Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Jueves 23 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/72839
Miércoles 5 de Julio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-19/72839

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Seguridad Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los programas que tengan en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas; asimismo, exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una comisión especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen por parte de la Procuraduría General de la República como a todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ANTICORRUPCIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ASUNTO QUE FORMA PARTE DE INVENTARIO ENVIADO A (LA CÁMARA DE SENADORES) O A LA (CÁMARA DE DIPUTADOS) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Senador Pablo Escudero Morales
Presidente de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

P R E S E N T E

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de la Comisión de Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, remitan un informe pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas con especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos; así como de manera respetuosa se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una Comisión Especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen por parte de la PGR, como a todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos, al tenor de las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

La trascendencia de los derechos fundamentales, consiste en que promueven y tutelan la vida digna de las personas. En ese sentido, derechos a la intimidad y a la privacidad son capitales en el desarrollo de las personas dentro de un régimen democrático y de derecho. La tutela de estos dos derechos significan importantes insignias de la historia reciente del mundo, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de los regímenes totalitarios, desde donde paulatinamente se ha abierto paso el actual sistema de Derechos Humanos que al día de hoy forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vida.

El derecho a la privacidad, podría definirse como la facultad que toda persona tiene para determinar cómo, cuándo y hasta qué punto su información personal es comunicada a los demás. De ello se desprende que dicho derecho tenga al menos dos componentes: el primero consistente en la posibilidad que se le concede al individuo de aislarse de todos, sin importar si se trata de la familia, la comunidad o el Estado; mientras que el segundo es el derecho de controlar la información de uno mismo, incluso después de que esta hubiese sido divulgada.Esta segunda dimensión es de suma relevancia, en tanto que permite a los ciudadanos intervenir activamente en la comunicad sin renunciar al control de sus datos personales, es decir, poder decidir cuándo participan en sociedad y cuándo se retiran.

En este sentido, en 1996 se incorporó a nuestra Constitución en el Artículo 16 el párrafo siguiente, cuyo principal objetivo fue establecer la privacidad de las comunicaciones:

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.”

De igual forma, los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte, en especial los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege este mismo derecho en un sentido más particular, pues habla del derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada. Así, establece que las conversaciones telefónicas son una forma de comunicación que, al igual que la correspondencia, se encuentra dentro del ámbito de la protección del derecho a la vida privada, cuya dimensión de protección no queda reducida al contenido de la llamada sino incluso a cualquier operación técnica dirigida a registrar dicho contenido. Es decir, debe ser protegido cualquier elemento técnico asociado a dicha comunicación como datos de la realización de la llamada, duración de esta, los números de teléfono que participaron, etcétera.

Por otra parte, la importancia del derecho a la intimidad radica en el reconocimiento de que, no es suficiente proteger los derechos tradicionales como el derecho a la vida, sino que también es necesario remover los obstáculos para disfrutar de una vida plena, sin intromisiones ni obstáculos de ninguna especie. En este sentido, el derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de marices entre los que se encuentran la prohibición de intervenciones telefónicas, revelar información íntima de los individuos, de la acechanza o las grabaciones desautorizadas, entre otras.

Acorde con todo lo anterior, resulta deseable indagar cómo se salvaguardan dichos derechos en nuestro país, y cómo es que el Estado los garantiza, toda vez que la tutela y protección de estos concierne a todas y todos los mexicanos en virtud de que, como ya se ha señalado, competen al desarrollo personalísimo de cada uno de nosotros. En este sentido, cualquier sospecha o presunción de la violación de alguno o de ambos de estos importantes derechos por parte del Estado, resultaría un grave atentado a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.

No obstante, en lo que va de la presente administración se han presentado algunos elementos que podrían implicar que el Estado mexicano mantiene una vigilancia extrema y en de ser el caso ilegal, sobre ciertos particulares, que de confirmarse, violarían nuestra Carta fundamental y diversos tratados internacionales adoptados por México.

En 2015, se reveló que el gobierno mexicano poseía softwares que se utilizan para intervenir teléfonos inteligentes, cuando se liberaron cientos de correos electrónicos de la compañía italiana de espionaje Hacking Team y sus directivos admitieron que varias dependencias del gobierno mexicano habían comprado programas de espionaje. No obstante, hasta el momento no ha existido una respuesta clara del Estado mexicano mediante la cual se aclaren no solo los hechos particulares que se señalan, sino que también se aborde el tema de la protección a los derechos fundamentales de los mexicanos en materia de privacidad e intimidad.

