Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 21 de abril de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77887
Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77887

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Sen. Lorena
Cuéllar Cisneros

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE INDICADORES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4 de la Convención sobre los  Derechos del Niño establece en su artículo 4º que “Los Estados parte deben asignar el máximo de recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y niñas, sin excepción”; situación que se ve reflejada en nuestro país a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En opinión de muchos especialistas, cuando se invierte en la infancia como parte del proceso de desarrollo alcanzamos una comprensión más plena de la importancia de una política de estas características para el establecimiento de un Estado de derecho y de derechos; en contraste, al omitir estas acciones quedamos con una visión limitada de la calidad de vida y la manera como impactan las políticas sectoriales dirigidas a este sector.

Cuando visualizamos a nuestra infancia desde una perspectiva de desarrollo, tenemos una lógica interconexión entre niñez y edad adulta, así como de los núcleos sociales que van creándose y diferenciándose uno de otro y que al final conforman a la sociedad en su conjunto; en términos de justicia, con una visión clara sobre la manera en que como Estado cumplimos a nuestra infancia podemos ofrecer mayores perspectivas para su integración productiva con la sociedad.

De acuerdo con UNICEF, 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años, 1 de cada 10, padecen desnutrición crónica; además el riesgo de morir entre niños indígenas es casi el doble de los que no lo son. El Gasto per cápita en Desarrollo Humano se triplica para en adolescentes y niños en edad escolar si la comparamos con el gasto asignado a la primera infancia.

La inversión en salud y educación representa 8 de cada 10 pesos invertidos en nuestra infancia y adolescencia, y el objetivo de programas para menores de 0 a 5 años es el derecho a la supervivencia.

Estas cifras son preocupantes si consideramos que la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, promueve la armonización legislativa a efecto de garantizar la protección y ejercicio universal de sus derechos.

En este sentido, señala además que deben garantizarse al niño condiciones para formarse un juicio propio para expresar su derecho a una libre opinión en todos los asuntos que le afectan en función de su edad y madurez.

Si bien en nuestro país hemos tenido importantes avances en materia legislativa para proteger y garantizar los derechos de nuestra infancia y adolescentes, las cifras muestran que una parte importante de esta población no puede ejercerlos, particularmente el sector indígena. 

El INEGI señala que 1 de cada 4 personas indígenas están completamente excluidas del acceso a educación, cifra que es 10 veces más alta que la registrada a nivel general. Además, el 28 por ciento de la población de entre 5 a 19 años es analfabeta, en tanto que a nivel nacional ese grupo representa el 9 por ciento.

Esta situación no se ve reflejada sectorialmente cuando son presentadas las cifras oficiales sobre medición de la pobreza, mismas que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social deben contener una serie de parámetros básicos que son:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Como vemos, es necesario fortalecer estos indicadores para tener una visión más clara de la situación de nuestra infancia en términos del cumplimiento de sus derechos, ya que las cifras generales muestran un alto grado de incumplimiento en muchos aspectos de la vida de este sector.

Esto es imperativo si consideramos que en dos años cumpliremos tres décadas de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño, en consecuencia debemos actuar sumando esfuerzos para  poder llegar en condiciones de rendir las mejores cuentas a nuestras niñas y niños de todo México.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS


TEXTO VIGENTE

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que estime conveniente tomando en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por organismos internacionales y de la sociedad civil, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social,

IX. Indicadores de cumplimiento de derechos de la infancia, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que estime conveniente tomando en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por organismos internacionales y de la sociedad civil, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social,

IX. Indicadores de cumplimiento de derechos de la infancia, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de diciembre de 2017

SUSCRIBE,

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77887