Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 13 de diciembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 27 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-129/70850
Jueves 27 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-129/70850

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Sen. David
Monreal Ávila

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia en México es entendida como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, el desarrollo de  dicha forma de gobierno está encaminado al funcionamiento de las instituciones públicas y de la participación ciudadana; es así que se lleva a cabo la renovación de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La renovación de Poderes de la Unión (Ejecutivo y Legislativo) debe realizarse bajo elecciones libres, auténticasy periódicas. Es mediante el voto que las y los ciudadanos delegan su poder soberano a otras personas para que realicen funciones legislativas o gubernativas delimitadas constitucionalmente; es decir, eligen a sus representantes de elección popular que tienen la capacidad de tomar decisiones encaminadas al bien común.   

Por tal razón, la democracia representativa es un conjunto de procedimientos enfocados a materializar la soberanía popular consagrada en el artículo 39 de la Constitución Federal, para lograr lo anterior, se han llevado a cabo diversas reformas político electorales, las cuales en términos generales buscan dar certeza y certidumbre a la ciudadanía de que su voto será respetado, al mismo tiempo de investigar, perseguir ysancionar conductas que vayan en contra de los principios democráticos.

En este tenor la última reforma constitucional en materia política electoral se dio en el año 2014, con dicha innovación se facultó al Congreso de la Unión para expedir tres leyes generales: la de partidos políticos,la de procedimientos electorales y la de delitos electorales.

En particular la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tiene por objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas decoordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger eladecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35,fracción VIII de la Constitución Federal.

Es importante mencionar que en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal ya se encontrabanregulados los delitos electorales; sin embargo, debido a las constantes conductas que vulneraban los bienes jurídicos tutelados en materia electoral, el Congreso de la Unión estableció nuevostipos penales y estructuró las bases para la investigación y persecución deestos delitos a través de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Dicha Ley contempla 436 hipótesis-conductas delictivas-, a diferencia de las 147 hipótesis del Código Penal Federal, [*] en el tema que nos aborda referente a los funcionarios partidistas,en los artículos 9 y 406 de la Ley, y del Código respectivamente, existen relaciones en el hecho delictivo y multas a que se harán acreedores, pero existen algunas diferencias, mientras que en la Ley la pena mínima de prisiónes de dos años, en el Código es de un año.Misma situación ocurre en el artículo 11de la Ley y en el artículo 407 del Código, referentes a los servidores públicos.

Con respecto a los precandidatos, candidatos, funcionariospartidistas o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios, serán sancionados de dos a nueve años de prisión, así se encuentra estipulado en el artículo 14 de la Ley; por su parte, el Código únicamente hace referencia a los funcionarios partidistas o a losorganizadores de actos de campaña que incurran en los mismos supuestos.

Además de las sanciones previstas en dichos ordenamientos, para los servidores públicos se contempla una inhabilitación (para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio públicode los tres órdenes de gobierno), la Ley contempla de dos a seis años, mientras que el Código de uno a cinco años. En este sentido se puede mencionar queexiste una contradicción entre las normas jurídicas antes mencionadas en cuanto a la pena mínima y la inhabilitación; asimismo, es oportuno señalar quelos bienes jurídicos tuteladosson el adecuado desarrollo de la función pública electoral; el sufragio universal, libre secreto y directo, y la equidad en los procesos electorales.

Sin embargo, por la situación de corrupción e impunidad por la que atraviesa el país, es necesario incrementar las sanciones administrativas a fin de que las personas que dañen los bienes jurídicos tutelados en materia electoral sean sancionados de manera ejemplar, pues tan sólo “entre 2000 y 2013, periodo en el que Méxicotuvo 63 gobernadores, fueron exhibidos 71 casosde corrupción previamente emitidos por parte de 41 gobernadores. Deéstos, sólo 16 casos fueron investigados y sólo 4gobernadores fueron procesados y encontradosculpables.” [*]

Algunos de los exgobernadores están siendo investigados por delitos a la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, encubrimiento, abuso de autoridad, tráfico de influencias y delitos electorales.

Como bien decía Aristóteles “Sin duda la ambición de honra y la codicia de dinero son los motivos que dan lugar, entre los hombres, a la mayor parte de los crímenes voluntarios”, en este sentido, bajo la premisa de coadyuvar al óptimo desarrollo la democracia en México,  es necesario incrementar las sanciones a los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, lo anterior para inhibir que realicen alguna conducta contraria a la norma jurídica en materia electoral.

De acuerdo a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el número de denuncias por delitos electorales se ha duplicado en más del 100 por ciento, pasaron de dos mil denuncias que se presentaban cada año a finales de la última década a casi cuatro mil 500 que están en trámite en la actualidad. [*]

El fiscal mencionó que las denuncias que se presentan en la última etapa del proceso electoral son: uso de programas sociales por parte de servidores públicos; irregularidades de personas que ofrecen datos falsos para poder votar en una elección determinada y, presunto uso del padrón electoral para la distribución de propaganda de los partidos políticos.

