Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 22 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Miércoles 7 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-11/71834
Miércoles 7 de Junio de 2017
Gaceta: LXIII/2SPR-11/71834

De los Senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. Hilda Esthela
Flores Escalera
Sen. Lilia Guadalupe
Merodio Reza
Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo
Sen. María Cristina
Díaz Salazar
Sen. Itzel Sarahí
Ríos de la Mora
Sen. María Hilaria
Domínguez Arvizu
Sen. Anabel
Acosta Islas
Sen. Blanca María del Socorro
Alcalá Ruiz
Sen. Yolanda
de la Torre Valdez
Sen. María Elena
Barrera Tapia
Sen. Roberto Armando
Albores Gleason

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

P R E S E N T E

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se añade un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de juzgar con perspectiva de género, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Históricamente a las mujeres se les ha negado el acceso pleno a sus derechos. Las sociedades han transitado de otorgar un papel marginal a las mujeres, a reconocer que tienen las mismas capacidades que cualquier persona. Muestra de ello es el ámbito político, en el que hasta 1953 en México se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Lamentablemente, a nivel global la desigualdad entre hombres y mujeres está presente en los más diversos ámbitos, como el salarial o el económico, e incluso en el educativo y el ambiental. Estas desigualdades son posibles por la existencia de una estructura que consciente o inconscientemente fomentan la infravaloración a las mujeres.

Parte de esa estructura son las instituciones del Estado, que en muchas ocasiones por su omisión o su falta visibilidad sobre el tema, mantienen las estructuras jerárquicas que forman parte de la sociedad.

Los estudios de género han puesto especial énfasis en los estereotipos o preconcepciones que se les asigna a lo femenino y a lo masculino, de tal manera que aquellas personas que no se apeguen a éstos, suelen discriminarse. Resulta imprescindible tomar consciencia que los roles de género son fuente de discriminación y desigualdad, al caracterizar de manera negativa a la mujer.

Todo lo anterior ha tenido como consecuencia que deba revisarse la manera en que las instituciones del Estado se relacionan con las personas a partir del género.

En una de sus aristas, se ha visibilizado que el acceso a la justicia es un derecho que a las mujeres se les ha obstaculizado debido a las condiciones desiguales a las que son sometidas. En este sentido, el acceso a la justicia no debe ser un privilegio, sino que es una garantía para poder acceder a otros derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado en diversos informes los desafíos del acceso a la justicia para las mujeres. En el caso de actos de violencia sexual, algunas problemáticas en la región latinoamericana son: la falta de denuncia de hechos de violencia, deficiencias en la investigación y la falta de sanción. [*]

Sobre las denuncias, las instituciones del Estado carecen de medidas de protección para las denunciantes, la escasa información de los recursos judiciales o administrativos, así como la carencia de espacios que promuevan la confianza de las víctimas. Una consecuencia de la debilidad de los mecanismos de denuncia es que los casos de abuso sexual se suelen arreglar en el ámbito privado, con acuerdos entre las víctimas y los agresores, sin la intervención del Estado.

Respecto a la investigación, desde el ámbito procesal la problemática más importante es el peso de la prueba física y la falta de credibilidad al testimonio de la víctima. Además, la Comisión Interamericana recalca que en diferentes etapas del procedimiento se revictimiza a la persona; de tal manera que en muchas ocasiones el exceso de formalismos sin tomar en cuenta a la víctima no incentiva su continuidad.

Y respecto a la sanción, el exceso de formalidades, el abandono del proceso judicial y la falta de sanciones claras y ejemplares, acentúan el sentimiento de inseguridad y falta de confianza en las instituciones del Estado.

Marco Jurídico

A partir de la reforma Constitucional de junio de 2011 se incorporó el reconocimiento de derechos humanos de fuente internacional, por lo que existen distintos tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a contar con mecanismos judiciales que protejan los derechos de las mujeres. Uno de los más importantes es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que en su artículo 3 incorpora la obligación de tomar las medidas apropiadas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (también llamada “Convención Belem do Para”), contiene diversas disposiciones que involucran las responsabilidades de las instituciones del Estado.

Al respecto, esta Convención indica lo siguiente:

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

 Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

[…]

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias condenatorias al Estado mexicano en casos que involucran violencia contra la mujer.

La primera de ellas, en 2009, fue el caso “González y otras”, en las que el Tribunal analizó la lamentable muerte de tres mujeres en el contexto de las llamadas “muertas de Juárez”. El segundo y tercer caso fueron hechos deplorables de violencia sexual en contra de dos mujeres indígenas de Guerrero.

En estas sentencias, la Corte Interamericana analizó las obligaciones del Estado y llegó a la conclusión que la falta de análisis contextual de ciertos casos produce ineficacia en las investigaciones, de tal manera que las mujeres se ven privadas del ejercicio del derecho de acceso a la justicia. En otras palabras, la Corte Interamericana consideró lo siguiente:

[…] el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado [sobre la existencia de una cultura de discriminación], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. [*]

Juzgar con perspectiva de género

La función jurisdiccional tiene gran relevancia en la vida de las personas, ya que en muchas ocasiones es la última instancia a la que pueden acudir a reclamar sus derechos. Los actos que emitan las autoridades judiciales deben ser justas y estar apegadas a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, y en general al ordenamiento jurídico, lo cual constituye el marco de actuación que impide las arbitrariedades.

