Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 20 de febrero de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77852
Miércoles 13 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-68/77852

De la Sen. Ana Gabriela Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las radios comunitarias y la relación que tienen sobre los derechos humanos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS.

Sen. Ana Gabriela
Guevara Espinoza

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LA RELACIÓN QUE TIENEN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU CONOCIMIENTO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Estamos prácticamente a meses de concluir esta legislatura. Hemos desarrollado propuestas, como todos ustedes lo saben, de las que no hemos recibido respuesta. Personalmente tengo interés en dos temas: lo que podría llamarse como el empoderamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que debería tener un mayor protagonismo en los procesos legislativos ya que hay, decididamente, decisiones legislativas que tienen impactos naturales en el ámbito de la progresividad de los derechos humanos; y el tema de las radios comunitarias que ha sido tema de debate entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el gobierno federal e instancias que son vigilantes de los derechos humanos.

2.- Es por ello que reiteraré una propuesta de punto de acuerdo que suscribí el 4 de noviembre de 2014, en el cual se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las RADIOS COMUNITARIAS y los derechos humanos.

En ese punto de acuerdo se consideró que “sería muy saludable que esta institución, el Senado de la República, tuviera la cualidad de escuchar sobre los efectos sociales tienen las legislaciones, es una labor de autoanálisis necesaria que, incluso, requiere ser considerada y mensurada por entornos externos con nivel de análisis, específicamente con el tema nodal de los derechos humanos, que esta soberanía se ha encargado de promover. Por ello esta propuesta se dirige a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga la sensibilidad de aportar un análisis puntual sobre el tema de derechos humanos y radios comunitarias y los efectos de la aprobación que actualmente las regula.

3.- Para argumentar presentó algunos argumentos externos e internos: Éste de La Red Nacional de Radio Pública Latina. “Las sanciones contra estas radios comunitarias, que en su mayoría operan en zonas indígenas rurales, donde se critica las injusticias y el abandono de sus comunidades, también tiene un mensaje muy claro contra las radios comunitarias legalmente establecidas, como Radio Xalli, en San Miguel Xaltepec, Puebla, afirma su director, Hilario Cruz Casimiro:

“Ellos dicen que van contra aquellas que no tienen concesión, que están lucrando, pero el entrelineado cuando dicen es que hablan mal del gobierno, pues desde allí ya se están refiriendo no solamente a las que no tienen una concesión, sino a las que tenemos una concesión”

Mediante una carta pública, más de 100 organizaciones de derechos humanos, indígenas, radios comunitarias y personalidades pidieron a los legisladores rechazar esta iniciativa, que viola leyes mexicanas e internacionales que garantizan la libertad de expresión y prohíben la incautación de bienes; pero además, está basada en leyes aprobadas hace 35 años por la dictadura chilena de Augusto Pinochet, dice Héctor Camero, representante en México a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC):

La Organización de Radios Comunitarias de Occidente solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que no se criminalice a las estaciones de radio comunitarias que operan sin concesión a lo largo del país. Del mismo modo, se les solicitó certeza y garantías en cuanto a la solicitud para el otorgamiento de concesiones a estaciones independientes y comunitarias, sobre todo a las radios indígenas. Aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) es clara en los requisitos a cumplir, la autoridad reguladora tarda dos años en dar respuesta favorable, aseguraron los representantes de la organización de Radios Comunitarias. Por último indicaron que han intentado contactar al Instituto, pero no recibieron respuesta alguna, luego de que el pasado 4 de octubre se aprobaran cambios en dicha ley desde la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, con la cual se inhabilitará por 5 años a todos los que hayan brindado un servicio de radiodifusión sin concesión.

4.- Por último presento algo que nosotros conocemos como son las intervenciones de dos senadoras que intentaron anteponer, razonablemente, una Moción suspensiva en la Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 26 de Octubre de 2017 antes de la aprobación de la Ley. Esta es de la Senadora Angélica de la Peña, recordemos: “La presente minuta pretende hacer nugatorios los lineamientos que en materia de defensa de las audiencias emitió el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016.

Segunda consideración. La presente minuta presenta aspectos preocupantes que de aprobarse harían nugatorias las facultades constitucionales del IFT para suspender precautoriamente las transmisiones que vulneren los derechos de las audiencias, particularmente las relativas a las personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes. Ello permitiría dejar en los concesionarios su propia autorregulación, es decir, establecer un esquema donde los concesionarios son juez y parte.

Tercera consideración. Las comisiones dictaminadoras fueron omisas en realizar una interpretación conforme lo mandata la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y el principio pro persona.

Cuarta consideración. Finalmente, las comisiones dictaminadoras fueron omisas al no tomar en consideración que estos lineamientos aún son motivo de un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, uno de esos litigios es la controversia constitucional emitida por el Senador Pablo Escudero, en su calidad de Presidente de este Senado de la República.

