Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 16 de julio de 2018
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Martes 12 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-67/77740
Martes 12 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-67/77740

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Agraria.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Daniel Gabriel
Ávila Ruiz

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

HONORABLE ASAMBLEA

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforma el artículo 59 de la Ley Agraria, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado, como organización política, está obligado a contemplar dentro de su estructura un orden social que tenga como función asegurar los fundamentos básicos del status económico y social, adaptándolo a las exigencias del tiempo actual [*] , garantizando la protección de los interes de la sociedad menos favorecida en tanto a la distribución de la riqueza y que en consecuencia, requieren de la protección económica, laboral, social y agraria, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

En tal virtud, el derecho social juega un papel de suma importancia para hacer posible la vida en sociedad, puesto que comprende un conjunto de normas jurídicas que protegen y reivindican los derechos de la colectividad.

En este sentido, cabe mencionar que una de las garantias que tutela el derecho social es precisamente el derecho a la distribución de la riqueza de la tierra, garantia que se encuentra consagrada dentro del artículo 27 de nuestra Constitución Política, el cual considera, entre otros aspectos, el derecho a la repartición de la tierra de manera colectiva, al reconocer la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal, al tiempo que protege la propiedad sobre la tierra.

SI bien es cierto, dentro del contenido del artículo 27 constitucional no se define el concepto de ejido, éste se asocia con los centros de población dotados de tierras a través de los procedimientos señalados en la ley secundaria o reglamentaria de la Constitución.

Al respecto la Ley Agraria en su artículo 9 refiere que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

Asimismo, el artículo 44 del mismo ordenamiento menciona que las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas.

De acuerdo con la misma ley, será la asamblea de cada ejido la que determine el destino de las tierras ejidales que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios.

Sin embargo, el artículo 59 de la ley en estudio limita a los ejidatarios a ejercer su derecho y destinar las tierras que les pertenecen como mejor les favorezca, pues a la letra menciona lo siguiente:

Artículo 59. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.

Si bien es cierto, el criterio de este precepto legal apunta a la protección de reservas naturales, también lo es que genera un obstáculo para el avance de los ejidos, dado a que atenta contra el derecho que tienen los ejidatarios de asignar el destino de la tierra que por ley les corresponde.

Es importante mencionar que el asignar el destino de uso de las tierras no necesariamente implica un cambio de uso de suelo, más bien, es la asignación y la entrega individualizada de los porcentajes asignados que le corresponde a cada ejidatario. En este tenor, es erróneo que se imponga un criterio ambientalista como argumento para evitar la repartición y asignación de tierras ejidales que se encuentren dentro de áreas concideradas como bosques o selvas a los ejidatarios que tengan derecho respecto a la masa común, tal y como lo prevé el artículo 59 de la Ley Agraria, toda vez que, como ya se mencionó, debe quedar claro que adjudicar a un sujeto un derecho individual que le corresponde por disposición del artículo 27 Constitucional, y de la propia Ley Agraria, es simplemente una mejoría en la situación del individuo, puesto que le brinda seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y no un acto que atente contra el ambiente.

En este tenor, cabe recordar que nuestro país, cuenta con un marco legal especializado en la protección del medio ambiente, así como con autoridades ambientales, tanto a nivel federal como local, las cuales se encargan de crean y hacer valer aquellos mecanismos de defensa ambiental, necesarios para su conservación.

Cabe resaltar que las tierras de uso común son aquellas que no están delimitadas para el asentamiento humano ni tampoco se destinan a parcelas o unidades de producción [*] , constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Sin embargo, en ocasiones lejos de cumplir con su fin, generan un problema social, pues al no existir una delimitación en estas tierras, surgen conflictos agrarios por razones de ubicación y calidad del suelo, así como abusos como la generación de cacicazgos que afectan a la mayoría de los ejidatarios, pues una vez establecido el uso común dentro de los ejidos, los llamados “líderes”  del ejido, se encargan de hacer negocios con este tipo de tierras, obteniendo beneficios solo para un grupo reducido de ejidatarios, perjuddicando con ello, al resto de los pobladores quienes, en primera, no están de acuerdo con las actividades que encabezan los “líderes” y, en segunda, no gozan de los frutos de sus tierras, generando inconformidad y molestia entre los habitantes de los ejidos, a quienes no se les respeta su derecho sobre las tierras de uso común.

Por lo anterior, se deja entrever que el uso común no siempre es la mejor opción para el ejidatario, la parcela en cambio, permite que el ejidatario goce en plenitud de su porcentaje de tierra y por ende pueda disponer libremente de ella, siempre y cuando cumpla con las formalidades establecidas en la ley.

Las parcelas son superficies que sirven para el sustento de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, surgen cuando los ejidatarios deciden el cambio de destino de sus tierras de uso común a parcelas.

Este cambio de destino es muy importante, pues las tierras de uso común, como se ha indicado, al no estar delimitadas son causas comunes de conflictos entre los propios ejidatarios, ya sea por la calidad de la superficie de la tierra o por su ubicación, de tal forma que el parcelamiento genera certidumbre a los integrantes del núcleo ejidal, pues delimitan sus tierras para que puedan disponer libremente de ellas y les permita un progreso y mejora de vida, puesto que son la base del sustento de cada ejidatario.

