Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 21 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-15/72549
Miércoles 21 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-15/72549

De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.

Las y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE PROPONE ADICIONAR EL DERECHO SOCIAL A CONTAR CON UN MINIMO VITAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de 1917 se reconoce como el primer texto de su especie que reconoce derechos sociales a las personas. A partir de este reconocimiento, el desarrollo constitucional mexicano se ha enriquecido con diversas normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a todas las personas. Nuestra reciente historia constitucional da cuenta de muchas de estas acciones. Entre ellas destaca especialmente la introducción del mandato de resdistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 de nuestro texto constitucional. La presente iniciativa se inscribe precisamente en esta tradición. Sin embargo, en esta ocasión, la fuente de inspiración son los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales que se han presentado en otras latitutdes con el objeto de extender los alcances de los derechos sociales. El objetivo que se pretende alcanzar es garantizar la existencia de mecanismos que permita habilitar a las personas para que puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos que les otorga el orden constitucional.

Una condición indispensable para que las personas puedan gozar de los derechos y libertades que les otorga el orden constitucional mexicano es que tengan capacidad para satisfacer sus necesidades básicas.

En ese sentido, un orden constitucional comprometido con los derechos debe necesariamente reconocer que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan desarrollar sus vidas. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan propiciar igualdad en la sociedad. [*]

El conjunto de estos requerimientos escenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social, que busca la  igualdad de oportunidades y que propicia el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas. [*]

EL ESTADO SOCIAL Y EL MÍNIMO VITAL

El Estado social de Derecho está basado en la solidaridad. En este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta fundamental. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. [*] Para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de la comunidad.

Estos derechos sociales pueden constituirse como principios que sirven como directriz a las autoridades, para que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso, y al mismo tiempo, como un mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales. [*]

Entre los derechos sociales, el derecho a contar con un mínimo vital se ha construido a partir de la interpretación sistemática de diversas Constituciones (España, Colombia, Alemania, entre otras). Así el mínimo vital se presenta como un eje que articula lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales. En el centro del modelo aparece el concepto de dignidad de la persona. [*] Este modelo también se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contiene un doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital y esta doble referencia será una constante en otros textos. Por un lado, se reconoce el derecho del trabajador a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (artículo 23.3). Y, por otro lado, el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25.1). [*]

La concepción del Estado social de derecho hace referencia a un “sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona adentro de la sociedad sin privaciones irracionales”. [*] Estos derechos sociales se basan en el principio de igualdad. Tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad. [*]

Desde la perspectiva de los tribunales, el concepto de mínimo vital en un Estado social de derecho sirve para proteger a personas frente a un perjuicio irremediable causado por la falta de atención a un derecho social. [*] Así, el mínimo vital, se instituye como un recurso del cual echa mano la jurisdicción para subsanar una situación de injusticia o para socorrer a una persona indefensa frente a la desidia y la indolencia del Estado, y en ocasiones de los particulares. [*]

Desde un punto de vista operativo, el derecho a un mínimo vital puede referirse a la posibilidad de que las personas puedan disponer libremente de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades más perentorias. Para articular este ejercicio, el derecho al mínimo vital hace a un lado a aquellos segmentos de la población que tienen recursos suficientes para su subsistencia y se concentra en quienes no tienen los medios necesarios. De esta manera, una política diseñada para garantizar el mínimo vital se debe enfocar en proporcionar complementos al salario de los trabajadores que así lo requieran o bien una cantidad periódica a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo remunerado. [*]

Objeto

El establecimiento constitucional del mínimo vital no pretende que todas las personas sean iguales. Se aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a las mejores oportunidades. [*] Se trata de asegurar –con alguna racionalidad y capacidad de universalización- esferas de protección del mínimo vital, tal y como ocurre con otros derechos fundamentales. [*]

El mínimo vital supone un derecho constitucional fundamental a la vida no entendido como mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las facultades de las que puede gozar la persona humana. [*]

El derecho al mínimo vital es la garantía de un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna. En la mayoría de las sentencias la Cortes Colombianas no se refiere al mínimo vital como un derecho sino como las condiciones materiales en sí mismas, garantizadas a su vez por otros derechos, que pueden ser prestacionales o fundamentales. [*]

