Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73093
Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73093

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA SIMPLIFICAR EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA CIUDADANA

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES PARA SIMPLIFICAR EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA CIUDADANA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de mayo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.

Enfocándonos en la figura de la iniciativa ciudadana, dicha reforma fue considerada por muchos, como un importante avance en el camino de la construcción de una democracia participativa, en el que las y los ciudadanos tuvieran a la mano una herramienta que les permitiera participar de manera más directa en los asuntos públicos, en este caso, desde el ámbito de la creación y modificación de nuestras leyes.

Se trataba de la introducción de una figura de democracia directa novedosa para nuestra legislación y nuestro sistema de tradición eminentemente representativa, donde las y los ciudadanos dejan la toma de decisiones de los asuntos públicos a sus representantes y únicamente participan a través del voto, mediante el cual eligen a dichos representantes.       

Unos pocos días después de la publicación de esa reforma, el 23 de mayo, fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por virtud de la cual quedó abrogado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que recién había sido reformado para introducir parte de la regulación de la iniciativa preferente. Sin embargo, el Congreso de la Unión tuvo el cuidado de incorporar dicha regulación en el contenido de la naciente disposición.

A pesar de reconocer el avance que representa la introducción de la iniciativa ciudadana en nuestra legislación, durante el debate de dicha reforma en el Senado de la República, el suscrito sostuve en tribuna que su regulación no fue una de vanguardia que facilitaba el uso de esta figura, sino una que obstaculiza el ejercicio del derecho de las y los ciudadanos a presentar iniciativas, tomando así parte activa en los asuntos públicos.

El procedimiento que se estableció para la tramitación de la iniciativa ciudadana resulta engorroso, burocrático y profundamente tedioso para el ciudadano interesado en promover una iniciativa ante el Congreso de la Unión, toda vez que, por principio de cuentas, se le exige el apoyo del equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, que al momento de la aprobación de la reforma representaba aproximadamente cien mil quinientos ciudadanos, requisito que si bien se encontraba establecido en nuestra Carta Magna, resultaba en los hechos prácticamente imposible de cumplir para el ciudadano común.

A esta complicada aduana se suma el requisito de que las firmas sean acompañadas de la clave de elector, o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; así también la designación de un representante y finalmente señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto.

En el caso de que los ciudadanos logren cumplir dichos requisitos, las firmas serán remitidas al Instituto Nacional Electoral para que verifique en un plazo de 30 días, que las firmas recabadas constituyan el porcentaje requerido de la lista nominal de electores, coteje los nombres de los firmantes y dentro de otros treinta días realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas; en caso de que determine que no se cumple con el porcentaje, el ciudadano podrá impugnar ante el Tribunal Electoral lo cual, lógicamente, tomará más tiempo.

Durante la discusión de la reforma no consideramos, como no lo hacemos ahora, que este procedimiento incentive a los ciudadanos a participar directa y activamente en los asuntos públicos; por el contrario, inhibe su participación por varias razones.

La primera de ellas tiene que ver precisamente con la recolección de firmas en una cantidad incluso más grande que la votación que muchos legisladores obtienen para acceder a su cargo. Por otro lado, es claro que en el contexto de inseguridad que prevalece en nuestro país, las y los ciudadanos tienen desconfianza de prestar su credencial de elector a una persona desconocida, para que esta tome sus datos asegurándoles que lo hace con el fin de presentar una iniciativa ciudadana. Finalmente, la larga y complicada tramitación de la iniciativa, desde la recolección de firmas –que puede tomar un tiempo considerable- hasta la determinación del Instituto Nacional Electoral o incluso la resolución del Tribunal Electoral, en caso de apelación, es en sí misma un inhibidor del uso de esa herramienta ciudadana.

