Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 21 de mayo de 2018
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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77854
Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77854

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los órganos implementadores de la entidades federativas, a remitir un informe sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.

Sen. David
Monreal Ávila

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS IMPLEMENTADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REMITIR UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES Y AVANCES QUE SE TIENEN HASTA EL MOMENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sistema de impartición y administración de justicia debe evolucionar a la par del contexto en que se desenvuelve la sociedad y sus diversos sectores. Uno de los retos a los que se ha tenido que enfrentar dicho sistema, gira en torno a la responsabilidad de los menores en la comisión de conductas tipificadas como delito en la legislación penal.

La misma evolución del crimen, el criminal y la criminalidad han acompañado a la sociedad contemporánea, dando como resultado que en los elevados índices de incidencia delictiva se encuentren involucrados menores de edad. Es indubitable que la sociedad en general reprocha cualquier conducta que atente contra su bienestar y que transgreda el orden, así como los valores socialmente protegidos.

Especialistas en la materia, han tratado de abordar el tema en los últimos años a la luz de los derechos humanos consagrados no solo en la Constitución Federal, sino también en los diversos Tratados Internacionales de los que México es parte. Paulatinamente se ha intentado transitar o encontrar un debido equilibrio entre el extremo de un Estado paternalista a un Estado represivo, para comenzar a concebirlo como un Estado garantista.

Al respecto se dice que “el descubrimiento del concepto de niñez y la tutela de los derechos de los menores están animados por una mezcla de vergüenza y necesidad de orden. Por un lado, la vergüenza de saber las condiciones en que los menores eran tratados, particularmente en el ámbito de la represión penal; por otro lado, la necesidad de poner orden en la organización social, de forma que la niñez se pudiera prolongar a través de la escuela, que junto con la familia, era la institución encargada de mantener la separación entre el mundo de los menores y el mundo de los adultos”.

De este modo, sin aventurarse a abordar las diversas posiciones respecto a la inimputabilidad de los menores de edad, es oportuno decir que en México se ha tenido un avance enorme en la materia. La base actual del sistema integral de justicia para adolescentes se encuentra inserta en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que dicho precepto ha sido modificado en múltiples ocasiones, no obstante, desde la reforma legislativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, se instauró el sistema referido. A partir de ello, las entidades federativas, y el entonces Distrito Federal, se dieron a la tarea de crear el marco jurídico adecuado e instituciones especializadas para operar el sistema de forma local.

Una de las características por las que esta reforma representó un cambio importante para el sistema de justicia nacional, es que se transitó a una nueva concepción de la infancia y la relación de ésta con la justicia. Se hizo imprescindible la sustitución de los sistemas tutelas que predominaban en el país, para dar paso a un nuevo sistema basado en: el reconocimiento de los menores como sujetos de derechos; la concepción de grupos etarios; los principios del interés superior de la infancia, protección integral y desarrollo progresivo; y el reconocimiento, aunado a los derechos que tienen todas las personas, de derechos especiales por su estatus jurídico singular.

Aun cuando la reforma al artículo 18 constitucional en su momento representó un avance significativo en la materia, fue una realidad que las entidades federativas se apresuraron sin una visión congruente a cumplimentar el desafío que representaba consolidar un sistema de justicia juvenil con perspectiva de derechos humanos. De este modo, se siguieron observando legislaciones locales impregnadas de prácticas tutelares e inquisitorias con una exagerada inclinación al encierro.

Derivado de lo anterior, se dio paso a las reformas de 2008 y 2011 al precepto constitucional, mismas que, “armonizaron el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al sistema de protección de los derechos humanos, con lo que se reafirmó que el proceso penal para adolescentes debía adecuarse a los principios acusatorio y oral, además de los establecidos en el nuevo procedimiento y al control de convencionalidad, que señala como obligación del Estado mexicano garantizar los derechos humanos mediante la verificación de los tratados internacionales ratificados por éste”.

