Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 17 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72356
Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72356

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, poner en marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la banca social y emitir una reglamentación específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.

Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RESTABLECER EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL MICROFINANCIAMIENTO RURAL (PATMIR), PONER EN MARCHA POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA BANCA SOCIAL, Y EMITIR UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA, ADAPTADA Y VIABLE PARA LAS SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS Y LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN FINANCIERA RURAL.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

P R E S E N T E

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

México obtuvo el Galardón Ministerial de la Cumbre Global de Mujeres (Global Summit of Women) celebrada en Tokyo, Japón, del 11 al 13 de mayo 2017, por los resultados en inclusión económica y financiera de mujeres rurales en el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR). El premio fue recibido por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña recalcó: “Una Alianza Público-Privada exitosa, que ha logrado atender con servicios financieros a 1.3 millones de personas en zonas rurales”.

Cuando se menciona que PATMIR fue una alianza público – privada exitosa, el pensamiento se remite por lo general a los grandes bancos comerciales. Nada más errado que esto, ya que PATMIR logró la inclusión financiera de 1.3 millones de personas marginadas y en zonas rurales en tan sólo 5 años, gracias a la participación de la banca social, que son las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Financieras Populares.

Esta alianza es la demostración de que la banca social puede lograr resultados exitosos en ámbitos donde la banca comercial y la banca de desarrollo no han intentado siquiera penetrar. Con esto también se demuestra que la banca social es muy importante para el desarrollo del campo y que puede contribuir a la reducción de la pobreza. En PATMIR participaron más de 220 instituciones con 2,358 sucursales, las cuales llegaron a 2,341 municipios y 43,100 comunidades. De los 1.3 millones de nuevos bancarizados, el 59% son mujeres y el 37% habita en localidades de alta y muy alta marginación.

Además cabe mencionar que PATMIR es un programa que inició en el año 2000 de manera que su operación continua logró la bancarización acumulada de 1,929,857 personas de zonas rurales marginadas atendidos por la banca social que al mes de diciembre de 2016 registra 9.5 millones de socios / clientes.

PATMIR es sin lugar a dudas un programa con excelentes mecanismos de focalización, ya que el 98% de la población cubre los requisitos; con una evaluación de impacto positiva donde la diferencia entre quienes piden un crédito para negocio o actividad económica es 16% mayor entre población con PATMIR vs población con servicios financieros fuera del programa y 27% mayor vs población con servicios financieros informales. PATMIR es además un programa costo-eficiente donde 1 peso de subsidio se tradujo en 5 pesos de ahorro y 5 pesos de crédito. Lamentablemente todo esto no fue mérito suficiente a nivel nacional como para mantenerlo en la estructura programática y fue cancelado por el gobierno federal a partir de 2017, aún cuando su presupuesto anual promedio era de sólo 200 mdp.

Es importante que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tome nota de la importancia que tiene el desarrollo de la Banca Social para lograr la inclusión financiera en México, y debe ser una prioridad para el gobierno federal. Al cancelar el programa PATMIR que promovía de manera directa su expansión, penetración y avance rápido en la inclusión financiera de población rural en pobreza, se ha detenido una efectiva solución de combate a la pobreza.

La incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la economía nacional frente a riesgos internos y de política exterior, aunado a la ausencia de una política sectorial hacendaria orientada a fortalecer, expandir y ampliar el alcance de la banca social, invitan a pensar que se ha perdido el rumbo y las riendas para el crecimiento económico de muchas regiones que al tener servicios financieros logran hacer la diferencia para sus hogares y actividades económicas.

CONSIDERACIONES

Hoy por hoy, no queda claro cuál es la racionalidad detrás de la asignación del gasto federal, ya que se observa su concentración en programas que permiten rendir más votos en los periodos electorales venideros o en programas que incluso salen mal evaluados, en lugar de destinarlo a los programas que contribuyen a detonar el crecimiento económico a través del mercado interno. La cancelación de PATMIR es un botón de muestra de esta aseveración, ya que en su lugar no se ha puesto en marcha ninguna alternativa para continuar con el fortalecimiento de la banca social, a pesar de haber dado muestras de avanzar con rapidez en regiones con mayor exclusión financiera.

Esta indefinición o mala definición de las políticas para fortalecer a los intermediarios financieros que llegan a zonas rurales marginadas tiene un alto costo social y económico, porque México presenta un gran atraso en inclusión financiera, concentrada principalmente en las zonas rurales donde sólo 38% (ENIF, 2015) de la población tiene acceso a servicios financieros. Esta cifra está aún por debajo del 51% en países de Latinoamérica [Banco Mundial, 2014]. Asimismo, de los 5.5 millones de Unidades de Producción Rural, sólo 7.5% tiene acceso al crédito (Censo Agrícola del 2014).

Aunado a esto último, la reciente Encuesta Nacional Agropecuaria (2014) del INEGI muestra que de cada 100 personas que reciben crédito productivo en el campo, 25 reciben crédito de la banca social y este porcentaje alcanzó el 35% en la encuesta del 2012. Ni la banca de desarrollo (14%), ni la banca comercial (9%), tienen un nivel de penetración y atención a este segmento marginado y de pequeños productores. Por lo tanto, la Banca Social se traduce en opciones para el campo demostrando que estas instituciones están, donde nadie más llega.

Por otra parte, en 2001, con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) se inició la regulación del Sector Financiero Popular; en 2009 esta Ley se modificó y entre los cambios realizados, se introdujo el Capítulo Rural creando las figuras de Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS) y de Organismos de Integración Financiera (OIFR), mandatando a la CNBV para emitir regulación prudencial específica; sin embargo después de 8 años, la CNBV no ha emitido la regulación específica equiparando a las SOFINCOS con intermediarios financieros privados, lo que limita el desarrollo de la inclusión financiera en zonas rurales marginadas e indígenas.

En este sentido, quien suscribe considera necesario que el Gobierno Federal reconozca el esfuerzo de las instituciones financieras de Banca Social (Cooperativas, Sociedades Financieras Comunitarias y Sofipos), las cuales a la fecha han bancarizado a más de 9.5 Millones de Mexicanos otorgando servicios financieros de ahorro, crédito, pago de remesas, microseguros, así como en algunos casos tarjetas de débito y cajeros, banca móvil, entre otras innovaciones tecnológicas; a través de 151 Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 27 Sociedades Financieras Comunitarias y 43 Sofipos.

La exclusión a recursos públicos para las Sociedades de Banca Social, así como la falta de presupuesto para la continuidad del Programa PATMIR indican una falta de interés explícita del gobierno federal, lo cual tendrá un impacto económico, social y de exclusión en los siguientes ciclos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (Bansefi) a revisar de forma inmediata la viabilidad de restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), así como garantizar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el PATMIR cuente con una programación presupuestal para ampliar y fortalecer la inclusión financiera en zonas rurales marginadas a través de la banca social.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que emita, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, como lo mandata la Ley y conforme al espíritu original de las Reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular del 2009, una reglamentación específica, adaptada y viable para las Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural, a fin de que puedan ser intermediarios autorizados por dicha Comisión y operar sin las limitaciones que la regulación actual les impone.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), para que con apego a sus atribuciones y en cumplimiento del Plan Nacional de Inclusión Financiera pongan en marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la Banca Social, en particular para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Comunitarias, acelerando así la inclusión financiera de población en zonas rurales marginadas.

SUSCRIBE

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72356