Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73192
Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73192

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. María Verónica
Martínez Espinoza

INICIATIVA DE LEY DONDE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A CARGO DE LA SENADORA  MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente Iniciativa por la que se reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Legislar para el desarrollo de nuestro país, es un compromiso con los mexicanos que han optado por vivir en plena democracia, ésta, una conquista de la civilidad y el desarrollo humano. La sociedad, por tanto, espera que sus legisladores representen sus intereses y derechos, en espera de que la conquista democrática dé frutos concretos: desarrollo económico, político y social, es decir, una democracia útil. Nuestro encargo entonces es; generar oportunidades para que cada persona y familia viva en condiciones dignas.

Conscientes de nuestra realidad, así como de que esta H. Cámara debe ser motor de avance y no lastre que detenga respuestas urgentes a  problemas y necesidades de la sociedad a la cual representa, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de la necesidad de legislar en pro del bolsillo de los mexicanos, tomando en cuenta lo dicho por Louis Joseph Lebret: "El verdadero desarrollo es para cada uno y para todos, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.

Hoy, con un mercado global altamente competitivo, y con los adelantos tecnológicos que nos mantienen en constante avance e innovación, debemos garantizar al público que las leyes y reglamentos estén actualizados a necesidades reales de los tiempos en los que vivimos.

Hay un camino si queremos elevar el nivel de vida de nuestra población: la corresponsabilidad de todos los actores involucrados.

En ello radica la importancia de esta iniciativa, los cambios pertinentes al artículo 19 del Reglamento sobre Promociones y Ofertas, que establezcan la congruencia con los tiempos actuales, y den certeza al público en la adquisición de bienes o servicios.

Por años los mexicanos hemos sufrido por falta de políticas congruentes con visión de largo plazo y con proyecto de nación en favor de los consumidores, por el contrario, la improvisación, la coyuntura y la mirada puesta en la próxima elección son factores que han entorpecido muchos cambios esenciales.

Si bien es cierto que es importante la practicidad de la dinámica comercial, también es importante salvaguardar los derechos de los consumidores y darles certeza de compra y certeza de venta.

Es de vital importancia el definir a la ”oferta” o similares, toda vez que la mala interpretación lleva al error al consumidor y se ve engañado por un proveedor inescrupuloso y aprovechado. Pareciera entonces que no han quedado superados los viejos paradigmas de necesidades en un mundo globalizado, sin que éstas tengan un mínimo de corresponsabilidad con los proveedores de servicios y productos.

Tal y como establece el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el uso de las expresiones "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar, se refiere al ofrecimiento al público de productos o servicios que, siendo de la misma calidad, tengan precios por debajo de los comunes del establecimiento que los oferta; en tanto y, de forma específica, el artículo 19 del Reglamento sobre Promociones y Ofertas restringe que, precisamente cuando se ofrecen bienes y/o servicios al público con precios menores a los que predominan en el mercado, se podrá hacer uso de los términos indicados.

No obstante, el citado artículo 46 se restringe a indicar lo que se entiende por los términos “oferta”, “barata” “descuento”, “remate” o cualesquier otro, sin establecer límites máximos ni mínimos sobre los precios que serán considerados a reducción, por lo que, con la disposición actual, "el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento", puede representar una irrisoria disminución del precio final de venta, ya que bastan centavos menos para considerar que el precio a pagar por el bien o servicio sujeto a promoción, ya es menor al del mercado, cayendo en el supuesto ordenado en ese artículo.

Esto, además de contravenir el último, considerando del Reglamento en comento, al no tratarse de una oferta comercial que beneficie a los consumidores, en sentido meramente jurídico y de acuerdo con el artículo 1812 del Código Civil Federal, representa un vicio que pudiera invalidar el consentimiento, en este caso, del mismo consumidor, puesto que:

  1. Los establecimientos o proveedores, conocen los precios finales de venta de sus productos y/o servicios, determinando unilateralmente con base en ello la supuesta oferta o descuento. 
  2. Al no existir disposición jurídica expresa que obligue a los proveedores a determinar una cantidad o porcentaje fijo de descuento mínimo, son libres de fijar el más conveniente para sus ingresos de venta. 
  3. Al reducir irrisoriamente los precios finales de venta de un producto y/o servicios y, ofrecerlos bajo alguna de las expresiones referidas en el citado artículo 46, el proveedor dolosamente mantiene en el error a los consumidores. 

Por tanto y, con fundamento en el artículo 1815 del mismo ordenamiento sustantivo Federal en materia civil, los proveedores que incurran en la práctica comercial de reducir ínfimamente sus precios y sacar a venta sus productos y/o servicios bajo la expresión de “oferta”, están manteniendo en el error a los compradores, pues estos de buena fe y en plena confianza, creen estar adquiriendo los mismos productos o servicios por un precio menor al usual, quedando en total estado de indefensión al sujetarse expresamente a las alevosas condiciones de venta determinadas.

Como refirió el jurista Ramón Sánchez Medal: "aunque exista el consentimiento en un contrato, puede ser deficiente por falta de conocimiento o por falta de libertad, esto es, por un vicio que afecte la inteligencia". Máxime que él mismo correctamente distingue entre el dolo bueno y el dolo malo, que para el caso del artículo 19 del multicitado Reglamento, este se encuadra en la definición exacta del dolo bueno, pues se trata de:

"una pequeña astucia (sollertia) que solo exagera las cualidades o el valor de una cosa y que usan mucho los comerciantes, sin tener trascendencia jurídica, ya que solo engendra un error-indiferente… Acerca del dolo bueno hay que tener presente que, si bien no afecta a la validez del contrato, puede constituir en ocasiones frente a terceros un elemento para integrar la competencia desleal, a virtud de una publicación falaz que denigra indirectamente los artículos de los competidores.

Muy escaso margen se trata de dejar hoy día al llamado "dolo bueno", en virtud de que la ética de la publicidad exige que esta sea leal y correcta no solo frente a la competencia, sino también con mayor razón, frente a aquellos que está dirigida y tiene la vocación de servir, es decir, a los consumidores, que se encuentran desarmados e indefensos frente a los grandes intereses comerciales en ésta época en que los medios masivos de difusión de todos los órdenes han multiplicado el efecto de la publicidad, ya que la prensa, los anuncios, los carteles, el cine, la radio y, sobre todo la televisión producen en el consumidor sin darse éste cuenta, un estado permanente de impregnación publicitaria."

Derivado de lo anterior, y, considerando que el afectado única y exclusivamente es el consumidor final, al ser víctima de una voraz pelea cotidiana por el mercado por parte de productores y proveedores, quienes fijan precios y, en su caso “ofertas” solo en razón de los precios que el competidor maneje, y no teniendo en cuenta el beneficio real de ahorro que esa oferta genere en el bolsillo del consumidor, se motiva a proponer que una décima parte del precio total del bien o servicio puesto en venta, sea el límite mínimo, ya que no solo deja al consumidor la percepción de haber gastado menos, sino que, efectivamente tendrá un verdadero impacto positivo en su economía, con lo cual podrá solventar necesidades secundarias.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente proposición de iniciativa.

A saber:

Texto anterior:

ARTÍCULO 46.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:

I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;

II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido;

III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares.

Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.  

Modificación:

ARTÍCULO 46.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:

I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;

II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido;

III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares.

Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de bienes o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento, cuando esa reducción represente por lo menos el 10% del valor total de los mismos.           

Ciudad de México, a 4 de julio de 2017

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=73192