Sobre esto último, es importante mencionar algunos de los instrumentos internacionales de los que México es parte y que son significativos en la materia. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, contiene las bases fundamentales que deben ser observadas por los Estados; por ejemplo, el artículo 37 de dicho instrumento dispone que los Estados deben velar por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

En el mismo sentido, el artículo 40 de la Convención referida exige que cuando se acuse a un niño o niña por la comisión de un delito, deben observarse todas las garantías del debido proceso legal, de entre las cuales destaca: la presunción de inocencia; a ser informado de la acusación; recibir asesoría jurídica adecuada; tener acceso a una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, entre otras.

De forma complementaria, también vale la pena hacer alusión a la existencia de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, mismas que a grandes rasgos “establecen las normas para la prevención de la delincuencia juvenil e incluso medidas de protección de personas jóvenes quienes han sido abandonadas, descuidadas, abusadas o quienes se encuentran en situaciones marginales – en otros términos, en riesgo social”.

Por último, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, “tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. Representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley”.

Tal como se infiere de lo anterior, la voluntad internacional ha expresado su preocupación en la materia, instituyendo de forma consensuada los principios, directrices y reglas básicas que los Estados deben seguir para consolidar plenamente los derechos humanos, sobre todo, los que especialmente les asisten a los menores de edad en conflicto con la legislación penal.

Ahora bien, continuando con las modificaciones que ha sufrido el artículo 18 constitucional, cabe señalar que la reforma de 2015 homologó el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al referirse que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral; además, facultó en exclusiva al Congreso de Unión para legislar en la materia. Reformó los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional, homologó el lenguaje utilizado por el constituyente en la reforma de 2008 en materia del Sistema Penal Acusatorio, al referirse a la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito; lo que dejó en claro que este sistema es de naturaleza penal.

De este modo, el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015, mandató al Congreso de la Unión a que expidiera la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.

Derivado de lo anterior, el legislativo se dio a la tarea de elaborar la normatividad conducente, siendo el 16 de junio de 2016 cuando se publica en forma la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Al tratarse de una legislación de carácter nacional, quedaron abrogadas: la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y las leyes respectivas de las entidades federativas.

En el ámbito normativo se plasmó una de las grandes preocupaciones y se dio otro paso fundamental, puesto que al observarse diversos entandares internacionales, se atiende en principio a la exigencia generalizada de un sistema de impartición de justicia especializado y acorde al marco de principios y derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

El objetivo primordial de la Ley, es establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; los principios y derechos en el procedimiento, prisión preventiva o internamiento; derechos de las víctimas; autoridades competentes y auxiliares, mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros aspectos fundamentales.

Sin embargo, es una realidad que el desafío para consolidar el sistema requiere trascender de lo normativo, a fin de que pueda verse materializado en toda la República. A poco más de un año de la entrada en vigor de la Ley en comento, es necesario un diagnostico continuo de la implementación del sistema integral; en este sentido, tomando en consideración que constitucionalmente la Federación y las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo las acciones conducentes para la implementación y consolidación del sistema, es imprescindible que se informe sobre los avances conseguidos hasta el momento.

Por lo anterior, a través de la presente proposición con Punto de Acuerdo, se pretende exhortar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los Órganos Implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Es importante conocer los avances, o en su caso, los obstáculos relacionados con la implementación y consolidación del sistema integral, puesto que si se identifica a detalle el estatus en cada entidad federativa, será más fácil focalizar las acciones conducentes para dar cumplimento a la reciente Ley. Actualmente México tiene el compromiso de consolidar, en la mayor medida de lo posible, un marco de promoción, protección, respeto y garantía de todos los derechos humanos, por ello, el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es toral en esta tarea.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los Órganos Implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los12 días dediciembre de 2017.


Vasconcelos Méndez, Rubén. La justicia para adolescentes en México, UNAM-UNICEF, México, 2009, consultado el 11/12/2017 [en línea], disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/Libro_justicia.pdf

Álvarez García, Ivonne Liliana. “El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes”, en Dfensor, núm. 09, año XIV, septiembre 2016, Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultada el 11/12/2017 [en línea], disponible en: http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_09_2016.pdf

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Preguntas frecuentes, sitio consultado el 11/12/2017 [en línea], disponible en: http://www.oijj.org/es/preguntas-frecuentes#152476-0

Ídem.

Álvarez García, Op. Cit.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77854