Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Sabado 19 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72104
Miércoles 14 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-13/72104

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se convoca a un período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en materia de violencia política en razón de género.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.

Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN A FIN DE APROBAR EL DICTAMEN EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO.

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, siendo un impedimento al reconocimiento y goce de sus derechos políticos-electorales. Además, este tipo de violencia representa una forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

Esta violencia es fruto de las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres que se encuentran estructuralmente a lo largo y ancho de la sociedad, y se manifiestan tanto en el ámbito de la familia como de la comunidad o en las instituciones. La violencia contra las mujeres tiene múltiples expresiones y por ende, causa serias afectaciones a lo largo de sus vidas.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona, situando a México a la par de los países que han enfocado su atención y esfuerzos en la protección y defensa de los Derechos Humanos a través de mecanismos de vanguardia.

Dicha reforma estableció como obligación constitucional que todas las autoridades del Estado Mexicano deben prevenir, investigar, sancionar y también reparar las violaciones a los derechos humanos, con lo que se constituye un principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, cuyo objetivo consiste en que la igualdad sea real y efectiva en los resultados.

En este sentido el Estado mexicano ha suscrito dos Convenciones importantes relativas a los derechos humanos de las mujeres, con lo que obliga a cumplir lo instaurado en las mismas.

Dichas Convenciones son: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la mujer ( CEDAW), que define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultura y civil o en cualquier otra esfera.

Asimismo, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la cual reconoce que “la violencia en que viven muchas mujeres es una situación generalizada, sin distinción de razas, clase, religión, edad o cualquier otra condición” [*] y en su artículo 1 define la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado” y en su artículo 2 dispone que se entenderá como violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica en el punto c, establece que también es violencia la que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

Aunado a ello la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 23, numeral 1, incisos b) y c), establece el derecho de la ciudadanía de participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes libremente elegidos; de votar y de ser elegidos y por medio de sufragio universal, igual y en voto secreto y de tener acceso en igualdad de oportunidades a las funciones públicas.

En este orden de ideas, México ha adecuado su marco jurídico a las Convenciones y demás instrumentos internacionales antes descritos y es así que surge legislación en la materia. Tales como, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Así, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en el artículo 1, fracción III, que se entiende por discriminación:

[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en el artículo 17 que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, instauran que deberán establecerse las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. Para lo cual se debe considerar diversos lineamientos, por ejemplo:

  • Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 
  • Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
  • Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 
  • La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales. 

Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, establece los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en nuestra Constitución.

Así, a lo largo del texto legal, establece cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y sus modalidades, a saber: en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida.

Entendiendo como violencia contra las mujeres:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

En este sentido resulta importante mencionar que, a pesar de que el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones ha sido una constante que se ha impulsado a nivel internacional y en la que México ha sido pieza importante en su construcción aun es necesario seguir realizando diversas acciones a favor de los derechos de las mujeres, de forma particular los referentes a los político-electorales.

Bajo esta tesitura el documento intitulado “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, ONU Mujeres ha señalado que:

“Incluso con la aplicación de las cuotas, la participación y representación política de las mujeres se ha visto obstaculizada por el acoso político en función de la discriminación de género, como una forma más de expresión de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, especialmente en el municipal.” [*]

Abunda al manifestar que desafortunadamente: “…a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder.” [*]

El documento en cuestión, citado por las senadoras proponentes, enlista las acciones o expresiones que pueden constituir acoso político, discriminación y violencia; mismas que se transcriben en su totalidad por considerarlas de importancia:

“Como precandidatas y candidatas:

  • Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres. 
  • Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota.
  • Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. 
  • Presiones para ceder o no reclamar la candidatura. 
  • Ausencia de apoyos materiales y humanos.  
  • Agresiones y amenazas durante la campaña.  
  • Trato discriminatorio de los medios de comunicación. 

Como legisladoras y autoridades municipales electas:

  • Substituciones arbitrarias. 
  • Presión para que renuncien a favor de sus suplentes. 

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones:

  • Mayor exigencia que a los varones. 
  • Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses. 
  • Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 
  • Intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual. 
  • Ocultamiento de información. 
  • Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas. 
  • Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas. 
  • Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas. 
  • Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. 
  • Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. 
  • Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

En el ámbito personal

  • Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias. 
  • Doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y como responsables de la familia. Desgaste, culpa, auto-exigencia de sobresalir en ambos campos. 
  • Censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias. 
  • Conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político. 

