Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 18 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70097
Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70097

De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz González, Roberto Gil Zuarth y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a enviar un informe sobre las condiciones en que se encuentra el centro penitenciario de Cadereyta; así mismo, se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo sistema penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.

SE TURNÓ A LA COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE GOBERNACIÓN.

Sen. María Cristina
Díaz Salazar
Sen. Graciela
Ortiz González
Sen. Roberto
Gil Zuarth
Sen. Angélica
De la Peña Gómez

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE ENVÍE UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO PENITENCIARIO DE CADEREYTA; ASÍ MISMO SE DETALLEN LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMETACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016. 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, ROBERTO GIL ZUART Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado a esta Soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo Sistema Penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016, con base en las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

En los últimos años se han registrado diversos casos de violencia en Centros Penitenciarios del Estado de Nuevo León; tal es el caso del Penal de Topo Chico, Apodaca y recientemente Cadereyta, estos hechos han dejado más de 54 muertos y cientos de heridos. Lo sucedido no solo refleja una clara falta de autoridad en los centros penitenciarios, también evidencia el “autogobierno” que se vive en las cárceles del estado.

Recordemos uno de los incidentes más trágicos acontecido la madrugada del 11 de febrero del año pasado en el Penal de Topo Chico, cuando se enfrentaron dos grupos delincuenciales que se disputaban el control del reclusorio, el cual dejó un saldo de 54 muertos y 41 heridos. Posteriormente, lo sucedido el pasado 15 de marzo, las vejaciones causadas por un grupo de reos del Penal de Apodaca, los cuales obligaban a los reos a vestir ropa interior femenina y limpiar el piso.

Finalmente, lo sucedido la tarde de este lunes, cuando reos del Penal de Cadereyta realizaron una protesta contra las revisiones, decomiso de objetos y sobre todo el uso de tecnologías que ha logrado el aseguramiento de drogas dentro del penal y que dejo un saldo de 4 muertos y 21 heridos.

Se informó que altercado lo iniciaron un grupo de reos conocidos como “los renegados” cuando ingresaron a robar medicamentos a la farmacia del penal, al tiempo que incendiaron colchones, de esto cuatro presos resultaron intoxicados, mientras otros calcinados y algunos custodios fueron heridos.

Sin lugar a dudas los hechos violentos que se han registrado dentro de los Penales del Estado de Nuevo León, son reflejo de la crisis e incapacidad de las autoridades, las cuales no tiene el control de los Centros Penitenciarios. En este sentido, el Secretario de Gobernación, emitió un mensaje, en el que de alguna manera exhorta a las Entidades Federativas a que utilicen los recursos destinados en este ramo, e inviertan en personal, equipamiento e infraestructura.

Bajo este contexto es claro que los hechos ocurridos en los Centros Penitenciarios de esta Entidad, ya son un problema constante al cual no le han dado solución a pesar de la cantidad de personas afectadas, está claro que la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos sigue en riesgo.

En este sentido, es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece en su Título Séptimo “Del Sistema Penitenciario y de Reinserción Social Del Delincuente”, una serie de principios bajo los cuales debe regirse el sistema Penitenciario, en su fracción I del artículo 173 menciona que;

I. Dignidad: La política penitenciaria y todo acto de autoridad, deberá realizarse velando por el respeto de los derechos humanos reconocidos a las personas por el sólo hecho de serlo, así como de todos aquellos que les son otorgados por su condición de personas privadas de la libertad por disposición judicial. Tratándose de adolescentes, las políticas y actos de autoridad deberán velar además por la protección de los derechos reconocidos a éstos por su condición de personas en proceso de desarrollo;

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se establece en sus fracciones II, III, VI, VIII y XIdel artículo 37, las atribuciones de los Alcaides de los Centros de Reinserción Social y del Centro Preventivo y de Reinserción Social, las cuales mencionan lo siguiente:

II. Administrar el centro a su cargo, y proponer las medidas de carácter general apropiadas para su funcionamiento, conforme a la normatividad aplicable;

III. Ejecutar operativos de seguridad orientados a mantener la convivencia pacífica de los internos y la estabilidad institucional, de conformidad a los lineamientos establecidos;

VI. Colaborar en la implementación de los programas individualizados sobre los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, la cultura de la legalidad y el deporte, el tratamiento de apoyo y el tratamiento auxiliar como medios de adaptación y reinserción social;

VIII. Atender y llevar el seguimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al centro a su cargo;

XI. Operar las políticas, normas, programas, acciones y régimen que garantice la correcta ejecución de la sentencia y el respeto a los derechos humanos en el centro a su cargo;

Tal como se puede observar la legislación del Estado de Nuevo León, en esta materia se establecen un sin fin de principios que se abocan y comprometen a respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos.

Los hechos ocurridos en los penales del Estado, aluden a la falta de control por parte de las autoridades, los casos de riñas en los penales son cada vez más graves, es por ello que las autoridades deben abocarse a dar respuesta y erradicar el problema.

Es por ello que esta Soberanía exhorta respetuosamente al Estado de Nuevo León    a esclarecer los hechos ocurridos, a informar sobre las condiciones que guarda hoy día el centro penitenciario de Cadereyta y que detallenlos planes concretos que darán solución a los problemas de los penales y las acciones que han llevado a cabo para garantizar el nuevo Sistema Penitenciario, en el marco de la reciente aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretende mejorar las condiciones en las cárceles del país a través de nuevas alternativas de justicia y de reinserción social, como parte de la legislación secundaria de la reforma penal.

Es sumamente importante que las autoridades del estado garanticen la vida e integridad de todas las personas de los Centros Penitenciarios. 

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. - Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a investigar de manera pronta y expedita lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Cadereyta, a esclarecer los hechos y, en particular, que se inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes y la aplicación de sanciones que en su caso se deriven.

Segundo. - Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado a esta Soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo Sistema Penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70097