Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 22 de abril de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 28 de Septiembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-15/75456
Jueves 28 de Septiembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-15/75456

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al proceso de licitación de placas realizada por el gobierno de Yucatán para el reemplacamiento vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la República a investigar probables delitos cometidos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Sen. Daniel Gabriel
Ávila Ruiz

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA AL PROCESO DE LICITACIÓN DE PLACAS REALIZADA POR EL GOBIERNO DE YUCATÁN PARA EL REEMPLACAMIENTO VEHICULAR 2017, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE PROBABLES DELITOS COMETIDOS, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
PRESENTE.

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someteto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En virtud de múltiples quejas y denuncias ciudadanas de personas molestas e indignadas que solicitaron nuestra intervención, tuvimos conocimiento de posibles actos irregulares que violan la ley en el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017 en el estado. Así como de posibles actos excesivos y abusivos por parte del Gobierno de Yucatán, particularmente por la Secretaría de Finanzas y Administración, en el cobro del reemplacamiento a los ciudadanos.

Con base en lo anterior, realizamos una investigación que nos llevó a obtener los siguientes resultados:

El miércoles 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, publicó en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación local, la Convocatoria No. 032, para participar en la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre para el Reemplacamiento 2017.

Para dicha adquisición se destinaron recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2017, integrados, entre otros, con recursos públicos federales a través de las participaciones federales previstas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2017.

En otro hecho similar que se presentó en el estado de Nuevo León, el viernes 24 de febrero de 2017, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, publicó en el Diario Oficial del Estado la Convocatoria de Licitación Pública Nacional Presencial, número DGASG-DC-010/2017, para la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) Placas y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, para el Reemplacamiento 2017.

Este proceso de licitación se vinculó con el de Yucatán debido a que la empresa ganadora de la licitación en Nuevo León, VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., fue la misma que participó y ganó la licitación de placas en Yucatán, pero bajo condiciones diferentes y costos para el gobierno mucho mayores.

Al indagar más a fondo sobre el proceso de licitación de placas en Yucatán, se encontraron las siguientes irregulares:

Irregularidades en la Convocatoria.

1. La convocatoria de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, señala que las bases para participar estarían disponibles a partir de su publicación en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales se ubican en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y los interesados deberían cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan: pagar el costo de las bases correspondiente a $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MN) en efectivo, únicamente el día 30 de noviembre de 2016, es decir el mismo día de la publicación de la convocatoria, en un horario de las 8:00 a las 14:00 horas, en la caja general de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) situada en los altos del Bazar García Rejón, en la calle 60 entre 65 y 67 del centro de Mérida, Yucatán, o en la caja de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicada en la calle 60 # 299-E Colonia Revolución (Centro de Convenciones Siglo XXI), en Mérida, Yucatán; Presentarse a recoger las bases de la licitación únicamente el mismo día 30 de noviembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, debiendo presentar copia del recibo oficial de pago y copia de identificación oficial. 

2. Al analizar los requisitos establecidos en la convocatoria se aprecian diversos elementos de premura y limitantes de tiempo para realizar una verdadera difusión de la convocatoria entre la población, que permita una participación amplia de las empresas industriales del ramo interesadas, considerando que en Yucatán no existe un número significativo de éstas, lo que evidentemente resulta contrario al espíritu de la norma, consistente en lograr la participación amplia de proveedores; esto hace suponer que fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de algunas empresas en particular, que previamente habrían tenido conocimiento de la licitación, lo que les permitió prever las condiciones para garantizar su registro y participación.

Dentro de los principales elementos limitantes a la participación de proveedores nacionales y locales se destacan los siguientes: Se otorga un breve periodo de solamente 6 horas para adquirir las bases de la licitación, precisamente durante el mismo día en que se publica la convocatoria. Esto significa que los proveedores nacionales situados en otros estados de la república y los locales, interesados en participar, debieron conocer, mediante el Diario Oficial del Estado o de un periódico de circulación local, la convocatoria el día de la publicación y ese mismo día debieron realizar todas las gestiones para la adquisición de las bases, precisamente durante ese breve periodo de 6 horas.

