Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 19 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/72924
Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/72924

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar diversas acciones respecto a las prácticas recurrentes por parte de las entidades bancarias condicionando los créditos al consumo.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.

Sen. María Verónica
Martínez Espinoza

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS PRACTICAS RECURRENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS CONDICIONANDO LOS CRÉDITOS AL CONSUMO

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora por el Estado de Jalisco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con:

Exposición de Motivos

En México y prácticamente todo el mundo es una práctica cotidiana que la mayoría de las personas en algún momento de su vida necesiten contratar un servicio con alguna entidad bancaria, ya sea para abrir una cuenta de ahorros, pagos de nómina, cuenta de cheques o solicitar un crédito, entre muchas opciones que brindan dichas entidades bancarias. De entre todos los servicios que se ofrecen a los usuarios, quiero destacar los créditos al consumo, donde podemos ubicar a los créditos hipotecarios.

Podemos entender que la “hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.” [*]

Muchos juristas ubican a la hipoteca como un derecho real de garantía [*], además de ser accesoria a una obligación principal, generalmente al crédito otorgado por la entidad bancaria de que se trate. Una característica muy importante sobre la hipoteca es su constitución pública, debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad para que pueda surtir sus efectos a terceros, y para lograr este cometido es necesaria la intervención de un notario público.

Los usuarios de servicios financieros siempre tienen el derecho de elegir libremente a su notario de confianza o al que ellos determinen por cualquier motivo. Pero dicha libertad queda, en la mayoría de los casos, solo en la teoría, ya que los bancos imponen a determinados notarios que ellos escogen por diversas razones. Dicha acción lastima severamente los derechos de los consumidores financieros, pero el daño no queda únicamente ahí, se ve afectado el proceso de libre competencia económica, porque esa práctica recurrente de los bancos de imponer a sus notarios es anticompetitiva y perjudicial para los usuarios de la banca y en general para la economía nacional.

Los ciudadanos que se ven en la necesidad de adquirir créditos hipotecarios para poder cumplir la meta de adquirir una vivienda generalmente terminan recibiendo algunos servicios de mala calidad, por parte de los notarios que fueron impuestos por la entidad bancaria con la que celebraron el contrato, además de que se les impone un cobro sin la posibilidad de poder elegir más opciones para realizar el proceso de compra de su inmueble.

Este tipo de ventas atadas son una práctica monopólica relativa y básicamente consisten en condicionar el servicio (el crédito hipotecario) a la adquisición de otro servicio (utilizar el notario público impuesto por el banco). Si el usuario se rehúsa a utilizar el servicio notarial impuesto, el banco tiende rechazar el crédito solicitado, o atemoriza a los usuarios de que si quieren acudir con algún notario de confianza perderán el crédito. [*]

Debe quedar claro que los consumidores financieros tienen el derecho de elegir libremente a sus proveedores, de manera que cualquier servicio que no les haya sido solicitado debería ser gratuito, de manera que lo usuarios que son obligados por el banco a acudir con notarios establecidos por la misma entidad deberían recibir sus escrituras de manera gratuita. En consecuencia, todo servicio que sea impuesto por el banco y no sea solicitado, deberá ser cubierto por la entidad bancaria.  

Los notarios no actúan de manera oficiosa, las escrituras van a nacer cuando ambas partes celebran un acto jurídico y acuden a solicitar los servicios de un notario público, de manera que para que el acto jurídico se tenga por existente, ambas partes deben acudir libre y voluntariamente.

Lo anterior es de suma importancia, ya que, si falta el consentimiento de alguna de las partes, como es el caso de los usuarios que contratan un crédito hipotecario y son obligados a asistir a un notario que no fue elegido por ellos libremente, la escritura que nazca de ese acto va a tener vicios desde su creación.

Es tan grave esta situación que jurídicamente estaríamos hablando inclusive de la inexistencia jurídica del acto por la ausencia de la voluntad de una de las partes. De manera que los vicios que pueden acompañar al acto jurídico pueden restarle eficacia o causar incluso su inexistencia. [*]

Algunas notarías son parte cotidiana de éste atropello a los derechos de los consumidores. No se debe generalizar a todos, pero los que son participes con los bancos son igual de responsables, por otro lado, los que no participandeberían estar velando por la seguridad jurídica de los consumidores, ya que la práctica lastima a usuarios y notarios por igual.