Cabe señalar que estas presunciones emitidas por organizaciones, no solo competen al gobierno federal toda vez que, mediante una información filtrada en medios de comunicación, se señaló que al menos 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con una de las compañías de hackers. En aquél momento se señaló a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche. Instancias que, de verificarse el caso, no contarían con las facultades constitucionales necesarias para realizar intervenciones en las comunicaciones de ninguna persona bajo ninguna circunstancia.

Mientras que en materia presupuestal en materia de seguridad nacional se ha observado un incremento importante en los últimos años. Durante este sexenio, el CISEN ha recibido 23 mil 994 millones de pesos. Destaca que de 2013 a 2014 el presupuesto anual se disparó 63 por ciento, al pasar de 2 mil 744 millones a 7 mil 537 millones. Esta alza se mantuvo durante 2015, cuando se presupuestaron 7 mil 616 millones de pesos. Para el 2016, la cifra retornó a su nivel promedio de los últimos años, 3 mil 273 millones de pesos.

Respecto a lo anterior, no sobra mencionar las argumentaciones que se han vertido por parte de otros legisladores que señalan la opacidad y el incremento en partidas para seguridad nacional que no son fiscalizadas y que en lo que va de la actual administración ha aumentado cerca del 200 por ciento.

Sin duda, la utilización de estos programas resultan del todo útiles en el combate al crimen organizado, inclusive en reformas en materia de investigación e impartición de justicia, el Congreso de la Unión ha aprobado la implementación de estas tecnologías a fin de brindar mayores herramientas a las autoridades para combatir la delincuencia. No obstante, si bien la confidencialidad que exige este tipo de operaciones es del todo comprensible, ello no debe implicar la nula transparencia en su implementación con respecto a las áreas que manejan dichas herramientas, su posible mal uso y el presupuesto que se destina a ello.

En todo este marco, no puede pasarse por alto la divulgación de audios de llamadas en las que se personajes públicos aparecen en situaciones algunas veces comprometedoras y otras reveladoras, cuyo principal foco de atención resulta siempre ser el contenido de las conversaciones, dejando de lado el origen de dicho audio. Si bien los afectados han presentado denuncias, a la fecha no se ha dado explicación de algún órgano de seguridad nacional responsablede estas prácticas.

De este modo, existen indicios de espionaje en México que no se esclarecen ni para confirmarlo o descartarlo, lo cual permea de manera negativa el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de las personas, afectando uno de los derechos fundamentales como lo es la privacidad y la intimidad de todos los mexicanos.

No obstante lo anterior, sería grave y lamentable que se confirmara la invasión en la privacidad de las personas por parte del Estado mexicano y con mayor importancia, si los invadidos resultan ser personajes incómodos o de interés particular para el gobierno mexicano en relación con la profesión, ocupación o relevancia de estos pudiesen tener en determinada coyuntura en la que el gobierno mexicano estuviese involucrado.

Es menester que la Secretaria de Gobernación informe de manera pormenorizada los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas y en la misma medida responda a las diversas investigaciones documentales que implican al gobierno mexicano como uno de los principales clientes de empresas internacionales dedicadas al espionaje.

De igual forma resulta menester conformar una Comisión Especial en el Congreso de la Unión que dé seguimiento puntual a las investigaciones y el esclarecimiento de todos estos señalamientos, los cuales no remiten exclusivamente al gobierno federal.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente

P U N T OD EA C U E R D O

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación; de la Comisión de Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a que de manera coordinada,remitan un informe pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas con especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos y donde se mencionen de manera específica las áreas internas que derivado de las actividades que desarrollan en materia de seguridad manejan algún tipo de software especializado en la intervención de comunicaciones.

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una Comisión Especial que dé seguimiento puntual tanto a las investigaciones que se realicen por parte de la PGR como a todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos.

Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las posibles prácticas que el gobierno federal a través de las instancias de seguridad podrían estar invadiendo la privacidad e intimidad de los ciudadanos mexicanos, mediante la intervención de sus comunicaciones personales y sus dispositivos electrónicos de comunicación.

Cuarto.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 31 entidades del país y a la Ciudad de México, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las actividades que desarrollan los “C4” y/o las dependencias encargadas de la seguridad estatal, sobre los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas con especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos, así como también incluyan de manera específica las áreas internas que derivado de las actividades que desarrollan en materia de seguridad manejan algún tipo de software especializado en la intervención de comunicaciones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de junio de 2017.

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY


GARCÍA RICCI, Diego. Artículo 16 Constitucional. Derecho a la Privacidad. En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/39.pdf consultado el 22 de junio de 2017

Celis Quintanal, Marcos Alejandro. La protección de la Intimidad como Derecho Fundamental de los Mexicanos. En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2253/9.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72839