Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 20 de junio de 2018
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79122
Martes 6 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79122

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar acerca de las acciones que han sido tomadas para detener la violencia y violaciones descritas en el informe de Amnistía internacional.

SE TURNó A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A INFORMAR ACERCA DE LAS ACCIONES QUE HAN SIDO TOMADAS PARA DETENER LA VIOLENCIA Y VIOLACIONES DESCRITAS EN EL INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

Los Suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar acerca de las acciones que han sido tomadas para detener la violencia y violaciones descritas en el informe de Amnistía internacional. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Este punto de acuerdo se presenta en el marco del Informe Anual 2017-2018 de Amnistía Internacional que en esta ocasión analiza de manera exhaustiva la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Las conclusiones sobre nuestro país son estremecedoras. “La promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio del presidente Peña Nieto”. Destacan de manera especial:

  1. La falta de gobernabilidad ante el incremento del precio de la gasolina de principios del año pasado, los cortes de carreteras, saqueos y protestas en todo el país que tuvieron como resultado cientos de detenciones y varias muertes. Así mismo, una oleada cada vez más creciente de robos clandestinos de petróleo. Por lo menos uno de estos incidentes tuvo como resultado una ejecución extrajudicial por parte del Ejército.
  2. La serie de motines en prisiones de varios estados. En el informe se afirma que el nuevo sistema de justicia penal sigue reproduciendo los problemas que dieron origen a su implementación: violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos, así como otras pruebas ilícitas.
  3. En octubre, el Procurador General de la República en funciones destituyó al Fiscal Especial para Delitos Electorales, después de que éste denunciara públicamente presiones políticas para que desestimara un caso de corrupción de gran repercusión.
  4. Se produjo un incremento significativo del número de homicidios. En el periodo analizado, se dio la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual.
  5. Las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y muchas veces han derivado en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y malos tratos. Incluyen, además, un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
  6. En febrero de 2017, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que NO se recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos, en virtud de la orden ejecutiva sobre control fronterizo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en los días previos.
  7. En agosto, un órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que demostraba la implicación del Instituto Nacional de Migración en varias violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad en centros de detención de migrantes bajo su gestión.
  8. Perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. No hay indicios de avances significativos de las autoridades en las investigaciones de estos homicidios.
  9. En 12 estados existían mecanismos denominados “alerta de violencia de género contra las mujeres”. Al finalizar el año, no se había demostrado que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género.
  10. En los terremotos de septiembre, hubo varios informes sobre una inadecuada coordinación entre distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, así como entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas. Las evaluaciones de los expertos publicadas en los medios de comunicación indican que algunas de las estructuras colapsadas podrían haber incumplido la reglamentación sobre construcción. No ha habido una estrategia integral para garantizar que se brindaran opciones de vivienda seguras y adecuadas a las personas que se quedaron sin hogar

En conclusión, el informe sobre México exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y para revertir la grave crisis de derechos humanos. 

El representante en México de Amnistía Internacional afirmó que “Graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria, existen muy pocos avances para combatir la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas, y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevadas a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos actos son tolerados. Además, la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana que ha afectado a dos tercios de las mujeres al menos una vez en su vida. La desigualdad económica arraigada es una causa fundamental de injusticias estructurales”.

Asimismo, Amnistía internacional afirmó que “a lo largo del último año, los líderes han promovido el odio, han luchado contra los derechos, han hecho caso omiso de los crímenes de lesa humanidad y han dejado alegremente que la desigualdad y el sufrimiento se salieran de control. Esto provocó protestas masivas que demostraban que, aunque los desafíos pueden ser mayores que nunca, la voluntad de combatirlos es igual de fuerte”.

Este es el resultado de la súper política de prevención y no combate frontal a la delincuencia organizada.

No es menos importante recordar las palabras del Ejecutivo Nacional en la 42ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de 2017: “La solución de fondo requiere que los gobiernos locales cumplan cabalmente con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia".

Es importante señalar que, desde el día en que los gobernadores emanados de Acción Nacional rindieron protesta, empezaron a trabajar en lo que hasta ahora el gobierno federal no ha podido cumplir. Para prueba basta un botón.

En Veracruz, donde cientos de madres recorren cada día hospitales, morgues y las casi 400 fosas abiertas, en busca de sus hijos, se nombró un Fiscal especial, ante la crisis que a su paso dejó Javier Duarte, una de las más corruptas y sangrientas. El gobierno panista ha logrado enjuiciar a los escuadrones dentro de la policía destinados a eliminar a supuestos colaboradores de Los Zetas que desaparecían también a civiles. Los agentes habrían terminado por lo menos con la vida de 15 personas después de torturarlas en la Academia de Policía de El Lencero, cercana a Xalapa.

Nosotros sí estamos trabajando. Es la primera vez en México que se establece acción penal contra los actores materiales de las desapariciones físicas y contra los altos mandos que hicieron de la desaparición forzada una política sistemática e institucional. Es la primera vez que una fiscalía puede demostrar en México que existía una política consistente en detectar, detener y desaparecer a personas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada.

¿El Gobierno Federal qué ha hecho?

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar acerca de las acciones realizadas en 2017 y 2018 sobre los actos condenados en los incisos 1 a 10 de este punto de acuerdo, así como las acciones que llevarán a cabo a partir de ahora para su combate.

Atentamente,

Salón de Sesiones del Senado de la República a 1 de marzo de 2018.

Disponible en https://amnistia.org.mx/contenido/informe-201718-de-amnistia-internacional-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-mundo/

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79122