Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 20 de junio de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79145
Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79145

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exige a diversas dependencias del Gobierno Federal cumplir sus obligaciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para proteger la integridad, seguridad física, derechos laborales y humanos de los trabajadores de la empresa Oceanografía S. A. DE C. V., luego de la simulación y omisión en las que incurrieron estas dependencias por tener intereses estrictamente personales de quienes las dirigen y que han derivado no sólo en la pérdida de empleo de miles de trabajadores, sino en una violación flagrante a sus derechos humanos fundamentales.

SE TURNó A LA COMISIóN DE GOBERNACIóN.

Sen. Adriana
Dávila Fernández

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXIGE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A CUMPLIR SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD FÍSICA, DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S. A. DE C. V., LUEGO DE LA SIMULACIÓN Y OMISIÓN EN LAS QUE INCURRIERON ESTAS DEPENDENCIAS POR TENER INTERESES ESTRICTAMENTE PERSONALES DE QUIENES LAS DIRIGEN Y QUE HAN DERIVADO NO SÓLO EN LA PÉRDIDA DE EMPLEO DE MILES DE TRABAJADORES, SINO EN UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A SUS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES A CARGO DE LA SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ.

La suscrita Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a  consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución  por la que se exige a diversas dependencias del gobierno federal, a cumplir sus obligaciones establecidas en la constitución y en ley orgánica de la administración pública federal, para proteger la integridad, seguridad física, derechos laborales y humanos de los trabajadores de la empresa oceanografía s. a. de c. v., luego de la simulación y omisión en las que incurrieron estas dependencias por tener intereses estrictamente personales de quienes las dirigen y que han derivado no sólo en la pérdida de empleo de miles de trabajadores, sino en una violación flagrante a sus derechos humanos fundamentales lo anterior con base a las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N  E S

En febrero de 2014 el Banco Nacional de México (Banamex), hoy denominado Citibanamex, informó de un fraude contra esa institución por casi 600 millones de dólares perpetrado en colusión con algunos de sus empleados y la empresa Oceanografía, proveedora de servicios marítimos para Petróleos Mexicanos, en consecuencia, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación y aseguró sus bienes, incluyendo una flota de embarcaciones, la cual fue puesta a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para su administración. La empresa Oceanografía fue inhabilitada por dos años y en 2016 se le declaró en quiebra.

Dentro de dicha administración, el SAE contrató a poco más 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación, con el objeto de cumplir con las regulaciones marítimas, atender a 21 embarcaciones amarradas en el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, darles el mantenimiento permanente que requieren, asegurar su operatividad, garantizar su seguridad y la de las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro.

En abril de 2017, ante ante la ausencia de elementos jurídicos y legales que permitieran al menos suponer la existencia de los delitos por los cuales se había asegurado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., la PGR dio por cerrada la indagatoria por fraude, desasegurando los bienes incautados, por lo que la Administración fue transferida a un síndico nombrado por el IFECOM (Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles).

No obstante, es importante señalar que durante la administración del SAE, las embarcaciones se deterioraron y  no se tuvo el cuidado necesario para mantener dicha empresa en condiciones óptimas.  La administración por parte de la autoridad federal fue deficiente a tal grado que los trabajadores desarrollaban sus actividades en condiciones precarias, de extrema insalubridad e inseguridad, lo que ha generado hasta ahora una auténtica crisis humanitaria y de seguridad, como lo certificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche el 24 de septiembre de 2017, al mencionar en su informe que se encontraban “sin agua ni alimentos; sin combustibles para cocinar, ni para accionar el aire acondicionado, ni para accionar y maniobrar las embarcaciones en casos de temporales y emergencias, en embarcaciones cuyas líneas de amarre se encuentran ya podridas y sin mantenimiento.”

Previamente, por las mismas situaciones y las condiciones peligrosas en que prestaban su trabajo el personal a bordo de los buques,  y ante la falta de protección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras dependencias federales, se presentó desde el 13 de septiembre de 2017 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que emitiera las recomendaciones correspondientes a las autoridades que han sido omisas en vigilar las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los empleados y principalmente los marinos.

De 2014 a la fecha se dieron una serie de elementos jurídicos por los diversos involucrados, entre impugnaciones, amparos y acuerdos que dejaron en total indefensión a los trabajadores de la empresa. El pleito legal se basó exclusivamente en la situación legal de los dueños y de los titulares de las distitntas dependencias del gobierno federal, sin tomar en cuenta la protección integral de los trabajadores.

Lo anterior tuvo como resultado que durante los primeros días de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizara una visita a bordo de las embarcaciones constatando las condiciones precarias y dictando medidas cautelares las cuales lamentablemente no se atendieron.

