Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
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Miércoles 23 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-34/74683
Miércoles 23 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-34/74683

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.

Sen. David
Monreal Ávila

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El medio ambiente es un tema que ha sido materia de discusión en los últimos años, en consecuencia todo lo relacionado al tema se ha vuelto prioridad para la comunidad internacional por tratarse hoy en día de un derecho humano que deben gozar todas las personas; es decir, el derecho al medio ambiente sano, adecuado y saludable.

A través de su estudio se ha encontrado que el medio ambiente no se limita a la relación humanidad-naturaleza; sin embargo, sus diversas acepciones comúnmente los manejan en concordancia, verbigracia, la Real Academia Española refiere que el medioambiente es el “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”, [*] de lo anterior se desprende que el medio ambiente es fundamental para el progreso de los seres vivos, incluida lógicamente la especie humana.

Derivado de la relación referida, se ha procurado que ésta se entable en un plano de respeto, cuidado y equilibrio, puesto que dañar al ambiente puede traducirse a la postre en un menoscabo al sano desarrollo de las personas. A la par del afianzamiento de los derechos humanos, su respectiva evolución se ha dado de acuerdo al contexto y necesidades de la humanidad, desarrollo que se dio a través del establecimiento de generaciones.

El medio ambiente como derecho humano se consolidó hasta la tercera generación, es decir, en aquella formada por los llamados Derechos de los Pueblos o Solidaridad, los cuales surgieron como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran. Es decir, el medio ambiente destaca, a la par de la paz y el desarrollo, como uno de los bienes que engloban los derechos de dicha generación.

Al respecto, Mercedes Franco señala que hay algo que no se puede olvidar, que “el medio ambiente es condición sine qua non de nuestra propia existencia. Sin unas condiciones ambientales adecuadas no podemos sobrevivir, careciendo de sentido los demás derechos”.

La colaboración internacional es toral para la procuración, protección y respeto de este derecho, muestra de ello son los diversos instrumentos que plasman la preocupación de la comunidad con el fin de reconocerlo plenamente. El concepto de derecho al medio ambiente apareció por primera ocasión en la Declaración de Estocolmo, [*] la cual en su principio número uno expresa que:

“El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Asimismo, el principio número cinco de la referida declaración proclama que “el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos”; por tanto, el medio ambiente como derecho recobró su importancia ante el contexto internacional.

Del mismo modo vale la pena citar lo establecido en América por el Protocolo de San Salvador, [*] el cual en su artículo 11 expresa que:

“1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”

Visto lo anterior, es posible inferir que el medio ambiente se concibe como un derecho de las personas y como un deber de los Estados; estos últimos se han encargado de regularlo bajo una o ambas perspectivas en sus constituciones nacionales, siendo México uno de estos casos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preserva el doble enfoque de este derecho, de tal suerte que en el quinto párrafo del artículo 4 consagra que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En México se ha planteado la visión del medio ambiente como un derecho humano que les asiste a todas las personas en el territorio nacional y al mismo tiempo como un deber del Estado respecto a su preservación. La Carta Magna añade la responsabilidad por daño o deterioro al ambiente, un aspecto básico en la tarea de garantizar este derecho y que es objeto de la presente iniciativa.

En este sentido, algunos de los preceptos reglamentarios de lo previsto por el artículo 4 constitucional se hallan insertos en la Ley federal de Responsabilidad Ambiental, ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, y que tiene por objeto “la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental”.

El objeto de la ley es claro, no obstante, los daños al ambiente lamentablemente se dan con regularidad, menoscabando materialmente el entorno, y por ende, a la población. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 2016 se recibió un total de 6 mil 557 denuncias, con las cuales se dio cuenta a la autoridad sobre posibles actos u omisiones que producen o pueden producir daños ambientales. En 2015 la cifra ascendió a 6 mil 671 denuncias y en 2014 a 7 mil 217, es decir, la cifra se mantiene relativamente año tras año. [*]

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental define como daño al ambiente la “pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan”, cuando este daño es ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, además de la reparación de los daños y la compensación ambiental, el responsable debe pagar una sanción económica.

