Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 16 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-32/74487
Miércoles 16 de Agosto de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-32/74487

De la Sen. Dolores Padierna Luna y del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht, así como la posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ASUNTO QUE FORMA PARTE DE INVENTARIO ENVIADO A (LA CÁMARA DE SENADORES) O A LA (CÁMARA DE DIPUTADOS) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Sen. María de los Dolores
Padierna Luna
Sin Grupo
Sen. Fernando Enrique
Mayans Canabal

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE.

Quienes suscriben, Senadora Dolores Padierna Luna y Senador Fernando Mayans Canabal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADA LA EMPRESA ODEBRECHT, ASÍ COMO LA POSIBLE RELACIÓN CON EMILIO LOZOYA AUSTIN, EX DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuevamente se han dado a conocer supuestos actos de corrupción en los que habría participado Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX durante la presente administración. Si anteriormente fue vinculado a abuso del poder público para favorecer a la compañía española OHL, ahora su nombre aparece ligado a la empresa brasileña Odebrecht, objeto de una multitud de investigaciones criminales por parte de las fiscalías de distintos países latinoamericanos.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó públicamente la investigación sobre actos de corrupción de Odebrecht en doce países latinoamericanos, entre los que se encuentra México. En total, se informó que la empresa brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos, de los que 10.5 millones correspondieron a autoridades en nuestro país.

Al respecto, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Lozoya es el supuesto receptor de alrededor de 10 millones de dólares entre 2012 y 2014. La acusación se sustenta en los testimonios obtenidos de tres cooperantes con la fiscalía brasileña, entre los que destaca el del ex director de Odebrecht en México, el Sr. Luis Alberto Meneses Weyll.

Weyll detalló su relación con Lozoya, que data del año 2012, cuando éste era Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto. En sus declaraciones indica que, en un primer momento, se realizó una transferencia por 4 millones de dólares a “Latin American Asia Capital Holding”, empresa en las Islas Vírgenes ligada a Lozoya. Esto, por haber apoyado la implantación de Odebrecht en Veracruz, donde obtuvo contratos con la administración del ahora enjuiciado exgobernador Javier Duarte y por la influencia que podría tener en el próximo gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con la información difundida, el pago fue realizado desde una empresa fantasma llamada Innovation Research Engineering and Development Ltd. y que está vinculada con la compleja red de corrupción de Odebrecht en toda América Latina. El mismo se realizó desde el inicio de la campaña presidencial de 2012 y hasta el final de la misma, en junio del mismo año. No obstante, a semanas de que iniciara el gobierno de Peña, se realizaron nuevos pagos, pero a una segunda empresa llamada Zecapan, S.A.

Posteriormente, Lozoya habría recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, ya cuando fungía como director de PEMEX. Esto sería como pago por favorecer a la empresa brasileña en la licitación de las obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula Hidalgo. No debe pasar por alto que este contrato fue rescindido hace apenas unas semanas por “probables irregularidades administrativas”.

Lozoya, a través de su abogado y de un comunicado personal, ha descalificado las acusaciones, objetando que las declaraciones de los testigos son falsas, y descalificando la metodología por medio de las cuales se obtuvieron. Pero estos señalamientos resultan totalmente insuficientes, pues la información proporcionada por los testigos es muy detallada y se sustenta en documentos que la acreditan como verídica. Además, no son producto de los medios de comunicación que la exponen, sino de investigaciones realizadas por las fiscalías de Estados Unidos y Brasil, cuyos procesos de obtención de pruebas se apega a los estándares aceptados internacionalmente.

Además, no se puede pasar por alto que Lozoya fue un directivo de alto nivel en otra empresa envuelta en escándalos de corrupción, que es la española OHL. Su nombre fue mencionado en una grabación, que data de 2015, donde José Andrés de Oteyza, ex presidente de OHL en México, señala gratitud para el ahora exdirector de PEMEX por su asistencia ilegal para la obtención de contratos públicos.

Oteyza renunció a su cargo en OHL a causa de los escándalos en los que estaba envuelta la filial mexicana de dicha empresa, pero, ni Lozoya, ni Ruiz Esparza o Peña Nieto (también aludidos en la grabación) fueron objeto de alguna investigación seria por parte de las autoridades mexicanas.

Por este y otros casos, se observa la realización sistemática de actos de corrupción por parte de los miembros del gabinete de Peña Nieto. Además, esto desnuda la inoperancia de la PGR en casos donde la comisión de crímenes es manifiesta. Mientras que la rectitud de un funcionario depende de él mismo, la PGR es una institución de procuración de justicia, facultada para investigar actos de corrupción, por lo que su consistente incapacidad investigativa debe encender las alarmas, y cuestionarnos de su independencia.

El señalamiento anterior es producto del sistema de pesos y contrapesos democrático, donde el Legislativo vigila lo que el Ejecutivo hace. Así, lo que se busca es poner el foco en un tema que debe ser aclarado por las implicancias que tiene sobre el bienestar de las y los mexicanos. Y es que basta recordar el trato que la PGR ha dispensado al abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, al que elementos de la Procuraduría plantaron un arma de fuego y posteriormente detuvieron de manera ilegal, en una flagrante violación de a los Derechos Humanos. Paulo Díez conducía una denuncia en contra de Peña Nieto, Ruíz Esparza y Eruviel Ávila por actos de corrupción y fue objeto de ataques por parte de las procuradurías federal y del Estado de México.

