Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 17 de octubre de 2017
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Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72358
Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72358

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a coordinar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno las acciones necesarias para la definición e implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con especial enfoque en los menores de edad, atendiendo sus derechos humanos y favoreciendo el contexto de desarrollo nacional.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. David
Monreal Ávila

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINE CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON ESPECIAL ENFOQUE EN LOS MENORES DE EDAD, ATENDIENDO SUS DERECHOS HUMANOS Y FAVORECIENDO EL CONTEXTO DE DESARROLLO NACIONAL

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La problemática en materia de seguridad se agrava con el paso de los años, no son suficientes los discursos, programas ni políticas públicas, pues en su conjunto, gran parte de lo propuesto ha resultado intrascendente, sin impulso constante,  y obstaculizado por el desinterés en gestionar tareas de prevención del delito, aspectos que realmente duelen a la población a corto y largo plazo.

Los índices de incidencia delictiva son un reflejo, de acuerdo al informe
“Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017”,
[*] a nivel nacional de enero a abril de este año, se ha reportado la ocurrencia de 573 mil 597 presuntos delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, cifra mayor a la reportada en el mismo periodo de 2016, [*] que ascendía a 496 mil 448, es decir, se está ante un incremento del 15.54% (77 mil 149 presuntos delitos) al comienzo de este año con respecto al anterior.

Aunado a lo anterior, si se parte de la premisa de que suceden más delitos de los que se denuncian, tomando en consideración los niveles de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, situación que los inhibe a denunciar, la cifra real se elevaría considerablemente.

No es menor el descuido, todo ha dado lugar a denominar la seguridad pública ahora como la inseguridad pública, debido a que no sólo predomina, sino que va en crecimiento. El problema radica en que la seguridad se atiende extemporáneamente, es decir, se actúa una vez que ya se han consumado los hechos señalados como delitos, cuando la conducta nociva ya ha afectado los bienes jurídicos tutelados y valorados por la colectividad, en algunas ocasiones de forma irreparable.

Ante lo anterior cabe preguntarse ¿dónde está la prevención de los delitos?, y la respuesta inmediata es que ha quedado en el olvido, es una tarea pendiente. La agenda en la materia se ha enfocado en cuestiones superfluas, se niega a adentrarse al fondo de la problemática real, afectando el derecho humano a la vida y a la seguridad de la persona, incumpliendo además, con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual refiere en su artículo 21, como obligación a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la prevención de los delitos.

La dimensión y las consecuencias probablemente no son concebidas en la línea adecuada, no obstante, trascienden de facto cuando se liga íntimamente la importancia de prevenir y erradicar la incidencia de fenómenos delictivos como base para el saneamiento social. Respecto a la prevención Beccaria, autor clásico en la materia, en su obra Tratado de los delitos y de las penas, apunta atinadamente que “es mejor evitar los delitos que castigarlos”. [*]

La aseveración anterior cobra sentido al momento de compararlo con el contexto nacional, pues a contrario sensu, se prioriza castigar, abusando de la facultad punitiva del Estado y desatendiendo lo más importante: aplicar o practicar los medios y conocimientos proporcionados por la investigación científica del crimen, del criminal y de la criminalidad, tomando en cuenta la reacción social ante estos, para intentar evitarlos en forma preventiva, y sólo cuando ello no sea posible, recurrir en última instancia a la represión.

Aspectos esenciales como la cultura de la legalidad y fortalecimiento de valores, incorrectamente se han delegado como tareas exclusivas del círculo familiar, cuando es el entorno el que también incide en la formación de la persona. Por lo anterior, se dice que son tanto los factores endógenos como los exógenos lo que deben ser objeto en el diseño de políticas públicas y programas integrales, que sean de gran alcance e impacto en la dinámica social.

Lamentablemente esa no es la visión de Gobierno Federal, para muestra está la poca voluntad de la administración actual para darle continuidad a programas que paulatinamente podrían haber generado un gran impacto, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se hicieron significativos recortes en el anexo de “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”.

Uno de los recortes que causó ruido e incertidumbre fue el realizado al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), al cual para  el Ejercicio Fiscal del año pasado le  fueron asignados  aproximadamente 2 mil millones de pesos, cuestión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año paso a cero pesos. Aunque la Secretaría de Gobernación afirma que no ha desaparecido este programa, es una realidad que técnicamente la falta de recursos es un reto para su conservación, y no es posible delegar toda la responsabilidad, pues “los responsables de la estrategia afirman que la situación de los recursos económicos se compensará con mayor coordinación de instancias federales y locales, así como con la iniciativa privada, académicos y organizaciones de la sociedad civil para la sobrevivencia del mismo”. [*]

Aun cuando existen recursos estatales y municipales que pueden aplicarse al rubro de prevención del delito, la verdad es que no son suficientes, pues solo la continuidad de los programas logrará cambios sustanciales. Lo anterior recobra importancia si se enfrenta con una preocupación actual, una realidad que no se limita únicamente a  prevenir la comisión de ilícitos por parte de mayores de edad, ahora son también los jóvenes y niños quienes, bajo circunstancias específicas, llegan al delito.

Lo apuntado con antelación es alarmante, ya que además de resultar nocivo socialmente, es una muestra fehaciente del fracaso que han tenido las acciones tomadas en la materia, es la prueba de que los supuestos esfuerzos para prevenir el delito han sido insuficientes. De acuerdo con Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), “el crimen organizado recluta jóvenes menores de 18 años que pueden llegar a tener algún mando dentro de la estructura criminal”. [*] Esta situación agrava aún más el estatus de inseguridad que afecta a la población, el alcance del crimen se amplia y con ello aumenta la brecha para materializar verdaderas condiciones de vida dignas, por las que los menores de edad fortalezcan su cultura de la legalidad.

