Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 21 de mayo de 2018
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77867
Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77867

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza y del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad privada.

SE TURNó A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA.

Sen. María Verónica
Martínez Espinoza
Sen. Ernesto
Gándara Camou

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTATALES Y FEDERALES A REVISAR LA SITUACIÓN EN QUE OPERAN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.

Los que suscriben María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inseguridad en diversas regiones del país ha provocado la proliferación de empresas privadas de seguridad que ofrecen diversos servicios como lo son los llamados guardias o escoltas como una forma de inhibir delitos como el secuestro, el robo e incluso los homicidios.

La Comisión Nacional de Seguridad informó que hasta el 2016 existían en el país 1,065 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Gobernación las cuales operaban con 71 mil elementos o guardias.

A ello se suman alrededor de 3,069 empresas de seguridad privada con permisos otorgados por los estados del país y que tendrían hasta el pasado 2006 alrededor de 87 mil 583 elementos.

En este contexto es necesario señalar que en el país son frecuentes los casos en que guardias privados de seguridad, también conocidos como “guaruras” se ven involucrados en hechos de violencia, lo mismo actos de prepotencia, de atropellos a ciudadanos, que en desenlaces fatales por el mal manejo de armas por la escasa o nula preparación de quienes las portan.

En el colectivo popular el término “guarura” nada tiene que ver con su origen etimológico quees un vocablo de origen tarahumara el cual significa jefe, gobernador, miembro del consejo de ancianos.

Arrigo Coen, periodista y lingüista, refiere una anécdota cuando el entoncesPresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, recorrió la región tarahumara acompañado de su cuerpo de guardias.

Al darles la bienvenida los jefes (wa'ruras) de la población que visitaban, le dijeron: "Sea usted y los wa'ruras que lo acompañan bienvenidos a nuestro pueblo", sin saber que los acompañantes del mandatario mexicano no eran dignatarios, sino guardaespaldas del personaje.​

De ahí se derivó el uso popular del término “guarura” sinónimo de guardaespaldas,que desafortunadamente y frecuentemente está relacionado con palabras como prepotencia, abusos, persona armada, que utiliza grandes camionetas o vehículos blindados que no respetan las leyes de tránsito durante su labor de protección a quienes los contratan.

Respecto al marco legal en este tema, la Ley Federal de Seguridad Privada, en su artículo primero refiere que dicha ley “tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas, en las modalidades previstas en esta ley y su reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas”.

“Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes”.

Es decir, de acuerdo a la ley vigente, las empresas que operan en un solo estado están reglamentadas o reguladas por un marco legal estatal y las que tengan operación en más de dos entidades tiene que ser reguladas desde el ámbito federal, es decir desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y actualmente desde la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, cabe destacar que a partir del 2012 y como consecuencia de las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, despareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y muchas de sus atribuciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La SEGOB a través de la Dirección General de Seguridad Privada está encargada de ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables otorgan a la Secretaría, en materia de registro y supervisión a empresas de seguridad privada.

Entre otras “regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares en la República Mexicana, conforme a lo dispuesto por la Ley General, la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás disposiciones aplicables”.

Asimismo establecer un banco nacional de datos en el que se registren, entre otras, las anomalías, ilícitos e irregularidades en que incurran los prestadores del servicio de seguridad privada.

La misma dirección de la SEGOB deberá “expedir, suspender y cancelar las licencias oficiales individuales de portación de armas de fuego, a los empleados federales a que se refiere la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento”.

Continuando con el marco legal vigente, la Ley Federal de Seguridad Privada añade que “los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles”.

El artículo 2 de la misma ley indica que para los efectos de esta ley, se entenderá por Seguridad Privada a la “actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Respecto al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el artículo 8 se añade que La Secretaría –Seguridad Pública- a través de la Dirección General Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, “implementará y mantendrá actualizado un Registro Nacional con la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo, mismo que constituirá un sistema de consulta y acopio de información integrado por un banco de datos suministrado por el prestador de servicios y las autoridades competentes de las entidades federativas y los Municipios.

El artículo 9 precisa que “para la debida integración del Registro, la Secretaría, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrará convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de que estos últimos remitan la información correspondiente a cada uno de los prestadores de servicios autorizados en su ámbito territorial, misma que podrá ser consultada por las autoridades locales correspondientes.

Entre otros requisitos para estas empresas privadas se incluye la obligación de entregar a la citada Dirección General la relación de quienes se integrarán como personal operativo, para la consulta de antecedentes policiales en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, debiendo acompañar el comprobante de pago de derechos correspondiente, además de señalar el nombre, Registro Federal de Contribuyente y en su caso Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos.

Cabe destacar que el marco legal vigente precisa atribuciones que en teoría debería ser suficiente para tener un control y vigilancia respecto a las más de 4 mil empresas que operan con permisos a nivel federal y estatal en el país y que tiene registrados a un ejército de casi 160 mil guardias de seguridad privada en el país.

De acuerdo a la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares de los Servicios de Ramo, el número total de elementos de seguridad privada, entre regulados e informales, duplica a todos los policías de seguridad pública estatales y federales en México.

Lo grave de este tema es que hay miles de escoltas o guardias de seguridad que operan sin tipo de registro, control, capacitación en el manejo no sólo de vehículos, sino incluso de armas, lo cual es muy grave no sólo para la seguridad e integridad de quienes los contratan, sino también para la población en general que pueda llegar a tener un altercado vial o incidente con ellos.

Se calcula que por cada elemento capacitado, regulado, con registro a nivel federal o estatal, existen al menos tres que trabajan sin ningún tipo de registro, es decir una especie de “guaruras” informales.

El reciente caso del ejecutivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, quien falleció por un disparo imprudencial de uno de sus escoltas cuando era asaltado en la carretera México-Pirámides, debe llamar a la atención sobre la forma en qué están operando estas empresas, si cumplen o no con el marco legal vigente, si los estados están siendo omisos en la regulación o incluso si se requiere una reforma legal en este tema.

No es caso aislado. En mayo de este 2017 en elfraccionamiento Puente de Piedra, en la ciudad de Chihuahua, un escolta asesinó a su patrón y después se enfrentó con policías. Finalmente y de acuerdo a versiones de las autoridades de ese estado se suicidó.

A veces como agresores, otras como víctimas incluso de homicidios y secuestros, los guardias de seguridad están expuestos también a la criminalidad. No son escasos los casos en la prensa donde son abatidos por criminales, por lo que es urgente revisar el contexto en que se realiza su actuación y las atribuciones y el cumplimiento de las mismas que tienen los estados y su caso el gobierno federal.

Frente a esta situación presento a este Honorable Pleno del Senado de la República el siguiente

Punto de Acuerdo:

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a todos los gobiernos estatales a establecer o fortalecer el marco legal en materia de empresas de seguridad privada, en especial el de escoltas o guardias que operan en las mismas, garantizando que quienes realicen esta función cuenten con la capacitación y sean aptos en el manejo de armas.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a todos los gobiernos estatales llevar a cabo evaluación y diagnóstico de las empresas de seguridad privada que operan en cada una de esas entidades.

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación a remitir a esta soberanía un diagnóstico sobre la situación de las empresas de seguridad privada en el país.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2017.

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA

ERNESTO GÁNDARA CAMOU

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77867