Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Lunes 21 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70095
Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70095

De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y Roberto Gil Zuarth, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a aplicar los recursos suficientes que garanticen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE GOBERNACIÓN.

Sen. María Cristina
Díaz Salazar
Sen. Angélica
De la Peña Gómez
Sen. Graciela
Ortiz González
Sen. Roberto
Gil Zuarth

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE GARANTICEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ,GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ Y ROBERTO GIL ZUARTH Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todos de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE GARANTICEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, la procuración e impartición de justicia constituye un tema que permanentemente ha representado un reto para los gobiernos en turno, haciéndose cada vez más frecuentes las evidencias de la crisis penitenciaria en México, misma que se ha manifestado a través de diversas problemáticas, como lo son: sobrepoblación en los centros penitenciarios, tasas de reincidencia altas, delitos de alto impacto a la alza, violencia al interior de los penales, grupos criminales operando desde los centros penitenciarios, entre otras.

En razón de lo anterior y como una medida para mejorar el sistema penitenciario en México, la LXII y LXIII legislaturas del Congreso de la Unión, con la colaboración de las diferentes fracciones parlamentarias que lo integran, lograron la aprobación de importantes reformas en materia de justicia penal, siendo las siguientes:

  1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
    Dicha reforma constitucional,representó un parteaguas en la evolución de nuestro sistema de justicia penal, al permitirnos transitar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, planteando con ello, un rediseño integral de nuestro sistema de justicia.
  1. El 10 de junio de 2011, como complemento a la reforma señalada en el inciso anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual reconoció constitucionalmente los derechos humanos de las personas y estableció las garantías para lograr su efectiva protección, incorporando disposiciones en materia de derechos humanos que dan cumplimiento a los tratados internacionales de los que México es parte.
    Con ello, se estableció en el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución Política, lo siguiente:

    “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo,la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” [*]

De lo anterior se desprende que, en la actualidad, el objetivo central del sistema penitenciario es “la reinserción del sentenciado”, para lo cual se establecen 5 ejes como medios para alcanzar este propósito: el respeto a los Derechos Humanos; la capacitación para el trabajo; la educación; la salud y el deporte.

  1. El 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva Ley de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto: 
    • Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisiónpreventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas comoconsecuencia de una resolución judicial; 
    • Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de laejecución penal, y 
    • Regular los medios para lograr la reinserción social. 

Lo anterior, con base en los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

No obstante los esfuerzos realizados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en materia de impartición de justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, en marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, en el cual señaló lo siguiente: “La CIDH reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.” [*]

En dicho informe, la CIDH concluyó que las cárceles en México enfrentan principalmente los siguientes problemas: hacinamiento, corrupción, aislamiento, privatización de las cárceles y falta de atención diferenciada.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboró un estudio en cuanto a la clasificación penitenciaria en México, del cual se desprende lo siguiente [*] :

  • En la República Mexicana existen 389 centros penitenciarios; 372administrados por autoridades locales y 17 por autoridades federales,de éstos últimos, dos centros albergan mujeres, existiendo paraeste grupo desarraigo familiar, al alejarlas, en la mayoría de loscasos, de su entorno social. 
  • Las mujeres que son procesadas por delitos del fuero federal,mismas que representan el 49.3% de la población total femeninaprocesada, son trasladadas a centros federales, lo que afecta elprincipio de seguridad jurídica y el derecho a la reinserción socialconsiderando acciones basadas en las necesidades especiales delas mujeres en reclusión, trastocando también su derecho a unaadecuada y oportuna defensa, resultando en su perjuicio, procesos penales más lentos y onerosos. 
  • Se observó que persistela falta de una adecuada clasificación, registrándose que, en 115centros estatales, que representan el 88% de los supervisados, noexiste separación entre procesados y sentenciados. 

Aunado a lo anterior, como ejemplo de los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Penitenciario en México, se pueden señalar los siguientes:

  1. Caso Topo Chico. En febrero de 2016, se registró una riña entre los reos del penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, a consecuencia del cual, el gobierno estatal reportó la muerte de 49 internos y diversos lesionados, además de haberse registrado incendios dentro de las instalaciones del penal, ocasionando la movilización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de un cerco policiaco. 
  2. Fuga de reos en Culiacán. El Gobierno del Estado suspendió a 11 funcionarios del penal de Culiacán después de la fuga de cinco reos de alta peligrosidad ligados con el cártel de Sinaloa, derivado de que las medidas de seguridad del centro penitenciario eran deplorables.
    Entre las personas que se fugaron estaban Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, uno de los fundadores del cártel; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “Changuito Ántrax”, uno de los líderes sicarios del cártel de Sinaloa y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”, líder del grupo armado Los Chimalis.
  3. Caso Cadereyta. Las autoridades de Nuevo León reportaron un motín en el penal de Cadereyta, el cual ocurrió derivado de una protesta de los internos en contra de “controles más estrictos en los ingresos a las instalaciones”. Al 29 de marzo de 2017, suman 4 muertos y 21 lesionados. 

En consecuencia, ante la grave crisis de seguridad que se vive en las cárceles del país, en el marco de la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo un fuerte llamado a los estados para establecer el orden y disciplina en las prisiones antes de que haya más situaciones que lamentar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscribimos el presente punto de acuerdo, conscientes de que el derecho a la reinserción social debe ser tutelado sin menoscabo de otros derechos, en concordancia con la Constitución y los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte,sometemos a esta H. Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que apliquen los recursos suficientes que garanticen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

ATENTAMENTE


[*] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

[*] CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. Consultado en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70095