA, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO. ASIMISMO, SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE HAGAN UN PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO EN EL QUE EXPLIQUEN POR QUÉ HAN QUEDADO IMPUNES LOS CASOS DE AYOTZINAPA, LA GRAN FAMILIA, LOS DESVÍOS MILLONARIOS DE EMILIO LOZOYA, CÉSAR DUARTE, RODRIGO MEDINA, ROBERTO SANDOVAL, EUGENIO HERNÁNDEZ, TOMÁS YARRINGTON, HUMBERTO MOREIRA, FAUSTO VALLEJO, ENTRE OTROS SE QUE PRESENTA LA SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ.

HONORABLE ASAMBLEA

La suscrita Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a juicio político al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) Alberto Elías Beltrán, por el uso faccioso y electoral de dicha institución en contra de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de México. Asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional del Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que hagan un pronunciamiento público en el que expliquen por qué han quedado impunes los casos de Ayotzinapa, la Gran Familia, los desvíos millonarios de Emilio Lozoya, César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, entre otros con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy, las instituciones responsables de procurar justicia, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, se han reducido a ser instrumento de presión y persecución de sus adversarios políticos.

La guerra sucia del PRI y de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado. La incapacidad del gobierno en el poder y la caída en las encuestas del candidato de MORENA así como el rezago sufrido por José Antonio Meade, han dado inicio a una serie de acusaciones sin fundamento en contra de Ricardo Anaya.

Lo cierto es que en una campaña política siempre hay posturas, hay crítica y diferencias. Lamentablemente, hay servidores públicos que se someten y se ponen al servicio de los intereses electorales.

Para el grupo en el poder no existen los casos como Ayotzinapa, tampoco la Gran Familia, menos los desvíos millonarios de Emilio Lozoya, César Duarte, Rodrigo Medina, entre otros. La PGR tampoco actuó en casos como los de Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fausto Vallejo (estos dos últimos por cierto ahora candidatos impulsados por la Coalición Morena-PT- PES) todos ellos vinculados con el crimen organizado.

Qué decir de Alfonso Romo, incondicional de Andrés Manuel López Obrador, quien con su empresa “Seminis” dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ética; hoy, Romo es coordinador del Proyecto de Nación de López Obrador. No obstante, el candidato de MORENA lo ha calificado como un “empresario ejemplar” y además sería su jefe de gabinete en caso de ganar las elecciones.

También, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de MORENA ha defendido al candidato plurinominal al Senado y líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia,  implicado en un fraude de 55 millones de dólares, por lo que salió huyendo del país. Para este grupo faccioso, esta clase de delincuentes se llaman perseguidos y estigmatizados.

De todos esos casos, exigimos un pronunciamiento de parte de la Comisión Nacional del Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que le expliquen a México por qué todos esos casos quedan impunes.

Esto evidencia por qué no atacan ahora a Andrés Manuel López Obrador, cómo acusarlos sin son lo mismo, los viejos priístas y lo que se autodenominó el nuevo PRI se niegan a dejar el poder no importa cuál sea el color que los arrope.

El PRI no ha cambiado, ni cambiará son los mismos que reprimieron a los estudiantes en el 68, los responsables de Acteal, Atenco y Ayotzinapa, son los mismos que nos dijeron que nos llevarían al primer mundo pero ocasionaron las peores devaluaciones de este país y este sexenio no fue la excepción, son aquellos que dijeron que hable México, pero reprimen todavía las voces críticas, son aquellos que piensan que las instituciones están a su servicio y no a la de los mexicanos. En conclusión, el PRI nunca podrá negar su pasado, porque es también su presente.

El PRI y Andrés Manuel López Obrador representan exactamente lo mismo: corrupción, chantaje, amenazas, retroceso. Lo que intentan estos ataques es asegurar la permanencia de la mafia en el poder sea uno u otro.

Las instituciones de ninguna manera deben ser utilizadas de esta manera. En el caso de la PGR debiera ser utilizada para  resolver casos como los de Oceanografía, Tlatlaya, la Casa Blanca, Nochixtlán, OHL, el socavón del Paso Express y La Estafa Maestra.

Arturo Elías Beltrán hoy es el dirigente de la guerra sucia del PRI en contra de Ricardo Anaya. Lo que hacen es utilizar de forma facciosa el poder que genera la PGR con fines políticos basados en la calumnia y el miedo. A esto se le llama terrorismo electoral.

Casualmente, las acusaciones surgen justo cuando el candidato del Frente se ha consolidado en la segunda posición de todas las encuestas. Evidentemente e principal beneficiado de toda esta guerra sucia orquestada desde las instituciones, es el candidato a la presidencia por MORENA quien no crece en las encuestas, por el contrario su figura cada vez se desvanece más en su mezquindad política. El PRI-Gobierno a toda costa quiere retener el poder, no importa si es en la figura de Meade o en López Obrador, al final son lo mismo.

Sin duda, un cara a cara entre las propuestas de Anaya y los otros candidatos restaría fuerza a sus campañas. Por eso han recurrido a la guerra sucia. Ricardo Anaya ya ha exigido que la PGR que aclare si lo están investigan. Pero los ataques a nuestra democracia no pueden quedar así.

Elías Beltrán ya demostró que está subordinado a los intereses del PRI, que la PGR será utilizada con fines electorales con el objetivo de salvar la fallida campaña de José Antonio Meade.

Estos actos no pueden quedar impunes. Es momento de hacer valer la Constitución y que se siga juicio político en contra del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el uso indebido del servicio público.

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En esta clasificación se encuentra el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal:

ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;

III.- Las violaciones a los derechos humanos;

IV.- El ataque a la libertad de sufragio;

V.- La usurpación de atribuciones;

VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

El uso de la PGR, en ese caso, en contra de un candidato para beneficio electoral de otro es un ataque a nuestra democracia y a nuestra forma de gobierno.

En consecuencia, hay que exigir el actual encargado de despacho de la PGR sea sujeto a juicio político por la Cámara de Diputados y ser sancionado con destitución e inhabilitación.

El PRI no se ha dado cuenta que quienes más pierden con este tipo de acciones, son las y los ciudadanos a los que les aseguraron sabían gobernar mejor que el PAN y depositaron en ellos su confianza, pero aún más grave es que las y los mexicanos seamos rehenes de lo que llamaría justicia selectiva.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en términos de los artículo 109, fracción I, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todos los relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, someta a juicio político al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán por el uso faccioso y electoral de dicha institución en contra de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de México.

SEGUNDO: Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que hagan un pronunciamiento público en el que expliquen cuál por qué han quedado impunes los casos de Ayotzinapa, la Gran Familia, los desvíos millonarios de Emilio Lozoya, César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fausto Vallejo, entre otros.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79146