El derecho al mínimo vital se ha recibido en México por la vía jurisprudencial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido al mínimo vital como “un derecho innominado ya que no se ha reconocido expresamente en el derecho internacional ni en los textos constitucionales; se ha desarrollado principalmente desde la jurisprudencia y la doctrina”. [*] El desarrollo jurisprudencial de la SCJN lo identifica “como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales”, que se conforma para la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, “forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera)”. [*]

En cuanto sus alcances, la SCJN ha sostenido que el mínimo vital abarca un “conjunto de medidas estatales que permiten respetar la dignidad humana; no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para una existencia libre y digna”. [*] De ahí se despreden “…la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital […] de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona”. [*]

A partir de la recepción jurisprudencial del mínimo vital, el Estado Mexicano adquiere la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Para ello, es indispensable fijar el mandato de garantía y establecer las bases opertivas sobre las que se sustenten las políticas públicas diseñadas para garantizar el mínimo vital.

El artículo 25 de la Constitución contiene las bases económicas sobre las que se sustenta el modelo constitucional mexicano. Ahí se reconoce la existencia de un sistema económico en el que concurren los sectores público, privado y social. Pero también se establece la obligación fundamental del Estado Mexicano de ejercer la rectoría del desarrollo nacional. Y uno de los objetivos del desarrollo nacional es lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. La presente iniciativa busca complementar este pasaje constitucional mediante la introducción de un mandato expreso en el sentido de reconocer que el punto de partida indispensable para la consecución del mandato de igualdad sustantiva contenido en el texto constitucional es el derecho al mínimo vital. En tales condiciones, lo que aquí se plantea es fijar el mandato expreso para el Estado Mexicano para garantizar a todas las personas las bases mínimas para su subsistencia y para habilitarlas para el goce de sus derechos constitucionales. Se trata de un mandato solidario dentro de la mejor tradición del constitucionalismo mexicano cuyo desarrollo contribuirá en forma decidida a atender a las personas más desfavorecidas.


PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL


Artículo vigente:

Propuesta de reforma:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se garantiza a cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales.

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y se adiciona un segundo párrafo al texto del referido precepto.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se garantiza a cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales.

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigencia al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día miércoles 21 de junio 2017

SUSCRIBEN


FUENTES

Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios constitucionales, España, 2007.

Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010.

Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Ed. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002.

Carmona, Encarna, “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006.

Magaña Martínez, María Salome y Sosa, Yolanda, “Patrimonio familiar, un derecho al mínimo vital como garantía social”, Inventio, Año 12, número 27, Ed. Universidad Autónoma del Estadio de  Morelos, México, 2016.

Marín-Barnuevo Fao, D., La protección del mínimo existencial en el ámbito del IRPF, Ed.Colex, Madrid, 1996.

Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho”, Provincia, número especial, 2006.

Quesada, Jimena, Europa social y democrática de derecho, Ed. Dykinson, España, 1997.

Rawls, John, A theory of justice, Cambridge, USA, 1971.

Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012

Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987.

Villar Borda, Luis, “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista Derecho del Estado, núm. 20, diciembre de 2007.

Recursos electrónicos

Gomes Canotilho, J. J., “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales”, pp. 249-250. http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico?IDR=15&IDN=1226&IDA=35267 Consultado el 7 de junio del 2017.

Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.630. Recurso electrónico consultado:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

Jurisprudencia citada

Alemania

SSTC 134/1989 y 140/1989.

BverfGE 1, 97 y BverfGE 40, 121.

BVerfGe 82, 60.

Brasil

STA 175, Rel. Min. Gildar Mendes, enjuiciada el 17.03.2010.

Colombia

SU-111/92.

T-426-92.

T-011/98.

T-283-98.

México

"Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.

"Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.


[*] Rawls, John, A theory of justice, Cambridge, USA, 1971, p.4.

[*] Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987, p.146.

[*] Vanossi, Jorge Reinaldo, pp.345 y 400.

[*] Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 24 y 44.

[*] Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.630. Recurso electrónico consultado: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

[*] Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.182. Los artículos 7 y 11 del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales así lo reconocen también.

[*] Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012, pp.141-158.

[*] Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho”, .Provincia, número especial, 2006, pp.189-218

[*] SU-111/92.

[*] Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p. 17.

[*] Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.184.

[*] Vanossi, Jorge Reinaldo, p.403.

[*] Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.623. Recurso electrónico consultado: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017.

[*] T-283-98.

[*] Arango, Rodolfo, “Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital”, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia, 2002, p. 12.

[*] "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.

[*] "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345.

[*] "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.

[*] "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72549