El 31 de enero de 2017, como yo decía, el Presidente Pablo Escudero acudió, a motu proprio, ante la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia constitucional en contra de estos lineamientos generales, para los derechos de las audiencias que expidió el IFT, argumentando que el organismo autónomo se extralimitó de sus funciones, de los cuales, además, vulnera la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Cabe señalar, por cierto, que el Senado no solicitó a la Corte una suspensión provisional de estos lineamientos para que dejen de aplicarse en cuanto se resuelva esta controversia en definitiva.

El 31 de enero de 2017 el Presidente de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional solicitando la declaración de invalidez de estos lineamientos. La controversia de estos ocho artículos que presenta el Presidente de la República aún no han sido resueltos, su litis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que estos asuntos que han sido turnados al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya las admitió a trámite para estudiar la constitucionalidad de los lineamientos de derechos de las audiencias contenidos en lo que están impugnando.

Para nosotros es muy importante seguir manteniendo lo que hemos definido en la reforma constitucional; es decir, reconocer estos lineamientos y reconocer las facultades del IFT, que hoy se pretenden quitar, para regresarlas a la Secretaría de Gobernación, es un retroceso a la Constitución. Sin embargo, la litis de esta controversia está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que es necesario que esperemos a que se resuelva esta litis de las dos controversias y entonces emprender lo que ha lugar.

Y las palabras de esa sesión de la Senadora Dolores Padierna Luna en la misma sesión:

“Estamos ante una violación, no solamente del procedimiento parlamentario establecido en el Reglamento, al cual tenemos que ceñirnos en este Senado de la República, sino que estamos en un dictamen que a todas luces revierte la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que fue la única de todas las reformas estructurales que al menos yo voté porque tenía avances sustantivos.

Con este proyecto dan marcha atrás a esos avances sustantivos, pero también este dictamen forma parte de los preparativos de una elección a modo que están preparando desde el poder.

Este documento es un dictamen para hacer campañas fuera de la ley, fuera de la Constitución.

Quiero dar, al menos, cinco argumentos y pedir su consideración para que se admita una moción suspensiva; regrese al análisis de todas y todos los Senadores y actuemos con la responsabilidad que estos temas ameritan.

Este dictamen elimina la prohibición absoluta del artículo 6o. constitucional, sobre la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, ya que esta ley permite que se presente como información lo que en realidad es propaganda política, dejando a voluntad de los concesionarios aportar elementos que distingan la información noticiosa de la opinión de quien la presente.

Esto deja desprotegidas a las audiencias, sobre todo en programas como de revista matutinas o las emisiones de espectáculos que suelen vender entrevistas a políticos o a supuestos especialistas que recomiendan productos sin que el público, o al público se le aclare de qué se trata, si es un segmento pagado o no.

Esto es particularmente grave en vísperas del proceso electoral y del inicio de las campañas presidenciales del 2018, porque se pretende repetir el fenómeno Fox, o el fenómeno Peña Nieto, donde a los candidatos se les vende como productos en las televisoras y en las estaciones de radio.

Segundo argumento. Se reducen sustancialmente los derechos de las audiencias, ya que el artículo 256 modificado, elimina la obligación de que el servicio público de radiodifusión se dé en condiciones de competencia y de calidad, y de que a través de sus transmisiones brinde los beneficios de cultura preservando la pluralidad, la veracidad de la información.

La mutilación de este artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es particularmente grave para las comunidades originarias, ya que se afecta el principio de pluralidad y no se les considera, ni se les toma en cuenta.

Tercer argumento. Privilegia la autorregulación de los concesionarios y elimina o disminuye todas las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, para determinar la suspensión precautoria de transmisiones de estaciones que violen derechos de las audiencias; se deja a los concesionarios la figura de autorregulación y se elimina el carácter obligatorio de los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias, que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Este tema aún está pendiente, como bien lo decía la Senadora De la Peña, está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto, esta ley es una presión al Poder Judicial, que espero no admita tampoco presiones de este tipo.

Cuarto argumento. Reduce sustancialmente la protección a las audiencias infantiles, sobre todo en el tema de horarios, contenidos de calidad y de fomento a la no violencia y a la cultura de paz.

Quinto argumento. La figura de los defensores de las audiencias se debilita, por no decir, prácticamente se conculca, porque ya no se mandata a que se ajuste a criterios de independencia y de imparcialidad. Los titulares de las defensorías de audiencias ya no tendrán que presentar su informe ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se vuelven empleados de los concesionarios, y ya no los defensores del público, defensores de las audiencias. Éstos eran avances que tenía el artículo 6o. constitucional, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión”.

5.- De mi intento del 4 de noviembre de 2014 a estas fechas han cambiado las cosas y hay nuevas argumentaciones en pro de las radios comunitarias y nuevas realidades legislativas. Sin embargo, considero que es necesario que esta soberanía considere tener un punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tema tratado. El exhorto fue hecho y tuvo modificaciones acertadas de la Comisión dictaminadora; sin embargo, la apreciación, de la CNDH es importante para seguir razonando este tema hasta que la libertad de expresión libere, por decirlo así, todas las potencialidades que ahora tiene restringidas en cuanto a este tema de las radios comunitarias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LA RELACIÓN QUE TIENEN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU CONOCIMIENTO. 

ATENTAMENTE.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77852