El día 20 de noviembrede 2017, tan pronto fui informada por algunos trabajadores de esta situación el Diputado Federal Juan Corral Mier, Secretario de la Comisión del Trabajo y la signante como Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, nos trasladamos al lugar de los hechos para verificar la veracidad de dicha información. En tal sentido, pudimos documentar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores de la empresa Oceanografía a bordo de los buques, sin alimentos, sin combustibles, sin pago por la prestación de sus servicios y en condiciones de extrema vulnerabilidad e incluso con amenazas e intimidaciones de perder su trabajo si bajaban de las embarcaciones. Llevaban poco más de 6 meses sin cobrar sus salarios.

Ante tal situación dimos aviso de inmediato a las autoridades involucradas entre ellas la Secretaría de la Marina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAE y a la Procuraduría General de la República, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las lamentables condiciones en las que se encontraban los trabajadores y el riesgo que corrían de seguir así. Cabe señalar que estuvo en peligro su vida, además de por la falta de alimento, por los actos de vandalismo y diversos ataques a las embarcaciones, así como a las condiciones climatológicas.

De igual forma, solicitamos en carácter de urgente una reunión con todos los involucrados para solucionar dicha situación e invitamos a las autoridades competentes para verificar el abandono de tripulantes a bordo de embarcaciones que eran parte del acervo contemplado en el Concurso mercantil 265/2014, que se ventilaba con el Juez Tercero Civil de Distrito en la Ciudad de México.

Si bien es cierto, sostuvimos una primera reunión de trabajo presidida por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, hoy Secretario del Trabajo y se acordó la intervención de las dependencias en el ámbito de sus competencias, de noviembre a la fecha y a pesar de nuestra insistencia y de diversas reuniones de manera independiente con las diversas dependencias no se tuvo respuesta a los problemas de los trabajadores. Las instituciones involucradas fueron y han sido omisas en dar una respuesta o acción contundente.

Si bien es cierto, una de las acciones rescatables de la Administración Pública Federal, en específico de la Secretaría de Marina, derivada de una reunión celebrada con  el Juez de Distrito que lleva el procedimiento concursal, en la que se le expuso los peligros que viven los trabajadores a bordo de la empresa Oceanografía, fue que la SEMAR realizó inspecciones del Estado rector de Puerto, determinando ingresar tres embarcaciones al puerto que se encontraban fondeadas denominadas Andaluz, Melissa Candies y el Caballo Criollo, ejecutándose inspecciones a bordo de todas las embarcaciones que se consideraban parte del concurso mercantil propiedad de Oceanografía, asimismo se comunicó al Juez cuál era la condición de abandono en que se encontraban las tripulaciones y embarcaciones. Pero esto ha sido insuficiente.

Las condiciones en las que el SAE dejó las embarcaciones y las instalaciones de la empresa durante su administración, pero especialmente el abandono a los trabajadores luego de que fueran ellos quienes les contrataron, son verdaderamente deplorables e inhumanas.

Es preciso reflexionar en un primer momento que varios delitos se cometen por acción u omisión de las personas, en el presente caso las conductas desarrolladas tanto por administradores como por las mismas autoridades, y sus omisiones tienen una línea muy delgada entre lo que deben de realizar, y sus abstenciones, aspectos que generan una complicidad por parte de ellas al saber de las condiciones en que viven y vivieron los trabajadores a bordo de Oceanografía durante el tiempo que estuvo intervenida, sin que hubieran hecho algo de las acciones que la ley les obliga.

Dimos cuenta de la posibilidad de que se estuvieran cometiendo diversos delitos por distintos entes; entre ellos trata de personas con fines de trabajo forzado, esclavitud o  explotación laboral, así como actos de corrupción evidentes como la creación de sindicatos fantasmas para la triangulación de recursos públicos y el saqueo de los bienes de la empresa.

Sobre las anteriores conductas, el Gobierno Federal a través de sus distintas Secretarías ha tratado de deslindarse de sus obligaciones legales a pesar de la evidente urgencia, con el argumento inoperante de que se trata de un “mero asunto laboral”.

Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su sentencia de 20 de octubre de 2016, emblemática por ser la primera en la cual resuelve obligaciones estatales en materia de trata de personas con fines de esclavitud y prácticas análogas, servidumbre y trabajo forzado que: 

“…es razonable concluir que la falta de debida diligencia y de sanción por los hechos de sometimiento a condición análoga a la de esclavo, estaba relacionada a una preconcepción de las condiciones a las que podía ser normal que fueran sometidos los trabajadores…” (y que) “…situaciones laborales no estables, [son causas estructurales por las que]  muchos trabajadores [se someten] a situaciones de explotación aceptando el riesgo de caer en condiciones de trabajo inhumanas y degradantes”, pero que se debe distinguir “…claramente entre los conceptos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso” y evitar la confusión entre los diversos tipos de explotación humana, pues no hacerlo “banalizaría la esclavitud y dificultaría su erradicación ”, y deja claro que, como es el caso que se denuncia, “una mera violación a la legislación laboral no alcanza el umbral de reducción a la esclavitud, sino que se necesita que las violaciones sean graves, persistentes y que lleguen a afectar la libre determinación de la víctima […]”

