Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73063
Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/73063

Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a colaborar para impulsar la aplicación de las medidas cautelares y garantizar su debido control, vigilancia y operación conforme lo ordenado en las leyes vigentes en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COLABORE, CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS PARA IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GARANTIZAR SU DEBIDO CONTROL, VIGILANCIA Y OPERACIÓN CONFORME LO ORDENADO EN LAS LEYES VIGENTES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL ACUSATORIO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EL SUSCRITO DIPUTADO JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 78, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  58 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA TRIBUNA, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

Con la reforma a los artículos Constitucionales que dieron lugar a la creación del nuevo sistema penal acusatorio implementado con el fin garantizar el debido proceso contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como tal aduce requisitos mínimos para un proceso penal justo que debe ser imparcial, independiente, presuntivo de inocencia, dotado de promoción de Igualdad entre otras prerrogativas que conlleven a fomentar que el Ministerio Público solicite al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o bien cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En este sentido, es de valorar que a casi un año de la entre en vigor del sistema de impartición de justicia en materia penal, estamos en una etapa de evaluación en los hechos en los que destacan los grandes problemas de evasión y elusión de obligaciones de los órganos jurisdiccionales. Así, observamos que la inaplicación de otras medidas cautelares fuera de la prisión preventiva, y la creciente percepción social de impunidad, que ronda el 80% en más de 20 entidades federativas es un grave indicador de ineficacia de los operadores del nuevo sistema penal, más no del sistema en si.

Hoy vemos que urge que haya un sistema de seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal dado el creciente aumento de los 10 principales delitos de alto impacto, destacando el homicidio y el robo por ende hace falta redoblar esfuerzos en el esquema de la prevención del delito y del seguimiento de las medidas cautelares.

En esencia las autoridades locales involucradas en la materia en todas las entidades federativas debe cumplir con todo lo que ordenan las leyes, asumiendo sus obligaciones de aplicar las Medidas Cautelares, sin dejar de observar que solo es en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud es donde se obliga aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Lo que se denota en la liberación de ciertos presuntos delincuentes es insuficiencia argumentativa de los fiscales para justificar la aplicación de prisión preventiva en otros casos. No obstante lo anterior es muy importante señalar que la prisión preventiva de ninguna manera puede ser tomada como un adelanto de la pena y que en realidad solo debe imponerse cuando las hipótesis que la sustentan se actualicen y solo por el tiempo limitado para proceder a la etapa intermedia. Es importante aclarar que el tiempo máximo en estos casos sería de hasta seis meses.

En tal sentido dentro del Capítulo IV, Sección I, Artículos 155, 164 párrafo cuarto, 166 párrafo final, 174 segundo párrafo segundo, 176 párrafo segundo, 200, Capítulo V, 209, 210  todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 12 fracción VI, VII, VIII, XII, 14, Titulo Sexto Sistema Nacional de Atención a Víctimas localizables en la ley de la materia y el Capítulo I, Artículo 79, Título Octavo, referentes al fondo de ayuda y reparación integral establecen diversos tipos de medidas cautelares para las cuales no se cuenta con el personal ni con la infraestructura para poder supervisarlos, luego entonces es mejor que se garantice el seguimiento y monitoreo de todas estas medidas que no se cumplen en los estados de la federación.

Un caso similar es el observable en el Artículo 161, que establece la posibilidad de revisar la medida cautelar, siempre que haya variado objetivamente las condiciones bajo las cuales se impusieron dichas medidas, las que a mi consideración deben de ser emitidas por la unidad de supervisión de medidas cautelares, para que el órgano jurisdiccional tenga una información objetiva y no subjetiva del comportamiento del imputado.

Todo lo anterior implica una falla en la gestión en la aplicación del nuevo sistema en varias entidades de la federación y en el propio nivel federal.

Por ello es necesario que tanto en el nivel federal como local se concluya con la tarea urgente de crear las unidades de supervisión correspondiente.  

Las medidas cautelares personales pueden ser restrictivas o privativas de la libertad personal que adopte el Tribunal contra el imputado, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, tienen un carácter excepcional, como lo establece la doctrina y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo recoge el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, además con los principios de proporcionalidad, legalidad, jurisdiccionalidad y provisionalidad, los cuales deben ser acatados y no será ello posible si no se involucran todos los actores obligados por tal motivo invito a esta H. Asamblea a actuar en consecuencia en los términos del presente, exigiendo que todas las partes asuman sus responsabilidades correspondientes.

Por lo expuesto y fundado;

PRIMERO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal que habilite la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso a efecto de contar con el seguimiento puntual de las medidas impuestas por jueces de control en procesos penales federales.

SEGUNDO.- Igualmente se exhorta a los gobiernos de las  Entidades Federativas del país para concluir con la habilitación de las Autoridades de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspención Condicional del Procedimiento.

TERCERO. Se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a recabar toda la información relativa al funcionamiento de dichas instancias supervisoras, tanto del orden federal como local, consolidar y sistematizar la misma y rendir la información sobre la eficacia de la aplicación de las medidas cautelares a la Cámara de Diputados.

Dado en el Senado de la República el _______________ de junio del 2017

FIRMA:

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”

José Máximo García López

Diputado Federal

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=73063