Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 17 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 20 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-124/70412
Jueves 20 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-124/70412

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un informe especial relativo a la autonomía de los organismos homólogos en las entidades federativas, derivado de la aprobación de la ley de la materia por la LVII legislatura del estado de Querétaro, la cual es contraria a la Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos fundamentales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Sen. Ana Gabriela
Guevara Espinoza

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO EXHORTE AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR INFORME ESPECIAL, RELATIVO A LA AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE LA MATERIAPOR LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO,LA CUAL ES CONTRARIA A LA CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, atendiendo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conforme a lo establecido en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 174 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la naturaleza del caso, importancia y gravedad; se exhorta al Titular del Organismo Nacional, emitir Informe Especial sobre la autonomía de las instituciones pares en las Entidades Federativas.

La Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, representa el más trascendente avance en el respeto, protección y garantía de la dignidad humana; sin embargo, la armonización y materialización de la mayoría de sus efectos está pendiente.

Del artículo 1º de la citada Reforma, se desprende un cambio esencial en el cual, las personas deben ser favorecidas con la norma que genere el mayor beneficio de protección a sus Derechos Fundamentales.

Sin excepción alguna, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

La Constitución General y los Tratados Internacionales en la materia, son normas de jerarquía suprema; referentes para que cualquier autoridad interprete en favor del principio pro persona, atendiendo a los principios de universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En las conclusiones del texto llamado: “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, apuntes para su aplicación práctica”, de Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano profesores investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, tutores de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, página 165, se argumenta que la progresividad “debe pensarse siempre acompañado de al menos tres principios más de aplicación de los derechos humanos, la identificación de los elementos mínimos de cada derecho, la prohibición de aplicaciones regresivas del derecho, y el máximo uso de recursos disponibles. Sin estos tres principios, la progresividad es simplemente inconcebible” (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/7.pdf).

Sustenta lo anterior, la siguiente doctrina: “El elemento a resaltar, sentencian (Serrano y Vázquez, 2012, p. 90), cuando pensamos en el principio de progresividad es que los derechos humanos codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo, su progresión está en manos de los Estados, por lo que las medidas que adopten deben ser “deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones”. “Una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado viceversa” (Guia de Estudio de la Materia El Enfoque de los Derechos Humanos”. Mexico: Flacso).

El Mecanismo No Jurisdiccional de Protección, se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Organismos pares en las Entidades Federativas, por lo tanto, su autonomía estructural y operativa está constitucionalmente reconocida y garantizada.

El artículo 102 apartado B párrafo quinto de la Carta Magna ordena que las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.”

El fortalecimiento del principio de autonomía, es la única condición que permite a una Institución Pública, efectuar recomendaciones, informes especiales y señalamientos a cualquier servidor público que transgreda por acción u omisión, las prerrogativas inherentes a la persona.

Las Legislaturas Locales están obligadas a realizar las adecuaciones citadas, así como a la derogación de todas aquellas disposiciones que le sean contrarias, conforme a los artículos Transitorios Séptimo y Noveno de la Reforma del 10 junio de 2011.

Los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 4 de marzo de 1994, relativo a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, regulan la función autónoma de los Organismos Defensores.

El incumplimiento a dichos principios, ocasionó que se recomendara al Estado Mexicano por no garantizar la independencia y autonomía de las Instituciones de Derechos Fundamentales; por parte del Comité de los Derechos del Niño, el 7 de abril de 2011 (CRC/C/OPSC/MEXICO/CO/120.); el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, del 20 de diciembre de 2011 (A/HRC/19/58/Add.) y del Consejo de Derechos Humanos, el 11 de diciembre de 2013, (A/HRC/25/7).

Por ello, la Legislación secundaria en la materia no debe contravenir lo establecido en la Constitución General y los principios internacionales. El Congreso de la Unión y los Congresos Locales, deben velar por su cumplimiento.

El pasado 13 de marzo en Querétaro, fue aprobada por la LVII Legislatura, la Ley de Derechos Humanos, contraria a las Constitución Federal, Local, al Control de Convencionalidad y los Principios de París.

En ese sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro hizo público mediante Informe Especial el 17 de febrero del año en curso, que el Dictamen de esa Iniciativa del 10 del citado mes (ahora Ley aprobada), contenía diversas irregularidades. Ninguno de estos señalamientos fue atendido por el Poder Legislativo.

Derivado de lo anterior, el Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita Informe Especial, relativo a la autonomía de las Instituciones de Derechos Humanos en México para garantizar la defensa de la Dignidad Humana.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración esta H. Cámara, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR INFORME ESPECIAL, RELATIVO A LA AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE LA MATERIA POR LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LA CUAL ES CONTRARIA A LA CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70412