Aunado a lo anterior, el Informe especial Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia, destaca en cuanto a la relación de los adolescentes con el crimen organizado, que “quienes los invitan a formar parte de estos grupos, claramente utilizan en su beneficio y aprovechan la inmadurez de estos adolescentes. Es decir, si bien los adolescentes que se unen saben muy bien que están cometiendo actos ilegales, de ninguna manera cuentan con la capacidad y con la madurez para comprender plenamente el significado y la trascendencia que cometerlos tendrá para el resto de sus vidas”. [*]

En este sentido, es importante apuntar que actualmente no solo se trata de una incorporación voluntaria de menores de edad a las filas de la delincuencia organizada, la situación se está tornando más violenta si se toma en cuenta que muchos de estos niños y adolescentes también son integrados forzosamente, bajo diversas amenazas y en flagrante menoscabo a sus derechos; verbigracia lo ocurrido recientemente en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde como producto del hartazgo social, los habitantes “se levantaron en armas con el apoyo del Movimiento por la Paz, luego de que <<Los Tequileros>> pretendieran reclutar a jóvenes de la localidad para servir a la delincuencia organizada”. [*]

No es posible atribuir esta problemática a un solo factor, por el contrario, son múltiples los factores, si bien son diferentes para cada caso en concreto, lo cierto es que pueden ser atendidos en su conjunto a partir del diseño e implementación de políticas integrales. Estas acciones deben enfocarse en rubros de vulnerabilidad generales y específicos que llevan al delito, como son el perfil sociodemográfico, familia, escolaridad, situación socioeconómica, laboral, salud, falta de oportunidades, entre otras.

La juventud resiente directamente las condiciones de desempleo, el no acceso a la educación, la pobreza, la desigualdad social, entre otras; probablemente esto lo configura como uno de los sectores más vulnerables, razón por la que los grupos delincuenciales se aprovechan de ese estado para reclutarlos a sus filas, ofreciéndoles un futuro prometedor, falso e incierto, a través del ilícito.

El deporte y la educación, si bien tienen una gran influencia para la prevención del delito, no lo son todo, lo que hace falta con urgencia es el diseño de un programa integral, con un enfoque encaminado a fomentar la cultura de la legalidad entre niñas, niños y adolescentes, la importancia de vivir en una sociedad pacifica, el fortalecimiento de valores; todo lo anterior con el apoyo, no solo de las autoridades, sino también de la sociedad. La prevención del delito a través de políticas públicas integrales es fundamental en un Estado preocupado por erradicar la incidencia delictiva, a esta alturas es ineficaz centrarse en la facultad punitiva, pues una vez que ya está consumado el hecho nocivo, ha afectado a todas las víctimas, directas e indirectas.

Por lo expuesto, a través del presente punto de acuerdo se propone exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que conforme a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como máxima instancia de coordinación, ejerza sus diversas atribuciones en la materia para convocar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a trabajar conjuntamente en el diseño e implementación de una política integral para la prevención del delito enfocada en los menores de edad. Lo anterior debe ceñirse al respeto irrestricto de los derechos humanos que les asisten a los menores de edad, a través de una planeación que intervenga en la preservación del desarrollo y de la seguridad pública, jurídica y nacional.

Asimismo, se propone exhortar a la Secretaría de Gobernación para que rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre las nuevas directrices y los resultados que ha arrojado el Pronapred a partir de que le fueron cancelados los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, esto con la finalidad de conocer el rumbo de la estrategia y saber si fue pertinente el significativo recorte de recursos económicos a una tare prioritaria.

Es indispensable la concientización sobre lo que el crimen puede hacer con la vida de los niños y jóvenes reclutados por la delincuencia organizada, sus derechos humanos, sobre todo la vida, no pueden concebirse efímeros. El valor de la niñez y la juventud mexicana está en su capacidad de innovación y creatividad, siendo el presente y el futuro de México.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que en el ámbito de sus atribuciones, coordine con las autoridades de los tres órdenes de gobierno las acciones necesarias para la definición e implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia con especial enfoque en los menores de edad, atendiendo sus derechos humanos y favoreciendo el contexto de desarrollo nacional.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe detallado a esta Soberanía sobre las directrices y resultados del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, a partir de que le fueron cancelados los recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 14 días del mes de junio de 2017.


[*] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017”, Secretaría de Gobernación, publicado el 20/05/2017, consultado el 07/06/2017, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_042017.pdf

[*] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016”, Secretaría de Gobernación, publicado el 20/05/2017, consultado el 07/06/2017, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_042017.pdf

[*] Beccaria, Cesare, Tratado de los delitos y de las penas, España,publicado por la Universidad Carlos III de Madrid, Serie Historia del Derecho, 2015, p. 81, versión electrónica disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1

[*] Martínez, Fabiola y Salinas, Javier, “Pese al recorte, no desaparece plan antidelito, afirma Osorio”, México, La jornada, 23 de noviembre de 2016, consultado el 12/06/2017 [en línea], articulo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/index.php?section=politica&article=005n1pol

[*] García, Dennis A., “Criminales reclutan a adolescentes: Experta2, México, El Universal, 19 de enero de 2017, consultado el 10/06/2017 [en línea], articulo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/01/19/criminales-reclutan-adolescentes-experta

[*] Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia, Informe especial consultado el 10/06/2017 [en línea], p. 92, documento disponible en:  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf

[*] García Rosario, “Se levantan en armas habitantes de Totolapan contra Los Tequileros”, México, El Financiero, 10 de mayo de 2017, consultado el 10/06/2017 [en línea], articulo disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-levantan-en-armas-habitantes-de-totolapan-contra-los-tequileros.html

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72358