Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 18 de noviembre de 2017
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Miércoles 21 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-15/72538
Miércoles 21 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-15/72538

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. Miguel
Romo Medina

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La seguridad social ha sido una pieza clave en el sistema jurídico mexicano, el cual, en su génesis histórico, dio cuenta a la efervescencia de los sectores populares que demandaban una actuación progresista por parte del Estado mexicano, así como la consolidación de un derecho social que pugnará por el reconocimiento, el acceso y la protección de derechos económicos que garantizarán los mínimos vitales. El devenir histórico de la seguridad social en nuestro país, es evidencia del avance democrático de nuestras instituciones jurídicas y políticas; pero aún más importante, ha coadyuvado en la concretización de un Estado basado en la igualdad sustantiva.

La pugna del sector obrero y de las clases más desfavorecidas han instado a cambios estructurales en el Estado mexicano, que den cuenta de una sociedad equitativa, democrática e igualitaria. Bajo estas premisas sociales fue concebido el derecho laboral mexicano, el cual, de forma pionera, estableció uno de los catálogos de derechos laborales más avanzados de su tiempo, introduciendo figuras jurídicas que se volverían un modelo a seguir para la protección de los derechos humanos laborales.

La positivización de la seguridad social comprende un “conjunto de disposiciones legales, políticas e instituciones que propenden por la prevención, reparación y rehabilitación de los riesgos o contingencias que pueden afectar a las personas y a sus familias durante y después de su vida laboral.” [*] Bajo esta tesitura se circunscribió el marco normativo de nuestro país, estableciendo rubros concretos que protegen al trabajador y a su familia.

Uno de los conceptos más importantes que comprende el modelo de seguridad social en nuestro país, es el relacionado al sustento económico de los trabajadores y de sus familias, posterior al ciclo de trabajo activo del asegurado. Garantizar la percepción de una cantidad pecuniaria que cubra más allá de los mínimos vitales, atiende al fundamento de la justicia y de la seguridad social, las cuales se sustentan bajo los principios de universalidad, integridad, solidaridad, unidad, igualdad de beneficios y progresividad. [*]

La pensión, como figura jurídica que se desprende de la seguridad social, tiene el objeto de garantizar el pago de una cantidad económica al trabajador o, en su caso, a su familia, cuando por cuestión de enfermedad, invalidez o muerte, el asegurado no pueda continuar con su vida laboral. La Ley Seguro Social establece las modalidades y los requisitos mediante los cuales se regulan las pensiones a los asegurados o beneficiarios, quienes representan estadísticamente el sistema de seguridad social más grande del país.

De igual manera, el derecho a recibir una pensión, así como los demás conceptos contenidos en el catálogo de derechos de seguridad social, han sido positivizados en Instrumentos Internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 establece:

Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, asimismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. El Estado está obligado a satisfacer estos derechos sociales con su mayor esfuerzo, de manera progresiva… (El resaltado es propio)

La pensión tiene por objeto repercutir en el nivel de vida de las personas, permitiéndoles acceder a una vida digna, la cual debe ser comprendida bajo los principios jurídicos que ostenta la justicia y la seguridad social. Por ello, establecer el pago de una pensión como derecho inherente a la vida laboral, tiene plena concordancia en el seno familiar. Garantizar el pago de una pensión no solo se limita en relación al asegurado, por el contrario, este derecho trasciende al ámbito familiar; convirtiéndose de esta forma en una norma jurídica que protege económicamente a la familia del asegurado aún después de su muerte, como lo manifiestan las categorías jurídicas de la pensión por viudez, orfandad o ascendencia, establecidas en el inciso d), fracción II, del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

La protección a los intereses del trabajador, y del ser humano, trasciende más allá de su vida o de su corporeidad. El derecho laboral reconoce el esfuerzo de las personas que ingresaron a la dinámica laboral, exaltando su capacidad de agencia social y política, al obtener los recursos pecuniarios para costear las necesidades económicas de la vida cotidiana de su familia. Tras la vida laboral activa, e incluso posterior al fallecimiento del trabajador, nuestro sistema de seguridad social reconoce el compromiso histórico de garantizar el acceso a pensión que ayude a costear los gastos no solo del trabajador o asegurado, sino también de sus familiares o beneficiarios.

