Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Martes 22 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 20 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-124/70413
Jueves 20 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-124/70413

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo y a la legislatura del estado de Baja California soliciten la protección de los Poderes de la Unión frente al trastorno de la delincuencia.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Sen. Marco Antonio
Blásquez Salinas

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo así como a la Legislatura ambos del Estado de Baja California soliciten la protección de los Poderes de la Unión frente al trastorno de la delincuencia, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Resurgimiento de la violencia.

El período de relativa calma resultó breve en el Estado de Baja California. En los últimos meses, la delincuencia se ha mostrado incontenible y hemos retornado a condiciones caracterizadas por la falta de observancia de las leyes. El retorno a los elevados índices de delitos de alto impacto fractura la convivencia armoniosa y genera zozobra en hombres, mujeres y niños de cualquier segmento social. Tijuana, la ciudad más poblada de la entidad, se ha convertido en una de las ciudades más inseguras no sólo de México sino del mundo entero. En el 2016 Baja California registró más de mil homicidios, con aproximadamente el 80% perpetrados en Tijuana. La escalada de ilícitos en contra de la vida muestra el deterioro en las relaciones sociales ya que la media a nivel mundial es de 5.3 asesinatos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [*] Tan solo en el primer mes de 2017 el cúmulo de homicidios se incrementó casi en un  40% al pasar de 87 en el 2016 a 129 en el presente año, según  datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Tijuana se llegan a cometer hasta cinco ejecuciones diarias. Además de los delitos de homicidio, se registra una expansión de la actividad criminal. Las estadísticas muestran un incremento significativo también en los secuestros, extorsiones y asaltos. Y no se diga en los delitos patrimoniales no violentos (robos a casa-habitación, a establecimientos y de automóviles y autopartes) que además de contribuir poderosamente a generar una sensación de inseguridad en los hogares y establecimientos en Baja California, representan un obstáculo para el desarrollo económico. Es así que Baja California, afectada severamente por medidas terribles como el incremento en la tasa del IVA, las restricciones exageradas para la circulación de dólares y el agotamiento de los recursos para fomento en la frontera, ahora se enfrenta a una caída en su Producto Interno Bruto PIB. Las estimaciones de expertos,académicos e instituciones especializadas coinciden en que la escalada de violencia exige aproximadamente de un 10% del Producto Interno Bruto en mermas, gastos y costos en que han de incurrir empresas y personas para protegerse.

La violencia afecta a la armonía social y a la economía de Baja California pero también a su incipiente democracia. Los ataques a derechos fundamentales por parte de la delincuencia y la impotencia y debilidad de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Estado inhiben las libertades civiles y trastocan los derechos económicos, sociales y culturales de la gente. Como sucede siempre cuando se entra en situaciones críticas en la sociedad, son las capas de menores recursos las que llevan la mayor carga y se tornan en grupos aún más vulnerables. La atmósfera de legalidad que es imprescindible para la construcción, conservación y consolidación del Estado de Derecho cede ante la contracultura de la violencia que se abre paso en la sociedad reclutando a jóvenes e incluso niños con una tabla de valores que rompe con los principios de solidaridad, tolerancia y no discriminación. Por ello, es urgente contener a la delincuencia, recuperar la paz social y restablecer la cohesión social.

Debilidad institucional local.

Hace exactamente una década se vivía en condiciones similares en Baja California y prácticamente en el resto del país ante el desbordamiento de la delincuencia. Para frenar la violencia extrema, el Congreso de la Unión propuso, debatió y aprobó una extensa y profunda reforma constitucional en materia de seguridad pública. El paquete normativo incluyó la introducción en nuestro país de la justicia penal de corte acusatorio por medio del establecimiento de los juicios orales en materia penal, caracterizados por un esquema adversarial para su trámite y desarrollo. A las instituciones de seguridad pública se les otorgó la facultad de investigar para prevenir la comisión de delitos y se les dotó y clarificó de atribuciones para contar con un modelo moderno de investigación de los delitos, con base en la aplicación de tecnologías, testigos protegidos y respeto a los derechos humanos.