Si se toma en cuenta que en el estado de Yucatán no existe un número significativo de industrias del ramo y con capacidad de producción de los insumos licitados, es evidente que resultaba necesaria la participación de proveedores nacionales.

Se obliga a los interesados a que, dentro de ese breve periodo de 6 horas, acudan a dos domicilios diferentes; en el primero a realizar el pago del costo de las bases, y en el segundo a recoger las mencionadas bases. Lo particularmente limitante es el hecho de que estos domicilios se encuentran separados por grandes distancias y uno de ellos es de difícil acceso por estar situado en el anillo periférico, donde además el transporte público es escaso. Además, se obliga a los interesados a fotocopiar dos documentos para ser entregados en el segundo domicilio, previo a la entrega de las mencionadas bases de licitación, esto significa un desplazamiento adicional, y menor tiempo disponible para realizar toda la gestión ya mencionada, es decir; se establecen periodos de tiempo muy cortos y lugares de trámite y entrega de documentos muy distantes uno de otro, sin considerar las filas que se hacen para cada trámite, y el tiempo que se lleva el servidor público con cada solicitante, lo que consume una parte importante de tiempo, todo lo que humanamente hace imposible realizar los trámites establecidos en tiempo y forma.

3. En un periodo menor a 48 horas, se realiza la junta de aclaraciones. Este tiempo resulta muy limitado para poder realizar las aclaraciones procedentes de una manera adecuada y profesional, en atención a la naturaleza de la licitación.

4. Para la apertura de las propuestas, se otorga un periodo de 4 días hábiles a partir de la junta de aclaraciones; eso quiere decir que, durante ese limitado tiempo, los licitantes debieron preparar y entregar de manera presencial sus propuestas técnicas y económicas, incluyendo la entrega de muestras físicas y la obtención de documentación de terceros proveedores de productos complementarios. Resulta obvio que este periodo es extremadamente limitado para poder realizar una propuesta de manera adecuada y profesional, por la naturaleza de los bienes que se licitaron.

5. Se establece como condición no negociable, que no se otorga un anticipo, disposición que también representa una limitación a la participación de proveedores interesados, ya que bajo dichas circunstancias algunos posibles licitantes ven estas condiciones como menos favorables y se auto descartan, no participan en la convocatoria. Esta condición, es un ejemplo claro de la intención de limitar la participación pública de más empresas, y un caso particular de incongruencia y transgresión a la propia convocatoria, ya que durante el proceso licitatorio se otorgó un 50% de anticipo a la empresa adjudicada.

Irregularidades en el proceso de licitación.

6. Derivado de lo anterior, dentro de la licitación de placas en Yucatán solo se registraron como participantes tres empresas, las cuales iniciaron y concluyeron en su totalidad el trámite de registro: VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; TALLERES UNIDOS MEXICANOS, S.A. DE C.V; y PLACAS REALIZADAS, S.A. DE C.V.; las dos últimas quedaron descalificadas por ofertar un costo más elevado, y aunque la empresa ganadora ofertó el costo más bajo, éste era más alto que el costo promedio dentro del mercado, por lo que la licitación debió declararse desierta, sin embargo, no fue así, se declaró como ganadora a VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a esta empresa la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre los bienes objeto de la licitación a un costo promedio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público de $182,371,520.48 (ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y un mil quinientos veinte pesos 48/100 MN).

Las irregularidades evidenciadas en este proceso de licitación derivan de la inusual y extraña participación de tan solo tres empresas que lograron registrarse para participar en la licitación de referencia, dentro de un periodo de tiempo sumamente breve, en el que solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación y eso les permitió preparar todos los requisitos de la convocatoria, así como preparar la estrategia material para pagar las bases de la misma en un domicilio, sacar copias de los documentos solicitados necesarios y recoger las bases en otro domicilio muy distante del primero, dentro del mismo periodo de tiempo tan reducido al que se ha hecho referencia.