Por lo que en este orden de ideas se ha permeado por la armonización legislativa con la finalidad de reconocer la violencia política en razón de género, ejemplo claro de ello son:

  1. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, implementada en España en 2004 y galardonada por ONU Mujeres, el World Future Council y la Unión Interparlamentaria en octubre de 2014. [*]  
  2. Ley No. 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada en el año 2010 en Bolivia. 
  3. Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política del género (Iniciativa) de Ecuador, en el año 2011.  
  4. Ley No.1903 contra el acoso político hacia las mujeres (Iniciativa) de Perú, en el mismo año. 
  5. Ley contra el acoso y/o la violencia política contra las mujeres (iniciativa) de Costa Rica, en el año 2014. 

En México, las entidades de Baja California, Campeche, Coahuila Oaxaca, Jalisco, Veracruz ya han incorporado la definición de “Violencia Política de Género”, en su legislación en materia de acceso a una vida libre de violencia. Y en el Estado de Oaxaca se estableció el Tipo Penal.

De igual manera el día 26 de mayo del presente año, el Pleno de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio ciudadano con clave de identificación ST-JDC-215/2016, falló a favor de Claudia Nicté de la Rosa Ramírez por considerar que fue víctima de violencia política, restituyendo a esta, como regidora propietaria del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, por lo que aun cuando la presente resolución se encuentra pendiente respecto del recurso de reconsideración, debe resaltarse que por primera vez se aplicó el protocolo de violencia política.

Aunado a este caso se cuenta con la Sentencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 30 de marzo de 2010, respecto Del Juicio Ciudadano SUP-JDC-4370-2015, promovido por la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, en donde se determina que existió la comisión de acciones que impidieron el ejercicio de sus funciones en su carácter de integrante de ese Órgano Jurisdiccional.

Asimismo, la Sala Superior de ese Órgano Colegiado en fecha 18 de agosto del año en curso, revocó el Decreto 216, emitido por la LXVI del Congreso del Estado de Chiapas, por el que se aprueba la renuncia de Rosa Pérez al cargo de Presidenta Municipal de San Pedro Chenaló y en donde ordena la reincorporación en el cargo para el que fue democráticamente electa durante el proceso electoral 2014.

En este contexto si bien han sido contantes los esfuerzos por erradicar la violencia política en razón de género en nuestro país aun falta que en nuestro marco jurídico la misma se instaure y con ello se garantice un pleno reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.

Bajo esta tesitura el pasado 9 de marzo en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, después de casi 4 años y más 60 reuniones de trabajo con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal, el Senado de la República aprobó el Dictamen en materia de Violencia Política en razón de género.

El citado Dictamen comprende reformas y adiciones a 5 ordenamientos, estos son:

  •  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
  • Ley General de Partidos Políticos. 
  • Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
  • Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Mismas que tienen como principal objetivo:

  • Reconocer la definición de Violencia Política en razón de género.  
  • Instaurar que la Violencia Política en contra de las Mujeres por razones de género, se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida en razón del género y todas aquellas que limiten, anulen o menoscaben lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
  • Establecer las acciones y omisiones que configuran la Violencia política en razón de género.  
  • Instaurar la obligación por parte del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, a los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas para establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia Política en razón de género. 
  • Instituir que las acciones u omisiones relativas a los derechos político-electorales que constituyen violencia política en razón de género.  
  • Se instaura la sanción para los servidores públicos consistente en la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
  • Establecer que los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política en razón de género sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.  
  • Garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos en aquellas entidades federativas que la legislación así lo establezca.  
  • Que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, a los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas deberán establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la Violencia Política en razón de género.  
  • Aumentar las penas hasta en una mitad en los tipos penales señalados respectos de los tipos penales establecidos en los artículos 7, 9 y 17 respecto de los delitos en materia electoral que se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer. 
  • Establecer la procedencia del juicio ciudadano en caso de que se considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política en razón de género, y que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.  

En este sentido la Minuta del citado Dictamen fue turnado a la Cámara Diputados para su análisis y aprobación a las Comisiones Unidas de Gobernación, Igualdad de Género y con opinión de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género.

Por lo que el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ES: Convocar a un periodo extraordinario y que parte de los temas que se habrán de discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados sea el referente a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En virtud de lo debidamente fundado y motivado con anterioridad, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión a fin de aprobar el Dictamen en materia de Violencia Política en razón de género.

Ciudad de México a los 7 días del mes de junio de 2017.

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO


[*] Organización de Estados Americanos. Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Preámbulo. 9 de junio de 1994.

[*] PNUD, ONU Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

[*] PNUD, ONU Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

[*] Señala la senadora Lucero Saldaña que esta ley fue considerada como una de las más eficaces normas a nivel mundial que permitirá combatir y erradicar la violencia ejercida por cuestiones de género en contra de mujeres y niñas.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72104