Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 17 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 6 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-116/70294
Jueves 6 de Abril de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-116/70294

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar el comunicado emitido y elaborado por el grupo focal de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos con apoyo de la mesa internacional para la rendición de cuentas empresarial, respecto a la suscripción de compromisos sobre los trabajos para la creación del programa nacional sobre empresas y derechos humanos en México, con relación a la línea base para el desarrollo de un plan nacional de derechos humanos y empresas.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Sen. Ana Gabriela
Guevara Espinoza

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONSIDERAR EL COMUNICADO EMITIDO Y ELABORADO POR EL GRUPO FOCAL DE SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS CON APOYO DE LA MESA INTERNACIONAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESARIAL (ICAR), RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO (PNEDH), CON RELACIÓN A LA LÍNEA BASE PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

  1. El amplio abanico de los derechos humanos también involucra a las empresas, sobre todo si las empresas tienen una relación con los gobiernos y estos se sustentan con las estructuras presupuestales. En este sentido el factor primordial es la rendición de cuentas.
  2. En nuestras exploraciones sobre el tema de derechos humanos nos encontramos un proyecto interesante, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés)® que es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la inteligencia empresarial, las tecnologías de transparencia y la organización comunitaria para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial. La visión de este proyecto, a decir de su página web, situada en /www.projectpoder.org, es la de una América Latina en donde los ciudadanos sean suficientemente poderosos como para hacer partícipes a los sectores públicos y privados en relaciones de rendición de cuentas horizontal con el fin de asegurar la democracia y las economías democráticas. El principal problema que tratan de resolver es la captura del estado por parte de una élite económica y política que controla la toma de decisiones públicas, limitando de manera efectiva el desarrollo de un capitalismo sostenible y de la democracia para el resto de la sociedad. Creemos que estos actores de la élite se han apropiado de la política y las economías nacionales para beneficio propio y, en consecuencia, el estado de derecho y los incipientes mecanismos democráticos previstos fallan a la hora de obligarles a rendir cuentas. Los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) debemos presionar al gobierno y a los actores empresariales para corregir este desequilibrio de poder.
  3. En su presentación mencionan objetivos que para nosotros resultan interesantes, sobre todo y específicamente, la rendición de cuentas, un puntal de las ideas democráticas. Estemos de acuerdo o no con la tesis de un capitalismo sustentable, nos interesa que la rendición de cuentas permee por las posibilidades de orden social, es una idea que prevalecerá sobre las ideologías.
  4. Este proyecto aduce lo siguiente para argumentar el objetivo de esta propuesta, vale la pena reproducir el contenido para su mejor entendimiento: “En América Latina no existen muchos actores con las capacidades y estrategias adecuadas para hacer que las empresas se hagan responsables de sus acciones cuando éstas no respetan los derechos humanos laborales de las comunidades donde operan. Demasiadas empresas no cuidan al medioambiente ni contribuyen al desarrollo sustentable de la región. PODER fue creado en 2008, aunque nació formalmente en 2010, para contribuir a la construcción de un movimiento ciudadano por la rendición de cuentas empresarial. Las principales estrategias que utiliza para alcanzar su misión son investigación e inteligencia corporativa, desarrollo de tecnologías para la transparencia y también la capacitación y acompañamiento de comunidades, trabajadores, OSCs y personas afectadas por prácticas empresariales en general. Los beneficiarios directos y principales de los programas de PODER son grupos locales de partes interesadas en América Latina y OSCs de gran envergadura del Norte Global que están estratégicamente posicionados para obligar a las empresas a cumplir con estándares más elevados de derechos humanos, laborales y ambientales. Nuestros beneficiarios secundarios son integrantes y miembros de los grupos ya mencionados y sus organizaciones, tales como ejidatarios, comunidades indígenas, trabajadores, etc. El impacto inmediato de nuestro trabajo en relación con los grupos locales es la mejorara de la situación de violaciones a derechos humanos, laborales y ambientales causadas por la falta de rendición de cuentas empresarial. Las mejoras específicas incluyen aumentos salariales, menor contaminación, participación comunitaria en la gobernanza de los recursos naturales y aumento de grupos de la sociedad civil que actúen como pesos y contrapesos respecto a las empresas. Más allá de paliar los síntomas de prácticas empresariales (por ejemplo, las violaciones de derechos humanos), también atacamos las causas raíces de estos problemas (tales como la falta de transparencia empresarial y cumplimiento) y construimos poder comunitario para asegurar la sustentabilidad a largo plazo. Basado en la investigación y nuestra experiencia, hemos determinado que la mejor manera de asegurar el máximo impacto a los niveles económicos, sociales y ambientales es construir poder en la sociedad civil y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas empresarial en industrias no deslocalizables y ciudades globales en América Latina. Con esta estrategia esperamos que nuestro trabajo logre a largo plazo el mayor efecto multiplicador. PODER acompaña a los grupos de la sociedad civil en América Latina para construir poder en la toma de decisiones y, en última instancia, crear un movimiento ciudadano por la rendición de cuentas empresarial que se base en los siguientes tres pilares:

1) Información sobre prácticas empresariales,

2) Tecnología para asegurar la simetría de información entre todas las partes interesadas, y

3) Fortaleza de los esfuerzos de organización colectiva”.