Las cifras antes mencionadas dan cuenta que los servidores públicos y funcionarios partidistas se olvidan de los valores democráticos como son la libertad, la igualdad y la fraternidad, [*]y van creando antivalores dejando de lado el bien común; al mismo tiempo, es claro que los actuales controles para inhibir dichas prácticas no son suficientes, de lo contrario no se puede explicar por qué en cada proceso electoral las cifras en la materia se incrementen.

Es importante mencionar que en la Encuesta Nacional Electoral de 2015 elaborada por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y por el Comparative Study of Electoral Systems (CSES), muestran cómo el clientelismo electoral funciona en México para la obtención de votos.

Dicha encuesta asevera que: “entre 41% y 58% de los encuestados dice haber recibido algún regalo o ayuda de algún partido político y entre 57% y 70% dice haber visto prácticas clientelares durante la campaña”. [*] Dicho instrumento informa que a  nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México fueron las organizaciones políticas que más incidieron en una relación clientelar con el electorado: 34% y 26% de los electores, respectivamente, afirma haber recibido regalos y ayudas de ellos.

Las prácticas desleales son más frecuentes en las elecciones de presidentes municipales (58% dice haber recibido un regalo), en segundo lugar en las elecciones nacionales de diputados (50%) y  las elecciones de gobernador se encuentran en tercer lugar. (41%). [*]

La encuesta del CIDE confirma lo mencionado por el Fiscal de la Fepade, en el sentido que lejos de erradicar los delitos electorales, estos han incrementado; por tanto, con la serie de reformas aprobadas en materia de combate a la corrupción, resulta fundamental sancionar de manera ejemplar a los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular que realizan actividades contrarias a la norma jurídica.

Es de mencionar que con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a lacorrupción,publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se estipularon en el Título Cuarto responsabilidades de los particulares por su participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves (actos de corrupción),los cuales podrán ser acreedores a sanciones económicas; inhabilitaciones en la administración pública de los tres órdenes de gobierno y al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública.

En este tenor el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, norma que entrará en vigor a partir del 19 de julio de 2017, en dicha norma jurídica se contempla que:

Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere elcitado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público.

El artículo 52 de la norma en comento menciona que:

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Es decir, con el nuevo andamiaje para combatir la corrupción, los particulares podrán ser acreedores a sanciones punitivas, económicas y administrativas, estás “ultimas pueden ser deinhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios uobras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años”, así se encuentra contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso b de la Ley antes citada.

Por su parte, el TítuloDécimo, Delitos por hechos de corrupción del Código Penal Federal, contempla que “Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente”:

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable

Por su parte los servidores públicos, pueden ser destituidos de su encargo e inhabilitados por un plazo de uno a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así lo contempla el artículo 212 del Código Penal Federal, para que el juez imponga dicha inhabilitación debe atender los siguientes criterios:

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

En concordancia con el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 13 contempla las sanciones por falta administrativa,las cuales podrán ser: “Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos”.

Misma sanción contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 53, al mencionar que “cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos”.

Entonces no es aventurado mencionar que los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos puedan ser inhabilitadospara ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cuando incurran en una conducta tipificada como delito electoral,esto en homologación con el Código Penal Federal; la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Resulta fundamental mencionar que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

…la fracción VI del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al disponer que la inhabilitación temporal es para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, sin precisar en qué ámbito surtirá efectos dicha sanción, no vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica mencionadas, en virtud de que la referida inhabilitación constituye una sanción acorde al sistema de responsabilidades administrativas previsto constitucional y legalmente, que genera certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de esa sanción en todos los órdenes de gobierno; esto último se corrobora con los artículos 109, 110 y 113 constitucionales, los cuales prevén un sistema que regula la actuación de los servidores públicos bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar las personas en el desempeño de sus funciones, y los procedimientos para la aplicación de sanciones, en caso de inobservancia, entre otras, las de carácter administrativo… [*]

Los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, deben en todo momento observar la ley en materia electoral,de lo contario, tienen que ser sancionados de manera punitiva, económica y administrativa, está ultima entendida como la inhabilitación para desempeñar para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Por tal razón, la presente iniciativa propone incrementar la inhabilitaciónde cinco a veinte años y, la destitución del cargo para los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es importante mencionar que actualmente dicha inhabilitación es de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo, así se encuentra contemplado en el artículo 5 de la Ley en comento.

Asimismo, se plantea inhabilitara funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de tres meses a ocho años.

Es importante mencionar que las inhabilitaciones planteadas en la presente iniciativa ya se encuentran contempladas en diversas normas jurídicas, las cuales previamente han sido descritas, por consiguiente únicamente se están homologando las sanciones administrativas.

Es innegable que hoy en día, existen muchos servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos que carecen de espíritu hacia el bien común, hacia el progreso de las personas que los llevan a ocupar cargos públicos y por el contrario (parafraseando a Max Weber), hay varios individuos que viven de la política y no para la política, cuestión que se ve reflejada en los altos índices de delitos electorales.

Por tal razón, la presente iniciativa es oportuna y viable, pues con ella se desanimará a ciertos individuos a realizar actos contrarios a la norma en la materia, al mismo tiempo aquellas personas que realicen conductas que vayan en contra de los principios democráticos serán inhabilitados en el servicio público de manera ejemplar.