De acuerdo a lo anterior es posible llegar a la conclusión que no toda violación de los derechos laborales configura trabajo esclavo. Sin embargo, si la ofensa a los derechos garantizados por la legislación del trabajo vigente es intensa y persistente, se llega a niveles intolerantes, y sí cuando los trabajadores están sometidos a trabajos forzosos, jornadas exhaustivas o condiciones degradantes.

A pesar de que los dueños de la empresa han retomado el control y administración de ella, la situación de sus trabajadores es deplorable, pues el daño ya fue hecho y concretado, es posible ver que durante el tiempo que duro la intervención vivieron violación de derechos humanos y laborales, hasta actos que pusieron (y aun ponen) en riesgo su integridad física y emocional; han sobrevivido con la ayuda de lugareños y son amenazados de no pagarles si inician procedimientos jurídicos; impedidos de abandonar sus puestos bajo amenaza que de hacerlo incurrirían en responsabilidades administrativas y penales graves, además de que perderían su Libreta de Mar y quedarían impedidos para siempre de volver a trabajar tal como dispone el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, situación que a pesar de ser del conocimiento de las autoridades y la empresa, han pasado por alto, incumpliendo los criterios aludidos por la Corte Interamericana.

Cabe agregar que actualmente, el banco Banamex ahora Citibanamex, tiene bloqueado los recursos del fideicomiso de Oceanografía, recursos que cobró Banamex y que se niega a liberar en perjuicio de los trabajadores y su fuente de trabajo, así como de inversionistas, pues les impide reactivar por completo el funcionamiento de la empresa, de ahí el llamado que se hace a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto de que intervenga para resolver la situación particular.

Después de todo lo antes narrado, es posible llegar ala conclusión de la existencia de omisiones por parte de distintas autoridades para dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 1º, que sirve de base al sistema democrático que se funda en la protección de los derechos humanos:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Es por las anteriores consideraciones y en razón de las omisiones en que han incurrido las autoridades federales en detrimento de los derechos humanos de los trabajadores por las que me veo en la necesidad de acudir a esta Soberanía para exhortar a distintas autoridades para que cumplan con las obligaciones legales que emanan del mandato constitucional del respeto y protección de los derechos humanos, a la fecha han sido omisas con cumplir con sus atribuciones, solo “administrando” el problema pero no resolviendo el fondo del mismo.

Por lo antes expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exige a la Procuraduría General de la República que realice las investigaciones relativas a los hechos acontecidos en los buques pertenecientes a Oceanografía S.A. de C.V., para verificar si existieron hechos constitutivos del delito de trata de personas y explotación, toda vez que desde intervención del SAE y su Síndico, los trabajadores acusan haber trabajado y permanecido a bordo bajo amenazas, lo que sin duda se trata de trabajos y servicios forzados sancionados por las ley general de la materia.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta  a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que realice las inspecciones sobre las condiciones de trabajo que viven los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., toda vez que ha sido constatado por integrantes de esta Soberanía, que tales condiciones en las que desarrollan sus trabajos son insalubres y peligrosas, además de que tanto el Síndico nombrado en su momento por el SAE y por el Instituto de Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se abstuvieron de cubrir los salarios devengados a los trabajadores y los mantuvieron trabajando bajo condiciones que vulneran los derechos laborales, lo cual puede seguir ocurriendo actualmente.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que intervenga para coadyuvar en la liberación de los fondos que se encuentran en el Fideicomiso de Oceanografía que tiene bloqueado Banamex, hoy Citibanamex, lo que impide los trabajadores de la empresa ver reactivada su fuente de empleo después de que injustamente esta fue intervenida a través de la maquinación de cargos penales que se han diluido.

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que investigue en el caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., las omisiones en las que han incurrido las autoridades encargadas de vigilar las condiciones del trabajo y pugnar por la seguridad de sus trabajadores, así como las irregularidades que cometieron distintas autoridades en maquinación de cargos con propósito de intervenir la empresa a efecto de dejarla en un Estado de necesidad que permitiera su venta a bajo precio.

QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que deben desarrollar todas las instancias de la Administración Pública Federal encaminadas a restituir los derechos vulnerados por la intervención deficiente del órgano encargado de administrar bienes asegurados, y de las áreas encargadas de velar por las condiciones y derechos laborales, lo que sin duda ha redituado en la precaria situación que vive no sólo los trabajadores de la empresa sino toda la isla de Ciudad del Carmen, Campeche.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79145