Así pues,  el artículo 59 de la Ley agraria, lejos de cumplir con una protección ambientalista, solo ha servido para privilegiar los abusos de algunos líderes, es un perjuicio al núcleo ejidal, un obstáculo incongruente para el desarrollo de los ejidos. Asimismo, su redacción resulta incongruente, pues impide la  asignación de tierras donde existan zonas de bosques y selvas tropicales, bajo la premisa de que se afecte al medio ambiente, sin considerar ciertas condiciones en las que si se pudieran llevar a cabo.

Así pues, el artículo 59 de la Ley Agraria, es un absurdo legal, porque si bien su redacción permite llegar a la conclusión de que se permite la creación de la parcela en bosques y selvas tropicales, la redacción literal de dicho artículo prohíbe su asignación, luego entonces, ¿para qué crear parcelas sin asignar?

La realidad es que este artículo ha servido para que los funcionarios del Registro Agrario Nacional, se constituyan en un tribunal de facto, y para la generación de actos de corrupción. Existen innumerables asuntos en los cuales se ha permitido el cambio de suelo, lo que ha generado un derroche económico que no entra a las arcas del estado, si no se queda en los bolsillos de los malos funcionarios, que han vuelto un negocio a voces que el Registro Agrario Nacional. Es una dependencia de bajos recursos, pero de altísima estimación por las cantidades de dinero que se manejan de manera ilegal, por actos de corrupción para cambiar el uso de suelo de las tierras.

Los Tribunales agrarios han logrado evitar parte de esos abusos, ¿pero cuantos ejidatarios pueden lograr llegar a los Tribunales?, pues los costos de la tramitación lo impiden, a pesar de gozar con la asesoría gratuita de la Procuraduría Agraria.

La propia Ley Agraria obliga a seguir los lineamientos forestales en caso de cambio de uso de suelo, tal y como establecen el artículo 2º y 66, que a la letra dicen:

“Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.”

“Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.”

Como se puede apreciar la misma Ley Agraria, cuida el medio ambiente al sujetar el uso de suelo a una ley especializada en la materia.

Es pertinente mencionar que el suscrito no pretende atentar contra las normas ambientales, por el contrario soy un defensor y protector del medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, objetivamente lo que pretendo es eliminar uno de los principales elementos de la Ley Agraria que se ha convertido en una herramienta para la realización de actos abusivos y corruptos de algunas autoridades, en donde lo menos que se cuida es el medio ambiente, y donde se permite que los ejidatarios puedan gozar libremente de sus tierras.

Todo lo expuesto anteriormente, muestra los obstáculos que emanan de la ley, para que los ejidatarios puedan adjudicarse el porcentaje de tierras a las que tienen derecho, lo cual justifica la presente iniciativa.

Con esta reforma, reitero, se pretende eliminar un absurdo legal, el aspecto ambiental que pretendía el artículo 59 de la Ley Agraria, que atenta contra los derechos individuales de los ejidatarios, pues le impide el acceso a su porcentaje de sus tierras a las que tiene derecho.

Con la propuesta que se plantea se obliga a los sujetos agrarios a que si cambian el uso del suelo, tendrán que atenerse a las leyes ambientales especializadas que ya existen y establecen todo un procedimiento especial.

Asimismo, pretende evitar que el Registro Agrario Nacional siga siendo una fuente de corrupción, pues al obligar a que ningún obstáculo formal impida que a un ejidatario goce de la titularidad de su parcela o de su solar, obliga a esa dependencia a entregar los certificados o títulos de propiedad.

Considero que esta iniciativa, elimina un obstáculo dilatorio, y hace más cercana la justicia a los ejidatarios

En ese sentido se propone reformar el contenido del artículo 59 de la Ley Agraria, tal y como se expone a continuación:

Artículo 59.- Las superficies de uso común, las parcelas y los solares que existan en los núcleos ejidales, estarán sujetas a las leyes ambientales en el caso de cambio de uso de suelo.

No podrá ponerse obstáculo formal alguno para que un ejidatario goce de la titularidad de su parcela o de su solar.

Para mayor claridad, a continuación presento un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:


Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 59. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.

Artículo 59. Las superficies de uso común, las parcelas y los solares que existan en los núcleos ejidales, estarán sujetas a las leyes ambientales en el caso de cambio de uso de suelo.

No podrá ponerse obstáculo formal alguno para que un ejidatario goce de la titularidad de su parcela o de su solar.

Con estas modificaciones estoy seguro que daremos pasos importantes en el combate a la corrupción institucionalizada que se aprovecha por disposiciones equivocadas en la legislación, y avanzamos en el cumplimiento de la justicia social.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA.

Artículo Único. Se reforma el artículo 59 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 59.- Las superficies de uso común, las parcelas y los solares que existan en los núcleos ejidales, estarán sujetas a las leyes ambientales en el caso de cambio de uso de suelo.

No podrá ponerse obstáculo formal alguno para que un ejidatario goce de la titularidad de su parcela o de su solar.

TRANSOTORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, 4 de diciembre de 2017

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz


[*] Muños López, Aldo Saúl. Curso Básico de Derecho Agrario. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Ed. PACJ. 2014. Pg. 93.

[*] Muños López, Aldo Saúl. Curso Básico de Derecho Agrario. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Ed. PACJ. 2014. Pg. 322.

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