Junto con la nueva preceptiva en materia de seguridad pública en la Ley Fundamental, se llevaron a cabo modificaciones y se actualizó un catálogo de ordenamientos entre los cuales destaca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este ordenamiento tiene como objetivo principal lograr la coordinación efectiva entre los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno. Con ello se buscaba poner un dique monolítico frente a la expansión de las actividades delictivas. Sin embargo, a pesar de que se llegó a regular incluso la suficiencia de recursos así como su oportuna administración estableciendo la separación del cargo para los titulares de las dependencias del sector que incurrieran en sub-ejercicios, el recrudecimiento actual de la violencia en Baja Californiapone de manifiesto que esta preceptiva ha resultado a todas luces insuficiente.

Es importante destacar que las autoridades locales, tanto las instituciones de seguridad pública como las de procuración de justicia, cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas Permanentes. De conformidad con laJurisprudencia emitida por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército y la Marina se encuentran en aptitud legal de coadyuvar, a título de auxiliares subsidiarios, con las autoridades locales de seguridad pública para hacer frente al fenómeno delictivo; sin embargo, los indicadores a que se ha hecho antes referencia dejan en claro, por tener el carácter de evidencia, que la política pública en materia de seguridad emprendida por el gobierno del Estado y los Ayuntamientos ha resultado fallida. Las ejecuciones y los demás delitos de alto impacto simplemente no se aclaran y el espacio de impunidad que se genera produce un incentivo elevado para los grupos criminales que se sienten seguros de que sus miembros nunca pisarán la presión. Este círculo vicioso requiere de una respuesta del Estado Mexicano contundente, oportuna y eficaz.

Aplicación de los principios constitucionales.

La respuesta del Estado frente al fenómeno delictivo está contemplada en nuestra Carta Magna en diversos grados. Por una parte, se cuenta con la preceptiva constitucional y las leyes generales, estatales y bandos municipales cuya materia es la seguridad pública. Estos ordenamientos tienen el común denominador de regular la función de la seguridad pública. Como se establece expresamente en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los fines de dicha función no son otros más que salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En circunstancias ordinarias o normales, la aplicación de este y otros ordenamientos debiera ser suficiente para mantener a raya al fenómeno delictivo. Sin embargo, el Constituyente Permanente se percató de que, a pesar de las disposiciones contenidas en los diversos ordenamientos que articulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible caer en una crisis como la que se registra en Baja California, entidad donde las autoridades locales ya no son capaces de garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la integridad personal de sus habitantes, los cuales no están seguros cuando salen a trabajar, a estudiar o al esparcimiento, de regresar indemnes a sus hogares.

Nuestra Ley Fundamental previó el supuesto, que se registra en el Estado de Baja California, de llegar a una situación crítica. Establece con toda claridad lo siguiente:

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Las cifras delictivas no mienten. Las proyecciones de expertos, instituciones de investigación en torno a la seguridad pública y académicos son coincidentes en la degradación de la seguridad en Baja California. La posición geográfica estratégica de la entidad, compartiendo línea divisoria con los Estados Unidos de América y contando con los cruces fronterizos más densos del mundo, convierten al deterioro de la seguridad pública de la entidad en una amenaza para la seguridad nacional poniendo en riesgo la integridad y permanencia del Estado Mexicano.

La violencia fractura la convivencia ciudadana, conduce a la parálisis económica y priva a las personas: niños y niñas, jóvenes y adultos mayores del ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ello, se hace necesario que el Titular del Poder Ejecutivo o la Legislatura del Estado cumplan con su deber y soliciten al Gobierno Federal apoyo para restablecer el orden constitucional, conculcado por la delincuencia.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se requiere, con toda atención, el Titular del Poder Ejecutivo así como a la H. Legislatura ambos del Estado de Baja California, por haberseactualizado el supuesto del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirvan solicitar el apoyo del Gobierno Federal para restablecer el orden, garantizar la seguridad así como las libertades civiles y los derechos fundamentales.

En el recinto del Senado de la República,

Ciudad de México a 17 de abril de 2017.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.


[*] Véase el vínculo consultado el 11 de abril del 2017: http://datos.bancomundial.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?view=chart

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70413