La democracia en México consiste únicamente en partidos políticos, elecciones, candidatos, campañas y encuestas, lo que acarrea un sinfín de delitos en materia electoral, y son el reflejo fiel de la falta de una cultura democrática y voluntad política para apegarse a lo establecido en las leyes en la materia.

La democracia mexicana no ha logrado consolidarse, debido a que se tienen instituciones públicas “débiles” que no cumplen cabalmente la función para las que fueron creadas.De ahí la necesidad de contar con una legislación general que salvaguarde la voluntad popular y la democracia. No hay que olvidar, que México lamentablemente es un país que cuenta con un largo historial de elecciones cuestionadas, lo cual se debe a la conducta inapropiada de ciertos actores, tanto políticos como en el ámbito administrativo.

Tratándose de delitos electorales, esta decisión jurídica se traduce en la incriminación de ciertas conductas que afectan los principios democráticos y por consiguiente el bien jurídico protegido, al respecto Jorge Reyes Tayabas [*] sintetiza los principios de la siguiente forma:

  1. Principio de legitimación: se exige para la elaboración de una norma penal la necesidad social de crearla, que emerja de la comisión de conductas antisociales. 
  2. Principio de mínima intervención, según el cual sólo deben ser materia de prohibición penal las conductas que constituyen ataques graves a los bienes jurídicos imprescindibles para la coexistencia social. 
  3. Principio de último recurso, demanda que donde basten otras modalidades para frenar determinadas conductas antisociales, no se formulen normas punitivas. 
  4. Principio de ponderación, que reclama que antes de tomar la decisión política de elaborar una norma punitiva, se debe considerar toda la constelación de variables, en pro y en contra, para asegurarse de que la nueva norma no traerá consecuencias contraproducentes en la vida de la comunidad. 
  5. Principio de la legalidad, conforme al cual, en orden a la seguridad jurídica, las normas penales deben describir con toda exactitud las diversas clases de conductas antisociales y la punibilidad aplicable para ellas. 
  6. Principio de proporcionalidad, conforme al cual la punibilidad debe guardar congruencia con la antisocialidad de la conducta descrita en el tipo; esto es, la conminación penal no ha de sobrepasar el daño causado con la conducta antisocial. 
  7. Principio de acto, que exige que las personas sean sancionadas por sus actos y no por lo que son. 

En síntesis, aun hay camino por recorrer en materia de delitos electorales, pues elecciones tras elecciones surgen nuevas anomalías que se tiene que ir subsanando, por ende, esta materia requiere un estudio más detallado y profundo con la aportación de elementos que redunden en un perfeccionismo de la aplicación de la justicia y sobre un mayor conocimiento de la problemática.   

La presente iniciativa es un acercamiento para inhibir la realización de conductas ilícitas por parte de servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos delitos electorales, pues sencillamente la democracia no puede funcionar donde no se respeta la voluntad popular.

Por tal razón, no es de sorprender que la población perdió la confianza en los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, en los procesos electorales o peor aún, en la democracia, es imprescindible que se recobre la confianza ciudadana, en este tenor, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de cinco a veinte años y, la destitución del cargo.

Cuando cualquiera de los delitos previstos en esta Ley sea cometido por funcionario partidista, precandidato o candidato, se le impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de tres meses a ocho años.

ARTÍCULOS TRANSITORIO

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. Los Congresos de las Entidades Federativasdeberán realizar las adecuaciones correspondientes en su legislación en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.Los procedimientos iniciados antes de entrar en vigor el presente Decreto, seguirán con el mismo trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes.


TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

(no existe correlativo)

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de cinco a veinte años y, la destitución del cargo.

Cuando cualquiera de los delitos previstos en esta Ley sea cometido por funcionario partidista, precandidato o candidato, se le impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de tres meses a ocho años.


[*]Esparza Martínez, Bernardino (2015). Delitos electorales. 1812-2014, México: INACIPE, pp. 16.

[*]Casar, María Amparo, “México anatomía de la corrupción”, IMCO, pág.58.  

[*]Paéz, Alejandro “Se incrementan denuncias por delitos electorales en 100%”, Crónica [en línea], consultado el 20 de marzo de 2017. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2015/896114.html

[*]Para profundizar en los valores democráticos véase Salazar, Luis y Woldenberg José. Principios y valores de la democracia”, Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. México. IFE:

[*]Beltrán, Ulises y Castro Cornejo, Rodrigo. “Clientelismo de gorra y camiseta” Revista Nexos[en línea]. Consultado el 20 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=26989

[*]Ibídem. 

[*]Amparo en revisión 1440/2006.Ponente: Genero David Gongora Pimentel. SCJN [en línea]. Consultado el 20 de marzo de 2017. Disponible en:https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/173/173915.pdf

[*]Reyes Tayabas, Jorge. Leyes, Jurisdicción y Análisis de Tipos Penales Respecto de Delitos Electorales Federales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos [en línea]. Consultado el 20 de marzo de 2017. Disponible en:http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148442/1020148442_07.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70850