Todo lo anterior presume una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas específicas, creadas en algunos casos por las mismas personas físicas, y un grupo de funcionarios de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente involucrados en los procesos de licitaciones de insumos, que en conjunto y de manera bien organizada generaron un proceso de participación y simulación a modo, con la finalidad de justificar legalmente los procedimientos de licitación y garantizar que solo las empresas que forman parte de su red de complicidad puedan participar en las licitaciones, y que sólo entre éstas se adjudiquen las licitaciones de contratos millonarios, a costos superiores a los que se pueden encontrar en el mercado para la adquisición de insumos que requiere la Secretaría de Seguridad Pública, de donde obtendrían jugosos beneficios económicos personales, de manera indebida.

Irregularidades en los costos adjudicados en Yucatán.

Derivado de la revisión y comparación del proceso de licitación de Yucatán y de Nuevo León, se encontraron las siguientes irregularidades:

7. En la licitación del gobierno de Nuevo León, se otorgó un plazo amplio para convocar a las empresas interesadas, registrándose diez empresas proveedoras locales y nacionales, lo que claramente refleja el cumplimiento del objeto de una convocatoria, contar con la participación de un número considerable de empresas proveedoras de los bienes licitados, lo que sin duda alguna representa una competencia de mercado más justa y provechosa para quien está licitando, al tener mayores ofertas y opciones para adjudicar a quien oferte el mejor producto al precio más bajo dentro del mercado. Esto se debe naturalmente a lo amplio de los plazos establecidos en la convocatoria, lo que permite cumplir con el espíritu de la ley; lograr la participación de un amplio número de participantes.

Hecho que no pasó en la licitación realizada en Yucatán, en la que, por el contrario, debido a los tiempos tan reducidos establecidos en la convocatoria solo se registraron tres empresas, para las cuales solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación. Todo esto hace suponer que la convocatoria fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación indebida del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de alguna o algunas empresas en particular, que previamente tenían conocimiento de la licitación y previeron las condiciones para garantizar su registro y participación.

Por lo tanto, estos hechos constituyen claramente una irregularidad que transgrede las normas, por lo que deben ser investigados exhaustivamente.

8. Dentro de las diez empresas que atendieron la convocatoria de licitación del Gobierno de Nuevo León, participaron las mismas tres empresas que atendieron la convocatoria de licitación en Yucatán, adjudicándose a la empresa VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por haber presentado la propuesta de costos más baja,  $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA por juego de placas metálicas de circulación.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a dicha empresa la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público estatal de Nuevo León de $37,150,199.67 (treinta y siete millones ciento cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 67/100 MN).

De lo anterior se aprecia claramente la diferencia en los costos ofertados por la empresa ganadora en ambas licitaciones, realizadas con un periodo de diferencia de tres meses, entre una y otra, fijándose para el caso de Yucatán el precio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, y en el caso de Nuevo León, el precio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, es decir, $88.25.00 (ochenta y ocho pesos 25/100 MN) menos que en el caso de Yucatán.

Todo esto, sin considerar que en Yucatán se adquirieron 750,000 (setecientos cincuenta mil) placas de circulación, y en Nuevo León, se adquirieron sólo 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación, es decir, en Yucatán se adquirió un monto mucho mayor que en Nuevo León, lo que conforme a las leyes del mercado significa que a mayores bienes adquiridos, menor costo, es decir, que el costo por cada juego de placas en Yucatán debió ser inferior al costo establecido en Nuevo León.

Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos de traslado que representaron para la empresa yucateca adjudicada, para llevar desde Yucatán hasta  Nuevo León los bienes licitados; costos que no existen en la entrega del material a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, por estar establecida dentro del mismo estado.

Sin embargo, contrario a las leyes del mercado y de la lógica, esto no pasó en los hechos, lo que claramente evidencia un sobre cobro indebido con cargo al presupuesto de egresos 2017 del Estado de Yucatán y a las partidas federales, cuando menos de $66,187,500.00 (sesenta y seis millones ciento ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 MN).

Todo lo anterior revela un conjunto de hechos indebidos cometidos por los servidores públicos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente responsables y encargados del proceso de licitación de referencia, en complicidad con un conjunto de personas físicas y morales, particularmente con la empresa a la que se adjudicó la licitación. Hechos notoriamente contrarios a las leyes que rigen la materia y a los principios constitucionales de honestidad, lealtad y honradez por parte de los servidores públicos, al utilizar recursos del presupuesto de egresos del estado, contraviniendo los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio de los recursos públicos, para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población; por lo que deben ser revisados e investigados exhaustivamente para determinar y fincar responsabilidades y presentar las denuncias penales correspondientes, en caso de constituir delitos.

