Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 21 de abril de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 1 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-87/79059
Jueves 1 de Marzo de 2018
Gaceta: LXIII/3SPO-87/79059

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Sen. Jesús
Casillas Romero

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
LXIII LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un sistema financiero saludable promueve el desarrollo económico de un país, al permitir el flujo e inversión de capital a infinidad de actividades, entre ellas, las productivas. Es una forma de contribuir al progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones a una gran gama de necesidades, siempre y cuando sea de una manera sana y equilibrada, incluyendo la parte de los costos de dichos servicios financieros.

El Sistema Jurídico Mexicano prevé una serie de mecanisos legales para garantizar que el financiero en nuestro país, atienda y encuentre los causes necesarios para la solución de cualquer controversia y reclamación, con la finalidad de que cumpla su cometido en beneficio de ambos lados, tanto de la sociedad en general, como de los mismos inversionistas financieros.

Por lo que hace a los primeros, se invoca la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, particularmente en su artículo 50 Bis, que entre otras alternativas, contempla la obligación para que cada institución financiera en nuestro país, cuente con una Unidad Especializada para atender consultas y reclamaciones de los usuarios, en los términos siguientes:

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I. El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución Financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;

II.            Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera tenga sucursales u oficinas de atención al público;

III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las Instituciones Financieras;

IV.          Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que facilite su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de su recepción, y

V.            El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, reclamaciones y aclaraciones recibidas y atendidas por la Institución Financiera en los términos que la Comisión Nacional establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

Así, como se puede leer, se trata de Unidades que deberán recibir consultas, reclamaciones o aclaraciones de los usuarios, las cuales habrán de responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles.

Sin embargo, también es de hacer notar, que fuera del plazo de respuesta no existe un plazo en el que la institución financiera de que se trate, deba resolver en definitiva el asunto, sobre todo cuando se trata de una reclamación, en la que nos encontraríamos ante el supuesto de una controversia.

Ni en la legislación invocada, ni en el Estatuto Orgánico de la propia Comisión Nacional para la Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF) se prevé un plazo, ya para que la Unidad Especializada resuelva en definitiva o bien, la misma CONDUSEF, atentos a que las reclamaciones pueden ser presentadas de manera optativa en cualquiera de esas instancias.

Por ello, a fin de evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica o indefensión para los ciudadanos, en este caso, el usuario de los servicios del Sistema Financiero Mexicano, es de considerar oportuno el que el dispositivo legal antes invocado y transcrito, sea complementado con un plazo para que la autoridad o la Unidad Especializada de Atención, deban resolver en definitiva una reclamación.

El plazo que se sugiere es el contenido en el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala un plazo máximo de cuatro meses para que el asunto materia de un juicio ordinario que implique la realización de un determinado acto, deba ser cuplido completamente.

Ello, en analogía de razón ante la similitud de hipótesis, como lo es, resolver un conflicto que implique un acto positivo o de hacer, dentro de un plazo cierto.

Lo anterior, máxime que la emisión de una resolución en un caso como el planetado, tendrán que ver con la legislación del procedimiento contencioso administrativo, pues estará sujeta a sus reglas y condiciones, principalmente para la CONDUSEF. De ahí, que la propuesta para complementar el marco regulatorio del artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, sea la más acercada a la hipótesis y que sea contenida en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, a través de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA Y OTORGAR PLAZO A LAS RESOLUCIONES SOBRE ACLARACIONES, CONSULTAS Y RECLAMACIONES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I.             a la V. (…)

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.

Las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo no mayor a cuatro meses.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

A T E N T A M E N T E

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                  

Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero del 2018.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79059