De acuerdo con el ordenamiento en comento, la sanción económica es un pago que la autoridad judicial impone a quien comete la conducta ilícita dañosa; asimismo, tiene como finalidad lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro estos comportamientos prohibidos. La naturaleza de esta sanción es que es accesoria a la reparación o compensación del daño; sin embargo, ello no implica que tenga menos importancia.

La imposición de sanciones con fines preventivos es indispensable para evitar daños significativos al ambiente, por un lado la prevención general se encarga de disuadir a la sociedad para que se abstenga de cometer el ilícito, o en su carácter especial, se dirige a evitar que quien haya cometido el ilícito, no vuelva a reincidir. Por esta razón, la sanción económica que se impone por daño ambiental debe ajustarse a la par de las necesidades del contexto actual, pues los daños al ambiente son recurrentes y los responsables, ya sean personas físicas o morales, deben ser sancionados de manera ejemplar y en función al daño que producen.

Como se ha referido, es muy estrecha la relación del medio ambiente con las personas, al grado de ser concebido como un verdadero derecho humano; por esto, no es posible minimizar los daños que se ocasionan al ambiente, pues a corto o largo plazo, estos vulneran el desarrollo de las personas, y consecuentemente constituyen una violación al derecho humano a un ambiente adecuado y saludable.

En este sentido, a través de la presente iniciativa se propone retomar la función preventiva de la sanción económica que debe imponerse a aquellos que dañan al medio ambiente, siendo importante elevar los mínimos contemplados en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En primer lugar, a la persona física que genere un daño al ambiente, se le deberá imponer un pago equivalente de mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de trescientos a cincuenta mil, con el fin de que el monto mínimo realmente cumpla con su función preventiva general, y disuada a todas las personas para que se abstengan de dañar al medio ambiente.

En segundo lugar, cuando se trate de una persona moral, se le deberá imponer el pago equivalente de diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de mil a seiscientos mil, esto con una finalidad similar a la propuesta anterior, aunado a que comúnmente son personas morales las que generan los peores daños ambientales derivado de sus actividades, razón que respalda elevar el monto mínimo de la sanción.

Por último, se propone hacer una modificación al primer párrafo del artículo 20, el cual establece una atenuante a la sanción económica que se impone a las personas morales. Esta reducción no debe parecer un beneficio para las personas morales, aun cuando se hallen identificadas en alguno de los supuestos que el artículo en referencia despliega; de tal suerte que es viable que la sanción económica solo se reduzca en una cuarta parte y no en una tercera, esto con la intención de robustecer la prevención general como finalidad de esa sanción.

La responsabilidad ambiental no solo debe traducirse en reparar el daño ocasionado, más bien funge como un compromiso que deben tener todas las personas con el medio ambiente, a fin de que el mismo sea propicio para el desarrollo de las generaciones futuras. Es imposible escatimar esfuerzos en la consolidación de los derechos humanos, por tanto el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable legitima la necesidad de evitar más daños al entorno y de procurar un efectivo respeto a los compromisos que el país ha adquirido internacionalmente por el bien común.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 19; y el primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 19.- - La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

  1. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y
  2. De diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualizaciónvigente al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido. 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su cuarta parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

  1. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y  
  2. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.  

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

  1. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y
  2. De diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.  

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su cuarta parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 23días del mes de agosto de 2017.


[*] Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, 2005, búsqueda de la palabra “medioambiente”, consultado el 18/08/2017 [en línea], disponible en: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=yytQmvG7mD6IxlSgEy

[*] Véase la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano el 16 de junio de 1972, consultada el 18/08/2017, documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf

[*] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ratificado por México en 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, consultado el 18/08/2017, documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf

[*] Véanse los Informes Anuales de Actividades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 2014, 2015 y 2016, consultados el 18/08/2017, documentos disponibles en: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/353/1/mx/informes_anuales_de_la_profepa.html y en https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-profepa-2016

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74683