Además, los órganos judiciales deben advertir las diferencias presentes en la sociedad y de esa manera emitir sus fallos. La perspectiva de género es una herramienta que permite a los tribunales percatarse de los diferentes contextos, roles y estereotipos, y la manera en cómo repercuten en la vida de las personas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un referente sobre la perspectiva de género en la labor judicial. Su amplia doctrina sobre el tema constituye una de las principales fuentes en el tema. Para muestra del contenido de la perspectiva de género se muestra una jurisprudencia reciente de este órgano jurisdiccional:

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. [*]

En la lucha por la igualdad y no discriminación, todas las autoridades, incluido el Poder Legislativo, deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. Por esa razón, en un diálogo con el Poder Judicial, se estima conveniente abonar en la protección de los derechos humanos para incluir la perspectiva de género en la legislación.

Si bien la jurisprudencia es una fuente de derecho obligatoria para el Poder Judicial de la Federación, no puede omitirse la inclusión de la perspectiva de género en el texto legal. Al respecto, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que uno de los obstáculos para erradicar la violencia contra la mujer es la falta de conocimiento de la normativa nacional e internacional en la materia. De tal manera que los operadores de las instituciones de justicia que tienen relación con personas violentadas no tienen noción del fenómeno. [*]

Aunado a lo anterior, la incorporación de la perspectiva de género ha tenido resistencias dentro del poder judicial. Un muy lamentable caso fue el que ocurrió en el Estado de Veracruz, en el juicio de amparo 159/2017-IV, en el que una joven fue abusada sexualmente por varios jóvenes, pero a criterio del Juez, uno de los perpetradores no obtuvo “placer sexual”. De tal manera que no se configuraba el delito de pederastia. En este caso, la falta de una perspectiva que no se centrara en el abusador, sino en la relación de poder que existe entre hombres y mujeres, daría al asunto un cariz muy distinto. Por esa razón, la necesidad de establecer como obligatoria la perspectiva de género en la ley, es parte de las medidas que debe tomar el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de erradicación de violencia a la mujer.

De igual manera, una de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género en las decisiones de los tribunales es asegurarse que quienes integren el Poder Judicial tengan conocimientos en la materia. Por esa razón se estima conveniente establecer como obligatoria la perspectiva de género en los temas de los concursos de la carrera judicial.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indispensable incorporar la perspectiva de género en la manera que juzga, por lo que debe tenerse presente las relaciones de subordinación que son inherentes al género. Al respecto ha indicado lo siguiente:

El mismo Derecho que ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres puede ser también un elemento emancipador. El Poder Judicial tiene responsabilidad frente a la sociedad de evitar la incorporación y el reforzamiento de preconcepciones violatorias del principio de igualdad en sus decisiones judiciales.

La sentencia se erige como uno de los elementos más tangibles del acceso a la justicia y del debido proceso de las personas, así como del contacto directo de ésta con los órganos jurisdiccionales. Por medio de ellas, del lenguaje y de la argumentación jurídica quienes juzgan intervienen en la realidad y cotidianidad de las personas; reconocen hechos y les atribuyen consecuencias de derecho. Es por ello que hacer realidad el derecho a la igualdad en la labor jurisdiccional pasa por reconocer y combatir tratos diferenciados ilegítimos. [*]

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como propósito que el Poder Judicial de la Federación juzgue con perspectiva de género. Esta iniciativa se divide en dos partes: la obligación de incorporar la perspectiva de género en las sentencias, y asegurar que en los concursos de la carrera judicial se incluyan temas de perspectiva de género.

En primer lugar, se añade un artículo 79 Bis a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se incluye al final del Capítulo X, del Título Primero, ya que es donde se regula la sentencia dentro del juicio de amparo.

También se reforma la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorpore la perspectiva de género en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

En segundo lugar, para asegurar que se incorporen temas de perspectiva de género para quienes aspiren a formar parte del Poder Judicial de la Federación, la iniciativa incorpora un párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dicho precepto es el que regula el procedimiento para ingresar a la carrera judicial como Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, mediante concurso de oposición. La iniciativa propone obligar al Consejo de la Judicatura Federal a incluir temas de perspectiva de género en los concursos de la carrera judicial.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 79 Bis, a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 79 Bis.- En las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo deberá juzgarse con perspectiva de género. Este principio deberá estar presente en todo el juicio, de tal manera que se refleje en las sentencias.

SEGUNDO.- Se añade un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43.-

En sus sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá incorporar la perspectiva de género.

TERCERO.- Se añade un segundo párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 114.- …

II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.

En esta prueba, el Consejo de la Judicatura Federal incorporará temas relacionados con perspectiva de género.

Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la comisión Permanente a 29 de mayo de 2017.



SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 


SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 


[*] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: La Educación y La Salud, OEA/Ser.L/V/II.Doc.65, 28 de diciembre de 2011, pp. 49-58.

[*] Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401.

[*] Época: Décima Época, Registro: 2011430, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Página: 836, ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

[*] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, OEA/Ser.L/V/II Doc.65, 2011, p. 55.

[*] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, p. 70.

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