Nuestro sistema normativo en seguridad social en un principio reconoce los lineamientos internacionales referentes a la pensión por viudez, orfandad o para los ascendientes del asegurado, a efecto de garantizar una pensión proporcional a sus beneficiarios. Este tipo de modalidad en el pago de pensión a los familiares o beneficiarios del asegurado, tiene por objeto cumplimentar un derecho adquirido al ser dado de alta en el sistema del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y cumplir con los requisitos legales correspondientes al pago de una cantidad específica de semanas de cotización.

Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los asegurados son una función social y también consisten en cumplimentar los derechos y prerrogativas que adquirió el asegurado por el pago de semanas de cotización, como lo señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, la pensión de viudez establecida en el artículo 130 de dicha Ley, no se encuentra redactada conforme a los principios rectores de la seguridad social; además, acusa un retroceso a la lucha de derechos que, históricamente, ha sido llevada a cabo por los sectores populares.

Las condiciones que establece el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, son las siguientes:

Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. (El resaltado es propio)

La norma reconoce el derecho a la pensión por viudez; sin embargo, realiza una distinción genérica sin necesidad sustancial que, por el contrario, limita a los beneficiarios varones a gozar de una pensión, sin argumentos jurídicos de fondo. En la actualidad, las políticas públicas deben estar orientadas conforme al enfoque y perspectiva de género en aquellas situaciones en las cuales exista una distribución asimétrica de derechos o, en su caso, una omisión de la realidad social que socaba el desarrollo de las personas en cuanto a su sexo biológico. Sin embargo, la aplicación equitativa de políticas públicas conforme a la teoría de género debe ser entendida en relación a las desigualdades materiales y sociales que ocasionen distintos grados de desigualdad.

Entendiendo las razones por las cuales se realiza de forma jurídica y política una distinción de género en la literalidad de la normatividad, es preciso evidenciar aquellos casos que, lejos de aplicar un enfoque de género en la política pública a efecto de concretizar condiciones equitativas, constituyen argumentos ideológicos para la consolidación de estereotipos y roles de género socialmente construidos en un entorno patriarcal. Los efectos nocivos que contiene una sociedad y una normatividad construida bajo los efectos de los roles sexistas y hetereonormativos, no solo implica un perjuicio a las mujeres, tambié pueden expresar limitaciones a los derechos de los hombres, debido a la compresión ideologizada de los derechos en relación a las construcciones sociales que históricamente han marcado asignaciones especificas a hombres y mujeres.

En ese sentido, la formulación literal del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, así como de otras disposiciones normativas, evidencian: en un primer lugar, la asimilación de roles y estereotipos que no tienen sustento legal alguno; y, en segundo lugar, la limitación u obstaculización para el acceso a un derecho. Enmarca una carga extra para los beneficiarios masculinos, consistente en la dependencia económica, cuestión que no se encuentra prevista en caso contrario, es decir, cuando el beneficiario es la mujer en su calidad de cónyuge o concubina del asegurado finado. De esta forma, la normatividad establece cargas diferenciadas para el acceso a un derecho, pese a que los requisitos para la obtención de la pensión por viudez son los mismos para el asegurado, indistintamente del sexo de su beneficiario.

La diferenciación que establece la Ley del Seguro Social se inscribe en una discriminación activa, negando derechos y atribuyendo obligaciones extraordinarias sin fundamento jurídico material en cuanto a las mismas condiciones reales, materiales y biológicas. Se concibe en el plano de lo ideológicamente construido, y no en lo que es evidentemente objetivo; toda vez que las condiciones y necesidades para obtener una pensión por viudez son las mismas, independientemente del sexo del que se trate.

El basamento de los roles y estereotipos de género radica en la configuración sociocultural del antagonismo de los sexos biológicos. Consisten en estructuras sociales construidas a partir de creencias, valores y directrices que convencionalmente establecen cómo deben ser los hombres y las mujeres, más allá de fundamentos racionales o científicos. [*] Determinan las prácticas, los discursos y las representaciones que se atribuyen a los hombres y a las mujeres [*], constituyendo sesgos ideológicos que coaccionan las prácticas de las personas. Los estereotipos de género han limitado el desarrollo social y político de los pueblos, segregando y coartando la proyección individual y colectiva de las sociedades, y se configuran en detrimento al reconocimiento y acceso a los derechos humanos de mujeres y hombres.