  1. Ahora bien, en el actuar de este proyecto brinda servicios de investigación corporativa estratégica tanto para OSCs en el Norte Global como para grupos ciudadanos en el Sur Global afectados por las malas prácticas empresariales en América Latina. Con estas investigaciones buscan transparentar la estructura del poder que está detrás de proyectos privados que no respetan los derechos humanos y tienen un impactan nocivo para el medio ambiente y el desarrollo sustentable en general, también impulsan un movimiento de rendición de cuentas empresarial que empodere a la sociedad y fomente las economías democráticas y el desarrollo sustentable para todos. Enfocan sus proyectos de investigación en industrias estratégicas.
  2. Una de las investigaciones a las que alude este proyecto no tiene desperdicio. Es amplia y es un recuento viable y plausible. Se encuentra en: https://www.projectpoder.org/es/2017/01/recomendaciones-al-gobierno-mexicano-con-relacion-a-la-linea-base-para-el-desarrollo-de-un-plan-nacional-de-derechos-humanos-y-empresas/ y se titula Recomendaciones al Gobierno Mexicano con relación a la Línea Base para el desarrollo de un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. El sustentoinicial dice: “A través de este documento el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos comparte

sus observaciones que surgen a partir del análisis del Diagnóstico Nacional de Línea Base para el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Diagnóstico disponible en: https://www.projectpoder.org/wp-content/uploads/2017/02/Libro-DiagnosticoLineaBase-WEB.pdf

Éstas observaciones están dirigidas a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, y buscan contribuir a un mejoramiento de la situación actual en materia de derechos humanos y empresas en México. Cabe mencionar que hay Secretarías que han hecho esfuerzos en distintos ámbitos relacionados con el tema y se reconocen los cambios realizados para avanzar en derechos humanos. Aún falta camino por recorrer en este tema y oportunidad de mejora. A través del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos se espera que se cierren brechas en la legislación, se adapten las siguientes recomendaciones y se lleve a cabo la implementación de algunas leyes que en su texto resultan adecuadas y bien desarrolladas, pero que requieren ser puestas en funcionamiento de forma efectiva. Esto se reflejó de forma clara en las recomendaciones preliminares emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en su visita oficial a México en 2016

En general, es necesario recalcar que México no cuenta con regulación en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sino que es una medida voluntaria para la cual la inclusión de conceptos de respeto a los

derechos humanos y acciones en la materia son todavía lejanas. Por ello la introducción de cláusulas de promoción de la RSE no son útiles para que las empresas e inversionistas respeten los derechos humanos, mitiguen los impactos, cuenten con mecanismos no estatales de reparación de daño, y den garantías de no repetición. La falta de regulación específica en materia de derechos humanos y empresas impide que el Estado cumpla con su obligación de protección y garantía de respeto a los derechos humanos, y le suma costos administrativos, judiciales, y de otras índoles para la reparación del daño en caso de existir. Es necesario que México sea un país activo en promover la anticorrupción, combatir la impunidad y en requerir el respeto a los derechos humanos en las instituciones internacionales de desarrollo, agencias internacionales de financiamiento para el desarrollo, agencias de inversión, así como en promover las mejoras necesarias en los lineamientos de otras organizaciones como: la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Europa y las relaciones con la Unión Europea. Todo ello tomando en cuenta la importancia de contar con obligaciones en procesos participativos e incluyentes de la sociedad civil, personas

defensoras de derechos humanos y periodistas.

Es necesario incluir en toda certificación o distintivo empresarial, como el de empresa socialmente responsable, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y que sea basado en información independiente generada por los actores alcanzados por la actividad de dicha empresa a certificar, incluyendo pueblos y comunidades indígenas, campesinos, agrarios, ejidales, sindicales, entre otros. De la misma forma definir por la vía legal el concepto de empresa socialmente responsable y los criterios en caso de incurrir en una violación a los derechos humanos, inclusive considerando retirar el mencionado distintivo o certificación a la empresa. La recomendación general a todas las Secretarías, agencias y autoridades pertinentes es que adopten procesos de debida diligencia para su gestión en materia de compras públicas y regulen requisitos para que proveedores y sus cadenas de valor y suministro tengan los propios, haciendo una evaluación continua y periódica de impacto en derechos humanos. De esta forma se puede garantizar que el mayor comprador del país (que es el Estado) sea el ejemplo en esta materia y así convertir esto en una práctica común en la contratación de bienes y servicios tanto pública como privada. Estas recomendaciones están basadas en las cuestiones identificadas como prioritarias de acuerdo al Diagnóstico de Línea Base para el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México, enfocado en los pilares I y III de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.

  1. Para ello se emitió un COMUNICADO que sintetiza toda su demanda que es el objetivo de esta propuesta: “A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada, desde el inicio y durante la elaboración del Programa, no ha sido atendida.

Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos), y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, el Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas.

Esta denuncia de omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren.

El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONSIDERAR EL COMUNICADO EMITIDO Y ELABORADO POR EL GRUPO FOCAL DE SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS CON APOYO DE LA MESA INTERNACIONAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESARIAL (ICAR), RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO (PNEDH), CON RELACIÓN A LA LÍNEA BASE PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS.

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