Irregularidades en los costos para la ciudadanía.

La conducta que más han indignado a los ciudadanos yucatecos ha sido el cobro del gobierno de Yucatán, notoriamente abusivo, por el reemplacamiento vehicular, lo que marcó la pauta para revisar a detalle, con los siguientes resultados:

9. De acuerdo con el programa de reemplacamiento 2017, el costo por un juego de placas para vehículo se fijó en un promedio de $986.00 (novecientos ochenta y seis pesos 00/100 MN), considerando un descuento del 3.24%, por pronto pago, además del pago de otros derechos e impuestos locales, que en suma generan al ciudadano un gasto por $1,446.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN); gasto que no tiene justificación razonable ni justificación social alguna, considerando que el costo real de cada juego de placas que pagó la Secretaría fue por $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA. Es decir existe un sobre precio fijado por el Gobierno de Yucatán con cargo al ciudadano por $741.00 (setecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), lo que representa, por las 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, un ingreso indebido de $ 555,750,000.00 (quinientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). Hecho sin justificación social razonable alguna, considerando además que la finalidad del gobierno es la regulación y control vehicular, y no el de un negocio mercantil.

Bajo estos hechos no se encuentra justificación razonable del gobierno de Yucatán y por el contrario se evidencia su incongruencia y abuso de sus acciones y políticas al establecer estos costos como una forma de obtener recursos adicionales para reemplazar los ingresos que dejó de percibir a partir del 2016, por $227,690,000.00 (dos cientos veintisiete millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 MN) anuales, debido a la eliminación del Impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en el 2016.

Al comparar el caso de Yucatán con los costos en otras entidades, se observó que: en el caso de Nuevo León, las autoridades compraron 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, cada juego, y fijaron el costo para la ciudadanía en un monto de $396.00 (trescientos noventa y seis pesos 00/100 MN). En el Estado de México el costo por reemplacamiento es de $ 638 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 MN); en Veracruz, $800.50 (ochocientos pesos 50/100 MN), en la Ciudad de México, $642 (seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN); en Guerrero, $750 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN), Morelos $755 (setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN).

Lo anterior confirma la irracionalidad en la fijación del costo por el reemplacamiento, por parte del gobierno de Yucatán, el cual es muy superior al fijado por el resto de las entidades señaladas.

Por todo lo anterior, estos hechos deben ser investigados por parte de las diferentes Instituciones fiscalizadoras federales y estatales. De manera particular es primordial que la Auditoría Superior de la Federación, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017 en el estado, desde la emisión de la convocatoria hasta la adjudicación, recepción del material y pago del mismo, así como la venta de dichas placas a la ciudadanía, y en general se realicen las indagatorias necesarias para verificar que el proceso de licitación haya estado apegado a las normas que los rigen, y que los recursos públicos otorgados para tal efecto hayan tenido el uso adecuado, conforme a los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población, y de confirmarse la comisión de irregularidades administrativas y/o delitos en perjuicio del Estado con detrimento de la hacienda pública, determinar y fincar las responsabilidades administrativas a los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables, proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables.

Al respecto y con la finalidad de que se fiscalice, el pasado 11 de septiembre presentamos, por conducto del suscrito Senador Daniel Ávila, la denuncia formal de los hechos expuestos ante la Auditoría Superior de la Federación, así como ante la Comisión de Vigilancia Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, es fundamental la intervención de la Procuraduría General de la República para investigar estos hechos presumiblemente constitutivos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

No obstante, en el ámbito local, es fundamental que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán realice los procedimientos de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia, a fin de determinar si se presentaron, o nó, violaciones a la ley, y en su caso, ficar las responsabilidades administrativas y penales encontra de los responsables.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos cometidos durante el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017; presumiblemente constitutivos de delitos, y en su momento oportuno ejercite acción penal en contra de quienes resulten responsables.

Senado de la República, a 25 de septiembre de 2017.

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75456