Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 18 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Miércoles 28 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-17/72536
Miércoles 28 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-17/72536

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Aviación Civil.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. Yolanda
de la Torre Valdez

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad la globalización, supone un importante cambio en la dinámica laboral, cultural, social y política de las personas, imponiendo la necesidad de una mayor movilidad entre los países e incluso entre las regiones que conforman una nación, por lo que los sistemas de transporte aéreo se han convertido en una herramienta que permite que las personas y los bienes se desplacen con mayor velocidad, seguridad y eficiencia. Incluso aún, con las restricciones impuestas a la seguridad en el transporte de pasajeros por las aerolíneas, derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la demanda de este tipo de servicios ha ido en aumento constante.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [*] al año de 2014, se tenían registradas 2,153 aeronaves con matrícula de uso comercial y 6,888 con matrícula particular, en 76 aeropuertos a nivel nacional, 12 de ellos con cabotaje internacional, en el año de 2013, se atendieron 93’786,863 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, en 1’700,249 operaciones aéreas, destacando el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que en el año de 2013, atendió un poco más de 31 millones de pasajeros, estas cifras revelan la dimensión de una industria creciente, que responde a las necesidades de la globalización y el flujo de personas que demanda este proceso.

Sin embargo, las personas con discapacidad, no tienen actualmente las condiciones necesarias y suficientes para acceder a los servicios de transporte aéreo con equidad, independencia, autonomía, accesibilidad; por lo que cuando requieren utilizar dichos servicios encuentran prácticas y omisiones que los discriminan.

Derivado de ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013, la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. [*]La cual establece criterios y responsabilidades para los prestadores de servicios y autoridades que permitirían a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a dichos servicios e instalaciones relativas. Más, hoy día aún persisten prácticas discriminatorias y excluyentes que impiden o limitan el acceso a las personas con discapacidad, por lo que es el interés de la Iniciativa incorporar en la Ley General de Aviación Civil, el principio de accesibilidad como una condición necesaria y suficiente para el acceso a los servicios e instalaciones, pero igualmente como un derecho exigible, donde las autoridades tengan la responsabilidad de velar por su estricta aplicación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su Artículo 1º, señala la prohibición de cualquier forma de discriminación, particularmente y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, la discapacidad no será motivo alguno para discriminar, incluso de manera omisa, a las personas.

Más aún, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), es puntual al describir la ausencia de accesibilidad en el entorno y la negación a la solicitud de ajustes razonables, como formas de discriminación hacia las personas, en particular las que tienen discapacidad.

De igual forma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en su artículo 9 y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16, señalan a la accesibilidad como un derecho, el cual debe asumirse como una condición previa para que las personas puedan acceder a todos los derechos enmarcados en la Ley y los Tratados Internacionales, de los que el Estado sea parte, recordando la supremacía legal que observan en la Unión, los últimos mencionados, de acuerdo al texto del Artículo 133 Constitucional.

Sea entonces que de acuerdo a lo anteriormente señalado que se considera:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º [*], refiere las siguientes responsabilidades a las autoridades competentes, de acuerdo a lo expresado en sus párrafos primero, tercero y quinto que se citan a continuación:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

[…]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del texto de su artículo 9 obliga a los Estados Parte a reconocer y eliminar progresivamente las barreras que impiden o limitan el acceso de las personas con discapacidad a su entorno, de forma particular y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, aquellas barreras referentes al transporte y uso de instalaciones públicas o de carácter público, de acuerdo al texto siguiente:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

[]

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

[…]

Que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entidad responsable de la evaluación sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en los Estados Parte, refirió lo siguiente de acuerdo al artículo 9:

Accesibilidad (artículo 9) [*]

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención. .

20. El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad. ;

(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;

(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;

(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y

(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación clarifica que la ausencia de accesibilidad y la negación del derecho a solicitar ajustes razonables se consideran formas de discriminación, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 9 párrafo primero, fracciones XXII Bis y Ter [*].

Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden)

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: …

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad, extendido este concepto de la siguiente forma, en su artículo 19 [*] que establece la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo al siguiente texto:

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

[…]

La Observación General No. 2, sobre el artículo 9 [*],  de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un texto particularmente enriquecedor, cuya lectura a efectos de comprender el alcance y los términos de la accesibilidad, resulta pertinente para apropiarse debidamente de ellos y no consentirla como una acción de beneficio particular a un sector de la sociedad, que puede resultar sobre costeable en términos económicos.