Los notarios no solo firman y sellan documentos, son actores muy importantes para proteger la legalidad de los actos jurídicos. Es difícil de creer que se puede participar en actos jurídicos a sabiendas que uno de los clientes no acudió a solicitar sus servicios de manera libre y racional, sino que no tuvo elección. Es una realidad que pasa todos los días, ocurre en México, todo el mundo lo sabe, las autoridades lo saben. Pero nadie hace nada para proteger los derechos de los consumidores de servicios financieros.

Dentro del sistema jurídico mexicano se hicieron reformas (la denominada reforma financiera) para contrarrestar esta mala práctica, el 10 de enero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación [*] algunas reformas relevantes, destaca la que modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, donde se adiciona un artículo 23 bis, intentando dejar plasmado en la ley lo que ya estaba prohibido.

El artículo 23 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece lo siguiente:

Artículo 23 Bis.- A las Entidades les estará prohibido condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades podrán ofrecer productos y servicios financieros de otras Entidades que estén ligados a los productos y servicios ofrecidos al Cliente, cuando se cuente con el consentimiento expreso de éste para contratar los productos o servicios adicionales o ligados con la operación o servicio solicitado, bajo la premisa de que es un derecho innegable del Cliente contratar éstos a través de un tercero independiente.

Lo previsto en el párrafo anterior, deberá informarse a los Clientes a través de los contratos que se celebren con éstos, así como de la publicidad de los productos y servicios financieros de que se trate.

Las Instituciones Financieras que sostengan contratos con Clientes respecto a determinados productos y servicios, deberán de solicitar la aprobación al momento de la firma del mismo por parte de los Clientes, para compartir información de éstos, que no esté sujeta a disposiciones de secrecía con terceros que ofrezcan otro tipo de productos y servicios adicionales y que estén relacionados con el producto o servicio que estén contratando. [*]

Su claridad es absoluta, lo que supondría que las ventas atadas llegarían a su fin, pero no fue así. La libertad de los consumidores debe ser la columna vertebral del sistema de mercados, de manera que los bancos y otros entes que ofrezcan sus servicios deben respetar la decisión de los consumidores de acudir con el notario que deseen.

Existen dependencias competentes para conocer de estos asuntos, que podrían hacer una investigación profunda y robusta e imponer las sanciones económicas e inhabilitaciones que se podrían llegar a dar, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de valores, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión de Competencia Económica.

La ausencia de actuación por parte de las instituciones antes mencionadas es el escenario perfecto para que los bancos realicen ventas atadas y condicionen el otorgamiento de servicios. Tenemos una Ley que lo prohíbe, tenemos las instituciones que pueden obligar su cumplimiento, ¿Qué hace falta?, la respuesta es sencilla, hace falta Voluntad por parte de dichas instituciones, además de ser un tema de la agenda política nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una vez más, exhorta respetuosamente a los Titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se coordinen entre sí, además con otras autoridades competentes y realicen un plan de acción dirigido a evitar que las entidades bancarias condicionen la prestación de un servicio y obliguen a los usuarios de servicios financieros a contratar otro, impuesto por la misma entidad bancaria, específicamente los relacionados con la contratación de notarios impuestos por los bancos.

Evitando la libre elección de los usuarios de servicios financieros a acudir al notario de su preferencia. Todo lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. De igual forma, deberán informar a esta Soberanía a la brevedad posible el plan de acción o las medidas que se vayan a adoptar.

Ciudad de México, a 21 de junio de 2017

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA


[*] Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2893, consultado el 9 de junio de 2017 en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf

[*] Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo IV Contratos. Porrúa, Ciudad de México, 2001, P. 25

[*] Bancos y Notarios atados, usuarios olvidados. Revista: El mundo del Abogado, Núm. 217, mayo 2017, consultada el 9 de junio de 2017 en: http://elmundodelabogado.com/revista/opinion/item/bancos-y-notarios-atados-usuarios-olvidados

[*] Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil,  Porrúa, Ciudad de México, 2008, P. 784

[*] Diario Oficial de la Federación, consultado el 9 de junio de 2017 en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014

[*] Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 bis, consultado el 9 de junio de 2017 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72924