Ante esta conceptualización, es evidente que la disposición normativa que estipula la pensión por viudez, atiende a una representación social sesgada por los roles y estereotipos de género; violentando la jerarquía normativa y el principio a la igualdad y la no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la distinción genérica establecida en la pensión por viudez, violenta los principios jurídicos de universalidad e igualdad de beneficios, los cuales dan fundamento a la seguridad social. Determinar que el hombre beneficiario deba depender económicamente de la asegurada fallecida, cuando esta disposición normativa no opera en caso contrario, no solo se sintetiza en una discriminación activa hacía el beneficiario varón, sino que hace nugatorio el derecho al pago de pensión por viudez cuando el único beneficiario es hombre, pese a que la asegurada haya cumplido cabalmente con el pago de las semanas cotizadas requeridas para ello. Mantener esta distinción y atribución de obligaciones extras, atenta contra el legado histórico de las luchas populares que buscaban el reconocimiento y protección de derechos sociales, siendo anacrónico al desarrollo social y legislativo en materia de género en el que actualmente se encuentra el Estado mexicano. 

En concordancia a lo anterior, la función jurisdiccional representada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que determinan la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Los principales argumentos vertidos por el máximo tribunal del país giran en torno a las mismas razones que ya se han expresado: la violación a la jerarquía normativa establecida en el derecho a la igualdad y la no discriminación sostenida en la jurisprudencial por contradicción de tesis 2a./J. 132/2009 [*] y en el derecho a la tutela social de la familia sostenido en la tesis aislada 2a. VII/2009 [*].

Asimismo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, mediante comunicado de prensa oficial con clave numérica 081/2017, manifestó que las normas establecidas para el otorgamiento de la pensión por viudez, en lo que respecta a beneficiarios masculinos, “reproducen estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres salgan de los roles tradicionales que se les han impuesto y discriminan directamente a los varones, sin que ello encuentre justificación.” [*] De igual manera, el comunicado continúa manifestando que, fijar obligaciones extras a los hombres beneficiarios a una pensión por viudez, consistiría en omitir que este derecho es gestado por el pago de semanas cotizadas por parte de las personas aseguradas al Instituto Mexicano del Seguros Social, motivo por el cual, se negaría el objeto mismo del régimen de pensiones y el acceso a una prerrogativa jurídica que tiene por objeto garantizar la subsistencia de los beneficiarios del asegurado fallecido.

Integrar y armonizar las normas secundarias conforme al control de constitucionalidad es una tarea fundamental para el legislativo, y es muestra sucinta de las trasformaciones democráticas por las que ha atravesado el Estado mexicano. En este orden de ideas, es menester reformar las disposiciones normativas relativas al pensión por viudez, a efecto de que dicho concepto jurídico sea congruente con los principios jurídicos de la seguridad social y con los derechos humanos consagrados a rango constitucional.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforman la fracción II del artículo 64; la fracción III del artículo 84; y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios.

I. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado.

II. A la viuda, viudo, concubina o concubinario de la persona asegurada se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. a VI

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. y II…

III. Al cónyuge de la persona asegurada o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias relaciones de concubinato ninguna de estas tendrá derecho a la protección.

IV. a IX…

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta del cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la persona que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones en concubinato, ninguna de ellas tendrá el derecho a recibir pensión.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

MIGUEL ROMO MEDINA

Senador de la República.

Fuentes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cortizo Franco, Rut y Crujeira Pérez, Beatriz, “Análisis de los estereotipos de género en las acciones de alumnos y alumnas de secundaria durante la resolución de una terea sobre densidad y disoluciones”, en Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Universidad de Cádiz, Vol. 13, número 3, 2016.

García Maldonado, Octavio, Teoría y práctica de la seguridad social, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2003.

La Carta Americana sobre los Derecho Humanas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ley del Seguro Social.

Rodríguez Mesa, Rafael, Estudios sobre seguridad social, Editorial Ibáñez, Barranquilla, 2013.

Tesis 2a./J. 132/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009.

Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 470.

Velandia Morales, Andrea, “Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión”, en Universitas Psychologica, vol. 13, número 2.

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4525


[*] Rodríguez Mesa, Rafael, Estudios sobre seguridad social, Editorial Ibáñez, Barranquilla, 2013, p. 37.

[*] Ibid, p. 41.

[*] Velandia Morales, Andrea, “Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión”, en Universitas Psychologica, vol. 13 número 2, p. 518.

[*] Cortizo Franco, Rut y Crujeira Pérez, Beatriz, “Análisis de los estereotipos de género en las acciones de alumnos y alumnas de secundaria durante la resolución de una terea sobre densidad y disoluciones”, en Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Universidad de Cádiz, Vol. 13, número 3, 2016, p. 589.

[*] Véase, Tesis 2a./J. 132/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009, p. 643.

[*] Véase, Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 470.

[*] Consúltese en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4525

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72538