Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 11 de diciembre de 2017
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Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72353
Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72353

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Marina un informe sobre los acuerdos que suscriben con sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se sostendrá en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. María de los Dolores
Padierna Luna

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE.

Quien suscribe, SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y MARINA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS ACUERDOS QUE SUSCRIBEN CON SUS CONTRAPARTES DE ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALMENTE EN LA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS EL 14 DE JUNIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En su reciente visita a la República de Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno protege los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por nuestro territorio.

Sin embargo no hay ninguna evidencia de que eso ocurra. Por el contrario, durante este sexenio se han multiplicado las vejaciones, los maltratos y las agresiones en contra de los ciudadanos de América Central que buscan llegar a la frontera norte o, sencillamente, escapar de la violencia en sus respectivos países.

En materia de derechos humanos de los migrantes, el gobierno de Peña Nieto no tiene nada que presumir. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han mantenido en los mismos números en los años recientes (17 y 16 en 2015 y 2016, respectivamente), en tanto que los informes de la Auditoría Superior de la Federación han dejado claro que el Instituto Nacional de Migración no cumple con su misión expresa de proteger a las personas en tránsito.

Sobre esta situación sobran evidencias en los testimonios que recogen los medios y los organismos de derechos humanos,e incluso en los números oficiales.

Apenas en febrero pasado, el secretario de Gobernación aseguró, en una entrevista, que los ciudadanos centroamericanos “han dejado de sufrir todo lo que padecían… todo tipo de delitos”.

Se trataba de otra mentira más, en la misma línea del discurso del presidente en Guatemala. Según un recuento del portal Animal Político, a partir de cifras oficiales de las procuradurías locales de los estados que sirven de entrada al país, los delitos en contra de los migrantes crecieron entre 200 y 900 por ciento. En 2016, el año que presumía Osorio Chong, se cometieron más delitos en contra de personas migrantes que la suma de todos los cometidos en 2013 y 2014.

Envuelta en una retórica de derechos humanos, eficaz para la propaganda pero cruel en la realidad, la política migratoria de este gobierno se resume en un dato que debería avergonzarnos como país: deportamos a más ciudadanos centroamericanos de los que deporta Estados Unidos.

En materia migratoria, el gobierno de Peña Nieto ha convertido a nuestro país en el “deportador en jefe”, como ha señalado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

En los hechos, Peña Nieto ya ha construido parte del muro de Donald Trump, aunque no con planchas de acero o de concreto, sino apretando los controles migratorios: en 2010, México deportó a 62 mil 788 migrantes centroamericanos. En 2016, los deportados fueron 117 mil 990. Esas 55 mil personas más no hablan del compromiso de Peña con los migrantes y sus derechos, sino de su obediencia a las instrucciones de Washinton. (Los datos de deportaciones están contenidos en el Anuario de migración y remesas 2016, Segob/ Consejo Nacional de Migración/ Fundación Bancomer).

Muchos de los migrantes en tránsito son, en efecto, víctimas del crimen organizado e incluso de la delincuencia común. Sin embargo, cada vez más las agresiones provienen de autoridades de todos los niveles.

El 1 de febrero pasado, un despacho de la agencia Reuters, informó que “funcionarios de defensa de Estados Unidos se reunieron con una delegación de México en la sureña ciudad de Tapachula, sobre la frontera con Guatemala, para discutir iniciativas de seguridad”.

Entre los asistentes estuvieron Lori Robinson, jefa del Comando Norte estadounidense, y Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, además de la embajadora Roberta Jacobson y, del lado mexicano, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores.

Una de las fuentes de la agencia Reuters dijo que “la reunión se centró en el compromiso de México de asegurar su frontera sur para mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los inmigrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos a Estados Unidos”.

A partir de mañana 14 de junio, según otro despacho de la misma agencia, las secretarías de Defensa y Marina de México participarán en una reunión en Miami, en la sede del Comando Sur. Luego del discurso inaugural, que correrá a cargo del vicepresidente Mike Pence, será lanzado el nuevo Plan Pentágono para Centroamérica, con la participación de presidentes y observadores de varios países de la región.

En la página del Departamento de Estado se informa que se “reunirá un grupo diverso de líderes gubernamentales y empresarios de EEUU, México, Centroamérica y otros países para discutir los desafíos y oportunidades en economía, seguridad y gobernabilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

A pesar de la escasa información disponible sobre este evento, se ha sabido que el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, “busca reorientar la alianza de la era de Obama sin un incremento grande en financiamiento de los Estados Unidos (y) presionar a México a tomar más responsabilidad para la gobernabilidad y seguridad en Centroamérica, y buscando inversión privada fresca para la región”. En buen castizo: queremos que México siga siendo nuestra border patrol y que haga mejor su trabajo.

