Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 16 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-32/74581
Miércoles 16 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-32/74581

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar una campaña nacional de prevención, concientización y sensibilización sobre el respeto a los derechos de las mujeres.

SE TURNó A LA SEGUNDA COMISIóN.

Sen. David
Monreal Ávila

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Y EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE IMPULSE UNA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las principales funciones del Estado, es la de garantizar el derecho a la seguridad para que la sociedad pueda desarrollarse de forma íntegra en un ambiente de paz y orden público. Esta aseveración se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 21 establece que:

Artículo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Pese a lo mandatado por la Carta Magna, la realidad que padece el país en materia de seguridad deja ver que el Estado mexicano está incumpliendo en garantizar este derecho. Resulta alarmante que no existen resultados de las estrategias implementadas por los gobiernos Federal, Estatales y Municipales. En lo que va del año 2017 se hanregistrado los mayores niveles de inseguridad y violencia desde que se tienen registros, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en marzo de 2017, el 72.9 por ciento de mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro. [*]

En este contexto, uno de los delitos quese ha manifestado con gran impacto es el feminicidio, ilícito que representa uno de los más graves problemas que debe enfrentar el Estado mexicano. De acuerdo con la antropóloga Marcela Lagarde, este fenómeno “es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”. [*]

La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, definida así por el artículo 21 de la Ley General  de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este tipo de violencia tiene sus antecedentes más significativos en 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se llegaron a registrar de acuerdo a la Procuraduría General de la República, 379 asesinatos de mujeres entre 1993 y 2005. Pero en la actualidad, en el Estado de México estas cifras han aumentado de manera alarmante, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, registró entre 2015 y junio de 2017, 550 homicidios en contra de mujeres. [*]

Fue en la coyuntura de la violencia feminicida en el Estado de México, cuando se declaró por primera vez, por parte del Gobierno Federal, la alerta de violencia de género en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. A partir de entonces la Secretaría de Gobernación ha implementado la alerta en otros 10 estados de la República, los cuales son: Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo.

Gran parte del territorio nacional es una zona de riesgo para las mujeres, quienes ven violentado su derecho al acceso a una vida libre de violencia,  a diario viven una guerra invisible agudizando la desigualdad estructural en la que viven niñas, adolescentes y mujeres en el país. La violencia contra el género femenino se manifiesta de varios tipos: muerte materna, violencia política, simbólica, por agravios comparados, entre otras, lo que hace más visible que la agresión de género en el país es sistémica y endémica.

En el país, el 47 por ciento de las mujeres mayores de 15 años manifestaron haber sufrido violencia por parte de su pareja, esta cifra no disminuye en relación al nivel de estudios, ya que el 45 por ciento del género femenino con nivel medio superior y superior, igualmente sufrió agresiones. Mientras que el 21 por ciento con alguna ocupación laboral padeció algún tipo de discriminación en su área de trabajo. A estas cifras se le añaden los más de 6 mil feminicidios ocurridos durante el sexenio de la actual administración. [*] Estos números reflejan alarmantes índices de agresiones contra mujeres, los cuales se están generando en el seno de la sociedad y repercuten a nivel nacional.

Es preocupante que la violencia en contra de las mujeres sea sistémica y endémica, ya que se están tolerando delitos contra este sector, los cuales incluyen la privación de la libertad con fines sexuales, desaparición, trata y el feminicidio, en donde participan las instituciones del Estado y la misma sociedad, favoreciendo la impunidad de la agresión en contra del género femenino.

Otra agravante de la alza de las agresiones contra mujeres, es la mala estrategia de seguridad. Especialistas en el tema, afirman que los altos niveles de violencia de género registrados en los últimos años en el país, se deben en su mayoría a la mala planificación de la guerra contra el narcotráfico, ya que no sólo se afectó a la población en general, sino que focalizó la agresión contra el género femenino, contribuyendo a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia generalizada en contra de ellas.

Ejemplo de lo anterior es el estudio “Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta” publicado por la Universidad de Cambridge, en cual asevera que la mayoría de los homicidios cometidos contra el género femenino de 2007 a 2015 fueron de forma violenta y por armas de fuego, lo que demuestra la relación entre la existencia de armas, provocado por una mala estrategia de seguridad, y los patrones de uso de agresiones contra la mujer, ubicando a México entre los 10 países con alto número de feminicidios por armas de fuego. [*]

La violencia contra las mujeres no sólo tiene afectaciones sociales, también tiene graves repercusiones económicas a nivel nacional. El Banco Mundial público a través BBC Viewpoint, un artículo en 2013, en él se estima que el costo monetario de este tipo de violencia representa entre el 1 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país. [*] En relación a esto, en 2016 el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizaron un estudio para conocer el gasto que representa las agresiones contra el género femenino en el país.