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.

25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.

Sin embargo, la visión que actualmente impera en la sociedad y sobre todo en los prestadores de servicios, es que la accesibilidad es incosteable, que las personas con discapacidad no representan un mercado atractivo y que por ende las modificaciones a las instalaciones, además de la capacitación permanente de las plantillas laborales entre otras acciones, no representan más que un aumento en los costos de operación

Además, existen prácticas que ponen por encima los intereses comerciales a los requerimientos de las personas, un caso particular es la asignación de los primeros asientos de las aeronaves comerciales, cuya disposición física permite que las personas con discapacidad, en particular las que tienen una limitada movilidad, puedan viajar con seguridad y dignidad; sin embargo, diversas aerolíneas tienen precios diferenciados con mucho mayor coste para las primeras filas de asientos, este hecho en particular supone una forma de discriminación para las personas con discapacidad, puesto que se debe considerar el ingreso a un asiento con mayor espacio y fácil acceso, como una solicitud de ajustes razonables, puesto que no sitúa una carga desproporcionada, debido a que la persona con discapacidad cuando compra su pasaje lo hace en igualdad de condiciones y sólo requiere de un mayor espacio para ingresar y viajar con seguridad y dignidad en la aeronave.

Adicionalmente, quien suscribe el día 30 de marzo del año en curso, presentó una Iniciativa [*], ante el Pleno del Senado de la República, que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la intención de hacer de la accesibilidad un principio rector en la relación entre proveedores de bienes y servicios y consumidores, de forma particular cuando los segundos sean personas con discapacidad. De tal forma que la autoridad responsable vigile y realice las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas, que en materia de accesibilidad se dispongan, de forma que supervise aquellas relaciones donde las personas con discapacidad no pueden acceder de forma igualitaria y digna a bienes y servicios, tales como el transporte aéreo, de la cual se cita lo siguiente:

El papel del Estado, representado a efectos de la Ley, se atribuye a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, quien en orden del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de las fracciones XXII, Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación citadas con anterioridad en la Exposición de Motivos (sic), es quien debe ejercer la acción legal necesaria para asegurar la accesibilidad como un derecho previo a una relación comercial y la protección del derecho a solicitar ajustes razonables, como una acción inmediata que permita acceder en igualdad de condiciones y con el mayor respeto a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, a un producto o servicio que ofrezcan los proveedores.

En este orden es que se propone ante el Pleno del Senado de la República reformar la Ley de Aviación Civil, al tenor de la siguiente tabla comparativa:


Ley de Aviación Civil

Iniciativa

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento o ayuda técnica, así como animales de asistencia presentando un certificado que lo avale, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

(Sin Correlativo)

Artículo 50 Bis. - De manera enunciativa y no limitativa, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a:

  1. Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios de transporte aéreo. 
  2. Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les permitan ingresar y viajar con seguridad y dignidad. 
  3. Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones aeroportuarias en servicios de interconexión  
  4. Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e independencia sean consideradas equipaje de mano. 
  5. Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; recibiendo la información necesaria para su traslado. 

Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor accesibilidad posible en todos sus procesos, incluyendo el acceso a la información en formatos accesibles principalmente la Lengua Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de traslado y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida que así lo requieran. Para lo cual dispondrán de un programa permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las personas con discapacidad y sus derechos como pasajeros.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 50 y se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Aviación Civil, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento o ayuda técnica, así como animales de asistencia presentando un certificado que lo avale, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad con los tratados

Artículo 50 Bis. - De manera enunciativa y no limitativa, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a:

  1. Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios de transporte aéreo. 
  2. Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les permitan ingresar y viajar con seguridad y dignidad. 
  3. Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones aeroportuarias en servicios de interconexión  
  4. Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e independencia sean consideradas equipaje de mano. 
  5. Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; recibiendo la información necesaria para su traslado. 

Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor accesibilidad posible en todos sus procesos, incluyendo el acceso a la información en formatos accesibles principalmente la Lengua Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de traslado y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida que así lo requieran. Para lo cual dispondrán de un programa permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las personas con discapacidad y sus derechos como pasajeros.

TRANSITORIO:

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 21 días del mes de junio de 2017

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez


[*] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF:10- 06-2011, disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

[*] Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico

[*] Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado: 23-06-2014, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf

[*] Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; DOF: 30-05-2011, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

[*] Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 “Accesibilidad”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72536