El mismo cable de la agencia Reuters con la información citada arriba, reportó que una fuente diplomática mexicana dijo al respecto: “Queremos estar en buenos términos con ellos (el gobierno de Trump) porque estamos manejando un tema mucho más importante”.

El tema “mucho más importante” es, claro, la renegociación del TLC, un tratado comercial en el que Carlos Salinas aceptó dejar fuera a los migrantes. Tal es la fuente de origen de la tragedia humanitaria que ya por más de dos décadas ha significado para millones su paso por nuestras fronteras o nuestro territorio.

La reunión que se celebra en Miami tiene antecedentes que nos indican que México se está alineando a una estrategia de remilitarización planteada por el gobierno de Donald Trump. No debemos olvidar que el presidente de Estados Unidos llegó a plantear que sus marines podían venir a México, dada la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado.

En abril pasado, tras una reunión de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, informó de acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”.

La imposibilidad de construir un muro físico en la frontera sur mexicana ha llevado al gobierno de Trump a buscar una alternativa: un “muro” de contención con fuerzas militares que cuenta, según las evidencias disponibles, con la aquiescencia del gobierno mexicano.

El general guatemalteco Pérez, feliz con la idea de que el Comando Sur instale una base en la zona, celebró que la colaboración con los militares estadounidenses haya permitido identificar “una ruta de inmigrantes indocumentados que pasa por el norte del Petén” y dijo que los intercambios con ellos son “estratégicos y claves para afinar los mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de ganado, la utilización de personas para el paso de la droga.”

El “grupo de tarea” estadounidense tiene antecedentes en la zona. Hacia 2013 ya habían fracasado, por ejemplo, planes similares en Tecún Umán, Guatemala, y en Chortí, en la frontera Guatemala-Honduras. En el primero, las inversiones estadounidenses ascendieron a 22 millones de dólares y en el segundo a 13.5 millones. En ninguno de los dos casos se registraron descensos en el contrabando de drogas.

La vía de la militarización, evidentemente, no está destinada prioritariamente a combatir delitos, sino a desalentar y criminalizar a los miles y miles de personas que huyen de sus países por necesidad, en muchos casos para salvar sus propias vidas en contextos de violencia imparable. El derecho al refugio es violado todos los días.

Un importante grupo de organizaciones defensoras de migrantes, agrupadas en Voces Mesomericanas, han alertado sobre los intentos de militarización de la región fronteriza “pues advierten que conllevaría graves riesgos y violaciones a los derechos humanos como la que en apariencia ya inició, con los primeros desplazamientos de indígenas que habitan la parte selvática de El Petén”. Se trata, sostienen, de un enfoque “primordialmente militar y de reinversión de capitales privados en la región”.

México no puede seguir pagando los costos de una estrategia que consiste únicamente en no incomodar al poderoso vecino ni someterse a un plan de militarización ni a ningún otro que se diseñe en Miami y no en nuestras instituciones.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, un informe detallado sobre los acuerdos que suscriben con sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se sostendrá en Miami, Estados Unidos el 14 de junio. Asimismo se les exhorta a garantizar que la colaboración entre ambos países se dé siempre en el marco de respeto a nuestras leyes y a la soberanía nacional.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 14 de junio de 2017.

SUSCRIBE

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA


Ureste, Manu, “El Sabueso: ¿Los migrantes ya no sufren todo tipo de delitos en México, como dice Osorio Chong?” en Animal Político, 10 de febrero de 2017, http://www.animalpolitico.com/elsabueso/migrantes-delitos-en-mexico-segob/, consultado el 13 de junio de 2017

Idem

Stargardter, Gabriel, “U.S. coaxes Mexico into Trump plan to overhaul Central America” en Reuters, 4 de mayo de 2017, http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-central-america-idUSKBN1800E4, consultado el 13 de junio de 2017

Aranda, Jesús, “Apoyará el Comando Sur vigilancia en la frontera México-Guatemala” en La Jornada, 26 de abril de 2017, p. 3, http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol, consultado el 13 de junio de 2017

Mandujano, Isain, “Plan de Estados Unidos para controlar la frontera México-Guatemala” en Proceso, 10 de junio de 2017, http://www.proceso.com.mx/490560/plan-estados-unidos-controlar-la-frontera-mexico-guatemala, consultado el 13 de junio de 2017

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72353