La corrupción es uno problemas más acuciantes para la sociedad en mexicana, y las acusaciones vertidas sobre Lozoya lo colocan como uno de los actores más importantes de los casos más graves que han salido a la luz. Si México aspira a convertirse en un Estado plenamente democrático, las autoridades deben ser capaces de hacer valer la ley, demostrando la culpabilidad o no de los acusados en tramas de corrupción, y castigando a quienes resulten culpables, respetando en todo momento los derechos a los que es objeto.

Si la PGR actúa nuevamente con tibieza, será un duro golpe a la credibilidad de una institución. La inacción puede entenderse como complicidad, y la complicidad sería la manifestación de que en este país la justicia tiene dueño, y no pertenece a un pueblo soberano sino a quienes son capaces de comprarla.

Por otro lado, la administración de Peña Nieto debería pronunciarse al respecto, y hacer una investigación a fondo de todo lazo ilegal que pudiese existir entre Odebrecht y los colaboradores y excolaboradores del Presidente. El beneficio de la duda que se puede tener en su gobierno se agota cuando no existe la disposición a atender seriamente estas gravísimas acusaciones.

La prevalencia de la impunidad nos condena a habitar un país injusto, donde la falta de certeza jurídica alimenta la desconfianza que los mexicanos tienen en sus pares y en el régimen político en su conjunto. Y no solo es esto algo que atenta contra los valores de los preceptos democráticos, sino que afectan directamente el bienestar de quienes vivimos en México, limita el potencial de desarrollo del país.

Las consideraciones anteriores hacen al caso de interés público, y fundan la pertinencia de que el Poder Legislativo ejerza su función de vigilancia sobre la cosa pública. De la PGR es necesario obtener información respecto al camino que la investigación sobre Odebrecht ha tomado, el ritmo de la misma y si involucra a uno o más servidores públicos.

No debe pasar inadvertido que el tema de la corrupción de esta empresa ha sido materia ya de pronunciamiento de esta Comisión Permanente, solicitando a la Función Pública, a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las investigaciones relacionadas con esta empresa. Al respecto, la primera informó que está en proceso de investigación “1 expediente en la Unidad de Responsabilidades en Pemex”. En tanto, la PGR señaló que “actualmente el Ministerio Público de la Federación integra una carpeta de investigación con apego irrestricto al debido proceso” y se han recibido declaraciones de 20 servidores públicos, 6 funcionarios de la empresa brasileña a través de mecanismos de cooperación internacional y se tiene citado a Lozoya para su comparecencia el próximo 17 de agosto.

Sin embargo, la investigación por parte de la Procuraduría está comprometido desde el momento en que su actual titular fue asesor legal de la campaña de Enrique Peña Nieto y, por lo tanto, pudo tener conocimiento de los hechos imputados. Por esta razón, es necesario que se garantice una adecuada acción de la PGR y se logre imponer las sanciones penales y administrativas a que haya lugar de forma clara. No es posible que nuestro país siga retrasando la investigación, pareciendo que somos el único gobierno al que no le interesa aclarar la red de Odebrecht.

Por si fuera poco, el caso Odebrecht se inserta en el nacimiento del mismo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es la prueba de fuego para comprobar su funcionamiento. Por esta razón, es necesario que, ante los señalamientos que se vierten a la Procuraduría, como son los que se hicieron en el párrafo anterior, el Comité acompañe la investigación, verificando que el funcionamiento de esta pieza del Sistema, esté dirigida a la adecuada sanción de este grave hecho de corrupción.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Procurador General de la República que se excuse de conocer cualquier asunto relacionado con las investigaciones por posibles hechos de corrupción imputados a la empresa Odebrecht, así como a Emilio Lozoya Austin y la red de corrupción de la que forma parte.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Comité de Participación Ciudadana a acompañar la investigación que realiza la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht/Lozoya, con el fin de analizar el adecuado funcionamiento de ésta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre las acciones realizadas para investigar las probables irregularidades administrativas que derivaron en la rescisión del contrato celebrado con Odebrecht para la planta de Tula.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 16 de agosto de 2017.

SUSCRIBEN


Disponible en: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download

Rodríguez Reyna, Ignacio y Xanic, Alejandra, “Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos” en Proceso, 13 de agosto de 2017, http://www.proceso.com.mx/498716/odebrecht-lozoya-austin-nombres-vinculados-en-investigacion-sobornos, consultado el 15 de agosto de 2017

Olmos, Raúl, “En el marco de la campaña presidencial de 2012, así fueron los depósitos a presuntas cuentas del priista Emilio Lozoya” en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, 14 de agosto de 2017, https://contralacorrupcion.mx/odebrecht-lozoya/, consultado el 17 de agosto de 2017

Reuters, “Pemex cancela contrato por 1,800 mdp con Odebrecht” en El Economista, 11 de julio de 2017, http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/07/11/pemex-cancela-contrato-1800-mdp-odebrecht, consultado el 15 de agosto de 2017

Sin embargo, “Nuevo AUDIO de OHL: De Oteyza dice que agradeció a EPN por la “ayuda” de Lozoya y Ruiz Esparza” en Sin embargo, 16 de junio de 2016, http://www.sinembargo.mx/16-06-2016/3055074, consultado el 15 de agosto de 2017

Barajas, Abel, “Eximen a abogado de Infraiber por arma” en Reforma, 21 de marzo de 2107, http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1071967&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1071967&v=4, consultado el 15 de agosto de 2017

Animal Político, “Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en índice de Transparencia Internacional” en Animal Político, 25 de enero de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice-transparencia-mexico/, consultado el 15 de agosto de 2017

Oficio CGOVC/113/1125/2017 suscrito por el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública

Oficio Número DGPPVCI/DV/0859/2017 del Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74487