Los resultados del estudio arrojaron que la violencia de género representa el 5 por ciento del gasto total en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo significó el 1.4 por ciento del PIB en 2015, equivalente a 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos. [*]  Queda de manifiesto que la violencia en contra de las mujeres afecta varias directrices de la sociedad como: economía, salud, desarrollo social, justicia  y derechos humanos, por tal motivo es importante que las soluciones implementadas para enfrentar esta violencia, tomen en cuenta todos estos factores.

La Secretaría de Gobernación ha implementado varias estrategias buscando erradicar la violencia en contra del género femenino, en 2003 se instaló el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, el cual es un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Otro mecanismo impulsado por la Secretaría de Gobernación fue la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el cual tiene como finalidad, la protección de sus derechos humanos. Tiene sus antecedentes en el año 2015, cuando los altos índices de feminicidios y agresiones contra mujeres registrados en el Estado de México eran alarmantes.

El problema es que estos mecanismos no se han constituido como una solución eficaz para combatir la violencia en contra de la mujer. Amnistía Internacional detalló en un informe que, “en el país se asesinan a 7 mujeres a diario. Con frecuencia los casos de feminicidios no se investigan como tales y no son atendidos por la justicia adecuadamente, generando un patrón de impunidad” [*].

Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres, social e institucional, no ha disminuido, al contrario va en aumento, y las instituciones encargadas de la impartición de justicia, así como los mecanismos para enfrentar este delito siguen sin tener la capacitación para atender estos casos. Hace falta sensibilizar y capacitar adecuadamente a los servidores públicos de las diferentes instituciones que conforman al Estado.

Se debe cumplir con las responsabilidades que manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 4°, donde se establece las responsabilidades del Estado mexicano de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres; de igual manera prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, estableciendo los principios y mecanismos para garantizar su acceso a una vida libre de agresiones favoreciendo su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Por tal motivo, es ineludible la implementación de una campaña nacional de prevención y concientización en todos los ámbitos de la sociedad: institucional, empresarial, familiar y escolar, buscando fortalecer la atención y erradicación de la violencia de género, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos y el acceso a una vida libre de violencia, y fortaleciendo asimismo los mecanismos ya existentes para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Sensibilizar a la sociedad a través de una campaña nacional permite no ocultar el fenómeno que existe en el país, para conocer y entender sus causas a fin de que cada ciudadano participe activamente, individual o en colectivo, para combatir la violencia contra las mujeres. De igual manera la campaña debe ser preventiva, que atienda las causas y no solo los efectos, fortaleciendo el tejido social que ha naturalizado las practicas que conllevan a las agresiones de género, logrando esto a través de la educación, entendida como un medio que no sólo está vinculado con cuestiones pedagógicas sino sociales, buscando que la sociedad adquiera valores y actitudes que tengan como eje la concientización de los problemas que generan sus prácticas violentas para evitar la violencia contra las mujeres. Estos son los ejes que debe emplear la campaña, atender el origen del problema y evitar la reproducción futura del mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, y en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se impulse una campaña nacional de prevención, concientización y sensibilización sobre el respeto a los derechos de las mujeres.

Segundo.-   La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, a rendir un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y avances obtenidos para erradicar y prevenir la violencia de género, en un plazo no mayor a 15 días.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 16 días del mes de agosto de 2017.


[*] Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana cifras correspondientes a marzo de 2017. INEGI, Aguascalientes, 2017, (en línea), consultado 24 de julio de 2017, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pdf

[*] Juan Alberto Figueroa. “Educación e Igualdad”, Violencia contra las mujeres, 2016, [en línea], consultado 24 de julio de 2017, disponible en: http://violenciacontramujeres007.blogspot.mx/

[*] Emir Olivares Alonso. “Piden vecinos de Neza fin a feminicidios”, La Jornada, junio 2017, (en línea), consultado: 24 de julio de 2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/21/politica/008n2pol

[*] Programa Universitario de Estudios de Género. “El costo de la violencia contra las mujeres en México”, UNAM – Secretaría de Gobernación, 2016, [en línea], consultado: 27 de julio de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Mexico_-_oct_2016.pdf

[*] Declaración de Ginebra. “Carga Global de la Violencia Armada. Cada muerte cuenta”, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, (en línea), consultado: 26 de julio de 2017, disponible en: http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV-2015-ExecSum-SP.pdf

[*] Caroline Anstey. “Poner precio a la violencia contra las mujeres y las niñas”, BBC Viewpoint, 2013, [en línea], consultado 27 de julio de 2017, disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2013/03/07/putting-a-price-on-violence-against-women-and-girls

[*] Óp. Cit. UNAM 2016

[*] Manolo Roca. “Feminicidios en México y el rostro oculto de las estadísticas”, hipertextual, octubre 2016, [en línea], consultado: 27 de julio de 2017, disponible en:  https://hipertextual.com/2016/10/feminicidios-en-mexico

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74581