Como representante del Estado de Oaxaca, propongo que nuestra legislación federal prevea una regulación de la iniciativa ciudadana mucho más simple, expedita y accesible para las y los ciudadanos. Una regulación que se asemeje a la contenida a la legislación oaxaqueña, tan sencilla que facilita y fomenta la participación ciudadana. La legislación oaxaqueña prevé que una iniciativa puede ser presentada por un solo ciudadano, sin que sea necesario el respaldo de un porcentaje inalcanzable de la lista nominal de electores.

Una vez presentada, el Diputado que represente al Distrito Electoral que corresponda, debe intervenir libremente en pro o en contra, para pedir que la iniciativa sea o no admitida a trámite. Otros dos Diputados pueden pedir la palabra para argumentar en sentido contrario y una vez concluidas las intervenciones, se consulta a la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones, informándosele al ciudadano de la decisión de la Asamblea.

Con la presente iniciativa, proponemos establecer un mecanismo semejante que resulte mucho más sencillo y accesible para el ciudadano, incentivando así su participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad soberana y fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitiría a ambas Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas, provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, engorroso y poco expedito.

En la lógica de empoderar a las y los ciudadanos, es necesario que las y los legisladores nos cuestionemos a nosotros mismos por qué no establecer un procedimiento sencillo que nos permita recibir propuestas ciudadanas valiosas, que podamos adoptar e impulsar. ¿Qué caso tiene solicitar más de cien mil firmas para legislar sobre una propuesta ciudadana? ¿Por qué debería tener más valor una mala iniciativa firmada por más de cien mil personas, que una excelente iniciativa firmada por cinco?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:


PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los incisos p) y q) del numeral 1 del artículo 23; los incisos m) y n) del numeral 1 del artículo 67; el numeral 3 del artículo 130; los incisos b) y c) del artículo 131; se reforma el numeral 1 del artículo 132; se derogan los incisos r) del numeral 1 del artículo 23; el inciso o) del numeral 1 del artículo 67; el inciso d) y el último párrafo del artículo 131; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 23.

1. …

a) a o) …

p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

2. a 4. …

ARTÍCULO 67.

1. …

a) a I). …

m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

2. …

ARTÍCULO 130.

1. y 2. …

3. Una vez turnadas a las comisiones correspondientes, las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la Sesión inmediata siguiente.

ARTÍCULO 131.

1. …

a) …

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma. En este requisito se observará el principio de buena fe; y

c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones.

d) SE DEROGA

SE DEROGA

ARTÍCULO 132.

1. Cuando se dé cuenta a la Asamblea de una Iniciativa Ciudadana, un Diputado del distrito electoral o un Senador de la entidad que corresponda, según sea el caso, deberá intervenir en pro o en contra para pedir que la iniciativa sea o no admitida.

En contra de la opinión de dicho Diputado o Senador podrán hablar otros dos, tras lo cual se preguntará a la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones, debiendo informar en todo caso al representante designado por los ciudadanos, del resultado de la decisión que hubiere tomado la Asamblea.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 43 Ter. SE DEROGA

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el inciso e) del numeral 2 del artículo 32; el inciso u) del numeral 1 del artículo 51; los numerales 3 y 4 del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 32.

1. …

a) y b) …

2. …

a) a d) …

e) SE DEROGA;

f) a j) …

Artículo 51.

1. …

a) a t) …

u) SE DEROGA;

v) y w) …

2. y 3. …

Artículo 54.

1. y 2. …

3. SE DEROGA;

4. SE DEROGA.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables a las iniciativas ciudadanas que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor. Para tal efecto la Cámara que haya recibido una iniciativa ciudadana procederá a darle el trámite correspondiente. En el caso de que se haya remitido documentación al Instituto Nacional Electoral, este la devolverá sin mayor trámite a la Cámara de origen, misma que la procesará conforme lo establecido en el presente decreto.  

TERCERO.- El presente decreto no será aplicable a aquellas iniciativas ciudadanas que hayan concluido en definitiva su trámite, ya sea por no haber logrado el número de firmas requerido o por no haber sido aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=73093